Su enérgico rechazo a la utilización de cuatro mil millones de pesos, pertenecientes a los fondos de los jubilados, (Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino FGS), para la emisión de títulos de deuda pública, que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

Señor presidente:

A través de las Resoluciones Conjuntas N° 365/2010 y 109/2010 de fecha 6 de Diciembre de 2010 y la N° 396/2010 y 120/2010 de fecha 20 de Diciembre de 2010, pero publicadas en el Boletín Oficial del día 10 de Febrero de 2011, es decir 2 meses después, se dispone la emisión de una Letra del Tesoro por u$s 800.362.000 y otra por U$s 125.707.000.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispuso así la emisión de títulos del Tesoro por un total de US$ 926.069.000, que serán suscriptos por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino del ANSES.

Esta no es la primera vez que el gobierno nacional se financia con fondos que pertenecen a los jubilados. Sin ir más lejos, el 4 de febrero de 2011fue publicada en el Boletín Oficial una resolución fechada el 29 de noviembre de 2010, que tomó prestados de la ANSES otros u$s 800 millones para cubrir una parte del déficit Tesoro Nacional.

El Estado Nacional persiste en la estrategia de "tomar prestado" fondos pertenecientes a los jubilados para financiar el déficit del Tesoro y en la actualidad, entre bonos y letras, acapara aproximadamente $ 100.000 millones de los 170.000 millones que maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Hoy tenemos una ANSES rica, y jubilados pobres: la ANSES maneja un presupuesto de $100 mil millones anuales, tiene un Fondo de Garantía que ya supera los $150 mil millones (y arroja una rentabilidad anual de $8.500 millones), y viene alcanzando año a año importantes superávit. Mientras tanto, el 75% de los jubilados perciben jubilaciones que los colocan en situación de pobreza.

Queda expuesta en forma muy clara, las prioridades establecidas por el gobierno Nacional, en primer lugar financiar los gastos del Estado, luego los jubilados. Para el año en curso, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tiene presupuestados $ 162.220 millones, de los cuales aproximadamente, unos $ 50.000 millones (35%) corresponden a gastos y prestaciones que deberían tener financiamiento propio en lugar de utilizar recursos que pertenecen a nuestros mayores.

Los números son por demás de elocuentes, sin embargo se vetó la ley que ubicaba los haberes mínimos en el 82 % móvil y no se cumple con los fallos "Badaro" dictados por la Corte Suprema de Justicia. Nuestros jubilados tienen plena conciencia que trabajaron y aportaron honestamente durante toda la vida y hoy reciben una jubilación menesterosa que no cubre sus necesidades mínimas.

La señal que se transmite a la sociedad es que ser jubilado es sinónimo a ser pobre. Se trata, en verdad, de un signo de ruptura y desintegración en el seno de la sociedad y una señal para la mayoría de los trabajadores que los invita a pensar que el descenso social caracteriza su porvenir en la Argentina.

La seguridad social es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, correspondiendo al Estado Nacional garantizar su otorgamiento. En este marco, la legislación previsional tiene como premisa fundamental el asegurar el pleno respeto de las garantías constitucionales de protección de la ancianidad, de integralidad, y movilidad.

El sistema previsional debe pensarse no como un sistema para financiar al Estado sino fundamentalmente como un instrumento esencialmente redistributivo. Debemos romper entonces con la lógica neoliberal que aun perdura, y que pretende supeditar el reconocimiento de derechos a las necesidades presupuestarias o a los objetivos de política económica.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de

Resolución.