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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 09/09/2014
- CANJE DE DEUDA
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre de 2014, a la hora 12 y 26:
SR. PRESIDENTE FELETTI Habiendo constituido quórum en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda -como cabecera-, de Finanzas y de Peticiones, Poderes y Reglamento, estamos en condiciones de comenzar el trabajo para el tratamiento del proyecto de ley sobre pago soberano local.
En primer término, quiero destacar y agradecer la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Axel Kicillof, el Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, doctor Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro, doctora Angelina Abbona.
En segundo lugar, tenemos presencias que expondrán primero, debido a que tienen compromisos contraídos previamente: el representante local de los bonistas italianos, señor Tullio Zembo, quien vino acompañado del señor Arturo Curatola, vicepresidente de la Cámara de Comercio italiana en la República Argentina.
Tiene la palabra el señor diputado Solá, quien realizará un planteo formal.
En primer término, quiero destacar y agradecer la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Axel Kicillof, el Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, doctor Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro, doctora Angelina Abbona.
En segundo lugar, tenemos presencias que expondrán primero, debido a que tienen compromisos contraídos previamente: el representante local de los bonistas italianos, señor Tullio Zembo, quien vino acompañado del señor Arturo Curatola, vicepresidente de la Cámara de Comercio italiana en la República Argentina.
Tiene la palabra el señor diputado Solá, quien realizará un planteo formal.
SR. SOLÁ Señor presidente: voy a exponer una cuestión que recién fue conversada con usted, que -entiendo- es de previo y especial pronunciamiento. Solicito la incorporación, para su tratamiento, del expediente
6783-d-2014, ya que está relacionado con el tema que debatiremos.
SR. PRESIDENTE FELETTI Señor diputado: el expediente está a la vista, junto con el proyecto oficial.
Tiene la palabra el señor diputado Lozano.
Tiene la palabra el señor diputado Lozano.
SR. LOZANO Señor presidente: en el mismo sentido que el señor diputado Solá, solicito que se tenga a la vista el proyecto de resolución registrado bajo expediente
6939-d-2014, y los proyectos de ley ingresados bajo expedientes 6.938 y
6347-d-2014.
SR. PRESIDENTE FELETTI De acuerdo, diputado Lozano, serán tenidos a la vista.
Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
SR. GIUBERGIA Señor presidente: quiero preguntar acerca de la metodología de esta reunión. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical proponemos que los invitados tengan un plazo máximo de treinta minutos para exponer, a los fines de que, posteriormente, los señores diputados podamos formular preguntas a los funcionarios antes de que se retiren debido a sus compromisos.
SR. PRESIDENTE FELETTI Señor diputado: aclaro que siempre que han asistido funcionarios a esta comisión han respondido la totalidad de las preguntas que se les formularon y se han quedado todo el tiempo que fue necesario. Vamos a mantener la metodología acordada; solo concederemos a los invitados un espacio no mayor que diez minutos, para que puedan precisar la posición de los involucrados en el proceso de reestructuración de deuda que la Argentina tiene.
Si me permiten, daré el uso de la palabra al señor Tullio Zembo...
Si me permiten, daré el uso de la palabra al señor Tullio Zembo...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE FELETTI Yo garantizo que todos los bloques podrán hablar.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
SR. GIUBERGIA Señor presidente: además de haber planteado una metodología, pido que se tenga a la vista el expediente
6210-d-2014, sobre derogación de facultades delegadas para negociar la deuda pública.
SR. PRESIDENTE FELETTI Será tenido a la vista, señor diputado.
Tiene la palaba el señor diputado Lousteau.
Tiene la palaba el señor diputado Lousteau.
SR. LOUSTEAU Señor presidente: también quiero hacer referencia al tema de la metodología, porque no es cierto que todos hayamos podido formular preguntar en ocasión de la asistencia de funcionarios.
Entonces, en primer lugar, deseo saber cuánto tiempo estiman los funcionarios que podrán dedicar a esta reunión conjunta, y en segundo término, pedir que ese término se distribuya por bloques, porque de lo contrario no todos los espacios políticos podrán hablar.
