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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 28/07/2020
- AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 2° PARTE
-En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de julio de 2020, a la hora 15 y 11, comienza la reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SR. PRESIDENTE HELLER Buenas tardes a todas y todos. Continúa la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda luego del cuarto intermedio acordado.
De acuerdo al temario y desarrollo planteados recibiremos a funcionarios del Poder Ejecutivo: el señor secretario de Hacienda, licenciado Rigo, y sus colaboradores, quienes harán una presentación.
De acuerdo a la mecánica propuesta escucharemos la presentación del Poder Ejecutivo y luego abriremos el camino a las preguntas. Tal como lo hicimos cuando tratamos la moratoria, haremos preguntas a los invitados y dejaremos las intervenciones para el debate de mañana en comisión.
A los fines prácticos, sugerimos en esta ocasión aprovechar la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo a fin de formular las preguntas que estimemos pertinentes. Luego de las respuestas habremos concluido la reunión de hoy.
Mañana realizaremos otra reunión para tratar formalmente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y firmar el dictamen. Es probable que también consideremos algún otro tema que se encuentre en el Orden del Día de la reunión.
Le doy la bienvenida al secretario de Hacienda, licenciado Rigo, a quien cedo la palabra.
De acuerdo al temario y desarrollo planteados recibiremos a funcionarios del Poder Ejecutivo: el señor secretario de Hacienda, licenciado Rigo, y sus colaboradores, quienes harán una presentación.
De acuerdo a la mecánica propuesta escucharemos la presentación del Poder Ejecutivo y luego abriremos el camino a las preguntas. Tal como lo hicimos cuando tratamos la moratoria, haremos preguntas a los invitados y dejaremos las intervenciones para el debate de mañana en comisión.
A los fines prácticos, sugerimos en esta ocasión aprovechar la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo a fin de formular las preguntas que estimemos pertinentes. Luego de las respuestas habremos concluido la reunión de hoy.
Mañana realizaremos otra reunión para tratar formalmente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y firmar el dictamen. Es probable que también consideremos algún otro tema que se encuentre en el Orden del Día de la reunión.
Le doy la bienvenida al secretario de Hacienda, licenciado Rigo, a quien cedo la palabra.
SR. RIGO Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados: muchas gracias por recibirnos para explicar en nombre del Poder Ejecutivo los lineamientos del proyecto de ley que se remite a consideración del Honorable Congreso sobre ampliación del presupuesto vigente del año 2020.
Tal como manifestó el señor presidente de la comisión, tenemos previsto comenzar con una presentación explicativa del proyecto de ley que hemos sometido a consideración. A tal efecto, solicito autorización al presidente de la comisión para compartir la presentación con los asistentes a efectos de seguirla a través de esta reunión virtual.
Tal como manifestó el señor presidente de la comisión, tenemos previsto comenzar con una presentación explicativa del proyecto de ley que hemos sometido a consideración. A tal efecto, solicito autorización al presidente de la comisión para compartir la presentación con los asistentes a efectos de seguirla a través de esta reunión virtual.
SR. PRESIDENTE HELLER Señor secretario: por favor, proceda de esa manera. Más aún, le agradecería que luego de finalizada su intervención nos facilite el material así se lo hacemos llegar al conjunto de los integrantes de la comisión.
SR. RIGO Señor presidente: por supuesto, así lo haremos. Coordinaremos esto a través de la secretaría.
Se proyecta una presentación de Powerpoint.
SR. RIGO La presentación se encuentra estructurada siguiendo los lineamientos del mensaje que acompaña el proyecto de ley, para lo cual primero caracterizaremos brevemente la situación económica, financiera y fiscal a inicios de la actual administración, diciembre de 2019. Luego puntualizaremos las primeras medidas que en el campo presupuestario, fiscal y tributario adoptó el gobierno nacional y después detallaremos las consecuencias de la irrupción de la pandemia de COVID-19 en estos ámbitos.
En primer lugar, veremos cuáles fueron las políticas que se implementaron para lidiar con el estado fiscal, económico y financiero a principios de diciembre de 2019 y, en segundo término, analizaremos el impacto fiscal del COVID-19 y caracterizaremos el proyecto de ley sometido a consideración del Honorable Congreso.
Tal como sabemos, el conjunto de indicadores macrofiscales y macroeconómicos en diciembre de 2019 mostraban un perfil bastante catastrófico. De hecho, solo durante uno de los cuatro años de la anterior administración -2017- el indicador mensual de la actividad económica -el EMAE- fue positivo, mientras que en los otros tres fue negativo. La consecuencia de esto fue un perfil sombrío para cualquiera de los indicadores que se exhiben en la lámina.
La filmina muestra la inflación, la pobreza, el salario real, la performance de ese indicador para cada uno de los cuatro años y entre paréntesis el del último año. Cualquier año que tomemos es un claro indicador de la situación de emergencia en la que se encontraba la economía en el campo monetario y fiscal y, fundamentalmente, la economía real. Luego de esos cuatro años de administración la economía real registraba caídas muy significativas del salario real, con pérdidas importantes de empleo, cierre de muchas PYMES, una inflación acumulada importante y mucha inestabilidad en el mercado de cambios.
A lo largo de los cuatro años de la anterior administración las cuentas públicas sufrieron una doble presión. Por un lado, se registró un fuerte recorte del gasto público. Pueden observar que el gasto público que se situaba en un poco más del 25 por ciento en 2015 se redujo a 22 por ciento en 2019, con caídas muy significativas en gastos que tienen un gran impacto en la economía real, como el gasto en capital y los salarios. Esto fue acompañado por una permanente y creciente suba -siempre medida en términos del PIB- del gasto interno.
Si queremos mirar el gasto por finalidad y función con una visión más presupuestaria, podemos apreciar en el esquema a la derecha de la lámina cómo en el período mencionado la inversión en servicios sociales -salud educación y vivienda- cayó del 14,5 a 13,1 por ciento en términos del PIB. Los servicios económicos, que son todas aquellas asignaciones que tienden a fortalecer y animar la economía real, también sufrieron una pérdida importante.
En tanto, si miramos la línea de intereses netos, veremos que registra un aumento del 1,3 al 3,3 por ciento del PIB, acompañando la política de apertura a los capitales externos y a la creciente dolarización.
Un cálculo que me parece muy interesante y elocuente es el que muestra cuánto gastábamos por cada cien pesos pagados en concepto de intereses de deuda. En 2015 gastábamos diez veces esa cantidad en servicios sociales, en tanto que en 2019 se gastaban apenas cuatro veces. En servicios económicos, otro indicador importante del perfil del gasto público y de su impacto en las cuentas nacionales, también gastábamos cuatro veces esa cantidad en 2015, pero solo el 70 por ciento en 2019. Estos dos indicadores muestran de manera muy elocuente -como decía- el ajuste sobre las cuentas públicas y su correlato en términos monetarios, financieros y, fundamentalmente, reales.
¿Qué pasó con los ingresos tributarios? Las políticas impulsadas por la administración anterior redujeron la presión tributaria. Eso, naturalmente, hizo que se debilitara el margen de maniobra de las finanzas públicas y, fundamentalmente, como podemos apreciar en la lámina, cambió la ponderación entre los tipos de tributos. Si ustedes quieren, hubo una mayor participación de tributos de naturaleza regresiva, concomitantemente con una menor participación de tributos de carácter progresivo. Esto tuvo un efecto negativo sobre la economía real.
De la mano de la disminución de gastos, en términos del PIB, que fue mayor que la reducción de impuestos, naturalmente se produjo también una reducción del resultado primario y del resultado financiero.
Fíjense que hacia fin del período, es decir, en el año 2019, tenemos un déficit primario de aproximadamente 1,7 por ciento del PIB, que va de la mano de un déficit financiero de 5 puntos del PIB. Esto nos está mostrando que el ajuste a nivel primario fue mucho más fuerte que a nivel financiero. A lo largo del período, la carga de intereses de la administración por el pago de los servicios de la deuda pública fue creciente y fue ahogando las posibilidades de activación del gasto público sobre la economía real, tal como nos mostraban los indicadores que vimos al principio de la presentación.
Con la llegada del nuevo gobierno el día 10 de diciembre, y frente a esta situación de debilidad macroeconómica y de emergencia fiscal, el gobierno nacional se propuso básicamente tres políticas para lidiar con esa situación de tanta penuria para la economía real. Por un lado, trazó un claro vector que tiene que ver con la reestructuración de la deuda. Efectivamente, todos los episodios de falta de acceso a los mercados y créditos de reperfilamiento de distintos tipos de instrumentos de deuda nos pusieron al borde, diría yo, del default. Y esa falta de acceso a los mercados de capitales constituye un límite muy claro al crecimiento, motivo por el cual este fue uno de los primeros desafíos que encaró la nueva administración.
Por otro lado, fue necesario estabilizar fiscalmente las cuentas públicas. Esto es así porque esa reducción en el déficit primario que recién he reportado fue fuertemente inestable, ya que operó sobre líneas del gasto que difícilmente podían sostenerse en esos niveles. Se detuvieron gastos que son sensibles socialmente, como los gastos sociales, los gastos en educación y los gastos en salud. Además, está la presión derivada de los desequilibrios sociales, producto de esas políticas que introdujeron una fuerte inestabilidad, que debió ser atendida mediante los instrumentos que veremos a continuación.
También fue necesario encarar un claro programa de estabilización social, recomponiendo el poder adquisitivo, dando respiro monetario a las familias, a los sectores menos favorecidos y a las pymes, y encarando un proceso de desindexación de la economía. Recordemos que 2019 fue uno de los años de mayor inflación en los últimos veinte o treinta años en la Argentina. Prácticamente llegó al 55 por ciento, y eso naturalmente impuso la necesidad de contar con un programa de estabilización que usara como herramienta la administración de paritarias, los acuerdos de precios y el congelamiento tarifario.
Así, en diciembre del año 2019 apareció la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que tuvo dos grandes impulsos. En primer lugar, generó un fuerte cambio en la capacidad tributaria de la recaudación del Fisco nacional. La suba del 1,5 por ciento del PIB es el efecto producido por las medidas que se tomaron en el marco de la ley mencionada, y obedece al impulso a la recaudación del impuesto a los bienes personales, la creación del impuesto PAIS y el cese de la reducción de las contribuciones patronales, entre otras medidas que ustedes pueden ver allí y que seguramente conocen.
En segundo término, esa ley también promovió la atención de las demandas sociales derivadas de la situación de inestabilidad macroeconómica y de recesión. Estableció la tarjeta alimentaria, justamente para atender ese tipo de necesidades en los sectores más vulnerables, y replanteó la movilidad jubilatoria. Recordemos que en ese momento el actual gobierno nacional consideró que, de continuar con esa fórmula de movilidad, se hubiese llevado al Fisco a una gran inestabilidad. Atender a la ley de movilidad con esa regla de cálculo iba a volverse imposible. Me refiero a la recomposición de sumas fijas de los salarios, tanto para los trabajadores privados como públicos, que vino de la mano de un congelamiento tarifario.
También está la propuesta de la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por las razones que expuse antes, y fundamentalmente la decisión de prorrogar la ley de presupuesto del año 2019. En efecto, el contexto de altísima incertidumbre, emergencia y enervación de las variables sociales y económicas más críticas para la población, hacía muy difícil plantear un escenario macroeconómico previsible y verosímil a partir del cual formular una ley de presupuesto sostenible para el año 2020.
Entonces, en el marco del artículo 27 de la vigente Ley de Administración Financiera, el gobierno del doctor Fernández tomó la alternativa de prorrogar la ley de presupuesto 2019, que es la que rige en este momento.
Los efectos positivos de este primer set de medidas que apuntaron a la estabilización, a dar tranquilidad a la economía y a dar sostenibilidad al frente fiscal, se vieron interrumpidos de alguna manera por la irrupción de la pandemia. Efectivamente, ustedes pueden ver que en un conjunto de países, según una multiplicidad de sectores, el impacto económico del COVID-19 ha sido letal. Solamente en los casilleros que ven pintados en verde, para algunos de esos sectores solo unos pocos países han podido sortear en cierta manera la crisis. Pero vean ustedes que son tres o cuatro. Todos los demás han tenido caídas en sus variaciones interanuales de actividad. Esas caídas han sido realmente muy fuertes y profundas. No debemos explayarnos mucho más para entender los efectos económicos sumamente negativos que esta pandemia ha introducido en todas las economías, incluida la argentina.
¿Qué ha ocurrido con el frente fiscal durante este primer semestre? En este cuadro ustedes pueden apreciar, en las barras que están en gris, la acumulación del déficit primario en el primer semestre. Fíjense entonces que en junio de 2020 tenemos un déficit primario acumulado de 3,3 puntos del PBI. La línea azul les va mostrando cómo crece el gasto primario cada mes respecto del mismo mes del año anterior.
En efecto, a partir del mes de febrero de este año, el gasto primario comenzó a crecer a niveles muy importantes como producto de los gastos e inversiones que se hicieron desde el gobierno nacional para enfrentar la situación de emergencia provocada por la pandemia. En marzo el gasto primario creció un 70 por ciento respecto del mismo mes del año anterior; en mayo creció un 97 por ciento; y en junio un poco menos, un 73 por ciento.
Es el mismo sentido que nos muestra la línea verde con los ingresos totales. Naturalmente, con la irrupción de la pandemia y la caída de la actividad económica, los recursos se desplomaron. Fíjense que en mayo de 2020 nominalmente tuvimos casi la misma recaudación que en mayo de 2019. Realmente hubo una caída de recursos sumamente importante de la mano del parate de la actividad económica y de la crisis producida por la pandemia. Por otro lado, como acabo de mencionar, hubo un crecimiento de los gastos para atender la emergencia.
Durante el primer semestre del año actual con las partidas existentes a ese momento, es decir, con las ampliaciones que se tramitaron hasta el 30 de junio, el presupuesto de la administración nacional destinó casi 690.000 millones de pesos en refuerzos presupuestarios para atender los distintos programas implementados por el gobierno nacional para hacer frente a la emergencia, tanto en sus aspectos sanitarios como económicos.
Fíjense que los gastos más importantes los podemos encontrar en la Administración Nacional de la Seguridad Social. Tenemos allí sumas como por ejemplo de 180.000 millones de pesos destinados al programa Ingreso Familiar de Emergencia que como ustedes saben destina a los sectores más desprotegidos de la sociedad la cantidad de 10.000 pesos mensuales para paliar sus necesidades más urgentes.
En ese contexto tenemos también el salario complementario -el ATP-, que se destina a complementar los haberes de aquellos trabajadores que se desempeñan en empresas especialmente afectadas por las disposiciones para protegernos de la pandemia.
También tenemos gastos importantes dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo como es el fomento del sistema de garantías, el FOGAR, que es el régimen que permite garantizar los préstamos que se dan a empresas para paliar justamente la crisis. De la mano del FOGAR también tenemos el financiamiento de la producción, el FONDEP, que es otro fondo de garantías.
Otro gasto importante que podemos destacar dentro de este universo de 690.000 millones de pesos en el primer semestre que se ha destinado a financiar las políticas implementadas a raíz del COVID, es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Se trata de 60.000 millones de pesos que se han utilizado para otorgar préstamos a las provincias a efectos de paliar la caída de la recaudación que han sufrido por la disminución de la recaudación de origen nacional y provincial.
Otros gastos importantes que podemos mencionar que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social son los programas de políticas alimentarias, es decir, los planes que reforzaron la asistencia alimentaria a los grupos más vulnerables. Tenemos también 17.600 millones de pesos en el Ministerio de Salud para atender los gastos inherentes, y otros que ustedes pueden ver en el cuadro.
Es decir, el primer gran mensaje es que hay 690.000 millones de pesos que se destinaron a la atención de las políticas públicas diseñadas para paliar las consecuencias sanitarias y económicas del COVID-19.
En particular, me parece interesante compartir con ustedes cuál ha sido la política de asistencia financiera a las administraciones provinciales. Efectivamente, las consecuencias del COVID han afectado al gobierno nacional, pero fundamentalmente a las provincias. Fíjense, empezando de la izquierda, que situamos en aproximadamente 160.000 millones de pesos -que figura en la columna rosada-, la pérdida de recaudación de origen nacional sufrida por las provincias.
Esa pérdida de recaudación de 160.000 millones de pesos ha sido compensada por distintas asignaciones que durante el primer semestre se otorgaron a las provincias. Por un lado, 48.473 millones de pesos de ATN -Aportes del Tesoro Nacional-, distribuidos desde el Ministerio del Interior, y 41.725 millones de pesos en préstamos otorgados desde el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que es el programa de 60.000 millones de pesos que mencioné recién, de los cuales 41.700 ya están ejecutados. Luego tenemos un conjunto de convenios, algunos de obras públicas y otros de asistencia fundamentalmente para las políticas destinadas a paliar situaciones sanitarias, de emergencia y demás, por 59.800 millones de pesos. Esto totaliza transferencias por 150.000 millones de pesos, que prácticamente compensan esa pérdida de recursos de origen nacional sufrida por las administraciones provinciales. Todavía tenemos para completar 20.000 millones de pesos de ATN a distribuir.
Recuerden que el programa de financiamiento de la emergencia provincial era de 120.000 millones de pesos: 60.000 de ATN y 60.000 de préstamos para fondos fiduciarios; en el gráfico figura que tenemos 20.000 y 18.200 millones de pesos respectivamente, que es lo que resta desembolsar.
Es decir, el presupuesto nacional no solamente atendió las políticas impulsadas por el gobierno nacional implementadas en toda la República, sino que también, como ilustramos aquí, ha buscado compensar la caída de recaudación de origen nacional sufrida por las arcas provinciales.
Este ejercicio propone de alguna manera discriminar qué habría ocurrido si no hubiésemos tenido, por un lado, la caída de recaudación y, por el otro, el incremento de gastos provocados por el COVID. Fíjense, empezando como siempre por la izquierda, que en el primer bimestre tuvimos ingresos que variaron interanualmente un 37 por ciento, en tanto que los gastos primarios lo hicieron en un 51 por ciento. En el período marzo-junio, que es pospandemia, los ingresos crecieron interanualmente un 16 por ciento, mientras que los gastos lo hicieron al ritmo del 83 por ciento. Aquí tenemos el pleno efecto o impacto del financiamiento de los planes que se lanzaron, es decir, de los programas y las políticas públicas que se implementaron.
Si nosotros retiráramos de alguna manera de ese gasto estos 680.000 millones de pesos que debimos invertir producto del COVID, y si aisláramos el comportamiento de la recaudación del efecto negativo de la pandemia, durante el período marzo-junio la recaudación hubiese crecido un 35 por ciento y los gastos, un 38 por ciento.
En el primer semestre, yendo al último par de columnas punteadas que se ven en el gráfico, los ingresos hubiesen crecido al 36 por ciento y los gastos, al 42 por ciento.
Con esto queremos decir lo siguiente: evidentemente, el set de medidas que se implementaron en los dos primeros meses de la nueva administración fueron efectivas, y de no haber mediado el COVID, como este ejercicio intenta demostrar, al cabo del primer semestre nos hubiesen dejado en una situación más próxima al equilibrio, y fundamentalmente de mayor sostenibilidad tanto de los recursos como de los gastos presupuestarios.
En ese sentido, hubiésemos estado en un contexto mucho más cómodo, diría yo, y mucho menos inestable que en el que se encontraban las cuentas fiscales al cierre de la administración anterior.
Para reforzar este criterio y subrayar este mensaje, fíjense lo que hemos tratado de calcular aquí tomando como base este 3,3 por ciento del PBI como déficit primario acumulado para el primer semestre, que ven en la última columna. De ese 3,3 por ciento, 2,3 por ciento -la parte amarilla de la columna- es lo que ha invertido el presupuesto nacional durante el primer semestre para financiar políticas activas sanitarias y económicas vinculadas al COVID, y 0,5 por ciento es la pérdida de recaudación que hemos sufrido en ese período producto del desplome de la actividad económica.
Entonces, fíjense ustedes que este menos 3,3 por ciento, de no haber mediado la situación vinculada con el COVID, habría llegado a un número más próximo al efecto que, entendemos, tiene que ver con las decisiones que produjo el gobierno nacional en los dos primeros meses.
Pasando a la segunda parte de la presentación, vamos a brindar un panorama de la ejecución presupuestaria de la administración nacional durante el primer semestre del año actual.
En la filmina -más precisamente en la segunda columna- se puede apreciar el presupuesto vigente, es decir, el que fuera prorrogado de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la ley 24.156, más las modificaciones realizadas hasta el 30 de junio y la ejecución a ese momento.
Allí pueden apreciar que a nivel de gastos hemos tenido una ejecución de un 57,1 por ciento con un mayor énfasis en los gastos corrientes. Si quisiéramos tener una mirada más detallada me gustaría llamarles la atención sobre dos cuestiones. Si ustedes miran la cuarta columna, cuyo título es "Variación 2020-2019", notarán que los gastos corrientes, año contra año, han variado un 63,2 por ciento. ¿Dónde se dan los crecimientos más importantes? En la Seguridad Social tenemos un porcentaje un poco más bajo que es del 48 por ciento. Hay que tener en cuenta que las prestaciones de la seguridad social representan el 60 por ciento del presupuesto nacional. Entonces, ese 48 por ciento es, nominalmente, muy importante.
Si seguimos bajando por la misma columna podremos ver incrementos muy importantes en las transferencias a provincias y municipios de la mano del programa de sostenimiento de las finanzas públicas provinciales que recién mencionaba.
Dentro del mismo cuadro apreciamos un crecimiento del 97,5 por ciento que son todos los aportes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, es decir, el PAMI, que ha tenido un fuerte apoyo para financiar distintas políticas como, por ejemplo, el Programa Vivir Mejor, que han sido importantes para nuestros adultos mayores. Los gastos de capital, aún en este contexto de restricción y de dificultad de ejecución producto de las medidas tomadas a raíz de la pandemia, también manifiestan un crecimiento del 28,2 por ciento respecto del mismo período del año anterior.
En este cuadro podemos apreciar la ejecución medida por finalidad y función. Naturalmente, la finalidad Servicios Sociales tiene un nivel de ejecución importante de un 62 por ciento -61,6- al 30 de junio y el ítem Servicios Económicos, un 60,6 por ciento. Dentro de Servicios Económicos se engloban fundamentalmente todos los subsidios a la energía y el transporte, entre otros, que han estado vigentes durante este primer semestre de la mano del congelamiento de tarifas como una medida para paliar los efectos inflacionarios y negativos sobre los bolsillos de los sectores más necesitados.
Dada esta primera foto de la ejecución del presupuesto vigente al 30 de junio, nos interesa ahora plantear las características de la modificación presupuestaria que se está poniendo a consideración.
En primer lugar, hemos intentado graficar la necesidad de impulsar este proyecto de ampliación presupuestaria. Y una manera de mostrarlo es la que hemos seleccionado aquí. Las barras que figuran en los gráficos representan las distintas finalidades y funciones de los gastos que están incluidos en el presupuesto nacional, es decir, administración gubernamental, servicio de seguridad, servicios sociales, económicos y deuda pública. La cifra en negro que está arriba de cada una de esas barras les está mostrando la ejecución que tienen al 30 de junio esas finalidades: 57,7; 55,8 y 60 por ciento. ¿Qué quiere decir? Naturalmente, estamos teniendo un nivel de ejecución elevado para ese momento del año, producto de lo que hemos relatado, motivo por el cual y dada la necesidad de continuar con alguna de las políticas que se han implementado en el marco del COVID y previo a este, necesitamos ampliar el presupuesto.
Concretamente, de prosperar el presente proyecto de ley, el nivel de ejecución medido al 30 de junio para cada una de esas finalidades sería el que marcan los círculos azules ubicados en los gráficos. De prosperar el proyecto de ley, estaríamos a mediados de año en niveles de ejecución mucho más próximos a lo que sería una ejecución estacional.
Esta es una manera intuitiva de transmitir la necesidad de ampliar los créditos presupuestarios, y en esta oportunidad, de hacerlo a través de un proyecto de ley.
¿En qué consiste la modificación presupuestaria que sometemos a consideración? La modificación presupuestaria que esta ley propone amplía los gastos totales de la administración pública nacional en 1.859.583 millones de pesos, o sea, 1,9 billones de pesos. Eso está relacionado con los gastos.
Por otro lado, tenemos mayores ingresos. Recordemos que, al tener una ley prorrogada, el cálculo de recursos en el presupuesto vigente es el del año 2019. Lamentablemente, y producto del COVID, la recaudación crece poco, pero se incrementa levemente. Entonces, esa mayor recaudación debe ser registrada en el presupuesto. El valor de la recaudación son casi 643 mil millones de pesos. Pero, la diferencia entre estos mayores gastos y los mayores recursos, nos genera un crecimiento del déficit de 1.216.738 millones de pesos. Esta cifra, sumada a aplicaciones financieras, es decir a gastos que están por debajo de la línea -que tienen que ver, fundamentalmente, con la ampliación del Fondo Fiduciario-, nos arroja una necesidad de financiamiento de 1.308.000 millones de pesos. Este monto es el que necesita la administración nacional para financiar esta ampliación presupuestaria hasta el final del ejercicio. Esas fuentes de financiamiento serán básicamente dos: utilidades del Banco Central por 1.017.738 millones de pesos y colocaciones en el mercado de deuda doméstica por un monto de 290.948 millones. De esa manera, cubriremos esa necesidad de financiamiento producto del déficit y de las aplicaciones financieras consignadas allí.
Esta es la estructura contable de la medida que se encuentra a vuestra consideración.
En los próximos cuadros intentaremos mostrar los crecimientos, tanto de los recursos como de los gastos respecto del presupuesto vigente. Intentamos mostrar cuál es el crecimiento que el proyecto de ley produce sobre el presupuesto vigente al 30 de junio. Por las dudas, el presupuesto vigente es el que está consignado en la columna número 2 -vigente al 30 de junio- y luego en la columna 3 aparece la modificación que propone este proyecto, un total y luego un coeficiente que nos va dando la variación entre esa columna 4 y esa columna 3.
Para empezar por el lado de los recursos, cabe mencionar que el incremento de recursos -respecto del consignado en el presupuesto vigente que prevemos de aquí a fin de año- asciende a un 17,2 por ciento. Allí se consignan también los recursos corrientes y de capital.
Si lo quisiéramos analizar con un poquito más de detalle, los recursos corrientes -estos 4.240.226 millones de pesos- vienen explicados fundamentalmente por los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social que están teniendo, en el primer caso, un crecimiento un poco inferior al 17 por ciento.
Las contribuciones crecen a un ritmo un poco más importante, fundamentalmente como consecuencia de las medidas que se tomaron en la ley de emergencia y que tienen que ver con el cese de la disminución de las contribuciones dispuestas por la anterior administración.
Allí también pueden ver un detalle del resto de los recursos corrientes. Si ponemos un poco el foco en los ingresos tributarios, con este crecimiento del 16,4 -fin del ejercicio versus presupuesto vigente-, podemos apreciar incrementos importantes en algunos tributos. Algunos de los más importantes son el de bienes personales -producto también de las medidas tomadas en el marco de la ley de emergencia-, la tasa de estadística y, naturalmente, el impuesto PAIS, que no existía en 2019 pero sí está en el presupuesto vigente.
No quiero aburrirlos, solo nombro los más importantes para que puedan tener una foto del crecimiento de los recursos tributarios discriminados según los tributos más significativos.
El mismo análisis podríamos hacer para los gastos. Al final del ejercicio 2020 -en comparación con el presupuesto vigente, de prosperar este proyecto de ley-, los gastos crecerán un 33,6 por ciento. Los gastos corrientes lo harán al 33,2 y los de capital, al 41,6 por ciento, tal como se consigna en el cuadro que pueden observar.
También, para detallar un poco estas filas, dentro de los gastos corrientes -que, como digo, crecerían al 33,2 por ciento-, los gastos de consumo crecerán a un 20,8 por ciento; básicamente, tenemos allí las remuneraciones, los salarios y los gastos de funcionamiento del Estado nacional.
Un porcentaje de crecimiento mucho más fuerte tienen las prestaciones de la seguridad social, que crecerían al 31,2 por ciento, producto de las distintas medidas que se están tomando en el marco del sostenimiento del poder de compra de los haberes jubilatorios.
Las transferencias corrientes son las que se llevan el porcentaje más alto -casi un 54 ciento-. Esta línea es la que, de alguna manera, concentra las principales políticas públicas implementadas en el marco de la pandemia. Todo lo que tiene que ver con las IFE, las ATP y las distintas transferencias a provincias que hemos mencionado se agrupan en este concepto del gasto corriente, de aquí que muestre un crecimiento mayor.
Entonces, las transferencias corrientes, las prestaciones de la seguridad social y los gastos de consumo serían, en el campo de los gastos corrientes, los crecimientos más importantes que se dan en el proyecto de ley.
Aquí también hemos incluido los gastos de consumo, que representan un 20,8 por ciento. Sus dos principales conceptos son las remuneraciones y los bienes y servicios. Si bien hay otros gastos que crecen un poco más, son de poca cuantía nominalmente.
Si pasamos a las transferencias corrientes, observamos un crecimiento de un 53,9 por ciento. Aquí tenemos las transferencias que se hacen al sector privado -en un 65,6 por ciento-; allí, una de las líneas refiere a las unidades familiares, otra, a las empresas privadas. Básicamente, tenemos acá todos los subsidios y ayudas dispuestas en el marco de la pandemia, las ayudas que tienen que ver fundamentalmente con el ATP y con todos los préstamos y asignaciones.
Dentro de "transferencias corrientes", vemos que también aumentan, en menor cuantía, las transferencias al sector público. Y aquí vemos que las que explican de una manera más completa el comportamiento de este tramo de las transferencias son las universidades nacionales y las empresas públicas.
En cuanto a los gastos de capital, crecerán en un 41,6 por ciento, medidos en diciembre de 2020 respecto a junio de 2020. Allí tenemos crecimientos previstos -tanto de la inversión real directa como de las transferencias de capital- de la mano del impulso que se pretende dar a toda la ejecución del gasto de capital como forma de ayudar y paliar las consecuencias que ya arrastrábamos de la administración anterior y que se han profundizado en el marco de la pandemia.
Como decía, se propone entonces un crecimiento importante de los gastos de capital, tanto de aquellos que realiza la Administración Nacional a través de la inversión real directa -se proponen 39 mil millones de pesos en esta modificación presupuestaria como refuerzo para ese tipo de inversión-, como de las transferencias de capital -60 mil millones de pesos-, que serían las transferencias a provincias, a municipios y a empresas públicas para que realicen las inversiones pertinentes. Es decir, hay una fuerte apuesta al gasto de capital como motor de la salida de esta enorme crisis a la que nos ha arrastrado la situación sanitaria.
En esta filmina tratamos de organizar o consignar los principales conceptos que están recibiendo financiamiento en esta modificación presupuestaria de casi 1,9 billones de pesos, como hemos dicho.
El 80 por ciento de esta asignación -aproximadamente 1,5 billones de pesos-, como pueden observar, se agrupa en ocho conceptos. El concepto más importante es el de las prestaciones de la seguridad social, al que prácticamente se destinan 600 mil millones de pesos.
Este es el efecto pleno durante 2020 de todas las medidas que se han ido tomando para proteger el poder de compra de los jubilados y las jubiladas.
También tenemos aquí asignaciones que tienen que ver con las cajas de jubilación del ámbito de seguridad y defensa y otras prestaciones vinculadas con la atención del PAMI.
En segundo lugar, casi 251 mil millones de pesos se destinan a subsidios económicos, básicamente energéticos -en un 82 por ciento- y de transporte -en un 18 por ciento- para mantener las tarifas sin incrementos y acompañar, sin sobresaltos adicionales, a los bolsillos de las familias, sobre todo de las más desprotegidas. Un total de 170 mil millones de pesos se destinan a completar algunos tramos, tanto del IFE como de la ATP. Allí tenemos que el 53 por ciento de esta asignación se destina al IFE y el 47 por ciento -es decir, casi en partes iguales- a ATP.
Las asignaciones familiares y la AUH explican el cuarto concepto: 130.200 millones de pesos también para atender el impacto pleno de los incrementos que se han ido otorgando a lo largo de estos siete meses.
Luego tenemos -como lo mencionábamos hace un rato- 125.900 millones de pesos para gastos de capital. Aquí tenemos obras de agua potable y alcantarillado -fundamentalmente en cabeza de la empresa AySA-, obras de transporte y energía, y también en la Dirección Nacional de Vialidad; entre otros gastos que estamos nombrando aquí, que son los más importantes.
Este importe de 78.000 millones de pesos es el refuerzo que recibe el Ministerio de Desarrollo Social para financiar complementariamente las políticas alimentarias -básicamente, la tarjeta Alimentar-; esto explica el 71 por ciento de esta asignación. Y luego también los programas de apoyo al empleo, que encuentran financiamiento en el 28 por ciento de esta asignación que estamos nombrando.
Le sigue Educación, con casi 64.000 millones de pesos. A la derecha de la imagen pueden ver los conceptos más importantes: el 75 por ciento de esta asignación corresponde a transferencias a universidades; el 12 por ciento, al Fondo Nacional de Incentivo Docente, que tiene una extensión; el 11 por ciento se destina para retomar el programa de conectividad y distribución de dispositivos -es decir, el programa Conectar Igualdad-, y el 5 por ciento se destina a las Becas Progresar.
Por último, en el sector Salud, tenemos un total de 51.700 millones de pesos, que en un 20 por ciento van a financiar transferencias a PAMI y el resto son gastos en el Ministerio de Salud, que tienen que ver con vacunas, insumos, transferencias a hospitales; y la atención del plan Incluir Salud explica un 13 por ciento de la asignación.
El resto, de 390.000 millones de pesos, es lo que hemos destinado a los efectos de que se puedan seguir brindando las prestaciones normales y habituales por fuera de los gastos sociales y de las políticas públicas que tienen que ver con el PO.
Básicamente, esta es la foto -diría yo- de los mayores gastos de la ampliación que propone este proyecto de ley; o sea, aquí hemos sacado una foto muy clara de este billón 900 mil millones de pesos que propone el proyecto de ley bajo análisis.
Ahora vayamos un poco a los resultados, es decir, dónde vamos a terminar con la aplicación de este proyecto de ley. En las dos primeras líneas tenemos los crecimientos que vimos antes: los recursos creciendo al 17,2 por ciento -siempre respecto del presupuesto vigente- y los gastos creciendo al 39,2 por ciento. Eso nos dejaría en un resultado primario -lo pueden ver en la columna 4- de 2 millones 214 mil millones de pesos. Esta cifra prácticamente equivale al 6,8 o al 6,9 por ciento del PBI, producto de estos incrementos de recursos y gastos.
El resultado financiero estaría en torno a los 3 billones de pesos negativos -o sea, de déficit financiero-, producto de adicionarle al resultado primario los pagos por intereses.
Aquí tenemos un Anexo que no vamos a repasar porque las planillas son de bastante detalle. Pero si me permite, señor presidente, antes de concluir quiero mostrarles algunas planillas finales que pueden ser interesantes como para completar la foto de la modificación.
Aquí tenemos básicamente tres momentos. Las dos primeras columnas nos muestran el presupuesto vigente, expresado en pesos y en participación de cada una de estas finalidades dentro del total; las dos columnas centrales, lo mismo para el proyecto de ley; y por último tenemos el presupuesto modificado luego de aplicar este proyecto de ley.
Veamos que la primera finalidad que estamos mostrando, que es la de Servicios Sociales, en el presupuesto vigente tiene una participación del 64,1 por ciento en el total, y una vez que apliquemos lo dispuesto en este proyecto de ley -cuando la ley esté vigente- tendrá una participación del 65,7 por ciento; es decir que la participación de la finalidad Servicios Sociales crecerá en la totalidad del gasto.
Lo mismo ocurrirá con Servicios Económicos. Fíjense que en el presupuesto vigente tiene una participación del 11,2 por ciento y después de aplicar el proyecto de ley crecerá al 13,7 por ciento.
La administración gubernamental -es decir, los gastos de funcionamiento del Estado por fuera de estas políticas públicas, de la emergencia sanitaria y de la emergencia económica- decrecerá del 6,6 por ciento en el presupuesto vigente al 6,3 por ciento después de aplicado el proyecto de ley.
