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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 28/04/2021
- MODIFICATORIA DE LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril de 2021, a la hora 15 y 9, se da comienzo a la reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SR. PRESIDENTE HELLER Buenas tardes a todas y a todos. Damos comienzo a la reunión de continuidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados, que pasó a cuarto intermedio el jueves de la semana pasada, a los efectos de considerar los dos puntos del orden del día que quedaron pendientes de dicha reunión.
Uno es el proyecto 0002-pe-2021, por el cual se modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias.
El otro es el proyecto de ley en revisión que viene del Senado, por el cual se transfiere a título gratuito al municipio de la ciudad capital de la provincia de La Rioja un inmueble propiedad del Estado nacional. Este proyecto ya tiene tratamiento en la Comisión de Legislación General.
Iniciando entonces la consideración del primer tema del orden del día, relacionado con el proyecto de modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias en lo concerniente a ganancia de sociedades, en primer lugar, quiero informarles que vamos a proponer dos agregados al texto original proveniente del Poder Ejecutivo, y el resto del proyecto se mantiene en las condiciones en que lo vimos la semana pasada.
El primer agregado -que lo pondríamos como artículo 6°- busca incorporar en esta ley cuestiones de género para favorecer la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgénero como directores, directoras, síndicos, síndicas o miembros del consejo de vigilancia, y se refiere a las sumas deducibles que se destinen al pago de honorarios a esos funcionarios y funcionarias.
Quedaría redactado de la siguiente manera: "Incorpórase como tercer y cuarto párrafos del inciso i) del artículo 91 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, los siguientes: 'El monto fijo a que se refiere el párrafo anterior se incrementará en un cuarenta por ciento (40%) cuando su perceptor sea mujer, y en un sesenta por ciento (60%) si se tratare de travestis, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales, de conformidad con lo establecido en la ley 26.743. En la medida en que resulten de aplicación disposiciones societarias que establezcan un cupo mínimo de composición del órgano de administración y/o de fiscalización de los contribuyentes comprendidos en el inciso a) del artículo 73, los incrementos dispuestos en el párrafo precedente sólo procederán por la incorporación de integrantes que representen un excedente que se verifique con relación al mencionado cupo.'"
Es decir, se trata de decisiones voluntarias. Si hay una obligación legal de tener una proporción determinada de mujeres, travestis, transexuales, etcétera, que está en el estatuto de la empresa o disposiciones de otro carácter, desde luego, este beneficio no obtendría ese alcance.
Con respecto al segundo agregado, lo hablamos en la sesión pasada y fue solicitado en la reunión. Entendíamos que no hacía falta, pero aceptamos la aclaración. Se trataría, en este caso, del artículo 10. En función del agregado del artículo 6° se renumera todo el resto de los artículos.
El artículo 10 quedaría redactado así: "Aclárese que las disposiciones de la presente ley no modifican el tratamiento previsto en el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, referidas a la tributación al cuarenta y uno coma cincuenta por ciento (41,50%) de las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) y/o a través de plataformas digitales".
De manera que creo que no queda ninguna duda del alcance que planteamos al respecto.
El resto de lo que estamos poniendo en consideración -como dije- es el proyecto que vino del Poder Ejecutivo, que -como explicamos- implica una reducción de la carga tributaria para algo más del 90 por ciento, pero digamos el número redondo, el 90 por ciento de las empresas; y, solamente por consecuencia, el otro 10 por ciento tendrá una alícuota de impuesto a las ganancias más elevada que la que estuvo vigente en años anteriores, que fue del 30 por ciento para todas las empresas.
Como hemos dicho, el proyecto incorpora tres tramos con alícuotas progresivas marginales de 25 por ciento para las ganancias hasta 5 millones, de 30 por ciento para entre 5 y 20 millones, y de 35 por ciento marginal para ganancias mayores a 20 millones. Por lo cual, recién a partir de una ganancia de 25 millones se pagaría una alícuota superior al 30 por ciento, por la manera en que se calcula la ganancia marginal. De allí la gran cantidad de empresas que de manera efectiva verán reducida su carga tributaria.
También contaré un poco de historia. La reforma tributaria del 2017 establecía una tasa uniforme del 25 por ciento para las sociedades a partir del 2020, con una tasa por dividendos del 13 por ciento, lo que le daba una tasa efectiva teórica -considerando que se distribuyesen todas las ganancias posteriores al pago de impuestos por parte de la sociedad- del 34,75 por ciento.
El actual gobierno estableció el mantenimiento de la tasa del 30 por ciento con una alícuota del 7 por ciento sobre dividendos, igual que las tasas que rigieron en 2018 y 2019, lo que también da una tasa teórica casi idéntica de 34,9 por ciento.
También hago una aclaración que forma parte de las cuestiones que hemos estado analizando, y que quiero recordar. El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, cuando estuvo en la reunión con nosotros días atrás, dijo que había que tomar con pinzas el tema de las alícuotas progresivas marginales sobre los dividendos porque la recaudación por dividendos era muy baja -2 por ciento del total- y, por lo tanto, tenía poco efecto si se aumentaba la tasa sobre los dividendos. Simplemente, este es un dato para también tener en cuenta.
El otro día surgió una duda en función del informe que recibimos, con tiempo relativamente breve -no por culpa de nadie, sino porque no hubo tiempo material-, sobre el impacto fiscal de este proyecto, y teníamos los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El informe establecía un impacto fiscal positivo de 320.000 millones y fracción, pero comparado con una tasa de tributación del 25 por ciento, a partir del supuesto teórico de que en el 2021 estaría vigente una tasa del 25 por ciento, ya que la prórroga que había dispuesto el actual gobierno era hasta el 31 de diciembre y no consideraba la pérdida generada por pasar de una tasa general del 30 por ciento -como hubo en los dos años anteriores- a una eventual del 25 por ciento.
En el día de ayer les mandé a todos ustedes una nota complementaria que la Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró con mayor información, en la que se comparan los efectos del proyecto que estamos considerando con el de una tasa plana del 30 por ciento, tal como se venía aplicando. En ese caso informa un impacto fiscal de 133.123 millones, repartido en unos 57.840 en este año 2021, 74.218 en el 2022 y un remanente de 1.065 en el 2023.
Quiero agregar una serie de consideraciones al respecto. Está claro que se trata en todos los casos de cálculos teóricos y de estimaciones a partir de datos históricos de épocas sin pandemia sanitaria, por lo que nos parece que debemos incorporar el análisis de varias cuestiones.
Tomando como base los cálculos que se hacen sobre las declaraciones de las empresas del año 2018 -porque no hay otra manera de hacerlo-, me imagino que todos coincidiremos en que es muy probable que muchas de las empresas que presentaron ganancias en ese período tengan un balance negativo o ganancias mucho menores en el año 2021. No hace falta ser demasiado especialista para llegar a esta conclusión, a la que agregaría la incertidumbre de lo que está por pasar, toda vez que estamos hablando de lo que viene pasando y de lo que está por pasar.
La segunda cuestión que quiero mencionar es que las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso tienen en cuenta los impuestos determinados. De acuerdo a la experiencia, supongo que también es fácil de comprender -especialmente para quienes son profesionales en la materia- que hay una gran diferencia entre impuestos determinados e impuestos percibidos. En efecto, por un lado hay una serie deducciones por otros impuestos. Además, aunque este año se recuperen las pérdidas que, por ejemplo, tuvieron las empresas el año pasado y tengan impuestos determinados favorables, sabemos que se irán compensando y, por lo tanto, no habrá percepción de sus tributos. Todos esos datos hay que manejarlos con suma prudencia teniendo en cuenta la realidad de la situación fiscal.
Es fácil imaginar una empresa que haya sufrido una gran pérdida en el 2020; muchas empresas han tenido pérdidas importantes el año pasado. Si este año una de esas empresas se encontrara en una muy buena situación -por ejemplo, se recuperó la economía y le fue muy bien- podría suceder que no tuviera que pagar nada porque estaría compensando la pérdida del ejercicio del 2020. No pagaría por varios años de acuerdo a la magnitud de la pérdida, hasta que terminara de compensarla.
En resumen, en virtud de los cálculos que hemos hecho y compartido con el Ministerio de Economía, en una estimación optimista pensamos que con el nuevo proyecto que estamos discutiendo, los ingresos reales, es decir, los impuestos a percibir en el año 2021, alcanzarán para compensar las pérdidas o el costo por los beneficios concedidos en el impuesto a las ganancias de personas humanas. Esa es nuestra estimación final al respecto.
A nuestro juicio, con estas tasas que estamos planteando para el 2021, el ingreso real se incrementará en alrededor de 45 mil o 50 mil millones de pesos, cifra muy parecida y equivalente a la que se dejará de percibir por los cambios introducidos en el impuesto a las ganancias de las personas.
Considero que estamos planteando un esquema virtuoso porque las empresas que han tenido más ganancias son las que aportarán para este sesgo redistributivo a favor de la familia y de las empresas con menores ganancias. En ambos casos estamos hablando de reformar la misma ley de impuesto a las ganancias como una combinación -me animo a decir virtuosa- de las modificaciones aprobadas respecto a las personas humanas y al actual proyecto que estamos poniendo en consideración, y que sólo incrementa la alícuota, respecto a la vigente en el año anterior, a una pequeña cantidad de empresas, las de mayores ganancias.
Pido disculpas por ser reiterativo en esto: hemos optado por una clasificación que tiene que ver con las ganancias de la empresa, no con su tamaño ni facturación ni cantidad de personal ni rubro.
En esta presentación también quiero referirme a una cuestión conceptual que se viene discutiendo y que ha sido planteada el otro día. Me refiero al supuesto aumento de la presión impositiva y la desproporción que existiría en relación con lo que sucede en el mundo o en otros países.
Quiero contarles que tengo en mi poder un informe de la CEPAL de octubre del año pasado que dice que la presión tributaria en la región de América Latina y del Caribe es del 23,1 por ciento, muy por debajo de los países centrales -o grandes- de la OCDE en los cuales es del 34,3 por ciento. Según este informe de la CEPAL -organismo de las Naciones Unidas-, en la Argentina la presión impositiva es del 28,8 por ciento, es decir, un poquito menos que Uruguay y bastante menos que Brasil, en donde es del 33,1 por ciento, la más alta de la región.
En el mismo informe, la CEPAL menciona la necesidad de combatir la evasión y la elusión tributaria que, según dice, llega al 6,1 del producto bruto regional y recomienda consolidar el impuesto a la renta, a las personas físicas y a las corporaciones. También sugiere extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad y establecer tributos a la economía digital y correctivos, tales como los ambientales y los relacionados con la salud pública.
El informe refiere que la estructura tributaria de la región se encuentra muy volcada a los impuestos sobre el consumo que afectan a los sectores más pobres mientras que la recaudación de impuestos directos sobre la renta y la propiedad es escasa. Esto agrava las desigualdades verticales y horizontales inherentes al sistema vigente.
Por otro lado, también se hace mención a que la mitad de los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe provienen de impuestos indirectos, mientras que en los países de la OCDE es de alrededor de un tercio.
Estos son algunos datos que quería compartir con ustedes.
En estos días se encuentra en plena discusión la reforma tributaria que se está llevando adelante en los Estados Unidos con importantes aumentos respecto a la tributación de las empresas.
Quiero destacar especialmente una frase del presidente de ese país: cuando le preguntan si el aumento de los impuestos podría generar algún problema de desinversión o algo por el estilo, él contesta que no existe ninguna evidencia de que esto haya sucedido o de que pueda suceder.
En estos días, el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, dijo que las rebajas tributarias que llevó adelante la administración de Trump no tuvieron ningún efecto visible en la inversión empresarial probablemente porque abordaron un problema falso. Las multinacionales estadounidenses no habían trasladado puestos de trabajo al extranjero para evadir impuestos; simplemente habían evadido impuestos.
El Premio Nobel de Economía dijo también que más de la mitad de los beneficios que las grandes empresas estadounidenses declaran haber obtenido por sus inversiones en el extranjero, proceden de paraísos fiscales diminutos -como Bermudas o Islas Caimán- en donde no tienen ninguna actividad real.
A su vez, Paul Krugman agrega que el Fondo Monetario Internacional calcula que aproximadamente el 40 por ciento de la inversión extranjera directa -básicamente inversión empresarial transfronteriza- es fantasma; o sea, son ficciones contables creadas para evadir impuestos. Es por eso que sobre el papel -dice Krugman- Luxemburgo recibe más inversión extranjera que los Estados Unidos a pesar de tener sólo 600 mil habitantes.
Tengo una enorme cantidad de datos y citas del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Por su parte, el Monitor Fiscal del mismo organismo en el corriente mes sugirió la medida de reunir los ingresos necesarios. Cuando se pregunta cómo se hace, dice textualmente: "Las economías avanzadas pueden incrementar la progresividad de la tributación del ingreso y aumentar el recurso de los impuestos sobre sucesiones, donaciones y la tributación inmobiliaria. También pueden considerarse contribuciones para la recuperación de la COVID-19 e impuestos sobre los beneficios empresariales excesivos. Pueden plantearse también impuestos sobre el patrimonio, si las medidas anteriores no resultaran suficientes."
Y termina diciendo: "Las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben centrarse en fortalecer la capacidad tributaria para financiar más el gasto social." Es decir que recomienda más presión tributaria y no menos.
Sin chicanas de por medio, podría decir que, leyendo todo esto, los que hablan de bajar los impuestos hoy se ubican a la derecha del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales que proponen exactamente lo contrario.
En resumen -y termino con esto-, propongo que se considere y dictamine positivamente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con las dos modificaciones que hemos propuesto.
Uno es el proyecto 0002-pe-2021, por el cual se modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias.
El otro es el proyecto de ley en revisión que viene del Senado, por el cual se transfiere a título gratuito al municipio de la ciudad capital de la provincia de La Rioja un inmueble propiedad del Estado nacional. Este proyecto ya tiene tratamiento en la Comisión de Legislación General.
Iniciando entonces la consideración del primer tema del orden del día, relacionado con el proyecto de modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias en lo concerniente a ganancia de sociedades, en primer lugar, quiero informarles que vamos a proponer dos agregados al texto original proveniente del Poder Ejecutivo, y el resto del proyecto se mantiene en las condiciones en que lo vimos la semana pasada.
El primer agregado -que lo pondríamos como artículo 6°- busca incorporar en esta ley cuestiones de género para favorecer la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgénero como directores, directoras, síndicos, síndicas o miembros del consejo de vigilancia, y se refiere a las sumas deducibles que se destinen al pago de honorarios a esos funcionarios y funcionarias.
Quedaría redactado de la siguiente manera: "Incorpórase como tercer y cuarto párrafos del inciso i) del artículo 91 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, los siguientes: 'El monto fijo a que se refiere el párrafo anterior se incrementará en un cuarenta por ciento (40%) cuando su perceptor sea mujer, y en un sesenta por ciento (60%) si se tratare de travestis, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales, de conformidad con lo establecido en la ley 26.743. En la medida en que resulten de aplicación disposiciones societarias que establezcan un cupo mínimo de composición del órgano de administración y/o de fiscalización de los contribuyentes comprendidos en el inciso a) del artículo 73, los incrementos dispuestos en el párrafo precedente sólo procederán por la incorporación de integrantes que representen un excedente que se verifique con relación al mencionado cupo.'"
Es decir, se trata de decisiones voluntarias. Si hay una obligación legal de tener una proporción determinada de mujeres, travestis, transexuales, etcétera, que está en el estatuto de la empresa o disposiciones de otro carácter, desde luego, este beneficio no obtendría ese alcance.
Con respecto al segundo agregado, lo hablamos en la sesión pasada y fue solicitado en la reunión. Entendíamos que no hacía falta, pero aceptamos la aclaración. Se trataría, en este caso, del artículo 10. En función del agregado del artículo 6° se renumera todo el resto de los artículos.
El artículo 10 quedaría redactado así: "Aclárese que las disposiciones de la presente ley no modifican el tratamiento previsto en el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, referidas a la tributación al cuarenta y uno coma cincuenta por ciento (41,50%) de las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) y/o a través de plataformas digitales".
De manera que creo que no queda ninguna duda del alcance que planteamos al respecto.
El resto de lo que estamos poniendo en consideración -como dije- es el proyecto que vino del Poder Ejecutivo, que -como explicamos- implica una reducción de la carga tributaria para algo más del 90 por ciento, pero digamos el número redondo, el 90 por ciento de las empresas; y, solamente por consecuencia, el otro 10 por ciento tendrá una alícuota de impuesto a las ganancias más elevada que la que estuvo vigente en años anteriores, que fue del 30 por ciento para todas las empresas.
Como hemos dicho, el proyecto incorpora tres tramos con alícuotas progresivas marginales de 25 por ciento para las ganancias hasta 5 millones, de 30 por ciento para entre 5 y 20 millones, y de 35 por ciento marginal para ganancias mayores a 20 millones. Por lo cual, recién a partir de una ganancia de 25 millones se pagaría una alícuota superior al 30 por ciento, por la manera en que se calcula la ganancia marginal. De allí la gran cantidad de empresas que de manera efectiva verán reducida su carga tributaria.
También contaré un poco de historia. La reforma tributaria del 2017 establecía una tasa uniforme del 25 por ciento para las sociedades a partir del 2020, con una tasa por dividendos del 13 por ciento, lo que le daba una tasa efectiva teórica -considerando que se distribuyesen todas las ganancias posteriores al pago de impuestos por parte de la sociedad- del 34,75 por ciento.
El actual gobierno estableció el mantenimiento de la tasa del 30 por ciento con una alícuota del 7 por ciento sobre dividendos, igual que las tasas que rigieron en 2018 y 2019, lo que también da una tasa teórica casi idéntica de 34,9 por ciento.
También hago una aclaración que forma parte de las cuestiones que hemos estado analizando, y que quiero recordar. El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, cuando estuvo en la reunión con nosotros días atrás, dijo que había que tomar con pinzas el tema de las alícuotas progresivas marginales sobre los dividendos porque la recaudación por dividendos era muy baja -2 por ciento del total- y, por lo tanto, tenía poco efecto si se aumentaba la tasa sobre los dividendos. Simplemente, este es un dato para también tener en cuenta.
El otro día surgió una duda en función del informe que recibimos, con tiempo relativamente breve -no por culpa de nadie, sino porque no hubo tiempo material-, sobre el impacto fiscal de este proyecto, y teníamos los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El informe establecía un impacto fiscal positivo de 320.000 millones y fracción, pero comparado con una tasa de tributación del 25 por ciento, a partir del supuesto teórico de que en el 2021 estaría vigente una tasa del 25 por ciento, ya que la prórroga que había dispuesto el actual gobierno era hasta el 31 de diciembre y no consideraba la pérdida generada por pasar de una tasa general del 30 por ciento -como hubo en los dos años anteriores- a una eventual del 25 por ciento.
En el día de ayer les mandé a todos ustedes una nota complementaria que la Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró con mayor información, en la que se comparan los efectos del proyecto que estamos considerando con el de una tasa plana del 30 por ciento, tal como se venía aplicando. En ese caso informa un impacto fiscal de 133.123 millones, repartido en unos 57.840 en este año 2021, 74.218 en el 2022 y un remanente de 1.065 en el 2023.
Quiero agregar una serie de consideraciones al respecto. Está claro que se trata en todos los casos de cálculos teóricos y de estimaciones a partir de datos históricos de épocas sin pandemia sanitaria, por lo que nos parece que debemos incorporar el análisis de varias cuestiones.
Tomando como base los cálculos que se hacen sobre las declaraciones de las empresas del año 2018 -porque no hay otra manera de hacerlo-, me imagino que todos coincidiremos en que es muy probable que muchas de las empresas que presentaron ganancias en ese período tengan un balance negativo o ganancias mucho menores en el año 2021. No hace falta ser demasiado especialista para llegar a esta conclusión, a la que agregaría la incertidumbre de lo que está por pasar, toda vez que estamos hablando de lo que viene pasando y de lo que está por pasar.
La segunda cuestión que quiero mencionar es que las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso tienen en cuenta los impuestos determinados. De acuerdo a la experiencia, supongo que también es fácil de comprender -especialmente para quienes son profesionales en la materia- que hay una gran diferencia entre impuestos determinados e impuestos percibidos. En efecto, por un lado hay una serie deducciones por otros impuestos. Además, aunque este año se recuperen las pérdidas que, por ejemplo, tuvieron las empresas el año pasado y tengan impuestos determinados favorables, sabemos que se irán compensando y, por lo tanto, no habrá percepción de sus tributos. Todos esos datos hay que manejarlos con suma prudencia teniendo en cuenta la realidad de la situación fiscal.
Es fácil imaginar una empresa que haya sufrido una gran pérdida en el 2020; muchas empresas han tenido pérdidas importantes el año pasado. Si este año una de esas empresas se encontrara en una muy buena situación -por ejemplo, se recuperó la economía y le fue muy bien- podría suceder que no tuviera que pagar nada porque estaría compensando la pérdida del ejercicio del 2020. No pagaría por varios años de acuerdo a la magnitud de la pérdida, hasta que terminara de compensarla.
En resumen, en virtud de los cálculos que hemos hecho y compartido con el Ministerio de Economía, en una estimación optimista pensamos que con el nuevo proyecto que estamos discutiendo, los ingresos reales, es decir, los impuestos a percibir en el año 2021, alcanzarán para compensar las pérdidas o el costo por los beneficios concedidos en el impuesto a las ganancias de personas humanas. Esa es nuestra estimación final al respecto.
A nuestro juicio, con estas tasas que estamos planteando para el 2021, el ingreso real se incrementará en alrededor de 45 mil o 50 mil millones de pesos, cifra muy parecida y equivalente a la que se dejará de percibir por los cambios introducidos en el impuesto a las ganancias de las personas.
Considero que estamos planteando un esquema virtuoso porque las empresas que han tenido más ganancias son las que aportarán para este sesgo redistributivo a favor de la familia y de las empresas con menores ganancias. En ambos casos estamos hablando de reformar la misma ley de impuesto a las ganancias como una combinación -me animo a decir virtuosa- de las modificaciones aprobadas respecto a las personas humanas y al actual proyecto que estamos poniendo en consideración, y que sólo incrementa la alícuota, respecto a la vigente en el año anterior, a una pequeña cantidad de empresas, las de mayores ganancias.
Pido disculpas por ser reiterativo en esto: hemos optado por una clasificación que tiene que ver con las ganancias de la empresa, no con su tamaño ni facturación ni cantidad de personal ni rubro.
En esta presentación también quiero referirme a una cuestión conceptual que se viene discutiendo y que ha sido planteada el otro día. Me refiero al supuesto aumento de la presión impositiva y la desproporción que existiría en relación con lo que sucede en el mundo o en otros países.
Quiero contarles que tengo en mi poder un informe de la CEPAL de octubre del año pasado que dice que la presión tributaria en la región de América Latina y del Caribe es del 23,1 por ciento, muy por debajo de los países centrales -o grandes- de la OCDE en los cuales es del 34,3 por ciento. Según este informe de la CEPAL -organismo de las Naciones Unidas-, en la Argentina la presión impositiva es del 28,8 por ciento, es decir, un poquito menos que Uruguay y bastante menos que Brasil, en donde es del 33,1 por ciento, la más alta de la región.
En el mismo informe, la CEPAL menciona la necesidad de combatir la evasión y la elusión tributaria que, según dice, llega al 6,1 del producto bruto regional y recomienda consolidar el impuesto a la renta, a las personas físicas y a las corporaciones. También sugiere extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad y establecer tributos a la economía digital y correctivos, tales como los ambientales y los relacionados con la salud pública.
El informe refiere que la estructura tributaria de la región se encuentra muy volcada a los impuestos sobre el consumo que afectan a los sectores más pobres mientras que la recaudación de impuestos directos sobre la renta y la propiedad es escasa. Esto agrava las desigualdades verticales y horizontales inherentes al sistema vigente.
Por otro lado, también se hace mención a que la mitad de los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe provienen de impuestos indirectos, mientras que en los países de la OCDE es de alrededor de un tercio.
Estos son algunos datos que quería compartir con ustedes.
En estos días se encuentra en plena discusión la reforma tributaria que se está llevando adelante en los Estados Unidos con importantes aumentos respecto a la tributación de las empresas.
Quiero destacar especialmente una frase del presidente de ese país: cuando le preguntan si el aumento de los impuestos podría generar algún problema de desinversión o algo por el estilo, él contesta que no existe ninguna evidencia de que esto haya sucedido o de que pueda suceder.
En estos días, el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, dijo que las rebajas tributarias que llevó adelante la administración de Trump no tuvieron ningún efecto visible en la inversión empresarial probablemente porque abordaron un problema falso. Las multinacionales estadounidenses no habían trasladado puestos de trabajo al extranjero para evadir impuestos; simplemente habían evadido impuestos.
El Premio Nobel de Economía dijo también que más de la mitad de los beneficios que las grandes empresas estadounidenses declaran haber obtenido por sus inversiones en el extranjero, proceden de paraísos fiscales diminutos -como Bermudas o Islas Caimán- en donde no tienen ninguna actividad real.
A su vez, Paul Krugman agrega que el Fondo Monetario Internacional calcula que aproximadamente el 40 por ciento de la inversión extranjera directa -básicamente inversión empresarial transfronteriza- es fantasma; o sea, son ficciones contables creadas para evadir impuestos. Es por eso que sobre el papel -dice Krugman- Luxemburgo recibe más inversión extranjera que los Estados Unidos a pesar de tener sólo 600 mil habitantes.
Tengo una enorme cantidad de datos y citas del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Por su parte, el Monitor Fiscal del mismo organismo en el corriente mes sugirió la medida de reunir los ingresos necesarios. Cuando se pregunta cómo se hace, dice textualmente: "Las economías avanzadas pueden incrementar la progresividad de la tributación del ingreso y aumentar el recurso de los impuestos sobre sucesiones, donaciones y la tributación inmobiliaria. También pueden considerarse contribuciones para la recuperación de la COVID-19 e impuestos sobre los beneficios empresariales excesivos. Pueden plantearse también impuestos sobre el patrimonio, si las medidas anteriores no resultaran suficientes."
Y termina diciendo: "Las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben centrarse en fortalecer la capacidad tributaria para financiar más el gasto social." Es decir que recomienda más presión tributaria y no menos.
Sin chicanas de por medio, podría decir que, leyendo todo esto, los que hablan de bajar los impuestos hoy se ubican a la derecha del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales que proponen exactamente lo contrario.
En resumen -y termino con esto-, propongo que se considere y dictamine positivamente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con las dos modificaciones que hemos propuesto.
SR. PASTORI Señor presidente: ¿me permite hacer una aclaración?
SR. PRESIDENTE HELLER Por supuesto.
Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Pastori.
Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: gracias.
No hago uso de la palabra para hablar del dictamen sino para hacer una aclaración. Como no tenemos -al menos yo no lo tengo- los textos que se han agregado al dictamen, quiero pedirle que vuelva a leer el primer agregado del artículo 6º propuesto, que habla de la perspectiva de género. Quisiera ver exactamente a qué se está refiriendo, porque no lo pude captar debidamente.
No hago uso de la palabra para hablar del dictamen sino para hacer una aclaración. Como no tenemos -al menos yo no lo tengo- los textos que se han agregado al dictamen, quiero pedirle que vuelva a leer el primer agregado del artículo 6º propuesto, que habla de la perspectiva de género. Quisiera ver exactamente a qué se está refiriendo, porque no lo pude captar debidamente.
SR. PRESIDENTE HELLER Si quieren, en un rato le mandamos el texto a todos.
No obstante, voy a leerlo. Dice así: "Incorpórase como tercer y cuarto párrafos del inciso i) del artículo 91 de la ley de impuestos a las ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, lo siguiente: 'El monto fijo al que se refiere el párrafo anterior se incrementará...'". ¿Está claro, diputado Pastori?
No obstante, voy a leerlo. Dice así: "Incorpórase como tercer y cuarto párrafos del inciso i) del artículo 91 de la ley de impuestos a las ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, lo siguiente: 'El monto fijo al que se refiere el párrafo anterior se incrementará...'". ¿Está claro, diputado Pastori?
SR. PASTORI Sí, ahora me queda claro lo que están modificando.
SR. PRESIDENTE HELLER Ponemos en consideración el proyecto de ley con las modificaciones que acabamos de explicar.
Tiene la palabra el señor diputado Sarghini.
Tiene la palabra el señor diputado Sarghini.
SR. SARGHINI Señor presidente: voy a hablar en nombre de Consenso Federal. Como nuestro bloque no tiene participación en la comisión, no vamos a poder hacer un dictamen de minoría. Por lo tanto, quiero poner en conocimiento de la comisión nuestra posición respecto del proyecto en tratamiento.