Entonces, en primer lugar, deseo saber cuánto tiempo estiman los funcionarios que podrán dedicar a esta reunión conjunta, y en segundo término, pedir que ese término se distribuya por bloques, porque de lo contrario no todos los espacios políticos podrán hablar.
SR. PRESIDENTE FELETTI Señor diputado Lousteau: vamos a desarrollar el trabajo como lo hemos hecho siempre. Hace varios años que me toca conducir esta comisión; todo el mundo siempre ha podido hablar y se ha podido expresar. Yo garantizo que todos los bloques van a poder formular las preguntas y las inquietudes que tengan.
Señor diputado Martínez: ya habló el diputado Giubergia en nombre de su bloque. Vamos a comenzar nuestro trabajo.
Tiene la palabra el señor Zembo.
Señor diputado Martínez: ya habló el diputado Giubergia en nombre de su bloque. Vamos a comenzar nuestro trabajo.
Tiene la palabra el señor Zembo.
SR. ZEMBO No voy a robarles mucho tiempo ni a decir nada que ustedes ya no hayan escuchado, porque desde hace dos meses a esta parte bastante se me ha llamado para responder sobre el tema.
Hasta 2010, desde acá, analizado la situación, aconsejé a los bonistas italianos entrar en el canje. Desde ese momento, entraron en el canje; ya han pasado cinco años y los bonistas italianos han cobrado en tiempo y forma. Esto es lo que queremos seguir haciendo, no hay otra vía.
La situación que se ha creado con la sentencia de Griesa ya ha sido definida por mi parte y por muchos otros, en el mundo. No creo que alguien haya bendecido esa sentencia, por lo que no gastaré tiempo en definirla otra vez más, pero si fuera así, la definiría negativamente.
Esa sentencia nos ha puesto como rehenes dentro de una situación de la que nada que ver tenemos. Nosotros aceptamos el canje y lo normal era esperar que se siguiera así, es decir que la problemática llevada por los holdouts delante del juez Griesa en contra de la Argentina hubiera seguido su camino sin involucrarnos; pero esto no ha ocurrido.
Ahora, la situación es la que conocemos; es una realidad difícil para nosotros, la Argentina y todo el mundo, pero quiero rescatar una cosa muy importante. La definición que nos ha alegrado es que la Argentina -a través de vuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner-, ha fijado el compromiso firme e irrevocable de que, respecto de nosotros, que entramos en un canje muy difícil, existe un compromiso no solo legal -por supuesto-, sino moral y ético de esta Nación. Lo menos que podemos esperar es que la Argentina eche un vistazo y proteja -porque solo este país puede hacerlo- a aquellos que entramos en el canje; entonces, que comprometa todos sus esfuerzos, su inteligencia y sus finanzas, para cumplir con esto.
Hay que encontrar la forma de que así sea, porque en estos momentos no pueden cobrar, sobre todo aquellos que tienen jurisdicción en Nueva York, aunque también los de otras jurisdicciones. Estamos en una situación difícil.
Entonces, es competencia de ustedes ver cómo podemos seguir cobrando serenamente; no hay animosidad alguna de parte nuestra. Si yo tuviera que volver a aconsejar, diría: "Señores, quédense tranquilos porque la Argentina puede." Esto es fundamental, porque el problema se habría dado si la Argentina no hubiera podido o querido pagar.
Este país puede y quiere pagar, y de hecho ha pagado. Entonces, solucionemos este problema y tratemos de encontrar la forma de que los que entraron en el canje italiano puedan seguir tranquilamente por su camino, sin ningún problema, olvidándose de todo esto, como están haciéndolo desde hace más de cinco años, aunque algunos, desde hace más tiempo. Yo no soy oficialista ni opositor, no pertenezco al Poder Ejecutivo; sé que queremos cobrar y seguir cobrando.
