PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
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Jueves 11.00hs
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- PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Reunión del día 14/11/2017
- CONJUNTA
En Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre de 2017, a la hora 12 y 26:
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Queda abierta la reunión de la Comisión de Obras Públicas, conjunta con las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Presupuesto y Hacienda.
Luego de varios meses de trabajo hemos arribado a una propuesta común que se expresa en un texto que unifica los proyectos presentados por los diferentes bloques. A esto debemos sumar el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo nacional, así como el importante trabajo de las comisiones de Obras Públicas, de Pequeñas y Medianas Empresas y de Presupuesto y Hacienda. Por último, también se sumó al debate, a través de su presidente, la Comisión de Industria.
Considero que este texto unificado hoy permite a todas las fuerzas políticas reunirse para tratar de consensuar una nueva legislación relacionada con la compra al Estado nacional, lo que se conoce como "Compre trabajo argentino". El objetivo es que sea modificada la ley en vigencia -la 25.551-, que data de los primeros días de 2002. Creo que estamos arribando a un trabajo muy importante que va a revitalizar el rol de la industria nacional, específicamente de las pymes. Siempre planteamos que a partir de la necesidad lógica e imperiosa que tiene el Estado nacional de cumplir con su rol y de brindar servicios públicos, también debería transformarse en una herramienta de desarrollo productivo.
Estamos dando un puntapié inicial. Seguramente algunos plantearán que esto no alcanza, pero considero que esta es la ley posible, en el marco de un Congreso donde ninguna de las fuerzas políticas tiene mayoría propia. Lo que debe abundar es el consenso, y cada día más.
Yendo específicamente a las distintas herramientas que componen el texto unificado, verán que hemos incorporado una gran cantidad de nuevos sujetos alcanzados. Veníamos de la ley anterior, que ubicaba a la Administración Pública Nacional, a sus organismos descentralizados, a los permisionarios de los servicios públicos privatizados y a sus proveedores. Hemos incorporado los incisos c) y d) del artículo 8º de la ley de administración financiera, que atañe a los entes públicos y a los fideicomisos. Hemos incorporado el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. También hemos incorporado a Cammesa, organismo que intermedia en la prestación del servicio de energía eléctrica.
En relación con las preferencias, pasamos de la actual conformación de un 5 y un 7 por ciento de preferencias a las industrias y a las pymes, a un 9 y a un 15 por ciento. A eso se agrega la posibilidad de que en compras menores a 20 millones de pesos, ante la igualdad de ofertas, las pymes puedan mejorar su oferta.
Asimismo, hemos incorporado en los márgenes de preferencia algo que pedimos en el debate y que no está en la actual legislación. Se trata de la reserva de mercado, específicamente para proteger a las pymes.
En este caso, hemos establecido que todas las compras menores de 1.300.000 compras deben ser direccionadas a partir de la selección directa -según los mecanismos que correspondan- de licitación pública o privada, solo para pymes; y se eleva a 100 millones cuando se trate de la construcción de viviendas y de obras públicas. Seguramente, en el transcurso de la reunión podremos aclarar alguna duda más.
De igual manera, considerando una propuesta contenida en uno de los proyectos pertenecientes al bloque Justicialista, hemos incorporado el mismo tratamiento a las cooperativas como pymes, dándole un incentivo más al trabajo que tiene que ver con la solidaridad de su fin específico.
Con respecto a la definición de lo que es un bien nacional -a pesar de que hay distintas propuestas para mejorar, subir o bajar el componente nacional en la participación de un bien-, creemos que hoy por hoy la industria nacional, en muchos casos, no está capacitada para que el componente nacional llegue al 50 o al 60 por ciento, como se planteaba. Me parece que con respecto a este tema seguramente en los años venideros se planteará la modificación de esta ley.
Asimismo, se ha profundizado la publicidad de las contrataciones para que todos los proveedores -sean grandes o chicos- tengan acceso a distintos medios de comunicación, a través de las diversas herramientas de internet, para saber cuáles son las compras que tiene planificado realizar el Estado.
Además, hemos incorporado un nuevo artículo relacionado con la cooperación productiva, que establece que a partir de la licitación que supere los 240 millones de pesos, y que sea adjudicada a empresas foráneas, sí o sí deben tener un 20 por ciento en la participación local, exclusivamente para pymes.
En cuanto a las facultades que tiene la autoridad de aplicación, hemos restringido una de ellas, que está establecida en el proyecto del Poder Ejecutivo. Esta se refiere únicamente a aquellos bienes de alto contenido científico tecnológico.
Aquí, más allá de las facultades que tiene la autoridad de aplicación, hemos puesto un reaseguro para las pymes en el sentido de que el porcentaje que se les está dando y todos los beneficios anexos que se dan de ese porcentaje de preferencia -o sea, el 15 por ciento-, no pueden ser modificados durante 3 años. Seguramente, si cambian las condiciones de mercado de la economía, también existirá la posibilidad de modificar esto mediante una ley.
Por otro lado, hemos recibido críticas de las cámaras empresariales con respecto a que la ley de compre argentino no se cumplía porque había organismos del Estado que tampoco lo hacían. Por tal motivo hemos establecido un control parlamentario para que los representantes de las provincias, del pueblo de las jurisdicciones provinciales, tengan la posibilidad de hacer un monitoreo y también de denunciar la inobservancia de esta ley.
Por otra parte -esto también se lo planteamos a los miembros del oficialismo-, para evitar la burocracia, hemos incorporado la posibilidad de que esta misma misión y función sea agregada a la bicameral que se creó junto con la sanción de ley 27.328, de participación público privada.
Creo que es imperioso que se conforme la comisión bicameral -más aun teniendo en cuenta que a partir del año que viene se van a comenzar a realizar licitaciones de ese tipo- para que no solo pueda empezar a cumplir con el cometido de los contratos de participación público privada, sino también la ley de compre argentino.
También hemos incorporado un programa de desarrollo de proveedores. Este fue uno de los temas que hablamos en la Comisión. YPF es una de las sociedades del Estado que cuenta con una ley que la protege y a la que no pueden caberle las directivas de otra ley. Al respecto, leeré el artículo 15 de la ley 26.741: "(...) no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provincial tengan participación." En base a esto fue que establecimos la obligación de que arme su propio programa de desarrollo de proveedores, uno de los sujetos que no estaba comprendido en la actual legislación.
Por último, en el texto que hemos circulado hay dos agregados. En primer término, en el inciso e) del artículo 1°, cuando hablamos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. -Cammesa-, se agrega el párrafo que dice: "Exceptuando a los beneficiarios del régimen establecido en la ley 26.190, y sus modificatorias." Dicha ley es la que establece el marco regulatorio para la energía de fuentes renovables.
En segundo lugar, también hemos incorporado al final del capítulo de sanciones y recursos los que serán los nuevos artículos 22 y 23, que actualmente son los artículos 14 y 15 de la ley 25.551, que hace una remisión al Código Penal ante la inconducta o la inobservancia no solo de proveedores, sino también de funcionarios del Estado al no cumplir con esta ley.
Queda decir que a partir de allí, los artículos se han reenumerado y, por supuesto, la remisión que puedan tener en el texto también ha sido salvada.
Esto es todo lo que hay por decir de parte de esta presidencia.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
Luego de varios meses de trabajo hemos arribado a una propuesta común que se expresa en un texto que unifica los proyectos presentados por los diferentes bloques. A esto debemos sumar el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo nacional, así como el importante trabajo de las comisiones de Obras Públicas, de Pequeñas y Medianas Empresas y de Presupuesto y Hacienda. Por último, también se sumó al debate, a través de su presidente, la Comisión de Industria.
Considero que este texto unificado hoy permite a todas las fuerzas políticas reunirse para tratar de consensuar una nueva legislación relacionada con la compra al Estado nacional, lo que se conoce como "Compre trabajo argentino". El objetivo es que sea modificada la ley en vigencia -la 25.551-, que data de los primeros días de 2002. Creo que estamos arribando a un trabajo muy importante que va a revitalizar el rol de la industria nacional, específicamente de las pymes. Siempre planteamos que a partir de la necesidad lógica e imperiosa que tiene el Estado nacional de cumplir con su rol y de brindar servicios públicos, también debería transformarse en una herramienta de desarrollo productivo.
Estamos dando un puntapié inicial. Seguramente algunos plantearán que esto no alcanza, pero considero que esta es la ley posible, en el marco de un Congreso donde ninguna de las fuerzas políticas tiene mayoría propia. Lo que debe abundar es el consenso, y cada día más.
Yendo específicamente a las distintas herramientas que componen el texto unificado, verán que hemos incorporado una gran cantidad de nuevos sujetos alcanzados. Veníamos de la ley anterior, que ubicaba a la Administración Pública Nacional, a sus organismos descentralizados, a los permisionarios de los servicios públicos privatizados y a sus proveedores. Hemos incorporado los incisos c) y d) del artículo 8º de la ley de administración financiera, que atañe a los entes públicos y a los fideicomisos. Hemos incorporado el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. También hemos incorporado a Cammesa, organismo que intermedia en la prestación del servicio de energía eléctrica.
En relación con las preferencias, pasamos de la actual conformación de un 5 y un 7 por ciento de preferencias a las industrias y a las pymes, a un 9 y a un 15 por ciento. A eso se agrega la posibilidad de que en compras menores a 20 millones de pesos, ante la igualdad de ofertas, las pymes puedan mejorar su oferta.
Asimismo, hemos incorporado en los márgenes de preferencia algo que pedimos en el debate y que no está en la actual legislación. Se trata de la reserva de mercado, específicamente para proteger a las pymes.
En este caso, hemos establecido que todas las compras menores de 1.300.000 compras deben ser direccionadas a partir de la selección directa -según los mecanismos que correspondan- de licitación pública o privada, solo para pymes; y se eleva a 100 millones cuando se trate de la construcción de viviendas y de obras públicas. Seguramente, en el transcurso de la reunión podremos aclarar alguna duda más.
De igual manera, considerando una propuesta contenida en uno de los proyectos pertenecientes al bloque Justicialista, hemos incorporado el mismo tratamiento a las cooperativas como pymes, dándole un incentivo más al trabajo que tiene que ver con la solidaridad de su fin específico.
Con respecto a la definición de lo que es un bien nacional -a pesar de que hay distintas propuestas para mejorar, subir o bajar el componente nacional en la participación de un bien-, creemos que hoy por hoy la industria nacional, en muchos casos, no está capacitada para que el componente nacional llegue al 50 o al 60 por ciento, como se planteaba. Me parece que con respecto a este tema seguramente en los años venideros se planteará la modificación de esta ley.
Asimismo, se ha profundizado la publicidad de las contrataciones para que todos los proveedores -sean grandes o chicos- tengan acceso a distintos medios de comunicación, a través de las diversas herramientas de internet, para saber cuáles son las compras que tiene planificado realizar el Estado.
Además, hemos incorporado un nuevo artículo relacionado con la cooperación productiva, que establece que a partir de la licitación que supere los 240 millones de pesos, y que sea adjudicada a empresas foráneas, sí o sí deben tener un 20 por ciento en la participación local, exclusivamente para pymes.
En cuanto a las facultades que tiene la autoridad de aplicación, hemos restringido una de ellas, que está establecida en el proyecto del Poder Ejecutivo. Esta se refiere únicamente a aquellos bienes de alto contenido científico tecnológico.
Aquí, más allá de las facultades que tiene la autoridad de aplicación, hemos puesto un reaseguro para las pymes en el sentido de que el porcentaje que se les está dando y todos los beneficios anexos que se dan de ese porcentaje de preferencia -o sea, el 15 por ciento-, no pueden ser modificados durante 3 años. Seguramente, si cambian las condiciones de mercado de la economía, también existirá la posibilidad de modificar esto mediante una ley.
Por otro lado, hemos recibido críticas de las cámaras empresariales con respecto a que la ley de compre argentino no se cumplía porque había organismos del Estado que tampoco lo hacían. Por tal motivo hemos establecido un control parlamentario para que los representantes de las provincias, del pueblo de las jurisdicciones provinciales, tengan la posibilidad de hacer un monitoreo y también de denunciar la inobservancia de esta ley.
Por otra parte -esto también se lo planteamos a los miembros del oficialismo-, para evitar la burocracia, hemos incorporado la posibilidad de que esta misma misión y función sea agregada a la bicameral que se creó junto con la sanción de ley 27.328, de participación público privada.
Creo que es imperioso que se conforme la comisión bicameral -más aun teniendo en cuenta que a partir del año que viene se van a comenzar a realizar licitaciones de ese tipo- para que no solo pueda empezar a cumplir con el cometido de los contratos de participación público privada, sino también la ley de compre argentino.
También hemos incorporado un programa de desarrollo de proveedores. Este fue uno de los temas que hablamos en la Comisión. YPF es una de las sociedades del Estado que cuenta con una ley que la protege y a la que no pueden caberle las directivas de otra ley. Al respecto, leeré el artículo 15 de la ley 26.741: "(...) no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provincial tengan participación." En base a esto fue que establecimos la obligación de que arme su propio programa de desarrollo de proveedores, uno de los sujetos que no estaba comprendido en la actual legislación.
Por último, en el texto que hemos circulado hay dos agregados. En primer término, en el inciso e) del artículo 1°, cuando hablamos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. -Cammesa-, se agrega el párrafo que dice: "Exceptuando a los beneficiarios del régimen establecido en la ley 26.190, y sus modificatorias." Dicha ley es la que establece el marco regulatorio para la energía de fuentes renovables.
En segundo lugar, también hemos incorporado al final del capítulo de sanciones y recursos los que serán los nuevos artículos 22 y 23, que actualmente son los artículos 14 y 15 de la ley 25.551, que hace una remisión al Código Penal ante la inconducta o la inobservancia no solo de proveedores, sino también de funcionarios del Estado al no cumplir con esta ley.
Queda decir que a partir de allí, los artículos se han reenumerado y, por supuesto, la remisión que puedan tener en el texto también ha sido salvada.
