Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación a fin de solicitar que a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, brinde información detallada a esta H. Cámara de Diputados de la Nación acerca de las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles son los requisitos, exclusiones y restricciones y los fundamentos en cada caso para acceder a la pensión no contributiva para padres o personas que tienen a cargo hijos con discapacidad (del 76% o más) cuando poseen un único bien mueble o inmueble? Y ¿si tienen un empleo bajo relación de dependencia?

2) ¿cuántas pensiones no contributivas por discapacidad/invalidez fueron requeridas en 2016 hasta la fecha y cuántas fueron otorgadas en todo el país? ¿Cuántas fueron dadas de baja durante el mismo período?

3) ¿cuál es el monto de esta pensión no contributiva por invalidez?

4) ¿sobre la base de qué elementos se calcula el monto de la pensión no contributiva?

5) ¿Cuál es la demora habitual en la resolución del otorgamiento de estas pensiones una vez cumplimentada la entrega de documentos y/o certificados requeridos.

Señor presidente:

Este pedido de informes es un requerimiento de padres y madres de personas con discapacidad, nucleadas en una ONG de Mendoza llamada Red de Madres con Hijos con Discapacidad, que expresaron con preocupación los obstáculos que están registrando para obtener esta pensión no contributiva, o continuar recibiéndola.

Es elemental que el gobierno brinde la información sobre los criterios que guían el procedimiento de entrega de estas pensiones no contributivas, para esclarecer si estamos ante irregularidades o si se corresponde con la orientación política del gobierno.

De todos modos, nuestro país adhirió, mediante Ley Nº 26.378 -sancionada en el mes de Mayo del año 2.008- a la “Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo”, en cuyo preámbulo pronto se reconoce “el derecho de las personas con discapacidad y sus familiares a recibir la protección y la asistencia necesarias del Estado para contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones”. En su articulado se reafirma el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y al respeto de su integridad física y mental (artículos 10° y 17°).

Cabe recordar que tal instrumento internacional se enmarca en la legislación nacional dispuesta principalmente por las leyes Nº 22.431 de “Institución del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas” y Nº 24.901 de “Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación integral a favor de las personas con Discapacidad”; respectivamente.

Finalmente, vemos con mucha preocupación, que padres o madres que tienen bajos recursos y que poseen un único inmueble, o automotor, que incluso es utilizado para trasladar a la persona con discapacidad a los distintos tratamientos que realizan, sea visto como un impedimento para acceder a una pensión no contributiva. Sobre todo, cuando se trata de pensiones de bajo monto.

En función de aclarar esta problemática, solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el presente pedido de informes.