Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda »
Reuniones »
Versiones Taquigráficas »
PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 13/10/2020
- INFORMATIVA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre de 2020, a la hora 11 y 12, comienza la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SR. PRESIDENTE HELLER Muy buenos días a todas y todos.
De acuerdo a lo que estaba programado, damos comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, tenemos que considerar el dictamen sobre la ley nacional de prohibición de ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore vinculados o ubicados en guaridas fiscales y/o evasores de obligaciones fiscales, y posteriormente iniciaremos el tratamiento del presupuesto nacional. Tal como habíamos quedado, luego de las reuniones que mantuvimos con los funcionarios públicos, ministros y secretarios de Estado que vinieron a dar sus informes y respondieron a las preguntas que se les formularon, hoy vamos a comenzar el debate del presupuesto. No es propósito de esta Presidencia que se dictamine hoy. En esta reunión simplemente vamos a debatir, fijar posiciones e intercambiar opiniones. La propuesta sería que la semana que viene -probablemente el martes- podamos convocar a una nueva reunión en la que ya sí la comisión dictamine y el tema quede a disposición de las autoridades de la Cámara para su tratamiento en el momento que lo consideren oportuno.
Hecha esta introducción, quería agregar lo siguiente. Como ustedes recordarán, este proyecto de prohibición de ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore tuvo un dictamen que se trató en el recinto y allí mantuvimos un debate donde intentamos agregar una frase sugerida por la señora diputada Vallejos. Ello generó una discusión y un malentendido y el presidente de la Cámara volvió el tema a comisión para que se lo reconsidere.
En ese sentido, quiero agradecerle muy especialmente a los diputados Carro, Camaño y Vallejos, que han estado trabajando intensamente. Como recordarán, originalmente había tres proyectos. Nosotros trabajamos sobre la base del proyecto del diputado Carro, pero teniendo a la vista los que habían presentado la diputada Camaño y la diputada Vallejos.
Hemos pedido a estos tres legisladores que traten de unificar las posiciones en un único dictamen, en el entendimiento de que realmente no había mayores diferencias en los contenidos; y, con la buena disposición de ellos, han generado ese dictamen único que estamos ahora poniendo a consideración.
Por eso le voy a pedir al diputado Carro que, como autor del proyecto original, haga una introducción sobre el tema. Después le voy a pedir a la diputada Camaño o a la diputada Vallejos -en el orden que crean conveniente- que nos amplíen sus consideraciones. Luego abriremos el debate y posteriormente firmaremos el dictamen.
Tiene la palabra el señor diputado Carro.
De acuerdo a lo que estaba programado, damos comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, tenemos que considerar el dictamen sobre la ley nacional de prohibición de ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore vinculados o ubicados en guaridas fiscales y/o evasores de obligaciones fiscales, y posteriormente iniciaremos el tratamiento del presupuesto nacional. Tal como habíamos quedado, luego de las reuniones que mantuvimos con los funcionarios públicos, ministros y secretarios de Estado que vinieron a dar sus informes y respondieron a las preguntas que se les formularon, hoy vamos a comenzar el debate del presupuesto. No es propósito de esta Presidencia que se dictamine hoy. En esta reunión simplemente vamos a debatir, fijar posiciones e intercambiar opiniones. La propuesta sería que la semana que viene -probablemente el martes- podamos convocar a una nueva reunión en la que ya sí la comisión dictamine y el tema quede a disposición de las autoridades de la Cámara para su tratamiento en el momento que lo consideren oportuno.
Hecha esta introducción, quería agregar lo siguiente. Como ustedes recordarán, este proyecto de prohibición de ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore tuvo un dictamen que se trató en el recinto y allí mantuvimos un debate donde intentamos agregar una frase sugerida por la señora diputada Vallejos. Ello generó una discusión y un malentendido y el presidente de la Cámara volvió el tema a comisión para que se lo reconsidere.
En ese sentido, quiero agradecerle muy especialmente a los diputados Carro, Camaño y Vallejos, que han estado trabajando intensamente. Como recordarán, originalmente había tres proyectos. Nosotros trabajamos sobre la base del proyecto del diputado Carro, pero teniendo a la vista los que habían presentado la diputada Camaño y la diputada Vallejos.
Hemos pedido a estos tres legisladores que traten de unificar las posiciones en un único dictamen, en el entendimiento de que realmente no había mayores diferencias en los contenidos; y, con la buena disposición de ellos, han generado ese dictamen único que estamos ahora poniendo a consideración.
Por eso le voy a pedir al diputado Carro que, como autor del proyecto original, haga una introducción sobre el tema. Después le voy a pedir a la diputada Camaño o a la diputada Vallejos -en el orden que crean conveniente- que nos amplíen sus consideraciones. Luego abriremos el debate y posteriormente firmaremos el dictamen.
Tiene la palabra el señor diputado Carro.
SR. CARRO Señor presidente: el proyecto que tenemos hoy entre manos no es diferente al que estuvimos discutiendo anteriormente en la comisión; por lo menos, no lo es en lo sustancial y en el objetivo que se propone, que es prohibirle al Estado dar ayuda económica a empresas que estén domiciliadas en guaridas fiscales o que sean evasoras fiscales. De manera que la idea general del proyecto es exactamente la misma.
Con respecto a las confusiones o a la discusión que tuvimos en el pleno de la Cámara cuando se trató el dictamen anterior, a lo que usted dijo, señor presidente, yo simplemente agregaría que la modificación planteada por la diputada Vallejos sobre el final era muy parecida a lo que estaba planteado en el proyecto de la diputada Camaño.
La vuelta a comisión nos permitió enriquecer y afinar el proyecto de muchas maneras. Hoy es un proyecto mucho más fino y más claro con respecto a lo que queremos lograr.
Dicho esto, si a usted le parece bien, señor presidente, le pediría a la señora diputada Vallejos que explique con más detalle las modificaciones que se incorporan para que podamos darle un pronto tratamiento.
Con respecto a las confusiones o a la discusión que tuvimos en el pleno de la Cámara cuando se trató el dictamen anterior, a lo que usted dijo, señor presidente, yo simplemente agregaría que la modificación planteada por la diputada Vallejos sobre el final era muy parecida a lo que estaba planteado en el proyecto de la diputada Camaño.
La vuelta a comisión nos permitió enriquecer y afinar el proyecto de muchas maneras. Hoy es un proyecto mucho más fino y más claro con respecto a lo que queremos lograr.
Dicho esto, si a usted le parece bien, señor presidente, le pediría a la señora diputada Vallejos que explique con más detalle las modificaciones que se incorporan para que podamos darle un pronto tratamiento.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra la señora diputada Vallejos.
SRA. VALLEJOS Señor presidente: en primer lugar -como decía recién mi compañero, el diputado Carro-, quiero resaltar el trabajo cooperativo y colaborativo que hemos podido realizar para realmente enriquecer este dictamen que estamos sometiendo a la consideración de la comisión. Estamos convencidos y convencidas de que es un muy buen dictamen.
También quiero señalar y agradecer especialmente el aporte y la predisposición de la señora diputada Camaño. Hemos trabajado mucho para llegar a este dictamen. Nos hemos empeñado -como creo que se cristaliza en el contenido- en contemplar la multiplicidad de situaciones, maniobras y prácticas que caracterizan a quienes buscan evadir y eludir el control del Estado -o "de los Estados", porque esto no es solo un problema de la República Argentina, sino que es un problema de carácter global- para no cumplir con sus obligaciones fiscales.
Sabemos que las personas más ricas y las empresas de mayor envergadura se valen de recursos contables, financieros y jurídicos para ocultar sus patrimonios, para alojar sus ganancias en guaridas fiscales o en jurisdicciones offshore, y que a través de esas maniobras se quedan, a fin de cuentas, con recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía, privando al Estado de esos recursos que son tan necesarios para poder ofrecer al conjunto de la sociedad bienes y servicios públicos de calidad.
No queremos que eso siga ocurriendo en la República Argentina, señor presidente. Por eso, con esta norma queremos dotar a nuestro Estado nacional de un instrumento que, a la hora de ayudar tanto a empresas como a personas que pudieran requerir la ayuda económica estatal, le permita excluir a aquellas que se sientan más vivas que el resto de los argentinos y las argentinas.
Como lo expresamos en el artículo 1° de este dictamen, estamos consagrando y estableciendo la prohibición y la exclusión de asistencia económica y/o financiera en cualquiera de sus modalidades, ya sea que se trate de subsidios, de transferencias, de exenciones impositivas, de beneficios fiscales, de facilidades crediticias o incluso de obligaciones emanadas del sistema de seguridad social.
Creemos que quienes no se consideran argentinos a la hora de pagar los impuestos, quienes no aportan lo que les corresponde, tampoco deben capturar esos recursos públicos que, por el contrario, en el sendero de construir un Estado moderno e inteligente, deben ir destinados a aquellos y aquellas que verdaderamente los necesitan.
Por eso, señor presidente, en el artículo 2° hemos buscado establecer criterios exigentes en procura de contemplar la diversidad de sujetos, entes e instrumentos jurídicos, ya sean contractuales o no, personificados o no, que, escapándose de la ley argentina, realizan todo tipo de ardides y prácticas de offshoring y, por lo tanto, deben ser excluidos de las ayudas públicas.
Estás prácticas no son nuevas; de hecho, en el caso de nuestro país han ido ganando relevancia a partir de la última dictadura cívico-militar, en consonancia con la implementación de lo que caracterizamos como modelo de valorización financiera.
A partir de ese momento, los actores de mayor poder económico han utilizado cada vez más la industria global de la fuga y de la evasión. Como dije anteriormente, todos los países del mundo son víctimas de estos comportamientos, que están en las antípodas de la construcción de una comunidad con vocación de consolidar un proyecto de desarrollo nacional.
Entonces, señor presidente, queremos que nuestro país avance en ese sendero. Para eso, creemos que es fundamental que todos esos vivos que utilizan estos instrumentos dejen de ver al Estado nacional -que somos todos los argentinos y las argentinas; esto no lo podemos olvidar- como un Estado bobo al que no aportan nada pero le sacan todo lo que pueden, cada vez que pueden. Alguna vez el presidente Alberto Fernández dijo que se terminó en la Argentina el tiempo de los vivos; nosotros creemos, señor presidente, que con este dictamen estamos dando un paso en ese sentido.
Por eso, en el artículo 2º, que es el más duro en términos técnicos, se contemplan las sociedades extranjeras que no se hayan adecuado a la legislación argentina, los que estén domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en esas jurisdicciones; los que estén vinculados o tengan algún tipo de participación en sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otra estructura jurídica constituida, radicada o ubicada en jurisdicciones de baja o nula tributación o que estén controlados directa o indirectamente por accionistas de esas jurisdicciones hasta el beneficiario final efectivo; los que durante los últimos tres ejercicios contables hayan hecho pagos o transferencias a una estructura jurídica en jurisdicciones de baja o nula tributación; los que tengan control directo o indirecto de filiales o tengan establecimientos permanentes en jurisdicciones de baja o nula tributación. También se incluyen a las sociedades nacionales controladas por sociedades extranjeras o vinculadas con sociedades extranjeras domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación; las empresas cuyos accionistas o beneficiarios finales sean también titulares de otras personas jurídicas, fideicomisos u otros patrimonios de afectación en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean titulares de activos en esas jurisdicciones; los que compartan la propiedad o el control conjuntos ya sea directos o indirectos de sociedades, establecimientos o de otros bienes radicados en territorio nacional con empresas, con sociedades, con entes, con instrumentos jurídicos de cualquier característica de jurisdicciones de baja o nula tributación; los fideicomisos que constituidos en nuestro país, el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario o el fideicomisario sean residentes o tengan domicilio a efectos fiscales en jurisdicciones de baja o nula tributación. También se incluye a aquellos constituidos en esas jurisdicciones y en cuyo patrimonio fiduciario haya bienes de cualquier clase, ya sean activos financieros o participaciones sociales, de sociedades domiciliadas en la Argentina; los contratos asociativos especificados en el Código Civil y Comercial donde sus partes sean sujetos, como los que venimos mencionando, vinculados a jurisdicciones de baja o nula tributación.
Asimismo, se contemplan también las sociedades constituidas en esas jurisdicciones que hayan adquirido bienes en nuestro país para su utilización o explotación en condiciones de permanencia. Y también los que estén procesados con auto de procesamiento firme hasta la absolución, hasta el sobreseimiento firme o hasta la condena por delitos contra la administración pública nacional, contra la fe pública, los delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, contra el orden económico y financiero o por los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria o en la Ley Penal Cambiaria; y por los mismos delitos que estén condenados, aun cuando la condena no estuviera firme, mientras tenga esa condición, y una vez firme por 5 años o por el tiempo que dure la condena, por 2 años si esta hubiera consistido en multa o en habilitación o hasta que se haya pagado la multa si fuera después de los 2 años.
En el mismo sentido, los que registren saldos impagos por tributos nacionales superiores a los 15 millones de pesos en concepto de capital por impuesto hasta que los saldos impagos se cancelen, salvo en los casos que hubieran entrado a un plan de regularización y que no hubiera mora. Lo mismo ocurre con los que registren saldos impagos por obligaciones en concepto de aportes o contribuciones del sistema de seguridad social, ya sea en forma conjunta o separada por obligación, superiores en monto a los 12 millones de pesos en concepto de capital hasta que los saldos impagos se cancelen, salvo que hayan ingresado a un plan de regularización y por supuesto que no estén en mora.
Todos estos sujetos que acabo de mencionar, que son los que están contemplados en los distintos incisos que componen el artículo 2º, a partir de esta norma no van a poder aprovecharse más de los recursos del Estado nacional que son -repito- de todos los argentinos y de todas las argentinas.
También en este dictamen facultamos a la autoridad de aplicación a coordinar el trabajo con otras autoridades que tienen competencia reglamentaria sobre estos sujetos, entes supuestos excluidos con el fin de facilitar y mejorar la tarea y la aplicación de la norma.
Por último, también planteamos la elaboración, actualización y publicación anual de una lista única de jurisdicciones de baja o nula tributación por parte de la autoridad de aplicación.
Como ya sostuve alguna vez, señor presidente, el daño que generan este tipo de prácticas a nuestras economías y a las perspectivas de desarrollo de los países, y en especial a las economías periféricas como la nuestra, reclama de nosotros el máximo de los esfuerzos para mejorar y perfeccionar nuestra legislación.
Las guaridas, las jurisdicciones offshore no son un paraíso, como a veces se lo quiere edulcorar, sino que son un verdadero infierno para nuestros pueblos que hoy además están sufriendo -y mucho-, y son, señor presidente, la cloaca de nuestro sistema económico. Tenemos que comprometernos a trabajar con todas nuestras fuerzas para terminar con estas atrofias del sistema.
Por eso, por último, quiero decir sinceramente que me siento muy feliz de presentar este dictamen con el que estamos cuidando el patrimonio público, el interés de nuestro país y, sobre todo y lo más importante, protegiendo los derechos y los intereses de nuestro pueblo. Muchas gracias.
También quiero señalar y agradecer especialmente el aporte y la predisposición de la señora diputada Camaño. Hemos trabajado mucho para llegar a este dictamen. Nos hemos empeñado -como creo que se cristaliza en el contenido- en contemplar la multiplicidad de situaciones, maniobras y prácticas que caracterizan a quienes buscan evadir y eludir el control del Estado -o "de los Estados", porque esto no es solo un problema de la República Argentina, sino que es un problema de carácter global- para no cumplir con sus obligaciones fiscales.
Sabemos que las personas más ricas y las empresas de mayor envergadura se valen de recursos contables, financieros y jurídicos para ocultar sus patrimonios, para alojar sus ganancias en guaridas fiscales o en jurisdicciones offshore, y que a través de esas maniobras se quedan, a fin de cuentas, con recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía, privando al Estado de esos recursos que son tan necesarios para poder ofrecer al conjunto de la sociedad bienes y servicios públicos de calidad.
No queremos que eso siga ocurriendo en la República Argentina, señor presidente. Por eso, con esta norma queremos dotar a nuestro Estado nacional de un instrumento que, a la hora de ayudar tanto a empresas como a personas que pudieran requerir la ayuda económica estatal, le permita excluir a aquellas que se sientan más vivas que el resto de los argentinos y las argentinas.
Como lo expresamos en el artículo 1° de este dictamen, estamos consagrando y estableciendo la prohibición y la exclusión de asistencia económica y/o financiera en cualquiera de sus modalidades, ya sea que se trate de subsidios, de transferencias, de exenciones impositivas, de beneficios fiscales, de facilidades crediticias o incluso de obligaciones emanadas del sistema de seguridad social.
Creemos que quienes no se consideran argentinos a la hora de pagar los impuestos, quienes no aportan lo que les corresponde, tampoco deben capturar esos recursos públicos que, por el contrario, en el sendero de construir un Estado moderno e inteligente, deben ir destinados a aquellos y aquellas que verdaderamente los necesitan.
Por eso, señor presidente, en el artículo 2° hemos buscado establecer criterios exigentes en procura de contemplar la diversidad de sujetos, entes e instrumentos jurídicos, ya sean contractuales o no, personificados o no, que, escapándose de la ley argentina, realizan todo tipo de ardides y prácticas de offshoring y, por lo tanto, deben ser excluidos de las ayudas públicas.
Estás prácticas no son nuevas; de hecho, en el caso de nuestro país han ido ganando relevancia a partir de la última dictadura cívico-militar, en consonancia con la implementación de lo que caracterizamos como modelo de valorización financiera.
A partir de ese momento, los actores de mayor poder económico han utilizado cada vez más la industria global de la fuga y de la evasión. Como dije anteriormente, todos los países del mundo son víctimas de estos comportamientos, que están en las antípodas de la construcción de una comunidad con vocación de consolidar un proyecto de desarrollo nacional.
Entonces, señor presidente, queremos que nuestro país avance en ese sendero. Para eso, creemos que es fundamental que todos esos vivos que utilizan estos instrumentos dejen de ver al Estado nacional -que somos todos los argentinos y las argentinas; esto no lo podemos olvidar- como un Estado bobo al que no aportan nada pero le sacan todo lo que pueden, cada vez que pueden. Alguna vez el presidente Alberto Fernández dijo que se terminó en la Argentina el tiempo de los vivos; nosotros creemos, señor presidente, que con este dictamen estamos dando un paso en ese sentido.
Por eso, en el artículo 2º, que es el más duro en términos técnicos, se contemplan las sociedades extranjeras que no se hayan adecuado a la legislación argentina, los que estén domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en esas jurisdicciones; los que estén vinculados o tengan algún tipo de participación en sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otra estructura jurídica constituida, radicada o ubicada en jurisdicciones de baja o nula tributación o que estén controlados directa o indirectamente por accionistas de esas jurisdicciones hasta el beneficiario final efectivo; los que durante los últimos tres ejercicios contables hayan hecho pagos o transferencias a una estructura jurídica en jurisdicciones de baja o nula tributación; los que tengan control directo o indirecto de filiales o tengan establecimientos permanentes en jurisdicciones de baja o nula tributación. También se incluyen a las sociedades nacionales controladas por sociedades extranjeras o vinculadas con sociedades extranjeras domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación; las empresas cuyos accionistas o beneficiarios finales sean también titulares de otras personas jurídicas, fideicomisos u otros patrimonios de afectación en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean titulares de activos en esas jurisdicciones; los que compartan la propiedad o el control conjuntos ya sea directos o indirectos de sociedades, establecimientos o de otros bienes radicados en territorio nacional con empresas, con sociedades, con entes, con instrumentos jurídicos de cualquier característica de jurisdicciones de baja o nula tributación; los fideicomisos que constituidos en nuestro país, el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario o el fideicomisario sean residentes o tengan domicilio a efectos fiscales en jurisdicciones de baja o nula tributación. También se incluye a aquellos constituidos en esas jurisdicciones y en cuyo patrimonio fiduciario haya bienes de cualquier clase, ya sean activos financieros o participaciones sociales, de sociedades domiciliadas en la Argentina; los contratos asociativos especificados en el Código Civil y Comercial donde sus partes sean sujetos, como los que venimos mencionando, vinculados a jurisdicciones de baja o nula tributación.
Asimismo, se contemplan también las sociedades constituidas en esas jurisdicciones que hayan adquirido bienes en nuestro país para su utilización o explotación en condiciones de permanencia. Y también los que estén procesados con auto de procesamiento firme hasta la absolución, hasta el sobreseimiento firme o hasta la condena por delitos contra la administración pública nacional, contra la fe pública, los delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, contra el orden económico y financiero o por los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria o en la Ley Penal Cambiaria; y por los mismos delitos que estén condenados, aun cuando la condena no estuviera firme, mientras tenga esa condición, y una vez firme por 5 años o por el tiempo que dure la condena, por 2 años si esta hubiera consistido en multa o en habilitación o hasta que se haya pagado la multa si fuera después de los 2 años.
En el mismo sentido, los que registren saldos impagos por tributos nacionales superiores a los 15 millones de pesos en concepto de capital por impuesto hasta que los saldos impagos se cancelen, salvo en los casos que hubieran entrado a un plan de regularización y que no hubiera mora. Lo mismo ocurre con los que registren saldos impagos por obligaciones en concepto de aportes o contribuciones del sistema de seguridad social, ya sea en forma conjunta o separada por obligación, superiores en monto a los 12 millones de pesos en concepto de capital hasta que los saldos impagos se cancelen, salvo que hayan ingresado a un plan de regularización y por supuesto que no estén en mora.
Todos estos sujetos que acabo de mencionar, que son los que están contemplados en los distintos incisos que componen el artículo 2º, a partir de esta norma no van a poder aprovecharse más de los recursos del Estado nacional que son -repito- de todos los argentinos y de todas las argentinas.
También en este dictamen facultamos a la autoridad de aplicación a coordinar el trabajo con otras autoridades que tienen competencia reglamentaria sobre estos sujetos, entes supuestos excluidos con el fin de facilitar y mejorar la tarea y la aplicación de la norma.
Por último, también planteamos la elaboración, actualización y publicación anual de una lista única de jurisdicciones de baja o nula tributación por parte de la autoridad de aplicación.
Como ya sostuve alguna vez, señor presidente, el daño que generan este tipo de prácticas a nuestras economías y a las perspectivas de desarrollo de los países, y en especial a las economías periféricas como la nuestra, reclama de nosotros el máximo de los esfuerzos para mejorar y perfeccionar nuestra legislación.
Las guaridas, las jurisdicciones offshore no son un paraíso, como a veces se lo quiere edulcorar, sino que son un verdadero infierno para nuestros pueblos que hoy además están sufriendo -y mucho-, y son, señor presidente, la cloaca de nuestro sistema económico. Tenemos que comprometernos a trabajar con todas nuestras fuerzas para terminar con estas atrofias del sistema.
Por eso, por último, quiero decir sinceramente que me siento muy feliz de presentar este dictamen con el que estamos cuidando el patrimonio público, el interés de nuestro país y, sobre todo y lo más importante, protegiendo los derechos y los intereses de nuestro pueblo. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño.
Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño.
SRA. CAMAÑO Gracias, presidente; gracias, colegas.
En verdad este proyecto lo presentamos hace bastante tiempo; lo habíamos presentado incluso en un período anterior. Y en esta oportunidad trabajamos con mi colega Luis Contigiani en dos sentidos. Por un lado, el proyecto estaba vinculado a las empresas offshore y, por otro lado, hay un proyecto muy interesante del diputado Contigiani que solicita una reforma a la ley de ética pública planteando la incompatibilidad para ser funcionario público en tanto se tengan cuentas en jurisdicciones offshore.
Espero que podamos tener continuidad en el trabajo porque nos da la impresión de que este tema es mucho más amplio de lo que estamos debatiendo en el día de hoy y lo que se hizo durante todo este tiempo con la idea de hacer más eficiente la distribución de los dineros de la pandemia, porque en realidad así es como había salido el dictamen originario. Cuando la colcha es muy chica empezamos a ver de dónde recortar y entonces vemos que podemos hacer cosas como estas. Nuestro proyecto era más ambicioso, quería tener una idea más general respecto al tema, para siempre y con todos.
Soy de la idea de que no tendríamos un GAFI ni una actividad tan intensa por parte de los Estados en combatir los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, las offshoring, si no hubiéramos comenzado a ver delitos graves como el terrorismo o, por ejemplo, el desmadre que se produjo con el dinero del narcotráfico, la trata de personas, etcétera. Porque en realidad no interesaba, la cuestión era tratar de ver de qué manera se acomodaban en lugares donde les era más ventajoso y más rentable tener sus dineros. Por eso es que hay una distinción entre lo que implica eludir y evadir. Las Naciones siempre han castigado las evasiones e incluso en los últimos 30 años lo han establecido de manera muy categórica en el Código Penal, algo que tampoco ocurría.
Pero sin duda hay delitos que llevaron a la necesidad de la elusión, que son los agujeros de la legislación, esos agujeros que permiten que estas empresas no sean ilegales, porque incluso en algunos momentos se utilizan también como empresas que hacen de soporte en el exterior. O sea, no todas las offshore son empresas ilegales. Esto lo quiero dejar en claro porque yo tengo una mirada distinta respecto al tema.
Por supuesto que estoy absolutamente convencida de que no le tenemos que dar ventaja -y menos en épocas de escasez- a este tipo de empresas, que tenemos que premiar a aquellos empresarios, a aquellos emprendedores, a aquellas personas que toleran una carga impositiva muy importante en la República Argentina y no a aquellos que con estos conocimientos -porque habitualmente son empresas que tienen los mejores estudios jurídicos, los mejores estudios contables, no es la pyme que quizás tenga 50 o 100 trabajadores la que se puede dar el lujo de hacer un off shoring- me da la impresión de que el país no debe, bajo ningún punto de vista, resolverle los problemas porque por su capacidad los están resolviendo por sí solos o sea están buscando los resquicios de la ley, y en algunos casos cometiendo delitos de evasión, para poder resolver sus problemas.
Por eso me parece muy bien que lo incorporemos, porque, además, es escandaloso cuando uno mira algunos antecedentes en la Argentina -o sea a nosotros nos sobra y tenemos para hacer dulce de leche-, con aquellos que se sumaron a moratorias, a blanqueos, a usufructuar los beneficios de algún subsidio empresarial y mientras tanto estaban colgados de la brocha con alguna que hasta ha tenido problemas internacionales por los delitos que se cometieron.
Así que este es el sentido que nosotros le habíamos dado a nuestro proyecto. Era un sentido más amplio y se dio la discusión en el recinto que nos posibilitó ponernos de acuerdo con la diputada Vallejos que, con mucha gentileza, miró el proyecto, vio que había algo para incorporar y que también se podía trabajar. Era un proyecto que había quedado de lado en la discusión que se tuvo en las comisiones y, es más, es un proyecto que me generó una carta medio virulenta al presidente de la comisión para que me lo reconozca, pero creo que terminamos bien, terminamos acordando algo mucho más importante que nos demuestra que cuando también somos amplios en las visiones, por más que tengamos motivaciones diferentes, podemos llegar a hacer buenas leyes.
Lo importante será a partir de ahora no solamente que se ponga en marcha sino que las futuras generaciones de congresistas cada vez que hagan un blanqueo recuerden que existe esta ley -cuando la aprobemos- para mencionarla en el proyecto, por esto de que la ley nueva deja de lado a la ley vieja, pero seguramente alguno de nosotros estará por ahí dando vueltas para recordar que está esta ley.
En verdad este proyecto lo presentamos hace bastante tiempo; lo habíamos presentado incluso en un período anterior. Y en esta oportunidad trabajamos con mi colega Luis Contigiani en dos sentidos. Por un lado, el proyecto estaba vinculado a las empresas offshore y, por otro lado, hay un proyecto muy interesante del diputado Contigiani que solicita una reforma a la ley de ética pública planteando la incompatibilidad para ser funcionario público en tanto se tengan cuentas en jurisdicciones offshore.
Espero que podamos tener continuidad en el trabajo porque nos da la impresión de que este tema es mucho más amplio de lo que estamos debatiendo en el día de hoy y lo que se hizo durante todo este tiempo con la idea de hacer más eficiente la distribución de los dineros de la pandemia, porque en realidad así es como había salido el dictamen originario. Cuando la colcha es muy chica empezamos a ver de dónde recortar y entonces vemos que podemos hacer cosas como estas. Nuestro proyecto era más ambicioso, quería tener una idea más general respecto al tema, para siempre y con todos.
Soy de la idea de que no tendríamos un GAFI ni una actividad tan intensa por parte de los Estados en combatir los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, las offshoring, si no hubiéramos comenzado a ver delitos graves como el terrorismo o, por ejemplo, el desmadre que se produjo con el dinero del narcotráfico, la trata de personas, etcétera. Porque en realidad no interesaba, la cuestión era tratar de ver de qué manera se acomodaban en lugares donde les era más ventajoso y más rentable tener sus dineros. Por eso es que hay una distinción entre lo que implica eludir y evadir. Las Naciones siempre han castigado las evasiones e incluso en los últimos 30 años lo han establecido de manera muy categórica en el Código Penal, algo que tampoco ocurría.
Pero sin duda hay delitos que llevaron a la necesidad de la elusión, que son los agujeros de la legislación, esos agujeros que permiten que estas empresas no sean ilegales, porque incluso en algunos momentos se utilizan también como empresas que hacen de soporte en el exterior. O sea, no todas las offshore son empresas ilegales. Esto lo quiero dejar en claro porque yo tengo una mirada distinta respecto al tema.
Por supuesto que estoy absolutamente convencida de que no le tenemos que dar ventaja -y menos en épocas de escasez- a este tipo de empresas, que tenemos que premiar a aquellos empresarios, a aquellos emprendedores, a aquellas personas que toleran una carga impositiva muy importante en la República Argentina y no a aquellos que con estos conocimientos -porque habitualmente son empresas que tienen los mejores estudios jurídicos, los mejores estudios contables, no es la pyme que quizás tenga 50 o 100 trabajadores la que se puede dar el lujo de hacer un off shoring- me da la impresión de que el país no debe, bajo ningún punto de vista, resolverle los problemas porque por su capacidad los están resolviendo por sí solos o sea están buscando los resquicios de la ley, y en algunos casos cometiendo delitos de evasión, para poder resolver sus problemas.
Por eso me parece muy bien que lo incorporemos, porque, además, es escandaloso cuando uno mira algunos antecedentes en la Argentina -o sea a nosotros nos sobra y tenemos para hacer dulce de leche-, con aquellos que se sumaron a moratorias, a blanqueos, a usufructuar los beneficios de algún subsidio empresarial y mientras tanto estaban colgados de la brocha con alguna que hasta ha tenido problemas internacionales por los delitos que se cometieron.
Así que este es el sentido que nosotros le habíamos dado a nuestro proyecto. Era un sentido más amplio y se dio la discusión en el recinto que nos posibilitó ponernos de acuerdo con la diputada Vallejos que, con mucha gentileza, miró el proyecto, vio que había algo para incorporar y que también se podía trabajar. Era un proyecto que había quedado de lado en la discusión que se tuvo en las comisiones y, es más, es un proyecto que me generó una carta medio virulenta al presidente de la comisión para que me lo reconozca, pero creo que terminamos bien, terminamos acordando algo mucho más importante que nos demuestra que cuando también somos amplios en las visiones, por más que tengamos motivaciones diferentes, podemos llegar a hacer buenas leyes.
Lo importante será a partir de ahora no solamente que se ponga en marcha sino que las futuras generaciones de congresistas cada vez que hagan un blanqueo recuerden que existe esta ley -cuando la aprobemos- para mencionarla en el proyecto, por esto de que la ley nueva deja de lado a la ley vieja, pero seguramente alguno de nosotros estará por ahí dando vueltas para recordar que está esta ley.
SR. PRESIDENTE HELLER Diría que siempre podemos aspirar para más, así que yo la convocaría para que trabajemos juntos en un proyecto más amplio que no va a entrar en contradicción con este, que sea mucho más abarcativo y que consideremos a esto un primer paso en la defensa de nuestros intereses para, como usted bien dijo, sobre todo, evitar que empresas, no sólo porque evaden sino porque no lo necesitan, utilicen recursos públicos que es el sentido central que tiene esto que estamos tratando.
Tengo el pedido de la palabra del diputado Luis Pastori.
Tengo el pedido de la palabra del diputado Luis Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: estoy con alguna dificultad en la conexión, pero creo que se me está escuchando bien. Cualquier cosa me avisa.
Le pido unos minutos de tiempo porque quiero expresar, en nombre del interbloque, por qué motivo no vamos a acompañar este proyecto de ley, para lo cual, desde ya, pido el tiempo prudencial de 24 horas para presentar un dictamen de minoría, que va ser un dictamen de rechazo al proyecto así como viene este predictamen de comisión.
Sin ninguna duda que respecto al proyecto original -que lo tratamos en aquella ya famosa sesión, cuando en horas de la madrugada se pretendió establecer una modificación y se decidió, con buen tino, enviarlo de vuelta a comisión- nos parece que este proyecto tiene muy poco que ver en los detalles, en lo sustantivo. Aquel proyecto estábamos dispuestos acompañarlo y así yo lo había expresado cuando me tocó hablar en la sesión en la idea de que estábamos limitando los beneficios a aquellas empresas que tenían algún tipo de bienes registrados en paraísos fiscales o en guaridas fiscales o en refugios fiscales, como quiera llamársele, es lo mismo.
Pero luego de esa pretendida inclusión que motivó la vuelta a comisión y después de leer anoche este predictamen, la verdad es que vemos dos cosas. Por un lado, que ha mejorado notablemente la pluma del proyecto y, por otro lado, que ha empeorado el prejuicio ideológico y el sesgo antiempresa. Yo sé que no les gusta cuando decimos esto pero no lo podemos evitar. Si hay un ejemplo de proyecto de todo lo que no se debe hacer para atraer inversiones es este proyecto que estamos tratando.
Por lo tanto, voy a tratar de sintetizar los motivos de nuestro rechazo. Primero, ¿en qué consiste el proyecto? Establecer prohibiciones, exclusiones, asistencia económica y/o financiera en la forma de subsidios, de transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales. Aquí tenemos un primer problema. ¿Qué son las exenciones impositivas de las cuales está hablando? ¿Son las exenciones, por ejemplo, que tienen prácticamente la totalidad de los impuestos que conforman el sistema tributario argentino? Cada impuesto tiene un artículo, o más, que habla de exenciones impositivas. Las empresas que estén comprendidas en esta ley, pregunto, ¿van a dejar de estar exentas en alguno de estos impuestos?
Cuando hablamos de los beneficios fiscales entramos en un terreno resbaladizo, porque estamos hablando de regímenes de promoción fiscal, que en el presupuesto se llaman gastos tributarios, esa es la denominación que se le da y que ustedes mismos en este presupuesto que han presentado también lo siguen llamando así, técnicamente correcto. Pero, por ejemplo, ahí quedan incluidas las empresas que son promovidas con promoción industrial, promoción de la actividad minera, promoción económica de Tierra del Fuego -todas las empresas radicadas en Tierra del Fuego pueden entrar en estas limitaciones-, la ley de fomento de la investigación científico-tecnológica, la de fomento de la educación técnica, el régimen de inversión de bosques cultivados, la promoción de la economía del conocimiento que hace poquito aprobamos, el uso de fuentes renovables de energía, el régimen del autopartismo argentino, en fin, la decena de leyes de promoción fiscal estarían ahora incluidas con peligro de que sus titulares puedan ser objeto de esta limitación, de que no van a poder acceder, por ejemplo, a asistencia económica, financiera, crediticia, incluso aquellas emanadas del sistema de seguridad social, así que esta es la primera cuestión que estamos planteando.
Esto es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que haga un enorme listado de cuáles van a ser aquellas empresas a las que van a asistir y a cuáles no. Es muy difícil acompañar un proyecto sin tener información acerca de cuál es el universo de empresas que potencialmente pueden verse afectadas y sin la información de cuál será la autoridad aplicación, porque la va a designar el Poder Ejecutivo. Incluso, dicha autoridad hará un listado de los que considere países de nula o baja tributación. Que la AFIP sea el órgano que dictará la cantidad de empresas que pueden estar potencialmente alcanzadas por esta ley, es un cheque en blanco.
A diferencia del proyecto anterior, también incluye a los contratos asociativos que no son sociedades comerciales y que están legisladas en el Código Civil y Comercial. Por ejemplo: los negocios en participación, las agrupaciones de colaboración empresaria, las UTE -Uniones Transitorias- y los consorcios de cooperación.
Nos encontramos con una extensión tan grande -con respecto al proyecto anterior-, cuando habla del universo de sujetos alcanzados, que será difícil encontrar alguna empresa que no quede comprendida. Por ejemplo, cuando habla de sociedades constituidas en el extranjero, ya no se habla más si están constituidas en jurisdicciones de baja o nula tributación. Basta con que estén constituidas en el extranjero para quedar inhabilitas de ser beneficiarias de alguna asistencia en la Argentina.
O sea, el hecho de que una empresa esté constituida en el extranjero la transforma en potencialmente peligrosa, enemiga y no apta para recibir ningún tipo de beneficio por parte del Estado argentino. Esto es como decir que es una ley que expulsa la inversión.
Además, va en sentido contrario con lo que escuchamos todos los días desde el presidente de la Nación hacia abajo con respecto a que necesitamos inversión y que llamamos a todas las empresas para que inviertan. Con esto les estamos diciendo a las empresas constituidas en el exterior que ni se les ocurra venir a la Argentina porque no les vamos a dar ni un vaso de agua.
En el inciso c), entran todos: "Persona humana, jurídica, establecimiento permanente u otra entidad, sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas en los términos de la Ley General de Sociedades...", "...fideicomiso o figura equivalente vinculados o que tengan algún tipo de participación en sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otra estructura jurídica constituida en el exterior y que se encuentre radicada o ubicada en jurisdicciones de baja o nula tributación; o que estén controlados, directa o indirectamente, por accionistas de las jurisdicciones de baja o nula tributación, hasta el beneficiario final efectivo..." No sé a qué se refieren cuando dicen: "el beneficiario final efectivo". ¿Quién es el beneficiario final efectivo? En general, es un tema bastante complejo de dilucidar.
El inciso e), donde habla de: "Persona humana, jurídica, establecimientos permanentes...", etcétera, "...que durante los últimos tres (3) ejercicios contables hayan realizado pagos o transferencias a otra estructura jurídica constituida en el exterior..."
O sea, aquí estamos legislando otra vez para atrás. Estamos diciendo que aquel que durante los últimos tres años hubiese realizado pagos o transferencias al exterior, por el solo hecho de haberlo hecho, lo castigamos con la exclusión o limitación de cualquier tipo de beneficio económico o financiero por parte del Estado o sus entes. Pero además, estamos castigando hacia atrás.
Señor presidente, esto seguro será objetado por inconstitucional porque no se puede legislar para atrás y mucho menos en materia penal. Usted lo sabe bien porque no estamos aplicando la ley penal más benigna, sino que estamos aplicando la ley más maligna, la peor, la que empeora la situación del contribuyente y no la que lo beneficia. Este es otro motivo que también nos lleva a rechazar el proyecto.
El inciso g), cuando habla de patrimonios y dice: "Persona jurídica cuyos accionistas y/o beneficiarios finales, sean titulares de otras personas jurídicas y/o fideicomisos u otro patrimonio de afectación en jurisdicciones de baja o nula tributación. Como así también cuando sean titulares de activos en jurisdicciones de nula o baja tributación;"
Ustedes saben que Paraguay y Bolivia son países de nula o baja tributación. Entonces, cualquier empresa Argentina -acá en Misiones tenemos algunas- que tengan algún tipo de vinculación con alguna empresa en Paraguay o en el NOA con Bolivia, también serán sujetos para que queden incorporados potencialmente en los contenidos de esta ley.
No voy a leer todos los incisos, pero al final, donde en el anterior proyecto se los identificaba como evasores por probada evasión fiscal, acá se hace una enumeración mucho más taxativa. Fíjese que en el punto 1, del inciso l), habla de: "Personas humanas o jurídicas, cuando se acreditase alguna de las siguientes circunstancias: Que se encontraren procesadas o con auto de procesamiento..." La verdad es que en este punto, señor presidente, se trata de una medida durante un proceso en trámite, porque un procesamiento es ir a juicio; una persona procesada es una persona que va a juicio.
Aquí le estamos aplicando una sanción a alguien que está por ir a defenderse a un juicio impidiendo que ingrese a alguno de los beneficios que son para todos. Esto vulnera la igualdad ante la ley y es una sanción sin un juicio previo porque la causa -al estar procesado- está en trámite. No hay una condena. Ni siquiera hablamos de una condena que no está firme, sino que solamente hay un procesamiento en firme, pero no una condena.
O sea que estamos sancionando a alguien que está yendo a un juicio por algo que puede resultar inocente; salvo que digan que es una medida cautelar. En ese caso deberían explicar y fundar qué es lo que quieren asegurar con esa exclusión. Todo esto, siempre y cuando fuera una medida cautelar, algo que dudamos porque las cautelares las impone un juez en función de los peligros para asegurar la pena o la responsabilidad civil.
Por lo tanto, esto es una sanción por estar con un proceso en trámite. El auto de procesamiento, señor presidente, significa que vamos a juicio, nada más. Las medidas que se pueden dictar son meramente cautelares, no hay otra posibilidad de dictar medidas restrictivas excluyendo personas por el solo hecho de tener que afrontar un juicio penal. O sea: la presunción de inocencia se la debo.
No voy a citar ahora porque después lo podemos ampliar, pero estuve anotando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El segundo supuesto, el caso de condenados, es una pena de inhabilitación porque se inhabilita a determinados beneficios a alguien que ya fue condenado y sancionado por una evasión. O sea, estamos aplicando dos sanciones por el mismo hecho. De esta manera, el principio Non bis in ídem queda absolutamente fuera de lugar.
También se vulnerarían el principio de la ley anterior al hecho de la causa y el principio del debido proceso por cuanto no se ha podido defender de la aplicación de esta pena. En este caso sería una pena accesoria a la que se le impuso con anterioridad. No hay otra explicación más que esta, salvo que consagren un derecho penal nuevo, de autor: sin debido proceso, con aplicación retroactiva de la ley penal y sacando al imputado de los jueces naturales.
Los incisos uno y dos no se pueden acompañar de ninguna manera.
Peores aún -y tal vez refiriéndome a la parte más práctica- son los puntos 3 y 4, que mencionan a aquellas empresas que registren saldos impagos. Ya no estamos hablando de paraísos fiscales ni de guaridas fiscales en países de nula o baja tributación; estamos hablando de cualquier empresa argentina que registre saldos impagos por tributos de índole nacional superiores a 15 millones de pesos en concepto de capital por impuesto. O si se trata de aportes o contribuciones a la seguridad social, cuando la deuda supere los 12 millones de pesos. Hacen referencia a "saldos impagos", ni siquiera han puesto la palabra "vencidos".
Señor presidente: le recuerdo que los saldos impagos se producen de un mes al otro. Hay saldos impagos de un mes al otro, pero no están vencidos, no son exigibles. Al menos, deberían incluir los términos "vencidos" y "exigibles".
Hoy, en el contexto que estamos atravesando con motivo de la cuarentena, una empresa Pyme -no estamos hablando de una gran empresa- le puede estar debiendo al Fisco 15 millones en concepto de impuestos o 12 millones en concepto de seguridad social en el año. Por ejemplo, me refiero a empresas de servicio de transporte de pasajeros, de colectivos de larga distancia, que hasta hoy no pueden trabajar.
Hablo de empresas del sector turístico -usted sabe que en Misiones es una de las actividades principales- que registren saldos impagos y que, por ese motivo, no puedan acceder al ATP, o a algún otro tipo de asistencia crediticia o financiera.
Mire, si a estas empresas les faltaba el tiro de gracia, con esta ley se lo estamos dando. No va a quedar ninguna, señor presidente, se lo aseguro.
La verdad es que yo no puedo entender cuáles son los motivos, porque no estamos hablando de evasión dolosa ni de ardides. Aquí no estamos hablando de algún ardid que se haya realizado para evadir al Fisco mediante simulaciones dolosas o contabilidades falsas. No. Estamos hablando de empresas argentinas que se han atrasado y tienen deudas con el Fisco, y aunque acá no lo dice, supongo que deben ser vencidas y exigibles y que así lo deberán haber entendido al escribir este dictamen. Y si no, sería bueno que lo aclaren.
Acá no hay ley penal tributaria, ni siquiera hay defraudación fiscal del artículo 48 de la ley de procedimiento tributario. Es una omisión de impuestos por dificultades temporarias en el pago.
Como si fuera poco, además de todas estas dificultades que tienen las empresas -sobre llovido, mojado-, encima las vamos a estar castigando porque no van a poder acceder a ningún tipo de beneficio fiscal, crediticio, financiero, ni a ninguna ley de promoción. No van a poder hacer nada. Matamos a aquellas empresas que todavía sobreviven en la Argentina, señor presidente.
Por último, no se establece cuál es la autoridad de aplicación porque en la Argentina hoy no existe un listado de países de nula o baja tributación. Sí existe un listado de países no cooperantes, que acá se los excluye. El proyecto anterior los comprendía, este no; aquí solamente se encuentran comprendidos los llamados paraísos fiscales de nula o baja tributación.
Ese listado no existe hoy en la Argentina y se le va a pedir a la autoridad de aplicación -que no sabemos cuál va a ser, la va a decidir el Poder Ejecutivo- que redacte una resolución o un decreto -dependiendo de cuál sea- que explicite los países. O sea que va a tener la absoluta discrecionalidad para decir: "este país entra y este país no entra".
Señor presidente: por los argumentos que he dado, a este interbloque le resulta imposible acompañar esta iniciativa. Además, creemos que va a ser de muy difícil aplicación y que le estamos dando una discrecionalidad -insisto- muy grande al Poder Ejecutivo por todo lo que le he comentado; razón por la cual reitero que vamos a presentar un dictamen de minoría rechazando el proyecto. Gracias, señor presidente.
Le pido unos minutos de tiempo porque quiero expresar, en nombre del interbloque, por qué motivo no vamos a acompañar este proyecto de ley, para lo cual, desde ya, pido el tiempo prudencial de 24 horas para presentar un dictamen de minoría, que va ser un dictamen de rechazo al proyecto así como viene este predictamen de comisión.
Sin ninguna duda que respecto al proyecto original -que lo tratamos en aquella ya famosa sesión, cuando en horas de la madrugada se pretendió establecer una modificación y se decidió, con buen tino, enviarlo de vuelta a comisión- nos parece que este proyecto tiene muy poco que ver en los detalles, en lo sustantivo. Aquel proyecto estábamos dispuestos acompañarlo y así yo lo había expresado cuando me tocó hablar en la sesión en la idea de que estábamos limitando los beneficios a aquellas empresas que tenían algún tipo de bienes registrados en paraísos fiscales o en guaridas fiscales o en refugios fiscales, como quiera llamársele, es lo mismo.
Pero luego de esa pretendida inclusión que motivó la vuelta a comisión y después de leer anoche este predictamen, la verdad es que vemos dos cosas. Por un lado, que ha mejorado notablemente la pluma del proyecto y, por otro lado, que ha empeorado el prejuicio ideológico y el sesgo antiempresa. Yo sé que no les gusta cuando decimos esto pero no lo podemos evitar. Si hay un ejemplo de proyecto de todo lo que no se debe hacer para atraer inversiones es este proyecto que estamos tratando.
Por lo tanto, voy a tratar de sintetizar los motivos de nuestro rechazo. Primero, ¿en qué consiste el proyecto? Establecer prohibiciones, exclusiones, asistencia económica y/o financiera en la forma de subsidios, de transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales. Aquí tenemos un primer problema. ¿Qué son las exenciones impositivas de las cuales está hablando? ¿Son las exenciones, por ejemplo, que tienen prácticamente la totalidad de los impuestos que conforman el sistema tributario argentino? Cada impuesto tiene un artículo, o más, que habla de exenciones impositivas. Las empresas que estén comprendidas en esta ley, pregunto, ¿van a dejar de estar exentas en alguno de estos impuestos?
Cuando hablamos de los beneficios fiscales entramos en un terreno resbaladizo, porque estamos hablando de regímenes de promoción fiscal, que en el presupuesto se llaman gastos tributarios, esa es la denominación que se le da y que ustedes mismos en este presupuesto que han presentado también lo siguen llamando así, técnicamente correcto. Pero, por ejemplo, ahí quedan incluidas las empresas que son promovidas con promoción industrial, promoción de la actividad minera, promoción económica de Tierra del Fuego -todas las empresas radicadas en Tierra del Fuego pueden entrar en estas limitaciones-, la ley de fomento de la investigación científico-tecnológica, la de fomento de la educación técnica, el régimen de inversión de bosques cultivados, la promoción de la economía del conocimiento que hace poquito aprobamos, el uso de fuentes renovables de energía, el régimen del autopartismo argentino, en fin, la decena de leyes de promoción fiscal estarían ahora incluidas con peligro de que sus titulares puedan ser objeto de esta limitación, de que no van a poder acceder, por ejemplo, a asistencia económica, financiera, crediticia, incluso aquellas emanadas del sistema de seguridad social, así que esta es la primera cuestión que estamos planteando.
Esto es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que haga un enorme listado de cuáles van a ser aquellas empresas a las que van a asistir y a cuáles no. Es muy difícil acompañar un proyecto sin tener información acerca de cuál es el universo de empresas que potencialmente pueden verse afectadas y sin la información de cuál será la autoridad aplicación, porque la va a designar el Poder Ejecutivo. Incluso, dicha autoridad hará un listado de los que considere países de nula o baja tributación. Que la AFIP sea el órgano que dictará la cantidad de empresas que pueden estar potencialmente alcanzadas por esta ley, es un cheque en blanco.
A diferencia del proyecto anterior, también incluye a los contratos asociativos que no son sociedades comerciales y que están legisladas en el Código Civil y Comercial. Por ejemplo: los negocios en participación, las agrupaciones de colaboración empresaria, las UTE -Uniones Transitorias- y los consorcios de cooperación.
Nos encontramos con una extensión tan grande -con respecto al proyecto anterior-, cuando habla del universo de sujetos alcanzados, que será difícil encontrar alguna empresa que no quede comprendida. Por ejemplo, cuando habla de sociedades constituidas en el extranjero, ya no se habla más si están constituidas en jurisdicciones de baja o nula tributación. Basta con que estén constituidas en el extranjero para quedar inhabilitas de ser beneficiarias de alguna asistencia en la Argentina.
O sea, el hecho de que una empresa esté constituida en el extranjero la transforma en potencialmente peligrosa, enemiga y no apta para recibir ningún tipo de beneficio por parte del Estado argentino. Esto es como decir que es una ley que expulsa la inversión.
Además, va en sentido contrario con lo que escuchamos todos los días desde el presidente de la Nación hacia abajo con respecto a que necesitamos inversión y que llamamos a todas las empresas para que inviertan. Con esto les estamos diciendo a las empresas constituidas en el exterior que ni se les ocurra venir a la Argentina porque no les vamos a dar ni un vaso de agua.
En el inciso c), entran todos: "Persona humana, jurídica, establecimiento permanente u otra entidad, sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas en los términos de la Ley General de Sociedades...", "...fideicomiso o figura equivalente vinculados o que tengan algún tipo de participación en sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otra estructura jurídica constituida en el exterior y que se encuentre radicada o ubicada en jurisdicciones de baja o nula tributación; o que estén controlados, directa o indirectamente, por accionistas de las jurisdicciones de baja o nula tributación, hasta el beneficiario final efectivo..." No sé a qué se refieren cuando dicen: "el beneficiario final efectivo". ¿Quién es el beneficiario final efectivo? En general, es un tema bastante complejo de dilucidar.