Nosotros no acompañamos este proyecto por razones de orden macro y micro vinculadas con el diseño del proyecto. Las razones macro tienen que ver con la combinación de dos indicadores que, a nuestro entender, determinan que no hay más margen para aumentar impuestos en la República Argentina. Uno de ellos es el nivel de presión tributaria. Más allá de lo que usted ha dicho respecto de CEPAL, la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal del Ministerio de Economía, o sea, la información oficial, indica que, sin tener en cuenta el 1 y pico por ciento del producto bruto que explica la recaudación de los municipios, en 2020 tenemos una presión tributaria del 30,5 del PBI, deduciendo los reintegros. Se trata de una presión tributaria que se encuentra un 24 por ciento por encima de la que existía en 2004, cuando la Argentina ya llevaba un año y medio de crecimiento con estabilidad y consolidaba las bases para mantener dicho crecimiento y estabilidad -que son las dos condiciones que la economía necesita para que las cuestiones sociales puedan mejorar- hasta el año 2007.
La presión tributaria era del 24 por ciento más, con la combinación del otro indicador al que quiero hacer referencia, que es el nivel de inversión. En 2020 la Argentina terminó con un nivel de inversión que apenas superaba el 13 por ciento del producto, cuando en el año 2011 había alcanzado un pico del 21,5 por ciento del producto. Todavía se consideraba un tanto insuficiente. Los indicadores generalmente teóricos, estudiados y con solvencia académica indican que la inversión necesaria para obtener un sostenimiento de la economía en el tiempo y hacerlo con estabilidad es del orden del 25 por ciento.
A veces los defensores de la demanda agregada se olvidan de que la inversión es un componente de la misma. Además, agrega oferta a futuro, mejora las condiciones de producción y genera las mejores condiciones para el empleo. Productividad y salario, inversión y empleo, significan un mejoramiento de las cuestiones sociales. La inversión es un componente de la demanda agregada absolutamente relevante y necesario cuando uno toma decisiones pensando en el futuro.
Por lo tanto, desde el punto de vista macro, la combinación de estos dos indicadores nos ponen en esta posición de negativa al proyecto, que en realidad aumenta impuestos. Cuando se cuestiona el informe -más allá de algunas consideraciones que usted ha hecho y con las que coincido-, a la hora de evaluar los 320.000 millones de pesos que había dicho la Oficina de Presupuesto del Congreso, hay que tener en cuenta algunas consideraciones y deducciones de impuestos determinados.
Pero lo que sucede es que se la compara con el 25 por ciento, y ese porcentaje es lo que hoy está vigente si no se vota nada. Por lo tanto, tampoco entiendo por qué no se la compara con ese 25 por ciento cuando se quiere decir que este es un proyecto que baja impuestos. Este es un proyecto que aumenta impuestos, porque si no todo el mundo estaría en el 25.
Eso de que todos estarían bajo el 25 por ciento vuelve falaz ese argumento de que, teóricamente, se estaría mejorando a las pymes cuando se asocia a las pequeñas empresas con pequeñas ganancias -asociación poco razonable- porque también estarían bajo el 25 por ciento, y a partir de ahí, para quienes pagan más del 25 por ciento, ya sea entre 5 y 20 millones en su alícuota marginal o arriba de 20 millones, se les estaría aumentando el impuesto.
Por estas razones entendemos que no hay que acompañar este proyecto y con este argumento voy cerrando y entrando en cuestiones de orden micro. Cuando se dice "pequeñas ganancias", es un nivel absoluto, un valor, una cifra absoluta que dice poco porque lo que importa es el nivel de rentabilidad si uno quisiera definir, en vez de una alícuota proporcional, una alícuota creciente.
Obviamente el nivel de rentabilidad es inmedible porque la ganancia está asociada al capital invertido, al tiempo que se necesita para recuperar el capital que se invirtió. Puede haber ganancias que desde el punto de vista absoluto no son siderales o no parecen serlo, pero desde el punto de vista de la rentabilidad lo son porque son producidas por una inversión muy baja y viceversa.
Creo que desde el lugar de la historia de mi actuación política nadie estará pensando que defiendo a las grandes empresas porque tenga algún interés. Pero la realidad es que puede haber ganancias que suenan como muy grandes, pero responden a grandes inversiones que a veces no están dando, ni siquiera, la rentabilidad económica; no son ganancias económicas, son ganancias contables porque su tasa de retorno no llega a cubrir los costos y oportunidad.
Por lo tanto, allí está el corazón de la lógica de la alícuota proporcional porque esto de que a grandes ganancias grandes alícuotas, insisto, hay que vincularlas con un concepto relativo que tiene que ver con cuál es el capital invertido. Si estamos hablando de que queremos traer grandes inversiones o de que nos preocupa Vaca Muerta, naturalmente esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el concepto de ganancia hay que asociarlo al concepto de capital invertido.
Si se quiere acompañar a las pymes -nosotros lo haríamos y damos testimonio con un proyecto que elaboramos hace un tiempo-, lo que hay que hacer es lo que se discute doctrinariamente en el mundo. Hay que hacer un proyecto particular para las pymes con una alícuota proporcional para el impuesto a las ganancias para las no pymes, y un proyecto específico para las pymes. Nosotros tenemos presentado un proyecto para las pymes donde es cero la ganancia que se reinvierta. Nunca se trató, nunca quiso apoyarse en ese sentido a las pymes.
Nosotros estamos dispuestos a acompañar a las pymes, pero no se hace esto asimilando las pequeñas empresas con pequeñas ganancias. En todo caso, hay que tener en cuenta el nivel de facturación que es el que califica a las pequeñas y medianas empresas, y a partir de allí darle un régimen especial.
Finalmente, escucho las comparaciones internacionales y está bien, a veces los números a uno le hacen decir lo que no quiere. Cuando se comparan algunos números de la Argentina con economías del mundo desarrollado, deberíamos hacerlo de forma integral. Por ejemplo, comparar con la presión tributaria de los Estados Unidos, con algunas medidas, con lo que hizo Trump, con lo que dice Biden... Si nosotros pudiéramos emitir una moneda que demande el mundo -pero emitimos una moneda que no la demandamos ni nosotros mismos-, o si emitiéramos títulos que nos demande el mundo para poder financiarnos a tasas casi cero, seguramente podríamos hacer algunas cosas. Lamentablemente, las condiciones generales de nuestro país -que no son responsabilidad de este gobierno, sino de un largo tiempo de fracasos en política económica- no nos da margen para ciertas cosas.
Como última recomendación de quienes integramos este bloque, que tenemos alguna historia en las crisis: aun en lo más profundo de las crisis, en las decisiones del gobierno hay que arbitrar el corto y largo plazo.
Seguramente durante el debate en el recinto les voy a decir quién más me enseñó esta necesidad de arbitrar el corto y largo plazo, porque no está en los textos de economía. Pensando en esto del corto y largo plazo, con una inversión hoy del 13 por ciento del PBI -el día que la política sanitaria lo permita hay que llegar al doble prácticamente de inversión- y con este proyecto que tiene deficiencias internas, a mi criterio, no estaríamos tomando una buena decisión.
Nosotros no acompañamos este proyecto por razones de orden macro y micro vinculadas con el diseño del proyecto. Las razones macro tienen que ver con la combinación de dos indicadores que, a nuestro entender, determinan que no hay más margen para aumentar impuestos en la República Argentina. Uno de ellos es el nivel de presión tributaria. Más allá de lo que usted ha dicho respecto de CEPAL, la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal del Ministerio de Economía, o sea, la información oficial, indica que, sin tener en cuenta el 1 y pico por ciento del producto bruto que explica la recaudación de los municipios, en 2020 tenemos una presión tributaria del 30,5 del PBI, deduciendo los reintegros. Se trata de una presión tributaria que se encuentra un 24 por ciento por encima de la que existía en 2004, cuando la Argentina ya llevaba un año y medio de crecimiento con estabilidad y consolidaba las bases para mantener dicho crecimiento y estabilidad -que son las dos condiciones que la economía necesita para que las cuestiones sociales puedan mejorar- hasta el año 2007.
La presión tributaria era del 24 por ciento más, con la combinación del otro indicador al que quiero hacer referencia, que es el nivel de inversión. En 2020 la Argentina terminó con un nivel de inversión que apenas superaba el 13 por ciento del producto, cuando en el año 2011 había alcanzado un pico del 21,5 por ciento del producto. Todavía se consideraba un tanto insuficiente. Los indicadores generalmente teóricos, estudiados y con solvencia académica indican que la inversión necesaria para obtener un sostenimiento de la economía en el tiempo y hacerlo con estabilidad es del orden del 25 por ciento.
A veces los defensores de la demanda agregada se olvidan de que la inversión es un componente de la misma. Además, agrega oferta a futuro, mejora las condiciones de producción y genera las mejores condiciones para el empleo. Productividad y salario, inversión y empleo, significan un mejoramiento de las cuestiones sociales. La inversión es un componente de la demanda agregada absolutamente relevante y necesario cuando uno toma decisiones pensando en el futuro.
Por lo tanto, desde el punto de vista macro, la combinación de estos dos indicadores nos ponen en esta posición de negativa al proyecto, que en realidad aumenta impuestos. Cuando se cuestiona el informe -más allá de algunas consideraciones que usted ha hecho y con las que coincido-, a la hora de evaluar los 320.000 millones de pesos que había dicho la Oficina de Presupuesto del Congreso, hay que tener en cuenta algunas consideraciones y deducciones de impuestos determinados.
Pero lo que sucede es que se la compara con el 25 por ciento, y ese porcentaje es lo que hoy está vigente si no se vota nada. Por lo tanto, tampoco entiendo por qué no se la compara con ese 25 por ciento cuando se quiere decir que este es un proyecto que baja impuestos. Este es un proyecto que aumenta impuestos, porque si no todo el mundo estaría en el 25.
Eso de que todos estarían bajo el 25 por ciento vuelve falaz ese argumento de que, teóricamente, se estaría mejorando a las pymes cuando se asocia a las pequeñas empresas con pequeñas ganancias -asociación poco razonable- porque también estarían bajo el 25 por ciento, y a partir de ahí, para quienes pagan más del 25 por ciento, ya sea entre 5 y 20 millones en su alícuota marginal o arriba de 20 millones, se les estaría aumentando el impuesto.
Por estas razones entendemos que no hay que acompañar este proyecto y con este argumento voy cerrando y entrando en cuestiones de orden micro. Cuando se dice "pequeñas ganancias", es un nivel absoluto, un valor, una cifra absoluta que dice poco porque lo que importa es el nivel de rentabilidad si uno quisiera definir, en vez de una alícuota proporcional, una alícuota creciente.
Obviamente el nivel de rentabilidad es inmedible porque la ganancia está asociada al capital invertido, al tiempo que se necesita para recuperar el capital que se invirtió. Puede haber ganancias que desde el punto de vista absoluto no son siderales o no parecen serlo, pero desde el punto de vista de la rentabilidad lo son porque son producidas por una inversión muy baja y viceversa.
Creo que desde el lugar de la historia de mi actuación política nadie estará pensando que defiendo a las grandes empresas porque tenga algún interés. Pero la realidad es que puede haber ganancias que suenan como muy grandes, pero responden a grandes inversiones que a veces no están dando, ni siquiera, la rentabilidad económica; no son ganancias económicas, son ganancias contables porque su tasa de retorno no llega a cubrir los costos y oportunidad.
Por lo tanto, allí está el corazón de la lógica de la alícuota proporcional porque esto de que a grandes ganancias grandes alícuotas, insisto, hay que vincularlas con un concepto relativo que tiene que ver con cuál es el capital invertido. Si estamos hablando de que queremos traer grandes inversiones o de que nos preocupa Vaca Muerta, naturalmente esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el concepto de ganancia hay que asociarlo al concepto de capital invertido.
Si se quiere acompañar a las pymes -nosotros lo haríamos y damos testimonio con un proyecto que elaboramos hace un tiempo-, lo que hay que hacer es lo que se discute doctrinariamente en el mundo. Hay que hacer un proyecto particular para las pymes con una alícuota proporcional para el impuesto a las ganancias para las no pymes, y un proyecto específico para las pymes. Nosotros tenemos presentado un proyecto para las pymes donde es cero la ganancia que se reinvierta. Nunca se trató, nunca quiso apoyarse en ese sentido a las pymes.
Nosotros estamos dispuestos a acompañar a las pymes, pero no se hace esto asimilando las pequeñas empresas con pequeñas ganancias. En todo caso, hay que tener en cuenta el nivel de facturación que es el que califica a las pequeñas y medianas empresas, y a partir de allí darle un régimen especial.
Finalmente, escucho las comparaciones internacionales y está bien, a veces los números a uno le hacen decir lo que no quiere. Cuando se comparan algunos números de la Argentina con economías del mundo desarrollado, deberíamos hacerlo de forma integral. Por ejemplo, comparar con la presión tributaria de los Estados Unidos, con algunas medidas, con lo que hizo Trump, con lo que dice Biden... Si nosotros pudiéramos emitir una moneda que demande el mundo -pero emitimos una moneda que no la demandamos ni nosotros mismos-, o si emitiéramos títulos que nos demande el mundo para poder financiarnos a tasas casi cero, seguramente podríamos hacer algunas cosas. Lamentablemente, las condiciones generales de nuestro país -que no son responsabilidad de este gobierno, sino de un largo tiempo de fracasos en política económica- no nos da margen para ciertas cosas.
Como última recomendación de quienes integramos este bloque, que tenemos alguna historia en las crisis: aun en lo más profundo de las crisis, en las decisiones del gobierno hay que arbitrar el corto y largo plazo.
Seguramente durante el debate en el recinto les voy a decir quién más me enseñó esta necesidad de arbitrar el corto y largo plazo, porque no está en los textos de economía. Pensando en esto del corto y largo plazo, con una inversión hoy del 13 por ciento del PBI -el día que la política sanitaria lo permita hay que llegar al doble prácticamente de inversión- y con este proyecto que tiene deficiencias internas, a mi criterio, no estaríamos tomando una buena decisión.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Cacace.
SR. CACACE Señor presidente: escuché atentamente la presentación que usted hizo y luego la intervención del diputado Sarghini. Me parece que es importante aclarar algunas cosas que se dijeron hoy y también en oportunidad de la reunión informativa.
De algún modo, señor presidente, ustedes desde el oficialismo buscan presentar esta reforma como que logra todos los objetivos posibles. Por un lado, dicen que las empresas tienen que pagar más y eso es lo que están logrando con este proyecto. Por otro lado, dicen que nueve de cada diez empresas van a pagar menos; también dicen que es un alivio fiscal.
Por eso decía que esto es el Frente de Todos, claramente, hay una respuesta para todos: para los que quieren bajar impuestos y para los que los quieren subir también. Eso no se puede dar simultáneamente y entonces hay que aclararlo. Alivio fiscal claramente no es. El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que van a tener un incremento en la recaudación de 320.000 millones de pesos. Entonces, no es un alivio fiscal, más bien es lo contrario.
Lo de que nueve de cada diez empresas van a pagar menos -que es algo que dijo la administradora federal de Ingresos Públicos-, es falso porque todas las empresas hoy pagarían 25 por ciento de alícuota y lo acaba de decir recién el diputado Sarghini. El efecto de la reforma tributaria de 2017 es que todas pagaran desde 2020 el 25 por ciento. El gobierno decidió suspender eso, a partir de la ley de emergencia económica, por un año y hasta los ejercicios que comenzaran el 1° de enero inclusive. Después de esa fecha ya está vigente la alícuota del 25 por ciento, lo cual la Oficina de Presupuesto del Congreso confirmó. Es decir que esa suspensión regía por un año.
Una confirmación adicional de eso, creo que es que el propio Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley durante el receso parlamentario para extender por un año más esa prórroga, lo cual confirma que no estaba vigente más allá del 1° de enero de 2021. Esto no lo tratamos en las sesiones extraordinarias, por lo tanto, por donde se lo quiera ver, hoy estaría vigente la alícuota del 25 por ciento. Esta confirmación la trajo también la Oficina de Presupuesto del Congreso, más allá de cierta falta de claridad que se quiso montar sobre eso en la última reunión.
Por lo tanto, es todo aumento de impuestos. Habrá un grupo de empresas que seguirá pagando la alícuota del 25, pero hay otras que pasarán a pagar -según su tramo de ganancia- el 30 y otras el 35 por ciento. Claramente, es un aumento de impuestos.
Creo que las frases más honestas que se dijeron durante la reunión informativa fueron, una, la del secretario de Política Tributaria cuando dijo que la idea es volver al 35 por ciento. Esto es lo que queremos, dijo, volver al esquema que había antes que implica aumentar la alícuota para las empresas en 10 puntos: del 25 al 35. También, la administradora federal de Ingresos Públicos dijo que su objetivo era deshacer la reforma tributaria de 2017. Es esta cosa que tenemos de que hay que cambiar lo que hicieron los gobiernos anteriores porque evaluamos las cosas según quién las hace en lugar del mérito que tengan. Entonces, se busca deshacer lo hecho por el gobierno anterior respecto a la reforma tributaria.
Se dijo en algún momento, inclusive, que esto era para compensar la baja del impuesto a las ganancias sobre las personas físicas, pero resulta que en aquel momento la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en 48.000 millones de pesos el efecto de esa baja y acá estamos tratando un aumento de impuesto que es casi siete veces superior, por lo que se imputa al ejercicio fiscal 2021. Así que si era para compensar eso, claramente podemos decir que se les ha ido la mano.
Si bien podemos coincidir -como dijimos en la reunión anterior- en que las condiciones macroeconómicas son más determinantes para la inversión que la política fiscal que se adopte, no quiere decir que la política fiscal no tenga efecto sobre las inversiones, sobre nuestra tasa de inversión y sobre las decisiones de las empresas. Claramente, aumentarlos no va a tener una decisión positiva.
Vemos cómo se hacen esas comparaciones. Es cierto lo que dice el diputado Sarghini, no podemos comparar con lo que ocurre en Estados Unidos y además decirlo en términos absolutos. Allí se habla de aumento de impuestos pero tengamos presente que hoy la tasa del corporate income tax es del 21 por ciento y es inferior a lo que sería aun con la aplicación de nuestra reforma tributaria. Se está hablando de un aumento del 21 al 28 por ciento, y acá estamos hablando de un aumento de hasta el 35 por ciento, más la aplicación de dividendos.
Si ya sé, le veo los gestos, presidente, me va a decir que también están las tasas estatales. Sí, pero también acá las empresas pagan muchos otros impuestos. De hecho, tenemos la presión tributaria nominal más alta en la región: el 106 por ciento sobre la ganancia neta de las empresas. Si las empresas pagaran todos los impuestos, acá directamente tendrían que utilizar todas sus ganancias para hacerlo.
Es así, señor presidente, cuando usted mencionó recién el tema de la recaudación...
De algún modo, señor presidente, ustedes desde el oficialismo buscan presentar esta reforma como que logra todos los objetivos posibles. Por un lado, dicen que las empresas tienen que pagar más y eso es lo que están logrando con este proyecto. Por otro lado, dicen que nueve de cada diez empresas van a pagar menos; también dicen que es un alivio fiscal.
Por eso decía que esto es el Frente de Todos, claramente, hay una respuesta para todos: para los que quieren bajar impuestos y para los que los quieren subir también. Eso no se puede dar simultáneamente y entonces hay que aclararlo. Alivio fiscal claramente no es. El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que van a tener un incremento en la recaudación de 320.000 millones de pesos. Entonces, no es un alivio fiscal, más bien es lo contrario.
Lo de que nueve de cada diez empresas van a pagar menos -que es algo que dijo la administradora federal de Ingresos Públicos-, es falso porque todas las empresas hoy pagarían 25 por ciento de alícuota y lo acaba de decir recién el diputado Sarghini. El efecto de la reforma tributaria de 2017 es que todas pagaran desde 2020 el 25 por ciento. El gobierno decidió suspender eso, a partir de la ley de emergencia económica, por un año y hasta los ejercicios que comenzaran el 1° de enero inclusive. Después de esa fecha ya está vigente la alícuota del 25 por ciento, lo cual la Oficina de Presupuesto del Congreso confirmó. Es decir que esa suspensión regía por un año.
Una confirmación adicional de eso, creo que es que el propio Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley durante el receso parlamentario para extender por un año más esa prórroga, lo cual confirma que no estaba vigente más allá del 1° de enero de 2021. Esto no lo tratamos en las sesiones extraordinarias, por lo tanto, por donde se lo quiera ver, hoy estaría vigente la alícuota del 25 por ciento. Esta confirmación la trajo también la Oficina de Presupuesto del Congreso, más allá de cierta falta de claridad que se quiso montar sobre eso en la última reunión.
Por lo tanto, es todo aumento de impuestos. Habrá un grupo de empresas que seguirá pagando la alícuota del 25, pero hay otras que pasarán a pagar -según su tramo de ganancia- el 30 y otras el 35 por ciento. Claramente, es un aumento de impuestos.
Creo que las frases más honestas que se dijeron durante la reunión informativa fueron, una, la del secretario de Política Tributaria cuando dijo que la idea es volver al 35 por ciento. Esto es lo que queremos, dijo, volver al esquema que había antes que implica aumentar la alícuota para las empresas en 10 puntos: del 25 al 35. También, la administradora federal de Ingresos Públicos dijo que su objetivo era deshacer la reforma tributaria de 2017. Es esta cosa que tenemos de que hay que cambiar lo que hicieron los gobiernos anteriores porque evaluamos las cosas según quién las hace en lugar del mérito que tengan. Entonces, se busca deshacer lo hecho por el gobierno anterior respecto a la reforma tributaria.
Se dijo en algún momento, inclusive, que esto era para compensar la baja del impuesto a las ganancias sobre las personas físicas, pero resulta que en aquel momento la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en 48.000 millones de pesos el efecto de esa baja y acá estamos tratando un aumento de impuesto que es casi siete veces superior, por lo que se imputa al ejercicio fiscal 2021. Así que si era para compensar eso, claramente podemos decir que se les ha ido la mano.
Si bien podemos coincidir -como dijimos en la reunión anterior- en que las condiciones macroeconómicas son más determinantes para la inversión que la política fiscal que se adopte, no quiere decir que la política fiscal no tenga efecto sobre las inversiones, sobre nuestra tasa de inversión y sobre las decisiones de las empresas. Claramente, aumentarlos no va a tener una decisión positiva.
Vemos cómo se hacen esas comparaciones. Es cierto lo que dice el diputado Sarghini, no podemos comparar con lo que ocurre en Estados Unidos y además decirlo en términos absolutos. Allí se habla de aumento de impuestos pero tengamos presente que hoy la tasa del corporate income tax es del 21 por ciento y es inferior a lo que sería aun con la aplicación de nuestra reforma tributaria. Se está hablando de un aumento del 21 al 28 por ciento, y acá estamos hablando de un aumento de hasta el 35 por ciento, más la aplicación de dividendos.
Si ya sé, le veo los gestos, presidente, me va a decir que también están las tasas estatales. Sí, pero también acá las empresas pagan muchos otros impuestos. De hecho, tenemos la presión tributaria nominal más alta en la región: el 106 por ciento sobre la ganancia neta de las empresas. Si las empresas pagaran todos los impuestos, acá directamente tendrían que utilizar todas sus ganancias para hacerlo.
Es así, señor presidente, cuando usted mencionó recién el tema de la recaudación...
SR. PRESIDENTE HELLER Cuando quiera lo discutimos, pero yo no quiero hacer un debate sobre ese tema.
SR. CACACE No, está bien, presidente, le veo los gestos. Sé a qué apunta porque en alguna oportunidad he conversado con usted y quiero complementar.
SR. PRESIDENTE HELLER Pero es que ni siquiera es cierto lo del 25 por ciento, porque si estuviera en vigencia, tendría un 13 por ciento sobre las utilidades. Así que aun en ese caso es cierto que hay una rebaja.
Usted juegue con los números como quiera, pero no me pida que yo le consienta afirmaciones que no son ciertas, porque no son ciertas.
Usted juegue con los números como quiera, pero no me pida que yo le consienta afirmaciones que no son ciertas, porque no son ciertas.
SR. CACACE Bajo la reforma tributaria del 2017, desde el 1° de enero del 2020, tenía que ser el 25 por ciento.
SR. PRESIDENTE HELLER Con el 13 por ciento sobre las utilidades.
SR. CACACE Sí, con el 13 por ciento sobre dividendos porque había una idea de que...
SR. PRESIDENTE HELLER Ahora es 25, y si ahora lo es para una empresa con el 7, todas ellas tienen una rebaja, que son la inmensa mayoría de las empresas. Aun en ese caso tienen una pequeña rebaja. Es decir que está tergiversando los datos.
SR. CACACE La idea de incrementar dividendos y disminuir la alícuota de las ganancias sobre las empresas es para promover la reinversión de utilidades. El secretario de Política Tributaria ya dijo que no coincidía con esa idea; pero no quita que a partir del 1° de enero del 2020 todas hubieran pagado una alícuota del 25 por ciento -la cual suspendieron por un año-, y ahora, a partir del 1° de enero del 2021, pagarían 25 por ciento...
SR. PRESIDENTE HELLER Es decir, nunca estuvo en vigencia.
SR. CACACE Sí está en vigencia...
SR. PRESIDENTE HELLER Nunca las empresas pagaron eso que usted dice, no existe...
SR. CACACE Está en vigencia para todas...
SR. PRESIDENTE HELLER Sí, pero en relación con lo que las empresas pagaron, compañero mío, no es así...
SR. CACACE Presidente, está en vigencia para todas las empresas que inician su ejercicio después del 1° de enero...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. SUÁREZ LASTRA ¡No interrumpa, presidente!
SR. CACACE Está en vigencia para todas las empresas que comiencen su ejercicio después del 1° de enero del 2021, lo cual dijo explícitamente el diputado Pastori en la reunión informativa y lo contradijeron al respecto. Está absolutamente claro por la ley, y además, la propia Oficina de Presupuesto del Congreso también lo ha confirmado.
Señor presidente: cuando usted me dice que tergiverso los números, no es así. Ustedes son los que tergiversan los números para argumentar en algunas ocasiones, como en el caso de la utilización de los informes de organismos internacionales.
Respecto a lo que usted dice de la CEPAL, sí es cierto que la Argentina tiene una presión tributaria más baja en los impuestos a los ingresos; pero también se debe, en gran medida, a la evasión que tenemos dentro de nuestro país -dato que usted reconoció-, y no solo a la alícuota nominal que tenemos.
Entonces también dediquémonos a recaudar más a partir de mejorar la administración tributaria, no solo por subir las alícuotas a las empresas.
Usted dijo también que tenemos una presión tributaria muy alta en el impuesto a los consumos; pero nunca veo que eso se utilice para presentar una propuesta de bajar el IVA. De hecho, una vez que se había bajado el IVA a la canasta básica de los alimentos, al comenzar el gobierno ustedes restituyeron el IVA a los alimentos. Entonces, parece que usamos los informes internacionales solo en oportunidad de tener que aumentar los impuestos, pero nunca cuando hay que discutir qué impuestos debemos bajar.
Quiero presentar un punto más, presidente: el tema de la incidencia distributiva.
En la reunión informativa le pregunté a la administradora federal de Ingresos Públicos, Marcó Del Pont, qué evaluación habían hecho sobre la incidencia distributiva de este impuesto. Ninguna. Me contestó que también hay que ver la incidencia distributiva del gasto.
Sí, por supuesto, pero también hay que ver la del ingreso y la de los impuestos. Porque bien conocido es que las empresas tienen capacidad de trasladar a precios los impuestos a las ganancias de sociedades. Entonces, el pago del impuesto no recae enteramente sobre la propia empresa sino que lo traslada a los consumidores por vía de precio, o lo traslada también a los otros factores de producción asociados al capital, como es el caso del trabajo. De manera que decir que les vamos a cobrar más a las empresas, y que ellas van a contribuir más al financiamiento del Estado, termina cayendo en una cuestión retórica si después resulta que hay un incremento de precios y lo pagan los consumidores.
Esta es la teoría de la imposición óptima, la teoría económica lo analiza así, y efectivamente, no ha habido ningún estudio de la incidencia distributiva de esta reforma, ni de sus efectos.
Entonces, hablamos con cierta liviandad de estos efectos, se les baja a las personas físicas, se les aumenta mucho más a las empresas y no dimensionamos que, en conjunto, esa reforma puede ser regresiva. Es decir, hablamos con mucha liviandad sobre el término de la progresividad de los impuestos y no tenemos efectivamente acreditado que en su conjunto esta reforma vaya a ser de carácter progresivo.
En definitiva, nosotros no compartimos los fundamentos que ustedes vierten, señor presidente. Ratificamos que es falso que las empresas vayan a pagar menos. Claramente, este es otro aumento de impuestos de los tantos que ya ha iniciado este gobierno desde el comienzo de su gestión, el 10 de diciembre de 2019.
Señor presidente: cuando usted me dice que tergiverso los números, no es así. Ustedes son los que tergiversan los números para argumentar en algunas ocasiones, como en el caso de la utilización de los informes de organismos internacionales.