En este sentido, tengo el apoyo de Italia. Esta mañana he hablado con la embajadora italiana en la Argentina, Teresa Castaldo, a quien agradezco, y he conversado con representantes del gobierno.
Han sido públicas las posiciones del gobierno italiano, acompañado por muchísimos países del mundo, en apoyo del esfuerzo que está realizando la Argentina. Sobre todo -acá está el meollo de la cuestión- agradecemos que se privilegie la solución del problema del 94 por ciento, en comparación con el 1 por ciento. También ese 1 por ciento tendrá derechos que hacer valer contra la Argentina, pero sin comprometer al 94 por ciento.
Algunos me preguntan si estoy a favor. Por supuesto, respondo. Incomprensible e inevitable hubiera sido lo contrario, por ejemplo, que la Argentina hubiera declarado: "Vamos a cumplir con el 1 por ciento y a olvidarnos del 94 por ciento."
Ustedes tienen las facultades legales de modificar la forma de pago; encuentren las mejores formas y pónganse de acuerdo. Eso es lo que deseo. Nosotros seguimos estando acá, esperando que todo esto que hemos vivido desde la decisión -no quiero definirla- de la Suprema Corte de los Estados Unidos -probablemente antes también-, sea solo una pesadilla. Les deseo muy buen trabajo y una pronta solución, tanto para ustedes como para nosotros. (Aplausos.)
Hasta 2010, desde acá, analizado la situación, aconsejé a los bonistas italianos entrar en el canje. Desde ese momento, entraron en el canje; ya han pasado cinco años y los bonistas italianos han cobrado en tiempo y forma. Esto es lo que queremos seguir haciendo, no hay otra vía.
La situación que se ha creado con la sentencia de Griesa ya ha sido definida por mi parte y por muchos otros, en el mundo. No creo que alguien haya bendecido esa sentencia, por lo que no gastaré tiempo en definirla otra vez más, pero si fuera así, la definiría negativamente.
Esa sentencia nos ha puesto como rehenes dentro de una situación de la que nada que ver tenemos. Nosotros aceptamos el canje y lo normal era esperar que se siguiera así, es decir que la problemática llevada por los holdouts delante del juez Griesa en contra de la Argentina hubiera seguido su camino sin involucrarnos; pero esto no ha ocurrido.
Ahora, la situación es la que conocemos; es una realidad difícil para nosotros, la Argentina y todo el mundo, pero quiero rescatar una cosa muy importante. La definición que nos ha alegrado es que la Argentina -a través de vuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner-, ha fijado el compromiso firme e irrevocable de que, respecto de nosotros, que entramos en un canje muy difícil, existe un compromiso no solo legal -por supuesto-, sino moral y ético de esta Nación. Lo menos que podemos esperar es que la Argentina eche un vistazo y proteja -porque solo este país puede hacerlo- a aquellos que entramos en el canje; entonces, que comprometa todos sus esfuerzos, su inteligencia y sus finanzas, para cumplir con esto.
Hay que encontrar la forma de que así sea, porque en estos momentos no pueden cobrar, sobre todo aquellos que tienen jurisdicción en Nueva York, aunque también los de otras jurisdicciones. Estamos en una situación difícil.
Entonces, es competencia de ustedes ver cómo podemos seguir cobrando serenamente; no hay animosidad alguna de parte nuestra. Si yo tuviera que volver a aconsejar, diría: "Señores, quédense tranquilos porque la Argentina puede." Esto es fundamental, porque el problema se habría dado si la Argentina no hubiera podido o querido pagar.
Este país puede y quiere pagar, y de hecho ha pagado. Entonces, solucionemos este problema y tratemos de encontrar la forma de que los que entraron en el canje italiano puedan seguir tranquilamente por su camino, sin ningún problema, olvidándose de todo esto, como están haciéndolo desde hace más de cinco años, aunque algunos, desde hace más tiempo. Yo no soy oficialista ni opositor, no pertenezco al Poder Ejecutivo; sé que queremos cobrar y seguir cobrando.