El inciso e), donde habla de: "Persona humana, jurídica, establecimientos permanentes...", etcétera, "...que durante los últimos tres (3) ejercicios contables hayan realizado pagos o transferencias a otra estructura jurídica constituida en el exterior..."
O sea, aquí estamos legislando otra vez para atrás. Estamos diciendo que aquel que durante los últimos tres años hubiese realizado pagos o transferencias al exterior, por el solo hecho de haberlo hecho, lo castigamos con la exclusión o limitación de cualquier tipo de beneficio económico o financiero por parte del Estado o sus entes. Pero además, estamos castigando hacia atrás.
Señor presidente, esto seguro será objetado por inconstitucional porque no se puede legislar para atrás y mucho menos en materia penal. Usted lo sabe bien porque no estamos aplicando la ley penal más benigna, sino que estamos aplicando la ley más maligna, la peor, la que empeora la situación del contribuyente y no la que lo beneficia. Este es otro motivo que también nos lleva a rechazar el proyecto.
El inciso g), cuando habla de patrimonios y dice: "Persona jurídica cuyos accionistas y/o beneficiarios finales, sean titulares de otras personas jurídicas y/o fideicomisos u otro patrimonio de afectación en jurisdicciones de baja o nula tributación. Como así también cuando sean titulares de activos en jurisdicciones de nula o baja tributación;"
Ustedes saben que Paraguay y Bolivia son países de nula o baja tributación. Entonces, cualquier empresa Argentina -acá en Misiones tenemos algunas- que tengan algún tipo de vinculación con alguna empresa en Paraguay o en el NOA con Bolivia, también serán sujetos para que queden incorporados potencialmente en los contenidos de esta ley.
No voy a leer todos los incisos, pero al final, donde en el anterior proyecto se los identificaba como evasores por probada evasión fiscal, acá se hace una enumeración mucho más taxativa. Fíjese que en el punto 1, del inciso l), habla de: "Personas humanas o jurídicas, cuando se acreditase alguna de las siguientes circunstancias: Que se encontraren procesadas o con auto de procesamiento..." La verdad es que en este punto, señor presidente, se trata de una medida durante un proceso en trámite, porque un procesamiento es ir a juicio; una persona procesada es una persona que va a juicio.
Aquí le estamos aplicando una sanción a alguien que está por ir a defenderse a un juicio impidiendo que ingrese a alguno de los beneficios que son para todos. Esto vulnera la igualdad ante la ley y es una sanción sin un juicio previo porque la causa -al estar procesado- está en trámite. No hay una condena. Ni siquiera hablamos de una condena que no está firme, sino que solamente hay un procesamiento en firme, pero no una condena.
O sea que estamos sancionando a alguien que está yendo a un juicio por algo que puede resultar inocente; salvo que digan que es una medida cautelar. En ese caso deberían explicar y fundar qué es lo que quieren asegurar con esa exclusión. Todo esto, siempre y cuando fuera una medida cautelar, algo que dudamos porque las cautelares las impone un juez en función de los peligros para asegurar la pena o la responsabilidad civil.
Por lo tanto, esto es una sanción por estar con un proceso en trámite. El auto de procesamiento, señor presidente, significa que vamos a juicio, nada más. Las medidas que se pueden dictar son meramente cautelares, no hay otra posibilidad de dictar medidas restrictivas excluyendo personas por el solo hecho de tener que afrontar un juicio penal. O sea: la presunción de inocencia se la debo.
No voy a citar ahora porque después lo podemos ampliar, pero estuve anotando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El segundo supuesto, el caso de condenados, es una pena de inhabilitación porque se inhabilita a determinados beneficios a alguien que ya fue condenado y sancionado por una evasión. O sea, estamos aplicando dos sanciones por el mismo hecho. De esta manera, el principio Non bis in ídem queda absolutamente fuera de lugar.
También se vulnerarían el principio de la ley anterior al hecho de la causa y el principio del debido proceso por cuanto no se ha podido defender de la aplicación de esta pena. En este caso sería una pena accesoria a la que se le impuso con anterioridad. No hay otra explicación más que esta, salvo que consagren un derecho penal nuevo, de autor: sin debido proceso, con aplicación retroactiva de la ley penal y sacando al imputado de los jueces naturales.
Los incisos uno y dos no se pueden acompañar de ninguna manera.
Peores aún -y tal vez refiriéndome a la parte más práctica- son los puntos 3 y 4, que mencionan a aquellas empresas que registren saldos impagos. Ya no estamos hablando de paraísos fiscales ni de guaridas fiscales en países de nula o baja tributación; estamos hablando de cualquier empresa argentina que registre saldos impagos por tributos de índole nacional superiores a 15 millones de pesos en concepto de capital por impuesto. O si se trata de aportes o contribuciones a la seguridad social, cuando la deuda supere los 12 millones de pesos. Hacen referencia a "saldos impagos", ni siquiera han puesto la palabra "vencidos".
Señor presidente: le recuerdo que los saldos impagos se producen de un mes al otro. Hay saldos impagos de un mes al otro, pero no están vencidos, no son exigibles. Al menos, deberían incluir los términos "vencidos" y "exigibles".
Hoy, en el contexto que estamos atravesando con motivo de la cuarentena, una empresa Pyme -no estamos hablando de una gran empresa- le puede estar debiendo al Fisco 15 millones en concepto de impuestos o 12 millones en concepto de seguridad social en el año. Por ejemplo, me refiero a empresas de servicio de transporte de pasajeros, de colectivos de larga distancia, que hasta hoy no pueden trabajar.
Hablo de empresas del sector turístico -usted sabe que en Misiones es una de las actividades principales- que registren saldos impagos y que, por ese motivo, no puedan acceder al ATP, o a algún otro tipo de asistencia crediticia o financiera.
Mire, si a estas empresas les faltaba el tiro de gracia, con esta ley se lo estamos dando. No va a quedar ninguna, señor presidente, se lo aseguro.
La verdad es que yo no puedo entender cuáles son los motivos, porque no estamos hablando de evasión dolosa ni de ardides. Aquí no estamos hablando de algún ardid que se haya realizado para evadir al Fisco mediante simulaciones dolosas o contabilidades falsas. No. Estamos hablando de empresas argentinas que se han atrasado y tienen deudas con el Fisco, y aunque acá no lo dice, supongo que deben ser vencidas y exigibles y que así lo deberán haber entendido al escribir este dictamen. Y si no, sería bueno que lo aclaren.
Acá no hay ley penal tributaria, ni siquiera hay defraudación fiscal del artículo 48 de la ley de procedimiento tributario. Es una omisión de impuestos por dificultades temporarias en el pago.
Como si fuera poco, además de todas estas dificultades que tienen las empresas -sobre llovido, mojado-, encima las vamos a estar castigando porque no van a poder acceder a ningún tipo de beneficio fiscal, crediticio, financiero, ni a ninguna ley de promoción. No van a poder hacer nada. Matamos a aquellas empresas que todavía sobreviven en la Argentina, señor presidente.
Por último, no se establece cuál es la autoridad de aplicación porque en la Argentina hoy no existe un listado de países de nula o baja tributación. Sí existe un listado de países no cooperantes, que acá se los excluye. El proyecto anterior los comprendía, este no; aquí solamente se encuentran comprendidos los llamados paraísos fiscales de nula o baja tributación.
Ese listado no existe hoy en la Argentina y se le va a pedir a la autoridad de aplicación -que no sabemos cuál va a ser, la va a decidir el Poder Ejecutivo- que redacte una resolución o un decreto -dependiendo de cuál sea- que explicite los países. O sea que va a tener la absoluta discrecionalidad para decir: "este país entra y este país no entra".
Señor presidente: por los argumentos que he dado, a este interbloque le resulta imposible acompañar esta iniciativa. Además, creemos que va a ser de muy difícil aplicación y que le estamos dando una discrecionalidad -insisto- muy grande al Poder Ejecutivo por todo lo que le he comentado; razón por la cual reitero que vamos a presentar un dictamen de minoría rechazando el proyecto. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina.
Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina.
SR. LASPINA Gracias, presidente.
Voy a reflexionar en la misma línea que planteaba el diputado Pastori.
Al ver el dictamen rápidamente esta mañana, que ha sido extensamente ampliado respecto de lo que habíamos votado prácticamente por unanimidad, la primera reflexión que hice es que al menos el párrafo central -que hacía referencia a las sociedades vinculadas y generó el escándalo que se suscitó en la madrugada por falta de consenso, o porque no se había avisado con anticipación; realmente no hago un juicio de valor sobre eso y no me consta que haya sido así- está tal cual lo había leído el presidente Heller en aquella oportunidad. De modo tal que entiendo que, evidentemente, las razones eran más de forma que de fondo.
Cuando veo el dictamen ampliado, es evidente que hay un cambio notable del alcance de lo que habíamos acordado en su momento, ya que ahora lo ampliamos. En realidad, la filosofía y el espíritu de esta ley no era darle un ATP a una empresa radicada en un paraíso fiscal.
Obviamente, no íbamos a estar ayudando a quienes no tributan en la Argentina y en algún punto, si bien nos parecía hasta bastante redundante, dijimos: "lo que abunda no daña, vamos a acompañar algo que debería ser así a criterio de un buen administrador", es decir, no darle a alguien que no solo no tributa en la Argentina, sino que además no coopera.
Pero el dictamen que estamos teniendo aquí sobre la mesa es muchísimo más amplio. No solo se refiere a la asistencia financiera, sino que altera el principio de igualdad en la competencia -que ni siquiera rige para empresas que están en paraísos fiscales de nula o baja tributación-, incluso para sociedades extranjeras. Y lo hace no solo en materia de subsidios, sino también respecto de transferencias y exenciones impositivas.
Por ejemplo, alguna empresa láctea a la que por casualidad le roza alguna de las esquirlas de la infinidad de casuística que se detalla en este artículo respecto a las características que la harían susceptible de ser perjudicada por esta ley. Ya sea porque alguna vez hace tres años hizo una transferencia a una sociedad que tuviese relación con un paraíso fiscal o a una sociedad en el extranjero, por ejemplo, en Paraguay.
Yo calculo que todas las grandes empresas cerealeras o agropecuarias de la Argentina tienen alguna vinculación societaria -directa o indirecta-, de transferencias y de actividades comerciales, o de contratos mutuos con alguna sociedad de Paraguay.
Entonces, por ejemplo, ¿una empresa láctea que trabaja acá y allá no tendría la rebaja del IVA en los lácteos? Esa es la primera pregunta.
Son preguntas que hago de la lectura del dictamen; quizás alguien me lo aclare y se pueda mejorar.
La segunda pregunta es la siguiente: ¿no se viola algún principio de la Organización Mundial de Comercio en materia de igualdad de competencia?
Es decir, una empresa extranjera, o con algún vínculo con una sociedad extranjera, enfrentaría condiciones impositivas totalmente distintas a una empresa argentina. Estoy pensando en Latam -que ahora se fue-, en Aerolíneas Argentinas, o en cualquier otra empresa que decida invertir en la Argentina que, de casualidad, tenga determinada estructura societaria.
Ya ni siquiera se trata de una empresa radicada en un paraíso fiscal ni de un mecanismo de elusión tributaria, sino de una empresa que viene a la Argentina y -como dice el dictamen- lo hace en los términos de los artículos 123 y 124, respecto a adquirir la empresa y tener gran parte de su actividad acá. O sea que es una empresa con todas las de la ley. ¿Esa empresa quedará en desigualdad de competencia? Esto es un tiro, obviamente, a la inversión extranjera directa y vamos a tener un montón de problemas.
Debe aclararse el dictamen en ese sentido puesto que de su rápida lectura -pido disculpas pero lo recibimos ayer a última hora- surge que realmente se empieza a quebrar un principio de competencia en igualdad de condiciones. Esto nos va a someter, obviamente, a un montón de litigios y reclamos internacionales, sobre todo por parte de aquellas empresas que ya están radicadas aquí y que por alguna razón hicieron una transferencia en los últimos tres años y quedarán excluidas de rebajas impositivas, exenciones, etcétera.
No me preocupa tanto la cuestión del ATP -que podría ser lo que en principio dio origen a esta discusión- ya que es una transferencia extraordinaria, una asistencia que hace el Estado por la cuarentena tan dura que hemos tenido. Lo que este dictamen prevé básicamente es que estas empresas -el vasto universo que se define en el artículo 2º- van a tener otras condiciones de competencia. Incluso, estoy pensando que podrían verse alcanzadas empresas con regímenes de promoción industrial radicadas en el sur o en provincias que todavía conservan algún tipo de estos regímenes. Obviamente, la empresa que está constituida con capital nacional y que no tiene ninguna vinculación ni hizo ninguna transacción con ninguno de estos países que figuran en la lista -por ejemplo, Paraguay o Bolivia- no se vería afectada, pero el resto sí y se les caerían esos beneficios. Me pregunto si esto no implicaría una caída de inversiones o de empleos en alguna de esas regiones.
El anterior artículo 2º disponía: "Son sujetos de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país, que tengan algún tipo de domicilio y/o registro tributario de bienes físicos y/o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación". Esto nos parecía razonable. Abarcaba un universo acotado de algunas compañías, empresas o estructuras tributarias que, obviamente, se quería excluir de algún beneficio. Además, como dije antes, ese beneficio consistía en asistencia financiera y crediticia, o sea, la asistencia crediticia y subsidios enmarcados en los planes de la pandemia.
Pero el artículo 2º, inciso a), del dictamen en consideración excluye de las exenciones impositivas a todas las sociedades constituidas en el extranjero. Creo que debe tratarse de un error, salvo que yo lo esté interpretando mal. Como dije antes, ¿una empresa láctea extranjera -que debe haber- no va a tener la exención del IVA?
Pienso que alguna aclaración no vendría mal -o una mejora en la redacción- porque es confuso cuando se dispone que "se encuentran alcanzados por la presente ley:
a) Sociedades constituidas en el extranjero..." Insisto, podría ser una empresa extranjera -que por definición está constituida en el extranjero- que después compra acá en los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades o que se inscribe dentro de lo que sería el artículo 124 de la norma citada, es decir, que tiene la mayoría o el corazón de sus actividades en la Argentina y, por lo tanto, empieza a someterse a un montón de mecanismos e instrumentaciones jurídicas que tienen que respetar el resto de las sociedades argentinas. Este artículo 2º excluye a estas empresas pero después dice: "...mientras no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina". Entonces, no queda claro si las excluye o no.
Me parece que en este punto haría falta una aclaración, sobre todo de los coautores del proyecto. Les cuento que llegué un poco tarde a la exposición de la diputada Camaño, quien entiendo acompaña este dictamen y participó de esta redacción, pero les pido si pueden explicar si una sociedad constituida en el extranjero y ajustada al artículo 124 de la Ley General de Sociedades queda excluida de todo derecho y de cualquier beneficio en cualquier circunstancia; es decir, ¿cuáles son los extremos que debe reunir una sociedad extranjera para quedar excluida de estos beneficios que, insisto, son muchos más que los subsidios de la ATP? Prácticamente se trata de todo el régimen tributario de la Argentina.
Hay otro punto que me llamó mucho la atención y que también sugiero que se revise; de hecho, nosotros no vamos a acompañarlo en este contexto, como dijo el diputado Pastori.
A los fines de provocar el menor daño posible, deberían aclarar cuando el dictamen dice: "...que durante los últimos tres (3) ejercicios contables hayan realizado pagos o transferencias a otra estructura jurídica constituida en el exterior que se encuentre radicada o ubicada en jurisdicciones de baja o nula tributación..." Esto significa que cualquier empresa que haya efectuado un pago o transacción con alguna de esas jurisdicciones, ya sea para pagar un servicio o un insumo que compró en los últimos tres años -ni siquiera es para el futuro-, va a quedar alcanzada por esta norma y se le van a caer todas las exenciones impositivas. Básicamente, va a quedar en desigualdad de condiciones frente a otros competidores que, a lo mejor, son más o menos buenos, más o menos evasores, pero tuvieron la suerte de no hacer una transferencia o una transacción comercial con jurisdicciones no cooperantes como, por ejemplo, Paraguay, que es un país muy cercano a nosotros y con mucha actividad cruzada entre fronteras.
Me parece que esta disposición, además de ser retroactiva, es arbitraria. Creo que van a caer en la volteada un montón de empresas que son grandes contribuyentes. Muchas empresas y firmas con legislación local van a quedar alcanzadas porque hicieron una transacción hace tres años. Esto debe tratarse de un error o, quizás, entendí mal esta disposición.
Quedan también excluidas aquellas personas humanas o jurídicas que tengan control directo o indirecto de filiales o que posean establecimientos permanentes en jurisdicciones de baja o nula tributación. Esto quiere decir que, por ejemplo, cualquier empresa que tenga una filial en Paraguay -menciono este país porque es cercano pero puede ser otro- queda alcanzada por esta norma, a pesar de que la filial esté jurídicamente contabilizada y cumpla con todas las normas vigentes. Esta empresa va a quedar alcanzada y se le va a caer, por ejemplo, un régimen de promoción industrial o una exención impositiva, o va a tener cualquier otro tratamiento diferencial respecto a su competidora que no tenga una filial en ese país. No diría que esto es antijurídico, pero sí me parece que hiere el sentido común, y sería solo por el hecho de tener una sucursal o una actividad en cualquier otro país.
A continuación, quiero mencionar el cambio que provocó el escándalo. Se trata del inciso f) del artículo 2º en el que se incluyen todas las sociedades nacionales controladas por sociedades extranjeras o vinculadas con sociedades extranjeras domiciliadas en el exterior. Es decir, puede ser el caso de una empresa que está en la Argentina y que, por alguna razón, ha tenido una sociedad en un paraíso fiscal o de nula tributación. Como todos sabemos, las grandes empresas van armando mecanismos para tratar de disminuir su carga tributaria. Es un fenómeno que ocurre en la Argentina y en el mundo y, obviamente, como dijo hoy la diputada Camaño, no se trata de evasión sino de elusión tributaria. De modo tal que no hay un principio de ilegalidad en ese mecanismo tributario.
Entonces, queda excluida una empresa que tuviera alguna sociedad aunque sea marginal -es decir, que no hace el corazón de su tributación- o, incluso, vacía, como el caso de los sellos de gomas que tantas veces aparecen en paraísos fiscales y que están hechos para armar una estructura tributaria o un holding que no se concretó. Quienes conocen de la complejidad de las estructuras societarias de las grandes y medianas empresas saben que esto puede ocurrir.
Entonces, conforme a esta redacción, aquellas empresas vinculadas con sociedades extranjeras -aunque sea insignificante el impacto fiscal que eso tenga- quedan excluidas de todos los regímenes de exenciones y de beneficios tributarios, etcétera.
En cuanto a los contratos asociativos dispuestos en el Código Civil y Comercial de la Nación, quiero creer que solo les quitarán los beneficios que apliquen económicamente al alcance de esos contratos y no a todos los que la empresa tenga. Me refiero al caso de que una empresa nacional celebre un contrato asociativo con otra empresa que tiene vinculación o asociación con paraísos fiscales o de baja tributación; o sea, se asocia con una empresa paraguaya, siguiendo con el mismo ejemplo. ¿Esa empresa argentina queda excluida de las exenciones de IVA, regímenes de promoción industrial, transferencias de ATP, etcétera? Formulo esta pregunta, porque como está escrito parece que es así, lo cual sería una cosa bastante ridícula.
Tal como está hoy, en línea con lo que se dijo acá, nosotros creemos que está puesto -de alguna forma- como un mecanismo para empezar a inclinar la cancha, no sé bien en qué dirección, pero calculo que en detrimento de las inversiones extranjeras, dado cómo está redactado y cómo parece haberse ampliado ese espíritu. Esto no tiene absolutamente nada que ver con los paraísos fiscales -hasta donde estamos viendo, porque es mucho más amplio- ni con el espíritu inicial del autor del proyecto, con el cual nosotros estábamos de acuerdo.
Para finalizar, quiero señalar que en mi intervención hay una gran cantidad de interrogantes. Algunas cuestiones quedan claras, pero otras deberían ser profundizadas, para tener más claro hacia dónde se dictamina y para decir las cosas como realmente son. Una lectura simple y llana de lo que se observa en este dictamen es "no les queremos dar más ayuda, de ningún tipo, a los inversores extranjeros directos". Esto incluye desde tener una rebaja del IVA para la leche, si viene a invertir una empresa láctea internacional, hasta un subsidio del ATP si ahora estamos en una crisis pandémica.
Se trata de una definición política, y sería bueno que el oficialismo, que está empujando este proyecto, como la oposición, que lo está apoyando, digan "efectivamente, queremos beneficiar a los empresarios nacionales, en detrimento de otras inversiones, o incluso a algunos empresarios nacionales que tienen estructuras demasiado sofisticadas", porque esto alcanza a todos, no es extranjeros y no extranjeros, sino que alcanza a muchos más. Entonces, que se diga con todas las letras, para entenderlo y, en todo caso, uno no gasta demasiado tiempo en ver la letra fina y va al fondo de la cuestión.
El tema pasó de dejar de asistir con el ATP a tipos que tienen su estructura societaria en una guarida fiscal y tienen su actividad totalmente eludida de impuestos, con un mecanismo jurídico a través de paraísos fiscales, a agarrar un universo de empresas casi incontables e indeterminables a priori por este mecanismo que perjudicará a numerosos actores, sobre todo, a inversores extranjeros, además de a inversores argentinos grandes, si es que cabe esa diferenciación entre grandes y chicos, extranjeros y nacionales. Como siempre, esto conducirá al final del día a que haya menos inversiones y trabajo en la Argentina, que creo que es lo que se logrará si se aprueba este dictamen. Gracias, señor presidente.
Voy a reflexionar en la misma línea que planteaba el diputado Pastori.
Al ver el dictamen rápidamente esta mañana, que ha sido extensamente ampliado respecto de lo que habíamos votado prácticamente por unanimidad, la primera reflexión que hice es que al menos el párrafo central -que hacía referencia a las sociedades vinculadas y generó el escándalo que se suscitó en la madrugada por falta de consenso, o porque no se había avisado con anticipación; realmente no hago un juicio de valor sobre eso y no me consta que haya sido así- está tal cual lo había leído el presidente Heller en aquella oportunidad. De modo tal que entiendo que, evidentemente, las razones eran más de forma que de fondo.
Cuando veo el dictamen ampliado, es evidente que hay un cambio notable del alcance de lo que habíamos acordado en su momento, ya que ahora lo ampliamos. En realidad, la filosofía y el espíritu de esta ley no era darle un ATP a una empresa radicada en un paraíso fiscal.
Obviamente, no íbamos a estar ayudando a quienes no tributan en la Argentina y en algún punto, si bien nos parecía hasta bastante redundante, dijimos: "lo que abunda no daña, vamos a acompañar algo que debería ser así a criterio de un buen administrador", es decir, no darle a alguien que no solo no tributa en la Argentina, sino que además no coopera.
Pero el dictamen que estamos teniendo aquí sobre la mesa es muchísimo más amplio. No solo se refiere a la asistencia financiera, sino que altera el principio de igualdad en la competencia -que ni siquiera rige para empresas que están en paraísos fiscales de nula o baja tributación-, incluso para sociedades extranjeras. Y lo hace no solo en materia de subsidios, sino también respecto de transferencias y exenciones impositivas.
Por ejemplo, alguna empresa láctea a la que por casualidad le roza alguna de las esquirlas de la infinidad de casuística que se detalla en este artículo respecto a las características que la harían susceptible de ser perjudicada por esta ley. Ya sea porque alguna vez hace tres años hizo una transferencia a una sociedad que tuviese relación con un paraíso fiscal o a una sociedad en el extranjero, por ejemplo, en Paraguay.
Yo calculo que todas las grandes empresas cerealeras o agropecuarias de la Argentina tienen alguna vinculación societaria -directa o indirecta-, de transferencias y de actividades comerciales, o de contratos mutuos con alguna sociedad de Paraguay.
Entonces, por ejemplo, ¿una empresa láctea que trabaja acá y allá no tendría la rebaja del IVA en los lácteos? Esa es la primera pregunta.
Son preguntas que hago de la lectura del dictamen; quizás alguien me lo aclare y se pueda mejorar.
La segunda pregunta es la siguiente: ¿no se viola algún principio de la Organización Mundial de Comercio en materia de igualdad de competencia?
Es decir, una empresa extranjera, o con algún vínculo con una sociedad extranjera, enfrentaría condiciones impositivas totalmente distintas a una empresa argentina. Estoy pensando en Latam -que ahora se fue-, en Aerolíneas Argentinas, o en cualquier otra empresa que decida invertir en la Argentina que, de casualidad, tenga determinada estructura societaria.
Ya ni siquiera se trata de una empresa radicada en un paraíso fiscal ni de un mecanismo de elusión tributaria, sino de una empresa que viene a la Argentina y -como dice el dictamen- lo hace en los términos de los artículos 123 y 124, respecto a adquirir la empresa y tener gran parte de su actividad acá. O sea que es una empresa con todas las de la ley. ¿Esa empresa quedará en desigualdad de competencia? Esto es un tiro, obviamente, a la inversión extranjera directa y vamos a tener un montón de problemas.
Debe aclararse el dictamen en ese sentido puesto que de su rápida lectura -pido disculpas pero lo recibimos ayer a última hora- surge que realmente se empieza a quebrar un principio de competencia en igualdad de condiciones. Esto nos va a someter, obviamente, a un montón de litigios y reclamos internacionales, sobre todo por parte de aquellas empresas que ya están radicadas aquí y que por alguna razón hicieron una transferencia en los últimos tres años y quedarán excluidas de rebajas impositivas, exenciones, etcétera.
No me preocupa tanto la cuestión del ATP -que podría ser lo que en principio dio origen a esta discusión- ya que es una transferencia extraordinaria, una asistencia que hace el Estado por la cuarentena tan dura que hemos tenido. Lo que este dictamen prevé básicamente es que estas empresas -el vasto universo que se define en el artículo 2º- van a tener otras condiciones de competencia. Incluso, estoy pensando que podrían verse alcanzadas empresas con regímenes de promoción industrial radicadas en el sur o en provincias que todavía conservan algún tipo de estos regímenes. Obviamente, la empresa que está constituida con capital nacional y que no tiene ninguna vinculación ni hizo ninguna transacción con ninguno de estos países que figuran en la lista -por ejemplo, Paraguay o Bolivia- no se vería afectada, pero el resto sí y se les caerían esos beneficios. Me pregunto si esto no implicaría una caída de inversiones o de empleos en alguna de esas regiones.
El anterior artículo 2º disponía: "Son sujetos de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país, que tengan algún tipo de domicilio y/o registro tributario de bienes físicos y/o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación". Esto nos parecía razonable. Abarcaba un universo acotado de algunas compañías, empresas o estructuras tributarias que, obviamente, se quería excluir de algún beneficio. Además, como dije antes, ese beneficio consistía en asistencia financiera y crediticia, o sea, la asistencia crediticia y subsidios enmarcados en los planes de la pandemia.
Pero el artículo 2º, inciso a), del dictamen en consideración excluye de las exenciones impositivas a todas las sociedades constituidas en el extranjero. Creo que debe tratarse de un error, salvo que yo lo esté interpretando mal. Como dije antes, ¿una empresa láctea extranjera -que debe haber- no va a tener la exención del IVA?
Pienso que alguna aclaración no vendría mal -o una mejora en la redacción- porque es confuso cuando se dispone que "se encuentran alcanzados por la presente ley:
a) Sociedades constituidas en el extranjero..." Insisto, podría ser una empresa extranjera -que por definición está constituida en el extranjero- que después compra acá en los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades o que se inscribe dentro de lo que sería el artículo 124 de la norma citada, es decir, que tiene la mayoría o el corazón de sus actividades en la Argentina y, por lo tanto, empieza a someterse a un montón de mecanismos e instrumentaciones jurídicas que tienen que respetar el resto de las sociedades argentinas. Este artículo 2º excluye a estas empresas pero después dice: "...mientras no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina". Entonces, no queda claro si las excluye o no.
Me parece que en este punto haría falta una aclaración, sobre todo de los coautores del proyecto. Les cuento que llegué un poco tarde a la exposición de la diputada Camaño, quien entiendo acompaña este dictamen y participó de esta redacción, pero les pido si pueden explicar si una sociedad constituida en el extranjero y ajustada al artículo 124 de la Ley General de Sociedades queda excluida de todo derecho y de cualquier beneficio en cualquier circunstancia; es decir, ¿cuáles son los extremos que debe reunir una sociedad extranjera para quedar excluida de estos beneficios que, insisto, son muchos más que los subsidios de la ATP? Prácticamente se trata de todo el régimen tributario de la Argentina.
Hay otro punto que me llamó mucho la atención y que también sugiero que se revise; de hecho, nosotros no vamos a acompañarlo en este contexto, como dijo el diputado Pastori.
A los fines de provocar el menor daño posible, deberían aclarar cuando el dictamen dice: "...que durante los últimos tres (3) ejercicios contables hayan realizado pagos o transferencias a otra estructura jurídica constituida en el exterior que se encuentre radicada o ubicada en jurisdicciones de baja o nula tributación..." Esto significa que cualquier empresa que haya efectuado un pago o transacción con alguna de esas jurisdicciones, ya sea para pagar un servicio o un insumo que compró en los últimos tres años -ni siquiera es para el futuro-, va a quedar alcanzada por esta norma y se le van a caer todas las exenciones impositivas. Básicamente, va a quedar en desigualdad de condiciones frente a otros competidores que, a lo mejor, son más o menos buenos, más o menos evasores, pero tuvieron la suerte de no hacer una transferencia o una transacción comercial con jurisdicciones no cooperantes como, por ejemplo, Paraguay, que es un país muy cercano a nosotros y con mucha actividad cruzada entre fronteras.
Me parece que esta disposición, además de ser retroactiva, es arbitraria. Creo que van a caer en la volteada un montón de empresas que son grandes contribuyentes. Muchas empresas y firmas con legislación local van a quedar alcanzadas porque hicieron una transacción hace tres años. Esto debe tratarse de un error o, quizás, entendí mal esta disposición.
Quedan también excluidas aquellas personas humanas o jurídicas que tengan control directo o indirecto de filiales o que posean establecimientos permanentes en jurisdicciones de baja o nula tributación. Esto quiere decir que, por ejemplo, cualquier empresa que tenga una filial en Paraguay -menciono este país porque es cercano pero puede ser otro- queda alcanzada por esta norma, a pesar de que la filial esté jurídicamente contabilizada y cumpla con todas las normas vigentes. Esta empresa va a quedar alcanzada y se le va a caer, por ejemplo, un régimen de promoción industrial o una exención impositiva, o va a tener cualquier otro tratamiento diferencial respecto a su competidora que no tenga una filial en ese país. No diría que esto es antijurídico, pero sí me parece que hiere el sentido común, y sería solo por el hecho de tener una sucursal o una actividad en cualquier otro país.
A continuación, quiero mencionar el cambio que provocó el escándalo. Se trata del inciso f) del artículo 2º en el que se incluyen todas las sociedades nacionales controladas por sociedades extranjeras o vinculadas con sociedades extranjeras domiciliadas en el exterior. Es decir, puede ser el caso de una empresa que está en la Argentina y que, por alguna razón, ha tenido una sociedad en un paraíso fiscal o de nula tributación. Como todos sabemos, las grandes empresas van armando mecanismos para tratar de disminuir su carga tributaria. Es un fenómeno que ocurre en la Argentina y en el mundo y, obviamente, como dijo hoy la diputada Camaño, no se trata de evasión sino de elusión tributaria. De modo tal que no hay un principio de ilegalidad en ese mecanismo tributario.
Entonces, queda excluida una empresa que tuviera alguna sociedad aunque sea marginal -es decir, que no hace el corazón de su tributación- o, incluso, vacía, como el caso de los sellos de gomas que tantas veces aparecen en paraísos fiscales y que están hechos para armar una estructura tributaria o un holding que no se concretó. Quienes conocen de la complejidad de las estructuras societarias de las grandes y medianas empresas saben que esto puede ocurrir.
Entonces, conforme a esta redacción, aquellas empresas vinculadas con sociedades extranjeras -aunque sea insignificante el impacto fiscal que eso tenga- quedan excluidas de todos los regímenes de exenciones y de beneficios tributarios, etcétera.
En cuanto a los contratos asociativos dispuestos en el Código Civil y Comercial de la Nación, quiero creer que solo les quitarán los beneficios que apliquen económicamente al alcance de esos contratos y no a todos los que la empresa tenga. Me refiero al caso de que una empresa nacional celebre un contrato asociativo con otra empresa que tiene vinculación o asociación con paraísos fiscales o de baja tributación; o sea, se asocia con una empresa paraguaya, siguiendo con el mismo ejemplo. ¿Esa empresa argentina queda excluida de las exenciones de IVA, regímenes de promoción industrial, transferencias de ATP, etcétera? Formulo esta pregunta, porque como está escrito parece que es así, lo cual sería una cosa bastante ridícula.
Tal como está hoy, en línea con lo que se dijo acá, nosotros creemos que está puesto -de alguna forma- como un mecanismo para empezar a inclinar la cancha, no sé bien en qué dirección, pero calculo que en detrimento de las inversiones extranjeras, dado cómo está redactado y cómo parece haberse ampliado ese espíritu. Esto no tiene absolutamente nada que ver con los paraísos fiscales -hasta donde estamos viendo, porque es mucho más amplio- ni con el espíritu inicial del autor del proyecto, con el cual nosotros estábamos de acuerdo.
Para finalizar, quiero señalar que en mi intervención hay una gran cantidad de interrogantes. Algunas cuestiones quedan claras, pero otras deberían ser profundizadas, para tener más claro hacia dónde se dictamina y para decir las cosas como realmente son. Una lectura simple y llana de lo que se observa en este dictamen es "no les queremos dar más ayuda, de ningún tipo, a los inversores extranjeros directos". Esto incluye desde tener una rebaja del IVA para la leche, si viene a invertir una empresa láctea internacional, hasta un subsidio del ATP si ahora estamos en una crisis pandémica.
Se trata de una definición política, y sería bueno que el oficialismo, que está empujando este proyecto, como la oposición, que lo está apoyando, digan "efectivamente, queremos beneficiar a los empresarios nacionales, en detrimento de otras inversiones, o incluso a algunos empresarios nacionales que tienen estructuras demasiado sofisticadas", porque esto alcanza a todos, no es extranjeros y no extranjeros, sino que alcanza a muchos más. Entonces, que se diga con todas las letras, para entenderlo y, en todo caso, uno no gasta demasiado tiempo en ver la letra fina y va al fondo de la cuestión.
El tema pasó de dejar de asistir con el ATP a tipos que tienen su estructura societaria en una guarida fiscal y tienen su actividad totalmente eludida de impuestos, con un mecanismo jurídico a través de paraísos fiscales, a agarrar un universo de empresas casi incontables e indeterminables a priori por este mecanismo que perjudicará a numerosos actores, sobre todo, a inversores extranjeros, además de a inversores argentinos grandes, si es que cabe esa diferenciación entre grandes y chicos, extranjeros y nacionales. Como siempre, esto conducirá al final del día a que haya menos inversiones y trabajo en la Argentina, que creo que es lo que se logrará si se aprueba este dictamen. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Hagman.
Tiene la palabra el señor diputado Hagman.
SR. HAGMAN Señor presidente: me gustaría recuperar el foco de qué es lo que estamos discutiendo en este proyecto. Considero que, al igual que nos ocurrió en el debate vinculado con el proyecto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, hay una tendencia a desvirtuar el espíritu y el contenido de estos proyectos de ley. Asimismo, de convertir estas iniciativas en la excusa para hacer un posicionamiento político y para endilgar a los bloques promotores un supuesto sesgo antiempresa, antisector privado, es decir, un ataque a las empresas o al sector privado.
En el caso del proyecto de aporte extraordinario a las grandes fortunas se formuló un posicionamiento muy parecido. Se dijo que esto iba afectar a la inversión, a las empresas, a las pymes, a los pequeños y medianos productores agropecuarios, pero quedó absolutamente demostrado que eso era falso, por toda la información y los argumentos que hemos volcado. En este caso, ocurre lo mismo.
Me gustaría recuperar el análisis de qué es lo que estamos discutiendo, que no se vincula con empresas que tienen derecho a existir o no, sino que estamos discutiendo qué empresas tienen derecho a recibir asistencia o beneficios fiscales por parte del Estado nacional.
Por supuesto, nosotros, no solamente en este proyecto -a veces de manera implícita y otras explícita-, sino en toda la política económica que promovemos diferenciamos empresas grandes y chicas, así como también empresas nacionales y extranjeras. Del mismo modo, diferenciamos a las empresas que tienen comportamientos fiscales que se ajustan a las buenas prácticas de otras empresas que tienen un comportamiento sistemático de búsqueda de afrontar sus compromisos tributarios de manera ilegal o, muchas veces, recurriendo a artilugios que se permiten dentro de la legislación vigente.
Tiene absoluto sentido que el Estado -si no quiere ser un Estado bobo- haga una diferenciación, para no estar subsidiando o haciendo transferencias de recursos hacia empresas cuyo comportamiento permanentemente va en contra de los intereses de la Argentina o de las obligaciones tributarias en nuestro país.
Acá no estamos discutiendo qué castigo le pondremos a una empresa que está radicada offshore ni tampoco discutimos sanciones. Se trata de quitar la posibilidad de un beneficio, de un privilegio, de una asistencia, de una ayuda que brinda el Estado.
Me llama la atención que muchos de los que sistemáticamente se quejan de la supuesta falta de seguridad jurídica y del exceso del gasto público, de pronto sean los defensores de un capitalismo subsidiado por el Estado. Es decir que son defensores de las empresas para recibir subsidios del Estado, independientemente de su comportamiento y de su práctica tributaria.
Me parece que es absolutamente razonable que empecemos a discutir proyectos de esta naturaleza, que combaten uno de los principales problemas que tiene el mundo -como bien dijeron varios diputados preopinantes-, que es la práctica de la elusión fiscal. En este sentido, justamente como no tenemos legislación suficientemente apropiada para evitar estas prácticas -no en la Argentina sino a nivel global-, tenemos el problema que constituyen este tipo de comportamientos.
Una manera de empezar a combatir la elusión fiscal es estableciendo normas que impidan, por ejemplo, que el Estado termine asistiendo a empresas que tienen estos comportamientos, pues es una forma de desincentivar la elusión fiscal.
Entonces, ¿qué consecuencias puede tener un proyecto de esta naturaleza? Puede suceder que el Estado deje de destinar recursos, subsidios, exenciones impositivas a empresas que claramente tienen un comportamiento de elusión fiscal, lo cual es bueno. O puede pasar que muchas empresas y personas que tienen estructuras armadas para la elusión fiscal decidan radicarse en la Argentina y pagar sus impuestos como corresponde, justamente para no ser excluidas de los beneficios de asistencia financiera por parte del Estado, lo cual también es bueno.
Entonces, ya sea porque el Estado deje de transferir recursos hacia empresas que tienen un comportamiento perjudicial para el país o que esas empresas se vean incentivadas a abandonar esas prácticas, radicarse en la Argentina y pagar sus impuestos aquí como corresponde, la ganancia es total.
A mí me parece que este es un proyecto absolutamente razonable y que es una muy buena noticia que el Congreso de la Nación empiece a legislar y establecer normas que permitan avanzar contra este tipo de prácticas.
De ninguna manera esto es un ataque a las empresas ni al sector privado. Nos hemos cansado de mostrar que, cuando gobiernan las fuerzas políticas y los gobiernos que serían supuestamente antiempresa, crece la cantidad de empresas en la Argentina. Sin embargo, cuando gobiernan las fuerzas políticas que supuestamente son proempresas, cierran empresas y cae la cantidad de ellas en la Argentina.
Me parece que es hora de que empecemos a abandonar los prejuicios o el oportunismo político, para que cada uno de los proyectos que estamos discutiendo, que afecta algún privilegio, no lo conviertan en una cruzada. Empecemos a pensar realmente cómo hacemos para, en todo caso, mejorar estos proyectos a fin de que cumplan la función que tienen que cumplir. Me refiero a que efectivamente se garantice que las empresas que están radicadas en la Argentina, que pagan sus impuestos correctamente, que tienen un comportamiento que se ajusta a la ley y a las buenas prácticas, efectivamente puedan recibir un subsidio, una ayuda, una asistencia por parte del Estado cuando lo necesitan.
En cambio, las empresas y los sectores que sistemáticamente tienen prácticas que llevan a la elusión fiscal, a actividades económicas dañinas, que desestabilizan nuestra moneda y la economía, que tienen prácticas incompatibles con una posibilidad de desarrollo económico, no sigan siendo subsidiadas o asistidas por el Estado.
XXXX
Esa discriminación positiva, si se quiere, no solo altera el principio de igualdad, sino que justamente da razonabilidad a una política pública al no tratar de igual manera a las empresas que tienen un comportamiento virtuoso -es decir, que se ajustan a la ley y a las buenas prácticas económicas-, y a aquellas que sistemáticamente buscan eludir sus obligaciones fiscales y que, además, generan un enorme daño a la economía argentina.
Así que, insisto, dejemos de construir una cruzada política sobre cada uno de estos proyectos de ley y tratemos de cumplir nuestra función, que es representar los intereses del pueblo argentino para que las políticas que lleva adelante el Estado realmente tengan el destino que deben tener.
En el caso del proyecto de aporte extraordinario a las grandes fortunas se formuló un posicionamiento muy parecido. Se dijo que esto iba afectar a la inversión, a las empresas, a las pymes, a los pequeños y medianos productores agropecuarios, pero quedó absolutamente demostrado que eso era falso, por toda la información y los argumentos que hemos volcado. En este caso, ocurre lo mismo.
Me gustaría recuperar el análisis de qué es lo que estamos discutiendo, que no se vincula con empresas que tienen derecho a existir o no, sino que estamos discutiendo qué empresas tienen derecho a recibir asistencia o beneficios fiscales por parte del Estado nacional.
Por supuesto, nosotros, no solamente en este proyecto -a veces de manera implícita y otras explícita-, sino en toda la política económica que promovemos diferenciamos empresas grandes y chicas, así como también empresas nacionales y extranjeras. Del mismo modo, diferenciamos a las empresas que tienen comportamientos fiscales que se ajustan a las buenas prácticas de otras empresas que tienen un comportamiento sistemático de búsqueda de afrontar sus compromisos tributarios de manera ilegal o, muchas veces, recurriendo a artilugios que se permiten dentro de la legislación vigente.
Tiene absoluto sentido que el Estado -si no quiere ser un Estado bobo- haga una diferenciación, para no estar subsidiando o haciendo transferencias de recursos hacia empresas cuyo comportamiento permanentemente va en contra de los intereses de la Argentina o de las obligaciones tributarias en nuestro país.
Acá no estamos discutiendo qué castigo le pondremos a una empresa que está radicada offshore ni tampoco discutimos sanciones. Se trata de quitar la posibilidad de un beneficio, de un privilegio, de una asistencia, de una ayuda que brinda el Estado.
Me llama la atención que muchos de los que sistemáticamente se quejan de la supuesta falta de seguridad jurídica y del exceso del gasto público, de pronto sean los defensores de un capitalismo subsidiado por el Estado. Es decir que son defensores de las empresas para recibir subsidios del Estado, independientemente de su comportamiento y de su práctica tributaria.
Me parece que es absolutamente razonable que empecemos a discutir proyectos de esta naturaleza, que combaten uno de los principales problemas que tiene el mundo -como bien dijeron varios diputados preopinantes-, que es la práctica de la elusión fiscal. En este sentido, justamente como no tenemos legislación suficientemente apropiada para evitar estas prácticas -no en la Argentina sino a nivel global-, tenemos el problema que constituyen este tipo de comportamientos.
Una manera de empezar a combatir la elusión fiscal es estableciendo normas que impidan, por ejemplo, que el Estado termine asistiendo a empresas que tienen estos comportamientos, pues es una forma de desincentivar la elusión fiscal.
Entonces, ¿qué consecuencias puede tener un proyecto de esta naturaleza? Puede suceder que el Estado deje de destinar recursos, subsidios, exenciones impositivas a empresas que claramente tienen un comportamiento de elusión fiscal, lo cual es bueno. O puede pasar que muchas empresas y personas que tienen estructuras armadas para la elusión fiscal decidan radicarse en la Argentina y pagar sus impuestos como corresponde, justamente para no ser excluidas de los beneficios de asistencia financiera por parte del Estado, lo cual también es bueno.
Entonces, ya sea porque el Estado deje de transferir recursos hacia empresas que tienen un comportamiento perjudicial para el país o que esas empresas se vean incentivadas a abandonar esas prácticas, radicarse en la Argentina y pagar sus impuestos aquí como corresponde, la ganancia es total.
A mí me parece que este es un proyecto absolutamente razonable y que es una muy buena noticia que el Congreso de la Nación empiece a legislar y establecer normas que permitan avanzar contra este tipo de prácticas.
De ninguna manera esto es un ataque a las empresas ni al sector privado. Nos hemos cansado de mostrar que, cuando gobiernan las fuerzas políticas y los gobiernos que serían supuestamente antiempresa, crece la cantidad de empresas en la Argentina. Sin embargo, cuando gobiernan las fuerzas políticas que supuestamente son proempresas, cierran empresas y cae la cantidad de ellas en la Argentina.
Me parece que es hora de que empecemos a abandonar los prejuicios o el oportunismo político, para que cada uno de los proyectos que estamos discutiendo, que afecta algún privilegio, no lo conviertan en una cruzada. Empecemos a pensar realmente cómo hacemos para, en todo caso, mejorar estos proyectos a fin de que cumplan la función que tienen que cumplir. Me refiero a que efectivamente se garantice que las empresas que están radicadas en la Argentina, que pagan sus impuestos correctamente, que tienen un comportamiento que se ajusta a la ley y a las buenas prácticas, efectivamente puedan recibir un subsidio, una ayuda, una asistencia por parte del Estado cuando lo necesitan.
En cambio, las empresas y los sectores que sistemáticamente tienen prácticas que llevan a la elusión fiscal, a actividades económicas dañinas, que desestabilizan nuestra moneda y la economía, que tienen prácticas incompatibles con una posibilidad de desarrollo económico, no sigan siendo subsidiadas o asistidas por el Estado.
XXXX
Esa discriminación positiva, si se quiere, no solo altera el principio de igualdad, sino que justamente da razonabilidad a una política pública al no tratar de igual manera a las empresas que tienen un comportamiento virtuoso -es decir, que se ajustan a la ley y a las buenas prácticas económicas-, y a aquellas que sistemáticamente buscan eludir sus obligaciones fiscales y que, además, generan un enorme daño a la economía argentina.
Así que, insisto, dejemos de construir una cruzada política sobre cada uno de estos proyectos de ley y tratemos de cumplir nuestra función, que es representar los intereses del pueblo argentino para que las políticas que lleva adelante el Estado realmente tengan el destino que deben tener.
SR. PRESIDENTE HELLER Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Pablo González.
Tiene la palabra el señor diputado Pablo González.
SR. GONZÁLEZ (P.G.) Señor presidente: haré un par de aclaraciones sobre algunas cuestiones a las que se han referido dos diputados preopinantes y que están vinculadas con el inciso a) del artículo 2º del proyecto en consideración.
Los primeros dos diputados de la oposición que hicieron uso de la palabra señalaron -primero enfáticamente, aunque después no tanto- que este inciso directamente excluía a las sociedades extranjeras de invertir en la Argentina. Así fue como se dijo, y es algo que en verdad no quisiera ver en los diarios dentro de un rato, ya que fueron comentarios altisonantes, tratándonos como si nosotros no supiéramos leer.
Pienso que lo que dice el inciso a) es total y absolutamente claro; es clarísimo. Es más, se condice con lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley General de Sociedades, los cuales nunca han sido cuestionados constitucionalmente, al menos que yo sepa. Tampoco se ha dicho durante todos estos años que dichas normas han impedido las inversiones extranjeras.
Si usted me lo permite, señor presidente, leeré rápidamente el inciso a) del artículo 2° del proyecto, que dice lo siguiente: "Sociedades constituidas en el extranjero, aun cuando hubiesen constituido o adquirido participación en sociedad en la República en los términos del artículo 123 de la Ley de General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984, y sus modificaciones..." -aquí lo que dice es que deben inscribirse; fíjense lo que establece el artículo 123 de dicha ley-, "...o tuvieran en la República la sede efectiva de su administración o destinado a cumplirse en ella su principal objeto...".
La sede efectiva de su administración, o cumplirse en ella -en la Argentina- su principal objeto, es también lo que dice el artículo 124 de la Ley General de Sociedades.
El inciso a) continúa diciendo: "...ello, mientras no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina." Es decir que las sociedades que no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina no pueden acceder a los beneficios establecidos en dicho artículo. Es más, el artículo 124 de la Ley General de Sociedades habla de empresas que tienen domicilio en el extranjero y su principal objeto o la sede efectiva de su administración en la Argentina. Explíquenme entonces qué parte de este artículo dice que no va a haber inversiones extranjeras en la Argentina.
Pienso que es muy claro lo que dice el inciso a) del artículo 2º. Pero, a menos que quieran tomarnos por estúpidos o digan que no sabemos leer, no sé si no habría que hacer algún tipo de aclaración para precisar aún más lo que ya está absolutamente claro.
Como dije, este inciso está en armonía con lo establecido por los artículos 123 y 124 de la Ley General de Sociedades. Es decir que, como dice la norma, las empresas no podrán acceder a los beneficios establecidos mientras no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina.
Señor presidente: ¿qué hacemos entonces? ¿Lo subrayamos en el texto del proyecto? ¿Lo ponemos en negrita?
Reitero: deberían adecuarse íntegramente a la legislación argentina. Además, si ustedes se fijan, a estos fines hasta hay un formulario en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para hacerlo a través de Internet. De manera que, si ese es el meollo o la principal crítica al proyecto, quiero decirles que están equivocados. De la propia letra del inciso a) surge que no es así lo que se acaba de decir en intervenciones anteriores. El artículo en cuestión tiene una buena redacción legislativa; es absolutamente claro. No sé por qué dicen que no es así.
Por otro lado, también se dijo que estamos legislando retroactivamente, y quisiera que me expliquen qué parte del proyecto dice eso.
En primer lugar, ninguna ley es retroactiva. Por lo tanto, sancionar una norma con esta característica no resistiría ningún planteo ante ningún estrado judicial. Lo que establece la norma es que de ahora en adelante las empresas no podrán acceder, pero nadie dice que de acá para atrás se le va a quitar alguno de los beneficios a quien lo tenga en este momento.
En segundo lugar, no se trata de sanciones. No se está sancionando a las empresas que no puedan... (inaudible). Reitero: no es una sanción. Una sanción es la aplicación de una pena.
¿Saben qué es una sanción encubierta? La "doctrina Irurzun", por ejemplo, que fue una pena anticipada. A quienes quieran saber qué es una pena anticipada, fíjense en esa doctrina. Acá no hay ningún tipo de sanción, sino una acción por omisión. Es decir, usted no va a poder ingresar a un sistema de beneficio porque no reúne los requisitos que establece la norma, y esto está claro.
Por otra parte, ¿qué se entiende por un país que tiene nula tributación? En ese sentido, existen parámetros. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece parámetros, como cobrar menos del 15 por ciento en concepto de impuesto a las ganancias. Es decir que no es un tema tan difícil de determinar.
La ley será reglamentada y habrá treinta días para hacerlo. Pero de ninguna forma estamos nosotros acá sancionando una norma que evite que empresas extranjeras vengan a invertir a la Argentina. Es un disparate decir eso. Además, esto que les digo surge del mismo inciso a) del artículo 2º del proyecto.