Respecto a lo que usted dice de la CEPAL, sí es cierto que la Argentina tiene una presión tributaria más baja en los impuestos a los ingresos; pero también se debe, en gran medida, a la evasión que tenemos dentro de nuestro país -dato que usted reconoció-, y no solo a la alícuota nominal que tenemos.
Entonces también dediquémonos a recaudar más a partir de mejorar la administración tributaria, no solo por subir las alícuotas a las empresas.
Usted dijo también que tenemos una presión tributaria muy alta en el impuesto a los consumos; pero nunca veo que eso se utilice para presentar una propuesta de bajar el IVA. De hecho, una vez que se había bajado el IVA a la canasta básica de los alimentos, al comenzar el gobierno ustedes restituyeron el IVA a los alimentos. Entonces, parece que usamos los informes internacionales solo en oportunidad de tener que aumentar los impuestos, pero nunca cuando hay que discutir qué impuestos debemos bajar.
Quiero presentar un punto más, presidente: el tema de la incidencia distributiva.
En la reunión informativa le pregunté a la administradora federal de Ingresos Públicos, Marcó Del Pont, qué evaluación habían hecho sobre la incidencia distributiva de este impuesto. Ninguna. Me contestó que también hay que ver la incidencia distributiva del gasto.
Sí, por supuesto, pero también hay que ver la del ingreso y la de los impuestos. Porque bien conocido es que las empresas tienen capacidad de trasladar a precios los impuestos a las ganancias de sociedades. Entonces, el pago del impuesto no recae enteramente sobre la propia empresa sino que lo traslada a los consumidores por vía de precio, o lo traslada también a los otros factores de producción asociados al capital, como es el caso del trabajo. De manera que decir que les vamos a cobrar más a las empresas, y que ellas van a contribuir más al financiamiento del Estado, termina cayendo en una cuestión retórica si después resulta que hay un incremento de precios y lo pagan los consumidores.
Esta es la teoría de la imposición óptima, la teoría económica lo analiza así, y efectivamente, no ha habido ningún estudio de la incidencia distributiva de esta reforma, ni de sus efectos.
Entonces, hablamos con cierta liviandad de estos efectos, se les baja a las personas físicas, se les aumenta mucho más a las empresas y no dimensionamos que, en conjunto, esa reforma puede ser regresiva. Es decir, hablamos con mucha liviandad sobre el término de la progresividad de los impuestos y no tenemos efectivamente acreditado que en su conjunto esta reforma vaya a ser de carácter progresivo.
En definitiva, nosotros no compartimos los fundamentos que ustedes vierten, señor presidente. Ratificamos que es falso que las empresas vayan a pagar menos. Claramente, este es otro aumento de impuestos de los tantos que ya ha iniciado este gobierno desde el comienzo de su gestión, el 10 de diciembre de 2019.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el diputado Luis Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: de alguna manera el diputado Cacace ya adelantó nuestra posición. En nombre del interbloque de Juntos por el Cambio vamos a presentar un dictamen de rechazo al proyecto que estamos tratando, lo vamos a hacer en el transcurso de esta misma tarde.
Me voy a ceñir solamente a algunas cuestiones que han sido controvertidas durante la reunión informativa y por las distintas declaraciones pronunciadas en estos días por diversos actores.
Claramente, podemos decir que hay dos alícuotas del impuesto a las ganancias de sociedades: una es sobre las utilidades que son reinvertidas, y otra mayor es por las utilidades que son distribuidas. Al impuesto a las ganancias de sociedades tenemos que sumarle la alícuota sobre dividendos.
En primer lugar, me quiero centrar en el tema de las alícuotas. En la Argentina, señor presidente, desde el año 98 el impuesto tuvo una alícuota proporcional del 35 por ciento para absolutamente todas las empresas.
La reforma tributaria del gobierno de Cambiemos, de diciembre del 2017, dispuso lo siguiente respecto de las alícuotas: para el 2018 y 2019 estas alícuotas bajaban del 35 al 30 por ciento, para todas las sociedades, sin excepción, más un 7 por ciento al momento de la distribución de utilidades.
En el supuesto extremo que todas las utilidades fueran distribuidas -el ciento por ciento-, estaríamos llegando a una alícuota efectiva del 34,9, similar a la vigente antes de la reforma, del 35 por ciento.
A partir de 2020, y en adelante, la alícuota sobre ganancias de sociedades volvía a bajar, en este caso al 25 por ciento, con una alícuota del 13 por ciento al momento del giro de utilidades. Si una empresa giraba todas sus utilidades, el ciento por ciento, la alícuota efectiva estaba en el 34,75 por ciento.
Esta alícuota del 30 por ciento, que terminó en 2019 según la ley 27.430, fue prorrogada por la ley de emergencia pública -sancionada en diciembre de 2019- hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto está claramente expresado en la ley de emergencia, que fue la primera ley sancionada por el actual gobierno.
Una vez terminado el año 2020 y comenzado el 2021, lo que cabría preguntarnos entonces es cuál es la alícuota vigente hoy. Tomemos el caso de una empresa cuyo cierre de ejercicio es el 31 de enero, el 28 febrero o el 31 de marzo -o incluso el 30 de abril, porque esta ley no va a estar sancionada antes de esta fecha. ¿Cuál es la ley vigente? Es la ley 27.430, que establece la alícuota del 25 por ciento, más el 13 por ciento en el caso de los dividendos que sean distribuidos.
Entonces, ¿cuál es la alícuota a la que debe calcular la ganancia o pérdida eventualmente, el resultado contable? Y en caso de que fuera una ganancia, ¿con qué alícuota debe calcular el impuesto a las ganancias? Claramente, se toma en cuenta la ley vigente al momento del cierre de ejercicio. De manera que si esa empresa cerró su ejercicio el 31 de enero, el 28 de febrero o el 31 marzo -o si incluso cierra el 30 de abril, como dije-, lo tiene que calcular con una alícuota del 25 por ciento. No tiene otra posibilidad; aunque quisiera, no podría aplicar el 30 por ciento, porque estaría pagando de más. Por lo tanto, esto no admite discusión.
La propia Oficina de Presupuesto del Congreso en el informe complementario hace un ejercicio y dice "si fuera el 30 por ciento, en vez del 25 por ciento como fue el año pasado...". Pero estamos en 2021 y no en 2020, y este año la alícuota es del 25 por ciento y las empresas que cierren ejercicio ahora tienen que aplicar esa alícuota. No se puede discutir este tema.
Más aún, el propio gobierno ha presentado el primer proyecto de ley para prorrogar el 30 por ciento a partir del 1° de enero, que después fue retirado. O sea que el propio oficialismo reconoce que la alícuota del 30 por ciento venció el 31 de diciembre. Por eso presentaron ese proyecto, que después fue cambiado por uno nuevo que establece esta escala progresiva de 25, 30 y 35 por ciento, con determinados montos. Después fue nuevamente retirado, y ahora estamos tratando el tercer proyecto sobre el mismo tema.
En consecuencia, no habiendo hasta el momento una nueva ley que lo modifique, para los ejercicios iniciados hasta el 1° de enero de este año rige plenamente la ley 27.430, que establece una alícuota del 25 por ciento para ganancias de sociedades y del 13 por ciento para la distribución de dividendos.
Yendo al proyecto en sí, el tema de las escalas progresivas es una forma técnica de calcular que se aplica en algunos pocos países del mundo; no es el tema central de discusión. El proyecto propone una alícuota escalonada con tres segmentos definidos en función de la ganancia neta imponible sujeta a impuestos. Y los considerandos de la norma enviada por el Poder Ejecutivo dicen que el objetivo, además de ser recaudatorio -o sea que el gobierno reconoce que este es un proyecto con un claro fin recaudatorio-, también es favorecer a las pymes.
Pero la progresividad que se plantea en el proyecto, señor presidente, es muy poco representativa de la realidad económica. Fíjese que la propuesta de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas -que nosotros compartimos- dice que, en realidad, si esta fuera la intención, habría que poner que en el primer tramo -hasta 5 millones de pesos- ingresen las micro y pequeñas empresas; que en el segundo tramo, con el 30 por ciento, ingresen por ejemplo las medianas, tramo uno y tramo dos, y reservar el último tramo, del 35 por ciento, para las grandes empresas.
Eso hubiese sido mucho más coherente y lógico porque, si no, se puede plantear lo siguiente en el caso de las micro y pequeñas empresas; ni siquiera estoy hablando de las medianas, según la calificación hecha por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas y los Emprendedores, firmada por su titular, Guillermo Merediz.
Dicho ministerio ha planteado cuáles son los límites de ventas totales anuales que tiene cada empresa -micro, pequeña o mediana- en función de su actividad. Por ejemplo, una empresa que se dedique a la construcción y que facture hasta el límite que le permite la resolución 19 de 2021, y calculando sobre ese límite un 20 por ciento de utilidad -que es un margen absolutamente modesto en la Argentina-, estaría ya con la alícuota del 35 por ciento, es decir que superaría los 20 millones de pesos de ganancias anuales. Lo mismo pasa con los comercios, las industrias, la minería y las actividades agropecuarias: todas estarían pagando la alícuota máxima del 35 por ciento, aun cuando son consideradas pequeñas empresas.
Es más, hasta las microempresas -las más chicas de todas- en el área del comercio, de la industria y del sector agropecuario, si facturasen hasta el tope que se les permite como microempresas, ya no estarían pagando la alícuota del 25 por ciento, sino la intermedia del 30 por ciento. Con lo cual, evidentemente esta progresividad no es representativa de la realidad económica de las empresas en la Argentina; no se contempla la situación de los diferentes sectores económicos.
Vamos a pasar al mecanismo de actualización que propone el proyecto. Se propone que estos montos, de 5 millones y de 20 millones, sean actualizados en enero de cada año sobre la base del IPC. El problema es que para el impuesto a las ganancias de personas jurídicas o sociedades, las empresas no tienen una sola fecha de cierre, como ocurre en el caso de las personas humanas, que es el 31 de diciembre, coincidiendo el período fiscal con el año calendario. En el caso del impuesto a las ganancias de las sociedades, las empresas pueden tener cierre de ejercicio en cualquier mes del año, de modo que hay doce posibilidades distintas. Entonces, si el cierre de una empresa es muy lejano a la fecha de actualización -enero de cada año, por el IPC-, va a estar en peores condiciones que aquellas que cierren en una fecha más cercana al mes de enero. Sería bueno que puedan rever este mecanismo y que la actualización pueda ser de forma mensual, y no anual, sobre la base de los coeficientes que se utilizan tanto para las actualizaciones contables como impositivas. Esto resultaría mucho más ajustado a la realidad económica.
En cuanto a los efectos económicos de estas modificaciones del proyecto, sabemos que este no es un impuesto progresivo en personas jurídicas, como sí lo es en personas humanas. Tal vez sea el más justo, equitativo y redistributivo de todos los impuestos.
En personas jurídicas, al menos dos tercios de este impuesto -esto está debidamente justificado por las estadísticas- van a un aumento de precios, lo que alimenta la inflación, genera mucha menor inversión, o la desalienta, y no contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo.
Es decir que es un impuesto que atenta contra la inversión, el crecimiento económico y la competitividad de las empresas. Podemos decir, lisa y llanamente, que estamos en presencia de un impuesto a la inversión.
Además, tiene impacto en zonas de fronteras, señor presidente. Por ejemplo, la provincia de Misiones -seguramente hay muchas más, como Mendoza, etcétera- está siendo fuertemente afectada por la competencia con otras naciones fronterizas, por efecto de la pandemia, ya que tiene sus fronteras cerradas. Pero esta es una situación temporal; no es normal vivir con las fronteras cerradas y en algún momento se abrirán.
Por lo tanto, la situación va a empeorar por las asimetrías impulsadas, fundamentalmente, por esta diferencia en materia impositiva. Misiones sufre mucho esta situación y por eso en su momento se había pedido un tratamiento especial a través, por ejemplo, del proyecto de zona aduanera especial, que fue objetado por el Poder Ejecutivo después de haber sido aprobado por el Congreso de la Nación.
Tampoco se puede decir livianamente que la baja de la presión fiscal de la reforma tributaria de 2017 no generó mayores inversiones. Todos sabemos que en materia económica los efectos de las políticas fiscales no se producen de un día para el otro sino que necesitan un tiempo, porque el empresariado tiene que creerle al Estado y al gobierno. Pero cuando al poco tiempo viene otro gobierno y lo primero que hace es crear nuevos impuestos y aumentar los existentes, evidentemente que eso no promueve la inversión.
Entonces, no podemos culpar a la baja de la presión fiscal de la falta de inversión en el país. Tampoco podemos compararnos livianamente con otros países porque la estructura tributaria de otros países es muy diferente a la que tenemos en la Argentina. Por ejemplo, nadie tiene un impuesto a los bienes personales con el nivel de alícuotas que tenemos nosotros -sin contabilizar los pasivos, sino solamente los activos-, y tampoco tienen el impuesto PAIS, entre otros.
El impacto fiscal del proyecto ya fue claramente expresado por el diputado Cacace, de mi bloque, y también por el diputado Sarghini. La proyección que efectuó la Oficina de Presupuesto del Congreso es correcta, porque tomó como base el 25 por ciento, que es la alícuota vigente.
Entonces, los que continúen con la alícuota del 25 por ciento no van a tener impacto, los que pasen a la alícuota del 30 por ciento van a tener un pequeño impacto, y el 98 por ciento del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de ganancias anuales, entre las cuales -repito- va a haber una gran cantidad de pequeñas empresas, y obviamente las medianas.
Ese último tramo de 35 por ciento de alícuota va a impactar en 17.127 casos. No son 1.000 o 2.000 casos, como se ha dicho, sino que se trata de 17.127 casos, es decir, un 12 por ciento tomando en cuenta las declaraciones presentadas en 2019, que son las últimas provistas por la AFIP, que tiene su página bastante atrasada en cuanto a información. De modo que este informe diferencia notablemente el impacto.
Por supuesto que coincidimos en lo que usted decía recién en cuanto a que hay que tener en cuenta distintas vicisitudes que se van a plantear.
Esto se hace considerando que las empresas alcanzadas por este impuesto -que son alrededor de 140.000- mantendrán exactamente la misma capacidad contributiva, actualizada. Pero sabemos que no en todos los casos esto va a ser así. Algunas empresas bajarán su capacidad contributiva, otras la mantendrán y otras seguramente la superarán. Pero esto lo sabremos recién cuando se presenten las declaraciones juradas el próximo año, y no antes.
En conclusión, señor presidente, vamos a presentar un dictamen rechazando este proyecto ya que -repito- es un impuesto a la inversión. Argentina tiene un serio problema con la inversión: dos tercios de la carga tributaria de ganancias inciden no sobre los accionistas, sino sobre el total de la población, porque implica menor empleo, menores salarios y mayores precios de los bienes.
Argentina va a quedar totalmente fuera de competencia con este incremento de alícuota. El mundo está reduciendo las cargas sobre sociedades para cobrar mayores impuestos sobre personas humanas, donde Argentina está notoriamente retrasada.
Además, esto afecta la zona de fronteras. Hablé de Misiones, pero podemos hablar de varias provincias.
Parte de la literatura dice que implementar un esquema progresivo en ganancias de sociedades está contraindicado, por el impacto negativo sobre la productividad en la economía.
En general, no es un buen proyecto. Por eso, no lo vamos a acompañar y vamos a pedir al pleno de la comisión que acompañe este dictamen que vamos a presentar aconsejando su rechazo.
Me voy a ceñir solamente a algunas cuestiones que han sido controvertidas durante la reunión informativa y por las distintas declaraciones pronunciadas en estos días por diversos actores.
Claramente, podemos decir que hay dos alícuotas del impuesto a las ganancias de sociedades: una es sobre las utilidades que son reinvertidas, y otra mayor es por las utilidades que son distribuidas. Al impuesto a las ganancias de sociedades tenemos que sumarle la alícuota sobre dividendos.
En primer lugar, me quiero centrar en el tema de las alícuotas. En la Argentina, señor presidente, desde el año 98 el impuesto tuvo una alícuota proporcional del 35 por ciento para absolutamente todas las empresas.
La reforma tributaria del gobierno de Cambiemos, de diciembre del 2017, dispuso lo siguiente respecto de las alícuotas: para el 2018 y 2019 estas alícuotas bajaban del 35 al 30 por ciento, para todas las sociedades, sin excepción, más un 7 por ciento al momento de la distribución de utilidades.
En el supuesto extremo que todas las utilidades fueran distribuidas -el ciento por ciento-, estaríamos llegando a una alícuota efectiva del 34,9, similar a la vigente antes de la reforma, del 35 por ciento.
A partir de 2020, y en adelante, la alícuota sobre ganancias de sociedades volvía a bajar, en este caso al 25 por ciento, con una alícuota del 13 por ciento al momento del giro de utilidades. Si una empresa giraba todas sus utilidades, el ciento por ciento, la alícuota efectiva estaba en el 34,75 por ciento.
Esta alícuota del 30 por ciento, que terminó en 2019 según la ley 27.430, fue prorrogada por la ley de emergencia pública -sancionada en diciembre de 2019- hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto está claramente expresado en la ley de emergencia, que fue la primera ley sancionada por el actual gobierno.
Una vez terminado el año 2020 y comenzado el 2021, lo que cabría preguntarnos entonces es cuál es la alícuota vigente hoy. Tomemos el caso de una empresa cuyo cierre de ejercicio es el 31 de enero, el 28 febrero o el 31 de marzo -o incluso el 30 de abril, porque esta ley no va a estar sancionada antes de esta fecha. ¿Cuál es la ley vigente? Es la ley 27.430, que establece la alícuota del 25 por ciento, más el 13 por ciento en el caso de los dividendos que sean distribuidos.
Entonces, ¿cuál es la alícuota a la que debe calcular la ganancia o pérdida eventualmente, el resultado contable? Y en caso de que fuera una ganancia, ¿con qué alícuota debe calcular el impuesto a las ganancias? Claramente, se toma en cuenta la ley vigente al momento del cierre de ejercicio. De manera que si esa empresa cerró su ejercicio el 31 de enero, el 28 de febrero o el 31 marzo -o si incluso cierra el 30 de abril, como dije-, lo tiene que calcular con una alícuota del 25 por ciento. No tiene otra posibilidad; aunque quisiera, no podría aplicar el 30 por ciento, porque estaría pagando de más. Por lo tanto, esto no admite discusión.
La propia Oficina de Presupuesto del Congreso en el informe complementario hace un ejercicio y dice "si fuera el 30 por ciento, en vez del 25 por ciento como fue el año pasado...". Pero estamos en 2021 y no en 2020, y este año la alícuota es del 25 por ciento y las empresas que cierren ejercicio ahora tienen que aplicar esa alícuota. No se puede discutir este tema.
Más aún, el propio gobierno ha presentado el primer proyecto de ley para prorrogar el 30 por ciento a partir del 1° de enero, que después fue retirado. O sea que el propio oficialismo reconoce que la alícuota del 30 por ciento venció el 31 de diciembre. Por eso presentaron ese proyecto, que después fue cambiado por uno nuevo que establece esta escala progresiva de 25, 30 y 35 por ciento, con determinados montos. Después fue nuevamente retirado, y ahora estamos tratando el tercer proyecto sobre el mismo tema.
En consecuencia, no habiendo hasta el momento una nueva ley que lo modifique, para los ejercicios iniciados hasta el 1° de enero de este año rige plenamente la ley 27.430, que establece una alícuota del 25 por ciento para ganancias de sociedades y del 13 por ciento para la distribución de dividendos.
Yendo al proyecto en sí, el tema de las escalas progresivas es una forma técnica de calcular que se aplica en algunos pocos países del mundo; no es el tema central de discusión. El proyecto propone una alícuota escalonada con tres segmentos definidos en función de la ganancia neta imponible sujeta a impuestos. Y los considerandos de la norma enviada por el Poder Ejecutivo dicen que el objetivo, además de ser recaudatorio -o sea que el gobierno reconoce que este es un proyecto con un claro fin recaudatorio-, también es favorecer a las pymes.
Pero la progresividad que se plantea en el proyecto, señor presidente, es muy poco representativa de la realidad económica. Fíjese que la propuesta de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas -que nosotros compartimos- dice que, en realidad, si esta fuera la intención, habría que poner que en el primer tramo -hasta 5 millones de pesos- ingresen las micro y pequeñas empresas; que en el segundo tramo, con el 30 por ciento, ingresen por ejemplo las medianas, tramo uno y tramo dos, y reservar el último tramo, del 35 por ciento, para las grandes empresas.
Eso hubiese sido mucho más coherente y lógico porque, si no, se puede plantear lo siguiente en el caso de las micro y pequeñas empresas; ni siquiera estoy hablando de las medianas, según la calificación hecha por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas y los Emprendedores, firmada por su titular, Guillermo Merediz.
Dicho ministerio ha planteado cuáles son los límites de ventas totales anuales que tiene cada empresa -micro, pequeña o mediana- en función de su actividad. Por ejemplo, una empresa que se dedique a la construcción y que facture hasta el límite que le permite la resolución 19 de 2021, y calculando sobre ese límite un 20 por ciento de utilidad -que es un margen absolutamente modesto en la Argentina-, estaría ya con la alícuota del 35 por ciento, es decir que superaría los 20 millones de pesos de ganancias anuales. Lo mismo pasa con los comercios, las industrias, la minería y las actividades agropecuarias: todas estarían pagando la alícuota máxima del 35 por ciento, aun cuando son consideradas pequeñas empresas.
Es más, hasta las microempresas -las más chicas de todas- en el área del comercio, de la industria y del sector agropecuario, si facturasen hasta el tope que se les permite como microempresas, ya no estarían pagando la alícuota del 25 por ciento, sino la intermedia del 30 por ciento. Con lo cual, evidentemente esta progresividad no es representativa de la realidad económica de las empresas en la Argentina; no se contempla la situación de los diferentes sectores económicos.
Vamos a pasar al mecanismo de actualización que propone el proyecto. Se propone que estos montos, de 5 millones y de 20 millones, sean actualizados en enero de cada año sobre la base del IPC. El problema es que para el impuesto a las ganancias de personas jurídicas o sociedades, las empresas no tienen una sola fecha de cierre, como ocurre en el caso de las personas humanas, que es el 31 de diciembre, coincidiendo el período fiscal con el año calendario. En el caso del impuesto a las ganancias de las sociedades, las empresas pueden tener cierre de ejercicio en cualquier mes del año, de modo que hay doce posibilidades distintas. Entonces, si el cierre de una empresa es muy lejano a la fecha de actualización -enero de cada año, por el IPC-, va a estar en peores condiciones que aquellas que cierren en una fecha más cercana al mes de enero. Sería bueno que puedan rever este mecanismo y que la actualización pueda ser de forma mensual, y no anual, sobre la base de los coeficientes que se utilizan tanto para las actualizaciones contables como impositivas. Esto resultaría mucho más ajustado a la realidad económica.
En cuanto a los efectos económicos de estas modificaciones del proyecto, sabemos que este no es un impuesto progresivo en personas jurídicas, como sí lo es en personas humanas. Tal vez sea el más justo, equitativo y redistributivo de todos los impuestos.
En personas jurídicas, al menos dos tercios de este impuesto -esto está debidamente justificado por las estadísticas- van a un aumento de precios, lo que alimenta la inflación, genera mucha menor inversión, o la desalienta, y no contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo.
Es decir que es un impuesto que atenta contra la inversión, el crecimiento económico y la competitividad de las empresas. Podemos decir, lisa y llanamente, que estamos en presencia de un impuesto a la inversión.
Además, tiene impacto en zonas de fronteras, señor presidente. Por ejemplo, la provincia de Misiones -seguramente hay muchas más, como Mendoza, etcétera- está siendo fuertemente afectada por la competencia con otras naciones fronterizas, por efecto de la pandemia, ya que tiene sus fronteras cerradas. Pero esta es una situación temporal; no es normal vivir con las fronteras cerradas y en algún momento se abrirán.
Por lo tanto, la situación va a empeorar por las asimetrías impulsadas, fundamentalmente, por esta diferencia en materia impositiva. Misiones sufre mucho esta situación y por eso en su momento se había pedido un tratamiento especial a través, por ejemplo, del proyecto de zona aduanera especial, que fue objetado por el Poder Ejecutivo después de haber sido aprobado por el Congreso de la Nación.
Tampoco se puede decir livianamente que la baja de la presión fiscal de la reforma tributaria de 2017 no generó mayores inversiones. Todos sabemos que en materia económica los efectos de las políticas fiscales no se producen de un día para el otro sino que necesitan un tiempo, porque el empresariado tiene que creerle al Estado y al gobierno. Pero cuando al poco tiempo viene otro gobierno y lo primero que hace es crear nuevos impuestos y aumentar los existentes, evidentemente que eso no promueve la inversión.
Entonces, no podemos culpar a la baja de la presión fiscal de la falta de inversión en el país. Tampoco podemos compararnos livianamente con otros países porque la estructura tributaria de otros países es muy diferente a la que tenemos en la Argentina. Por ejemplo, nadie tiene un impuesto a los bienes personales con el nivel de alícuotas que tenemos nosotros -sin contabilizar los pasivos, sino solamente los activos-, y tampoco tienen el impuesto PAIS, entre otros.
El impacto fiscal del proyecto ya fue claramente expresado por el diputado Cacace, de mi bloque, y también por el diputado Sarghini. La proyección que efectuó la Oficina de Presupuesto del Congreso es correcta, porque tomó como base el 25 por ciento, que es la alícuota vigente.
Entonces, los que continúen con la alícuota del 25 por ciento no van a tener impacto, los que pasen a la alícuota del 30 por ciento van a tener un pequeño impacto, y el 98 por ciento del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de ganancias anuales, entre las cuales -repito- va a haber una gran cantidad de pequeñas empresas, y obviamente las medianas.
Ese último tramo de 35 por ciento de alícuota va a impactar en 17.127 casos. No son 1.000 o 2.000 casos, como se ha dicho, sino que se trata de 17.127 casos, es decir, un 12 por ciento tomando en cuenta las declaraciones presentadas en 2019, que son las últimas provistas por la AFIP, que tiene su página bastante atrasada en cuanto a información. De modo que este informe diferencia notablemente el impacto.
Por supuesto que coincidimos en lo que usted decía recién en cuanto a que hay que tener en cuenta distintas vicisitudes que se van a plantear.
Esto se hace considerando que las empresas alcanzadas por este impuesto -que son alrededor de 140.000- mantendrán exactamente la misma capacidad contributiva, actualizada. Pero sabemos que no en todos los casos esto va a ser así. Algunas empresas bajarán su capacidad contributiva, otras la mantendrán y otras seguramente la superarán. Pero esto lo sabremos recién cuando se presenten las declaraciones juradas el próximo año, y no antes.
En conclusión, señor presidente, vamos a presentar un dictamen rechazando este proyecto ya que -repito- es un impuesto a la inversión. Argentina tiene un serio problema con la inversión: dos tercios de la carga tributaria de ganancias inciden no sobre los accionistas, sino sobre el total de la población, porque implica menor empleo, menores salarios y mayores precios de los bienes.
Argentina va a quedar totalmente fuera de competencia con este incremento de alícuota. El mundo está reduciendo las cargas sobre sociedades para cobrar mayores impuestos sobre personas humanas, donde Argentina está notoriamente retrasada.
Además, esto afecta la zona de fronteras. Hablé de Misiones, pero podemos hablar de varias provincias.
Parte de la literatura dice que implementar un esquema progresivo en ganancias de sociedades está contraindicado, por el impacto negativo sobre la productividad en la economía.
En general, no es un buen proyecto. Por eso, no lo vamos a acompañar y vamos a pedir al pleno de la comisión que acompañe este dictamen que vamos a presentar aconsejando su rechazo.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Benedetti.
SR. BENEDETTI Señor presidente: han sido muy amplios y muy claros tanto el señor diputado Cacace como el diputado Luis Pastori al dar las razones por las cuales nosotros no vamos a acompañar este proyecto y propondremos un dictamen de rechazo.
Sin embargo, quiero reafirmar tres conceptos que ya han sido expresados aquí. En primer lugar, claramente esto es un aumento de la presión impositiva sobre las empresas. Es una vuelta de tuerca más sobre un clima antiempresa que se percibe desde que ha comenzado esta administración. Diría que se cargan todas las romanas sobre el sector que puede generar no solo actividad económica sino también puestos de trabajo.
Además, esto se suma a la doble indemnización, al aumento de los ingresos brutos -que eventualmente se dé con la aprobación del Pacto Fiscal- y al establecimiento de precios máximos sobre distintos productos que producen algunas empresas.
Reitero un concepto que aquí ya se dijo: se quiere equiparar a pequeña ganancia con pequeña empresa, o en todo caso, en la confusión pueden parecer las pymes las que están beneficiadas por una alícuota especial.