Naturalmente, lo mismo ocurriría con Defensa y Seguridad, que caería del 3,7 por ciento al 3,5 por ciento, en términos de participaciones porcentuales.
Lo mismo sucedería con la deuda pública. Estos son los intereses de la deuda pública, que en el presupuesto vigente tienen un espacio del 14,4 por ciento del gasto total y pasarían a ocupar un 10,8 por ciento del gasto total después de aplicado el presente proyecto de ley.
Por último, también me interesa mostrarles este gráfico de torta, que muestra cómo se distribuye el mayor gasto propuesto en este proyecto de ley. Fíjense ustedes que podríamos decir que el 66,2 por ciento del gasto está destinado a atender necesidades de las familias, bajo la forma de diversas ayudas o asistencias, económicas y sanitarias.
Vamos a empezar a mirar las cifras en sentido contrario al de las agujas del reloj: el 5,2 por ciento son los gastos que destinamos desde el presupuesto nacional a las provincias -precisamente para atender esta caída de recaudación que mencionamos al principio- y un 11,7 por ciento se destina al sector productivo, también a través de los distintos programas de préstamos, salarios complementarios, reducciones de distinta naturaleza, impositiva y demás.
Fíjense ustedes, entonces, que prácticamente más del 80 por ciento de la modificación presupuestaria está focalizada o destinada a atender -a nivel de las familias, del sector productivo y de las provincias- todas aquellas necesidades que existían antes de la pandemia, producto de los resultados de las políticas implementadas por la anterior administración y las que derivaron del COVID-19.
Por ello, creemos que esta modificación presupuestaria que se está sometiendo a consideración pone de manifiesto la importancia del rol del Estado nacional y de las políticas públicas que la actual administración está implementando a fin de paliar, mitigar o morigerar los efectos de la crisis económica preexistente y los efectos negativos de la pandemia sobre las familias, sobre las empresas y sobre las provincias argentinas.
Esto es todo, señor presidente. Muchísimas gracias por la atención.
En primer lugar, veremos cuáles fueron las políticas que se implementaron para lidiar con el estado fiscal, económico y financiero a principios de diciembre de 2019 y, en segundo término, analizaremos el impacto fiscal del COVID-19 y caracterizaremos el proyecto de ley sometido a consideración del Honorable Congreso.
Tal como sabemos, el conjunto de indicadores macrofiscales y macroeconómicos en diciembre de 2019 mostraban un perfil bastante catastrófico. De hecho, solo durante uno de los cuatro años de la anterior administración -2017- el indicador mensual de la actividad económica -el EMAE- fue positivo, mientras que en los otros tres fue negativo. La consecuencia de esto fue un perfil sombrío para cualquiera de los indicadores que se exhiben en la lámina.
La filmina muestra la inflación, la pobreza, el salario real, la performance de ese indicador para cada uno de los cuatro años y entre paréntesis el del último año. Cualquier año que tomemos es un claro indicador de la situación de emergencia en la que se encontraba la economía en el campo monetario y fiscal y, fundamentalmente, la economía real. Luego de esos cuatro años de administración la economía real registraba caídas muy significativas del salario real, con pérdidas importantes de empleo, cierre de muchas PYMES, una inflación acumulada importante y mucha inestabilidad en el mercado de cambios.
A lo largo de los cuatro años de la anterior administración las cuentas públicas sufrieron una doble presión. Por un lado, se registró un fuerte recorte del gasto público. Pueden observar que el gasto público que se situaba en un poco más del 25 por ciento en 2015 se redujo a 22 por ciento en 2019, con caídas muy significativas en gastos que tienen un gran impacto en la economía real, como el gasto en capital y los salarios. Esto fue acompañado por una permanente y creciente suba -siempre medida en términos del PIB- del gasto interno.
Si queremos mirar el gasto por finalidad y función con una visión más presupuestaria, podemos apreciar en el esquema a la derecha de la lámina cómo en el período mencionado la inversión en servicios sociales -salud educación y vivienda- cayó del 14,5 a 13,1 por ciento en términos del PIB. Los servicios económicos, que son todas aquellas asignaciones que tienden a fortalecer y animar la economía real, también sufrieron una pérdida importante.
En tanto, si miramos la línea de intereses netos, veremos que registra un aumento del 1,3 al 3,3 por ciento del PIB, acompañando la política de apertura a los capitales externos y a la creciente dolarización.
Un cálculo que me parece muy interesante y elocuente es el que muestra cuánto gastábamos por cada cien pesos pagados en concepto de intereses de deuda. En 2015 gastábamos diez veces esa cantidad en servicios sociales, en tanto que en 2019 se gastaban apenas cuatro veces. En servicios económicos, otro indicador importante del perfil del gasto público y de su impacto en las cuentas nacionales, también gastábamos cuatro veces esa cantidad en 2015, pero solo el 70 por ciento en 2019. Estos dos indicadores muestran de manera muy elocuente -como decía- el ajuste sobre las cuentas públicas y su correlato en términos monetarios, financieros y, fundamentalmente, reales.
¿Qué pasó con los ingresos tributarios? Las políticas impulsadas por la administración anterior redujeron la presión tributaria. Eso, naturalmente, hizo que se debilitara el margen de maniobra de las finanzas públicas y, fundamentalmente, como podemos apreciar en la lámina, cambió la ponderación entre los tipos de tributos. Si ustedes quieren, hubo una mayor participación de tributos de naturaleza regresiva, concomitantemente con una menor participación de tributos de carácter progresivo. Esto tuvo un efecto negativo sobre la economía real.
De la mano de la disminución de gastos, en términos del PIB, que fue mayor que la reducción de impuestos, naturalmente se produjo también una reducción del resultado primario y del resultado financiero.
Fíjense que hacia fin del período, es decir, en el año 2019, tenemos un déficit primario de aproximadamente 1,7 por ciento del PIB, que va de la mano de un déficit financiero de 5 puntos del PIB. Esto nos está mostrando que el ajuste a nivel primario fue mucho más fuerte que a nivel financiero. A lo largo del período, la carga de intereses de la administración por el pago de los servicios de la deuda pública fue creciente y fue ahogando las posibilidades de activación del gasto público sobre la economía real, tal como nos mostraban los indicadores que vimos al principio de la presentación.
Con la llegada del nuevo gobierno el día 10 de diciembre, y frente a esta situación de debilidad macroeconómica y de emergencia fiscal, el gobierno nacional se propuso básicamente tres políticas para lidiar con esa situación de tanta penuria para la economía real. Por un lado, trazó un claro vector que tiene que ver con la reestructuración de la deuda. Efectivamente, todos los episodios de falta de acceso a los mercados y créditos de reperfilamiento de distintos tipos de instrumentos de deuda nos pusieron al borde, diría yo, del default. Y esa falta de acceso a los mercados de capitales constituye un límite muy claro al crecimiento, motivo por el cual este fue uno de los primeros desafíos que encaró la nueva administración.
Por otro lado, fue necesario estabilizar fiscalmente las cuentas públicas. Esto es así porque esa reducción en el déficit primario que recién he reportado fue fuertemente inestable, ya que operó sobre líneas del gasto que difícilmente podían sostenerse en esos niveles. Se detuvieron gastos que son sensibles socialmente, como los gastos sociales, los gastos en educación y los gastos en salud. Además, está la presión derivada de los desequilibrios sociales, producto de esas políticas que introdujeron una fuerte inestabilidad, que debió ser atendida mediante los instrumentos que veremos a continuación.
También fue necesario encarar un claro programa de estabilización social, recomponiendo el poder adquisitivo, dando respiro monetario a las familias, a los sectores menos favorecidos y a las pymes, y encarando un proceso de desindexación de la economía. Recordemos que 2019 fue uno de los años de mayor inflación en los últimos veinte o treinta años en la Argentina. Prácticamente llegó al 55 por ciento, y eso naturalmente impuso la necesidad de contar con un programa de estabilización que usara como herramienta la administración de paritarias, los acuerdos de precios y el congelamiento tarifario.
Así, en diciembre del año 2019 apareció la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que tuvo dos grandes impulsos. En primer lugar, generó un fuerte cambio en la capacidad tributaria de la recaudación del Fisco nacional. La suba del 1,5 por ciento del PIB es el efecto producido por las medidas que se tomaron en el marco de la ley mencionada, y obedece al impulso a la recaudación del impuesto a los bienes personales, la creación del impuesto PAIS y el cese de la reducción de las contribuciones patronales, entre otras medidas que ustedes pueden ver allí y que seguramente conocen.
En segundo término, esa ley también promovió la atención de las demandas sociales derivadas de la situación de inestabilidad macroeconómica y de recesión. Estableció la tarjeta alimentaria, justamente para atender ese tipo de necesidades en los sectores más vulnerables, y replanteó la movilidad jubilatoria. Recordemos que en ese momento el actual gobierno nacional consideró que, de continuar con esa fórmula de movilidad, se hubiese llevado al Fisco a una gran inestabilidad. Atender a la ley de movilidad con esa regla de cálculo iba a volverse imposible. Me refiero a la recomposición de sumas fijas de los salarios, tanto para los trabajadores privados como públicos, que vino de la mano de un congelamiento tarifario.
También está la propuesta de la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por las razones que expuse antes, y fundamentalmente la decisión de prorrogar la ley de presupuesto del año 2019. En efecto, el contexto de altísima incertidumbre, emergencia y enervación de las variables sociales y económicas más críticas para la población, hacía muy difícil plantear un escenario macroeconómico previsible y verosímil a partir del cual formular una ley de presupuesto sostenible para el año 2020.
Entonces, en el marco del artículo 27 de la vigente Ley de Administración Financiera, el gobierno del doctor Fernández tomó la alternativa de prorrogar la ley de presupuesto 2019, que es la que rige en este momento.
Los efectos positivos de este primer set de medidas que apuntaron a la estabilización, a dar tranquilidad a la economía y a dar sostenibilidad al frente fiscal, se vieron interrumpidos de alguna manera por la irrupción de la pandemia. Efectivamente, ustedes pueden ver que en un conjunto de países, según una multiplicidad de sectores, el impacto económico del COVID-19 ha sido letal. Solamente en los casilleros que ven pintados en verde, para algunos de esos sectores solo unos pocos países han podido sortear en cierta manera la crisis. Pero vean ustedes que son tres o cuatro. Todos los demás han tenido caídas en sus variaciones interanuales de actividad. Esas caídas han sido realmente muy fuertes y profundas. No debemos explayarnos mucho más para entender los efectos económicos sumamente negativos que esta pandemia ha introducido en todas las economías, incluida la argentina.
¿Qué ha ocurrido con el frente fiscal durante este primer semestre? En este cuadro ustedes pueden apreciar, en las barras que están en gris, la acumulación del déficit primario en el primer semestre. Fíjense entonces que en junio de 2020 tenemos un déficit primario acumulado de 3,3 puntos del PBI. La línea azul les va mostrando cómo crece el gasto primario cada mes respecto del mismo mes del año anterior.
En efecto, a partir del mes de febrero de este año, el gasto primario comenzó a crecer a niveles muy importantes como producto de los gastos e inversiones que se hicieron desde el gobierno nacional para enfrentar la situación de emergencia provocada por la pandemia. En marzo el gasto primario creció un 70 por ciento respecto del mismo mes del año anterior; en mayo creció un 97 por ciento; y en junio un poco menos, un 73 por ciento.
Es el mismo sentido que nos muestra la línea verde con los ingresos totales. Naturalmente, con la irrupción de la pandemia y la caída de la actividad económica, los recursos se desplomaron. Fíjense que en mayo de 2020 nominalmente tuvimos casi la misma recaudación que en mayo de 2019. Realmente hubo una caída de recursos sumamente importante de la mano del parate de la actividad económica y de la crisis producida por la pandemia. Por otro lado, como acabo de mencionar, hubo un crecimiento de los gastos para atender la emergencia.
Durante el primer semestre del año actual con las partidas existentes a ese momento, es decir, con las ampliaciones que se tramitaron hasta el 30 de junio, el presupuesto de la administración nacional destinó casi 690.000 millones de pesos en refuerzos presupuestarios para atender los distintos programas implementados por el gobierno nacional para hacer frente a la emergencia, tanto en sus aspectos sanitarios como económicos.
Fíjense que los gastos más importantes los podemos encontrar en la Administración Nacional de la Seguridad Social. Tenemos allí sumas como por ejemplo de 180.000 millones de pesos destinados al programa Ingreso Familiar de Emergencia que como ustedes saben destina a los sectores más desprotegidos de la sociedad la cantidad de 10.000 pesos mensuales para paliar sus necesidades más urgentes.
En ese contexto tenemos también el salario complementario -el ATP-, que se destina a complementar los haberes de aquellos trabajadores que se desempeñan en empresas especialmente afectadas por las disposiciones para protegernos de la pandemia.
También tenemos gastos importantes dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo como es el fomento del sistema de garantías, el FOGAR, que es el régimen que permite garantizar los préstamos que se dan a empresas para paliar justamente la crisis. De la mano del FOGAR también tenemos el financiamiento de la producción, el FONDEP, que es otro fondo de garantías.
Otro gasto importante que podemos destacar dentro de este universo de 690.000 millones de pesos en el primer semestre que se ha destinado a financiar las políticas implementadas a raíz del COVID, es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Se trata de 60.000 millones de pesos que se han utilizado para otorgar préstamos a las provincias a efectos de paliar la caída de la recaudación que han sufrido por la disminución de la recaudación de origen nacional y provincial.
Otros gastos importantes que podemos mencionar que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social son los programas de políticas alimentarias, es decir, los planes que reforzaron la asistencia alimentaria a los grupos más vulnerables. Tenemos también 17.600 millones de pesos en el Ministerio de Salud para atender los gastos inherentes, y otros que ustedes pueden ver en el cuadro.
Es decir, el primer gran mensaje es que hay 690.000 millones de pesos que se destinaron a la atención de las políticas públicas diseñadas para paliar las consecuencias sanitarias y económicas del COVID-19.
En particular, me parece interesante compartir con ustedes cuál ha sido la política de asistencia financiera a las administraciones provinciales. Efectivamente, las consecuencias del COVID han afectado al gobierno nacional, pero fundamentalmente a las provincias. Fíjense, empezando de la izquierda, que situamos en aproximadamente 160.000 millones de pesos -que figura en la columna rosada-, la pérdida de recaudación de origen nacional sufrida por las provincias.
Esa pérdida de recaudación de 160.000 millones de pesos ha sido compensada por distintas asignaciones que durante el primer semestre se otorgaron a las provincias. Por un lado, 48.473 millones de pesos de ATN -Aportes del Tesoro Nacional-, distribuidos desde el Ministerio del Interior, y 41.725 millones de pesos en préstamos otorgados desde el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que es el programa de 60.000 millones de pesos que mencioné recién, de los cuales 41.700 ya están ejecutados. Luego tenemos un conjunto de convenios, algunos de obras públicas y otros de asistencia fundamentalmente para las políticas destinadas a paliar situaciones sanitarias, de emergencia y demás, por 59.800 millones de pesos. Esto totaliza transferencias por 150.000 millones de pesos, que prácticamente compensan esa pérdida de recursos de origen nacional sufrida por las administraciones provinciales. Todavía tenemos para completar 20.000 millones de pesos de ATN a distribuir.
Recuerden que el programa de financiamiento de la emergencia provincial era de 120.000 millones de pesos: 60.000 de ATN y 60.000 de préstamos para fondos fiduciarios; en el gráfico figura que tenemos 20.000 y 18.200 millones de pesos respectivamente, que es lo que resta desembolsar.
Es decir, el presupuesto nacional no solamente atendió las políticas impulsadas por el gobierno nacional implementadas en toda la República, sino que también, como ilustramos aquí, ha buscado compensar la caída de recaudación de origen nacional sufrida por las arcas provinciales.
Este ejercicio propone de alguna manera discriminar qué habría ocurrido si no hubiésemos tenido, por un lado, la caída de recaudación y, por el otro, el incremento de gastos provocados por el COVID. Fíjense, empezando como siempre por la izquierda, que en el primer bimestre tuvimos ingresos que variaron interanualmente un 37 por ciento, en tanto que los gastos primarios lo hicieron en un 51 por ciento. En el período marzo-junio, que es pospandemia, los ingresos crecieron interanualmente un 16 por ciento, mientras que los gastos lo hicieron al ritmo del 83 por ciento. Aquí tenemos el pleno efecto o impacto del financiamiento de los planes que se lanzaron, es decir, de los programas y las políticas públicas que se implementaron.
Si nosotros retiráramos de alguna manera de ese gasto estos 680.000 millones de pesos que debimos invertir producto del COVID, y si aisláramos el comportamiento de la recaudación del efecto negativo de la pandemia, durante el período marzo-junio la recaudación hubiese crecido un 35 por ciento y los gastos, un 38 por ciento.
En el primer semestre, yendo al último par de columnas punteadas que se ven en el gráfico, los ingresos hubiesen crecido al 36 por ciento y los gastos, al 42 por ciento.
Con esto queremos decir lo siguiente: evidentemente, el set de medidas que se implementaron en los dos primeros meses de la nueva administración fueron efectivas, y de no haber mediado el COVID, como este ejercicio intenta demostrar, al cabo del primer semestre nos hubiesen dejado en una situación más próxima al equilibrio, y fundamentalmente de mayor sostenibilidad tanto de los recursos como de los gastos presupuestarios.
En ese sentido, hubiésemos estado en un contexto mucho más cómodo, diría yo, y mucho menos inestable que en el que se encontraban las cuentas fiscales al cierre de la administración anterior.
Para reforzar este criterio y subrayar este mensaje, fíjense lo que hemos tratado de calcular aquí tomando como base este 3,3 por ciento del PBI como déficit primario acumulado para el primer semestre, que ven en la última columna. De ese 3,3 por ciento, 2,3 por ciento -la parte amarilla de la columna- es lo que ha invertido el presupuesto nacional durante el primer semestre para financiar políticas activas sanitarias y económicas vinculadas al COVID, y 0,5 por ciento es la pérdida de recaudación que hemos sufrido en ese período producto del desplome de la actividad económica.
Entonces, fíjense ustedes que este menos 3,3 por ciento, de no haber mediado la situación vinculada con el COVID, habría llegado a un número más próximo al efecto que, entendemos, tiene que ver con las decisiones que produjo el gobierno nacional en los dos primeros meses.
Pasando a la segunda parte de la presentación, vamos a brindar un panorama de la ejecución presupuestaria de la administración nacional durante el primer semestre del año actual.
En la filmina -más precisamente en la segunda columna- se puede apreciar el presupuesto vigente, es decir, el que fuera prorrogado de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la ley 24.156, más las modificaciones realizadas hasta el 30 de junio y la ejecución a ese momento.
Allí pueden apreciar que a nivel de gastos hemos tenido una ejecución de un 57,1 por ciento con un mayor énfasis en los gastos corrientes. Si quisiéramos tener una mirada más detallada me gustaría llamarles la atención sobre dos cuestiones. Si ustedes miran la cuarta columna, cuyo título es "Variación 2020-2019", notarán que los gastos corrientes, año contra año, han variado un 63,2 por ciento. ¿Dónde se dan los crecimientos más importantes? En la Seguridad Social tenemos un porcentaje un poco más bajo que es del 48 por ciento. Hay que tener en cuenta que las prestaciones de la seguridad social representan el 60 por ciento del presupuesto nacional. Entonces, ese 48 por ciento es, nominalmente, muy importante.
Si seguimos bajando por la misma columna podremos ver incrementos muy importantes en las transferencias a provincias y municipios de la mano del programa de sostenimiento de las finanzas públicas provinciales que recién mencionaba.
Dentro del mismo cuadro apreciamos un crecimiento del 97,5 por ciento que son todos los aportes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, es decir, el PAMI, que ha tenido un fuerte apoyo para financiar distintas políticas como, por ejemplo, el Programa Vivir Mejor, que han sido importantes para nuestros adultos mayores. Los gastos de capital, aún en este contexto de restricción y de dificultad de ejecución producto de las medidas tomadas a raíz de la pandemia, también manifiestan un crecimiento del 28,2 por ciento respecto del mismo período del año anterior.
En este cuadro podemos apreciar la ejecución medida por finalidad y función. Naturalmente, la finalidad Servicios Sociales tiene un nivel de ejecución importante de un 62 por ciento -61,6- al 30 de junio y el ítem Servicios Económicos, un 60,6 por ciento. Dentro de Servicios Económicos se engloban fundamentalmente todos los subsidios a la energía y el transporte, entre otros, que han estado vigentes durante este primer semestre de la mano del congelamiento de tarifas como una medida para paliar los efectos inflacionarios y negativos sobre los bolsillos de los sectores más necesitados.
Dada esta primera foto de la ejecución del presupuesto vigente al 30 de junio, nos interesa ahora plantear las características de la modificación presupuestaria que se está poniendo a consideración.
En primer lugar, hemos intentado graficar la necesidad de impulsar este proyecto de ampliación presupuestaria. Y una manera de mostrarlo es la que hemos seleccionado aquí. Las barras que figuran en los gráficos representan las distintas finalidades y funciones de los gastos que están incluidos en el presupuesto nacional, es decir, administración gubernamental, servicio de seguridad, servicios sociales, económicos y deuda pública. La cifra en negro que está arriba de cada una de esas barras les está mostrando la ejecución que tienen al 30 de junio esas finalidades: 57,7; 55,8 y 60 por ciento. ¿Qué quiere decir? Naturalmente, estamos teniendo un nivel de ejecución elevado para ese momento del año, producto de lo que hemos relatado, motivo por el cual y dada la necesidad de continuar con alguna de las políticas que se han implementado en el marco del COVID y previo a este, necesitamos ampliar el presupuesto.
Concretamente, de prosperar el presente proyecto de ley, el nivel de ejecución medido al 30 de junio para cada una de esas finalidades sería el que marcan los círculos azules ubicados en los gráficos. De prosperar el proyecto de ley, estaríamos a mediados de año en niveles de ejecución mucho más próximos a lo que sería una ejecución estacional.
Esta es una manera intuitiva de transmitir la necesidad de ampliar los créditos presupuestarios, y en esta oportunidad, de hacerlo a través de un proyecto de ley.
¿En qué consiste la modificación presupuestaria que sometemos a consideración? La modificación presupuestaria que esta ley propone amplía los gastos totales de la administración pública nacional en 1.859.583 millones de pesos, o sea, 1,9 billones de pesos. Eso está relacionado con los gastos.
Por otro lado, tenemos mayores ingresos. Recordemos que, al tener una ley prorrogada, el cálculo de recursos en el presupuesto vigente es el del año 2019. Lamentablemente, y producto del COVID, la recaudación crece poco, pero se incrementa levemente. Entonces, esa mayor recaudación debe ser registrada en el presupuesto. El valor de la recaudación son casi 643 mil millones de pesos. Pero, la diferencia entre estos mayores gastos y los mayores recursos, nos genera un crecimiento del déficit de 1.216.738 millones de pesos. Esta cifra, sumada a aplicaciones financieras, es decir a gastos que están por debajo de la línea -que tienen que ver, fundamentalmente, con la ampliación del Fondo Fiduciario-, nos arroja una necesidad de financiamiento de 1.308.000 millones de pesos. Este monto es el que necesita la administración nacional para financiar esta ampliación presupuestaria hasta el final del ejercicio. Esas fuentes de financiamiento serán básicamente dos: utilidades del Banco Central por 1.017.738 millones de pesos y colocaciones en el mercado de deuda doméstica por un monto de 290.948 millones. De esa manera, cubriremos esa necesidad de financiamiento producto del déficit y de las aplicaciones financieras consignadas allí.
Esta es la estructura contable de la medida que se encuentra a vuestra consideración.
En los próximos cuadros intentaremos mostrar los crecimientos, tanto de los recursos como de los gastos respecto del presupuesto vigente. Intentamos mostrar cuál es el crecimiento que el proyecto de ley produce sobre el presupuesto vigente al 30 de junio. Por las dudas, el presupuesto vigente es el que está consignado en la columna número 2 -vigente al 30 de junio- y luego en la columna 3 aparece la modificación que propone este proyecto, un total y luego un coeficiente que nos va dando la variación entre esa columna 4 y esa columna 3.
Para empezar por el lado de los recursos, cabe mencionar que el incremento de recursos -respecto del consignado en el presupuesto vigente que prevemos de aquí a fin de año- asciende a un 17,2 por ciento. Allí se consignan también los recursos corrientes y de capital.
Si lo quisiéramos analizar con un poquito más de detalle, los recursos corrientes -estos 4.240.226 millones de pesos- vienen explicados fundamentalmente por los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social que están teniendo, en el primer caso, un crecimiento un poco inferior al 17 por ciento.
Las contribuciones crecen a un ritmo un poco más importante, fundamentalmente como consecuencia de las medidas que se tomaron en la ley de emergencia y que tienen que ver con el cese de la disminución de las contribuciones dispuestas por la anterior administración.
Allí también pueden ver un detalle del resto de los recursos corrientes. Si ponemos un poco el foco en los ingresos tributarios, con este crecimiento del 16,4 -fin del ejercicio versus presupuesto vigente-, podemos apreciar incrementos importantes en algunos tributos. Algunos de los más importantes son el de bienes personales -producto también de las medidas tomadas en el marco de la ley de emergencia-, la tasa de estadística y, naturalmente, el impuesto PAIS, que no existía en 2019 pero sí está en el presupuesto vigente.
No quiero aburrirlos, solo nombro los más importantes para que puedan tener una foto del crecimiento de los recursos tributarios discriminados según los tributos más significativos.
El mismo análisis podríamos hacer para los gastos. Al final del ejercicio 2020 -en comparación con el presupuesto vigente, de prosperar este proyecto de ley-, los gastos crecerán un 33,6 por ciento. Los gastos corrientes lo harán al 33,2 y los de capital, al 41,6 por ciento, tal como se consigna en el cuadro que pueden observar.
También, para detallar un poco estas filas, dentro de los gastos corrientes -que, como digo, crecerían al 33,2 por ciento-, los gastos de consumo crecerán a un 20,8 por ciento; básicamente, tenemos allí las remuneraciones, los salarios y los gastos de funcionamiento del Estado nacional.
Un porcentaje de crecimiento mucho más fuerte tienen las prestaciones de la seguridad social, que crecerían al 31,2 por ciento, producto de las distintas medidas que se están tomando en el marco del sostenimiento del poder de compra de los haberes jubilatorios.
Las transferencias corrientes son las que se llevan el porcentaje más alto -casi un 54 ciento-. Esta línea es la que, de alguna manera, concentra las principales políticas públicas implementadas en el marco de la pandemia. Todo lo que tiene que ver con las IFE, las ATP y las distintas transferencias a provincias que hemos mencionado se agrupan en este concepto del gasto corriente, de aquí que muestre un crecimiento mayor.
Entonces, las transferencias corrientes, las prestaciones de la seguridad social y los gastos de consumo serían, en el campo de los gastos corrientes, los crecimientos más importantes que se dan en el proyecto de ley.
Aquí también hemos incluido los gastos de consumo, que representan un 20,8 por ciento. Sus dos principales conceptos son las remuneraciones y los bienes y servicios. Si bien hay otros gastos que crecen un poco más, son de poca cuantía nominalmente.
Si pasamos a las transferencias corrientes, observamos un crecimiento de un 53,9 por ciento. Aquí tenemos las transferencias que se hacen al sector privado -en un 65,6 por ciento-; allí, una de las líneas refiere a las unidades familiares, otra, a las empresas privadas. Básicamente, tenemos acá todos los subsidios y ayudas dispuestas en el marco de la pandemia, las ayudas que tienen que ver fundamentalmente con el ATP y con todos los préstamos y asignaciones.
Dentro de "transferencias corrientes", vemos que también aumentan, en menor cuantía, las transferencias al sector público. Y aquí vemos que las que explican de una manera más completa el comportamiento de este tramo de las transferencias son las universidades nacionales y las empresas públicas.
En cuanto a los gastos de capital, crecerán en un 41,6 por ciento, medidos en diciembre de 2020 respecto a junio de 2020. Allí tenemos crecimientos previstos -tanto de la inversión real directa como de las transferencias de capital- de la mano del impulso que se pretende dar a toda la ejecución del gasto de capital como forma de ayudar y paliar las consecuencias que ya arrastrábamos de la administración anterior y que se han profundizado en el marco de la pandemia.
Como decía, se propone entonces un crecimiento importante de los gastos de capital, tanto de aquellos que realiza la Administración Nacional a través de la inversión real directa -se proponen 39 mil millones de pesos en esta modificación presupuestaria como refuerzo para ese tipo de inversión-, como de las transferencias de capital -60 mil millones de pesos-, que serían las transferencias a provincias, a municipios y a empresas públicas para que realicen las inversiones pertinentes. Es decir, hay una fuerte apuesta al gasto de capital como motor de la salida de esta enorme crisis a la que nos ha arrastrado la situación sanitaria.
En esta filmina tratamos de organizar o consignar los principales conceptos que están recibiendo financiamiento en esta modificación presupuestaria de casi 1,9 billones de pesos, como hemos dicho.
El 80 por ciento de esta asignación -aproximadamente 1,5 billones de pesos-, como pueden observar, se agrupa en ocho conceptos. El concepto más importante es el de las prestaciones de la seguridad social, al que prácticamente se destinan 600 mil millones de pesos.
Este es el efecto pleno durante 2020 de todas las medidas que se han ido tomando para proteger el poder de compra de los jubilados y las jubiladas.
También tenemos aquí asignaciones que tienen que ver con las cajas de jubilación del ámbito de seguridad y defensa y otras prestaciones vinculadas con la atención del PAMI.
En segundo lugar, casi 251 mil millones de pesos se destinan a subsidios económicos, básicamente energéticos -en un 82 por ciento- y de transporte -en un 18 por ciento- para mantener las tarifas sin incrementos y acompañar, sin sobresaltos adicionales, a los bolsillos de las familias, sobre todo de las más desprotegidas. Un total de 170 mil millones de pesos se destinan a completar algunos tramos, tanto del IFE como de la ATP. Allí tenemos que el 53 por ciento de esta asignación se destina al IFE y el 47 por ciento -es decir, casi en partes iguales- a ATP.
Las asignaciones familiares y la AUH explican el cuarto concepto: 130.200 millones de pesos también para atender el impacto pleno de los incrementos que se han ido otorgando a lo largo de estos siete meses.
Luego tenemos -como lo mencionábamos hace un rato- 125.900 millones de pesos para gastos de capital. Aquí tenemos obras de agua potable y alcantarillado -fundamentalmente en cabeza de la empresa AySA-, obras de transporte y energía, y también en la Dirección Nacional de Vialidad; entre otros gastos que estamos nombrando aquí, que son los más importantes.
Este importe de 78.000 millones de pesos es el refuerzo que recibe el Ministerio de Desarrollo Social para financiar complementariamente las políticas alimentarias -básicamente, la tarjeta Alimentar-; esto explica el 71 por ciento de esta asignación. Y luego también los programas de apoyo al empleo, que encuentran financiamiento en el 28 por ciento de esta asignación que estamos nombrando.
Le sigue Educación, con casi 64.000 millones de pesos. A la derecha de la imagen pueden ver los conceptos más importantes: el 75 por ciento de esta asignación corresponde a transferencias a universidades; el 12 por ciento, al Fondo Nacional de Incentivo Docente, que tiene una extensión; el 11 por ciento se destina para retomar el programa de conectividad y distribución de dispositivos -es decir, el programa Conectar Igualdad-, y el 5 por ciento se destina a las Becas Progresar.
Por último, en el sector Salud, tenemos un total de 51.700 millones de pesos, que en un 20 por ciento van a financiar transferencias a PAMI y el resto son gastos en el Ministerio de Salud, que tienen que ver con vacunas, insumos, transferencias a hospitales; y la atención del plan Incluir Salud explica un 13 por ciento de la asignación.
El resto, de 390.000 millones de pesos, es lo que hemos destinado a los efectos de que se puedan seguir brindando las prestaciones normales y habituales por fuera de los gastos sociales y de las políticas públicas que tienen que ver con el PO.
Básicamente, esta es la foto -diría yo- de los mayores gastos de la ampliación que propone este proyecto de ley; o sea, aquí hemos sacado una foto muy clara de este billón 900 mil millones de pesos que propone el proyecto de ley bajo análisis.
Ahora vayamos un poco a los resultados, es decir, dónde vamos a terminar con la aplicación de este proyecto de ley. En las dos primeras líneas tenemos los crecimientos que vimos antes: los recursos creciendo al 17,2 por ciento -siempre respecto del presupuesto vigente- y los gastos creciendo al 39,2 por ciento. Eso nos dejaría en un resultado primario -lo pueden ver en la columna 4- de 2 millones 214 mil millones de pesos. Esta cifra prácticamente equivale al 6,8 o al 6,9 por ciento del PBI, producto de estos incrementos de recursos y gastos.
El resultado financiero estaría en torno a los 3 billones de pesos negativos -o sea, de déficit financiero-, producto de adicionarle al resultado primario los pagos por intereses.
Aquí tenemos un Anexo que no vamos a repasar porque las planillas son de bastante detalle. Pero si me permite, señor presidente, antes de concluir quiero mostrarles algunas planillas finales que pueden ser interesantes como para completar la foto de la modificación.
Aquí tenemos básicamente tres momentos. Las dos primeras columnas nos muestran el presupuesto vigente, expresado en pesos y en participación de cada una de estas finalidades dentro del total; las dos columnas centrales, lo mismo para el proyecto de ley; y por último tenemos el presupuesto modificado luego de aplicar este proyecto de ley.
Veamos que la primera finalidad que estamos mostrando, que es la de Servicios Sociales, en el presupuesto vigente tiene una participación del 64,1 por ciento en el total, y una vez que apliquemos lo dispuesto en este proyecto de ley -cuando la ley esté vigente- tendrá una participación del 65,7 por ciento; es decir que la participación de la finalidad Servicios Sociales crecerá en la totalidad del gasto.
Lo mismo ocurrirá con Servicios Económicos. Fíjense que en el presupuesto vigente tiene una participación del 11,2 por ciento y después de aplicar el proyecto de ley crecerá al 13,7 por ciento.
La administración gubernamental -es decir, los gastos de funcionamiento del Estado por fuera de estas políticas públicas, de la emergencia sanitaria y de la emergencia económica- decrecerá del 6,6 por ciento en el presupuesto vigente al 6,3 por ciento después de aplicado el proyecto de ley.
Naturalmente, lo mismo ocurriría con Defensa y Seguridad, que caería del 3,7 por ciento al 3,5 por ciento, en términos de participaciones porcentuales.
Lo mismo sucedería con la deuda pública. Estos son los intereses de la deuda pública, que en el presupuesto vigente tienen un espacio del 14,4 por ciento del gasto total y pasarían a ocupar un 10,8 por ciento del gasto total después de aplicado el presente proyecto de ley.
Por último, también me interesa mostrarles este gráfico de torta, que muestra cómo se distribuye el mayor gasto propuesto en este proyecto de ley. Fíjense ustedes que podríamos decir que el 66,2 por ciento del gasto está destinado a atender necesidades de las familias, bajo la forma de diversas ayudas o asistencias, económicas y sanitarias.
Vamos a empezar a mirar las cifras en sentido contrario al de las agujas del reloj: el 5,2 por ciento son los gastos que destinamos desde el presupuesto nacional a las provincias -precisamente para atender esta caída de recaudación que mencionamos al principio- y un 11,7 por ciento se destina al sector productivo, también a través de los distintos programas de préstamos, salarios complementarios, reducciones de distinta naturaleza, impositiva y demás.
Fíjense ustedes, entonces, que prácticamente más del 80 por ciento de la modificación presupuestaria está focalizada o destinada a atender -a nivel de las familias, del sector productivo y de las provincias- todas aquellas necesidades que existían antes de la pandemia, producto de los resultados de las políticas implementadas por la anterior administración y las que derivaron del COVID-19.
Por ello, creemos que esta modificación presupuestaria que se está sometiendo a consideración pone de manifiesto la importancia del rol del Estado nacional y de las políticas públicas que la actual administración está implementando a fin de paliar, mitigar o morigerar los efectos de la crisis económica preexistente y los efectos negativos de la pandemia sobre las familias, sobre las empresas y sobre las provincias argentinas.
