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PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P03 Oficina 335
Jefe LIC. LAMANNA DIEGO CESAR
Jueves 11.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2343 Internos 2343/2374
cpymes@hcdn.gob.ar
- PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
- OBRAS PUBLICAS
Reunión del día 27/06/2017
- CONJUNTA
-En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días de junio de 2017, a las 12 y 51:
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas y de Pequeñas y Medianas Empresas, tal como habíamos acordado en la última reunión plenaria.
A partir de que ha ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional por el que se modifica la actual ley 25.551, de Compre Trabajo Argentino, hemos convocado -en conjunto con la Comisión de Presupuesto y Hacienda- a las autoridades del Ministerio de la Producción. En este caso, contamos con la presencia del secretario de Industria y Servicios, el licenciado Etchegoyen y su equipo de trabajo.
Desde el punto de vista organizativo -y solamente a efectos comparativos y de ninguna manera con un aspecto valorativo-, les hemos alcanzado un resumen que concatena todos los proyectos en los que hemos estado trabajando. En este sentido, existe un proyecto que unifica varias iniciativas que venimos desarrollando desde abril, pero a su vez se han agregado no solamente el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sino también dos proyectos más de otros señores diputados.
Tal como lo hemos conversado en ese plenario y hemos acordado con el Poder Ejecutivo Nacional, la idea es sancionar la mejor ley posible con el mayor consenso. Tenemos la gran oportunidad de que esta nueva ley, de Compre Trabajo Argentino, sea una gran herramienta de política de Estado que tenga como principal objetivo la protección de la industria nacional.
Tiene la palabra el señor secretario de Industria, el licenciado Martínez Etchegoyen.
A partir de que ha ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional por el que se modifica la actual ley 25.551, de Compre Trabajo Argentino, hemos convocado -en conjunto con la Comisión de Presupuesto y Hacienda- a las autoridades del Ministerio de la Producción. En este caso, contamos con la presencia del secretario de Industria y Servicios, el licenciado Etchegoyen y su equipo de trabajo.
Desde el punto de vista organizativo -y solamente a efectos comparativos y de ninguna manera con un aspecto valorativo-, les hemos alcanzado un resumen que concatena todos los proyectos en los que hemos estado trabajando. En este sentido, existe un proyecto que unifica varias iniciativas que venimos desarrollando desde abril, pero a su vez se han agregado no solamente el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sino también dos proyectos más de otros señores diputados.
Tal como lo hemos conversado en ese plenario y hemos acordado con el Poder Ejecutivo Nacional, la idea es sancionar la mejor ley posible con el mayor consenso. Tenemos la gran oportunidad de que esta nueva ley, de Compre Trabajo Argentino, sea una gran herramienta de política de Estado que tenga como principal objetivo la protección de la industria nacional.
Tiene la palabra el señor secretario de Industria, el licenciado Martínez Etchegoyen.
SR. ETCHEGOYEN Señor presidente: les agradezco a los señores presidentes de las distintas comisiones y a todos los señores diputados presentes.
Celebro que hoy podamos discutir los proyectos de ley que se han presentado, porque tal como señaló el diputado Ziliotto, es indudable que una ley de estas características es esencial para el desarrollo productivo de un país. Esto es así no solamente para la Argentina. Cuando se analiza la experiencia internacional, todos los países y, particularmente, los países desarrollados o los que buscan desarrollar su aparato productivo instalan políticas productivas alrededor de las compras públicas.
Respecto de la compra de bienes y servicios, para que tengamos una dimensión, quiero señalar que las compras públicas representan el 13 por ciento del producto bruto como promedio en los países de la OCDE. En la Argentina se encuentra alrededor del 5 por ciento, pero seguramente con una perspectiva de crecimiento en la medida en que se vayan consolidando y desarrollando obras públicas, particularmente, en infraestructura, aunque no solamente en esa área.
Cabe señalar que existe normativa parecida a la que vamos a tratar hoy en otros países del mundo. Por ejemplo, se encuentra la Buy American Act, que se origina en 1933 en los Estados Unidos, que después fue modificada y perfeccionada a lo largo del tiempo. También encontramos la ley 8.666, de Brasil; la Tenders Law, de Israel; la ley de compras y arrendamientos del servicio público, de México; es decir que existe infinidad de experiencias internacionales en ese sentido.
En la Argentina la ley vigente, la 25.551, es una norma que data del año 2001; es de noviembre de 2001 y fue reglamentada en el año 2002. Pero para hacer un poco de historia, esta ley tiene como origen un decreto-ley del año 63. Para ser más preciso, es el decreto-ley 5.340, que fue la norma que estuvo vigente con algunas modificaciones hasta el año 1989. En 1989 se deroga; después hay algún agregado a esa derogación en 1991 y vuelve a tener vigencia con modificaciones en 2001. Esa es la ley que hoy está vigente, y entre las modificaciones que se hicieron en 2001 se introdujo particularmente una, que es la diferenciación entre pymes y grandes empresas, que antes no existía.
Yendo al tema que nos convoca, para nosotros es importante tener en cuenta que desde nuestra perspectiva existen tres aspectos que deben equilibrarse cuando uno analiza leyes de estas características. El primer punto, que es muy claro, es aprovechar el poder de la compra pública para generar actividad en las empresas que están instaladas localmente. Este es un punto muy relevante, como decíamos, dada la importancia que tiene la compra de bienes y servicios públicos en nuestro país. En este sentido, es imprescindible contar con una política que aproveche esa capacidad de compra.
El segundo punto importante para nosotros es que la norma debe permitir o promover el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas, productivas y de competitividad. Es decir, tiene que sancionarse una ley que contenga instrumentos que permitan mejorar las capacidades de la oferta local.
En este aspecto quisiera ir un poco más allá, porque estas capacidades no solamente tienen que estar relacionadas con la provisión al sector público nacional sino que, si lo miramos con un poco más de perspectiva, también debería permitir generar capacidades competitivas de las empresas locales para poder exportar sus productos fuera del país. Ese es uno de los objetivos importantes de cualquier política productiva.
El tercer aspecto, también importante, es que la norma debe generar condiciones para que las compras públicas se hagan a precios competitivos. Por supuesto que esto implica un equilibrio de los tres factores, pero no deberíamos establecer instrumentos que encarezcan sustancialmente las compras del sector público.
Por supuesto que cualquier ley que promueva preferencias -entre otras cosas, como vamos a ver-, va a generar un costo mayor si lo comparamos con bienes importados. Pero lo que tiene que haber es alguna limitación para que esas compras puedan hacerse de una manera lo más efectiva posible.
Habiendo mencionado estos tres objetivos, quiero contarles en un minuto cuál fue el proceso que llevamos adelante y por el cual llegó el proyecto de ley al Honorable Congreso de la Nación.
Hace más de un año que estamos trabajando en este proyecto. Empezamos con un trabajo que realizamos en conjunto con la CEPAL -la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-, y lo que básicamente hicimos fue analizar la ley 25.551 y la legislación comparada. Esta legislación comparada implicó el análisis de varios instrumentos que existen en el mundo y que son similares a la norma que estamos proponiendo. Particularmente, analizamos los casos de Israel, Estados Unidos, Corea, Brasil y México.
Esto nos permitió ver cuáles eran los elementos que se utilizaban en otros países como para integrarlos en un plexo normativo coherente que tuviera elementos que ya estaban siendo utilizados en la práctica internacional.
Sobre la base de este trabajo elaboramos una propuesta, respecto de la cual intercambiamos visiones con varios referentes del sector privado, particularmente de ADIMRA, de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara Argentina de la Construcción, de CAME, entre otros. También interactuamos con la CGT, de la cual recibimos observaciones e ideas para el proyecto de ley que estamos presentando.
T.3
APV
OP
También hay un tema adicional muy importante. Estuvimos viendo cómo se aplicaban estas leyes en otras partes del mundo y en especial, en el caso de Israel, que nos pareció muy interesante.
Miembros de nuestro equipo, como el señor Sergio Drucaroff, subsecretario de Gestión Productiva, tuvo la oportunidad de estar en Israel viendo cómo se instrumentaba la ley. Particularmente, un mecanismo que nos pareció muy interesante es el de compensación productiva, que estamos incorporando en el proyecto que el Ejecutivo mandó al Congreso y sobre la que luego vamos a profundizar.
Básicamente, de lo que trata esta ley y de lo que Sergio va a explicar más en detalle tiene que ver con los siguientes puntos: el primer punto es el de los sujetos alcanzados, es decir, cuáles son las áreas y los sujetos que deberían cumplir con esta ley.
En este caso, nosotros no estamos haciendo una modificación sustancial a lo que plantea la ley 25.551, que ya modificó el alcance de los sujetos alcanzados en 2001.
El segundo punto tiene que ver con el margen de preferencia. La ley actual tiene márgenes de preferencia del 5 por ciento para las grandes empresas y del 7 por ciento para las pymes. Nuestra propuesta es aumentar sustancialmente estos márgenes, de hecho lo estamos incrementando en un 60 por ciento en el caso de las grandes compañías. Nuestra propuesta es del 8 por ciento y aumentar 70 por ciento el margen de preferencia para las pymes, pasándolo del actual 7 por ciento al 12, lo cual duplica en puntos porcentuales el margen de preferencia relativo entre pymes y grandes empresas, que antes eran del 2 por ciento y ahora lo llevamos al 4 por ciento.
El tercer aspecto de la ley tiene que ver con la instrumentación de lo que llamamos un mecanismo de compensación y que apunta a lo siguiente: cuando no hay oferta nacional de bienes en una licitación, una compra pública, establecemos una obligación de subcontratación o de compra de un mínimo del 20 por ciento dentro del monto total de la licitación.
Cuando no fuera posible -porque no existen capacidades locales para abastecer ese bien, por las características tecnológicas que puede tener o porque no hay capacidad local-, lo suplantamos con mecanismos de transferencia tecnológica para que las capacidades que hoy no están alojadas en la Argentina puedan estarlo en el futuro.
Este es un mecanismo que utilizan varios países, pero particularmente es utilizado por Israel y es el caso que les comentaba que estuvimos viendo en forma directa sobre cómo se aplicaba en ese país. Todos sabemos que es un país de los más avanzados del mundo, en términos de desarrollo de capacidades tecnológicas.
El cuarto punto es el de la definición de bien nacional. Particularmente, cuando uno define bien nacional para considerarlo como un bien que está alcanzado por los beneficios de la ley, el margen actual de preferencia es del 60 por ciento; nosotros proponemos bajarlo al 50 por ciento. Esto que puede parecer una contradicción -sobre la que después Sergio va a explicar un poco más en detalle-, permite desde nuestra perspectiva que ingresen como bienes nacionales productos fabricados en el país.
Si uno analiza la estructura productiva de la Argentina, la participación de insumos o de bienes nacionales dentro de los productos finales es difícil en muchos casos alcanzar el nivel del 60 por ciento. Con lo cual se puede llegar a la contradicción de que un bien con el 50 por ciento de la participación de bienes fabricados localmente, no forme parte de los beneficios de la ley.
Entonces, nuestra idea es bajarlo al 50 por ciento y generar margen para que la autoridad de aplicación, dependiendo el caso, pueda subir o bajar ese porcentaje, teniendo en cuenta las características de la estructura productiva que tiene el país.
El otro punto es el rol de la autoridad de aplicación. Nosotros estamos modificando sustancialmente ese rol, dándole una participación mucho más activa en la definición de los pliegos y en algo que me parece que es muy importante que es la identificación de las capacidades locales efectivas de producción.
Muchas veces ocurre que esas capacidades productivas son desconocidas por las autoridades que llevan adelante la licitación. Nos parece que muchas veces esta falta de información y de participación de la autoridad de aplicación genera condiciones desventajosas de los productores o proveedores locales respecto de extranjeros.
El último punto que me parece tan importante como los anteriores es la institucionalización en la norma de un programa de desarrollo de proveedores asociados a la provisión de bienes y servicios para las compras públicas.
Esto es sumamente importante porque, como les decía, nos parece esencial que miremos este conjunto con vistas a alcanzar una mejora sustancial en las capacidades de producción local, que en definitiva es lo que hace al objetivo central de la política de desarrollo productivo.
En ese sentido, el programa ya está en funcionamiento. Luego les daremos algunos números, pero para que tengan un anticipo de datos, les comento que tenemos en el registro del programa de desarrollo productivo más de 1.500 empresas y diversos programas de apoyo para mejorar las capacidades productivas y tecnológicas de esos proveedores locales.
Dicho esto, voy a pasarle la palabra al licenciado Sergio Drucaroff, subsecretario de Gestión Productiva para que explique en detalle los elementos del proyecto.
Luego quedaremos a disposición de ustedes para responder todas las preguntas que quieran hacernos.
Celebro que hoy podamos discutir los proyectos de ley que se han presentado, porque tal como señaló el diputado Ziliotto, es indudable que una ley de estas características es esencial para el desarrollo productivo de un país. Esto es así no solamente para la Argentina. Cuando se analiza la experiencia internacional, todos los países y, particularmente, los países desarrollados o los que buscan desarrollar su aparato productivo instalan políticas productivas alrededor de las compras públicas.
Respecto de la compra de bienes y servicios, para que tengamos una dimensión, quiero señalar que las compras públicas representan el 13 por ciento del producto bruto como promedio en los países de la OCDE. En la Argentina se encuentra alrededor del 5 por ciento, pero seguramente con una perspectiva de crecimiento en la medida en que se vayan consolidando y desarrollando obras públicas, particularmente, en infraestructura, aunque no solamente en esa área.
Cabe señalar que existe normativa parecida a la que vamos a tratar hoy en otros países del mundo. Por ejemplo, se encuentra la Buy American Act, que se origina en 1933 en los Estados Unidos, que después fue modificada y perfeccionada a lo largo del tiempo. También encontramos la ley 8.666, de Brasil; la Tenders Law, de Israel; la ley de compras y arrendamientos del servicio público, de México; es decir que existe infinidad de experiencias internacionales en ese sentido.
En la Argentina la ley vigente, la 25.551, es una norma que data del año 2001; es de noviembre de 2001 y fue reglamentada en el año 2002. Pero para hacer un poco de historia, esta ley tiene como origen un decreto-ley del año 63. Para ser más preciso, es el decreto-ley 5.340, que fue la norma que estuvo vigente con algunas modificaciones hasta el año 1989. En 1989 se deroga; después hay algún agregado a esa derogación en 1991 y vuelve a tener vigencia con modificaciones en 2001. Esa es la ley que hoy está vigente, y entre las modificaciones que se hicieron en 2001 se introdujo particularmente una, que es la diferenciación entre pymes y grandes empresas, que antes no existía.
Yendo al tema que nos convoca, para nosotros es importante tener en cuenta que desde nuestra perspectiva existen tres aspectos que deben equilibrarse cuando uno analiza leyes de estas características. El primer punto, que es muy claro, es aprovechar el poder de la compra pública para generar actividad en las empresas que están instaladas localmente. Este es un punto muy relevante, como decíamos, dada la importancia que tiene la compra de bienes y servicios públicos en nuestro país. En este sentido, es imprescindible contar con una política que aproveche esa capacidad de compra.
El segundo punto importante para nosotros es que la norma debe permitir o promover el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas, productivas y de competitividad. Es decir, tiene que sancionarse una ley que contenga instrumentos que permitan mejorar las capacidades de la oferta local.
En este aspecto quisiera ir un poco más allá, porque estas capacidades no solamente tienen que estar relacionadas con la provisión al sector público nacional sino que, si lo miramos con un poco más de perspectiva, también debería permitir generar capacidades competitivas de las empresas locales para poder exportar sus productos fuera del país. Ese es uno de los objetivos importantes de cualquier política productiva.
El tercer aspecto, también importante, es que la norma debe generar condiciones para que las compras públicas se hagan a precios competitivos. Por supuesto que esto implica un equilibrio de los tres factores, pero no deberíamos establecer instrumentos que encarezcan sustancialmente las compras del sector público.
Por supuesto que cualquier ley que promueva preferencias -entre otras cosas, como vamos a ver-, va a generar un costo mayor si lo comparamos con bienes importados. Pero lo que tiene que haber es alguna limitación para que esas compras puedan hacerse de una manera lo más efectiva posible.
Habiendo mencionado estos tres objetivos, quiero contarles en un minuto cuál fue el proceso que llevamos adelante y por el cual llegó el proyecto de ley al Honorable Congreso de la Nación.
Hace más de un año que estamos trabajando en este proyecto. Empezamos con un trabajo que realizamos en conjunto con la CEPAL -la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-, y lo que básicamente hicimos fue analizar la ley 25.551 y la legislación comparada. Esta legislación comparada implicó el análisis de varios instrumentos que existen en el mundo y que son similares a la norma que estamos proponiendo. Particularmente, analizamos los casos de Israel, Estados Unidos, Corea, Brasil y México.
Esto nos permitió ver cuáles eran los elementos que se utilizaban en otros países como para integrarlos en un plexo normativo coherente que tuviera elementos que ya estaban siendo utilizados en la práctica internacional.
Sobre la base de este trabajo elaboramos una propuesta, respecto de la cual intercambiamos visiones con varios referentes del sector privado, particularmente de ADIMRA, de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara Argentina de la Construcción, de CAME, entre otros. También interactuamos con la CGT, de la cual recibimos observaciones e ideas para el proyecto de ley que estamos presentando.
T.3
APV
OP
También hay un tema adicional muy importante. Estuvimos viendo cómo se aplicaban estas leyes en otras partes del mundo y en especial, en el caso de Israel, que nos pareció muy interesante.
Miembros de nuestro equipo, como el señor Sergio Drucaroff, subsecretario de Gestión Productiva, tuvo la oportunidad de estar en Israel viendo cómo se instrumentaba la ley. Particularmente, un mecanismo que nos pareció muy interesante es el de compensación productiva, que estamos incorporando en el proyecto que el Ejecutivo mandó al Congreso y sobre la que luego vamos a profundizar.
Básicamente, de lo que trata esta ley y de lo que Sergio va a explicar más en detalle tiene que ver con los siguientes puntos: el primer punto es el de los sujetos alcanzados, es decir, cuáles son las áreas y los sujetos que deberían cumplir con esta ley.
En este caso, nosotros no estamos haciendo una modificación sustancial a lo que plantea la ley 25.551, que ya modificó el alcance de los sujetos alcanzados en 2001.
El segundo punto tiene que ver con el margen de preferencia. La ley actual tiene márgenes de preferencia del 5 por ciento para las grandes empresas y del 7 por ciento para las pymes. Nuestra propuesta es aumentar sustancialmente estos márgenes, de hecho lo estamos incrementando en un 60 por ciento en el caso de las grandes compañías. Nuestra propuesta es del 8 por ciento y aumentar 70 por ciento el margen de preferencia para las pymes, pasándolo del actual 7 por ciento al 12, lo cual duplica en puntos porcentuales el margen de preferencia relativo entre pymes y grandes empresas, que antes eran del 2 por ciento y ahora lo llevamos al 4 por ciento.
El tercer aspecto de la ley tiene que ver con la instrumentación de lo que llamamos un mecanismo de compensación y que apunta a lo siguiente: cuando no hay oferta nacional de bienes en una licitación, una compra pública, establecemos una obligación de subcontratación o de compra de un mínimo del 20 por ciento dentro del monto total de la licitación.
Cuando no fuera posible -porque no existen capacidades locales para abastecer ese bien, por las características tecnológicas que puede tener o porque no hay capacidad local-, lo suplantamos con mecanismos de transferencia tecnológica para que las capacidades que hoy no están alojadas en la Argentina puedan estarlo en el futuro.
Este es un mecanismo que utilizan varios países, pero particularmente es utilizado por Israel y es el caso que les comentaba que estuvimos viendo en forma directa sobre cómo se aplicaba en ese país. Todos sabemos que es un país de los más avanzados del mundo, en términos de desarrollo de capacidades tecnológicas.
El cuarto punto es el de la definición de bien nacional. Particularmente, cuando uno define bien nacional para considerarlo como un bien que está alcanzado por los beneficios de la ley, el margen actual de preferencia es del 60 por ciento; nosotros proponemos bajarlo al 50 por ciento. Esto que puede parecer una contradicción -sobre la que después Sergio va a explicar un poco más en detalle-, permite desde nuestra perspectiva que ingresen como bienes nacionales productos fabricados en el país.
Si uno analiza la estructura productiva de la Argentina, la participación de insumos o de bienes nacionales dentro de los productos finales es difícil en muchos casos alcanzar el nivel del 60 por ciento. Con lo cual se puede llegar a la contradicción de que un bien con el 50 por ciento de la participación de bienes fabricados localmente, no forme parte de los beneficios de la ley.
Entonces, nuestra idea es bajarlo al 50 por ciento y generar margen para que la autoridad de aplicación, dependiendo el caso, pueda subir o bajar ese porcentaje, teniendo en cuenta las características de la estructura productiva que tiene el país.
El otro punto es el rol de la autoridad de aplicación. Nosotros estamos modificando sustancialmente ese rol, dándole una participación mucho más activa en la definición de los pliegos y en algo que me parece que es muy importante que es la identificación de las capacidades locales efectivas de producción.
Muchas veces ocurre que esas capacidades productivas son desconocidas por las autoridades que llevan adelante la licitación. Nos parece que muchas veces esta falta de información y de participación de la autoridad de aplicación genera condiciones desventajosas de los productores o proveedores locales respecto de extranjeros.
El último punto que me parece tan importante como los anteriores es la institucionalización en la norma de un programa de desarrollo de proveedores asociados a la provisión de bienes y servicios para las compras públicas.
Esto es sumamente importante porque, como les decía, nos parece esencial que miremos este conjunto con vistas a alcanzar una mejora sustancial en las capacidades de producción local, que en definitiva es lo que hace al objetivo central de la política de desarrollo productivo.
En ese sentido, el programa ya está en funcionamiento. Luego les daremos algunos números, pero para que tengan un anticipo de datos, les comento que tenemos en el registro del programa de desarrollo productivo más de 1.500 empresas y diversos programas de apoyo para mejorar las capacidades productivas y tecnológicas de esos proveedores locales.
Dicho esto, voy a pasarle la palabra al licenciado Sergio Drucaroff, subsecretario de Gestión Productiva para que explique en detalle los elementos del proyecto.
Luego quedaremos a disposición de ustedes para responder todas las preguntas que quieran hacernos.
SR. DRUCAROFF Buenos días a todos, gracias por el espacio que nos dan para compartir los detalles del proyecto.