Creo que el señor presidente sabe que, en general, para generar un puesto de trabajo tanto en el sector industrial como en el sector agropecuario -salvo en la economía del conocimiento y algunas otras actividades- hace falta una inversión de aproximadamente 100.000 dólares. Tomando el valor de 1 dólar a 100 pesos, quiere decir que cada puesto de trabajo cuesta 10 millones de pesos. Con lo cual una pyme del interior, que son las que le dan vida al interior del país, para generar cinco puestos de trabajo tiene que invertir 50 millones de pesos. Con esta propuesta que ustedes hacen, esos 50 millones de pesos van a tributar un 32,5 por ciento de ganancias. Es decir que para generar el trabajo de cinco personas habrá que pagar el 32,5 de ganancias.
Esto me lleva a plantear otro tema, porque me parece que no queda claro en algunas exposiciones: hay que hacer una distinción entre el impuesto a las ganancias propiamente dicho y el retiro de dividendos. El impuesto a las ganancias afecta a la empresa, a las posibilidades de reinversión, y el retiro de dividendos afecta a los accionistas o a los inversores. Digamos que el retiro de dividendos es harina de otro costal y no es lo que debiera ser prioritario para quienes queremos que este país se desarrolle generando nuevos puestos de trabajo.
Quiero hacer una reflexión porque se han usado datos internacionales. Cuando expuso el secretario Roberto Arias nos mostró una hojita -que no puedo enseñar acá- con el promedio de 37 países de la OCDE, donde se trazaba una línea: la mezcla del impuesto a las ganancias propiamente más el impuesto a los dividendos daba alrededor del 40 por ciento; nosotros estaríamos en esa media. Pero si usted mira con detenimiento y a ojo de buen cubero saca la cuenta de lo que es propiamente impuesto a las ganancias en estos 37 países, en promedio no llega al 25 por ciento. Esto está en línea con lo que habíamos propuesto desde Juntos por el Cambio en esa reforma de 2017. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cargando impuestos sobre la posibilidad de reinvertir de las empresas.
Las empresas para generar trabajo necesitan reinvertir. Tenemos que hacer una distinción, señor presidente, y me parece que estamos lejos de hacerla. Los otros días en la Comisión de Acción Social y Salud Pública hablábamos sobre la inminencia de una ley de etiquetado frontal -que tiene que ver con la salud pública y con mejoras para la comunidad-, y eso también va a necesitar reacomodamiento y reinversión de las empresas. Pero con este aumento estamos dificultando cada vez más las reinversiones necesarias para adecuarnos a una alimentación acorde con lo que los tiempos reclaman.
Así que quería dejar bien sentado que elevando las alícuotas de ganancias estamos atentando contra la inversión de las empresas. No nos oponemos -es más, habíamos propuesto elevarlo al 13 por ciento- al retiro de dividendos. Quizás usted, señor presidente, no comprenda en su magnitud -porque es una discusión que tenemos mucho en Entre Ríos- lo que es para una pyme pagar el 30, 32 o 35 por ciento. El sistema cooperativo, cuando reinvierte, está exento de ganancias. Entiendo que por ahí usted no conozca mucho este tema, pero es así: cuando el sistema cooperativo reinvierte, está exento de ganancias, pero las empresas que dan vida al interior del país realmente necesitan un alivio fiscal para poder seguir desarrollándose y generando trabajo genuino. Gracias, señor presidente.
Sin embargo, quiero reafirmar tres conceptos que ya han sido expresados aquí. En primer lugar, claramente esto es un aumento de la presión impositiva sobre las empresas. Es una vuelta de tuerca más sobre un clima antiempresa que se percibe desde que ha comenzado esta administración. Diría que se cargan todas las romanas sobre el sector que puede generar no solo actividad económica sino también puestos de trabajo.
Además, esto se suma a la doble indemnización, al aumento de los ingresos brutos -que eventualmente se dé con la aprobación del Pacto Fiscal- y al establecimiento de precios máximos sobre distintos productos que producen algunas empresas.
Reitero un concepto que aquí ya se dijo: se quiere equiparar a pequeña ganancia con pequeña empresa, o en todo caso, en la confusión pueden parecer las pymes las que están beneficiadas por una alícuota especial.
Creo que el señor presidente sabe que, en general, para generar un puesto de trabajo tanto en el sector industrial como en el sector agropecuario -salvo en la economía del conocimiento y algunas otras actividades- hace falta una inversión de aproximadamente 100.000 dólares. Tomando el valor de 1 dólar a 100 pesos, quiere decir que cada puesto de trabajo cuesta 10 millones de pesos. Con lo cual una pyme del interior, que son las que le dan vida al interior del país, para generar cinco puestos de trabajo tiene que invertir 50 millones de pesos. Con esta propuesta que ustedes hacen, esos 50 millones de pesos van a tributar un 32,5 por ciento de ganancias. Es decir que para generar el trabajo de cinco personas habrá que pagar el 32,5 de ganancias.
Esto me lleva a plantear otro tema, porque me parece que no queda claro en algunas exposiciones: hay que hacer una distinción entre el impuesto a las ganancias propiamente dicho y el retiro de dividendos. El impuesto a las ganancias afecta a la empresa, a las posibilidades de reinversión, y el retiro de dividendos afecta a los accionistas o a los inversores. Digamos que el retiro de dividendos es harina de otro costal y no es lo que debiera ser prioritario para quienes queremos que este país se desarrolle generando nuevos puestos de trabajo.
Quiero hacer una reflexión porque se han usado datos internacionales. Cuando expuso el secretario Roberto Arias nos mostró una hojita -que no puedo enseñar acá- con el promedio de 37 países de la OCDE, donde se trazaba una línea: la mezcla del impuesto a las ganancias propiamente más el impuesto a los dividendos daba alrededor del 40 por ciento; nosotros estaríamos en esa media. Pero si usted mira con detenimiento y a ojo de buen cubero saca la cuenta de lo que es propiamente impuesto a las ganancias en estos 37 países, en promedio no llega al 25 por ciento. Esto está en línea con lo que habíamos propuesto desde Juntos por el Cambio en esa reforma de 2017. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cargando impuestos sobre la posibilidad de reinvertir de las empresas.
Las empresas para generar trabajo necesitan reinvertir. Tenemos que hacer una distinción, señor presidente, y me parece que estamos lejos de hacerla. Los otros días en la Comisión de Acción Social y Salud Pública hablábamos sobre la inminencia de una ley de etiquetado frontal -que tiene que ver con la salud pública y con mejoras para la comunidad-, y eso también va a necesitar reacomodamiento y reinversión de las empresas. Pero con este aumento estamos dificultando cada vez más las reinversiones necesarias para adecuarnos a una alimentación acorde con lo que los tiempos reclaman.
Así que quería dejar bien sentado que elevando las alícuotas de ganancias estamos atentando contra la inversión de las empresas. No nos oponemos -es más, habíamos propuesto elevarlo al 13 por ciento- al retiro de dividendos. Quizás usted, señor presidente, no comprenda en su magnitud -porque es una discusión que tenemos mucho en Entre Ríos- lo que es para una pyme pagar el 30, 32 o 35 por ciento. El sistema cooperativo, cuando reinvierte, está exento de ganancias. Entiendo que por ahí usted no conozca mucho este tema, pero es así: cuando el sistema cooperativo reinvierte, está exento de ganancias, pero las empresas que dan vida al interior del país realmente necesitan un alivio fiscal para poder seguir desarrollándose y generando trabajo genuino. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández.
Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández.
SR. FERNÁNDEZ (E.) Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir que los proyectos que ha venido trayendo nuestro bloque y los que ha propuesto el gobierno nacional siempre han estado enmarcados en una coherencia con las políticas que estamos aplicando, sobre todo en el mantenimiento de puestos de trabajo, de industrias y, fundamentalmente, de recuperación productiva.
Al analizar este proyecto que evidentemente habla de las pymes, algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra y que pertenecen a una fuerza política que ha sido gobierno en los últimos años -que las pymes han sufrido- utilizaron en sus críticas palabras o adjetivaciones como "liviandad", "falsa" y "aumento de impuestos". A propósito, un especialista en comunicación me decía: "Tenés que aprender de cómo hacen y dicen y no se preocupan mucho por argumentar o dar fuerzas a las palabras". Carlos Heller sabe decirnos: "A veces resisto los archivos", y yo pretendo resistir los archivos de que lo que decimos y lo que proponemos se corresponde con la realidad, y a veces hacemos ingentes esfuerzos para fundamentar.
Pero hay que escucharlos. En esta comisión hemos escuchado varias veces algunas opiniones de diputados, como Pastori, que hacen presentaciones formales que ayudan a un proyecto de ley. Pero en el caso de este proyecto están usando cuestiones formales cuando ya han decidido políticamente oponerse, como queda demostrado cuando dicen que es falso que beneficia a una cantidad de empresas o que no sabemos lo que le pasa a las pymes.
El diputado Laspina recordó que cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda -creo que estaba Heller como diputado y yo asistí a la discusión- se trató la ley 27.264, que se terminó llamando "de recuperación productiva". Esta ley tiene todo un capítulo referido a los impuestos a las pymes. Era la revolución, claro, porque era la etapa previa a las elecciones de 2017 y entonces se daban créditos a los jubilados y se prometía de todo a las pymes.
Incluso se nos habla de sentido estratégico y de incentivar impositivamente a las empresas para que inviertan. Pero les quiero recordar que en esa ley ustedes hicieron todo un capítulo que hablaba de un proyecto de desgravación a todas las inversiones que hicieran las mipymes.
En esa reunión yo les pregunté si tenía carácter estratégico -como dije, asistí como invitado, junto con otras entidades pymes, como la Confederación General Económica, la CGRA y APYME-, ya que no entendíamos por qué se establecía que el tiempo de duración de esa promoción era de 2016 a 2018. Pero ahora, una vez pasado el tiempo, lo entiendo, así como lo entendieron un montón de actores económicos. Yo me preguntaba cuántos empresarios la habrán podido aplicar.
También nos hablaban de estabilidad fiscal y de que iban a invitar a todas las jurisdicciones para que el costo total de la presión impositiva -de la que hablan mucho- no se modificara. En 2018 y 2019 muchos de los municipios que manejaba esta fuerza política o gobiernos amigos lograron presiones impositivas totales enormes.
Pero nosotros decimos que la política impositiva tiene que ser coherente; como dijo el presidente, estamos tratando de incorporar una progresividad en el impuesto a las ganancias. Argumentar que esta norma va a afectar a las pymes, más aún con el informe previo que hizo el presidente de la comisión sobre el real impacto en medio de la pandemia, tiene poco sustento.
El aumento de impuestos -que tenemos que cuidar- y el equilibrio fiscal -que también debemos cuidar- se corresponden con una política del gasto público; y ahí podemos comparar, señores diputados, a fin de ser coherentes. Si hubiéramos seguido con las políticas "coherentes" que nos propuso el anterior gobierno, cuyos integrantes ahora nos vienen a decir cómo tendría que ser la política fiscal, estaríamos hablando de estos impuestos para pagar a los acreedores externos y no para asistir a las mipymes, a los trabajadores, al REPRO I, al REPRO II, etcétera.
Entre paréntesis, la 27.264 es una síntesis publicitaria que nunca llegó a las pymes y, ante esa falta de coherencia, nunca se reglamentó, como pidieron los representantes de las pymes, habiéndose asumido ese compromiso en la reunión conjunta de las comisiones. En dicha ocasión, se solicitó que se reglamentara de una forma mucho más accesible para las mismas.
Nos hablan de promesas. En el final de esa ley se hacía referencia a la creación de un consejo de seguimiento de estas políticas fiscales y de promoción. Sin embargo, ese consejo nunca se constituyó. Nosotros estamos hablamos de la coherencia. Muchos de nuestros asociados entraban a preguntarle al ministro de Producción del gobierno anterior qué era lo que debían hacer. Les decían que tenían una fábrica de zapatillas o una que se dedicaba a armar computadoras. Les aconsejaban que usaran la logística y se dedicaran a importar en el caso de que tuvieran un buen galpón. Transformaron nuestras fábricas en galpones de importación.
Entonces, nosotros adoptamos medidas impositivas en el marco de la coherencia destinada a apoyar la producción y el trabajo. Y eso se hizo con todas las dificultades que teníamos y nos habían dejado. Nosotros no tenemos la posibilidad de que el ministro de Economía le diga a un periodista que nos han dejado una gran posibilidad porque tenemos un país desendeudado.
Considero que no escuchan ni atienden cuando se trata de discutir estas cuestiones que quieren generalizar y que tienen que ver con la política impositiva. Un señor diputado preopinante dijo que el funcionario Arias había afirmado que el impuesto sobre los dividendos no influía en la reinversión. Eso no fue lo que dijo Arias. Seguramente algún otro señor diputado cuenta con los cuadros correspondientes. Lo que demostró Arias es que todas estas modificaciones -relacionadas con los índices tributarios que se aplicaron y los cambios que hubo sobre la política respecto a los dividendos y a las ganancias- no habían afectado la tasa de inversión. Y así lo demostró. No era una declaración ideológica.
Por eso, pido que sigamos discutiendo este tema teniendo en cuenta los informes. El señor presidente de esta comisión expresaba que esta reforma que efectuaremos en las escalas del impuesto a las empresas neutraliza parcialmente el efecto negativo sobre la recaudación, tomando en cuenta la responsabilidad fiscal.
En segundo lugar, la escala es sobre las utilidades. Les puedo asegurar que si a una pyme le tocó durante un año mucha utilidad eso se dio por casualidad. Tengan la tranquilidad de que a las pymes las reinvertimos acá. Cuando les queremos cobrar impuestos a las grandes empresas, son estas las que, con la pandemia, lograron utilidades extraordinarias no respetando los cuadros tarifarios, en las comunicaciones y en la televisión, donde tienen clientes cautivos. Sin embargo, nos hablan de libertad de mercado. Debemos poner seriedad a todo esto.
Invito a los colegas diputados a reconocer que este es un paso más hacia las reformas impositivas. Estamos preocupados por la evasión. Casualmente, algunos de los sectores vinculados a la evasión no son los que apoyan esta reforma, sino que quieren mantener un status quo y que no lo contemos. Les digo que no se desesperen. Hay un compromiso de nuestro gobierno de presentar proyectos para una reforma integral que castigue la evasión y la elusión impositiva con herramientas adecuadas. Y esto quedó demostrado porque no se usó para los grandes negociados que se registraron hace pocos años.
Señor presidente: hagamos una discusión conducente. Estamos tratando una reforma necesaria para nuestro Estado, que tiene como objeto mantener el equilibrio fiscal y que busca promocionar, ayudar a las pymes y seguir en un proceso integral de recuperación de producción y trabajo. Esto lo estamos haciendo en el marco de la peor pandemia que está sufriendo la humanidad en estos últimos tiempos.
Al analizar este proyecto que evidentemente habla de las pymes, algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra y que pertenecen a una fuerza política que ha sido gobierno en los últimos años -que las pymes han sufrido- utilizaron en sus críticas palabras o adjetivaciones como "liviandad", "falsa" y "aumento de impuestos". A propósito, un especialista en comunicación me decía: "Tenés que aprender de cómo hacen y dicen y no se preocupan mucho por argumentar o dar fuerzas a las palabras". Carlos Heller sabe decirnos: "A veces resisto los archivos", y yo pretendo resistir los archivos de que lo que decimos y lo que proponemos se corresponde con la realidad, y a veces hacemos ingentes esfuerzos para fundamentar.
Pero hay que escucharlos. En esta comisión hemos escuchado varias veces algunas opiniones de diputados, como Pastori, que hacen presentaciones formales que ayudan a un proyecto de ley. Pero en el caso de este proyecto están usando cuestiones formales cuando ya han decidido políticamente oponerse, como queda demostrado cuando dicen que es falso que beneficia a una cantidad de empresas o que no sabemos lo que le pasa a las pymes.
El diputado Laspina recordó que cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda -creo que estaba Heller como diputado y yo asistí a la discusión- se trató la ley 27.264, que se terminó llamando "de recuperación productiva". Esta ley tiene todo un capítulo referido a los impuestos a las pymes. Era la revolución, claro, porque era la etapa previa a las elecciones de 2017 y entonces se daban créditos a los jubilados y se prometía de todo a las pymes.
Incluso se nos habla de sentido estratégico y de incentivar impositivamente a las empresas para que inviertan. Pero les quiero recordar que en esa ley ustedes hicieron todo un capítulo que hablaba de un proyecto de desgravación a todas las inversiones que hicieran las mipymes.
En esa reunión yo les pregunté si tenía carácter estratégico -como dije, asistí como invitado, junto con otras entidades pymes, como la Confederación General Económica, la CGRA y APYME-, ya que no entendíamos por qué se establecía que el tiempo de duración de esa promoción era de 2016 a 2018. Pero ahora, una vez pasado el tiempo, lo entiendo, así como lo entendieron un montón de actores económicos. Yo me preguntaba cuántos empresarios la habrán podido aplicar.
También nos hablaban de estabilidad fiscal y de que iban a invitar a todas las jurisdicciones para que el costo total de la presión impositiva -de la que hablan mucho- no se modificara. En 2018 y 2019 muchos de los municipios que manejaba esta fuerza política o gobiernos amigos lograron presiones impositivas totales enormes.
Pero nosotros decimos que la política impositiva tiene que ser coherente; como dijo el presidente, estamos tratando de incorporar una progresividad en el impuesto a las ganancias. Argumentar que esta norma va a afectar a las pymes, más aún con el informe previo que hizo el presidente de la comisión sobre el real impacto en medio de la pandemia, tiene poco sustento.
El aumento de impuestos -que tenemos que cuidar- y el equilibrio fiscal -que también debemos cuidar- se corresponden con una política del gasto público; y ahí podemos comparar, señores diputados, a fin de ser coherentes. Si hubiéramos seguido con las políticas "coherentes" que nos propuso el anterior gobierno, cuyos integrantes ahora nos vienen a decir cómo tendría que ser la política fiscal, estaríamos hablando de estos impuestos para pagar a los acreedores externos y no para asistir a las mipymes, a los trabajadores, al REPRO I, al REPRO II, etcétera.
Entre paréntesis, la 27.264 es una síntesis publicitaria que nunca llegó a las pymes y, ante esa falta de coherencia, nunca se reglamentó, como pidieron los representantes de las pymes, habiéndose asumido ese compromiso en la reunión conjunta de las comisiones. En dicha ocasión, se solicitó que se reglamentara de una forma mucho más accesible para las mismas.
Nos hablan de promesas. En el final de esa ley se hacía referencia a la creación de un consejo de seguimiento de estas políticas fiscales y de promoción. Sin embargo, ese consejo nunca se constituyó. Nosotros estamos hablamos de la coherencia. Muchos de nuestros asociados entraban a preguntarle al ministro de Producción del gobierno anterior qué era lo que debían hacer. Les decían que tenían una fábrica de zapatillas o una que se dedicaba a armar computadoras. Les aconsejaban que usaran la logística y se dedicaran a importar en el caso de que tuvieran un buen galpón. Transformaron nuestras fábricas en galpones de importación.
Entonces, nosotros adoptamos medidas impositivas en el marco de la coherencia destinada a apoyar la producción y el trabajo. Y eso se hizo con todas las dificultades que teníamos y nos habían dejado. Nosotros no tenemos la posibilidad de que el ministro de Economía le diga a un periodista que nos han dejado una gran posibilidad porque tenemos un país desendeudado.
Considero que no escuchan ni atienden cuando se trata de discutir estas cuestiones que quieren generalizar y que tienen que ver con la política impositiva. Un señor diputado preopinante dijo que el funcionario Arias había afirmado que el impuesto sobre los dividendos no influía en la reinversión. Eso no fue lo que dijo Arias. Seguramente algún otro señor diputado cuenta con los cuadros correspondientes. Lo que demostró Arias es que todas estas modificaciones -relacionadas con los índices tributarios que se aplicaron y los cambios que hubo sobre la política respecto a los dividendos y a las ganancias- no habían afectado la tasa de inversión. Y así lo demostró. No era una declaración ideológica.
Por eso, pido que sigamos discutiendo este tema teniendo en cuenta los informes. El señor presidente de esta comisión expresaba que esta reforma que efectuaremos en las escalas del impuesto a las empresas neutraliza parcialmente el efecto negativo sobre la recaudación, tomando en cuenta la responsabilidad fiscal.
En segundo lugar, la escala es sobre las utilidades. Les puedo asegurar que si a una pyme le tocó durante un año mucha utilidad eso se dio por casualidad. Tengan la tranquilidad de que a las pymes las reinvertimos acá. Cuando les queremos cobrar impuestos a las grandes empresas, son estas las que, con la pandemia, lograron utilidades extraordinarias no respetando los cuadros tarifarios, en las comunicaciones y en la televisión, donde tienen clientes cautivos. Sin embargo, nos hablan de libertad de mercado. Debemos poner seriedad a todo esto.
Invito a los colegas diputados a reconocer que este es un paso más hacia las reformas impositivas. Estamos preocupados por la evasión. Casualmente, algunos de los sectores vinculados a la evasión no son los que apoyan esta reforma, sino que quieren mantener un status quo y que no lo contemos. Les digo que no se desesperen. Hay un compromiso de nuestro gobierno de presentar proyectos para una reforma integral que castigue la evasión y la elusión impositiva con herramientas adecuadas. Y esto quedó demostrado porque no se usó para los grandes negociados que se registraron hace pocos años.
Señor presidente: hagamos una discusión conducente. Estamos tratando una reforma necesaria para nuestro Estado, que tiene como objeto mantener el equilibrio fiscal y que busca promocionar, ayudar a las pymes y seguir en un proceso integral de recuperación de producción y trabajo. Esto lo estamos haciendo en el marco de la peor pandemia que está sufriendo la humanidad en estos últimos tiempos.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Laspina.
SR. LASPINA Señor presidente: voy a tratar de concentrarme en algunas cuestiones que no han sido mencionadas por parte de mis colegas y de enfatizar algunas imprecisiones que he escuchado a lo largo del debate.
En primer lugar, quisiera referirme a lo que recién se mencionó respecto a las reformas que se hicieron en la gestión anterior. Voy a marcar básicamente tres hitos que me parece que deberíamos tener en cuenta, sin que esto sea por orden de importancia. Recuerdo que cuando presidí la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria -por la cual desfilaron de manera presencial casi una decena de expertos- la mayoría de las conclusiones eran bastante similares respecto al diagnóstico del problema argentino. En ninguna de esas presentaciones escuché que la solución para los problemas de las pequeñas y medianas empresas argentinas fuera aplicar una alícuota diferencial del impuesto a las ganancias y mucho menos en función del monto de las ganancias netas. Tampoco escuché que la solución fuera función de los activos.
Esto que señalo tiene que ver con algunas reflexiones que luego voy a hacer respecto de lo que creo son errores conceptuales severos detrás de esta ley. Digo errores conceptuales porque no necesariamente se los adjudico a la mala voluntad en el diseño de esta reforma, pero los atribuyo sí a errores sobre cómo inciden en este proyecto que estamos tratando.
El segundo hito que quiero mencionar es la ley del año 2017. Recién se mencionaban los problemas de evasión impositiva, supuestamente de grandes empresas. Quisiera ver los datos porque es fácil revolear ideas sin ningún sustento empírico. No tengo en claro que la tasa de evasión sea mayor en grandes empresas respecto de las pequeñas y medianas.
En este sentido, si algo tuvo de bueno la ley del año 2017 -después podremos discutir algunos aspectos de la cuestión tributaria- fueron las reformas que se introdujeron en materia de administración tributaria. Me refiero a las presunciones de paraísos fiscales y todo el conjunto de mejoras y modernización de las herramientas que posibilitó en alguna medida un avance muy grande de la Argentina en la cooperación internacional en materia de evasión impositiva. Yo rescataría ese aspecto de la reforma tributaria para la lucha contra la evasión. Me parece que al subirles la alícuota para intentar que haya menos evasión, vamos a lograr exactamente lo contrario en aquellas empresas que se animan a evadir impuestos
El tercer punto respecto a la reforma es la ley pyme. La ley pyme es un gran ejemplo de lo que hay que hacer en materia de reducción de impuestos. Si uno mira los cambios impositivos que se aplicaron a partir de esa ley, ninguno estuvo enfocado en bajar el impuesto a las ganancias porque es un impuesto bastante eficiente. En lo que sí se enfocaron fue en bajar otros impuestos que eran sumamente distorsivos para las pequeñas y medianas empresas.
Me imagino que cualquier empresario pyme que nos esté mirando se acuerda de la ley 27.264, de junio de 2016, porque fue una ley que le cambió la vida sustancialmente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? En primer lugar, porque se eliminó el impuesto a la ganancia mínima presunta. Como ustedes saben, se trataba de un impuesto sumamente distorsivo, que gravaba activos de manera presunta, sin que hubiera ganancia. A veces, eso generaba quebrantos a las empresas.
En segundo término, el impuesto al cheque, es decir, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, se tomó como pago a cuenta del 100 por ciento para las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, 100 por ciento como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y 50 por ciento para las empresas medianas tramo 1 e industriales. Se trató de un beneficio enorme.
En tercer lugar, la ley 27.264 impulsó el diferimiento del pago del IVA a 90 días para micro y pequeñas empresas, algo que también significó una mejora financiera enorme y de la cual aún hoy se benefician las pymes. Esta fue una demanda que venía de hace muchos años, no empezó con nuestro gobierno, y se otorgó con aquella ley.
El cuarto punto fue la desgravación del impuesto a las ganancias, y acá está el error conceptual de esta ley, precisamente en lo que no hizo la ley que recién mencionara de manera crítica el diputado preopinante. Me refiero a desgravar el 10 por ciento de las inversiones realizadas. ¿Qué significa? En la misma línea conceptual que se hizo en la reforma de 2017, premiar la reinversión de utilidades que, por lo tanto, trae aparejada la creación de empleo, tal como manifestara el diputado Benedetti. Es decir, es todo lo contrario a lo que se hace con esta ley.
Como también manifestara el diputado Benedetti, la Argentina va a tener la alícuota para reinversión de utilidades empresarias -o sea, la ganancia no distribuida de las empresas- más alta del mundo. Eso estaba en el PowerPoint que presentó el secretario Arias. No se trata de un documento de la CEPAL ni del Banco Mundial ni del Fondo Monetario ni del BIS, de Basilea. Fue un documento presentado por el secretario Arias, que mencionaba que la alícuota más alta de todos los países, por lejos, es la de reinversión de utilidades que va a aplicar la Argentina ahora.
Entonces, me parece que no quedan dudas. Nosotros seguimos en ese mismo espíritu y creemos que es el correcto. Por supuesto que los problemas de la inversión en la Argentina -que ocupa el puesto 161 entre 181 países relevados en los últimos doce años- obviamente no se va a solucionar solo con una bala, es decir, solo con una ley pyme o impositiva. Hay un montón de aspectos que hay que solucionar, pero esto va en la dirección correcta, no en la incorrecta.
En quinto lugar, con la ley de 2016 se implementó la devolución del IVA de las inversiones, a través de un bono de crédito fiscal para el pago de impuestos. Algo revolucionario en aquel momento, algo que durante años las pymes pidieron. Se elevaron los umbrales de retención de IVA en 135 por ciento y de percepción de ganancias en un 400 por ciento para las pymes. Para las micro empresas se otorgaron certificados de no retención de IVA automático.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta es la ley que querían las pymes. En todo caso, discutamos una segunda reforma para esta ley, si vemos que hay que discutirla, pero es en esta dirección que hay que ir, sacarles de encima impuestos distorsivos a las pymes e incentivar la reinversión de utilidades para la creación de empleo y la formalización. Si uno tiene beneficios fiscales por la reinversión de utilidades, probablemente esté más dispuesto a blanquear más parte de su facturación para poder crecer de manera genuina y legítima con estos beneficios fiscales.
Creo que todo lo que hace el gobierno es con un sentido de destruir todo lo bueno que se hizo en el gobierno anterior, lo cual es la base o la receta esencial para destruir un país. Si el gobierno que viene solo deja en pie lo que se implementó gracias al gobierno de su propio signo político y destruye lo bueno que hizo el otro, me parece que estamos muy mal.
Solo por haber repasado la ley pyme de 2016, no me hace falta ni siquiera argumentar por qué vamos a votar en contra de esta ley. Una ley que, justamente, hace todo lo contrario a lo que se hizo en aquella ley pyme que, además, fue votada por abrumadora mayoría en su momento, incluso por algunos diputados que hoy son parte del oficialismo; están acá, los estoy viendo. Se trató de una ley espectacular y esta nueva ley la dinamita, al menos gran parte de lo que se logró por amplio consenso en el año 2016. No quiero hablar de lo que ocurrió en el Senado con aquella ley, me refiero a la cantidad de senadores que hoy son parte del oficialismo y en aquel momento la votaron.
La Argentina tiene una presión tributaria récord en Latinoamérica. Recién se comparaba con Brasil, que también tiene una presión tributaria alta, pero no solo eso. En el año 2015, la presión tributaria era del 33,8 por ciento. En 2019, bajó al 30,9. En 2020, año en el cual la economía cae 10 puntos, aumenta a 32,4.
