Artículo 1º. Derógase el artículo 93º de la ley 24.467.

Artículo 2º. Comuníquese al poder ejecutivo.-

Señor presidente:

La reforma laboral que se produce en la República Argentina en la década de 1990, de nefastas consecuencias sobre la inmensa masa de la población argentina, su aparato productivo y vastas regiones del país, mantienen aún su presencia en nuestra legislación.-

Dentro de este proyecto político, de raíces trasnacionales y cuño liberal, en ese tiempo fueron sancionadas varias leyes que aún dejan sus rastros en el presente. La instrumentación del proyecto no es patrimonio exclusivo de una sola administración , como a veces interesadamente se trata de reducir la mirada para intentar que las nuevas generaciones olviden a la totalidad de gobiernos –y funcionarios- que fueron responsables de la tremenda decadencia que estas políticas impusieron a nuestra patria.-

La presente iniciativa, intenta dejar sin efecto modificaciones lesivas a algunos institutos que nos dejó esa marea política en nuestro ordenamiento jurídico. Una de esas leyes es la 24.467 (B.O., 28 de marzo de 1995), publicitada como Régimen de la Pequeña y Mediana Empresa). Esta norma viabiliza en la Sección IV de su Título III, a través de lo que denomina “disponibilidad colectiva” la negociación a la baja (“in pejus”) de derechos de los trabajadores pertenecientes a empresas que puedan ser encuadradas legislativamente como PYME (conforme artículo 83º y concord. de la ley 24.467).

Los artículos 90º y 91º permiten que en las negociaciones colectivas que se lleven adelante en estas empresas, se puedan establecer menores niveles de derecho que los existentes -por normas legales- en empresas de mayores dimensiones. Consagrando una impensada situación de discriminación, y rompiendo de tal modo la igualdad ante la ley entre trabajadores de una empresa PYME y otra de mayor dimensión.-

Por el artículo 90º se habilita por CCT a “modificar en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria”); y por el artículo 91º se habilita por CCT “el fraccionamiento de los períodos de pago del sueldo anual complementario siempre que no excedan de tres (3) períodos en el año”.-

Los convenios colectivos de trabajo funcionan como instrumentos de cambio social en la medida que sean rectamente practicados. Por el contrario, en un contexto político desfavorable y desde visiones flexibilizadoras que sirvan a los intereses de los empleadores, son instrumento que viabilizan las pérdidas de derechos adquiridos.

Los derechos que nacen en el hecho social del trabajo (expresamente incluidos en el artículo 6º y 7º del PIDESC), gozan de la tutela del principio protectorio, y de la progresividad (artículo 1º del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador) que impiden la pérdida de derechos a los trabajadores.

Recordemos además, las pacíficas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que desde hace más de medio siglo consagran la incorporación de los derechos reconocidos por ley o a través de convenios colectivos de trabajo al acervo patrimonial del trabajador, impidiendo a empleadores y terceros su apropiación. Nociones tan vastamente aceptadas, que han tenido la consagración jurisprudencial de los más altos tribunales del país.

La reforma que se propone, es derogar el artículo 93º del citado cuerpo legal. Por este artículo se extiende las mismas facultades flexibilizadoras previstas en la ley 24.467, al régimen de los trabajadores rurales; pero poniéndolas en cabeza de la Comisión Nacional de trabajo Agrario (conforme 84º, siguientes y concods. De la ley 26.727). Las mismas razones que impiden su vigencia en las relaciones de trabajo del universo de la Ley de Contrato de Trabajo, son las que impiden la vigencia en el mundo de los trabajadores rurales.

Por las razones expuestas es que solicito al resto de los legisladores que acompañen el presente proyecto.