El otro día leí en un diario de Buenos Aires una noticia que lamentaba el hecho de que un empresario argentino se mudase al Uruguay. Se daba el nombre de este empresario, cuyo apellido comienza con B. Cuando vi la foto, pensé: "Yo lo conozco". Claro, era el empresario más importante de una financiera que está en Puerto Madero, que se dedicó a endeudar a las provincias entre 2016 y 2017.
Las provincias que estábamos buscando financiamiento en ese momento y no lo conseguíamos, terminábamos en esta empresa, y voy a decir su nombre: Puente Hermanos. Fíjense cuántas provincias, entre los años 2016 y 2017, se endeudaron en Puente Hermanos. Así que la verdad es que queremos inversiones y no que las provincias sigan endeudándose.
Lamento que se vaya a vivir a otro país este agente financiero de la Argentina, que para mí no es un empresario, sino un mercader de Venecia 2.0. Para mí un empresario es quien invierte en trabajo y en producción.
Entonces, esta ley para nada impedirá que vengan empresas extranjeras de verdad -y no empresarios como el que acabo de mencionar- a invertir y generar trabajo en la Argentina.
Quiero que quede muy claro que el inciso a) del artículo 2º es absolutamente preciso en lo que trata de establecer. Muchas gracias.
Los primeros dos diputados de la oposición que hicieron uso de la palabra señalaron -primero enfáticamente, aunque después no tanto- que este inciso directamente excluía a las sociedades extranjeras de invertir en la Argentina. Así fue como se dijo, y es algo que en verdad no quisiera ver en los diarios dentro de un rato, ya que fueron comentarios altisonantes, tratándonos como si nosotros no supiéramos leer.
Pienso que lo que dice el inciso a) es total y absolutamente claro; es clarísimo. Es más, se condice con lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley General de Sociedades, los cuales nunca han sido cuestionados constitucionalmente, al menos que yo sepa. Tampoco se ha dicho durante todos estos años que dichas normas han impedido las inversiones extranjeras.
Si usted me lo permite, señor presidente, leeré rápidamente el inciso a) del artículo 2° del proyecto, que dice lo siguiente: "Sociedades constituidas en el extranjero, aun cuando hubiesen constituido o adquirido participación en sociedad en la República en los términos del artículo 123 de la Ley de General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984, y sus modificaciones..." -aquí lo que dice es que deben inscribirse; fíjense lo que establece el artículo 123 de dicha ley-, "...o tuvieran en la República la sede efectiva de su administración o destinado a cumplirse en ella su principal objeto...".
La sede efectiva de su administración, o cumplirse en ella -en la Argentina- su principal objeto, es también lo que dice el artículo 124 de la Ley General de Sociedades.
El inciso a) continúa diciendo: "...ello, mientras no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina." Es decir que las sociedades que no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina no pueden acceder a los beneficios establecidos en dicho artículo. Es más, el artículo 124 de la Ley General de Sociedades habla de empresas que tienen domicilio en el extranjero y su principal objeto o la sede efectiva de su administración en la Argentina. Explíquenme entonces qué parte de este artículo dice que no va a haber inversiones extranjeras en la Argentina.
Pienso que es muy claro lo que dice el inciso a) del artículo 2º. Pero, a menos que quieran tomarnos por estúpidos o digan que no sabemos leer, no sé si no habría que hacer algún tipo de aclaración para precisar aún más lo que ya está absolutamente claro.
Como dije, este inciso está en armonía con lo establecido por los artículos 123 y 124 de la Ley General de Sociedades. Es decir que, como dice la norma, las empresas no podrán acceder a los beneficios establecidos mientras no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina.
Señor presidente: ¿qué hacemos entonces? ¿Lo subrayamos en el texto del proyecto? ¿Lo ponemos en negrita?
Reitero: deberían adecuarse íntegramente a la legislación argentina. Además, si ustedes se fijan, a estos fines hasta hay un formulario en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para hacerlo a través de Internet. De manera que, si ese es el meollo o la principal crítica al proyecto, quiero decirles que están equivocados. De la propia letra del inciso a) surge que no es así lo que se acaba de decir en intervenciones anteriores. El artículo en cuestión tiene una buena redacción legislativa; es absolutamente claro. No sé por qué dicen que no es así.
Por otro lado, también se dijo que estamos legislando retroactivamente, y quisiera que me expliquen qué parte del proyecto dice eso.
En primer lugar, ninguna ley es retroactiva. Por lo tanto, sancionar una norma con esta característica no resistiría ningún planteo ante ningún estrado judicial. Lo que establece la norma es que de ahora en adelante las empresas no podrán acceder, pero nadie dice que de acá para atrás se le va a quitar alguno de los beneficios a quien lo tenga en este momento.
En segundo lugar, no se trata de sanciones. No se está sancionando a las empresas que no puedan... (inaudible). Reitero: no es una sanción. Una sanción es la aplicación de una pena.
¿Saben qué es una sanción encubierta? La "doctrina Irurzun", por ejemplo, que fue una pena anticipada. A quienes quieran saber qué es una pena anticipada, fíjense en esa doctrina. Acá no hay ningún tipo de sanción, sino una acción por omisión. Es decir, usted no va a poder ingresar a un sistema de beneficio porque no reúne los requisitos que establece la norma, y esto está claro.
Por otra parte, ¿qué se entiende por un país que tiene nula tributación? En ese sentido, existen parámetros. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece parámetros, como cobrar menos del 15 por ciento en concepto de impuesto a las ganancias. Es decir que no es un tema tan difícil de determinar.
La ley será reglamentada y habrá treinta días para hacerlo. Pero de ninguna forma estamos nosotros acá sancionando una norma que evite que empresas extranjeras vengan a invertir a la Argentina. Es un disparate decir eso. Además, esto que les digo surge del mismo inciso a) del artículo 2º del proyecto.
El otro día leí en un diario de Buenos Aires una noticia que lamentaba el hecho de que un empresario argentino se mudase al Uruguay. Se daba el nombre de este empresario, cuyo apellido comienza con B. Cuando vi la foto, pensé: "Yo lo conozco". Claro, era el empresario más importante de una financiera que está en Puerto Madero, que se dedicó a endeudar a las provincias entre 2016 y 2017.
Las provincias que estábamos buscando financiamiento en ese momento y no lo conseguíamos, terminábamos en esta empresa, y voy a decir su nombre: Puente Hermanos. Fíjense cuántas provincias, entre los años 2016 y 2017, se endeudaron en Puente Hermanos. Así que la verdad es que queremos inversiones y no que las provincias sigan endeudándose.
Lamento que se vaya a vivir a otro país este agente financiero de la Argentina, que para mí no es un empresario, sino un mercader de Venecia 2.0. Para mí un empresario es quien invierte en trabajo y en producción.
Entonces, esta ley para nada impedirá que vengan empresas extranjeras de verdad -y no empresarios como el que acabo de mencionar- a invertir y generar trabajo en la Argentina.
Quiero que quede muy claro que el inciso a) del artículo 2º es absolutamente preciso en lo que trata de establecer. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández.
Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández.
SR. FERNÁNDEZ (E.) Gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley tiene total coherencia con respecto al presupuesto por esta idea de que hay que cuidar los recursos y porque los impuestos de los argentinos significan beneficios. Es lo que hemos discutido recientemente en el debate de la ley de economía del conocimiento para alentar el empleo y agregar valor. La verdad es que este cambio de visión es esencial para recuperar una Argentina productiva y un rol activo del Estado que haga uso racional de las promociones y los recursos.
En el artículo 1º se establece justamente la extensión como política de Estado, y no solamente ante la emergencia. Eso es lo fundamental y es lo que yo creo que han observado los diputados de la oposición. Nosotros vamos a tratar un presupuesto que tiene líneas estratégicas y políticas de Estado. Este gobierno tiene concepciones respecto del uso de los recursos y de las actividades a promover.
No voy a abundar más en este asunto porque tenía pensado decir lo mismo que el diputado Pablo González. En las objeciones vamos a discutir el criterio general, porque cada uno de los incisos y puntos del artículo 2º, que identifican con claridad a los sujetos, en realidad están tratando -como dijo la miembro informante, Fernanda Vallejos- de evitar que se busque algún camino para seguir usando recursos del Estado argentino y transferirlos a lugares de menor tributación.
Se ha puesto mucho el ejemplo de Paraguay. Pero la verdad es que esto no atenta contra la inversión, porque las inversiones no vienen solamente por este tipo de subsidios que da el Estado y que, además, no están acordados. Nada impide que el Estado, que la autoridad de aplicación, luego acuerde beneficios en inversiones que interesen al país. Por tanto, esto no es atentatorio contra las empresas extranjeras, como bien ha dicho el diputado González. Yo les pediría que terminen de leer cada punto.
Entonces, quizás el órgano de aplicación se deja en facultad del Poder Ejecutivo o se orienta a quien tiene que serlo. Esto lo agregan como una crítica extra, porque si se hubiera puesto se negarían a aprobar la ley de todos modos.
En cuanto a la mora, seguramente el órgano de aplicación -o quizá esto lo podemos poner en la ley, ya que tiene que ver con criterios legales- haga algún ajuste en los montos, ya sea en cuanto al pago del capital o en lo que hace al sistema de previsión social. El objetivo es ir actualizando los números y que sea una ley que tenga un carácter duradero en el tiempo y razonable.
La inmensa mayoría de las empresas no está en esta situación. Se busca casos específicos porque se está defendiendo casos específicos. Nosotros somos diputados de la Nación y estamos tratando de establecer políticas de Estado con el fin de que las empresas tengan mercado interno y consigan apoyo para la innovación científico-tecnológica. Estamos haciendo leyes para cuidar los recursos y que no se vayan por una canaleta, como se han ido hasta ahora. Esto es más necesario que nunca, porque estamos en un gobierno que está llevando a cabo políticas de Estado -y lo vamos a ver reflejado en el presupuesto- donde se establecen programas y acciones para incentivar estas políticas.
Además, tenemos que cuidar los recursos porque también hay otros agentes. Nosotros somos los agentes que cuidamos los recursos y la orientación de políticas a favor de las mayorías nacionales. Pero claro que hay otros agentes que van a seguir sembrando el desánimo, diciendo que el paraíso está en Uruguay o en Paraguay, aunque hayan ejercido, mientras tanto, políticas liberales que no trajeron ninguna inversión.
La continuidad de las políticas racionales y la racionalidad de este proyecto nos hacen defender el presupuesto con suficiente fundamento. Tenemos la tranquilidad de que es coherente con la promoción de las pymes y de la economía del conocimiento. Es decir que es totalmente coherente con las políticas de apoyo que estamos dando. Ayer mismo salió publicada la reglamentación para la ley de emergencia turística, que todavía puede estar sujeta a un fallo judicial. Las empresas están preocupadas por la sesión en que la aprobó Diputados.
Entonces me parece que es un debate que -como siempre lo han hecho los presidentes de comisión- permitirá incorporar propuestas razonables, si es que las hay. Pero acá lo que se está cuestionando es la filosofía, el rol del Estado y qué tipo de inversiones y proyectos apoyamos.
Así que, señor presidente, si bien ya han ahondado los otros diputados en sus posiciones, leamos los artículos completos y no hagamos títulos. No estamos haciendo periodismo. Veamos los puntos completos del artículo 2º, que tienen toda una previsión al respecto, para lo cual está el órgano que va a reglamentar.
Nosotros, cuando sancionamos una ley, lo que definimos fundamentalmente es su orientación. Lo que buscamos es que el ahorro y los recursos de los argentinos no se vayan por la canaleta de ninguna forma.
Por último, si nos dicen que esto es ser antiempresa, lo cierto es que nadie ha puesto tanta plata en este último decenio para salvar empresas privadas y puestos de trabajo como lo ha hecho esta administración.
Este proyecto de ley tiene total coherencia con respecto al presupuesto por esta idea de que hay que cuidar los recursos y porque los impuestos de los argentinos significan beneficios. Es lo que hemos discutido recientemente en el debate de la ley de economía del conocimiento para alentar el empleo y agregar valor. La verdad es que este cambio de visión es esencial para recuperar una Argentina productiva y un rol activo del Estado que haga uso racional de las promociones y los recursos.
En el artículo 1º se establece justamente la extensión como política de Estado, y no solamente ante la emergencia. Eso es lo fundamental y es lo que yo creo que han observado los diputados de la oposición. Nosotros vamos a tratar un presupuesto que tiene líneas estratégicas y políticas de Estado. Este gobierno tiene concepciones respecto del uso de los recursos y de las actividades a promover.
No voy a abundar más en este asunto porque tenía pensado decir lo mismo que el diputado Pablo González. En las objeciones vamos a discutir el criterio general, porque cada uno de los incisos y puntos del artículo 2º, que identifican con claridad a los sujetos, en realidad están tratando -como dijo la miembro informante, Fernanda Vallejos- de evitar que se busque algún camino para seguir usando recursos del Estado argentino y transferirlos a lugares de menor tributación.
Se ha puesto mucho el ejemplo de Paraguay. Pero la verdad es que esto no atenta contra la inversión, porque las inversiones no vienen solamente por este tipo de subsidios que da el Estado y que, además, no están acordados. Nada impide que el Estado, que la autoridad de aplicación, luego acuerde beneficios en inversiones que interesen al país. Por tanto, esto no es atentatorio contra las empresas extranjeras, como bien ha dicho el diputado González. Yo les pediría que terminen de leer cada punto.
Entonces, quizás el órgano de aplicación se deja en facultad del Poder Ejecutivo o se orienta a quien tiene que serlo. Esto lo agregan como una crítica extra, porque si se hubiera puesto se negarían a aprobar la ley de todos modos.
En cuanto a la mora, seguramente el órgano de aplicación -o quizá esto lo podemos poner en la ley, ya que tiene que ver con criterios legales- haga algún ajuste en los montos, ya sea en cuanto al pago del capital o en lo que hace al sistema de previsión social. El objetivo es ir actualizando los números y que sea una ley que tenga un carácter duradero en el tiempo y razonable.
La inmensa mayoría de las empresas no está en esta situación. Se busca casos específicos porque se está defendiendo casos específicos. Nosotros somos diputados de la Nación y estamos tratando de establecer políticas de Estado con el fin de que las empresas tengan mercado interno y consigan apoyo para la innovación científico-tecnológica. Estamos haciendo leyes para cuidar los recursos y que no se vayan por una canaleta, como se han ido hasta ahora. Esto es más necesario que nunca, porque estamos en un gobierno que está llevando a cabo políticas de Estado -y lo vamos a ver reflejado en el presupuesto- donde se establecen programas y acciones para incentivar estas políticas.
Además, tenemos que cuidar los recursos porque también hay otros agentes. Nosotros somos los agentes que cuidamos los recursos y la orientación de políticas a favor de las mayorías nacionales. Pero claro que hay otros agentes que van a seguir sembrando el desánimo, diciendo que el paraíso está en Uruguay o en Paraguay, aunque hayan ejercido, mientras tanto, políticas liberales que no trajeron ninguna inversión.
La continuidad de las políticas racionales y la racionalidad de este proyecto nos hacen defender el presupuesto con suficiente fundamento. Tenemos la tranquilidad de que es coherente con la promoción de las pymes y de la economía del conocimiento. Es decir que es totalmente coherente con las políticas de apoyo que estamos dando. Ayer mismo salió publicada la reglamentación para la ley de emergencia turística, que todavía puede estar sujeta a un fallo judicial. Las empresas están preocupadas por la sesión en que la aprobó Diputados.
Entonces me parece que es un debate que -como siempre lo han hecho los presidentes de comisión- permitirá incorporar propuestas razonables, si es que las hay. Pero acá lo que se está cuestionando es la filosofía, el rol del Estado y qué tipo de inversiones y proyectos apoyamos.
Así que, señor presidente, si bien ya han ahondado los otros diputados en sus posiciones, leamos los artículos completos y no hagamos títulos. No estamos haciendo periodismo. Veamos los puntos completos del artículo 2º, que tienen toda una previsión al respecto, para lo cual está el órgano que va a reglamentar.
Nosotros, cuando sancionamos una ley, lo que definimos fundamentalmente es su orientación. Lo que buscamos es que el ahorro y los recursos de los argentinos no se vayan por la canaleta de ninguna forma.
Por último, si nos dicen que esto es ser antiempresa, lo cierto es que nadie ha puesto tanta plata en este último decenio para salvar empresas privadas y puestos de trabajo como lo ha hecho esta administración.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el diputado Ariel Rauschenberger.
SR. RAUSCHENBERGER Gracias, señor presidente.
Estamos tratando un proyecto que, luego de una discusión muy importante, tuvo consenso. En ese sentido, celebro el intercambio. Pero entiendo que con lo que ha expuesto la miembro informante, la compañera Vallejos, no se cambia en nada la esencia ni espíritu de ese dictamen para el cual habíamos elaborado un consenso, sino que se amplía, se mejora y se perfecciona.
Por otro lado, hemos escuchado los argumentos de la oposición. Valoro el esfuerzo que hace la oposición por encontrar argumentos para oponerse al consenso que habíamos logrado. Esto pone de manifiesto cuáles son los intereses que representa y defiende cada uno. Es parte de su estrategia hacer creer que estamos en contra de las empresas, que somos antiempresas. Este es un latiguillo que se viene repitiendo permanentemente desde hace un tiempo.
Tal como han dicho algunos de mis compañeros de bloque que me precedieron en el uso de la palabra, quedó demostrado que esto no es así -de ninguna manera-, sino todo lo contrario.
Si bien este proyecto puede ser perfectible, concretamente apoya a todas las empresas que acatan la normativa, que generan empleo en nuestro país y cumplen con sus obligaciones fiscales y previsionales. No ataca de modo alguno a quienes invierten en la Argentina.
Se trata de cuidar los recursos de los argentinos y de las argentinas, de usar de la mejor manera posible esa ingente cantidad de recursos que el Estado ha puesto a disposición de las pymes y de asignarlos a quienes hacen las cosas bien.
Creo que con este proyecto trabajamos en una legislación de avanzada para poner las cosas en su lugar, al tiempo que damos un mensaje muy claro sobre el tratamiento que deben tener quienes evaden o recurren a mecanismos de elusión llevando sus fondos a paraísos fiscales.
Queremos que haya inversiones en la Argentina; las necesitamos, pero tenemos en claro que deben ser productivas y no especulativas. Esto queda plasmado también en el proyecto de presupuesto en tratamiento -tal como se ha manifestado aquí- que consideraremos a continuación, que duplica la inversión en 2021 y que apunta a un dinamismo productivo, a las inversiones en infraestructura productiva, a la educación, a la ciencia y a la tecnología.
Creo que esto sintetiza el pensamiento de nuestro gobierno respecto de la inversión, que nosotros acompañamos y compartimos. Me parece que mis compañeros de bloque ya han sido muy claros en el uso de la palabra. Este proyecto no altera lo que venimos tratando; lo refuerza y amplía.
Necesitamos avanzar en la aprobación del dictamen para poderlo considerar en el recinto.
Estamos tratando un proyecto que, luego de una discusión muy importante, tuvo consenso. En ese sentido, celebro el intercambio. Pero entiendo que con lo que ha expuesto la miembro informante, la compañera Vallejos, no se cambia en nada la esencia ni espíritu de ese dictamen para el cual habíamos elaborado un consenso, sino que se amplía, se mejora y se perfecciona.
Por otro lado, hemos escuchado los argumentos de la oposición. Valoro el esfuerzo que hace la oposición por encontrar argumentos para oponerse al consenso que habíamos logrado. Esto pone de manifiesto cuáles son los intereses que representa y defiende cada uno. Es parte de su estrategia hacer creer que estamos en contra de las empresas, que somos antiempresas. Este es un latiguillo que se viene repitiendo permanentemente desde hace un tiempo.
Tal como han dicho algunos de mis compañeros de bloque que me precedieron en el uso de la palabra, quedó demostrado que esto no es así -de ninguna manera-, sino todo lo contrario.
Si bien este proyecto puede ser perfectible, concretamente apoya a todas las empresas que acatan la normativa, que generan empleo en nuestro país y cumplen con sus obligaciones fiscales y previsionales. No ataca de modo alguno a quienes invierten en la Argentina.
Se trata de cuidar los recursos de los argentinos y de las argentinas, de usar de la mejor manera posible esa ingente cantidad de recursos que el Estado ha puesto a disposición de las pymes y de asignarlos a quienes hacen las cosas bien.
Creo que con este proyecto trabajamos en una legislación de avanzada para poner las cosas en su lugar, al tiempo que damos un mensaje muy claro sobre el tratamiento que deben tener quienes evaden o recurren a mecanismos de elusión llevando sus fondos a paraísos fiscales.
Queremos que haya inversiones en la Argentina; las necesitamos, pero tenemos en claro que deben ser productivas y no especulativas. Esto queda plasmado también en el proyecto de presupuesto en tratamiento -tal como se ha manifestado aquí- que consideraremos a continuación, que duplica la inversión en 2021 y que apunta a un dinamismo productivo, a las inversiones en infraestructura productiva, a la educación, a la ciencia y a la tecnología.
Creo que esto sintetiza el pensamiento de nuestro gobierno respecto de la inversión, que nosotros acompañamos y compartimos. Me parece que mis compañeros de bloque ya han sido muy claros en el uso de la palabra. Este proyecto no altera lo que venimos tratando; lo refuerza y amplía.
Necesitamos avanzar en la aprobación del dictamen para poderlo considerar en el recinto.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra la diputada Osuna.
SRA. OSUNA Señor presidente: no me voy a explayar en los fundamentos que con claridad han planteado en estos minutos quienes son mis compañeros del Frente de Todos, entre otros.
Creo que estamos en una coyuntura que no presenta mayores incógnitas respecto del estado de situación. Todos sabemos que es complejo y, sobre todo, tenemos en claro el fuertísimo impacto que han tenido los cuatro años de destrucción de la economía, de la producción y de cientos y cientos de empresas.
Algunas de esas empresas se han dado como ejemplo del impacto que un gobierno tiene en la política económica cuando busca promover la "financiarización" de la economía y no la producción.
Creo que hoy todos tenemos en claro el diagnóstico. Este proyecto justamente viene a poner reglas de juego que recuperen la centralidad de un Estado que regula, impulsa y sostiene. Es eso, simplemente.
En todo caso, en términos de los debates que se desarrollan en esta comisión y, seguramente, también de los que tendremos cuando este proyecto se considere en la sesión, debemos estar advertidos de que implica un riesgo altísimo generar a toda costa un descreimiento sobre la responsabilidad de un Estado que nosotros entendemos debe operar como promotor.
Ese riesgo no solo da lugar a la duda y a interrogantes sin respuestas de parte de los ciudadanos de buena fe que escuchan que, en la Cámara de Diputados, pretendemos poner en riesgo a empresas que quieren invertir, sino que, realmente, es absurdo y de mala fe.
Creo que la única intención de estos argumentos es proteger intereses -realmente, es lo que han hecho hasta ahora-, y nosotros pretendemos poner límites con un Estado activo, protector, que no dude en priorizar a las pequeñas y medianas empresas y también a las grandes que se acomoden a empujar el carro en esta etapa. Es indispensable que se lo haga con las reglas de juego que este Congreso está dispuesto a tomar. Esto significa recuperar un Estado regulador, promover la producción y, además, poner reglas indubitables que dejen en claro que se acompaña a quien obra de buena fe y está en contra de prácticas elusivas incompatibles con el desarrollo.
Queremos trabajo, producción, reglas de juego claras, trasparencia en las inversiones y un Estado que -en esta etapa realmente compleja- sepa con claridad qué hacer. De eso se trata este proyecto.
Creo que estamos en una coyuntura que no presenta mayores incógnitas respecto del estado de situación. Todos sabemos que es complejo y, sobre todo, tenemos en claro el fuertísimo impacto que han tenido los cuatro años de destrucción de la economía, de la producción y de cientos y cientos de empresas.
Algunas de esas empresas se han dado como ejemplo del impacto que un gobierno tiene en la política económica cuando busca promover la "financiarización" de la economía y no la producción.
Creo que hoy todos tenemos en claro el diagnóstico. Este proyecto justamente viene a poner reglas de juego que recuperen la centralidad de un Estado que regula, impulsa y sostiene. Es eso, simplemente.
En todo caso, en términos de los debates que se desarrollan en esta comisión y, seguramente, también de los que tendremos cuando este proyecto se considere en la sesión, debemos estar advertidos de que implica un riesgo altísimo generar a toda costa un descreimiento sobre la responsabilidad de un Estado que nosotros entendemos debe operar como promotor.
Ese riesgo no solo da lugar a la duda y a interrogantes sin respuestas de parte de los ciudadanos de buena fe que escuchan que, en la Cámara de Diputados, pretendemos poner en riesgo a empresas que quieren invertir, sino que, realmente, es absurdo y de mala fe.
Creo que la única intención de estos argumentos es proteger intereses -realmente, es lo que han hecho hasta ahora-, y nosotros pretendemos poner límites con un Estado activo, protector, que no dude en priorizar a las pequeñas y medianas empresas y también a las grandes que se acomoden a empujar el carro en esta etapa. Es indispensable que se lo haga con las reglas de juego que este Congreso está dispuesto a tomar. Esto significa recuperar un Estado regulador, promover la producción y, además, poner reglas indubitables que dejen en claro que se acompaña a quien obra de buena fe y está en contra de prácticas elusivas incompatibles con el desarrollo.
Queremos trabajo, producción, reglas de juego claras, trasparencia en las inversiones y un Estado que -en esta etapa realmente compleja- sepa con claridad qué hacer. De eso se trata este proyecto.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el diputado Gioja.
SR. GIOJA Señor presidente: buenos días a todos.
En realidad, creo que este tema se ha discutido muchísimo y, en su momento, estuvo más que claro. Aparecieron luego algunas cuestiones que, según tengo entendido, han sido aclaradas y acordadas.
Me parece que, definitivamente, este proyecto de ley está definiendo en qué vereda está cada uno, qué estamos defendiendo y qué es lo que queremos en esta emergencia que vive la Argentina.
En esta emergencia, el Estado no puede de ninguna manera ayudar, colaborar o promover empresas que tengan cuentas u otros activos en guaridas fiscales. Está claro que no son solo offshore sino guaridas fiscales que se usan con la intención de evadir, de eludir y de no pagar lo que el Estado necesita.
Me parece que es más que evidente que la mayoría quiere que exista la solidaridad, que haya promoción -por supuesto, porque queremos promover el trabajo y la producción-, pero que esa promoción tenga como destinatario a quien realmente va a promover el trabajo y la producción y no la especulación y la fuga. Me parece que esto es más que evidente.
No es un acto de intolerancia ni mucho menos, pero en la Argentina están pasando algunas cosas sobre las que tenemos que reflexionar. Pareciera que no se entiende el momento que vive el mundo ni el que vive la Argentina, que está doblemente afectada.
Esto de las dos pandemias no es cuento, es la realidad. No vamos a tapar con una la otra. Al contrario. La única verdad es la realidad, y la realidad es que estamos en emergencia, y en las situaciones de emergencia es cuando más hace falta la solidaridad y la presencia activa y solidaria del Estado, que no puede estar al servicio de quienes evaden y eluden.
El "Maradona de las finanzas" del gobierno anterior, en una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa -yo estaba presente-, dijo que las sociedades offshore eran como una especie de caja fuerte. ¡Mentira! ¡No son cajas fuertes, sino guaridas fiscales que se usan para evadir, eludir y no ser solidarios con los que necesitan!
Por lo tanto, también quiero expresar fuertemente que los que estamos de este lado estamos defendiendo -no digo que los otros no lo hagan- los intereses comunes de los argentinos. Estamos promoviendo el trabajo, la producción y un reparto equitativo de lo poco que haya para que, en definitiva, con el esfuerzo de todos podamos poner de pie esta Argentina y levantar la bandera celeste y blanca de todos los argentinos.
En realidad, creo que este tema se ha discutido muchísimo y, en su momento, estuvo más que claro. Aparecieron luego algunas cuestiones que, según tengo entendido, han sido aclaradas y acordadas.
Me parece que, definitivamente, este proyecto de ley está definiendo en qué vereda está cada uno, qué estamos defendiendo y qué es lo que queremos en esta emergencia que vive la Argentina.
En esta emergencia, el Estado no puede de ninguna manera ayudar, colaborar o promover empresas que tengan cuentas u otros activos en guaridas fiscales. Está claro que no son solo offshore sino guaridas fiscales que se usan con la intención de evadir, de eludir y de no pagar lo que el Estado necesita.
Me parece que es más que evidente que la mayoría quiere que exista la solidaridad, que haya promoción -por supuesto, porque queremos promover el trabajo y la producción-, pero que esa promoción tenga como destinatario a quien realmente va a promover el trabajo y la producción y no la especulación y la fuga. Me parece que esto es más que evidente.
No es un acto de intolerancia ni mucho menos, pero en la Argentina están pasando algunas cosas sobre las que tenemos que reflexionar. Pareciera que no se entiende el momento que vive el mundo ni el que vive la Argentina, que está doblemente afectada.
Esto de las dos pandemias no es cuento, es la realidad. No vamos a tapar con una la otra. Al contrario. La única verdad es la realidad, y la realidad es que estamos en emergencia, y en las situaciones de emergencia es cuando más hace falta la solidaridad y la presencia activa y solidaria del Estado, que no puede estar al servicio de quienes evaden y eluden.
El "Maradona de las finanzas" del gobierno anterior, en una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa -yo estaba presente-, dijo que las sociedades offshore eran como una especie de caja fuerte. ¡Mentira! ¡No son cajas fuertes, sino guaridas fiscales que se usan para evadir, eludir y no ser solidarios con los que necesitan!
Por lo tanto, también quiero expresar fuertemente que los que estamos de este lado estamos defendiendo -no digo que los otros no lo hagan- los intereses comunes de los argentinos. Estamos promoviendo el trabajo, la producción y un reparto equitativo de lo poco que haya para que, en definitiva, con el esfuerzo de todos podamos poner de pie esta Argentina y levantar la bandera celeste y blanca de todos los argentinos.
SR. PRESIDENTE HELLER Para hacer una aclaración, tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: quiero hacer una mínima aclaración. Creo que todos los que vamos a votar en el recinto este proyecto de ley debemos leerlo detenidamente.
Compartiré un dato, pero primero voy a leer unas palabras: "Si invertimos miles de millones procedentes de los impuestos de los contribuyentes en salvar empresas y empleos, el dinero debe emplearse con ese propósito y no dárselo a un paraíso fiscal situado en el otro lado del mundo".
Eso fue dicho por Rune Lund, el ministro de Finanzas de un país que está muy de moda por estos días, ya que casi todos vimos una serie muy linda que se llama Borgen; Borgen es la sede de gobierno de Dinamarca.
La regulación del 24 de abril de la Unión Europea confirmó que los países -de manera individual- pueden bloquear sus paquetes de ayuda para empresas que estén registradas en paraísos fiscales. De hecho, Dinamarca, Francia, Polonia e Italia así lo hicieron.
Hay un dato más interesante aún y creo que hay que traerlo a esta discusión: la red Tax Justice Network calcula que cada año se pierden 500.000 millones de dólares en impuestos por parte de corporaciones multinacionales que abusan de la ley, buscando sus resquicios a fin de pagar menos impuestos.
Esta cifra que doy es doscientos cincuenta veces mayor que los 2.000 millones de dólares que se calculan -y que ha pedido la ONU- para hacer frente a las pandemias en los países más pobres.
Estos son los datos que tenemos sobre la realidad actual. Ellos nos obligan a ser eficaces cuando hablamos de legislación y a dejar de tener discursos tan cargados de sectarismo y ventajismo. Yo no soy oficialista; de hecho, soy muy crítica de ustedes y lo saben perfectamente. Pero una cosa es la crítica y otra es que no haya nada que les venga bien.
Miren, hay muchos más países que han tomado medidas respecto a los salvatajes que hicieron durante esta pandemia. Se trata de países inteligentes, a los que nos queremos parecer.
Señor presidente: creo que está todo dicho. Me gustaría que se leyera mejor este proyecto de ley, y si hubiera que incorporar algo para que no haya dudas de lo que se pretende, imagino que no habrá inconvenientes para modificar la redacción. Como sea, esta ley tiene que salir.
Compartiré un dato, pero primero voy a leer unas palabras: "Si invertimos miles de millones procedentes de los impuestos de los contribuyentes en salvar empresas y empleos, el dinero debe emplearse con ese propósito y no dárselo a un paraíso fiscal situado en el otro lado del mundo".
Eso fue dicho por Rune Lund, el ministro de Finanzas de un país que está muy de moda por estos días, ya que casi todos vimos una serie muy linda que se llama Borgen; Borgen es la sede de gobierno de Dinamarca.
La regulación del 24 de abril de la Unión Europea confirmó que los países -de manera individual- pueden bloquear sus paquetes de ayuda para empresas que estén registradas en paraísos fiscales. De hecho, Dinamarca, Francia, Polonia e Italia así lo hicieron.
Hay un dato más interesante aún y creo que hay que traerlo a esta discusión: la red Tax Justice Network calcula que cada año se pierden 500.000 millones de dólares en impuestos por parte de corporaciones multinacionales que abusan de la ley, buscando sus resquicios a fin de pagar menos impuestos.
Esta cifra que doy es doscientos cincuenta veces mayor que los 2.000 millones de dólares que se calculan -y que ha pedido la ONU- para hacer frente a las pandemias en los países más pobres.
Estos son los datos que tenemos sobre la realidad actual. Ellos nos obligan a ser eficaces cuando hablamos de legislación y a dejar de tener discursos tan cargados de sectarismo y ventajismo. Yo no soy oficialista; de hecho, soy muy crítica de ustedes y lo saben perfectamente. Pero una cosa es la crítica y otra es que no haya nada que les venga bien.
Miren, hay muchos más países que han tomado medidas respecto a los salvatajes que hicieron durante esta pandemia. Se trata de países inteligentes, a los que nos queremos parecer.
Señor presidente: creo que está todo dicho. Me gustaría que se leyera mejor este proyecto de ley, y si hubiera que incorporar algo para que no haya dudas de lo que se pretende, imagino que no habrá inconvenientes para modificar la redacción. Como sea, esta ley tiene que salir.
SR. PRESIDENTE HELLER Le agradezco mucho la aclaración, señora diputada Camaño.
Tiene la palabra el señor diputado Javier Campos.
Tiene la palabra el señor diputado Javier Campos.
SR. CAMPOS Estoy escuchando reclamos o posicionamientos en contra de la oposición. Se dice que estamos queriendo "bloquear" una ley, o que pareciera que estamos queriendo favorecer a la gente que tiene dinero en paraísos fiscales.
Yo lo único que sé es que en esta comisión hubo un acuerdo que se llevó al recinto y luego, a las dos de la mañana, hubo un cambio inconsulto que nos hizo volver a esta comisión. O sea, no sé por qué nos acusan a nosotros.
¿Por qué no volvemos al texto acordado así lo votamos todos, tal como estábamos dispuestos a hacerlo? ¿Por qué no se hacen cargo de esta situación? Ahora pareciera que ustedes son Robin Hood y nosotros unos tal por cual.
Teníamos un acuerdo, o por lo menos nosotros estábamos dispuestos a votar un texto que ya estaba consensuado. Ahora, porque ustedes proponen un cambio, nosotros quedamos como los malos, los que estamos offside.
La verdad es que no entiendo ese cambio de posición cuando teníamos un acuerdo. No se le puede atribuir a Juntos por el Cambio ser obstruccionistas de este tema, porque no es así para nada. Solamente quería hacer esta aclaración.
Yo lo único que sé es que en esta comisión hubo un acuerdo que se llevó al recinto y luego, a las dos de la mañana, hubo un cambio inconsulto que nos hizo volver a esta comisión. O sea, no sé por qué nos acusan a nosotros.
¿Por qué no volvemos al texto acordado así lo votamos todos, tal como estábamos dispuestos a hacerlo? ¿Por qué no se hacen cargo de esta situación? Ahora pareciera que ustedes son Robin Hood y nosotros unos tal por cual.
Teníamos un acuerdo, o por lo menos nosotros estábamos dispuestos a votar un texto que ya estaba consensuado. Ahora, porque ustedes proponen un cambio, nosotros quedamos como los malos, los que estamos offside.
La verdad es que no entiendo ese cambio de posición cuando teníamos un acuerdo. No se le puede atribuir a Juntos por el Cambio ser obstruccionistas de este tema, porque no es así para nada. Solamente quería hacer esta aclaración.
SR. PRESIDENTE HELLER Diputado Campos: lo que estamos haciendo es tratar un proyecto que volvió a comisión. La inteligencia colectiva nos ha permitido unificar tres proyectos que apuntaban al mismo lugar. A nuestro juicio, ahora estamos poniendo a consideración un proyecto superador, más completo y más abarcativo; eso es lo que estamos haciendo.
Ahora bien, si ustedes tienen el espíritu que usted dice, no podrían empezar una reunión diciendo "nos oponemos" o "desde ya, adelantamos nuestra oposición", y a partir de allí, empezar a darnos consejos de las cosas que deberíamos cambiar en el proyecto que hemos consensuado.
Estamos haciendo lo que el presidente de la Cámara, junto a la aprobación del pleno, decidió. Esto es: mandarlo a comisión para considerarlo nuevamente.
Hemos unificado tres proyectos gracias a un trabajo generoso de tres miembros de esta Cámara de Diputados: las diputadas Camaño y Vallejos, y el diputado Carro. Cada uno fue autor de un proyecto, pero han unificado criterios y han llegado a un texto común. Esta es la manera en que debe funcionar el Parlamento; es decir, enriqueciéndose recíprocamente con aportes y no tratando de establecer competencias o cosas por el estilo.
Este es el proyecto que está en consideración, no hay otro proyecto. El que usted menciona terminó el otro día, cuando el presidente de la Cámara lo mandó en revisión a esta comisión. Esto es lo que estamos haciendo.
Tiene la palabra el señor diputado Germán Martínez.
Ahora bien, si ustedes tienen el espíritu que usted dice, no podrían empezar una reunión diciendo "nos oponemos" o "desde ya, adelantamos nuestra oposición", y a partir de allí, empezar a darnos consejos de las cosas que deberíamos cambiar en el proyecto que hemos consensuado.
Estamos haciendo lo que el presidente de la Cámara, junto a la aprobación del pleno, decidió. Esto es: mandarlo a comisión para considerarlo nuevamente.
Hemos unificado tres proyectos gracias a un trabajo generoso de tres miembros de esta Cámara de Diputados: las diputadas Camaño y Vallejos, y el diputado Carro. Cada uno fue autor de un proyecto, pero han unificado criterios y han llegado a un texto común. Esta es la manera en que debe funcionar el Parlamento; es decir, enriqueciéndose recíprocamente con aportes y no tratando de establecer competencias o cosas por el estilo.
Este es el proyecto que está en consideración, no hay otro proyecto. El que usted menciona terminó el otro día, cuando el presidente de la Cámara lo mandó en revisión a esta comisión. Esto es lo que estamos haciendo.
Tiene la palabra el señor diputado Germán Martínez.
SR. MARTÍNEZ (G. P.) Señor presidente: quiero valorar el regreso a la comisión de este proyecto de ley. Me parece que fue una decisión acertada la de aquella madrugada de volver a traer este proyecto a la comisión para que se genere una instancia donde todos y todas podamos aportar distintas miradas, a fin de llegar al mejor proyecto de ley posible. En este sentido, valoro mucho la tarea que han realizado diputados y diputadas de llevar adelante una búsqueda de consenso en esta comisión.
Quiero recordar que el texto que estamos impulsando deviene de tres proyectos distintos: un proyecto de la diputada Graciela Camaño, del 13 de mayo; otro de varios diputados, que ingresó el 29 de mayo con la firma principal del diputado Carro y, por último, un proyecto más reciente, del 15 de septiembre, presentado por nuestra compañera, la diputada Vallejos.
Por lo tanto, se trata de un tema que prácticamente hace cinco meses que tiene vida parlamentaria en la Cámara de Diputados. En ese tiempo se pudo analizar y debatir. Se lo pudo incluir en la agenda, pudo mejorar y llegar a acuerdos. El otro día tuvimos la posibilidad de llevarlo al recinto, donde surgió esta propuesta de modificación. Entonces, volvió a la comisión y hoy lo estamos analizando para poder dictaminar y llevarlo nuevamente al recinto.
Me parece que estamos ante un tratamiento lógico de un proyecto legislativo. Cuando debatimos poco sobre algún asunto, se nos acusa de hacer "trámites express". Cuando discutimos las cosas en profundidad y además tratamos de incorporar miradas, se nos cuestiona por hacer este tipo de cosas.
Un argumento similar se utilizó la semana pasada en la sesión, cuando prácticamente se objetaba la posibilidad de que el Senado de la Nación introduzca modificaciones al texto sobre economía del conocimiento que nosotros habíamos aprobado.
Está dentro de las reglas absolutas de juego que otra Cámara pueda hacer aportes. También está dentro de las reglas de juego y dentro de lo que indica nuestro reglamento la posibilidad de que un texto pueda volver a comisión, se pueda enriquecer con una nueva mirada, se pueda volver a dictaminar y en función de eso volver al recinto.
En este sentido, quiero decir algo más, señor presidente. Uno analiza los dichos de los diputados que oficiaron de voceros de Juntos por el Cambio, que hace tiempo ya es más "juntos por el statu quo" que Juntos por el Cambio. Realmente, ante cada propuesta de modificación lo único que dicen es: "Rechácese". Todo se rechaza ahora.
Quiero hacer una observación al respecto. No era tan habitual que en la Cámara de Diputados tengamos dictámenes de minoría que empiecen con la palabra "rechazo". En general, los dictámenes en minoría son la posibilidad que tenemos de contar con una mirada alternativa. El dictamen en minoría se firma o no se firma. Obviamente, cada bloque puede hacer lo que quiera.
En general, los dictámenes en minoría son para que uno pueda expresar una voz distinta e, inclusive, una mirada radicalmente distinta sobre un proyecto. Pero ahora se está volviendo a poner de moda esto de que se rechaza la única mirada que, en este caso, es la que varios bloques estamos confluyendo en este momento.
Volviendo a lo que yo decía, en realidad es un texto de nueve artículos y el meollo, lo trascendente, está en los tres primeros.
Básicamente, el que define al proyecto no es el 1° ni el 2°, sino que es el artículo 3° de este texto, que dice hacia dónde nosotros estamos apuntando. Después, el resto tiene característica formal y hasta operativa de la decisión fundamental que está expresada en el artículo 3° y de los alcances del artículo 3°, que están en los artículos 1° y 2°, especialmente, en el 2°.
Por lo tanto, me parece -ya lo dije cuando hablamos y debatimos el aporte extraordinario y solidario a las grandes fortunas- que da la sensación de que es un tiempo en donde la mesura o la prudencia tienen que volver a constituirse en un mérito, en una virtud.
Para ir cerrando, retomo las palabras de nuestro compañero Itai Hagman, que decía que acá no estamos castigando a nadie ni sancionando a nadie. Acá lo que estamos haciendo es tratar de abonar, de insistir en un camino donde podamos tener reglas de juego claras y donde todos nos hagamos cargo de las reglas de juego que establecemos en la vida económica y tributaria de la Argentina. Sencillamente eso.
No estamos pintándonos la cara ni haciendo ninguna cosa extraordinaria, estamos haciendo un pequeño aporte en un camino que yo creo que es una pregunta que vale la pena que nos hagamos: ¿qué capitalismo queremos en la Argentina?
Me parece que vale la pena que nos hagamos esa pregunta y que proyectos como éste o como el del aporte solidario y extraordinario nos permitan debatir estas cuestiones que no son "antinadie", son a favor de un determinado perfil. Creo que el proyecto claramente avanza en este intento.
Por último, quiero decir que ante el más mínimo intento de poner algún tipo de regla de juego, somos acusados de antiempresa. Ante el más mínimo intento de tratar de orientar y de focalizar los recursos, la llegada o el destino de los recursos que son de todos los argentinos y las argentinas, directamente, genera un rechazo absoluto. Lo vimos con el debate de la semana pasada en la ley de economía del conocimiento, lo vimos con el del aporte solidario extraordinario, lo vemos ahora con este proyecto.
Me parece que tenemos que tratar de mejorar un poco más el debate en este sentido y aprovechar cada oportunidad que tenemos alrededor de este tipo de proyectos para profundizar, al menos, los argumentos y las justificaciones por los cuales sostenemos determinada mirada sobre lo que tiene que ser el capitalismo hoy en la Argentina.
Señor presidente: en eso creo que estamos dando un paso prudente, mesurado, tranquilo. Me parece que lo tenemos que dar sin estridencias, generando los consensos que necesitemos e invitando a la oposición política, principalmente a los sectores que en este último tiempo se han dedicado más a rechazar que a proponer, a que hagamos el camino inverso y que podamos efectivamente empezar a ser mucho más proactivos, mucho más propositivos y -si se quiere- en algún lugar -destructivos no sería la palabra-, menos duros en la descalificaciones a los proyectos que nosotros ponemos a consideración.
En algún lugar, me parece que no quieren ningún proyecto porque si estuviesen tan convencidos del que el otro día llevamos al recinto, presentarían como dictamen de minoría esa iniciativa. En cambio, ahora, están haciendo otra cosa totalmente distinta. Gracias, señor presidente.
Quiero recordar que el texto que estamos impulsando deviene de tres proyectos distintos: un proyecto de la diputada Graciela Camaño, del 13 de mayo; otro de varios diputados, que ingresó el 29 de mayo con la firma principal del diputado Carro y, por último, un proyecto más reciente, del 15 de septiembre, presentado por nuestra compañera, la diputada Vallejos.
Por lo tanto, se trata de un tema que prácticamente hace cinco meses que tiene vida parlamentaria en la Cámara de Diputados. En ese tiempo se pudo analizar y debatir. Se lo pudo incluir en la agenda, pudo mejorar y llegar a acuerdos. El otro día tuvimos la posibilidad de llevarlo al recinto, donde surgió esta propuesta de modificación. Entonces, volvió a la comisión y hoy lo estamos analizando para poder dictaminar y llevarlo nuevamente al recinto.
Me parece que estamos ante un tratamiento lógico de un proyecto legislativo. Cuando debatimos poco sobre algún asunto, se nos acusa de hacer "trámites express". Cuando discutimos las cosas en profundidad y además tratamos de incorporar miradas, se nos cuestiona por hacer este tipo de cosas.
Un argumento similar se utilizó la semana pasada en la sesión, cuando prácticamente se objetaba la posibilidad de que el Senado de la Nación introduzca modificaciones al texto sobre economía del conocimiento que nosotros habíamos aprobado.
Está dentro de las reglas absolutas de juego que otra Cámara pueda hacer aportes. También está dentro de las reglas de juego y dentro de lo que indica nuestro reglamento la posibilidad de que un texto pueda volver a comisión, se pueda enriquecer con una nueva mirada, se pueda volver a dictaminar y en función de eso volver al recinto.
En este sentido, quiero decir algo más, señor presidente. Uno analiza los dichos de los diputados que oficiaron de voceros de Juntos por el Cambio, que hace tiempo ya es más "juntos por el statu quo" que Juntos por el Cambio. Realmente, ante cada propuesta de modificación lo único que dicen es: "Rechácese". Todo se rechaza ahora.
Quiero hacer una observación al respecto. No era tan habitual que en la Cámara de Diputados tengamos dictámenes de minoría que empiecen con la palabra "rechazo". En general, los dictámenes en minoría son la posibilidad que tenemos de contar con una mirada alternativa. El dictamen en minoría se firma o no se firma. Obviamente, cada bloque puede hacer lo que quiera.
En general, los dictámenes en minoría son para que uno pueda expresar una voz distinta e, inclusive, una mirada radicalmente distinta sobre un proyecto. Pero ahora se está volviendo a poner de moda esto de que se rechaza la única mirada que, en este caso, es la que varios bloques estamos confluyendo en este momento.
Volviendo a lo que yo decía, en realidad es un texto de nueve artículos y el meollo, lo trascendente, está en los tres primeros.
Básicamente, el que define al proyecto no es el 1° ni el 2°, sino que es el artículo 3° de este texto, que dice hacia dónde nosotros estamos apuntando. Después, el resto tiene característica formal y hasta operativa de la decisión fundamental que está expresada en el artículo 3° y de los alcances del artículo 3°, que están en los artículos 1° y 2°, especialmente, en el 2°.
Por lo tanto, me parece -ya lo dije cuando hablamos y debatimos el aporte extraordinario y solidario a las grandes fortunas- que da la sensación de que es un tiempo en donde la mesura o la prudencia tienen que volver a constituirse en un mérito, en una virtud.
Para ir cerrando, retomo las palabras de nuestro compañero Itai Hagman, que decía que acá no estamos castigando a nadie ni sancionando a nadie. Acá lo que estamos haciendo es tratar de abonar, de insistir en un camino donde podamos tener reglas de juego claras y donde todos nos hagamos cargo de las reglas de juego que establecemos en la vida económica y tributaria de la Argentina. Sencillamente eso.
No estamos pintándonos la cara ni haciendo ninguna cosa extraordinaria, estamos haciendo un pequeño aporte en un camino que yo creo que es una pregunta que vale la pena que nos hagamos: ¿qué capitalismo queremos en la Argentina?
Me parece que vale la pena que nos hagamos esa pregunta y que proyectos como éste o como el del aporte solidario y extraordinario nos permitan debatir estas cuestiones que no son "antinadie", son a favor de un determinado perfil. Creo que el proyecto claramente avanza en este intento.
Por último, quiero decir que ante el más mínimo intento de poner algún tipo de regla de juego, somos acusados de antiempresa. Ante el más mínimo intento de tratar de orientar y de focalizar los recursos, la llegada o el destino de los recursos que son de todos los argentinos y las argentinas, directamente, genera un rechazo absoluto. Lo vimos con el debate de la semana pasada en la ley de economía del conocimiento, lo vimos con el del aporte solidario extraordinario, lo vemos ahora con este proyecto.
Me parece que tenemos que tratar de mejorar un poco más el debate en este sentido y aprovechar cada oportunidad que tenemos alrededor de este tipo de proyectos para profundizar, al menos, los argumentos y las justificaciones por los cuales sostenemos determinada mirada sobre lo que tiene que ser el capitalismo hoy en la Argentina.
Señor presidente: en eso creo que estamos dando un paso prudente, mesurado, tranquilo. Me parece que lo tenemos que dar sin estridencias, generando los consensos que necesitemos e invitando a la oposición política, principalmente a los sectores que en este último tiempo se han dedicado más a rechazar que a proponer, a que hagamos el camino inverso y que podamos efectivamente empezar a ser mucho más proactivos, mucho más propositivos y -si se quiere- en algún lugar -destructivos no sería la palabra-, menos duros en la descalificaciones a los proyectos que nosotros ponemos a consideración.
En algún lugar, me parece que no quieren ningún proyecto porque si estuviesen tan convencidos del que el otro día llevamos al recinto, presentarían como dictamen de minoría esa iniciativa. En cambio, ahora, están haciendo otra cosa totalmente distinta. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER No dé ideas, señor diputado Martínez. (Risas.)
Tiene la palabra la señora diputada Corpacci.
Tiene la palabra la señora diputada Corpacci.
SRA. CORPACCI Muchas gracias, señor presidente.
Si alguien dice que no tenemos oportunidad de debatir los proyectos por esta virtualidad, está demostrado que se equivoca.
La verdad es que este proyecto lo debatimos anteriormente en comisión, fue al recinto y volvió otra vez a comisión. Quiero decir, señor presidente, que me alegra mucho que haya vuelto a comisión.
En la sesión anterior, no sé si por la hora, si estábamos muy cansados, muy estresados, la verdad es que si se hubiera aprobado, hubiera sido todo muy confuso. Entonces, celebro que hoy lo estemos tratando nuevamente en comisión.