Es decir que, en el medio de una recesión violenta, con 42 por ciento de pobreza, el Estado voraz sube impuestos. Sube impuestos la Nación, suben impuestos las provincias y los municipios, todos, como si el consumidor fuera un marciano. O sea, el que paga los impuestos es un marciano, no importa quién es. Después nos llenamos la boca hablando de estas cosas y después nos damos vuelta. Les bajamos el impuesto a los bomberos y después les subimos el ingreso bruto cuando van a comprar mangueras. Estamos ante una gran contradicción, producto del enorme desorden en el cual ha la Argentina en este último tiempo, sobre todo con la derogación del pacto fiscal.
Este año se espera que la presión impositiva sea del 33,1 por ciento. O sea, aumentando aún después de este año que va a ser de rebote, en el mejor de los casos; si es que se da, porque la economía ya empezó a desacelerase, según los últimos datos de actividad que tenemos. Entonces, en el marco de la presión tributaria récord, seguir subiendo impuestos no parece una buena idea.
Por otro lado, en un país como la Argentina, y esto es la esencia de la reforma de 2017 y de la ley pyme de 2016, en donde no existe el crédito a largo plazo para las empresas, más allá de alguna línea promocionada que consiguen los amigos o el que llega primero a la cola del banco, la reinversión de utilidades es el motor central de la inversión. Esto es precisamente lo que estamos matando con esta ley.
Cuando uno no tiene crédito, tiene que generar un mecanismo de incentivo para que el empresario no se lleve la plata, sino que la reinvierta. Al empresario probablemente le demos un poquito de oxigeno porque si se da vuelta y le pide plata al banco para ampliar la máquina, el banco le va a decir que no. Le va a decir: "Si querés, revoleame algunos cheques, pero no te puedo dar una línea a largo plazo, salvo la del gobierno, un pedacito muy chiquito, si llegaste primero".
Entonces, en ese país, esos empresarios no pueden competir, salvo que tengan una tasa de reinversión de utilidades que les de una ventaja comparativa respecto al resto del mundo. Por supuesto, ahora van a tener la tasa de reinversión de utilidades más alta del mundo. Entonces, obviamente estamos en contra de este proyecto.
Ya me he referido a la alícuota récord, al igual que el secretario Arias, a quien agradezco la honestidad intelectual. Es en todo este marco que he mencionado que me parece que esto va en la dirección contraria.
En un mundo con capital fijo, donde las inversiones no se mueven, donde los empresarios no se mueven y donde las empresas no se mueven, uno se puede dar el lujo de hacer lo que quiera. Por supuesto, uno puede decidir vivir en una autarquía total y que el país se vaya hundiendo por la falta de recursos, de inversiones, de oportunidades y de integración con el mundo. Ahora bien, si uno quiere salir al mundo a competir con inversiones, algo que hasta hace algunos años para la mayoría de los dirigentes de la Argentina era una buena palabra la inversión extranjera directa, no era algo apátrida, estoy hablando de dirigentes peronistas, gente del ahora denominado "campo popular", en ese mundo la Argentina va a salir a competir en muy malas condiciones.
En los 80, la alícuota promedio mundial -promedio simple- significaba el 40 por ciento de la alícuota de ganancias corporativas. Hoy, es 25 por ciento. En la OCDE, 21 por ciento; Latinoamérica, en promedio, 28. Nosotros vamos a ir al 35 por ciento. Es cierto, Estados Unidos va a ir del 21 al 28 por ciento, bueno, nos quedamos tranquilos porque todavía estamos lejos de Estados Unidos. Estamos bien por arriba.
Digo todo esto porque si los argumentos son la pandemia, la emergencia y la crisis fiscal que sufre la Argentina por la crisis sanitaria, uno podría haber previsto un aumento impositivo de manera temporaria, por ejemplo, pero tampoco se lo prevé ni se lo argumenta de esa forma. O sea que se trata de un cambio estructural que refleja una filosofía, precisamente la idea de no generar estos incentivos o básicamente no creer en ellos.
Esto va muy de la mano de la filosofía de este gobierno, que cree que la inversión ocurre solo cuando el Estado elige algún sector beneficiado. Lo regula, le baja impuestos, le sube un arancel, le da un crédito blando y el resto de las inversiones surgen por acción espontánea, como si creciera el yuyo en la naturaleza; como el yuyito de la soja en su momento, como si fuera algo espontáneo. Es decir, un modelo "eligista", por decirlo de alguna forma, en el que obviamente yo le subo la inversión a todo el mundo y después elijo a quién se la bajo. Este es un poco el modelo que está en vigencia.
Pero nosotros no creemos en ese modelo, en primer lugar, porque ha fracasado en todos lados; segundo, porque los que se eligen no solo no son los mejores para los consumidores o para la gente, sino que generalmente optan por el sector que beneficia al gobierno de turno.
Por otra parte, quiero poner en tensión esta idea de pymes versus grandes. Yo creo que las pymes no existen sin las grandes en ninguna parte del mundo. Las pymes suelen ser parte de la cadena de valor de grandes empresas; es más, están muchas veces en grandes empresas transnacionales que tienen su cadena de valor distribuida a lo largo del mundo. Entonces, creo que debemos hacer esta distinción de grandes versus chicos, más allá de los puntos que señaló el señor diputado Sarghini respecto de que la ganancia neta no implica tamaño de empresas.
Por eso, algunos países que hacen alguna diferenciación por tamaño de empresas, lo hacen por activo -por ejemplo, Japón-, es decir, por los activos de las empresas más en relación con el tamaño de la facturación que respecto de la ganancia neta, a lo cual no le veo realmente mucho sentido. Por lo tanto, me parece que en todo esto hay un error de diseño. No creo que debamos atentar contra las grandes empresas y pensar que las pymes se van a salvar solas. Eso, como primer punto.
En segundo lugar, como decía el presidente Heller, nosotros estamos subiendo los impuestos a las empresas y bajándoselos a los empresarios.
Repito: estamos subiendo impuestos a las empresas, es decir, a las sociedades, que son las que crean trabajo. Se supone que, si pagan impuestos, son empresas formales, no son una feria en algún conurbano que trabaja en negro, sino empresas formalmente inscriptas que obviamente crean empleo en blanco. Sin embargo, les estamos bajando impuestos a los empresarios.
¿Debemos suponer que los empresarios a los que les bajamos impuestos son de sectores más vulnerables? Lo que quiero decir es que puede haber empresas medianas con empresarios que no necesariamente sean gente vulnerable, pero que requieran una línea impositiva.
¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira justamente lo que planteó el secretario Arias, uno ve que la alícuota de reinversión de utilidades -o sea, la alícuota que se cobra a la empresa, a la sociedad-, es la más alta del mundo.
Ahora bien, cuando uno mira la distribución de dividendos -que es la alícuota que termina pagando el accionista; es decir, cuando se retira la plata de la sociedad, lo que se llama la alícuota integrada, que a veces incluso se la denomina alícuota de personas humanas relacionadas a las ganancias por empresa-, la Argentina está en el promedio mundial: ronda el 40 o un poco más del 40 por ciento. Pero también hay alguno más alto, y podríamos hacer una comparación con los países nórdicos.
A modo de nota al pie, respecto de esos modelos de países nórdicos -de los cuales nos llenamos la boca hablando, sobre todo el progresismo y el pseudoprogresismo argentino-, me pregunto: ¿por qué no miramos hacia ellos? Tienen una tasa de reinversión de utilidades bajísima, y la tasa para distribución de dividendos es altísima, mucho más alta que en la Argentina, porque se quiere premiar a la empresa, no al empresario. En cambio, acá castigamos a la empresa y premiamos al empresario.
Puedo citar el caso de un bodeguero que tiene cinco o seis plantas enormes, y que se compró una bodeguita. A este le estamos bajando el impuesto para que distribuya utilidades, y lo digo así, de manera provocativa, para que se entienda el ejemplo.
Yo no tengo nada contra los empresarios. Es más, creo que son héroes en la Argentina, porque invierten en este país, que lo único que hace es subir impuestos y darles insatisfacciones.
Lo que quiero decir es que lo que estamos haciendo no es progresivo, no es eficiente, no es proempleo y no es propyme, y lo digo desde el punto de vista conceptual y técnico, no ideológico. Podrán incorporar en esta iniciativa los argumentos más hermosos que podamos escuchar; podrán hacerle un poema para que nos quite una lágrima cuando tengamos que votarla, pero el objetivo sigue siendo este.
Quiero decir a todos los que van a suscribir el dictamen que si estamos generando una baja de impuestos para el que se lleva la plata de la empresa, y al mismo tiempo los estamos subiendo para quien deja la plata en la empresa, algo estamos haciendo mal.
Como esto está exactamente en contra del principio de la ley pyme de 2016 y de la reforma del impuesto a las ganancias a sociedades de 2017, nosotros, con absoluta coherencia -y no como se dijo antes-, reitero, con absoluta coherencia y consistencia, votaremos en contra de este mal proyecto de ley. Eso es lo que quería decir.
Con esto termino. Espero no haber ofendido a nadie por el énfasis, pero sí quería plantear de cierta manera la coherencia de nuestro pensamiento.
Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera referirme a lo que recién se mencionó respecto a las reformas que se hicieron en la gestión anterior. Voy a marcar básicamente tres hitos que me parece que deberíamos tener en cuenta, sin que esto sea por orden de importancia. Recuerdo que cuando presidí la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria -por la cual desfilaron de manera presencial casi una decena de expertos- la mayoría de las conclusiones eran bastante similares respecto al diagnóstico del problema argentino. En ninguna de esas presentaciones escuché que la solución para los problemas de las pequeñas y medianas empresas argentinas fuera aplicar una alícuota diferencial del impuesto a las ganancias y mucho menos en función del monto de las ganancias netas. Tampoco escuché que la solución fuera función de los activos.
Esto que señalo tiene que ver con algunas reflexiones que luego voy a hacer respecto de lo que creo son errores conceptuales severos detrás de esta ley. Digo errores conceptuales porque no necesariamente se los adjudico a la mala voluntad en el diseño de esta reforma, pero los atribuyo sí a errores sobre cómo inciden en este proyecto que estamos tratando.
El segundo hito que quiero mencionar es la ley del año 2017. Recién se mencionaban los problemas de evasión impositiva, supuestamente de grandes empresas. Quisiera ver los datos porque es fácil revolear ideas sin ningún sustento empírico. No tengo en claro que la tasa de evasión sea mayor en grandes empresas respecto de las pequeñas y medianas.
En este sentido, si algo tuvo de bueno la ley del año 2017 -después podremos discutir algunos aspectos de la cuestión tributaria- fueron las reformas que se introdujeron en materia de administración tributaria. Me refiero a las presunciones de paraísos fiscales y todo el conjunto de mejoras y modernización de las herramientas que posibilitó en alguna medida un avance muy grande de la Argentina en la cooperación internacional en materia de evasión impositiva. Yo rescataría ese aspecto de la reforma tributaria para la lucha contra la evasión. Me parece que al subirles la alícuota para intentar que haya menos evasión, vamos a lograr exactamente lo contrario en aquellas empresas que se animan a evadir impuestos
El tercer punto respecto a la reforma es la ley pyme. La ley pyme es un gran ejemplo de lo que hay que hacer en materia de reducción de impuestos. Si uno mira los cambios impositivos que se aplicaron a partir de esa ley, ninguno estuvo enfocado en bajar el impuesto a las ganancias porque es un impuesto bastante eficiente. En lo que sí se enfocaron fue en bajar otros impuestos que eran sumamente distorsivos para las pequeñas y medianas empresas.
Me imagino que cualquier empresario pyme que nos esté mirando se acuerda de la ley 27.264, de junio de 2016, porque fue una ley que le cambió la vida sustancialmente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? En primer lugar, porque se eliminó el impuesto a la ganancia mínima presunta. Como ustedes saben, se trataba de un impuesto sumamente distorsivo, que gravaba activos de manera presunta, sin que hubiera ganancia. A veces, eso generaba quebrantos a las empresas.
En segundo término, el impuesto al cheque, es decir, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, se tomó como pago a cuenta del 100 por ciento para las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, 100 por ciento como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y 50 por ciento para las empresas medianas tramo 1 e industriales. Se trató de un beneficio enorme.
En tercer lugar, la ley 27.264 impulsó el diferimiento del pago del IVA a 90 días para micro y pequeñas empresas, algo que también significó una mejora financiera enorme y de la cual aún hoy se benefician las pymes. Esta fue una demanda que venía de hace muchos años, no empezó con nuestro gobierno, y se otorgó con aquella ley.
El cuarto punto fue la desgravación del impuesto a las ganancias, y acá está el error conceptual de esta ley, precisamente en lo que no hizo la ley que recién mencionara de manera crítica el diputado preopinante. Me refiero a desgravar el 10 por ciento de las inversiones realizadas. ¿Qué significa? En la misma línea conceptual que se hizo en la reforma de 2017, premiar la reinversión de utilidades que, por lo tanto, trae aparejada la creación de empleo, tal como manifestara el diputado Benedetti. Es decir, es todo lo contrario a lo que se hace con esta ley.
Como también manifestara el diputado Benedetti, la Argentina va a tener la alícuota para reinversión de utilidades empresarias -o sea, la ganancia no distribuida de las empresas- más alta del mundo. Eso estaba en el PowerPoint que presentó el secretario Arias. No se trata de un documento de la CEPAL ni del Banco Mundial ni del Fondo Monetario ni del BIS, de Basilea. Fue un documento presentado por el secretario Arias, que mencionaba que la alícuota más alta de todos los países, por lejos, es la de reinversión de utilidades que va a aplicar la Argentina ahora.
Entonces, me parece que no quedan dudas. Nosotros seguimos en ese mismo espíritu y creemos que es el correcto. Por supuesto que los problemas de la inversión en la Argentina -que ocupa el puesto 161 entre 181 países relevados en los últimos doce años- obviamente no se va a solucionar solo con una bala, es decir, solo con una ley pyme o impositiva. Hay un montón de aspectos que hay que solucionar, pero esto va en la dirección correcta, no en la incorrecta.
En quinto lugar, con la ley de 2016 se implementó la devolución del IVA de las inversiones, a través de un bono de crédito fiscal para el pago de impuestos. Algo revolucionario en aquel momento, algo que durante años las pymes pidieron. Se elevaron los umbrales de retención de IVA en 135 por ciento y de percepción de ganancias en un 400 por ciento para las pymes. Para las micro empresas se otorgaron certificados de no retención de IVA automático.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta es la ley que querían las pymes. En todo caso, discutamos una segunda reforma para esta ley, si vemos que hay que discutirla, pero es en esta dirección que hay que ir, sacarles de encima impuestos distorsivos a las pymes e incentivar la reinversión de utilidades para la creación de empleo y la formalización. Si uno tiene beneficios fiscales por la reinversión de utilidades, probablemente esté más dispuesto a blanquear más parte de su facturación para poder crecer de manera genuina y legítima con estos beneficios fiscales.
Creo que todo lo que hace el gobierno es con un sentido de destruir todo lo bueno que se hizo en el gobierno anterior, lo cual es la base o la receta esencial para destruir un país. Si el gobierno que viene solo deja en pie lo que se implementó gracias al gobierno de su propio signo político y destruye lo bueno que hizo el otro, me parece que estamos muy mal.
Solo por haber repasado la ley pyme de 2016, no me hace falta ni siquiera argumentar por qué vamos a votar en contra de esta ley. Una ley que, justamente, hace todo lo contrario a lo que se hizo en aquella ley pyme que, además, fue votada por abrumadora mayoría en su momento, incluso por algunos diputados que hoy son parte del oficialismo; están acá, los estoy viendo. Se trató de una ley espectacular y esta nueva ley la dinamita, al menos gran parte de lo que se logró por amplio consenso en el año 2016. No quiero hablar de lo que ocurrió en el Senado con aquella ley, me refiero a la cantidad de senadores que hoy son parte del oficialismo y en aquel momento la votaron.
La Argentina tiene una presión tributaria récord en Latinoamérica. Recién se comparaba con Brasil, que también tiene una presión tributaria alta, pero no solo eso. En el año 2015, la presión tributaria era del 33,8 por ciento. En 2019, bajó al 30,9. En 2020, año en el cual la economía cae 10 puntos, aumenta a 32,4.
Es decir que, en el medio de una recesión violenta, con 42 por ciento de pobreza, el Estado voraz sube impuestos. Sube impuestos la Nación, suben impuestos las provincias y los municipios, todos, como si el consumidor fuera un marciano. O sea, el que paga los impuestos es un marciano, no importa quién es. Después nos llenamos la boca hablando de estas cosas y después nos damos vuelta. Les bajamos el impuesto a los bomberos y después les subimos el ingreso bruto cuando van a comprar mangueras. Estamos ante una gran contradicción, producto del enorme desorden en el cual ha la Argentina en este último tiempo, sobre todo con la derogación del pacto fiscal.
Este año se espera que la presión impositiva sea del 33,1 por ciento. O sea, aumentando aún después de este año que va a ser de rebote, en el mejor de los casos; si es que se da, porque la economía ya empezó a desacelerase, según los últimos datos de actividad que tenemos. Entonces, en el marco de la presión tributaria récord, seguir subiendo impuestos no parece una buena idea.
Por otro lado, en un país como la Argentina, y esto es la esencia de la reforma de 2017 y de la ley pyme de 2016, en donde no existe el crédito a largo plazo para las empresas, más allá de alguna línea promocionada que consiguen los amigos o el que llega primero a la cola del banco, la reinversión de utilidades es el motor central de la inversión. Esto es precisamente lo que estamos matando con esta ley.
Cuando uno no tiene crédito, tiene que generar un mecanismo de incentivo para que el empresario no se lleve la plata, sino que la reinvierta. Al empresario probablemente le demos un poquito de oxigeno porque si se da vuelta y le pide plata al banco para ampliar la máquina, el banco le va a decir que no. Le va a decir: "Si querés, revoleame algunos cheques, pero no te puedo dar una línea a largo plazo, salvo la del gobierno, un pedacito muy chiquito, si llegaste primero".
Entonces, en ese país, esos empresarios no pueden competir, salvo que tengan una tasa de reinversión de utilidades que les de una ventaja comparativa respecto al resto del mundo. Por supuesto, ahora van a tener la tasa de reinversión de utilidades más alta del mundo. Entonces, obviamente estamos en contra de este proyecto.
Ya me he referido a la alícuota récord, al igual que el secretario Arias, a quien agradezco la honestidad intelectual. Es en todo este marco que he mencionado que me parece que esto va en la dirección contraria.
En un mundo con capital fijo, donde las inversiones no se mueven, donde los empresarios no se mueven y donde las empresas no se mueven, uno se puede dar el lujo de hacer lo que quiera. Por supuesto, uno puede decidir vivir en una autarquía total y que el país se vaya hundiendo por la falta de recursos, de inversiones, de oportunidades y de integración con el mundo. Ahora bien, si uno quiere salir al mundo a competir con inversiones, algo que hasta hace algunos años para la mayoría de los dirigentes de la Argentina era una buena palabra la inversión extranjera directa, no era algo apátrida, estoy hablando de dirigentes peronistas, gente del ahora denominado "campo popular", en ese mundo la Argentina va a salir a competir en muy malas condiciones.
En los 80, la alícuota promedio mundial -promedio simple- significaba el 40 por ciento de la alícuota de ganancias corporativas. Hoy, es 25 por ciento. En la OCDE, 21 por ciento; Latinoamérica, en promedio, 28. Nosotros vamos a ir al 35 por ciento. Es cierto, Estados Unidos va a ir del 21 al 28 por ciento, bueno, nos quedamos tranquilos porque todavía estamos lejos de Estados Unidos. Estamos bien por arriba.
Digo todo esto porque si los argumentos son la pandemia, la emergencia y la crisis fiscal que sufre la Argentina por la crisis sanitaria, uno podría haber previsto un aumento impositivo de manera temporaria, por ejemplo, pero tampoco se lo prevé ni se lo argumenta de esa forma. O sea que se trata de un cambio estructural que refleja una filosofía, precisamente la idea de no generar estos incentivos o básicamente no creer en ellos.
Esto va muy de la mano de la filosofía de este gobierno, que cree que la inversión ocurre solo cuando el Estado elige algún sector beneficiado. Lo regula, le baja impuestos, le sube un arancel, le da un crédito blando y el resto de las inversiones surgen por acción espontánea, como si creciera el yuyo en la naturaleza; como el yuyito de la soja en su momento, como si fuera algo espontáneo. Es decir, un modelo "eligista", por decirlo de alguna forma, en el que obviamente yo le subo la inversión a todo el mundo y después elijo a quién se la bajo. Este es un poco el modelo que está en vigencia.
Pero nosotros no creemos en ese modelo, en primer lugar, porque ha fracasado en todos lados; segundo, porque los que se eligen no solo no son los mejores para los consumidores o para la gente, sino que generalmente optan por el sector que beneficia al gobierno de turno.
Por otra parte, quiero poner en tensión esta idea de pymes versus grandes. Yo creo que las pymes no existen sin las grandes en ninguna parte del mundo. Las pymes suelen ser parte de la cadena de valor de grandes empresas; es más, están muchas veces en grandes empresas transnacionales que tienen su cadena de valor distribuida a lo largo del mundo. Entonces, creo que debemos hacer esta distinción de grandes versus chicos, más allá de los puntos que señaló el señor diputado Sarghini respecto de que la ganancia neta no implica tamaño de empresas.
Por eso, algunos países que hacen alguna diferenciación por tamaño de empresas, lo hacen por activo -por ejemplo, Japón-, es decir, por los activos de las empresas más en relación con el tamaño de la facturación que respecto de la ganancia neta, a lo cual no le veo realmente mucho sentido. Por lo tanto, me parece que en todo esto hay un error de diseño. No creo que debamos atentar contra las grandes empresas y pensar que las pymes se van a salvar solas. Eso, como primer punto.
En segundo lugar, como decía el presidente Heller, nosotros estamos subiendo los impuestos a las empresas y bajándoselos a los empresarios.
Repito: estamos subiendo impuestos a las empresas, es decir, a las sociedades, que son las que crean trabajo. Se supone que, si pagan impuestos, son empresas formales, no son una feria en algún conurbano que trabaja en negro, sino empresas formalmente inscriptas que obviamente crean empleo en blanco. Sin embargo, les estamos bajando impuestos a los empresarios.
¿Debemos suponer que los empresarios a los que les bajamos impuestos son de sectores más vulnerables? Lo que quiero decir es que puede haber empresas medianas con empresarios que no necesariamente sean gente vulnerable, pero que requieran una línea impositiva.
¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira justamente lo que planteó el secretario Arias, uno ve que la alícuota de reinversión de utilidades -o sea, la alícuota que se cobra a la empresa, a la sociedad-, es la más alta del mundo.
Ahora bien, cuando uno mira la distribución de dividendos -que es la alícuota que termina pagando el accionista; es decir, cuando se retira la plata de la sociedad, lo que se llama la alícuota integrada, que a veces incluso se la denomina alícuota de personas humanas relacionadas a las ganancias por empresa-, la Argentina está en el promedio mundial: ronda el 40 o un poco más del 40 por ciento. Pero también hay alguno más alto, y podríamos hacer una comparación con los países nórdicos.
A modo de nota al pie, respecto de esos modelos de países nórdicos -de los cuales nos llenamos la boca hablando, sobre todo el progresismo y el pseudoprogresismo argentino-, me pregunto: ¿por qué no miramos hacia ellos? Tienen una tasa de reinversión de utilidades bajísima, y la tasa para distribución de dividendos es altísima, mucho más alta que en la Argentina, porque se quiere premiar a la empresa, no al empresario. En cambio, acá castigamos a la empresa y premiamos al empresario.
Puedo citar el caso de un bodeguero que tiene cinco o seis plantas enormes, y que se compró una bodeguita. A este le estamos bajando el impuesto para que distribuya utilidades, y lo digo así, de manera provocativa, para que se entienda el ejemplo.
Yo no tengo nada contra los empresarios. Es más, creo que son héroes en la Argentina, porque invierten en este país, que lo único que hace es subir impuestos y darles insatisfacciones.
Lo que quiero decir es que lo que estamos haciendo no es progresivo, no es eficiente, no es proempleo y no es propyme, y lo digo desde el punto de vista conceptual y técnico, no ideológico. Podrán incorporar en esta iniciativa los argumentos más hermosos que podamos escuchar; podrán hacerle un poema para que nos quite una lágrima cuando tengamos que votarla, pero el objetivo sigue siendo este.
Quiero decir a todos los que van a suscribir el dictamen que si estamos generando una baja de impuestos para el que se lleva la plata de la empresa, y al mismo tiempo los estamos subiendo para quien deja la plata en la empresa, algo estamos haciendo mal.
Como esto está exactamente en contra del principio de la ley pyme de 2016 y de la reforma del impuesto a las ganancias a sociedades de 2017, nosotros, con absoluta coherencia -y no como se dijo antes-, reitero, con absoluta coherencia y consistencia, votaremos en contra de este mal proyecto de ley. Eso es lo que quería decir.
Con esto termino. Espero no haber ofendido a nadie por el énfasis, pero sí quería plantear de cierta manera la coherencia de nuestro pensamiento.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Campos.
Tiene la palabra el señor diputado Campos.
SR. CAMPOS Señor Presidente: en línea con lo que vengo diciendo cada vez que debatimos sobre impuestos en esta comisión, quiero decir que permanentemente nos estamos reuniendo para subir impuestos. Si bien a veces hay alguna satisfacción chica, como la que tuvimos respecto del impuesto a los trabajadores y que aprobamos recientemente, en general se establecen subas de impuestos.
Por otra parte, quiero alertarlo sobre un modus operandi de la dirigencia política, y siempre pongo el énfasis en que cuando digo esto no me refiero a este gobierno en particular, ni al que pasó.
Lo que a mí me impresiona es que estemos hablando de cuestiones como la suba de la alícuota del impuesto sobre los bienes personales, la suba del impuesto sobre los ingresos brutos y otras alícuotas en virtud del pacto fiscal, del impuesto a la riqueza -recientemente aprobado-, y que ahora estemos tratando el aumento del impuesto a las ganancias para las sociedades, además de que se eliminó el IVA a la canasta básica, entre otras medidas.
Ahora bien, quiero mencionar algo que ocurre cada vez que un diputado de nuestro bloque hace una analogía con la medicina. Por ejemplo, si el diputado Cacace le dice: "Señor presidente: cuidado; esto nos está subiendo el azúcar", su respuesta -y de la dirigencia política en general-, es: "No, no, no. En Japón las poblaciones tienen altos niveles de azúcar y no pasa nada; viven felices, tienen una vida longeva y está todo bien." Pero después viene otro impuesto.
Entonces, por ejemplo, viene el diputado Laspina y le dice: "Señor presidente: mire que tenemos presión alta", usted le responde: "No, no, mire, en Australia las poblaciones tienen presión alta, viven bien y son felices", y así seguimos.
Pero después el diputado Laspina o el diputado Pastori le advierten: "Pero mire que tenemos sobrepeso". Y ahora viene el diputado Sarghini, y le dice: "Mire que tenemos anemia porque no tenemos inversiones; nos estamos quedando anémicos".
Lo que yo realmente veo, señor presidente, es que puedo aparecer yo también en esta discusión y decirle: "También tenemos el colesterol elevado", y su respuesta consiste en comparar esa situación con la de algún lugar donde la gente es feliz con ese colesterol elevado.
Pero la realidad es que este país tiene la presión alta, niveles elevados de azúcar y de colesterol y sobrepeso; se está muriendo el paciente.
Entonces, si realmente nos vamos a mantener en la postura de un médico que únicamente ve un solo análisis -es decir, ve solo la presión alta, el nivel de azúcar o el sobrepeso-, y no lo analiza en el contexto de todo el paciente, estamos jorobados. Todo el tiempo estamos haciendo eso en la Argentina, y el paciente se está muriendo, o está yéndose a otro país a tratarse con otro médico. Así que quiero alertarlos acerca de que realmente debemos cambiar esto y tenemos que ver sistémicamente el tema.
Está claro que la presión tributaria es enorme en este país. Entonces, no vengan con que: "Ah, no, en tal país el colesterol es más alto", o alguna otra cosa. No, señor. La presión tributaria en el país en su conjunto es enorme; es una cuestión que debemos aceptar y tenemos que trabajar en consecuencia.
Así que mi mensaje es que dejemos de hablar por partes y miremos al enfermo como un todo: el enfermo como un todo está cada vez peor.
Ese es mi mensaje, señor presidente. Muchas gracias.
Por otra parte, quiero alertarlo sobre un modus operandi de la dirigencia política, y siempre pongo el énfasis en que cuando digo esto no me refiero a este gobierno en particular, ni al que pasó.