Esto es todo lo que hay por decir de parte de esta presidencia.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: en línea con lo que usted planteó, cabe mencionar que contamos con la ley 25.551, con un proyecto del Poder Ejecutivo, como así también una serie de proyectos de distintos legisladores de la Cámara. Creo que se ha avanzado muchísimo respecto del proyecto original del Poder Ejecutivo en términos de encontrar un beneficio o una preferencia para todas las compras del Estado nacional.
En la planilla número siete del presupuesto 2018 se puede encontrar el carácter económico del destino presupuestario. A simple vista se ve que el año que viene el Estado nacional, a través de transferencias de las provincias o del propio Estado nacional, va a comprar por un valor de 548.000 millones de pesos, número que podría ser mayor. Con lo cual, me parece que toma relevancia una ley que en principio contempla una compra por ese monto y evidentemente, tiene que ser cumplida.
La 25.551 no fue una ley tan difundida en las áreas de compra del Estado nacional. Yo tuve la oportunidad de utilizarla cuando compramos computadoras en Tierra del Fuego. Fue la base para que tuvieran más partes nacionales, pero no tuvo el éxito que en su momento se pensaba en términos de tener una expansión de las compras a nivel nacional y tampoco tiene un sesgo PyME, como bien lo declaraba el presidente de la Comisión de Obras Públicas, que me parece que sí se le está dando en este sentido.
Más allá de las referencias, quisiera aclarar dos o tres cosas que me parecen importantes. En primer lugar, la mejora de oferta, que es un beneficio y una preferencia que tienen las PyMEs, funciona cuando una PyME cotiza o presenta una licitación con un precio menor al 20 por ciento del precio testigo. El precio testigo forma parte de un pliego licitatorio y se coordina o lo ejecuta la SIGEN a nivel del Estado nacional. Aun perdiendo la licitación y no estando dentro del margen de preferencia, puede tener la preferencia de mejora de oferta, on lo cual puede mejorar su precio luego de la apertura de los sobres y va a tener una preferencia como PyME.
Me parece que no es un tema menor que desde un punto de vista legal nosotros demos una prioridad a las PyMES a la hora de comprar por un monto de hasta 20 millones de pesos, que es básicamente el volumen que puede ofrecer una pequeña y mediana empresa.
El otro punto que me parece central es el de la reserva de mercado. Si se me permite, señor presidente, quisiera profundizar un poco sobre este tema, como así también dejarlo como antecedente a la hora de la reglamentación. La reserva de mercado pretende que una PyME que participa de un proceso licitatorio y no puede ofrecer la cantidad de servicios o bienes que sí puede brindar una empresa grande, tenga reservada una cantidad de mercado.
La reserva de mercado actúa independientemente de la preferencia de precios del 8 y 15 por ciento, actúa hasta 13.000.000 de pesos conforme al precio testigo y en el margen de la ley de compras. Con lo cual si un ministerio o una agencia de compras del Estado llama a licitación por 100.000.000 de pesos y se presenta una pyme, esa pyme se puede quedar con hasta 13.000.000 de pesos de la adjudicación en el marco de la ley de compre argentino. Esa preferencia se la da este proyecto de ley, que además le otorga la preferencia de precios del 20 por ciento sobre el precio testigo.
Me parece importante que este sesgo pyme quede enmarcado en una ley porque no solo da la facultad a quien contrata, que es el Estado nacional, sino también a las pequeñas empresas argentinas para que puedan contar con la preferencia de precio y la reserva el mercado. Es importante aclarar esto porque resulta muy claro cómo queda en la reglamentación, porque si en esta se deja afuera el espíritu de la reserva de mercado, esta norma nunca se va a aplicar.
Entonces, si bien el espíritu del legislador es claro con respecto a la reserva, la división de una licitación amplia para que se incorpore la pyme tiene que quedar establecida en todo el aspecto reglamentario.
Por otra parte, no estaban incorporadas las sanciones, que son importantes. Si bien se establecían multas para las empresas, no regían para los funcionarios públicos, que es básicamente el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, se expandió el universo de forma significativa: los fondos fiduciarios son una novedad cada vez más fuerte en todo el sistema de contratación por parte del Estado y no estaban incorporados; ahora lo están.
En cuanto a Cammesa, excepto en aquellos beneficios que tenga por la ley de energías renovables, me parece lógico que si el Congreso le da un beneficio, que estos no se superpongan. Sí, en el resto de las compras.
Me parece central esta idea del sesgo pyme, ya que para las pymes es difícil entrar a competir en el Estado porque los procedimientos de compra del Estado son complejos no solo en términos de registración, sino también en términos de garantías, cauciones, antecedentes y aspectos técnicos.
Me parece que esta norma tiene que otorgarle una prioridad a las pymes, no solo en términos de la publicidad de los actos, sino fundamentalmente en términos reales y concretos de diferencia de precio, reserva de mercado y mejora de oferta. Son tres cuestiones centrales que queremos resaltar y que le van a dar más competitividad a nuestras pymes.
Este proyecto de ley es mucho más ambicioso que el que presentó Poder Ejecutivo, y es producto del aporte de legisladores del oficialismo y la oposición. Es bueno discutir estos temas teniendo en cuenta las cuestiones micro y macro que requiere la Argentina para dar una oportunidad a las empresas de nuestro país.
En la planilla número siete del presupuesto 2018 se puede encontrar el carácter económico del destino presupuestario. A simple vista se ve que el año que viene el Estado nacional, a través de transferencias de las provincias o del propio Estado nacional, va a comprar por un valor de 548.000 millones de pesos, número que podría ser mayor. Con lo cual, me parece que toma relevancia una ley que en principio contempla una compra por ese monto y evidentemente, tiene que ser cumplida.
La 25.551 no fue una ley tan difundida en las áreas de compra del Estado nacional. Yo tuve la oportunidad de utilizarla cuando compramos computadoras en Tierra del Fuego. Fue la base para que tuvieran más partes nacionales, pero no tuvo el éxito que en su momento se pensaba en términos de tener una expansión de las compras a nivel nacional y tampoco tiene un sesgo PyME, como bien lo declaraba el presidente de la Comisión de Obras Públicas, que me parece que sí se le está dando en este sentido.
Más allá de las referencias, quisiera aclarar dos o tres cosas que me parecen importantes. En primer lugar, la mejora de oferta, que es un beneficio y una preferencia que tienen las PyMEs, funciona cuando una PyME cotiza o presenta una licitación con un precio menor al 20 por ciento del precio testigo. El precio testigo forma parte de un pliego licitatorio y se coordina o lo ejecuta la SIGEN a nivel del Estado nacional. Aun perdiendo la licitación y no estando dentro del margen de preferencia, puede tener la preferencia de mejora de oferta, on lo cual puede mejorar su precio luego de la apertura de los sobres y va a tener una preferencia como PyME.
Me parece que no es un tema menor que desde un punto de vista legal nosotros demos una prioridad a las PyMES a la hora de comprar por un monto de hasta 20 millones de pesos, que es básicamente el volumen que puede ofrecer una pequeña y mediana empresa.
El otro punto que me parece central es el de la reserva de mercado. Si se me permite, señor presidente, quisiera profundizar un poco sobre este tema, como así también dejarlo como antecedente a la hora de la reglamentación. La reserva de mercado pretende que una PyME que participa de un proceso licitatorio y no puede ofrecer la cantidad de servicios o bienes que sí puede brindar una empresa grande, tenga reservada una cantidad de mercado.
La reserva de mercado actúa independientemente de la preferencia de precios del 8 y 15 por ciento, actúa hasta 13.000.000 de pesos conforme al precio testigo y en el margen de la ley de compras. Con lo cual si un ministerio o una agencia de compras del Estado llama a licitación por 100.000.000 de pesos y se presenta una pyme, esa pyme se puede quedar con hasta 13.000.000 de pesos de la adjudicación en el marco de la ley de compre argentino. Esa preferencia se la da este proyecto de ley, que además le otorga la preferencia de precios del 20 por ciento sobre el precio testigo.
Me parece importante que este sesgo pyme quede enmarcado en una ley porque no solo da la facultad a quien contrata, que es el Estado nacional, sino también a las pequeñas empresas argentinas para que puedan contar con la preferencia de precio y la reserva el mercado. Es importante aclarar esto porque resulta muy claro cómo queda en la reglamentación, porque si en esta se deja afuera el espíritu de la reserva de mercado, esta norma nunca se va a aplicar.
Entonces, si bien el espíritu del legislador es claro con respecto a la reserva, la división de una licitación amplia para que se incorpore la pyme tiene que quedar establecida en todo el aspecto reglamentario.
Por otra parte, no estaban incorporadas las sanciones, que son importantes. Si bien se establecían multas para las empresas, no regían para los funcionarios públicos, que es básicamente el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, se expandió el universo de forma significativa: los fondos fiduciarios son una novedad cada vez más fuerte en todo el sistema de contratación por parte del Estado y no estaban incorporados; ahora lo están.
En cuanto a Cammesa, excepto en aquellos beneficios que tenga por la ley de energías renovables, me parece lógico que si el Congreso le da un beneficio, que estos no se superpongan. Sí, en el resto de las compras.
Me parece central esta idea del sesgo pyme, ya que para las pymes es difícil entrar a competir en el Estado porque los procedimientos de compra del Estado son complejos no solo en términos de registración, sino también en términos de garantías, cauciones, antecedentes y aspectos técnicos.
Me parece que esta norma tiene que otorgarle una prioridad a las pymes, no solo en términos de la publicidad de los actos, sino fundamentalmente en términos reales y concretos de diferencia de precio, reserva de mercado y mejora de oferta. Son tres cuestiones centrales que queremos resaltar y que le van a dar más competitividad a nuestras pymes.
Este proyecto de ley es mucho más ambicioso que el que presentó Poder Ejecutivo, y es producto del aporte de legisladores del oficialismo y la oposición. Es bueno discutir estos temas teniendo en cuenta las cuestiones micro y macro que requiere la Argentina para dar una oportunidad a las empresas de nuestro país.
SR. PRESIDENTE ZIOLIOTTO Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani.
SRA. CICILIANI Señor presidente: vamos a apoyar el dictamen conjunto de las comisiones -que cuenta con amplio consenso- referido a la protección de las pequeñas y medianas empresas, las cuales, si no me equivoco, diputado de Mendiguren, son más del 90 por ciento del universo de empresas que hay en la Argentina.
SR. DE MENDIGUREN Es así.
SRA. CICILIANI O sea que estamos hablando del sector empresario. En el proyecto hay un capítulo referido a las mipymes, que son las pequeñas. Creo que a lo largo de la historia de los últimos 50 o 60 años se pueden ver los enormes esfuerzos que hemos realizado en términos de desgravación e incentivos para que las pequeñas empresas puedan operar en igualdad de condiciones de las grandes empresas.
Esto es un avance y lo reconocemos, pero hay que mirar hacia afuera y ver la realidad. Cuando nos referimos a las compras del Estado estamos hablando de los bienes y servicios públicos que un Estado tiene que prestar a los ciudadanos y consumidores. Para eso, el Estado tiene que ser eficiente, moderno y debe dar prioridad a los bienes y servicios que otorga a la población en general.
Digo esto porque sabemos que los bienes y servicios que produce el Estado llegan a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Por eso, si pensamos en una ley que dé prioridades a las empresas, tenemos que ver cómo hacer para que las empresas sean cada vez más productivas y eficientes. Tenemos que buscar instrumentos de incentivo para que las empresas compitan en términos de calidad, igualdad y productividad. El Estado no debe hacerse cargo de las pequeñas, medianas o grandes empresas que esconden enormes ineficiencias. Los que siempre terminan pagando los costos de esa enorme ineficiencia y atraso de los sistemas productivos son los trabajadores y los beneficiarios del Estado.
De modo que nosotros apoyamos la reglamentación en su conjunto. Siempre vamos a estar con la reglamentación que proteja al más débil, en cualquier sector. Creemos que lo que no se legisla a favor del más débil, el mercado lo traslada al más fuerte. Pero también vimos que a lo largo de los últimos cuarenta o cincuenta años, cada vez que el Estado ha comprado en nombre de la protección de las pymes, se generó una corrupción, una desigualdad y una ineficiencia enormes. Esto fue provocado por sectores que se llevaron las ganancias del Estado y se vieron especialmente beneficiados.
Nosotros consideramos que es una buena legislación. Hay que legislar a favor de las pymes, para darles oportunidades y que compren. Pero también tenemos que ver cómo garantizar que sean eficientes y cuiden a los trabajadores y consumidores. (Aplausos.)
Esto es un avance y lo reconocemos, pero hay que mirar hacia afuera y ver la realidad. Cuando nos referimos a las compras del Estado estamos hablando de los bienes y servicios públicos que un Estado tiene que prestar a los ciudadanos y consumidores. Para eso, el Estado tiene que ser eficiente, moderno y debe dar prioridad a los bienes y servicios que otorga a la población en general.
Digo esto porque sabemos que los bienes y servicios que produce el Estado llegan a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Por eso, si pensamos en una ley que dé prioridades a las empresas, tenemos que ver cómo hacer para que las empresas sean cada vez más productivas y eficientes. Tenemos que buscar instrumentos de incentivo para que las empresas compitan en términos de calidad, igualdad y productividad. El Estado no debe hacerse cargo de las pequeñas, medianas o grandes empresas que esconden enormes ineficiencias. Los que siempre terminan pagando los costos de esa enorme ineficiencia y atraso de los sistemas productivos son los trabajadores y los beneficiarios del Estado.
De modo que nosotros apoyamos la reglamentación en su conjunto. Siempre vamos a estar con la reglamentación que proteja al más débil, en cualquier sector. Creemos que lo que no se legisla a favor del más débil, el mercado lo traslada al más fuerte. Pero también vimos que a lo largo de los últimos cuarenta o cincuenta años, cada vez que el Estado ha comprado en nombre de la protección de las pymes, se generó una corrupción, una desigualdad y una ineficiencia enormes. Esto fue provocado por sectores que se llevaron las ganancias del Estado y se vieron especialmente beneficiados.
Nosotros consideramos que es una buena legislación. Hay que legislar a favor de las pymes, para darles oportunidades y que compren. Pero también tenemos que ver cómo garantizar que sean eficientes y cuiden a los trabajadores y consumidores. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra la señora diputada Álvarez Rodríguez.