Escuchaba a un diputado que decía que si estábamos todos de acuerdo, por qué el proyecto volvía a comisión; en realidad, fue porque se advirtió en algún momento que el proyecto dejaba cisuras grandes que permitían que muchas empresas que evadían pudieran gozar de ciertos beneficios.
Dicen que no van a venir empresas, pero el diputado González fue más que claro cuando habló y aclaró de qué se trata el artículo 2°.
¿Qué hace, en definitiva, este proyecto de ley? Tenemos muchas empresas, muchos empresarios, que cuando tienen grandes ganancias llevan sus recursos a esas guaridas fiscales, pero que cuando tienen dificultades pretenden que el Estado, el país, los sostengan y los ayuden.
Lo dijo bien la diputada Camaño recién. Esa es una conducta que no se puede seguir sosteniendo. No se puede pretender que el Estado esté presente cuando tenemos dificultades y que cuando las cosas estén bien, las empresas no colaboren con el Estado. No se puede tener doble discurso.
Creo que este proyecto pone las cosas blanco sobre negro y aclara: "Si la conducta de ustedes es esta, no van a gozar de estos beneficios." Pero de ninguna manera incentiva a que se vayan las empresas de nuestro país.
El gobierno está haciendo esfuerzos enormes para sostener los puestos de trabajo. Por ahí escuché -perdónenme pero lo tengo que decir porque hay una doble vara para medir las cosas- que si estaban procesados -estar procesado significa realmente estar denunciado, pero no condenado-, entonces, no podían entrar.
Nosotros hemos vivido en estos cuatro años una verdadera persecución no solamente de gente que estaba procesada sin condena, sino que se hizo un abuso enorme de la prisión preventiva, se festejó la prisión preventiva y se la fomentó sin tener en cuenta que estas cosas, tarde o temprano, se nos vuelven en contra. A mí, durante estos cuatro años, me preocupó muchísimo la falta de garantías de muchos funcionarios que fueron perseguidos.
Ahora, nos preocupa que una empresa que tenga algún proceso judicial en marcha quede afuera. Bueno, volverá cuando solucione ese proceso judicial.
También me preocupa la mirada sesgada que tenemos porque cuidamos tanto a estas empresas, pero miramos para otro lado cuando a los jubilados les quitaban el beneficio de los remedios sin cargo porque tenían una vivienda o un auto propio.
Me parece que esas son las cosas que nos deben preocupar, cuando dejamos al desprotegido sin ninguna protección.
Señor presidente: valoro muchísimo el trabajo que se hizo en la comisión, valoro muchísimo el trabajo que hicieron los diputados aunando proyectos. Está clara cuál es la mirada de cada uno. No está mal que tengamos miradas distintas. Lo que sí debemos tener en claro es que estamos en una situación muy delicada, y no voy a explicar por qué.
Entonces, pido que si hemos estado declamando que queríamos tratar este proyecto, hagamos el esfuerzo y lo tratemos porque es lo que va poniendo las cosas en su lugar: beneficios a los que cumplen, a los que no eluden, a los que no evaden, a los quieren y cuidan el país. Después, vengan todos, pero el beneficio, la ayuda y el premio es para ellos. Muchísimas gracias, señor presidente.
Si alguien dice que no tenemos oportunidad de debatir los proyectos por esta virtualidad, está demostrado que se equivoca.
La verdad es que este proyecto lo debatimos anteriormente en comisión, fue al recinto y volvió otra vez a comisión. Quiero decir, señor presidente, que me alegra mucho que haya vuelto a comisión.
En la sesión anterior, no sé si por la hora, si estábamos muy cansados, muy estresados, la verdad es que si se hubiera aprobado, hubiera sido todo muy confuso. Entonces, celebro que hoy lo estemos tratando nuevamente en comisión.
Escuchaba a un diputado que decía que si estábamos todos de acuerdo, por qué el proyecto volvía a comisión; en realidad, fue porque se advirtió en algún momento que el proyecto dejaba cisuras grandes que permitían que muchas empresas que evadían pudieran gozar de ciertos beneficios.
Dicen que no van a venir empresas, pero el diputado González fue más que claro cuando habló y aclaró de qué se trata el artículo 2°.
¿Qué hace, en definitiva, este proyecto de ley? Tenemos muchas empresas, muchos empresarios, que cuando tienen grandes ganancias llevan sus recursos a esas guaridas fiscales, pero que cuando tienen dificultades pretenden que el Estado, el país, los sostengan y los ayuden.
Lo dijo bien la diputada Camaño recién. Esa es una conducta que no se puede seguir sosteniendo. No se puede pretender que el Estado esté presente cuando tenemos dificultades y que cuando las cosas estén bien, las empresas no colaboren con el Estado. No se puede tener doble discurso.
Creo que este proyecto pone las cosas blanco sobre negro y aclara: "Si la conducta de ustedes es esta, no van a gozar de estos beneficios." Pero de ninguna manera incentiva a que se vayan las empresas de nuestro país.
El gobierno está haciendo esfuerzos enormes para sostener los puestos de trabajo. Por ahí escuché -perdónenme pero lo tengo que decir porque hay una doble vara para medir las cosas- que si estaban procesados -estar procesado significa realmente estar denunciado, pero no condenado-, entonces, no podían entrar.
Nosotros hemos vivido en estos cuatro años una verdadera persecución no solamente de gente que estaba procesada sin condena, sino que se hizo un abuso enorme de la prisión preventiva, se festejó la prisión preventiva y se la fomentó sin tener en cuenta que estas cosas, tarde o temprano, se nos vuelven en contra. A mí, durante estos cuatro años, me preocupó muchísimo la falta de garantías de muchos funcionarios que fueron perseguidos.
Ahora, nos preocupa que una empresa que tenga algún proceso judicial en marcha quede afuera. Bueno, volverá cuando solucione ese proceso judicial.
También me preocupa la mirada sesgada que tenemos porque cuidamos tanto a estas empresas, pero miramos para otro lado cuando a los jubilados les quitaban el beneficio de los remedios sin cargo porque tenían una vivienda o un auto propio.
Me parece que esas son las cosas que nos deben preocupar, cuando dejamos al desprotegido sin ninguna protección.
Señor presidente: valoro muchísimo el trabajo que se hizo en la comisión, valoro muchísimo el trabajo que hicieron los diputados aunando proyectos. Está clara cuál es la mirada de cada uno. No está mal que tengamos miradas distintas. Lo que sí debemos tener en claro es que estamos en una situación muy delicada, y no voy a explicar por qué.
Entonces, pido que si hemos estado declamando que queríamos tratar este proyecto, hagamos el esfuerzo y lo tratemos porque es lo que va poniendo las cosas en su lugar: beneficios a los que cumplen, a los que no eluden, a los que no evaden, a los quieren y cuidan el país. Después, vengan todos, pero el beneficio, la ayuda y el premio es para ellos. Muchísimas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Muchas gracias, señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada Landriscini.
Tiene la palabra la señora diputada Landriscini.
SRA. LANDRISCINI Buenos días, señor presidente, legisladores y legisladoras.
En el mismo sentido que mis compañeros y compañeras de bloque, quiero dar pleno apoyo a esta iniciativa y, sobre todo, reconocer el trabajo de consenso y de construcción de ideas que han hecho representantes de distintos bloques.
Quiero valorar lo trabajado por la legisladora Graciela Camaño, sus argumentos, sus ejemplos sobre los países europeos del Norte, que han fijado condiciones para las ayudas económicas en la recuperación pospandemia. Además, quiero agregarle a ello, el ejemplo de países del Sudeste asiático, conocidos como "tigres asiáticos", muchos de los cuales han crecido poniendo crédito, las empresas, con inversiones fuertes en las nuevas tecnologías, en la industria, en la producción de bienes transables, que son ejemplo para el mundo y lo han hecho con condicionalidades. Vale decir, controles, exigencias de manera de saber perfectamente a dónde se dirigían los beneficios y a dónde quedaban los impactos de los esfuerzos de su población, en términos de los recursos que asigna el Estado.
Las finanzas públicas nos indican obtención de recursos y destino de los mismos. Nuestro país está en una situación muy grave, ya que viene de una economía casino donde muchos que se definen como empresas, en realidad, lejos de invertir de manera directa para la producción, el empleo y la generación de divisas, lo han hecho como en la ruleta. En esa ruleta, pudieron invertir a través de sociedades controladas, llevando los resultados de ese casino a otros casinos que son guaridas fiscales, a países de baja tributación y nos dejaron en la Argentina los impactos negativos, desastres ambientales, desastres socioeconómicos, pérdida de capacidad de captación de tributos; y eso agregado a una estructura tributaria tradicionalmente regresiva y, sobre todo, más regresiva a partir de la Ley del IVA, que grava con impuesto indirecto el consumo.
Los impuestos indirectos representan un 60 por ciento de nuestra recaudación tributaria y los directos sobre las ganancias, sobre los patrimonios, solo el 30 por ciento.
En esta situación gravísima que atravesamos debemos resolver temas de endeudamiento, no solo de la deuda con bonistas a través del Fondo Monetario Internacional, sino de la deuda social con argentinos y argentinas perjudicados por la economía casino.
Nosotros somos responsables de defender los recursos públicos en nombre de todos y todas y, especialmente, de las mayorías vulnerables. Si tenemos que reconstruir los 4.400 barrios sin urbanización, sin agua potable, sin metros cubiertos, sin regulares conexiones eléctricas, sin cloacas, necesitamos contar con los recursos y no ponerlos en otros destinos que sigan apostando a la economía casino.
Asimismo, si tenemos que recuperar las Becas Progresar, si tenemos que recuperar las empresas que se cayeron por la economía casino, necesitamos recuperar los recursos.
Como parlamentarios, nosotros somos responsables de todo el país, miramos a todo el país, no solamente a la capital como centro financiero. Estamos responsabilizados de sostener las microempresas, las pequeñas empresas, la agricultura familiar, las Becas Progresar, la producción concreta de bienes y de servicios para cubrir las necesidades de la población.
Entonces, de ninguna manera seríamos responsables si no hiciéramos el esfuerzo de crear un proyecto y una política económica nacional, buscando los consensos necesarios con otras fuerzas políticas para sostener el mejor uso de los recursos conseguidos. Son escasos, debemos asignarlos; por lo tanto, ¿a quiénes debemos priorizar? Entre esos quienes no pueden estar los evasores, los visitantes de guaridas fiscales, los depositantes en distintos lugares de baja contribución o las transferencias oscuras entre empresas coordinadas o contratadas.
De manera que yo apoyo plenamente esta nueva construcción ampliada del proyecto y comparto con cada uno de los diputados y diputadas de mi bloque sus conceptos, sus criterios y lo que ha mejorado la autoría de los tres proyectos originales, uno de los cuales acompañé convencida de la necesidad de legislar para fijar las prioridades en la asignación de los beneficios y de los recursos en la Argentina. Nada más. Muchas gracias.
En el mismo sentido que mis compañeros y compañeras de bloque, quiero dar pleno apoyo a esta iniciativa y, sobre todo, reconocer el trabajo de consenso y de construcción de ideas que han hecho representantes de distintos bloques.
Quiero valorar lo trabajado por la legisladora Graciela Camaño, sus argumentos, sus ejemplos sobre los países europeos del Norte, que han fijado condiciones para las ayudas económicas en la recuperación pospandemia. Además, quiero agregarle a ello, el ejemplo de países del Sudeste asiático, conocidos como "tigres asiáticos", muchos de los cuales han crecido poniendo crédito, las empresas, con inversiones fuertes en las nuevas tecnologías, en la industria, en la producción de bienes transables, que son ejemplo para el mundo y lo han hecho con condicionalidades. Vale decir, controles, exigencias de manera de saber perfectamente a dónde se dirigían los beneficios y a dónde quedaban los impactos de los esfuerzos de su población, en términos de los recursos que asigna el Estado.
Las finanzas públicas nos indican obtención de recursos y destino de los mismos. Nuestro país está en una situación muy grave, ya que viene de una economía casino donde muchos que se definen como empresas, en realidad, lejos de invertir de manera directa para la producción, el empleo y la generación de divisas, lo han hecho como en la ruleta. En esa ruleta, pudieron invertir a través de sociedades controladas, llevando los resultados de ese casino a otros casinos que son guaridas fiscales, a países de baja tributación y nos dejaron en la Argentina los impactos negativos, desastres ambientales, desastres socioeconómicos, pérdida de capacidad de captación de tributos; y eso agregado a una estructura tributaria tradicionalmente regresiva y, sobre todo, más regresiva a partir de la Ley del IVA, que grava con impuesto indirecto el consumo.
Los impuestos indirectos representan un 60 por ciento de nuestra recaudación tributaria y los directos sobre las ganancias, sobre los patrimonios, solo el 30 por ciento.
En esta situación gravísima que atravesamos debemos resolver temas de endeudamiento, no solo de la deuda con bonistas a través del Fondo Monetario Internacional, sino de la deuda social con argentinos y argentinas perjudicados por la economía casino.
Nosotros somos responsables de defender los recursos públicos en nombre de todos y todas y, especialmente, de las mayorías vulnerables. Si tenemos que reconstruir los 4.400 barrios sin urbanización, sin agua potable, sin metros cubiertos, sin regulares conexiones eléctricas, sin cloacas, necesitamos contar con los recursos y no ponerlos en otros destinos que sigan apostando a la economía casino.
Asimismo, si tenemos que recuperar las Becas Progresar, si tenemos que recuperar las empresas que se cayeron por la economía casino, necesitamos recuperar los recursos.
Como parlamentarios, nosotros somos responsables de todo el país, miramos a todo el país, no solamente a la capital como centro financiero. Estamos responsabilizados de sostener las microempresas, las pequeñas empresas, la agricultura familiar, las Becas Progresar, la producción concreta de bienes y de servicios para cubrir las necesidades de la población.
Entonces, de ninguna manera seríamos responsables si no hiciéramos el esfuerzo de crear un proyecto y una política económica nacional, buscando los consensos necesarios con otras fuerzas políticas para sostener el mejor uso de los recursos conseguidos. Son escasos, debemos asignarlos; por lo tanto, ¿a quiénes debemos priorizar? Entre esos quienes no pueden estar los evasores, los visitantes de guaridas fiscales, los depositantes en distintos lugares de baja contribución o las transferencias oscuras entre empresas coordinadas o contratadas.
De manera que yo apoyo plenamente esta nueva construcción ampliada del proyecto y comparto con cada uno de los diputados y diputadas de mi bloque sus conceptos, sus criterios y lo que ha mejorado la autoría de los tres proyectos originales, uno de los cuales acompañé convencida de la necesidad de legislar para fijar las prioridades en la asignación de los beneficios y de los recursos en la Argentina. Nada más. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra la señora diputada Polledo.
Tiene la palabra la señora diputada Polledo.
SRA. POLLEDO Muchas gracias, presidente.
Lo mío es sencillo y es de forma. Nosotros firmamos un dictamen en el que estábamos todos de acuerdo. Llegamos al recinto y resulta que a la 1 o 2 de la mañana, no sé en qué momento, se decidió que volviera a comisión. Entonces, nosotros ahora somos los que obstaculizamos.
Yo no voy a permitir que la diputada preopinante diga que actuamos de mala fe. Pueden estar de acuerdo o no con lo que nosotros pensamos, pero no adjetivamos, no decimos cosas que no son.
Hemos tenido una actitud para defender la gobernabilidad que creo no se valora. Lo único que se hace son discursos para el afuera y no se evalúa con verdadera certeza esta oposición responsable que hace Juntos por el Cambio, que cuando da su palabra se pone a trabajar.
Les doy el ejemplo de las vacunas: en 48 horas sacamos un dictamen histórico, pero resulta que nada de eso existe. Solamente existe en el imaginario que somos la máquina de impedir y no es así. Por eso, pido a los colegas que cada vez que hablen tengan un mínimo respeto por el trabajo ajeno, no adjetiven tan ligeramente y no digan que actuamos de mala fe.
Repito, pueden estar o no de acuerdo con lo que pensamos, del mismo modo que nosotros tenemos el derecho de llegar al recinto con un texto acordado. Sin embargo, resulta que volvemos y lo cambian en un aspecto que para nosotros es esencial.
Lamento recordarles que representamos al 45 por ciento de la Cámara y al 41 por ciento del electorado que tal vez no está de acuerdo con ustedes. Eso no es malo, sino que es la realidad.
Entonces, dejemos de decir que somos tal y cual cosa y que nos pasamos la vida rechazando. Creemos a ciencia cierta que si hay un proyecto que consideramos positivo, vamos a seguir apoyándolo. Eso sí, permítannos disentir. ¿O resulta que ahora tampoco se puede disentir con ciertas políticas que a ustedes les parecen fantásticas?
No venimos a dar cátedra, pero no pretendan que tengamos que decir que sí a todo lo que les parezca. Es tan sencillo como eso. No somos los dueños de la verdad ni tampoco los únicos que tenemos recetas para sacar el país adelante. Por favor, sean más respetuosos y entiendan que si hay un texto y un artículo que cambia el sentido de una ley, no nos lo pueden imponer y tampoco ese puede ser el argumento para decir que estamos en contra de todo.
Repito, nosotros no actuamos de mala fe. Muchas gracias.
Lo mío es sencillo y es de forma. Nosotros firmamos un dictamen en el que estábamos todos de acuerdo. Llegamos al recinto y resulta que a la 1 o 2 de la mañana, no sé en qué momento, se decidió que volviera a comisión. Entonces, nosotros ahora somos los que obstaculizamos.
Yo no voy a permitir que la diputada preopinante diga que actuamos de mala fe. Pueden estar de acuerdo o no con lo que nosotros pensamos, pero no adjetivamos, no decimos cosas que no son.
Hemos tenido una actitud para defender la gobernabilidad que creo no se valora. Lo único que se hace son discursos para el afuera y no se evalúa con verdadera certeza esta oposición responsable que hace Juntos por el Cambio, que cuando da su palabra se pone a trabajar.
Les doy el ejemplo de las vacunas: en 48 horas sacamos un dictamen histórico, pero resulta que nada de eso existe. Solamente existe en el imaginario que somos la máquina de impedir y no es así. Por eso, pido a los colegas que cada vez que hablen tengan un mínimo respeto por el trabajo ajeno, no adjetiven tan ligeramente y no digan que actuamos de mala fe.
Repito, pueden estar o no de acuerdo con lo que pensamos, del mismo modo que nosotros tenemos el derecho de llegar al recinto con un texto acordado. Sin embargo, resulta que volvemos y lo cambian en un aspecto que para nosotros es esencial.
Lamento recordarles que representamos al 45 por ciento de la Cámara y al 41 por ciento del electorado que tal vez no está de acuerdo con ustedes. Eso no es malo, sino que es la realidad.
Entonces, dejemos de decir que somos tal y cual cosa y que nos pasamos la vida rechazando. Creemos a ciencia cierta que si hay un proyecto que consideramos positivo, vamos a seguir apoyándolo. Eso sí, permítannos disentir. ¿O resulta que ahora tampoco se puede disentir con ciertas políticas que a ustedes les parecen fantásticas?
No venimos a dar cátedra, pero no pretendan que tengamos que decir que sí a todo lo que les parezca. Es tan sencillo como eso. No somos los dueños de la verdad ni tampoco los únicos que tenemos recetas para sacar el país adelante. Por favor, sean más respetuosos y entiendan que si hay un texto y un artículo que cambia el sentido de una ley, no nos lo pueden imponer y tampoco ese puede ser el argumento para decir que estamos en contra de todo.
Repito, nosotros no actuamos de mala fe. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señora diputada.
Solo quiero decir dos palabras. Estoy completamente de acuerdo con usted con una condición: que eso sea recíproco y que todos dejemos de adjetivar y calificar al referirnos a las opiniones de los demás.
A cada uno le duele lo que siente en carne propia y tal vez a usted le duela cuando siente que se califica de alguna manera su actuación o la del grupo al que pertenece. Puedo asegurarle que a mí y a muchos de nosotros muy a menudo nos pasa lo mismo a la inversa.
Considero que una manera civilizada de sostener el debate en el ámbito parlamentario es que usemos argumentos y no calificativos. Probablemente, eso nos haga sentir a todos un poco mejor y podamos también trabajar para construir mejores consensos.
Tiene la palabra el diputado Cano.
Solo quiero decir dos palabras. Estoy completamente de acuerdo con usted con una condición: que eso sea recíproco y que todos dejemos de adjetivar y calificar al referirnos a las opiniones de los demás.
A cada uno le duele lo que siente en carne propia y tal vez a usted le duela cuando siente que se califica de alguna manera su actuación o la del grupo al que pertenece. Puedo asegurarle que a mí y a muchos de nosotros muy a menudo nos pasa lo mismo a la inversa.
Considero que una manera civilizada de sostener el debate en el ámbito parlamentario es que usemos argumentos y no calificativos. Probablemente, eso nos haga sentir a todos un poco mejor y podamos también trabajar para construir mejores consensos.
Tiene la palabra el diputado Cano.
SR. CANO Gracias, presidente. Seré muy breve.
Coincido con usted en que entre todos debemos hacer el esfuerzo para no calificar las posiciones políticas. En particular, creo que en esta comisión el debate es posible y que, inclusive, a veces se trabaja prorrogando los plazos que ustedes como oficialismo se fijan. Obviamente, debemos reconocer eso porque la comisión funciona con amplitud.
Sin embargo, hay cuestiones que no podemos dejar de plantear. Me parece que en las alocuciones de los señores diputados Pastori y Laspina, tal vez sin adelantar una posición contraria al dictamen que hoy pondrán a disposición, hubo observaciones muy concretas vinculadas con la aplicabilidad de esta iniciativa. En mi opinión, esas son las respuestas que nosotros esperamos en virtud de los planteos que se han hecho.
Además, cuando hablamos de la "economía casino", me parece interesante recordar que, en 2003, llegó Cristóbal López con Casino Club a mi provincia, como a muchas otras de la Argentina, y se extendió a lo largo y ancho del país. En el caso de mi provincia, se llevó las ganancias y nunca cumplió con el compromiso de hacer un centro de convenciones.
Creo que, en pos de achicar la denominada grieta, es un avance que nos hayamos puesto de acuerdo -después de debatir largas horas- con respecto al dictamen que finalmente llegó al recinto, en el que claramente está expresado el espíritu de la ley que todos suscribimos. Nosotros lo avalamos y creemos que las incorporaciones que se han hecho no mejoran ese dictamen.
Por lo tanto, como estamos dispuestos a aprobarlo y que obtenga la sanción de la Cámara de Diputados, de ninguna manera podemos admitir que aquí se diga que defendemos empresas o intereses. Puntualmente, creo que nuestro interbloque debería insistir con el dictamen que llegó al recinto.
Coincido con usted en que entre todos debemos hacer el esfuerzo para no calificar las posiciones políticas. En particular, creo que en esta comisión el debate es posible y que, inclusive, a veces se trabaja prorrogando los plazos que ustedes como oficialismo se fijan. Obviamente, debemos reconocer eso porque la comisión funciona con amplitud.
Sin embargo, hay cuestiones que no podemos dejar de plantear. Me parece que en las alocuciones de los señores diputados Pastori y Laspina, tal vez sin adelantar una posición contraria al dictamen que hoy pondrán a disposición, hubo observaciones muy concretas vinculadas con la aplicabilidad de esta iniciativa. En mi opinión, esas son las respuestas que nosotros esperamos en virtud de los planteos que se han hecho.
Además, cuando hablamos de la "economía casino", me parece interesante recordar que, en 2003, llegó Cristóbal López con Casino Club a mi provincia, como a muchas otras de la Argentina, y se extendió a lo largo y ancho del país. En el caso de mi provincia, se llevó las ganancias y nunca cumplió con el compromiso de hacer un centro de convenciones.
Creo que, en pos de achicar la denominada grieta, es un avance que nos hayamos puesto de acuerdo -después de debatir largas horas- con respecto al dictamen que finalmente llegó al recinto, en el que claramente está expresado el espíritu de la ley que todos suscribimos. Nosotros lo avalamos y creemos que las incorporaciones que se han hecho no mejoran ese dictamen.
Por lo tanto, como estamos dispuestos a aprobarlo y que obtenga la sanción de la Cámara de Diputados, de ninguna manera podemos admitir que aquí se diga que defendemos empresas o intereses. Puntualmente, creo que nuestro interbloque debería insistir con el dictamen que llegó al recinto.
SR. PRESIDENTE HELLER Para una aclaración, tiene la palabra la diputada Vallejos.
SRA. VALLEJOS Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera formular una pequeña aclaración en relación con los puntos 3 y 4 del inciso l) del artículo 2°, que son los referidos a quienes registren saldos impagos por distintos conceptos.
Allí en el punto 3 se excluye a quienes "registren saldos impagos por tributos de índole nacional superiores a 15 millones de pesos en concepto de capital por impuesto, hasta tanto los saldos impagos sean cancelados, salvo que hubiesen ingresado a un plan de regularización del mismo y no se encontraren en mora en su cumplimiento".
La aclaración está relacionada con que tanto el monto establecido en el punto 3, como el de 12 millones de pesos establecido en el punto 4 -que se refiere a los saldos impagos en concepto de aportes y/o contribuciones del Sistema de Seguridad Social-, son los fijados por el régimen tributario vigente, la ley argentina, en lo relativo a la evasión fiscal agravada; con ese criterio lo hemos establecido. Es decir, no hay un criterio caprichoso en la determinación de los montos, sino que es lo que la ley actualmente contempla.
En mi opinión, podemos hacer una aclaración en el articulado con una redacción que podría ser: "que registren saldos impagos por tributos de índole nacional superiores a 15 millones de pesos en concepto de capital por impuesto, o los que la ley tributaria establezca en el futuro." Y lo mismo en el caso del punto siguiente. Formulo esta sugerencia porque anteriormente algún diputado hizo un comentario al respecto.
Quisiera formular una pequeña aclaración en relación con los puntos 3 y 4 del inciso l) del artículo 2°, que son los referidos a quienes registren saldos impagos por distintos conceptos.
Allí en el punto 3 se excluye a quienes "registren saldos impagos por tributos de índole nacional superiores a 15 millones de pesos en concepto de capital por impuesto, hasta tanto los saldos impagos sean cancelados, salvo que hubiesen ingresado a un plan de regularización del mismo y no se encontraren en mora en su cumplimiento".
La aclaración está relacionada con que tanto el monto establecido en el punto 3, como el de 12 millones de pesos establecido en el punto 4 -que se refiere a los saldos impagos en concepto de aportes y/o contribuciones del Sistema de Seguridad Social-, son los fijados por el régimen tributario vigente, la ley argentina, en lo relativo a la evasión fiscal agravada; con ese criterio lo hemos establecido. Es decir, no hay un criterio caprichoso en la determinación de los montos, sino que es lo que la ley actualmente contempla.
En mi opinión, podemos hacer una aclaración en el articulado con una redacción que podría ser: "que registren saldos impagos por tributos de índole nacional superiores a 15 millones de pesos en concepto de capital por impuesto, o los que la ley tributaria establezca en el futuro." Y lo mismo en el caso del punto siguiente. Formulo esta sugerencia porque anteriormente algún diputado hizo un comentario al respecto.
SR. PRESIDENTE HELLER Señora diputada: tal vez simplemente podría decir: "los montos que la legislación establece como evasión agravada", sin indicar la cantidad, que es algo que pude cambiar en cualquier momento. De esa manera, quitamos la irritabilidad que genera el monto fijo. Directamente, podríamos eliminar la cantidad y colocar el concepto, que queda mejor y expresa de manera más clara el objetivo buscado.
SRA. VALLEJOS Perfecto.
SR. PRESIDENTE HELLER Sugiero que lo converse con la diputada Camaño y con el diputado Carro y si están de acuerdo...
SRA. VALLEJOS Ya lo conversamos con la diputada Camaño.
SR. PRESIDENTE HELLER Si ya fue consensuado con ella, le pido que hable con el diputado Carro, no sea tan feminista como para dejarlo afuera. (Risas.)
En todo caso, lo cambiamos en la redacción final del dictamen que llevamos a la firma.
Tiene la palabra el diputado Buryaile y luego la diputada Bertone.
En todo caso, lo cambiamos en la redacción final del dictamen que llevamos a la firma.
Tiene la palabra el diputado Buryaile y luego la diputada Bertone.
SR. BURYAILE Gracias, señor presidente.
Había pedido el uso de la palabra y luego lo anulé.
Había pedido el uso de la palabra y luego lo anulé.
SR. PRESIDENTE HELLER Así es, señor diputado. Volvió a solicitarla y se la concedí nuevamente.
SR. BURYAILE Anulé el pedido de uso de la palabra porque me pareció que el diputado González contestó parcialmente lo planteado por los diputados Pastori y Laspina al mencionar las objeciones, que justamente dan sentido a una comisión, ya que aquí se debate sobre lo que acordamos y también sobre aquello en lo que no consensuamos.
Creo que el diputado González respondió, del mismo modo que lo hizo la diputada Vallejos al tratar de explicar algunas cuestiones, con las que podemos coincidir o no, pero que son el fundamento del dictamen.
Rescato los dichos del diputado Pablo González y también de las diputadas Camaño y Vallejos porque tenemos una responsabilidad respecto de los discursos, que ya están gastados y pueden ser usados para fundamentar en el recinto.
En tal sentido, nuestra obligación aquí es tratar de encontrar las respuestas a las objeciones técnicas que se hacen a un determinado proyecto. En mi opinión, si empezamos con estos discursos, no colaboramos con la situación que estamos viviendo.
Hoy leí en el diario las declaraciones del jefe de Gabinete. La verdad es que no me gustaron, pero su posición es opinable. Mucho menos me gustan las declaraciones que hacemos en esta comisión descalificando al otro. Me refiero específicamente al caso de un periodista que dijo que quiere agarrar un camión y jugar al bowling con la gente que estuvo manifestándose en la 9 de Julio. Creo que los integrantes de estas comisiones son responsables de actuar como lo hicieron los diputados Vallejos y Pablo González, así como también de los diputados Pastori y Laspina, que fundamentaron los motivos por los cuales estamos en desacuerdo. Tratamos de llamar a la reflexión para que la comisión debata qué actitudes sirven y cuáles no.
Creo que el diputado González respondió, del mismo modo que lo hizo la diputada Vallejos al tratar de explicar algunas cuestiones, con las que podemos coincidir o no, pero que son el fundamento del dictamen.
Rescato los dichos del diputado Pablo González y también de las diputadas Camaño y Vallejos porque tenemos una responsabilidad respecto de los discursos, que ya están gastados y pueden ser usados para fundamentar en el recinto.
En tal sentido, nuestra obligación aquí es tratar de encontrar las respuestas a las objeciones técnicas que se hacen a un determinado proyecto. En mi opinión, si empezamos con estos discursos, no colaboramos con la situación que estamos viviendo.
Hoy leí en el diario las declaraciones del jefe de Gabinete. La verdad es que no me gustaron, pero su posición es opinable. Mucho menos me gustan las declaraciones que hacemos en esta comisión descalificando al otro. Me refiero específicamente al caso de un periodista que dijo que quiere agarrar un camión y jugar al bowling con la gente que estuvo manifestándose en la 9 de Julio. Creo que los integrantes de estas comisiones son responsables de actuar como lo hicieron los diputados Vallejos y Pablo González, así como también de los diputados Pastori y Laspina, que fundamentaron los motivos por los cuales estamos en desacuerdo. Tratamos de llamar a la reflexión para que la comisión debata qué actitudes sirven y cuáles no.
SR. PRESIDENTE HELLER Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero con ese espíritu, se podría haber ahorrado lo de "discursos gastados", porque usó un calificativo peyorativo al referirse a las opiniones que no le gustan. Digo que aportemos todos, hagamos el esfuerzo todos, cuidémonos entre todos y discutamos con fundamento. Así, será más llevadero.
Tiene la palabra la señora diputada Bertone.
Tiene la palabra la señora diputada Bertone.
SRA. BERTONE Señor presidente: gracias por brindarme el uso de la palabra y gracias a los legisladores y a las legisladoras por reunirnos en esta comisión.
Quiero dejar sentada mi posición a favor del dictamen unificado de los proyectos de ley de los diputados Carro y otros, de Camaño y de Vallejos. Aquí se hizo alusión a que quizás con esta iniciativa se vería afectado -así se dijo- el régimen fiscal de la ley 19.640. La verdad es que he leído y releído todos sus artículos y no veo afectación alguna al régimen de la ley 19.640. Sería terrible si todos los argentinos que hacen un enorme esfuerzo por brindar recursos para la producción en mi provincia, tuvieran la noticia de que alguna de estas empresas posee bienes o cuentas en guaridas fiscales.
Pareciera que los peronistas o los representantes del Frente de Todos somos antiempresa. Sin embargo, llevo más de veinte años defendiendo pymes porque entiendo que no hay trabajadores sin empresas. Personalmente, para mí también sería terrible si una o alguna de esas empresas estuviera comprendida en alguna situación que el proyecto de ley pretende tipificar.
Como no veo este tipo de afectación, y creo haber hablado sin ofender a nadie, expreso ante mis pares el acompañamiento al proyecto de ley en tratamiento.
Quiero dejar sentada mi posición a favor del dictamen unificado de los proyectos de ley de los diputados Carro y otros, de Camaño y de Vallejos. Aquí se hizo alusión a que quizás con esta iniciativa se vería afectado -así se dijo- el régimen fiscal de la ley 19.640. La verdad es que he leído y releído todos sus artículos y no veo afectación alguna al régimen de la ley 19.640. Sería terrible si todos los argentinos que hacen un enorme esfuerzo por brindar recursos para la producción en mi provincia, tuvieran la noticia de que alguna de estas empresas posee bienes o cuentas en guaridas fiscales.
Pareciera que los peronistas o los representantes del Frente de Todos somos antiempresa. Sin embargo, llevo más de veinte años defendiendo pymes porque entiendo que no hay trabajadores sin empresas. Personalmente, para mí también sería terrible si una o alguna de esas empresas estuviera comprendida en alguna situación que el proyecto de ley pretende tipificar.
Como no veo este tipo de afectación, y creo haber hablado sin ofender a nadie, expreso ante mis pares el acompañamiento al proyecto de ley en tratamiento.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Laspina, quien nuevamente pidió intervenir.
SR. LASPINA Señor presidente: creo que algunas cuestiones se fueron debatiendo y aclarando, y otras quedaron sin especificar. Tengo alguna duda respecto de qué legislación comparada se utilizó para la elaboración de este proyecto. Lo citado en materia de exclusión de beneficios es muy distinto a lo que aquí se está debatiendo, porque estamos refiriéndonos a las relacionadas con los programas de ayuda en el marco de la pandemia. Me parece que ese es el espíritu de esta discusión. Sin embargo, el proyecto amplía el alcance a la exclusión de todo tipo de beneficios.
En respuesta a lo planteado por la diputada Bertone, es tan amplia la cantidad de sujetos alcanzados en el dictamen modificado que, obviamente, cualquier empresa radicada en Tierra del Fuego puede estar comprendida. Digo con sinceridad que, muy probablemente, cuando se revise bien la redacción, esto termine en alguna suerte de veto total o parcial del presidente, porque me da la impresión de que el universo es muy amplio.
Insisto nuevamente, para que les quede claro a todos los legisladores reunidos y al público que está mirando, que no estamos hablando de un evasor fiscal escondido en una guarida, sino de cualquier empresa que haya tenido vínculo societario, comercial o contractual con alguna sociedad vinculada a países considerados de baja o nula tributación. Esto implica un riesgo muy grande. Por eso, sugiero a todos los diputados que consulten esta medida con las empresas de sus provincias, especialmente La Rioja y Tierra del Fuego que tienen regímenes especiales, así como también las que tienen alguna exención al IVA por integrar algún mercado lácteo.
Insisto en que el alcance es muy amplio, no solo en materia de asistencia financiera durante la pandemia, sino también en materia crediticia. Uno podría decir que, a partir de su política crediticia, el Banco Nación puede elegir a quién otorgar un crédito o no. Pero cuando se cambian las reglas de juego en materia impositiva, se afecta el principio de igualdad ante la ley o de igualdad en condiciones de competencia.
Sin ser especialista en el tema, me parece que esto viola principios de acuerdos internacionales. ¿Qué quiero decir? Uno no puede considerar a una empresa con una alícuota impositiva y arbitrariamente dejar afuera a otra por tener determinadas características. Si fuese una empresa radicada en un paraíso fiscal, podría ser atendible y hasta defendible ante un tribunal internacional. Pero no en el caso de una empresa con todas sus actividades declaradas, una sociedad hecha y derecha con alguna vinculación societaria indirecta contractual o filial en alguno de estos países.
Por ejemplo, me pregunto si quedarán excluidas empresas multinacionales como McDonald's, que seguramente tiene filiales y vinculación con Paraguay o hizo alguna transferencia en los últimos tres años. Hasta donde yo sé, esa cadena crea bastantes empleos. Pero tomemos el caso de cualquier otra empresa nacional que también puede tener negocios en Uruguay, Paraguay u otro país.
Tenemos que ser muy cuidadosos. Después de escuchar este debate, imaginé que el presidente anunciaría -quizás está por hacerlo- algunas modificaciones que dieran más racionalidad y acotaran el alcance de los abarcados. Sin embargo, con la redacción sugerida no se sabe bien hasta dónde llegamos.
Por otra parte, me sorprendió el inciso l) del artículo 2°. Esta es una inquietud que también planteé como pregunta porque venimos de votar en contra del artículo 11 de la ley de ampliación de la moratoria, que otorgaba posibilidades para acceder a beneficios fiscales a las empresas quebradas sin continuidad. Este fue un antecedente inédito que generó una gran polémica y fue aprobado por una diferencia de pocos votos en el recinto. Ahora, entiendo que, al referirse a todos los beneficios, los excluyeron de la moratoria. Pero, a mi juicio, la moratoria también es un beneficio. Digo esto porque la ley permite que la suma que debe pagarse al día siguiente, o sea, mañana, puede hacerse efectiva hasta en diez años con cierta cantidad de condonaciones.
Reitero que, a mi juicio -y creo que también el de cualquier tributarista-, este beneficio, esta exención tributaria, es otorgado por el Estado, por el Congreso de la Nación. De hecho, el artículo 1° es bien claro. Entonces, el dictamen del oficialismo está borrando con el codo el artículo 11 votado hace poco tiempo.
Hay algunos empresarios polémicos de todos los sectores políticos que se han acogido a la moratoria, pero si no terminan de regularizar su situación antes de la sanción de este proyecto de ley, deben ser excluirlos de la moratoria, ya que se trata de casos de fraude contra la administración pública, procesamientos, etcétera.
También creo que debemos repasar las contradicciones en el seno del oficialismo. No es nuestro caso, porque no vamos a aprobar este dictamen, como tampoco lo hicimos con el artículo 11. Me parece que, en la efusividad por ampliar el alcance de los sujetos, hemos tirado una perdigonada que puede hacer mucho daño. No en este caso, que sería un perdigón para el lado de la Justicia, sino en otros de sociedades e inversores genuinos que generan empleo y tienen algún vínculo directo o indirecto con estos países que están en la lista negra.
Para redondear y por lo que he escuchado en el debate, avanza la ratificación de todos estos artículos sin modificación. Mientras se realizaba esta reunión, nuestro interbloque ha debatido y definido una posición que nos parece mucho más lógica desde el espíritu de lo que queremos decir. Esto es lo que he planteado anteriormente respecto a las dudas que me genera el dictamen nuevo.
Por ello, solicitamos si se puede volver -como una forma de intentar lograr un dictamen de mayoría consensuado- al espíritu original de este proyecto de ley, que era muy específico, porque trataba de acotar el financiamiento o la ayuda que brinda el Estado con un enorme esfuerzo en materia fiscal -obviamente el esfuerzo lo hacen los contribuyentes que pagan el impuesto inflacionario- para estas empresas que efectivamente son evasoras, que eluden impuestos y cuya ingeniería tributaria básicamente está montada para no pagar ningún impuesto. Obviamente, si estas no contribuyen, no deben recibir nada. Ahora bien, nos parece un exceso y un error ampliar los efectos de la norma al resto del espectro. Esto tendrá que ser revisado por el Poder Ejecutivo si se sanciona tal como está redactado.
Esto lo digo con todo respecto; estamos expresando nuestras ideas y no descalificamos. Creo que el espíritu de lo que se quiere hacer es correcto y de hecho acompañamos la iniciativa. Me parece que hay muchos errores -algunos ya los he mencionado- y se corre un gran riesgo con el alcance de la norma.
Señor presidente: insistimos en volver al dictamen en minoría incluyendo modificaciones marginales, de redacción o que puedan mejorar aquel acuerdo que logramos entre todos para que los que están en guaridas fiscales no reciban subsidios sin pagar impuestos. Esto es lo que probablemente plantearemos en nuestro dictamen de minoría.
Esta es la conclusión a la que llegamos a partir de este debate. Nos parece mucho más consistente con la búsqueda de consensos. No debemos ponernos en posiciones necesariamente antagónicas. La posición ha sido mantenernos en el espíritu del proyecto original del autor que creo que después se fue ampliando a un universo mucho más complicado y peligroso. Además, de esta manera se abren un montón de aristas judiciales incluso a nivel internacional.
Anticipo que esta es la posición de nuestro interbloque con la esperanza de que podamos converger entre esos dos dictámenes a uno mucho más ceñido al primer dictamen aprobado por una amplia mayoría. Gracias, señor presidente.
En respuesta a lo planteado por la diputada Bertone, es tan amplia la cantidad de sujetos alcanzados en el dictamen modificado que, obviamente, cualquier empresa radicada en Tierra del Fuego puede estar comprendida. Digo con sinceridad que, muy probablemente, cuando se revise bien la redacción, esto termine en alguna suerte de veto total o parcial del presidente, porque me da la impresión de que el universo es muy amplio.
Insisto nuevamente, para que les quede claro a todos los legisladores reunidos y al público que está mirando, que no estamos hablando de un evasor fiscal escondido en una guarida, sino de cualquier empresa que haya tenido vínculo societario, comercial o contractual con alguna sociedad vinculada a países considerados de baja o nula tributación. Esto implica un riesgo muy grande. Por eso, sugiero a todos los diputados que consulten esta medida con las empresas de sus provincias, especialmente La Rioja y Tierra del Fuego que tienen regímenes especiales, así como también las que tienen alguna exención al IVA por integrar algún mercado lácteo.
Insisto en que el alcance es muy amplio, no solo en materia de asistencia financiera durante la pandemia, sino también en materia crediticia. Uno podría decir que, a partir de su política crediticia, el Banco Nación puede elegir a quién otorgar un crédito o no. Pero cuando se cambian las reglas de juego en materia impositiva, se afecta el principio de igualdad ante la ley o de igualdad en condiciones de competencia.
Sin ser especialista en el tema, me parece que esto viola principios de acuerdos internacionales. ¿Qué quiero decir? Uno no puede considerar a una empresa con una alícuota impositiva y arbitrariamente dejar afuera a otra por tener determinadas características. Si fuese una empresa radicada en un paraíso fiscal, podría ser atendible y hasta defendible ante un tribunal internacional. Pero no en el caso de una empresa con todas sus actividades declaradas, una sociedad hecha y derecha con alguna vinculación societaria indirecta contractual o filial en alguno de estos países.
Por ejemplo, me pregunto si quedarán excluidas empresas multinacionales como McDonald's, que seguramente tiene filiales y vinculación con Paraguay o hizo alguna transferencia en los últimos tres años. Hasta donde yo sé, esa cadena crea bastantes empleos. Pero tomemos el caso de cualquier otra empresa nacional que también puede tener negocios en Uruguay, Paraguay u otro país.
Tenemos que ser muy cuidadosos. Después de escuchar este debate, imaginé que el presidente anunciaría -quizás está por hacerlo- algunas modificaciones que dieran más racionalidad y acotaran el alcance de los abarcados. Sin embargo, con la redacción sugerida no se sabe bien hasta dónde llegamos.
Por otra parte, me sorprendió el inciso l) del artículo 2°. Esta es una inquietud que también planteé como pregunta porque venimos de votar en contra del artículo 11 de la ley de ampliación de la moratoria, que otorgaba posibilidades para acceder a beneficios fiscales a las empresas quebradas sin continuidad. Este fue un antecedente inédito que generó una gran polémica y fue aprobado por una diferencia de pocos votos en el recinto. Ahora, entiendo que, al referirse a todos los beneficios, los excluyeron de la moratoria. Pero, a mi juicio, la moratoria también es un beneficio. Digo esto porque la ley permite que la suma que debe pagarse al día siguiente, o sea, mañana, puede hacerse efectiva hasta en diez años con cierta cantidad de condonaciones.
Reitero que, a mi juicio -y creo que también el de cualquier tributarista-, este beneficio, esta exención tributaria, es otorgado por el Estado, por el Congreso de la Nación. De hecho, el artículo 1° es bien claro. Entonces, el dictamen del oficialismo está borrando con el codo el artículo 11 votado hace poco tiempo.
Hay algunos empresarios polémicos de todos los sectores políticos que se han acogido a la moratoria, pero si no terminan de regularizar su situación antes de la sanción de este proyecto de ley, deben ser excluirlos de la moratoria, ya que se trata de casos de fraude contra la administración pública, procesamientos, etcétera.
También creo que debemos repasar las contradicciones en el seno del oficialismo. No es nuestro caso, porque no vamos a aprobar este dictamen, como tampoco lo hicimos con el artículo 11. Me parece que, en la efusividad por ampliar el alcance de los sujetos, hemos tirado una perdigonada que puede hacer mucho daño. No en este caso, que sería un perdigón para el lado de la Justicia, sino en otros de sociedades e inversores genuinos que generan empleo y tienen algún vínculo directo o indirecto con estos países que están en la lista negra.
Para redondear y por lo que he escuchado en el debate, avanza la ratificación de todos estos artículos sin modificación. Mientras se realizaba esta reunión, nuestro interbloque ha debatido y definido una posición que nos parece mucho más lógica desde el espíritu de lo que queremos decir. Esto es lo que he planteado anteriormente respecto a las dudas que me genera el dictamen nuevo.
Por ello, solicitamos si se puede volver -como una forma de intentar lograr un dictamen de mayoría consensuado- al espíritu original de este proyecto de ley, que era muy específico, porque trataba de acotar el financiamiento o la ayuda que brinda el Estado con un enorme esfuerzo en materia fiscal -obviamente el esfuerzo lo hacen los contribuyentes que pagan el impuesto inflacionario- para estas empresas que efectivamente son evasoras, que eluden impuestos y cuya ingeniería tributaria básicamente está montada para no pagar ningún impuesto. Obviamente, si estas no contribuyen, no deben recibir nada. Ahora bien, nos parece un exceso y un error ampliar los efectos de la norma al resto del espectro. Esto tendrá que ser revisado por el Poder Ejecutivo si se sanciona tal como está redactado.
Esto lo digo con todo respecto; estamos expresando nuestras ideas y no descalificamos. Creo que el espíritu de lo que se quiere hacer es correcto y de hecho acompañamos la iniciativa. Me parece que hay muchos errores -algunos ya los he mencionado- y se corre un gran riesgo con el alcance de la norma.
Señor presidente: insistimos en volver al dictamen en minoría incluyendo modificaciones marginales, de redacción o que puedan mejorar aquel acuerdo que logramos entre todos para que los que están en guaridas fiscales no reciban subsidios sin pagar impuestos. Esto es lo que probablemente plantearemos en nuestro dictamen de minoría.
Esta es la conclusión a la que llegamos a partir de este debate. Nos parece mucho más consistente con la búsqueda de consensos. No debemos ponernos en posiciones necesariamente antagónicas. La posición ha sido mantenernos en el espíritu del proyecto original del autor que creo que después se fue ampliando a un universo mucho más complicado y peligroso. Además, de esta manera se abren un montón de aristas judiciales incluso a nivel internacional.
Anticipo que esta es la posición de nuestro interbloque con la esperanza de que podamos converger entre esos dos dictámenes a uno mucho más ceñido al primer dictamen aprobado por una amplia mayoría. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señor diputado.
La diputada Camaño me ha hecho llegar una sugerencia. Propone que al final del artículo 1° se incorpore lo siguiente: "Las prohibiciones y exclusiones establecidas por la presente no regirán en aquellos casos en que sea la propia ley del Congreso la que haya establecido o establezca y disponga la asistencia, los subsidios, las exenciones, las facilidades y los demás beneficios y ventajas para tales sujetos atendiendo a las circunstancias del caso."
Me parece que esto cubre todas las dudas que se plantean y pone en nuestra responsabilidad -la del Congreso-, el análisis de las situaciones y excepciones. Propongo a los firmantes del proyecto y a los que lo acompañamos, que incorporen esa cláusula propuesta por la diputada Camaño.
Por lo demás, quiero decir solo dos palabras dado que no he intervenido en el debate.
Este fin de semana también he tenido mucho tiempo y estuve viendo la serie Borgen. A aquellos que no lo han visto, les recomiendo que la vean porque es muy interesante; además, así no sufrimos por las corporaciones. Ahí aparece con toda nitidez cómo funcionan las corporaciones, cómo presionan, cómo actúan y cómo amenazan. Es un caso parecido al que estamos tratando. Una empresa amenaza al gobierno con irse del país si le hacen cumplir la ley por un tema de evasión impositiva y de paraísos fiscales.
Tomando los datos de Tax Justice, la diputada Camaño explicaba que las corporaciones dejan de tributar en el mundo 500.000 millones de dólares al año. Si se pudieran corregir estas tributaciones, todos los dramas que hoy tenemos de pobreza, indigencia, miseria y exclusión seguramente no existirían o tendrían una dimensión muchísimo más acotada.
Todos estos mecanismos que el capitalismo financiero globalizado ha instaurado para facilitar la nula o baja tributación son uno de los flagelos más importantes de la humanidad. Aquí queremos poner un límite que tal vez es imperfecto, pero que apunta a proteger los intereses de los argentinos y las argentinas en medio de una enorme crisis.
Lo que planteamos no es nada más ni nada menos que no permitir que tengan acceso a subsidios y a recursos del Estado aquellas empresas que eluden, evaden y que, de alguna manera, estafan los intereses de los países donde actúan. No sé de qué otro modo se podría llamar a esta actitud.
Hoy escuché que se mencionó a Paraguay en reiteradas oportunidades. Voy a hablar con todo respeto por el pueblo de dicho país, pero muchas de las operaciones combinadas con Paraguay son muy sospechosas. Algunos dicen que si realmente estuviera sembrada en Paraguay toda la soja que aparece como exportada desde ese país, no alcanzaría el territorio para hacer la siembra y la cosecha, y Asunción no existiría porque todo sería un espacio lleno de soja.
Hay corporaciones que le venden a sus propias filiales de países vecinos y desde allí se disparan las ventas a los destinos finales. Creo que está más que claro que estamos frente a uno de los grandes problemas que tenemos por delante no solo los argentinos sino la humanidad. Hoy en el mundo y en la OCDE se discute por qué las empresas tecnológicas no pagan los impuestos que deben pagar. Hay una gran discusión sobre este tema porque los países centrales se sienten afectados por la gran evasión que estas corporaciones hacen utilizando determinados mecanismos, aprovechando huecos de las legislaciones.
Es difícil que nos pasemos. Me cuesta creer que nos pasaremos con esta iniciativa y que la trama de la red que pondremos será tan chica que los peces gordos no se escaparán pero el resto de las empresas no podrán funcionar. Si surgiera algo así, si hubiera algún exceso, estaremos aquí para corregirlo.
Por lo tanto, solicito a las diputadas Vallejos y Camaño y al diputado Carro que ajusten los detalles del dictamen final con las cuestiones que aquí se han planteado. Pasaremos el proyecto a la firma, tal como corresponde dentro de los mecanismos reglamentarios que establece el funcionamiento de las comisiones.