Lo que a mí me impresiona es que estemos hablando de cuestiones como la suba de la alícuota del impuesto sobre los bienes personales, la suba del impuesto sobre los ingresos brutos y otras alícuotas en virtud del pacto fiscal, del impuesto a la riqueza -recientemente aprobado-, y que ahora estemos tratando el aumento del impuesto a las ganancias para las sociedades, además de que se eliminó el IVA a la canasta básica, entre otras medidas.
Ahora bien, quiero mencionar algo que ocurre cada vez que un diputado de nuestro bloque hace una analogía con la medicina. Por ejemplo, si el diputado Cacace le dice: "Señor presidente: cuidado; esto nos está subiendo el azúcar", su respuesta -y de la dirigencia política en general-, es: "No, no, no. En Japón las poblaciones tienen altos niveles de azúcar y no pasa nada; viven felices, tienen una vida longeva y está todo bien." Pero después viene otro impuesto.
Entonces, por ejemplo, viene el diputado Laspina y le dice: "Señor presidente: mire que tenemos presión alta", usted le responde: "No, no, mire, en Australia las poblaciones tienen presión alta, viven bien y son felices", y así seguimos.
Pero después el diputado Laspina o el diputado Pastori le advierten: "Pero mire que tenemos sobrepeso". Y ahora viene el diputado Sarghini, y le dice: "Mire que tenemos anemia porque no tenemos inversiones; nos estamos quedando anémicos".
Lo que yo realmente veo, señor presidente, es que puedo aparecer yo también en esta discusión y decirle: "También tenemos el colesterol elevado", y su respuesta consiste en comparar esa situación con la de algún lugar donde la gente es feliz con ese colesterol elevado.
Pero la realidad es que este país tiene la presión alta, niveles elevados de azúcar y de colesterol y sobrepeso; se está muriendo el paciente.
Entonces, si realmente nos vamos a mantener en la postura de un médico que únicamente ve un solo análisis -es decir, ve solo la presión alta, el nivel de azúcar o el sobrepeso-, y no lo analiza en el contexto de todo el paciente, estamos jorobados. Todo el tiempo estamos haciendo eso en la Argentina, y el paciente se está muriendo, o está yéndose a otro país a tratarse con otro médico. Así que quiero alertarlos acerca de que realmente debemos cambiar esto y tenemos que ver sistémicamente el tema.
Está claro que la presión tributaria es enorme en este país. Entonces, no vengan con que: "Ah, no, en tal país el colesterol es más alto", o alguna otra cosa. No, señor. La presión tributaria en el país en su conjunto es enorme; es una cuestión que debemos aceptar y tenemos que trabajar en consecuencia.
Así que mi mensaje es que dejemos de hablar por partes y miremos al enfermo como un todo: el enfermo como un todo está cada vez peor.
Ese es mi mensaje, señor presidente. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Hagman.
Tiene la palabra el señor diputado Hagman.
SR. HAGMAN Gracias, señor presidente.
La verdad es que hay muchas cosas que quisiera comentar y contestar en relación con lo que se viene diciendo respecto de este debate. Me parece lógico que no limitemos esta discusión a una cuestión técnica sobre la modificación del impuesto a las ganancias de sociedades en sí, sino que también la relacionemos con el contexto y con la política económica más general, y con los objetivos que queremos tener como sociedad en el sentido de alentar el crecimiento económico, favorecer las inversiones, crear puestos de trabajo, etcétera.
Lo curioso es que he escuchado a varios diputados preopinantes referirse a una suerte de loa a las reformas tributarias que se hicieron en la Argentina en 2017. Cuando uno mira cuáles fueron los fundamentos de esas leyes sancionadas, observa que tenían como objetivo principal promover la inversión. Es decir, eran leyes concebidas con la idea de que había una relación lineal entre la carga tributaria y la inversión, la receta clásica que se presenta muchas veces como de sentido común: al bajar los impuestos, aumenta la inversión.
Vale la pena entonces reflexionar sobre lo que pasó en la Argentina porque no estamos discutiendo contra un modelo hipotético, sino contra una política que se aplicó y que tuvo determinados resultados.
En 2017, la economía había vuelto a crecer luego de una recesión muy fuerte del año anterior, provocada, entre otras cosas, por la devaluación de diciembre de 2015, con una inflación muy alta. En 2017 la inflación había disminuido y el crecimiento se había recuperado. Además, según la concepción de quienes diseñaron esas leyes, el contexto político logrado era muy favorable para la inversión. La coalición gobernante había ganado las elecciones legislativas y todavía no había ningún argumento que pudiera endilgar el mal desempeño económico al temor de los mercados, retorno del populismo ni nada de lo que luego se dijo. Había un triunfo electoral, la economía estaba en crecimiento y se habían sancionado en el Congreso las reformas tributaria y previsional de diciembre de 2017.
Bajo ese contexto, si todas esas premisas fueran ciertas, en 2018 la economía argentina tendría que haber volado, tendría que haberse provocado la famosa "lluvia de inversiones" que muchos genuinamente creyeron que se daría porque habían hecho todos los deberes necesarios. Todo esto, según el manual con el que leen ahora también este proyecto de ley y que sostiene que, al generar un shock de confianza y bajar los impuestos a las empresas, se produce un impacto directo en la atracción de inversión extranjera.
Vale la pena decir que esta fue una de las principales apuestas del gobierno anterior que, sin embargo, no logró modificar el stock de inversión extranjera directa en la Argentina respecto al desempeño que había tenido en los gobiernos anteriores.
Entonces, la economía sí voló, pero por los aires. Tal vez la economía de 2018 y 2019 haya sido la que tuvo uno de los peores desempeños macroeconómicos en comparación con las grandes crisis anteriores de 1989 y 2001. Y no entraré en el tema de la deuda.
Vale la pena que reflexionemos respecto a por qué no funcionan determinados razonamientos que se aplicaron en la Argentina reciente.
Lo que mostró el secretario en la presentación no evidencia la lógica inversa de que, al aumentar las cargas tributarias, aumenta la inversión, sino que no hay una relación lineal entre la carga tributaria y la inversión. Lo único que se logró con la reforma de 2017 es disminuir la recaudación del Estado sin generar un impacto positivo en la economía real.
Nosotros tenemos otra concepción; entre otras cosas, porque aprendimos de lo que pasó en el país en los últimos años. Proponemos un nuevo esquema que incorpora un elemento novedoso, que es la segmentación para hacerlo progresivo.
Varios diputados preopinantes dijeron también que lo que nos motivaba era ir en contra de todo lo que se hizo en el gobierno anterior. Queremos corregir las cosas equivocadas que se hicieron en el gobierno anterior: por eso corregimos la reforma previsional y estamos corrigiendo la tributaria; no solamente este impuesto, sino todos. Recordemos que la reforma tributaria que llevaba adelante el gobierno de Cambiemos implicaba eliminar los impuestos sobre la propiedad, sobre los bienes personales, y disminuir las retenciones a las exportaciones hasta eliminarlas.
Efectivamente, se trata de revertir algunas medidas, pero no para cambiar las reglas de juego, sino porque el argumento que sostiene que no hay que cambiarlas es curioso: la Argentina, en el impuesto a las ganancias de las sociedades, por ejemplo, tuvo una tasa estable de un 35 por ciento durante mucho tiempo. Vino Macri, cambió todos los impuestos en la Argentina, modificó el sistema previsional, y nadie se quejó por el cambio de las reglas de juego. Entonces, se cuestiona el cambio en las reglas de juego cuando no coincide con las ideas o intereses propios, porque si hay alguien en nuestro país que quiso dar vuelta todas las reglas -económicas, tributarias y previsionales- fue justamente el gobierno de Macri.
Tal como hicimos con el sistema previsional, con el tributario estamos tratando de recomponer algunos de esos errores de política económica que se cometieron y, en este caso particular, agregando una innovación positiva, no solo en comparación con la ley vigente, sino también con el esquema que regía hasta 2015.
Hoy se ha planteado como una cuestión contradictoria que el proyecto, por un lado, tuviera un fin recaudatorio y, por el otro, intentase generar un alivio para las empresas. Nuevamente, en este punto hay una concepción equivocada, lineal, que se da muchas veces cuando discutimos temas tributarios al simplificar el debate en subir o bajar impuestos.
Pareciera -supuestamente- que la política argentina estuviese dividida entre quienes quieren subir impuestos y quienes quieren bajarlos. Si fuera tan sencillo, si hubiera gobiernos que se dedicaran simplemente a subir impuestos y otros a bajarlos, sería muy fácil, pero no es así. Entonces, la discusión impositiva no pasa por subir o bajar impuestos. Incluso, tomar la famosa presión tributaria de la que tanto se habla como dato absoluto es problemático porque la presión tributaria es un cociente entre la recaudación y el producto bruto interno, y se modifica por muchos factores.
Por ejemplo, se ha señalado acá que en 2020 creció mucho la presión tributaria, supuestamente, pero fue porque cayó el producto bruto interno. De hecho, la política del gobierno nacional durante 2020, en términos impositivos y en el contexto de la pandemia, fue bajar impuestos, realizar flexibilizaciones y perdonar impuestos, no subirlos. Sin embargo, obviamente, la presión tributaria sube en la medida en que el producto bruto interno cae. Si bien todos los indicadores son útiles, hay que tener cuidado al sacar conclusiones lineales de determinados indicadores. Es como cuando hablamos del cociente entre deuda y producto y nos olvidamos de la composición de la deuda y demás.
Entonces, ¿es posible un proyecto que tenga como fin recaudar más y, al mismo tiempo, aliviar a la mayor cantidad de personas o empresas? Sí; esa es justamente la buena política tributaria. Esa es la naturaleza de cualquier impuesto progresivo: recaudar más y afectar a la menor cantidad de gente o de empresas posible. Esa es la definición de impuesto progresivo, y es lo que persigue esta iniciativa.
Quiero hacer otra reflexión sobre este tema. Pareciera que es una mala palabra plantear un objetivo recaudatorio.
Ahora bien, ¿cómo vamos a financiar el aumento de las jubilaciones y del presupuesto en salud, educación, salarios y seguridad si no aumentamos la recaudación? No es contradictorio querer aliviar a la mayor cantidad de gente y de empresas posible y querer recaudar más; lo que sí es contradictorio es oponerse a un proyecto de ley que pretende recaudar más y, al mismo tiempo, exigirle al Estado que gaste más en jubilaciones, en educación, en salud y en seguridad, cuestionando por su parte el déficit fiscal como el principal mal de la economía argentina. Eso es contradictorio.
Lo lógico sería que quienes señalan que el déficit fiscal es la causa de todos los males acompañen un proyecto de ley que intenta recaudar más, justamente porque están en contra de financiar el déficit con deuda o con emisión monetaria. Tenemos un proyecto que busca recaudar más y, sin embargo, no lo acompañan.
Entonces, me parece que tenemos que reflexionar sobre lo que pasó, dejando de lado algunas consideraciones muy lineales que existen sobre este tema, por concepción y también por experiencia histórica.
El presidente de la comisión en un comienzo se refería a lo que ocurre en los Estados Unidos. Hoy el presidente de los Estados Unidos dará un discurso en el que anunciará un proyecto a diez años por el cual se destinarán 1,8 billones de dólares para mejorar la vida de los norteamericanos; y tengo entendido que son billones de los nuestros, no de los que ellos llaman así, que son miles de millones.
¿Cómo financiará ese ambicioso proyecto la Casa Blanca, además del que ya aprobó el Congreso, que se financiará con deuda? Lo va a financiar "con un alza del impuesto sobre la renta de los más ricos -del 37 al 39,6 por ciento-". Estoy leyendo una nota del diario El País. Esto ya es un hecho de casualidad, por supuesto, pero dice: "En otras palabras, se revierte parte del plan de impuestos de Donald Trump de 2017". Casualmente, coincide con un debate muy similar al que estamos dando en la Argentina.
Entonces, a lo que hacía referencia el presidente de la comisión, creo yo, es que, por supuesto que nosotros no podemos hacer lo mismo que hace Estados Unidos; no podemos imprimir dólares, por ejemplo, pero hay un contexto global sobre el cual tenemos que tomar nota.
Uno de los grandes problemas del gobierno anterior, creo yo -esto es para reflexionar largo-, además de una mala concepción sobre la economía argentina, fue no darse cuenta justamente del cambio en el contexto global. Pensaron que iban a insertar a la Argentina en la globalización neoliberal que regía al mundo y no se dieron cuenta de que en el medio cambió el mundo, que hubo una crisis, que hubo un cambio en la política global y que está habiendo un cambio que alienta la posibilidad de que la Argentina también modifique algunas concepciones y algunas pautas.
Esa concepción de que la única forma de atraer la inversión es abriendo la economía y bajando los impuestos, para mí ha sido indeseable siempre, pero además ahora es anacrónica, porque ni siquiera es lo que está haciendo el mundo, como sí lo estaba haciendo hace algunas décadas.
Entonces, para cerrar, nosotros no pensamos que hay una política tributaria o una ley que resuelva todos los problemas de la economía argentina. Está claro que esta ley ni ninguna otra va a resolver todos los problemas que tiene nuestra economía. Los problemas de la economía argentina se resuelven con políticas de crecimiento, con políticas industriales, con políticas de empleo, con políticas redistributivas, con un Estado que oriente las inversiones hacia el desarrollo, y las leyes son instrumentos.
Esta ley es un instrumento para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado, para convertir una ley fundamental del sistema tributario en una norma que tenga un carácter progresivo y, de esa manera, como parte de una política económica mucho más integral, ayudar a la Argentina no solo a recuperarse sino a iniciar un sendero de crecimiento y desarrollo. Ese es el objetivo.
La verdad es que hay muchas cosas que quisiera comentar y contestar en relación con lo que se viene diciendo respecto de este debate. Me parece lógico que no limitemos esta discusión a una cuestión técnica sobre la modificación del impuesto a las ganancias de sociedades en sí, sino que también la relacionemos con el contexto y con la política económica más general, y con los objetivos que queremos tener como sociedad en el sentido de alentar el crecimiento económico, favorecer las inversiones, crear puestos de trabajo, etcétera.
Lo curioso es que he escuchado a varios diputados preopinantes referirse a una suerte de loa a las reformas tributarias que se hicieron en la Argentina en 2017. Cuando uno mira cuáles fueron los fundamentos de esas leyes sancionadas, observa que tenían como objetivo principal promover la inversión. Es decir, eran leyes concebidas con la idea de que había una relación lineal entre la carga tributaria y la inversión, la receta clásica que se presenta muchas veces como de sentido común: al bajar los impuestos, aumenta la inversión.
Vale la pena entonces reflexionar sobre lo que pasó en la Argentina porque no estamos discutiendo contra un modelo hipotético, sino contra una política que se aplicó y que tuvo determinados resultados.
En 2017, la economía había vuelto a crecer luego de una recesión muy fuerte del año anterior, provocada, entre otras cosas, por la devaluación de diciembre de 2015, con una inflación muy alta. En 2017 la inflación había disminuido y el crecimiento se había recuperado. Además, según la concepción de quienes diseñaron esas leyes, el contexto político logrado era muy favorable para la inversión. La coalición gobernante había ganado las elecciones legislativas y todavía no había ningún argumento que pudiera endilgar el mal desempeño económico al temor de los mercados, retorno del populismo ni nada de lo que luego se dijo. Había un triunfo electoral, la economía estaba en crecimiento y se habían sancionado en el Congreso las reformas tributaria y previsional de diciembre de 2017.
Bajo ese contexto, si todas esas premisas fueran ciertas, en 2018 la economía argentina tendría que haber volado, tendría que haberse provocado la famosa "lluvia de inversiones" que muchos genuinamente creyeron que se daría porque habían hecho todos los deberes necesarios. Todo esto, según el manual con el que leen ahora también este proyecto de ley y que sostiene que, al generar un shock de confianza y bajar los impuestos a las empresas, se produce un impacto directo en la atracción de inversión extranjera.
Vale la pena decir que esta fue una de las principales apuestas del gobierno anterior que, sin embargo, no logró modificar el stock de inversión extranjera directa en la Argentina respecto al desempeño que había tenido en los gobiernos anteriores.
Entonces, la economía sí voló, pero por los aires. Tal vez la economía de 2018 y 2019 haya sido la que tuvo uno de los peores desempeños macroeconómicos en comparación con las grandes crisis anteriores de 1989 y 2001. Y no entraré en el tema de la deuda.
Vale la pena que reflexionemos respecto a por qué no funcionan determinados razonamientos que se aplicaron en la Argentina reciente.
Lo que mostró el secretario en la presentación no evidencia la lógica inversa de que, al aumentar las cargas tributarias, aumenta la inversión, sino que no hay una relación lineal entre la carga tributaria y la inversión. Lo único que se logró con la reforma de 2017 es disminuir la recaudación del Estado sin generar un impacto positivo en la economía real.
Nosotros tenemos otra concepción; entre otras cosas, porque aprendimos de lo que pasó en el país en los últimos años. Proponemos un nuevo esquema que incorpora un elemento novedoso, que es la segmentación para hacerlo progresivo.
Varios diputados preopinantes dijeron también que lo que nos motivaba era ir en contra de todo lo que se hizo en el gobierno anterior. Queremos corregir las cosas equivocadas que se hicieron en el gobierno anterior: por eso corregimos la reforma previsional y estamos corrigiendo la tributaria; no solamente este impuesto, sino todos. Recordemos que la reforma tributaria que llevaba adelante el gobierno de Cambiemos implicaba eliminar los impuestos sobre la propiedad, sobre los bienes personales, y disminuir las retenciones a las exportaciones hasta eliminarlas.
Efectivamente, se trata de revertir algunas medidas, pero no para cambiar las reglas de juego, sino porque el argumento que sostiene que no hay que cambiarlas es curioso: la Argentina, en el impuesto a las ganancias de las sociedades, por ejemplo, tuvo una tasa estable de un 35 por ciento durante mucho tiempo. Vino Macri, cambió todos los impuestos en la Argentina, modificó el sistema previsional, y nadie se quejó por el cambio de las reglas de juego. Entonces, se cuestiona el cambio en las reglas de juego cuando no coincide con las ideas o intereses propios, porque si hay alguien en nuestro país que quiso dar vuelta todas las reglas -económicas, tributarias y previsionales- fue justamente el gobierno de Macri.
Tal como hicimos con el sistema previsional, con el tributario estamos tratando de recomponer algunos de esos errores de política económica que se cometieron y, en este caso particular, agregando una innovación positiva, no solo en comparación con la ley vigente, sino también con el esquema que regía hasta 2015.
Hoy se ha planteado como una cuestión contradictoria que el proyecto, por un lado, tuviera un fin recaudatorio y, por el otro, intentase generar un alivio para las empresas. Nuevamente, en este punto hay una concepción equivocada, lineal, que se da muchas veces cuando discutimos temas tributarios al simplificar el debate en subir o bajar impuestos.
Pareciera -supuestamente- que la política argentina estuviese dividida entre quienes quieren subir impuestos y quienes quieren bajarlos. Si fuera tan sencillo, si hubiera gobiernos que se dedicaran simplemente a subir impuestos y otros a bajarlos, sería muy fácil, pero no es así. Entonces, la discusión impositiva no pasa por subir o bajar impuestos. Incluso, tomar la famosa presión tributaria de la que tanto se habla como dato absoluto es problemático porque la presión tributaria es un cociente entre la recaudación y el producto bruto interno, y se modifica por muchos factores.
Por ejemplo, se ha señalado acá que en 2020 creció mucho la presión tributaria, supuestamente, pero fue porque cayó el producto bruto interno. De hecho, la política del gobierno nacional durante 2020, en términos impositivos y en el contexto de la pandemia, fue bajar impuestos, realizar flexibilizaciones y perdonar impuestos, no subirlos. Sin embargo, obviamente, la presión tributaria sube en la medida en que el producto bruto interno cae. Si bien todos los indicadores son útiles, hay que tener cuidado al sacar conclusiones lineales de determinados indicadores. Es como cuando hablamos del cociente entre deuda y producto y nos olvidamos de la composición de la deuda y demás.
Entonces, ¿es posible un proyecto que tenga como fin recaudar más y, al mismo tiempo, aliviar a la mayor cantidad de personas o empresas? Sí; esa es justamente la buena política tributaria. Esa es la naturaleza de cualquier impuesto progresivo: recaudar más y afectar a la menor cantidad de gente o de empresas posible. Esa es la definición de impuesto progresivo, y es lo que persigue esta iniciativa.
Quiero hacer otra reflexión sobre este tema. Pareciera que es una mala palabra plantear un objetivo recaudatorio.
Ahora bien, ¿cómo vamos a financiar el aumento de las jubilaciones y del presupuesto en salud, educación, salarios y seguridad si no aumentamos la recaudación? No es contradictorio querer aliviar a la mayor cantidad de gente y de empresas posible y querer recaudar más; lo que sí es contradictorio es oponerse a un proyecto de ley que pretende recaudar más y, al mismo tiempo, exigirle al Estado que gaste más en jubilaciones, en educación, en salud y en seguridad, cuestionando por su parte el déficit fiscal como el principal mal de la economía argentina. Eso es contradictorio.
Lo lógico sería que quienes señalan que el déficit fiscal es la causa de todos los males acompañen un proyecto de ley que intenta recaudar más, justamente porque están en contra de financiar el déficit con deuda o con emisión monetaria. Tenemos un proyecto que busca recaudar más y, sin embargo, no lo acompañan.
Entonces, me parece que tenemos que reflexionar sobre lo que pasó, dejando de lado algunas consideraciones muy lineales que existen sobre este tema, por concepción y también por experiencia histórica.
El presidente de la comisión en un comienzo se refería a lo que ocurre en los Estados Unidos. Hoy el presidente de los Estados Unidos dará un discurso en el que anunciará un proyecto a diez años por el cual se destinarán 1,8 billones de dólares para mejorar la vida de los norteamericanos; y tengo entendido que son billones de los nuestros, no de los que ellos llaman así, que son miles de millones.
¿Cómo financiará ese ambicioso proyecto la Casa Blanca, además del que ya aprobó el Congreso, que se financiará con deuda? Lo va a financiar "con un alza del impuesto sobre la renta de los más ricos -del 37 al 39,6 por ciento-". Estoy leyendo una nota del diario El País. Esto ya es un hecho de casualidad, por supuesto, pero dice: "En otras palabras, se revierte parte del plan de impuestos de Donald Trump de 2017". Casualmente, coincide con un debate muy similar al que estamos dando en la Argentina.
Entonces, a lo que hacía referencia el presidente de la comisión, creo yo, es que, por supuesto que nosotros no podemos hacer lo mismo que hace Estados Unidos; no podemos imprimir dólares, por ejemplo, pero hay un contexto global sobre el cual tenemos que tomar nota.
Uno de los grandes problemas del gobierno anterior, creo yo -esto es para reflexionar largo-, además de una mala concepción sobre la economía argentina, fue no darse cuenta justamente del cambio en el contexto global. Pensaron que iban a insertar a la Argentina en la globalización neoliberal que regía al mundo y no se dieron cuenta de que en el medio cambió el mundo, que hubo una crisis, que hubo un cambio en la política global y que está habiendo un cambio que alienta la posibilidad de que la Argentina también modifique algunas concepciones y algunas pautas.
Esa concepción de que la única forma de atraer la inversión es abriendo la economía y bajando los impuestos, para mí ha sido indeseable siempre, pero además ahora es anacrónica, porque ni siquiera es lo que está haciendo el mundo, como sí lo estaba haciendo hace algunas décadas.
Entonces, para cerrar, nosotros no pensamos que hay una política tributaria o una ley que resuelva todos los problemas de la economía argentina. Está claro que esta ley ni ninguna otra va a resolver todos los problemas que tiene nuestra economía. Los problemas de la economía argentina se resuelven con políticas de crecimiento, con políticas industriales, con políticas de empleo, con políticas redistributivas, con un Estado que oriente las inversiones hacia el desarrollo, y las leyes son instrumentos.
Esta ley es un instrumento para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado, para convertir una ley fundamental del sistema tributario en una norma que tenga un carácter progresivo y, de esa manera, como parte de una política económica mucho más integral, ayudar a la Argentina no solo a recuperarse sino a iniciar un sendero de crecimiento y desarrollo. Ese es el objetivo.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Rauschenberger.
SR. RAUSCHENBERGER Señor presidente: en primer lugar, celebro que la Oficina de Presupuesto del Congreso haya elaborado la nota complementaria del informe que había hecho preliminarmente.
Comparto lo que usted expresó en cuanto a algunas cuestiones, no diría tendenciosas, pero que llevaban a confusión, ya que se hablaba de algo así como 320.000 millones de pesos. No se hacía ningún tipo de diferenciación de en qué período ni bajo qué condiciones se aplicaba, y, por supuesto, tampoco se tenían en cuenta los efectos que la pandemia ha ocasionado en nuestra economía y que todavía los estamos sufriendo.
También escuché atentamente -refrescando las palabras del diputado Eduardo Fernández- decir como que hablamos con mucha liviandad. Por ahí escuché también que el proyecto que habíamos aprobado de impuesto a las ganancias a jubilados y trabajadores era algo muy chico.
Se habló también algo de que a los bomberos les cobramos ingresos brutos. Quiero recordar que durante el gobierno anterior era una lucha permanente estar acompañando a los bomberos para que les dieran la partida presupuestaria que les correspondía por una afectación específica. En efecto, es una afectación que surge del pago de los seguros, pero había que estar luchando todos los años para que les dieran los fondos pertinentes, porque se les asignaba una cuota presupuestaria que no era la que les correspondía.
También se habló aquí de responsabilidad fiscal. En cada oportunidad que tratamos estos temas se viene hablando de responsabilidad fiscal y de que hay que cuidar el déficit fiscal. En la misma sintonía de lo que expresó el compañero Itaí Hagman, creo que la reforma de 2017 no solo desfinanció al Estado nacional sino que también le dio un sesgo muy regresivo al sistema impositivo con bienes personales, con ganancias, y especialmente con relación a las pequeñas y medianas empresas, con las contribuciones patronales. La inversión cayó más del 23 por ciento después de eso. Estuvimos veinte años con una alícuota del 35 por ciento para las empresas y ni en la Argentina ni en América Latina ni en el mundo se demostró que esa era la relación entre la tasa de ganancias y la inversión.
Considero que con esta reforma estamos reparando el costo que significó el desplazamiento de políticas públicas y ese desfinanciamiento que tuvieron tanto las provincias como el Estado nacional, y eso nosotros lo hacemos a través de un rol redistributivo en la manera en que se utilizan los recursos.
Para nuestro proyecto político, la redistribución justamente se hace a través del gasto público, con un presupuesto que acompañe el crecimiento que todos necesitamos.
Y en esa reforma, también en la línea de bajar el déficit fiscal y de la responsabilidad fiscal, se disminuyó la capacidad de financiamiento del Estado -lo dijeron tanto Marcó del Pont como Roberto Arias-, pues entre 2018 y 2019 hubo una pérdida de recaudación de 260.000 millones de pesos.
Como también lo expresaba el diputado Hagman, no es que queramos ir en contra del gobierno anterior ni cambiar todo lo que hizo ese gobierno, pero a la luz de los resultados, si nosotros siguiéramos con esta baja de alícuotas, en el período 2018-2020 tendríamos una pérdida de más de 528.000 millones de pesos.
Entonces, creo que tenemos que ser razonables. La evidencia internacional indica que las políticas de promover inversión y empleo a través de este mecanismo lo que han hecho es fracasar y desmantelar el capital productivo.
Yo creo que, así como sucedió con el proyecto de ganancias a personas físicas -jubilados y trabajadores-, en el que se quiso minimizar su impacto y se pretendió confundir, creo que acá se está en esa misma sintonía, es decir, confundiendo y minimizando el proyecto al sostener que la tasa es del 35 por ciento. Creo que no es así. Está bien claro -y recién el presidente Heller lo explicó en su intervención- que estamos hablando de unas tasas que arrancan del 25 por ciento hasta los 5 millones de pesos; después, lo marginal sobre los 15 millones de incremento y hasta los 20 millones, se grava con el 30 por ciento, y recién a partir de ahí se aplica el 35 por ciento, también sobre lo marginal. Creo que tenemos que hablar de algo así como 1.000 millones de pesos de ganancias para caer en una tasa que está en el 34,9 por ciento.
También se quiso minimizar cuando se dijo que la escala progresiva se aplica en pocos países, que no es el tema central de la discusión. ¿Cómo no va a ser el tema central de la discusión si justamente esto es lo novedoso que tiene este proyecto, de venir a dar respuesta a un reclamo de las pymes? Esta segmentación, estas alícuotas graduales, justamente lo que hacen es profundizar la progresividad que empezamos a generar a partir del 10 de diciembre de 2019 con la ley de solidaridad social y que luego profundizamos también a través del impuesto a las ganancias para personas físicas y jubilados, y con el aporte extraordinario a las grandes fortunas.
