Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, por intermedio de la Secretaría de Seguridad Social y de la Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES-, informe si tiene previsto a la brevedad cumplir con el compromiso adquirido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos -OEA -, en el sentido de no interponer apelaciones contra los fallos judiciales favorables a los jubilados y pensionados, dictados en concordancia con el caso Badaro resuelto por la Corte Suprema de Justicia; Asimismo se solicita que informe sobre el sobrecosto para el Estado que implica la multiplicación de pleitos por cuestiones previsionales , generalmente por liquidaciones controvertibles, que se incrementan año tras año.

Señor presidente:

Si fueran diez o veinte los pleitos entablados por liquidaciones cuestionadas, el asunto no tendría trascendencia alguna. Se trataría de errores - muchas veces atribuibles a los yerros de los agentes de ANSES o a no haberse tenido en consideración alguna certificación de aportes o una situación análoga. Empero, el asunto cobra un relieve monumental: se acumulan en el fuero laboral más de 550 mil demandas. Hay, pues, más de medio millón de juicios que colapsan no ya la posibilidad de dictar rápida justicia, sino a la propia infraestructura edilicia.

Es evidente que la ANSES no se ajusta ni al Fallo Badaro de la Corte ni a los dictados con posterioridad, que confirmaron el criterio. Es notorio también que el más de medio millón de pleiteadores están impulsados por una simple inferencia: siendo la situación que los perjudica similar a la de esos casos favorablemente resueltos por el máximo Tribunal, la solución - el fallo que piden- también será análoga.

Así, a sabiendas de que tarde o temprano recibirá sucesivos e implacables sentencias desfavorables, la ANSES persiste en liquidar incorrectamente los haberes y los damnificados continúan pleiteando.

El cuadro es tan agudo que es menester ampliar el número de jueces, funcionarios y empleados del fuero laboral, alquilar nuevos edificios y proveer mayor cantidad de insumos para paliar esta ascendente necesidad jurisdiccional. Además, cada vez son más los abogados que se incorporan a la legión de letrados especializados que asisten a los perjudicados jubilados, percibiendo lógicamente sus honorarios.

Igualmente, la ANSES debe ampliar sus cuerpos de asesores jurídicos y también sus empleados para dar respuesta a los 550 mil juicios que hoy soporta.

Es una enorme cadena de mayores gastos, todos inútiles, absolutamente improductivos. Un genuino derroche de recursos humanos y monetarios.

La pregunta que cabe es: ¿no sería más racional adoptar otra estrategia que economice tiempo, energía y recursos y que paulatinamente devuelva a la justicia y equidad su lugar? Específicamente, se debería comenzar por no apelar las sentencias favorables a los jubilados. Hoy hay más de 25 mil apelaciones que atestan a la segunda instancia del fuero.

El gobierno nacional adquirió un solemne compromiso con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para no apelar en lo sucesivo los fallos favorables a los jubilados. Lamentablemente, no ha cumplido con ese acuerdo.

La modalidad de ganar tiempo - practicada por ANSES - es harto peligrosa y de más que dudosa efectividad. El pasivo contingente es formidable: 160 mil millones de pesos y sigue aumentando en razón de $20 mil millones anuales.

Ni hablar del pesar, sufrir y padecer de nuestros mayores: Para ellos el tiempo no es una variable desdeñable, sino vital.

Asimismo, el personal retirado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha demandado al Estado por haberes jubilatorios mal liquidados. Estas acciones judiciales engrosan los números, tanto de las demandas en curso como del consignado pasivo contingente. Y de la iniquidad imperante.

La Cámara de Diputados no puede permitirse una conducta contemplativa. Debe intervenir. Este Pedido de Informes es lo mínimos que podemos y debemos hacer. Por eso pedimos el respaldo para su aprobación.