Como recién decía el secretario, este proyecto parte de un trabajo con mucha comparación internacional de distintos regímenes vigentes en otros países del mundo.
Me voy a centrar en concreto en cuáles son los cambios respecto de la legislación actual y hacer esta distinción respecto de lo que hoy está vigente y lo que estamos proponiendo.
Como recién decía el secretario, básicamente estamos aumentando el margen de preferencia, tanto para las grandes empresas pasando del 5 al 8 por ciento, como al 12 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, ampliando la brecha entre grandes empresas y pymes al competir en licitaciones.
Por otro lado, se introduce un nuevo incentivo cuando hay una competencia entre bienes no nacionales, para que el bien no nacional que tiene mayor integración productiva, tenga una preferencia en el precio. Esto no está contemplado en el régimen actual. Se contempla un margen del 1 por ciento en el precio por cada cinco puntos diferenciales entre la integración entre ambos bienes, hasta un máximo del 8 por ciento como diferencial.
En particular, como recién decía el secretario, se prevé también el aumento en la posibilidad de participación de la industria nacional en bienes complejos. Si queremos ir hacia una estructura productiva más compleja y diversa, y con mayor valor agregado lo más probable es que tengamos que empezar integrando sobre la base de un menor nivel de contenido nacional que el que establece la actual ley, que es del 60 por ciento. Hay pocos sectores en los cuales este 60 por ciento es efectivamente alcanzable. Lo que estamos tratando justamente es de promover una herramienta que permita una mayor integración productiva -no una menor integración- en sectores en los cuales ese nivel de integración es muy difícil de alcanzar.
Se trata de sectores en los cuales el desarrollo científico y tecnológico impone la participación de proveedores pymes globales en cadenas globales de valor; esto supone obviamente apoyar algún nivel de integración en la Argentina que es menor a este 60 por ciento vigente.
Otro de los principales cambios que incluimos en este proyecto es que la autoridad de aplicación va tener la posibilidad de modificar este nivel de contenido nacional para compras de gran volumen, promoviendo de esta manera que en aquellos sectores donde el 60 por ciento sea efectivamente alcanzable o incluso deseable, se establezca ese nivel para alcanzar los beneficios del régimen de compre argentino.
En particular, la posibilidad de esta variación también va en el sentido de disminuirlo hasta un 20 por ciento, siempre con la condición de que esta disminución en el nivel de contenido nacional sea para promover una mayor participación a la que actualmente tiene la industria en el sector que se está promoviendo y nunca en detrimento de la participación de la industria nacional. Así está contemplado en el proyecto que hemos enviado.
En tercera instancia, este proceso de coordinación interministerial formal dentro del cual la autoridad de aplicación pueda tener una función de revisión de los pliegos previo a su publicación. Actualmente existen procesos de coordinación interministerial pero no son formales.
Me refiero a trabajar sobre la base de proyectos de pliegos por parte de la autoridad aplicación, para maximizar la posibilidad de participación de la industria nacional con mecanismos de planeamiento de las compras, pero a su vez de comprensión del impacto en el empleo que está generando este tipo de compras de gran envergadura.
Esto implica que, en estos proyectos de pliego de gran envergadura, la autoridad de aplicación tenga la posibilidad de verificar que estamos promoviendo la competencia y participación del sector productivo toda vez que la capacidad tecnológica y la calidad requeridas por parte del Estado sean efectivamente alcanzables.
El quinto punto posiblemente es uno de los aspectos más distintivos respecto del régimen actual y se vincula con los acuerdos de cooperación productiva tomados de la experiencia israelí, tal como señaló con anterioridad el señor secretario.
En aquellos contratos en donde el Estado está realizando grandes adquisiciones con una erogación importante y en la cual no hay un proveedor local con capacidad para abastecerlo -ya sea por la cantidad de bienes que se están comprando, por la complejidad tecnológica o por el nivel de competitividad, es decir, por alguno de estos tres temas- proponemos que exista la obligación del mecanismo de cooperación productiva. Esto implica, básicamente, priorizar la subcontratación de las pymes por un monto equivalente al 20 por ciento del contrato, siempre que sea viable.
También existe la posibilidad de que esta subcontratación con acuerdo de la jefatura de Gabinete de Ministros y el organismo que está contratando permita subirlo a un 30 por ciento cuando la autoridad de aplicación prevea que existe más posibilidad de transferencia y de integración productiva, o de bajarlo en los casos en los cuales esto sea muy dificultoso por las características del bien o por las capacidades tecnológicas que pueda tener la Argentina en ese momento. Después me detendré en explicar cómo funciona este mecanismo.
Para finalizar, la creación y la instrumentación del Programa de Desarrollo de Proveedores Locales se vincula con uno de los temas sobre los que hacía énfasis el secretario. Es decir, además de mejorar las capacidades competitivas de las empresas, uno de los objetivos que tiene este proyecto de ley es garantizar que el Estado esté haciendo compras de calidad y de bienes que podrán satisfacer las necesidades que tenemos en las distintas materias involucradas.
Obviamente, todo esto implica un funcionamiento en el que, dependiendo del rango y del monto de las compras, la autoridad de aplicación, los márgenes y los distintos mecanismos que tienen la ley se activan o no.
En términos de la intervención previa en el pliego de la autoridad aplicación habrá compras a partir de lo que hoy sería el equivalente a 80 millones de pesos u 80.000 módulos establecidos por lo que serían los decretos de la administración de las compras. Por otro lado, el margen de preferencia se activa a partir de 1.300.000 pesos, equivalentes a 1.300 módulos.
Los acuerdos de cooperación productiva serán requeridos y obligatorios por la autoridad de aplicación a partir de las 240 millones de pesos. Esto tiene una lógica y es que estamos tratando de alcanzar -dentro de los mecanismos de cooperación productiva por parte de la autoridad de aplicación- aquellas compras que representan el mayor volumen de compras del Estado y tienen la mayor incidencia en la posible transformación de sectores y en su incorporación y desarrollo tecnológico.
Además, esto facilita de alguna manera la intervención de una autoridad de aplicación sobre la cantidad de pliegos que obviamente desarrolla el Estado nacional a lo largo del año, poniendo énfasis en aquellos que tienen una mayor tracción.
Las estimaciones iniciales que hemos hecho implican también que el alcance de este mecanismo de cooperación productiva sobre este nivel de grandes compras va a estar por encima del 40 por ciento de las compras que hace el Estado a lo largo del año, y la revisión por encima de 80 millones de pesos va a estar aún más cerca de los dos tercios. Eso es lo que estamos previendo.
El tercer punto, respecto de modificar el margen y el contenido nacional, se activa a partir de los 80 millones de pesos. Básicamente, de vuelta, para poder trabajar con una autoridad de aplicación que pueda modificar algunas condiciones de pliegos sobre grandes montos.
Los programas de desarrollo de proveedores que estamos ya realizando desde el Ministerio de Producción, se enfocan justamente en estos temas. En este sentido, me parece importante detenernos un minuto en ver de qué se trata y cuáles son los mecanismos que tiene para trabajar.
Principalmente hay sectores promovidos, dentro de los cuales se encuentran los proveedores de petróleo y gas, de energías renovables, de industria ferroviaria, de industria minera, de agua y saneamiento. En general, son sectores vinculados con lo relativo a las compras públicas o aquellos en los cuales las empresas que participan también tienen producción diversificada orientada hacia los mercados de compras públicas. Por ello, lo que esto en definitiva termina haciendo es mejorar la calidad de los bienes que el Estado va a terminar comprando, lo que se hace a través de dos principales mecanismos: uno, de asistencia técnica; otro, de financiamiento.
En lo referido a asistencia técnica, el trabajo con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial -INTI- se apoya en sus capacidades, en su programa en la red de Tecnologías de Gestión, y busca promover a través de tecnologías blandas de gestión la mejora productiva y la incorporación de prácticas, por ejemplo kaizen, dentro de las empresas.
En lo relativo al apoyo a la innovación y al financiamiento, básicamente estamos promoviendo la posibilidad de acceso al crédito por parte de estas empresas, que son mayoritariamente pymes, a través de mecanismos de bonificación de tasas o por medio de la promoción de la modernización tecnológica y de desarrollo de nuevos productos.
Es conveniente también detenernos un minuto a analizar lo que es la nueva institucionalidad de esta autoridad de aplicación y las nuevas funciones que estamos incorporando respecto del régimen vigente. Básicamente, se van a poder requerir modificaciones a las especificaciones técnicas del proyecto de pliego a fin de optimizar la participación de la producción nacional cuando veamos que un proyecto de pliego no contemple en su totalidad la posibilidad de que la industria participe.
Obviamente vamos a trabajar en conjunto, porque no necesariamente los ministerios tienen por qué saber quién está del otro lado desde el punto de vista productivo. En este sentido, vamos a colaborar con el organismo contratante para el diseño e implementación de los acuerdos de cooperación productiva.
También vamos a trabajar sobre la emisión de los certificados de verificación de los bienes no nacionales de los sujetos alcanzados, básicamente de los concesionarios de servicios públicos que tienen que ajustarse al régimen y luego de haber desarrollado una licitación manifiestan la necesidad de hacer una importación. Ello, por supuesto, habiendo cumplido con el régimen de compre.
Se prevé realizar informes técnicos respecto de la capacidad de provisión de bienes y servicios en las operaciones, adquisiciones y contrataciones alcanzadas por la ley. Todo esto, por supuesto, va a nutrir a toda la política industrial de la posibilidad de entender el estado de situación del sector, mejorar la posibilidad de la situación competitiva, entender cómo determinadas adquisiciones y contrataciones del Estado pueden promover una mejora competitiva. Es decir, es una autoridad de aplicación viva, inteligente, dinámica, que se adapta además a lo que el Estado está comprando y a las necesidades que tienen los diferentes sectores productivos para progresar y transformarse. Obviamente, también tendrá la posibilidad de aprobar los acuerdos de cooperación productiva. Voy a detenerme después un momento para hablarles específicamente acerca de cómo hemos tomado el modelo israelí como propuesta.
El sexto y séptimo punto se refieren a determinar los márgenes de preferencia y porcentajes de integración diferenciales, para lo cual obviamente se requerirá algún informe técnico que lo justifique. Requerir la modificación de algunos proyectos que estén solicitando plazos muy acotados -que a veces impiden que la producción nacional participe-, o mecanismos de financiamiento que a veces también dificultan la participación, será obviamente una cuestión que se elevará a la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que este tipo de compras y de condiciones en las adquisiciones no pueden ser definidas solamente por una autoridad de aplicación en contraposición con otro ministerio, sino que requieren de una visión global. Entendemos que Jefatura de Gabinete de Ministros tiene esta potestad de dirimir este tipo de controversias a la hora de desarrollar los proyectos de pliego.
T.7
APV
OP
Quisiera también compartirles brevemente el esbozo de lo que sería la estructura de la autoridad de aplicación. Básicamente, estamos pensando en tres grandes áreas: una vinculada a la revisión de los proyectos de pliego que recibe y trabaja sobre el plan anual de contrataciones y define un rumbo respecto a dónde va a realizar su intervención. Luego, obviamente tiene un flujo de trabajo en donde se revisan los proyectos de pliego superiores a este monto establecido, evalúan las especificaciones técnicas y se proponen los cambios, realizan los estudios técnicos y proponen a través de estos estudios la posibilidad de cambiar los márgenes y los niveles de contenido nacional.
Obviamente, para todas estas acciones, no trabaja sola. Es una autoridad de aplicación que va a requerir permanentemente del contacto con el Ministerio de Modernización -a través de la Oficina Nacional de Contrataciones-, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y -por supuesto- en diálogo permanente con todas las cámaras sectoriales y con el sector privado que van a ser un insumo clave para poder trabajar sobre el impacto que tienen las compras públicas en la transformación de estos sectores.
La segunda área tiene que ver con los acuerdos de cooperación productiva. Esta área va a trabajar específicamente en las grandes compras que realiza el Estado nacional y que no tienen posibilidades de ser abastecidas por bienes nacionales. Vamos a trabajar para que esos contratos redunden en un desarrollo, en una subcontratación de pymes locales toda vez que se pueda. Inclusive, para que redunden en procesos de inversión y de radicación de inversiones en la Argentina.
También, eventualmente, vamos a trabajar en la transferencia de tecnología cuando la subcontratación tenga alguna dificultad de ser ejercida por el monto del contrato en su totalidad, como un mecanismo complementario de esta subcontratación.
Básicamente, esto implica trabajar previo a la salida de los pliegos respecto de cuál es el impacto que puede tener sobre un sector en particular la articulación, la integración de este sector con un proveedor extranjero que va a requerir hacer algún tipo de subcontratación.
Obviamente, en este trabajo también va a ser muy importante la visión del sector privado para entender no solo las capacidades locales que hoy tiene la Argentina y que podrían ser objeto de subcontratación, sino también entender cuál es el sendero de desarrollo tecnológico que tiene ese sector y qué importancia puede tener acceder a algún proceso de transferencia tecnológica a través de este mecanismo.
Asimismo, también va a ser importante la articulación con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior, toda vez que esta tiene contacto con quienes están interesados en participar en este tipo de proceso licitatorios y deben tener en la cabeza que para cumplimentar con los requisitos de la ley hay un sector productivo en la Argentina que va a estar recibiendo algún tipo de cooperación productiva.
En tercera instancia, va a haber un área de auditoría y control encargada de lo que recién comentábamos sobre la emisión de los certificados de verificación; además, va a recibir denuncias y va a brindar apoyo legal y va a emitir dictámenes sobre los sujetos alcanzados y eventualmente, sobre algunas de estas cuestiones. Obviamente, se va a articular con los entes reguladores, con la Auditoría General de la Nación y con el INTI.
Esto sería todo por ahora.
Como recién decía el secretario, este proyecto parte de un trabajo con mucha comparación internacional de distintos regímenes vigentes en otros países del mundo.
Me voy a centrar en concreto en cuáles son los cambios respecto de la legislación actual y hacer esta distinción respecto de lo que hoy está vigente y lo que estamos proponiendo.
Como recién decía el secretario, básicamente estamos aumentando el margen de preferencia, tanto para las grandes empresas pasando del 5 al 8 por ciento, como al 12 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, ampliando la brecha entre grandes empresas y pymes al competir en licitaciones.
Por otro lado, se introduce un nuevo incentivo cuando hay una competencia entre bienes no nacionales, para que el bien no nacional que tiene mayor integración productiva, tenga una preferencia en el precio. Esto no está contemplado en el régimen actual. Se contempla un margen del 1 por ciento en el precio por cada cinco puntos diferenciales entre la integración entre ambos bienes, hasta un máximo del 8 por ciento como diferencial.
En particular, como recién decía el secretario, se prevé también el aumento en la posibilidad de participación de la industria nacional en bienes complejos. Si queremos ir hacia una estructura productiva más compleja y diversa, y con mayor valor agregado lo más probable es que tengamos que empezar integrando sobre la base de un menor nivel de contenido nacional que el que establece la actual ley, que es del 60 por ciento. Hay pocos sectores en los cuales este 60 por ciento es efectivamente alcanzable. Lo que estamos tratando justamente es de promover una herramienta que permita una mayor integración productiva -no una menor integración- en sectores en los cuales ese nivel de integración es muy difícil de alcanzar.
Se trata de sectores en los cuales el desarrollo científico y tecnológico impone la participación de proveedores pymes globales en cadenas globales de valor; esto supone obviamente apoyar algún nivel de integración en la Argentina que es menor a este 60 por ciento vigente.
Otro de los principales cambios que incluimos en este proyecto es que la autoridad de aplicación va tener la posibilidad de modificar este nivel de contenido nacional para compras de gran volumen, promoviendo de esta manera que en aquellos sectores donde el 60 por ciento sea efectivamente alcanzable o incluso deseable, se establezca ese nivel para alcanzar los beneficios del régimen de compre argentino.
En particular, la posibilidad de esta variación también va en el sentido de disminuirlo hasta un 20 por ciento, siempre con la condición de que esta disminución en el nivel de contenido nacional sea para promover una mayor participación a la que actualmente tiene la industria en el sector que se está promoviendo y nunca en detrimento de la participación de la industria nacional. Así está contemplado en el proyecto que hemos enviado.
En tercera instancia, este proceso de coordinación interministerial formal dentro del cual la autoridad de aplicación pueda tener una función de revisión de los pliegos previo a su publicación. Actualmente existen procesos de coordinación interministerial pero no son formales.
Me refiero a trabajar sobre la base de proyectos de pliegos por parte de la autoridad aplicación, para maximizar la posibilidad de participación de la industria nacional con mecanismos de planeamiento de las compras, pero a su vez de comprensión del impacto en el empleo que está generando este tipo de compras de gran envergadura.
Esto implica que, en estos proyectos de pliego de gran envergadura, la autoridad de aplicación tenga la posibilidad de verificar que estamos promoviendo la competencia y participación del sector productivo toda vez que la capacidad tecnológica y la calidad requeridas por parte del Estado sean efectivamente alcanzables.
El quinto punto posiblemente es uno de los aspectos más distintivos respecto del régimen actual y se vincula con los acuerdos de cooperación productiva tomados de la experiencia israelí, tal como señaló con anterioridad el señor secretario.
En aquellos contratos en donde el Estado está realizando grandes adquisiciones con una erogación importante y en la cual no hay un proveedor local con capacidad para abastecerlo -ya sea por la cantidad de bienes que se están comprando, por la complejidad tecnológica o por el nivel de competitividad, es decir, por alguno de estos tres temas- proponemos que exista la obligación del mecanismo de cooperación productiva. Esto implica, básicamente, priorizar la subcontratación de las pymes por un monto equivalente al 20 por ciento del contrato, siempre que sea viable.
También existe la posibilidad de que esta subcontratación con acuerdo de la jefatura de Gabinete de Ministros y el organismo que está contratando permita subirlo a un 30 por ciento cuando la autoridad de aplicación prevea que existe más posibilidad de transferencia y de integración productiva, o de bajarlo en los casos en los cuales esto sea muy dificultoso por las características del bien o por las capacidades tecnológicas que pueda tener la Argentina en ese momento. Después me detendré en explicar cómo funciona este mecanismo.
Para finalizar, la creación y la instrumentación del Programa de Desarrollo de Proveedores Locales se vincula con uno de los temas sobre los que hacía énfasis el secretario. Es decir, además de mejorar las capacidades competitivas de las empresas, uno de los objetivos que tiene este proyecto de ley es garantizar que el Estado esté haciendo compras de calidad y de bienes que podrán satisfacer las necesidades que tenemos en las distintas materias involucradas.
Obviamente, todo esto implica un funcionamiento en el que, dependiendo del rango y del monto de las compras, la autoridad de aplicación, los márgenes y los distintos mecanismos que tienen la ley se activan o no.
En términos de la intervención previa en el pliego de la autoridad aplicación habrá compras a partir de lo que hoy sería el equivalente a 80 millones de pesos u 80.000 módulos establecidos por lo que serían los decretos de la administración de las compras. Por otro lado, el margen de preferencia se activa a partir de 1.300.000 pesos, equivalentes a 1.300 módulos.
Los acuerdos de cooperación productiva serán requeridos y obligatorios por la autoridad de aplicación a partir de las 240 millones de pesos. Esto tiene una lógica y es que estamos tratando de alcanzar -dentro de los mecanismos de cooperación productiva por parte de la autoridad de aplicación- aquellas compras que representan el mayor volumen de compras del Estado y tienen la mayor incidencia en la posible transformación de sectores y en su incorporación y desarrollo tecnológico.
Además, esto facilita de alguna manera la intervención de una autoridad de aplicación sobre la cantidad de pliegos que obviamente desarrolla el Estado nacional a lo largo del año, poniendo énfasis en aquellos que tienen una mayor tracción.
Las estimaciones iniciales que hemos hecho implican también que el alcance de este mecanismo de cooperación productiva sobre este nivel de grandes compras va a estar por encima del 40 por ciento de las compras que hace el Estado a lo largo del año, y la revisión por encima de 80 millones de pesos va a estar aún más cerca de los dos tercios. Eso es lo que estamos previendo.
El tercer punto, respecto de modificar el margen y el contenido nacional, se activa a partir de los 80 millones de pesos. Básicamente, de vuelta, para poder trabajar con una autoridad de aplicación que pueda modificar algunas condiciones de pliegos sobre grandes montos.
Los programas de desarrollo de proveedores que estamos ya realizando desde el Ministerio de Producción, se enfocan justamente en estos temas. En este sentido, me parece importante detenernos un minuto en ver de qué se trata y cuáles son los mecanismos que tiene para trabajar.
Principalmente hay sectores promovidos, dentro de los cuales se encuentran los proveedores de petróleo y gas, de energías renovables, de industria ferroviaria, de industria minera, de agua y saneamiento. En general, son sectores vinculados con lo relativo a las compras públicas o aquellos en los cuales las empresas que participan también tienen producción diversificada orientada hacia los mercados de compras públicas. Por ello, lo que esto en definitiva termina haciendo es mejorar la calidad de los bienes que el Estado va a terminar comprando, lo que se hace a través de dos principales mecanismos: uno, de asistencia técnica; otro, de financiamiento.
En lo referido a asistencia técnica, el trabajo con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial -INTI- se apoya en sus capacidades, en su programa en la red de Tecnologías de Gestión, y busca promover a través de tecnologías blandas de gestión la mejora productiva y la incorporación de prácticas, por ejemplo kaizen, dentro de las empresas.
En lo relativo al apoyo a la innovación y al financiamiento, básicamente estamos promoviendo la posibilidad de acceso al crédito por parte de estas empresas, que son mayoritariamente pymes, a través de mecanismos de bonificación de tasas o por medio de la promoción de la modernización tecnológica y de desarrollo de nuevos productos.
Es conveniente también detenernos un minuto a analizar lo que es la nueva institucionalidad de esta autoridad de aplicación y las nuevas funciones que estamos incorporando respecto del régimen vigente. Básicamente, se van a poder requerir modificaciones a las especificaciones técnicas del proyecto de pliego a fin de optimizar la participación de la producción nacional cuando veamos que un proyecto de pliego no contemple en su totalidad la posibilidad de que la industria participe.
Obviamente vamos a trabajar en conjunto, porque no necesariamente los ministerios tienen por qué saber quién está del otro lado desde el punto de vista productivo. En este sentido, vamos a colaborar con el organismo contratante para el diseño e implementación de los acuerdos de cooperación productiva.