En cuanto al pedido que me han hecho de presentar un dictamen en minoría en rechazo al proyecto, les daremos plazo hasta hoy a las 20 horas para presentarlo.
La diputada Camaño me ha hecho llegar una sugerencia. Propone que al final del artículo 1° se incorpore lo siguiente: "Las prohibiciones y exclusiones establecidas por la presente no regirán en aquellos casos en que sea la propia ley del Congreso la que haya establecido o establezca y disponga la asistencia, los subsidios, las exenciones, las facilidades y los demás beneficios y ventajas para tales sujetos atendiendo a las circunstancias del caso."
Me parece que esto cubre todas las dudas que se plantean y pone en nuestra responsabilidad -la del Congreso-, el análisis de las situaciones y excepciones. Propongo a los firmantes del proyecto y a los que lo acompañamos, que incorporen esa cláusula propuesta por la diputada Camaño.
Por lo demás, quiero decir solo dos palabras dado que no he intervenido en el debate.
Este fin de semana también he tenido mucho tiempo y estuve viendo la serie Borgen. A aquellos que no lo han visto, les recomiendo que la vean porque es muy interesante; además, así no sufrimos por las corporaciones. Ahí aparece con toda nitidez cómo funcionan las corporaciones, cómo presionan, cómo actúan y cómo amenazan. Es un caso parecido al que estamos tratando. Una empresa amenaza al gobierno con irse del país si le hacen cumplir la ley por un tema de evasión impositiva y de paraísos fiscales.
Tomando los datos de Tax Justice, la diputada Camaño explicaba que las corporaciones dejan de tributar en el mundo 500.000 millones de dólares al año. Si se pudieran corregir estas tributaciones, todos los dramas que hoy tenemos de pobreza, indigencia, miseria y exclusión seguramente no existirían o tendrían una dimensión muchísimo más acotada.
Todos estos mecanismos que el capitalismo financiero globalizado ha instaurado para facilitar la nula o baja tributación son uno de los flagelos más importantes de la humanidad. Aquí queremos poner un límite que tal vez es imperfecto, pero que apunta a proteger los intereses de los argentinos y las argentinas en medio de una enorme crisis.
Lo que planteamos no es nada más ni nada menos que no permitir que tengan acceso a subsidios y a recursos del Estado aquellas empresas que eluden, evaden y que, de alguna manera, estafan los intereses de los países donde actúan. No sé de qué otro modo se podría llamar a esta actitud.
Hoy escuché que se mencionó a Paraguay en reiteradas oportunidades. Voy a hablar con todo respeto por el pueblo de dicho país, pero muchas de las operaciones combinadas con Paraguay son muy sospechosas. Algunos dicen que si realmente estuviera sembrada en Paraguay toda la soja que aparece como exportada desde ese país, no alcanzaría el territorio para hacer la siembra y la cosecha, y Asunción no existiría porque todo sería un espacio lleno de soja.
Hay corporaciones que le venden a sus propias filiales de países vecinos y desde allí se disparan las ventas a los destinos finales. Creo que está más que claro que estamos frente a uno de los grandes problemas que tenemos por delante no solo los argentinos sino la humanidad. Hoy en el mundo y en la OCDE se discute por qué las empresas tecnológicas no pagan los impuestos que deben pagar. Hay una gran discusión sobre este tema porque los países centrales se sienten afectados por la gran evasión que estas corporaciones hacen utilizando determinados mecanismos, aprovechando huecos de las legislaciones.
Es difícil que nos pasemos. Me cuesta creer que nos pasaremos con esta iniciativa y que la trama de la red que pondremos será tan chica que los peces gordos no se escaparán pero el resto de las empresas no podrán funcionar. Si surgiera algo así, si hubiera algún exceso, estaremos aquí para corregirlo.
Por lo tanto, solicito a las diputadas Vallejos y Camaño y al diputado Carro que ajusten los detalles del dictamen final con las cuestiones que aquí se han planteado. Pasaremos el proyecto a la firma, tal como corresponde dentro de los mecanismos reglamentarios que establece el funcionamiento de las comisiones.
En cuanto al pedido que me han hecho de presentar un dictamen en minoría en rechazo al proyecto, les daremos plazo hasta hoy a las 20 horas para presentarlo.
SR. LASPINA Señor presidente: hemos cambiado y mantendremos el dictamen de minoría.
SR. PRESIDENTE HELLER Ah, entonces no necesitan más tiempo. De todas maneras, tiene hasta las 20 horas por si le quiere hacer algún ajuste.
SR. LASPINA Perfecto, gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Fijamos a las 20 horas el plazo para que se presenten los dictámenes.
Corresponde que el secretario Seguí solicite la votación a viva voz para establecer si tenemos los acompañamientos necesarios para el proyecto que hemos presentado.
Corresponde que el secretario Seguí solicite la votación a viva voz para establecer si tenemos los acompañamientos necesarios para el proyecto que hemos presentado.
SR. BURYAILE Señor presidente: ¿ha dicho que el dictamen de mayoría será retocado por los diputados Carro, Vallejos y Camaño?
SR. PRESIDENTE HELLER No tengo ningún inconveniente en hacer un cuarto intermedio de quince minutos. Solicito a los diputados Carro, Camaño y Vallejos que ajusten el texto final. Luego leeremos los cambios que estamos proponiendo y solicitaremos los acompañamientos respectivos. Pasamos a un cuarto intermedio de quince minutos.
Solicito a los diputados y diputadas que redacten rápidamente el texto definitivo del proyecto con el secretario de la comisión, Ariel Seguí.
Solicito a los diputados y diputadas que redacten rápidamente el texto definitivo del proyecto con el secretario de la comisión, Ariel Seguí.
Se pasa cuarto intermedio.
Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE HELLER Continúa la reunión.
Proseguimos con el tratamiento del proyecto de ley del señor diputado Carro y otros señores diputados contenido en el expediente 2425-d-2020, sobre prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos o guaridas fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.
Creo que todos ustedes han recibido el texto del dictamen que pondríamos a la firma con las correcciones sugeridas, porque lo hemos despachado a sus respectivas direcciones.
Sin embargo, voy a pedir al señor secretario de la comisión, doctor Ariel Seguí, que dé lectura del proyecto por si algún señor diputado o alguna señora diputada, por alguna razón, no lo leyó o no pudo acceder a él.
Luego pasaríamos a registrar los votos afirmativos con que contaría este proyecto.
Tiene la palabra el señor secretario.
Proseguimos con el tratamiento del proyecto de ley del señor diputado Carro y otros señores diputados contenido en el expediente 2425-d-2020, sobre prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos o guaridas fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.
Creo que todos ustedes han recibido el texto del dictamen que pondríamos a la firma con las correcciones sugeridas, porque lo hemos despachado a sus respectivas direcciones.
Sin embargo, voy a pedir al señor secretario de la comisión, doctor Ariel Seguí, que dé lectura del proyecto por si algún señor diputado o alguna señora diputada, por alguna razón, no lo leyó o no pudo acceder a él.
Luego pasaríamos a registrar los votos afirmativos con que contaría este proyecto.
Tiene la palabra el señor secretario.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Señor presidente: voy a dar lectura de los cambios que se hicieron. Sé que hay un pequeño ajuste. De modo que si usted lo permite, la señora diputada Vallejos después hará la aclaración respectiva.
La primera de las modificaciones introducidas al dictamen corresponde al último párrafo del artículo 1° y dice lo siguiente: "Las prohibiciones y exclusiones establecidas por la presente ley no regirán en aquellos casos en que sea la propia ley del Congreso la que haya establecido o establezca y disponga la asistencia, los subsidios, las exenciones, las facilidades y los demás beneficios y ventajas para tales sujetos y demás supuestos indicados en el artículo 2°, atendiendo a las circunstancias del caso."
La otra readecuación se hace en el artículo 2°, punto 3, y dice así: "...registren saldos impagos por tributos de índole nacional por montos iguales o superiores a los que la ley penal tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada". Ese es el agregado.
En el punto 4 del mismo artículo, se agrega lo siguiente: "...registren saldos impagos por obligaciones en conceptos de aportes y/o contribuciones del sistema de seguridad social, en forma conjunta o separada por obligación, por montos iguales o superiores a los que la ley penal tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada". Después el texto del artículo sigue igual.
Esos serían los dos cambios. Luego, hay una modificación solicitada por la señora diputada Vallejos. Si usted lo permite, sería bueno que ella la aclare a fin de poder incorporarla.
La primera de las modificaciones introducidas al dictamen corresponde al último párrafo del artículo 1° y dice lo siguiente: "Las prohibiciones y exclusiones establecidas por la presente ley no regirán en aquellos casos en que sea la propia ley del Congreso la que haya establecido o establezca y disponga la asistencia, los subsidios, las exenciones, las facilidades y los demás beneficios y ventajas para tales sujetos y demás supuestos indicados en el artículo 2°, atendiendo a las circunstancias del caso."
La otra readecuación se hace en el artículo 2°, punto 3, y dice así: "...registren saldos impagos por tributos de índole nacional por montos iguales o superiores a los que la ley penal tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada". Ese es el agregado.
En el punto 4 del mismo artículo, se agrega lo siguiente: "...registren saldos impagos por obligaciones en conceptos de aportes y/o contribuciones del sistema de seguridad social, en forma conjunta o separada por obligación, por montos iguales o superiores a los que la ley penal tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada". Después el texto del artículo sigue igual.
Esos serían los dos cambios. Luego, hay una modificación solicitada por la señora diputada Vallejos. Si usted lo permite, sería bueno que ella la aclare a fin de poder incorporarla.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra la señora diputada Vallejos.
SRA. VALLEJOS Señor presidente: a los efectos de que no se genere una contradicción, simplemente deseo aclarar que estamos hablando siempre del inciso l) del artículo 2°, numerales 3 y 4. En ambos casos, al final agregaríamos lo siguiente: "...en tanto no mediare proceso o condena en términos de los numerales 1 y 2 del presente inciso".
Esto obedece solamente a una cuestión interpretativa.
Esto obedece solamente a una cuestión interpretativa.
SR. PRESIDENTE HELLER Si me permite, señora diputada, quisiera sugerirle una modificación más. El encabezamiento del proyecto dice "paraísos fiscales". Propongo que se utilice la expresión "guaridas fiscales", a fin de unificar los términos. Me refiero a la parte del título del proyecto que dice "sobre prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal".
Para ser homogéneos con el texto de la totalidad de la iniciativa, sugiero que se utilice la expresión "guaridas fiscales". Me refiero a la introducción, señora diputada. Dice: "Dictamen de comisión. Honorable Cámara...". Luego de nombrar los tres proyectos y a la señora diputada Osuna dice: "...sobre prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellos con probada evasión fiscal". Lo que propongo que es que en esa parte pongamos la expresión "guaridas fiscales".
Para ser homogéneos con el texto de la totalidad de la iniciativa, sugiero que se utilice la expresión "guaridas fiscales". Me refiero a la introducción, señora diputada. Dice: "Dictamen de comisión. Honorable Cámara...". Luego de nombrar los tres proyectos y a la señora diputada Osuna dice: "...sobre prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellos con probada evasión fiscal". Lo que propongo que es que en esa parte pongamos la expresión "guaridas fiscales".
SRA. VALLEJOS Es que yo no lo tenía así, señor presidente. Mi texto dice "sociedades con activos offshore".
SR. PRESIDENTE HELLER Acá estoy viendo el texto que acaba de mandar el señor secretario, doctor Seguí. De esta forma unificaríamos absolutamente todas las cuestiones.
Tomamos nota de la aclaración que acaba de hacer la señora diputada Vallejos.
Por Secretaría se requerirá a cada integrante de la comisión que exprese de viva voz si suscribe o no el dictamen.
Tomamos nota de la aclaración que acaba de hacer la señora diputada Vallejos.
Por Secretaría se requerirá a cada integrante de la comisión que exprese de viva voz si suscribe o no el dictamen.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Con las modificaciones que he leído y las consideraciones que hicieron la señora diputada Vallejos y el señor presidente de la comisión, solicito a los señores diputados y las señoras diputadas que expresen de viva voz si suscriben o no el dictamen.
Manifiestan su acompañamiento al dictamen los señores diputados Heller, Rauschenberger, Casaretto, Bertone, Casas, Cassinerio, Cleri, Corpacci, Félix, Fernández (E.), Fernández Patri, Gioja, González (P.G.), Hagman, Landriscini, Leito, Martiarena, Martínez (G.P.), Masin, Osuna, Ponce, Romero (J.A.), Rosso, Sartori y Vallejos.
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión de los señores diputados Amaya y Suarez Lastra.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Laspina:
SR. LASPINA Señor presidente: en las próximas horas vamos a presentar un dictamen de minoría, manteniendo el dictamen de mayoría que se votó con anterioridad.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Pastori:
SR. PASTORI Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión a la señora diputada Oliveto Lago:
SRA. OLIVETO LAGO Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Angelini:
SR. ANGELINI Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Bazze:
SR. BAZZE Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Benedetti:
SR. BENEDETTI Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Berisso:
SR. BERISSO Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Buryaile:
SR. BURYAILE Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Campos:
SR. CAMPOS Acompaño el dictamen de consenso, que ahora es el de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Cano:
SR. CANO Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Cornejo:
SR. CORNEJO Apoyo el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Alejandro García:
SR. GARCÍA (A.) Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Hein:
SR. HEIN Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión a la señora diputada Ocaña:
SRA. OCAÑA Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión a la señora diputada Polledo:
SRA. POLLEDO Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Rizzotti:
SR. RIZZOTTI Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Víctor Hugo Romero:
SR. ROMERO (V.H.) Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Schlereth:
SR. SCHLERETH Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Torello:
SR. TORELLO Acompaño el dictamen de minoría.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado García de Luca:
SR. GARCÍA DE LUCA Acompaño el dictamen de minoría.
SR. PRESIDENTE HELLER ¿Cuál ha sido el resultado, señor secretario?
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Sobre 47 señores diputados presentes, 25 acompañan el dictamen de mayoría.
SR. PRESIDENTE HELLER Es decir que 22 señores diputados han acompañado el dictamen de minoría.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Dos señores diputados -Amaya y Suarez Lastra- no se han manifestado. En consecuencia, 25 señores diputados han acompañado el dictamen de mayoría y veinte han hecho lo propio con el dictamen de minoría.
SR. PRESIDENTE HELLER Entonces, el dictamen de mayoría que se acaba de ratificar será elevado para su consideración.
Corresponde considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo contenido en el expediente 92-JGM.-2020, por el que se establece el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2021.
Siendo casi las 14 y 30, si lo señores diputados están de acuerdo trabajaremos, como hemos dicho, hasta las 17. Luego pasaríamos a cuarto intermedio hasta la semana que viene. Presumiblemente el martes celebraríamos una nueva reunión en la que dictaminaríamos respecto del proyecto de ley de presupuesto para 2021.
Creo que a ninguno de nosotros escapa la importancia de este tema cuando decimos que se trata de la ley de leyes. Pero considero que en un año como este esa importancia es, por diversas razones, aún más notable. Por un lado, estamos atravesando una pandemia, algo absolutamente imprevisto, desde luego.
Por el otro, el gobierno nacional entendió que el presupuesto de 2019 estaba construido sobre parámetros que no se condecían con las políticas que se pretendían llevar a cabo. Por consiguiente, no se consideró el proyecto de ley de presupuesto para 2020.
Hemos avanzado mediante ampliaciones del presupuesto de 2019. Una se llevó a cabo por medio de un decreto de necesidad y urgencia, mientras que la otra fue objeto de tratamiento parlamentario.
En cuanto al panorama que tenemos, seguramente en nada exageraría si dijera que es sumamente complejo por la sumatoria de factores que incluyen, por un lado, la fuerte caída de los ingresos, producto de la caída del nivel de actividad entre los años 2016 y 2019. Los ingresos totales del sector público nacional no financiero -base caja- cayeron un 6,6 por ciento en términos reales y un 1,6 por ciento en relación con el PBI. Esto tuvo que ver con el comportamiento de los ingresos tributarios, que pasaron de representar el 18,7 por ciento en 2016 al 15,9 por ciento en 2019.
Hubo caídas importantes en la recaudación del impuesto a las ganancias. También se redujeron los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y los ingresos por el IVA. Asimismo se observaron caídas significativas en los ingresos derivados del impuesto sobre los bienes personales, que se redujeron fuertemente en oportunidad del blanqueo. Además, como consecuencia de la crisis y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se incrementaron los derechos de exportación en más del 0,9 por ciento del PBI debido a la reintroducción de retenciones y los ingresos por débitos y créditos.
En esa situación asumió el gobierno nacional y la primera ley que se sancionó -la ley 27.541- incluía un paquete de medidas tributarias que significó un incremento de recursos para el sector público nacional no financiero equivalente a un punto y medio del PBI. En ese sentido, se destacan la introducción del impuesto PAIS, destinado a gravar el atesoramiento y la compra de bienes y servicios en el exterior; el incremento de las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales; el freno a la disminución de la alícuota de ganancias corporativas y la modificación en el esquema gradual del aumento del mínimo no imponible de las contribuciones patronales.
Los datos del mundo -no voy a cansarlos pues ustedes los conocen- y las últimas proyecciones que hoy ha dado a conocer el Fondo Monetario Internacional muestran un mundo fuertemente golpeado por los efectos de la pandemia, con caídas de niveles de actividad económica sin precedentes. Esas proyecciones en general también indican que la recuperación para 2021 será más lenta de lo que se pensaba al comienzo de esta etapa de la irrupción de la pandemia.
El crecimiento esperado en 2021 está en el orden del 4,8 por ciento para las economías desarrolladas, determinando así un nivel de actividad un 4 por ciento inferior al observado en 2019. La CEPAL y otros organismos acaban de decir que en la región van a hacer falta varios años para recuperar los niveles previos a la crisis derivada de la pandemia.
En este marco descripto, en el que se observa un fuerte desfasaje entre los ingresos y los egresos que tiene que ver con la caída de la actividad económica y el enorme crecimiento de los gastos, se genera un severo problema de déficit fiscal que está siendo atendido a través de la emisión, de la utilización de recursos del Banco Central, etcétera.
El detalle de los refuerzos de gastos debidos a la pandemia del COVID-19 resalta la gestión de lo que se viene haciendo. No los voy a cansar porque todos lo conocemos, pero los últimos datos nos indican que alrededor del 6 por ciento del producto bruto ha sido utilizado en la atención de los gastos no previstos generados por la irrupción de la pandemia, que han sido atendidos de la manera que hemos descripto.
En ese escenario que resumo brevemente -y que seguramente en el debate que tendremos entre todos podremos ampliar y profundizar- aparecen los ejes centrales contenidos en el proyecto de ley de presupuesto, que fueron anunciados por el ministro Guzmán en ocasión de su presencia en la Cámara de Diputados, en una reunión de la que todos hemos participado y durante la cual explicó una serie cosas que creo imprescindibles para tener en cuenta.
Este proyecto de ley de presupuesto ha sido elaborado sobre la base de considerar que la pandemia ha quedado atrás. Esto no quiere decir que la pandemia efectivamente haya quedado atrás, pero como aclaró el ministro en esa oportunidad, las situaciones derivadas de la continuidad de la pandemia deberán ser tratadas por separado y serán, en todo caso, motivo de tratamiento por parte del Congreso de la Nación. Me refiero a que en el proyecto de ley de presupuesto no hay previstos programas de asistencia como el IFE u otros similares.
El ministro de Economía definió al presupuesto como el ancla del esquema integral macroeconómico de transición; así lo dijo textualmente. Además reiteró que desde esa ancla habrá que hacer revisiones si la pandemia continúa y que no se pueden hacer proyecciones absolutas, aunque sí existirá una capacidad para reaccionar.
Todos sabemos que el presupuesto es esto, es decir, la conjunción de una serie de variables, expectativas y previsiones que están sujetas a una cantidad de cuestiones que incluso exceden la capacidad de quienes gobiernan, como los factores externos y la aparición de hechos circunstanciales como esta terrible pandemia que nos azota. Pero creo que podemos tomarlo como una base de cuáles son las intenciones de política económica y de políticas públicas que animan al gobierno nacional.
Todos debemos tener en claro además que todas estas cuestiones no son más que herramientas circunstanciales para abordar esta etapa, sabiendo que luego pasaremos a otra. En esta etapa, que llamamos de transición -me refiero a transición en el resultado fiscal y en la política de emisión monetaria-, se plantean algunos cambios, transitando un sendero que el gobierno define como de sostenibilidad fiscal consistente en un marco de recuperación económica.
En cuanto a la política de financiamiento, el proyecto habla de la reducción gradual de las necesidades de financiamiento monetario del Banco Central y de la mayor participación del crédito público en moneda local, política que ya se viene llevando a la práctica con éxito en las sucesivas licitaciones que el Tesoro Nacional viene realizando para obtener financiamiento en pesos que no sólo alcanza para renovar los vencimientos que se producen, sino que además generan excedentes financieros que permiten cubrir las necesidades de financiamiento derivadas del déficit fiscal.
El proyecto de ley de presupuesto que vamos a considerar tiene claramente definida una serie de objetivos centrales que tienen que ver con consolidar la protección social de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, impulsar una recuperación económica robusta en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social y comenzar a construir un camino de desarrollo sustentable sobre la base de una estructura productiva que asegure una generación sostenida de empleos con derechos y contribuya al bienestar social de las y los habitantes de nuestro país.
En este sentido, el proyecto de ley de presupuesto para 2021 presenta una hoja de ruta de políticas públicas para comenzar a transitar lo que el ministro ha llamado, en forma reiterada, una economía más tranquila y de más oportunidades para todas y todos. Es decir, una economía que permita simultáneamente sentar las bases para un crecimiento sostenible a partir del desendeudamiento del Estado nacional; la definición de un sendero hacia el equilibrio fiscal en el mediano plazo; el fortalecimiento del mercado interno; la defensa de un valor competitivo de la moneda local para propiciar un incremento de las exportaciones argentinas y la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central con el objeto de reducir la presión existente en el sector externo.
En materia fiscal, el presupuesto plantea un déficit primario del 4,5 por ciento para 2021. Creemos no solo que es el adecuado para propiciar una recuperación sostenible de la actividad, sino también que permitirá comenzar a transitar hacia la paulatina convergencia del equilibrio fiscal en el mediano plazo.
Con respecto a la política de ingresos públicos, tras el proceso de desfinanciamiento que tuvo el país entre 2016 y 2019 -cuando, como dijimos hace un momento, se observó una significativa baja de la carga tributaria sobre los sectores de mayor capacidad contributiva-, el gobierno nacional revirtió parcialmente dicho proceso a través de la ley de solidaridad y la actualización de las alícuotas aplicadas a varios impuestos. Hacia el futuro, la recuperación económica devendrá en un robustecimiento de esos ingresos públicos asociados a un mercado interno más dinámico.
En cuanto al gasto público de la administración nacional, el proyecto de ley tiene un doble objetivo: primero, impulsar la demanda agregada a fin de fortalecer el incipiente proceso de recuperación de la actividad económica y, segundo, reimpulsar diversas áreas estratégicas para el crecimiento potencial de la economía argentina que sufrieron grandes distorsiones en el último cuatrienio, como la educación, la ciencia y tecnología y la infraestructura en todas sus dimensiones.
El gasto primario real, calculado sin las erogaciones extraordinarias por COVID-19, con respecto a 2020 tendrá un crecimiento interanual del 7,6 por ciento en términos reales. El rubro que sufrirá la disminución más importante es la carga de los intereses de la deuda sobre el Estado nacional. Esto permitirá destinar muchos recursos a la reactivación de la producción, la generación de empleo y la recuperación de la inversión pública en áreas estratégicas postergadas. Los intereses de la deuda pasarán del 3,4 por ciento en 2019 al 1,5 por ciento en 2021.
El proyecto de ley de presupuesto para 2021 establece seis pilares o prioridades estratégicas que paso a resumir rápidamente.
El primer pilar es la infraestructura productiva y la vivienda. Luego de un proceso de desinversión sin precedentes entre 2016 y 2019, la infraestructura volverá a ser un motor de la economía, de la generación de empleo y de la competitividad de las empresas argentinas con un criterio inclusivo y federal.
En 2021 se duplicará la inversión real en infraestructura productiva y social con respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en 835.000 millones de pesos; esto es, el 2,2 por ciento del PBI. Esto se hará a través de un conjunto de programas de los cuales ya tienen la información. No voy a detallar ahora este punto porque lo iremos viendo en el proceso del debate.
El segundo eje es la innovación y el desarrollo. Será crucial apoyar financieramente a nuestras empresas en esta etapa de recuperación y de un necesario cambio estructural, especialmente a todo el entramado pyme. En la misma línea se trabajará para recuperar el valor de nuestro sistema científico y tecnológico.
Tras el deterioro habido en el período 2016-2019, en 2021 el Poder Ejecutivo nacional incrementará un 160 por ciento la inversión real en innovación y desarrollo con respecto a 2019. Lo hará a partir de una inversión proyectada en 187.000 millones de pesos -el 0,5 por ciento del PBI- que permitirá sostener el nivel de gasto real extraordinario que hubo que afrontar en 2020.
El tercer eje o pilar es la salud pública. La pandemia hizo más visible que nunca la necesidad de contar con un sistema de salud nacional, federal e inclusivo. El primer paso fue recuperar el Ministerio de Salud, que había sido convertido en una secretaría, y ahora se avanzará en la consolidación y el fortalecimiento de la salud pública argentina. Esto se hará a partir de un plan de inversiones integral que incluirá el financiamiento de la vacuna contra el COVID-19 y pondrá mayor atención en los sectores más vulnerables de la sociedad.
En 2021, el Poder Ejecutivo nacional incrementará un 49 por ciento la inversión real en salud pública con respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en 199.000 millones de pesos; o sea, el 0,5 por ciento del PBI. Va de suyo que es uno de los rubros en el que la persistencia de la pandemia obligará a modificaciones y ampliaciones de partidas. Por eso se está tomando la relación con 2019 en términos reales, sin pandemia, y se imagina un ejercicio en 2021 sin sus efectos, que habrá que considerar cuando estemos en esa situación concreta.
El cuarto eje es educación y conectividad. El año 2015 fue el último en que se cumplió la Ley de Financiamiento Educativo, que establecía un presupuesto de Nación y provincias del 6 por ciento del PBI. En 2021 se comenzará un camino prudente para volver a cumplirla, poniendo en valor la educación pública argentina a través del fortalecimiento de la infraestructura física y digital, la conectividad de las niñas y los niños, y la formación y capacitación docente.
En 2021, el Poder Ejecutivo nacional incrementará un 11 por ciento la inversión real en educación y conectividad con respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en 483.000 millones de pesos: el 1,3 por ciento del PBI.
El quinto pilar es la inclusión social activa. Luego de la inversión inédita que se tuvo que llevar adelante este año para mitigar los efectos sociales de la crisis de 2018 y 2019, a la que se sumó la pandemia, en 2021 se dará un salto de valor en las políticas de inclusión social. Esto se hará a través de la consolidación de las transferencias a los sectores más vulnerables y la construcción de puentes con el mercado de trabajo. Recuperar la movilidad social ascendente es un mandato y un objetivo de este gobierno.
En 2021, el Poder Ejecutivo nacional incrementará un 49,5 por ciento la inversión real en inclusión social activa con respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en 270.000 millones de pesos: el 0,7 del PBI.
El sexto pilar diría que es una novedad altamente positiva en nuestra historia, que seguramente valoraremos en conjunto. Por primera vez en la historia del país, el del año próximo será un presupuesto con perspectiva de género. Se logró construir un presupuesto que contenga una metodología que permita viabilizar el esfuerzo que realiza el gobierno para cerrar las brechas de desigualdad, al tiempo que expresa iniciativas concretas en esa dirección, y una definición política inclusiva y diversa.
En 2021, el Poder Ejecutivo nacional incrementará casi un 1.350 por ciento la inversión real en género y diversidad respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada de 6.205 millones de pesos.
Todos estos datos hablan de un presupuesto construido sobre supuestos realistas. Los escenarios macroeconómicos son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia.
Tenemos que recordar que, para este año, se ha proyectado una caída del PBI del orden del 12 por ciento. Los datos que se conocieron hoy son un poquito menores; es decir que estarían indicando una mayor recuperación.
La retracción del PBI en 2020 responde a caídas en todos los componentes de la demanda agregada. En particular, se estima que la inversión disminuirá un 25 por ciento interanual, mientras que, para el consumo privado, se proyecta una baja del 13,6 por ciento.
También se considera una caída interanual, aunque menor, del consumo público de un 2,1 por ciento, especialmente ante la preservación del empleo público en el marco de la pandemia.
En cuanto al comercio exterior, se estima una caída interanual de las exportaciones de bienes y servicios del 14,2 por ciento, debido a la menor demanda del resto del mundo por la situación sanitaria global. Al mismo tiempo, se espera una caída interanual de las importaciones del 21,9 por ciento, relacionada tanto con la retracción de la actividad local como con los menores flujos de comercio de bienes y servicios en el plano internacional.
Por otro lado, se espera que esa caída de alrededor del 12 por ciento en 2020 se transforme en un crecimiento interanual del 5,5 por ciento en 2021, del 4,5 por ciento en 2022 y de 3,5 por ciento en 2023.
En cuanto a la tasa de inflación interanual, se espera que decrezca gradualmente: del 32 por ciento en diciembre de este año al 29 por ciento en diciembre de 2021, al 24 por ciento en 2022 y al 20 por ciento en 2023, con un desvío de 4 puntos porcentuales -al alza o a la baja- entre 2021 y 2023.
Respecto a precios y tipo de cambio, en términos interanuales se estima una desaceleración de la inflación de hasta un 29 por ciento a diciembre de 2021, luego de una inflación proyectada para diciembre de este año del 32 por ciento.
El sendero de desinflación continuaría en los años siguientes con estimaciones del 24 por ciento a diciembre del 2022 y del 20 por ciento a diciembre del 2023.
El tipo de cambio real durante 2021 tendría un incremento promedio del 1,9 por ciento, luego de un alza promedio anual proyectada en 2020 del 4,7 por ciento, que se espera se mantenga estable en los años siguientes. Es decir, en el presupuesto se propone mantener la competitividad actual del tipo de cambio con una leve mejora.
Les doy un dato: en la actualidad, el índice de tipo de cambio real multilateral -una de las mediciones más utilizadas para medir la competitividad externa- se ubica en 122, si consideramos índice 100 para el 17 de diciembre de 2015, fecha de la primera devaluación realizada por el gobierno anterior. Es decir, si consideramos índice 100 -el correspondiente al 17 de diciembre de 2015, cuando se produce la primera devaluación de la gestión anterior- el índice de tipo de cambio real multilateral hoy se ubicaría en 122. Entonces, de ninguna manera se puede decir que el tipo de cambio está atrasado; no hay parámetro alguno -salvo el de la especulación financiera- para hacer una afirmación como esa.
En cuanto a los recursos del presupuesto de la administración pública nacional para 2021, se prevé que van a alcanzar los 6.030.500.000.000 de pesos; esto equivale al 16,1 por ciento del PBI, lo que indica un incremento del 44,3 por ciento frente a 2020.
Los recursos de la administración pública nacional están compuestos en un 99,7 por ciento por ingresos corrientes y en un 0,3 por ciento por ingresos de capital.
Se proyecta que en 2021 los recursos corrientes crezcan 44,4 por ciento respecto de 2020, mientras que los ingresos de capital crecerían un 30,5 por ciento.
Los gastos totales contemplados en el proyecto de ley de presupuesto de la administración para el ejercicio fiscal 2021 ascienden a los 8.284.185.000.000 de pesos; es decir, al 22,1 por ciento del PBI. Se prevé un incremento del 17,8 respecto del presente ejercicio, influido fuertemente por las asignaciones realizadas para sobrellevar los efectos de la pandemia en el marco de la crisis económica y social. Si excluimos de dichas asignaciones la variación del gasto, sería del 37,8 por ciento.
Los gastos corrientes representan la mayor proporción en el total de gastos: 89,8 por ciento del total. Consecuentemente, tendrán la mayor asignación para paliar la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
Los gastos de capital aumentarán un 90 por ciento respecto a este año; pero, si aislamos los gastos realizados por la pandemia, el aumento llegaría al 101 por ciento. En verdad, es un esfuerzo y un refuerzo significativos en la inversión estatal.
Como dije, se prevé que el déficit primario objetivo de la administración nacional esté en el orden del 4 por ciento y que los intereses de la deuda totalicen el 1,5 por ciento.
De esta manera, creo que he volcado los datos principales que queríamos poner en consideración.
En síntesis, considero que es un presupuesto realista e inclusivo con el que aspiramos iniciar un proceso de recuperación económica gradual y sostenida que nos permita mejorar la situación de quienes peor la están pasando, mediante la recuperación del ingreso real de los sectores más vulnerables y una fuerte inversión en los llamados gastos de capital; concretamente, en la obra pública, como dinamizadora del empleo y la actividad económica.
Creo que los números, los parámetros y las referencias están tomados con sentido serio y realista. Insisto en que es un presupuesto que estará siempre sujeto a contingencias, que tendrán que ser analizadas y atendidas con políticas públicas en cada oportunidad que se presenten.
Me parece que es una herramienta adecuada y apta que nos permite pensar que, en 2021, la Argentina comenzará un proceso de recuperación económica con inclusión social, con mejora de la situación de quienes peor la están pasando y con una perspectiva de ir hacia adelante en un proceso de consolidación de la economía basado en el crecimiento del mercado interno, el fortalecimiento de las pymes, la protección de la producción nacional y la asistencia a los sectores que lo requieran por su debilidad comparativa estructural.
Esto es lo que quería presentar como introducción a este rico debate que, seguramente, diputadas y diputados tendremos en el curso de esta tarde y en la próxima sesión, a fin de emitir el correspondiente dictamen.
Corresponde considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo contenido en el expediente 92-JGM.-2020, por el que se establece el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2021.
Siendo casi las 14 y 30, si lo señores diputados están de acuerdo trabajaremos, como hemos dicho, hasta las 17. Luego pasaríamos a cuarto intermedio hasta la semana que viene. Presumiblemente el martes celebraríamos una nueva reunión en la que dictaminaríamos respecto del proyecto de ley de presupuesto para 2021.
Creo que a ninguno de nosotros escapa la importancia de este tema cuando decimos que se trata de la ley de leyes. Pero considero que en un año como este esa importancia es, por diversas razones, aún más notable. Por un lado, estamos atravesando una pandemia, algo absolutamente imprevisto, desde luego.
Por el otro, el gobierno nacional entendió que el presupuesto de 2019 estaba construido sobre parámetros que no se condecían con las políticas que se pretendían llevar a cabo. Por consiguiente, no se consideró el proyecto de ley de presupuesto para 2020.
Hemos avanzado mediante ampliaciones del presupuesto de 2019. Una se llevó a cabo por medio de un decreto de necesidad y urgencia, mientras que la otra fue objeto de tratamiento parlamentario.
En cuanto al panorama que tenemos, seguramente en nada exageraría si dijera que es sumamente complejo por la sumatoria de factores que incluyen, por un lado, la fuerte caída de los ingresos, producto de la caída del nivel de actividad entre los años 2016 y 2019. Los ingresos totales del sector público nacional no financiero -base caja- cayeron un 6,6 por ciento en términos reales y un 1,6 por ciento en relación con el PBI. Esto tuvo que ver con el comportamiento de los ingresos tributarios, que pasaron de representar el 18,7 por ciento en 2016 al 15,9 por ciento en 2019.
Hubo caídas importantes en la recaudación del impuesto a las ganancias. También se redujeron los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y los ingresos por el IVA. Asimismo se observaron caídas significativas en los ingresos derivados del impuesto sobre los bienes personales, que se redujeron fuertemente en oportunidad del blanqueo. Además, como consecuencia de la crisis y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se incrementaron los derechos de exportación en más del 0,9 por ciento del PBI debido a la reintroducción de retenciones y los ingresos por débitos y créditos.
En esa situación asumió el gobierno nacional y la primera ley que se sancionó -la ley 27.541- incluía un paquete de medidas tributarias que significó un incremento de recursos para el sector público nacional no financiero equivalente a un punto y medio del PBI. En ese sentido, se destacan la introducción del impuesto PAIS, destinado a gravar el atesoramiento y la compra de bienes y servicios en el exterior; el incremento de las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales; el freno a la disminución de la alícuota de ganancias corporativas y la modificación en el esquema gradual del aumento del mínimo no imponible de las contribuciones patronales.
Los datos del mundo -no voy a cansarlos pues ustedes los conocen- y las últimas proyecciones que hoy ha dado a conocer el Fondo Monetario Internacional muestran un mundo fuertemente golpeado por los efectos de la pandemia, con caídas de niveles de actividad económica sin precedentes. Esas proyecciones en general también indican que la recuperación para 2021 será más lenta de lo que se pensaba al comienzo de esta etapa de la irrupción de la pandemia.
El crecimiento esperado en 2021 está en el orden del 4,8 por ciento para las economías desarrolladas, determinando así un nivel de actividad un 4 por ciento inferior al observado en 2019. La CEPAL y otros organismos acaban de decir que en la región van a hacer falta varios años para recuperar los niveles previos a la crisis derivada de la pandemia.
En este marco descripto, en el que se observa un fuerte desfasaje entre los ingresos y los egresos que tiene que ver con la caída de la actividad económica y el enorme crecimiento de los gastos, se genera un severo problema de déficit fiscal que está siendo atendido a través de la emisión, de la utilización de recursos del Banco Central, etcétera.
El detalle de los refuerzos de gastos debidos a la pandemia del COVID-19 resalta la gestión de lo que se viene haciendo. No los voy a cansar porque todos lo conocemos, pero los últimos datos nos indican que alrededor del 6 por ciento del producto bruto ha sido utilizado en la atención de los gastos no previstos generados por la irrupción de la pandemia, que han sido atendidos de la manera que hemos descripto.
En ese escenario que resumo brevemente -y que seguramente en el debate que tendremos entre todos podremos ampliar y profundizar- aparecen los ejes centrales contenidos en el proyecto de ley de presupuesto, que fueron anunciados por el ministro Guzmán en ocasión de su presencia en la Cámara de Diputados, en una reunión de la que todos hemos participado y durante la cual explicó una serie cosas que creo imprescindibles para tener en cuenta.
Este proyecto de ley de presupuesto ha sido elaborado sobre la base de considerar que la pandemia ha quedado atrás. Esto no quiere decir que la pandemia efectivamente haya quedado atrás, pero como aclaró el ministro en esa oportunidad, las situaciones derivadas de la continuidad de la pandemia deberán ser tratadas por separado y serán, en todo caso, motivo de tratamiento por parte del Congreso de la Nación. Me refiero a que en el proyecto de ley de presupuesto no hay previstos programas de asistencia como el IFE u otros similares.
El ministro de Economía definió al presupuesto como el ancla del esquema integral macroeconómico de transición; así lo dijo textualmente. Además reiteró que desde esa ancla habrá que hacer revisiones si la pandemia continúa y que no se pueden hacer proyecciones absolutas, aunque sí existirá una capacidad para reaccionar.
Todos sabemos que el presupuesto es esto, es decir, la conjunción de una serie de variables, expectativas y previsiones que están sujetas a una cantidad de cuestiones que incluso exceden la capacidad de quienes gobiernan, como los factores externos y la aparición de hechos circunstanciales como esta terrible pandemia que nos azota. Pero creo que podemos tomarlo como una base de cuáles son las intenciones de política económica y de políticas públicas que animan al gobierno nacional.
Todos debemos tener en claro además que todas estas cuestiones no son más que herramientas circunstanciales para abordar esta etapa, sabiendo que luego pasaremos a otra. En esta etapa, que llamamos de transición -me refiero a transición en el resultado fiscal y en la política de emisión monetaria-, se plantean algunos cambios, transitando un sendero que el gobierno define como de sostenibilidad fiscal consistente en un marco de recuperación económica.
En cuanto a la política de financiamiento, el proyecto habla de la reducción gradual de las necesidades de financiamiento monetario del Banco Central y de la mayor participación del crédito público en moneda local, política que ya se viene llevando a la práctica con éxito en las sucesivas licitaciones que el Tesoro Nacional viene realizando para obtener financiamiento en pesos que no sólo alcanza para renovar los vencimientos que se producen, sino que además generan excedentes financieros que permiten cubrir las necesidades de financiamiento derivadas del déficit fiscal.
El proyecto de ley de presupuesto que vamos a considerar tiene claramente definida una serie de objetivos centrales que tienen que ver con consolidar la protección social de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, impulsar una recuperación económica robusta en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social y comenzar a construir un camino de desarrollo sustentable sobre la base de una estructura productiva que asegure una generación sostenida de empleos con derechos y contribuya al bienestar social de las y los habitantes de nuestro país.
En este sentido, el proyecto de ley de presupuesto para 2021 presenta una hoja de ruta de políticas públicas para comenzar a transitar lo que el ministro ha llamado, en forma reiterada, una economía más tranquila y de más oportunidades para todas y todos. Es decir, una economía que permita simultáneamente sentar las bases para un crecimiento sostenible a partir del desendeudamiento del Estado nacional; la definición de un sendero hacia el equilibrio fiscal en el mediano plazo; el fortalecimiento del mercado interno; la defensa de un valor competitivo de la moneda local para propiciar un incremento de las exportaciones argentinas y la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central con el objeto de reducir la presión existente en el sector externo.
En materia fiscal, el presupuesto plantea un déficit primario del 4,5 por ciento para 2021. Creemos no solo que es el adecuado para propiciar una recuperación sostenible de la actividad, sino también que permitirá comenzar a transitar hacia la paulatina convergencia del equilibrio fiscal en el mediano plazo.
Con respecto a la política de ingresos públicos, tras el proceso de desfinanciamiento que tuvo el país entre 2016 y 2019 -cuando, como dijimos hace un momento, se observó una significativa baja de la carga tributaria sobre los sectores de mayor capacidad contributiva-, el gobierno nacional revirtió parcialmente dicho proceso a través de la ley de solidaridad y la actualización de las alícuotas aplicadas a varios impuestos. Hacia el futuro, la recuperación económica devendrá en un robustecimiento de esos ingresos públicos asociados a un mercado interno más dinámico.
En cuanto al gasto público de la administración nacional, el proyecto de ley tiene un doble objetivo: primero, impulsar la demanda agregada a fin de fortalecer el incipiente proceso de recuperación de la actividad económica y, segundo, reimpulsar diversas áreas estratégicas para el crecimiento potencial de la economía argentina que sufrieron grandes distorsiones en el último cuatrienio, como la educación, la ciencia y tecnología y la infraestructura en todas sus dimensiones.
El gasto primario real, calculado sin las erogaciones extraordinarias por COVID-19, con respecto a 2020 tendrá un crecimiento interanual del 7,6 por ciento en términos reales. El rubro que sufrirá la disminución más importante es la carga de los intereses de la deuda sobre el Estado nacional. Esto permitirá destinar muchos recursos a la reactivación de la producción, la generación de empleo y la recuperación de la inversión pública en áreas estratégicas postergadas. Los intereses de la deuda pasarán del 3,4 por ciento en 2019 al 1,5 por ciento en 2021.
El proyecto de ley de presupuesto para 2021 establece seis pilares o prioridades estratégicas que paso a resumir rápidamente.
El primer pilar es la infraestructura productiva y la vivienda. Luego de un proceso de desinversión sin precedentes entre 2016 y 2019, la infraestructura volverá a ser un motor de la economía, de la generación de empleo y de la competitividad de las empresas argentinas con un criterio inclusivo y federal.
En 2021 se duplicará la inversión real en infraestructura productiva y social con respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en 835.000 millones de pesos; esto es, el 2,2 por ciento del PBI. Esto se hará a través de un conjunto de programas de los cuales ya tienen la información. No voy a detallar ahora este punto porque lo iremos viendo en el proceso del debate.
El segundo eje es la innovación y el desarrollo. Será crucial apoyar financieramente a nuestras empresas en esta etapa de recuperación y de un necesario cambio estructural, especialmente a todo el entramado pyme. En la misma línea se trabajará para recuperar el valor de nuestro sistema científico y tecnológico.
Tras el deterioro habido en el período 2016-2019, en 2021 el Poder Ejecutivo nacional incrementará un 160 por ciento la inversión real en innovación y desarrollo con respecto a 2019. Lo hará a partir de una inversión proyectada en 187.000 millones de pesos -el 0,5 por ciento del PBI- que permitirá sostener el nivel de gasto real extraordinario que hubo que afrontar en 2020.
El tercer eje o pilar es la salud pública. La pandemia hizo más visible que nunca la necesidad de contar con un sistema de salud nacional, federal e inclusivo. El primer paso fue recuperar el Ministerio de Salud, que había sido convertido en una secretaría, y ahora se avanzará en la consolidación y el fortalecimiento de la salud pública argentina. Esto se hará a partir de un plan de inversiones integral que incluirá el financiamiento de la vacuna contra el COVID-19 y pondrá mayor atención en los sectores más vulnerables de la sociedad.
En 2021, el Poder Ejecutivo nacional incrementará un 49 por ciento la inversión real en salud pública con respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en 199.000 millones de pesos; o sea, el 0,5 por ciento del PBI. Va de suyo que es uno de los rubros en el que la persistencia de la pandemia obligará a modificaciones y ampliaciones de partidas. Por eso se está tomando la relación con 2019 en términos reales, sin pandemia, y se imagina un ejercicio en 2021 sin sus efectos, que habrá que considerar cuando estemos en esa situación concreta.
El cuarto eje es educación y conectividad. El año 2015 fue el último en que se cumplió la Ley de Financiamiento Educativo, que establecía un presupuesto de Nación y provincias del 6 por ciento del PBI. En 2021 se comenzará un camino prudente para volver a cumplirla, poniendo en valor la educación pública argentina a través del fortalecimiento de la infraestructura física y digital, la conectividad de las niñas y los niños, y la formación y capacitación docente.
En 2021, el Poder Ejecutivo nacional incrementará un 11 por ciento la inversión real en educación y conectividad con respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en 483.000 millones de pesos: el 1,3 por ciento del PBI.
El quinto pilar es la inclusión social activa. Luego de la inversión inédita que se tuvo que llevar adelante este año para mitigar los efectos sociales de la crisis de 2018 y 2019, a la que se sumó la pandemia, en 2021 se dará un salto de valor en las políticas de inclusión social. Esto se hará a través de la consolidación de las transferencias a los sectores más vulnerables y la construcción de puentes con el mercado de trabajo. Recuperar la movilidad social ascendente es un mandato y un objetivo de este gobierno.
En 2021, el Poder Ejecutivo nacional incrementará un 49,5 por ciento la inversión real en inclusión social activa con respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en 270.000 millones de pesos: el 0,7 del PBI.
El sexto pilar diría que es una novedad altamente positiva en nuestra historia, que seguramente valoraremos en conjunto. Por primera vez en la historia del país, el del año próximo será un presupuesto con perspectiva de género. Se logró construir un presupuesto que contenga una metodología que permita viabilizar el esfuerzo que realiza el gobierno para cerrar las brechas de desigualdad, al tiempo que expresa iniciativas concretas en esa dirección, y una definición política inclusiva y diversa.
En 2021, el Poder Ejecutivo nacional incrementará casi un 1.350 por ciento la inversión real en género y diversidad respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada de 6.205 millones de pesos.
Todos estos datos hablan de un presupuesto construido sobre supuestos realistas. Los escenarios macroeconómicos son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia.
Tenemos que recordar que, para este año, se ha proyectado una caída del PBI del orden del 12 por ciento. Los datos que se conocieron hoy son un poquito menores; es decir que estarían indicando una mayor recuperación.
La retracción del PBI en 2020 responde a caídas en todos los componentes de la demanda agregada. En particular, se estima que la inversión disminuirá un 25 por ciento interanual, mientras que, para el consumo privado, se proyecta una baja del 13,6 por ciento.
También se considera una caída interanual, aunque menor, del consumo público de un 2,1 por ciento, especialmente ante la preservación del empleo público en el marco de la pandemia.
En cuanto al comercio exterior, se estima una caída interanual de las exportaciones de bienes y servicios del 14,2 por ciento, debido a la menor demanda del resto del mundo por la situación sanitaria global. Al mismo tiempo, se espera una caída interanual de las importaciones del 21,9 por ciento, relacionada tanto con la retracción de la actividad local como con los menores flujos de comercio de bienes y servicios en el plano internacional.
Por otro lado, se espera que esa caída de alrededor del 12 por ciento en 2020 se transforme en un crecimiento interanual del 5,5 por ciento en 2021, del 4,5 por ciento en 2022 y de 3,5 por ciento en 2023.
En cuanto a la tasa de inflación interanual, se espera que decrezca gradualmente: del 32 por ciento en diciembre de este año al 29 por ciento en diciembre de 2021, al 24 por ciento en 2022 y al 20 por ciento en 2023, con un desvío de 4 puntos porcentuales -al alza o a la baja- entre 2021 y 2023.
Respecto a precios y tipo de cambio, en términos interanuales se estima una desaceleración de la inflación de hasta un 29 por ciento a diciembre de 2021, luego de una inflación proyectada para diciembre de este año del 32 por ciento.
El sendero de desinflación continuaría en los años siguientes con estimaciones del 24 por ciento a diciembre del 2022 y del 20 por ciento a diciembre del 2023.
El tipo de cambio real durante 2021 tendría un incremento promedio del 1,9 por ciento, luego de un alza promedio anual proyectada en 2020 del 4,7 por ciento, que se espera se mantenga estable en los años siguientes. Es decir, en el presupuesto se propone mantener la competitividad actual del tipo de cambio con una leve mejora.
Les doy un dato: en la actualidad, el índice de tipo de cambio real multilateral -una de las mediciones más utilizadas para medir la competitividad externa- se ubica en 122, si consideramos índice 100 para el 17 de diciembre de 2015, fecha de la primera devaluación realizada por el gobierno anterior. Es decir, si consideramos índice 100 -el correspondiente al 17 de diciembre de 2015, cuando se produce la primera devaluación de la gestión anterior- el índice de tipo de cambio real multilateral hoy se ubicaría en 122. Entonces, de ninguna manera se puede decir que el tipo de cambio está atrasado; no hay parámetro alguno -salvo el de la especulación financiera- para hacer una afirmación como esa.
En cuanto a los recursos del presupuesto de la administración pública nacional para 2021, se prevé que van a alcanzar los 6.030.500.000.000 de pesos; esto equivale al 16,1 por ciento del PBI, lo que indica un incremento del 44,3 por ciento frente a 2020.
Los recursos de la administración pública nacional están compuestos en un 99,7 por ciento por ingresos corrientes y en un 0,3 por ciento por ingresos de capital.
Se proyecta que en 2021 los recursos corrientes crezcan 44,4 por ciento respecto de 2020, mientras que los ingresos de capital crecerían un 30,5 por ciento.
Los gastos totales contemplados en el proyecto de ley de presupuesto de la administración para el ejercicio fiscal 2021 ascienden a los 8.284.185.000.000 de pesos; es decir, al 22,1 por ciento del PBI. Se prevé un incremento del 17,8 respecto del presente ejercicio, influido fuertemente por las asignaciones realizadas para sobrellevar los efectos de la pandemia en el marco de la crisis económica y social. Si excluimos de dichas asignaciones la variación del gasto, sería del 37,8 por ciento.
Los gastos corrientes representan la mayor proporción en el total de gastos: 89,8 por ciento del total. Consecuentemente, tendrán la mayor asignación para paliar la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
Los gastos de capital aumentarán un 90 por ciento respecto a este año; pero, si aislamos los gastos realizados por la pandemia, el aumento llegaría al 101 por ciento. En verdad, es un esfuerzo y un refuerzo significativos en la inversión estatal.
Como dije, se prevé que el déficit primario objetivo de la administración nacional esté en el orden del 4 por ciento y que los intereses de la deuda totalicen el 1,5 por ciento.