En este sentido, tengo el apoyo de Italia. Esta mañana he hablado con la embajadora italiana en la Argentina, Teresa Castaldo, a quien agradezco, y he conversado con representantes del gobierno.
Han sido públicas las posiciones del gobierno italiano, acompañado por muchísimos países del mundo, en apoyo del esfuerzo que está realizando la Argentina. Sobre todo -acá está el meollo de la cuestión- agradecemos que se privilegie la solución del problema del 94 por ciento, en comparación con el 1 por ciento. También ese 1 por ciento tendrá derechos que hacer valer contra la Argentina, pero sin comprometer al 94 por ciento.
Algunos me preguntan si estoy a favor. Por supuesto, respondo. Incomprensible e inevitable hubiera sido lo contrario, por ejemplo, que la Argentina hubiera declarado: "Vamos a cumplir con el 1 por ciento y a olvidarnos del 94 por ciento."
Ustedes tienen las facultades legales de modificar la forma de pago; encuentren las mejores formas y pónganse de acuerdo. Eso es lo que deseo. Nosotros seguimos estando acá, esperando que todo esto que hemos vivido desde la decisión -no quiero definirla- de la Suprema Corte de los Estados Unidos -probablemente antes también-, sea solo una pesadilla. Les deseo muy buen trabajo y una pronta solución, tanto para ustedes como para nosotros. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELETTI Señor Zembo: muchas gracias por sus conceptos, que desde el lugar más indicado, el de interesado, refuerzan nuestro trabajo.
Cedo el uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Axel Kicillof, a fin de que realice su exposición.
Cedo el uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Axel Kicillof, a fin de que realice su exposición.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Agradezco al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al señor presidente de la Cámara de Diputados y al resto de los señores legisladores.
Venimos hoy, nuevamente, como representantes del Poder Ejecutivo nacional, de nuestra presidenta de la Nación, a brindar a ustedes una relación, una explicación acerca de los antecedentes y las motivaciones que explican el proyecto de ley que ya tiene sanción del Senado de la Nación.
Este proyecto de ley no hace otra cosa -el doctor Zembo se ha retirado pero lo ha expresado de forma muy sintética- que dejar en claro cuál es la voluntad férrea e inquebrantable del gobierno.
Nosotros comprendemos la sentencia de Griesa, que está en consonancia con los verdaderos ataques de lo que representa lo más moralmente reprobable y económicamente peligroso del sector financiero internacional; esos pequeños grupos llamados "fondos buitres". Así los llama la República Argentina y también la mayoría de quienes nos apoyaron en este reclamo.
No son simplemente holdouts quienes están reclamando a la Argentina, ni siquiera teniendo en cuenta la dimensión insignificante, desde el punto de vista cuantitativo, de aquellos que por un motivo u otro no ingresaron a los dos canjes, de 2005 y de 2010. Genéricamente, se denomina "holdouts" a aquellos que tienen títulos y no ingresaron a un canje.
Sin embargo, ese no es este el caso de los fondos buitres, ya que uno puede ser holdout porque está esperando una oferta mejor, porque ha perdido la oportunidad o porque ha hecho sus cuentas y piensa que va a haber un cambio de condiciones; pero no es un holdout convencional aquel que compró títulos en condiciones de default con el único propósito de encontrar un juez cómplice de esta maniobra que les reconociera los plenos derechos por títulos que en aquel momento -hacía siete años, casi una década-, se encontraban "defaulteados".
Es decir que el negocio del señor Singer, del fondo NML, de Elliott, de Aurelius, no es financiar a Estados latinoamericanos, a países emergentes o a otras naciones brindando fondos frescos a la tasa de interés del mercado o aquella que toma el país. El negocio es otro. Se trata de comprar bonos por monedas para después encontrar algún tribunal que reconozca el pago íntegro de aquello que decía un bono "defaulteado". Por eso se los conoce como "fondos buitres", "fondos carroñeros", que son absolutamente oportunistas y están constituidos más por abogados que por financistas. Son aquellos que buscan tribunales a lo largo y a lo ancho del planeta para conseguir una sentencia favorable, pero contraria a la lógica, a la ética y a la legalidad, que les permita cobrar aquello que básicamente no corresponde.