También vamos a trabajar sobre la emisión de los certificados de verificación de los bienes no nacionales de los sujetos alcanzados, básicamente de los concesionarios de servicios públicos que tienen que ajustarse al régimen y luego de haber desarrollado una licitación manifiestan la necesidad de hacer una importación. Ello, por supuesto, habiendo cumplido con el régimen de compre.
Se prevé realizar informes técnicos respecto de la capacidad de provisión de bienes y servicios en las operaciones, adquisiciones y contrataciones alcanzadas por la ley. Todo esto, por supuesto, va a nutrir a toda la política industrial de la posibilidad de entender el estado de situación del sector, mejorar la posibilidad de la situación competitiva, entender cómo determinadas adquisiciones y contrataciones del Estado pueden promover una mejora competitiva. Es decir, es una autoridad de aplicación viva, inteligente, dinámica, que se adapta además a lo que el Estado está comprando y a las necesidades que tienen los diferentes sectores productivos para progresar y transformarse. Obviamente, también tendrá la posibilidad de aprobar los acuerdos de cooperación productiva. Voy a detenerme después un momento para hablarles específicamente acerca de cómo hemos tomado el modelo israelí como propuesta.
El sexto y séptimo punto se refieren a determinar los márgenes de preferencia y porcentajes de integración diferenciales, para lo cual obviamente se requerirá algún informe técnico que lo justifique. Requerir la modificación de algunos proyectos que estén solicitando plazos muy acotados -que a veces impiden que la producción nacional participe-, o mecanismos de financiamiento que a veces también dificultan la participación, será obviamente una cuestión que se elevará a la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que este tipo de compras y de condiciones en las adquisiciones no pueden ser definidas solamente por una autoridad de aplicación en contraposición con otro ministerio, sino que requieren de una visión global. Entendemos que Jefatura de Gabinete de Ministros tiene esta potestad de dirimir este tipo de controversias a la hora de desarrollar los proyectos de pliego.
T.7
APV
OP
Quisiera también compartirles brevemente el esbozo de lo que sería la estructura de la autoridad de aplicación. Básicamente, estamos pensando en tres grandes áreas: una vinculada a la revisión de los proyectos de pliego que recibe y trabaja sobre el plan anual de contrataciones y define un rumbo respecto a dónde va a realizar su intervención. Luego, obviamente tiene un flujo de trabajo en donde se revisan los proyectos de pliego superiores a este monto establecido, evalúan las especificaciones técnicas y se proponen los cambios, realizan los estudios técnicos y proponen a través de estos estudios la posibilidad de cambiar los márgenes y los niveles de contenido nacional.
Obviamente, para todas estas acciones, no trabaja sola. Es una autoridad de aplicación que va a requerir permanentemente del contacto con el Ministerio de Modernización -a través de la Oficina Nacional de Contrataciones-, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y -por supuesto- en diálogo permanente con todas las cámaras sectoriales y con el sector privado que van a ser un insumo clave para poder trabajar sobre el impacto que tienen las compras públicas en la transformación de estos sectores.
La segunda área tiene que ver con los acuerdos de cooperación productiva. Esta área va a trabajar específicamente en las grandes compras que realiza el Estado nacional y que no tienen posibilidades de ser abastecidas por bienes nacionales. Vamos a trabajar para que esos contratos redunden en un desarrollo, en una subcontratación de pymes locales toda vez que se pueda. Inclusive, para que redunden en procesos de inversión y de radicación de inversiones en la Argentina.
También, eventualmente, vamos a trabajar en la transferencia de tecnología cuando la subcontratación tenga alguna dificultad de ser ejercida por el monto del contrato en su totalidad, como un mecanismo complementario de esta subcontratación.
Básicamente, esto implica trabajar previo a la salida de los pliegos respecto de cuál es el impacto que puede tener sobre un sector en particular la articulación, la integración de este sector con un proveedor extranjero que va a requerir hacer algún tipo de subcontratación.
Obviamente, en este trabajo también va a ser muy importante la visión del sector privado para entender no solo las capacidades locales que hoy tiene la Argentina y que podrían ser objeto de subcontratación, sino también entender cuál es el sendero de desarrollo tecnológico que tiene ese sector y qué importancia puede tener acceder a algún proceso de transferencia tecnológica a través de este mecanismo.
Asimismo, también va a ser importante la articulación con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior, toda vez que esta tiene contacto con quienes están interesados en participar en este tipo de proceso licitatorios y deben tener en la cabeza que para cumplimentar con los requisitos de la ley hay un sector productivo en la Argentina que va a estar recibiendo algún tipo de cooperación productiva.
En tercera instancia, va a haber un área de auditoría y control encargada de lo que recién comentábamos sobre la emisión de los certificados de verificación; además, va a recibir denuncias y va a brindar apoyo legal y va a emitir dictámenes sobre los sujetos alcanzados y eventualmente, sobre algunas de estas cuestiones. Obviamente, se va a articular con los entes reguladores, con la Auditoría General de la Nación y con el INTI.
Esto sería todo por ahora.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Vamos a mantener la misma metodología de trabajo, salvo que haya opinión en contrario.
La idea es que formulen sus preguntas o inquietudes tres diputados y luego los funcionarios respondan.
Están anotados la diputada Passo, y los diputados Gioja, Lavagna, Kicillof y Oscar Martínez.
Tiene la palabra la señora diputada Marcela Passo.
La idea es que formulen sus preguntas o inquietudes tres diputados y luego los funcionarios respondan.
Están anotados la diputada Passo, y los diputados Gioja, Lavagna, Kicillof y Oscar Martínez.
Tiene la palabra la señora diputada Marcela Passo.
SRA. PASSO Pido disculpas que en minutos me tengo que retirar, ya que debo participar de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros, que también está tratando dos temas que son muy importantes para la producción nacional y el desarrollo de las economías regionales, como lo es el proyecto de ley sobre Marina Mercante y la Industria Naval.
Quiero agradecer la presencia de las autoridades que han venido a informarnos respecto de este proyecto.
Quisiera hacer dos preguntas y un aporte. Una de las preguntas se refiere al artículo 1º, tercer párrafo. Quería consultarle respecto de la posibilidad que incluye el proyecto para el caso de los sujetos mencionados, que la autoridad de aplicación podrá excluir a las sociedades anónimas con participación estatal. Quisiera que nos expliquen cuál es el criterio por el cual dan la posibilidad a la autoridad de aplicación de excluir ciertas empresas en estos casos.
Por otro lado, quisiera comentarles que me parece que a pesar de la buena voluntad hay un error en la redacción del artículo 2º, inciso a). Lo voy a leer rápidamente y comparar con otro proyecto que me parece que habría que mirar bien para no cometer un error que podría ser importante. Dice: "La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las siguientes pautas..." "...Cuando el precio de las mismas para idénticas o similares prestaciones en condiciones de pago contado sea igual o inferior al precio de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, se otorgará un margen de preferencia en la comparación de precios a favor de los bienes de origen nacional". Luego habla de los márgenes que se aplicará para cada caso cuando son o no pequeñas y medianas empresas.
Me parece que como está la redacción es obvio que cuando el precio del producto nacional es inferior al producto no nacional, se le da preferencia sin considerar ningún tipo de porcentaje.
Creo que la voluntad se basó en dar una redacción similar o igual al proyecto del diputado De Mendiguren que en su artículo 3º viene relatando de la misma manera: "Cuando las mismas para idénticas o similares prestaciones en condiciones de pago contado su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional incrementados..." en un tanto por ciento de acuerdo a los porcentajes que cada proyecto prevé. Hago un llamado de atención respecto de la redacción porque resulta importante y es en sentido contrario al espíritu que este proyecto pretende promover.
Y quiero hacer un aporte dejando a disposición el proyecto de ley de mi autoría que fue incorporado a último momento porque tiene reciente presentación -unos días antes del ingreso de este proyecto por parte del Poder Ejecutivo- en el cual se contempla la posibilidad de implementar un sistema distinto a la hora de efectivizar el beneficio en donde el costo de la promoción quede a cargo de un fondo nacional para esa competitividad, con créditos presupuestarios específicos.
En mi proyecto se prevé que esos fondos sean asignados por el presupuesto nacional para generar de esta manera, que si bien para las empresas con productos de origen nacional representa lo mismo en términos de beneficio, a aquel que debe tomar la decisión de la compra genera que este beneficio o este porcentaje de preferencia le reduce una parte de su presupuesto general de la cartera que administra.
Entonces, al implementar a través de créditos fiscales esta posibilidad por medio de un fondo ajeno al presupuesto de quien tiene que tomar la decisión de comprar administra, creamos un sistema que además deja el dinero en un solo lugar generando buenas estadísticas también respecto de qué asignación presupuestaria le da el Estado a la prioridad en los productos de origen nacional. Por esa razón también hay que implementar algunos controles. Esto está explicitado en el proyecto que todos tienen al alcance de la mano.
Entonces hago este aporte y dejo planteadas las dos preguntas de las cuales una creo que es una corrección.
Quiero agradecer la presencia de las autoridades que han venido a informarnos respecto de este proyecto.
Quisiera hacer dos preguntas y un aporte. Una de las preguntas se refiere al artículo 1º, tercer párrafo. Quería consultarle respecto de la posibilidad que incluye el proyecto para el caso de los sujetos mencionados, que la autoridad de aplicación podrá excluir a las sociedades anónimas con participación estatal. Quisiera que nos expliquen cuál es el criterio por el cual dan la posibilidad a la autoridad de aplicación de excluir ciertas empresas en estos casos.
Por otro lado, quisiera comentarles que me parece que a pesar de la buena voluntad hay un error en la redacción del artículo 2º, inciso a). Lo voy a leer rápidamente y comparar con otro proyecto que me parece que habría que mirar bien para no cometer un error que podría ser importante. Dice: "La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las siguientes pautas..." "...Cuando el precio de las mismas para idénticas o similares prestaciones en condiciones de pago contado sea igual o inferior al precio de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, se otorgará un margen de preferencia en la comparación de precios a favor de los bienes de origen nacional". Luego habla de los márgenes que se aplicará para cada caso cuando son o no pequeñas y medianas empresas.
Me parece que como está la redacción es obvio que cuando el precio del producto nacional es inferior al producto no nacional, se le da preferencia sin considerar ningún tipo de porcentaje.
Creo que la voluntad se basó en dar una redacción similar o igual al proyecto del diputado De Mendiguren que en su artículo 3º viene relatando de la misma manera: "Cuando las mismas para idénticas o similares prestaciones en condiciones de pago contado su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional incrementados..." en un tanto por ciento de acuerdo a los porcentajes que cada proyecto prevé. Hago un llamado de atención respecto de la redacción porque resulta importante y es en sentido contrario al espíritu que este proyecto pretende promover.
Y quiero hacer un aporte dejando a disposición el proyecto de ley de mi autoría que fue incorporado a último momento porque tiene reciente presentación -unos días antes del ingreso de este proyecto por parte del Poder Ejecutivo- en el cual se contempla la posibilidad de implementar un sistema distinto a la hora de efectivizar el beneficio en donde el costo de la promoción quede a cargo de un fondo nacional para esa competitividad, con créditos presupuestarios específicos.
En mi proyecto se prevé que esos fondos sean asignados por el presupuesto nacional para generar de esta manera, que si bien para las empresas con productos de origen nacional representa lo mismo en términos de beneficio, a aquel que debe tomar la decisión de la compra genera que este beneficio o este porcentaje de preferencia le reduce una parte de su presupuesto general de la cartera que administra.
Entonces, al implementar a través de créditos fiscales esta posibilidad por medio de un fondo ajeno al presupuesto de quien tiene que tomar la decisión de comprar administra, creamos un sistema que además deja el dinero en un solo lugar generando buenas estadísticas también respecto de qué asignación presupuestaria le da el Estado a la prioridad en los productos de origen nacional. Por esa razón también hay que implementar algunos controles. Esto está explicitado en el proyecto que todos tienen al alcance de la mano.
Entonces hago este aporte y dejo planteadas las dos preguntas de las cuales una creo que es una corrección.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Gioja.
SR. GIOJA Señor presidente: voy a ser muy breve y quiero pedir disculpas por apartarme del tema.
Quiero plantear una cuestión que me parece que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene que ver ya que es cabecera o va a ser cabecera en esta Cámara de Diputados.
La semana pasada mientras muchos estábamos ocupados -tal vez fue un error, en el cierre de listas y demás, cosa que le hace bien a la democracia- nos enteramos de una nueva toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En este caso de 2.750 millones de dólares a un plazo de cien años.
Creemos que se trata de una operación casi secreta con casi nula difusión. No tenemos datos oficiales de la letra chica de este nuevo empréstito o bono que ha tomado la Argentina, es decir, información de la tasa de interés, el plazo, la amortización, etcétera, pero por lo que nos hemos enterado existe la imposibilidad del rescate de este bono. Entonces, suponiendo que a la Argentina le vaya muy bien, de todas maneras seguirá pagando casi el 8 por ciento de interés anual por esta deuda.
Solicité el apartamiento, porque le quiero pedir al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el señor diputado Laspina, que realice la gestión necesaria para convocar al ministro del área. En mi provincia -que está a 1.200 kilómetros, pero me parece que aquí también existe la necesidad de que el Parlamento tome alguna posición en este tema-, me preguntaron: "¿Qué carajo hacen los diputados?" Digo esto para que entendamos de qué se trata todo esto.
En este sentido, hemos presentado un proyecto, pero son varias las iniciativas tendientes a convocar al Ministro de Finanzas, el ministro Caputo, para que asista al recinto, a la comisión o donde quiera, para explicarnos el porqué, el cómo, el cuándo y cuál es el objetivo de esta medida.
No soy financista pero a simple vista parece que esto está orientado a los inversores, para los fondos -no voy a decir buitre- que operan en el mundo de las finanzas y no para el pueblo argentino, que estoy seguro de que no le va a ir bien. Por ejemplo, mi hijo tiene 20 años y cuando su nieto tenga 50 años seguirá pagando este bono, que vence en 2117.
Por ello, planteo esta cuestión, y si hay asentimiento solicito que trabajemos en este sentido para que, en el menor tiempo posible, el ministro Caputo asista a esta Cámara de Diputados para explicar lo relativo a este bono a cien años, que sigue endeudando al país, y sobre el cual hay muchas dudas. (Aplausos.)
Quiero plantear una cuestión que me parece que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene que ver ya que es cabecera o va a ser cabecera en esta Cámara de Diputados.
La semana pasada mientras muchos estábamos ocupados -tal vez fue un error, en el cierre de listas y demás, cosa que le hace bien a la democracia- nos enteramos de una nueva toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En este caso de 2.750 millones de dólares a un plazo de cien años.
Creemos que se trata de una operación casi secreta con casi nula difusión. No tenemos datos oficiales de la letra chica de este nuevo empréstito o bono que ha tomado la Argentina, es decir, información de la tasa de interés, el plazo, la amortización, etcétera, pero por lo que nos hemos enterado existe la imposibilidad del rescate de este bono. Entonces, suponiendo que a la Argentina le vaya muy bien, de todas maneras seguirá pagando casi el 8 por ciento de interés anual por esta deuda.
Solicité el apartamiento, porque le quiero pedir al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el señor diputado Laspina, que realice la gestión necesaria para convocar al ministro del área. En mi provincia -que está a 1.200 kilómetros, pero me parece que aquí también existe la necesidad de que el Parlamento tome alguna posición en este tema-, me preguntaron: "¿Qué carajo hacen los diputados?" Digo esto para que entendamos de qué se trata todo esto.
En este sentido, hemos presentado un proyecto, pero son varias las iniciativas tendientes a convocar al Ministro de Finanzas, el ministro Caputo, para que asista al recinto, a la comisión o donde quiera, para explicarnos el porqué, el cómo, el cuándo y cuál es el objetivo de esta medida.
No soy financista pero a simple vista parece que esto está orientado a los inversores, para los fondos -no voy a decir buitre- que operan en el mundo de las finanzas y no para el pueblo argentino, que estoy seguro de que no le va a ir bien. Por ejemplo, mi hijo tiene 20 años y cuando su nieto tenga 50 años seguirá pagando este bono, que vence en 2117.
Por ello, planteo esta cuestión, y si hay asentimiento solicito que trabajemos en este sentido para que, en el menor tiempo posible, el ministro Caputo asista a esta Cámara de Diputados para explicar lo relativo a este bono a cien años, que sigue endeudando al país, y sobre el cual hay muchas dudas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: durante el tratamiento de este tipo de iniciativas siempre aparece la eterna discusión de detalles vinculados con las preferencias, los montos, etcétera, que seguramente iremos debatiendo dentro de la comisión a fin de tomar una decisión.
Mis dudas se vinculan con algunas potestades que el proyecto le otorga al Poder Ejecutivo. La primera se refiere particularmente a excluir a algunas empresas de participación estatal, pues se sabe claramente que una de ellas es YPF, aunque no es la única. La lógica en estos conceptos debería ser que todo lugar donde el Estado destine algún recurso -en este caso, una empresa- debería quedar abarcado. Entonces, ante la afirmación de que "YPF es una sociedad anónima y no podemos intervenir" mi opinión es que si hay algún tipo de transferencia de recursos por parte del Estado hacia esa empresa, debería estar asociada al cumplimiento de lo que sería el "compre nacional". En este sentido, considero que hay un punto que tenemos que revisar. Desde ya que si el Estado no coloca recursos claramente la discusión se torna más compleja.
La otra inquietud se vincula con los sujetos comprendidos en el sentido de si los servicios esenciales -por ejemplo, una empresa de celulares, que tiene una reglamentación y un otorgamiento de permisos particulares por parte del Poder Ejecutivo- deberían incluirse dentro del régimen de compre.
Por lo que está ahora contemplado en el proyecto del Poder Ejecutivo, está excluido. En el resto de los proyectos hay algún grado de incorporación mayor.
Hay una potestad para el Ejecutivo para bajar el margen de preferencia en aquellos sectores donde son estratégicos, y acá esto me hace un poco de ruido. Generalmente, cuando uno mira la legislación internacional comparada, eso es justamente al revés. Es decir, que el margen pueda subirse y no bajar. Me interesaría conocer un poco esa lógica. Además, me parece un poco laxa la definición de qué es un sector estratégico y que da un poquito de discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno, sea cual fuere. En este sentido, podría tratar de buscarse alguna definición un poco más explícita de a qué llamamos sectores estratégicos.
Cuando miro los márgenes -de vuelta, esto es parte de la discusión siempre más fina-, uno ve que la propuesta del Poder Ejecutivo tiene 12 y 8 por ciento, según sea pyme o grande. En los distintos proyectos que existen, en cambio, esas cifras van del 25 al 20.
Nuevamente voy a utilizar la comparación internacional. Tenemos a Brasil con el 25 por ciento, México con el 15 por ciento, Israel -que es uno de los ejemplos que entendí que utilizaron como instrumento de comparación por las características que tiene en este tipo de legislación-, también tiene 15 por ciento. La pregunta es si no parece un poco insuficiente entonces tener sólo el 8 y el 12 por ciento, sobre todo cuando uno mira las estructuras tributarias que tenemos en Argentina, ya que son un poco más agresivas que las que tiene, por ejemplo, Israel. La lógica debería ser que el porcentaje sea mayor al que existe, por ejemplo, en Israel, y acá lo estamos poniendo por debajo. Me interesaría conocer un poquito esa lógica del 8 y el 12 por ciento.
Por otro lado hay un tema que siempre se discute, que es la forma en que las empresas terminan enterándose de las licitaciones. Generalmente acá se pide un sistema de comunicación anticipada o algo por el estilo para que las empresas -sobre todo las que son pymes, que tienen menos posibilidades y menos recursos para la asignación y el seguimiento de las licitaciones- puedan presentarse en tiempo y forma.
Otra de mis dudas tiene que ver con qué tipo de bienes y servicios están incluidos dentro del proyecto. Cuando uno mira la ley 25.551 y ve su reglamentación, ya en su primer artículo habla de bienes, servicios y obras públicas. Como acá se deroga la ley 25.551 y no queda explícita en el proyecto la nueva reglamentación, queda la duda de si se va a abarcar todo lo que son bienes y servicios. En relación con los servicios, están contemplados en la ley 18.875, pero en esa norma -salvo que esté equivocado- no se habla de un margen de preferencia, sino que establece que ante igualdad de condiciones o igualdad de ofertas se prefiere la local. Pero como les decía, salvo que esté equivocado, no hay allí un margen de preferencia.
Mis dudas se vinculan con algunas potestades que el proyecto le otorga al Poder Ejecutivo. La primera se refiere particularmente a excluir a algunas empresas de participación estatal, pues se sabe claramente que una de ellas es YPF, aunque no es la única. La lógica en estos conceptos debería ser que todo lugar donde el Estado destine algún recurso -en este caso, una empresa- debería quedar abarcado. Entonces, ante la afirmación de que "YPF es una sociedad anónima y no podemos intervenir" mi opinión es que si hay algún tipo de transferencia de recursos por parte del Estado hacia esa empresa, debería estar asociada al cumplimiento de lo que sería el "compre nacional". En este sentido, considero que hay un punto que tenemos que revisar. Desde ya que si el Estado no coloca recursos claramente la discusión se torna más compleja.
La otra inquietud se vincula con los sujetos comprendidos en el sentido de si los servicios esenciales -por ejemplo, una empresa de celulares, que tiene una reglamentación y un otorgamiento de permisos particulares por parte del Poder Ejecutivo- deberían incluirse dentro del régimen de compre.
Por lo que está ahora contemplado en el proyecto del Poder Ejecutivo, está excluido. En el resto de los proyectos hay algún grado de incorporación mayor.
Hay una potestad para el Ejecutivo para bajar el margen de preferencia en aquellos sectores donde son estratégicos, y acá esto me hace un poco de ruido. Generalmente, cuando uno mira la legislación internacional comparada, eso es justamente al revés. Es decir, que el margen pueda subirse y no bajar. Me interesaría conocer un poco esa lógica. Además, me parece un poco laxa la definición de qué es un sector estratégico y que da un poquito de discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno, sea cual fuere. En este sentido, podría tratar de buscarse alguna definición un poco más explícita de a qué llamamos sectores estratégicos.
Cuando miro los márgenes -de vuelta, esto es parte de la discusión siempre más fina-, uno ve que la propuesta del Poder Ejecutivo tiene 12 y 8 por ciento, según sea pyme o grande. En los distintos proyectos que existen, en cambio, esas cifras van del 25 al 20.