De esta manera, creo que he volcado los datos principales que queríamos poner en consideración.
En síntesis, considero que es un presupuesto realista e inclusivo con el que aspiramos iniciar un proceso de recuperación económica gradual y sostenida que nos permita mejorar la situación de quienes peor la están pasando, mediante la recuperación del ingreso real de los sectores más vulnerables y una fuerte inversión en los llamados gastos de capital; concretamente, en la obra pública, como dinamizadora del empleo y la actividad económica.
Creo que los números, los parámetros y las referencias están tomados con sentido serio y realista. Insisto en que es un presupuesto que estará siempre sujeto a contingencias, que tendrán que ser analizadas y atendidas con políticas públicas en cada oportunidad que se presenten.
Me parece que es una herramienta adecuada y apta que nos permite pensar que, en 2021, la Argentina comenzará un proceso de recuperación económica con inclusión social, con mejora de la situación de quienes peor la están pasando y con una perspectiva de ir hacia adelante en un proceso de consolidación de la economía basado en el crecimiento del mercado interno, el fortalecimiento de las pymes, la protección de la producción nacional y la asistencia a los sectores que lo requieran por su debilidad comparativa estructural.
Esto es lo que quería presentar como introducción a este rico debate que, seguramente, diputadas y diputados tendremos en el curso de esta tarde y en la próxima sesión, a fin de emitir el correspondiente dictamen.
SR. CANO Pido la palabra.
SR. PRESIDENTE HELLER Siendo el primero en pedir el uso de la palabra, la tiene concedida automáticamente, señor diputado.
SR. CANO Gracias, señor presidente.
Lo primero que quiero decir es que, en la reunión que mantuvimos con los funcionarios, yo pedí una información vinculada a las transferencias directas a los municipios y el señor secretario dijo que haría llegar la información. Entonces, le pido que, cuando la tenga, me la haga llegar.
Lo primero que quiero decir es que, en la reunión que mantuvimos con los funcionarios, yo pedí una información vinculada a las transferencias directas a los municipios y el señor secretario dijo que haría llegar la información. Entonces, le pido que, cuando la tenga, me la haga llegar.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene razón, señor diputado. No he recibido esa información y, para ser sincero, tampoco la he reclamado. Ahora que usted me lo recuerda, me comprometo a reclamarla.
SR. CANO Asimismo, señor presidente, quiero mencionar otra cuestión muy brevemente.
Soy presidente de la Comisión de Transportes. En la reunión con los funcionarios celebrada la semana pasada, o la anterior, también se trató esta cuestión. En dicha ocasión, se anunció que el presupuesto contemplará subsidios destinados a las provincias por 13.500 millones de pesos. Si analizamos las transferencias del gobierno nacional y el esfuerzo que se hizo este año con los fondos del presupuesto del año anterior, más la ampliación presupuestaria que nosotros aprobamos, vemos que los montos enunciados en el proyecto que estamos debatiendo están por debajo de los subsidios distribuidos este año, existiendo una situación de conflictividad en la mayoría de los distritos.
Si bien nosotros estamos haciendo los requerimientos pertinentes al ministro de Transporte, pido a usted que, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, solicite un informe acabado sobre las partidas de los subsidios destinados al interior, puesto que claramente resultan insuficientes en virtud de los montos transferidos en el ejercicio 2020.
Soy presidente de la Comisión de Transportes. En la reunión con los funcionarios celebrada la semana pasada, o la anterior, también se trató esta cuestión. En dicha ocasión, se anunció que el presupuesto contemplará subsidios destinados a las provincias por 13.500 millones de pesos. Si analizamos las transferencias del gobierno nacional y el esfuerzo que se hizo este año con los fondos del presupuesto del año anterior, más la ampliación presupuestaria que nosotros aprobamos, vemos que los montos enunciados en el proyecto que estamos debatiendo están por debajo de los subsidios distribuidos este año, existiendo una situación de conflictividad en la mayoría de los distritos.
Si bien nosotros estamos haciendo los requerimientos pertinentes al ministro de Transporte, pido a usted que, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, solicite un informe acabado sobre las partidas de los subsidios destinados al interior, puesto que claramente resultan insuficientes en virtud de los montos transferidos en el ejercicio 2020.
SR. PRESIDENTE HELLER Comparto su inquietud, señor diputado. Creo que tendremos que analizar ese tema junto con el Poder Ejecutivo. Me parece que efectivamente es como usted dice. Luego, tendremos que ver de dónde salen los recursos, pero esa es otra cuestión.
Esta es mi primera experiencia como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y también es la primera vez que me toca presidir el debate del proyecto de ley de presupuesto. He recibido infinidad de pedidos y, para ser absolutamente honesto, cuando analizo cada uno de ellos individualmente me siento comprometido y los comparto; me parece que están bien, que son justos y que habría que atenderlos. Pero, cuando los sumo, se complica un poco la cuenta y entonces inevitablemente comienza un proceso que todos ustedes conocen porque lo han vivido. Yo también lo he vivido en otra oportunidad, pero como diputado, no como presidente de esta comisión.
Desde luego que tendremos que llevar adelante una negociación entre todos y con el Poder Ejecutivo, la que deberá hacerse con razonabilidad, buscando establecer prioridades dentro de esa enorme cantidad de pedidos justos. Pero, debemos asumir que tal vez no todos podrán ser positivamente atendidos, por la simple razón de que no hay recursos suficientes.
De todas formas, creo que el tema del transporte en el interior forma parte de una de las prioridades que habrá que valorar seriamente, por lo que comparto su inquietud, señor diputado.
Esta es mi primera experiencia como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y también es la primera vez que me toca presidir el debate del proyecto de ley de presupuesto. He recibido infinidad de pedidos y, para ser absolutamente honesto, cuando analizo cada uno de ellos individualmente me siento comprometido y los comparto; me parece que están bien, que son justos y que habría que atenderlos. Pero, cuando los sumo, se complica un poco la cuenta y entonces inevitablemente comienza un proceso que todos ustedes conocen porque lo han vivido. Yo también lo he vivido en otra oportunidad, pero como diputado, no como presidente de esta comisión.
Desde luego que tendremos que llevar adelante una negociación entre todos y con el Poder Ejecutivo, la que deberá hacerse con razonabilidad, buscando establecer prioridades dentro de esa enorme cantidad de pedidos justos. Pero, debemos asumir que tal vez no todos podrán ser positivamente atendidos, por la simple razón de que no hay recursos suficientes.
De todas formas, creo que el tema del transporte en el interior forma parte de una de las prioridades que habrá que valorar seriamente, por lo que comparto su inquietud, señor diputado.
SR. CANO Señor presidente: por último, quiero recordar que en la ampliación del presupuesto, en la última reunión que mantuvimos con el presidente de la Cámara y con usted, se sumó una partida vinculada al transporte escolar; inclusive hay proyectos del bloque del Frente de Todos en ese sentido. Se trata de una partida de 600 millones de pesos.
Hasta el día de hoy, aparentemente esa partida no fue acreditada en el Ministerio del Interior; entiendo que lo fue en el de Educación. Esta es una situación de conflicto, puesto que cuando se aprobó esa partida la voluntad del cuerpo fue asistir a ese sector; sin embargo, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Por eso hago este reclamo, señor presidente.
La verdad es que el tema del transporte es recurrente por la asimetría que existe entre el AMBA y las provincias del interior. El AMBA tiene asignados más de 65.000 millones de pesos, además de los atributos sociales. Me parece que todo lo que se pueda hacer en ese sentido será en beneficio de las provincias, puesto que en la mayoría de ellas hay una situación de conflicto, de paro, en algunos casos bastante extendida.
Hasta el día de hoy, aparentemente esa partida no fue acreditada en el Ministerio del Interior; entiendo que lo fue en el de Educación. Esta es una situación de conflicto, puesto que cuando se aprobó esa partida la voluntad del cuerpo fue asistir a ese sector; sin embargo, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Por eso hago este reclamo, señor presidente.
La verdad es que el tema del transporte es recurrente por la asimetría que existe entre el AMBA y las provincias del interior. El AMBA tiene asignados más de 65.000 millones de pesos, además de los atributos sociales. Me parece que todo lo que se pueda hacer en ese sentido será en beneficio de las provincias, puesto que en la mayoría de ellas hay una situación de conflicto, de paro, en algunos casos bastante extendida.
SR. PRESIDENTE HELLER Informo a los señores diputados que pueden hacer uso de la palabra; no hay nadie anotado, algo que no es muy habitual en nuestras reuniones.
SR. LEITO Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Leito.
SR. LEITO Señor presidente: siguiendo lo que recién dijo el señor diputado Cano, en Tucumán hay serios conflictos en el transporte producto de todo lo que viene pasando.
En la reunión con los funcionarios, concretamente se habló de que se destinarán 93.000 millones de pesos al transporte. Esto es lo que reclamamos, ya que serán 65.000 millones de pesos para el AMBA, 13.000 millones de pesos para las provincias y 15.000 millones de pesos para otros tipos de subsidios. Quiero que tratemos de ver los montos destinados a las provincias, ya que Tucumán es una de las tantas que están pasando un momento complicado en el área del transporte.
Por otro lado, quiero mencionar dos cuestiones más. La primera de ellas tiene que ver con el Programa 39, sobre vivienda, que tiene una partida de aproximadamente 67.000 millones de pesos, de los cuales se destinan cero para las provincias de Tucumán y Formosa. La verdad es que no entendemos el motivo. Esto nos genera dudas; no sabemos si se trata de un error o si efectivamente en estos momentos no hay partida prevista para nuestra provincia en este rubro.
Por otro lado, si bien hay un incremento importante en las partidas destinadas a ciencia y tecnología, cuando vemos la distribución de esos recursos entre las provincias, advertimos que se les otorga un 50 por ciento menos.
De todos modos, señor presidente, le haré llegar todas estas observaciones por escrito y de forma clara porque me gustaría que las revise. Como usted bien señaló, creo que deberá hacerse algún tipo de consulta o de negociación con el Ejecutivo.
Estas son las tres cuestiones que creo que debemos tener en cuenta, así que se las haré llegar de forma clara.
En la reunión con los funcionarios, concretamente se habló de que se destinarán 93.000 millones de pesos al transporte. Esto es lo que reclamamos, ya que serán 65.000 millones de pesos para el AMBA, 13.000 millones de pesos para las provincias y 15.000 millones de pesos para otros tipos de subsidios. Quiero que tratemos de ver los montos destinados a las provincias, ya que Tucumán es una de las tantas que están pasando un momento complicado en el área del transporte.
Por otro lado, quiero mencionar dos cuestiones más. La primera de ellas tiene que ver con el Programa 39, sobre vivienda, que tiene una partida de aproximadamente 67.000 millones de pesos, de los cuales se destinan cero para las provincias de Tucumán y Formosa. La verdad es que no entendemos el motivo. Esto nos genera dudas; no sabemos si se trata de un error o si efectivamente en estos momentos no hay partida prevista para nuestra provincia en este rubro.
Por otro lado, si bien hay un incremento importante en las partidas destinadas a ciencia y tecnología, cuando vemos la distribución de esos recursos entre las provincias, advertimos que se les otorga un 50 por ciento menos.
De todos modos, señor presidente, le haré llegar todas estas observaciones por escrito y de forma clara porque me gustaría que las revise. Como usted bien señaló, creo que deberá hacerse algún tipo de consulta o de negociación con el Ejecutivo.
Estas son las tres cuestiones que creo que debemos tener en cuenta, así que se las haré llegar de forma clara.
SR. PRESIDENTE HELLER Señor diputado: acepto su preocupación y solo quiero hacerle un comentario.
Creo que el secretario de Hacienda, al referirse a este tema, explicó que había partidas globales que no se asignaron porque no estaban los proyectos puntuales. Es decir, se prevén recursos en una partida global, pero eso no quiere decir que Formosa o Tucumán no vayan a recibir nada, sino que debe discutirse a cuáles proyectos van a asignarse.
Es decir, no es una distribución simplemente federal en la que se determina cuánto se da a cada provincia, sino que son financiamientos directamente vinculados con proyectos concretos.
Recuerdo que el señor secretario desarrolló una explicación en ese sentido y supongo que será parte de las cuestiones que tendremos que discutir y profundizar.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Romero.
Creo que el secretario de Hacienda, al referirse a este tema, explicó que había partidas globales que no se asignaron porque no estaban los proyectos puntuales. Es decir, se prevén recursos en una partida global, pero eso no quiere decir que Formosa o Tucumán no vayan a recibir nada, sino que debe discutirse a cuáles proyectos van a asignarse.
Es decir, no es una distribución simplemente federal en la que se determina cuánto se da a cada provincia, sino que son financiamientos directamente vinculados con proyectos concretos.
Recuerdo que el señor secretario desarrolló una explicación en ese sentido y supongo que será parte de las cuestiones que tendremos que discutir y profundizar.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Romero.
SR. ROMERO (J.A.) Señor presidente: quiero referirme también al tema del transporte.
También en la provincia de Corrientes vivimos con mucha conflictividad en relación con ese tema, y es importante que se analice la posibilidad de mejorarlo, porque 13.000 millones de pesos es una cifra muy inferior a la otorgada para este año.
En 2020 se empezó con 6.500 millones de pesos y, en la ampliación del presupuesto, se determinó el monto de 10.500 millones de pesos más, o sea que estamos llegando a los 17.000 millones de pesos contra los 13.000 millones de pesos presupuestados para el año próximo. Considero que sería importante reverlo.
Señor presidente: sobre el monto que usted acaba de decir respecto de las obras que el secretario de Hacienda ha determinado -que falta ver los distintos tipos de proyectos-, enviamos una nota a su mail por la cual, los tres diputados por Corrientes, solicitamos la posibilidad de incluir las obras de dos rotondas en la provincia de Corrientes -una para la ciudad de Curuzú Cuatiá y otra para la ciudad de Loreto-, puesto que son imprescindibles e importantes. Solicitamos que se pueda analizar la posibilidad de dar las facultades al jefe de Gabinete para redistribuir montos para realizar esta obra.
También en la provincia de Corrientes vivimos con mucha conflictividad en relación con ese tema, y es importante que se analice la posibilidad de mejorarlo, porque 13.000 millones de pesos es una cifra muy inferior a la otorgada para este año.
En 2020 se empezó con 6.500 millones de pesos y, en la ampliación del presupuesto, se determinó el monto de 10.500 millones de pesos más, o sea que estamos llegando a los 17.000 millones de pesos contra los 13.000 millones de pesos presupuestados para el año próximo. Considero que sería importante reverlo.
Señor presidente: sobre el monto que usted acaba de decir respecto de las obras que el secretario de Hacienda ha determinado -que falta ver los distintos tipos de proyectos-, enviamos una nota a su mail por la cual, los tres diputados por Corrientes, solicitamos la posibilidad de incluir las obras de dos rotondas en la provincia de Corrientes -una para la ciudad de Curuzú Cuatiá y otra para la ciudad de Loreto-, puesto que son imprescindibles e importantes. Solicitamos que se pueda analizar la posibilidad de dar las facultades al jefe de Gabinete para redistribuir montos para realizar esta obra.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Gracias, señor presidente.
Cuando estuvieron presentes los funcionarios del Ministerio de Economía tuvimos la oportunidad de señalar algunas cuestiones. En esta oportunidad, me quiero referir a temas particulares que tienen que ver con distintos tipos de reclamos, porque entiendo que el señor diputado Laspina hará una intervención respecto de los aspectos macroeconómicos que conlleva el proyecto de presupuesto.
Quisiera dedicarme solamente a algunas cuestiones puntuales. Cada una de las hojas que tengo en mis manos es un reclamo y un pedido, pero no voy a entrar en ningún detalle.
Cuando estuvieron presentes los funcionarios del Ministerio de Economía tuvimos la oportunidad de señalar algunas cuestiones. En esta oportunidad, me quiero referir a temas particulares que tienen que ver con distintos tipos de reclamos, porque entiendo que el señor diputado Laspina hará una intervención respecto de los aspectos macroeconómicos que conlleva el proyecto de presupuesto.
Quisiera dedicarme solamente a algunas cuestiones puntuales. Cada una de las hojas que tengo en mis manos es un reclamo y un pedido, pero no voy a entrar en ningún detalle.
SR. PRESIDENTE HELLER ¿Quiere que le muestre el paquete que tengo yo?
SR. PASTORI No hace falta. Me lo imagino, señor presidente. (Risas.)
Para no entorpecer el desarrollo de la reunión, dado que hace bastante tiempo que estamos debatiendo, me limitaré a mencionar algunos títulos, al estilo de los que transmiten cada media hora en los noticieros televisivos. Luego, si me permite, señor presidente, le haré llegar en forma particular el detalle sobre los puntos a los que me referiré muy brevemente. Si usted está de acuerdo, se lo enviaré posteriormente, para que pueda analizar con quienes corresponda la pertinencia de cada uno de ellos.
Para no entorpecer el desarrollo de la reunión, dado que hace bastante tiempo que estamos debatiendo, me limitaré a mencionar algunos títulos, al estilo de los que transmiten cada media hora en los noticieros televisivos. Luego, si me permite, señor presidente, le haré llegar en forma particular el detalle sobre los puntos a los que me referiré muy brevemente. Si usted está de acuerdo, se lo enviaré posteriormente, para que pueda analizar con quienes corresponda la pertinencia de cada uno de ellos.
SR. PRESIDENTE HELLER Cómo no, señor diputado.
SR. PASTORI Muchas gracias, señor presidente.
Algunos de los títulos los mencionaré en un orden -valga la redundancia- bastante desordenado. No sé si calza esto de 'orden desordenado', pero así lo veo.
Hago la aclaración previa de que el proyecto de presupuesto no debiera ser una ley ómnibus donde entran 20.000 temas que requerirían, en algunos casos, leyes especiales, tales como aspectos tributarios, modificaciones de otras leyes, etcétera. Pareciera que es inevitable que, al momento de tratar un proyecto de presupuesto, cuando uno pasa la parte sustancial del articulado, lo que viene con otras disposiciones suele ser más largo y complicado que la propia ley específica del presupuesto.
En ese sentido, uno de estos temas tiene que ver con un reclamo realizado por el personal técnico y profesional del Conicet en cuanto a su régimen previsional. En la ley se establecen dos carreras dedicadas a la investigación: CIC -Carrera de Investigador Científico y Tecnológico- y CPA, Carrera del Personal de Apoyo a la investigación. En el sistema previsional del Conicet solamente ha ingresado una de estas carreras y no la otra. Esto es una omisión que hay que salvar y creo que este momento sería el apropiado.
Otro tema tiene que ver con las universidades. Estamos muy preocupados por la asignación otorgada, de 222 millones de pesos, que es más/menos lo que el Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, había presentado en 2019 como proyecto para el ejercicio 2020. O sea que, evidentemente, este monto luce escaso, si bien en la jurisdicción 91 hay una reserva de 40.000 millones de pesos, que implica -nada más y nada menos- casi el 20 por ciento del total, que entendemos que estaría destinado a la cuestión salarial sobre la base de las paritarias universitarias. Queremos tener un poco más de precisiones al respecto.
Por otro lado, quiero mencionar el famoso artículo de todos los años con respecto a la provincia de La Rioja. Se han asignado a los municipios de La Rioja un monto de 340 millones de pesos, que es una cifra que está un tanto desactualizada con respecto al inicio. Queremos que conste en el artículo pertinente de la iniciativa -creo que es el artículo 84- la misma distribución que se contempló y aprobó para la modificación del presupuesto 2019 con vigencia en el 2020. Es decir que se incorpore en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021 el mismo párrafo que rige actualmente.
Algunos de los títulos los mencionaré en un orden -valga la redundancia- bastante desordenado. No sé si calza esto de 'orden desordenado', pero así lo veo.
Hago la aclaración previa de que el proyecto de presupuesto no debiera ser una ley ómnibus donde entran 20.000 temas que requerirían, en algunos casos, leyes especiales, tales como aspectos tributarios, modificaciones de otras leyes, etcétera. Pareciera que es inevitable que, al momento de tratar un proyecto de presupuesto, cuando uno pasa la parte sustancial del articulado, lo que viene con otras disposiciones suele ser más largo y complicado que la propia ley específica del presupuesto.
En ese sentido, uno de estos temas tiene que ver con un reclamo realizado por el personal técnico y profesional del Conicet en cuanto a su régimen previsional. En la ley se establecen dos carreras dedicadas a la investigación: CIC -Carrera de Investigador Científico y Tecnológico- y CPA, Carrera del Personal de Apoyo a la investigación. En el sistema previsional del Conicet solamente ha ingresado una de estas carreras y no la otra. Esto es una omisión que hay que salvar y creo que este momento sería el apropiado.
Otro tema tiene que ver con las universidades. Estamos muy preocupados por la asignación otorgada, de 222 millones de pesos, que es más/menos lo que el Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, había presentado en 2019 como proyecto para el ejercicio 2020. O sea que, evidentemente, este monto luce escaso, si bien en la jurisdicción 91 hay una reserva de 40.000 millones de pesos, que implica -nada más y nada menos- casi el 20 por ciento del total, que entendemos que estaría destinado a la cuestión salarial sobre la base de las paritarias universitarias. Queremos tener un poco más de precisiones al respecto.
Por otro lado, quiero mencionar el famoso artículo de todos los años con respecto a la provincia de La Rioja. Se han asignado a los municipios de La Rioja un monto de 340 millones de pesos, que es una cifra que está un tanto desactualizada con respecto al inicio. Queremos que conste en el artículo pertinente de la iniciativa -creo que es el artículo 84- la misma distribución que se contempló y aprobó para la modificación del presupuesto 2019 con vigencia en el 2020. Es decir que se incorpore en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021 el mismo párrafo que rige actualmente.
SR. PRESIDENTE HELLER Ya le ganó de mano el señor diputado Casas, quien ya solicitó ese pedido. Le aclaro la situación, porque él se enojará conmigo si no aclaro que lo primero que hizo fue presentarme ese pedido.
SR. PASTORI No podía dejar de decirlo, porque se iba a enojar conmigo el senador Julio César Martínez.
De la misma forma, vemos que hay una escasísima asignación al Programa Nacional de Manejo del Fuego, lo cual no lo entendemos. Este es un reclamo de los legisladores cordobeses, pero sabemos que no es Córdoba la única provincia afectada por el fenómeno del fuego.
En el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2019, las horas de vuelo previstas en el sistema aéreo para la lucha contra el fuego fueron de 7.200 horas, este año se habían previsto 6.200 horas, pero para el ejercicio 2021 solamente se prevén 3.500 horas.
Respecto del equipamiento de unidades regionales para la lucha contra incendios cabe precisar que se pasó de veinticinco equipamientos en 2019 a solamente tres para el próximo año.
El presupuesto de 282 millones de pesos -un presupuesto muy poco significativo- asignado para el ejercicio 2021 es equivalente exactamente a lo establecido para el presupuesto de 2019, siendo que en 2020 están previstos 441 millones de pesos. La lucha contra los incendios es un problema muy grave y, por ello, insistiremos con esta cuestión.
En el artículo 87 se establece un régimen de regularización de obligaciones pendientes de pago de las distribuidoras de energía eléctrica con Cammesa. Solicitamos que se agregue un párrafo al final del texto que obligue a las distribuidoras de energía eléctrica a trasladar los mismos beneficios que obtengan por esta ley en los acuerdos de regularización a las cooperativas de distribución eléctrica a las cuales suministran los consumos respectivos.
En el interior de la provincia de Misiones hay una gran cantidad de cooperativas de electricidad que prestan este servicio, pero seguramente debe ocurrir el mismo caso en otras provincias.
De la misma forma, vemos que hay una escasísima asignación al Programa Nacional de Manejo del Fuego, lo cual no lo entendemos. Este es un reclamo de los legisladores cordobeses, pero sabemos que no es Córdoba la única provincia afectada por el fenómeno del fuego.
En el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2019, las horas de vuelo previstas en el sistema aéreo para la lucha contra el fuego fueron de 7.200 horas, este año se habían previsto 6.200 horas, pero para el ejercicio 2021 solamente se prevén 3.500 horas.
Respecto del equipamiento de unidades regionales para la lucha contra incendios cabe precisar que se pasó de veinticinco equipamientos en 2019 a solamente tres para el próximo año.
El presupuesto de 282 millones de pesos -un presupuesto muy poco significativo- asignado para el ejercicio 2021 es equivalente exactamente a lo establecido para el presupuesto de 2019, siendo que en 2020 están previstos 441 millones de pesos. La lucha contra los incendios es un problema muy grave y, por ello, insistiremos con esta cuestión.
En el artículo 87 se establece un régimen de regularización de obligaciones pendientes de pago de las distribuidoras de energía eléctrica con Cammesa. Solicitamos que se agregue un párrafo al final del texto que obligue a las distribuidoras de energía eléctrica a trasladar los mismos beneficios que obtengan por esta ley en los acuerdos de regularización a las cooperativas de distribución eléctrica a las cuales suministran los consumos respectivos.
En el interior de la provincia de Misiones hay una gran cantidad de cooperativas de electricidad que prestan este servicio, pero seguramente debe ocurrir el mismo caso en otras provincias.
SR. PRESIDENTE HELLER Señor diputado Pastori: usted se quiere quedar con todas las buenas.
Quiero decirle que la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, me ha hecho llegar una propuesta de modificación del artículo 87 de la ley de presupuesto, cuyo texto tengo aquí, delante de mí.
Quiero decirle que la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, me ha hecho llegar una propuesta de modificación del artículo 87 de la ley de presupuesto, cuyo texto tengo aquí, delante de mí.
SR. PASTORI Me alegro, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER No se anote todos los porotos. (Risas.) Por lo menos, quiero decirle que vamos a compartir algunos.
SR. PASTORI Me alegra que estemos en la misma sintonía, señor presidente. Esto es muy halagüeño. Estamos comenzando muy bien este debate; esperemos terminarlo aún mejor.
También propondremos una modificación de la asignación de la función Ciencia y Técnica -propuesta que viene del señor diputado Riccardo- para programas de recomposición salarial del personal de investigación del Conicet, utilizando las mismas partidas que están previstas para dicha función, lo que no implicaría una modificación...
También propondremos una modificación de la asignación de la función Ciencia y Técnica -propuesta que viene del señor diputado Riccardo- para programas de recomposición salarial del personal de investigación del Conicet, utilizando las mismas partidas que están previstas para dicha función, lo que no implicaría una modificación...
Se interrumpe el audio.
SR. PASTORI ...que tienen que ver con la relación de la distribución de recursos Nación-provincias. No obstante, vamos a dejarlo para la próxima reunión de comisión, atento a que tenemos pendientes algunas consultas con gobernadores, que en parte también tienen que ver con la sanción que esta Cámara ha dado a la reestructuración de deuda con el FGS. En ese sentido, queremos plantear algunos temas y hacer algunas propuestas referidas a mejorar la tasa de interés que se va a pagar.
Señor presidente: espero que me sorprenda y que también me diga que esto lo tienen previsto.
Voy salteando temas, porque son muchos. También quiero decir que estamos muy preocupados -especialmente nuestro interbloque- por la cuestión previsional. Vemos que hay una suerte de subestimación de la ejecución de este año. Se prevé para el año que viene un incremento del 31 por ciento sobre una partida estimada al 31 de diciembre, pero que presenta una subestimación, razón por la cual ese 31 por ciento en realidad va a ser menor. Estimamos que ese valor no va a superar el 28 o 29 por ciento, contra una inflación que si bien en el presupuesto se estima en un 29 por ciento -que consideramos exageradamente optimista-, en promedio va a ser del 31 por ciento.
Citando información oficial, la inflación promedio -no de punta a punta- va a ser del 31 por ciento, si es que se cumple la previsión oficial de 29 puntos porcentuales, con lo cual, estamos viendo que va a haber un ajuste muy significativo en todo lo que tiene que ver con el gasto previsional y con el pago de los haberes jubilatorios. Eso también queremos puntualizarlo y se lo vamos a hacer llegar con los detalles del caso, para ver si se puede...
Señor presidente: espero que me sorprenda y que también me diga que esto lo tienen previsto.
Voy salteando temas, porque son muchos. También quiero decir que estamos muy preocupados -especialmente nuestro interbloque- por la cuestión previsional. Vemos que hay una suerte de subestimación de la ejecución de este año. Se prevé para el año que viene un incremento del 31 por ciento sobre una partida estimada al 31 de diciembre, pero que presenta una subestimación, razón por la cual ese 31 por ciento en realidad va a ser menor. Estimamos que ese valor no va a superar el 28 o 29 por ciento, contra una inflación que si bien en el presupuesto se estima en un 29 por ciento -que consideramos exageradamente optimista-, en promedio va a ser del 31 por ciento.
Citando información oficial, la inflación promedio -no de punta a punta- va a ser del 31 por ciento, si es que se cumple la previsión oficial de 29 puntos porcentuales, con lo cual, estamos viendo que va a haber un ajuste muy significativo en todo lo que tiene que ver con el gasto previsional y con el pago de los haberes jubilatorios. Eso también queremos puntualizarlo y se lo vamos a hacer llegar con los detalles del caso, para ver si se puede...
SR. PRESIDENTE HELLER Señor diputado Pastori: disculpe que lo interrumpa. Quiero decirle que sobre esto también se habló en la reunión con los funcionarios. Ellos dijeron que el tema no estaba en el presupuesto; que había una estimación, pero que estaba pendiente una ley que debe tratar este Parlamento y que tiene que ver con los índices de ajuste previsional. Es decir que es en esa instancia cuando se van a ajustar las partidas respectivas. ¿Recuerda que el tema fue comentado en la reunión?
SR. PASTORI Sí, señor presidente.
A lo que voy es que, aun sin esa aplicación de la nueva movilidad previsional -suponiendo que no la hubiera y que se siguieran estableciendo los aumentos por el sistema de decretos-, de todos modos, con la partida que está prevista, tal vez no haya lugar para una sola modificación y después esa partida quedaría absolutamente corta.
Yo estoy seguro de que esto va a necesitar una reformulación, así como también el cálculo de recursos, porque tampoco está prevista la reforma tributaria que fue anunciada en el mensaje y que todavía no ha sido enviada al Congreso. Eso seguramente va a impactar en forma notoria en la estimación de recursos. No está prevista la recaudación, si es que se llegara a aprobar -ojalá que no-, del impuesto extraordinario. También eso va a impactar en la estimación...
A lo que voy es que, aun sin esa aplicación de la nueva movilidad previsional -suponiendo que no la hubiera y que se siguieran estableciendo los aumentos por el sistema de decretos-, de todos modos, con la partida que está prevista, tal vez no haya lugar para una sola modificación y después esa partida quedaría absolutamente corta.
Yo estoy seguro de que esto va a necesitar una reformulación, así como también el cálculo de recursos, porque tampoco está prevista la reforma tributaria que fue anunciada en el mensaje y que todavía no ha sido enviada al Congreso. Eso seguramente va a impactar en forma notoria en la estimación de recursos. No está prevista la recaudación, si es que se llegara a aprobar -ojalá que no-, del impuesto extraordinario. También eso va a impactar en la estimación...
SR. PRESIDENTE HELLER No está contado porque es un proyecto parlamentario, no del Poder Ejecutivo. Por eso, no lo tienen en cuenta. Una vez que aprobemos la ley lo van a sumar.
SR. PASTORI Bueno, si se llegara a aprobar esa ley, la reforma tributaria y la movilidad previsional, muy prontamente el presupuesto quedará viejo y necesitado de una reformulación a poco de echar a andar.
Señor presidente: estas son algunas de las cuestiones que quería plantear. Obviamente, para no aburrir a la audiencia, me reservo una cantidad de temas, muchos de los cuales -como le dije- seguramente se los haré llegar para que usted pueda canalizarlos por la vía que corresponda y de esa manera agilizar su tratamiento sin abusar del tiempo en esta oportunidad.
Le agradezco por el tiempo, señor presidente, y muy pronto tendrá noticias al respecto.
Señor presidente: estas son algunas de las cuestiones que quería plantear. Obviamente, para no aburrir a la audiencia, me reservo una cantidad de temas, muchos de los cuales -como le dije- seguramente se los haré llegar para que usted pueda canalizarlos por la vía que corresponda y de esa manera agilizar su tratamiento sin abusar del tiempo en esta oportunidad.
Le agradezco por el tiempo, señor presidente, y muy pronto tendrá noticias al respecto.
SR. PRESIDENTE HELLER Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Cassinerio.
Tiene la palabra el señor diputado Cassinerio.
SR. CASSINERIO Señor presidente: principalmente quiero hacer alusión a algunas preocupaciones que tenemos, que se vinculan con el tema de los subsidios al transporte.
Este año, hace un par de meses, solamente en la discusión de la ampliación presupuestaria, nosotros logramos desde las provincias que se incorporen 10.500 millones de pesos adicionales para el subsidio, lo que totalizó 17.000 millones de pesos para 2020.
Sin embargo, cuando vemos el proyecto de presupuesto para 2021, nos encontramos con una partida de solo 13.500 millones de pesos para ser distribuidos entre las provincias del interior del país, y con una asignación de 65.000 millones de pesos para ser distribuidos en el AMBA.
Obviamente, estamos ante una relación de mucha mayor desigualdad... (inaudible) ...discusión de la ampliación del presupuesto, donde el porcentaje de recursos nacionales destinados al transporte del AMBA es del 82,5 por ciento, mientras que para las provincias es del 17,5 por ciento.
Señor presidente: creo que esta visión atenta contra la justa distribución general de los recursos. Creo que debemos hacer un esfuerzo por contrarrestar esta situación.
Además, analizamos que para el año que viene tenemos 13.500 millones de pesos, y solamente a eso nosotros le incorporamos... (inaudible)
Este año, hace un par de meses, solamente en la discusión de la ampliación presupuestaria, nosotros logramos desde las provincias que se incorporen 10.500 millones de pesos adicionales para el subsidio, lo que totalizó 17.000 millones de pesos para 2020.
Sin embargo, cuando vemos el proyecto de presupuesto para 2021, nos encontramos con una partida de solo 13.500 millones de pesos para ser distribuidos entre las provincias del interior del país, y con una asignación de 65.000 millones de pesos para ser distribuidos en el AMBA.
Obviamente, estamos ante una relación de mucha mayor desigualdad... (inaudible) ...discusión de la ampliación del presupuesto, donde el porcentaje de recursos nacionales destinados al transporte del AMBA es del 82,5 por ciento, mientras que para las provincias es del 17,5 por ciento.
Señor presidente: creo que esta visión atenta contra la justa distribución general de los recursos. Creo que debemos hacer un esfuerzo por contrarrestar esta situación.
Además, analizamos que para el año que viene tenemos 13.500 millones de pesos, y solamente a eso nosotros le incorporamos... (inaudible)
SR. PRESIDENTE HELLER Señor diputado: le pido que cierre su cámara. Hay dificultades para escucharlo.
Se interrumpe el audio.
SR. PRESIDENTE HELLER Señor diputado Cassinerio: le hice esa propuesta para que podamos escucharlo.
SR. CASSINERIO Señor presidente: decía que solamente con la proyección de la inflación en un 29 por ciento, para equiparar en 2021 lo previsto para 2020, necesitaríamos en el presupuesto cerca de 22.000 millones de pesos para los subsidios al transporte. Aun así, igualmente estaríamos muy por debajo de lo que son las proyecciones y la justa distribución de estos subsidios. Por eso, esta es una preocupación importante. Pedimos entonces que se pueda contemplar la ampliación presupuestaria en este rubro, que se vincula con la necesidad de muchísimas provincias argentinas. Creo que este tema merece más que nuestra atención.
Por otro lado, quiero hacer una apreciación sobre la atención a la emergencia agropecuaria y las afectaciones presupuestarias en virtud de la ley 26.509. Cabe señalar que en el presupuesto de 2020 tenemos previsto para esto una afectación de 500 millones de pesos.
Ese presupuesto para el año 2011 era también de 540 millones de pesos, momento en el cual el dólar cotizaba a 4,10 pesos. Esto significa que en este rubro esa partida representaba 137 millones de dólares. Si nosotros hacemos hoy la conversión a dólares, veremos que por supuesto estamos muy por debajo de ese monto. Necesitamos que para la Argentina en su conjunto, donde hay incendios y sequía, pero también inundaciones, se pueda ampliar el presupuesto destinado a las emergencias agropecuarias. Creemos que es algo más que válido, sobre todo en el momento que estamos atravesando como país. Por tanto también solicitamos que se incorporen mayores recursos en ese rubro.
Por lo pronto, también voy a reservar la palabra para la próxima sesión debido a que tenemos una serie de inquietudes sobre las cuales estamos consultando a nuestros ministros, gobernadores, etcétera, para poder plantearlas de la mejor manera posible.
Por otro lado, quiero hacer una apreciación sobre la atención a la emergencia agropecuaria y las afectaciones presupuestarias en virtud de la ley 26.509. Cabe señalar que en el presupuesto de 2020 tenemos previsto para esto una afectación de 500 millones de pesos.
Ese presupuesto para el año 2011 era también de 540 millones de pesos, momento en el cual el dólar cotizaba a 4,10 pesos. Esto significa que en este rubro esa partida representaba 137 millones de dólares. Si nosotros hacemos hoy la conversión a dólares, veremos que por supuesto estamos muy por debajo de ese monto. Necesitamos que para la Argentina en su conjunto, donde hay incendios y sequía, pero también inundaciones, se pueda ampliar el presupuesto destinado a las emergencias agropecuarias. Creemos que es algo más que válido, sobre todo en el momento que estamos atravesando como país. Por tanto también solicitamos que se incorporen mayores recursos en ese rubro.
Por lo pronto, también voy a reservar la palabra para la próxima sesión debido a que tenemos una serie de inquietudes sobre las cuales estamos consultando a nuestros ministros, gobernadores, etcétera, para poder plantearlas de la mejor manera posible.
SR. PRESIDENTE HELLER No hace falta que haga reserva anticipada, diputado. Va a tener el uso de la palabra cuando la pida.
Tiene la palabra el diputado Sergio Casas.
Tiene la palabra el diputado Sergio Casas.
SR. CASAS Muchas gracias, señor presidente.
Quiero decir que estoy contento por el hecho de que el diputado Pastori se haya hecho eco de lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Efectivamente, La Rioja sufre este problema desde hace treinta y dos años. En el presupuesto estos fondos siempre se consignan como fondos extras. Hay una cuestión ahí, porque lógicamente no se puede tratar la ley de coparticipación. Ya llegará el momento. En realidad son fondos en compensación del punto de coparticipación que se le sacó a La Rioja -así como a la provincia de Buenos Aires- hace treinta y dos años.
Hoy en el presupuesto se consignan 9.470 millones. Señor presidente: yo voy a insistir en una actualización. Usted lo sabe, porque yo lo digo permanentemente. Hoy el punto de coparticipación equivale a un tanto más de recursos, así que vamos a pedir esa actualización.
Por otro lado, apoyo la idea -porque lo vengo diciendo- de que los fondos para los municipios de la provincia quedaron desfasados. Se consignó lo mismo que la actualización que hemos votado hace un par de meses. Coincidimos en que tiene que tener un crecimiento similar. Nosotros ponemos una cifra de 460 millones para los municipios. Si se pudiera más, por supuesto que sería bienvenido.
Todo esto me alegra, porque fueron muchos años de lucha. Ahora estamos hablando para trabajar en forma conjunta con todos los diputados, no solo con los que acompañan en el Frente de Todos sino también con los diputados de la oposición, como Julio Sahad y Felipe Álvarez. Para La Rioja esto es histórico, porque durante muchos años se le negó esta posibilidad. Al mismo tiempo, voy a agradecer a todos los diputados y diputadas que van a acompañar en este sentido. Muchos han sido colegas gobernadores durante estos cuatro años en que se negó la actualización permanente. Pero eso ya es parte de la historia.
Lo importante es que estamos avanzando. Desde luego que coincidimos en que la estructura del artículo se tiene que mantener como venía de antes. Usted lo sabe, presidente, porque ya lo hemos hablado en esta comisión y también por teléfono. Así que coincidimos en esa estructura.
También considero que hoy estamos hablando de un presupuesto equilibrado, que se ajusta a las necesidades que vivimos por la crisis económica que venía de antes de la pandemia y que, por supuesto, continúa durante y seguirá existiendo luego, debido a que ya estamos viendo las consecuencias de los vaivenes de la economía macro. En tal sentido, se hacía necesario tener una visión de un presupuesto equilibrado, acorde, con una mirada puesta sobre todo en los que más tienen.
Para ir concluyendo, quiero decir muy brevemente que así como seguimos con la estructura, también hay algunas obras que no se han consignado en el presupuesto. En relación con esto ya me he tomado el trabajo de hablar con los distintos ministros, como Katopodis, Bielsa y Adrián Martínez, el flamante compañero que estuvo visitándonos la semana pasada en la inauguración de una parte del parque eólico de La Rioja. Me refiero a que seguimos con cero viviendas prácticamente para La Rioja y a que hay obras de infraestructura que no han sido contempladas, y el ministro Katopodis las va a hacer llegar a la comisión y a usted, señor presidente.
Las obras de energía y de agua tampoco fueron contempladas. Esto es fundamental para La Rioja, sobre todo porque es una provincia que, como dije anteriormente, ha sufrido las consecuencias de tener, por la quita del fondo de coparticipación en 1998, un atraso considerable. Yo sé que hoy podemos lograr todas estas cuestiones, que por otra parte no implican pedir nada más que lo que legítimamente nos corresponde. Seguramente, en el avance del debate del presupuesto vamos a hacer las intervenciones que sean necesarias.
Desde ya, muchísimas gracias al diputado Pastori y a usted, señor presidente, así como a todas las diputadas y diputados que hoy están presentes.
Quiero decir que estoy contento por el hecho de que el diputado Pastori se haya hecho eco de lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Efectivamente, La Rioja sufre este problema desde hace treinta y dos años. En el presupuesto estos fondos siempre se consignan como fondos extras. Hay una cuestión ahí, porque lógicamente no se puede tratar la ley de coparticipación. Ya llegará el momento. En realidad son fondos en compensación del punto de coparticipación que se le sacó a La Rioja -así como a la provincia de Buenos Aires- hace treinta y dos años.
Hoy en el presupuesto se consignan 9.470 millones. Señor presidente: yo voy a insistir en una actualización. Usted lo sabe, porque yo lo digo permanentemente. Hoy el punto de coparticipación equivale a un tanto más de recursos, así que vamos a pedir esa actualización.
Por otro lado, apoyo la idea -porque lo vengo diciendo- de que los fondos para los municipios de la provincia quedaron desfasados. Se consignó lo mismo que la actualización que hemos votado hace un par de meses. Coincidimos en que tiene que tener un crecimiento similar. Nosotros ponemos una cifra de 460 millones para los municipios. Si se pudiera más, por supuesto que sería bienvenido.
Todo esto me alegra, porque fueron muchos años de lucha. Ahora estamos hablando para trabajar en forma conjunta con todos los diputados, no solo con los que acompañan en el Frente de Todos sino también con los diputados de la oposición, como Julio Sahad y Felipe Álvarez. Para La Rioja esto es histórico, porque durante muchos años se le negó esta posibilidad. Al mismo tiempo, voy a agradecer a todos los diputados y diputadas que van a acompañar en este sentido. Muchos han sido colegas gobernadores durante estos cuatro años en que se negó la actualización permanente. Pero eso ya es parte de la historia.
Lo importante es que estamos avanzando. Desde luego que coincidimos en que la estructura del artículo se tiene que mantener como venía de antes. Usted lo sabe, presidente, porque ya lo hemos hablado en esta comisión y también por teléfono. Así que coincidimos en esa estructura.
También considero que hoy estamos hablando de un presupuesto equilibrado, que se ajusta a las necesidades que vivimos por la crisis económica que venía de antes de la pandemia y que, por supuesto, continúa durante y seguirá existiendo luego, debido a que ya estamos viendo las consecuencias de los vaivenes de la economía macro. En tal sentido, se hacía necesario tener una visión de un presupuesto equilibrado, acorde, con una mirada puesta sobre todo en los que más tienen.
Para ir concluyendo, quiero decir muy brevemente que así como seguimos con la estructura, también hay algunas obras que no se han consignado en el presupuesto. En relación con esto ya me he tomado el trabajo de hablar con los distintos ministros, como Katopodis, Bielsa y Adrián Martínez, el flamante compañero que estuvo visitándonos la semana pasada en la inauguración de una parte del parque eólico de La Rioja. Me refiero a que seguimos con cero viviendas prácticamente para La Rioja y a que hay obras de infraestructura que no han sido contempladas, y el ministro Katopodis las va a hacer llegar a la comisión y a usted, señor presidente.
Las obras de energía y de agua tampoco fueron contempladas. Esto es fundamental para La Rioja, sobre todo porque es una provincia que, como dije anteriormente, ha sufrido las consecuencias de tener, por la quita del fondo de coparticipación en 1998, un atraso considerable. Yo sé que hoy podemos lograr todas estas cuestiones, que por otra parte no implican pedir nada más que lo que legítimamente nos corresponde. Seguramente, en el avance del debate del presupuesto vamos a hacer las intervenciones que sean necesarias.
Desde ya, muchísimas gracias al diputado Pastori y a usted, señor presidente, así como a todas las diputadas y diputados que hoy están presentes.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero.
Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero.
SR. ROMERO (V. H.) Gracias, presidente.
Quisiera plantear el tema de las cooperativas eléctricas. En cada una de nuestras provincias tenemos reclamos. Me alegra esta posibilidad que hay de analizar la incorporación en el artículo 87 de las consideraciones de los beneficios que la Nación les da a las distribuidoras del país y que se incluya a su vez a las cooperativas. En muchas provincias, las cooperativas tienen una participación activa en la distribución eléctrica y lo cierto es que afrontan un sobrecosto que casi nunca es reconocido. Entonces, me parece bueno y le agradezco el análisis, señor presidente.
También quisiera comentar una inquietud que tenía cuando era intendente y seguí manteniendo en las distintas funciones de la administración municipal que me tocó ejercer. Tiene que ver con el artículo 14, que habla de la ley de educación. Se mantiene ese artículo e inclusive se garantiza la distribución automática en cuanto al gasto en educación, tanto para las provincias como para la Ciudad de Buenos Aires. Siempre se incluye un artículo para los municipios con el fin de cubrir gastos ligados exclusivamente a la finalidad y función educativa. En esto, señor presidente, le quiero comentar -y seguramente haya muchos diputados que sepan de lo que hablo- que este fondo de la ley 26.075 no es extra sino que se extrae de la coparticipación. Entonces, cuando tenemos la coparticipación bruta que da la ley de coparticipación, a principios de enero de cada año se actualiza el monto, se lo descuenta y queda la coparticipación neta. En algunas provincias ese fondo de educación que se extrae de la coparticipación es coparticipado a los municipios. Esto quiere decir que los municipios, en este caso, reciben la coparticipación.
Asimismo, hay un tema que se da en la realidad de todos los municipios del país: la educación no formal siempre tiene una incidencia importante en el municipalismo argentino y eso les permite cubrir gastos en guarderías, trabajos culturales y aquellas capacitaciones en oficios que son parte integrante de la ley de educación nacional. Sin embargo, hay otras provincias que no los distribuyen; en otras provincias quedan extraídos de la coparticipación estos fondos de la ley nacional. Por eso, sería bueno dejar aclarado en este artículo que el reparto automático para los municipios, sobre los gastos estrictamente ligados a finalidad y función educativas, sea tanto para la educación formal como para la no formal. Aclaro nuevamente que hay muchas provincias que lo distribuyen pero otras no, como por ejemplo Córdoba, que hace muchos años no lo hace, lo cual significa un perjuicio directo para la recaudación de los municipios.
Insisto: este fondo se extrae como un fondo específico de la ley de coparticipación y por eso afecta a la distribución final de los municipios. Sería bueno que se incluya en este artículo la posibilidad de que sea para educación formal y no formal, y que de esa manera estemos garantizando la distribución a los municipios de todo el país. Esa ley tiene como fundamento la educación y sabemos que hay muy pocos municipios en el país que tienen educación formal -primaria y algunos secundaria-, mientras que la mayoría tienen gastos por educación no formal, capacitación y otros más. Por lo tanto, si le parece, luego le envío por privado cómo sería la alternativa para que se evalúe.
El otro tema es el monto asignado para las universidades. Sería bueno si, en la próxima reunión, debatimos el tema y podemos tener más información. Cuando uno analiza el monto de 2019 y el que se prevé para 2021, observa que el incremento para las universidades -tanto en asignación directa para sueldos como en gastos de funcionamiento- es menor a la inflación.
Por lo tanto, sería bueno poder contar para la próxima reunión con un análisis al respecto y considerar también la distribución que se hace, de forma de garantizar que la distribución de los gastos de funcionamiento se haga en función de los actuales. Estos son los dos puntos que me permito comentar para analizar.
Quisiera plantear el tema de las cooperativas eléctricas. En cada una de nuestras provincias tenemos reclamos. Me alegra esta posibilidad que hay de analizar la incorporación en el artículo 87 de las consideraciones de los beneficios que la Nación les da a las distribuidoras del país y que se incluya a su vez a las cooperativas. En muchas provincias, las cooperativas tienen una participación activa en la distribución eléctrica y lo cierto es que afrontan un sobrecosto que casi nunca es reconocido. Entonces, me parece bueno y le agradezco el análisis, señor presidente.
También quisiera comentar una inquietud que tenía cuando era intendente y seguí manteniendo en las distintas funciones de la administración municipal que me tocó ejercer. Tiene que ver con el artículo 14, que habla de la ley de educación. Se mantiene ese artículo e inclusive se garantiza la distribución automática en cuanto al gasto en educación, tanto para las provincias como para la Ciudad de Buenos Aires. Siempre se incluye un artículo para los municipios con el fin de cubrir gastos ligados exclusivamente a la finalidad y función educativa. En esto, señor presidente, le quiero comentar -y seguramente haya muchos diputados que sepan de lo que hablo- que este fondo de la ley 26.075 no es extra sino que se extrae de la coparticipación. Entonces, cuando tenemos la coparticipación bruta que da la ley de coparticipación, a principios de enero de cada año se actualiza el monto, se lo descuenta y queda la coparticipación neta. En algunas provincias ese fondo de educación que se extrae de la coparticipación es coparticipado a los municipios. Esto quiere decir que los municipios, en este caso, reciben la coparticipación.
Asimismo, hay un tema que se da en la realidad de todos los municipios del país: la educación no formal siempre tiene una incidencia importante en el municipalismo argentino y eso les permite cubrir gastos en guarderías, trabajos culturales y aquellas capacitaciones en oficios que son parte integrante de la ley de educación nacional. Sin embargo, hay otras provincias que no los distribuyen; en otras provincias quedan extraídos de la coparticipación estos fondos de la ley nacional. Por eso, sería bueno dejar aclarado en este artículo que el reparto automático para los municipios, sobre los gastos estrictamente ligados a finalidad y función educativas, sea tanto para la educación formal como para la no formal. Aclaro nuevamente que hay muchas provincias que lo distribuyen pero otras no, como por ejemplo Córdoba, que hace muchos años no lo hace, lo cual significa un perjuicio directo para la recaudación de los municipios.
Insisto: este fondo se extrae como un fondo específico de la ley de coparticipación y por eso afecta a la distribución final de los municipios. Sería bueno que se incluya en este artículo la posibilidad de que sea para educación formal y no formal, y que de esa manera estemos garantizando la distribución a los municipios de todo el país. Esa ley tiene como fundamento la educación y sabemos que hay muy pocos municipios en el país que tienen educación formal -primaria y algunos secundaria-, mientras que la mayoría tienen gastos por educación no formal, capacitación y otros más. Por lo tanto, si le parece, luego le envío por privado cómo sería la alternativa para que se evalúe.