SRA. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Señor presidente: vamos a sostener el dictamen de minoría habida cuenta de que entre noviembre de 2015 y agosto de 2017 se perdieron 67.000 puestos registrados de trabajo industrial. Son cifras del Ministerio de Trabajo que muestran un retroceso que significará a la Argentina un esfuerzo de diez años de reconstrucción. Es una tormenta perfecta que va de la destrucción del mercado interno al deterioro del salario real, a la apertura de importaciones de bienes que se producen acá, a tasas de interés altísimas y a un tarifazo que no vemos que esté relacionado con apostar al país de producción nacional que todos soñamos.
Vamos a sostener el dictamen de minoría porque consideramos que si bien se ha hecho un gran esfuerzo, no es suficiente. Voy a mencionar puntos concretos. En primer lugar, si bien se incluyó a Cammesa, no están incluidas todas las empresas con participación del Estado. Esto nos parecía absolutamente necesario para el Régimen de Compre Nacional.
En segundo lugar, considero que los márgenes contemplados en el proyecto son insuficientes. Queremos márgenes más elevados. Nuestra propuesta era de un 20 por ciento para las grandes empresas y de un 25 por ciento para las pymes. También pedimos que la reserva del mercado sea de un 25 por ciento como mínimo para las micropymes y cooperativas, así como la provisión de bienes de producción nacional.
De manera que vamos a sostener el dictamen de minoría del bloque del Frente para la Victoria.
Vamos a sostener el dictamen de minoría porque consideramos que si bien se ha hecho un gran esfuerzo, no es suficiente. Voy a mencionar puntos concretos. En primer lugar, si bien se incluyó a Cammesa, no están incluidas todas las empresas con participación del Estado. Esto nos parecía absolutamente necesario para el Régimen de Compre Nacional.
En segundo lugar, considero que los márgenes contemplados en el proyecto son insuficientes. Queremos márgenes más elevados. Nuestra propuesta era de un 20 por ciento para las grandes empresas y de un 25 por ciento para las pymes. También pedimos que la reserva del mercado sea de un 25 por ciento como mínimo para las micropymes y cooperativas, así como la provisión de bienes de producción nacional.
De manera que vamos a sostener el dictamen de minoría del bloque del Frente para la Victoria.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado José Núñez.
SR. NÚÑEZ Señor presidente: después del largo trabajo de varias semanas con los interbloques, hemos logrado sacar un dictamen que claramente va a favorecer a las pequeñas y medianas empresas. Las cooperativas están incluidas, así que quédense tranquilos.
Lo importante es que esta norma no solamente va a proteger a nuestras empresas sino que también va a generar 70.000 puestos de trabajo en siete u ocho años. Eso es lo más valioso. Cuando decimos que se perdió empleo en 2016 y 2017 es cuando cobran importancia leyes como la "ley pymes" o la "ley de autopartes", que apuntan a generar empleo en blanco, algo que necesita la Argentina.
Agradezco el trabajo que se hizo. Aquí ya se ha mencionado, pero lo reitero. A pedido de algunos de los bloques, hemos incorporado a YPF para que haga un desarrollo de proveedores, hemos aumentado el margen de preferencia a pedido de los diputados Bossio y Lavagna, establecimos la reserva de mercado, aumentamos la participación para que sea producción nacional del 60 por ciento e incorporamos el seguimiento de la comisión bicameral para el control.
Creo que esta será una ley que quizás no esté dentro de la perfección o de lo que aspiraba todo el mundo pero considero que es un avance espectacular para lo que viene.
Lo importante es que esta norma no solamente va a proteger a nuestras empresas sino que también va a generar 70.000 puestos de trabajo en siete u ocho años. Eso es lo más valioso. Cuando decimos que se perdió empleo en 2016 y 2017 es cuando cobran importancia leyes como la "ley pymes" o la "ley de autopartes", que apuntan a generar empleo en blanco, algo que necesita la Argentina.
Agradezco el trabajo que se hizo. Aquí ya se ha mencionado, pero lo reitero. A pedido de algunos de los bloques, hemos incorporado a YPF para que haga un desarrollo de proveedores, hemos aumentado el margen de preferencia a pedido de los diputados Bossio y Lavagna, establecimos la reserva de mercado, aumentamos la participación para que sea producción nacional del 60 por ciento e incorporamos el seguimiento de la comisión bicameral para el control.
Creo que esta será una ley que quizás no esté dentro de la perfección o de lo que aspiraba todo el mundo pero considero que es un avance espectacular para lo que viene.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra la señora diputada Balbo.
SRA. BALBO Bienvenida una ley de compre nacional que contemple a las pymes, bienvenida la reserva de mercados, bienvenidas todas las reglamentaciones para que a las pymes se les compre cuando son competitivas. Para ello, debemos enseñarles, tener un buen plan de capacitación para que puedan aplicar y estar dentro de los estándares que ofrecen compañías más grandes.
Sin embargo, esta norma es absolutamente incompleta porque no incluye la obligación del Estado de comprar a empresas lideradas por mujeres. Este sería un paso adelante hacia la paridad de género que tanto estamos buscando en nuestro país y que el gobierno está usando como una bandera.
Por lo tanto, sugiero que se agregue -como existe en los Estados Unidos- que el 5 por ciento del compre estatal vaya a empresas lideradas por mujeres o con mayoría de mujeres en su rol. De esta manera vamos a contribuir a disminuir la disparidad de género que hay tanto en la capacitación, en la inclusión financiera o en el desarrollo de las empresas. Sería una acción positiva como una señal desde el Congreso.
Por otra parte, quiero comentarles que el Banco Mundial acaba de emitir un paper en donde demuestra que las empresas presididas por mujeres son más transparentes, no están sujetas a los actos de corrupción, aportan transparencia y valor agregado. Por lo tanto, pido que en este proyecto se contemple que haya una reserva de mercado para las empresas lideradas por mujeres.
Sin embargo, esta norma es absolutamente incompleta porque no incluye la obligación del Estado de comprar a empresas lideradas por mujeres. Este sería un paso adelante hacia la paridad de género que tanto estamos buscando en nuestro país y que el gobierno está usando como una bandera.
Por lo tanto, sugiero que se agregue -como existe en los Estados Unidos- que el 5 por ciento del compre estatal vaya a empresas lideradas por mujeres o con mayoría de mujeres en su rol. De esta manera vamos a contribuir a disminuir la disparidad de género que hay tanto en la capacitación, en la inclusión financiera o en el desarrollo de las empresas. Sería una acción positiva como una señal desde el Congreso.
Por otra parte, quiero comentarles que el Banco Mundial acaba de emitir un paper en donde demuestra que las empresas presididas por mujeres son más transparentes, no están sujetas a los actos de corrupción, aportan transparencia y valor agregado. Por lo tanto, pido que en este proyecto se contemple que haya una reserva de mercado para las empresas lideradas por mujeres.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Marcucci.
SR. MARCUCCI Señor presidente: en primer lugar, destaco el trabajo que usted llevó adelante para encontrar el consenso. También deseo resaltar que en esta discusión había muchos proyectos -de hecho, soy autor de uno de ellos-, pero también había una iniciativa del Poder Ejecutivo que era absolutamente superadora de la actual ley de compre nacional. Eso también marca cuál es la voluntad del Poder Ejecutivo para buscar nuevas maneras para ayudar a las pymes, al trabajo argentino y al desarrollo de este tipo de empresas.
Sabemos que la mayoría de los países del mundo hace uso de este tipo de políticas. En la Argentina recién se planteaba un número que surge del presupuesto: 548.000 millones de pesos. Otros estudios indican que las contrataciones públicas son del orden del 17 por ciento del PBI. Todos estos países desarrollan estas políticas que persiguen, por un lado, la búsqueda de la calidad en las contrataciones, la transparencia y la competitividad. Pero también tienen como objetivos el desarrollo de las pymes, la innovación, las políticas ambientales y de género, como las que aquí se mencionaron.
En todo caso, si en la Argentina alguna vez tuvimos dificultades para implementar este tipo de políticas, eso tiene que ver con la presencia de otros actores, nombres que se han hecho familiares como la patria contratista, la patria financiera, y mucho más cerca acá, la patria de los amigos del poder.
Me refiero a aquellas empresas que contrataban y sumaban obra pública a lo largo y ancho del territorio sin ningún tipo de condicionamiento. Eso también es parte de una concepción del Estado, al que se coloniza con amigos del poder.
Ahora se apunta a otra cosa: a consolidar otro tipo de políticas públicas, de uso de los recursos, de fomento de las PyMEs y de innovación. Creemos que esto es absolutamente importante.
Quien lee la propuesta de consenso verá que es superadora respecto de la ley 25.551, que es la ley que estuvo vigente hasta el momento y que nadie -algunos teniendo mayoría propia- modificó, aunque tuvieron la oportunidad. Este proyecto incorpora una mejora de las preferencias a la ley anterior. Me refiero a la posibilidad de mejora de oferta para las PyMEs; a la reserva de mercado, que es una figura también nueva; a la mejora de la oferta; y a la autoridad de aplicación, que en lugar de estar viendo cómo ayuda a optar en construcciones, hoy lo que se plantea es que tiene que mirar los pliegos de licitación para ayudar y contribuir a que la pequeña y mediana empresa pueda insertarse y obtener los beneficios de este proyecto de ley. Porque muchas veces se hacen estas leyes y después, a través de las licitaciones, no se contemplan los criterios del proceso licitatorio para que sean incluidas y beneficiadas este tipo de empresas. Aclaro que hablamos de las PyMEs y también de las empresas nacionales, de acuerdo a lo que define la ley.
También se incorporan acuerdos de cooperación entre quien gana la licitación y la obligación de cómo subcontrata esa licitación que ha ganado, como así también se introduce la figura de ampliación de sujetos, tales como Cammesa, fondos fiduciarios y cooperativas.
Aquí también se ha planteado el desarrollo de proveedores y algo no menor: la Comisión de Seguimiento. Porque, ¿saben una cosa? Cuando vinieron las Cámaras empresarias, teniendo en cuenta que había una ley en vigencia, algunos les preguntábamos cuál había sido la experiencia. Y no solamente consideramos que esta ley da muchísimos más beneficios que la anterior, sino que dicha ley ni siquiera se aplicaba. Se buscaban las mil maneras para eludirla. Entonces, la experiencia de la aplicación de esta ley en el período anterior fue pésima, esto dicho no por quien habla, sino por todas las Cámaras y todas las empresas que estuvieron aquí presentes. Por eso es importante que exista la ley, que es mucho mejor que la anterior en relación a la PyME, como así también el control y el seguimiento.
Vengo a este debate a pedir que en el caso de las sanciones se incorporen los artículos que tenía previstos la ley anterior, sobre todo que permanezcan los que recaían en las sanciones y en las figuras penales que contemplaba para los funcionarios. El señor presidente me deja tranquilo al decir que esto va a estar incorporado.
Pero también hay un artículo que otorga la legitimidad activa a otros actores del sistema para que, justamente, este sistema pueda ser aplicado. En caso de no hacerse, solicito que haya actores en el sistema para cuestionar y solicitar, tanto en sede administrativa como judicial, la aplicación de la ley de compre nacional.
Hasta ahora tuvimos una ley que tenía algunos beneficios, pero ni siquiera se aplicaba porque la lógica del Estado y de quienes gobernaban era totalmente otra. No era, en definitiva, acompañar ni ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Entonces, bienvenido que la patria contratista, la patria financiera, la patria del capitalismo de amigos dé lugar a un Estado más transparente, más competitivo y donde las PyMEs no estén en el discurso, sino beneficiadas también en la práctica.
Sr. Presidente (Zioliotto).- Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Sabemos que la mayoría de los países del mundo hace uso de este tipo de políticas. En la Argentina recién se planteaba un número que surge del presupuesto: 548.000 millones de pesos. Otros estudios indican que las contrataciones públicas son del orden del 17 por ciento del PBI. Todos estos países desarrollan estas políticas que persiguen, por un lado, la búsqueda de la calidad en las contrataciones, la transparencia y la competitividad. Pero también tienen como objetivos el desarrollo de las pymes, la innovación, las políticas ambientales y de género, como las que aquí se mencionaron.
En todo caso, si en la Argentina alguna vez tuvimos dificultades para implementar este tipo de políticas, eso tiene que ver con la presencia de otros actores, nombres que se han hecho familiares como la patria contratista, la patria financiera, y mucho más cerca acá, la patria de los amigos del poder.
Me refiero a aquellas empresas que contrataban y sumaban obra pública a lo largo y ancho del territorio sin ningún tipo de condicionamiento. Eso también es parte de una concepción del Estado, al que se coloniza con amigos del poder.
Ahora se apunta a otra cosa: a consolidar otro tipo de políticas públicas, de uso de los recursos, de fomento de las PyMEs y de innovación. Creemos que esto es absolutamente importante.
Quien lee la propuesta de consenso verá que es superadora respecto de la ley 25.551, que es la ley que estuvo vigente hasta el momento y que nadie -algunos teniendo mayoría propia- modificó, aunque tuvieron la oportunidad. Este proyecto incorpora una mejora de las preferencias a la ley anterior. Me refiero a la posibilidad de mejora de oferta para las PyMEs; a la reserva de mercado, que es una figura también nueva; a la mejora de la oferta; y a la autoridad de aplicación, que en lugar de estar viendo cómo ayuda a optar en construcciones, hoy lo que se plantea es que tiene que mirar los pliegos de licitación para ayudar y contribuir a que la pequeña y mediana empresa pueda insertarse y obtener los beneficios de este proyecto de ley. Porque muchas veces se hacen estas leyes y después, a través de las licitaciones, no se contemplan los criterios del proceso licitatorio para que sean incluidas y beneficiadas este tipo de empresas. Aclaro que hablamos de las PyMEs y también de las empresas nacionales, de acuerdo a lo que define la ley.
También se incorporan acuerdos de cooperación entre quien gana la licitación y la obligación de cómo subcontrata esa licitación que ha ganado, como así también se introduce la figura de ampliación de sujetos, tales como Cammesa, fondos fiduciarios y cooperativas.