Nuevamente voy a utilizar la comparación internacional. Tenemos a Brasil con el 25 por ciento, México con el 15 por ciento, Israel -que es uno de los ejemplos que entendí que utilizaron como instrumento de comparación por las características que tiene en este tipo de legislación-, también tiene 15 por ciento. La pregunta es si no parece un poco insuficiente entonces tener sólo el 8 y el 12 por ciento, sobre todo cuando uno mira las estructuras tributarias que tenemos en Argentina, ya que son un poco más agresivas que las que tiene, por ejemplo, Israel. La lógica debería ser que el porcentaje sea mayor al que existe, por ejemplo, en Israel, y acá lo estamos poniendo por debajo. Me interesaría conocer un poquito esa lógica del 8 y el 12 por ciento.
Por otro lado hay un tema que siempre se discute, que es la forma en que las empresas terminan enterándose de las licitaciones. Generalmente acá se pide un sistema de comunicación anticipada o algo por el estilo para que las empresas -sobre todo las que son pymes, que tienen menos posibilidades y menos recursos para la asignación y el seguimiento de las licitaciones- puedan presentarse en tiempo y forma.
Otra de mis dudas tiene que ver con qué tipo de bienes y servicios están incluidos dentro del proyecto. Cuando uno mira la ley 25.551 y ve su reglamentación, ya en su primer artículo habla de bienes, servicios y obras públicas. Como acá se deroga la ley 25.551 y no queda explícita en el proyecto la nueva reglamentación, queda la duda de si se va a abarcar todo lo que son bienes y servicios. En relación con los servicios, están contemplados en la ley 18.875, pero en esa norma -salvo que esté equivocado- no se habla de un margen de preferencia, sino que establece que ante igualdad de condiciones o igualdad de ofertas se prefiere la local. Pero como les decía, salvo que esté equivocado, no hay allí un margen de preferencia.
SR. DRUCAROFF Reserva de mercado para empresas nacionales, 18.875. Hay un margen de preferencia.
SR. LAVAGNA Hay un margen entonces. Ahí tenía una duda; perdón por no conocerlo. Pero me interesaría saber bien cuál es la lógica después de la definición sobre los bienes y servicios a incluir, y eventualmente si uno no podría avanzar en algún grado de especificación un poquito mayor dentro de la redacción. Eso, como para terminar de aclarar el tema.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor secretario de Industria y Servicios.
SR. ETCHEGOYEN Les iremos respondiendo con Sergio Drucaroff en forma combinada.
Voy al primer punto que planteaba la señora diputada Passo, que creo que está muy relacionado con el punto que también marcaba el señor diputado Lavagna respecto del alcance de la exclusión de las compañías que coticen en bolsa, fundamentalmente los que están comprendidos en la ley 19.550.
El diputado Lavagna mencionó un caso particular, que era el de YPF. Ahí la lógica que nosotros estamos viendo es la siguiente. Como primer punto, en general en la experiencia comparada las compañías que compiten en algún mercado -digamos, que tienen competidores-, están excluidas de estos regímenes, incluido el caso de Brasil.
T.11
APV
OP
Lo que reemplazan esos regímenes son los Programas de Desarrollo de Proveedores Locales que tienen esas propias compañías.
Incluso, puede generar un problema que es el siguiente: supongamos que tengamos una empresa con participación pública que compite en un mercado local con compañías directamente privadas. Si la compañía del Estado tiene un margen de preferencia, se puede dar la contradicción de que las compañías locales le vendan más caro a la empresa nacional y le vendan más barato a las empresas que no están alcanzadas por el régimen. Se podría dar una desventaja competitiva de esta compañía, lo cual redundaría en una pérdida de rentabilidad para esas empresas.
Entonces, desde nuestra perspectiva, no sería positivo incorporarlas dentro de este régimen. Lo que sí tomo -y esto también forma parte de la experiencia internacional y estamos trabajando con YPF, particularmente en este tema-, es que estas son compañías que deben tener Programas de Desarrollo de Proveedores Locales. El PRODEPRO, Programa que buscamos institucionalizar en este proyecto de ley, tiene un capítulo especial del sector petróleo y gas. Esta es la respuesta que tenemos a la pregunta que hacía el diputado Marco Lavagna.
Voy al primer punto que planteaba la señora diputada Passo, que creo que está muy relacionado con el punto que también marcaba el señor diputado Lavagna respecto del alcance de la exclusión de las compañías que coticen en bolsa, fundamentalmente los que están comprendidos en la ley 19.550.
El diputado Lavagna mencionó un caso particular, que era el de YPF. Ahí la lógica que nosotros estamos viendo es la siguiente. Como primer punto, en general en la experiencia comparada las compañías que compiten en algún mercado -digamos, que tienen competidores-, están excluidas de estos regímenes, incluido el caso de Brasil.
T.11
APV
OP
Lo que reemplazan esos regímenes son los Programas de Desarrollo de Proveedores Locales que tienen esas propias compañías.
Incluso, puede generar un problema que es el siguiente: supongamos que tengamos una empresa con participación pública que compite en un mercado local con compañías directamente privadas. Si la compañía del Estado tiene un margen de preferencia, se puede dar la contradicción de que las compañías locales le vendan más caro a la empresa nacional y le vendan más barato a las empresas que no están alcanzadas por el régimen. Se podría dar una desventaja competitiva de esta compañía, lo cual redundaría en una pérdida de rentabilidad para esas empresas.
Entonces, desde nuestra perspectiva, no sería positivo incorporarlas dentro de este régimen. Lo que sí tomo -y esto también forma parte de la experiencia internacional y estamos trabajando con YPF, particularmente en este tema-, es que estas son compañías que deben tener Programas de Desarrollo de Proveedores Locales. El PRODEPRO, Programa que buscamos institucionalizar en este proyecto de ley, tiene un capítulo especial del sector petróleo y gas. Esta es la respuesta que tenemos a la pregunta que hacía el diputado Marco Lavagna.
SR. LAVAGNA Mi cuestionamiento iba al que quizás ya está salvado con esto que dice "desarrollo proveedores"; es cuando el Estado aporta recursos, por más que cotice o no en bolsa que para mí, sino que cuando el Estado hace un esfuerzo de recursos públicos a una empresa particular.
SR. ETCHEGOYEN Ahí, aparece otra cuestión, que es la siguiente: hoy hay varios programas donde se aplican recursos públicos, salvo que la referencia que hace el diputado Lavagna sea únicamente empresas de participación estatal. Pero si uno lo quisiera ampliar a todo el universo de compañías que reciben algún tipo de aporte, el sistema sería muy complejo de gestionar. Doy ejemplos: desde el bono de bienes de capital, que son recursos públicos que se asignan a un sector, en donde hay más de mil quinientas empresas muy pymes hasta recursos públicos para bajar tasas de interés para otorgar condiciones más ventajosas. Es decir, me parece que el esquema sería muy complejo de gestionar.
Con respecto a la pregunta de la diputada Passo, en referencia al artículo 2º, nos responde Sergio.
Con respecto a la pregunta de la diputada Passo, en referencia al artículo 2º, nos responde Sergio.
SR. DRUCAROFF Lo del precio igual o inferior, es una vez aplicado el margen. Estamos abiertos a verlo, pero obviamente, una vez aplicado al margen debe ser igual o inferior.
SRA. PASSO Nosotros lo entendemos, pero no queda bien expresado.
SR. DRUCAROFF Lo vemos, gracias.
SR. ETCHEGOYEN En cuanto a la efectivización de créditos, me gustaría entenderlo más, quizás con más detalle la propuesta de la diputada Passo.
A priori veo muy compleja su implementación. Y este es otro aspecto a tener en cuenta. Este tiene que ser un régimen que actúe de una manera automática porque hay otro factor que juega en este análisis que es la velocidad justa a la cual los procesos deben llevarse adelante.
Se hace muy complejo, quizás los plazos se alargan demasiado y atentan contra la efectividad de la implementación de las obras, pero podemos ver la norma un poco más en detalle para analizarla.
En cuanto a la pregunta formulada por el señor diputado Lavagna sobre los sujetos alcanzados, que no quedaba claro, no está en la ley pero sí en la reglamentación.
A priori veo muy compleja su implementación. Y este es otro aspecto a tener en cuenta. Este tiene que ser un régimen que actúe de una manera automática porque hay otro factor que juega en este análisis que es la velocidad justa a la cual los procesos deben llevarse adelante.
Se hace muy complejo, quizás los plazos se alargan demasiado y atentan contra la efectividad de la implementación de las obras, pero podemos ver la norma un poco más en detalle para analizarla.
En cuanto a la pregunta formulada por el señor diputado Lavagna sobre los sujetos alcanzados, que no quedaba claro, no está en la ley pero sí en la reglamentación.
SR. DRUCCAROFF Este proyecto es para bienes y deja para lo relativo a servicios la ley 18.875.
En realidad, se hace de esta manera porque entendíamos que había una superposición entre el régimen de la ley 25.551, que también hace referencia a servicios, y la 18.875. Es simplemente una separación entre la de compras públicas para bienes y la ley 18.875 para servicios.
En realidad, se hace de esta manera porque entendíamos que había una superposición entre el régimen de la ley 25.551, que también hace referencia a servicios, y la 18.875. Es simplemente una separación entre la de compras públicas para bienes y la ley 18.875 para servicios.
SR. ETCHEGOYEN Quiero comentar algo sobre márgenes de preferencia y de discrecionalidad. Con respecto del margen de preferencia del 15 por ciento, es cierto que Brasil no tiene un margen de preferencia homogéneo del 25. Brasil establece un máximo del 25 por ciento y después lo va variando por sectores, por decreto. De hecho, el margen del máximo de 25 por ciento ni siquiera está contemplado en la ley.
SR. LAVAGNA Y tiene una duración de cinco años.
SR. ETCHEGOYEN Y tiene duración de cinco años.
En el caso de Israel tenemos que ver cómo juega el margen de preferencia primero con todo el plexo, pero también con los aranceles de importación.
Israel tiene aranceles de importación bastante más bajos que los que tiene la Argentina, con lo cual si uno toma un bien de capital que tiene un promedio de 14 por ciento y le agrega un margen de preferencia del 12, el margen real -sin considerar flete ni otros gastos de nacionalización- está más cerca del 30 o del 25 por ciento. Esto juega también.
En Estados Unidos también pasa lo mismo; tiene un margen de preferencia del 12 por ciento, pero aranceles consolidados y específicos más bajos, con lo cual desde nuestra perspectiva tener un margen de preferencia del 12 por ciento, máxime viniendo de un margen de preferencia del 7 para las pymes, es aceptable.
Respecto de la baja de los márgenes de preferencia, esto parece contradictorio. En realidad, parece contradictorio con uno de los tres objetivos, pero no lo es con el último. Es decir, la economía argentina tiene -y muchos sectores en general- niveles de competitividad muy distintos. Hay sectores con niveles de competitividad alto y otros con niveles bajos. Cuando el nivel de competitividad es alto es probable que el margen de preferencia lo único que haga sea aumentar la rentabilidad por encima de un valor razonable al empresario o a los empresarios que se presenten en la licitación. Esto no es automático, tiene que ser con un proceso, hay que analizarlo y justificarlo.
En el caso de Israel tenemos que ver cómo juega el margen de preferencia primero con todo el plexo, pero también con los aranceles de importación.
Israel tiene aranceles de importación bastante más bajos que los que tiene la Argentina, con lo cual si uno toma un bien de capital que tiene un promedio de 14 por ciento y le agrega un margen de preferencia del 12, el margen real -sin considerar flete ni otros gastos de nacionalización- está más cerca del 30 o del 25 por ciento. Esto juega también.
En Estados Unidos también pasa lo mismo; tiene un margen de preferencia del 12 por ciento, pero aranceles consolidados y específicos más bajos, con lo cual desde nuestra perspectiva tener un margen de preferencia del 12 por ciento, máxime viniendo de un margen de preferencia del 7 para las pymes, es aceptable.
Respecto de la baja de los márgenes de preferencia, esto parece contradictorio. En realidad, parece contradictorio con uno de los tres objetivos, pero no lo es con el último. Es decir, la economía argentina tiene -y muchos sectores en general- niveles de competitividad muy distintos. Hay sectores con niveles de competitividad alto y otros con niveles bajos. Cuando el nivel de competitividad es alto es probable que el margen de preferencia lo único que haga sea aumentar la rentabilidad por encima de un valor razonable al empresario o a los empresarios que se presenten en la licitación. Esto no es automático, tiene que ser con un proceso, hay que analizarlo y justificarlo.
SR. DRUCAROFF No tiene que afectar la posibilidad de competencia del sector. Como mínimo lo tiene que dejar en igualdad de condiciones que previo al margen anterior y hay que justificarlo con un informe técnico.
SR. ETCHEGOYEN Con lo cual esto apunta al objetivo de mejorar la capacidad de compra del sector público.
Cuando veamos, por ejemplo, que hay algún sector o compañía muy grande que tiene niveles de competitividad muy altos, el margen de preferencia lo único que hace es darle sobrerrenta afectando los resultados o los intereses del sector público.
Pero insisto en que esto no es un mecanismo automático, sino que tiene que ser justificado.
Cuando veamos, por ejemplo, que hay algún sector o compañía muy grande que tiene niveles de competitividad muy altos, el margen de preferencia lo único que hace es darle sobrerrenta afectando los resultados o los intereses del sector público.
Pero insisto en que esto no es un mecanismo automático, sino que tiene que ser justificado.
SR. LAVAGNA La lógica debería ser al revés. Cuando es poco competitivo deberíamos poder subírselo entonces, siguiendo el mismo concepto. Sobre todo en el caso de bienes de capital que tienen un arancel cero, y sigo la misma lógica de lo de Israel, que tienen márgenes de importación muy bajo.
SR. ETCHEGOYEN Lo que pasa es que normalmente cuando tenés bienes con arancel cero es porque no hay producción local y tenés el 14 por ciento y en el caso concreto de bienes de capital, tenés el bono, con lo cual hay varios factores que confluyen. Pero en última instancia, yo te diría...
Perdón que lo tutee, señor diputado, pero nos conocemos hace rato y creo que lo puedo tutear.
Tenemos que buscar en última instancia -y en esto coincido con la visión del diputado-, en la medida en que nosotros vayamos resolviendo los problemas estructurales básicamente de la estructura impositiva y de toda esa carga, que estos márgenes vayan bajando en el tiempo y reemplazarlos por otros mecanismos.
Insisto con que nos parece haber elevado el margen de preferencia de la forma que lo estamos haciendo genera un marco propicio. Por supuesto, no niego que en el límite uno pueda estar pensando por qué 12 y no 13 o 12,50, pero realmente nos parece un margen apropiado.
Perdón que lo tutee, señor diputado, pero nos conocemos hace rato y creo que lo puedo tutear.
Tenemos que buscar en última instancia -y en esto coincido con la visión del diputado-, en la medida en que nosotros vayamos resolviendo los problemas estructurales básicamente de la estructura impositiva y de toda esa carga, que estos márgenes vayan bajando en el tiempo y reemplazarlos por otros mecanismos.
Insisto con que nos parece haber elevado el margen de preferencia de la forma que lo estamos haciendo genera un marco propicio. Por supuesto, no niego que en el límite uno pueda estar pensando por qué 12 y no 13 o 12,50, pero realmente nos parece un margen apropiado.
SR. DRUCAROFF Si bien no es un mecanismo directo de suba del margen, en realidad, cuando nosotros estamos promoviendo en algunos sectores en donde hoy no tenemos capacidad de generar el 60 por ciento de un bien con contenido nacional, lo que estamos promoviendo es bajar ese nivel de contenido manteniendo la preferencia sobre un nivel de contenido más bajo en esos sectores donde buscás mucho valor agregado, en realidad estás aumentado la preferencia sobre el nivel de contenido nacional porque estás bajando el nivel de contenido. Ese es un mecanismo que está previsto de manera indirecta solamente en aquellos sectores en los cuales vemos que es muy necesario porque de lo contrario la Argentina no tendría ninguna capacidad productiva.
SR. ETCHEGOYEN El margen se aplica sobre el total. Un último punto es sobre la discrecionalidad de los sectores estratégicos. Francamente pienso que la dinámica del mundo es tan veloz, que estratificar en una ley cuáles son aquellos sectores estratégicos me parece que dificultará más de lo que puede ayudar.
Si uno piensa la estructura productiva de la Argentina, a priori, lo que dice es que aquellos bienes en los que el costo de la mano de obra sea menos definitorio, donde haya más tecnología aplicada, salarios más altos, a priori eso serían los sectores a los cuales uno debería apuntar en el mediano plazo. Esto sin dejar de entender la complejidad y la dificultad que viven sectores que hoy están afectados por esta otra situación.
Me parece que establecer en la ley cuáles son esos sectores, le daría una rigidez al instrumento muy grande. Creo que esa definición de sectores estratégicos forma parte de un debate incluso en el cual puede participar el Poder Legislativo, pero creo que es más una definición de país y hay que darle cierto margen para discutirlo a lo largo del tiempo.
Si uno piensa la estructura productiva de la Argentina, a priori, lo que dice es que aquellos bienes en los que el costo de la mano de obra sea menos definitorio, donde haya más tecnología aplicada, salarios más altos, a priori eso serían los sectores a los cuales uno debería apuntar en el mediano plazo. Esto sin dejar de entender la complejidad y la dificultad que viven sectores que hoy están afectados por esta otra situación.
Me parece que establecer en la ley cuáles son esos sectores, le daría una rigidez al instrumento muy grande. Creo que esa definición de sectores estratégicos forma parte de un debate incluso en el cual puede participar el Poder Legislativo, pero creo que es más una definición de país y hay que darle cierto margen para discutirlo a lo largo del tiempo.
SR. PRESIDENTE ZILLIOTO Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICCILOF Señor presidente: quiero, no solamente adherir a las palabras del señor diputado Gioja y enfatizarlas nuevamente, sino también invitar a los demás bloques -muchos de nosotros votamos en la última sesión la propuesta del diputado Kosiner- para discutir la cuestión de la deuda, con esta excusa, pero podríamos hablar de muchos otros datos preocupantes en el terreno del crédito público, particularmente del endeudamiento externo que amerita que venga el ministro Caputo a dar explicaciones al Parlamento.
Por ello, invitamos a los demás bloques. Nosotros lo haremos a través de un expediente que ya existe, que es el 3.431, pero invitamos a todos los bloques a adherir a esta propuesta y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le pedimos que si tiene la relación para hacerlo rápidamente así nos sacamos las dudas y lo podemos discutir.
En segundo lugar, con respecto a esta cuestión, la verdad es que se han hecho algunas preguntas, se ha explicado bien el proyecto del Poder Ejecutivo, conocemos bien la ley 25.551. Nosotros hemos presentado sobre la base de discusiones que venimos teniendo, un proyecto de ley del Frente para la Victoria que no obra entre los antecedentes porque ha sido presentado hoy.
Entonces, a modo de pregunta y alguna discusión, voy a plantear cuáles son los elementos distintivos. También hay otro proyecto del diputado De Mendiguren, hay otro proyecto que presentó CADIEEL.
Quiero hacer dos breves referencias sin ánimo de polemizar. Quiero decir que en 2016 cayó 4,1 por ciento la producción industrial. Es solamente comparable con 2002. Es decir que venimos de una de las caídas de la industria nacional más grandes de los últimos tiempos.
Con respecto a los primeros meses de 2017, la tendencia no es que está igual sino que se profundizó. Tenemos el dato de que en febrero la industria cayó el 6 por ciento interanual sobre la caída del año anterior. Estamos ante una caída a pique de la producción industrial. En el caso del sector textil, ronda el 22,5 por ciento.
Esa caída también es histórica, y esto fue señalado por estadísticas completamente oficiales que nadie puede discutir. En trabajo registrado industrial, en 2016 se perdieron 53.000 puestos de trabajo, y en 2017, 3.000. Es decir que estamos en una situación de emergencia industrial. Esa es la verdad.
Creo que no hay que mezclar una cosa con la otra. Convendría analizar este proyecto. También, en tren de autocrítica -si me permiten decirlo así, porque la palabra está de moda-, nosotros teníamos esa ley. Teníamos la 25.551, de compre nacional, y estamos pidiendo una legislación más comprensiva y más profunda en las tendencias y en los objetivos que ha planteado el señor Etchegoyen.
La verdad es que los objetivos son los mismos, pero habría que profundizarla con dos salvedades. En primer lugar, teniendo en vista la crisis industrial hoy existente, hay que apurarse y contar con más instrumentos. En segundo término, hay que tener en cuenta lo que se nos planteó en algunas comisiones a muchos de quienes estamos acá presentes. Por ejemplo, CADIEEL se encontró con una dificultad, que no sé si está objetada en la Justicia. Me refiero a que el Ministerio de Energía realizó algunas licitaciones en las que se otorgó todo a empresas extranjeras. Incluso, en algunos casos existió alguna denuncia de que ni siquiera habían sido invitadas a participar de la licitación. Obviamente, en el caso energético hay segmentos como el de distribución y generación. Pero teníamos ese problema que creo que sirve de alarma.
Yo diría que debemos revertir esas licitaciones lo antes posible porque se ha dejado afuera a los nacionales, y tenemos capacidad productiva. O sea que el gobierno ya se ha visto ante una situación que intuyo puede haber generado algún conflicto entre el Ministerio de Producción y el Ministerio de Energía, porque va completamente a contramano de lo que se propone. El gobierno ya hizo lo contrario; había licitaciones en las que se podía incluir a empresas nacionales y estuvieron excluidas.
Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que debemos tomar esto como un caso testigo. Nosotros vamos a accionar para que esto se deshaga en la medida de lo posible.
Es público lo que dijeron las cámaras del sector metalúrgico porque los taquígrafos deben haber tomado debida de eso. Han venido representantes de ADIMRA, pero particularmente de CADIEEL, a hablar sobre el tema energético o eléctrico, donde también nos comentaron que habían tenido mucha más receptividad del lado de Producción que de Energía. Energía esgrimió lo que siempre va a argumentar el Estado: mayor apuro, cuestión de costos, presupuesto. Son quinientas las excusas con las cuales se puede dejar afuera a las empresas nacionales.
No voy a discutir que probablemente haya ventaja, porque de lo contrario no aprobaríamos este proyecto. Claro que hay ventaja de costo. Pero el tema es de fondo, filosófico. Como hacen los países más desarrollados del mundo, exitosos en su industrialización, se trata de si se va a usar o no el poder de compra del Estado para desarrollar la industria nacional. Y mientras no esté desarrollada, no se trata de decirle: "Vos no estás desarrollado". No podemos poner a mi hijo de 4 años a competir con Carl Lewis. No, porque va a perder. Para que sea como Carl Lewis hay que entrenarlo. Estamos en esa situación, y por eso tenemos estos instrumentos. Tienen que ser más comprensivos todavía.