Esto es todo, señor presidente. Muchísimas gracias por la atención.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señor secretario. Fue muy ilustrativo. Creo que su información va a servir de mucho para el debate en la comisión. Como quedamos, le agradeceré que nos facilite todos esos datos para que las diputadas y diputados podamos disponer de ellos y nos resulte más fácil el debate posterior.
Antes de pasar a las preguntas de los diputados, voy a pedir al director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón, que también haga una breve referencia al tema que estamos tratando, de acuerdo con lo que le he solicitado en el día de ayer, con las limitaciones del caso.
Antes de pasar a las preguntas de los diputados, voy a pedir al director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón, que también haga una breve referencia al tema que estamos tratando, de acuerdo con lo que le he solicitado en el día de ayer, con las limitaciones del caso.
SR. MAKÓN Señor presidente: muchas gracias por invitar a la Oficina de Presupuesto del Congreso a participar de esta importante reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados.
Ayer al mediodía recibimos el proyecto de ley de modificación presupuestaria que se está considerando, el cual se enmarca en las disposiciones del artículo 37 de la ley de administración financiera.
La ley de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso establece como responsabilidad de dicha oficina el seguimiento del artículo 37 de la ley de administración financiera.
Ese artículo dice concretamente en su primer párrafo lo siguiente: "Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia".
Existe un solo antecedente histórico de un proyecto de ley de ampliación presupuestaria presentado ante el Congreso Nacional. Se trata de la ley 26.175, sancionada el 29 de noviembre de 2006. Esa norma aprobó una ampliación presupuestaria y fue promulgada por el Ejecutivo ese mismo día, es decir, el 29 de noviembre de 2006.
Por lo tanto, este proyecto de ley es el segundo antecedente en materia de participación del Congreso en una ampliación o modificación presupuestaria. Se trata de una ampliación muy grande -como recién dijo el señor secretario de Hacienda- que incluye partidas de diversa naturaleza y de toda la administración nacional, es decir, de los tres poderes y de más de setenta organismos descentralizados. Por lo expuesto, este proyecto requiere de un tratamiento en profundidad.
Nosotros recibimos ayer al mediodía este proyecto de ley y lo estamos analizando pero, evidentemente, hoy no fue posible producir un informe.
Hemos producido informes sistemáticos de todas las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo, pero eran de menor envergadura que la que se encuentra en consideración, por lo que en este momento no estamos en condiciones de presentar un informe. Sí pienso que lo podremos hacer en los próximos días, luego de analizar la exposición tan exhaustiva que realizó el secretario de Hacienda sobre las características básicas de la modificación presupuestaria. Podremos producir un informe que será sometido a consideración del Congreso Nacional y -tal como lo exige la ley 27.343 por la que se creó nuestra oficina- publicado en la página web correspondiente.
Esto es todo lo que puedo decir, señor presidente. Tenemos la mejor voluntad. En este momento estamos analizando este proyecto de ley pero, como habrán podido apreciar, es muy amplio y requiere unos días de trabajo por parte de nuestra oficina. De todas formas, cumpliremos con la responsabilidad asignada por la ley.
Muchas gracias.
Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados.
Ayer al mediodía recibimos el proyecto de ley de modificación presupuestaria que se está considerando, el cual se enmarca en las disposiciones del artículo 37 de la ley de administración financiera.
La ley de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso establece como responsabilidad de dicha oficina el seguimiento del artículo 37 de la ley de administración financiera.
Ese artículo dice concretamente en su primer párrafo lo siguiente: "Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia".
Existe un solo antecedente histórico de un proyecto de ley de ampliación presupuestaria presentado ante el Congreso Nacional. Se trata de la ley 26.175, sancionada el 29 de noviembre de 2006. Esa norma aprobó una ampliación presupuestaria y fue promulgada por el Ejecutivo ese mismo día, es decir, el 29 de noviembre de 2006.
Por lo tanto, este proyecto de ley es el segundo antecedente en materia de participación del Congreso en una ampliación o modificación presupuestaria. Se trata de una ampliación muy grande -como recién dijo el señor secretario de Hacienda- que incluye partidas de diversa naturaleza y de toda la administración nacional, es decir, de los tres poderes y de más de setenta organismos descentralizados. Por lo expuesto, este proyecto requiere de un tratamiento en profundidad.
Nosotros recibimos ayer al mediodía este proyecto de ley y lo estamos analizando pero, evidentemente, hoy no fue posible producir un informe.
Hemos producido informes sistemáticos de todas las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo, pero eran de menor envergadura que la que se encuentra en consideración, por lo que en este momento no estamos en condiciones de presentar un informe. Sí pienso que lo podremos hacer en los próximos días, luego de analizar la exposición tan exhaustiva que realizó el secretario de Hacienda sobre las características básicas de la modificación presupuestaria. Podremos producir un informe que será sometido a consideración del Congreso Nacional y -tal como lo exige la ley 27.343 por la que se creó nuestra oficina- publicado en la página web correspondiente.
Esto es todo lo que puedo decir, señor presidente. Tenemos la mejor voluntad. En este momento estamos analizando este proyecto de ley pero, como habrán podido apreciar, es muy amplio y requiere unos días de trabajo por parte de nuestra oficina. De todas formas, cumpliremos con la responsabilidad asignada por la ley.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Señor Makón: al haber algunas interferencias en el audio de su exposición, no pude entenderlo bien. Quiero preguntarle algo que para mí es una novedad, aunque tal vez para el resto de los diputados no lo sea.
Usted dijo que desde que se sancionó la ley de administración financiera, esta es la segunda vez que se trata un proyecto de ley de ampliación presupuestaria en el Congreso. Si yo interpreto correctamente, ¿esto quiere decir que todas las demás ampliaciones se hicieron mediante decretos del Poder Ejecutivo?
A lo largo de todos estos años, ¿hubo muchas ampliaciones presupuestarias dispuestas por decretos del Poder Ejecutivo?
Usted dijo que desde que se sancionó la ley de administración financiera, esta es la segunda vez que se trata un proyecto de ley de ampliación presupuestaria en el Congreso. Si yo interpreto correctamente, ¿esto quiere decir que todas las demás ampliaciones se hicieron mediante decretos del Poder Ejecutivo?
A lo largo de todos estos años, ¿hubo muchas ampliaciones presupuestarias dispuestas por decretos del Poder Ejecutivo?
SR. MAKÓN Señor presidente: voy a aclarar lo siguiente.
Cuando se trataron ampliaciones de presupuesto y gastos con mayores recursos, nunca fue derogado ni cambiado el primer párrafo del artículo 37; es decir, esa fue siempre responsabilidad del Congreso. Por lo tanto, en esos casos se dictaron decretos de necesidad y urgencia que, como ustedes saben, de acuerdo a la Constitución Nacional tienen carácter de ley y deben ser luego validados por el Congreso.
El Poder Ejecutivo puede hacer modificaciones presupuestarias -modificaciones de las partidas- a través de decisiones administrativas aprobadas por el jefe de Gabinete.
Los decretos de necesidad y urgencia que se dicten en ese sentido -en este momento no tengo presente el número de los ya dictados- son similares a las leyes y justamente después tienen que ser validados por el Congreso.
Cuando se trataron ampliaciones de presupuesto y gastos con mayores recursos, nunca fue derogado ni cambiado el primer párrafo del artículo 37; es decir, esa fue siempre responsabilidad del Congreso. Por lo tanto, en esos casos se dictaron decretos de necesidad y urgencia que, como ustedes saben, de acuerdo a la Constitución Nacional tienen carácter de ley y deben ser luego validados por el Congreso.
El Poder Ejecutivo puede hacer modificaciones presupuestarias -modificaciones de las partidas- a través de decisiones administrativas aprobadas por el jefe de Gabinete.
Los decretos de necesidad y urgencia que se dicten en ese sentido -en este momento no tengo presente el número de los ya dictados- son similares a las leyes y justamente después tienen que ser validados por el Congreso.
SR. PRESIDENTE HELLER Siempre los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser validados por el Congreso.
SR. MAKÓN (Inaudible). Exactamente.
Entonces, el único antecedente de ley de ampliación presupuestaria es la número 26.175.
Entonces, el único antecedente de ley de ampliación presupuestaria es la número 26.175.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias por su aporte, señor Makón. Esperamos los informes de su oficina.
Si les parece bien, damos inicio a la ronda de preguntas.
Tiene la palabra el señor diputado Cacace.
Si les parece bien, damos inicio a la ronda de preguntas.
Tiene la palabra el señor diputado Cacace.
SR. CACACE Muchas gracias, señor presidente. También quiero agradecer al secretario de Hacienda por su exposición.
Así como usted resaltó lo que dijo el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso respecto de cómo se han hecho las ampliaciones presupuestarias hasta ahora, es preciso destacar lo que también dijo el director acerca de que recién ayer habían recibido el proyecto en su oficina y no han tenido suficiente tiempo para producir un informe al respecto.
Hago esta mención por lo que discutimos más temprano acerca de la posibilidad de emitir dictamen mañana sobre este tema. Si la propia Oficina de Presupuesto del Congreso no lo ha podido evaluar aún, imagínese lo que esto implica para nosotros como diputados.
Aprovechando la presencia del secretario y dado que ya estamos en la ronda de preguntas, quiero ser conciso.
En primer lugar, quiero hacer una pregunta al secretario sobre el artículo 7º, referido a las operaciones de crédito público. Me llama un poco la atención ese artículo ya que la política anunciada por el gobierno ha sido la de desdolarizar la deuda pública. Entonces, quiero saber por qué se establece en ese artículo la facultad de suscribir con bonos en pesos las emisiones de bonos en dólares que haga el Tesoro. Concretamente, creo que esa previsión está relacionada con una publicación del Ministerio de Economía del 16 de junio, sobre licitaciones que se estarían por hacer los días 7 de agosto, 25 de septiembre y 27 de noviembre, cada una por 500 millones de dólares. Le pido al secretario que me confirme si es así.
En definitiva, quiero saber por qué se prevé esta posibilidad de suscribir con pesos la emisión de bonos en dólares, es decir, contrariamente a la política de desdolarización de la deuda.
También quiero saber por qué en este artículo y en el siguiente -artículo 8º- se exceptúa de las disposiciones del artículo 65 de la ley de administración financiera por el que se indica que las reestructuraciones o canjes se pueden hacer cuando hay mejora en los montos, plazos y/o intereses de la deuda.
Asimismo, quiero preguntarle al secretario sobre los artículos 13 y 14 y el criterio contable que se adopta respecto de tomar al valor técnico las letras intransferibles que se encuentran en poder del Banco Central.
Recordemos que hubo un cambio sobre esta normativa en el mes de diciembre y que ahora, a través de este proyecto de ley, se busca incorporar como criterio contable permanente la ley complementaria de presupuesto. Me gustaría saber cuál es la razón para este criterio.
Por otro lado, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido desde diciembre en adelante este criterio sobre el balance del Banco Central de la República Argentina? En particular, el proyecto dice que el crédito vigente al 30 de junio es de 589.000 millones de pesos en utilidades del Banco Central, pero quiero preguntarle al secretario cuál ha sido efectivamente el importe transferido por dicha entidad en concepto de utilidades al 30 de junio o a la fecha, dependiendo del dato que disponga al respecto.
Paso a la tercera pregunta, señor secretario. Cuando se refirió a la suspensión de la movilidad jubilatoria, me llamó la atención que dijera que es difícil de pagar. En consecuencia, le pregunto si hubo una recomendación por parte de la Secretaría de Hacienda de tomar esta medida a partir de una dificultad fiscal en cuanto a la movilidad.
La cuarta y última pregunta es la siguiente: en función de la ejecución informada, ¿cuál ha sido el porcentaje de reasignación de partidas respecto del total de ejecución presupuestaria que se ha producido a la fecha?
Así como usted resaltó lo que dijo el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso respecto de cómo se han hecho las ampliaciones presupuestarias hasta ahora, es preciso destacar lo que también dijo el director acerca de que recién ayer habían recibido el proyecto en su oficina y no han tenido suficiente tiempo para producir un informe al respecto.
Hago esta mención por lo que discutimos más temprano acerca de la posibilidad de emitir dictamen mañana sobre este tema. Si la propia Oficina de Presupuesto del Congreso no lo ha podido evaluar aún, imagínese lo que esto implica para nosotros como diputados.
Aprovechando la presencia del secretario y dado que ya estamos en la ronda de preguntas, quiero ser conciso.
En primer lugar, quiero hacer una pregunta al secretario sobre el artículo 7º, referido a las operaciones de crédito público. Me llama un poco la atención ese artículo ya que la política anunciada por el gobierno ha sido la de desdolarizar la deuda pública. Entonces, quiero saber por qué se establece en ese artículo la facultad de suscribir con bonos en pesos las emisiones de bonos en dólares que haga el Tesoro. Concretamente, creo que esa previsión está relacionada con una publicación del Ministerio de Economía del 16 de junio, sobre licitaciones que se estarían por hacer los días 7 de agosto, 25 de septiembre y 27 de noviembre, cada una por 500 millones de dólares. Le pido al secretario que me confirme si es así.
En definitiva, quiero saber por qué se prevé esta posibilidad de suscribir con pesos la emisión de bonos en dólares, es decir, contrariamente a la política de desdolarización de la deuda.
También quiero saber por qué en este artículo y en el siguiente -artículo 8º- se exceptúa de las disposiciones del artículo 65 de la ley de administración financiera por el que se indica que las reestructuraciones o canjes se pueden hacer cuando hay mejora en los montos, plazos y/o intereses de la deuda.
Asimismo, quiero preguntarle al secretario sobre los artículos 13 y 14 y el criterio contable que se adopta respecto de tomar al valor técnico las letras intransferibles que se encuentran en poder del Banco Central.
Recordemos que hubo un cambio sobre esta normativa en el mes de diciembre y que ahora, a través de este proyecto de ley, se busca incorporar como criterio contable permanente la ley complementaria de presupuesto. Me gustaría saber cuál es la razón para este criterio.
Por otro lado, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido desde diciembre en adelante este criterio sobre el balance del Banco Central de la República Argentina? En particular, el proyecto dice que el crédito vigente al 30 de junio es de 589.000 millones de pesos en utilidades del Banco Central, pero quiero preguntarle al secretario cuál ha sido efectivamente el importe transferido por dicha entidad en concepto de utilidades al 30 de junio o a la fecha, dependiendo del dato que disponga al respecto.
Paso a la tercera pregunta, señor secretario. Cuando se refirió a la suspensión de la movilidad jubilatoria, me llamó la atención que dijera que es difícil de pagar. En consecuencia, le pregunto si hubo una recomendación por parte de la Secretaría de Hacienda de tomar esta medida a partir de una dificultad fiscal en cuanto a la movilidad.
La cuarta y última pregunta es la siguiente: en función de la ejecución informada, ¿cuál ha sido el porcentaje de reasignación de partidas respecto del total de ejecución presupuestaria que se ha producido a la fecha?
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: voy a hacer preguntas concretas y me reservo algunas apreciaciones para mañana.
En primer lugar, el secretario nos mostró una ampliación de partidas para las universidades nacionales. Antes de comenzar esta reunión, el señor presidente de la comisión adelantó que mañana estará a la vista el proyecto contenido en el expediente 2669-d-20, del señor diputado Riccardo, que fue acompañado por casi cuarenta diputados del interbloque. Esta iniciativa refleja un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional de elevar el presupuesto de 196.000 a 216.000 millones de pesos. Estamos hablando de un poco menos de 20.000 millones de pesos de diferencia. Dado que no se trata de una cifra tan significativa, tal vez podamos consensuar para que el pedido de los rectores de las universidades nacionales pueda reflejarse en el presupuesto vigente, es decir, el presupuesto con el cual -según el secretario- pretenden llegar hasta el fin del ejercicio, ya que por lo visto el Poder Ejecutivo ha resignado la posibilidad de tener un presupuesto propio para 2020.
Pero más grave que esa diferencia es el hecho de que en el proyecto no se acompaña un detalle de cómo se van a distribuir esas partidas entre las distintas universidades nacionales. Sería un precedente negativo que aparezca un monto global sin detallar cómo será la distribución entre las distintas universidades, como es de costumbre y buen uso en los presupuestos de la administración pública nacional. Así que pido que esa cifra se discrimine por universidad, tal como se realiza en los presupuestos anuales.
En segundo lugar, el secretario mencionó determinados porcentajes en relación con el Producto Bruto Interno. Para que podamos entender las relaciones que hace respecto del PBI, ¿nos puede decir cuál es el monto del PBI que actualmente maneja la Secretaría de Hacienda? Sería bueno conocer el monto actualizado del PBI con el cual se está manejando el gobierno para hacer este tipo de estimaciones.
Tercero, pasando ya al articulado del proyecto, me voy a referir expresamente a las modificaciones que se introducen en el Impuesto al Valor Agregado. En el inciso f) del artículo 7° se propone eliminar la exención de la que hoy goza la leche sin aditivos -sea en polvo o fluida, entera o descremada-, es decir, la leche de consumo masivo de los sectores populares. Es la leche que está pasteurizada y que no tiene otros procesos de enriquecimiento. Por supuesto, las leches con aditivos son más caras para el consumidor final. Esa leche de consumo masivo y popular está exenta del pago del IVA, pero veo que ahora la incorporan al lote de productos gravados con el 10,5 por ciento, junto con la carne, el pan, las frutas, las verduras, etcétera.
Por otro lado, vemos que en el caso de las leches llamadas genéricamente "aditivadas", que hoy están gravadas con el 21 por ciento de IVA, esa alícuota se reduce al 10,5 por ciento. Por supuesto que estamos de acuerdo con esta baja, pero claramente no estamos de acuerdo con que la leche común, de consumo popular y masivo, sea gravada con el 10,5 por ciento de IVA, pues este impuesto impacta directamente en el precio del producto.
Quiero conocer el motivo que ha llevado al Poder Ejecutivo a proponer esta medida que atenta contra el bolsillo del consumidor final en un momento tan crítico, como señaló el secretario al comienzo de su exposición. Nosotros, por supuesto, coincidimos respecto de la gravedad de la situación.
Para finalizar, me hago eco de los reclamos de los productores y comercializadores de huevos, dado que los huevos de aves serían los únicos productos animales proteicos que quedarían fuera de la tasa del 10,5 por ciento. Por ello, solicitamos que también sean incorporados en ese lote de productos gravados a una tasa del 10,5 por ciento.
En primer lugar, el secretario nos mostró una ampliación de partidas para las universidades nacionales. Antes de comenzar esta reunión, el señor presidente de la comisión adelantó que mañana estará a la vista el proyecto contenido en el expediente 2669-d-20, del señor diputado Riccardo, que fue acompañado por casi cuarenta diputados del interbloque. Esta iniciativa refleja un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional de elevar el presupuesto de 196.000 a 216.000 millones de pesos. Estamos hablando de un poco menos de 20.000 millones de pesos de diferencia. Dado que no se trata de una cifra tan significativa, tal vez podamos consensuar para que el pedido de los rectores de las universidades nacionales pueda reflejarse en el presupuesto vigente, es decir, el presupuesto con el cual -según el secretario- pretenden llegar hasta el fin del ejercicio, ya que por lo visto el Poder Ejecutivo ha resignado la posibilidad de tener un presupuesto propio para 2020.
Pero más grave que esa diferencia es el hecho de que en el proyecto no se acompaña un detalle de cómo se van a distribuir esas partidas entre las distintas universidades nacionales. Sería un precedente negativo que aparezca un monto global sin detallar cómo será la distribución entre las distintas universidades, como es de costumbre y buen uso en los presupuestos de la administración pública nacional. Así que pido que esa cifra se discrimine por universidad, tal como se realiza en los presupuestos anuales.
En segundo lugar, el secretario mencionó determinados porcentajes en relación con el Producto Bruto Interno. Para que podamos entender las relaciones que hace respecto del PBI, ¿nos puede decir cuál es el monto del PBI que actualmente maneja la Secretaría de Hacienda? Sería bueno conocer el monto actualizado del PBI con el cual se está manejando el gobierno para hacer este tipo de estimaciones.
Tercero, pasando ya al articulado del proyecto, me voy a referir expresamente a las modificaciones que se introducen en el Impuesto al Valor Agregado. En el inciso f) del artículo 7° se propone eliminar la exención de la que hoy goza la leche sin aditivos -sea en polvo o fluida, entera o descremada-, es decir, la leche de consumo masivo de los sectores populares. Es la leche que está pasteurizada y que no tiene otros procesos de enriquecimiento. Por supuesto, las leches con aditivos son más caras para el consumidor final. Esa leche de consumo masivo y popular está exenta del pago del IVA, pero veo que ahora la incorporan al lote de productos gravados con el 10,5 por ciento, junto con la carne, el pan, las frutas, las verduras, etcétera.
Por otro lado, vemos que en el caso de las leches llamadas genéricamente "aditivadas", que hoy están gravadas con el 21 por ciento de IVA, esa alícuota se reduce al 10,5 por ciento. Por supuesto que estamos de acuerdo con esta baja, pero claramente no estamos de acuerdo con que la leche común, de consumo popular y masivo, sea gravada con el 10,5 por ciento de IVA, pues este impuesto impacta directamente en el precio del producto.
Quiero conocer el motivo que ha llevado al Poder Ejecutivo a proponer esta medida que atenta contra el bolsillo del consumidor final en un momento tan crítico, como señaló el secretario al comienzo de su exposición. Nosotros, por supuesto, coincidimos respecto de la gravedad de la situación.
Para finalizar, me hago eco de los reclamos de los productores y comercializadores de huevos, dado que los huevos de aves serían los únicos productos animales proteicos que quedarían fuera de la tasa del 10,5 por ciento. Por ello, solicitamos que también sean incorporados en ese lote de productos gravados a una tasa del 10,5 por ciento.
SR. BURYAILE Señor presidente: ¿puedo hacer una moción?
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Buryaile.
SR. BURYAILE A fin de evitar repeticiones, me parece que sería constructivo e instructivo para todos que el secretario Rigo vaya contestando de a dos o tres preguntas.
SR. PRESIDENTE HELLER Otra forma sería que no pregunten lo que ya está preguntado, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Laspina.
Tiene la palabra el señor diputado Laspina.
SR. LASPINA Señor presidente: agradezco las exposiciones de Raúl Rigo y Marcos Makón. Con la presencia de estos invitados, así como también la del señor diputado Sarghini y la de muchos otros colegas, no podemos dejar de darnos el lujo de tener un gran debate presupuestario, y celebro que podamos hacerlo.
También hay que destacar el envío del proyecto de ampliación del presupuesto. Como bien dijo Marcos Makón, no es tradición que esto ocurra. En todos los gobiernos, de todos los signos políticos -fundamentalmente, a partir de la incorporación de los decretos de necesidad y urgencia cuando se hizo la reforma constitucional-, ha habido un abuso de la utilización de los decretos de necesidad y urgencia por motivos presupuestarios.
Como todos saben, hemos hecho varias reformas en acuerdos institucionales con la oposición; por ejemplo, para la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una de las instituciones fiscales independientes que exigen todos los países del mundo. Esta oficina es obligatoria en todos los países de la OCDE y de la Unión Europea. Estados Unidos tiene una gran tradición en el tema. Todos los países de Latinoamérica también han creado su Oficina de Presupuesto, para que sea un organismo técnico, independiente y apolítico que nos asesore en la discusión presupuestaria.
Ese ha sido un gran avance que hemos logrado en acuerdo con la oposición. Este tema tuvo muchísimos años de tratamiento en el Congreso de la Nación desde el regreso de la democracia. Hubo varias iniciativas al respecto, pero finalmente pudimos acordar con Juan Manuel Abal Medina, Marco Lavagna y Diego Bossio la ley que dio origen a la Oficina de Presupuesto.
En 2005 o 2006 -Marcos Makón me corregirá, porque no recuerdo bien el año-, acordamos la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera, que básicamente daba superpoderes al jefe de Gabinete para reasignar las partidas presupuestarias.
En 2016, nosotros volvimos a modificar ese artículo 37, limitando esa capacidad de reasignar partidas, es decir, devolviendo esa capacidad al gobierno.
Quiero terminar con esto y paso a la pregunta. Dado que estamos planteando una ampliación del presupuesto, habría que revisar el DNU que autodelegó superpoderes al jefe de Gabinete para reasignar partidas en materia de gastos por el COVID. Me parece que es una buena oportunidad, porque si mostramos seriedad en traer la ampliación del presupuesto al Congreso, no necesitamos precisamente esos superpoderes. Esta es la primera pregunta, y por eso hice esta larga introducción.
En segundo lugar, no entendí la corrección que hace Raúl Rigo respecto de 2019. Por un lado, quiero saber si afecta el déficit financiero y, por el otro, si eso es consistente con la metodología de corrección que no vi que se hiciera para 2016. Quiero conocer la cuestión metodológica respecto de ese gráfico.
Ojalá se obtengan respuestas fiscales equilibradas, como se nos mostró, porque la verdad es que ha costado sangre, sudor y lágrimas -y algunas elecciones perdidas, en nuestro caso- el hecho de haber podido equilibrar el enorme déficit primario que recibimos en 2015 -que no lo vi ajustado en la presentación- y llegar a una suerte de equilibrio fiscal. Por lo cual, si podemos controlarlo después de la pandemia y seguir con ese equilibrio fiscal -el primario, al menos-, sería realmente un logro excepcional. Así que cuente con nosotros para ese desafío.
Paso a las preguntas sobre las cuales me quiero concentrar específicamente, aunque me gustaría saber un poco más sobre esas correcciones que se han hecho. Creo que ya se ha aclarado bastante, pero voy a referirme a las aclaraciones que no se hicieron. Primero, dada esta ampliación presupuestaria, creo que deberíamos volver al artículo 37 original.
Respecto de los artículos 7° y 8°, ha habido críticas del señor diputado Cacace y de la señora diputada Camaño, expresadas en las redes sociales, respecto de la dolarización de pasivos en pesos a pasivos en dólares, que es un aspecto de la discusión. Pero a mí me preocupa el artículo 8°, porque a mi criterio es una reforma implícita del artículo 65 de la ley de administración financiera. El artículo 7° pone un monto máximo de capacidad de canje de activos en pesos por activos en dólares, sin ninguna de las tres condiciones históricas que ha establecido la ley de administración financiera, que es la mejora del monto del plazo de la tasa. Es decir, se puede hacer ahí lo que se quiera, por supuesto sujeto a alguna reglamentación interna que se autodicte el Ministerio de Economía, el cual no es un sentido de delegación muy taxativo. Hay un monto máximo y entonces, por lo menos, tengo acotado el tiempo. El artículo 8° no acota en tiempo ni en cantidad las características de los canjes de dólares que se hagan en pesos. Significa que para los canjes en pesos, como está redactado, en el futuro se podrán hacer sin atención al artículo 65 de la ley de administración financiera.
Recuerdo que en 2019 nosotros planteamos una reforma del artículo 65, porque nos parecía que había que aggiornarlo. Pero una de las condiciones que tienen algunos artículos parecidos -en otras legislaciones comparadas, e incluso en nuestras provincias- es que siempre hacen alusión a alguna restricción o condición, por ejemplo, que se atengan a las condiciones de mercado, que acá tampoco lo dice. O sea que la Secretaría de Finanzas se va a autorregular respecto de qué condiciones técnicas le va a aplicar al canje de esos bonos. Me parece que es una delegación que este Congreso no puede hacer.
En esto queremos ser muy concretos, y siempre estamos de acuerdo. Por eso empecé con los DNU, porque creo que habría que reglamentar esa ley para que no se puedan hacer DNU en materia presupuestaria, lo que sería un gran avance institucional, como lo fue la Oficina de Presupuesto y la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera en 2016. Por supuesto, no estoy a favor y por eso exigimos corregir o por lo menos hacer una limitación en cantidad o en tiempo -digan ustedes qué es lo que prefieren-, es decir que sea transitoria la ley de administración financiera. En todo caso, al oficialismo se le puede ofrecer discutir una reforma del artículo 65 de la ley de administración financiera que modernice ese artículo. Me gustaría conocer la reflexión de Raúl Rigo respecto de este tema y sobre cómo interpreta el artículo 8°.
Respecto del artículo 11, la pregunta es la siguiente. Este artículo deriva unos 50.000 millones de pesos en préstamos para las provincias a fin de atender las condiciones del COVID-19, sujeto también a una reglamentación interna de la Secretaría de Hacienda. Creo que ahí debemos fijar cuestiones objetivas. La pregunta, entonces, es cuáles son las condiciones que ha fijado la Secretaría de Hacienda en su página web -que no he podido consultar- y si el funcionario no cree que este Congreso tiene las atribuciones de establecer cuestiones objetivas, para que no quede a criterio o discrecionalidad del Poder Ejecutivo a quién se dan esos 50.000 millones de pesos, y con qué criterio.
Respecto del artículo 13, hago una sugerencia y una consulta. Entiendo que obviamente no pasa el filtro de ningún auditor externo la firma del criterio contable sui generis que se ha establecido con la valuación técnica de las Letras del Banco Central. Es obvio que el Banco Central hoy es la quinta rueda del carro -como decía el general- para financiar el déficit fiscal. Pero creo que antes de meternos a hacer contabilidad creativa, directamente deberíamos blanquear la colocación de una letra por este billón de pesos que se establece como fuente de financiamiento monetario a través del Banco Central en la ampliación del presupuesto. Lo digo porque a lo mejor la contabilidad en algún momento se termina y eso puede perjudicar al gobierno, o a lo mejor hay demasiado exceso de contabilidad creativa que le permite después al gobierno generar un exceso de expansión monetaria o un exceso de financiamiento por encima de lo que dice la propia ley.
Entonces, hago mi planteo como pregunta o reflexión: quizás sería mejor acotar el artículo 13 a lo que estamos tratando en esta ley y no hacer un cambio contable más general.
También hay que destacar el envío del proyecto de ampliación del presupuesto. Como bien dijo Marcos Makón, no es tradición que esto ocurra. En todos los gobiernos, de todos los signos políticos -fundamentalmente, a partir de la incorporación de los decretos de necesidad y urgencia cuando se hizo la reforma constitucional-, ha habido un abuso de la utilización de los decretos de necesidad y urgencia por motivos presupuestarios.
Como todos saben, hemos hecho varias reformas en acuerdos institucionales con la oposición; por ejemplo, para la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una de las instituciones fiscales independientes que exigen todos los países del mundo. Esta oficina es obligatoria en todos los países de la OCDE y de la Unión Europea. Estados Unidos tiene una gran tradición en el tema. Todos los países de Latinoamérica también han creado su Oficina de Presupuesto, para que sea un organismo técnico, independiente y apolítico que nos asesore en la discusión presupuestaria.
Ese ha sido un gran avance que hemos logrado en acuerdo con la oposición. Este tema tuvo muchísimos años de tratamiento en el Congreso de la Nación desde el regreso de la democracia. Hubo varias iniciativas al respecto, pero finalmente pudimos acordar con Juan Manuel Abal Medina, Marco Lavagna y Diego Bossio la ley que dio origen a la Oficina de Presupuesto.
En 2005 o 2006 -Marcos Makón me corregirá, porque no recuerdo bien el año-, acordamos la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera, que básicamente daba superpoderes al jefe de Gabinete para reasignar las partidas presupuestarias.
En 2016, nosotros volvimos a modificar ese artículo 37, limitando esa capacidad de reasignar partidas, es decir, devolviendo esa capacidad al gobierno.
Quiero terminar con esto y paso a la pregunta. Dado que estamos planteando una ampliación del presupuesto, habría que revisar el DNU que autodelegó superpoderes al jefe de Gabinete para reasignar partidas en materia de gastos por el COVID. Me parece que es una buena oportunidad, porque si mostramos seriedad en traer la ampliación del presupuesto al Congreso, no necesitamos precisamente esos superpoderes. Esta es la primera pregunta, y por eso hice esta larga introducción.
En segundo lugar, no entendí la corrección que hace Raúl Rigo respecto de 2019. Por un lado, quiero saber si afecta el déficit financiero y, por el otro, si eso es consistente con la metodología de corrección que no vi que se hiciera para 2016. Quiero conocer la cuestión metodológica respecto de ese gráfico.
Ojalá se obtengan respuestas fiscales equilibradas, como se nos mostró, porque la verdad es que ha costado sangre, sudor y lágrimas -y algunas elecciones perdidas, en nuestro caso- el hecho de haber podido equilibrar el enorme déficit primario que recibimos en 2015 -que no lo vi ajustado en la presentación- y llegar a una suerte de equilibrio fiscal. Por lo cual, si podemos controlarlo después de la pandemia y seguir con ese equilibrio fiscal -el primario, al menos-, sería realmente un logro excepcional. Así que cuente con nosotros para ese desafío.
Paso a las preguntas sobre las cuales me quiero concentrar específicamente, aunque me gustaría saber un poco más sobre esas correcciones que se han hecho. Creo que ya se ha aclarado bastante, pero voy a referirme a las aclaraciones que no se hicieron. Primero, dada esta ampliación presupuestaria, creo que deberíamos volver al artículo 37 original.
Respecto de los artículos 7° y 8°, ha habido críticas del señor diputado Cacace y de la señora diputada Camaño, expresadas en las redes sociales, respecto de la dolarización de pasivos en pesos a pasivos en dólares, que es un aspecto de la discusión. Pero a mí me preocupa el artículo 8°, porque a mi criterio es una reforma implícita del artículo 65 de la ley de administración financiera. El artículo 7° pone un monto máximo de capacidad de canje de activos en pesos por activos en dólares, sin ninguna de las tres condiciones históricas que ha establecido la ley de administración financiera, que es la mejora del monto del plazo de la tasa. Es decir, se puede hacer ahí lo que se quiera, por supuesto sujeto a alguna reglamentación interna que se autodicte el Ministerio de Economía, el cual no es un sentido de delegación muy taxativo. Hay un monto máximo y entonces, por lo menos, tengo acotado el tiempo. El artículo 8° no acota en tiempo ni en cantidad las características de los canjes de dólares que se hagan en pesos. Significa que para los canjes en pesos, como está redactado, en el futuro se podrán hacer sin atención al artículo 65 de la ley de administración financiera.
Recuerdo que en 2019 nosotros planteamos una reforma del artículo 65, porque nos parecía que había que aggiornarlo. Pero una de las condiciones que tienen algunos artículos parecidos -en otras legislaciones comparadas, e incluso en nuestras provincias- es que siempre hacen alusión a alguna restricción o condición, por ejemplo, que se atengan a las condiciones de mercado, que acá tampoco lo dice. O sea que la Secretaría de Finanzas se va a autorregular respecto de qué condiciones técnicas le va a aplicar al canje de esos bonos. Me parece que es una delegación que este Congreso no puede hacer.
En esto queremos ser muy concretos, y siempre estamos de acuerdo. Por eso empecé con los DNU, porque creo que habría que reglamentar esa ley para que no se puedan hacer DNU en materia presupuestaria, lo que sería un gran avance institucional, como lo fue la Oficina de Presupuesto y la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera en 2016. Por supuesto, no estoy a favor y por eso exigimos corregir o por lo menos hacer una limitación en cantidad o en tiempo -digan ustedes qué es lo que prefieren-, es decir que sea transitoria la ley de administración financiera. En todo caso, al oficialismo se le puede ofrecer discutir una reforma del artículo 65 de la ley de administración financiera que modernice ese artículo. Me gustaría conocer la reflexión de Raúl Rigo respecto de este tema y sobre cómo interpreta el artículo 8°.
Respecto del artículo 11, la pregunta es la siguiente. Este artículo deriva unos 50.000 millones de pesos en préstamos para las provincias a fin de atender las condiciones del COVID-19, sujeto también a una reglamentación interna de la Secretaría de Hacienda. Creo que ahí debemos fijar cuestiones objetivas. La pregunta, entonces, es cuáles son las condiciones que ha fijado la Secretaría de Hacienda en su página web -que no he podido consultar- y si el funcionario no cree que este Congreso tiene las atribuciones de establecer cuestiones objetivas, para que no quede a criterio o discrecionalidad del Poder Ejecutivo a quién se dan esos 50.000 millones de pesos, y con qué criterio.