El otro tema es el monto asignado para las universidades. Sería bueno si, en la próxima reunión, debatimos el tema y podemos tener más información. Cuando uno analiza el monto de 2019 y el que se prevé para 2021, observa que el incremento para las universidades -tanto en asignación directa para sueldos como en gastos de funcionamiento- es menor a la inflación.
Por lo tanto, sería bueno poder contar para la próxima reunión con un análisis al respecto y considerar también la distribución que se hace, de forma de garantizar que la distribución de los gastos de funcionamiento se haga en función de los actuales. Estos son los dos puntos que me permito comentar para analizar.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el diputado Rizzotti.
SR. RIZZOTTI Señor presidente: como bien decía el diputado Pastori, desde nuestro bloque le hemos hecho llegar los requerimientos de cada uno de los distritos de las provincias. Seguramente, será él quien tendrá de alguna manera el nexo con usted para avanzar.
No quiero dejar pasar la oportunidad para expresar algunos trazos gruesos que tienen que ver en general con el presupuesto, con esta expresión de deseos del presupuesto, que realmente espero pueda cumplir con las expectativas.
Como distrito, entendiendo que la frazada es corta, pedimos que nos tape un poco a todos y, en todo caso, que lo poco que nos destape sea proporcional.
Quiero reivindicar la necesidad de que el presupuesto sea federal y que el acompañamiento a las provincias se refleje en números y en hechos puntuales. Ya el diputado Pastori decía que una de las cosas sobre las que esperamos una respuesta favorable en el presupuesto es la relativa al acompañamiento por parte del Tesoro Nacional en la refinanciación de las deudas que mantienen nuestras provincias -puntualmente en el caso de la provincia de Jujuy- con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Además, se deben tratar de limar en el presupuesto las asimetrías de las economías regionales, ya que hay una gran demanda al respecto. Esperamos que se pueda dar solución a este tema, que tiene que ver con el acercamiento de las economías regionales, de las producciones locales a los puertos.
En esto es importante -lo he expresado ante el ministro de Obras Públicas- que se terminen algunas rutas que hoy están en proceso -como la Ruta N° 34- y que se retomen otras -como la Ruta N° 66-. Fundamentalmente, creo necesario que se le haga llegar a cada provincia una ayuda proporcional para acercar a nuestros productores al puerto porque, de lo contrario, la situación se nos hace muy compleja.
En cuanto a las planillas de avales, obviamente agradecemos y reconocemos la intención del gobierno nacional de avalar un préstamo para la provincia de Jujuy de 300 millones de dólares para la creación del parque fotovoltaico Cauchari IV y V. Como todos sabemos, gracias a los parques Cauchari I, II y III, Jujuy actualmente inyecta al sistema de energía nacional 300 megavatios de energía limpia a través de una licitación que ganó la provincia. Con este aval que nos dan apuntaremos a la construcción del parque Cauchari IV, V y VI.
También están los proyectos fotovoltaicos para la distribución en toda la provincia, como la Finca del Parque Solar "El Pongo". Se trata de avales y créditos cuyo cumplimiento seguramente podremos honrar desde la provincia de Jujuy ya que los parques solares se autosustentan.
Se otorgan avales para la construcción de nuevas líneas ferroviarias, sobre todo para reforzar la línea que va de Chalicán-Yuto a Pichanal, que es la conexión del ramal entre la provincia de Jujuy y Salta y que llega al límite con Bolivia.
Sería muy difícil hacer estas inversiones con financiamiento a cargo de la provincia. Por eso solicito que, en este presupuesto, sea el Estado nacional el que acompañe el financiamiento de esta obra que tiene que ver nada más y nada menos que con la recuperación de nuestra red ferroviaria para acercar a nuestros productores.
Todos sabemos que cada tres camiones de granos de nuestros productores que van al puerto, dos son para impuestos y para gastos. Entonces, la asimetría nos obliga a efectuar estos pedidos, a solicitar que la frazada nos cubra a todos.
Lo mismo cabe decir, por supuesto, sobre lo que planteó el diputado Cano y también otros diputados respecto del subsidio al transporte. El ver la asignación que tiene el subsidio al transporte urbano en el AMBA y lo que ocurre en el resto de las provincias nos obliga a decir que es necesario que haya una distribución más federal.
Finalmente, desde este punto de vista, en la provincia de Jujuy el sistema de agua potable y de saneamiento está hecho por una empresa del Estado, "Agua Potable de Jujuy S. E."; en 2015 se reestatizó la empresa privada "Agua de los Andes" y pedimos el acompañamiento -esto se le transmitió al ministro de Obras Públicas-. Hay proyectos presentados de las provincias para ser financiados por el ENOSA.
El ver las transferencias que se hacen para recursos corrientes a AYSA por 19.000 millones de pesos o para obras a través de ingresos de capital por 75.000 millones de pesos motiva que los diputados del interior propongamos la federalización de estos recursos para que el agua potable y el saneamiento realmente lleguen a todos los rincones, fundamentalmente a las provincias como la nuestra donde, por su geografía y topografía, se hace muy difícil cumplir con esta necesidad básica de nuestro pueblo.
Estas son las cosas que no quería dejar de mencionar, más allá de lo que plantearemos en el tratamiento general, tal como decía el diputado Pastori.
No quiero dejar pasar la oportunidad para expresar algunos trazos gruesos que tienen que ver en general con el presupuesto, con esta expresión de deseos del presupuesto, que realmente espero pueda cumplir con las expectativas.
Como distrito, entendiendo que la frazada es corta, pedimos que nos tape un poco a todos y, en todo caso, que lo poco que nos destape sea proporcional.
Quiero reivindicar la necesidad de que el presupuesto sea federal y que el acompañamiento a las provincias se refleje en números y en hechos puntuales. Ya el diputado Pastori decía que una de las cosas sobre las que esperamos una respuesta favorable en el presupuesto es la relativa al acompañamiento por parte del Tesoro Nacional en la refinanciación de las deudas que mantienen nuestras provincias -puntualmente en el caso de la provincia de Jujuy- con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Además, se deben tratar de limar en el presupuesto las asimetrías de las economías regionales, ya que hay una gran demanda al respecto. Esperamos que se pueda dar solución a este tema, que tiene que ver con el acercamiento de las economías regionales, de las producciones locales a los puertos.
En esto es importante -lo he expresado ante el ministro de Obras Públicas- que se terminen algunas rutas que hoy están en proceso -como la Ruta N° 34- y que se retomen otras -como la Ruta N° 66-. Fundamentalmente, creo necesario que se le haga llegar a cada provincia una ayuda proporcional para acercar a nuestros productores al puerto porque, de lo contrario, la situación se nos hace muy compleja.
En cuanto a las planillas de avales, obviamente agradecemos y reconocemos la intención del gobierno nacional de avalar un préstamo para la provincia de Jujuy de 300 millones de dólares para la creación del parque fotovoltaico Cauchari IV y V. Como todos sabemos, gracias a los parques Cauchari I, II y III, Jujuy actualmente inyecta al sistema de energía nacional 300 megavatios de energía limpia a través de una licitación que ganó la provincia. Con este aval que nos dan apuntaremos a la construcción del parque Cauchari IV, V y VI.
También están los proyectos fotovoltaicos para la distribución en toda la provincia, como la Finca del Parque Solar "El Pongo". Se trata de avales y créditos cuyo cumplimiento seguramente podremos honrar desde la provincia de Jujuy ya que los parques solares se autosustentan.
Se otorgan avales para la construcción de nuevas líneas ferroviarias, sobre todo para reforzar la línea que va de Chalicán-Yuto a Pichanal, que es la conexión del ramal entre la provincia de Jujuy y Salta y que llega al límite con Bolivia.
Sería muy difícil hacer estas inversiones con financiamiento a cargo de la provincia. Por eso solicito que, en este presupuesto, sea el Estado nacional el que acompañe el financiamiento de esta obra que tiene que ver nada más y nada menos que con la recuperación de nuestra red ferroviaria para acercar a nuestros productores.
Todos sabemos que cada tres camiones de granos de nuestros productores que van al puerto, dos son para impuestos y para gastos. Entonces, la asimetría nos obliga a efectuar estos pedidos, a solicitar que la frazada nos cubra a todos.
Lo mismo cabe decir, por supuesto, sobre lo que planteó el diputado Cano y también otros diputados respecto del subsidio al transporte. El ver la asignación que tiene el subsidio al transporte urbano en el AMBA y lo que ocurre en el resto de las provincias nos obliga a decir que es necesario que haya una distribución más federal.
Finalmente, desde este punto de vista, en la provincia de Jujuy el sistema de agua potable y de saneamiento está hecho por una empresa del Estado, "Agua Potable de Jujuy S. E."; en 2015 se reestatizó la empresa privada "Agua de los Andes" y pedimos el acompañamiento -esto se le transmitió al ministro de Obras Públicas-. Hay proyectos presentados de las provincias para ser financiados por el ENOSA.
El ver las transferencias que se hacen para recursos corrientes a AYSA por 19.000 millones de pesos o para obras a través de ingresos de capital por 75.000 millones de pesos motiva que los diputados del interior propongamos la federalización de estos recursos para que el agua potable y el saneamiento realmente lleguen a todos los rincones, fundamentalmente a las provincias como la nuestra donde, por su geografía y topografía, se hace muy difícil cumplir con esta necesidad básica de nuestro pueblo.
Estas son las cosas que no quería dejar de mencionar, más allá de lo que plantearemos en el tratamiento general, tal como decía el diputado Pastori.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el diputado Del Caño.
SR. DEL CAÑO Señor presidente: antes de referirme al presupuesto, voy a plantear algunas cuestiones para agregar a las ya mencionadas en reuniones anteriores.
En primer lugar, quisiera repudiar la represión que han sufrido las familias que reclaman viviendas en la localidad de Rafael Castillo -en La Matanza- y en la ciudad de La Plata, en el barrio de Los Hornos en particular, donde la Policía Bonaerense directamente ha quemado las casillas de estas familias. En Rafael Castillo la policía ha ingresado sin ninguna orden judicial, incluso con policías de civil.
La verdad, este accionar es totalmente repudiable, al igual que la campaña de demonización que muchos sectores hacen de estas familias humildes que simplemente reclaman un pedazo de tierra y el derecho a tener una vivienda -lo que tanto se le ha negado por parte del Estado durante todos estos años-.
Va mi solidaridad con esas familias, que todos sabemos que no están allí porque les guste sino porque son trabajadores o trabajadoras informales que se quedaron sin ingresos, no tienen donde ir y no pueden pagar un alquiler.
En cuanto al presupuesto, hemos hecho diversos señalamientos en las consultas que tuvimos con los funcionarios, incluso con el ministro Guzmán en la presentación. Creo que lo primero que debemos decir es que es un presupuesto claramente de ajuste hecho a la medida de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Hoy tenemos una situación agravada de la crisis económica que nos dejó el gobierno de Macri.
Frente a la pandemia que exigía medidas extraordinarias -reforzar el sistema sanitario, proteger a las mayorías populares de las consecuencias económicas de esta situación-, el gobierno mantuvo como prioridad cerrar el acuerdo con los especuladores para pagar la deuda fraudulenta y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Quiero decir algo que me parece muy importante ya que últimamente hemos escuchado -al igual que en el gobierno de Macri- que el FMI es bueno. Hoy la titular del Fondo es Kristalina Georgieva. No es la misma que estaba durante el gobierno de Mauricio Macri, sin embargo, nuevamente se nos dice que el Fondo habría reflexionado.
Mire, señor presidente, hoy el FMI está exigiendo un brutal ajuste en el Ecuador. Incluso, le está exigiendo a Bolsonaro -de quien no podemos decir que no haya hecho ajustes al pueblo de Brasil- que recorte el coronavoucher, que es como el IFE argentino. También está exigiendo duros ajustes en Costa Rica que están siendo resistidos por decenas de miles de ciudadanos en las calles. Ellos son un gran ejemplo para nuestro país y para toda América Latina de cómo hay que enfrentar los planes del Fondo Monetario Internacional.
Creo que todos sabemos que la catástrofe social es inmensa y los datos propios del INDEC lo confirman. Si bien refieren al segundo semestre, la pobreza superó el 40 por ciento, la desocupación registra un 13,1 por ciento cuando hubiese llegado al 29 por ciento, de haber sumado a todas las personas que dejaron de buscar empleo. Habría que ver qué datos tenemos hoy, pero sabemos que la situación realmente es gravísima y la están padeciendo las grandes mayorías populares. Esto es así porque en este contexto de pandemia, el gobierno tuvo como prioridad el acuerdo con los especuladores.
El gobierno sacó un decreto para prohibir los despidos, pero eso generó que no solamente se despidieran trabajadores informales -que no fueron contemplados- sino trabajadores registrados, que también fueron despedidos de sus empleos.
Respecto a los salarios, en ese mismo decreto se planteaba la posibilidad de las rebajas salariales. Eso resultó en un festival de bajas salariales y: hemos tenido salarios congelados o ajustados de millones de trabajadores y trabajadores.
Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de los trabajadores del Estado nacional. La conducción de UPCN firmó vergonzosamente un aumento del 7 por ciento a partir de octubre, cuando la inflación que estima el propio gobierno para este año en el presupuesto 2021 es del 32 por ciento. Somos benévolos. Podemos decir 32 por ciento pero el aumento del 7 por ciento recién va a ser a partir del mes de octubre. Es decir, claramente estamos frente a una política de ajuste del gobierno sobre los salarios de trabajadoras y trabajadores.
Respecto a las jubiladas y los jubilados, en diciembre del año pasado se ha suspendido la movilidad por una falsa consideración de solidaridad por parte de un jubilado o jubilada que trabajó toda su vida y cobraba 20.000 pesos. A ese jubilado había que sacarle dinero para dárselo a quien estaba aún peor, en lugar de tocar los intereses de los bancos y de los grandes grupos económicos, como proponía el presidente en su campaña. Los bancos siguieron ganando.
Por este contexto no solo ha habido perdedores, como las grandes mayorías, sino que también ha habido ganadores. Por ejemplo, las patronales agrarias o las grandes cerealeras, que están presionando con su chantaje por una mayor devaluación y ya obtuvieron las rebajas de las retenciones.
Los bancos también continuaron beneficiándose, esta vez con el "negoción" de las Leliq. Ahora han aumentado nuevamente las tasas que paga el Banco Central.
Ni hablar de los grandes monopolios, como Mercado Libre o Mercado Pago, para los que se votó la Ley de Economía del Conocimiento el otro día.
También han ganado las empresas de las aplicaciones, como Rappi o Pedidos Ya, explotadoras que no reconocen ningún derecho de sus trabajadoras y trabajadores.
Entonces, cuando decimos "brutal ajuste" es porque en este presupuesto hay un punto clave, que lo confirmó el ministro Arroyo en la última reunión, y es que directamente se elimina el IFE; incluso, ahora está en suspenso el cuarto IFE.
¿Por qué decimos "brutal ajuste"? Porque nadie puede decir que este presupuesto 2021 no es de ajuste porque hay que descontar el paquete de emergencia del Covid-19 que se dio este año, como se nos ha respondido, cuando todos los especialistas dicen que el año que viene -al menos hasta bien entrado el mes de abril- va a continuar la pandemia.
Las consecuencias sociales también van a continuar. Por eso, eliminar el IFE, que en definitiva estamos hablando solamente de 5.000 pesos por mes -es decir, tres IFE de 10.000 pesos en seis meses por familia, ni siquiera por persona- es muy insuficiente. O sea, ni siquiera destinarán esos 5.000 pesos a todas las personas que se quedaron sin la posibilidad de tener un ingreso, que perdieron su trabajo, que hacen changas y se las rebuscan como pueden.
Este contexto actual no solamente va a continuar sino que se va a agudizar. En este sentido, hay un claro ajuste que va en sintonía con aquello que señalábamos sobre la reducción de los gastos primarios en términos reales de aproximadamente el 10 por ciento, si comparamos el presupuesto 2021 con el presupuesto 2020.
El gobierno dice que eventualmente en el 2021 analizará si hay que tomar alguna otra medida porque continúa la pandemia, pero tenemos récord de contagios en la Argentina y nuevos rebrotes en muchas partes del mundo, como en Europa. Me parece que habría que hacer al revés: ya tendríamos que estar contemplando la emergencia y, en todo caso, si el 1° de enero, de un día para el otro, se termina la pobreza, rever las necesidades de la emergencia y de la pandemia. Pero no, la lógica siempre es al revés, como vemos en este presupuesto.
Por otra parte, me parece muy importante tener en cuenta que, sumado a la eliminación del IFE, se está planteando un ajuste del 10 por ciento en términos reales de los gastos primarios. En este sentido, cabe destacar lo que sucede con Salud, me refiero al recorte del 10 por ciento en el presupuesto para dicho área, una partida más que importante en el marco de la pandemia.
Con respecto a la vivienda, ya hemos señalado en las reuniones con los distintos funcionarios que nos llamó la atención que se planteaba un gasto para viviendas nuevas a entregar en el 2021. Si no recuerdo mal, en este presupuesto se destinarían 150 millones de dólares para esas 12.000 viviendas que se pretenden construir y entregar en el 2021, cuando sabemos que el déficit de viviendas nuevas es de 1.300.000 en la Argentina.
Entonces, por un lado, el presupuesto contempla esa situación y, por el otro, surge un contraste con los 6.000 millones que se van a pagar de deuda -más 1.400 millones de intereses- al Fondo Monetario Internacional.
Todo ello sucede en el marco de los reclamos de las familias de Guernica -y de muchos otros lugares- por acceder a una vivienda, a quienes se las amenaza con desalojos y no se les dan respuestas efectivas, como estamos viendo actualmente.
Entonces, durante estos días vimos cómo se criminaliza a las familias que reclaman viviendas contrastado con la mano blanda frente a los Vicentín o a los especuladores, a quienes se les cedió 17.000 millones de dólares en el canje de la deuda, desde la primera propuesta del gobierno, en abril, y la última, que fue la definitiva; o a los bancos, que se le aumentaron las tasas que paga el Banco Central.
Es decir, hay un claro contraste entre el trato por parte del gobierno hacia los sectores populares y hacia los sectores de los grandes grupos económicos más concentrados y los especuladores.
Podríamos señalar muchas cosas más como, por ejemplo, lo que deja de recaudar el Estado todos los años al no cobrarle un impuesto a las ganancias a los jueces. Estoy hablando de 41.000 millones de pesos.
También podríamos mencionar el tema de las deducciones de las contribuciones patronales. Me refiero a todos los beneficios por reducción de contribuciones patronales que suman, aproximadamente, 70.000 millones de pesos.
Estos dos ejemplos podrían significar, nada más y nada menos, un IFE de 10.000 pesos a 11 millones de personas. Sin embargo, no se modifica nada. Estos sectores siguen teniendo sus beneficios mientras se recorta el IFE.
También podríamos hablar del aumento de las tarifas. Los funcionarios dijeron que las tarifas van a aumentar, aunque no pudieron precisar exactamente cuánto, como si estas empresas no se hubiesen beneficiado lo suficiente con los tarifazos durante los años del gobierno de Macri.
Otro tema que abordaremos en una próxima reunión o en el recinto es el de los ajustes en las provincias. Hace un tiempo, sobre todo en estos últimos meses, lo vemos en la provincia de Chubut. Allí, trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, están reclamando porque no les pagan los salarios ni los aguinaldos. Miles y miles de trabajadoras y trabajadores de la provincia están sufriendo un ajuste permanente.
En síntesis, señor presidente, la alternativa es muy clara: en esta situación la crisis la siguen pagando los mismos de siempre. O se toman las medidas necesarias y de fondo para que esta crisis no la paguen los mismos de siempre sino los grandes grupos económicos, comenzando por el desconocimiento de la deuda y el monopolio estatal del comercio exterior, para no terminar como dijo Kicillof en 2014, cuando el gobierno devaluó y dijo que el mercado nos había impuesto la devaluación.
Por supuesto, este proyecto de presupuesto ya quedó desactualizado porque hay una fuerte presión y ya hay aumento de precios y mayor devaluación.
Así que, en síntesis, el rumbo que nosotros planteamos es completamente distinto a lo que se expresa en este proyecto de ley de presupuesto.
En primer lugar, quisiera repudiar la represión que han sufrido las familias que reclaman viviendas en la localidad de Rafael Castillo -en La Matanza- y en la ciudad de La Plata, en el barrio de Los Hornos en particular, donde la Policía Bonaerense directamente ha quemado las casillas de estas familias. En Rafael Castillo la policía ha ingresado sin ninguna orden judicial, incluso con policías de civil.
La verdad, este accionar es totalmente repudiable, al igual que la campaña de demonización que muchos sectores hacen de estas familias humildes que simplemente reclaman un pedazo de tierra y el derecho a tener una vivienda -lo que tanto se le ha negado por parte del Estado durante todos estos años-.
Va mi solidaridad con esas familias, que todos sabemos que no están allí porque les guste sino porque son trabajadores o trabajadoras informales que se quedaron sin ingresos, no tienen donde ir y no pueden pagar un alquiler.
En cuanto al presupuesto, hemos hecho diversos señalamientos en las consultas que tuvimos con los funcionarios, incluso con el ministro Guzmán en la presentación. Creo que lo primero que debemos decir es que es un presupuesto claramente de ajuste hecho a la medida de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Hoy tenemos una situación agravada de la crisis económica que nos dejó el gobierno de Macri.
Frente a la pandemia que exigía medidas extraordinarias -reforzar el sistema sanitario, proteger a las mayorías populares de las consecuencias económicas de esta situación-, el gobierno mantuvo como prioridad cerrar el acuerdo con los especuladores para pagar la deuda fraudulenta y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Quiero decir algo que me parece muy importante ya que últimamente hemos escuchado -al igual que en el gobierno de Macri- que el FMI es bueno. Hoy la titular del Fondo es Kristalina Georgieva. No es la misma que estaba durante el gobierno de Mauricio Macri, sin embargo, nuevamente se nos dice que el Fondo habría reflexionado.
Mire, señor presidente, hoy el FMI está exigiendo un brutal ajuste en el Ecuador. Incluso, le está exigiendo a Bolsonaro -de quien no podemos decir que no haya hecho ajustes al pueblo de Brasil- que recorte el coronavoucher, que es como el IFE argentino. También está exigiendo duros ajustes en Costa Rica que están siendo resistidos por decenas de miles de ciudadanos en las calles. Ellos son un gran ejemplo para nuestro país y para toda América Latina de cómo hay que enfrentar los planes del Fondo Monetario Internacional.
Creo que todos sabemos que la catástrofe social es inmensa y los datos propios del INDEC lo confirman. Si bien refieren al segundo semestre, la pobreza superó el 40 por ciento, la desocupación registra un 13,1 por ciento cuando hubiese llegado al 29 por ciento, de haber sumado a todas las personas que dejaron de buscar empleo. Habría que ver qué datos tenemos hoy, pero sabemos que la situación realmente es gravísima y la están padeciendo las grandes mayorías populares. Esto es así porque en este contexto de pandemia, el gobierno tuvo como prioridad el acuerdo con los especuladores.
El gobierno sacó un decreto para prohibir los despidos, pero eso generó que no solamente se despidieran trabajadores informales -que no fueron contemplados- sino trabajadores registrados, que también fueron despedidos de sus empleos.
Respecto a los salarios, en ese mismo decreto se planteaba la posibilidad de las rebajas salariales. Eso resultó en un festival de bajas salariales y: hemos tenido salarios congelados o ajustados de millones de trabajadores y trabajadores.
Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de los trabajadores del Estado nacional. La conducción de UPCN firmó vergonzosamente un aumento del 7 por ciento a partir de octubre, cuando la inflación que estima el propio gobierno para este año en el presupuesto 2021 es del 32 por ciento. Somos benévolos. Podemos decir 32 por ciento pero el aumento del 7 por ciento recién va a ser a partir del mes de octubre. Es decir, claramente estamos frente a una política de ajuste del gobierno sobre los salarios de trabajadoras y trabajadores.
Respecto a las jubiladas y los jubilados, en diciembre del año pasado se ha suspendido la movilidad por una falsa consideración de solidaridad por parte de un jubilado o jubilada que trabajó toda su vida y cobraba 20.000 pesos. A ese jubilado había que sacarle dinero para dárselo a quien estaba aún peor, en lugar de tocar los intereses de los bancos y de los grandes grupos económicos, como proponía el presidente en su campaña. Los bancos siguieron ganando.
Por este contexto no solo ha habido perdedores, como las grandes mayorías, sino que también ha habido ganadores. Por ejemplo, las patronales agrarias o las grandes cerealeras, que están presionando con su chantaje por una mayor devaluación y ya obtuvieron las rebajas de las retenciones.
Los bancos también continuaron beneficiándose, esta vez con el "negoción" de las Leliq. Ahora han aumentado nuevamente las tasas que paga el Banco Central.
Ni hablar de los grandes monopolios, como Mercado Libre o Mercado Pago, para los que se votó la Ley de Economía del Conocimiento el otro día.
También han ganado las empresas de las aplicaciones, como Rappi o Pedidos Ya, explotadoras que no reconocen ningún derecho de sus trabajadoras y trabajadores.
Entonces, cuando decimos "brutal ajuste" es porque en este presupuesto hay un punto clave, que lo confirmó el ministro Arroyo en la última reunión, y es que directamente se elimina el IFE; incluso, ahora está en suspenso el cuarto IFE.
¿Por qué decimos "brutal ajuste"? Porque nadie puede decir que este presupuesto 2021 no es de ajuste porque hay que descontar el paquete de emergencia del Covid-19 que se dio este año, como se nos ha respondido, cuando todos los especialistas dicen que el año que viene -al menos hasta bien entrado el mes de abril- va a continuar la pandemia.
Las consecuencias sociales también van a continuar. Por eso, eliminar el IFE, que en definitiva estamos hablando solamente de 5.000 pesos por mes -es decir, tres IFE de 10.000 pesos en seis meses por familia, ni siquiera por persona- es muy insuficiente. O sea, ni siquiera destinarán esos 5.000 pesos a todas las personas que se quedaron sin la posibilidad de tener un ingreso, que perdieron su trabajo, que hacen changas y se las rebuscan como pueden.
Este contexto actual no solamente va a continuar sino que se va a agudizar. En este sentido, hay un claro ajuste que va en sintonía con aquello que señalábamos sobre la reducción de los gastos primarios en términos reales de aproximadamente el 10 por ciento, si comparamos el presupuesto 2021 con el presupuesto 2020.
El gobierno dice que eventualmente en el 2021 analizará si hay que tomar alguna otra medida porque continúa la pandemia, pero tenemos récord de contagios en la Argentina y nuevos rebrotes en muchas partes del mundo, como en Europa. Me parece que habría que hacer al revés: ya tendríamos que estar contemplando la emergencia y, en todo caso, si el 1° de enero, de un día para el otro, se termina la pobreza, rever las necesidades de la emergencia y de la pandemia. Pero no, la lógica siempre es al revés, como vemos en este presupuesto.
Por otra parte, me parece muy importante tener en cuenta que, sumado a la eliminación del IFE, se está planteando un ajuste del 10 por ciento en términos reales de los gastos primarios. En este sentido, cabe destacar lo que sucede con Salud, me refiero al recorte del 10 por ciento en el presupuesto para dicho área, una partida más que importante en el marco de la pandemia.
Con respecto a la vivienda, ya hemos señalado en las reuniones con los distintos funcionarios que nos llamó la atención que se planteaba un gasto para viviendas nuevas a entregar en el 2021. Si no recuerdo mal, en este presupuesto se destinarían 150 millones de dólares para esas 12.000 viviendas que se pretenden construir y entregar en el 2021, cuando sabemos que el déficit de viviendas nuevas es de 1.300.000 en la Argentina.
Entonces, por un lado, el presupuesto contempla esa situación y, por el otro, surge un contraste con los 6.000 millones que se van a pagar de deuda -más 1.400 millones de intereses- al Fondo Monetario Internacional.
Todo ello sucede en el marco de los reclamos de las familias de Guernica -y de muchos otros lugares- por acceder a una vivienda, a quienes se las amenaza con desalojos y no se les dan respuestas efectivas, como estamos viendo actualmente.
Entonces, durante estos días vimos cómo se criminaliza a las familias que reclaman viviendas contrastado con la mano blanda frente a los Vicentín o a los especuladores, a quienes se les cedió 17.000 millones de dólares en el canje de la deuda, desde la primera propuesta del gobierno, en abril, y la última, que fue la definitiva; o a los bancos, que se le aumentaron las tasas que paga el Banco Central.
Es decir, hay un claro contraste entre el trato por parte del gobierno hacia los sectores populares y hacia los sectores de los grandes grupos económicos más concentrados y los especuladores.
Podríamos señalar muchas cosas más como, por ejemplo, lo que deja de recaudar el Estado todos los años al no cobrarle un impuesto a las ganancias a los jueces. Estoy hablando de 41.000 millones de pesos.
También podríamos mencionar el tema de las deducciones de las contribuciones patronales. Me refiero a todos los beneficios por reducción de contribuciones patronales que suman, aproximadamente, 70.000 millones de pesos.
Estos dos ejemplos podrían significar, nada más y nada menos, un IFE de 10.000 pesos a 11 millones de personas. Sin embargo, no se modifica nada. Estos sectores siguen teniendo sus beneficios mientras se recorta el IFE.
También podríamos hablar del aumento de las tarifas. Los funcionarios dijeron que las tarifas van a aumentar, aunque no pudieron precisar exactamente cuánto, como si estas empresas no se hubiesen beneficiado lo suficiente con los tarifazos durante los años del gobierno de Macri.
Otro tema que abordaremos en una próxima reunión o en el recinto es el de los ajustes en las provincias. Hace un tiempo, sobre todo en estos últimos meses, lo vemos en la provincia de Chubut. Allí, trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, están reclamando porque no les pagan los salarios ni los aguinaldos. Miles y miles de trabajadoras y trabajadores de la provincia están sufriendo un ajuste permanente.
En síntesis, señor presidente, la alternativa es muy clara: en esta situación la crisis la siguen pagando los mismos de siempre. O se toman las medidas necesarias y de fondo para que esta crisis no la paguen los mismos de siempre sino los grandes grupos económicos, comenzando por el desconocimiento de la deuda y el monopolio estatal del comercio exterior, para no terminar como dijo Kicillof en 2014, cuando el gobierno devaluó y dijo que el mercado nos había impuesto la devaluación.
Por supuesto, este proyecto de presupuesto ya quedó desactualizado porque hay una fuerte presión y ya hay aumento de precios y mayor devaluación.
Así que, en síntesis, el rumbo que nosotros planteamos es completamente distinto a lo que se expresa en este proyecto de ley de presupuesto.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández.
SR. FERNÁNDEZ (E.) Señor presidente: como diputado oficialista, comparto el informe que brindó respecto de los objetivos del presupuesto.
En ese marco, como diputado cordobés, acompaño el reclamo que ya hizo el señor diputado Cassinerio y otros de distintas provincias, pero específicamente en relación con Córdoba y los subsidios al transporte. Los transportes en mi provincia tienen una importancia sustancial, y la mayoría son servicios concesionados. Con esta previsión presupuestaria es muy difícil llegar a acuerdos con las empresas prestadoras para normalizar la situación en este marco de aislamiento en nuestra provincia, previendo soluciones para el año que viene, y también por el problema de sueldos de los trabajadores, que en muchos casos llevan meses sin cobrar. Esta certeza ayudaría, y habría que tratar de acercar los números en el marco de una distribución con carácter federal. Si va a haber modificaciones respecto de las políticas de subsidios, hay que plantearlo claramente con una financiación que, al menos, permita revertir varios meses sin transporte en nuestra provincia.
El segundo tema ya lo ha planteado usted, señor presidente. Dado que las dos federaciones de cooperativas eléctricas me lo han informado para que lo presente aquí -y porque sé que usted como cooperativista conoce la importancia que tienen las prestaciones que brindan las cooperativas eléctricas en las provincias-, es un acto de federalismo y justicia extender las posibilidades que otorgue el artículo 87 a las cooperativas. Acompaño también a los diputados que así lo han previsto.
Un tercer tema que nos afecta a los cordobeses con un carácter más transversal -y creo que es igual para todos los diputados y diputadas de todas las bancadas- son los incendios. Como dijo el presidente de la Comisión cuando comenzó la reunión, todos los pedidos son justos.
La Cámara de Diputados, con gran apoyo de amplísimos sectores de la población, está tratando temas ambientales. Necesitaríamos alguna previsión porque el plan de manejo del fuego salió del Ministerio de Seguridad y pasó al ámbito del Ministerio de Ambiente, que también ha dispuesto la instalación de tres bases en el país para hacer más efectiva esta lucha contra el fuego. Sin embargo, resulta a todas vistas insuficiente, comparando los presupuestos año a año, y con la gravedad que han tenido los incendios en muchísimas provincias argentinas.
Este problema afecta a 200.000 hectáreas de Córdoba, y en este momento hay cuatro focos preocupando a muchísimas poblaciones, lo que hace necesario este paquete de remediación, que también es analizado con el presupuesto previsto para el Ministerio de Agricultura para asistencia a los productores. Esto tiene mucho que ver con la prevención y con proyectos de agricultura familiar, aspectos que están muy ligados en Córdoba.
Esto resulta insuficiente y va a ser un problema de toda la Cámara de Diputados. Para ser coherentes, estamos acordando preocupaciones sobre el medio ambiente, y le pido que usted, señor presidente, que aclare en qué consisten los programas, cuál es el estado de ejecución y el porqué de esos montos. Tal como lo transmitió el señor diputado Pastori, hemos revisado las cifras y son esas. Quizás tenga alguna explicación y quizás haya otros programas, pero a todas luces nosotros, como diputados, vamos a aprobar un presupuesto y tenemos que ser coherentes con esta lucha contra el fuego.
Córdoba es una preocupación, pero me parece que este tema corta transversalmente a todos los representantes del pueblo de la Nación, por lo que este es un punto que se puede gestionar razonablemente.
En ese marco, como diputado cordobés, acompaño el reclamo que ya hizo el señor diputado Cassinerio y otros de distintas provincias, pero específicamente en relación con Córdoba y los subsidios al transporte. Los transportes en mi provincia tienen una importancia sustancial, y la mayoría son servicios concesionados. Con esta previsión presupuestaria es muy difícil llegar a acuerdos con las empresas prestadoras para normalizar la situación en este marco de aislamiento en nuestra provincia, previendo soluciones para el año que viene, y también por el problema de sueldos de los trabajadores, que en muchos casos llevan meses sin cobrar. Esta certeza ayudaría, y habría que tratar de acercar los números en el marco de una distribución con carácter federal. Si va a haber modificaciones respecto de las políticas de subsidios, hay que plantearlo claramente con una financiación que, al menos, permita revertir varios meses sin transporte en nuestra provincia.
El segundo tema ya lo ha planteado usted, señor presidente. Dado que las dos federaciones de cooperativas eléctricas me lo han informado para que lo presente aquí -y porque sé que usted como cooperativista conoce la importancia que tienen las prestaciones que brindan las cooperativas eléctricas en las provincias-, es un acto de federalismo y justicia extender las posibilidades que otorgue el artículo 87 a las cooperativas. Acompaño también a los diputados que así lo han previsto.
Un tercer tema que nos afecta a los cordobeses con un carácter más transversal -y creo que es igual para todos los diputados y diputadas de todas las bancadas- son los incendios. Como dijo el presidente de la Comisión cuando comenzó la reunión, todos los pedidos son justos.
La Cámara de Diputados, con gran apoyo de amplísimos sectores de la población, está tratando temas ambientales. Necesitaríamos alguna previsión porque el plan de manejo del fuego salió del Ministerio de Seguridad y pasó al ámbito del Ministerio de Ambiente, que también ha dispuesto la instalación de tres bases en el país para hacer más efectiva esta lucha contra el fuego. Sin embargo, resulta a todas vistas insuficiente, comparando los presupuestos año a año, y con la gravedad que han tenido los incendios en muchísimas provincias argentinas.
Este problema afecta a 200.000 hectáreas de Córdoba, y en este momento hay cuatro focos preocupando a muchísimas poblaciones, lo que hace necesario este paquete de remediación, que también es analizado con el presupuesto previsto para el Ministerio de Agricultura para asistencia a los productores. Esto tiene mucho que ver con la prevención y con proyectos de agricultura familiar, aspectos que están muy ligados en Córdoba.
Esto resulta insuficiente y va a ser un problema de toda la Cámara de Diputados. Para ser coherentes, estamos acordando preocupaciones sobre el medio ambiente, y le pido que usted, señor presidente, que aclare en qué consisten los programas, cuál es el estado de ejecución y el porqué de esos montos. Tal como lo transmitió el señor diputado Pastori, hemos revisado las cifras y son esas. Quizás tenga alguna explicación y quizás haya otros programas, pero a todas luces nosotros, como diputados, vamos a aprobar un presupuesto y tenemos que ser coherentes con esta lucha contra el fuego.
Córdoba es una preocupación, pero me parece que este tema corta transversalmente a todos los representantes del pueblo de la Nación, por lo que este es un punto que se puede gestionar razonablemente.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Ponce.
SR. PONCE Señor presidente: me sumo al pedido de transporte, así no hacemos tan largo el debate, porque ya hay muchos diputados que se han manifestado sobre este tema.
Voy a plantear una inquietud: quiero saber cómo va a ser el mecanismo que se va a utilizar respecto de las observaciones al presupuesto. Si bien ya he mandado por escrito algunas preguntas, planteo el tema de la deuda y de algunas obras. En particular, consulté con el Ejecutivo de la provincia, y al ver que las obras no están reflejadas dentro del proyecto de ley de presupuesto, también he mandado una nota o un detalle de esas obras a esta Comisión.
Por otra parte, respecto de los gastos por ubicación geográfica en los Ministerios respectivos de Transporte, Desarrollo, Producción, Turismo, Deportes y Ciencia y Tecnología, hay especificado cero pesos para la provincia de San Luis. También pasé por escrito esa inquietud.
En síntesis, ¿es suficiente lo que he enviado por escrito, o va a haber alguna otra mecánica para reiterar este pedido para que se tenga en consideración? Desde ya, supongo que va a ser favorable la respuesta a mi solicitud.
Voy a plantear una inquietud: quiero saber cómo va a ser el mecanismo que se va a utilizar respecto de las observaciones al presupuesto. Si bien ya he mandado por escrito algunas preguntas, planteo el tema de la deuda y de algunas obras. En particular, consulté con el Ejecutivo de la provincia, y al ver que las obras no están reflejadas dentro del proyecto de ley de presupuesto, también he mandado una nota o un detalle de esas obras a esta Comisión.
Por otra parte, respecto de los gastos por ubicación geográfica en los Ministerios respectivos de Transporte, Desarrollo, Producción, Turismo, Deportes y Ciencia y Tecnología, hay especificado cero pesos para la provincia de San Luis. También pasé por escrito esa inquietud.
En síntesis, ¿es suficiente lo que he enviado por escrito, o va a haber alguna otra mecánica para reiterar este pedido para que se tenga en consideración? Desde ya, supongo que va a ser favorable la respuesta a mi solicitud.
SR. PRESIDENTE HELLER El pedido está entendido, señor diputado.
Tiene la palabra la señora diputada Corpacci.
Tiene la palabra la señora diputada Corpacci.
SRA. CORPACCI Señor presidente: al igual que todos los diputados, por supuesto quiero reclamar una mayor cantidad de obras para nuestras provincias. Entiendo la situación del país; todos queremos respuestas.
Con respecto a algunas de esas obras ya pedí información a los ministros cuando participaron en la reunión pasada, y conseguí que me contestaran. Pero hay algunas otras obras de energía, sobre las que pregunté por escrito, cuyas respuestas quedan pendientes. Quisiera saber si en algún momento podrán informarnos sobre ellas.
Recién escuchaba a un diputado que hablaba de coparticipar los fondos que el gobierno nacional destinó para educación. Quiero manifestar mi punto de vista en este sentido. Mi provincia tiene su ley de coparticipación, y coparticipa el 30 por ciento de los recursos coparticipables de la Nación. El tema es que solamente seis o siete municipios de Catamarca tienen escuelas municipales, es decir, un sistema de educación formal municipal. Si se coparticipara con el mismo régimen a todos los municipios, seríamos injustos, porque la provincia -que es la que mayoritariamente soporta el sostenimiento del sistema educativo- distribuiría entre municipios que no reciben aporte alguno. Por eso me parece importante que se aclare que es para nivel educativo formal y que se coparticipe -como hacemos en Catamarca- de acuerdo con la matrícula registrada de las escuelas municipales. Entonces, ese fondo se distribuiría equitativamente para el destino en que debe ser utilizado.
Por otro lado, el tema del subsidio al transporte es una preocupación de todas las provincias, en unas más que en otras. La verdad es que las provincias siempre hemos estado postergadas con ese subsidio al transporte, lo cual es por demás injusto. Por ejemplo, para que suban cinco pasajeros en Catamarca, el transportista tiene que recorrer cincuenta cuadras, mientras que en Buenos Aires, para que suban cinco pasajeros, debe desplazarse menos de diez metros. Esto hace que el transporte sea mucho menos rentable en el interior que en los grandes centros urbanos.
Como en todo, para darle a alguien hay que quitarle a otro, y este va a ser un debate donde nuevamente hablemos de distribuir un poco mejor esos recursos. ¿A quién habrá que quitarle? A los grandes centros urbanos, para que los chicos puedan recibir un poco más. En eso no sé si nos vamos a poner de acuerdo.
Con respecto a algunas de esas obras ya pedí información a los ministros cuando participaron en la reunión pasada, y conseguí que me contestaran. Pero hay algunas otras obras de energía, sobre las que pregunté por escrito, cuyas respuestas quedan pendientes. Quisiera saber si en algún momento podrán informarnos sobre ellas.
Recién escuchaba a un diputado que hablaba de coparticipar los fondos que el gobierno nacional destinó para educación. Quiero manifestar mi punto de vista en este sentido. Mi provincia tiene su ley de coparticipación, y coparticipa el 30 por ciento de los recursos coparticipables de la Nación. El tema es que solamente seis o siete municipios de Catamarca tienen escuelas municipales, es decir, un sistema de educación formal municipal. Si se coparticipara con el mismo régimen a todos los municipios, seríamos injustos, porque la provincia -que es la que mayoritariamente soporta el sostenimiento del sistema educativo- distribuiría entre municipios que no reciben aporte alguno. Por eso me parece importante que se aclare que es para nivel educativo formal y que se coparticipe -como hacemos en Catamarca- de acuerdo con la matrícula registrada de las escuelas municipales. Entonces, ese fondo se distribuiría equitativamente para el destino en que debe ser utilizado.
Por otro lado, el tema del subsidio al transporte es una preocupación de todas las provincias, en unas más que en otras. La verdad es que las provincias siempre hemos estado postergadas con ese subsidio al transporte, lo cual es por demás injusto. Por ejemplo, para que suban cinco pasajeros en Catamarca, el transportista tiene que recorrer cincuenta cuadras, mientras que en Buenos Aires, para que suban cinco pasajeros, debe desplazarse menos de diez metros. Esto hace que el transporte sea mucho menos rentable en el interior que en los grandes centros urbanos.
Como en todo, para darle a alguien hay que quitarle a otro, y este va a ser un debate donde nuevamente hablemos de distribuir un poco mejor esos recursos. ¿A quién habrá que quitarle? A los grandes centros urbanos, para que los chicos puedan recibir un poco más. En eso no sé si nos vamos a poner de acuerdo.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra la señora diputada Landriscini.
SRA. LANDRISCINI Señor presidente: en el mismo sentido que lo expresado por algunos legisladores en referencia a los subsidios al transporte, la provincia de Río Negro enfrentó durante este año el mismo conflicto que Santa Fe, Córdoba y otras provincias, lo que también significó el atraso en el pago de salarios e incluso el paro de los servicios en ciudades como San Carlos de Bariloche.
Por lo tanto, la cuestión de la ampliación de los fondos para el subsidio del transporte también va a ser una demanda federal de mi parte para la provincia de Río Negro.
En segundo lugar, retomo la pregunta que hicieron los legisladores Fernández y Romero sobre las cooperativas eléctricas en relación con el artículo 87. Es la misma cuestión: son cooperativas que necesitan asistencia y crédito para reflotar sus inversiones y su situación económica y financiera. En general, la provincia de Río Negro tiene cooperativas en localidades donde no hay una prestación privada del servicio, como sucede en la mayoría de las ciudades. Río Colorado es una de las ciudades afectadas, puesto que la cooperativa eléctrica no logra ser sustentable en este momento y requiere apoyo, al igual que otras cooperativas eléctricas del país.
En consecuencia, quiero dejar señalada la misma demanda, y también reconocer la coherencia de la formulación presupuestaria y la importancia de que los fondos que no se destinan a pagos de servicios de deuda vayan justamente a la recuperación productiva, a la investigación y desarrollo, al desarrollo de proyectos estratégicos para el país y a inversión pública en infraestructura para la producción, en vivienda y en el sostenimiento de la calidad de vida en distintas ciudades del país.
Por lo tanto, la cuestión de la ampliación de los fondos para el subsidio del transporte también va a ser una demanda federal de mi parte para la provincia de Río Negro.
En segundo lugar, retomo la pregunta que hicieron los legisladores Fernández y Romero sobre las cooperativas eléctricas en relación con el artículo 87. Es la misma cuestión: son cooperativas que necesitan asistencia y crédito para reflotar sus inversiones y su situación económica y financiera. En general, la provincia de Río Negro tiene cooperativas en localidades donde no hay una prestación privada del servicio, como sucede en la mayoría de las ciudades. Río Colorado es una de las ciudades afectadas, puesto que la cooperativa eléctrica no logra ser sustentable en este momento y requiere apoyo, al igual que otras cooperativas eléctricas del país.
En consecuencia, quiero dejar señalada la misma demanda, y también reconocer la coherencia de la formulación presupuestaria y la importancia de que los fondos que no se destinan a pagos de servicios de deuda vayan justamente a la recuperación productiva, a la investigación y desarrollo, al desarrollo de proyectos estratégicos para el país y a inversión pública en infraestructura para la producción, en vivienda y en el sostenimiento de la calidad de vida en distintas ciudades del país.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Martínez.
SR. MARTÍNEZ Señor presidente: obviamente, después de haber escuchado atentamente las presentaciones del ministro de Economía de la Nación, los tres secretarios y los tres ministros, tenemos que preguntarnos si estamos convencidos de que la propuesta del Poder Ejecutivo para la ley de presupuesto 2021 efectivamente es -como dice el señor ministro Guzmán- la hoja de ruta para guiar la economía argentina en el próximo año, y si es el puente que nos pueda ayudar en esta difícil transición de una situación económica muy gravosa que recibimos el 10 de diciembre del año pasado, obviamente agravada y profundizada por los efectos de la pandemia.
Los objetivos del proyecto de presupuesto son: dinamización de la actividad productiva, generación de empleo, inclusión social activa, innovación y desarrollo, educación y conectividad, y otros aspectos que se han constituido en objetivos fundamentales y nodales del presupuesto.
A partir de todo lo que hemos escuchado en el día de hoy -en que rápidamente fuimos avanzando hacia las demandas puntuales que tenemos cada uno de los diputados y diputadas-, da la sensación de que este proyecto se constituye justamente en esa guía, puente y hoja de ruta con todas las especificaciones, tal como usted expresó al inicio del debate de la tarde de hoy.
Desde allí deberíamos empezar a entender el tiempo que viene, señor presidente, este tiempo que completaremos entre hoy y la semana que viene. Usted llevará los tiempos hasta el momento en que firmemos el dictamen.
Quiero valorar que cuando empezamos a hablar de los fondos para el transporte -que obviamente compartimos-, de la cuestión de las universidades, del plan de manejo del fuego y de la situación de las cooperativas eléctricas, en algún momento durante la charla de hoy se dijo que este presupuesto va a requerir una actualización. Es así: siempre va a requerir actualización. Por ejemplo, el 1° de octubre, es decir, entre el momento de presentarse el proyecto de ley de presupuesto y el día de hoy, se promulgó la ley que crea el fondo para la defensa. De manera que probablemente tengamos que hacer correcciones que nos permitan dar cumplimiento efectivo a esa ley, que ya está en marcha en el último trimestre de 2020.
Entonces, debemos volver a insistir en la necesidad de ver esto. ¿Es este el presupuesto que necesitamos? Creo efectivamente que sí. Después tendremos que avanzar en todo lo que podamos hacer para mejorar situaciones puntuales. A algunas cuestiones se les podrá dar una canalización completa, y para otras nos costará un poco más. Pero lo importante es que, una vez trazado el rumbo y la hoja de ruta por parte del Poder Ejecutivo, este proyecto pueda contar con la mayor legitimidad posible por parte de nuestra Cámara de Diputados.
Eso es lo que quería decir, señor presidente. Doy la bienvenida a este tiempo de preguntas, respuestas y aportes para introducir mejoras.
Desde nuestro bloque creemos que a lo largo de esta no hubo críticas generales al rumbo que en términos estratégicos está planteando nuestro gobierno a la hora de proponernos este presupuesto para el año próximo.
Los objetivos del proyecto de presupuesto son: dinamización de la actividad productiva, generación de empleo, inclusión social activa, innovación y desarrollo, educación y conectividad, y otros aspectos que se han constituido en objetivos fundamentales y nodales del presupuesto.
A partir de todo lo que hemos escuchado en el día de hoy -en que rápidamente fuimos avanzando hacia las demandas puntuales que tenemos cada uno de los diputados y diputadas-, da la sensación de que este proyecto se constituye justamente en esa guía, puente y hoja de ruta con todas las especificaciones, tal como usted expresó al inicio del debate de la tarde de hoy.
Desde allí deberíamos empezar a entender el tiempo que viene, señor presidente, este tiempo que completaremos entre hoy y la semana que viene. Usted llevará los tiempos hasta el momento en que firmemos el dictamen.
Quiero valorar que cuando empezamos a hablar de los fondos para el transporte -que obviamente compartimos-, de la cuestión de las universidades, del plan de manejo del fuego y de la situación de las cooperativas eléctricas, en algún momento durante la charla de hoy se dijo que este presupuesto va a requerir una actualización. Es así: siempre va a requerir actualización. Por ejemplo, el 1° de octubre, es decir, entre el momento de presentarse el proyecto de ley de presupuesto y el día de hoy, se promulgó la ley que crea el fondo para la defensa. De manera que probablemente tengamos que hacer correcciones que nos permitan dar cumplimiento efectivo a esa ley, que ya está en marcha en el último trimestre de 2020.
Entonces, debemos volver a insistir en la necesidad de ver esto. ¿Es este el presupuesto que necesitamos? Creo efectivamente que sí. Después tendremos que avanzar en todo lo que podamos hacer para mejorar situaciones puntuales. A algunas cuestiones se les podrá dar una canalización completa, y para otras nos costará un poco más. Pero lo importante es que, una vez trazado el rumbo y la hoja de ruta por parte del Poder Ejecutivo, este proyecto pueda contar con la mayor legitimidad posible por parte de nuestra Cámara de Diputados.
Eso es lo que quería decir, señor presidente. Doy la bienvenida a este tiempo de preguntas, respuestas y aportes para introducir mejoras.
Desde nuestro bloque creemos que a lo largo de esta no hubo críticas generales al rumbo que en términos estratégicos está planteando nuestro gobierno a la hora de proponernos este presupuesto para el año próximo.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el diputado Laspina.
SR. LASPINA De alguna forma voy a intentar no gastar mucho tiempo en la discusión de los supuestos macroeconómicos. Sabemos que el presupuesto es básicamente una autorización de gastos y una proyección de recursos, no mucho más que eso. Por lo tanto, no podemos pedir a este instrumento que realice el trabajo que la política económica no hace en otros campos. Obviamente, determina las orientaciones centrales del gobierno en su estrategia de gasto y desarrollo económico y también la voluntad en materia fiscal.