En una situación mundial donde pasamos a la apertura -por lo menos en el discurso-, yo creo que nunca hubo una tendencia de los países centrales al libre comercio. El libre comercio era una excusa para que los países en vías de desarrollo no se industrialicen. ¿Por qué? Porque los países centrales siempre fueron proteccionistas en bienes agropecuarios. Pero esa es una doble vara, ya que también son aperturistas en lo que ellos producen con ventaja. Entonces, vamos a los hechos.
Hoy tenemos una situación que después de doce años de un gobierno con vocación industrial muy clara, con mayor o menor éxito pero con una muy clara vocación industrial, conseguimos éxitos relativos en diversas ramas que hoy están amenazadas por esta situación que vivimos, más la situación mundial ya de un proteccionismo explícito.
El señor Donald Trump dijo en su campaña que quería aplicar un 35 por ciento de aranceles a los productos chinos y mexicanos. Pero esto no fue para fomentar la industria nacional de un país periférico, dependiente, en vías de desarrollo -como es la Argentina-, sino para fomentar la industria de los Estados Unidos.
Es decir que mientras Estados Unidos quiere el 35 por ciento de arancel, nosotros vamos a ver si establecemos el 8 o el 12 por ciento. No. La verdad es que así no vamos a conseguir el objetivo, y menos en un mundo cada vez más competitivo por proteccionista.
Entonces, tomemos el toro por las astas. Estamos discutiendo esta norma, y si la planteamos en el terreno de lo que propone el proyecto del Poder Ejecutivo, si bien comparto sus objetivos, pienso que las demás iniciativas que hemos discutido en estas comisiones son más profundas.
T.15
APV
OP
Me parece que no es el momento y no quiero ponerme chicanero ni molesto, pero si se ha sido muy generoso con determinados sectores por qué vamos a ser tan prudentes o tacaños con los sectores industriales nacionales. Al revés: tengamos una legislación más provechosa y después dejemos algunas atribuciones para cuando el caso lo amerite.
Después está otra cuestión: ¿quién controla esto? Fíjense si la oficina que está, que creo que es del tercer nivel dentro de un Ministerio, va a tener que dar órdenes al ministro para que interrumpa una licitación.
Creo que la ley de compre nacional ya se ha incumplido en el Ministerio de Energía y Minería. Obvio que hay dudas, porque no se sabe si el sector generador es o no lo es, si entra o no; bueno, pero siempre va a haber dudas. Tengamos la lectura, la verdad más amplia y más abarcativa para la protección de la industria nacional. Si hay dudas, a favor de la industria nacional no a favor del extranjero, si Donald Trump -el presidente de la potencia más grande del mundo-, dice que tiene que cuidar la industria norteamericana, que vuelva el trabajo norteamericano; y nosotros vamos a ver si entramos. A la OMC la tiró a la basura. Ahora ha hecho lo mismo con los pactos ambientales, y al Fondo Monetario Internacional los norteamericanos no les han dado "pelota", año tras año.
Hagamos lo que debamos hacer para mejorar lo que es posible mejorar y más teniendo en cuenta una coyuntura internacional complicada y nacional complicadísima. Usemos esta ley como un instrumento para el respaldo, el salvataje, la emergencia de algunos sectores de nuestra industria nacional que están sufriendo mucho.
Conclusión: en el proyecto del Frente para la Victoria, se van a encontrar con menos discrecionalidad en un sentido más amplio, menos atribuciones al Ejecutivo. Obviamente, este es un problema del legislador: decidir cuánto pone en la reglamentación y lo deja como atribución del Ejecutivo o cuánto pone en la ley, explícitamente.
Entonces, obviamente que genera leyes más rígidas. Nosotros queremos una ley rígida, queremos dejar en claro cuál es la intención. Digo por qué y de nuevo porque no es, como tampoco es que Caputo explique el bono de los cien años, tampoco es que Aranguren explique por qué le compra, hay licitaciones en donde ni dejó entrar al nacional. No es para ustedes pero nos pasó con la ley de devolución del IVA. Todos dijimos: "¡Qué lindo!, devolvemos el IVA" Ni un 8 por ciento de lo previsto, en el objetivo que se planteó en la Cámara. Porque después está la instrumentación, hubo problemas -no quiero traer agua para el molino- e incluso otros diputados de otros bloques señalaron que iban a ser de muy difícil cumplimiento.
Bueno, que no nos pase lo mismo. Dejémoslo bien explícito, va a ser un instrumento mejor para ustedes, mejor para el Ejecutivo si tiene bien claro cuál es la intención del legislador, menos discrecionalidad para el Ejecutivo.
Por otra parte, hago un pequeño peloteo porque se trata de otro proyecto que además recoge cuestiones que habían planteado ADIMRA y que están reflejadas en el proyecto del Frente Renovador, que también planteo CADIEEL y que el diputado Ziliotto estaba unificando en un proyecto de ley. Queremos ver si podemos conseguir un consenso entre todos los bloques, incluso el bloque oficialista. Obviamente, que si el Ejecutivo está acá tiene una clara intención de avanzar en esta dirección.
Primera cuestión con respecto a sujetos alcanzados. Nosotros queremos ser generosos. Sabemos que el caso de empresas con participación estatal puede poner en juego... bueno, dejamos algún resquicio para que la empresa presente y digan en este caso sí, en este caso, no, pero incluyámosla.
Invitemos a las provincias porque nosotros entendemos que tiene que ser el sector público nacional en un sentido amplio. Entonces, que nosotros desde el Congreso Nacional invitemos a todo el mundo a sumarse porque si no vamos a tener un colador porque para el funcionario -lo quiero decir desde mi experiencia- es mucho más fácil, comprar más rápido y más barato. Eso aparece como en el extranjero, después desarrollar un proveedor local. Nos pasó con el caso YPF, nacionalizamos YPF en el sentido de la propiedad de sus acciones, el paquete mayoritario y después los funcionarios, los gerentes de YPF decían pero cómo si esto lo vengo comprando en China. Ahora tiene que ir a Chascomús y empezar a desarrollar un proveedor. Es más lento, probablemente al principio más caro, pero saben cómo se llama: proyecto de desarrollo de la industria nacional. No lleva dos minutos ni doce años.
A los ejemplos exitosos como China les llevó 40 años tranquilamente, con políticas constantes en la misma dirección. Ahora, si venimos con la política de entrar al Pacto de Libre Comercio del Pacífico, eso va a contramano; y creo que esto es a favor.
Entonces, pongámosle límite desde este proyecto. Lo único que falta es que el poder de compra del Estado con los impuestos de los argentinos, porque hay dos puntos de diferencia, termine yendo a un extranjero y no al trabajo nacional.
Por lo tanto, seamos amplios; no vamos a fundir al Estado de esta manera, le vamos a dar instrumentos para que incentive la producción nacional. Después contemplemos el desarrollo de proveedores, me parece muy bien.
Primero, decimos que el sujeto alcanzado sea el vigente más todas las empresas del Estado que tengan participación, más las concesionarias detalladas de todos los servicios, más las empresas privadas con crédito del Estado, cuando hay crédito del Estado también la empresa privada que use ese crédito. Después, si quieren dejemos una válvula de escape para discutirlo, pero pongámoslo; a priori que sea más abarcativo, más el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Con respecto al margen de preferencia fíjense que era 5 y 7 por ciento y ustedes contemplan 8 y 12. Obviamente esto del 1 por ciento cada 5 nos parece bien. Todos los proyectos que estamos tratando acá son mucho más generosos: hablan del 15 y el 25 por ciento o del 10 y 20 por ciento. Nosotros hemos hecho propuestas, pero estamos dispuestos a aceptar 20 y 25 tomando los ejemplos internacionales de los cuales algunos han hablado. Podemos ver si son excesivos, pero esto parece arbitrario.
Yo conozco casos concretos que con este margen hubieran entrado y hoy tendríamos una rama industrial que podría estar desarrollándose en base al compre nacional. Entonces, nosotros proponemos una preferencia adicional para bienes integrados de más del 40 por ciento incluso. Discutamos lo más; no lo menos.
Con respecto a las reservas del mercado y subcontratación, todos los proyectos presentados -salvo el del Poder Ejecutivo- hacen referencia de reserva de mercado del 25 por ciento. Nosotros planteamos un 25 como mínimo para provisión de bienes de industria nacional por parte de pymes, y en caso de no poderse, con las restantes empresas que ofrezcan productos de origen nacional. O sea que ponemos la cuestión de reserva de mercado.
Si uno mira Estados Unidos, en el terreno de la defensa hay reserva de mercado del 100 por ciento; no entra un tornillo extranjero. Esa ha sido una política de Estado y hoy es una potencia armamentista.
Nosotros vamos a pensar en otro rubro; tenemos Vaca Muerta. Entonces, hagamos un desarrollo de la industria nacional de bienes y servicios petroleros con mucha intervención del Estado para que esto pueda ser así. Al principio será un poco más caro. Por supuesto que la calidad tiene que ser óptima, no vamos a discutir la calidad porque es una locura, pero démosle margen a los precios, sobre todo cuando es un presupuesto público. Yo creo que cualquier argentino va a decir que está dispuesto a poner dos mangos más para contratar una industria nacional con trabajo argentino que para una tasa de interés de la deuda externa.
No creo que el público, la sociedad, se ponga a mirar el numerito. Me parece que no va a ser así; eso ocurría en la época de la silla de Martínez de Hoz. Creo que algo avanzamos en este terreno.
En cuanto a la definición de bien nacional, el proyecto dice 60 por ciento. Yo escuché los motivos por los cuales bajar el valor agregado de los bienes nacionales al 50 por ciento. Nosotros no creemos que esté bien. Sigamos discutiendo, manden algún trabajo, pero discutámoslo. Para mí tiene que quedar en 60 por ciento, con una modificación fundada para la promoción de determinados sectores industriales. Creo que de eso algo hay; nosotros decimos 60 por ciento más la promoción de sectores industriales.
Después hay algunos puntos más que se pueden discutir.
Sintetizando este tema, creo que hay una cuestión de discrecionalidad. Nuestro proyecto es mucho más normativo y explícito. Pretendemos que se apruebe un proyecto más explícito porque ya hemos tenido ejemplos y no solo con este gobierno.
Soy diputado desde hace poco y con este gobierno he visto proyectos con hermosas intenciones, pero después pasa todo lo contrario. Tratemos de ser más explícitos, tajantes y detallistas.
Respecto del artículo 1º consideramos que hay que ser más abarcativos, con más sujetos alcanzados, en todo caso, dejar alguna válvula de escape para discutir.
En tercer lugar, creemos que los márgenes deberían ser mayores. En este punto coincidimos la mayor parte de los bloques que hemos estado discutiendo esta cuestión.
Asimismo, considero que la reserva de mercado también habría que plantearla como un concepto más claro. Reitero nuestra vocación para discutir este tema con los demás bloques, incluso con el oficialismo si es que le interesa y con el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de avanzar en un proyecto unificado que vaya en esta dirección.
Nuestro proyecto acaba de ser presentado. Cabe señalar que nuestra vocación es defender la industria nacional sin tapujos y dentro de ese sector, particularmente, a la pymes. Si quieren llamarlo proteccionismo o quieren decir que es arcaico cabe observar que todo el mundo desarrollado está desesperado por utilizar el poder de compra del Estado a fin de desarrollar su propia industria. No vamos a ser amarretes con esto, no vamos a ser tacaños. Seamos bien generosos y abarcativos, demos un instrumento acorde a esta actual situación mundial, nacional y continental, utilizando esta ley como otro instrumento para el desarrollo de nuestra industria.
Por ello, invitamos a los demás bloques. Nosotros lo haremos a través de un expediente que ya existe, que es el 3.431, pero invitamos a todos los bloques a adherir a esta propuesta y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le pedimos que si tiene la relación para hacerlo rápidamente así nos sacamos las dudas y lo podemos discutir.
En segundo lugar, con respecto a esta cuestión, la verdad es que se han hecho algunas preguntas, se ha explicado bien el proyecto del Poder Ejecutivo, conocemos bien la ley 25.551. Nosotros hemos presentado sobre la base de discusiones que venimos teniendo, un proyecto de ley del Frente para la Victoria que no obra entre los antecedentes porque ha sido presentado hoy.
Entonces, a modo de pregunta y alguna discusión, voy a plantear cuáles son los elementos distintivos. También hay otro proyecto del diputado De Mendiguren, hay otro proyecto que presentó CADIEEL.
Quiero hacer dos breves referencias sin ánimo de polemizar. Quiero decir que en 2016 cayó 4,1 por ciento la producción industrial. Es solamente comparable con 2002. Es decir que venimos de una de las caídas de la industria nacional más grandes de los últimos tiempos.
Con respecto a los primeros meses de 2017, la tendencia no es que está igual sino que se profundizó. Tenemos el dato de que en febrero la industria cayó el 6 por ciento interanual sobre la caída del año anterior. Estamos ante una caída a pique de la producción industrial. En el caso del sector textil, ronda el 22,5 por ciento.
Esa caída también es histórica, y esto fue señalado por estadísticas completamente oficiales que nadie puede discutir. En trabajo registrado industrial, en 2016 se perdieron 53.000 puestos de trabajo, y en 2017, 3.000. Es decir que estamos en una situación de emergencia industrial. Esa es la verdad.
Creo que no hay que mezclar una cosa con la otra. Convendría analizar este proyecto. También, en tren de autocrítica -si me permiten decirlo así, porque la palabra está de moda-, nosotros teníamos esa ley. Teníamos la 25.551, de compre nacional, y estamos pidiendo una legislación más comprensiva y más profunda en las tendencias y en los objetivos que ha planteado el señor Etchegoyen.
La verdad es que los objetivos son los mismos, pero habría que profundizarla con dos salvedades. En primer lugar, teniendo en vista la crisis industrial hoy existente, hay que apurarse y contar con más instrumentos. En segundo término, hay que tener en cuenta lo que se nos planteó en algunas comisiones a muchos de quienes estamos acá presentes. Por ejemplo, CADIEEL se encontró con una dificultad, que no sé si está objetada en la Justicia. Me refiero a que el Ministerio de Energía realizó algunas licitaciones en las que se otorgó todo a empresas extranjeras. Incluso, en algunos casos existió alguna denuncia de que ni siquiera habían sido invitadas a participar de la licitación. Obviamente, en el caso energético hay segmentos como el de distribución y generación. Pero teníamos ese problema que creo que sirve de alarma.
Yo diría que debemos revertir esas licitaciones lo antes posible porque se ha dejado afuera a los nacionales, y tenemos capacidad productiva. O sea que el gobierno ya se ha visto ante una situación que intuyo puede haber generado algún conflicto entre el Ministerio de Producción y el Ministerio de Energía, porque va completamente a contramano de lo que se propone. El gobierno ya hizo lo contrario; había licitaciones en las que se podía incluir a empresas nacionales y estuvieron excluidas.
Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que debemos tomar esto como un caso testigo. Nosotros vamos a accionar para que esto se deshaga en la medida de lo posible.
Es público lo que dijeron las cámaras del sector metalúrgico porque los taquígrafos deben haber tomado debida de eso. Han venido representantes de ADIMRA, pero particularmente de CADIEEL, a hablar sobre el tema energético o eléctrico, donde también nos comentaron que habían tenido mucha más receptividad del lado de Producción que de Energía. Energía esgrimió lo que siempre va a argumentar el Estado: mayor apuro, cuestión de costos, presupuesto. Son quinientas las excusas con las cuales se puede dejar afuera a las empresas nacionales.
No voy a discutir que probablemente haya ventaja, porque de lo contrario no aprobaríamos este proyecto. Claro que hay ventaja de costo. Pero el tema es de fondo, filosófico. Como hacen los países más desarrollados del mundo, exitosos en su industrialización, se trata de si se va a usar o no el poder de compra del Estado para desarrollar la industria nacional. Y mientras no esté desarrollada, no se trata de decirle: "Vos no estás desarrollado". No podemos poner a mi hijo de 4 años a competir con Carl Lewis. No, porque va a perder. Para que sea como Carl Lewis hay que entrenarlo. Estamos en esa situación, y por eso tenemos estos instrumentos. Tienen que ser más comprensivos todavía.
En una situación mundial donde pasamos a la apertura -por lo menos en el discurso-, yo creo que nunca hubo una tendencia de los países centrales al libre comercio. El libre comercio era una excusa para que los países en vías de desarrollo no se industrialicen. ¿Por qué? Porque los países centrales siempre fueron proteccionistas en bienes agropecuarios. Pero esa es una doble vara, ya que también son aperturistas en lo que ellos producen con ventaja. Entonces, vamos a los hechos.
Hoy tenemos una situación que después de doce años de un gobierno con vocación industrial muy clara, con mayor o menor éxito pero con una muy clara vocación industrial, conseguimos éxitos relativos en diversas ramas que hoy están amenazadas por esta situación que vivimos, más la situación mundial ya de un proteccionismo explícito.
El señor Donald Trump dijo en su campaña que quería aplicar un 35 por ciento de aranceles a los productos chinos y mexicanos. Pero esto no fue para fomentar la industria nacional de un país periférico, dependiente, en vías de desarrollo -como es la Argentina-, sino para fomentar la industria de los Estados Unidos.
Es decir que mientras Estados Unidos quiere el 35 por ciento de arancel, nosotros vamos a ver si establecemos el 8 o el 12 por ciento. No. La verdad es que así no vamos a conseguir el objetivo, y menos en un mundo cada vez más competitivo por proteccionista.
Entonces, tomemos el toro por las astas. Estamos discutiendo esta norma, y si la planteamos en el terreno de lo que propone el proyecto del Poder Ejecutivo, si bien comparto sus objetivos, pienso que las demás iniciativas que hemos discutido en estas comisiones son más profundas.
T.15
APV
OP
Me parece que no es el momento y no quiero ponerme chicanero ni molesto, pero si se ha sido muy generoso con determinados sectores por qué vamos a ser tan prudentes o tacaños con los sectores industriales nacionales. Al revés: tengamos una legislación más provechosa y después dejemos algunas atribuciones para cuando el caso lo amerite.
Después está otra cuestión: ¿quién controla esto? Fíjense si la oficina que está, que creo que es del tercer nivel dentro de un Ministerio, va a tener que dar órdenes al ministro para que interrumpa una licitación.
Creo que la ley de compre nacional ya se ha incumplido en el Ministerio de Energía y Minería. Obvio que hay dudas, porque no se sabe si el sector generador es o no lo es, si entra o no; bueno, pero siempre va a haber dudas. Tengamos la lectura, la verdad más amplia y más abarcativa para la protección de la industria nacional. Si hay dudas, a favor de la industria nacional no a favor del extranjero, si Donald Trump -el presidente de la potencia más grande del mundo-, dice que tiene que cuidar la industria norteamericana, que vuelva el trabajo norteamericano; y nosotros vamos a ver si entramos. A la OMC la tiró a la basura. Ahora ha hecho lo mismo con los pactos ambientales, y al Fondo Monetario Internacional los norteamericanos no les han dado "pelota", año tras año.
Hagamos lo que debamos hacer para mejorar lo que es posible mejorar y más teniendo en cuenta una coyuntura internacional complicada y nacional complicadísima. Usemos esta ley como un instrumento para el respaldo, el salvataje, la emergencia de algunos sectores de nuestra industria nacional que están sufriendo mucho.
Conclusión: en el proyecto del Frente para la Victoria, se van a encontrar con menos discrecionalidad en un sentido más amplio, menos atribuciones al Ejecutivo. Obviamente, este es un problema del legislador: decidir cuánto pone en la reglamentación y lo deja como atribución del Ejecutivo o cuánto pone en la ley, explícitamente.
Entonces, obviamente que genera leyes más rígidas. Nosotros queremos una ley rígida, queremos dejar en claro cuál es la intención. Digo por qué y de nuevo porque no es, como tampoco es que Caputo explique el bono de los cien años, tampoco es que Aranguren explique por qué le compra, hay licitaciones en donde ni dejó entrar al nacional. No es para ustedes pero nos pasó con la ley de devolución del IVA. Todos dijimos: "¡Qué lindo!, devolvemos el IVA" Ni un 8 por ciento de lo previsto, en el objetivo que se planteó en la Cámara. Porque después está la instrumentación, hubo problemas -no quiero traer agua para el molino- e incluso otros diputados de otros bloques señalaron que iban a ser de muy difícil cumplimiento.
Bueno, que no nos pase lo mismo. Dejémoslo bien explícito, va a ser un instrumento mejor para ustedes, mejor para el Ejecutivo si tiene bien claro cuál es la intención del legislador, menos discrecionalidad para el Ejecutivo.
Por otra parte, hago un pequeño peloteo porque se trata de otro proyecto que además recoge cuestiones que habían planteado ADIMRA y que están reflejadas en el proyecto del Frente Renovador, que también planteo CADIEEL y que el diputado Ziliotto estaba unificando en un proyecto de ley. Queremos ver si podemos conseguir un consenso entre todos los bloques, incluso el bloque oficialista. Obviamente, que si el Ejecutivo está acá tiene una clara intención de avanzar en esta dirección.
Primera cuestión con respecto a sujetos alcanzados. Nosotros queremos ser generosos. Sabemos que el caso de empresas con participación estatal puede poner en juego... bueno, dejamos algún resquicio para que la empresa presente y digan en este caso sí, en este caso, no, pero incluyámosla.
Invitemos a las provincias porque nosotros entendemos que tiene que ser el sector público nacional en un sentido amplio. Entonces, que nosotros desde el Congreso Nacional invitemos a todo el mundo a sumarse porque si no vamos a tener un colador porque para el funcionario -lo quiero decir desde mi experiencia- es mucho más fácil, comprar más rápido y más barato. Eso aparece como en el extranjero, después desarrollar un proveedor local. Nos pasó con el caso YPF, nacionalizamos YPF en el sentido de la propiedad de sus acciones, el paquete mayoritario y después los funcionarios, los gerentes de YPF decían pero cómo si esto lo vengo comprando en China. Ahora tiene que ir a Chascomús y empezar a desarrollar un proveedor. Es más lento, probablemente al principio más caro, pero saben cómo se llama: proyecto de desarrollo de la industria nacional. No lleva dos minutos ni doce años.
A los ejemplos exitosos como China les llevó 40 años tranquilamente, con políticas constantes en la misma dirección. Ahora, si venimos con la política de entrar al Pacto de Libre Comercio del Pacífico, eso va a contramano; y creo que esto es a favor.