Respecto del artículo 13, hago una sugerencia y una consulta. Entiendo que obviamente no pasa el filtro de ningún auditor externo la firma del criterio contable sui generis que se ha establecido con la valuación técnica de las Letras del Banco Central. Es obvio que el Banco Central hoy es la quinta rueda del carro -como decía el general- para financiar el déficit fiscal. Pero creo que antes de meternos a hacer contabilidad creativa, directamente deberíamos blanquear la colocación de una letra por este billón de pesos que se establece como fuente de financiamiento monetario a través del Banco Central en la ampliación del presupuesto. Lo digo porque a lo mejor la contabilidad en algún momento se termina y eso puede perjudicar al gobierno, o a lo mejor hay demasiado exceso de contabilidad creativa que le permite después al gobierno generar un exceso de expansión monetaria o un exceso de financiamiento por encima de lo que dice la propia ley.
Entonces, hago mi planteo como pregunta o reflexión: quizás sería mejor acotar el artículo 13 a lo que estamos tratando en esta ley y no hacer un cambio contable más general.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda, para que responda las preguntas planteadas hasta este momento.
SR. RIGO Si le parece bien, señor presidente, comienzo por las preguntas que fueron formuladas por el señor diputado Cacace, que también atienden la inquietud del señor diputado Laspina respecto de los artículos 7° y 8°.
Básicamente, para enfocar la justificación de estos dos artículos, deberíamos pensar en una política impulsada por el gobierno nacional relacionada con la normalización y profundización del mercado de capitales doméstico, es decir, la curva de rendimiento en pesos y lo que podríamos denominar soberanía monetaria.
A principios de la actual gestión, el mercado doméstico en pesos se encontraba paralizado. Después del reperfilamiento, el mercado estaba restringido al sector público. En ese contexto, las actuales autoridades nos hemos propuesto normalizarlo. De hecho, a principios de este año, el mercado doméstico en pesos tenía que enfrentar vencimientos por prácticamente 1,15 billones de pesos, con casi un 75 por ciento concentrado en el primer semestre de 2020. De alguna manera, era un mercado totalmente ilíquido.
Los títulos cotizaban entre un 35 y un 40 por ciento de su paridad; es decir, se trataba de un mercado muy complicado.
Sin embargo, usted recordará, señor presidente, que el 20 de diciembre de 2019 se reanudaron las licitaciones de los instrumentos en pesos y esa política fue exitosa a la luz de los resultados obtenidos durante los primeros siete meses del año. De hecho, en este mes de julio se han podido colocar instrumentos que han superado en más de 40.000 millones de pesos los vencimientos de este mes.
Entonces, dadas las condiciones iniciales y los resultados, el gobierno nacional se encuentra satisfecho con estos primeros pasos en el sentido de reconstituir la curva del rendimiento en pesos, algo que se logró fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas, por una administración razonable de la tasa de interés y la segunda, por la promoción de una actitud cooperativa entre todos los participantes de ese mercado en pesos.
Por otra parte, no es menos cierto que no todos los participantes de ese mercado en pesos tienen las mismas actitudes o comportamientos cooperativos. De hecho, pueden existir algunos participantes en el mercado en pesos que no han ingresado en él por creer en la moneda nacional o por interés en financiar proyectos productivos que colaboren con el crecimiento y el desarrollo del país, sino que lo han hecho en el marco de otras condiciones macroeconómicas.
En tal sentido, varios de esos participantes promueven algunas conductas disruptivas que se reflejan fundamentalmente en tensiones cambiarias, que derivan rápidamente en desequilibrios macroeconómicos y en efectos negativos a mediano plazo en la economía.
En ese contexto, dada la dificultad, la criticidad y la emergencia, el gobierno nacional, empeñado en lograr este desarrollo y fortalecimiento del mercado en pesos, asume la realidad en cuanto a que estas tensiones del mercado cambiario obedecen fundamentalmente a que la Argentina hoy no tiene los dólares suficientes para enfrentarla; lo que sí puede hacer es ofrecer dólares a futuro para, de alguna manera, promover una creciente y paulatina normalización o eventualmente una salida de esos jugadores no cooperativos de ese mercado a través de los instrumentos que se proponen.
En ese contexto, sin hablar de dolarización y sin proteger ningún tipo de situación particular, se ofrece en el marco de la normalización de la deuda soberana la posibilidad de que cualquier tenedor de deuda en pesos pueda suscribir y pagar colocaciones en dólares -me refiero a títulos denominados en moneda extranjera bajo ley local para cualquier tenedor en pesos. De esa manera, paulatinamente se puede ir administrando la salida de esos jugadores no cooperativos y poco a poco se puede profundizar y mejorar la performance de ese mercado. Por lo tanto, el sentido de estos dos artículos está relacionado con ese desafío que enfrenta el gobierno nacional.
Creo que el señor diputado Cacace y el señor diputado Laspina se manifestaron en relación con el artículo 65. Esto no se está planteando como un canje -que es el contexto que propone dicho artículo-, sino como una operación de administración de pasivos. Por lo tanto, en ese contexto, es necesario que estas operaciones sean encuadradas en un marco especial de excepcionalidad, dada la situación de emergencia y la trascendencia que el gobierno nacional asigna al fortalecimiento de un mercado de capitales doméstico, que sea lo suficientemente profundo como para apartarnos de esta permanente necesidad de un financiamiento en moneda extranjera que -por no ser la nuestra- nos trae todas estas dificultades de tensiones cambiarias y derivaciones en términos de inestabilidad macroeconómica.
Este es el sentido de los dos artículos y considero que de alguna manera queda justificada la necesidad del Poder Ejecutivo de solicitar el tratamiento de este proyecto de ley.
Luego, siguiendo con la línea expresada por el señor diputado Cacace, se mencionaron los artículos 13 y 14, relacionados con el criterio de evaluación de estas letras del Banco Central. En tal sentido, ustedes saben que el artículo 61 de la ley 27.541 de Solidaridad Social, conocida como Ley de Emergencia, autorizó al Poder Ejecutivo nacional a emitir una letra intransferible en dólares que debía ser suscripta por el Banco Central de la República Argentina; y esa misma ley, en el artículo 62, fijó el criterio de registración de dicha letra; esa es una primera situación.
Posteriormente, se dictó el decreto 346/2020 que dispuso el diferimiento del pago de los servicios en dólares hasta el 31 de diciembre de este año o hasta la normalización de la deuda, lo que ocurriera primero. En el marco de dicho decreto, se dictó la resolución conjunta 28/2020 que emitió una letra intransferible por 400 millones de dólares, complementaria de aquella que se había dictado en el marco del artículo 61 de la ley 27.541.
Sin embargo, y esto es lo que el artículo 13 viene a solucionar, allí no se establecieron las condiciones de registración contable de dicha letra, entendiéndose -digamos de una manera natural- que las condiciones de registración son las mismas que las fijadas por el artículo 62 de la ley 27.541. Es decir, la ley no lo fija de manera expresa porque estableció en su artículo 61 una colocación que no incluía esta colocación (inaudible). Entonces, simplemente se están haciendo extensivas a esta letra esas condiciones de registración contable.
En este sentido, para ir a otra de las inquietudes planteadas por el señor diputado Cacace, esta condición está incluida en la ley en su artículo 13 -por eso el artículo 14 lo incluye- ya que otorga condición de permanente a esa emisión que se hizo en el marco de la resolución 28/2020, no como un criterio contable permanente para cualquier instrumento que esté integrando el patrimonio del Banco Central, sino exclusivamente para esa letra.
Si me permite, señor presidente, podemos repasar de manera rápida el artículo 13, que dice que las letras del Tesoro, intransferibles en dólares, emitidas en el marco de lo dispuesto en el artículo 4º del decreto 346 del 5 de abril de 2020, de colocación directa, deberán registrarse en sus estados contables. Es decir que son particularmente esas letras, y no todas. Este artículo, que refiere específicamente a esa colocación, es el que va a la permanente, que era otra de las inquietudes que estaban planteando.
En tercer término, me referiré a la pregunta que formuló el señor diputado Cacace respecto de las utilidades del Banco Central. Efectivamente -si entendí bien la inquietud del diputado-, él habló de 589.000 millones de pesos a una determinada fecha, que entiendo que es una fecha actual, en relación con el margen de utilidades que pueden ser utilizadas o transferidas al Tesoro nacional. Creo que estoy entendiendo de manera correcta.
La aclaración que quiero hacer es la siguiente. Si nosotros tomamos el crédito por utilidades que tenemos vigente en este momento -que es el crédito que estaba en el presupuesto prorrogado-, más el que se incrementó en el decreto de necesidad y urgencia dictado en abril para ampliar el presupuesto, y le incorporamos 1.070.000 millones de utilidades, que es lo que estipula este proyecto de ley, llegamos al monto de 1.600.000 millones de pesos, que son las utilidades totales que están en el balance del Banco Central.
Simplemente quiero decir que sumando estos tres términos -el crédito que fue prorrogado, el que fue ampliado por el decreto de necesidad y urgencia de abril más el que está en el proyecto de ley- se conforma el total de utilidades que están vigentes según el balance del Banco Central. Espero haber interpretado la pregunta de manera correcta.
La otra inquietud que formuló el diputado Cacace tiene que ver con la cuestión de las reasignaciones en el marco del artículo 37 de la ley de administración financiera, por si tal vez existe alguna información complementaria que podamos brindar.
En relación con esa pregunta lo que puedo decir es que se han compensado, en uso del artículo 37 vigente de la norma antedicha, 152.000 millones de pesos aproximadamente. De esa cifra, yo diría que un 15 por ciento, es decir, unos 23.000 millones de pesos, han tenido que ver con modificaciones asociadas al financiamiento de programas derivados de políticas públicas implementadas en el marco de la pandemia del COVID-19. En tanto que el 85 por ciento restante, unos 120.000 millones de pesos, ha sido por compensaciones entre partidas que no tomaron la situación del COVID-19.
Por último, lo que quise manifestar respecto del tema de la movilidad es que, más allá de cualquier cálculo, las cuentas públicas en 2020 no hubiesen podido tolerar de manera consistente y sostenible una movilidad que absorbiera los índices inflacionarios de 2019.
En ese sentido, si repasan los dichos, por ejemplo, del señor ministro de Economía y de otras autoridades del Poder Ejecutivo, al momento de proponer la ley de emergencia, se puede observar que lo que se estimó es que no era posible de una manera fiscalmente sana seguir sosteniendo ese criterio. Resultó ser un criterio que no permitía a las finanzas, en el estado en que se encontraban, sostener esa regla de cálculo, por decirlo de alguna manera. Creo que con estas apreciaciones hemos atendido las preguntas formuladas en primera instancia por el señor diputado Cacace.
Ahora continuaré con las respuestas a las preguntas formuladas por el señor diputado Pastori. En primer lugar, me referiré al PIB. Nos encontramos en un contexto de incertidumbre muy fuerte, por las razones que son obvias y que no tiene sentido que tome tiempo para explicarlas. Creo que esto lo entendemos y confío que lo aceptamos todos.
En esos contextos, se realizan cálculos respecto de cifras aproximadas que den idea de las principales variables económicas y macroeconómicas. Concretamente, estimamos en 28,8 billones de pesos el valor nominal del PIB, que era una de las preguntas que nos formuló el señor diputado. La inquietud radicó en saber cómo habíamos hecho los cálculos en participación del PIB de los distintos agregados que planteamos allí.
La otra pregunta que ha formulado se vincula con las universidades nacionales. El criterio que se ha sostenido es básicamente que estamos modificando el presupuesto vigente a través de una ley. Por este motivo, las asignaciones previstas para las universidades nacionales se realizarán siguiendo criterios de ejecución, es decir, para completar sus gastos en personal -que constituyen aproximadamente el 90 o 95 por ciento de la asignación- y el resto es proporcional a sus gastos de funcionamiento.
Hemos entendido, tanto desde la Secretaría de Hacienda como desde la Secretaría de Políticas Universitarias, que es un criterio razonable. Insisto, tratándose no de una ley de presupuesto, sino de una modificación del presupuesto vigente, tramitada por ley, que es diferente. Consideramos que esa sería una manera razonable de promover esa asignación.
Por último, quiero referirme al tema de la leche -que se ha comentado bastante en estos días-, y hacer dos o tres comentarios generales.
Sabemos que toda la problemática de la leche deriva de la aplicación del decreto 569/2019, dictado a mediados del año pasado, después de las PASO, que exceptuó a determinadas clases de leche, que son básicamente aquellas que no tienen aditivos. El resto de las leches, las que tienen aditivos, las fortificadas y las adicionadas quedaron con una alícuota del IVA del 21 por ciento.
Cabe precisar que la mayor parte del consumo del país es en leche con aditivos, fortificadas y adicionadas, es decir, leches de esas características. Por ese motivo, para esa porción mayoritaria del consumo se está promoviendo una reducción de la alícuota -tal como se mencionó- del 21 al 10,5 por ciento.
Por otro lado, es verdad que para la clase de leches que están exentas se está incrementando la alícuota, llevándola al 10,5 por ciento. El señor diputado planteó la inquietud de que esta medida sea lesiva para el bolsillo de la ciudadanía. Nosotros pensamos que ese no será el efecto, precisamente porque la medida original, aparte de no lograr el efecto de reducción de precios, entrañaba dificultades técnicas. Si observamos los índices de precios de agosto o septiembre del año pasado para el grupo de alimentos básicos, notaremos que no arrojan una reducción de precios, sino más bien un incremento, no muy importante, pero es un incremento al fin.
Yo creo que toda la comisión me va a acompañar en el razonamiento de que al tener que trabajar en la última etapa de la cadena con el producto exento, eso produce fundamentalmente en las empresas comercializadoras una acumulación de crédito fiscal que no puede ser aplicada, precisamente por esa razón. Por ello, si llevamos la alícuota al 10,5 por ciento, será posible para las empresas comercializadoras descargar esos créditos fiscales y se evitarán presiones sobre el precio.
Por este motivo, y por las razones que acabo de esgrimir, no compartimos que esta medida tenga efectos en el incremento de los precios.
Por otro lado, consideramos que es un avance que permitirá mejorar y perfeccionar técnicamente una medida que tal vez se tomó de manera apresurada. Recuerden también que dicha medida tuvo problemas y recibió planteos de inconstitucionalidad por parte de las provincias. Es decir que es una medida que se está tratando de perfeccionar en el sentido que estábamos señalando.
Para cerrar, voy a referirme a las preguntas del diputado Luciano Laspina. Creo que pudimos responder algunas de ellas, que tenían que ver con los artículos 7° y 8°. En cuanto a la referencia al artículo 65, me parece que requiere una discusión más profunda el modificarlo o no.
Lo que ocurre es que, a los efectos de la propuesta del artículo en este proyecto de ley, no se está tomando esa operación de salida ordenada de estos participantes no colaborativos del mercado de deuda en pesos, sino que se está planteando como una política de administración de pasivo. Aquí no se va a hacer canje de instrumento, sino que se van a licitar esos instrumentos, se van a subastar y se va a fijar el precio en cada una de las subastas. Por eso se está pensando como administración de pasivo, y por eso la necesidad de exceptuarla del régimen que prevé el artículo 65 que, insisto, es un régimen diferente. Es decir que es de canje, no de administración de pasivo.
Dentro de las inquietudes formuladas por el diputado Luciano Laspina, también me interesaría completar el tema de los criterios de distribución de los fondos que están previstos como ampliación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. En la actualidad, ese artículo establece que se da continuidad al Programa para la Emergencia Financiera Provincial, creado por el decreto 352 del 8 de abril de 2020.
Es decir que, como acabo de mencionar, este artículo da continuidad a un programa ya creado por el decreto 352/2020. Consistentemente con ese decreto, se dictó una resolución del Ministerio de Economía, la 223/2020, que dispuso los criterios objetivos para la distribución de los primeros 60.000 millones de pesos -que son aquellos a los que aludí hace un rato-, de los cuales ya se han distribuido unos 48.000 millones, si no me traiciona la memoria.
Por otra parte, esta resolución fijó criterios objetivos para esa distribución. Concretamente, se establecieron tres ponderadores para conformar la asignación del préstamo para cada una de las provincias, que se componen de la siguiente manera. En primer lugar, un 20 por ciento según el criterio de las necesidades básicas insatisfechas. En segundo término, otro 20 por ciento, que correspondería al impacto del COVID-19, básicamente representado por la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes, corregido por el porcentaje de personas que se encuentran en la informalidad en cada una de las provincias, según las cifras oficiales de los organismos de estadísticas. De esta manera, entonces, se completa el 40 por ciento.
El 60 por ciento restante, corresponde a las necesidades fiscales que se establecen a partir de la información que brindan las provincias al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y a los análisis que realiza el área técnica pertinente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a los efectos de determinar la verosimilitud de la necesidad fiscal.
En resumen, un 20 por ciento corresponde a NBI; otro 20 por ciento, a COVID-19, y el 60 por ciento restante, a necesidad fiscal.
La idea de este artículo fue, insisto, dar continuidad a ese programa. Además, del mismo modo que lo tenemos hoy en día -no solamente por esta ley sino de acuerdo con la interpretación armónica de la ley de responsabilidad fiscal y otras facultades del Ministerio de Economía-, entendemos que en el Ministerio de Economía existen esas facultades. Entonces, la ley viene a reforzar las competencias para fijar criterios objetivos de distribución, tal como lo ha establecido la resolución 223/2020, que acabo de mencionar.
Señor presidente: hemos tratado de repasar las inquietudes y preguntas formuladas hasta el momento por los señores diputados.
Básicamente, para enfocar la justificación de estos dos artículos, deberíamos pensar en una política impulsada por el gobierno nacional relacionada con la normalización y profundización del mercado de capitales doméstico, es decir, la curva de rendimiento en pesos y lo que podríamos denominar soberanía monetaria.
A principios de la actual gestión, el mercado doméstico en pesos se encontraba paralizado. Después del reperfilamiento, el mercado estaba restringido al sector público. En ese contexto, las actuales autoridades nos hemos propuesto normalizarlo. De hecho, a principios de este año, el mercado doméstico en pesos tenía que enfrentar vencimientos por prácticamente 1,15 billones de pesos, con casi un 75 por ciento concentrado en el primer semestre de 2020. De alguna manera, era un mercado totalmente ilíquido.
Los títulos cotizaban entre un 35 y un 40 por ciento de su paridad; es decir, se trataba de un mercado muy complicado.
Sin embargo, usted recordará, señor presidente, que el 20 de diciembre de 2019 se reanudaron las licitaciones de los instrumentos en pesos y esa política fue exitosa a la luz de los resultados obtenidos durante los primeros siete meses del año. De hecho, en este mes de julio se han podido colocar instrumentos que han superado en más de 40.000 millones de pesos los vencimientos de este mes.
Entonces, dadas las condiciones iniciales y los resultados, el gobierno nacional se encuentra satisfecho con estos primeros pasos en el sentido de reconstituir la curva del rendimiento en pesos, algo que se logró fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas, por una administración razonable de la tasa de interés y la segunda, por la promoción de una actitud cooperativa entre todos los participantes de ese mercado en pesos.
Por otra parte, no es menos cierto que no todos los participantes de ese mercado en pesos tienen las mismas actitudes o comportamientos cooperativos. De hecho, pueden existir algunos participantes en el mercado en pesos que no han ingresado en él por creer en la moneda nacional o por interés en financiar proyectos productivos que colaboren con el crecimiento y el desarrollo del país, sino que lo han hecho en el marco de otras condiciones macroeconómicas.
En tal sentido, varios de esos participantes promueven algunas conductas disruptivas que se reflejan fundamentalmente en tensiones cambiarias, que derivan rápidamente en desequilibrios macroeconómicos y en efectos negativos a mediano plazo en la economía.
En ese contexto, dada la dificultad, la criticidad y la emergencia, el gobierno nacional, empeñado en lograr este desarrollo y fortalecimiento del mercado en pesos, asume la realidad en cuanto a que estas tensiones del mercado cambiario obedecen fundamentalmente a que la Argentina hoy no tiene los dólares suficientes para enfrentarla; lo que sí puede hacer es ofrecer dólares a futuro para, de alguna manera, promover una creciente y paulatina normalización o eventualmente una salida de esos jugadores no cooperativos de ese mercado a través de los instrumentos que se proponen.
En ese contexto, sin hablar de dolarización y sin proteger ningún tipo de situación particular, se ofrece en el marco de la normalización de la deuda soberana la posibilidad de que cualquier tenedor de deuda en pesos pueda suscribir y pagar colocaciones en dólares -me refiero a títulos denominados en moneda extranjera bajo ley local para cualquier tenedor en pesos. De esa manera, paulatinamente se puede ir administrando la salida de esos jugadores no cooperativos y poco a poco se puede profundizar y mejorar la performance de ese mercado. Por lo tanto, el sentido de estos dos artículos está relacionado con ese desafío que enfrenta el gobierno nacional.
Creo que el señor diputado Cacace y el señor diputado Laspina se manifestaron en relación con el artículo 65. Esto no se está planteando como un canje -que es el contexto que propone dicho artículo-, sino como una operación de administración de pasivos. Por lo tanto, en ese contexto, es necesario que estas operaciones sean encuadradas en un marco especial de excepcionalidad, dada la situación de emergencia y la trascendencia que el gobierno nacional asigna al fortalecimiento de un mercado de capitales doméstico, que sea lo suficientemente profundo como para apartarnos de esta permanente necesidad de un financiamiento en moneda extranjera que -por no ser la nuestra- nos trae todas estas dificultades de tensiones cambiarias y derivaciones en términos de inestabilidad macroeconómica.
Este es el sentido de los dos artículos y considero que de alguna manera queda justificada la necesidad del Poder Ejecutivo de solicitar el tratamiento de este proyecto de ley.
Luego, siguiendo con la línea expresada por el señor diputado Cacace, se mencionaron los artículos 13 y 14, relacionados con el criterio de evaluación de estas letras del Banco Central. En tal sentido, ustedes saben que el artículo 61 de la ley 27.541 de Solidaridad Social, conocida como Ley de Emergencia, autorizó al Poder Ejecutivo nacional a emitir una letra intransferible en dólares que debía ser suscripta por el Banco Central de la República Argentina; y esa misma ley, en el artículo 62, fijó el criterio de registración de dicha letra; esa es una primera situación.
Posteriormente, se dictó el decreto 346/2020 que dispuso el diferimiento del pago de los servicios en dólares hasta el 31 de diciembre de este año o hasta la normalización de la deuda, lo que ocurriera primero. En el marco de dicho decreto, se dictó la resolución conjunta 28/2020 que emitió una letra intransferible por 400 millones de dólares, complementaria de aquella que se había dictado en el marco del artículo 61 de la ley 27.541.
Sin embargo, y esto es lo que el artículo 13 viene a solucionar, allí no se establecieron las condiciones de registración contable de dicha letra, entendiéndose -digamos de una manera natural- que las condiciones de registración son las mismas que las fijadas por el artículo 62 de la ley 27.541. Es decir, la ley no lo fija de manera expresa porque estableció en su artículo 61 una colocación que no incluía esta colocación (inaudible). Entonces, simplemente se están haciendo extensivas a esta letra esas condiciones de registración contable.
En este sentido, para ir a otra de las inquietudes planteadas por el señor diputado Cacace, esta condición está incluida en la ley en su artículo 13 -por eso el artículo 14 lo incluye- ya que otorga condición de permanente a esa emisión que se hizo en el marco de la resolución 28/2020, no como un criterio contable permanente para cualquier instrumento que esté integrando el patrimonio del Banco Central, sino exclusivamente para esa letra.
Si me permite, señor presidente, podemos repasar de manera rápida el artículo 13, que dice que las letras del Tesoro, intransferibles en dólares, emitidas en el marco de lo dispuesto en el artículo 4º del decreto 346 del 5 de abril de 2020, de colocación directa, deberán registrarse en sus estados contables. Es decir que son particularmente esas letras, y no todas. Este artículo, que refiere específicamente a esa colocación, es el que va a la permanente, que era otra de las inquietudes que estaban planteando.
En tercer término, me referiré a la pregunta que formuló el señor diputado Cacace respecto de las utilidades del Banco Central. Efectivamente -si entendí bien la inquietud del diputado-, él habló de 589.000 millones de pesos a una determinada fecha, que entiendo que es una fecha actual, en relación con el margen de utilidades que pueden ser utilizadas o transferidas al Tesoro nacional. Creo que estoy entendiendo de manera correcta.
La aclaración que quiero hacer es la siguiente. Si nosotros tomamos el crédito por utilidades que tenemos vigente en este momento -que es el crédito que estaba en el presupuesto prorrogado-, más el que se incrementó en el decreto de necesidad y urgencia dictado en abril para ampliar el presupuesto, y le incorporamos 1.070.000 millones de utilidades, que es lo que estipula este proyecto de ley, llegamos al monto de 1.600.000 millones de pesos, que son las utilidades totales que están en el balance del Banco Central.
Simplemente quiero decir que sumando estos tres términos -el crédito que fue prorrogado, el que fue ampliado por el decreto de necesidad y urgencia de abril más el que está en el proyecto de ley- se conforma el total de utilidades que están vigentes según el balance del Banco Central. Espero haber interpretado la pregunta de manera correcta.
La otra inquietud que formuló el diputado Cacace tiene que ver con la cuestión de las reasignaciones en el marco del artículo 37 de la ley de administración financiera, por si tal vez existe alguna información complementaria que podamos brindar.
En relación con esa pregunta lo que puedo decir es que se han compensado, en uso del artículo 37 vigente de la norma antedicha, 152.000 millones de pesos aproximadamente. De esa cifra, yo diría que un 15 por ciento, es decir, unos 23.000 millones de pesos, han tenido que ver con modificaciones asociadas al financiamiento de programas derivados de políticas públicas implementadas en el marco de la pandemia del COVID-19. En tanto que el 85 por ciento restante, unos 120.000 millones de pesos, ha sido por compensaciones entre partidas que no tomaron la situación del COVID-19.
Por último, lo que quise manifestar respecto del tema de la movilidad es que, más allá de cualquier cálculo, las cuentas públicas en 2020 no hubiesen podido tolerar de manera consistente y sostenible una movilidad que absorbiera los índices inflacionarios de 2019.
En ese sentido, si repasan los dichos, por ejemplo, del señor ministro de Economía y de otras autoridades del Poder Ejecutivo, al momento de proponer la ley de emergencia, se puede observar que lo que se estimó es que no era posible de una manera fiscalmente sana seguir sosteniendo ese criterio. Resultó ser un criterio que no permitía a las finanzas, en el estado en que se encontraban, sostener esa regla de cálculo, por decirlo de alguna manera. Creo que con estas apreciaciones hemos atendido las preguntas formuladas en primera instancia por el señor diputado Cacace.
Ahora continuaré con las respuestas a las preguntas formuladas por el señor diputado Pastori. En primer lugar, me referiré al PIB. Nos encontramos en un contexto de incertidumbre muy fuerte, por las razones que son obvias y que no tiene sentido que tome tiempo para explicarlas. Creo que esto lo entendemos y confío que lo aceptamos todos.
En esos contextos, se realizan cálculos respecto de cifras aproximadas que den idea de las principales variables económicas y macroeconómicas. Concretamente, estimamos en 28,8 billones de pesos el valor nominal del PIB, que era una de las preguntas que nos formuló el señor diputado. La inquietud radicó en saber cómo habíamos hecho los cálculos en participación del PIB de los distintos agregados que planteamos allí.
La otra pregunta que ha formulado se vincula con las universidades nacionales. El criterio que se ha sostenido es básicamente que estamos modificando el presupuesto vigente a través de una ley. Por este motivo, las asignaciones previstas para las universidades nacionales se realizarán siguiendo criterios de ejecución, es decir, para completar sus gastos en personal -que constituyen aproximadamente el 90 o 95 por ciento de la asignación- y el resto es proporcional a sus gastos de funcionamiento.
Hemos entendido, tanto desde la Secretaría de Hacienda como desde la Secretaría de Políticas Universitarias, que es un criterio razonable. Insisto, tratándose no de una ley de presupuesto, sino de una modificación del presupuesto vigente, tramitada por ley, que es diferente. Consideramos que esa sería una manera razonable de promover esa asignación.
Por último, quiero referirme al tema de la leche -que se ha comentado bastante en estos días-, y hacer dos o tres comentarios generales.
Sabemos que toda la problemática de la leche deriva de la aplicación del decreto 569/2019, dictado a mediados del año pasado, después de las PASO, que exceptuó a determinadas clases de leche, que son básicamente aquellas que no tienen aditivos. El resto de las leches, las que tienen aditivos, las fortificadas y las adicionadas quedaron con una alícuota del IVA del 21 por ciento.
Cabe precisar que la mayor parte del consumo del país es en leche con aditivos, fortificadas y adicionadas, es decir, leches de esas características. Por ese motivo, para esa porción mayoritaria del consumo se está promoviendo una reducción de la alícuota -tal como se mencionó- del 21 al 10,5 por ciento.
Por otro lado, es verdad que para la clase de leches que están exentas se está incrementando la alícuota, llevándola al 10,5 por ciento. El señor diputado planteó la inquietud de que esta medida sea lesiva para el bolsillo de la ciudadanía. Nosotros pensamos que ese no será el efecto, precisamente porque la medida original, aparte de no lograr el efecto de reducción de precios, entrañaba dificultades técnicas. Si observamos los índices de precios de agosto o septiembre del año pasado para el grupo de alimentos básicos, notaremos que no arrojan una reducción de precios, sino más bien un incremento, no muy importante, pero es un incremento al fin.
Yo creo que toda la comisión me va a acompañar en el razonamiento de que al tener que trabajar en la última etapa de la cadena con el producto exento, eso produce fundamentalmente en las empresas comercializadoras una acumulación de crédito fiscal que no puede ser aplicada, precisamente por esa razón. Por ello, si llevamos la alícuota al 10,5 por ciento, será posible para las empresas comercializadoras descargar esos créditos fiscales y se evitarán presiones sobre el precio.
Por este motivo, y por las razones que acabo de esgrimir, no compartimos que esta medida tenga efectos en el incremento de los precios.
Por otro lado, consideramos que es un avance que permitirá mejorar y perfeccionar técnicamente una medida que tal vez se tomó de manera apresurada. Recuerden también que dicha medida tuvo problemas y recibió planteos de inconstitucionalidad por parte de las provincias. Es decir que es una medida que se está tratando de perfeccionar en el sentido que estábamos señalando.
Para cerrar, voy a referirme a las preguntas del diputado Luciano Laspina. Creo que pudimos responder algunas de ellas, que tenían que ver con los artículos 7° y 8°. En cuanto a la referencia al artículo 65, me parece que requiere una discusión más profunda el modificarlo o no.
Lo que ocurre es que, a los efectos de la propuesta del artículo en este proyecto de ley, no se está tomando esa operación de salida ordenada de estos participantes no colaborativos del mercado de deuda en pesos, sino que se está planteando como una política de administración de pasivo. Aquí no se va a hacer canje de instrumento, sino que se van a licitar esos instrumentos, se van a subastar y se va a fijar el precio en cada una de las subastas. Por eso se está pensando como administración de pasivo, y por eso la necesidad de exceptuarla del régimen que prevé el artículo 65 que, insisto, es un régimen diferente. Es decir que es de canje, no de administración de pasivo.
Dentro de las inquietudes formuladas por el diputado Luciano Laspina, también me interesaría completar el tema de los criterios de distribución de los fondos que están previstos como ampliación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. En la actualidad, ese artículo establece que se da continuidad al Programa para la Emergencia Financiera Provincial, creado por el decreto 352 del 8 de abril de 2020.
Es decir que, como acabo de mencionar, este artículo da continuidad a un programa ya creado por el decreto 352/2020. Consistentemente con ese decreto, se dictó una resolución del Ministerio de Economía, la 223/2020, que dispuso los criterios objetivos para la distribución de los primeros 60.000 millones de pesos -que son aquellos a los que aludí hace un rato-, de los cuales ya se han distribuido unos 48.000 millones, si no me traiciona la memoria.
Por otra parte, esta resolución fijó criterios objetivos para esa distribución. Concretamente, se establecieron tres ponderadores para conformar la asignación del préstamo para cada una de las provincias, que se componen de la siguiente manera. En primer lugar, un 20 por ciento según el criterio de las necesidades básicas insatisfechas. En segundo término, otro 20 por ciento, que correspondería al impacto del COVID-19, básicamente representado por la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes, corregido por el porcentaje de personas que se encuentran en la informalidad en cada una de las provincias, según las cifras oficiales de los organismos de estadísticas. De esta manera, entonces, se completa el 40 por ciento.
El 60 por ciento restante, corresponde a las necesidades fiscales que se establecen a partir de la información que brindan las provincias al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y a los análisis que realiza el área técnica pertinente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a los efectos de determinar la verosimilitud de la necesidad fiscal.
En resumen, un 20 por ciento corresponde a NBI; otro 20 por ciento, a COVID-19, y el 60 por ciento restante, a necesidad fiscal.
La idea de este artículo fue, insisto, dar continuidad a ese programa. Además, del mismo modo que lo tenemos hoy en día -no solamente por esta ley sino de acuerdo con la interpretación armónica de la ley de responsabilidad fiscal y otras facultades del Ministerio de Economía-, entendemos que en el Ministerio de Economía existen esas facultades. Entonces, la ley viene a reforzar las competencias para fijar criterios objetivos de distribución, tal como lo ha establecido la resolución 223/2020, que acabo de mencionar.
Señor presidente: hemos tratado de repasar las inquietudes y preguntas formuladas hasta el momento por los señores diputados.
SR. PRESIDENTE HELLER Muchas gracias, señor secretario.
Continuamos con la ronda de preguntas.
Tiene la palabra el señor diputado Sarghini.
Continuamos con la ronda de preguntas.
Tiene la palabra el señor diputado Sarghini.
SR. SARGHINI Señor presidente: la exposición del señor secretario de Hacienda ha sido tan precisa y detallada que no da lugar a dudas acerca de la necesidad de la ampliación del presupuesto.
Podríamos meternos directamente en los números, pero ante la gran incertidumbre que él también expresa cuando se le pide alguna precisión respecto del PBI, nos queda claro que no vale la pena discutir hipótesis como esas en un contexto como el que estamos viviendo.
Por otra parte, no me sorprende la precisión de las exposiciones del secretario de Hacienda, porque creo que estamos ante uno de los hombres que más conocen del presupuesto en la Argentina. De manera que voy a hacerle apenas dos preguntas, una de las cuales requiere una reflexión inicial para que se entienda qué es lo que quiero decir.
Mi primera pregunta es muy sencilla, porque no surge de las planillas esa información y esta mañana precisamente estuvimos hablando de esto cuando tratamos el proyecto sobre moratoria. Lo que quiero saber es cuánto estiman recaudar con la moratoria, y si pudiera desagregarlo, cuánto es lo que ya se ha recaudado de la moratoria para mipymes que ya hemos votado y cuánto se espera con la ampliación de la moratoria. Eso, en primer lugar.
La otra pregunta se refiere a lo siguiente. Se ha hablado aquí -y el secretario de Hacienda ha dado su visión al respecto- de lo que yo sí llamo dolarización de deuda en pesos, con lo que de ninguna manera estoy de acuerdo. Pero a mi entender corresponde que el Capítulo V, referido a las operaciones de crédito público, sea tratado en la Comisión de Finanzas.
Así como hemos tratado lo que vamos a hacer con aquella deuda emitida en moneda extranjera bajo ley de Nueva York, y de la misma manera en que estamos por tratar lo que está viniendo del Senado, quisiera saber qué vamos a hacer con la deuda en moneda extranjera emitida bajo ley local. Naturalmente, creo que en ese mismo marco necesitamos tomar decisiones respecto de qué tratamiento le vamos a dar a la deuda en moneda local.
Yo comparto el objetivo de reforzar el mercado doméstico. Precisamente -y lo ha expresado el secretario de Hacienda-, de los 1,3 billones de déficit, un 80 por ciento se piensa financiar con el Banco Central, con los mecanismos que ya conocemos y que a mi criterio esconden mucha contabilidad creativa. Pero discutir hoy si es válido financiar con emisión, me parece que es un debate que pierde sentido, toda vez que el país no tiene posibilidades de acceder a un mercado de capitales desarrollado interno ni tampoco tiene ahorros por fondos anticíclicos. Es decir, 80 por ciento, Banco Central; 20 por ciento, mercado doméstico.