También se habló por ahí de que este proyecto estimula la inflación y que va a ir todo a precios. ¿Qué pasó entonces después de la reforma de 2017? ¿Por qué tuvimos la inflación que tuvimos? Como decía, creo que hay que tener un poco de razonabilidad. ¿Qué pasó con la inflación? ¿Qué pasó con el empleo? ¿Qué pasó con la inversión después de la reforma de 2017? También fue claro en esto el diputado Itaí Hagman en cuanto al efecto que se registró, y eso es algo totalmente distinto de lo que nosotros queremos llevar adelante con este proyecto.
Nosotros entendemos que este es un proyecto que responde a un país en desarrollo, a un país de desarrollo, un proyecto técnicamente simple pero que lleva a una discusión profunda sobre hacia qué sistema impositivo queremos apuntar, con una alícuota más baja para las empresas con ganancias menores. Me refiero a estas pequeñas y micro empresas que son las fundamentales para el desarrollo económico de la Argentina, y que necesitan de este esquema para un eventual caso de transición hacia el régimen general, en caso de que sean monotributistas.
Señor presidente: como tema a destacar, creo que el mecanismo de actualización que se introduce -esto es, la actualización por el índice de precios al consumidor- también es una herramienta importante que tiene este proyecto, que creo que hay que valorar, y desde ya, manifiesto mi acompañamiento al momento de la firma del dictamen.
Comparto lo que usted expresó en cuanto a algunas cuestiones, no diría tendenciosas, pero que llevaban a confusión, ya que se hablaba de algo así como 320.000 millones de pesos. No se hacía ningún tipo de diferenciación de en qué período ni bajo qué condiciones se aplicaba, y, por supuesto, tampoco se tenían en cuenta los efectos que la pandemia ha ocasionado en nuestra economía y que todavía los estamos sufriendo.
También escuché atentamente -refrescando las palabras del diputado Eduardo Fernández- decir como que hablamos con mucha liviandad. Por ahí escuché también que el proyecto que habíamos aprobado de impuesto a las ganancias a jubilados y trabajadores era algo muy chico.
Se habló también algo de que a los bomberos les cobramos ingresos brutos. Quiero recordar que durante el gobierno anterior era una lucha permanente estar acompañando a los bomberos para que les dieran la partida presupuestaria que les correspondía por una afectación específica. En efecto, es una afectación que surge del pago de los seguros, pero había que estar luchando todos los años para que les dieran los fondos pertinentes, porque se les asignaba una cuota presupuestaria que no era la que les correspondía.
También se habló aquí de responsabilidad fiscal. En cada oportunidad que tratamos estos temas se viene hablando de responsabilidad fiscal y de que hay que cuidar el déficit fiscal. En la misma sintonía de lo que expresó el compañero Itaí Hagman, creo que la reforma de 2017 no solo desfinanció al Estado nacional sino que también le dio un sesgo muy regresivo al sistema impositivo con bienes personales, con ganancias, y especialmente con relación a las pequeñas y medianas empresas, con las contribuciones patronales. La inversión cayó más del 23 por ciento después de eso. Estuvimos veinte años con una alícuota del 35 por ciento para las empresas y ni en la Argentina ni en América Latina ni en el mundo se demostró que esa era la relación entre la tasa de ganancias y la inversión.
Considero que con esta reforma estamos reparando el costo que significó el desplazamiento de políticas públicas y ese desfinanciamiento que tuvieron tanto las provincias como el Estado nacional, y eso nosotros lo hacemos a través de un rol redistributivo en la manera en que se utilizan los recursos.
Para nuestro proyecto político, la redistribución justamente se hace a través del gasto público, con un presupuesto que acompañe el crecimiento que todos necesitamos.
Y en esa reforma, también en la línea de bajar el déficit fiscal y de la responsabilidad fiscal, se disminuyó la capacidad de financiamiento del Estado -lo dijeron tanto Marcó del Pont como Roberto Arias-, pues entre 2018 y 2019 hubo una pérdida de recaudación de 260.000 millones de pesos.
Como también lo expresaba el diputado Hagman, no es que queramos ir en contra del gobierno anterior ni cambiar todo lo que hizo ese gobierno, pero a la luz de los resultados, si nosotros siguiéramos con esta baja de alícuotas, en el período 2018-2020 tendríamos una pérdida de más de 528.000 millones de pesos.
Entonces, creo que tenemos que ser razonables. La evidencia internacional indica que las políticas de promover inversión y empleo a través de este mecanismo lo que han hecho es fracasar y desmantelar el capital productivo.
Yo creo que, así como sucedió con el proyecto de ganancias a personas físicas -jubilados y trabajadores-, en el que se quiso minimizar su impacto y se pretendió confundir, creo que acá se está en esa misma sintonía, es decir, confundiendo y minimizando el proyecto al sostener que la tasa es del 35 por ciento. Creo que no es así. Está bien claro -y recién el presidente Heller lo explicó en su intervención- que estamos hablando de unas tasas que arrancan del 25 por ciento hasta los 5 millones de pesos; después, lo marginal sobre los 15 millones de incremento y hasta los 20 millones, se grava con el 30 por ciento, y recién a partir de ahí se aplica el 35 por ciento, también sobre lo marginal. Creo que tenemos que hablar de algo así como 1.000 millones de pesos de ganancias para caer en una tasa que está en el 34,9 por ciento.
También se quiso minimizar cuando se dijo que la escala progresiva se aplica en pocos países, que no es el tema central de la discusión. ¿Cómo no va a ser el tema central de la discusión si justamente esto es lo novedoso que tiene este proyecto, de venir a dar respuesta a un reclamo de las pymes? Esta segmentación, estas alícuotas graduales, justamente lo que hacen es profundizar la progresividad que empezamos a generar a partir del 10 de diciembre de 2019 con la ley de solidaridad social y que luego profundizamos también a través del impuesto a las ganancias para personas físicas y jubilados, y con el aporte extraordinario a las grandes fortunas.
También se habló por ahí de que este proyecto estimula la inflación y que va a ir todo a precios. ¿Qué pasó entonces después de la reforma de 2017? ¿Por qué tuvimos la inflación que tuvimos? Como decía, creo que hay que tener un poco de razonabilidad. ¿Qué pasó con la inflación? ¿Qué pasó con el empleo? ¿Qué pasó con la inversión después de la reforma de 2017? También fue claro en esto el diputado Itaí Hagman en cuanto al efecto que se registró, y eso es algo totalmente distinto de lo que nosotros queremos llevar adelante con este proyecto.
Nosotros entendemos que este es un proyecto que responde a un país en desarrollo, a un país de desarrollo, un proyecto técnicamente simple pero que lleva a una discusión profunda sobre hacia qué sistema impositivo queremos apuntar, con una alícuota más baja para las empresas con ganancias menores. Me refiero a estas pequeñas y micro empresas que son las fundamentales para el desarrollo económico de la Argentina, y que necesitan de este esquema para un eventual caso de transición hacia el régimen general, en caso de que sean monotributistas.
Señor presidente: como tema a destacar, creo que el mecanismo de actualización que se introduce -esto es, la actualización por el índice de precios al consumidor- también es una herramienta importante que tiene este proyecto, que creo que hay que valorar, y desde ya, manifiesto mi acompañamiento al momento de la firma del dictamen.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra la señora diputada Landriscini.
SRA. LANDRISCINI Señor presidente: quiero adherir a los términos de la exposición de los diputados compañeros de mi bloque que me precedieron, tanto en el análisis impositivo como en el análisis macro y de política económica.
Quiero resaltar y recuperar lo que dijo el diputado Sarghini al referirse a los problemas macro y micro de esta propuesta de reforma tributaria a las ganancias de las sociedades.
A continuación, paso a discutir tanto lo macro como lo micro. Respecto de lo macro, admitimos claramente la diferencia entre el modelo económico del gobierno anterior y el nuestro. Por eso, ni nos sonrojamos ni creemos que son errores conceptuales, sino que son diferencias políticas que se inspiran en diferencias filosóficas que tienen que ver con no creer que, porque haya una modificación de impuestos, automáticamente las decisiones de inversión en lo micro apunten a la inversión productiva.
Tenemos el ejemplo del escenario del gobierno anterior, donde los excedentes de las grandes empresas, que subieron las tarifas, fueron dolarizados como parte de la política económica macro. Asimismo, las empresas que fueron beneficiadas con altas tasas de interés, no invirtieron para generar empleo, sino que, por el contrario, hicieron inversiones financieras dentro y fuera del país. Reitero que esas empresas no generaron empleo; al contrario, lo destruyeron porque destruyeron empresas.
La idea de la existencia de una ley pyme parece integrar el mundo de la fantasía, porque esas empresas solamente se cayeron por no poder pagar las tarifas y no tener demanda a raíz de la apertura de las importaciones y de que las tasas de interés eran imposibles de pagar. Entonces, no sé qué ley pyme creyeron hacer, cuando la realidad nos demostró una caída estrepitosa de la macroeconomía argentina.
Volviendo a lo micro, las decisiones de inversión de los grandes agentes económicos no apuntaron al desarrollo ni a la generación de empleo e inversión nacional. Esa "lluvia de inversiones" y esa "luz al final del túnel" nunca llegaron a la mayoría de los argentinos y argentinas, que sucumbieron en la miseria para pagar las tarifas, soportar la caída de sus ingresos y la pérdida de sus empleos.
Entonces, ni en lo macro ni en lo micro las pretendidas reformas impositivas y previsionales trajeron crecimiento y desarrollo a la Argentina. No se trató de errores conceptuales, sino de decisiones políticas; así como tampoco los nuestros son errores conceptuales, sino decisiones políticas para llevar adelante, como hacen muchos países, un modelo de redistribución sabiendo que el mundo no saldrá de la pandemia si no es cambiando la filosofía de Milton Friedman de los años setenta, cuando se buscó la astringencia monetaria, la caída del consumo y de los ingresos de los sectores medios, y el aumento de los tributos al consumo.
El primer ejemplo en la Argentina fue el modelo de Martínez de Hoz, y Cambiemos siguió con ese modelo de apertura y globalización durante el período 2016-2019. En ambos casos, los resultados están a la vista.
Por lo tanto, no son nuestros los errores conceptuales por aplicar el modelo de política de Friedman, sino de ustedes, que creyeron que era válido. Ustedes hicieron una interpretación ahistórica y fuera de la realidad territorial de nuestros países y quisieron ahorcar a los sectores medios y bajos creyendo que los altos, teniendo más ganancias, iban a invertir.
Señores: vamos a segmentar las alícuotas impositivas para promover la inversión y el empleo en la Argentina con los actores de las micro y pequeñas empresas. Esa es la decisión de este gobierno, que llegó para levantar a la Argentina de la crisis que nos dejaron, así como también para levantarla de la pandemia que azota al mundo.
No nos sonrojamos ni cometemos errores conceptuales. Vamos a defender nuestras ideas en esta comisión, con los votos en la sesión plenaria y también en la calle, con la población argentina.
Quiero resaltar y recuperar lo que dijo el diputado Sarghini al referirse a los problemas macro y micro de esta propuesta de reforma tributaria a las ganancias de las sociedades.
A continuación, paso a discutir tanto lo macro como lo micro. Respecto de lo macro, admitimos claramente la diferencia entre el modelo económico del gobierno anterior y el nuestro. Por eso, ni nos sonrojamos ni creemos que son errores conceptuales, sino que son diferencias políticas que se inspiran en diferencias filosóficas que tienen que ver con no creer que, porque haya una modificación de impuestos, automáticamente las decisiones de inversión en lo micro apunten a la inversión productiva.
Tenemos el ejemplo del escenario del gobierno anterior, donde los excedentes de las grandes empresas, que subieron las tarifas, fueron dolarizados como parte de la política económica macro. Asimismo, las empresas que fueron beneficiadas con altas tasas de interés, no invirtieron para generar empleo, sino que, por el contrario, hicieron inversiones financieras dentro y fuera del país. Reitero que esas empresas no generaron empleo; al contrario, lo destruyeron porque destruyeron empresas.
La idea de la existencia de una ley pyme parece integrar el mundo de la fantasía, porque esas empresas solamente se cayeron por no poder pagar las tarifas y no tener demanda a raíz de la apertura de las importaciones y de que las tasas de interés eran imposibles de pagar. Entonces, no sé qué ley pyme creyeron hacer, cuando la realidad nos demostró una caída estrepitosa de la macroeconomía argentina.
Volviendo a lo micro, las decisiones de inversión de los grandes agentes económicos no apuntaron al desarrollo ni a la generación de empleo e inversión nacional. Esa "lluvia de inversiones" y esa "luz al final del túnel" nunca llegaron a la mayoría de los argentinos y argentinas, que sucumbieron en la miseria para pagar las tarifas, soportar la caída de sus ingresos y la pérdida de sus empleos.
Entonces, ni en lo macro ni en lo micro las pretendidas reformas impositivas y previsionales trajeron crecimiento y desarrollo a la Argentina. No se trató de errores conceptuales, sino de decisiones políticas; así como tampoco los nuestros son errores conceptuales, sino decisiones políticas para llevar adelante, como hacen muchos países, un modelo de redistribución sabiendo que el mundo no saldrá de la pandemia si no es cambiando la filosofía de Milton Friedman de los años setenta, cuando se buscó la astringencia monetaria, la caída del consumo y de los ingresos de los sectores medios, y el aumento de los tributos al consumo.
El primer ejemplo en la Argentina fue el modelo de Martínez de Hoz, y Cambiemos siguió con ese modelo de apertura y globalización durante el período 2016-2019. En ambos casos, los resultados están a la vista.
Por lo tanto, no son nuestros los errores conceptuales por aplicar el modelo de política de Friedman, sino de ustedes, que creyeron que era válido. Ustedes hicieron una interpretación ahistórica y fuera de la realidad territorial de nuestros países y quisieron ahorcar a los sectores medios y bajos creyendo que los altos, teniendo más ganancias, iban a invertir.
Señores: vamos a segmentar las alícuotas impositivas para promover la inversión y el empleo en la Argentina con los actores de las micro y pequeñas empresas. Esa es la decisión de este gobierno, que llegó para levantar a la Argentina de la crisis que nos dejaron, así como también para levantarla de la pandemia que azota al mundo.
No nos sonrojamos ni cometemos errores conceptuales. Vamos a defender nuestras ideas en esta comisión, con los votos en la sesión plenaria y también en la calle, con la población argentina.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Suárez Lastra.
SR. SUÁREZ LASTRA Señor presidente: quiero hacer un par de comentarios relativos a algunos conceptos vertidos en esta reunión. No entraré en los detalles del proyecto, que Juntos por el Cambio rechazará mediante otro dictamen, sino que me referiré a algunos aspectos conceptuales sobre las circunstancias que vivimos y la política tributaria.
En primer lugar, me parece bien que se haya aclarado, con una claridad cristalina, más claro que el agua, que el propósito de este impuesto es aumentar los recursos, lo que se planteó como que sería un alivio para la mayoría. Sin embargo, Itaí Hagman, haciendo una interpretación criteriosa, se refirió a cómo vamos a financiar al Estado si no tenemos más recursos y no aumentamos los impuestos. Consecuentemente, estamos frente a un fuerte aumento de impuestos de muy mala concepción.
Desde una perspectiva progresista, que aspiro a tener en materia tributaria, no me parece consistente ni congruente decir que una característica de la progresividad es que menos gente pague impuestos. No conozco ningún país del planeta Tierra con políticas tributarias progresistas y con mayor progresividad en la escala de impuestos que se jacte o tenga como propósito que solamente tribute una ínfima cantidad de personas, cargando sobre ellas el peso de la recaudación tributaria. En general, los países que aplican políticas tributarias progresivas tienen escalas y políticas de ingresos razonables que apuntan a obtener la mayor cantidad de contribuyentes. Además, como se preocupan para que no haya un 40 por ciento de gente fuera de la contribución al sistema tributario, elaboran escalas proporcionales que apuntan a la progresividad que caracteriza a una política precisamente progresista.
Entonces, en cuanto a plantear como objetivo que la mayor cantidad de gente deje de pagar impuestos, como característica de una política progresista, me parece que es absolutamente todo lo contrario.
También se dice que se procuró corregir algunos errores. Al respecto, por lealtad intelectual, no puedo dejar pasar que se dijo que, entre los errores corregidos, estaba la que denominaron reforma previsional, que realmente no era tal, sino un cambio en el sistema de ajuste de las jubilaciones. La verdad es que la reforma que hicieron no corrigió el error, sino que tuvo la clarísima intención -denunciada por nosotros- de generar una corrección a la baja para impactar en menos en el gasto durante un año muy difícil de recaudación. La idea era bajar el índice sancionado anteriormente, que suponían -tal como ocurrió- que iba a generar un mayor gasto en remuneraciones. Es decir, la reforma no corrigió un error, sino que fue un ajuste a la baja de las jubilaciones en la República Argentina. Entonces, no vengan con argumentos absolutamente contraestadísticos de la realidad.
Señor presidente: no estamos discutiendo como si fuéramos Estados Unidos, acerca de si habrá un efecto derrame por bajar los impuestos. No estamos discutiendo eso ni estamos en los Estados Unidos. No tenemos tasas de inversión altas. No tenemos un crédito relativo en el producto, sino que estamos en un país en el que los empresarios no saben si el presidente mañana los dejará seguir trabajando. Estamos en esa República Argentina, aumentando los impuestos a las empresas de nuestro país, que son las que están llamadas a generar empleo.
Si quieren ser conservadores, tal como lo están siendo en todos los planos, no modifiquen la política ni la presión tributaria mientras las empresas de la República Argentina viven una situación de absoluta incertidumbre. Me parece que, en términos políticos, es un error, frente a la incertidumbre del momento que se vive y a las dificultades de las empresas, generar un gravamen que afectará a los generadores de empleo de la República Argentina. Todos sabemos -o procuramos saber- que el empleo permitirá que millones de argentinos salgan de la pobreza y que tenemos enormes dificultades para crear empleo en la Argentina.
Simplemente quería hacer estas consideraciones de carácter general, que no tienen nada que ver con lo técnico del proyecto en particular, sino con las diferencias conceptuales que acá han quedado en claro sobre cómo nos acercamos a la política tributaria.
Nosotros estamos convencidos de que es imposible acompañar este proyecto porque va en contra de todo lo que creemos que alentará la producción en la Argentina.
En primer lugar, me parece bien que se haya aclarado, con una claridad cristalina, más claro que el agua, que el propósito de este impuesto es aumentar los recursos, lo que se planteó como que sería un alivio para la mayoría. Sin embargo, Itaí Hagman, haciendo una interpretación criteriosa, se refirió a cómo vamos a financiar al Estado si no tenemos más recursos y no aumentamos los impuestos. Consecuentemente, estamos frente a un fuerte aumento de impuestos de muy mala concepción.
Desde una perspectiva progresista, que aspiro a tener en materia tributaria, no me parece consistente ni congruente decir que una característica de la progresividad es que menos gente pague impuestos. No conozco ningún país del planeta Tierra con políticas tributarias progresistas y con mayor progresividad en la escala de impuestos que se jacte o tenga como propósito que solamente tribute una ínfima cantidad de personas, cargando sobre ellas el peso de la recaudación tributaria. En general, los países que aplican políticas tributarias progresivas tienen escalas y políticas de ingresos razonables que apuntan a obtener la mayor cantidad de contribuyentes. Además, como se preocupan para que no haya un 40 por ciento de gente fuera de la contribución al sistema tributario, elaboran escalas proporcionales que apuntan a la progresividad que caracteriza a una política precisamente progresista.
Entonces, en cuanto a plantear como objetivo que la mayor cantidad de gente deje de pagar impuestos, como característica de una política progresista, me parece que es absolutamente todo lo contrario.
También se dice que se procuró corregir algunos errores. Al respecto, por lealtad intelectual, no puedo dejar pasar que se dijo que, entre los errores corregidos, estaba la que denominaron reforma previsional, que realmente no era tal, sino un cambio en el sistema de ajuste de las jubilaciones. La verdad es que la reforma que hicieron no corrigió el error, sino que tuvo la clarísima intención -denunciada por nosotros- de generar una corrección a la baja para impactar en menos en el gasto durante un año muy difícil de recaudación. La idea era bajar el índice sancionado anteriormente, que suponían -tal como ocurrió- que iba a generar un mayor gasto en remuneraciones. Es decir, la reforma no corrigió un error, sino que fue un ajuste a la baja de las jubilaciones en la República Argentina. Entonces, no vengan con argumentos absolutamente contraestadísticos de la realidad.
Señor presidente: no estamos discutiendo como si fuéramos Estados Unidos, acerca de si habrá un efecto derrame por bajar los impuestos. No estamos discutiendo eso ni estamos en los Estados Unidos. No tenemos tasas de inversión altas. No tenemos un crédito relativo en el producto, sino que estamos en un país en el que los empresarios no saben si el presidente mañana los dejará seguir trabajando. Estamos en esa República Argentina, aumentando los impuestos a las empresas de nuestro país, que son las que están llamadas a generar empleo.
Si quieren ser conservadores, tal como lo están siendo en todos los planos, no modifiquen la política ni la presión tributaria mientras las empresas de la República Argentina viven una situación de absoluta incertidumbre. Me parece que, en términos políticos, es un error, frente a la incertidumbre del momento que se vive y a las dificultades de las empresas, generar un gravamen que afectará a los generadores de empleo de la República Argentina. Todos sabemos -o procuramos saber- que el empleo permitirá que millones de argentinos salgan de la pobreza y que tenemos enormes dificultades para crear empleo en la Argentina.
Simplemente quería hacer estas consideraciones de carácter general, que no tienen nada que ver con lo técnico del proyecto en particular, sino con las diferencias conceptuales que acá han quedado en claro sobre cómo nos acercamos a la política tributaria.
Nosotros estamos convencidos de que es imposible acompañar este proyecto porque va en contra de todo lo que creemos que alentará la producción en la Argentina.
SR. PRESIDENTE HELLER Para una aclaración, cederé la palabra al diputado Sarghini. Luego, dado que el bloque de Juntos por el Cambio ya hizo llegar su dictamen, pondré a votación los dos dictámenes.
Si algún otro diputado quiero hacer uso de la palabra, lo hará a continuación. Claramente acá han adoptado una posición; nadie modificará su postura sobre qué dictamen apoyará en virtud del discurso de otra persona. Procederé de esa manera porque hay algunos diputados y algunas diputadas que han pedido la palabra por otras cuestiones.
Escuchamos al diputado Sarghini y ponemos a la firma los dos dictámenes. Mientras, si alguien lo desea, puede solicitar la palabra. De lo contrario, continuaremos con el siguiente punto del orden del día.
Tiene la palabra el diputado Sarghini.
Si algún otro diputado quiero hacer uso de la palabra, lo hará a continuación. Claramente acá han adoptado una posición; nadie modificará su postura sobre qué dictamen apoyará en virtud del discurso de otra persona. Procederé de esa manera porque hay algunos diputados y algunas diputadas que han pedido la palabra por otras cuestiones.
Escuchamos al diputado Sarghini y ponemos a la firma los dos dictámenes. Mientras, si alguien lo desea, puede solicitar la palabra. De lo contrario, continuaremos con el siguiente punto del orden del día.
Tiene la palabra el diputado Sarghini.
SR. SARGHINI Señor presidente: seré muy breve porque solo haré una aclaración.
La diputada Landriscini ha dicho que daría respuesta a mi visión crítica macro y micro con respecto al proyecto. En realidad, no me respondió a mí. Esta es la aclaración. Pareciera que les encanta tirar por la cabeza con los cuatro años del gobierno de Macri a los diputados que hacemos alguna crítica. Yo no tengo nada que ver, diputada, con esos cuatro años de gobierno; no los uso para fundamentar mis argumentos. Tengo mis críticas al gobierno anterior, que las he expresado en el momento en que había que hacerlo, pero también tengo mis críticas con respecto al gobierno anterior del anterior.
Utilicé dos ejemplos para fundamentar mis críticas macro usando como puntos de referencia positivos lo ocurrido en 2004 y en 2011. Creo que en ninguno de esos dos años gobernaba Macri. Por lo tanto, al igual que lo hice en la última sesión, solicito que, cuando se refieran y respondan a la oposición, quede claro que hay distintas oposiciones. Cada uno se hace cargo de lo que le corresponde.
Lo único que aclararé todas las veces que sea necesario es que no me pidan que me haga cargo de lo que no me corresponde, y que cuando me contesten, que lo hagan refiriéndose a mis argumentos.
Finalmente, quiero demostrar que actúo de muy buena fe y por eso puedo marcar diferencias de manera acertada o equivocada. Me parece muy bien que hayan corregido el artículo que sembraba dudas respecto a la alícuota que se le cobraba a las ganancias provenientes del juego de azar. Esa sugerencia la hice con la mejor buena voluntad porque claramente no votaría a favor del proyecto. De esta forma, podría haber propuesto que pusieran lo que quisieran porque no me importaban los resultados. Sin embargo, también me importan los resultados de lo que hace este gobierno porque quiero que le vaya bien al país. Si puedo hacer un aporte de buena fe, lo haré. Mi aporte fue tomado de esa manera y lo agradezco, pero quiero hacer esta aclaración. Yo me hago cargo de mi historia, no me tiren la que no me corresponde.
La diputada Landriscini ha dicho que daría respuesta a mi visión crítica macro y micro con respecto al proyecto. En realidad, no me respondió a mí. Esta es la aclaración. Pareciera que les encanta tirar por la cabeza con los cuatro años del gobierno de Macri a los diputados que hacemos alguna crítica. Yo no tengo nada que ver, diputada, con esos cuatro años de gobierno; no los uso para fundamentar mis argumentos. Tengo mis críticas al gobierno anterior, que las he expresado en el momento en que había que hacerlo, pero también tengo mis críticas con respecto al gobierno anterior del anterior.
Utilicé dos ejemplos para fundamentar mis críticas macro usando como puntos de referencia positivos lo ocurrido en 2004 y en 2011. Creo que en ninguno de esos dos años gobernaba Macri. Por lo tanto, al igual que lo hice en la última sesión, solicito que, cuando se refieran y respondan a la oposición, quede claro que hay distintas oposiciones. Cada uno se hace cargo de lo que le corresponde.
Lo único que aclararé todas las veces que sea necesario es que no me pidan que me haga cargo de lo que no me corresponde, y que cuando me contesten, que lo hagan refiriéndose a mis argumentos.
Finalmente, quiero demostrar que actúo de muy buena fe y por eso puedo marcar diferencias de manera acertada o equivocada. Me parece muy bien que hayan corregido el artículo que sembraba dudas respecto a la alícuota que se le cobraba a las ganancias provenientes del juego de azar. Esa sugerencia la hice con la mejor buena voluntad porque claramente no votaría a favor del proyecto. De esta forma, podría haber propuesto que pusieran lo que quisieran porque no me importaban los resultados. Sin embargo, también me importan los resultados de lo que hace este gobierno porque quiero que le vaya bien al país. Si puedo hacer un aporte de buena fe, lo haré. Mi aporte fue tomado de esa manera y lo agradezco, pero quiero hacer esta aclaración. Yo me hago cargo de mi historia, no me tiren la que no me corresponde.
SR. PRESIDENTE HELLER Solcito al secretario de la Comisión, doctor Seguí, que tome lista para conocer por qué dictamen se inclina cada uno de los diputados y diputadas presentes. Luego, sigue abierta la lista de oradores.
Manifiestan su acompañamiento al dictamen del Frente de Todos los señores diputados Heller, Rauschenberger, Casaretto, Bertone, Brue, Casas, Cleri, Corpacci, Félix, Fernández, Fernández Patri, Gioja, Hagman, Landriscini, Leito, Martínez (G.), Masin, Osuna, Ponce, Romero (J. A.), Rosso, Sartori, Vallejos y Vivero.
Manifiesta su acompañamiento al dictamen del Frente de Todos en disidencia el señor diputado Cassinerio.
Manifiestan su apoyo al dictamen de Juntos por el Cambio los señores diputados Laspina, Pastori, Oliveto Lago, Benedetti, Bazze, Berisso, Buryaile, Campos, Cano, Cornejo, García (A.), García de Luca, Ocaña, Polledo, Romero (V. H.), Schlereth, Suárez Lastra y Torello.
No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión de los señores diputados Amaya, Angelini, Hein, Pértile y Rizotti.
Al requerírsele el voto, el señor diputado manifiesta:
SR. CASARETTO Señor presidente: acompaño el dictamen que fundamentó el diputado Heller, que espero que sea el de mayoría.
SR. SECRETARIO No he visto conectado al diputado Amaya. Como está presente porque esta comisión es un cuarto intermedio, luego podrá firmar a través del GPD.
SR. GIOJA Señor presidente: acompaño el dictamen de mayoría del Frente de Todos, que fue muy bien fundamentado por nuestros compañeros.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) El resultado de la votación es: 26 votos para el dictamen del Frente de Todos, uno en disidencia y 19 votos -si no me equivoco- para el dictamen de minoría. Ese es el cálculo, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Perfecto. Muchas Gracias. Igual usted tiene en su poder los dos dictámenes.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Por supuesto, ya los subo al sistema.