Entonces, pongámosle límite desde este proyecto. Lo único que falta es que el poder de compra del Estado con los impuestos de los argentinos, porque hay dos puntos de diferencia, termine yendo a un extranjero y no al trabajo nacional.
Por lo tanto, seamos amplios; no vamos a fundir al Estado de esta manera, le vamos a dar instrumentos para que incentive la producción nacional. Después contemplemos el desarrollo de proveedores, me parece muy bien.
Primero, decimos que el sujeto alcanzado sea el vigente más todas las empresas del Estado que tengan participación, más las concesionarias detalladas de todos los servicios, más las empresas privadas con crédito del Estado, cuando hay crédito del Estado también la empresa privada que use ese crédito. Después, si quieren dejemos una válvula de escape para discutirlo, pero pongámoslo; a priori que sea más abarcativo, más el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Con respecto al margen de preferencia fíjense que era 5 y 7 por ciento y ustedes contemplan 8 y 12. Obviamente esto del 1 por ciento cada 5 nos parece bien. Todos los proyectos que estamos tratando acá son mucho más generosos: hablan del 15 y el 25 por ciento o del 10 y 20 por ciento. Nosotros hemos hecho propuestas, pero estamos dispuestos a aceptar 20 y 25 tomando los ejemplos internacionales de los cuales algunos han hablado. Podemos ver si son excesivos, pero esto parece arbitrario.
Yo conozco casos concretos que con este margen hubieran entrado y hoy tendríamos una rama industrial que podría estar desarrollándose en base al compre nacional. Entonces, nosotros proponemos una preferencia adicional para bienes integrados de más del 40 por ciento incluso. Discutamos lo más; no lo menos.
Con respecto a las reservas del mercado y subcontratación, todos los proyectos presentados -salvo el del Poder Ejecutivo- hacen referencia de reserva de mercado del 25 por ciento. Nosotros planteamos un 25 como mínimo para provisión de bienes de industria nacional por parte de pymes, y en caso de no poderse, con las restantes empresas que ofrezcan productos de origen nacional. O sea que ponemos la cuestión de reserva de mercado.
Si uno mira Estados Unidos, en el terreno de la defensa hay reserva de mercado del 100 por ciento; no entra un tornillo extranjero. Esa ha sido una política de Estado y hoy es una potencia armamentista.
Nosotros vamos a pensar en otro rubro; tenemos Vaca Muerta. Entonces, hagamos un desarrollo de la industria nacional de bienes y servicios petroleros con mucha intervención del Estado para que esto pueda ser así. Al principio será un poco más caro. Por supuesto que la calidad tiene que ser óptima, no vamos a discutir la calidad porque es una locura, pero démosle margen a los precios, sobre todo cuando es un presupuesto público. Yo creo que cualquier argentino va a decir que está dispuesto a poner dos mangos más para contratar una industria nacional con trabajo argentino que para una tasa de interés de la deuda externa.
No creo que el público, la sociedad, se ponga a mirar el numerito. Me parece que no va a ser así; eso ocurría en la época de la silla de Martínez de Hoz. Creo que algo avanzamos en este terreno.
En cuanto a la definición de bien nacional, el proyecto dice 60 por ciento. Yo escuché los motivos por los cuales bajar el valor agregado de los bienes nacionales al 50 por ciento. Nosotros no creemos que esté bien. Sigamos discutiendo, manden algún trabajo, pero discutámoslo. Para mí tiene que quedar en 60 por ciento, con una modificación fundada para la promoción de determinados sectores industriales. Creo que de eso algo hay; nosotros decimos 60 por ciento más la promoción de sectores industriales.
Después hay algunos puntos más que se pueden discutir.
Sintetizando este tema, creo que hay una cuestión de discrecionalidad. Nuestro proyecto es mucho más normativo y explícito. Pretendemos que se apruebe un proyecto más explícito porque ya hemos tenido ejemplos y no solo con este gobierno.
Soy diputado desde hace poco y con este gobierno he visto proyectos con hermosas intenciones, pero después pasa todo lo contrario. Tratemos de ser más explícitos, tajantes y detallistas.
Respecto del artículo 1º consideramos que hay que ser más abarcativos, con más sujetos alcanzados, en todo caso, dejar alguna válvula de escape para discutir.
En tercer lugar, creemos que los márgenes deberían ser mayores. En este punto coincidimos la mayor parte de los bloques que hemos estado discutiendo esta cuestión.
Asimismo, considero que la reserva de mercado también habría que plantearla como un concepto más claro. Reitero nuestra vocación para discutir este tema con los demás bloques, incluso con el oficialismo si es que le interesa y con el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de avanzar en un proyecto unificado que vaya en esta dirección.
Nuestro proyecto acaba de ser presentado. Cabe señalar que nuestra vocación es defender la industria nacional sin tapujos y dentro de ese sector, particularmente, a la pymes. Si quieren llamarlo proteccionismo o quieren decir que es arcaico cabe observar que todo el mundo desarrollado está desesperado por utilizar el poder de compra del Estado a fin de desarrollar su propia industria. No vamos a ser amarretes con esto, no vamos a ser tacaños. Seamos bien generosos y abarcativos, demos un instrumento acorde a esta actual situación mundial, nacional y continental, utilizando esta ley como otro instrumento para el desarrollo de nuestra industria.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Kosiner.
SR. KOSINER Señor presidente: quiero plantear dos cuestiones. La primera se vincula con no dejar pasar lo planteado respecto a las posiciones sobre la operatoria de toma de deuda a cien años. Nuestro bloque reitera la posición que ya ha planteado en el recinto, que ha sido pública, cuando hemos pedido el tratamiento preferencial del proyecto
0066-d-2016, que el mismo oficialismo ha acompañado y ha tenido el voto unánime del Senado. Por ello, no vemos razones por la cuales no podamos avanzar con su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Reiteramos lo que hicimos en marzo de este año en cuanto a solicitar el rápido tratamiento de este proyecto por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y todo lo atinente a la discusión de la deuda en la Cámara, que por supuesto vamos acompañar.
En segundo lugar, me referiré al punto que planteó recién el señor diputado Kicillof, pues lo quería plantear como concepto, más allá de las cuestiones técnicas.
Voy a hacer referencia específicamente a la participación de las pymes en ese PBI que definió recién el secretario, que es tan importante y representa las compras públicas. Nosotros entendemos que hay dos maneras puntuales de considerarlo. Lo podemos hacer a través de incentivos de porcentaje de preferencias, que es lo más tradicional, y lo podemos hacer a partir del concepto de reserva de mercado.
Nuestro bloque presentó en el proyecto una definición del concepto de reserva de mercado a partir del concepto de montos de las licitaciones. Ese es un criterio, pero puede tomarse otro. Nosotros habíamos definido las contrataciones para la adquisición, locación o leasing de bienes o servicios por montos menores a 1.300.000 pesos -1.300 módulos- y en el caso de provisión de obras públicas en los términos de la ley 13.064, por montos menores a 100.000 módulos o 10 millones de pesos.
¿Cuál es la visión que tiene el Poder Ejecutivo sobre el tema de reserva de mercado? ¿Consideran que se puede incorporar al proyecto el concepto de reserva de mercado, puntualmente, dirigido a las pymes? Consideramos que lo que hace falta es el diseño de políticas que efectivamente se apliquen. Todavía tenemos cuestiones vinculadas a la ley de pymes en las que todavía falta la reglamentación, puntualmente en lo referido a créditos con tasa subsidiadas para las, por ejemplo, provincias del Plan Belgrano. Necesitamos que las herramientas que aprobamos como ley lleguen a la aplicación y que la reserva de mercado -teniendo como base el monto de las licitaciones- sean algo simple con un impacto directo respecto de la inclusión de las pymes en ese importante concepto de PBI que representan las compras públicas.
Igualmente, en relación con la imposibilidad, entendemos que debe quedar muy en claro que no se puede fraccionar una contratación con la finalidad de eludir la aplicación de los montos fijados en la ley. Entonces, uno es el tema de la reserva de mercado.
La otra cuestión se vincula con los últimos artículos del proyecto, que establecen que para aquellas provincias que adhieran a la norma la preferencia será del 1 por ciento. Teniendo en cuenta algo que ya se viene discutiendo en esta Cámara y que hemos utilizado como herramienta en varias leyes, deberíamos tratar de no dar un tratamiento lineal de la situación en las provincias. Esto, siguiendo un concepto -más allá de la discusión de si creemos que está más o menos avanzado- que instaló el gobierno sobre el Plan Belgrano para el tratamiento diferencial de las provincias del NOA y del NEA.
En este sentido, quisiera saber qué opinan ustedes acerca de la posibilidad de dar un tratamiento diferenciado en el porcentaje, de manera que no sea el mismo en forma lineal para todas las provincias. Digo esto porque claramente las empresas o las pymes que están a determinada distancia tienen condiciones muy distintas de competitividad, desde el costo de fletes y demás. Por eso pienso que deberíamos darles un tratamiento diferencial que no sea el 1 por ciento en forma lineal, sino buscar un porcentaje que quizás no sea mucho mayor -eso lo podremos discutir- para aquellas provincias que obviamente tienen estas dificultades de competitividad.
Reiteramos lo que hicimos en marzo de este año en cuanto a solicitar el rápido tratamiento de este proyecto por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y todo lo atinente a la discusión de la deuda en la Cámara, que por supuesto vamos acompañar.
En segundo lugar, me referiré al punto que planteó recién el señor diputado Kicillof, pues lo quería plantear como concepto, más allá de las cuestiones técnicas.
Voy a hacer referencia específicamente a la participación de las pymes en ese PBI que definió recién el secretario, que es tan importante y representa las compras públicas. Nosotros entendemos que hay dos maneras puntuales de considerarlo. Lo podemos hacer a través de incentivos de porcentaje de preferencias, que es lo más tradicional, y lo podemos hacer a partir del concepto de reserva de mercado.
Nuestro bloque presentó en el proyecto una definición del concepto de reserva de mercado a partir del concepto de montos de las licitaciones. Ese es un criterio, pero puede tomarse otro. Nosotros habíamos definido las contrataciones para la adquisición, locación o leasing de bienes o servicios por montos menores a 1.300.000 pesos -1.300 módulos- y en el caso de provisión de obras públicas en los términos de la ley 13.064, por montos menores a 100.000 módulos o 10 millones de pesos.
¿Cuál es la visión que tiene el Poder Ejecutivo sobre el tema de reserva de mercado? ¿Consideran que se puede incorporar al proyecto el concepto de reserva de mercado, puntualmente, dirigido a las pymes? Consideramos que lo que hace falta es el diseño de políticas que efectivamente se apliquen. Todavía tenemos cuestiones vinculadas a la ley de pymes en las que todavía falta la reglamentación, puntualmente en lo referido a créditos con tasa subsidiadas para las, por ejemplo, provincias del Plan Belgrano. Necesitamos que las herramientas que aprobamos como ley lleguen a la aplicación y que la reserva de mercado -teniendo como base el monto de las licitaciones- sean algo simple con un impacto directo respecto de la inclusión de las pymes en ese importante concepto de PBI que representan las compras públicas.
Igualmente, en relación con la imposibilidad, entendemos que debe quedar muy en claro que no se puede fraccionar una contratación con la finalidad de eludir la aplicación de los montos fijados en la ley. Entonces, uno es el tema de la reserva de mercado.
La otra cuestión se vincula con los últimos artículos del proyecto, que establecen que para aquellas provincias que adhieran a la norma la preferencia será del 1 por ciento. Teniendo en cuenta algo que ya se viene discutiendo en esta Cámara y que hemos utilizado como herramienta en varias leyes, deberíamos tratar de no dar un tratamiento lineal de la situación en las provincias. Esto, siguiendo un concepto -más allá de la discusión de si creemos que está más o menos avanzado- que instaló el gobierno sobre el Plan Belgrano para el tratamiento diferencial de las provincias del NOA y del NEA.
En este sentido, quisiera saber qué opinan ustedes acerca de la posibilidad de dar un tratamiento diferenciado en el porcentaje, de manera que no sea el mismo en forma lineal para todas las provincias. Digo esto porque claramente las empresas o las pymes que están a determinada distancia tienen condiciones muy distintas de competitividad, desde el costo de fletes y demás. Por eso pienso que deberíamos darles un tratamiento diferencial que no sea el 1 por ciento en forma lineal, sino buscar un porcentaje que quizás no sea mucho mayor -eso lo podremos discutir- para aquellas provincias que obviamente tienen estas dificultades de competitividad.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Oscar Martínez.
SR. MARTÍNEZ (O. A.) Pareciera que estamos en un debate interesante; puede que así sea. Pero si tomamos como visión la realidad que estamos viviendo, creo que estamos retrocediendo a los años 90, con las consecuencias que eso trajo sobre la industria y el desarrollo de nuestro país.
Decimos esto desde la terrible situación de haberlo padecido, puesto que aquel proyecto neoliberal de los años 90 se asemeja mucho al actual. Además, varios de sus actores hoy están ocupando distintos espacios. Ese proyecto no midió ningún tipo de consecuencias cuando favoreció la destrucción de la industria nacional, a punto tal que destruyó la educación. Sobre todo la educación técnica, que planteaba como alternativa precisamente la formación de técnicos y de distintos oficios.
Las consecuencias de ese modelo las hemos venido sufriendo en conjunto toda la sociedad durante muchísimos años y ha costado mucho revertirla.
Nos preocupamos cada vez que se habla del proyecto de defensa de la industria o del desarrollo tecnológico, que son sin duda las bases del crecimiento de cualquier nación, junto con otro tema central, la educación, que debe ser privilegiada. Sin embargo, en este país sigue siendo postergada la atención de sus reclamos y sus demandas para favorecer -como se ha manifestado acá- los acuerdos de ventas de bonos y el endeudamiento del país.
La verdad es que nuestro ejemplo desde la provincia de Tierra del Fuego es quizás el más doloroso en este sentido, porque hemos podido observar cómo con desprecio y soberbia -que es típico del centralismo porteño- el presidente de la Nación una vez más se refirió a que "dejaron sin trabajo a 1.500 tipos" -así, con esas palabras-, pero que esto habría favorecido la posibilidad de que muchos pudiesen adquirir productos más baratos, hablando de las notebooks y las netbooks.
Pienso que esto vuelve a ser una estafa al pueblo, quizás por tratarse de una instancia de campaña electoral, porque nada de eso ha sucedido. Lo peor de todo es que aquellos que eran beneficiarios de muchos de los productos que se fabricaban en la provincia de Tierra del Fuego o en algunos lugares del Gran Buenos Aires -como en el caso del plan Conectar Igualdad-, han visto postergado ese derecho de acceder, como mínimo, al avance que significaba tener una netbook o una notebook para poder adquirir conocimientos en la materia.
Es seguro que el desarrollo tecnológico nos va a llevar muchísimo tiempo. Veníamos recuperándonos, y en ese sentido tenemos que reconocer -y también manifestarlo aquí- que muchos de los aportes que se habían incorporado en los productos que se fabricaban en Tierra del Fuego -vuelvo a citar el caso de las notebooks y las netbooks- habían surgido justamente del esfuerzo, del empeño de las operarias y operarios que con sus manos contribuían a desarrollar un producto argentino con insumos venidos desde el exterior.
T.19
APV
OP
Obviamente, porque la pérdida de industria nacional y el desarrollo de partes y piezas o insumos que tengan que ver con los productos tecnológicos o electrónicos en este caso, así nos exponía y nos sigue exponiendo con el cierre permanente de los establecimientos que se dedican a la fabricación de distintos componentes que son requeridos para las empresas autopartistas que están trayendo insumos desde el exterior. En el caso de Tierra del Fuego se han dejado de fabricar aires acondicionados, al menos en una de ellas, y se prevén enormes riesgos en el resto.
Esta es una constante a la que tenemos que responder. Entonces, en el marco de esta situación que es por demás preocupante -en donde se siguen cerrando empresas y siguen quedando trabajadores despedidos-, pareciera ser que este debate es muy interesante.
Pero llamo a la reflexión sobre que no nos volvamos a engañar que esta ley puede venir a solucionar los problemas que existen en el mundo del trabajo, en la industria y que va a resolver el desarrollo tecnológico, como se ha expresado acá. Estamos muy lejos de eso y sobre todo con este tipo de medidas y políticas que se están llevando a cabo de privilegiar la importación es seguro que seguiremos siendo espectadores de que más empresas cierren, de que más trabajadores pierdan sus puestos y de que estos parches vengan a modificar normas existentes para que quizás no se sepa si se van a cumplir, como es el caso de varias que hemos votado: la de pequeña y media empresa y la del autopartismo, que sin embargo, no han resuelto ni han avanzado en solucionar absolutamente ninguna de las necesidades del movimiento obrero en su búsqueda de trabajo.
Nosotros tenemos la preocupación enorme de que esta sea solamente una instancia más de debate que no resuelva absolutamente nada. Tenemos la preocupación y el compromiso de defensa de la industria nacional, a algunos les consta, otros lo pueden mirar con absoluto desprecio. No creemos que sea solamente un discurso sino que es una necesidad para recuperar, primero, la posibilidad de producción nacional, y segundo, los cientos de miles de puestos de trabajo que se han perdido.
Desde esa visión, obviamente, que vamos a esforzarnos para contribuir en todo lo que sea necesario para lograr las normas que hagan falta. Pero pareciera ser que esta no resuelve las dificultades enormes que tiene la industria en nuestro país, la pequeña y mediana industria, tampoco, y mucho menos la terrible situación que se vive en Tierra del Fuego, donde por palabras de muchos funcionarios tenemos el enorme riesgo de ser expulsados, quizás para negociar otro derecho que nosotros creemos estar en juego como es el caso de la soberanía territorial en todo el mar del sur argentino, la Antártida y las islas Malvinas.
Tenemos la obligación de manifestarlo porque es nuestra preocupación. Lo hemos discutido así con distintos funcionarios del Ministerio de la Producción, se lo hemos manifestado, estamos todavía expectantes de poder formalizar el compromiso que asumieron en su momento de concretar una mesa de trabajo para discutir hacia dónde va el fututo de la industria de Tierra del Fuego, entre otros
tantos compromisos que nos han manifestado.
Tengan la seguridad de que la defensa de la industria nacional como obreros metarlúrgicos, para nosotros es fundamental y sobre esa base vamos a discutir y debatir todos los proyectos que sean necesarios.
Nos preocupa que no estemos discutiendo con mayor seriedad cómo proteger el empleo y cómo proteger la industria a través de medidas concretas. Una ley que realmente ponga freno a los despidos y que permita que no abran más la importación y de esa manera contener la necesidad de cientos de miles de argentinos que están siendo expulsados del sistema laboral y que no tienen alternativas.
Decimos esto desde la terrible situación de haberlo padecido, puesto que aquel proyecto neoliberal de los años 90 se asemeja mucho al actual. Además, varios de sus actores hoy están ocupando distintos espacios. Ese proyecto no midió ningún tipo de consecuencias cuando favoreció la destrucción de la industria nacional, a punto tal que destruyó la educación. Sobre todo la educación técnica, que planteaba como alternativa precisamente la formación de técnicos y de distintos oficios.
Las consecuencias de ese modelo las hemos venido sufriendo en conjunto toda la sociedad durante muchísimos años y ha costado mucho revertirla.
Nos preocupamos cada vez que se habla del proyecto de defensa de la industria o del desarrollo tecnológico, que son sin duda las bases del crecimiento de cualquier nación, junto con otro tema central, la educación, que debe ser privilegiada. Sin embargo, en este país sigue siendo postergada la atención de sus reclamos y sus demandas para favorecer -como se ha manifestado acá- los acuerdos de ventas de bonos y el endeudamiento del país.
La verdad es que nuestro ejemplo desde la provincia de Tierra del Fuego es quizás el más doloroso en este sentido, porque hemos podido observar cómo con desprecio y soberbia -que es típico del centralismo porteño- el presidente de la Nación una vez más se refirió a que "dejaron sin trabajo a 1.500 tipos" -así, con esas palabras-, pero que esto habría favorecido la posibilidad de que muchos pudiesen adquirir productos más baratos, hablando de las notebooks y las netbooks.
Pienso que esto vuelve a ser una estafa al pueblo, quizás por tratarse de una instancia de campaña electoral, porque nada de eso ha sucedido. Lo peor de todo es que aquellos que eran beneficiarios de muchos de los productos que se fabricaban en la provincia de Tierra del Fuego o en algunos lugares del Gran Buenos Aires -como en el caso del plan Conectar Igualdad-, han visto postergado ese derecho de acceder, como mínimo, al avance que significaba tener una netbook o una notebook para poder adquirir conocimientos en la materia.
Es seguro que el desarrollo tecnológico nos va a llevar muchísimo tiempo. Veníamos recuperándonos, y en ese sentido tenemos que reconocer -y también manifestarlo aquí- que muchos de los aportes que se habían incorporado en los productos que se fabricaban en Tierra del Fuego -vuelvo a citar el caso de las notebooks y las netbooks- habían surgido justamente del esfuerzo, del empeño de las operarias y operarios que con sus manos contribuían a desarrollar un producto argentino con insumos venidos desde el exterior.
T.19
APV
OP
Obviamente, porque la pérdida de industria nacional y el desarrollo de partes y piezas o insumos que tengan que ver con los productos tecnológicos o electrónicos en este caso, así nos exponía y nos sigue exponiendo con el cierre permanente de los establecimientos que se dedican a la fabricación de distintos componentes que son requeridos para las empresas autopartistas que están trayendo insumos desde el exterior. En el caso de Tierra del Fuego se han dejado de fabricar aires acondicionados, al menos en una de ellas, y se prevén enormes riesgos en el resto.
Esta es una constante a la que tenemos que responder. Entonces, en el marco de esta situación que es por demás preocupante -en donde se siguen cerrando empresas y siguen quedando trabajadores despedidos-, pareciera ser que este debate es muy interesante.
Pero llamo a la reflexión sobre que no nos volvamos a engañar que esta ley puede venir a solucionar los problemas que existen en el mundo del trabajo, en la industria y que va a resolver el desarrollo tecnológico, como se ha expresado acá. Estamos muy lejos de eso y sobre todo con este tipo de medidas y políticas que se están llevando a cabo de privilegiar la importación es seguro que seguiremos siendo espectadores de que más empresas cierren, de que más trabajadores pierdan sus puestos y de que estos parches vengan a modificar normas existentes para que quizás no se sepa si se van a cumplir, como es el caso de varias que hemos votado: la de pequeña y media empresa y la del autopartismo, que sin embargo, no han resuelto ni han avanzado en solucionar absolutamente ninguna de las necesidades del movimiento obrero en su búsqueda de trabajo.