La pregunta concreta es la siguiente. Estoy convencido de que esto debe ser tratado aparte; debe ser considerado en la Comisión de Finanzas y en el marco de un conjunto de decisiones relacionadas con la deuda externa y su canje. Entonces, si el señor secretario de Hacienda considera eso y excluyéramos este capítulo V del debate de esta comisión -lamento hacerlo bostezar, señor presidente-, para emitir dictamen precisamente por la ampliación del presupuesto, ¿cree él que en alguna medida se estaría afectando el financiamiento del presupuesto 2020? Yo considero que no.
La pregunta es por sí o por no. ¿Él considera que si excluyéramos esta discusión y la pasáramos a donde creo que debe darse, perjudicaría en algo el financiamiento del presupuesto 2020?
Podríamos meternos directamente en los números, pero ante la gran incertidumbre que él también expresa cuando se le pide alguna precisión respecto del PBI, nos queda claro que no vale la pena discutir hipótesis como esas en un contexto como el que estamos viviendo.
Por otra parte, no me sorprende la precisión de las exposiciones del secretario de Hacienda, porque creo que estamos ante uno de los hombres que más conocen del presupuesto en la Argentina. De manera que voy a hacerle apenas dos preguntas, una de las cuales requiere una reflexión inicial para que se entienda qué es lo que quiero decir.
Mi primera pregunta es muy sencilla, porque no surge de las planillas esa información y esta mañana precisamente estuvimos hablando de esto cuando tratamos el proyecto sobre moratoria. Lo que quiero saber es cuánto estiman recaudar con la moratoria, y si pudiera desagregarlo, cuánto es lo que ya se ha recaudado de la moratoria para mipymes que ya hemos votado y cuánto se espera con la ampliación de la moratoria. Eso, en primer lugar.
La otra pregunta se refiere a lo siguiente. Se ha hablado aquí -y el secretario de Hacienda ha dado su visión al respecto- de lo que yo sí llamo dolarización de deuda en pesos, con lo que de ninguna manera estoy de acuerdo. Pero a mi entender corresponde que el Capítulo V, referido a las operaciones de crédito público, sea tratado en la Comisión de Finanzas.
Así como hemos tratado lo que vamos a hacer con aquella deuda emitida en moneda extranjera bajo ley de Nueva York, y de la misma manera en que estamos por tratar lo que está viniendo del Senado, quisiera saber qué vamos a hacer con la deuda en moneda extranjera emitida bajo ley local. Naturalmente, creo que en ese mismo marco necesitamos tomar decisiones respecto de qué tratamiento le vamos a dar a la deuda en moneda local.
Yo comparto el objetivo de reforzar el mercado doméstico. Precisamente -y lo ha expresado el secretario de Hacienda-, de los 1,3 billones de déficit, un 80 por ciento se piensa financiar con el Banco Central, con los mecanismos que ya conocemos y que a mi criterio esconden mucha contabilidad creativa. Pero discutir hoy si es válido financiar con emisión, me parece que es un debate que pierde sentido, toda vez que el país no tiene posibilidades de acceder a un mercado de capitales desarrollado interno ni tampoco tiene ahorros por fondos anticíclicos. Es decir, 80 por ciento, Banco Central; 20 por ciento, mercado doméstico.
La pregunta concreta es la siguiente. Estoy convencido de que esto debe ser tratado aparte; debe ser considerado en la Comisión de Finanzas y en el marco de un conjunto de decisiones relacionadas con la deuda externa y su canje. Entonces, si el señor secretario de Hacienda considera eso y excluyéramos este capítulo V del debate de esta comisión -lamento hacerlo bostezar, señor presidente-, para emitir dictamen precisamente por la ampliación del presupuesto, ¿cree él que en alguna medida se estaría afectando el financiamiento del presupuesto 2020? Yo considero que no.
La pregunta es por sí o por no. ¿Él considera que si excluyéramos esta discusión y la pasáramos a donde creo que debe darse, perjudicaría en algo el financiamiento del presupuesto 2020?
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señor diputado Sarghini. Muy interesante su exposición. La he seguido con muchísimo interés.
Tiene la palabra el señor diputado del Caño.
Tiene la palabra el señor diputado del Caño.
SR. DEL CAÑO Señor presidente: antes de formular algunas preguntas quiero hacer una apreciación en general.
En primer lugar, hay que decir que este presupuesto es en realidad una prórroga del presupuesto 2019, sobre el que ahora discutimos una ampliación. Es decir que sobre la prórroga del presupuesto 2019 -que se aprobó durante el gobierno de Macri- se incluye algunas modificaciones, pero manteniendo la estructura de gastos de la administración anterior.
En ese sentido, uno de los puntos centrales es el monto destinado a los servicios de la deuda, que se mantiene en lo que era el presupuesto anterior, es decir, en 800.000 millones de pesos. Esta cifra sigue superando en el total, por ejemplo, a partidas claves en el contexto de una pandemia, como es el presupuesto para salud, que apenas llega a 320.000 millones de pesos, aproximadamente.
Si no hemos tenido un presupuesto para 2020 -como decía el secretario y como el gobierno lo ha expresado en su política desde que asumió- tiene que ver justamente con que la prioridad, el norte principal, es poder llegar a un acuerdo con los acreedores de una deuda que, como nosotros hemos dicho -y también algunos sectores del oficialismo actual-, tiene serios vicios de ilegitimidad e ilegalidad, algo que ni siquiera se ha indicado.
Por eso creo que partimos de una prioridad inversa a la que al menos desde el Frente de Izquierda creemos que debería ser, que es atender las necesidades del pueblo trabajador, más en el marco de esta pandemia.
En ese contexto quiero volver un poco a la pregunta que señalaban recién. Pero, antes de eso, quiero decir que, por ejemplo, la ampliación con respecto a la deuda es de 277.000 millones de pesos, es decir, casi 4.000 millones de dólares. Ahora, si sumamos lo que se destina al IFE y lo que se ha destinado para emergencia alimentaria, el presupuesto para pagar la deuda supera a estas dos partidas que son claves.
Pongo este ejemplo para señalar lo que decía. Pero hay muchos otros ejemplos donde el pago de servicios de deuda, en esta ampliación del presupuesto, supera lo que se asigna a otros rubros que para nosotros son primordiales.
Pero volviendo a lo que se preguntó aquí sobre la dolarización de la cartera de algunos acreedores o fondos, quería preguntar al secretario si este cambio o esta contradicción con el discurso del gobierno -que venía refiriéndose en varias oportunidades a la soberanía monetaria y ahora propone lanzar un bono en moneda extranjera, como lo informa inclusive en la página del Ministerio de Economía, que repite los precedentes ruinosos de la administración anterior y de otras- tiene que ver con la dolarización de la cartera de grandes fondos como PIMCO, por ejemplo.
Lo que se ha planteado, en el sentido de emitir en agosto 500 millones, en septiembre otros 500 millones y completar en septiembre los 1.500 millones de dólares en total, creo que tiene que ver con esto y quería preguntarle si es así o no.
Después, quería saber cuánto se ahorró el gobierno -para nosotros no es un ahorro sino un ajuste- con la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Me parece importante decir, señor secretario, que usted manifestaba que no era razonable que se pudiera mantener esta movilidad jubilatoria en el contexto de la grave crisis que arrastrábamos de la gestión anterior y que ahora, con la pandemia, se agravaba. Pero el gobierno planteó esta suspensión en diciembre, es decir, antes de la pandemia.
En ese sentido, quería saber cuánto se ahorró, ya que, según estimaciones, entre marzo y agosto, el ahorro sería de aproximadamente 35.000 millones de pesos. Es decir que ese dinero, que tenía que ir a los jubilados, fue a otro lado.
Pero vuelvo a lo que decía el señor secretario, en el sentido de que no era razonable poder cumplir o mantener esta movilidad jubilatoria. ¿No se hicieron la misma pregunta cuando, desde abril hasta la última oferta que se les planteó a los acreedores externos de la deuda, sumaron 15.000 millones de dólares más, después de algunas reuniones con estos acreedores? ¿No se les podría haber dicho que no era razonable, que no era sustentable, que no era sostenible y todos los términos que se utilizan para justificar esta suspensión de la movilidad, que es un ajuste a los jubilados?
Otra pregunta, secretario: ¿por qué hasta el momento se han efectuado solo dos pagos del IFE y recién habría un tercer pago que se empezaría a abonar a mediados de agosto, si es un solo beneficio por familia? Es decir, pasaron cuatro meses y se han pagado dos IFE. De manera que los 10.000 pesos que supuestamente iban a otorgarse por mes, terminaron cobrándose cada dos meses.
Suponiendo una familia compuesta por una mujer con tres hijos, son cuatro personas que se tienen que arreglar con 5.000 mil pesos por mes, o sea, 1.250 pesos por persona. Creo que todos sabemos que esto es muy insuficiente. Para las personas que no tienen nada es mejor tener algo, pero sabemos que es muy insuficiente. Más teniendo en cuenta que se habló de un impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué no se contempla un impuesto a las grandes fortunas?
El Frente de Izquierda presentó una propuesta de impuestos -creo que es la única que actualmente está presentada en la Cámara de Diputados- que estipula recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de pesos con un impuesto a las grandes fortunas, a las ganancias extraordinarias de los bancos y a las altas rentas de las empresas. Con eso podría otorgarse un IFE de 30.000 pesos para las personas que se quedaron sin ingresos. Porque sabemos que 5.000 pesos por mes, para un grupo familiar, es más que insuficiente.
¿Por qué no se contempla tampoco la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas? Más aún con el dato que conocimos hoy por parte de una organización humanitaria que calcula que las principales 73 fortunas de América Latina ganaron, solamente durante la pandemia, unos 48.000 millones de dólares, si no me equivoco.
Es decir que mientras vemos que América Latina se transforma en el epicentro de la pandemia y las grandes mayorías se empobrecen, los grandes millonarios siguen ganando y ganando en medio de la pandemia. Sin embargo, ni siquiera se ha planteado un impuesto a las grandes fortunas por única vez.
Por otro lado, quería preguntar acerca de los recursos que no percibió la ANSES. Es decir, por parte del gobierno se planteó en el programa de la ATP, una exención o una postergación del 95 por ciento de las contribuciones. Creo que eso implica un desfinanciamiento enorme. Por eso quería preguntar cuánto ha sido lo que ha dejado de recaudar la ANSES o los recursos que no fueron percibidos en concepto de contribuciones patronales a partir del programa de la ATP.
Por último, me parece completamente hipócrita que Juntos por el Cambio ahora muestre una preocupación por el IVA en la leche y si los sectores populares pueden consumir leche y otros productos de primera necesidad cuando, en realidad, durante todo el gobierno de Macri todos los años disminuyó el consumo y millones de personas cayeron en la pobreza. También manifiestan ahora preocupación por la deuda en dólares, por la represión institucional, etcétera. Se hubiesen preocupado durante su gobierno, cuando llevaron adelante políticas como las que ahora supuestamente cuestionan.
Obviamente, son planteos hipócritas, desde mi punto de vista.
¿Por qué el gobierno plantea a estos productos, como la leche sin aditivos, subir de 0 a 10,5 el impuesto al valor agregado?
Desde ya, para nosotros habría que plantear una reforma impositiva que elimine el IVA en los productos de primera necesidad para los sectores populares. Si creemos que el IVA en estos productos es un robo a los sectores populares, por supuesto para nosotros tanto el 21 como el 10,5 por ciento deberían eximirse en los productos como la leche, por ejemplo; ese es un planteo que siempre hemos hecho. Pero, ¿por qué se plantea un aumento de la alícuota y no se lleva a cero directamente en productos como la leche u otros de primera necesidad?
En aquel momento, cuando el macrismo tomó esta medida, obviamente le llamó "Plan Alivio". Sin embargo, no significó ningún tipo de alivio para el bolsillo del pueblo trabajador con una inflación que tuvimos del 55 por ciento en 2019 y más en estos productos. Por lo tanto, desde ya que, como dice el oficialismo, tuvo escaso impacto en el bolsillo del pueblo trabajador.
Pero, si realmente se plantea que la prioridad tiene que ser la necesidad de los sectores populares, ¿por qué se pone el IVA al consumo de la leche sin aditivos, por ejemplo, que es consumida por sectores del pueblo trabajador? Además, esto se da cuando plantean una supuesta reducción. El año pasado estaba en cero y ahora se plantea una alícuota del 10,5 por ciento.
Entonces, con respecto a eso quería consultarle cómo van a garantizar que no aumenten los precios y por qué han tomado esta decisión y no al revés, quitar el impuesto al valor agregado a los productos de primera necesidad.
En primer lugar, hay que decir que este presupuesto es en realidad una prórroga del presupuesto 2019, sobre el que ahora discutimos una ampliación. Es decir que sobre la prórroga del presupuesto 2019 -que se aprobó durante el gobierno de Macri- se incluye algunas modificaciones, pero manteniendo la estructura de gastos de la administración anterior.
En ese sentido, uno de los puntos centrales es el monto destinado a los servicios de la deuda, que se mantiene en lo que era el presupuesto anterior, es decir, en 800.000 millones de pesos. Esta cifra sigue superando en el total, por ejemplo, a partidas claves en el contexto de una pandemia, como es el presupuesto para salud, que apenas llega a 320.000 millones de pesos, aproximadamente.
Si no hemos tenido un presupuesto para 2020 -como decía el secretario y como el gobierno lo ha expresado en su política desde que asumió- tiene que ver justamente con que la prioridad, el norte principal, es poder llegar a un acuerdo con los acreedores de una deuda que, como nosotros hemos dicho -y también algunos sectores del oficialismo actual-, tiene serios vicios de ilegitimidad e ilegalidad, algo que ni siquiera se ha indicado.
Por eso creo que partimos de una prioridad inversa a la que al menos desde el Frente de Izquierda creemos que debería ser, que es atender las necesidades del pueblo trabajador, más en el marco de esta pandemia.
En ese contexto quiero volver un poco a la pregunta que señalaban recién. Pero, antes de eso, quiero decir que, por ejemplo, la ampliación con respecto a la deuda es de 277.000 millones de pesos, es decir, casi 4.000 millones de dólares. Ahora, si sumamos lo que se destina al IFE y lo que se ha destinado para emergencia alimentaria, el presupuesto para pagar la deuda supera a estas dos partidas que son claves.
Pongo este ejemplo para señalar lo que decía. Pero hay muchos otros ejemplos donde el pago de servicios de deuda, en esta ampliación del presupuesto, supera lo que se asigna a otros rubros que para nosotros son primordiales.
Pero volviendo a lo que se preguntó aquí sobre la dolarización de la cartera de algunos acreedores o fondos, quería preguntar al secretario si este cambio o esta contradicción con el discurso del gobierno -que venía refiriéndose en varias oportunidades a la soberanía monetaria y ahora propone lanzar un bono en moneda extranjera, como lo informa inclusive en la página del Ministerio de Economía, que repite los precedentes ruinosos de la administración anterior y de otras- tiene que ver con la dolarización de la cartera de grandes fondos como PIMCO, por ejemplo.
Lo que se ha planteado, en el sentido de emitir en agosto 500 millones, en septiembre otros 500 millones y completar en septiembre los 1.500 millones de dólares en total, creo que tiene que ver con esto y quería preguntarle si es así o no.
Después, quería saber cuánto se ahorró el gobierno -para nosotros no es un ahorro sino un ajuste- con la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Me parece importante decir, señor secretario, que usted manifestaba que no era razonable que se pudiera mantener esta movilidad jubilatoria en el contexto de la grave crisis que arrastrábamos de la gestión anterior y que ahora, con la pandemia, se agravaba. Pero el gobierno planteó esta suspensión en diciembre, es decir, antes de la pandemia.
En ese sentido, quería saber cuánto se ahorró, ya que, según estimaciones, entre marzo y agosto, el ahorro sería de aproximadamente 35.000 millones de pesos. Es decir que ese dinero, que tenía que ir a los jubilados, fue a otro lado.
Pero vuelvo a lo que decía el señor secretario, en el sentido de que no era razonable poder cumplir o mantener esta movilidad jubilatoria. ¿No se hicieron la misma pregunta cuando, desde abril hasta la última oferta que se les planteó a los acreedores externos de la deuda, sumaron 15.000 millones de dólares más, después de algunas reuniones con estos acreedores? ¿No se les podría haber dicho que no era razonable, que no era sustentable, que no era sostenible y todos los términos que se utilizan para justificar esta suspensión de la movilidad, que es un ajuste a los jubilados?
Otra pregunta, secretario: ¿por qué hasta el momento se han efectuado solo dos pagos del IFE y recién habría un tercer pago que se empezaría a abonar a mediados de agosto, si es un solo beneficio por familia? Es decir, pasaron cuatro meses y se han pagado dos IFE. De manera que los 10.000 pesos que supuestamente iban a otorgarse por mes, terminaron cobrándose cada dos meses.
Suponiendo una familia compuesta por una mujer con tres hijos, son cuatro personas que se tienen que arreglar con 5.000 mil pesos por mes, o sea, 1.250 pesos por persona. Creo que todos sabemos que esto es muy insuficiente. Para las personas que no tienen nada es mejor tener algo, pero sabemos que es muy insuficiente. Más teniendo en cuenta que se habló de un impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué no se contempla un impuesto a las grandes fortunas?
El Frente de Izquierda presentó una propuesta de impuestos -creo que es la única que actualmente está presentada en la Cámara de Diputados- que estipula recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de pesos con un impuesto a las grandes fortunas, a las ganancias extraordinarias de los bancos y a las altas rentas de las empresas. Con eso podría otorgarse un IFE de 30.000 pesos para las personas que se quedaron sin ingresos. Porque sabemos que 5.000 pesos por mes, para un grupo familiar, es más que insuficiente.
¿Por qué no se contempla tampoco la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas? Más aún con el dato que conocimos hoy por parte de una organización humanitaria que calcula que las principales 73 fortunas de América Latina ganaron, solamente durante la pandemia, unos 48.000 millones de dólares, si no me equivoco.
Es decir que mientras vemos que América Latina se transforma en el epicentro de la pandemia y las grandes mayorías se empobrecen, los grandes millonarios siguen ganando y ganando en medio de la pandemia. Sin embargo, ni siquiera se ha planteado un impuesto a las grandes fortunas por única vez.
Por otro lado, quería preguntar acerca de los recursos que no percibió la ANSES. Es decir, por parte del gobierno se planteó en el programa de la ATP, una exención o una postergación del 95 por ciento de las contribuciones. Creo que eso implica un desfinanciamiento enorme. Por eso quería preguntar cuánto ha sido lo que ha dejado de recaudar la ANSES o los recursos que no fueron percibidos en concepto de contribuciones patronales a partir del programa de la ATP.
Por último, me parece completamente hipócrita que Juntos por el Cambio ahora muestre una preocupación por el IVA en la leche y si los sectores populares pueden consumir leche y otros productos de primera necesidad cuando, en realidad, durante todo el gobierno de Macri todos los años disminuyó el consumo y millones de personas cayeron en la pobreza. También manifiestan ahora preocupación por la deuda en dólares, por la represión institucional, etcétera. Se hubiesen preocupado durante su gobierno, cuando llevaron adelante políticas como las que ahora supuestamente cuestionan.
Obviamente, son planteos hipócritas, desde mi punto de vista.
¿Por qué el gobierno plantea a estos productos, como la leche sin aditivos, subir de 0 a 10,5 el impuesto al valor agregado?
Desde ya, para nosotros habría que plantear una reforma impositiva que elimine el IVA en los productos de primera necesidad para los sectores populares. Si creemos que el IVA en estos productos es un robo a los sectores populares, por supuesto para nosotros tanto el 21 como el 10,5 por ciento deberían eximirse en los productos como la leche, por ejemplo; ese es un planteo que siempre hemos hecho. Pero, ¿por qué se plantea un aumento de la alícuota y no se lleva a cero directamente en productos como la leche u otros de primera necesidad?
En aquel momento, cuando el macrismo tomó esta medida, obviamente le llamó "Plan Alivio". Sin embargo, no significó ningún tipo de alivio para el bolsillo del pueblo trabajador con una inflación que tuvimos del 55 por ciento en 2019 y más en estos productos. Por lo tanto, desde ya que, como dice el oficialismo, tuvo escaso impacto en el bolsillo del pueblo trabajador.
Pero, si realmente se plantea que la prioridad tiene que ser la necesidad de los sectores populares, ¿por qué se pone el IVA al consumo de la leche sin aditivos, por ejemplo, que es consumida por sectores del pueblo trabajador? Además, esto se da cuando plantean una supuesta reducción. El año pasado estaba en cero y ahora se plantea una alícuota del 10,5 por ciento.
Entonces, con respecto a eso quería consultarle cómo van a garantizar que no aumenten los precios y por qué han tomado esta decisión y no al revés, quitar el impuesto al valor agregado a los productos de primera necesidad.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el diputado José Manuel Cano y luego hará uso de la palabra el secretario de Hacienda para otra ronda de respuestas.
SR. CANO Señor presidente: quiero agradecer al secretario la exposición y la presencia en el plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Es interesante escuchar al diputado preopinante reivindicar la fórmula de movilidad previsional que tanto criticó cuando la aprobamos en el Congreso.
Quiero plantear dos ejes al secretario. En el cuadro de la página 15, donde mostró los refuerzos presupuestarios, no vi la ejecución presupuestaria del Ministerio de Transporte. Quiero puntualmente, secretario, hablar sobre el subsidio al transporte.
Después vi, en el cuadro 16, las compensaciones que se están haciendo a las provincias por la caída de la recaudación. Y en otro cuadro, de los subsidios económicos, sí aparecen 250.000 millones de pesos, con un 82 por ciento de ejecución del subsidio a la energía y un 18 por ciento de ejecución del subsidio al transporte.
Planteo esto porque desde nuestro bloque del radicalismo, cuando se firmó el Consenso Fiscal, nos opusimos a que el Ministerio de Transporte pierda centralidad en la distribución del subsidio que se hace a nivel nacional. Tanto es así que, en el presupuesto 2019, se creó, a expensas de un planteo que nosotros hicimos, un fondo de compensación para el transporte público del interior.
No he visto -ruego que me corrija el señor secretario- en la exposición ni en la elevación que se hizo al Congreso de qué manera se piensa resolver la situación que hoy está atravesando todo el transporte público de pasajeros.
Soy el presidente de la Comisión de Transportes y he recibido el requerimiento de distintos gobiernos provinciales y municipios. De hecho, hay una situación de conflicto en distintos distritos del país, y no he visto en la elevación de la ampliación del presupuesto de qué manera se piensa atender la dificultad que hoy está atravesando el sector.
Mañana haré una propuesta puntual sobre la creación de un fondo federal, que lo tratamos en la Comisión de Transportes y tiene dictamen unánime de todos los bloques. Me parece que es una buena oportunidad para que ese fondo quede creado a través de la elevación que ustedes han hecho y que el Ministerio de Transporte empiece a resolver la asimetría que existe hoy en la distribución de los subsidios; básicamente considero esto atendiendo el inciso 931, que es el gasto en personal.
Esa es la primera pregunta al secretario. De acuerdo a la distribución de subsidios que se está haciendo, estimamos que el fondo debería rondar la suma de 70.000 millones de pesos. En la creación de este fondo estaría contemplado, inclusive, el sector del transporte escolar, que está atravesando también una situación de mucha conflictividad.
Lo segundo y último, señor secretario, está relacionado con su referencia al decreto que se dictó durante la gestión anterior. En realidad, el decreto 567/2019 lo que hizo, hasta el 31 de diciembre de 2019, fue desgravar del IVA a productos de la canasta básica. Esto formó parte, inclusive, de uno de los ejes de la campaña del actual presidente. Se desgravó el IVA de los siguientes productos: aceite de girasol, arroz, azúcar, harina de maíz y de trigo, huevos, leche fluida, pan, pasta seca y yerba mate. A partir del 31 de diciembre, salvo la leche sin aditivos, que quedó desgravada del IVA, el resto de los productos nuevamente fue alcanzado por una alícuota del 21 por ciento.
Por lo tanto, esto no me queda claro, sobre todo por alguna información oficial. Tengo acá información de la Secretaría de Agroindustria según la cual en el primer trimestre de este año se vendió un 13,2 por ciento menos de leche fluida que en 2019 y un 21,1 por ciento menos que en los mismos meses de 2016. Si se analizan los consumos de marzo, en la leche larga vida la caída interanual del consumo fue del 30,1 por ciento en litros, frente a un 3,3 por ciento para la leche en sachet, es decir, la no aditivada.
De modo que me parece que claramente la gente está consumiendo esa leche que hoy se pretende gravar con el 10,5 por ciento. La verdad es que no se entiende que gravando la leche con esta alícuota su precio vaya a bajar. No me queda claro ese concepto.
Por lo tanto, le pediríamos que en lo que significa leche no aditivada se revea la decisión de gravarla con el 10,5 por ciento. Solamente eso, secretario.
Es interesante escuchar al diputado preopinante reivindicar la fórmula de movilidad previsional que tanto criticó cuando la aprobamos en el Congreso.
Quiero plantear dos ejes al secretario. En el cuadro de la página 15, donde mostró los refuerzos presupuestarios, no vi la ejecución presupuestaria del Ministerio de Transporte. Quiero puntualmente, secretario, hablar sobre el subsidio al transporte.
Después vi, en el cuadro 16, las compensaciones que se están haciendo a las provincias por la caída de la recaudación. Y en otro cuadro, de los subsidios económicos, sí aparecen 250.000 millones de pesos, con un 82 por ciento de ejecución del subsidio a la energía y un 18 por ciento de ejecución del subsidio al transporte.
Planteo esto porque desde nuestro bloque del radicalismo, cuando se firmó el Consenso Fiscal, nos opusimos a que el Ministerio de Transporte pierda centralidad en la distribución del subsidio que se hace a nivel nacional. Tanto es así que, en el presupuesto 2019, se creó, a expensas de un planteo que nosotros hicimos, un fondo de compensación para el transporte público del interior.
No he visto -ruego que me corrija el señor secretario- en la exposición ni en la elevación que se hizo al Congreso de qué manera se piensa resolver la situación que hoy está atravesando todo el transporte público de pasajeros.
Soy el presidente de la Comisión de Transportes y he recibido el requerimiento de distintos gobiernos provinciales y municipios. De hecho, hay una situación de conflicto en distintos distritos del país, y no he visto en la elevación de la ampliación del presupuesto de qué manera se piensa atender la dificultad que hoy está atravesando el sector.
Mañana haré una propuesta puntual sobre la creación de un fondo federal, que lo tratamos en la Comisión de Transportes y tiene dictamen unánime de todos los bloques. Me parece que es una buena oportunidad para que ese fondo quede creado a través de la elevación que ustedes han hecho y que el Ministerio de Transporte empiece a resolver la asimetría que existe hoy en la distribución de los subsidios; básicamente considero esto atendiendo el inciso 931, que es el gasto en personal.
Esa es la primera pregunta al secretario. De acuerdo a la distribución de subsidios que se está haciendo, estimamos que el fondo debería rondar la suma de 70.000 millones de pesos. En la creación de este fondo estaría contemplado, inclusive, el sector del transporte escolar, que está atravesando también una situación de mucha conflictividad.
Lo segundo y último, señor secretario, está relacionado con su referencia al decreto que se dictó durante la gestión anterior. En realidad, el decreto 567/2019 lo que hizo, hasta el 31 de diciembre de 2019, fue desgravar del IVA a productos de la canasta básica. Esto formó parte, inclusive, de uno de los ejes de la campaña del actual presidente. Se desgravó el IVA de los siguientes productos: aceite de girasol, arroz, azúcar, harina de maíz y de trigo, huevos, leche fluida, pan, pasta seca y yerba mate. A partir del 31 de diciembre, salvo la leche sin aditivos, que quedó desgravada del IVA, el resto de los productos nuevamente fue alcanzado por una alícuota del 21 por ciento.
Por lo tanto, esto no me queda claro, sobre todo por alguna información oficial. Tengo acá información de la Secretaría de Agroindustria según la cual en el primer trimestre de este año se vendió un 13,2 por ciento menos de leche fluida que en 2019 y un 21,1 por ciento menos que en los mismos meses de 2016. Si se analizan los consumos de marzo, en la leche larga vida la caída interanual del consumo fue del 30,1 por ciento en litros, frente a un 3,3 por ciento para la leche en sachet, es decir, la no aditivada.
De modo que me parece que claramente la gente está consumiendo esa leche que hoy se pretende gravar con el 10,5 por ciento. La verdad es que no se entiende que gravando la leche con esta alícuota su precio vaya a bajar. No me queda claro ese concepto.
Por lo tanto, le pediríamos que en lo que significa leche no aditivada se revea la decisión de gravarla con el 10,5 por ciento. Solamente eso, secretario.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el secretario de Hacienda para responder esta ronda de preguntas.
SR. RIGO Vamos a comenzar entonces con las dos preguntas del diputado Sarghini. Me va a permitir, señor presidente, una mención especial al diputado Sarghini, quien fue un gran jefe que tuve hace unos cuantos años. Así que siempre lo recuerdo con mucho cariño y hago propicio este momento para mandarle un especial saludo.
Me parece que el diputado Sarghini preguntó por dos aspectos; en primer lugar, si el cálculo de recursos que está previsto en el proyecto de ley prevé el efecto derivado de una mayor recaudación por la moratoria. La respuesta es no.
Nosotros hemos incluido allí el cálculo de recursos derivado de la estructura tributaria actual, porque nos ha parecido que es un criterio de prudencia no incluir cálculos que tengan que ver precisamente con la moratoria. Naturalmente, el Poder Ejecutivo ha realizado cálculos y dispone de ellos, pero -insisto- no nos ha parecido prudente incluirlos, sobre todo cuando todavía estamos en un proceso de tratamiento del proyecto de ley.
Respecto de la segunda pregunta del diputado Sarghini, referida a la urgencia de contar con los artículos, sí es urgente contar con ellos. Estamos administrando el Estado y el gobierno, en general, y las finanzas públicas, en particular, en el marco de una emergencia muy severa.
Creo que la buena capacidad, el compromiso y la responsabilidad del funcionariado de toda la administración pública casi que disimulan esta situación de que estamos trabajando a distancia, operando en teletrabajo y administrando los efectos de la crisis económica y de la crisis derivada del COVID-19. Realmente es una situación de enorme tensión para la administración nacional. Por eso requerimos o necesitamos realmente de todas las herramientas para poder administrar las urgencias fiscales y financieras y es importante que se traten estos dos artículos en el marco de esta ley de modificación del presupuesto vigente. Estas son las dos preguntas que hizo el diputado Sarghini, espero no haberme olvidado de ninguna.
Yendo a las inquietudes presentadas por el diputado del Caño, creo que no las tengo en el orden exacto pero espero referirme a todas. La primera, sobre al artículo 7°, tiene que ver con la dolarización de grandes fondos como PIMCO. El diputado preguntaba si es así o no. No es así, lo que propone el artículo es la posibilidad de hacer licitaciones programadas -una vez que se haya concretado el canje- para todos los tenedores de títulos en pesos, para que puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera en las mismas condiciones que prevé el canje bajo ley local, y puedan utilizar esas tenencias en pesos para suscribir y pagar esa operación de administración de pasivos. Así que, es una operación abierta para todos los tenedores de títulos en pesos, tal como lo acabo de manifestar.
La segunda pregunta a la que deseo referirme, formulada por el diputado del Caño, tiene que ver con la cuestión de la movilidad jubilatoria. Allí, quiero manifestar dos aspectos que me parecen que matizan un poco la inquietud. Tienen que ver con lo siguiente: la comisión que está tratando el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, tal cual lo dispone la ley de emergencia, está en pleno funcionamiento y con una alta frecuencia de reuniones en el marco del Congreso de la Nación.
Por otro lado, el gobierno nacional hace permanentes esfuerzos en mantener activa esa comisión y en aportar propuestas y alternativas superadoras; fundamentalmente, propuestas que puedan mantenerse en el marco de la sostenibilidad fiscal que impulsa el gobierno nacional. De modo que es un tema que cuenta con toda la prioridad y dedicación desde el Poder Ejecutivo por parte de las áreas con competencia en esa materia.
Por otro lado, quiero recordar que, mientras está en tratamiento este tema que es muy delicado y complejo porque tiene múltiples aristas sociales, económicas y financieras, el Poder Ejecutivo ha otorgado aumentos para prácticamente el 75 por ciento de los jubilados y jubiladas, lo que les ha permitido estar ligeramente por encima de la inflación. Es decir, aumentos que han protegido el poder de compra de los segmentos más desprotegidos, dentro del universo de los jubilados y jubiladas. Me parece que son dos reflexiones que van en línea con la inquietud del diputado del Caño.
En tercer lugar, quiero referirme al asunto del IFE, respecto de una cierta lentitud que marcaba el diputado en su implementación. El IFE es una de las políticas más masivas y exitosas que se han implementado, en términos de esa masividad en un brevísimo lapso, para dar cobertura -en el caso de la Argentina- a nueve millones de personas que se encontraban invisibilizadas, que no estaban bancarizadas; nueve millones de personas pertenecientes a grupos familiares que no se encontraban registrados. Entonces, al cabo de este tiempo -desde la primera implementación del IFE- se han logrado sortear, subsanar y mejorar todos esos aspectos.
Eso naturalmente ha tenido demandas de tiempo un poco mayores a las deseables, pero desde cualquier evaluación han sido tiempos sumamente breves y es una ayuda que ha llegado a la población objetivo. Por lo tanto, como miembro del gobierno nacional, me siento muy orgulloso por la implementación de esas políticas porque creo que han sido exitosas, por lo que acabo de manifestar.
Otra de las inquietudes que formuló el diputado del Caño tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. Simplemente recuerdo las palabras del señor presidente la Nación cuando manifestaba que esa es una potestad del Congreso de la Nación. Desde allí ha surgido la inquietud y entendemos que desde el Ejecutivo vamos a esperar a que ese proyecto tenga tratamiento en el Congreso de la Nación, por ser una cuestión tributaria e impositiva.
Por último, me voy a referir a la visión crítica del diputado en cuanto a que la estructura del presupuesto nacional no había cambiado tanto. Sabemos que en situaciones normales o de emergencia, en muchos países, el presupuesto es una institución que tiende a una cierta estabilidad. Es decir, la estructura presupuestaria no cambia fácilmente de un año a otro. Sin embargo -en medio de la emergencia económica primero y sanitaria después, y con un un presupuesto prorrogado-, en las filminas previas mostramos cómo las asignaciones derivadas del COVID-19 habían cambiado de una manera bastante significativa en la participación porcentual de algunas de las finalidades y funciones del presupuesto.
Además, cabe recordar que la nueva Ley de Ministerios, el decreto 50/2019, que fueron dictados a principios de la actual administración, en diciembre de 2019, le dieron un perfil jurisdiccional diferente al presupuesto. Había secretarías, como la de Trabajo y de Salud, que fueron transformadas en ministerios. Se creó el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, y hay una serie de modificaciones complementarias que, tal vez, puedan no ser suficientes, pero me parece que tienen la entidad y el peso necesarios como para no decir que el presupuesto no ha tenido, en este breve lapso de naturaleza tan extraordinaria, modificaciones en el sentido que acabo de manifestar.
Creo que más o menos quedaron planteadas las inquietudes del diputado del Caño.
Yendo a las preguntas del diputado Cano, hay dos cuestiones. Respecto de los subsidios al transporte, en esta modificación que se propone al presupuesto vigente, crecen en 25.300 millones de pesos.
La segunda cuestión, respecto de la compensación de 6500 millones de pesos, entiendo que se refiere a la compensación a las provincias. El monto previsto en este artículo se ejecutó de manera completa.
En cuanto a la pregunta de la propuesta para lo que queda del año, es la siguiente: cuando hablamos de la asistencia financiera a provincias y de la posibilidad de asistir, entre otros conceptos, su necesidad de financiamiento, estamos proponiendo que las provincias incluyan allí todas sus necesidades de financiamiento. Incluso, aquellas que tuvieran dificultades como las asignaciones al transporte por los subsidios a los pasajeros o los subsidios a combustibles y demás. Proponemos que sean incorporadas, que sean consolidadas en las presentaciones que las provincias nos hacen a través del fondo fiduciario y que naturalmente podrán ser contempladas conjuntamente con otras necesidades.