Aquí también se ha planteado el desarrollo de proveedores y algo no menor: la Comisión de Seguimiento. Porque, ¿saben una cosa? Cuando vinieron las Cámaras empresarias, teniendo en cuenta que había una ley en vigencia, algunos les preguntábamos cuál había sido la experiencia. Y no solamente consideramos que esta ley da muchísimos más beneficios que la anterior, sino que dicha ley ni siquiera se aplicaba. Se buscaban las mil maneras para eludirla. Entonces, la experiencia de la aplicación de esta ley en el período anterior fue pésima, esto dicho no por quien habla, sino por todas las Cámaras y todas las empresas que estuvieron aquí presentes. Por eso es importante que exista la ley, que es mucho mejor que la anterior en relación a la PyME, como así también el control y el seguimiento.
Vengo a este debate a pedir que en el caso de las sanciones se incorporen los artículos que tenía previstos la ley anterior, sobre todo que permanezcan los que recaían en las sanciones y en las figuras penales que contemplaba para los funcionarios. El señor presidente me deja tranquilo al decir que esto va a estar incorporado.
Pero también hay un artículo que otorga la legitimidad activa a otros actores del sistema para que, justamente, este sistema pueda ser aplicado. En caso de no hacerse, solicito que haya actores en el sistema para cuestionar y solicitar, tanto en sede administrativa como judicial, la aplicación de la ley de compre nacional.
Hasta ahora tuvimos una ley que tenía algunos beneficios, pero ni siquiera se aplicaba porque la lógica del Estado y de quienes gobernaban era totalmente otra. No era, en definitiva, acompañar ni ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Entonces, bienvenido que la patria contratista, la patria financiera, la patria del capitalismo de amigos dé lugar a un Estado más transparente, más competitivo y donde las PyMEs no estén en el discurso, sino beneficiadas también en la práctica.
Sr. Presidente (Zioliotto).- Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: si me permite, quiero hacer una pregunta a la señora diputada Álvarez Rodríguez referida a los sujetos comprendidos.
Por la forma en que habíamos redactado el proyecto, tenía entendido que estaban incluidos todos los sujetos del Estado. Le solicito que me diga cuáles son los que faltan.
Por la forma en que habíamos redactado el proyecto, tenía entendido que estaban incluidos todos los sujetos del Estado. Le solicito que me diga cuáles son los que faltan.
SRA. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Lo que digo es que hay otras empresas, específicamente energéticas, que tienen posibilidades de contrataciones con el Estado y no están incluidas. No es solamente Cammesa.
SR. LAVAGNA ¿Cuáles?
SRA. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Las provinciales centralmente.
SR. LAVAGNA Claro, el problema que hoy tenemos en este tema es que son provinciales y no podemos reglamentar sobre algo provincial. Por eso lo que hicimos es invitar a las provincias a que adopten regímenes parecidos, y en esos casos, hagan lo mismo que hacemos desde la Nación de poner a Cammesa. En el caso de las provincias, serán los entes provinciales. Tengo entendido que hemos incluido a todo el resto de las empresas y que justamente formó parte de uno de los grandes trabajos que hicimos.
Hemos venido trabajando en silencio durante más de cuatro meses, manteniendo sucesivas reuniones sobre este tema para poder llegar a estos acuerdos. Uno de los puntos centrales era que todas las empresas o todos los que tuvieran alguna participación en el Estado estuvieran incluidos de alguna manera.
Aquellas que son sociedades anónimas, como el caso de YPF que se nombró antes -que no es la única porque hay otras-, era justamente que se introducía toda la parte de desarrollo de proveedores, por la importancia y porque el Estado no puede obligar a una sociedad anónima con el "compre argentino". Por eso es que encontramos otra forma de solucionar el problema a través de la obligatoriedad de desarrollo de proveedores.
Hemos venido trabajando en silencio durante más de cuatro meses, manteniendo sucesivas reuniones sobre este tema para poder llegar a estos acuerdos. Uno de los puntos centrales era que todas las empresas o todos los que tuvieran alguna participación en el Estado estuvieran incluidos de alguna manera.
Aquellas que son sociedades anónimas, como el caso de YPF que se nombró antes -que no es la única porque hay otras-, era justamente que se introducía toda la parte de desarrollo de proveedores, por la importancia y porque el Estado no puede obligar a una sociedad anónima con el "compre argentino". Por eso es que encontramos otra forma de solucionar el problema a través de la obligatoriedad de desarrollo de proveedores.
SR. PRESIDENTE ZIOLIOTTO Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Concretamente en el caso de YPF, que es una empresa de oferta pública tanto acá como en el mercado extranjero, el problema es que -esto se analizó en la gestión anterior también, me consta- cuando se obliga a tener un "compre nacional" con distintos parámetros de preferencia, entra en una clara desventaja de competencia con otras empresas del mismo sector que tienen las mismas obligaciones de oferta pública o las mismas obligaciones en términos de sus accionistas.
De modo que la solución era que se incorporaban dentro del compre nacional aquellas empresas que tuvieran algún tipo de concesión en el Estado y se invitaba a las provincias a tal fin, para que otras empresas de características similares pero que no tienen participación Estatal tuvieran también la oportunidad de entrar al compre nacional, o bien se desarrollaba un régimen de proveedores en las empresas. Me parece que dicho régimen viene desde antes y hay que profundizarlo.
De lo contrario el mismo caño que compra YPF -y podemos hablar mucho de los caños, del dumping, de los valores y demás, y estoy de acuerdo con que la Argentina pague los caños más caros para que haya más trabajadores produciendo caños-, debería tener un valor distinto al que compra Pan American Energy o cualquier empresa del sur de Mendoza. Por eso la solución es el desarrollo de proveedores. De otra manera, estaríamos afectando claramente a una empresa que es pública y tiene accionistas del Estado; pero también tiene otros accionistas a los cuales también hay que dar referencia.
Me parece que la solución a la que apunta el diputado Lavagna tiene que ver con el programa de desarrollo, que habrá que seguir, continuar y controlar como miembros de este Congreso y de una empresa que se constituyó en el ámbito del Congreso de la Nación.
De modo que la solución era que se incorporaban dentro del compre nacional aquellas empresas que tuvieran algún tipo de concesión en el Estado y se invitaba a las provincias a tal fin, para que otras empresas de características similares pero que no tienen participación Estatal tuvieran también la oportunidad de entrar al compre nacional, o bien se desarrollaba un régimen de proveedores en las empresas. Me parece que dicho régimen viene desde antes y hay que profundizarlo.
De lo contrario el mismo caño que compra YPF -y podemos hablar mucho de los caños, del dumping, de los valores y demás, y estoy de acuerdo con que la Argentina pague los caños más caros para que haya más trabajadores produciendo caños-, debería tener un valor distinto al que compra Pan American Energy o cualquier empresa del sur de Mendoza. Por eso la solución es el desarrollo de proveedores. De otra manera, estaríamos afectando claramente a una empresa que es pública y tiene accionistas del Estado; pero también tiene otros accionistas a los cuales también hay que dar referencia.
Me parece que la solución a la que apunta el diputado Lavagna tiene que ver con el programa de desarrollo, que habrá que seguir, continuar y controlar como miembros de este Congreso y de una empresa que se constituyó en el ámbito del Congreso de la Nación.
SR. PRESIDENTE ZIOLIOTTO Tiene la palabra al Señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Agradezco la aclaración porque en la redacción justamente buscamos que todas las empresas estuvieran incluidas de alguna u otra forma.
SRA. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Por eso nosotros claramente no mencionamos el tema de YPF, aludiendo a lo que dijo el diputado Bossio, porque ya consideramos que había una incompatibilidad legal.
Por otro lado, en cuanto a la adhesión de las provincias, por más que indudablemente haya independencia de cada provincia en cuanto a su propia legislación y autonomía, igualmente creo que podría estar incorporado.
De todos modos es algo que podemos seguir discutiendo durante el debate en el recinto.
Mis compañeras de bancada ahora me mencionan otros temas para tocar, como los vinculados a laboratorios, pero creo que ellas mismas los podrán desarrollar luego.
Por otro lado, en cuanto a la adhesión de las provincias, por más que indudablemente haya independencia de cada provincia en cuanto a su propia legislación y autonomía, igualmente creo que podría estar incorporado.
De todos modos es algo que podemos seguir discutiendo durante el debate en el recinto.
Mis compañeras de bancada ahora me mencionan otros temas para tocar, como los vinculados a laboratorios, pero creo que ellas mismas los podrán desarrollar luego.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Después de la digresión, voy a hacer algunas consideraciones.
Coincido con el señor diputado Núñez en el sentido de que hoy está vigente una ley de compre nacional que no se está cumpliendo. No será la mejor ley -la que estamos tratando es superadora-, pero está vigente, y lamentablemente no la estamos siguiendo. Esto tiene que ser un llamado de atención tanto para las autoridades actuales como para las pasadas y futuras. Si queremos una legislación que otorgue beneficios específicos a las industrias argentinas, luego tenemos que hacer el seguimiento correspondiente para que la norma se cumpla. De lo contrario, vamos a terminar haciendo una buena ley que va a quedar en el papel y no va a tener ningún impacto.
Espero que el actual gobierno dé una nueva impronta a esta ley. Hace dos años que está gobernando y el seguimiento de la ley vigente debería ser más estricto. Espero que la norma que estamos tratando sirva como borrón y cuenta nueva para que a partir de ahora empecemos a cumplir los marcos normativos fijados por el Congreso.
Quisiera tocar algunos temas que quedaron afuera. Por otra parte, pienso que podemos seguir discutiendo este proyecto hasta el día que vaya a la sesión, donde me arriesgo a decir que será aprobado con amplia mayoría. Considero que deberíamos avanzar en un régimen de consulta temprana on line, sobre todo para las pymes, y también para mejorar los llamados a licitación, con el fin de que sean más simples y de que la gente pueda enterarse de forma más rápida. Se podría incluir un sistema de consulta temprana para los entes o empresas que estén incluidos en el régimen.
Obviamente, yo quería un margen de preferencia mayor, pero pudimos llegar a este y no está mal. Pienso que un punto sobresaliente es que pudimos hacer una clara diferenciación en lo que se refiere a pymes. Es una diferenciación que la ley actual contempla. Ahora ampliamos esa diferenciación, y bienvenido sea.
En el artículo 15 hay un inciso que plantea que la autoridad de aplicación puede reducir los márgenes de preferencias. Esto es correcto porque se refiere a algunos sectores particulares, pero creo que la disminución del margen de preferencia debería estar atada a una justificación por parte de la autoridad de aplicación. Por tanto, incluiría dentro de ese inciso la justificación previa y fundada por parte de la autoridad de aplicación.
Coincido con el señor diputado Núñez en el sentido de que hoy está vigente una ley de compre nacional que no se está cumpliendo. No será la mejor ley -la que estamos tratando es superadora-, pero está vigente, y lamentablemente no la estamos siguiendo. Esto tiene que ser un llamado de atención tanto para las autoridades actuales como para las pasadas y futuras. Si queremos una legislación que otorgue beneficios específicos a las industrias argentinas, luego tenemos que hacer el seguimiento correspondiente para que la norma se cumpla. De lo contrario, vamos a terminar haciendo una buena ley que va a quedar en el papel y no va a tener ningún impacto.
Espero que el actual gobierno dé una nueva impronta a esta ley. Hace dos años que está gobernando y el seguimiento de la ley vigente debería ser más estricto. Espero que la norma que estamos tratando sirva como borrón y cuenta nueva para que a partir de ahora empecemos a cumplir los marcos normativos fijados por el Congreso.
Quisiera tocar algunos temas que quedaron afuera. Por otra parte, pienso que podemos seguir discutiendo este proyecto hasta el día que vaya a la sesión, donde me arriesgo a decir que será aprobado con amplia mayoría. Considero que deberíamos avanzar en un régimen de consulta temprana on line, sobre todo para las pymes, y también para mejorar los llamados a licitación, con el fin de que sean más simples y de que la gente pueda enterarse de forma más rápida. Se podría incluir un sistema de consulta temprana para los entes o empresas que estén incluidos en el régimen.
Obviamente, yo quería un margen de preferencia mayor, pero pudimos llegar a este y no está mal. Pienso que un punto sobresaliente es que pudimos hacer una clara diferenciación en lo que se refiere a pymes. Es una diferenciación que la ley actual contempla. Ahora ampliamos esa diferenciación, y bienvenido sea.
En el artículo 15 hay un inciso que plantea que la autoridad de aplicación puede reducir los márgenes de preferencias. Esto es correcto porque se refiere a algunos sectores particulares, pero creo que la disminución del margen de preferencia debería estar atada a una justificación por parte de la autoridad de aplicación. Por tanto, incluiría dentro de ese inciso la justificación previa y fundada por parte de la autoridad de aplicación.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Quiero hacerle una consulta, señor diputado. ¿Usted habla de agregar más precisiones al párrafo siguiente del artículo 15?
SR. LAVAGNA En el inciso b) del artículo 15, que habla del margen de preferencia referido en el artículo 2 de la ley de un mínimo del 5 por ciento, agregaría algo como lo siguiente: "...previa justificación fundada por parte de la autoridad de aplicación". La idea es que quede bien claro cuáles son los motivos por los cuales se decide una disminución del margen.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO O sea que es una modificación específica del inciso.
SR. LAVAGNA Exacto.
Otro de los grandes temas que quedan pendientes -que quizá no sea solo parte de la discusión de esta ley sino de otras, como la ley de mercado de capitales o la de financiamiento productivo, como se llama ahora- es el referido a las condiciones de financiamiento que tienen nuestras empresas respecto de las empresas internacionales. Muchas veces, en las grandes licitaciones, las empresas del extranjero vienen con condiciones de financiamiento que la Argentina no ofrece. Pongo el caso del BNDES de Brasil, que ofrece líneas de crédito muy preferenciales. Cuando una empresa argentina va a competir en esas condiciones tiene un diferencial muy grande. Yo creo que nos debemos una discusión sobre cómo generar mecanismos para que podamos, posiblemente a través del BICE, igualar nuestras condiciones de financiamiento con las de las empresas que vienen del extranjero.