Nosotros tenemos la preocupación enorme de que esta sea solamente una instancia más de debate que no resuelva absolutamente nada. Tenemos la preocupación y el compromiso de defensa de la industria nacional, a algunos les consta, otros lo pueden mirar con absoluto desprecio. No creemos que sea solamente un discurso sino que es una necesidad para recuperar, primero, la posibilidad de producción nacional, y segundo, los cientos de miles de puestos de trabajo que se han perdido.
Desde esa visión, obviamente, que vamos a esforzarnos para contribuir en todo lo que sea necesario para lograr las normas que hagan falta. Pero pareciera ser que esta no resuelve las dificultades enormes que tiene la industria en nuestro país, la pequeña y mediana industria, tampoco, y mucho menos la terrible situación que se vive en Tierra del Fuego, donde por palabras de muchos funcionarios tenemos el enorme riesgo de ser expulsados, quizás para negociar otro derecho que nosotros creemos estar en juego como es el caso de la soberanía territorial en todo el mar del sur argentino, la Antártida y las islas Malvinas.
Tenemos la obligación de manifestarlo porque es nuestra preocupación. Lo hemos discutido así con distintos funcionarios del Ministerio de la Producción, se lo hemos manifestado, estamos todavía expectantes de poder formalizar el compromiso que asumieron en su momento de concretar una mesa de trabajo para discutir hacia dónde va el fututo de la industria de Tierra del Fuego, entre otros
tantos compromisos que nos han manifestado.
Tengan la seguridad de que la defensa de la industria nacional como obreros metarlúrgicos, para nosotros es fundamental y sobre esa base vamos a discutir y debatir todos los proyectos que sean necesarios.
Nos preocupa que no estemos discutiendo con mayor seriedad cómo proteger el empleo y cómo proteger la industria a través de medidas concretas. Una ley que realmente ponga freno a los despidos y que permita que no abran más la importación y de esa manera contener la necesidad de cientos de miles de argentinos que están siendo expulsados del sistema laboral y que no tienen alternativas.
SR. ZILIOTTO Tiene la palabra el secretario Etchegoyen.
SR. ETCHEGOYEN Con respecto a los puntos que mencionaba el diputado Kicillof, particularmente con algunas propuestas que han venido del sector privado, en resumen diría lo siguiente: muchas de esas propuestas han tomado los distintos plexos normativos, los temas máximos y los han propuesto todos juntos en una sola propuesta.
Entonces, reserva de mercado, márgenes del 20 o del 25 por ciento, sujetos alcanzados extremadamente amplios. Es decir, nuestra postura o nuestra visión es que tiene que ser un esquema equilibrado.
Me gustaría ver en detalle el proyecto del Frente para la Victoria.
Insisto en que nosotros estamos dando un paso totalmente en línea con el desarrollo que estamos proponiendo del sector productivo. Estamos aumentando muchísimo al margen de preferencia, y estamos creando una reserva porque el mecanismo de compensación, el offset, obliga de alguna manera a la contratación local, y particularmente de pymes en obras de envergadura que es normalmente los lugares donde estas cosas se diluyen. Con lo cual, desde esa perspectiva nos parece que nuestro proyecto, visto integralmente, es muy consistente.
Sobre el punto de los sujetos alcanzados en particular, les diría que hasta hemos seguido el esquema del gobierno anterior, porque incluso YPF quedó fuera del alcance de la ley. Y entendemos la razón.
Creo que la razón la explicábamos hoy. Está incluido todo el sector público y todas las obras públicas. Se mencionó anteriormente también la cuestión de los celulares. Los servicios públicos están incluidos, pero hasta donde yo sé, el servicio de celular no es un servicio público. Entonces si este Congreso en algún momento decide incorporar algo así, entrará. No digo ni que sí ni que no. Lo que digo es que conceptualmente los servicios públicos están incluidos dentro del proyecto de ley.
Entonces no nos parece bien ampliar demasiado los sujetos y crear las reservas de mercado. Las reservas de mercado son normalmente muy acotadas y a veces lo que dificulta cuando uno no tiene sectores muy amplios es que actúan como un coto. Nosotros tenemos que ser cuidadosos porque al haber reserva y no haber límites de preferencia, ¿cuál es el precio?
Insisto en que nos parece que equilibrando los tres objetivos que tienen que ver con potenciar la demanda local, mejorar las capacidades tecnológicas y lograr que el Estado compre a precios competitivos, nuestra propuesta -independientemente de que no hemos visto la del Frente para la Victoria- es consistente.
Por supuesto, estamos totalmente abiertos al debate y al análisis de este proyecto de ley.
Por otro lado, el diputado Kosiner planteó dos temas. Uno, es el de reservas de mercado que creo que está respondido, y el otro es el de la preferencia para las provincias y aplicar regionalmente algún margen de referencia diferencial.
Entonces, reserva de mercado, márgenes del 20 o del 25 por ciento, sujetos alcanzados extremadamente amplios. Es decir, nuestra postura o nuestra visión es que tiene que ser un esquema equilibrado.
Me gustaría ver en detalle el proyecto del Frente para la Victoria.
Insisto en que nosotros estamos dando un paso totalmente en línea con el desarrollo que estamos proponiendo del sector productivo. Estamos aumentando muchísimo al margen de preferencia, y estamos creando una reserva porque el mecanismo de compensación, el offset, obliga de alguna manera a la contratación local, y particularmente de pymes en obras de envergadura que es normalmente los lugares donde estas cosas se diluyen. Con lo cual, desde esa perspectiva nos parece que nuestro proyecto, visto integralmente, es muy consistente.
Sobre el punto de los sujetos alcanzados en particular, les diría que hasta hemos seguido el esquema del gobierno anterior, porque incluso YPF quedó fuera del alcance de la ley. Y entendemos la razón.
Creo que la razón la explicábamos hoy. Está incluido todo el sector público y todas las obras públicas. Se mencionó anteriormente también la cuestión de los celulares. Los servicios públicos están incluidos, pero hasta donde yo sé, el servicio de celular no es un servicio público. Entonces si este Congreso en algún momento decide incorporar algo así, entrará. No digo ni que sí ni que no. Lo que digo es que conceptualmente los servicios públicos están incluidos dentro del proyecto de ley.
Entonces no nos parece bien ampliar demasiado los sujetos y crear las reservas de mercado. Las reservas de mercado son normalmente muy acotadas y a veces lo que dificulta cuando uno no tiene sectores muy amplios es que actúan como un coto. Nosotros tenemos que ser cuidadosos porque al haber reserva y no haber límites de preferencia, ¿cuál es el precio?
Insisto en que nos parece que equilibrando los tres objetivos que tienen que ver con potenciar la demanda local, mejorar las capacidades tecnológicas y lograr que el Estado compre a precios competitivos, nuestra propuesta -independientemente de que no hemos visto la del Frente para la Victoria- es consistente.
Por supuesto, estamos totalmente abiertos al debate y al análisis de este proyecto de ley.
Por otro lado, el diputado Kosiner planteó dos temas. Uno, es el de reservas de mercado que creo que está respondido, y el otro es el de la preferencia para las provincias y aplicar regionalmente algún margen de referencia diferencial.
SR. DRUCAROFF Complementando el análisis del secretario y en relación con esto al tomar los máximos beneficios de las leyes de compre de nivel internacional, lo que se ve en las leyes y en los plexos normativos individuales de los países que han sido exitosos aplicando estas políticas, es un balance entre los márgenes y la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación productiva o de reserva de mercado.
Se menciona Brasil, pero este es un país que no tiene mecanismo de cooperación productiva, por ejemplo, si bien tiene un margen alto. Entonces, lo que estamos tratando de mostrar es que este es un proyecto que busca la consistencia. En particular, y vinculado a esta solicitud o interés de diversos bloques de buscar una reserva de mercado, como recién comentaba el secretario, el offset opera en algún sentido no estrictamente, pero busca una subcontratación.
En el texto estamos proponiendo además que haya pymes, toda vez que sea posible en el abastecimiento en calidad y en las condiciones en las cuales se pueda establecer el pliego, que puedan participar. Y en caso contrario, que los acuerdos de transferencia y los instrumentos complementarios también terminen en estas empresas. O sea que estamos poniendo a las pymes primero frente a todo el sistema de contrataciones y de compras públicas.
En relación a la adhesión de las provincias, hemos encontrado un mecanismo que nos parece adecuado. En cuanto a la propuesta del diputado Kosiner, no sé si estamos en condiciones de dar tratamiento exclusivamente.
Esto va en línea con buscar que las provincias adhieran a este sistema y que busquemos un plexo normativo no solamente a nivel nacional sino también provincial. Por supuesto todo aquello que ayude a que esta ley se transfiera a los distintos niveles de gobierno en su consistencia trataremos de promoverlo en la medida de nuestras posibilidades.
Se menciona Brasil, pero este es un país que no tiene mecanismo de cooperación productiva, por ejemplo, si bien tiene un margen alto. Entonces, lo que estamos tratando de mostrar es que este es un proyecto que busca la consistencia. En particular, y vinculado a esta solicitud o interés de diversos bloques de buscar una reserva de mercado, como recién comentaba el secretario, el offset opera en algún sentido no estrictamente, pero busca una subcontratación.
En el texto estamos proponiendo además que haya pymes, toda vez que sea posible en el abastecimiento en calidad y en las condiciones en las cuales se pueda establecer el pliego, que puedan participar. Y en caso contrario, que los acuerdos de transferencia y los instrumentos complementarios también terminen en estas empresas. O sea que estamos poniendo a las pymes primero frente a todo el sistema de contrataciones y de compras públicas.
En relación a la adhesión de las provincias, hemos encontrado un mecanismo que nos parece adecuado. En cuanto a la propuesta del diputado Kosiner, no sé si estamos en condiciones de dar tratamiento exclusivamente.
Esto va en línea con buscar que las provincias adhieran a este sistema y que busquemos un plexo normativo no solamente a nivel nacional sino también provincial. Por supuesto todo aquello que ayude a que esta ley se transfiera a los distintos niveles de gobierno en su consistencia trataremos de promoverlo en la medida de nuestras posibilidades.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Antes de continuar con la lista de oradores, en tren de seguir con el tema de análisis y continuando con la misma política que tomamos en su momento, en cuanto a socializar estos proyectos con la mayor cantidad de actores posibles, les quiero avisar que continuaremos con una reunión del mismo tenor el próximo martes alrededor de las 14 horas. Luego se les notificará formalmente.
En dicha ocasión, invitaremos nuevamente a los sectores empresariales, dado que no solamente tenemos el proyecto del Poder Ejecutivo, que incorpora otros parámetros de protección, sino que también existen otras iniciativas al respecto.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
En dicha ocasión, invitaremos nuevamente a los sectores empresariales, dado que no solamente tenemos el proyecto del Poder Ejecutivo, que incorpora otros parámetros de protección, sino que también existen otras iniciativas al respecto.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: con respecto al tema de la deuda -tal como lo expresaron los señores diputados Kiccilof, Gioja y particularmente nuestro bloque en la Cámara- me parece importante que como diputados empecemos a recuperar las facultades del Congreso de la Nación en cuanto a la autorización de deuda y de especificación, porque es una facultad delegada por parte del Congreso.
En definitiva, estamos observando lo que pasa con la deuda, que se produce porque hay déficit -eso no lo desconocemos-, pero sería bueno que el Congreso recupere su facultades; no el Congreso sino cada uno de nosotros. Es decir que discutamos temas de Estado.
Hoy escuché al ministro de Hacienda decir que son cuestiones técnicas. Entonces, le solicitamos que asista y que las explique, porque no son solamente cuestiones técnicas, pues endeudarse a cien años tiene que ser una decisión política, de Estado, y tienen que intervenir todos los poderes del Estado, particularmente el Poder Legislativo, tal como establece la Constitución Nacional.
Esta ley viene a decirnos que el mercado no funciona, porque la situación sería diferente si el mercado funcionara. Claramente estamos buscando un atajo al mercado, porque estamos diciendo que queremos que las empresas locales, de capital argentino, las empresas que producen, las pequeñas, las grandes, tengan un beneficio o una preferencia. Queremos que esa preferencia no sea abstracta, es decir que pueda generar trabajo y empleo, que las empresas tengan más trabajo, que puedan producir más, y que esa preferencia pueda tener un efecto real y concreto.
Hay una estructura macroeconómica que si hoy discutimos con los sectores empresariales nos dicen que tiene un tipo de cambio apreciado. No voy a entrar en una discusión sobre esta cuestión, porque es una facultad del Banco Central de la República Argentina, que es la autoridad monetaria, y no soy partícipe de una modificación de la cuestión cambiaria. Lo que quiero decirles es que estamos discutiendo un margen del 7 u 8 por ciento cuando hay sectores de la producción de bienes en la Argentina que hablan de una apreciación del 20 o 25 por ciento.
Entonces, existe una cuestión abstracta que habría que discutir con mucha conciencia. Posiblemente en un esquema de entrada de ingreso de dólares neto -vía la cuenta capital, vía endeudamiento, vía inversiones- ese tipo de cambio tenga un sendero de apreciación en los próximos años, teniendo en cuenta una política de no intervención del Banco Central. Quizás también reflejando algunos avances en materia de productividad.
El señor diputado Kicillof dijo que quiere ser generoso y amplio; nosotros no queremos ser generosos ni amplios; queremos ser justos y queremos generar trabajo. Para ello tiene que haber una expresión política de un poder del Estado que lo hace a través de una ley del Congreso de la Nación.
Creemos que tenemos que ampliar las preferencias para las pequeñas y las microempresas -las microempresas del interior, las microempresas federales- y, fundamentalmente, las empresas nacionales.
Queremos revisar el nivel de preferencia en un contexto macroeconómico.
Podemos poner un piso; podemos poner un máximo; podemos eventualmente -como dijo el señor diputado Kosiner y como también expresó el señor diputado Lavagna- ver diferencias por regiones. Tengamos en cuenta que nuestro país es amplio y que abarca millones de kilómetros cuadrados. Evidentemente existen diferencias regionales, las cuales deberían manifestarse. Además, desde el Congreso podemos aportar nuestra visión en ese sentido.
El segundo punto tiene que ver con el universo. Yo entiendo lo del capital nacional, capital estatal o capital no estatal. Creo que todas las empresas que tienen algún tipo de concesión por parte del Estado, ya sean de recursos nacionales o federales, deben estar incluidas en este proceso de compre nacional.
El desarrollo de proveedores queda como una actitud sumamente voluntaria; hay empresas que lo han hecho y que lo están haciendo. Sé que YPF está haciendo un gran esfuerzo en Ensenada y en La Plata y que ha continuado todo un proceso. Pero no alcanza con esto si el Estado no toma una decisión firme, que es lo que estamos diciendo acá.
Queremos que se desarrollen cadenas de proveedores locales; queremos que se les compre a pequeñas empresas industriales locales; queremos que se les compre a las empresas que producen en la Argentina. Pero que no solo lo hagan desde el Estado, el Poder Ejecutivo nacional y los ejecutivos provinciales, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, donde hay muchos recursos, sino también aquellas empresas concesionarias en el área de energía y de telecomunicaciones.
A este respecto, si son de oferta pública o no, no lo sé. La verdad es que no es un tema relevante si efectivamente están en la bolsa o no. Si son sociedades anónimas que tienen por parte del Estado una concesión, podrían ser originarias del Estado nacional. El Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo decidió que la administre un privado, y el Poder Legislativo define políticamente que el mercado no alcanza para que se desarrollen las pymes o las industrias.
Queremos, además, darles una preferencia, que se desarrollen y que compren a quienes producen en Argentina el trabajo argentino. Tenemos que ser justos y firmes en esta ley. Por eso planteamos ampliar la preferencia y ser muy precisos en cuanto al alcance de la norma. Reitero: debemos sumar concesiones de todos los ámbitos de la industria, comunicaciones, energía y transporte.
Aquí se hizo una mención con respecto a la gestión, que es compleja; pero lo es tanto para dar como para controlar. Si es complejo darle un bono de productividad a una empresa, debe tener el mismo nivel de complejidad controlar el compre nacional. El Estado toma una decisión política y por eso hay que incorporar los instrumentos para que esa decisión se cumpla.
Hace unos instantes el señor diputado Kicillof nombró a Donald Trump, una de cuyas primeras decisiones fue exigirles a las empresas que producen autos en los Estados Unidos que aumenten a un 60 por ciento el uso de autopartes fabricadas en ese país. Esto fue comentado recientemente por los presidentes de las automotrices norteamericanas en una reunión que tuvimos.
Entonces, evidentemente el mundo se dirige a proteger el trabajo, a proteger lo que produce. Por eso pido al Congreso de la Nación y a esta comisión que, si vamos a hacer las cosas, las hagamos bien. Hay una apreciación cambiaria -y recién mientras hablaba había algunos diputados del bloque oficialista que aseveraban esta cuestión-, sobre todo para ciertos sectores. Pregúntenles a los que producen en el interior de la Argentina si pueden competir o no con este tipo de cambio. Entonces, no hagamos una línea abstracta, señor secretario. Incorporemos el tema servicios, que es central.
La Secretaría de Industria históricamente en distintos ámbitos y regímenes de promoción habla de servicios. Entonces, definamos qué son servicios nacionales; definamos qué son partes nacionales y qué se incorpora como servicio nacional. Si no, vamos a poner cosas muy interesantes en la ley pero luego, naturalmente, el proceso se verá desvirtuado por las cuestiones administrativas y por la propia lógica de los intereses.
Entiendo que cuando se sanciona una ley y se privilegia a alguien, esos privilegios en este caso son productivos. Evidentemente, hay algún sector muy competitivo que puede tener una situación extraordinaria.
Es por eso que con esto hemos decidido o estamos por decidir que con el compre nacional haya un privilegiado, porque queremos que se genere más trabajo. Este tipo de cosas ocurren, razón por la cual no puede ser un argumento: "Si ponemos un valor muy excesivo, hay sectores que van a ganar mucho". Estamos justamente decidiendo que los sectores que no son competitivos tengan algún tipo de privilegio.
T.23
APV
OP
Estamos decidiendo un privilegio para las empresas nacionales.
Por eso, les vamos a acercar una serie de modificaciones al texto que presentó el Poder Ejecutivo. Queremos ampliar la cantidad de poderes del Estado. Queremos ampliar el objeto de la ley. Repito, entendemos que las empresas concesionarias y las cooperativas también tienen que formar parte de esta ley. Queremos mejorar las preferencias. Queremos los requisitos claros y precisos y trabajar en la reglamentación más puntillosa con respecto a la comparación de los precios, que es un tema siempre en discusión, el tema de las pymes, claramente.
Si bien escuché que estamos hablando de un universo del 4 por ciento del PBI, nosotros queremos incluir la obra pública, queremos incluir la obra pública de las pequeñas empresas, de las microempresas, de las grandes empresas porque entendemos que es necesario y son las grandes obras y las grandes contrataciones que hace el Estado.
En el presupuesto pasado -no recuerdo bien-, se destinaba alrededor de 2 puntos del PBI en materia de infraestructura y en materia de recursos, por lo menos en la del Ministerio de Infraestructura o de Obras Públicas, no recuerdo cómo se llama.
En definitiva, de la discusión no pretendemos generar cuestiones que sean contrarias al Estado en términos de que este compre y lo haga en forma ineficiente. Pretendemos cuidar el trabajo y para eso tiene que haber una decisión firme y clara. Si YPF tiene el 51 por ciento del Estado nacional, pero hay una empresa extranjera que también produce en Vaca Muerta -que fue concesionada en un proceso de licitación- y es una empresa que produce y explora sobre bienes que son de carácter nacional, creemos que debería exigírsele que una parte de su compras sean nacionales. No creemos que esta sea una cuestión de no competencia, va a estar en el mismo rango de competencia YPF que Total, Pan American o Exxon. No le exigimos por la condición del capital, sino por la condición de empresa que recibe por parte del Estado -sea municipal, provincial o nacional- una concesión. Es decir, un bien que podría brindar el Estado, pero que este decide que sea ejercido por empresas privadas.
Creemos que eso es bueno para la industria. Ahí no hay voluntarismo, no le decimos a YPF: "Desarrollá tu cadena de proveedores". YPF la va desarrollando en la medida que puede. Le decimos: "Tenés que comprar y privilegiar a la empresa nacional".
Esa es la postura de nuestro bloque. Tenemos escritas las modificaciones. Esperemos que puedan ser escuchadas y si no, trabajaremos con el resto de los bloques de la oposición, porque entendemos que es una ley importante para el momento que vive la Argentina.
En definitiva, estamos observando lo que pasa con la deuda, que se produce porque hay déficit -eso no lo desconocemos-, pero sería bueno que el Congreso recupere su facultades; no el Congreso sino cada uno de nosotros. Es decir que discutamos temas de Estado.
Hoy escuché al ministro de Hacienda decir que son cuestiones técnicas. Entonces, le solicitamos que asista y que las explique, porque no son solamente cuestiones técnicas, pues endeudarse a cien años tiene que ser una decisión política, de Estado, y tienen que intervenir todos los poderes del Estado, particularmente el Poder Legislativo, tal como establece la Constitución Nacional.
Esta ley viene a decirnos que el mercado no funciona, porque la situación sería diferente si el mercado funcionara. Claramente estamos buscando un atajo al mercado, porque estamos diciendo que queremos que las empresas locales, de capital argentino, las empresas que producen, las pequeñas, las grandes, tengan un beneficio o una preferencia. Queremos que esa preferencia no sea abstracta, es decir que pueda generar trabajo y empleo, que las empresas tengan más trabajo, que puedan producir más, y que esa preferencia pueda tener un efecto real y concreto.
Hay una estructura macroeconómica que si hoy discutimos con los sectores empresariales nos dicen que tiene un tipo de cambio apreciado. No voy a entrar en una discusión sobre esta cuestión, porque es una facultad del Banco Central de la República Argentina, que es la autoridad monetaria, y no soy partícipe de una modificación de la cuestión cambiaria. Lo que quiero decirles es que estamos discutiendo un margen del 7 u 8 por ciento cuando hay sectores de la producción de bienes en la Argentina que hablan de una apreciación del 20 o 25 por ciento.