Concretamente estamos proponiendo que esas necesidades -las eventualmente derivadas de la necesidad de subsidiar al transporte a nivel provincial- sean calculadas dentro de las cuentas públicas que las provincias presentan, para que puedan ser consideradas en el marco de ese financiamiento general.
Por último, en segunda instancia, respondiendo a una inquietud del diputado Cano, nosotros realmente insistimos en los artículos que tienen que ver con unificar en 10,5 la alícuota del IVA para la leche.
Nuevamente insistimos en el argumento que compartía más temprano con la comisión, señor presidente. El hecho de que algún tipo de leche deje de estar en situación de exenta y su alícuota del IVA sea llevada al 10,5 por ciento, no debería tener influencia o impacto sobre los precios; porque como decimos, las entidades comercializadoras podrán ahora, a partir de esto, hacer algo que no pudieron hacer hasta ahora: descargar sus posiciones acumuladas de crédito fiscal. En este momento no lo pueden hacer porque en la última etapa de la cadena tienen ese producto que está exento. Con lo cual, un concepto que hoy está incluido en el precio lo tendrían que poder descargar de sus posiciones y no deberíamos tener un aumento.
Coincidamos también en que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo tenemos vigente el programa de Precios Cuidados, y demás. Hay una permanente colaboración y coordinación con las empresas distribuidoras, con las cadenas de comercialización e inclusive también con los comercios de cercanía para mantener estos precios sin variaciones.
Estimo, señor presidente, no he omitido voluntariamente ninguna pregunta, que hemos dado respuesta a las inquietudes formuladas por los señores diputados.
Me parece que el diputado Sarghini preguntó por dos aspectos; en primer lugar, si el cálculo de recursos que está previsto en el proyecto de ley prevé el efecto derivado de una mayor recaudación por la moratoria. La respuesta es no.
Nosotros hemos incluido allí el cálculo de recursos derivado de la estructura tributaria actual, porque nos ha parecido que es un criterio de prudencia no incluir cálculos que tengan que ver precisamente con la moratoria. Naturalmente, el Poder Ejecutivo ha realizado cálculos y dispone de ellos, pero -insisto- no nos ha parecido prudente incluirlos, sobre todo cuando todavía estamos en un proceso de tratamiento del proyecto de ley.
Respecto de la segunda pregunta del diputado Sarghini, referida a la urgencia de contar con los artículos, sí es urgente contar con ellos. Estamos administrando el Estado y el gobierno, en general, y las finanzas públicas, en particular, en el marco de una emergencia muy severa.
Creo que la buena capacidad, el compromiso y la responsabilidad del funcionariado de toda la administración pública casi que disimulan esta situación de que estamos trabajando a distancia, operando en teletrabajo y administrando los efectos de la crisis económica y de la crisis derivada del COVID-19. Realmente es una situación de enorme tensión para la administración nacional. Por eso requerimos o necesitamos realmente de todas las herramientas para poder administrar las urgencias fiscales y financieras y es importante que se traten estos dos artículos en el marco de esta ley de modificación del presupuesto vigente. Estas son las dos preguntas que hizo el diputado Sarghini, espero no haberme olvidado de ninguna.
Yendo a las inquietudes presentadas por el diputado del Caño, creo que no las tengo en el orden exacto pero espero referirme a todas. La primera, sobre al artículo 7°, tiene que ver con la dolarización de grandes fondos como PIMCO. El diputado preguntaba si es así o no. No es así, lo que propone el artículo es la posibilidad de hacer licitaciones programadas -una vez que se haya concretado el canje- para todos los tenedores de títulos en pesos, para que puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera en las mismas condiciones que prevé el canje bajo ley local, y puedan utilizar esas tenencias en pesos para suscribir y pagar esa operación de administración de pasivos. Así que, es una operación abierta para todos los tenedores de títulos en pesos, tal como lo acabo de manifestar.
La segunda pregunta a la que deseo referirme, formulada por el diputado del Caño, tiene que ver con la cuestión de la movilidad jubilatoria. Allí, quiero manifestar dos aspectos que me parecen que matizan un poco la inquietud. Tienen que ver con lo siguiente: la comisión que está tratando el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, tal cual lo dispone la ley de emergencia, está en pleno funcionamiento y con una alta frecuencia de reuniones en el marco del Congreso de la Nación.
Por otro lado, el gobierno nacional hace permanentes esfuerzos en mantener activa esa comisión y en aportar propuestas y alternativas superadoras; fundamentalmente, propuestas que puedan mantenerse en el marco de la sostenibilidad fiscal que impulsa el gobierno nacional. De modo que es un tema que cuenta con toda la prioridad y dedicación desde el Poder Ejecutivo por parte de las áreas con competencia en esa materia.
Por otro lado, quiero recordar que, mientras está en tratamiento este tema que es muy delicado y complejo porque tiene múltiples aristas sociales, económicas y financieras, el Poder Ejecutivo ha otorgado aumentos para prácticamente el 75 por ciento de los jubilados y jubiladas, lo que les ha permitido estar ligeramente por encima de la inflación. Es decir, aumentos que han protegido el poder de compra de los segmentos más desprotegidos, dentro del universo de los jubilados y jubiladas. Me parece que son dos reflexiones que van en línea con la inquietud del diputado del Caño.
En tercer lugar, quiero referirme al asunto del IFE, respecto de una cierta lentitud que marcaba el diputado en su implementación. El IFE es una de las políticas más masivas y exitosas que se han implementado, en términos de esa masividad en un brevísimo lapso, para dar cobertura -en el caso de la Argentina- a nueve millones de personas que se encontraban invisibilizadas, que no estaban bancarizadas; nueve millones de personas pertenecientes a grupos familiares que no se encontraban registrados. Entonces, al cabo de este tiempo -desde la primera implementación del IFE- se han logrado sortear, subsanar y mejorar todos esos aspectos.
Eso naturalmente ha tenido demandas de tiempo un poco mayores a las deseables, pero desde cualquier evaluación han sido tiempos sumamente breves y es una ayuda que ha llegado a la población objetivo. Por lo tanto, como miembro del gobierno nacional, me siento muy orgulloso por la implementación de esas políticas porque creo que han sido exitosas, por lo que acabo de manifestar.
Otra de las inquietudes que formuló el diputado del Caño tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. Simplemente recuerdo las palabras del señor presidente la Nación cuando manifestaba que esa es una potestad del Congreso de la Nación. Desde allí ha surgido la inquietud y entendemos que desde el Ejecutivo vamos a esperar a que ese proyecto tenga tratamiento en el Congreso de la Nación, por ser una cuestión tributaria e impositiva.
Por último, me voy a referir a la visión crítica del diputado en cuanto a que la estructura del presupuesto nacional no había cambiado tanto. Sabemos que en situaciones normales o de emergencia, en muchos países, el presupuesto es una institución que tiende a una cierta estabilidad. Es decir, la estructura presupuestaria no cambia fácilmente de un año a otro. Sin embargo -en medio de la emergencia económica primero y sanitaria después, y con un un presupuesto prorrogado-, en las filminas previas mostramos cómo las asignaciones derivadas del COVID-19 habían cambiado de una manera bastante significativa en la participación porcentual de algunas de las finalidades y funciones del presupuesto.
Además, cabe recordar que la nueva Ley de Ministerios, el decreto 50/2019, que fueron dictados a principios de la actual administración, en diciembre de 2019, le dieron un perfil jurisdiccional diferente al presupuesto. Había secretarías, como la de Trabajo y de Salud, que fueron transformadas en ministerios. Se creó el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, y hay una serie de modificaciones complementarias que, tal vez, puedan no ser suficientes, pero me parece que tienen la entidad y el peso necesarios como para no decir que el presupuesto no ha tenido, en este breve lapso de naturaleza tan extraordinaria, modificaciones en el sentido que acabo de manifestar.
Creo que más o menos quedaron planteadas las inquietudes del diputado del Caño.
Yendo a las preguntas del diputado Cano, hay dos cuestiones. Respecto de los subsidios al transporte, en esta modificación que se propone al presupuesto vigente, crecen en 25.300 millones de pesos.
La segunda cuestión, respecto de la compensación de 6500 millones de pesos, entiendo que se refiere a la compensación a las provincias. El monto previsto en este artículo se ejecutó de manera completa.
En cuanto a la pregunta de la propuesta para lo que queda del año, es la siguiente: cuando hablamos de la asistencia financiera a provincias y de la posibilidad de asistir, entre otros conceptos, su necesidad de financiamiento, estamos proponiendo que las provincias incluyan allí todas sus necesidades de financiamiento. Incluso, aquellas que tuvieran dificultades como las asignaciones al transporte por los subsidios a los pasajeros o los subsidios a combustibles y demás. Proponemos que sean incorporadas, que sean consolidadas en las presentaciones que las provincias nos hacen a través del fondo fiduciario y que naturalmente podrán ser contempladas conjuntamente con otras necesidades.
Concretamente estamos proponiendo que esas necesidades -las eventualmente derivadas de la necesidad de subsidiar al transporte a nivel provincial- sean calculadas dentro de las cuentas públicas que las provincias presentan, para que puedan ser consideradas en el marco de ese financiamiento general.
Por último, en segunda instancia, respondiendo a una inquietud del diputado Cano, nosotros realmente insistimos en los artículos que tienen que ver con unificar en 10,5 la alícuota del IVA para la leche.
Nuevamente insistimos en el argumento que compartía más temprano con la comisión, señor presidente. El hecho de que algún tipo de leche deje de estar en situación de exenta y su alícuota del IVA sea llevada al 10,5 por ciento, no debería tener influencia o impacto sobre los precios; porque como decimos, las entidades comercializadoras podrán ahora, a partir de esto, hacer algo que no pudieron hacer hasta ahora: descargar sus posiciones acumuladas de crédito fiscal. En este momento no lo pueden hacer porque en la última etapa de la cadena tienen ese producto que está exento. Con lo cual, un concepto que hoy está incluido en el precio lo tendrían que poder descargar de sus posiciones y no deberíamos tener un aumento.
Coincidamos también en que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo tenemos vigente el programa de Precios Cuidados, y demás. Hay una permanente colaboración y coordinación con las empresas distribuidoras, con las cadenas de comercialización e inclusive también con los comercios de cercanía para mantener estos precios sin variaciones.
Estimo, señor presidente, no he omitido voluntariamente ninguna pregunta, que hemos dado respuesta a las inquietudes formuladas por los señores diputados.
SR. PRESIDENTE HELLER Bueno, vamos a seguir porque todavía tenemos una larga lista de anotados, así que abusaremos de su tiempo ya que el tema lo amerita.
Señor secretario, agradezco su paciencia y su dedicación para contestar todas las preguntas. Tengo siete oradores más anotados.
Tiene la palabra el diputado Sartori.
Señor secretario, agradezco su paciencia y su dedicación para contestar todas las preguntas. Tengo siete oradores más anotados.
Tiene la palabra el diputado Sartori.
SR. SARTORI Buenas tardes, presidente.
Quiero saludarlo a usted, al secretario Raúl Rigo, al secretario Makón, a las señoras diputadas y a los señores diputados.
Humildemente, más que una pregunta, desde la óptica de nuestra provincia de Misiones haremos un aporte.
Mediante el decreto 352/2020 el Poder Ejecutivo creó el Programa para la Emergencia Financiera Provincial del 8 de abril de 2020, que tiene por objetivo asistir financieramente a las provincias a través de la asignación de recursos provenientes de aportes al Tesoro nacional y otros que se provean para el otorgamiento de préstamos, canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por un monto total de 120.000 millones de pesos, con el objetivo de sostener el normal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por el COVID-19.
Por su parte, el Ministerio de Economía, a través de la resolución 223/20, de fecha 12 de mayo de 2020, establece que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial asignará a las provincias el monto consignado en el artículo 3° del decreto 352 del 8 de abril de 2020. Considerando: "a) Veinte por ciento con base en el índice de población con Necesidades Básicas Insatisfechas que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía.
"b) Veinte por ciento con base en un índice conformado por un 50 por ciento con base en los índices de informalidad (asalariados sin descuentos jubilatorios) y cuentapropistas, respecto de ocupados totales, elaborados por el INDEC y, un 50 por ciento en función a las personas contagiadas por COVID-19 cada 100.000 habitantes, que publica el Ministerio de Salud.
"c) Sesenta por ciento para financiar los requerimientos de aquellas provincias que presenten necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas"
El proyecto de ley de modificación del presupuesto general para la administración nacional para el ejercicio 2020, en su Capítulo VI, artículo 11, que trata de las relaciones con las provincias, da continuidad al Programa para la Emergencia Financiera Provincial -creado por el decreto 352 del 8 de abril de 2020, antes señalado- para atender el normal funcionamiento de las finanzas provinciales, cubriendo los requerimientos de sectores sensibles como salud, educación y transporte, entre otros, afectados especialmente por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, asignando hasta la suma adicional de 50.000 millones de pesos.
Además, faculta al Ministerio de Economía a establecer las condiciones de los préstamos que serán canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Es aquí donde quiero plantear mi punto de vista, a los efectos de favorecer una distribución más equitativa de este fondo sumamente necesario entre las distintas provincias de nuestro país.
Entiendo, señor presidente, que es importante replantear la forma de asignación de dicho fondo, incorporando al presente proyecto de ley la siguiente alternativa, a mi entender, absolutamente viable y más justa que la establecida en la resolución antes mencionada:
"a) El 40 por ciento con bases en los índices de población con necesidades básicas insatisfechas que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía.
"b) El 20 por ciento con base en un índice conformado por un 50 por ciento con base en los índices de informalidad, asalariados sin descuentos jubilatorios y cuentapropistas, respecto de ocupados totales, elaborados por el INDEC, y un 50 por ciento en función a las personas contagiadas por el COVID-19, cada 100.000 habitantes, que publica el Ministerio de Salud.
"c) El 10 por ciento según la población de cada provincia, según el INDEC.
"d) El 30 por ciento para financiar los requerimientos de aquellas provincias que presentan necesidades financieras sin fuentes de financiamientos alternativos."
Finalmente, no quiero dejar de pasar la oportunidad para plantear que una provincia como la nuestra, que es Misiones, que tiene un equilibrio fiscal adecuado -y que viene haciendo siempre los deberes que le vienen exigiendo desde la nación-, en cualquier momento y con cualquier gobierno, tiene un fondo histórico de reparación que lo reclama desde hace mucho tiempo.
Por eso, teniendo en cuenta este proyecto que estamos tratando hoy, si no planteamos estas cuestiones así, una provincia como la nuestra, Misiones, que tiene sus cuentas ordenadas, cuando se reasignan partidas, se verá perjudicada.
Este es el aporte que quiero dejar, presidente, le agradezco mucho que me haya dado la palabra.
Quiero saludarlo a usted, al secretario Raúl Rigo, al secretario Makón, a las señoras diputadas y a los señores diputados.
Humildemente, más que una pregunta, desde la óptica de nuestra provincia de Misiones haremos un aporte.
Mediante el decreto 352/2020 el Poder Ejecutivo creó el Programa para la Emergencia Financiera Provincial del 8 de abril de 2020, que tiene por objetivo asistir financieramente a las provincias a través de la asignación de recursos provenientes de aportes al Tesoro nacional y otros que se provean para el otorgamiento de préstamos, canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por un monto total de 120.000 millones de pesos, con el objetivo de sostener el normal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por el COVID-19.
Por su parte, el Ministerio de Economía, a través de la resolución 223/20, de fecha 12 de mayo de 2020, establece que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial asignará a las provincias el monto consignado en el artículo 3° del decreto 352 del 8 de abril de 2020. Considerando: "a) Veinte por ciento con base en el índice de población con Necesidades Básicas Insatisfechas que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía.
"b) Veinte por ciento con base en un índice conformado por un 50 por ciento con base en los índices de informalidad (asalariados sin descuentos jubilatorios) y cuentapropistas, respecto de ocupados totales, elaborados por el INDEC y, un 50 por ciento en función a las personas contagiadas por COVID-19 cada 100.000 habitantes, que publica el Ministerio de Salud.
"c) Sesenta por ciento para financiar los requerimientos de aquellas provincias que presenten necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas"
El proyecto de ley de modificación del presupuesto general para la administración nacional para el ejercicio 2020, en su Capítulo VI, artículo 11, que trata de las relaciones con las provincias, da continuidad al Programa para la Emergencia Financiera Provincial -creado por el decreto 352 del 8 de abril de 2020, antes señalado- para atender el normal funcionamiento de las finanzas provinciales, cubriendo los requerimientos de sectores sensibles como salud, educación y transporte, entre otros, afectados especialmente por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, asignando hasta la suma adicional de 50.000 millones de pesos.
Además, faculta al Ministerio de Economía a establecer las condiciones de los préstamos que serán canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Es aquí donde quiero plantear mi punto de vista, a los efectos de favorecer una distribución más equitativa de este fondo sumamente necesario entre las distintas provincias de nuestro país.
Entiendo, señor presidente, que es importante replantear la forma de asignación de dicho fondo, incorporando al presente proyecto de ley la siguiente alternativa, a mi entender, absolutamente viable y más justa que la establecida en la resolución antes mencionada:
"a) El 40 por ciento con bases en los índices de población con necesidades básicas insatisfechas que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía.
"b) El 20 por ciento con base en un índice conformado por un 50 por ciento con base en los índices de informalidad, asalariados sin descuentos jubilatorios y cuentapropistas, respecto de ocupados totales, elaborados por el INDEC, y un 50 por ciento en función a las personas contagiadas por el COVID-19, cada 100.000 habitantes, que publica el Ministerio de Salud.
"c) El 10 por ciento según la población de cada provincia, según el INDEC.
"d) El 30 por ciento para financiar los requerimientos de aquellas provincias que presentan necesidades financieras sin fuentes de financiamientos alternativos."
Finalmente, no quiero dejar de pasar la oportunidad para plantear que una provincia como la nuestra, que es Misiones, que tiene un equilibrio fiscal adecuado -y que viene haciendo siempre los deberes que le vienen exigiendo desde la nación-, en cualquier momento y con cualquier gobierno, tiene un fondo histórico de reparación que lo reclama desde hace mucho tiempo.
Por eso, teniendo en cuenta este proyecto que estamos tratando hoy, si no planteamos estas cuestiones así, una provincia como la nuestra, Misiones, que tiene sus cuentas ordenadas, cuando se reasignan partidas, se verá perjudicada.
Este es el aporte que quiero dejar, presidente, le agradezco mucho que me haya dado la palabra.
SR. PRESIDENTE HELLER Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero.
Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero.
SR. ROMERO (V.H.) Gracias, señor presidente.
Quiero reiterarle el agradecimiento al señor secretario, Raúl Rigo y al secretario Makón.
La verdad es que, analizando un poco los números, sobre todo atendiendo la situación que vive el mundo y el país en esta pandemia, es lógico que el incremento de gastos tiene que estar orientado a tratar de superar esta situación; esto lo compartimos todos.
Pero en definitiva, cuando estamos analizando esta ampliación del presupuesto de más del 1.8 billones de pesos, estamos prácticamente definiendo el presupuesto del año 2020, que parte de una reconducción del año 2019, pero claramente está definiendo la pauta para lo que resta del año.
Y esta es mi primera pregunta, señor secretario, cuando los Estados definen los presupuestos, lo primero que elevan es cuáles son las pautas fiscales, políticas, cambiarias que prevén en la confección de los mismos. Igualmente, insisto, más allá de la incertidumbre que tenemos, cuando se han confeccionado estos números ustedes lo han hecho en base a una pauta definida.
Claramente, cuando al inicio del período legislativo se aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Estado aumentaba recursos e impuestos sobre la base de los gastos que se incrementaban en función de las demandas sociales que había que atender.
Estamos trabajando con un presupuesto. Insisto en la primera pregunta porque es bueno saber cuáles son las políticas y las bases del programa monetario y fiscal que el gobierno prevé aplicar en lo que resta de 2020, que seguramente estarán contempladas en esta ampliación.
A la vez es importante tener en cuenta la inflación. Por ello, analizamos los últimos índices que arrojaron un 13,6 por ciento de inflación durante una situación económica atípica debido a la gran crisis económica ocasionada por un problema de demanda y oferta. Aclaro que a pesar de que todos rogamos que ese sea el porcentaje de inflación, sabemos que va a cambiar. Por eso, pregunto cuál es la visión del secretario sobre la política de inflación a aplicarse hasta fin de año. Además, si piensa que la inflación puede contenerse con el programa Precios Cuidados y con el congelamiento de tarifas.
Por otro lado, ¿cuál es la política cambiaria que se tuvo en cuenta para la confección de este presupuesto que, insisto, contiene el programa de gastos para 2020? Consulto porque el tipo de cambio oficial fue creciendo, alcanzando un 20,25 o 20,30 por ciento más en estos días, mientras que el dólar oficial subió un poco más, superando ampliamente la inflación. Además, sabemos que, a la salida de esta crisis, el aumento de la cotización del dólar impactará en la estructura de costos y, consecuentemente, en la inflación.
También me gustaría conocer cómo se prevé la reestructuración de la deuda en este nuevo presupuesto. Si bien todos sabemos que el gobierno nacional hizo distintas propuestas, tenemos que analizar de qué manera impactarán la reestructuración de la ley nacional y de la ley extranjera en el presupuesto, especialmente en lo atinente a la tasa de interés y la forma de financiamiento.
Otro aspecto que también sería bueno conocer es cómo prevén la recaudación de los recursos propios ante la prolongación de la pandemia, ya que -si no me equivoco- con esta ampliación se estima llegar a 4.380.000 pesos y hasta ahora solo se ha recaudado aproximadamente el 40 por ciento. Entonces, mientras la pandemia se sigue extendiendo, falta recaudar el 60 por ciento. Pregunto al secretario si cree que realmente ese será el importe recaudado. Si así no fuera, ¿de qué manera se financiará el déficit que, desde el punto de vista financiero, equivale a 3 millones de pesos? Evidentemente esa cifra se está financiando con una utilidad de 1,6 millones del Banco Central. Reitero: ¿cuáles son los mecanismos que prevé el Estado para financiar la diferencia?
Por último, ¿de qué manera este financiamiento obtenido a través de las ganancias del Banco Central, impacta en lo que pregunté originalmente sobre la inflación? Además, de acuerdo con sus cálculos, ¿cómo impacta la inflación en el presupuesto que estamos analizando?
Quiero reiterarle el agradecimiento al señor secretario, Raúl Rigo y al secretario Makón.
La verdad es que, analizando un poco los números, sobre todo atendiendo la situación que vive el mundo y el país en esta pandemia, es lógico que el incremento de gastos tiene que estar orientado a tratar de superar esta situación; esto lo compartimos todos.
Pero en definitiva, cuando estamos analizando esta ampliación del presupuesto de más del 1.8 billones de pesos, estamos prácticamente definiendo el presupuesto del año 2020, que parte de una reconducción del año 2019, pero claramente está definiendo la pauta para lo que resta del año.
Y esta es mi primera pregunta, señor secretario, cuando los Estados definen los presupuestos, lo primero que elevan es cuáles son las pautas fiscales, políticas, cambiarias que prevén en la confección de los mismos. Igualmente, insisto, más allá de la incertidumbre que tenemos, cuando se han confeccionado estos números ustedes lo han hecho en base a una pauta definida.
Claramente, cuando al inicio del período legislativo se aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Estado aumentaba recursos e impuestos sobre la base de los gastos que se incrementaban en función de las demandas sociales que había que atender.
Estamos trabajando con un presupuesto. Insisto en la primera pregunta porque es bueno saber cuáles son las políticas y las bases del programa monetario y fiscal que el gobierno prevé aplicar en lo que resta de 2020, que seguramente estarán contempladas en esta ampliación.
A la vez es importante tener en cuenta la inflación. Por ello, analizamos los últimos índices que arrojaron un 13,6 por ciento de inflación durante una situación económica atípica debido a la gran crisis económica ocasionada por un problema de demanda y oferta. Aclaro que a pesar de que todos rogamos que ese sea el porcentaje de inflación, sabemos que va a cambiar. Por eso, pregunto cuál es la visión del secretario sobre la política de inflación a aplicarse hasta fin de año. Además, si piensa que la inflación puede contenerse con el programa Precios Cuidados y con el congelamiento de tarifas.
Por otro lado, ¿cuál es la política cambiaria que se tuvo en cuenta para la confección de este presupuesto que, insisto, contiene el programa de gastos para 2020? Consulto porque el tipo de cambio oficial fue creciendo, alcanzando un 20,25 o 20,30 por ciento más en estos días, mientras que el dólar oficial subió un poco más, superando ampliamente la inflación. Además, sabemos que, a la salida de esta crisis, el aumento de la cotización del dólar impactará en la estructura de costos y, consecuentemente, en la inflación.
También me gustaría conocer cómo se prevé la reestructuración de la deuda en este nuevo presupuesto. Si bien todos sabemos que el gobierno nacional hizo distintas propuestas, tenemos que analizar de qué manera impactarán la reestructuración de la ley nacional y de la ley extranjera en el presupuesto, especialmente en lo atinente a la tasa de interés y la forma de financiamiento.
Otro aspecto que también sería bueno conocer es cómo prevén la recaudación de los recursos propios ante la prolongación de la pandemia, ya que -si no me equivoco- con esta ampliación se estima llegar a 4.380.000 pesos y hasta ahora solo se ha recaudado aproximadamente el 40 por ciento. Entonces, mientras la pandemia se sigue extendiendo, falta recaudar el 60 por ciento. Pregunto al secretario si cree que realmente ese será el importe recaudado. Si así no fuera, ¿de qué manera se financiará el déficit que, desde el punto de vista financiero, equivale a 3 millones de pesos? Evidentemente esa cifra se está financiando con una utilidad de 1,6 millones del Banco Central. Reitero: ¿cuáles son los mecanismos que prevé el Estado para financiar la diferencia?
Por último, ¿de qué manera este financiamiento obtenido a través de las ganancias del Banco Central, impacta en lo que pregunté originalmente sobre la inflación? Además, de acuerdo con sus cálculos, ¿cómo impacta la inflación en el presupuesto que estamos analizando?
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Pablo González.
SR. GONZÁLEZ (P.G.) Agradezco las exposiciones y las respuestas tan completas brindadas por el secretario Raúl Rigo y por Marcos Makón. Las inquietudes de los diputados fueron respondidas a medida que se fueron realizando, lo que es una buena forma de llevar adelante el debate.
Comenzaré con el tema de las cajas provinciales no transferidas. No sé si el doctor Rigo podrá contestar esta inquietud. Acerca del consenso fiscal, algunos diputados reflexionaban y se flagelaban porque el jefe de Gabinete tiene la atribución de modificar las partidas. Al respecto, voy a dar un ejemplo: el Consenso Fiscal de 2017 contemplaba la distribución del Fondo Federal Solidario a las provincias; sin embargo, tres o cuatro meses después fue derogado a través de un DNU.
En ese caso había una especie de cazabobos porque, a partir del acápite g) de las cajas previsionales provinciales no transferidas, se decía a las provincias que se eliminaban los mecanismos de penalización por no armonización, se adoptaban otras medidas y se hablaba del SIPA, etcétera. La verdad es que todo esto nunca se cumplió; solamente se hicieron dos o tres transferencias a las provincias. El tema de los jubilados es muy sensible a las provincias y digo que es un cazabobos porque participé en ese proceso fiscal siendo uno de los bobos que creía que podían cumplir.
A partir de ese momento, ni siquiera se tomaron el trabajo de emitir un DNU; directamente dejaron de transferir los fondos a las provincias para pagar a los jubilados.
Ahora bien, entiendo que no solamente se está ampliando el presupuesto, sino también modificando, porque en materia de aportes no transferidos a las cajas y de financiamiento del déficit previsional se genera la necesidad de un crédito por 7.400 millones para el ejercicio corriente, que no está contemplado en el presupuesto original. Es decir que establecemos una partida presupuestaria para las cajas no transferidas de las provincias debido a que, insisto, es un tema que nos preocupa permanentemente.
En resumen, la pregunta al secretario es si se va a mantener algún criterio de transferencia a las provincias en relación con la posibilidad de eliminar los mecanismos de penalización por no armonización. ¿Cuál será el criterio para la transferencia a las provincias? Entiendo que esta modificación es muy acertada.
Comenzaré con el tema de las cajas provinciales no transferidas. No sé si el doctor Rigo podrá contestar esta inquietud. Acerca del consenso fiscal, algunos diputados reflexionaban y se flagelaban porque el jefe de Gabinete tiene la atribución de modificar las partidas. Al respecto, voy a dar un ejemplo: el Consenso Fiscal de 2017 contemplaba la distribución del Fondo Federal Solidario a las provincias; sin embargo, tres o cuatro meses después fue derogado a través de un DNU.
En ese caso había una especie de cazabobos porque, a partir del acápite g) de las cajas previsionales provinciales no transferidas, se decía a las provincias que se eliminaban los mecanismos de penalización por no armonización, se adoptaban otras medidas y se hablaba del SIPA, etcétera. La verdad es que todo esto nunca se cumplió; solamente se hicieron dos o tres transferencias a las provincias. El tema de los jubilados es muy sensible a las provincias y digo que es un cazabobos porque participé en ese proceso fiscal siendo uno de los bobos que creía que podían cumplir.
A partir de ese momento, ni siquiera se tomaron el trabajo de emitir un DNU; directamente dejaron de transferir los fondos a las provincias para pagar a los jubilados.
Ahora bien, entiendo que no solamente se está ampliando el presupuesto, sino también modificando, porque en materia de aportes no transferidos a las cajas y de financiamiento del déficit previsional se genera la necesidad de un crédito por 7.400 millones para el ejercicio corriente, que no está contemplado en el presupuesto original. Es decir que establecemos una partida presupuestaria para las cajas no transferidas de las provincias debido a que, insisto, es un tema que nos preocupa permanentemente.
En resumen, la pregunta al secretario es si se va a mantener algún criterio de transferencia a las provincias en relación con la posibilidad de eliminar los mecanismos de penalización por no armonización. ¿Cuál será el criterio para la transferencia a las provincias? Entiendo que esta modificación es muy acertada.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Benedetti.
Luego, tendrá nuevamente la palabra el secretario de Hacienda.
Luego, tendrá nuevamente la palabra el secretario de Hacienda.
SR. BENEDETTI Señor presidente: agradezco la exposición del secretario Rigo y la información brindada por el director General de la Oficina de Presupuesto, Marcos Makón.
En esta reunión se han formulado muchas preguntas. Aunque algunas fueron reiterativas, quiero centrarme en un tema puntual, el IVA. Primero, me referiré al IVA a los alimentos; luego, al IVA a la leche fluida.
La disminución del IVA para abaratar el precio de la canasta básica es una preocupación que todos tenemos desde el discurso. Pero, lograr la disminución del precio de los alimentos básicos lleva tiempo y muchos pasos se dieron en ese sentido.
Como algún diputado preopinante hizo referencia a que Juntos por el Cambio solamente realizó alguna modificación después de las PASO, quiero recordar que en el presupuesto para 2018, varios productos, incluso las carnes, bajaron la alícuota del 21 al 10,5 por ciento.
Igualmente, como bien expresó el diputado Pastori, es una injusticia que un producto de primera necesidad, como son los huevos que proveen proteínas, paguen un 21 por ciento de IVA.
Por lo tanto, adhiero a lo manifestado en el sentido de no perder esta oportunidad para que este elemento, que es de primera necesidad, también tenga esta otra alícuota.
Quiero hacer una reflexión con respecto a trasladar la baja del IVA a los precios. La leche tiene un IVA del cero por ciento, cuando tenga una alícuota del 10,5 por ciento subirá su precio. El secretario de Hacienda Raúl Rigo indicó que las leches que más se venden son las que tendrán una baja del IVA y que las empresas que las venden también tienen dificultades técnicas. Si avanzamos con gravar con el 10,5 por ciento a la leche fluida, por lo menos subirá el 10,5 por ciento el producto. Si el volumen operado de las otras leches es mayor, para compensar la diferencia también la suba puede ser aún mayor.
El secretario Raúl Rigo bien expresó con muchísima claridad que hay dificultades técnicas: a través de esta medida se aumentan los créditos fiscales, se produce un desbalance en la cuenta del IVA y las empresas generarán un saldo a favor en este impuesto.
En este momento que estamos tomando medidas tan audaces como la moratoria fiscal que de alguna manera permite que a aquellos que han retenido en nombre del Estado paguen estos montos en cuotas, solicito que aprovechemos la oportunidad para que todos los productos de primera necesidad y quienes los venden que tengan saldos técnicos de IVA -crédito fiscal- puedan utilizarlos para pagar cualquier otro tipo de impuesto. De esta manera, si alguna actividad como la venta de leche fluida no tiene IVA, las empresas no tendrán problemas técnicos, y las bajas de alícuota realmente se transformarán en un beneficio para los consumidores. Esta es la propuesta que quería dejar. Muchas gracias.
En esta reunión se han formulado muchas preguntas. Aunque algunas fueron reiterativas, quiero centrarme en un tema puntual, el IVA. Primero, me referiré al IVA a los alimentos; luego, al IVA a la leche fluida.
La disminución del IVA para abaratar el precio de la canasta básica es una preocupación que todos tenemos desde el discurso. Pero, lograr la disminución del precio de los alimentos básicos lleva tiempo y muchos pasos se dieron en ese sentido.
Como algún diputado preopinante hizo referencia a que Juntos por el Cambio solamente realizó alguna modificación después de las PASO, quiero recordar que en el presupuesto para 2018, varios productos, incluso las carnes, bajaron la alícuota del 21 al 10,5 por ciento.
Igualmente, como bien expresó el diputado Pastori, es una injusticia que un producto de primera necesidad, como son los huevos que proveen proteínas, paguen un 21 por ciento de IVA.
Por lo tanto, adhiero a lo manifestado en el sentido de no perder esta oportunidad para que este elemento, que es de primera necesidad, también tenga esta otra alícuota.
Quiero hacer una reflexión con respecto a trasladar la baja del IVA a los precios. La leche tiene un IVA del cero por ciento, cuando tenga una alícuota del 10,5 por ciento subirá su precio. El secretario de Hacienda Raúl Rigo indicó que las leches que más se venden son las que tendrán una baja del IVA y que las empresas que las venden también tienen dificultades técnicas. Si avanzamos con gravar con el 10,5 por ciento a la leche fluida, por lo menos subirá el 10,5 por ciento el producto. Si el volumen operado de las otras leches es mayor, para compensar la diferencia también la suba puede ser aún mayor.
El secretario Raúl Rigo bien expresó con muchísima claridad que hay dificultades técnicas: a través de esta medida se aumentan los créditos fiscales, se produce un desbalance en la cuenta del IVA y las empresas generarán un saldo a favor en este impuesto.
En este momento que estamos tomando medidas tan audaces como la moratoria fiscal que de alguna manera permite que a aquellos que han retenido en nombre del Estado paguen estos montos en cuotas, solicito que aprovechemos la oportunidad para que todos los productos de primera necesidad y quienes los venden que tengan saldos técnicos de IVA -crédito fiscal- puedan utilizarlos para pagar cualquier otro tipo de impuesto. De esta manera, si alguna actividad como la venta de leche fluida no tiene IVA, las empresas no tendrán problemas técnicos, y las bajas de alícuota realmente se transformarán en un beneficio para los consumidores. Esta es la propuesta que quería dejar. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.
SR. RIGO Señor presidente: el diputado Sartori tuvo la amabilidad de acercarnos una propuesta alternativa para la distribución de los préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
En este momento, sin desconocer las bondades que puede tener la propuesta formulada por el señor diputado Sartori, nosotros insistiríamos al menos en el corto plazo -si bien queda una facultad para el Ministro de Economía y Finanzas- con la distribución que hemos tenido hasta el momento, que es ligeramente distinta a la planteada por el diputado.