Son las sugerencias que todavía podemos seguir discutiendo.
Otro de los grandes temas que quedan pendientes -que quizá no sea solo parte de la discusión de esta ley sino de otras, como la ley de mercado de capitales o la de financiamiento productivo, como se llama ahora- es el referido a las condiciones de financiamiento que tienen nuestras empresas respecto de las empresas internacionales. Muchas veces, en las grandes licitaciones, las empresas del extranjero vienen con condiciones de financiamiento que la Argentina no ofrece. Pongo el caso del BNDES de Brasil, que ofrece líneas de crédito muy preferenciales. Cuando una empresa argentina va a competir en esas condiciones tiene un diferencial muy grande. Yo creo que nos debemos una discusión sobre cómo generar mecanismos para que podamos, posiblemente a través del BICE, igualar nuestras condiciones de financiamiento con las de las empresas que vienen del extranjero.
Son las sugerencias que todavía podemos seguir discutiendo.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado López.
SR. LÓPEZ Creo que ya han sido varios los que han señalado que este tipo de leyes han venido fracasando. No hace falta que yo lo diga, pero creo que es un tema importante.
Acá también se ha reivindicado, por ejemplo, la enorme cantidad de incentivos que se han dado a las empresas, que también han fracasado. No han mejorado. Por ejemplo, acá se ha dicho que se busca terminar con el trabajo en negro, por eso se incentiva a las empresas. Pero no ha ocurrido esa situación. Hemos sancionado varias leyes en ese sentido y sin embargo el trabajo en negro ha crecido en nuestro país. Tampoco van a tener resultado las reformas laboral y tributaria, que pretende el gobierno nacional para mejorar la situación de los trabajadores, sino todo lo contrario.
Rechazamos lo que se plantea, más allá de que hay un problema legal de que YPF quede afuera de lo que debería ser necesariamente un proceso de industrialización en la Argentina, donde se debe incluir una verdadera nacionalización de YPF y de todos los hidrocarburos. De otra forma, podemos hacer compre nacional, leyes pymes, etcétera, pero si no tenemos esos recursos, no va a haber un proceso de industrialización.
Creemos que debe haber un proceso de industrialización al servicio de cubrir las necesidades de la población y no de garantizar las ganancias de los grupos empresarios que todavía siguen.
Aquí se ha dicho que el problema de la aplicación de estas leyes es el capitalismo de amigos, que eso sería lo que impide que estas leyes avancen. Sin embargo, el capitalismo de amigos sigue con este gobierno, como los amigos del gobierno anterior siguen siendo amigos de este gobierno.
Tenemos muchos ejemplos de empresas de energía: la propia Shell, el ministro Aranguren, las empresas del Grupo Mindlin, que fueron beneficiadas por el gobierno anterior y ahora lo siguen siendo; la obra pública IECSA; Calcaterra, Caputo, que eran socios de los Lázaro Báez y compañía.
Además, se mantienen ciertos acuerdos, como los acuerdos secretos que el Estado tiene con China, relacionados con los ferrocarriles. Mientras acá en la Argentina se han cerrado talleres como Enfer, se está procediendo a un vaciamiento de Fabricaciones Militares, que también tiene un desarrollo en el tema ferroviario. Asimismo, las centrales nucleares se van a entregar en mano por parte de los chinos. Hay un acuerdo secreto que no incluye ninguna posibilidad de desarrollo de la industria nacional, ni siquiera de la incorporación de tecnología.
Hoy se va a discutir en otra comisión un fomento de la industria naval; sin embargo, se está procediendo a un ajuste brutal por parte del gobierno de María Eugenia Vidal en el Astillero Río Santiago, cuyos trabajadores se van a movilizar esta semana. Están echando a trabajadores.
El Estado acaba de comprar aviones a Estados Unidos pero por otro lado se está cerrando la Fábrica Militar de Aviones de la provincia de Córdoba, con todas las consecuencias que va a tener eso para los trabajadores.
Es decir que de ninguna manera hay detrás de esto la posibilidad de un desarrollo industrial. Por eso voy a presentar un dictamen de minoría.
Acá también se ha reivindicado, por ejemplo, la enorme cantidad de incentivos que se han dado a las empresas, que también han fracasado. No han mejorado. Por ejemplo, acá se ha dicho que se busca terminar con el trabajo en negro, por eso se incentiva a las empresas. Pero no ha ocurrido esa situación. Hemos sancionado varias leyes en ese sentido y sin embargo el trabajo en negro ha crecido en nuestro país. Tampoco van a tener resultado las reformas laboral y tributaria, que pretende el gobierno nacional para mejorar la situación de los trabajadores, sino todo lo contrario.
Rechazamos lo que se plantea, más allá de que hay un problema legal de que YPF quede afuera de lo que debería ser necesariamente un proceso de industrialización en la Argentina, donde se debe incluir una verdadera nacionalización de YPF y de todos los hidrocarburos. De otra forma, podemos hacer compre nacional, leyes pymes, etcétera, pero si no tenemos esos recursos, no va a haber un proceso de industrialización.
Creemos que debe haber un proceso de industrialización al servicio de cubrir las necesidades de la población y no de garantizar las ganancias de los grupos empresarios que todavía siguen.
Aquí se ha dicho que el problema de la aplicación de estas leyes es el capitalismo de amigos, que eso sería lo que impide que estas leyes avancen. Sin embargo, el capitalismo de amigos sigue con este gobierno, como los amigos del gobierno anterior siguen siendo amigos de este gobierno.
Tenemos muchos ejemplos de empresas de energía: la propia Shell, el ministro Aranguren, las empresas del Grupo Mindlin, que fueron beneficiadas por el gobierno anterior y ahora lo siguen siendo; la obra pública IECSA; Calcaterra, Caputo, que eran socios de los Lázaro Báez y compañía.
Además, se mantienen ciertos acuerdos, como los acuerdos secretos que el Estado tiene con China, relacionados con los ferrocarriles. Mientras acá en la Argentina se han cerrado talleres como Enfer, se está procediendo a un vaciamiento de Fabricaciones Militares, que también tiene un desarrollo en el tema ferroviario. Asimismo, las centrales nucleares se van a entregar en mano por parte de los chinos. Hay un acuerdo secreto que no incluye ninguna posibilidad de desarrollo de la industria nacional, ni siquiera de la incorporación de tecnología.
Hoy se va a discutir en otra comisión un fomento de la industria naval; sin embargo, se está procediendo a un ajuste brutal por parte del gobierno de María Eugenia Vidal en el Astillero Río Santiago, cuyos trabajadores se van a movilizar esta semana. Están echando a trabajadores.
El Estado acaba de comprar aviones a Estados Unidos pero por otro lado se está cerrando la Fábrica Militar de Aviones de la provincia de Córdoba, con todas las consecuencias que va a tener eso para los trabajadores.
Es decir que de ninguna manera hay detrás de esto la posibilidad de un desarrollo industrial. Por eso voy a presentar un dictamen de minoría.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado de Mendiguren.
SR. DE MENDIGUREN El diputado Lavagna ya ha explicado la posición de nuestro bloque, los aportes que haremos y a lo mejor alguna disidencia parcial de ciertos puntos que creemos que pueden mejorarse.
Hay un concepto que me gustaría sentar porque la mejor ley, sin voluntad política de aplicarla, no va a tener éxito.
Para nosotros, las compras gubernamentales son clave en el desarrollo de un país. No hay otros instrumentos tan válidos y tan concretos para hacerlo.
En los países de la OCDE, en lo que son las compras gubernamentales, se gana el 15 por ciento del producto bruto; en la Unión Europea, el 14; en Alemania, el 15; y en Holanda, el 20. Fíjense de qué mercados estamos hablando. Además, por lo general, estos mercados son los que están relacionados con la ciencia y la tecnología. Si un país realmente quiere desarrollarse y salir de una economía primarizada, como creo que hoy está la economía argentina, no puede dejar de ver estos instrumentos como cruciales para tal objetivo; no hay mucho más.
Hoy la Argentina exporta a 400 dólares promedio la tonelada y la importa a 1.600. Es decir que cada vez nos cuesta más agregar valor, incluso hasta en la producción primaria. Ahora dejamos pudrir la manzana y las importamos de Chile. Ya estamos importando hasta los productos más elementales, aquellos con los que la Argentina tenía que liderar en el mundo. Hoy, por determinados factores de costo argentino, los estamos importando.
Por lo tanto, esta herramienta es clave y por eso nosotros hemos incorporado un capítulo de desarrollo de proveedores, que si bien no se agota en esta ley, es el concepto -el mismo sobre el cual está avanzando el Poder Ejecutivo- que tiene una importancia fundamental. Cuando se analiza esto -ya lo conocimos en nuestra historia- entran a competir el problema de urgencia con el desarrollo de proveedores. Es decir, cada vez que tenemos que hacer una central decimos que queremos desarrollar el proveedor local pero no llegamos. Entonces, en lugar de tener un equilibrio para compatibilizar la urgencia con el desarrollo local, lo destruimos. Hemos visto plantas de energía eólica donde estamos importando hasta los alambrados que tienen.
Este equilibrio es muy importante, pero el único que lo define es la visión estratégica. Cuando los países desarrollados tratan este tema, lo que prima no es el análisis del costo-beneficio, sino el concepto estratégico de adónde se va. Si ustedes se preguntan qué costo-beneficio habrán analizado cuando mandaron al primer hombre a la Luna, me parece que no analizaron ninguno. Lo que hicieron fue tener una visión estratégica de por qué tenían que desarrollar esa actividad.
Cuando era ministro, estuve en China entrevistándome con el ministro de Comercio de dicho país, quien me preguntó: "¿Sabe por qué China había entrado en la era espacial?" Más bien que no querría ganarle la compulsa a Estados Unidos o a Rusia. El Ministro me dijo lo siguiente. Primero, porque ello levantaba la autoestima a la gente. En segundo lugar, porque posicionaba a China como un país que pudiera ofrecer, a partir de allí, productos que no sean pelapapas y sacacorchos, es decir, también electrónicos.
Entonces, fíjense la importancia que tiene posicionar a un país en la avanzada tecnológica, y no solamente en términos económicos. Sin ir más lejos, cuando el expresidente Grant asumía la Presidencia de los Estados Unidos, se estaba discutiendo el 15 por ciento de arancel a las importaciones -arancel que el Sur no quería y el Norte, sí-, que terminó en la guerra de secesión. No fue una discusión menor, esta historia costó un millón de muertos. El General Grant dijo: "Prefiero asumir la Presidencia de los Estados Unidos con un traje hecho con hilo de mala calidad en los Estados Unidos, que con una alpaca inglesa". Es esta visión de futuro a la que me refiero. A veces, la inversión presente es para un desarrollo a futuro.
En la Argentina tuvimos experiencias que no fueron buenas. En un momento sacamos -y en aquel momento yo la apoyaba- la ley de planta llave en mano. ¿Se acuerdan? Porque hacía falta traer una planta en forma inmediata para que arranquen determinados sectores.
Con ese régimen la Argentina trajo hoteles y equipamiento de hoteles donde se importaban desde los sillones hasta las mesas de luz.
También tuvimos la etapa de las privatizaciones. Se nos dijo, en esa avanzada en telefonía, que íbamos a traer inversores; sin embargo, lo único que trajimos fueron proveedores. La Argentina producía teléfonos y dejó de hacerlo, producía cables de cobre y dejó de hacerlo. Comenzamos a importar todo. Incluso había una justificación; me acuerdo que lo hablé con Alieto Guadagni. Aguas Argentina traía las tapas de tormenta, esas tapas de fundición se importaban de Francia. Preguntamos si la industria argentina no las podía hacer o cuál era el motivo para importarlas. Nos dijeron que técnicamente eran más livianas, entonces con un solo operario podían levantarlas. Esa era la justificación para importar. ¡Hasta las tapas de tormenta importamos de Francia!
La Argentina dejó hacer hasta lo que hacía, a diferencia de Brasil, que utilizó varios sectores de la privatización para desarrollar la densidad nacional, como decía Aldo Ferrer. .
Por lo tanto, sabemos que este proyecto no es perfecto pero lo hemos discutido mucho y valoro cómo se ha trabajado en los distintos bloques realizando las concesiones que se tenían que hacer. Nosotros propusimos el tema del desarrollo a los proveedores y el Poder Ejecutivo, que ya tenía una norma, permitió incorporarlo con el sentido de dar importancia a este plan. Por estas razones vamos acompañar el dictamen con algunas disidencias parciales.
Por otro lado, aunque saquemos la mejor ley, no sirve si no está acompañada de una decisión política de que éste es un camino estratégico y el único posible que puede sacar a la Argentina de ser un país primarizado. Hoy solamente podemos ofrecer al mundo un país de bajos salarios, ya que exportando materia prima es muy difícil que podamos exportar altos salarios. Para implementar esas políticas no hay un instrumento más concreto sobre un mercado más concreto como lo son las compras gubernamentales.
Hay un concepto que me gustaría sentar porque la mejor ley, sin voluntad política de aplicarla, no va a tener éxito.
Para nosotros, las compras gubernamentales son clave en el desarrollo de un país. No hay otros instrumentos tan válidos y tan concretos para hacerlo.
En los países de la OCDE, en lo que son las compras gubernamentales, se gana el 15 por ciento del producto bruto; en la Unión Europea, el 14; en Alemania, el 15; y en Holanda, el 20. Fíjense de qué mercados estamos hablando. Además, por lo general, estos mercados son los que están relacionados con la ciencia y la tecnología. Si un país realmente quiere desarrollarse y salir de una economía primarizada, como creo que hoy está la economía argentina, no puede dejar de ver estos instrumentos como cruciales para tal objetivo; no hay mucho más.
Hoy la Argentina exporta a 400 dólares promedio la tonelada y la importa a 1.600. Es decir que cada vez nos cuesta más agregar valor, incluso hasta en la producción primaria. Ahora dejamos pudrir la manzana y las importamos de Chile. Ya estamos importando hasta los productos más elementales, aquellos con los que la Argentina tenía que liderar en el mundo. Hoy, por determinados factores de costo argentino, los estamos importando.