Es por eso que el doctor Zembo decía recién que él forma parte de otra clase de bonistas, que fueron holdouts porque quedaron fuera del primer canje, pero que ingresaron después al segundo canje aceptando voluntariamente las condiciones estipuladas.
Los fondos buitres, después del primer canje, compraron títulos a 25 o 30 centavos por dólar, para reclamar ahora un 1.600 por ciento de ganancia amparados por esta sentencia del juez Griesa.
Como el tema es muy conocido, me voy a referir muy brevemente a la sentencia del juez Griesa, para que esta Cámara tenga también en cuenta qué estamos discutiendo.
Lo que está haciendo la República Argentina es defenderse de una situación inesperada, y no lo digo por nosotros, porque ya lo ha dicho públicamente la presidenta de la Nación. Yo soy uno de los testigos de que la presidenta tenía muy en claro que la Corte Suprema -ella pensaba que era lo más probable-, votaría no tomar el caso para revertir la sentencia del juez Griesa, y después de la segunda instancia.
Quiero decir que todo el sector financiero, todos los especialistas y todos los que opinan sobre el tema pensaban que la sentencia del juez Griesa nunca iba a quedar firme. Esa no es una cuestión especulativa ni simplemente de legalidad: es una cuestión de que nunca nadie en la historia había interpretado aquello como lo hizo el juez Griesa. Me refiero a esa interpretación de una cláusula estándar de la letra chica, que aparece en todos los bonos: el pari passu. Esto figuraba en bonos de la República Argentina sometidos a las leyes del 94, de los Estados Unidos. Nunca nadie en la historia había interpretado esa cláusula pari passu como lo hizo el juez Griesa.
Esto lo hizo como resultado de una maniobra deliberada, que está muy claramente detallada en los fundamentos que acompañan el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, que consistió en esperar un tiempo, para reclamar el pari passu, hasta que ocurrieran los dos canjes. Hay un antecedente a tener en cuenta: la República Argentina, a través de sus abogados, preguntó al propio juez Griesa si la sentencia pari passu podía complicar los canjes.
El juez Griesa, en otra de sus históricas decisiones a favor de los fondos buitres, dijo "No, no es momento de tratar esto", y que en verdad, esa interpretación de pari passu -no recuerdo la palabra exacta- era rebuscada y tirada de los pelos. Esa misma interpretación hizo el propio juez Griesa en su juzgado, unos años después, cuando le convino al señor Singer, para que bonistas buitres como este pudieran conseguir una ganancia del 1.600 por ciento.
A tal grado esto es indignante, injusto e inequitativo, que no hay país en la Tierra que no se haya pronunciado contra los fondos buitres y que no haya cuestionado la sentencia de Griesa, incluido el propio Estado norteamericano, a través de su Departamento del Tesoro, que se presentó en la Corte como parte -acompañando a la Argentina-, como amicus curiae, hablando de la peligrosidad de la sentencia del juez Griesa.
Ese es el primer punto que quiero dejar en claro. Esta situación es inédita, inesperada y absolutamente injusta, lo cual nos pone ante un caso paradójico de una sentencia injusta, inesperada, pero además, profundamente ilegal, como así también lo son las órdenes que el propio juez Griesa fue emitiendo para cumplir con la sentencia. Ese es otro punto importante que cabe diferenciar y dejar bien en claro.
En su sentencia, Griesa interpreta la cláusula pari passu. Para los que no son entendidos -aunque hoy en la Argentina esto se ha discutido mucho-, la cláusula pari passu -incluida en todos los bonos que se emitían-, básicamente, dice que a aquel que se le daba un bono se le garantizaba que, después, el Estado no iba a emitir otro bono que tuviera algún privilegio legal. Ello, no solo en relación con el cobro, sino sobre todo en el siguiente sentido, acerca de algo que todo el mundo considera como una aberración jurídica respecto de la interpretación de Giresa, del segundo circuito y de la Suprema Corte norteamericana: la cláusula pari passu nunca quiso decir que un bono en default valiera lo mismo que un bono reestructurado. ¿Por qué?