Creo que previamente mencioné que es importante para el Poder Ejecutivo en algunas cuestiones puntuales y acotadas como en la asignación de préstamos de alto de impacto, contar con cierta flexibilidad derivada no solo de lo que disponga la ley, sino de las competencias habituales. Insisto, es necesario contar con algún margen de flexibilidad porque también las condiciones de emergencia son cambiantes. En breve podremos reconocer cambios en las condiciones de alguna recaudación provincial que no esté respondiendo o de algunas situaciones que son necesarias contemplar.
Si bien agradecemos la propuesta, en principio insistiremos en la que está vigente, pero estaríamos atentos a alterarla si las condiciones lo requirieran.
Creo que podemos responder a las inquietudes del diputado Romero de la siguiente manera: en primer lugar, ha consultado por el plan monetario-fiscal para el resto del año. Debo hacer varias consideraciones en este punto que voy a ir enlazando con otras preguntas formuladas por el diputado a partir de este paraguas.
El plan fiscal para el resto del año es el que está expresado en este proyecto de ley que prevé los gastos que están detallados y su financiamiento. Por las dudas quiero dar un matiz porque no sé si interpreté bien la consulta. El proyecto de ley que se está sometiendo a consideración está financiado.
O sea, la necesidad de financiamiento -que está formado por el déficit más las aplicaciones financieras- está cubierta por las utilidades del Banco Central -que tal como comenté anteriormente están en línea con las utilidades totales, como lo dispone el balance del banco- y la posibilidad de emitir nueva deuda en pesos por hasta más de 200 mil millones de pesos, como antes lo mencioné.
Por eso, la pregunta con respecto al plan monetario es bastante amplia y seguramente hay aspectos del plan que no estoy en condiciones de responder de manera plena. En lo que se refiere a este proyecto de ley uno de los vectores de ese plan monetario es, precisamente, el fortalecimiento del mercado doméstico en pesos. Por eso el gobierno nacional insiste de manera consistente y persistente en recrear y profundizar ese mercado y en contar con las herramientas que le permitan continuar en ese sendero.
Consideramos que contar con un mercado doméstico en pesos lo suficientemente profundo y amplio será un soporte muy importante de la política monetaria, que permitirá la canalización de los pesos de la economía hacia el financiamiento de políticas productivas y de políticas públicas. Por eso insistimos en este rasgo, que no es el único, pero que consideramos que es un rasgo principal y determinante de cualquier plan monetario sostenible y consistente con un plan fiscal como el que presenta el proyecto de ley sometido a su consideración.
Con respecto a la inflación y las utilidades y su vinculación con lo dicho anteriormente. Tal como he manifestado nos encontramos dentro de los márgenes legales de transferencia de utilidades y también la Argentina, como muchísimos países del mundo, enfrenta una situación extraordinaria, una emergencia por la que se ha recurrido a políticas expansivas. La monetización de los déficits está ocurriendo como consecuencia inexorable de una actitud activa y proactiva del Estado nacional a efectos de proteger a las familias, al entramado productivo y a la actividad social en general.
Creo que la cuestión de la emisión vía utilidades debería matizarse o calificarse en el contexto de esa emergencia extraordinaria.
El señor diputado Romero hizo alusión a la inflación. Algunos cálculos provisorios muestran que los primeros cuatro o cinco meses del año registran una desaceleración de la inflación medida de manera interanual. Desde nuestro punto de vista, esto no es algo espontáneo, sino que responde a los lineamientos de política que hemos repasado, derivados de la ley de emergencia y de otras medidas conexas. Esa desaceleración para los primeros cinco meses del año sitúa la variación interanual de la inflación cayendo desde el 53,8 al 42,8 por ciento. Es decir: una desaceleración ostensible para ese período.
Nos parece que es una situación para remarcar, que tiene que ver con estas medidas de emergencia más generales, pero fundamentalmente con las conductas activas que está llevando adelante el gobierno nacional. Estas conductas tratan de preservar el índice de las tarifas. Estas políticas que tienen que ver con subsidios, tanto a la energía como al transporte y al agua, con el congelamiento de alquileres y con el plan de Precios Cuidados, son medidas que, insisto, tienden a preservar el poder de compra de las familias y de las empresas a través del control o la moderación de la inflación.
Hasta ahí llegué con las respuestas a las inquietudes presentadas por el señor diputado Romero.
Respecto de lo planteado por el diputado Pablo González en relación con las transferencias que tienen que ver con las cajas previsionales provinciales no transferidas, voy a hacer una consideración general, aunque seguramente ya esté en conocimiento de los diputados presentes. Este régimen tiene que ver con la armonización de los regímenes provinciales con el régimen nacional. Como primera gran condición, la o las provincias en cuestión deben cumplir con todas las regulaciones y requisitos que a tales efectos establezca la Secretaría de Seguridad Social, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, con el fin de cumplir con el régimen de información y de verificación para que sea posible hacer esas transferencias.
Hasta donde tengo conocimiento, señor diputado, no tenemos en este momento otro tipo de limitación a esas transferencias. Es decir que, concluidos, perfeccionados y aceptados todos los requisitos formales derivados del régimen de armonización de cajas provinciales, las transferencias no tendrían una limitación.
Por último, respecto de la intervención del diputado Benedetti, tomamos el comentario. Nos parece interesante. Nosotros insistimos en el sentido de la medida. No es una medida que resulte lesiva desde el punto de vista de la presión sobre los precios. Además, permite subsanar una situación comercial, técnica y tributaria para actores relevantes en el sector, motivo por el cual insistimos en esos dos artículos.
Por mi parte, es lo que tenía para decir.
En este momento, sin desconocer las bondades que puede tener la propuesta formulada por el señor diputado Sartori, nosotros insistiríamos al menos en el corto plazo -si bien queda una facultad para el Ministro de Economía y Finanzas- con la distribución que hemos tenido hasta el momento, que es ligeramente distinta a la planteada por el diputado.
Creo que previamente mencioné que es importante para el Poder Ejecutivo en algunas cuestiones puntuales y acotadas como en la asignación de préstamos de alto de impacto, contar con cierta flexibilidad derivada no solo de lo que disponga la ley, sino de las competencias habituales. Insisto, es necesario contar con algún margen de flexibilidad porque también las condiciones de emergencia son cambiantes. En breve podremos reconocer cambios en las condiciones de alguna recaudación provincial que no esté respondiendo o de algunas situaciones que son necesarias contemplar.
Si bien agradecemos la propuesta, en principio insistiremos en la que está vigente, pero estaríamos atentos a alterarla si las condiciones lo requirieran.
Creo que podemos responder a las inquietudes del diputado Romero de la siguiente manera: en primer lugar, ha consultado por el plan monetario-fiscal para el resto del año. Debo hacer varias consideraciones en este punto que voy a ir enlazando con otras preguntas formuladas por el diputado a partir de este paraguas.
El plan fiscal para el resto del año es el que está expresado en este proyecto de ley que prevé los gastos que están detallados y su financiamiento. Por las dudas quiero dar un matiz porque no sé si interpreté bien la consulta. El proyecto de ley que se está sometiendo a consideración está financiado.
O sea, la necesidad de financiamiento -que está formado por el déficit más las aplicaciones financieras- está cubierta por las utilidades del Banco Central -que tal como comenté anteriormente están en línea con las utilidades totales, como lo dispone el balance del banco- y la posibilidad de emitir nueva deuda en pesos por hasta más de 200 mil millones de pesos, como antes lo mencioné.
Por eso, la pregunta con respecto al plan monetario es bastante amplia y seguramente hay aspectos del plan que no estoy en condiciones de responder de manera plena. En lo que se refiere a este proyecto de ley uno de los vectores de ese plan monetario es, precisamente, el fortalecimiento del mercado doméstico en pesos. Por eso el gobierno nacional insiste de manera consistente y persistente en recrear y profundizar ese mercado y en contar con las herramientas que le permitan continuar en ese sendero.
Consideramos que contar con un mercado doméstico en pesos lo suficientemente profundo y amplio será un soporte muy importante de la política monetaria, que permitirá la canalización de los pesos de la economía hacia el financiamiento de políticas productivas y de políticas públicas. Por eso insistimos en este rasgo, que no es el único, pero que consideramos que es un rasgo principal y determinante de cualquier plan monetario sostenible y consistente con un plan fiscal como el que presenta el proyecto de ley sometido a su consideración.
Con respecto a la inflación y las utilidades y su vinculación con lo dicho anteriormente. Tal como he manifestado nos encontramos dentro de los márgenes legales de transferencia de utilidades y también la Argentina, como muchísimos países del mundo, enfrenta una situación extraordinaria, una emergencia por la que se ha recurrido a políticas expansivas. La monetización de los déficits está ocurriendo como consecuencia inexorable de una actitud activa y proactiva del Estado nacional a efectos de proteger a las familias, al entramado productivo y a la actividad social en general.
Creo que la cuestión de la emisión vía utilidades debería matizarse o calificarse en el contexto de esa emergencia extraordinaria.
El señor diputado Romero hizo alusión a la inflación. Algunos cálculos provisorios muestran que los primeros cuatro o cinco meses del año registran una desaceleración de la inflación medida de manera interanual. Desde nuestro punto de vista, esto no es algo espontáneo, sino que responde a los lineamientos de política que hemos repasado, derivados de la ley de emergencia y de otras medidas conexas. Esa desaceleración para los primeros cinco meses del año sitúa la variación interanual de la inflación cayendo desde el 53,8 al 42,8 por ciento. Es decir: una desaceleración ostensible para ese período.
Nos parece que es una situación para remarcar, que tiene que ver con estas medidas de emergencia más generales, pero fundamentalmente con las conductas activas que está llevando adelante el gobierno nacional. Estas conductas tratan de preservar el índice de las tarifas. Estas políticas que tienen que ver con subsidios, tanto a la energía como al transporte y al agua, con el congelamiento de alquileres y con el plan de Precios Cuidados, son medidas que, insisto, tienden a preservar el poder de compra de las familias y de las empresas a través del control o la moderación de la inflación.
Hasta ahí llegué con las respuestas a las inquietudes presentadas por el señor diputado Romero.
Respecto de lo planteado por el diputado Pablo González en relación con las transferencias que tienen que ver con las cajas previsionales provinciales no transferidas, voy a hacer una consideración general, aunque seguramente ya esté en conocimiento de los diputados presentes. Este régimen tiene que ver con la armonización de los regímenes provinciales con el régimen nacional. Como primera gran condición, la o las provincias en cuestión deben cumplir con todas las regulaciones y requisitos que a tales efectos establezca la Secretaría de Seguridad Social, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, con el fin de cumplir con el régimen de información y de verificación para que sea posible hacer esas transferencias.
Hasta donde tengo conocimiento, señor diputado, no tenemos en este momento otro tipo de limitación a esas transferencias. Es decir que, concluidos, perfeccionados y aceptados todos los requisitos formales derivados del régimen de armonización de cajas provinciales, las transferencias no tendrían una limitación.
Por último, respecto de la intervención del diputado Benedetti, tomamos el comentario. Nos parece interesante. Nosotros insistimos en el sentido de la medida. No es una medida que resulte lesiva desde el punto de vista de la presión sobre los precios. Además, permite subsanar una situación comercial, técnica y tributaria para actores relevantes en el sector, motivo por el cual insistimos en esos dos artículos.
Por mi parte, es lo que tenía para decir.
SR. PRESIDENTE HELLER Me quedan cinco pedidos para hacer uso de la palabra. Los vamos a poner en bloque, que cerraremos ahí mismo, ya que nos hemos excedido en el tiempo que nos habíamos propuesto. Incluso, le pido disculpas al secretario porque pensé que íbamos a demorar menos. Le agradezco su colaboración aportando toda la información que se le ha requerido.
Les pido que, en la medida de lo posible, nos ajustemos a hacer preguntas. Mañana a las 11 de la mañana vamos a seguir con esto para debatirlo. Podrán entonces intervenir y volcar conceptos. Así que aprovechemos estos minutos que nos quedan para formular preguntas concretas al secretario con el fin de que nos sirvan para el debate que vamos a tener mañana.
Tiene la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra.
Les pido que, en la medida de lo posible, nos ajustemos a hacer preguntas. Mañana a las 11 de la mañana vamos a seguir con esto para debatirlo. Podrán entonces intervenir y volcar conceptos. Así que aprovechemos estos minutos que nos quedan para formular preguntas concretas al secretario con el fin de que nos sirvan para el debate que vamos a tener mañana.
Tiene la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra.
SR. SUÁREZ LASTRA Gracias, señor presidente.
Me sumo al reconocimiento del secretario Raúl Rigo, que está siendo muy meticuloso en las repuestas a nuestras inquietudes.
Aprovecho para hacer un brevísimo comentario introductorio a un par de preguntas que voy a formular. Tiene que ver con los tiempos que necesitamos. En este sentido, rescato la primera intervención del director de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que es una entidad realmente importante con la que contamos los diputados para este tipo de temas. Nos vamos a encontrar con funcionarios como Rigo en los próximos tiempos y en muchas circunstancias discutiendo muchos temas.
Me parece que deberíamos tener la posibilidad de apelar a todos los recursos de que disponemos. Precisamente, para seguir a la Dirección de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sería de mucha utilidad que a esta oficina tan especial se le dé un tiempo para emitir su dictamen. Para ello, por supuesto, también se debe tener en cuenta que hay urgencia y se necesita hacer ese gasto.
Insisto en este tema, señor presidente, antes de hacer mi pregunta. Sería bueno que esta dirección tan especial e importante que tenemos pueda contar con el tiempo necesario para dictaminar como corresponde, así como para que nosotros podamos pronunciarnos sobre la base de los conocimientos que nos entreguen.
Las preguntas concretas que quiero hacer son dos. Una es a pedido del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el diputado Carlos Fernández, quien me traslada una inquietud debido a que él no es miembro de la comisión. La inquietud es sobre una situación que pareciera no tener reflejo en las planillas que hemos visto. En las planillas que el secretario Rigo mostró respecto del área de Defensa y de Seguridad, así como de otras áreas donde se subía el gasto, había un leve descenso. Esto sería contradictorio con un anuncio que hizo el presidente de la Nación hace muy pocos días en una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas.
El presidente anunció que no se iban a considerar más como cargos no contributivos e iban a ser incorporados al salario de las Fuerzas Armadas. Esto es algo que se viene reclamando desde hace mucho porque ha sometido al Ministerio de Defensa a una enorme cantidad de dificultades, a una gran litigiosidad, y ha generado costos enormes, incluyendo temas administrativos, como embargos de cuentas del Ministerio que dificultan enormemente la gestión.
Había una gran expectativa con este anuncio. Concretamente, hace muy pocos días, el 20 de julio, el presidente de la Nación anunció que a partir del 1º de octubre no existirían más los conceptos no retributivos en el salario de las Fuerzas Armadas. Esto nos parece que debe tener un impacto en el presupuesto, que no lo hemos visto.
La pregunta concreta al señor secretario es si existe una consideración de ese impacto en el presupuesto, y si está firme la propuesta y el compromiso del presidente de la Nación en relación con esta situación salarial de las Fuerzas Armadas.
La segunda es una pregunta que tiene que ver con este tema que tan gentilmente ha contestado el secretario, quien ha dado una respuesta muy clara en relación con la razón para considerar que es complicado mantener la leche sin el 10,5 por ciento.
A mí me gustaría saber si tenemos una cuenta. Porque, al margen del acuerdo que podríamos haber tenido en este sentido, insisto en que con un poco más de tiempo tal vez podríamos resolver muchas cosas. No digo que consultemos al Consejo Federal Contra el Hambre en la Argentina, que no pareciera ser una cosa real, ni que exista ni que funcione ni que tenga integrantes capaces de resolver este problema. Pero ojalá que nosotros, diputados responsables, tengamos el tiempo para encontrar una solución en un momento tan difícil como este, para que un insumo tan básico como la leche no aumente -como es posible y previsible- un 10 por ciento en los próximos días.
Estas son las cosas que nos ayudarían. Además, quisiera saber si hay una cifra en plata de cuánto significa la recaudación del 10,5 por ciento del IVA en este tipo de leches.
Esas son mis preguntas. Gracias, señor presidente.
Me sumo al reconocimiento del secretario Raúl Rigo, que está siendo muy meticuloso en las repuestas a nuestras inquietudes.
Aprovecho para hacer un brevísimo comentario introductorio a un par de preguntas que voy a formular. Tiene que ver con los tiempos que necesitamos. En este sentido, rescato la primera intervención del director de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que es una entidad realmente importante con la que contamos los diputados para este tipo de temas. Nos vamos a encontrar con funcionarios como Rigo en los próximos tiempos y en muchas circunstancias discutiendo muchos temas.
Me parece que deberíamos tener la posibilidad de apelar a todos los recursos de que disponemos. Precisamente, para seguir a la Dirección de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sería de mucha utilidad que a esta oficina tan especial se le dé un tiempo para emitir su dictamen. Para ello, por supuesto, también se debe tener en cuenta que hay urgencia y se necesita hacer ese gasto.
Insisto en este tema, señor presidente, antes de hacer mi pregunta. Sería bueno que esta dirección tan especial e importante que tenemos pueda contar con el tiempo necesario para dictaminar como corresponde, así como para que nosotros podamos pronunciarnos sobre la base de los conocimientos que nos entreguen.
Las preguntas concretas que quiero hacer son dos. Una es a pedido del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el diputado Carlos Fernández, quien me traslada una inquietud debido a que él no es miembro de la comisión. La inquietud es sobre una situación que pareciera no tener reflejo en las planillas que hemos visto. En las planillas que el secretario Rigo mostró respecto del área de Defensa y de Seguridad, así como de otras áreas donde se subía el gasto, había un leve descenso. Esto sería contradictorio con un anuncio que hizo el presidente de la Nación hace muy pocos días en una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas.
El presidente anunció que no se iban a considerar más como cargos no contributivos e iban a ser incorporados al salario de las Fuerzas Armadas. Esto es algo que se viene reclamando desde hace mucho porque ha sometido al Ministerio de Defensa a una enorme cantidad de dificultades, a una gran litigiosidad, y ha generado costos enormes, incluyendo temas administrativos, como embargos de cuentas del Ministerio que dificultan enormemente la gestión.
Había una gran expectativa con este anuncio. Concretamente, hace muy pocos días, el 20 de julio, el presidente de la Nación anunció que a partir del 1º de octubre no existirían más los conceptos no retributivos en el salario de las Fuerzas Armadas. Esto nos parece que debe tener un impacto en el presupuesto, que no lo hemos visto.
La pregunta concreta al señor secretario es si existe una consideración de ese impacto en el presupuesto, y si está firme la propuesta y el compromiso del presidente de la Nación en relación con esta situación salarial de las Fuerzas Armadas.
La segunda es una pregunta que tiene que ver con este tema que tan gentilmente ha contestado el secretario, quien ha dado una respuesta muy clara en relación con la razón para considerar que es complicado mantener la leche sin el 10,5 por ciento.
A mí me gustaría saber si tenemos una cuenta. Porque, al margen del acuerdo que podríamos haber tenido en este sentido, insisto en que con un poco más de tiempo tal vez podríamos resolver muchas cosas. No digo que consultemos al Consejo Federal Contra el Hambre en la Argentina, que no pareciera ser una cosa real, ni que exista ni que funcione ni que tenga integrantes capaces de resolver este problema. Pero ojalá que nosotros, diputados responsables, tengamos el tiempo para encontrar una solución en un momento tan difícil como este, para que un insumo tan básico como la leche no aumente -como es posible y previsible- un 10 por ciento en los próximos días.
Estas son las cosas que nos ayudarían. Además, quisiera saber si hay una cifra en plata de cuánto significa la recaudación del 10,5 por ciento del IVA en este tipo de leches.
Esas son mis preguntas. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Germán Martínez.
Tiene la palabra el diputado Germán Martínez.
SR. MARTÍNEZ (G. P.) Gracias, presidente.
Aprovecho la pregunta que recién hizo el diputado Facundo Suárez Lastra para complementar y especificarle el deseo de información al secretario Rigo.
En primer lugar, quiero agradecerle al licenciado Raúl Rigo por su presencia y su profesionalidad. Realmente le tocó capear desde distintas áreas de Hacienda las tres últimas grandes crisis: la de la salida de la convertibilidad en 2002, la del 2008-2009 y la actual. Así que realmente ha acumulado una experiencia que después bien valdría que la pueda dejar por escrito en algún lugar, más allá de la gestión. Pero para eso falta bastante tiempo.
Antes de hacer una pregunta quiero manifestar solamente que, más allá de todo lo que se está dando y lo que quedó ejemplificado en la disertación, esta cantidad de recursos económicos volcados a las provincias y a la realidad de cada uno de nuestros lugares se nota y mucho.
Así que bienvenido sea este proyecto de ampliación presupuestaria que nos permita por ejemplo en la provincia de Santa Fe seguir asistiendo a las 110.000 familias santafesinas que reciben la tarjeta Alimentar, a las 20.000 empresas que reciben el ATP, a los casi 50.000 monotributistas que recibieron los créditos a tasa cero y a los 680.000 beneficiarios del IFE.
Por otro lado, hace quince días se anunció un programa de financiamiento vinculado a las universidades, del que también se habló en este lugar. Se trata de un financiamiento del Tesoro junto con la Corporación Andina de Fomento que en la provincia de Santa Fe para las tres universidades nacionales implican casi 900 millones de pesos. Así que estoy realmente muy contento con que podamos realizar esta ampliación que permita consolidar todo esto.
En referencia a lo que decía anteriormente el diputado Suárez Lastra, efectivamente la semana pasada se realizó el encuentro de camaradería de las Fuerzas Armadas. Allí el presidente de la Nación habló específicamente de la regularización del ciento por ciento de los conceptos no remunerativos que componen el haber del personal militar. Eso afecta no solamente al personal activo, sino también a las jubilaciones de quienes ya han pasado a retiro. En una de las planillas queda claro que el proyecto de ley que estamos impulsando incluye 51.507 millones de pesos para las cuestiones de defensa y seguridad.
Quisiera preguntar, insistiendo en el concepto del diputado Suárez Lastra, si esos elementos, esos créditos presupuestarios incluyen la decisión tomada por el presidente de la Nación y anunciada de la semana pasada directamente a las Fuerzas Armadas.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Aprovecho la pregunta que recién hizo el diputado Facundo Suárez Lastra para complementar y especificarle el deseo de información al secretario Rigo.
En primer lugar, quiero agradecerle al licenciado Raúl Rigo por su presencia y su profesionalidad. Realmente le tocó capear desde distintas áreas de Hacienda las tres últimas grandes crisis: la de la salida de la convertibilidad en 2002, la del 2008-2009 y la actual. Así que realmente ha acumulado una experiencia que después bien valdría que la pueda dejar por escrito en algún lugar, más allá de la gestión. Pero para eso falta bastante tiempo.
Antes de hacer una pregunta quiero manifestar solamente que, más allá de todo lo que se está dando y lo que quedó ejemplificado en la disertación, esta cantidad de recursos económicos volcados a las provincias y a la realidad de cada uno de nuestros lugares se nota y mucho.
Así que bienvenido sea este proyecto de ampliación presupuestaria que nos permita por ejemplo en la provincia de Santa Fe seguir asistiendo a las 110.000 familias santafesinas que reciben la tarjeta Alimentar, a las 20.000 empresas que reciben el ATP, a los casi 50.000 monotributistas que recibieron los créditos a tasa cero y a los 680.000 beneficiarios del IFE.
Por otro lado, hace quince días se anunció un programa de financiamiento vinculado a las universidades, del que también se habló en este lugar. Se trata de un financiamiento del Tesoro junto con la Corporación Andina de Fomento que en la provincia de Santa Fe para las tres universidades nacionales implican casi 900 millones de pesos. Así que estoy realmente muy contento con que podamos realizar esta ampliación que permita consolidar todo esto.
En referencia a lo que decía anteriormente el diputado Suárez Lastra, efectivamente la semana pasada se realizó el encuentro de camaradería de las Fuerzas Armadas. Allí el presidente de la Nación habló específicamente de la regularización del ciento por ciento de los conceptos no remunerativos que componen el haber del personal militar. Eso afecta no solamente al personal activo, sino también a las jubilaciones de quienes ya han pasado a retiro. En una de las planillas queda claro que el proyecto de ley que estamos impulsando incluye 51.507 millones de pesos para las cuestiones de defensa y seguridad.
Quisiera preguntar, insistiendo en el concepto del diputado Suárez Lastra, si esos elementos, esos créditos presupuestarios incluyen la decisión tomada por el presidente de la Nación y anunciada de la semana pasada directamente a las Fuerzas Armadas.
Muchísimas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Romina Del Plá.
Tiene la palabra la diputada Romina Del Plá.
SRA. DEL PLÁ Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor secretario.
Indudablemente, estamos frente a un paquete común de temas porque los dictámenes que se firmaron esta mañana sobre el proyecto de ley de moratoria forman parte de un conjunto de medidas que se están planteando también desde el Poder Ejecutivo.
En ese sentido manifiesto que en ambos casos tienen una orientación; es raro hablar de la ampliación del presupuesto 2020 cuando no se aprobó ningún presupuesto 2020. También es raro hablar del anuncio en el mensaje que envía el Poder Ejecutivo de un cambio de política económica a partir del 10 de diciembre cuando el conjunto de estas medidas se sigue sometiendo a garantizar el pago de la deuda a los acreedores.
En este sentido, veo ciertas contradicciones en estas medidas. Quisiera preguntar si no entiende por ejemplo, que sería más sensato, en lugar de restituir el IVA a la leche fluida, que acá ya se ha mencionado reiteradamente, excluir de la moratoria el IVA que han cobrado los agentes de retención. Fíjense la contradicción, la moratoria abarca también a aquellos agentes de retención que se han quedado con el IVA que han pagado los consumidores y que no lo han depositado de inmediato ante la AFIP, la agencia de recaudación, y ahora en esta ampliación de presupuesto se restablece el IVA a un producto tan esencial como es la leche fluida. Entonces, allí hay una contradicción muy clara que en nuestra consideración tiene que ver con un reiterado mecanismo de traspaso de recursos, de subsidios y demás a los sectores de las grandes empresas, los bancos, etcétera.
También se ha hecho mención al tema -y se hace referencia en el mensaje con el que se envía esta ampliación- de que se refuerza que paguen más los sectores de mayores ingresos y, por otro lado, se impulsan medidas para el sostenimiento de las familias.
Se ha señalado, por ejemplo, el tema de las jubilaciones. Al respecto quiero decir dos cosas. La primera es que, con una jubilación mínima a partir de junio de 16.864, cuando la canasta de indigencia está en 18.000 pesos y la de pobreza en 43.800, no creo que se pueda afirmar con tanto ímpetu que se ha hecho un incremento sobre las jubilaciones en forma importante.
En este sentido aprovecho y le contesto a un diputado que mencionó que desde el Frente de Izquierda estaríamos defendiendo la movilidad jubilatoria del macrismo. De ninguna manera; cuando se implementó esa movilidad jubilatoria reemplazando la anterior, nosotros denunciamos que se estaba robando a los jubilados justamente un período de incremento que les correspondía. Además, cuestionamos la suspensión de la movilidad actual, y por eso no hemos votado la mal llamada ley de solidaridad, porque también les roba a los jubilados un período de aumento. No se preocupen, nosotros defendemos el 82 por ciento móvil. Y voy a la siguiente pregunta.
Le pregunto al secretario si no sería más importante y sostenible que se restablezcan los aportes patronales en lugar de seguir planteando límites, por ejemplo, al incremento de las jubilaciones, que distan del 82 por ciento o tomar otras medidas como decir que se refuerza la ciencia y la tecnología, pero, sin embargo, se cancelan las becas y los contratos de 1.600 científicos y becarios. Uno de los especialistas que concurrió a la reunión de la comisión mixta del día de ayer, que justamente está haciendo el seguimiento y debate de la modificación integral de la fórmula, afirmó categóricamente -y no tengo por qué cuestionarlo- que uno de los motivos por el cual hay un déficit en el régimen previsional es la disminución de los aportes patronales desde Menem y Cavallo en adelante y que no se han restituido. Este especialista fue invitado por la comisión, no por nosotros.
Este experto reforzó el concepto de que efectivamente una solución para el tema jubilatorio no es aumentar los impuestos al consumo, sino restituir efectivamente los aportes patronales. Creo que este es un tema muy importante.
Por otro lado, en la afirmación de que efectivamente hay un refuerzo en los ingresos de las familias, donde se destaca el IFE, el secretario mencionó que es una política muy desarrollada; sin embargo, hay millones de familias que han quedado por fuera de esto, y cualquiera se puede dar cuenta de que 10.000 pesos no son suficientes para sostener esta situación.
Por eso, y como el secretario hizo mención al Congreso, insisto en la idea de que el único proyecto que hasta el momento se ha presentado sobre impuesto a las grandes rentas y fortunas para recaudar 15.000 millones de dólares es el que hemos presentado junto con el diputado Nicolás del Caño por parte del Frente de Izquierda. Justamente estamos insistiendo que se trate en este Congreso a pesar de la negativa que existe.
Para finalizar, les comento que en esta ampliación de presupuesto se plantea que uno de los mecanismos de reforzamiento de los ingresos tiene que ver con la enajenación de los inmuebles públicos que está generando la AABE -Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Se trata de una enajenación que se viene realizando desde la gestión macrista y que, justamente, nosotros hemos denunciado porque, en primer lugar, tendría que pasar por el Congreso Nacional y, en segundo lugar, porque gran parte de esos inmuebles contempla la destrucción de lugares y ambientes que tienen que ver con espacios verdes, reservas naturales, humedales, etcétera, en perjuicio de la población y para desarrollar una gran cantidad de emprendimientos y negociados inmobiliarios. Entonces, la verdad es que este ítem, además de muchos otros -entre ellos, el del nuevo endeudamiento y el relativo a garantizar el pago a los acreedores- es absolutamente cuestionable, y nosotros lo rechazamos.
Indudablemente, estamos frente a un paquete común de temas porque los dictámenes que se firmaron esta mañana sobre el proyecto de ley de moratoria forman parte de un conjunto de medidas que se están planteando también desde el Poder Ejecutivo.
En ese sentido manifiesto que en ambos casos tienen una orientación; es raro hablar de la ampliación del presupuesto 2020 cuando no se aprobó ningún presupuesto 2020. También es raro hablar del anuncio en el mensaje que envía el Poder Ejecutivo de un cambio de política económica a partir del 10 de diciembre cuando el conjunto de estas medidas se sigue sometiendo a garantizar el pago de la deuda a los acreedores.
En este sentido, veo ciertas contradicciones en estas medidas. Quisiera preguntar si no entiende por ejemplo, que sería más sensato, en lugar de restituir el IVA a la leche fluida, que acá ya se ha mencionado reiteradamente, excluir de la moratoria el IVA que han cobrado los agentes de retención. Fíjense la contradicción, la moratoria abarca también a aquellos agentes de retención que se han quedado con el IVA que han pagado los consumidores y que no lo han depositado de inmediato ante la AFIP, la agencia de recaudación, y ahora en esta ampliación de presupuesto se restablece el IVA a un producto tan esencial como es la leche fluida. Entonces, allí hay una contradicción muy clara que en nuestra consideración tiene que ver con un reiterado mecanismo de traspaso de recursos, de subsidios y demás a los sectores de las grandes empresas, los bancos, etcétera.
También se ha hecho mención al tema -y se hace referencia en el mensaje con el que se envía esta ampliación- de que se refuerza que paguen más los sectores de mayores ingresos y, por otro lado, se impulsan medidas para el sostenimiento de las familias.
Se ha señalado, por ejemplo, el tema de las jubilaciones. Al respecto quiero decir dos cosas. La primera es que, con una jubilación mínima a partir de junio de 16.864, cuando la canasta de indigencia está en 18.000 pesos y la de pobreza en 43.800, no creo que se pueda afirmar con tanto ímpetu que se ha hecho un incremento sobre las jubilaciones en forma importante.
En este sentido aprovecho y le contesto a un diputado que mencionó que desde el Frente de Izquierda estaríamos defendiendo la movilidad jubilatoria del macrismo. De ninguna manera; cuando se implementó esa movilidad jubilatoria reemplazando la anterior, nosotros denunciamos que se estaba robando a los jubilados justamente un período de incremento que les correspondía. Además, cuestionamos la suspensión de la movilidad actual, y por eso no hemos votado la mal llamada ley de solidaridad, porque también les roba a los jubilados un período de aumento. No se preocupen, nosotros defendemos el 82 por ciento móvil. Y voy a la siguiente pregunta.
Le pregunto al secretario si no sería más importante y sostenible que se restablezcan los aportes patronales en lugar de seguir planteando límites, por ejemplo, al incremento de las jubilaciones, que distan del 82 por ciento o tomar otras medidas como decir que se refuerza la ciencia y la tecnología, pero, sin embargo, se cancelan las becas y los contratos de 1.600 científicos y becarios. Uno de los especialistas que concurrió a la reunión de la comisión mixta del día de ayer, que justamente está haciendo el seguimiento y debate de la modificación integral de la fórmula, afirmó categóricamente -y no tengo por qué cuestionarlo- que uno de los motivos por el cual hay un déficit en el régimen previsional es la disminución de los aportes patronales desde Menem y Cavallo en adelante y que no se han restituido. Este especialista fue invitado por la comisión, no por nosotros.
Este experto reforzó el concepto de que efectivamente una solución para el tema jubilatorio no es aumentar los impuestos al consumo, sino restituir efectivamente los aportes patronales. Creo que este es un tema muy importante.
Por otro lado, en la afirmación de que efectivamente hay un refuerzo en los ingresos de las familias, donde se destaca el IFE, el secretario mencionó que es una política muy desarrollada; sin embargo, hay millones de familias que han quedado por fuera de esto, y cualquiera se puede dar cuenta de que 10.000 pesos no son suficientes para sostener esta situación.
Por eso, y como el secretario hizo mención al Congreso, insisto en la idea de que el único proyecto que hasta el momento se ha presentado sobre impuesto a las grandes rentas y fortunas para recaudar 15.000 millones de dólares es el que hemos presentado junto con el diputado Nicolás del Caño por parte del Frente de Izquierda. Justamente estamos insistiendo que se trate en este Congreso a pesar de la negativa que existe.
Para finalizar, les comento que en esta ampliación de presupuesto se plantea que uno de los mecanismos de reforzamiento de los ingresos tiene que ver con la enajenación de los inmuebles públicos que está generando la AABE -Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Se trata de una enajenación que se viene realizando desde la gestión macrista y que, justamente, nosotros hemos denunciado porque, en primer lugar, tendría que pasar por el Congreso Nacional y, en segundo lugar, porque gran parte de esos inmuebles contempla la destrucción de lugares y ambientes que tienen que ver con espacios verdes, reservas naturales, humedales, etcétera, en perjuicio de la población y para desarrollar una gran cantidad de emprendimientos y negociados inmobiliarios. Entonces, la verdad es que este ítem, además de muchos otros -entre ellos, el del nuevo endeudamiento y el relativo a garantizar el pago a los acreedores- es absolutamente cuestionable, y nosotros lo rechazamos.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Buryaile.
SR. BURYAILE Señor presidente: mi agradecimiento a usted que desde las once de la mañana está allí, imperturbable, escuchando cada una de las exposiciones de los señores diputados. Hago extensivo mi agradecimiento al señor secretario de Hacienda, licenciado Raúl Rigo, y al secretario de la comisión. Ha sido un día de mucho trabajo, y por eso voy a tratar de ser lo más breve posible.
Querría preguntar al señor director de la Oficina de Presupuesto del Congreso -a la luz de lo que expresó- cuánto tiempo le llevaría estudiar esta ampliación presupuestaria. Concretamente, él ha manifestado que, dado el escaso tiempo, no podía emitir una opinión al respecto y de ahí surge mi inquietud.
La segunda consulta tiene que ver con lo siguiente. Señor presidente: usted, yo y muchos otros legisladores, que hace tiempo estamos en el Congreso, nos hemos peleado para contar con una Oficina de Presupuesto. Entonces, dado que hoy contamos con dicha oficina, pienso que deberíamos darle valor y esperar la opinión de su representante, porque creo que vale la pena y le da seriedad a nuestro trabajo.