Por lo tanto, esta herramienta es clave y por eso nosotros hemos incorporado un capítulo de desarrollo de proveedores, que si bien no se agota en esta ley, es el concepto -el mismo sobre el cual está avanzando el Poder Ejecutivo- que tiene una importancia fundamental. Cuando se analiza esto -ya lo conocimos en nuestra historia- entran a competir el problema de urgencia con el desarrollo de proveedores. Es decir, cada vez que tenemos que hacer una central decimos que queremos desarrollar el proveedor local pero no llegamos. Entonces, en lugar de tener un equilibrio para compatibilizar la urgencia con el desarrollo local, lo destruimos. Hemos visto plantas de energía eólica donde estamos importando hasta los alambrados que tienen.
Este equilibrio es muy importante, pero el único que lo define es la visión estratégica. Cuando los países desarrollados tratan este tema, lo que prima no es el análisis del costo-beneficio, sino el concepto estratégico de adónde se va. Si ustedes se preguntan qué costo-beneficio habrán analizado cuando mandaron al primer hombre a la Luna, me parece que no analizaron ninguno. Lo que hicieron fue tener una visión estratégica de por qué tenían que desarrollar esa actividad.
Cuando era ministro, estuve en China entrevistándome con el ministro de Comercio de dicho país, quien me preguntó: "¿Sabe por qué China había entrado en la era espacial?" Más bien que no querría ganarle la compulsa a Estados Unidos o a Rusia. El Ministro me dijo lo siguiente. Primero, porque ello levantaba la autoestima a la gente. En segundo lugar, porque posicionaba a China como un país que pudiera ofrecer, a partir de allí, productos que no sean pelapapas y sacacorchos, es decir, también electrónicos.
Entonces, fíjense la importancia que tiene posicionar a un país en la avanzada tecnológica, y no solamente en términos económicos. Sin ir más lejos, cuando el expresidente Grant asumía la Presidencia de los Estados Unidos, se estaba discutiendo el 15 por ciento de arancel a las importaciones -arancel que el Sur no quería y el Norte, sí-, que terminó en la guerra de secesión. No fue una discusión menor, esta historia costó un millón de muertos. El General Grant dijo: "Prefiero asumir la Presidencia de los Estados Unidos con un traje hecho con hilo de mala calidad en los Estados Unidos, que con una alpaca inglesa". Es esta visión de futuro a la que me refiero. A veces, la inversión presente es para un desarrollo a futuro.
En la Argentina tuvimos experiencias que no fueron buenas. En un momento sacamos -y en aquel momento yo la apoyaba- la ley de planta llave en mano. ¿Se acuerdan? Porque hacía falta traer una planta en forma inmediata para que arranquen determinados sectores.
Con ese régimen la Argentina trajo hoteles y equipamiento de hoteles donde se importaban desde los sillones hasta las mesas de luz.
También tuvimos la etapa de las privatizaciones. Se nos dijo, en esa avanzada en telefonía, que íbamos a traer inversores; sin embargo, lo único que trajimos fueron proveedores. La Argentina producía teléfonos y dejó de hacerlo, producía cables de cobre y dejó de hacerlo. Comenzamos a importar todo. Incluso había una justificación; me acuerdo que lo hablé con Alieto Guadagni. Aguas Argentina traía las tapas de tormenta, esas tapas de fundición se importaban de Francia. Preguntamos si la industria argentina no las podía hacer o cuál era el motivo para importarlas. Nos dijeron que técnicamente eran más livianas, entonces con un solo operario podían levantarlas. Esa era la justificación para importar. ¡Hasta las tapas de tormenta importamos de Francia!
La Argentina dejó hacer hasta lo que hacía, a diferencia de Brasil, que utilizó varios sectores de la privatización para desarrollar la densidad nacional, como decía Aldo Ferrer. .
Por lo tanto, sabemos que este proyecto no es perfecto pero lo hemos discutido mucho y valoro cómo se ha trabajado en los distintos bloques realizando las concesiones que se tenían que hacer. Nosotros propusimos el tema del desarrollo a los proveedores y el Poder Ejecutivo, que ya tenía una norma, permitió incorporarlo con el sentido de dar importancia a este plan. Por estas razones vamos acompañar el dictamen con algunas disidencias parciales.
Por otro lado, aunque saquemos la mejor ley, no sirve si no está acompañada de una decisión política de que éste es un camino estratégico y el único posible que puede sacar a la Argentina de ser un país primarizado. Hoy solamente podemos ofrecer al mundo un país de bajos salarios, ya que exportando materia prima es muy difícil que podamos exportar altos salarios. Para implementar esas políticas no hay un instrumento más concreto sobre un mercado más concreto como lo son las compras gubernamentales.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Torroba.
SR. TORROBA Señor presidente: en primer lugar, quiero resaltar este acuerdo que se logró en la Cámara de Diputados conciliando la diversidad. Esto a lo mejor puede pasar desapercibido, pero creo que es muy importante destacar el esfuerzo de todos los bloques por conciliar la diversidad. Significa que todos han aportado y han cedido para tener una nueva ley de compre argentino.
La segunda reflexión es que a diferencia de la ley anterior, este proyecto profundiza el sesgo pyme y es muy importante por las características que tiene la industria nacional.
La tercera reflexión tiene que ver con la recepción que tuvieron todas las cámaras que nos acompañaron y que fueron muchas en el proceso de discusión, y es que la ley anterior no fue mala, pero fracasó en el seguimiento y en la voluntad política para desarrollarse, como dijo el diputado de Mendiguren.
Creo que estamos dando pasos importantes pero -a modo de recomendación-, lo que no tiene que pasar, es que el Estado, tanto el Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, pierda el interés en cuanto al seguimiento del instrumento que estamos votando.
De lo contrario, dentro de ocho o diez años vamos a estar recibiendo a las cámaras empresariales que nos dirán que teníamos una buena ley pero que fracasó su aplicación. De modo que es muy importante el paso político, es decir, conciliar las diferencias, así como hacer el seguimiento a futuro.
La segunda reflexión es que a diferencia de la ley anterior, este proyecto profundiza el sesgo pyme y es muy importante por las características que tiene la industria nacional.
La tercera reflexión tiene que ver con la recepción que tuvieron todas las cámaras que nos acompañaron y que fueron muchas en el proceso de discusión, y es que la ley anterior no fue mala, pero fracasó en el seguimiento y en la voluntad política para desarrollarse, como dijo el diputado de Mendiguren.
Creo que estamos dando pasos importantes pero -a modo de recomendación-, lo que no tiene que pasar, es que el Estado, tanto el Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, pierda el interés en cuanto al seguimiento del instrumento que estamos votando.
De lo contrario, dentro de ocho o diez años vamos a estar recibiendo a las cámaras empresariales que nos dirán que teníamos una buena ley pero que fracasó su aplicación. De modo que es muy importante el paso político, es decir, conciliar las diferencias, así como hacer el seguimiento a futuro.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Justamente, en función de lo que decía el diputado preopinante acerca de que los legisladores deben comprometerse a hacer el seguimiento de estas normas, es que se coloca lo de la bicameral. Yo creo que ese es un tema que tenemos que tomar con una responsabilidad muy grande. Esa bicameral, además de servir para la participación público-privada, debe ser útil para un real control y seguimiento del compre argentino.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Señor presidente: acuerdo con todas las reflexiones que he escuchado en el día de hoy.
Asimismo, quiero volver a destacar algo muy importante: estamos discutiendo acerca del principal motor de la Argentina, tal como lo planteó recién el diputado de Mendiguren. Se trata de un proyecto de desarrollo nacional que tiene al compre argentino como el principal motor de la economía.
En este sentido, escuchaba con mucha atención al diputado Bossio, quien hablaba de cómo reglamentar la ley. Estamos hablando de que estamos por sancionar la mejor ley, producto de un gran trabajo de todos los bloques, pero si luego la reglamentación no es acorde a su espíritu, su aplicación será nula.
¿Qué es una buena aplicación? ¿Qué pretendemos? Que el compre argentino -que según decía el diputado Marcucci, asciende al 17 por ciento del PBI- esté al servicio de los empresarios, principalmente de los pequeños y medianos. Lo que buscó esta norma es una discriminación positiva del empresariado.
Quisiera volver sobre lo que marcaba el diputado Lavagna, pero para ser un poco más restrictivo. Dos cuestiones. En primer lugar, si estamos hablando del 17 por ciento del PBI de la Argentina, la bicameral debe hacer un seguimiento específico de la aplicación de esta norma. Creo que no debe haber ningún instrumento económico más importante que el compre argentino. De modo que, de cara al futuro, podemos plantearnos hacer un seguimiento como órgano separado del Ejecutivo. Este seguimiento debe hacerse en el ámbito donde se generan los consensos respecto de las políticas de Estado, o sea, en el Parlamento nacional, donde justamente llegamos a este acuerdo.
En segundo término, el artículo 15 expresa en su primer párrafo la discrecionalidad que va a tener la Jefatura de Gabinete, conjuntamente con la autoridad de aplicación. ¿Por qué la Jefatura de Gabinete?, sería la primera pregunta. Otro interrogante es si aquel informe que se entrega previamente y en el cual se dice que no se puede aplicar esta norma debe contar también con un seguimiento. De lo contrario, todo lo que estuvimos planteando como positivo no lo es tanto, porque puede llegar el momento en que un órgano estatal de aplicación -o la Jefatura de Gabinete- lo descarte por inviable. Estaríamos cambiando todo, o al menos lo que se dijo que era deseable antes de llegar a este acuerdo. Entonces, la participación del contralor en la posibilidad de modificación del artículo 15, que es neurálgico, debería tener también el repaso expreso en la norma de algún organismo de contralor del Estado. La idea es que no quede solamente atado a la voluntad de un funcionario o de un informe técnico que puede variar en más o en menos un tercio de lo que estábamos diciendo. Si lo que nosotros considerábamos que tenía un máximo de 15 por ciento se puede bajar, por decisión de la Jefatura de Gabinete, a un 5 por ciento, estaríamos llevando la ley a una aplicación de tan solo un tercio de lo que propusimos en la norma.
Eso queda sujeto a la Jefatura de Gabinete y a un informe técnico. ¿Cuál es el seguimiento que se va a hacer a esos informes técnicos? ¿Qué tipo de contralor y de imparcialidad le vamos a dar para que efectivamente se cumpla la ley, tal como ha quedado expresado por Bossio o por de Mendiguren?
Por eso creo que primero tendría que tener especificidad con respecto a la bicameral, porque estamos hablando nada más y nada menos que del 17 por ciento del PBI. No hay ningún motor que nos garantice un seguimiento de lo que va a hacer el Estado.
Si efectivamente nosotros vamos a poner en el freezer a la norma, o la vamos a reducir, que ese procedimiento de reducción de beneficios de una norma que está muy bien escrita, por lo menos tenga un seguimiento, porque si no volvemos a la discrecionalidad de un funcionario.
Esos serían los puntos que me gustaría agregar y, como bien se ha mencionado en nuestro sector, vamos acompañar este proyecto. Me parece que debiéramos hacer -no sé si en esta norma o en una posterior- un gran esfuerzo para evitar que el atajo que se pueda lograr o que le estamos dejando a la autoridad de aplicación o a la Jefatura de Gabinete, sea aplicado en forma discrecional.
Asimismo, quiero volver a destacar algo muy importante: estamos discutiendo acerca del principal motor de la Argentina, tal como lo planteó recién el diputado de Mendiguren. Se trata de un proyecto de desarrollo nacional que tiene al compre argentino como el principal motor de la economía.
En este sentido, escuchaba con mucha atención al diputado Bossio, quien hablaba de cómo reglamentar la ley. Estamos hablando de que estamos por sancionar la mejor ley, producto de un gran trabajo de todos los bloques, pero si luego la reglamentación no es acorde a su espíritu, su aplicación será nula.
¿Qué es una buena aplicación? ¿Qué pretendemos? Que el compre argentino -que según decía el diputado Marcucci, asciende al 17 por ciento del PBI- esté al servicio de los empresarios, principalmente de los pequeños y medianos. Lo que buscó esta norma es una discriminación positiva del empresariado.
Quisiera volver sobre lo que marcaba el diputado Lavagna, pero para ser un poco más restrictivo. Dos cuestiones. En primer lugar, si estamos hablando del 17 por ciento del PBI de la Argentina, la bicameral debe hacer un seguimiento específico de la aplicación de esta norma. Creo que no debe haber ningún instrumento económico más importante que el compre argentino. De modo que, de cara al futuro, podemos plantearnos hacer un seguimiento como órgano separado del Ejecutivo. Este seguimiento debe hacerse en el ámbito donde se generan los consensos respecto de las políticas de Estado, o sea, en el Parlamento nacional, donde justamente llegamos a este acuerdo.
En segundo término, el artículo 15 expresa en su primer párrafo la discrecionalidad que va a tener la Jefatura de Gabinete, conjuntamente con la autoridad de aplicación. ¿Por qué la Jefatura de Gabinete?, sería la primera pregunta. Otro interrogante es si aquel informe que se entrega previamente y en el cual se dice que no se puede aplicar esta norma debe contar también con un seguimiento. De lo contrario, todo lo que estuvimos planteando como positivo no lo es tanto, porque puede llegar el momento en que un órgano estatal de aplicación -o la Jefatura de Gabinete- lo descarte por inviable. Estaríamos cambiando todo, o al menos lo que se dijo que era deseable antes de llegar a este acuerdo. Entonces, la participación del contralor en la posibilidad de modificación del artículo 15, que es neurálgico, debería tener también el repaso expreso en la norma de algún organismo de contralor del Estado. La idea es que no quede solamente atado a la voluntad de un funcionario o de un informe técnico que puede variar en más o en menos un tercio de lo que estábamos diciendo. Si lo que nosotros considerábamos que tenía un máximo de 15 por ciento se puede bajar, por decisión de la Jefatura de Gabinete, a un 5 por ciento, estaríamos llevando la ley a una aplicación de tan solo un tercio de lo que propusimos en la norma.