Entonces, existe una cuestión abstracta que habría que discutir con mucha conciencia. Posiblemente en un esquema de entrada de ingreso de dólares neto -vía la cuenta capital, vía endeudamiento, vía inversiones- ese tipo de cambio tenga un sendero de apreciación en los próximos años, teniendo en cuenta una política de no intervención del Banco Central. Quizás también reflejando algunos avances en materia de productividad.
El señor diputado Kicillof dijo que quiere ser generoso y amplio; nosotros no queremos ser generosos ni amplios; queremos ser justos y queremos generar trabajo. Para ello tiene que haber una expresión política de un poder del Estado que lo hace a través de una ley del Congreso de la Nación.
Creemos que tenemos que ampliar las preferencias para las pequeñas y las microempresas -las microempresas del interior, las microempresas federales- y, fundamentalmente, las empresas nacionales.
Queremos revisar el nivel de preferencia en un contexto macroeconómico.
Podemos poner un piso; podemos poner un máximo; podemos eventualmente -como dijo el señor diputado Kosiner y como también expresó el señor diputado Lavagna- ver diferencias por regiones. Tengamos en cuenta que nuestro país es amplio y que abarca millones de kilómetros cuadrados. Evidentemente existen diferencias regionales, las cuales deberían manifestarse. Además, desde el Congreso podemos aportar nuestra visión en ese sentido.
El segundo punto tiene que ver con el universo. Yo entiendo lo del capital nacional, capital estatal o capital no estatal. Creo que todas las empresas que tienen algún tipo de concesión por parte del Estado, ya sean de recursos nacionales o federales, deben estar incluidas en este proceso de compre nacional.
El desarrollo de proveedores queda como una actitud sumamente voluntaria; hay empresas que lo han hecho y que lo están haciendo. Sé que YPF está haciendo un gran esfuerzo en Ensenada y en La Plata y que ha continuado todo un proceso. Pero no alcanza con esto si el Estado no toma una decisión firme, que es lo que estamos diciendo acá.
Queremos que se desarrollen cadenas de proveedores locales; queremos que se les compre a pequeñas empresas industriales locales; queremos que se les compre a las empresas que producen en la Argentina. Pero que no solo lo hagan desde el Estado, el Poder Ejecutivo nacional y los ejecutivos provinciales, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, donde hay muchos recursos, sino también aquellas empresas concesionarias en el área de energía y de telecomunicaciones.
A este respecto, si son de oferta pública o no, no lo sé. La verdad es que no es un tema relevante si efectivamente están en la bolsa o no. Si son sociedades anónimas que tienen por parte del Estado una concesión, podrían ser originarias del Estado nacional. El Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo decidió que la administre un privado, y el Poder Legislativo define políticamente que el mercado no alcanza para que se desarrollen las pymes o las industrias.
Queremos, además, darles una preferencia, que se desarrollen y que compren a quienes producen en Argentina el trabajo argentino. Tenemos que ser justos y firmes en esta ley. Por eso planteamos ampliar la preferencia y ser muy precisos en cuanto al alcance de la norma. Reitero: debemos sumar concesiones de todos los ámbitos de la industria, comunicaciones, energía y transporte.
Aquí se hizo una mención con respecto a la gestión, que es compleja; pero lo es tanto para dar como para controlar. Si es complejo darle un bono de productividad a una empresa, debe tener el mismo nivel de complejidad controlar el compre nacional. El Estado toma una decisión política y por eso hay que incorporar los instrumentos para que esa decisión se cumpla.
Hace unos instantes el señor diputado Kicillof nombró a Donald Trump, una de cuyas primeras decisiones fue exigirles a las empresas que producen autos en los Estados Unidos que aumenten a un 60 por ciento el uso de autopartes fabricadas en ese país. Esto fue comentado recientemente por los presidentes de las automotrices norteamericanas en una reunión que tuvimos.
Entonces, evidentemente el mundo se dirige a proteger el trabajo, a proteger lo que produce. Por eso pido al Congreso de la Nación y a esta comisión que, si vamos a hacer las cosas, las hagamos bien. Hay una apreciación cambiaria -y recién mientras hablaba había algunos diputados del bloque oficialista que aseveraban esta cuestión-, sobre todo para ciertos sectores. Pregúntenles a los que producen en el interior de la Argentina si pueden competir o no con este tipo de cambio. Entonces, no hagamos una línea abstracta, señor secretario. Incorporemos el tema servicios, que es central.
La Secretaría de Industria históricamente en distintos ámbitos y regímenes de promoción habla de servicios. Entonces, definamos qué son servicios nacionales; definamos qué son partes nacionales y qué se incorpora como servicio nacional. Si no, vamos a poner cosas muy interesantes en la ley pero luego, naturalmente, el proceso se verá desvirtuado por las cuestiones administrativas y por la propia lógica de los intereses.
Entiendo que cuando se sanciona una ley y se privilegia a alguien, esos privilegios en este caso son productivos. Evidentemente, hay algún sector muy competitivo que puede tener una situación extraordinaria.
Es por eso que con esto hemos decidido o estamos por decidir que con el compre nacional haya un privilegiado, porque queremos que se genere más trabajo. Este tipo de cosas ocurren, razón por la cual no puede ser un argumento: "Si ponemos un valor muy excesivo, hay sectores que van a ganar mucho". Estamos justamente decidiendo que los sectores que no son competitivos tengan algún tipo de privilegio.
T.23
APV
OP
Estamos decidiendo un privilegio para las empresas nacionales.
Por eso, les vamos a acercar una serie de modificaciones al texto que presentó el Poder Ejecutivo. Queremos ampliar la cantidad de poderes del Estado. Queremos ampliar el objeto de la ley. Repito, entendemos que las empresas concesionarias y las cooperativas también tienen que formar parte de esta ley. Queremos mejorar las preferencias. Queremos los requisitos claros y precisos y trabajar en la reglamentación más puntillosa con respecto a la comparación de los precios, que es un tema siempre en discusión, el tema de las pymes, claramente.
Si bien escuché que estamos hablando de un universo del 4 por ciento del PBI, nosotros queremos incluir la obra pública, queremos incluir la obra pública de las pequeñas empresas, de las microempresas, de las grandes empresas porque entendemos que es necesario y son las grandes obras y las grandes contrataciones que hace el Estado.
En el presupuesto pasado -no recuerdo bien-, se destinaba alrededor de 2 puntos del PBI en materia de infraestructura y en materia de recursos, por lo menos en la del Ministerio de Infraestructura o de Obras Públicas, no recuerdo cómo se llama.
En definitiva, de la discusión no pretendemos generar cuestiones que sean contrarias al Estado en términos de que este compre y lo haga en forma ineficiente. Pretendemos cuidar el trabajo y para eso tiene que haber una decisión firme y clara. Si YPF tiene el 51 por ciento del Estado nacional, pero hay una empresa extranjera que también produce en Vaca Muerta -que fue concesionada en un proceso de licitación- y es una empresa que produce y explora sobre bienes que son de carácter nacional, creemos que debería exigírsele que una parte de su compras sean nacionales. No creemos que esta sea una cuestión de no competencia, va a estar en el mismo rango de competencia YPF que Total, Pan American o Exxon. No le exigimos por la condición del capital, sino por la condición de empresa que recibe por parte del Estado -sea municipal, provincial o nacional- una concesión. Es decir, un bien que podría brindar el Estado, pero que este decide que sea ejercido por empresas privadas.
Creemos que eso es bueno para la industria. Ahí no hay voluntarismo, no le decimos a YPF: "Desarrollá tu cadena de proveedores". YPF la va desarrollando en la medida que puede. Le decimos: "Tenés que comprar y privilegiar a la empresa nacional".
Esa es la postura de nuestro bloque. Tenemos escritas las modificaciones. Esperemos que puedan ser escuchadas y si no, trabajaremos con el resto de los bloques de la oposición, porque entendemos que es una ley importante para el momento que vive la Argentina.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI En primer lugar, celebro que estamos en este momento tratando en este plenario de comisiones una ley enviada por el Poder Ejecutivo y varias otras presentadas por distintos legisladores sobre un tema trascendental para los momentos que vivimos en la Argentina.
En segundo lugar, quiero decir que no comparto que el mercado no funciona. Creo que el mercado funciona de acuerdo con sus reglas y con sus leyes, que a lo mejor son distintas, no nos gustan en algunos casos, pero funcionan. En todo caso, lo que estamos haciendo es buscar corregir -a través de leyes como las que se están proponiendo- algunas de las asignaciones que hace el mercado en beneficio de lo que consideramos algo mucho más justo y equitativo para el conjunto.
Respecto de algunos comentarios que hemos escuchado en esta reunión, creo que hay tres temas centrales: el primero, los sujetos alcanzados. El proyecto abarca tanto a la administración pública nacional como a las empresas públicas, las concesionarias y licenciatarias de obras y servicios públicos y los contratistas directos de los concesionarios y licenciatarios de obras y servicios públicos.
El diputado Kicillof hacía referencia a que tendríamos que abarcar en este proyecto al sector público nacional, incluyendo provincias y municipios. En verdad esto es imposible; no se puede. Nosotros no podemos obligar al sector público provincial o municipal a implementar este régimen cuando tienen autonomía, tanto administrativa como financiera. El artículo 21 del proyecto hace lo correcto, que es invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de la presente ley. Esto es lo que corresponde.
En ese sentido, estamos obviamente apoyando el texto propuesto en el proyecto del Poder Ejecutivo.
El régimen local ya abarca al sector privado como los concesionarios de obras y servicios públicos, así como subcontratistas directos. Incluso en países que han mencionado algunos, como en el del admirado ahora por varios bloques Donald Trump, alcanza solamente a lo que se refiere la ejecución de obras públicas; estoy hablando del sector privado. Por lo que la legislación argentina en todo caso es mucho más abarcativa que muchas normas internacionales en la materia.
Con respecto al segundo punto que me quiero referir de los tres que dije, el margen de preferencia, nos parece muy razonable para las pymes. Desde el Poder Ejecutivo se está proponiendo elevar del 7 al 12 por ciento, es decir un 70 por ciento más de lo que hoy rige. Y para el resto, del 5 al 8 por ciento, es decir, se está proponiendo elevarlo en un 60 por ciento de lo que rige actualmente.
De modo que este nuevo régimen propuesto supone un aumento bastante significativo en el margen de preferencia para incentivar aquellos bienes con mayor integración nacional y con mayor incentivo aún en las pymes.
El otro punto al cual se hizo referencia en reiteradas oportunidades es la reserva de mercado. La verdad es que actualmente se encuentra vigente, y no se está proponiendo modificar el régimen de obras públicas, una reserva de mercado para la adjudicación de obras y servicios públicos a proveedores nacionales. Anteriormente se mencionó la ley 18.875.
El régimen propuesto está brindando un incentivo a la producción nacional a través del margen de preferencia. O sea que actúa como un arancel adicional en la práctica sin restringir la concurrencia de competidores en el mercado. Es decir, fijar reservas de mercado implicaría de algún modo restringir la competencia sin incentivos a una mejora de la calidad afectando la eficiencia de las compras públicas, con un sobrecosto en las compras públicas.
El proyecto establece acuerdos de cooperación que en realidad actúan de forma similar a lo que sería una reserva de mercado, que es una propuesta muy interesante para las contrataciones estratégicas adjudicadas a proveedores extranjeros para generar derrames en la industria y que beneficien en especial a las pymes.
Por lo tanto, en principio, señor presidente, reitero, a la par de celebrar esta discusión y que estemos tratando este proyecto, que adelantamos nuestro acompañamiento también en general a esta propuesta que viene del Poder Ejecutivo y que seguramente vamos a continuar discutiendo.
En segundo lugar, quiero decir que no comparto que el mercado no funciona. Creo que el mercado funciona de acuerdo con sus reglas y con sus leyes, que a lo mejor son distintas, no nos gustan en algunos casos, pero funcionan. En todo caso, lo que estamos haciendo es buscar corregir -a través de leyes como las que se están proponiendo- algunas de las asignaciones que hace el mercado en beneficio de lo que consideramos algo mucho más justo y equitativo para el conjunto.
Respecto de algunos comentarios que hemos escuchado en esta reunión, creo que hay tres temas centrales: el primero, los sujetos alcanzados. El proyecto abarca tanto a la administración pública nacional como a las empresas públicas, las concesionarias y licenciatarias de obras y servicios públicos y los contratistas directos de los concesionarios y licenciatarios de obras y servicios públicos.
El diputado Kicillof hacía referencia a que tendríamos que abarcar en este proyecto al sector público nacional, incluyendo provincias y municipios. En verdad esto es imposible; no se puede. Nosotros no podemos obligar al sector público provincial o municipal a implementar este régimen cuando tienen autonomía, tanto administrativa como financiera. El artículo 21 del proyecto hace lo correcto, que es invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de la presente ley. Esto es lo que corresponde.
En ese sentido, estamos obviamente apoyando el texto propuesto en el proyecto del Poder Ejecutivo.
El régimen local ya abarca al sector privado como los concesionarios de obras y servicios públicos, así como subcontratistas directos. Incluso en países que han mencionado algunos, como en el del admirado ahora por varios bloques Donald Trump, alcanza solamente a lo que se refiere la ejecución de obras públicas; estoy hablando del sector privado. Por lo que la legislación argentina en todo caso es mucho más abarcativa que muchas normas internacionales en la materia.
Con respecto al segundo punto que me quiero referir de los tres que dije, el margen de preferencia, nos parece muy razonable para las pymes. Desde el Poder Ejecutivo se está proponiendo elevar del 7 al 12 por ciento, es decir un 70 por ciento más de lo que hoy rige. Y para el resto, del 5 al 8 por ciento, es decir, se está proponiendo elevarlo en un 60 por ciento de lo que rige actualmente.
De modo que este nuevo régimen propuesto supone un aumento bastante significativo en el margen de preferencia para incentivar aquellos bienes con mayor integración nacional y con mayor incentivo aún en las pymes.
El otro punto al cual se hizo referencia en reiteradas oportunidades es la reserva de mercado. La verdad es que actualmente se encuentra vigente, y no se está proponiendo modificar el régimen de obras públicas, una reserva de mercado para la adjudicación de obras y servicios públicos a proveedores nacionales. Anteriormente se mencionó la ley 18.875.
El régimen propuesto está brindando un incentivo a la producción nacional a través del margen de preferencia. O sea que actúa como un arancel adicional en la práctica sin restringir la concurrencia de competidores en el mercado. Es decir, fijar reservas de mercado implicaría de algún modo restringir la competencia sin incentivos a una mejora de la calidad afectando la eficiencia de las compras públicas, con un sobrecosto en las compras públicas.
El proyecto establece acuerdos de cooperación que en realidad actúan de forma similar a lo que sería una reserva de mercado, que es una propuesta muy interesante para las contrataciones estratégicas adjudicadas a proveedores extranjeros para generar derrames en la industria y que beneficien en especial a las pymes.
Por lo tanto, en principio, señor presidente, reitero, a la par de celebrar esta discusión y que estemos tratando este proyecto, que adelantamos nuestro acompañamiento también en general a esta propuesta que viene del Poder Ejecutivo y que seguramente vamos a continuar discutiendo.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Conesa.
SR. CONESA Señor presidente: el artículo 75 de la Constitución Nacional establece que la tarifa aduanera tiene que ser uniforme, esto quiere decir, de provincia a provincia, no se puede hacer ninguna diferencia. Esa cuestión se discutió en 1853 cuando el General Urquiza quiso establecer tarifas diferenciales para el puerto de Rosario. Esto es básico y elemental. Las tarifas tienen que ser uniformes en todo el país. Ninguna provincia puede tener tarifas distintas.
En segundo lugar, respecto de la cuestión del tipo de cambio, el inciso 11) del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso hacer sellar la moneda y fijar su valor y el de las extranjeras. Esto quiere decir que el tipo de cambio no es una función del Banco Central sino de este Congreso. Esto es muy importante, porque si analizamos un poco la historia del tipo de cambio veremos que en la época de Kirchner y Lavagna, en los años 2005 y 2006, a los precios actuales el tipo de cambio sería de 27 pesos contra 16 pesos. O sea un 80 por ciento más alto.
Entonces, si ponemos el tipo de cambio a 16 pesos en relación al tipo de cambio de equilibrio -que podría ser 27 pesos- con este tipo de cambio bajo estamos dando una protección pero a la producción extranjera. Se trata de una protección extranjera de casi el 80 por ciento.
Se les recuerda a los señores diputados que el tipo de cambio actual es igual al tipo de cambio de Martínez de Hoz en 1980 y de Cavallo en el decenio de los 90. Este no es un tipo de cambio de equilibrio sino que es un tipo de equilibrio de desequilibrio porque esos tipos de cambio se pudieron mantener porque el país se endeudó hasta la coronilla y eso determinó el tipo de cambio bajo.
Tenemos que computar el tipo de cambio de equilibrio pero con crecimiento cero de la deuda externa. Eso nos va a decir cuál es el tipo de cambio de equilibrio, porque ciertamente ese tipo de cambio está arriba de 25 pesos en este momento. Entonces, si el tipo de cambio está en 25 pesos, con eso se puede proteger muy bien a la industria nacional sin privilegios, sin burocracia, sin ministerios que tengan que decir quién sí y quién no. Esto sería mucho más práctico.
Quiero brindar como ejemplo el caso de nuestro vecino trasandino. Chile decidió que tenía el peor sistema proteccionista de todo el mundo, porque había productos con el 500 por ciento, otros con el 0 por ciento, otros con el 1.000 por ciento, etcétera. De repente, dijo que todos los productos tendrían la misma protección, que sería el 10 por ciento, pero puso el tipo de cambio muy alto.
Finalmente, Chile, que tenía un PBI per cápita igual a un tercio de la Argentina ahora nos ha pasado, siendo que los argentinos siempre lo mirábamos por arriba del hombro. Chile descansa en el mercado. Se trata de una economía de mercado, pero cabe mencionar que para que ella funcione los dos precios más importantes del mercado -que son el tipo de cambio y la tasa de interés- no tienen que estar distorsionados. ¡Claro que la economía de mercado funciona, por ese camino podemos llegar al desarrollo, pero no tenemos que distorsionar los precios del mercado! Esto es básico y elemental, y los dos precios más importantes son siempre, en todos los países y en todos los tiempos: el tipo de cambio real y la tasa de interés real.
Si el tipo de cambio real está alto, la tasa de interés está baja. Si el tipo de cambio real está alto, podemos exportar y proteger la industria nacional; las dos cosas al mismo tiempo.
Y si la tasa de interés está baja, podemos invertir, porque entonces el estímulo para la inversión realmente se repotencia. Si se invierte, se crean puestos de trabajo y podríamos llegar al objetivo que muy bien fijó el presidente Macri de pobreza cero. Pero la pobreza cero exige necesariamente un tipo de cambio de equilibrio, terminar con el endeudamiento y por supuesto tasas de interés bajas. Eso es lo que va a traer la creación de empleo.
En segundo lugar, respecto de la cuestión del tipo de cambio, el inciso 11) del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso hacer sellar la moneda y fijar su valor y el de las extranjeras. Esto quiere decir que el tipo de cambio no es una función del Banco Central sino de este Congreso. Esto es muy importante, porque si analizamos un poco la historia del tipo de cambio veremos que en la época de Kirchner y Lavagna, en los años 2005 y 2006, a los precios actuales el tipo de cambio sería de 27 pesos contra 16 pesos. O sea un 80 por ciento más alto.
Entonces, si ponemos el tipo de cambio a 16 pesos en relación al tipo de cambio de equilibrio -que podría ser 27 pesos- con este tipo de cambio bajo estamos dando una protección pero a la producción extranjera. Se trata de una protección extranjera de casi el 80 por ciento.
Se les recuerda a los señores diputados que el tipo de cambio actual es igual al tipo de cambio de Martínez de Hoz en 1980 y de Cavallo en el decenio de los 90. Este no es un tipo de cambio de equilibrio sino que es un tipo de equilibrio de desequilibrio porque esos tipos de cambio se pudieron mantener porque el país se endeudó hasta la coronilla y eso determinó el tipo de cambio bajo.
Tenemos que computar el tipo de cambio de equilibrio pero con crecimiento cero de la deuda externa. Eso nos va a decir cuál es el tipo de cambio de equilibrio, porque ciertamente ese tipo de cambio está arriba de 25 pesos en este momento. Entonces, si el tipo de cambio está en 25 pesos, con eso se puede proteger muy bien a la industria nacional sin privilegios, sin burocracia, sin ministerios que tengan que decir quién sí y quién no. Esto sería mucho más práctico.
Quiero brindar como ejemplo el caso de nuestro vecino trasandino. Chile decidió que tenía el peor sistema proteccionista de todo el mundo, porque había productos con el 500 por ciento, otros con el 0 por ciento, otros con el 1.000 por ciento, etcétera. De repente, dijo que todos los productos tendrían la misma protección, que sería el 10 por ciento, pero puso el tipo de cambio muy alto.
Finalmente, Chile, que tenía un PBI per cápita igual a un tercio de la Argentina ahora nos ha pasado, siendo que los argentinos siempre lo mirábamos por arriba del hombro. Chile descansa en el mercado. Se trata de una economía de mercado, pero cabe mencionar que para que ella funcione los dos precios más importantes del mercado -que son el tipo de cambio y la tasa de interés- no tienen que estar distorsionados. ¡Claro que la economía de mercado funciona, por ese camino podemos llegar al desarrollo, pero no tenemos que distorsionar los precios del mercado! Esto es básico y elemental, y los dos precios más importantes son siempre, en todos los países y en todos los tiempos: el tipo de cambio real y la tasa de interés real.
Si el tipo de cambio real está alto, la tasa de interés está baja. Si el tipo de cambio real está alto, podemos exportar y proteger la industria nacional; las dos cosas al mismo tiempo.
Y si la tasa de interés está baja, podemos invertir, porque entonces el estímulo para la inversión realmente se repotencia. Si se invierte, se crean puestos de trabajo y podríamos llegar al objetivo que muy bien fijó el presidente Macri de pobreza cero. Pero la pobreza cero exige necesariamente un tipo de cambio de equilibrio, terminar con el endeudamiento y por supuesto tasas de interés bajas. Eso es lo que va a traer la creación de empleo.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor secretario.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Muy bien. Agradeciendo por su presencia a los señores funcionarios del Poder Ejecutivo y a los señores diputados, los convoco para que sigamos debatiendo este tema. La próxima semana recibiremos a las cámaras empresariales, quienes harán sus aportes en esta materia.
Muchas gracias a todos. Queda levantada la reunión.
Muchas gracias a todos. Queda levantada la reunión.
Es la hora 14 y 57.