Considero que este presupuesto parte de una situación económica que fue bien descripta por los funcionarios y que es dramática desde el punto de vista económico. Aquí se han hecho muchos juicios de valor respecto de quién es el padre de la criatura, y es evidente que la economía argentina está atravesada desde hace diez años por enormes dificultades que han cambiado el ropaje y las características a lo largo del tiempo.
Sin embargo, también es evidente que hace más de diez años nuestra economía no crece, que viene de crisis en crisis -que cuando no es fiscal es cambiaria-, de cepo en cepo, y que no hemos podido salir de ese círculo vicioso desde hace mucho tiempo. Por esa razón, es muy difícil plantear un presupuesto en los supuestos macroeconómicos.
En una época los presupuestos no servían para nada, básicamente porque se mentía con la inflación. Si se decía que la inflación era de un dígito y la recaudación crecía al 25 o 30 por ciento interanual, porque esa era más o menos la inflación real que había en la economía, entonces el presupuesto pasaba a ser un dibujo.
Luego, hubo errores en la confección del presupuesto por los supuestos macroeconómicos, muchos de los cuales no tuvieron que ver con mala fe sino con una equivocación de diagnóstico o de proyección en una u otra dirección.
Así como nosotros tenemos la Oficina de Presupuesto del Congreso, a la que considero que antes de dictaminar deberíamos dar la posibilidad de exponer un análisis técnico del presupuesto en cuanto a su articulado, la legalidad y los supuestos fiscales -porque creo que es parte de las buenas prácticas en materia presupuestaria-, en los países más avanzados en materia de instituciones fiscales las proyecciones macroeconómicas del presupuesto las hace una oficina independiente. Ello es así porque justamente el Poder Ejecutivo plantea cuáles serán las políticas económicas y en función de ello hay una oficina independiente, que suele ser la Oficina de Presupuesto del Congreso, que hace las proyecciones macroeconómicas de manera independiente. De esa forma, no se depende de la objetividad o subjetividad del funcionario político de turno, como pasa en la Argentina y en muchos otros países, que puede darle una impronta personal.
Obviamente, en este presupuesto nos comprenden las generales de la ley: existe un intento de ordenamiento gradual, que es el modelo de gradualismo 2020 planteado por el señor ministro Guzmán, y que incluye para este año una reducción del desequilibrio fiscal de un 8.3 por ciento -como no teníamos desde hace muchas décadas en la Argentina producto de una combinación de factores, entre ellos claramente la pandemia.
Asimismo, el 60 por ciento de la brecha fiscal de unos 6 puntos del producto bruto interno, incluyendo intereses, será cubierta con emisión monetaria, lo cual a todas luces es un gran signo de interrogación en materia de estabilidad macroeconómica.
En ese sentido, en un país como el nuestro, con una credibilidad en el peso tan debilitada -como lo vemos en estos días-, con una enorme presión en el mercado cambiario, con reservas que caen día a día aproximándose a un límite por momentos insoportable para las autoridades del propio Banco Central, es muy difícil imaginar que se pueda seguir por el mismo camino sin generar algo que modifique este rumbo. Por lo tanto, también es muy difícil hacer una crítica o desarrollar una discusión sobre los supuestos macroeconómicos en un escenario tremendamente incierto.
En mi opinión, esto lo dirá la historia, la Argentina tiene una economía con enormes dificultades y se intentó aplicar una cuarentena imposible de financiar por parte de las arcas de nuestro Estado, como también lo hubiese sido para las economías más ricas del planeta. Por eso, la mayoría de las economías del mundo tuvieron cuarentenas más acotadas, más flexibles y con menos impacto en el nivel de actividad que en la Argentina.
Esto no lo digo yo, sino cualquiera de los muchos índices de restricciones sociales elaborados a nivel internacional por organismos, universidades e institutos de estudio de la pandemia, en los que la Argentina lidera desde marzo el tope del ranking en todas las encuestas por haber aplicado una cuarentena muy dura que hundió a su economía mucho más.
Si observamos el ranking de pronósticos que acaba de presentar el Fondo Monetario Internacional, que ya fue citado en esta comisión, creo que la Argentina junto con España y algún que otro país latinoamericano -dejando de lado a economías en desarrollo, como puede ser Belice o alguna otra muy pequeña-, está al tope de caídas con ese 11,2 por ciento, que probablemente oscile entre el 11 y el 12 por ciento.
Es decir, la Argentina lidera el ranking mundial de caídas, lo cual no está relacionado ni con los servicios de la deuda -porque fue reestructurada y no pesa hoy en los vencimientos que tiene el gobierno- ni tampoco con una política fiscal contracíclica, que el ministro Guzmán argumentó que iba a ser la llave.
En tal sentido, según qué país consideremos, la Argentina ha hecho más o menos en materia de política contracíclica, a pesar de lo cual tuvimos un derrumbe y una inestabilidad muy grande, con una brecha cambiaria que trepó al ciento por ciento.
A mi juicio, eso tiene que ver con la imposibilidad de financiar una cuarentena como la que se hizo, con un costo económico y fiscal enorme para las arcas del Estado, con aproximadamente 45.000 millones de dólares de déficit fiscal al tipo de cambio oficial de este año, tomando un dólar cercano a los 70 pesos -y tal vez me quedo un poco largo o corto, según cómo se tome el tipo de cambio promedio a lo largo del año-, que para la Argentina es imposible de financiar y no es fácil de sostener.
Creo que ese contexto explica la situación en la que estamos... (inaudible.)... discutir el próximo año, cuando leemos en los diarios lo que puede pasar en las próximas semanas o en el próximo mes, me parece que es una pérdida de tiempo.
Digo esto porque la Argentina tiene una economía muy inestable, que ha sido así a lo largo de buena parte de su historia económica, fundamentalmente en el proceso trasflacionario que lleva más de una década y es probable que siga siendo de esa manera, difícil de predecir para el próximo año.
No estamos avalando para nada el curso de la política económica, sino que creemos que hay una gran omisión de los temas centrales que están relacionados con una lógica que falla en esta elaboración del presupuesto y en la presentación que hizo el ministro Guzmán.
El señor ministro propuso que tratáramos de trazar un puente hasta llegar de manera gradual a un equilibrio fiscal, y que en el medio tratáramos de impedir que hubiera olas. El problema es que ese puente se está construyendo mediante represión financiera -más controles, más cepo a las importaciones, a las empresas para su crédito del exterior y también a los ahorristas-, lo que genera una brecha cambiaria y una nueva caída del nivel de actividad. Ello pudo observarse en el rebote técnico que tuvo la economía a la salida de marzo y principios de abril, durante la cuarentena más generalizada -con muy pocos casos- que se extendió a todo el país y luego siguió en la zona del AMBA.
Ese rebote técnico se estabilizó en los últimos meses y la economía nuevamente comenzó a caer. Esto tiene que ver con una economía que no da señales de hacia dónde va y que acumula cada vez más distorsiones. Este año se emitirán 1.9 billones de pesos, habiendo ya emitido aproximadamente 1.7 billones en el transcurso del año. Al respecto, el propio ministro Guzmán promete emitir 1.9 millones de pesos más en los próximos quince meses; un poco desde ahora a fin de año y otro tanto el próximo año. Obviamente, esta es una invitación a huir del peso, y es un poco lo que estamos viendo.
Por lo tanto, ese puente se construye sobre restricciones que generan más recesión, más déficit fiscal, más emisión monetaria, más brecha y más represión, lo cual vuelve a iniciar el círculo vicioso.
Entonces, creo que no deberíamos avanzar en la construcción de ese puente, porque no nos deposita en la otra orilla sino que nos devuelve a la misma pesadilla cambiaria en la que nos hemos metido con esta lógica de un cepo cada vez mayor y más emisión monetaria.
Obviamente, fui criticado en las redes por muchos adherentes al kirchnerismo, que creen que quien es austero con el gasto quiere una política de ajuste. Como lo señalé también en la reunión anterior, acá todo el tiempo se discuten aumentos de gastos pero ni una sola medida de austeridad, como si los recursos fueran ilimitados y el impuesto inflacionario fuera algo gratis. Es decir, como si uno pudiera seguir emitiendo sine die sin alguna consecuencia, cuando en estos días ya estamos viendo que efectivamente no es así.
Esta es la situación que vivimos, e insisto en que no estamos avalando la política económica ni la estrategia que aplica el gobierno, que entendemos es contraproducente. Tampoco creemos que los problemas económicos se resolverán gradualmente solo por el paso del tiempo, porque más bien parece lo contrario.
Entiendo que nos conviene centrar la discusión en los temas puntuales y no en los de política económica y macroeconómica, porque seguramente no nos pondremos de acuerdo. Creo que deberíamos focalizarnos sobre todo en los aspectos concernientes a la materia regulatoria contenidos en el proyecto de ley de presupuesto.
Ya se ha dicho bastante acerca de los subsidios al transporte, no solo de las provincias, sino también de la Ciudad de Buenos Aires. También se señaló que la provincia de Buenos Aires tiene enormes necesidades de subsidio al transporte urbano.
A continuación, quiero concentrarme en el cambio de la ley de responsabilidad fiscal, que es un tema al que no escuché hacer alusión en el debate de hoy. A pesar de que comenté algo en la reunión anterior, vuelvo a insistir con este tema porque nosotros habíamos acordado un pacto fiscal con las provincias. Ese pacto fue firmado por todas las provincias -excepto por San Luis, si no recuerdo mal- y contenía un montón de promesas que obviamente fueron incumplidas por la crisis, por ejemplo, la reducción de impuestos y las mejoras en la administración tributaria. Una de las modificaciones a favor de las provincias y del federalismo era el artículo de la ley de responsabilidad fiscal que hace referencia a los procedimientos que deben seguir las provincias para llevar adelante sus programas financieros y de endeudamiento.
El otro día intercambiamos visiones con el presidente Heller y todos coincidimos en que, cuando se trata de emisión de deuda, incluso en moneda extranjera o en el exterior, las provincias naturalmente deben pasar por un riguroso filtro del Ministerio de Economía, el que evalúa la factibilidad desde el punto de vista del balance de pagos y del repago futuro para no generar una descoordinación. De todos modos, creemos que restarles autonomía a las provincias en el manejo de su administración de deuda de corto plazo en la legislación local o en el mercado local, es atarles las manos con un interés que, a mi juicio, solo responde a una lógica política. No entiendo por qué alguien quisiera meterse en cómo administra la emisión de letras de Tesorería Santa Fe -por citar un caso-, Córdoba -por citar otro-, o cualquier otra provincia con un manejo más o menos desarrollado de su mercado de títulos y bonos. Actualmente, esas provincias tienen que pedir autorización e ir a un besamanos en el Ministerio de Economía y en el Poder Ejecutivo para que las autoricen a financiar simplemente su programa de emisión de letras de corto plazo o su programa de endeudamiento de muy corto plazo.
Ese procedimiento se había aggiornado y acotado por pedido de todas las provincias en el pacto fiscal firmado en 2017. Sin embargo, ahora se retrotrae a la misma letra que tenía la antigua ley de responsabilidad fiscal, que era mucho más antifederal -por decirlo alguna forma- y antiautonomía provincial, de la que tanto se habla, se declama y se proclama. Ahora el besamanos se amplía y es mucho más riguroso.
Siempre hablo con varios diputados del oficialismo y creo que vamos a coincidir en que podemos mejorar la redacción para que las provincias no tengan que someterse casi de manera arbitraria a un procedimiento burocrático/político cada vez que emiten una letra de muy corto plazo, sin provocar ningún impacto en las finanzas nacionales, en el funcionamiento de los mercados, y mucho menos en el balance de pagos, mientras lo hagan bajo determinadas condiciones razonables.
En consecuencia, propongo que se modifique la redacción de ese artículo. Luego puedo acercar el texto detallado, pero básicamente -siguiendo el espíritu de la ley de responsabilidad fiscal- habría que mantener las restricciones en materia de endeudamiento externo -obviamente, en ese punto la Nación tiene mucho para decir y opinar afirmativa o negativamente-, y darles más libertad a las provincias en la administración de sus cajas. ¿Cómo se haría eso? Con un sistema de excepciones, es decir, las provincias deberían pedir autorización al Tesoro nacional, con una anticipación de 30 a 60 días, para manejar sus cajas. En caso de que no haya ninguna objeción particular del Tesoro, deberían tener el proceso habilitado automáticamente. Eso daría mucha más agilidad y certidumbre a los programas financieros de las provincias.
Si el gobierno nacional o el Ministerio de Economía no estuvieran de acuerdo por alguna razón, tendrá que dar una respuesta de manera fundada dentro de un plazo prudencial que, insisto, pueden ser entre 30 y 60 días, tiempo más que suficiente. Si no lo hace, se supone que no hay ninguna irregularidad, anomalía o irresponsabilidad fiscal en el manejo de los fondos de parte de las provincias. Por lo tanto, la provincia podrá seguir adelante con su operatoria habitual. Creo que este texto sería superador al contenido en el proyecto de ley en tratamiento, incluso al contemplado en la reforma de 2017. Seguramente todas las provincias y los bloques políticos estaremos de acuerdo en agilizar ese procedimiento.
Para no abusar del tiempo, me quedo con esta discusión que me parece importante, y podemos pasar a lo más sustancial de este proyecto de ley de presupuesto, que es justamente su articulado.
Considero que este presupuesto parte de una situación económica que fue bien descripta por los funcionarios y que es dramática desde el punto de vista económico. Aquí se han hecho muchos juicios de valor respecto de quién es el padre de la criatura, y es evidente que la economía argentina está atravesada desde hace diez años por enormes dificultades que han cambiado el ropaje y las características a lo largo del tiempo.
Sin embargo, también es evidente que hace más de diez años nuestra economía no crece, que viene de crisis en crisis -que cuando no es fiscal es cambiaria-, de cepo en cepo, y que no hemos podido salir de ese círculo vicioso desde hace mucho tiempo. Por esa razón, es muy difícil plantear un presupuesto en los supuestos macroeconómicos.
En una época los presupuestos no servían para nada, básicamente porque se mentía con la inflación. Si se decía que la inflación era de un dígito y la recaudación crecía al 25 o 30 por ciento interanual, porque esa era más o menos la inflación real que había en la economía, entonces el presupuesto pasaba a ser un dibujo.
Luego, hubo errores en la confección del presupuesto por los supuestos macroeconómicos, muchos de los cuales no tuvieron que ver con mala fe sino con una equivocación de diagnóstico o de proyección en una u otra dirección.
Así como nosotros tenemos la Oficina de Presupuesto del Congreso, a la que considero que antes de dictaminar deberíamos dar la posibilidad de exponer un análisis técnico del presupuesto en cuanto a su articulado, la legalidad y los supuestos fiscales -porque creo que es parte de las buenas prácticas en materia presupuestaria-, en los países más avanzados en materia de instituciones fiscales las proyecciones macroeconómicas del presupuesto las hace una oficina independiente. Ello es así porque justamente el Poder Ejecutivo plantea cuáles serán las políticas económicas y en función de ello hay una oficina independiente, que suele ser la Oficina de Presupuesto del Congreso, que hace las proyecciones macroeconómicas de manera independiente. De esa forma, no se depende de la objetividad o subjetividad del funcionario político de turno, como pasa en la Argentina y en muchos otros países, que puede darle una impronta personal.
Obviamente, en este presupuesto nos comprenden las generales de la ley: existe un intento de ordenamiento gradual, que es el modelo de gradualismo 2020 planteado por el señor ministro Guzmán, y que incluye para este año una reducción del desequilibrio fiscal de un 8.3 por ciento -como no teníamos desde hace muchas décadas en la Argentina producto de una combinación de factores, entre ellos claramente la pandemia.
Asimismo, el 60 por ciento de la brecha fiscal de unos 6 puntos del producto bruto interno, incluyendo intereses, será cubierta con emisión monetaria, lo cual a todas luces es un gran signo de interrogación en materia de estabilidad macroeconómica.
En ese sentido, en un país como el nuestro, con una credibilidad en el peso tan debilitada -como lo vemos en estos días-, con una enorme presión en el mercado cambiario, con reservas que caen día a día aproximándose a un límite por momentos insoportable para las autoridades del propio Banco Central, es muy difícil imaginar que se pueda seguir por el mismo camino sin generar algo que modifique este rumbo. Por lo tanto, también es muy difícil hacer una crítica o desarrollar una discusión sobre los supuestos macroeconómicos en un escenario tremendamente incierto.
En mi opinión, esto lo dirá la historia, la Argentina tiene una economía con enormes dificultades y se intentó aplicar una cuarentena imposible de financiar por parte de las arcas de nuestro Estado, como también lo hubiese sido para las economías más ricas del planeta. Por eso, la mayoría de las economías del mundo tuvieron cuarentenas más acotadas, más flexibles y con menos impacto en el nivel de actividad que en la Argentina.
Esto no lo digo yo, sino cualquiera de los muchos índices de restricciones sociales elaborados a nivel internacional por organismos, universidades e institutos de estudio de la pandemia, en los que la Argentina lidera desde marzo el tope del ranking en todas las encuestas por haber aplicado una cuarentena muy dura que hundió a su economía mucho más.
Si observamos el ranking de pronósticos que acaba de presentar el Fondo Monetario Internacional, que ya fue citado en esta comisión, creo que la Argentina junto con España y algún que otro país latinoamericano -dejando de lado a economías en desarrollo, como puede ser Belice o alguna otra muy pequeña-, está al tope de caídas con ese 11,2 por ciento, que probablemente oscile entre el 11 y el 12 por ciento.
Es decir, la Argentina lidera el ranking mundial de caídas, lo cual no está relacionado ni con los servicios de la deuda -porque fue reestructurada y no pesa hoy en los vencimientos que tiene el gobierno- ni tampoco con una política fiscal contracíclica, que el ministro Guzmán argumentó que iba a ser la llave.
En tal sentido, según qué país consideremos, la Argentina ha hecho más o menos en materia de política contracíclica, a pesar de lo cual tuvimos un derrumbe y una inestabilidad muy grande, con una brecha cambiaria que trepó al ciento por ciento.
A mi juicio, eso tiene que ver con la imposibilidad de financiar una cuarentena como la que se hizo, con un costo económico y fiscal enorme para las arcas del Estado, con aproximadamente 45.000 millones de dólares de déficit fiscal al tipo de cambio oficial de este año, tomando un dólar cercano a los 70 pesos -y tal vez me quedo un poco largo o corto, según cómo se tome el tipo de cambio promedio a lo largo del año-, que para la Argentina es imposible de financiar y no es fácil de sostener.
Creo que ese contexto explica la situación en la que estamos... (inaudible.)... discutir el próximo año, cuando leemos en los diarios lo que puede pasar en las próximas semanas o en el próximo mes, me parece que es una pérdida de tiempo.
Digo esto porque la Argentina tiene una economía muy inestable, que ha sido así a lo largo de buena parte de su historia económica, fundamentalmente en el proceso trasflacionario que lleva más de una década y es probable que siga siendo de esa manera, difícil de predecir para el próximo año.
No estamos avalando para nada el curso de la política económica, sino que creemos que hay una gran omisión de los temas centrales que están relacionados con una lógica que falla en esta elaboración del presupuesto y en la presentación que hizo el ministro Guzmán.
El señor ministro propuso que tratáramos de trazar un puente hasta llegar de manera gradual a un equilibrio fiscal, y que en el medio tratáramos de impedir que hubiera olas. El problema es que ese puente se está construyendo mediante represión financiera -más controles, más cepo a las importaciones, a las empresas para su crédito del exterior y también a los ahorristas-, lo que genera una brecha cambiaria y una nueva caída del nivel de actividad. Ello pudo observarse en el rebote técnico que tuvo la economía a la salida de marzo y principios de abril, durante la cuarentena más generalizada -con muy pocos casos- que se extendió a todo el país y luego siguió en la zona del AMBA.
Ese rebote técnico se estabilizó en los últimos meses y la economía nuevamente comenzó a caer. Esto tiene que ver con una economía que no da señales de hacia dónde va y que acumula cada vez más distorsiones. Este año se emitirán 1.9 billones de pesos, habiendo ya emitido aproximadamente 1.7 billones en el transcurso del año. Al respecto, el propio ministro Guzmán promete emitir 1.9 millones de pesos más en los próximos quince meses; un poco desde ahora a fin de año y otro tanto el próximo año. Obviamente, esta es una invitación a huir del peso, y es un poco lo que estamos viendo.
Por lo tanto, ese puente se construye sobre restricciones que generan más recesión, más déficit fiscal, más emisión monetaria, más brecha y más represión, lo cual vuelve a iniciar el círculo vicioso.
Entonces, creo que no deberíamos avanzar en la construcción de ese puente, porque no nos deposita en la otra orilla sino que nos devuelve a la misma pesadilla cambiaria en la que nos hemos metido con esta lógica de un cepo cada vez mayor y más emisión monetaria.
Obviamente, fui criticado en las redes por muchos adherentes al kirchnerismo, que creen que quien es austero con el gasto quiere una política de ajuste. Como lo señalé también en la reunión anterior, acá todo el tiempo se discuten aumentos de gastos pero ni una sola medida de austeridad, como si los recursos fueran ilimitados y el impuesto inflacionario fuera algo gratis. Es decir, como si uno pudiera seguir emitiendo sine die sin alguna consecuencia, cuando en estos días ya estamos viendo que efectivamente no es así.
Esta es la situación que vivimos, e insisto en que no estamos avalando la política económica ni la estrategia que aplica el gobierno, que entendemos es contraproducente. Tampoco creemos que los problemas económicos se resolverán gradualmente solo por el paso del tiempo, porque más bien parece lo contrario.
Entiendo que nos conviene centrar la discusión en los temas puntuales y no en los de política económica y macroeconómica, porque seguramente no nos pondremos de acuerdo. Creo que deberíamos focalizarnos sobre todo en los aspectos concernientes a la materia regulatoria contenidos en el proyecto de ley de presupuesto.
Ya se ha dicho bastante acerca de los subsidios al transporte, no solo de las provincias, sino también de la Ciudad de Buenos Aires. También se señaló que la provincia de Buenos Aires tiene enormes necesidades de subsidio al transporte urbano.
A continuación, quiero concentrarme en el cambio de la ley de responsabilidad fiscal, que es un tema al que no escuché hacer alusión en el debate de hoy. A pesar de que comenté algo en la reunión anterior, vuelvo a insistir con este tema porque nosotros habíamos acordado un pacto fiscal con las provincias. Ese pacto fue firmado por todas las provincias -excepto por San Luis, si no recuerdo mal- y contenía un montón de promesas que obviamente fueron incumplidas por la crisis, por ejemplo, la reducción de impuestos y las mejoras en la administración tributaria. Una de las modificaciones a favor de las provincias y del federalismo era el artículo de la ley de responsabilidad fiscal que hace referencia a los procedimientos que deben seguir las provincias para llevar adelante sus programas financieros y de endeudamiento.
El otro día intercambiamos visiones con el presidente Heller y todos coincidimos en que, cuando se trata de emisión de deuda, incluso en moneda extranjera o en el exterior, las provincias naturalmente deben pasar por un riguroso filtro del Ministerio de Economía, el que evalúa la factibilidad desde el punto de vista del balance de pagos y del repago futuro para no generar una descoordinación. De todos modos, creemos que restarles autonomía a las provincias en el manejo de su administración de deuda de corto plazo en la legislación local o en el mercado local, es atarles las manos con un interés que, a mi juicio, solo responde a una lógica política. No entiendo por qué alguien quisiera meterse en cómo administra la emisión de letras de Tesorería Santa Fe -por citar un caso-, Córdoba -por citar otro-, o cualquier otra provincia con un manejo más o menos desarrollado de su mercado de títulos y bonos. Actualmente, esas provincias tienen que pedir autorización e ir a un besamanos en el Ministerio de Economía y en el Poder Ejecutivo para que las autoricen a financiar simplemente su programa de emisión de letras de corto plazo o su programa de endeudamiento de muy corto plazo.
Ese procedimiento se había aggiornado y acotado por pedido de todas las provincias en el pacto fiscal firmado en 2017. Sin embargo, ahora se retrotrae a la misma letra que tenía la antigua ley de responsabilidad fiscal, que era mucho más antifederal -por decirlo alguna forma- y antiautonomía provincial, de la que tanto se habla, se declama y se proclama. Ahora el besamanos se amplía y es mucho más riguroso.
Siempre hablo con varios diputados del oficialismo y creo que vamos a coincidir en que podemos mejorar la redacción para que las provincias no tengan que someterse casi de manera arbitraria a un procedimiento burocrático/político cada vez que emiten una letra de muy corto plazo, sin provocar ningún impacto en las finanzas nacionales, en el funcionamiento de los mercados, y mucho menos en el balance de pagos, mientras lo hagan bajo determinadas condiciones razonables.
En consecuencia, propongo que se modifique la redacción de ese artículo. Luego puedo acercar el texto detallado, pero básicamente -siguiendo el espíritu de la ley de responsabilidad fiscal- habría que mantener las restricciones en materia de endeudamiento externo -obviamente, en ese punto la Nación tiene mucho para decir y opinar afirmativa o negativamente-, y darles más libertad a las provincias en la administración de sus cajas. ¿Cómo se haría eso? Con un sistema de excepciones, es decir, las provincias deberían pedir autorización al Tesoro nacional, con una anticipación de 30 a 60 días, para manejar sus cajas. En caso de que no haya ninguna objeción particular del Tesoro, deberían tener el proceso habilitado automáticamente. Eso daría mucha más agilidad y certidumbre a los programas financieros de las provincias.
Si el gobierno nacional o el Ministerio de Economía no estuvieran de acuerdo por alguna razón, tendrá que dar una respuesta de manera fundada dentro de un plazo prudencial que, insisto, pueden ser entre 30 y 60 días, tiempo más que suficiente. Si no lo hace, se supone que no hay ninguna irregularidad, anomalía o irresponsabilidad fiscal en el manejo de los fondos de parte de las provincias. Por lo tanto, la provincia podrá seguir adelante con su operatoria habitual. Creo que este texto sería superador al contenido en el proyecto de ley en tratamiento, incluso al contemplado en la reforma de 2017. Seguramente todas las provincias y los bloques políticos estaremos de acuerdo en agilizar ese procedimiento.
Para no abusar del tiempo, me quedo con esta discusión que me parece importante, y podemos pasar a lo más sustancial de este proyecto de ley de presupuesto, que es justamente su articulado.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Benedetti.
SR. BENEDETTI Señor presidente: como algunos miembros informantes del bloque y del interbloque ya hicieron varias consideraciones generales, pasaré a proponer brevemente -como es uso y costumbre cada vez que tratamos el proyecto de ley de presupuesto nacional- algunas correcciones que tienen que ver con las alícuotas del IVA que normalmente tienen cierta distorsión.
En primer lugar, propongo que se considere la posibilidad de incluir a los huevos frescos, con cáscara de calidad A y B, dentro de los alimentos que tributen el 10,5 por ciento. Los huevos son la única proteína vegetal no modificada que tributa el 21 por ciento. Esto, por un lado...
En primer lugar, propongo que se considere la posibilidad de incluir a los huevos frescos, con cáscara de calidad A y B, dentro de los alimentos que tributen el 10,5 por ciento. Los huevos son la única proteína vegetal no modificada que tributa el 21 por ciento. Esto, por un lado...
SR. PRESIDENTE HELLER Perdón, ¿proteína vegetal?
SR. BENEDETTI Proteína animal, discúlpeme.
SR. PRESIDENTE HELLER Ah, ya me estaba confundiendo.
SR. BENEDETTI Perdón, discúlpeme. No son gallinas veganas. (Risas.) Es proteína animal. Es la única proteína animal no transformada que paga el 21 por ciento. Este impuesto produce distorsiones en la cadena comercial y dificulta la fiscalización y demás, debido a la cantidad de productores. Entonces, creo que la disminución de la alícuota ayudaría a ordenar la regularización de todo el sector.
Por otro lado, escuché atentamente al ministro Kulfas cuando planteaba una serie de acciones para mejorar la alimentación de los sectores que acceden a la tarjeta Alimentar. Entonces, la idea es que desde el Ministerio de Desarrollo Social se realicen acciones para mejorar la nutrición de los argentinos. En este sentido, la FAO considera a los huevos como uno de los alimentos más completos y ricos en proteínas y vitaminas.
Por lo tanto, también me parece que lo ponemos en igualdad de condiciones con la canasta básica de alimentos. Es una medida que no tendría un gran impacto fiscal y daríamos un paso para hacer más accesible este vital alimento. Las organizaciones de la salud recomiendan el consumo de un huevo por día por persona y estamos por debajo de este nivel. Esta es la primera propuesta.
La segunda sugerencia tiene que ver con un detalle de la cadena de frigoríficos: los servicios de faena realizados por establecimientos habilitados. Esta es una de las únicas actividades de la cadena frigorífica que tributa el 21 por ciento de IVA. Las carnes aviar, porcina y vacuna tributan el 10,5 por ciento y esto produce una distorsión.
Por lo tanto, propongo que se consideren estas ideas. Si prosperan, tengo una redacción preparada que haré llegar a través del secretario o de un correo a la Presidencia de la comisión para no ser extenso.
Aprovecho la oportunidad a fin de considerar estos puntos que no se refieren al presupuesto. Insisto, son temas que hemos aprovechado para resolver en ocasión de tratar el presupuesto desde hace muchos años en el Congreso de la Nación. Muchas gracias.
Por otro lado, escuché atentamente al ministro Kulfas cuando planteaba una serie de acciones para mejorar la alimentación de los sectores que acceden a la tarjeta Alimentar. Entonces, la idea es que desde el Ministerio de Desarrollo Social se realicen acciones para mejorar la nutrición de los argentinos. En este sentido, la FAO considera a los huevos como uno de los alimentos más completos y ricos en proteínas y vitaminas.
Por lo tanto, también me parece que lo ponemos en igualdad de condiciones con la canasta básica de alimentos. Es una medida que no tendría un gran impacto fiscal y daríamos un paso para hacer más accesible este vital alimento. Las organizaciones de la salud recomiendan el consumo de un huevo por día por persona y estamos por debajo de este nivel. Esta es la primera propuesta.
La segunda sugerencia tiene que ver con un detalle de la cadena de frigoríficos: los servicios de faena realizados por establecimientos habilitados. Esta es una de las únicas actividades de la cadena frigorífica que tributa el 21 por ciento de IVA. Las carnes aviar, porcina y vacuna tributan el 10,5 por ciento y esto produce una distorsión.
Por lo tanto, propongo que se consideren estas ideas. Si prosperan, tengo una redacción preparada que haré llegar a través del secretario o de un correo a la Presidencia de la comisión para no ser extenso.
Aprovecho la oportunidad a fin de considerar estos puntos que no se refieren al presupuesto. Insisto, son temas que hemos aprovechado para resolver en ocasión de tratar el presupuesto desde hace muchos años en el Congreso de la Nación. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señor diputado. Solicito que me haga llegar el texto propuesto.
Muchos de lo que estamos en la reunión tenemos pasiones que están por encima de la política o que van de la mano de la política. A las cinco juega la selección de fútbol argentina y muchos tienen ganas de ver el partido. Habíamos programado que esta reunión duraría hasta las 17 horas y seremos respetuosos de lo que hemos dicho.
Quiero hacer unas breves reflexiones antes de pasar a un cuarto intermedio.
En primer lugar, efectivamente la Oficina de Presupuesto del Congreso nos hará un informe antes de que dictaminemos. Esto ya ha sido previsto y en ese sentido hemos hablado con el director de la oficina. Seguramente, la próxima semana tendremos su presencia para informar o un informe, según lo estimen más conveniente ellos.
En segundo término, quiero volver a una reflexión inicial y creo que en esa línea iba la intervención del diputado Martínez. Es cierto que el presupuesto es un conjunto de lineamientos. En definitiva, uno puede decir que el presupuesto es el plan, son las políticas, es lo que se quiere hacer. Luego, las cuestiones aleatorias, propias y externas harán que se puedan o no cumplir los lineamientos.
Sin hacer chicanas, si tomara las previsiones de inflación del gobierno anterior y los resultados obtenidos, creo que podríamos redactar un libro.
También quiero decir que hay algunas cosas que habría que revisar desde el punto de vista de las concepciones teóricas. Por ejemplo, se habla de una emisión desquiciada. La emisión promedio en los tres primeros años de la gestión del gobierno macrista rondó el 8 por ciento del PBI y fue reducida drásticamente al 6 por ciento en el último año con el claro objetivo de utilizar la restricción monetaria como una herramienta de contención inflacionaria.
Me permito decir que les salió mal, porque tuvieron una brutal contracción monetaria que bajó al 6 por ciento con una inflación récord de más del 54 por ciento. Por lo tanto, habría que discutir la teoría.
Por otra parte, quiero decirles que con todo lo que se ha emitido para enfrentar la enorme demanda presupuestaria generada por la pandemia, estamos en el 8,6 por ciento. No estamos tan lejos de lo mencionado a pesar de que ha habido efectivamente una gran emisión.
La gran emisión arranca a partir de la brutal contracción que tenía como objetivo contraer o frenar la inflación, pero fracasó. Paradójicamente, este año ha aumentado la emisión monetaria y ha bajado la inflación. Esto da para largas discusiones teóricas, pero por lo menos debo decir que algunas supuestas verdades reveladas tienen poco de verdad y mucho menos de reveladas.
Podemos discutir sobre cualquier tema, sobre teoría económica, sobre inflación o sobre emisión monetaria, pero también tenemos que ser claros en algunas cuestiones. No hay magia. La magia no existe.
Recuerdo que una vez fuimos con unos amigos a ver a un mago y les dije el mago no volaba, sino que era un truco. Lo mismo pasa con la economía. No hay magia. Las cosas, en definitiva, tienen que ver con algún punto de equilibrio y de realidad.
Quieren una rebaja de impuestos porque dicen que la presión fiscal es descomunal. Hago un paréntesis para comentar que según el informe de la CEPAL que acaba de aparecer, la presión fiscal en América latina y el Caribe promedio es del 23,1 por ciento y en los países de la OCDE -las naciones desarrolladas- es del 34,3 por ciento. Por lo tanto, la presión fiscal en América latina es marcadamente menor que en los países centrales.
Además, hay una discriminación por países en el citado informe. La Argentina está por encima del promedio porque tiene un 28,8 de presión impositiva mientras que en América latina es del 23,1 por ciento. Uruguay, que parece ser el paraíso para los inversores argentinos, tiene una presión tributaria del 29,2 por ciento y Brasil del 33,1 por ciento. Estos datos fueron publicados ayer por la CEPAL y es un informe absolutamente actualizado. Algunos mitos y cuestiones permiten, por lo menos, hacer más de una interpretación.
Para tener equilibrio fiscal podemos aumentar los ingresos fiscales, endeudarnos o ajustar los gastos. No hay magia. No se sale de ese esquema. La posibilidad que Argentina tome deuda parece alejada de las posibilidades. Nuestro país está tratando de construir una deuda posible que no sería dañina: un endeudamiento en su propia moneda. Esto es lo que se ha anunciado y se está haciendo. De paso debo decir que esto se está haciendo con bastante éxito. Es una buena noticia que la Argentina esté construyendo una curva de deuda en moneda local.
Aumentar los impuestos requiere un debate. Debemos discutir una reforma impositiva y acá se ha dicho. Está enunciada como título en el proyecto de presupuesto, pero no está explicitada.
Cuando uno mira los datos de la región, pareciera que el problema argentino, en todo caso, está dado en los enormes impuestos al consumo que hacen que el IVA sea la mayor fuente de recursos impositivos del país y en la poca progresividad de los impuestos sobre los patrimonios y sobre las ganancias. Casualmente hace un rato leí el informe del día del Fondo Monetario Internacional que recomienda a los países que apliquen una mayor progresividad impositiva sobre patrimonios y renta para atender al déficit fiscal generado por el aumento descomunal de gastos que ha planteado la pandemia.
Son asuntos que nos llevan a reflexionar y que no parecen ser tan claritas como pareciera que algunos la tienen y que permiten tener más de un enfoque, como mínimo. Esto nos permitiría debatir en profundidad alguna de estas cosas.
Con el tipo de cambio ocurre lo mismo. En el mismo discurso no se puede decir que es cierto que el tipo de cambio real competitivo está bien, pero que hay que devaluar.
¿Saben qué ocurre? Cuando se devalúa hay inflación. Cuando se devalúa hay pérdida de salario. Cuando se devalúa aumenta la pobreza.
El mayor problema que tiene la Argentina hoy no es la competitividad del tipo de cambio, sino el nivel de pobreza que hay en la Argentina. Eso es lo que hay que combatir, pero no se combate con devaluaciones.
La historia de las devaluaciones siempre ha venido de la mano del aumento de la pobreza, del aumento de la indigencia, del desempleo, del cierre de infinidad de empresas nacionales, etcétera.
¿Queremos discutir a fondo? Discutamos a fondo, pero hay que poner todas esas cuestiones en esa mesa de discusión. A mí me encantaría porque es un debate que excede la discusión de las partidas presupuestarias y hace a la discusión en serio del modelo de país.
Lo que no se puede es esconder detrás de eso lo que a mi juicio está siempre, que es que hay que hacer ajustes, que el país no es viable si no se hace un ajuste sobre el gasto y que el problema no pasa por cómo se aumentan los ingresos o cómo crece la economía, sino en cómo se ajusta el gasto. Algunos llegaron a proponer cosas brutales, como echar a 1.500.000 o 2 millones de empleados públicos. Hemos escuchado cosas loquísimas, pero no es lo que estamos discutiendo entre nosotros.
Pero pongámosle nombre y apellido. Cuando uno quiere resolver el problema del equilibrio fiscal por el lado del gasto está, indefectiblemente y sin querer titularlo, hablando de ajuste.
Eso es lo que han hecho: recortes en salud, en educación, en ciencia y en tecnología. A mí me alegra escuchar hoy a algunos diputados pidiendo por partidas para el Conicet y para ciencia y tecnología. Son partidas que recortaron en los años anteriores. Son ajustes que han hecho en los años anteriores.
Muchos de lo que estamos en la reunión tenemos pasiones que están por encima de la política o que van de la mano de la política. A las cinco juega la selección de fútbol argentina y muchos tienen ganas de ver el partido. Habíamos programado que esta reunión duraría hasta las 17 horas y seremos respetuosos de lo que hemos dicho.
Quiero hacer unas breves reflexiones antes de pasar a un cuarto intermedio.
En primer lugar, efectivamente la Oficina de Presupuesto del Congreso nos hará un informe antes de que dictaminemos. Esto ya ha sido previsto y en ese sentido hemos hablado con el director de la oficina. Seguramente, la próxima semana tendremos su presencia para informar o un informe, según lo estimen más conveniente ellos.
En segundo término, quiero volver a una reflexión inicial y creo que en esa línea iba la intervención del diputado Martínez. Es cierto que el presupuesto es un conjunto de lineamientos. En definitiva, uno puede decir que el presupuesto es el plan, son las políticas, es lo que se quiere hacer. Luego, las cuestiones aleatorias, propias y externas harán que se puedan o no cumplir los lineamientos.
Sin hacer chicanas, si tomara las previsiones de inflación del gobierno anterior y los resultados obtenidos, creo que podríamos redactar un libro.
También quiero decir que hay algunas cosas que habría que revisar desde el punto de vista de las concepciones teóricas. Por ejemplo, se habla de una emisión desquiciada. La emisión promedio en los tres primeros años de la gestión del gobierno macrista rondó el 8 por ciento del PBI y fue reducida drásticamente al 6 por ciento en el último año con el claro objetivo de utilizar la restricción monetaria como una herramienta de contención inflacionaria.
Me permito decir que les salió mal, porque tuvieron una brutal contracción monetaria que bajó al 6 por ciento con una inflación récord de más del 54 por ciento. Por lo tanto, habría que discutir la teoría.
Por otra parte, quiero decirles que con todo lo que se ha emitido para enfrentar la enorme demanda presupuestaria generada por la pandemia, estamos en el 8,6 por ciento. No estamos tan lejos de lo mencionado a pesar de que ha habido efectivamente una gran emisión.
La gran emisión arranca a partir de la brutal contracción que tenía como objetivo contraer o frenar la inflación, pero fracasó. Paradójicamente, este año ha aumentado la emisión monetaria y ha bajado la inflación. Esto da para largas discusiones teóricas, pero por lo menos debo decir que algunas supuestas verdades reveladas tienen poco de verdad y mucho menos de reveladas.
Podemos discutir sobre cualquier tema, sobre teoría económica, sobre inflación o sobre emisión monetaria, pero también tenemos que ser claros en algunas cuestiones. No hay magia. La magia no existe.
Recuerdo que una vez fuimos con unos amigos a ver a un mago y les dije el mago no volaba, sino que era un truco. Lo mismo pasa con la economía. No hay magia. Las cosas, en definitiva, tienen que ver con algún punto de equilibrio y de realidad.
Quieren una rebaja de impuestos porque dicen que la presión fiscal es descomunal. Hago un paréntesis para comentar que según el informe de la CEPAL que acaba de aparecer, la presión fiscal en América latina y el Caribe promedio es del 23,1 por ciento y en los países de la OCDE -las naciones desarrolladas- es del 34,3 por ciento. Por lo tanto, la presión fiscal en América latina es marcadamente menor que en los países centrales.
Además, hay una discriminación por países en el citado informe. La Argentina está por encima del promedio porque tiene un 28,8 de presión impositiva mientras que en América latina es del 23,1 por ciento. Uruguay, que parece ser el paraíso para los inversores argentinos, tiene una presión tributaria del 29,2 por ciento y Brasil del 33,1 por ciento. Estos datos fueron publicados ayer por la CEPAL y es un informe absolutamente actualizado. Algunos mitos y cuestiones permiten, por lo menos, hacer más de una interpretación.
Para tener equilibrio fiscal podemos aumentar los ingresos fiscales, endeudarnos o ajustar los gastos. No hay magia. No se sale de ese esquema. La posibilidad que Argentina tome deuda parece alejada de las posibilidades. Nuestro país está tratando de construir una deuda posible que no sería dañina: un endeudamiento en su propia moneda. Esto es lo que se ha anunciado y se está haciendo. De paso debo decir que esto se está haciendo con bastante éxito. Es una buena noticia que la Argentina esté construyendo una curva de deuda en moneda local.
Aumentar los impuestos requiere un debate. Debemos discutir una reforma impositiva y acá se ha dicho. Está enunciada como título en el proyecto de presupuesto, pero no está explicitada.
Cuando uno mira los datos de la región, pareciera que el problema argentino, en todo caso, está dado en los enormes impuestos al consumo que hacen que el IVA sea la mayor fuente de recursos impositivos del país y en la poca progresividad de los impuestos sobre los patrimonios y sobre las ganancias. Casualmente hace un rato leí el informe del día del Fondo Monetario Internacional que recomienda a los países que apliquen una mayor progresividad impositiva sobre patrimonios y renta para atender al déficit fiscal generado por el aumento descomunal de gastos que ha planteado la pandemia.
Son asuntos que nos llevan a reflexionar y que no parecen ser tan claritas como pareciera que algunos la tienen y que permiten tener más de un enfoque, como mínimo. Esto nos permitiría debatir en profundidad alguna de estas cosas.
Con el tipo de cambio ocurre lo mismo. En el mismo discurso no se puede decir que es cierto que el tipo de cambio real competitivo está bien, pero que hay que devaluar.
¿Saben qué ocurre? Cuando se devalúa hay inflación. Cuando se devalúa hay pérdida de salario. Cuando se devalúa aumenta la pobreza.
El mayor problema que tiene la Argentina hoy no es la competitividad del tipo de cambio, sino el nivel de pobreza que hay en la Argentina. Eso es lo que hay que combatir, pero no se combate con devaluaciones.
La historia de las devaluaciones siempre ha venido de la mano del aumento de la pobreza, del aumento de la indigencia, del desempleo, del cierre de infinidad de empresas nacionales, etcétera.
¿Queremos discutir a fondo? Discutamos a fondo, pero hay que poner todas esas cuestiones en esa mesa de discusión. A mí me encantaría porque es un debate que excede la discusión de las partidas presupuestarias y hace a la discusión en serio del modelo de país.
Lo que no se puede es esconder detrás de eso lo que a mi juicio está siempre, que es que hay que hacer ajustes, que el país no es viable si no se hace un ajuste sobre el gasto y que el problema no pasa por cómo se aumentan los ingresos o cómo crece la economía, sino en cómo se ajusta el gasto. Algunos llegaron a proponer cosas brutales, como echar a 1.500.000 o 2 millones de empleados públicos. Hemos escuchado cosas loquísimas, pero no es lo que estamos discutiendo entre nosotros.
Pero pongámosle nombre y apellido. Cuando uno quiere resolver el problema del equilibrio fiscal por el lado del gasto está, indefectiblemente y sin querer titularlo, hablando de ajuste.
Eso es lo que han hecho: recortes en salud, en educación, en ciencia y en tecnología. A mí me alegra escuchar hoy a algunos diputados pidiendo por partidas para el Conicet y para ciencia y tecnología. Son partidas que recortaron en los años anteriores. Son ajustes que han hecho en los años anteriores.
Varios diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE HELLER No estoy pasando facturas. Estoy contestando cosas que se dijeron. De lo contrario tengo que terminar consintiendo con cosas que se han dicho y con las que no consiento porque no estoy de acuerdo, y creo que hay muchos acá que no están de acuerdo.
También les digo -con esto cierro- al conjunto de diputados y de diputados, incluso a los del bloque al que pertenezco, que estamos en el medio de una crisis.
Cuando empecé dije que todos los pedidos, los que ustedes han hecho y los que van a hacer, son individualmente justos y merecen ser atendidos, pero si no discutimos con qué recursos, podemos entrar en una discusión sin salida.
Nuestra responsabilidad como legisladores es encontrar el equilibrio entre las legítimas peticiones que cada uno hace en representación de los lugares de donde viene y los consensos para elaborar algo que cierre y que sea una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar el país. Eso tiene que ver con un presupuesto de recursos y de gastos. Si no sale así, es una ficción. Entonces, lejos de ser un presupuesto, con todo lo que tiene de subjetivo la elaboración de un presupuesto, va a ser algo menos o no vamos a poder tener presupuesto.
Es imposible que pensemos en lo inmediato en ingresos más grandes que los que están presupuestados.
Podremos discutir algunas partidas porque, entiendo, el Ejecutivo ha dicho que no todas las partidas están asignadas y que hay recursos que no están asignados ya que hay proyectos que no están concretados. Por ejemplo, hay cosas que no están resueltas, como el tema de las jubilaciones. También está el tema de los recursos que se obtengan en caso de que se sancione la ley sobre aportes solidarios, que serían utilizados con fines específicos y determinados.
Todo eso forma parte de lo que habrá que discutir. Pero también yo hago una apelación a la responsabilidad colectiva de dotar al gobierno de la Nación de un presupuesto posible. Esto tiene que ver con la capacidad de generar recursos y con el nivel de endeudamiento que ha planteado tomar para cubrir el déficit fiscal con el que vamos a enfrentar el año 2021, donde parece un camino razonable ir acotando suavemente ese déficit fiscal hacia un horizonte de mayor equilibrio.
Difícilmente la solución podría ser que nos planteáramos aumentar el déficit, porque podríamos pasar a tener otro tipo de dificultades.
Finalmente, siendo las 16 y 56 voy a cumplir con la palabra. El martes a las 15 horas he hecho reserva para que continuemos con el tratamiento del presupuesto.
De manera que convoco a la comisión para el martes a las 15, donde continuaremos tratando el proyecto de presupuesto. Si las condiciones lo permiten, firmaremos el dictamen y, si no lo permiten, continuaremos debatiendo.
Vamos a hacer lo posible para poder dictaminar el martes que viene para que el proyecto pueda ser tratado en el recinto. Debemos tener en cuenta que luego tiene que seguir el mismo trámite en la otra Cámara y necesitamos tener un presupuesto aprobado antes de fin de noviembre para cumplir con la manda constitucional y para que el Estado nacional, el gobierno, tenga la herramienta necesaria para llevar adelante la gestión que tiene con vistas al año que viene.
Dicho esto, les agradezco a todos y pasamos a cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 15 horas con esta reunión.
Los que han prometido mandar cosas, háganmelas llegar, así yo también se las acerco al Poder Ejecutivo.
Diputado Cano: ahora mismo voy a reclamar lo que se comprometió el secretario a mandar y no ha entregado y vamos a hacer lo posible para acercárselo.
Muchísimas gracias y nos vemos en cada momento.
También les digo -con esto cierro- al conjunto de diputados y de diputados, incluso a los del bloque al que pertenezco, que estamos en el medio de una crisis.
Cuando empecé dije que todos los pedidos, los que ustedes han hecho y los que van a hacer, son individualmente justos y merecen ser atendidos, pero si no discutimos con qué recursos, podemos entrar en una discusión sin salida.
Nuestra responsabilidad como legisladores es encontrar el equilibrio entre las legítimas peticiones que cada uno hace en representación de los lugares de donde viene y los consensos para elaborar algo que cierre y que sea una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar el país. Eso tiene que ver con un presupuesto de recursos y de gastos. Si no sale así, es una ficción. Entonces, lejos de ser un presupuesto, con todo lo que tiene de subjetivo la elaboración de un presupuesto, va a ser algo menos o no vamos a poder tener presupuesto.
Es imposible que pensemos en lo inmediato en ingresos más grandes que los que están presupuestados.
Podremos discutir algunas partidas porque, entiendo, el Ejecutivo ha dicho que no todas las partidas están asignadas y que hay recursos que no están asignados ya que hay proyectos que no están concretados. Por ejemplo, hay cosas que no están resueltas, como el tema de las jubilaciones. También está el tema de los recursos que se obtengan en caso de que se sancione la ley sobre aportes solidarios, que serían utilizados con fines específicos y determinados.
Todo eso forma parte de lo que habrá que discutir. Pero también yo hago una apelación a la responsabilidad colectiva de dotar al gobierno de la Nación de un presupuesto posible. Esto tiene que ver con la capacidad de generar recursos y con el nivel de endeudamiento que ha planteado tomar para cubrir el déficit fiscal con el que vamos a enfrentar el año 2021, donde parece un camino razonable ir acotando suavemente ese déficit fiscal hacia un horizonte de mayor equilibrio.
Difícilmente la solución podría ser que nos planteáramos aumentar el déficit, porque podríamos pasar a tener otro tipo de dificultades.
Finalmente, siendo las 16 y 56 voy a cumplir con la palabra. El martes a las 15 horas he hecho reserva para que continuemos con el tratamiento del presupuesto.
De manera que convoco a la comisión para el martes a las 15, donde continuaremos tratando el proyecto de presupuesto. Si las condiciones lo permiten, firmaremos el dictamen y, si no lo permiten, continuaremos debatiendo.
Vamos a hacer lo posible para poder dictaminar el martes que viene para que el proyecto pueda ser tratado en el recinto. Debemos tener en cuenta que luego tiene que seguir el mismo trámite en la otra Cámara y necesitamos tener un presupuesto aprobado antes de fin de noviembre para cumplir con la manda constitucional y para que el Estado nacional, el gobierno, tenga la herramienta necesaria para llevar adelante la gestión que tiene con vistas al año que viene.
Dicho esto, les agradezco a todos y pasamos a cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 15 horas con esta reunión.
Los que han prometido mandar cosas, háganmelas llegar, así yo también se las acerco al Poder Ejecutivo.
Diputado Cano: ahora mismo voy a reclamar lo que se comprometió el secretario a mandar y no ha entregado y vamos a hacer lo posible para acercárselo.
Muchísimas gracias y nos vemos en cada momento.
Es la hora 16 y 57.