Eso queda sujeto a la Jefatura de Gabinete y a un informe técnico. ¿Cuál es el seguimiento que se va a hacer a esos informes técnicos? ¿Qué tipo de contralor y de imparcialidad le vamos a dar para que efectivamente se cumpla la ley, tal como ha quedado expresado por Bossio o por de Mendiguren?
Por eso creo que primero tendría que tener especificidad con respecto a la bicameral, porque estamos hablando nada más y nada menos que del 17 por ciento del PBI. No hay ningún motor que nos garantice un seguimiento de lo que va a hacer el Estado.
Si efectivamente nosotros vamos a poner en el freezer a la norma, o la vamos a reducir, que ese procedimiento de reducción de beneficios de una norma que está muy bien escrita, por lo menos tenga un seguimiento, porque si no volvemos a la discrecionalidad de un funcionario.
Esos serían los puntos que me gustaría agregar y, como bien se ha mencionado en nuestro sector, vamos acompañar este proyecto. Me parece que debiéramos hacer -no sé si en esta norma o en una posterior- un gran esfuerzo para evitar que el atajo que se pueda lograr o que le estamos dejando a la autoridad de aplicación o a la Jefatura de Gabinete, sea aplicado en forma discrecional.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Con respecto a ese tema y habiendo participado de la redacción final, voy a hacer dos o tres apreciaciones.
Primero y principal, en el segundo párrafo se puede observar que todos estos informes -que en cierta manera modifican toda la ley- deben ir sí o sí a la comisión bicameral. Es decir que el hecho de que no esté establecido que tiene que participar la SIGEN no quiere decir que no pueda controlar. Es una obligación más que ponemos para cualquier organismo del Estado.
Este informe, que en cierta manera justifica una excepción a la ley, debe ser remitido -por supuesto, está sujeto al control de los organismos externos- a la comisión bicameral y tal como lo establece el inciso d), pondrá en conocimiento de la autoridad de aplicación y sus respectivos cuerpos -en este caso, la AGN- las recomendaciones que estime pertinentes. Sin perjuicio de que la misma bicameral haga cumplir el capítulo de recursos y sanciones que en este caso -como hemos agregado hoy- hace una remisión expresa a aquellas conductas que puedan tipificarse violando el Código Penal.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
Primero y principal, en el segundo párrafo se puede observar que todos estos informes -que en cierta manera modifican toda la ley- deben ir sí o sí a la comisión bicameral. Es decir que el hecho de que no esté establecido que tiene que participar la SIGEN no quiere decir que no pueda controlar. Es una obligación más que ponemos para cualquier organismo del Estado.
Este informe, que en cierta manera justifica una excepción a la ley, debe ser remitido -por supuesto, está sujeto al control de los organismos externos- a la comisión bicameral y tal como lo establece el inciso d), pondrá en conocimiento de la autoridad de aplicación y sus respectivos cuerpos -en este caso, la AGN- las recomendaciones que estime pertinentes. Sin perjuicio de que la misma bicameral haga cumplir el capítulo de recursos y sanciones que en este caso -como hemos agregado hoy- hace una remisión expresa a aquellas conductas que puedan tipificarse violando el Código Penal.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Lo que ahí marcaba era si efectivamente no necesita una especificidad esa misma bicameral. Está claro que el punto d) lo pone en conocimiento de la autoridad. Nosotros debemos hacer un seguimiento sobre si correctamente se hizo esa discriminación positiva o negativa.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Pretto.
SR. PRETTO En primer lugar, felicito la labor de las comisiones porque sé todo lo que han trabajado y cómo se han esforzado para lograr un acuerdo, lo cual es muy positivo, toda vez que hay un interés en el conjunto de los legisladores en propiciar políticas de Estado. Me parece que acá hay un germen de una política de Estado cuando hay un acuerdo de distintos bloques en temas difíciles por las distintas visiones y pensamientos, sin embargo, priorizando el interés general y sobre todo el de las pymes, que son las mayores generadoras de empleo de la Argentina. Celebro que esto haya avanzado.
Más allá de que el proyecto intenta, obviamente con el espíritu legislativo de cada diputado que aportó su proyecto o su opinión, superar una historia de la ley anterior que no funcionó y que obviamente aspiramos a que esta funcione, tiene varias herramientas que me parece que van a ayudar a que eso suceda. Además, considero que tiene esta visión de que la participación de distintos actores relevantes van a hacer propicia la oportunidad para fortalecer la decisión política del gobierno de llevar adelante un apoyo decidido para que las pymes sigan generando empleo, pero esta vez con un mayor apoyo desde la legislación.
En ese sentido, hay que rescatar la enorme oportunidad que tiene el Estado nacional con 548.000 millones de pesos en el presupuesto del año que viene para realizar compras de bienes y servicios para el funcionamiento del Estado.
Obviamente, comparto lo que aquí se ha dicho en el sentido de que es determinante lo que haga el Estado nacional en sus decisiones para que el fomento de compra nacional sea real y se materialice en la realidad de cada empresa todo este espíritu plasmado en la ley.
Me parece que es un gran avance que se haya incorporado lo relacionado al precio, la mejora de la oferta y la reserva del mercado.
Corroboro también la necesidad de aspirar a que sea una buena ley, aunque sabemos que no es perfecta. Comparto poder incluir organismos del Estado que no se han detallado acá, pero bien podrían ser incluidos vía reglamentación, a tal punto que como la autoridad de aplicación también estará controlada por la bicameral, podría ser que vía reglamentación se incorporen otros sectores de la administración pública no especificados acá.
Por supuesto que adhiero a lo propuesto por la diputada Balbo mientras esté aprobado internacionalmente que las empresas conducidas por mujeres son transparentes. Esto podría ser un aporte distintivo de la ley, me refiero a otorgarle esa mínima preferencia en el mercado, como lo ha sugerido la diputada.
Por otro lado, me parece determinante lo referido al capítulo 4° en relación a la publicidad de las contrataciones, sobre todo en la elaboración de los proyectos de pliego para las compras públicas. Acá creo que se establece un acto verdaderamente de justicia. Está bueno lo que establece nuestra Constitución acerca del derecho de la igualdad de todos los actores, pero la igualdad es entre iguales. Y no es igual una PyME que un gran grupo económico. Por lo tanto, que esta ley trate de fortalecer esa participación de las PyMEs con esta ayuda legal de los tres parámetros que establece la ley para la preferencia, me parece que resulta determinante para que la igualdad entre iguales se materialice, sobre todo en el sector que más empleo genera en la Argentina.
Con respecto al artículo 15 -que acá se ha debatido bastante-, sumado a lo que usted ha aclarado, señor presidente, coincido en la sugerencia del diputado Lavagna en relación al inciso b) en que solo el hecho de que se tenga que decidir la disminución del margen de preferencia, entiendo que está buena la propuesta de que sea solamente ante una resolución fundada.
Respecto del párrafo siguiente, que refiere a que la autoridad de aplicación deberá justificar que la modificación propuesta resulte favorable a la mayor posibilidad de participación de la producción nacional, hay como un doble mecanismo de control y no estaría de más exigir que sea una resolución fundada. Entiendo que solo sería en el caso de que favorezca el espíritu de la ley, porque si no estaríamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano.
Me parece también que eso estaría garantizado por la participación de la Bicameral, que hace que este poder también esté controlando, como también lo harán los informes técnicos que se deban evaluar con periodicidad.
Por último, el hecho de que participe la Bicameral me parece que es digno de destacar. Solamente me quedaba una idea sobre el artículo 15, que habla acerca de poder incluir bienes de alto contenido científico tecnológico. Hoy existen PyMEs que tienen un gran desarrollo tecnológico y se especializan en alguna expertise, que han sido incorporadas por las grandes empresas que ganan licitaciones para desarrollar obras muy importantes. Un caso típico que conozco es el de una empresa cordobesa que ha hecho las catenarias en electrificación en los trenes a La Plata, y creo que va a seguir en las próximas licitaciones.
Ese es un claro ejemplo de que las pymes pueden desarrollarse tecnológicamente en un grado muy importante a tal punto que son subcontratadas. Lo importante sería ayudarlas cada vez más con el mecanismo de desarrollo de proveedores de tal manera que en algún momento puedan participar directamente sin necesidad de ser subcontratadas por una gran empresa, por aquello de la igualdad entre iguales que podría propiciar el espíritu de esta ley.
Más allá de que el proyecto intenta, obviamente con el espíritu legislativo de cada diputado que aportó su proyecto o su opinión, superar una historia de la ley anterior que no funcionó y que obviamente aspiramos a que esta funcione, tiene varias herramientas que me parece que van a ayudar a que eso suceda. Además, considero que tiene esta visión de que la participación de distintos actores relevantes van a hacer propicia la oportunidad para fortalecer la decisión política del gobierno de llevar adelante un apoyo decidido para que las pymes sigan generando empleo, pero esta vez con un mayor apoyo desde la legislación.
En ese sentido, hay que rescatar la enorme oportunidad que tiene el Estado nacional con 548.000 millones de pesos en el presupuesto del año que viene para realizar compras de bienes y servicios para el funcionamiento del Estado.
Obviamente, comparto lo que aquí se ha dicho en el sentido de que es determinante lo que haga el Estado nacional en sus decisiones para que el fomento de compra nacional sea real y se materialice en la realidad de cada empresa todo este espíritu plasmado en la ley.
Me parece que es un gran avance que se haya incorporado lo relacionado al precio, la mejora de la oferta y la reserva del mercado.
Corroboro también la necesidad de aspirar a que sea una buena ley, aunque sabemos que no es perfecta. Comparto poder incluir organismos del Estado que no se han detallado acá, pero bien podrían ser incluidos vía reglamentación, a tal punto que como la autoridad de aplicación también estará controlada por la bicameral, podría ser que vía reglamentación se incorporen otros sectores de la administración pública no especificados acá.
Por supuesto que adhiero a lo propuesto por la diputada Balbo mientras esté aprobado internacionalmente que las empresas conducidas por mujeres son transparentes. Esto podría ser un aporte distintivo de la ley, me refiero a otorgarle esa mínima preferencia en el mercado, como lo ha sugerido la diputada.
Por otro lado, me parece determinante lo referido al capítulo 4° en relación a la publicidad de las contrataciones, sobre todo en la elaboración de los proyectos de pliego para las compras públicas. Acá creo que se establece un acto verdaderamente de justicia. Está bueno lo que establece nuestra Constitución acerca del derecho de la igualdad de todos los actores, pero la igualdad es entre iguales. Y no es igual una PyME que un gran grupo económico. Por lo tanto, que esta ley trate de fortalecer esa participación de las PyMEs con esta ayuda legal de los tres parámetros que establece la ley para la preferencia, me parece que resulta determinante para que la igualdad entre iguales se materialice, sobre todo en el sector que más empleo genera en la Argentina.
Con respecto al artículo 15 -que acá se ha debatido bastante-, sumado a lo que usted ha aclarado, señor presidente, coincido en la sugerencia del diputado Lavagna en relación al inciso b) en que solo el hecho de que se tenga que decidir la disminución del margen de preferencia, entiendo que está buena la propuesta de que sea solamente ante una resolución fundada.
Respecto del párrafo siguiente, que refiere a que la autoridad de aplicación deberá justificar que la modificación propuesta resulte favorable a la mayor posibilidad de participación de la producción nacional, hay como un doble mecanismo de control y no estaría de más exigir que sea una resolución fundada. Entiendo que solo sería en el caso de que favorezca el espíritu de la ley, porque si no estaríamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano.
Me parece también que eso estaría garantizado por la participación de la Bicameral, que hace que este poder también esté controlando, como también lo harán los informes técnicos que se deban evaluar con periodicidad.
Por último, el hecho de que participe la Bicameral me parece que es digno de destacar. Solamente me quedaba una idea sobre el artículo 15, que habla acerca de poder incluir bienes de alto contenido científico tecnológico. Hoy existen PyMEs que tienen un gran desarrollo tecnológico y se especializan en alguna expertise, que han sido incorporadas por las grandes empresas que ganan licitaciones para desarrollar obras muy importantes. Un caso típico que conozco es el de una empresa cordobesa que ha hecho las catenarias en electrificación en los trenes a La Plata, y creo que va a seguir en las próximas licitaciones.
Ese es un claro ejemplo de que las pymes pueden desarrollarse tecnológicamente en un grado muy importante a tal punto que son subcontratadas. Lo importante sería ayudarlas cada vez más con el mecanismo de desarrollo de proveedores de tal manera que en algún momento puedan participar directamente sin necesidad de ser subcontratadas por una gran empresa, por aquello de la igualdad entre iguales que podría propiciar el espíritu de esta ley.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Señor presidente: seré muy breve ya que mi colega, la señora diputada Álvarez Rodríguez, ha expresado nuestra postura que en realidad no es muy distinta a todo lo que aquí se dijo. Básicamente, sabemos que la ley de compre argentino es necesaria y había que modificarla.
Simplemente queremos poner sobre la mesa un conjunto de elementos que tienen que ver con que nuestro proyecto tiene una ventaja adicional hacia las pymes. Y lo queremos ratificar porque claramente estamos en un momento donde cualquier estadística -que no tiene nada que ver con ningún INDEC anterior, ni con ninguna cosa que queramos denostar-, indica que hay un esquema de desocupación importante. El empleo que aumentó, tal como lo dijo Marcos Peña en el recinto, todavía no llegó a los niveles de 2015. Básicamente aumentó en el área de la construcción y bajó drásticamente en el área de las manufactureras.
Recién hablábamos de cuestiones estratégicas y la Argentina tenía un programa estratégico de comunicaciones que era el ARSAT y que ahora sin ley pasó a manos privadas. Entonces, hay un conjunto de elementos amén de vivir en un mundo donde hay una sobreoferta de productos que claramente compiten con los nuestros.
Por eso, más allá de las cosas que hicimos mal y que la gente castigó con su voto, creo que hay una realidad que no podemos desconocer y que imputando errores del pasado de ninguna manera vamos a tener una mirada abierta hacia adelante. Por eso insistimos en este dictamen de minoría.