Por ello, vuelvo a preguntar al señor director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuánto tiempo estima él que necesitaría para dar una opinión sobre este tema.
Agradezco la presencia del señor secretario de Hacienda, y luego voy a pedir que nos envíen las filminas que utilizó en su exposición.
Concretamente, hay una transferencia a la provincia de Buenos Aires de 60.000 millones de pesos a través de obligaciones a cargo del Tesoro. Como sabe bien el señor secretario, nuestras provincias pasan enormes dificultades en medio de esta pandemia. Los recursos de muchas de ellas se centran en impuestos inmobiliarios, impuesto a los sellos e Ingresos Brutos y la actividad está paralizada. ¿Cómo piensan hacer para transferir estos fondos al resto de las provincias?
Por otro lado, el señor secretario hizo alusión a la constitución de un fideicomiso por un monto de 60.000 millones de pesos; creo que se llama fideicomiso de la distribución productiva. Se trata de un préstamo a las provincias. Entonces, desearía saber si los fondos de esta moratoria van a integrar ese fideicomiso.
Además, si no me equivoco, de esta ampliación presupuestaria -puedo caer en un error- solamente algo más del 5 por ciento está previsto para transferencia a las provincias. Quisiera saber si estoy cometiendo un error -ojalá que sí-, y el señor secretario pudiera aclarármelo.
Dado que, la ejecución de las partidas presupuestarias hoy está en un 60 por ciento, ¿qué nos lleva a tener que emitir dictamen con tanta premura en esta semana? ¿Cuál es la razón que nos lleva a tener que decidir sobre este presupuesto -no hablemos más de ampliación presupuestaria- en el término de veinticuatro horas?
Voy a formular alguna pregunta más y luego brindaré algún tipo de consideración. El señor secretario habló de no aumentar las tarifas. Sobre esto quiero hacerle dos preguntas y consideraciones. ¿Cómo se estimaron los subsidios a las tarifas? ¿De qué forma se estimó el incremento del subsidio a las tarifas? Todos sabemos que el gobierno nacional no tiene competencia sobre las distribuidoras locales. Entonces, cómo piensan hacer para que este congelamiento de tarifas no lo trasladen efectivamente las distribuidoras a nuestras respectivas localidades.
Finalmente, no coincido con el señor secretario Rigo en cuanto a que el producto más demandado -me refiero a la leche-, sea el que contiene aditivos. Aproximadamente, la demanda de leche fluida en la Argentina es de 45 litros promedio por persona. La diferencia entre la leche de caja y la leche en sachet es de un 18 por ciento. Si uno mira los precios notará que oscilan entre los 50 y 60 y pico de pesos, según se trate de primeras o segundas marcas. Más allá de la disquisición técnica, creo que hay otra solución. Tal como lo menciona el señor secretario, la ley impide tomar el crédito fiscal sobre un producto que está exento en el último eslabón. También podemos tener una solución acerca de este tema. La realidad indica que si el IVA es del 10,5 vamos a tener un aumento del 10 por ciento en un producto tan sensible de la canasta familiar, como es la leche. No prestemos atención solamente a lo que ocurre en los supermercados. Veamos dónde compran los sujetos con menores recursos y tengamos en cuenta si muchos de los comerciantes, que son monotributistas, podrían aumentar el 10 por ciento.
Querría preguntar al señor director de la Oficina de Presupuesto del Congreso -a la luz de lo que expresó- cuánto tiempo le llevaría estudiar esta ampliación presupuestaria. Concretamente, él ha manifestado que, dado el escaso tiempo, no podía emitir una opinión al respecto y de ahí surge mi inquietud.
La segunda consulta tiene que ver con lo siguiente. Señor presidente: usted, yo y muchos otros legisladores, que hace tiempo estamos en el Congreso, nos hemos peleado para contar con una Oficina de Presupuesto. Entonces, dado que hoy contamos con dicha oficina, pienso que deberíamos darle valor y esperar la opinión de su representante, porque creo que vale la pena y le da seriedad a nuestro trabajo.
Por ello, vuelvo a preguntar al señor director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuánto tiempo estima él que necesitaría para dar una opinión sobre este tema.
Agradezco la presencia del señor secretario de Hacienda, y luego voy a pedir que nos envíen las filminas que utilizó en su exposición.
Concretamente, hay una transferencia a la provincia de Buenos Aires de 60.000 millones de pesos a través de obligaciones a cargo del Tesoro. Como sabe bien el señor secretario, nuestras provincias pasan enormes dificultades en medio de esta pandemia. Los recursos de muchas de ellas se centran en impuestos inmobiliarios, impuesto a los sellos e Ingresos Brutos y la actividad está paralizada. ¿Cómo piensan hacer para transferir estos fondos al resto de las provincias?
Por otro lado, el señor secretario hizo alusión a la constitución de un fideicomiso por un monto de 60.000 millones de pesos; creo que se llama fideicomiso de la distribución productiva. Se trata de un préstamo a las provincias. Entonces, desearía saber si los fondos de esta moratoria van a integrar ese fideicomiso.
Además, si no me equivoco, de esta ampliación presupuestaria -puedo caer en un error- solamente algo más del 5 por ciento está previsto para transferencia a las provincias. Quisiera saber si estoy cometiendo un error -ojalá que sí-, y el señor secretario pudiera aclarármelo.
Dado que, la ejecución de las partidas presupuestarias hoy está en un 60 por ciento, ¿qué nos lleva a tener que emitir dictamen con tanta premura en esta semana? ¿Cuál es la razón que nos lleva a tener que decidir sobre este presupuesto -no hablemos más de ampliación presupuestaria- en el término de veinticuatro horas?
Voy a formular alguna pregunta más y luego brindaré algún tipo de consideración. El señor secretario habló de no aumentar las tarifas. Sobre esto quiero hacerle dos preguntas y consideraciones. ¿Cómo se estimaron los subsidios a las tarifas? ¿De qué forma se estimó el incremento del subsidio a las tarifas? Todos sabemos que el gobierno nacional no tiene competencia sobre las distribuidoras locales. Entonces, cómo piensan hacer para que este congelamiento de tarifas no lo trasladen efectivamente las distribuidoras a nuestras respectivas localidades.
Finalmente, no coincido con el señor secretario Rigo en cuanto a que el producto más demandado -me refiero a la leche-, sea el que contiene aditivos. Aproximadamente, la demanda de leche fluida en la Argentina es de 45 litros promedio por persona. La diferencia entre la leche de caja y la leche en sachet es de un 18 por ciento. Si uno mira los precios notará que oscilan entre los 50 y 60 y pico de pesos, según se trate de primeras o segundas marcas. Más allá de la disquisición técnica, creo que hay otra solución. Tal como lo menciona el señor secretario, la ley impide tomar el crédito fiscal sobre un producto que está exento en el último eslabón. También podemos tener una solución acerca de este tema. La realidad indica que si el IVA es del 10,5 vamos a tener un aumento del 10 por ciento en un producto tan sensible de la canasta familiar, como es la leche. No prestemos atención solamente a lo que ocurre en los supermercados. Veamos dónde compran los sujetos con menores recursos y tengamos en cuenta si muchos de los comerciantes, que son monotributistas, podrían aumentar el 10 por ciento.
SR. PRESIDENTE HELLER Cerrando la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Jorge Romero.
SR. CAMPOS Señor presidente: yo estaba anotado para hacer uso de la palabra. Se lo hice saber por chat.
SR. PRESIDENTE HELLER No lo tengo registrado, señor diputado.
SR. CAMPOS Le pido que se fije en su chat, señor presidente; se lo mandé hace cinco horas. De todas maneras, es muy breve lo que tengo para decir. Si me permite, se lo agradezco. No tardaré más de treinta segundos.
SR. PRESIDENTE HELLER Hágalo, señor diputado. Pido al señor diputado Romero que tenga un poco de paciencia.
SR. ROMERO (J.A.) No hay problema, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Campos.
SR. CAMPOS Quiero agradecer la presencia del licenciado Rigo, el señor Makón y el señor secretario de la comisión.
Como dijo el señor Makón, es imposible hacer un análisis de esta ampliación presupuestaria en este momento; pero tengo una duda muy concreta. Quiero preguntar al secretario de Hacienda lo siguiente. En un tramo de su intervención afirmó que el déficit financiero de este año va a ser de 3 billones de pesos. Si hacemos rápidamente un cálculo, 3 billones de pesos, al tipo de cambio actual, son aproximadamente 43.000 millones de dólares.
Por otro lado, veo que lo que tiene en vilo al país en este momento es la renegociación de la deuda con los tenedores de legislación extranjera por alrededor de 65.000 millones. La propuesta argentina de renegociación de deuda está en un 50 por ciento, de acuerdo con lo que dicen los trascendidos. El déficit actual que está planteando el gobierno para el año 2020 es de 43.000 millones de dólares, y nosotros estamos buscando renegociar la deuda -que tiene trascendencia nacional- prácticamente por la misma cantidad. O sea, nos estamos endeudando en un año por un valor equivalente al que estamos renegociando la deuda externa. Quiero que me diga si estoy haciendo bien las cuentas.
Como dijo el señor Makón, es imposible hacer un análisis de esta ampliación presupuestaria en este momento; pero tengo una duda muy concreta. Quiero preguntar al secretario de Hacienda lo siguiente. En un tramo de su intervención afirmó que el déficit financiero de este año va a ser de 3 billones de pesos. Si hacemos rápidamente un cálculo, 3 billones de pesos, al tipo de cambio actual, son aproximadamente 43.000 millones de dólares.
Por otro lado, veo que lo que tiene en vilo al país en este momento es la renegociación de la deuda con los tenedores de legislación extranjera por alrededor de 65.000 millones. La propuesta argentina de renegociación de deuda está en un 50 por ciento, de acuerdo con lo que dicen los trascendidos. El déficit actual que está planteando el gobierno para el año 2020 es de 43.000 millones de dólares, y nosotros estamos buscando renegociar la deuda -que tiene trascendencia nacional- prácticamente por la misma cantidad. O sea, nos estamos endeudando en un año por un valor equivalente al que estamos renegociando la deuda externa. Quiero que me diga si estoy haciendo bien las cuentas.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Jorge Romero.
SR. ROMERO (J.A) Agradezco al señor secretario de Hacienda por la paciencia y las horas que estuvo contestando preguntas.
En su oportunidad, usted le había dado respuesta a una pregunta formulada por el señor diputado Cano respecto del subsidio al transporte. En ese momento, manifestó que se amplía el presupuesto en 25.300 millones de pesos, y que quedaban sin efecto los 6.500 millones destinados al transporte del interior del país. ¿No hay partidas para el interior del país? Usted dijo que iba a pedir que las provincias hagan el requerimiento de partidas necesarias para cubrir ese aporte al transporte. Quisiera saber si las provincias ya hicieron ese requerimiento. Desearía que me informe si todo este incremento de partidas va a estar destinado únicamente para el AMBA, en función de lo que manifestó acerca de que no habrá aportes de la Nación hacia los transportistas del interior.
En su oportunidad, usted le había dado respuesta a una pregunta formulada por el señor diputado Cano respecto del subsidio al transporte. En ese momento, manifestó que se amplía el presupuesto en 25.300 millones de pesos, y que quedaban sin efecto los 6.500 millones destinados al transporte del interior del país. ¿No hay partidas para el interior del país? Usted dijo que iba a pedir que las provincias hagan el requerimiento de partidas necesarias para cubrir ese aporte al transporte. Quisiera saber si las provincias ya hicieron ese requerimiento. Desearía que me informe si todo este incremento de partidas va a estar destinado únicamente para el AMBA, en función de lo que manifestó acerca de que no habrá aportes de la Nación hacia los transportistas del interior.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda, licenciado Raúl Rigo.
SR. RIGO Existe un punto de contacto con la inquietud planteada por el señor diputado Germán Martínez que ya, de alguna manera, anticipó parte de la respuesta.
Efectivamente, en el proyecto de ley que estamos sometiendo a consideración el incremento de los créditos para el Ministerio de Defensa -tomado globalmente- es de casi 41.819 millones de pesos. De este monto, en cifras redondas, la Administración Central, es decir, el Ministerio de Defensa propiamente dicho, se lleva 24.000 millones de pesos; el Ejército, 10.000 millones de pesos; la Armada, 6.000 millones de pesos, y la Fuerza Aérea, 4.000 millones de pesos.
Naturalmente, como se trata de un anuncio y un compromiso presidencial, estos créditos presupuestarios incluyen los créditos necesarios para atender la última etapa de este blanqueo de los complementos no remunerativos incluidos en los haberes mensuales de los efectivos de las distintas fuerzas. Es decir, están incluidos; naturalmente, la implementación dependerá de la formalización definitiva de la medida, que no es más que un trámite, atento a que el señor presidente de la Nación ha sido totalmente claro y decidido en el avance respecto de esta medida.
Tal como digo, los cálculos de 41.819 millones de pesos incluyen las previsiones para financiar esa política. Es la segunda medida de blanqueo que el gobierno nacional apoya.
En cuanto a la mayor recaudación derivada del incremento de la alícuota de IVA a la leche, no tengo acá el cálculo, pero en este punto me parece interesante recordar que, como consecuencia de la aplicación de la alícuota del 10,5 por ciento, las entidades comercializadoras van a poder descargar sus créditos fiscales. Es decir que debemos ser cuidadosos con el cálculo de una eventual mayor recaudación. Esto porque, justamente, sostenemos que no tendrá efectos sobre los precios debido a que parte de esa alícuota que generará el débito permitirá descargar créditos fiscales acumulados en esas cuentas corrientes de las entidades comercializadoras.
Es simplemente un matiz para moderar de alguna manera la expectativa de cualquier mayor recaudación; precisamente, como no existe dicha expectativa -o en menor grado-, estimamos que el efecto sobre los precios sería nulo.
Con esto creo que contestamos las inquietudes del señor diputado Suárez Lastra.
En cuanto a las consultas del señor diputado Martínez, corroboramos el incremento que manifestó en el proyecto de ley para el Ministerio de Defensa. Naturalmente, compartimos sus comentarios respecto del hecho de que contar con la aprobación de esta norma permitirá, desde el presupuesto nacional, continuar con el financiamiento de políticas públicas prioritarias, como las que mencionó el diputado.
En cuanto a las preguntas formuladas por la señora diputada Romina Del Plá; en primer lugar, me permitiré disentir tal vez con una disquisición técnica. No es que este año no contemos con un presupuesto. En realidad, este año el Poder Ejecutivo Nacional ha hecho uso de una facultad legal que le confiere el artículo 27 de la ley 24.156, que dispone que el presupuesto se puede prorrogar cuando se dieran ciertos extremos -no tener un presupuesto aprobado al cierre del ejercicio o tener una serie de condiciones de incertidumbre y demás situaciones-, lo que consideramos se dio al inicio de este ejercicio 2020.
Naturalmente, un presupuesto prorrogado -algunos lo denominan "reconducido"- no ha tenido el mismo tratamiento que un proyecto aprobado en el Congreso; lo reconozco, pero, desde un punto de vista legal, contamos con un presupuesto prorrogado en el marco de la normativa vigente. Me parece importante subrayar esto, aunque sea una disquisición técnica.
En cuanto a otra consideración efectuada por la señora diputada sobre el monto de la jubilación mínima de 16.864 de pesos y su insuficiencia, naturalmente todos comprendemos que es una cifra que puede resultar exigua para la atención de las necesidades. Solo manifestamos que la actual administración ha hecho mucho por mejorar esa cifra, aunque pueda seguir siendo insuficiente. De hecho, entre junio de 2020 y junio de 2019 esa asignación ha aumentado un 64 por ciento, 11 puntos reales por encima de la inflación en el mismo período. Estamos refiriéndonos a esta cuestión en particular, no al monto absoluto que puede tener naturalmente.
Si bien no quiero entrar en tecnicismos, quiero mencionar también el hecho de que, en realidad, en las moratorias nos referimos a agentes de retención que, en general, son las empresas. Esto nada tiene que ver con el IVA que pagan los consumidores finales. Son dos cosas distintas, por lo que me parece que es importante, a nivel general, mantenerlos por separado.
En cuanto a las preguntas del diputado Buryaile respecto del financiamiento del fideicomiso -entiendo que se refiere al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y a las transferencias provinciales-, quiero destacar que ese financiamiento está previsto con rentas generales, no hay otra afectación. Respecto de las fuentes de financiamiento, en la jerga es Fuente 11 o Fuente 15; es decir, o son rentas generales o son recursos del Tesoro, obtenidos por el uso del crédito interno, que podría ser una alternativa. Son rentas generales, no hay una afectación impositiva, si es que comprendí adecuadamente su inquietud.
En cuanto al otro punto que usted mencionaba, vinculado con las provincias, cabe destacar que en esta modificación presupuestaria se destina un poco más del 5 por ciento de las asignaciones a las provincias. Entonces, la respuesta sería "sí". Ahora bien, una disquisición que cabe hacer es que ese porcentaje corresponde a las transferencias directas que estamos haciendo en el marco de la pandemia por compensación a las provincias debido a la caída de su recaudación propia y la recaudación de origen nacional.
Ese 5 por ciento no incluye las transferencias que, de manera normal y habitual, el presupuesto nacional efectúa a las provincias para la ejecución de los programas que, desde los distintos ministerios y jurisdicciones, se hacen a las provincias. Nos estamos refiriendo exclusivamente a esta modificación presupuestaria y a este concepto que acabo de manifestar.
La otra inquietud que plantea el diputado Buryaile se refiere a por qué manifestamos urgencia o premura en contar con la ley si la ejecución presupuestaria es del 60 por ciento. La pregunta es muy bienvenida porque ocurre que el 60 por ciento es un promedio. Entonces, si miramos con mayor detenimiento, hay muchas partidas -algunas de ellas dedicadas a gastos prioritarios o gastos de carácter alimentario, como pueden ser las jubilaciones y pensiones- que se encuentran al límite de su monto y, dado que el presupuesto está muy ejecutado, no tenemos posibilidad de compensar en el marco del artículo 37. De aquí la urgencia de contar con esta ampliación presupuestaria.
Por más que la ejecución en promedio es la que se manifiesta, existen partidas -lo pueden consultar en las páginas Web - que están al 90 o al 95 por ciento, es decir, exhaustas. Por eso, necesitamos esta ampliación.
Por último, respecto de la estimación del subsidio a las tarifas, a cómo se produjo o cómo se realizó esa estimación, no escapará a su conocimiento, señor presidente, que este es un cálculo complejo. Ese cálculo es realizado por las reparticiones que administran estos subsidios, las compañías de energía, la Secretaría de Transporte y, naturalmente, que aquí nosotros tratamos de corroborar dichos cálculos sobre la base de la ejecución y el comportamiento de algunas variables clave que explican precisamente el comportamiento de esos subsidios, como pueden ser los precios de los combustibles, el tipo de cambio y demás; pero la estimación es la que realizan las áreas competentes, con nuestra anuencia.
Respecto de la consulta del diputado Campos, si el resultado financiero era de 3 billones. Sí, es 3 billones de pesos, que son aproximadamente 42.000 millones de dólares. Ahora, yo creo que, en realidad, si usted me permite alguna disquisición, vemos que el déficit financiero es un flujo anual que responde a necesidades de 42.000 o 43.000 millones de pesos, en un año sumamente crítico, como es 2020. Solamente, si ustedes pueden chequear manifestaciones públicas de funcionarios del gobierno nacional en el mes de febrero o marzo, es decir antes de la pandemia, las proyecciones fiscales del gobierno nacional situaban, de una manera creo que bastante realista, un déficit en niveles muy por debajo de esto, en un 2 o 2,5 por ciento y no es así, con lo cual me parece que simplemente está bien la correspondencia que usted hace. Yo separaría que en un caso nosotros tenemos un stock de deuda que tiene unos servicios que son el flujo anual de intereses y de eventuales pagos de capital; otro tema distinto es el flujo del déficit financiero, medido especialmente en estos 42.000 o 43.000 millones que usted manifiesta en un año de suma emergencia.
Por último, respecto de la consulta del diputado Romero que preguntaba si hay partidas para Interior. Sí, precisamente, en estas partidas que estamos incluyendo en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Reitero este punto: la idea que está promoviendo el gobierno nacional es que las provincias que se encuentren con necesidades o dificultades para cubrir eventuales asignaciones que tengan que hacer en el marco del transporte o el subsidio de cualquier manera -sea a los combustibles, al transporte-, que las incluyan allí y que puedan, en este segundo capítulo de funcionamiento del fondo fiduciario, ser consideradas; es decir que esta sería la respuesta.
Creo que con eso he dado respuesta, señor presidente, a todas las preguntas que tenía aquí apuntadas que fueron formuladas por los señores diputados y diputadas.
Efectivamente, en el proyecto de ley que estamos sometiendo a consideración el incremento de los créditos para el Ministerio de Defensa -tomado globalmente- es de casi 41.819 millones de pesos. De este monto, en cifras redondas, la Administración Central, es decir, el Ministerio de Defensa propiamente dicho, se lleva 24.000 millones de pesos; el Ejército, 10.000 millones de pesos; la Armada, 6.000 millones de pesos, y la Fuerza Aérea, 4.000 millones de pesos.
Naturalmente, como se trata de un anuncio y un compromiso presidencial, estos créditos presupuestarios incluyen los créditos necesarios para atender la última etapa de este blanqueo de los complementos no remunerativos incluidos en los haberes mensuales de los efectivos de las distintas fuerzas. Es decir, están incluidos; naturalmente, la implementación dependerá de la formalización definitiva de la medida, que no es más que un trámite, atento a que el señor presidente de la Nación ha sido totalmente claro y decidido en el avance respecto de esta medida.
Tal como digo, los cálculos de 41.819 millones de pesos incluyen las previsiones para financiar esa política. Es la segunda medida de blanqueo que el gobierno nacional apoya.
En cuanto a la mayor recaudación derivada del incremento de la alícuota de IVA a la leche, no tengo acá el cálculo, pero en este punto me parece interesante recordar que, como consecuencia de la aplicación de la alícuota del 10,5 por ciento, las entidades comercializadoras van a poder descargar sus créditos fiscales. Es decir que debemos ser cuidadosos con el cálculo de una eventual mayor recaudación. Esto porque, justamente, sostenemos que no tendrá efectos sobre los precios debido a que parte de esa alícuota que generará el débito permitirá descargar créditos fiscales acumulados en esas cuentas corrientes de las entidades comercializadoras.
Es simplemente un matiz para moderar de alguna manera la expectativa de cualquier mayor recaudación; precisamente, como no existe dicha expectativa -o en menor grado-, estimamos que el efecto sobre los precios sería nulo.
Con esto creo que contestamos las inquietudes del señor diputado Suárez Lastra.
En cuanto a las consultas del señor diputado Martínez, corroboramos el incremento que manifestó en el proyecto de ley para el Ministerio de Defensa. Naturalmente, compartimos sus comentarios respecto del hecho de que contar con la aprobación de esta norma permitirá, desde el presupuesto nacional, continuar con el financiamiento de políticas públicas prioritarias, como las que mencionó el diputado.
En cuanto a las preguntas formuladas por la señora diputada Romina Del Plá; en primer lugar, me permitiré disentir tal vez con una disquisición técnica. No es que este año no contemos con un presupuesto. En realidad, este año el Poder Ejecutivo Nacional ha hecho uso de una facultad legal que le confiere el artículo 27 de la ley 24.156, que dispone que el presupuesto se puede prorrogar cuando se dieran ciertos extremos -no tener un presupuesto aprobado al cierre del ejercicio o tener una serie de condiciones de incertidumbre y demás situaciones-, lo que consideramos se dio al inicio de este ejercicio 2020.
Naturalmente, un presupuesto prorrogado -algunos lo denominan "reconducido"- no ha tenido el mismo tratamiento que un proyecto aprobado en el Congreso; lo reconozco, pero, desde un punto de vista legal, contamos con un presupuesto prorrogado en el marco de la normativa vigente. Me parece importante subrayar esto, aunque sea una disquisición técnica.
En cuanto a otra consideración efectuada por la señora diputada sobre el monto de la jubilación mínima de 16.864 de pesos y su insuficiencia, naturalmente todos comprendemos que es una cifra que puede resultar exigua para la atención de las necesidades. Solo manifestamos que la actual administración ha hecho mucho por mejorar esa cifra, aunque pueda seguir siendo insuficiente. De hecho, entre junio de 2020 y junio de 2019 esa asignación ha aumentado un 64 por ciento, 11 puntos reales por encima de la inflación en el mismo período. Estamos refiriéndonos a esta cuestión en particular, no al monto absoluto que puede tener naturalmente.
Si bien no quiero entrar en tecnicismos, quiero mencionar también el hecho de que, en realidad, en las moratorias nos referimos a agentes de retención que, en general, son las empresas. Esto nada tiene que ver con el IVA que pagan los consumidores finales. Son dos cosas distintas, por lo que me parece que es importante, a nivel general, mantenerlos por separado.
En cuanto a las preguntas del diputado Buryaile respecto del financiamiento del fideicomiso -entiendo que se refiere al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y a las transferencias provinciales-, quiero destacar que ese financiamiento está previsto con rentas generales, no hay otra afectación. Respecto de las fuentes de financiamiento, en la jerga es Fuente 11 o Fuente 15; es decir, o son rentas generales o son recursos del Tesoro, obtenidos por el uso del crédito interno, que podría ser una alternativa. Son rentas generales, no hay una afectación impositiva, si es que comprendí adecuadamente su inquietud.
En cuanto al otro punto que usted mencionaba, vinculado con las provincias, cabe destacar que en esta modificación presupuestaria se destina un poco más del 5 por ciento de las asignaciones a las provincias. Entonces, la respuesta sería "sí". Ahora bien, una disquisición que cabe hacer es que ese porcentaje corresponde a las transferencias directas que estamos haciendo en el marco de la pandemia por compensación a las provincias debido a la caída de su recaudación propia y la recaudación de origen nacional.
Ese 5 por ciento no incluye las transferencias que, de manera normal y habitual, el presupuesto nacional efectúa a las provincias para la ejecución de los programas que, desde los distintos ministerios y jurisdicciones, se hacen a las provincias. Nos estamos refiriendo exclusivamente a esta modificación presupuestaria y a este concepto que acabo de manifestar.
La otra inquietud que plantea el diputado Buryaile se refiere a por qué manifestamos urgencia o premura en contar con la ley si la ejecución presupuestaria es del 60 por ciento. La pregunta es muy bienvenida porque ocurre que el 60 por ciento es un promedio. Entonces, si miramos con mayor detenimiento, hay muchas partidas -algunas de ellas dedicadas a gastos prioritarios o gastos de carácter alimentario, como pueden ser las jubilaciones y pensiones- que se encuentran al límite de su monto y, dado que el presupuesto está muy ejecutado, no tenemos posibilidad de compensar en el marco del artículo 37. De aquí la urgencia de contar con esta ampliación presupuestaria.
Por más que la ejecución en promedio es la que se manifiesta, existen partidas -lo pueden consultar en las páginas Web - que están al 90 o al 95 por ciento, es decir, exhaustas. Por eso, necesitamos esta ampliación.
Por último, respecto de la estimación del subsidio a las tarifas, a cómo se produjo o cómo se realizó esa estimación, no escapará a su conocimiento, señor presidente, que este es un cálculo complejo. Ese cálculo es realizado por las reparticiones que administran estos subsidios, las compañías de energía, la Secretaría de Transporte y, naturalmente, que aquí nosotros tratamos de corroborar dichos cálculos sobre la base de la ejecución y el comportamiento de algunas variables clave que explican precisamente el comportamiento de esos subsidios, como pueden ser los precios de los combustibles, el tipo de cambio y demás; pero la estimación es la que realizan las áreas competentes, con nuestra anuencia.
Respecto de la consulta del diputado Campos, si el resultado financiero era de 3 billones. Sí, es 3 billones de pesos, que son aproximadamente 42.000 millones de dólares. Ahora, yo creo que, en realidad, si usted me permite alguna disquisición, vemos que el déficit financiero es un flujo anual que responde a necesidades de 42.000 o 43.000 millones de pesos, en un año sumamente crítico, como es 2020. Solamente, si ustedes pueden chequear manifestaciones públicas de funcionarios del gobierno nacional en el mes de febrero o marzo, es decir antes de la pandemia, las proyecciones fiscales del gobierno nacional situaban, de una manera creo que bastante realista, un déficit en niveles muy por debajo de esto, en un 2 o 2,5 por ciento y no es así, con lo cual me parece que simplemente está bien la correspondencia que usted hace. Yo separaría que en un caso nosotros tenemos un stock de deuda que tiene unos servicios que son el flujo anual de intereses y de eventuales pagos de capital; otro tema distinto es el flujo del déficit financiero, medido especialmente en estos 42.000 o 43.000 millones que usted manifiesta en un año de suma emergencia.
Por último, respecto de la consulta del diputado Romero que preguntaba si hay partidas para Interior. Sí, precisamente, en estas partidas que estamos incluyendo en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Reitero este punto: la idea que está promoviendo el gobierno nacional es que las provincias que se encuentren con necesidades o dificultades para cubrir eventuales asignaciones que tengan que hacer en el marco del transporte o el subsidio de cualquier manera -sea a los combustibles, al transporte-, que las incluyan allí y que puedan, en este segundo capítulo de funcionamiento del fondo fiduciario, ser consideradas; es decir que esta sería la respuesta.
Creo que con eso he dado respuesta, señor presidente, a todas las preguntas que tenía aquí apuntadas que fueron formuladas por los señores diputados y diputadas.
SR. PRESIENTE (HELLER) Señor secretario: le agradezco profundamente. Si usted, desea, yo podría decirle que terminamos, pero son cinco minutos más, así que quédese y vea cómo termina la reunión.
SR. RIGO Le agradezco la invitación, señor presidente.
SR. PERSIDENTE (HELLER) Había un pedido que hizo el diputado Buryaile para el licenciado Makón respecto de los tiempos que podría demandar tener un dictamen de su área.
Voy a pedirle si brevemente puede brindarnos una respuesta, en este sentido.
Voy a pedirle si brevemente puede brindarnos una respuesta, en este sentido.
SR. MAKÓN Quiero decir justamente que estuve analizando con mi gente, y es muy amplio el proyecto de ley. Estamos analizándolo y vamos a tratar de tener el informe lo más pronto posible, pero no puedo dar en este momento una fecha precisa; sin embargo, garantizo que haremos todos los esfuerzos necesarios para que así sea.
SR. BURYAILE Muy gentil de su parte.
SR. PRESIDENTE HELLER Quiero decir lo siguiente: creo que de las diversas intervenciones que hizo el secretario de Hacienda, queda absolutamente claro que existe una urgencia en contar con esta ampliación presupuestaria.
Yo no voy a hacer ahora una intervención, pero está claro que hay una caída enorme de las partidas de los ingresos y un enorme crecimiento de los gastos, y pareciera que tendríamos que dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas para que pueda seguir atendiendo cuestiones esenciales en esta situación de crisis de pandemia que estamos viviendo, como son el IFE, el ATP, etcétera. Si nosotros no aprobamos esto con rapidez, seguramente se van a generar dificultades.
Ustedes tienen que entender que la Cámara de Diputados va a dar sanción a esta iniciativa -si seguimos con el cronograma que tenemos planteado- el viernes; luego tendrá que pasar al Senado y, por consiguiente, como mínimo, consumirá allí otra semana de estudio. Entonces, estaremos ya entrando en el mes de agosto, por lo que considero que hay verdaderas urgencias que no pueden esperar más. Por lo tanto, esta presidencia mantiene el cronograma de que mañana a las once nos reuniremos nuevamente para continuar con la reunión.
Si me dicen que es válido, podemos pasar a un cuarto intermedio, dado que pasamos a un cuarto intermedio al mediodía y podríamos pasar a otro cuarto intermedio hasta mañana a las once, para emitir dictamen respecto del tema de la ampliación de presupuesto, que sería tratado en una sesión el viernes, ya que el jueves tenemos la sesión informativa con la presencia del señor Jefe de Gabinete de Ministros. Reitero: el viernes tendríamos sesión para tratar la moratoria y la ampliación de presupuesto. No sé si hay algún otro tema para la sesión -yo no hago el orden del día-, pero estos dos estarían con seguridad. Seguramente, Labor Parlamentaria definirá el alcance que tendrá la sesión del viernes, el horario, etcétera.
Por lo tanto, pregunto al secretario de la comisión, Ariel Seguí, si es válido que pasemos a un cuarto intermedio.
Yo no voy a hacer ahora una intervención, pero está claro que hay una caída enorme de las partidas de los ingresos y un enorme crecimiento de los gastos, y pareciera que tendríamos que dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas para que pueda seguir atendiendo cuestiones esenciales en esta situación de crisis de pandemia que estamos viviendo, como son el IFE, el ATP, etcétera. Si nosotros no aprobamos esto con rapidez, seguramente se van a generar dificultades.
Ustedes tienen que entender que la Cámara de Diputados va a dar sanción a esta iniciativa -si seguimos con el cronograma que tenemos planteado- el viernes; luego tendrá que pasar al Senado y, por consiguiente, como mínimo, consumirá allí otra semana de estudio. Entonces, estaremos ya entrando en el mes de agosto, por lo que considero que hay verdaderas urgencias que no pueden esperar más. Por lo tanto, esta presidencia mantiene el cronograma de que mañana a las once nos reuniremos nuevamente para continuar con la reunión.
Si me dicen que es válido, podemos pasar a un cuarto intermedio, dado que pasamos a un cuarto intermedio al mediodía y podríamos pasar a otro cuarto intermedio hasta mañana a las once, para emitir dictamen respecto del tema de la ampliación de presupuesto, que sería tratado en una sesión el viernes, ya que el jueves tenemos la sesión informativa con la presencia del señor Jefe de Gabinete de Ministros. Reitero: el viernes tendríamos sesión para tratar la moratoria y la ampliación de presupuesto. No sé si hay algún otro tema para la sesión -yo no hago el orden del día-, pero estos dos estarían con seguridad. Seguramente, Labor Parlamentaria definirá el alcance que tendrá la sesión del viernes, el horario, etcétera.
Por lo tanto, pregunto al secretario de la comisión, Ariel Seguí, si es válido que pasemos a un cuarto intermedio.
SR. SEGUÍ Sí, señor presidente. Esta reunión de comisión que hicimos el día de hoy no fue informativa; si bien a la tarde el espectro fue brindar respuesta a las inquietudes de los diputados respecto de los funcionarios que se conectarían, la reunión, en realidad, tuvo como finalidad tratar los proyectos contenidos en los expedientes
0002-pe-20 y
0004-pe-20, con lo cual es perfectamente válido pasar a cuarto intermedio hasta mañana.
SR. PRESIDENTE HELLER Entonces, antes de pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las once, quiero señalar lo siguiente. Nos aseguraremos de que todo este material sea enviado y esté en manos de todas las diputadas y los diputados para que cuenten con el máximo de información, y mañana trataremos de emitir dictamen. Si pudiéramos un solo dictamen, sería ideal, ante la gravedad de la situación; aunque sea uno con disidencias parciales. Estimo que sería una buena señal para la sociedad que, frente a esta emergencia, podamos dar una respuesta única; lo demás, ya es tema de las autoridades de la Cámara.
Según mi información, el viernes habría sesión para tratar estos dos dictámenes que hemos considerado a lo largo del día de hoy, y que terminaremos mañana.
Si les parece, damos las gracias otra vez al señor secretario por su valiosa colaboración y su paciencia para atender todos nuestros requerimientos y contestarlos con el máximo de detalle. Supongo que muchas dudas se habrán disipado y permitirán una evaluación positiva, con vistas al trabajo que encararemos mañana.
Dicho esto, los saludo, las saludo, e invito a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 11. Buenas noches.
Según mi información, el viernes habría sesión para tratar estos dos dictámenes que hemos considerado a lo largo del día de hoy, y que terminaremos mañana.
Si les parece, damos las gracias otra vez al señor secretario por su valiosa colaboración y su paciencia para atender todos nuestros requerimientos y contestarlos con el máximo de detalle. Supongo que muchas dudas se habrán disipado y permitirán una evaluación positiva, con vistas al trabajo que encararemos mañana.
Dicho esto, los saludo, las saludo, e invito a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 11. Buenas noches.
- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 19 y 1.