SR. PRESIDENTE HELLER Perfecto. Tiene la palabra el señor diputado Bazze.
SR. BAZZE Señor presidente: seré breve porque el dictamen ya fue votado.
Simplemente, quiero expresar mi preocupación porque el proyecto en tratamiento, en realidad, está vinculado con la necesidad de resolver cuestiones de las finanzas del Estado. En definitiva, como todos sabemos, lo que procura esta iniciativa -tal como se planteó aquí- es, justamente, un aumento de la recaudación.
En ese sentido, creo que todo lo que ha hecho este gobierno en materia de cuestiones económicas desde que asumió está vinculado directamente con mejorar la situación financiera del Estado, a expensas del esfuerzo de la gran mayoría de los argentinos.
No ha habido ninguna iniciativa del gobierno para mejorar la situación económica del conjunto de la población. No vamos a resolver los problemas de la falta de trabajo o del aumento de la pobreza simplemente mejorando las finanzas del Estado. El gobierno argentino debe asumir la responsabilidad de impulsar un proceso de crecimiento económico o, al menos, tratar de poner límite al esfuerzo que ya viene realizando el conjunto de nuestra sociedad.
Advierto con mucha preocupación que de lo único que hablamos permanentemente en este Congreso, a partir de las iniciativas del Poder Ejecutivo, es de aquellas cuestiones orientadas al fortalecimiento del Estado. Sinceramente, considero que eso está muy lejos de lo que necesita el conjunto del pueblo.
En tal sentido, debemos impulsar políticas que reactiven la economía, pero si aumentamos los impuestos como lo estamos haciendo, pedimos un esfuerzo cada vez mayor al conjunto de la sociedad, y me parece que es un error importante.
Desde hace un año y medio, el oficialismo ejerce el gobierno y no ha impulsado ninguna política que tienda a mejorar la situación del conjunto de la economía. Inclusive, hace algunas semanas aprobamos la reforma del impuesto a las ganancias para las personas humanas, que significó un beneficio para una parte de la sociedad -y todos sabemos en qué consiste esa reforma-.
Sin embargo, el beneficio que desde el oficialismo se decía que se iba a traducir en un mayor nivel de actividad económica, porque se iba a producir un ahorro en el bolsillo de muchos contribuyentes o empleados que ganaban menos de 150.000 pesos -que, en definitiva, en eso consistió la reforma que aprobamos-, está absorbido por completo con este incremento fenomenal de la recaudación que se plantea a partir del proyecto que despachamos en el día de hoy.
Aquí los señores diputados Cacace, Pastori, Laspina y Benedetti, entre otros, han expresado argumentos que demuestran claramente que, sin ningún lugar a dudas, todo esto provocará una importante retracción en la inversión y generará un límite a la creación de trabajo, con el agravante del peligro de que mucho de esto se traslade a los precios.
Por lo tanto, en definitiva, gran parte de esta recaudación la va a pagar el conjunto de la sociedad porque pagará más caros algunos productos que las empresas van a encarecer a partir de la existencia de esta reforma.
Por eso digo, señor presidente, que desde este punto de vista me parece que el gobierno va por mal camino. Sinceramente, tal como en alguna medida lo había anunciado el propio ministro de Economía cuando se inició este gobierno, creo que es necesario hacer un estudio pormenorizado e integral del sistema tributario argentino y ver cómo eso se enmarca en un proceso de crecimiento económico, en un programa económico que, evidentemente, el gobierno no tiene o, al menos, no ha explicitado al conjunto de la sociedad.
Para finalizar, es muy preocupante que sigamos actuando en esta dirección. Todos sabemos que la situación económica de nuestro país es muy grave y que no empezó ahora, está claro, pero tampoco lo hizo con el gobierno anterior. En realidad, es una situación que viene empeorando década tras década en la Argentina.
En tal sentido, existen cuestiones estructurales de nuestra economía que debemos resolver; eso está claro. Sin embargo, lo cierto es que ellas se agravan permanentemente, como sucedió en este período de gobierno, y no hay ninguna iniciativa oficial que tienda a revertir esta situación.
Esto es muy preocupante porque, necesariamente, tenemos que mostrar un horizonte distinto al conjunto de la sociedad. En realidad, el gobierno es el que debería mostrar que tiene un proyecto que sirve para resolver la situación cada vez más difícil de los argentinos.
Simplemente, quiero expresar mi preocupación porque el proyecto en tratamiento, en realidad, está vinculado con la necesidad de resolver cuestiones de las finanzas del Estado. En definitiva, como todos sabemos, lo que procura esta iniciativa -tal como se planteó aquí- es, justamente, un aumento de la recaudación.
En ese sentido, creo que todo lo que ha hecho este gobierno en materia de cuestiones económicas desde que asumió está vinculado directamente con mejorar la situación financiera del Estado, a expensas del esfuerzo de la gran mayoría de los argentinos.
No ha habido ninguna iniciativa del gobierno para mejorar la situación económica del conjunto de la población. No vamos a resolver los problemas de la falta de trabajo o del aumento de la pobreza simplemente mejorando las finanzas del Estado. El gobierno argentino debe asumir la responsabilidad de impulsar un proceso de crecimiento económico o, al menos, tratar de poner límite al esfuerzo que ya viene realizando el conjunto de nuestra sociedad.
Advierto con mucha preocupación que de lo único que hablamos permanentemente en este Congreso, a partir de las iniciativas del Poder Ejecutivo, es de aquellas cuestiones orientadas al fortalecimiento del Estado. Sinceramente, considero que eso está muy lejos de lo que necesita el conjunto del pueblo.
En tal sentido, debemos impulsar políticas que reactiven la economía, pero si aumentamos los impuestos como lo estamos haciendo, pedimos un esfuerzo cada vez mayor al conjunto de la sociedad, y me parece que es un error importante.
Desde hace un año y medio, el oficialismo ejerce el gobierno y no ha impulsado ninguna política que tienda a mejorar la situación del conjunto de la economía. Inclusive, hace algunas semanas aprobamos la reforma del impuesto a las ganancias para las personas humanas, que significó un beneficio para una parte de la sociedad -y todos sabemos en qué consiste esa reforma-.
Sin embargo, el beneficio que desde el oficialismo se decía que se iba a traducir en un mayor nivel de actividad económica, porque se iba a producir un ahorro en el bolsillo de muchos contribuyentes o empleados que ganaban menos de 150.000 pesos -que, en definitiva, en eso consistió la reforma que aprobamos-, está absorbido por completo con este incremento fenomenal de la recaudación que se plantea a partir del proyecto que despachamos en el día de hoy.
Aquí los señores diputados Cacace, Pastori, Laspina y Benedetti, entre otros, han expresado argumentos que demuestran claramente que, sin ningún lugar a dudas, todo esto provocará una importante retracción en la inversión y generará un límite a la creación de trabajo, con el agravante del peligro de que mucho de esto se traslade a los precios.
Por lo tanto, en definitiva, gran parte de esta recaudación la va a pagar el conjunto de la sociedad porque pagará más caros algunos productos que las empresas van a encarecer a partir de la existencia de esta reforma.
Por eso digo, señor presidente, que desde este punto de vista me parece que el gobierno va por mal camino. Sinceramente, tal como en alguna medida lo había anunciado el propio ministro de Economía cuando se inició este gobierno, creo que es necesario hacer un estudio pormenorizado e integral del sistema tributario argentino y ver cómo eso se enmarca en un proceso de crecimiento económico, en un programa económico que, evidentemente, el gobierno no tiene o, al menos, no ha explicitado al conjunto de la sociedad.
Para finalizar, es muy preocupante que sigamos actuando en esta dirección. Todos sabemos que la situación económica de nuestro país es muy grave y que no empezó ahora, está claro, pero tampoco lo hizo con el gobierno anterior. En realidad, es una situación que viene empeorando década tras década en la Argentina.
En tal sentido, existen cuestiones estructurales de nuestra economía que debemos resolver; eso está claro. Sin embargo, lo cierto es que ellas se agravan permanentemente, como sucedió en este período de gobierno, y no hay ninguna iniciativa oficial que tienda a revertir esta situación.
Esto es muy preocupante porque, necesariamente, tenemos que mostrar un horizonte distinto al conjunto de la sociedad. En realidad, el gobierno es el que debería mostrar que tiene un proyecto que sirve para resolver la situación cada vez más difícil de los argentinos.
SR. PRESIDENTE HELLER No habiendo más pedidos para hacer uso de la palabra, pasamos a considerar el siguiente punto del orden del día.
Como recordarán, se trata de un proyecto que viene en revisión del Senado de la Nación, por el cual se transfiere al municipio de la capital de la provincia de La Rioja un inmueble de propiedad del Estado nacional.
Tal como dijimos el otro día, el gobernador de la provincia nos hizo llegar un convenio sobre la entrega en custodia provisoria de este inmueble a la provincia de La Rioja, por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Desde el jueves hasta hoy, efectivamente, no hemos podido resolver esta situación controversial que se ha planteado.
Por lo tanto, voy a pedir a esta comisión el acuerdo para volver a pasar a estudio este proyecto hasta tanto tengamos la posibilidad considerarlo. Concretamente, esa es la propuesta que formulo. Si lo aprobamos, lo sometemos a estudio...
Como recordarán, se trata de un proyecto que viene en revisión del Senado de la Nación, por el cual se transfiere al municipio de la capital de la provincia de La Rioja un inmueble de propiedad del Estado nacional.
Tal como dijimos el otro día, el gobernador de la provincia nos hizo llegar un convenio sobre la entrega en custodia provisoria de este inmueble a la provincia de La Rioja, por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Desde el jueves hasta hoy, efectivamente, no hemos podido resolver esta situación controversial que se ha planteado.
Por lo tanto, voy a pedir a esta comisión el acuerdo para volver a pasar a estudio este proyecto hasta tanto tengamos la posibilidad considerarlo. Concretamente, esa es la propuesta que formulo. Si lo aprobamos, lo sometemos a estudio...
SR. PASTORI Pido la palabra, señor presidente.
SR. CASAS Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Primero, le voy a dar el uso de la palabra al señor diputado Pastori y, luego, al señor diputado Casas.
SR. CASAS Muy bien, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: quiero manifestar nuevamente, al igual que lo hiciera en la reunión anterior de esta comisión, nuestro profundo rechazo a la situación que se ha generado con respecto a este proyecto de ley.
Realmente, es insólito e inaceptable que, después de tener un proyecto que cuenta con la sanción del Senado y un supuesto convenio... Recuerdo que usted había quedado en enviarnos copia de este convenio a todos los diputados, pero eso no ha ocurrido y, por ello, desconocemos este supuesto convenio firmado en enero de este año, es decir, varios meses después de la sanción del Senado.
Entonces, suponiendo que este convenio sea real, desde ningún punto de vista podemos aceptar que un convenio entre la provincia y la Nación esté por encima de una ley, como sería la que nosotros estamos proponiendo.
Reitero que me parece que es una situación insólita e inaceptable porque estaríamos dando pie para que en el futuro se produzcan este tipo de situaciones cuando el gobierno provincial es de un color político y la intendencia es de otro. Al recurrir a un supuesto convenio, estaríamos dificultando la sanción de una ley, que es lo que se debería hacer.
Desde ahora y hasta que el asunto llegue al recinto y se vote, ya habrá tiempo de ver cuál es la postura que va a primar. Aquel que no quiera votar, no lo hará, y el resultado será el que determine la suma de los votos cuando sea el momento. Considero que eso es lo que deberíamos hacer.
No podemos aceptar que por un supuesto convenio se trabe la tarea de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en relación con un proyecto que está en el orden del día. Es la tercera vez que ocurre esto, cuando ya se había acordado con el vicepresidente su incorporación al plan de labor de la comisión.
Realmente, es insólito e inaceptable que, después de tener un proyecto que cuenta con la sanción del Senado y un supuesto convenio... Recuerdo que usted había quedado en enviarnos copia de este convenio a todos los diputados, pero eso no ha ocurrido y, por ello, desconocemos este supuesto convenio firmado en enero de este año, es decir, varios meses después de la sanción del Senado.
Entonces, suponiendo que este convenio sea real, desde ningún punto de vista podemos aceptar que un convenio entre la provincia y la Nación esté por encima de una ley, como sería la que nosotros estamos proponiendo.
Reitero que me parece que es una situación insólita e inaceptable porque estaríamos dando pie para que en el futuro se produzcan este tipo de situaciones cuando el gobierno provincial es de un color político y la intendencia es de otro. Al recurrir a un supuesto convenio, estaríamos dificultando la sanción de una ley, que es lo que se debería hacer.
Desde ahora y hasta que el asunto llegue al recinto y se vote, ya habrá tiempo de ver cuál es la postura que va a primar. Aquel que no quiera votar, no lo hará, y el resultado será el que determine la suma de los votos cuando sea el momento. Considero que eso es lo que deberíamos hacer.
No podemos aceptar que por un supuesto convenio se trabe la tarea de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en relación con un proyecto que está en el orden del día. Es la tercera vez que ocurre esto, cuando ya se había acordado con el vicepresidente su incorporación al plan de labor de la comisión.
SR. PRESIDENTE HELLER Diputado Pastori: sin ánimo de hacer polémica, no le acepto lo de "supuesto" y se lo rechazo enérgicamente, porque tengo en mi poder ese convenio. El gobernador de la provincia me lo anticipó, me llamó por teléfono y habló conmigo. Usted no tiene ningún derecho a poner en duda la veracidad de lo que estoy diciendo con la utilización de ese tipo de términos.
SR. GIOJA ¿Me permite una interrupción?
SR. PRESIDENTE HELLER Ya le permito; un momento, por favor, señor diputado.
Entonces, en primer lugar, quiero decir eso.
En segundo lugar, si la mayoría de los diputados y las diputadas así lo disponen, no tengo inconveniente en que votemos, rechacemos la propuesta y listo. Yo estoy tratando de evitar rechazarla, señores y señoras, y por eso estoy pidiendo pasarla a estudio; de lo contrario, el bloque mayoritario va a votar en bloque por el rechazo. No sé si ustedes prefieren ese camino. Como hago habitualmente, estoy tratando de ver si, por vía del diálogo, encontramos una solución.
Le permito la aclaración, señor diputado Gioja.
Entonces, en primer lugar, quiero decir eso.
En segundo lugar, si la mayoría de los diputados y las diputadas así lo disponen, no tengo inconveniente en que votemos, rechacemos la propuesta y listo. Yo estoy tratando de evitar rechazarla, señores y señoras, y por eso estoy pidiendo pasarla a estudio; de lo contrario, el bloque mayoritario va a votar en bloque por el rechazo. No sé si ustedes prefieren ese camino. Como hago habitualmente, estoy tratando de ver si, por vía del diálogo, encontramos una solución.
Le permito la aclaración, señor diputado Gioja.
SR. CASAS Tengo el uso de la palabra, señor presidente, porque ya se la había pedido.
SR. PRESIDENTE HELLER Déjeme presidir, señor diputado Casas. Ya se la doy.
SR. GIOJA Es una aclaración, Sergio.
Creo que el diputado Casas va a fundamentar el porqué de su postura, y me parece muy bien. La verdad es que lo felicito por la defensa que hace de los intereses de su provincia, porque no tengo ninguna duda de que eso es así.
Quiero decir que esto es política, y no politiquería. ¡Esto es política, y ella es dinámica! Aquí han pasado cosas serias, no cosas que nos traen malos recuerdos por algún mensaje del ex presidente.
Desde el jueves hasta ahora hemos estado verdaderamente sumergidos en el tema de ganancias. Si en ese tiempo no ha llegado a algún diputado la copia del convenio, eso forma parte del argumento del presidente de la comisión para pedir que siga el tratamiento en comisión y con los asesores. No es una cuestión traída de los pelos.
En nuestro bloque ni siquiera lo hemos podido discutir, por todas estas cosas que están pasando. ¡No nieguen la gravedad del problema que tiene el país!
Considero que la postura del presidente de la comisión es más que racional -si es que la racionalidad prima, y no me hago el inteligente ni mucho menos- para que decidamos si continúa el análisis en comisión hasta que la cuestión esté madura para su tratamiento.
Creo que el diputado Casas va a fundamentar el porqué de su postura, y me parece muy bien. La verdad es que lo felicito por la defensa que hace de los intereses de su provincia, porque no tengo ninguna duda de que eso es así.
Quiero decir que esto es política, y no politiquería. ¡Esto es política, y ella es dinámica! Aquí han pasado cosas serias, no cosas que nos traen malos recuerdos por algún mensaje del ex presidente.
Desde el jueves hasta ahora hemos estado verdaderamente sumergidos en el tema de ganancias. Si en ese tiempo no ha llegado a algún diputado la copia del convenio, eso forma parte del argumento del presidente de la comisión para pedir que siga el tratamiento en comisión y con los asesores. No es una cuestión traída de los pelos.
En nuestro bloque ni siquiera lo hemos podido discutir, por todas estas cosas que están pasando. ¡No nieguen la gravedad del problema que tiene el país!
Considero que la postura del presidente de la comisión es más que racional -si es que la racionalidad prima, y no me hago el inteligente ni mucho menos- para que decidamos si continúa el análisis en comisión hasta que la cuestión esté madura para su tratamiento.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Casas.
SR. CASAS Señor presidente: hago llegar un saludo muy especial y cordial para todas y para todos.
Me había anticipado en el uso de la palabra, sin el ánimo de generar polémicas ni controversias, justamente para apoyar lo que estaba proponiendo usted, presidente, es decir, que el tema siga en estudio en la comisión.
Lógicamente, estoy sorprendido por la virulenta reacción del diputado de la oposición que habló recién, porque el convenio existe y está firmado por el gobernador de la provincia, que es Ricardo Quintela, y el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Se trata de un convenio que está perfectamente inscripto y está hecho a dos tenores. No hay ningún problema, y creo que el presidente de la comisión lo ha remitido para su análisis. Entonces, es un convenio real y hay una disposición de una institución del Poder Ejecutivo.
No estamos negando ni desconociendo lo que todavía es un proyecto de ley, porque cuenta con la sanción del Senado -lógicamente hay explicaciones políticas para esto-, y no estamos oponiéndonos. Quiero que esto quede claro.
Nosotros queremos que la iniciativa pase a estudio, porque no queremos llegar a esta situación de choque. Por eso, me extraña la actitud del diputado de la oposición, que pido que la revea, para que tomemos una solución que sea analizada entre todos, a fin llegar a la mejor resolución del tema. Esperemos que se decida realmente lo que corresponde.
Me había anticipado en el uso de la palabra, sin el ánimo de generar polémicas ni controversias, justamente para apoyar lo que estaba proponiendo usted, presidente, es decir, que el tema siga en estudio en la comisión.
Lógicamente, estoy sorprendido por la virulenta reacción del diputado de la oposición que habló recién, porque el convenio existe y está firmado por el gobernador de la provincia, que es Ricardo Quintela, y el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Se trata de un convenio que está perfectamente inscripto y está hecho a dos tenores. No hay ningún problema, y creo que el presidente de la comisión lo ha remitido para su análisis. Entonces, es un convenio real y hay una disposición de una institución del Poder Ejecutivo.
No estamos negando ni desconociendo lo que todavía es un proyecto de ley, porque cuenta con la sanción del Senado -lógicamente hay explicaciones políticas para esto-, y no estamos oponiéndonos. Quiero que esto quede claro.
Nosotros queremos que la iniciativa pase a estudio, porque no queremos llegar a esta situación de choque. Por eso, me extraña la actitud del diputado de la oposición, que pido que la revea, para que tomemos una solución que sea analizada entre todos, a fin llegar a la mejor resolución del tema. Esperemos que se decida realmente lo que corresponde.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Buryaile.
SR. BURYAILE Señor presidente: a nadie escapa que esto es una decisión política. Lo ha dicho bien el señor diputado preopinante.
Usted ha dicho que lo va a mantener en estudio. Nosotros vamos a aceptarlo, obviamente, pero no a acordar ni coincidir. Lo que sí, señor presidente, usted había dicho -y no había problema, incluso lo consultó con sus asesores- que iba a enviar el convenio por correo.
Entonces, me parece que sería lógico que todos los diputados podamos tener ese convenio. La decisión política que tome el bloque mayoritario en este caso tendremos que aceptarla; es parte de las reglas del Congreso Nacional. Aunque no compartamos la decisión política, sí nos parece que, tratándose en este caso de un organismo del Estado y teniendo en cuenta su compromiso de enviarlo, podría enviar el convenio por correo.
Usted ha dicho que lo va a mantener en estudio. Nosotros vamos a aceptarlo, obviamente, pero no a acordar ni coincidir. Lo que sí, señor presidente, usted había dicho -y no había problema, incluso lo consultó con sus asesores- que iba a enviar el convenio por correo.
Entonces, me parece que sería lógico que todos los diputados podamos tener ese convenio. La decisión política que tome el bloque mayoritario en este caso tendremos que aceptarla; es parte de las reglas del Congreso Nacional. Aunque no compartamos la decisión política, sí nos parece que, tratándose en este caso de un organismo del Estado y teniendo en cuenta su compromiso de enviarlo, podría enviar el convenio por correo.
SR. PRESIDENTE HELLER Muy bien. No creo tener ningún inconveniente. En realidad, no quiero exagerar, pero estuvimos trabajando muy intensamente desde el jueves hasta hoy y lo vamos a resolver y enviar. Con respecto a eso no hay ningún problema, porque el convenio está aquí, lo tengo delante mío, se los puedo mostrar. Este es el convenio. Lo tengo en mi poder. Acá están las firmas del gobernador y del funcionario del ente del Estado. Están las fotos del inmueble y todo el detalle.
Por eso me ofende no lo que dijo usted, diputado, sino lo que dijo el diputado Pastori. Usted me está diciendo otra cosa. Entiendo que pida algo que hace al mayor conocimiento y está en todo su derecho a hacerlo.
Entiendo que tenemos consenso para volver el proyecto a estudio, lo cual no requiere estar de acuerdo. Estoy diciéndolo bien, a ver si se entiende. Entiendo que tenemos consenso para volverlo a estudio. Si no tenemos consenso para ponerlo a estudio, lo pongo a votación, con el anticipo de que el bloque del Frente de Todos votará por el rechazo del proyecto.
Por eso me ofende no lo que dijo usted, diputado, sino lo que dijo el diputado Pastori. Usted me está diciendo otra cosa. Entiendo que pida algo que hace al mayor conocimiento y está en todo su derecho a hacerlo.
Entiendo que tenemos consenso para volver el proyecto a estudio, lo cual no requiere estar de acuerdo. Estoy diciéndolo bien, a ver si se entiende. Entiendo que tenemos consenso para volverlo a estudio. Si no tenemos consenso para ponerlo a estudio, lo pongo a votación, con el anticipo de que el bloque del Frente de Todos votará por el rechazo del proyecto.
SR. BURYAILE Señor presidente: ¿puedo hacerle una sugerencia? Porque no se formulan mociones en la comisión, ¿no es cierto?
SR. PRESIDENTE HELLER Acepto su sugerencia, estamos dialogando. No hay problema, diputado.
SR. BURYAILE Gracias, señor presidente.
No dudo que usted tiene el convenio. Solo quiero conocer sus términos.
No dudo que usted tiene el convenio. Solo quiero conocer sus términos.
SR. PRESIDENTE HELLER Está bien, no hay problema.
SR. BURYAILE Lo segundo es que si le parece razonable, en relación con un convenio de este tipo, podemos fijarnos un plazo para decir que lo vamos a considerar seguramente en un mes, en quince días o en lo que se establezca, porque creo que mucho más tiempo no debería llevar. Pero es una sugerencia, para no decir que es una moción, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Quiero hacerle una aclaración, señor diputado.
El convenio establece 180 días, con una prórroga de 90 días más desde el 21 de enero, que es la fecha en que se firmó, para definir el destino del inmueble entre -insisto- la Nación y la provincia de La Rioja.
Por lo tanto, no puedo comprometerme a que en 30 días lo resolveremos. Me puedo comprometer a hablar con las partes para ver si encontramos una solución, pero no a asumir un plazo, porque -le vuelvo a repetir- hay un convenio firmado que dice que "la Nación le da por 180 días, con 90 días más, la administración provisoria de ese inmueble..." -etcétera- "...mientras se decide su destino final".
Quiero decirle que a nadie puede escapársele que un proyecto de ley no es superior a un convenio entre la Nación y la provincia, porque si no estamos equivocando los términos. No es una ley, sino un proyecto de ley que tiene sanción del Senado, pero que aún no ha sido sancionado definitivamente por el Congreso Nacional.
Por otro lado, hay un convenio firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo de la provincia de La Rioja.
Yo trato de evitar -insisto- el tema, que sería rechazar el convenio y que el proyecto vuelva al Senado, que sabrá lo que tiene que hacer. El Senado puede insistir en su aprobación o aceptar nuestro rechazo. Por su parte, el Poder Ejecutivo sabrá lo que tiene que hacer: puede aceptar o vetar.
Todos esos son los mecanismos del funcionamiento de la democracia. Dentro de ellos está también la búsqueda de soluciones no conflictivas, si es posible; si no, están los mecanismos, los votos, las mayorías, las minorías. Así funciona esto.
Entonces, le pediría que no me ponga un plazo y confíe en que yo no tengo ningún interés en demorarlo artificialmente. ¿Puede ser?
El señor diputado Buryaile expresa su asentimiento.
El convenio establece 180 días, con una prórroga de 90 días más desde el 21 de enero, que es la fecha en que se firmó, para definir el destino del inmueble entre -insisto- la Nación y la provincia de La Rioja.
Por lo tanto, no puedo comprometerme a que en 30 días lo resolveremos. Me puedo comprometer a hablar con las partes para ver si encontramos una solución, pero no a asumir un plazo, porque -le vuelvo a repetir- hay un convenio firmado que dice que "la Nación le da por 180 días, con 90 días más, la administración provisoria de ese inmueble..." -etcétera- "...mientras se decide su destino final".
Quiero decirle que a nadie puede escapársele que un proyecto de ley no es superior a un convenio entre la Nación y la provincia, porque si no estamos equivocando los términos. No es una ley, sino un proyecto de ley que tiene sanción del Senado, pero que aún no ha sido sancionado definitivamente por el Congreso Nacional.
Por otro lado, hay un convenio firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo de la provincia de La Rioja.
Yo trato de evitar -insisto- el tema, que sería rechazar el convenio y que el proyecto vuelva al Senado, que sabrá lo que tiene que hacer. El Senado puede insistir en su aprobación o aceptar nuestro rechazo. Por su parte, el Poder Ejecutivo sabrá lo que tiene que hacer: puede aceptar o vetar.
Todos esos son los mecanismos del funcionamiento de la democracia. Dentro de ellos está también la búsqueda de soluciones no conflictivas, si es posible; si no, están los mecanismos, los votos, las mayorías, las minorías. Así funciona esto.
Entonces, le pediría que no me ponga un plazo y confíe en que yo no tengo ningún interés en demorarlo artificialmente. ¿Puede ser?
El señor diputado Buryaile expresa su asentimiento.
SR. PRESIDENTE HELLER Muy bien. El proyecto vuelve a estudio. ¿Estamos de acuerdo?
Varios señores diputados expresan su asentimiento.
SR. PRESIDENTE HELLER Insisto: eso no quiere decir que la oposición esté de acuerdo con el procedimiento, pero acepta el procedimiento que estamos planteando como válido. ¿Sí?
Varios señores diputados expresan su asentimiento.
SR. PRESIDENTE HELLER Muy bien.
Entonces, hemos terminado con el temario de la reunión.
Muchísimas gracias a todos y todas por su participación y sus aportes.
Seguramente nos volveremos a ver en estos días porque hay una cantidad de temas dando vueltas que nos van a convocar a la brevedad.
Probablemente este viernes tengamos una reunión conjunta con la Comisión de Energía y Combustibles -creo que se estaba discutiendo en estas horas- por el tema de los biocombustibles.
Hay otros temas, como el proyecto referido al ganado ovino, sobre el que también se está trabajando. Así que seguramente vamos a tener reuniones en los próximos días para intentar seguir avanzando en el la consideración de distintos proyectos.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
Entonces, hemos terminado con el temario de la reunión.
Muchísimas gracias a todos y todas por su participación y sus aportes.
Seguramente nos volveremos a ver en estos días porque hay una cantidad de temas dando vueltas que nos van a convocar a la brevedad.
Probablemente este viernes tengamos una reunión conjunta con la Comisión de Energía y Combustibles -creo que se estaba discutiendo en estas horas- por el tema de los biocombustibles.
Hay otros temas, como el proyecto referido al ganado ovino, sobre el que también se está trabajando. Así que seguramente vamos a tener reuniones en los próximos días para intentar seguir avanzando en el la consideración de distintos proyectos.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
Es la hora 18 y 5.