Hay algunas cuestiones -que a lo mejor podemos terminar de cerrar en el recinto-, que tienen que ver con esta protección. Como aquí se dijo, todos hablamos y todos declamamos, pero si la tasa de interés es de un 30 por ciento, si se abren las importaciones y aumentan las tarifas, creo que los discursos contradictorios se van a dar en varios niveles políticos.
Por estas razones, señor presidente, acompañaremos en general el dictamen porque todos estamos de acuerdo con el espíritu de esta norma y con lo que aquí se ha dicho, pero pedimos revisar aquellas cuestiones que tienen que ver con un marco acorde a los tiempos que vivimos.
Simplemente queremos poner sobre la mesa un conjunto de elementos que tienen que ver con que nuestro proyecto tiene una ventaja adicional hacia las pymes. Y lo queremos ratificar porque claramente estamos en un momento donde cualquier estadística -que no tiene nada que ver con ningún INDEC anterior, ni con ninguna cosa que queramos denostar-, indica que hay un esquema de desocupación importante. El empleo que aumentó, tal como lo dijo Marcos Peña en el recinto, todavía no llegó a los niveles de 2015. Básicamente aumentó en el área de la construcción y bajó drásticamente en el área de las manufactureras.
Recién hablábamos de cuestiones estratégicas y la Argentina tenía un programa estratégico de comunicaciones que era el ARSAT y que ahora sin ley pasó a manos privadas. Entonces, hay un conjunto de elementos amén de vivir en un mundo donde hay una sobreoferta de productos que claramente compiten con los nuestros.
Por eso, más allá de las cosas que hicimos mal y que la gente castigó con su voto, creo que hay una realidad que no podemos desconocer y que imputando errores del pasado de ninguna manera vamos a tener una mirada abierta hacia adelante. Por eso insistimos en este dictamen de minoría.
Hay algunas cuestiones -que a lo mejor podemos terminar de cerrar en el recinto-, que tienen que ver con esta protección. Como aquí se dijo, todos hablamos y todos declamamos, pero si la tasa de interés es de un 30 por ciento, si se abren las importaciones y aumentan las tarifas, creo que los discursos contradictorios se van a dar en varios niveles políticos.
Por estas razones, señor presidente, acompañaremos en general el dictamen porque todos estamos de acuerdo con el espíritu de esta norma y con lo que aquí se ha dicho, pero pedimos revisar aquellas cuestiones que tienen que ver con un marco acorde a los tiempos que vivimos.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Marcucci.
SR. MARCUCCI Señor presidente: creo que todos hemos coincidido en que la aplicación y la implementación constituyen una gran dificultad.
Esta Cámara de Diputados tuvo un gran acuerdo, que tiene que ver con la oficina de presupuesto. Porque la comisión de seguimiento, sin un buen funcionamiento de la oficina de presupuesto, va a tener muchas dificultades para tener información autónoma, sistematizada y organizada, que es la base para poder hacer un seguimiento.
Por eso no creo sea necesario ponerlo en este proyecto. Pero sí hay que advertir que es necesaria la implementación de la oficina de presupuesto cuanto antes. Más allá de la comisión de seguimiento, sigo encontrando que la comisión va a tener una dificultad para poder analizar el impacto de las políticas.
Todos coincidimos en que no funcionó la ley anterior, pero pocos de nosotros pueden precisar el por qué, más allá de esta definición general hecha incluso por las cámaras. Eso es: falta de información, sistematización, organización, e incapacidad de elaboración de esa información en forma autónoma a otro poder del Estado que es el Poder Ejecutivo. Comparto la advertencia de que no funciona para atrás, y también hay que marcar esa advertencia hacia adelante. Por eso hay que contar con más instrumentos, mayor capacidad y calidad, si no son declamaciones, señor presidente.
Esta Cámara de Diputados tuvo un gran acuerdo, que tiene que ver con la oficina de presupuesto. Porque la comisión de seguimiento, sin un buen funcionamiento de la oficina de presupuesto, va a tener muchas dificultades para tener información autónoma, sistematizada y organizada, que es la base para poder hacer un seguimiento.
Por eso no creo sea necesario ponerlo en este proyecto. Pero sí hay que advertir que es necesaria la implementación de la oficina de presupuesto cuanto antes. Más allá de la comisión de seguimiento, sigo encontrando que la comisión va a tener una dificultad para poder analizar el impacto de las políticas.
Todos coincidimos en que no funcionó la ley anterior, pero pocos de nosotros pueden precisar el por qué, más allá de esta definición general hecha incluso por las cámaras. Eso es: falta de información, sistematización, organización, e incapacidad de elaboración de esa información en forma autónoma a otro poder del Estado que es el Poder Ejecutivo. Comparto la advertencia de que no funciona para atrás, y también hay que marcar esa advertencia hacia adelante. Por eso hay que contar con más instrumentos, mayor capacidad y calidad, si no son declamaciones, señor presidente.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Kosiner.
SR. KOSINER Señor presidente: quiero destacar que más allá de las coincidencias mayoritarias o generales, las disidencias parciales o los dictámenes de minoría, este Congreso sigue colocando dentro de su agenda a la problemática de la producción nacional de las pymes.
Eso es claramente valorable. Desde hace un tiempo hemos tenido una actitud muy proactiva, y creo que hay muestras claras de cómo son las leyes pyme, de emprendedores y -ahora- de compre nacional. La Comisión de Presupuesto y Hacienda también tiene previsto avanzar en la aprobación de una ley de mapa federal de pymes.
Con esto quiero decir que hay muestras de que, más allá de las percepciones a veces antagónicas sobre la realidad, todos coincidimos en que la industria nacional y las pequeñas y medianas empresas en la Argentina son valores que debemos fomentar, cuidar y preservar. Debemos instar a que se desarrollen con mayor profundidad para generar cada vez más puestos de trabajo en nuestro país.
Desde nuestro bloque damos un valor fundamental, en este marco de consenso, al concepto de la reserva de mercado. El bloque Justicialista vino planteando en las diferentes mesas de discusión que este concepto no estaba incorporado en la ley 25.551. Tampoco estaba originalmente en el proyecto del Poder Ejecutivo. Destacamos que el acuerdo con los distintos bloques nos ha permitido incorporar este concepto, que implica el acceso privilegiado -fundamentalmente de las pymes- al mercado público. Nos hemos puesto de acuerdo en que las pymes merecen esas zonas de reserva de mercado, y un privilegio en el acceso al mercado público, en dos sentidos: compra del Estado y obra pública.
Es importante aclarar también que al incorporar la reserva de mercado en el artículo 4º, estábamos dando a las pymes el acceso privilegiado a la construcción de viviendas y de edificios públicos. Obviamente, esto se hizo de acuerdo con los márgenes y montos establecidos en la ley. Se trata de un avance muy importante que tiende a privilegiar el desarrollo de las pymes, fundamentalmente en el interior del país, en las economías regionales y en aquellos lugares con mayores dificultades. Esto impide que haya empresas de gran volumen que se queden con la obra pública cuando a veces son licitadas en combos muy grandes, o que nuclean obras públicas en varias provincias a la vez.
Quiero advertir que las herramientas a las cuales hice mención van a ser más o menos eficaces según el contexto en el que nos encontremos. En este punto, quiero plantear mi preocupación frente a dos cuestiones. Primero: la falta de reglamentación del artículo 10 de la ley 27.264, de pymes. Seguimos insistiendo en que es necesario que el Poder Ejecutivo nacional avance en la reglamentación de este artículo. Se trata de la facultad que vamos a discutir en el tema de reforma tributaria, que es también la que le dimos al Poder Ejecutivo nacional para fijar incentivos diferenciales para las pymes de área de frontera, que son las que hoy están teniendo que enfrentar la introducción de producción importada. Entonces, el artículo 10 de la ley pyme, que fue consensuada entre todos, también debería ser reglamentado.
La otra dificultad sobre la queremos llamar la atención es la nueva circular "A 6352" del Banco Central de la República Argentina. A partir del año que viene se va a generar una limitación muy grande a las líneas de financiamiento productivo, tanto para la inversión como para el capital de trabajo. De acuerdo con esta nueva comunicación del Banco Central, desde enero hasta diciembre de 2018 va a ir disminuyendo la obligación que tienen las entidades financieras de dar los cupos de créditos productivos a las pymes. Se va comenzar con un porcentaje del 16,50 por ciento de la cartera en enero, para llegar a cero en diciembre. De este modo, las pymes van a quedar sin una sola línea de financiamiento. Esto era obligatorio para las entidades financieras hasta que salió esta comunicación del Banco Central.
Nos preocupa que estas herramientas que consensuamos y que pusimos a disposición de las pymes choquen con algunas medidas como la que acabo de mencionar -la del Banco Central, así como la de la falta de reglamentación de la ley pyme-, que van a contramano de la iniciativa que acordamos en el Congreso.
Eso es claramente valorable. Desde hace un tiempo hemos tenido una actitud muy proactiva, y creo que hay muestras claras de cómo son las leyes pyme, de emprendedores y -ahora- de compre nacional. La Comisión de Presupuesto y Hacienda también tiene previsto avanzar en la aprobación de una ley de mapa federal de pymes.
Con esto quiero decir que hay muestras de que, más allá de las percepciones a veces antagónicas sobre la realidad, todos coincidimos en que la industria nacional y las pequeñas y medianas empresas en la Argentina son valores que debemos fomentar, cuidar y preservar. Debemos instar a que se desarrollen con mayor profundidad para generar cada vez más puestos de trabajo en nuestro país.
Desde nuestro bloque damos un valor fundamental, en este marco de consenso, al concepto de la reserva de mercado. El bloque Justicialista vino planteando en las diferentes mesas de discusión que este concepto no estaba incorporado en la ley 25.551. Tampoco estaba originalmente en el proyecto del Poder Ejecutivo. Destacamos que el acuerdo con los distintos bloques nos ha permitido incorporar este concepto, que implica el acceso privilegiado -fundamentalmente de las pymes- al mercado público. Nos hemos puesto de acuerdo en que las pymes merecen esas zonas de reserva de mercado, y un privilegio en el acceso al mercado público, en dos sentidos: compra del Estado y obra pública.
Es importante aclarar también que al incorporar la reserva de mercado en el artículo 4º, estábamos dando a las pymes el acceso privilegiado a la construcción de viviendas y de edificios públicos. Obviamente, esto se hizo de acuerdo con los márgenes y montos establecidos en la ley. Se trata de un avance muy importante que tiende a privilegiar el desarrollo de las pymes, fundamentalmente en el interior del país, en las economías regionales y en aquellos lugares con mayores dificultades. Esto impide que haya empresas de gran volumen que se queden con la obra pública cuando a veces son licitadas en combos muy grandes, o que nuclean obras públicas en varias provincias a la vez.
Quiero advertir que las herramientas a las cuales hice mención van a ser más o menos eficaces según el contexto en el que nos encontremos. En este punto, quiero plantear mi preocupación frente a dos cuestiones. Primero: la falta de reglamentación del artículo 10 de la ley 27.264, de pymes. Seguimos insistiendo en que es necesario que el Poder Ejecutivo nacional avance en la reglamentación de este artículo. Se trata de la facultad que vamos a discutir en el tema de reforma tributaria, que es también la que le dimos al Poder Ejecutivo nacional para fijar incentivos diferenciales para las pymes de área de frontera, que son las que hoy están teniendo que enfrentar la introducción de producción importada. Entonces, el artículo 10 de la ley pyme, que fue consensuada entre todos, también debería ser reglamentado.
La otra dificultad sobre la queremos llamar la atención es la nueva circular "A 6352" del Banco Central de la República Argentina. A partir del año que viene se va a generar una limitación muy grande a las líneas de financiamiento productivo, tanto para la inversión como para el capital de trabajo. De acuerdo con esta nueva comunicación del Banco Central, desde enero hasta diciembre de 2018 va a ir disminuyendo la obligación que tienen las entidades financieras de dar los cupos de créditos productivos a las pymes. Se va comenzar con un porcentaje del 16,50 por ciento de la cartera en enero, para llegar a cero en diciembre. De este modo, las pymes van a quedar sin una sola línea de financiamiento. Esto era obligatorio para las entidades financieras hasta que salió esta comunicación del Banco Central.
Nos preocupa que estas herramientas que consensuamos y que pusimos a disposición de las pymes choquen con algunas medidas como la que acabo de mencionar -la del Banco Central, así como la de la falta de reglamentación de la ley pyme-, que van a contramano de la iniciativa que acordamos en el Congreso.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Bermejo.
Sr. Bermejo.- Es una preocupación que planteé a las personas que estaban discutiendo este tema oportunamente y quería mencionarlo porque no lo vi reflejado en el proyecto.
Se trata de que cuando hay cooperación por parte de las pymes ante una obra de envergadura, como podrían ser, por ejemplo, los aerogeneradores que tienen una gran participación y que son de gran capital, se tiene que tratar de asegurar el valor agregado de las pymes. Hay cuestiones menores que no tienen valor agregado, como la provisión de cemento, etcétera, que no ayudan a nada y postergamos aquellas pymes que le agregan valor, por ejemplo, las torres de los molinos o cuestiones de ese tipo.
Sería interesante, si es posible, incorporar algún punto que asegure que las pymes tengan esa participación con un sentido que permita salir de esa cuestión de proveedores de commodities dentro de lo que sería la obra.
Sr. Bermejo.- Es una preocupación que planteé a las personas que estaban discutiendo este tema oportunamente y quería mencionarlo porque no lo vi reflejado en el proyecto.
Se trata de que cuando hay cooperación por parte de las pymes ante una obra de envergadura, como podrían ser, por ejemplo, los aerogeneradores que tienen una gran participación y que son de gran capital, se tiene que tratar de asegurar el valor agregado de las pymes. Hay cuestiones menores que no tienen valor agregado, como la provisión de cemento, etcétera, que no ayudan a nada y postergamos aquellas pymes que le agregan valor, por ejemplo, las torres de los molinos o cuestiones de ese tipo.
Sería interesante, si es posible, incorporar algún punto que asegure que las pymes tengan esa participación con un sentido que permita salir de esa cuestión de proveedores de commodities dentro de lo que sería la obra.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO No habiendo más asuntos que tratar, damos por finalizada la reunión.
Es la hora 13 y 51.