Nuevamente, en forma sintética debe quedar en claro cuál es el riesgo sistémico que introduce esa cláusula, que llamó la atención de Estados que nos acompañaron como Brasil, México, Francia, Estados Unidos en la segunda instancia, y también hasta del propio Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué esto es peligroso? Porque si la cláusula pari passu se interpretara como dice el juez Griesa, básicamente, significaría que está prohibido el default, que este es imposible, y consecuentemente, también sería imposible una reestructuración; porque si la cláusula pari passu tuviera el valor que le ha dado Griesa, quiere decir que un país que ha dejado un bono pari passu en default nunca podría pagar un bono reestructurado sin pagar íntegramente el bono en default. Esto significa que no existe el default ni la reestructuración, porque yendo a una reestructuración yo debería pagar antes a todos los que han "defaulteado". Si esto es así, nunca nadie aceptaría una reestructuración.
Por lo expuesto, sintéticamente, es absolutamente inaceptable lo que está haciendo Griesa, desde el punto de vista jurídico, moral, económico y financiero, hablando desde la perspectiva en la cual me siento más cómodo para explicar.
No puede ser que cuando cualquier país emite un bono no exista la posibilidad de que dicho bono no se pague y marche hacia un proceso de reestructuración. Se trata de una cláusula implícita en cualquier contrato. Lo único inesperado en estas condiciones es que hubiese un juzgado que impidiera, taxativamente, toda reestructuración y todo default para los bonos de este tipo. Esto no es algo que afecte solamente la República Argentina; probablemente -son datos aproximados-, hay 600.000 millones de dólares en deuda de países con cláusula pari passu.
Al respecto, hace algunos días hemos tenido noticias de asociaciones de bancos. Hoy, probablemente tengamos una buena noticia -a la que me referiré muy brevemente- sobre los anticuerpos que están generando tanto el sector privado como los países, contra estos ataques.
No es cierto que, yendo punto por punto contra cada uno de los subterfugios y artimañas de los fondos buitres, vayamos a erradicar el problema. El problema son los fondos buitres y realmente en este momento -y así lo entiende el mundo en su conjunto- estamos ante el caso de un país soberano, como cualquier otro, que se encuentra en un conflicto con un grupo minúsculo que tiene como único objetivo obtener una ganancia extraordinaria, aunque ello signifique destruir un país y un sistema. No hay otra forma de leer la situación, porque eso es lo que está ocurriendo.
El problema es cómo va a reaccionar la República Argentina ante ese ataque: con mera resignación, o efectivamente, defendiendo los valores de la soberanía nacional y los derechos de un país soberano para reestructurar su deuda y arreglar los problemas económicos que tuvo -esto debe quedar bien en claro- no precisamente por causa de este gobierno. Los problemas que venimos arreglando, primero, con Néstor Kirchner, y ahora, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, obedecen a aquel default histórico, el más grande de la historia del capitalismo; me refiero al default del año 2001, resultado de un modelo económico.
Me voy a referir muy brevemente a ese punto porque se han producido algunas disputas -como las hay en la discusión mediática- sobre qué es lo que estamos debatiendo ahora, cuál es el problema y de dónde proviene.
Tiene que quedar en claro que la cláusula pari passu no se refiere a bonos emitidos por la presidenta ni por el ex presidente Kirchner. Esa cláusula pari passu -que tanto problema ha causado- corresponde a bonos del "megacanje", del blindaje, de la fase del sobreendeudamiento en la Argentina. Esto, más allá de lo insólito y de lo inesperado, es la raíz del problema; porque lo que tiene Griesa en su juzgado -lo ha dicho muy claramente el doctor Zembo-, ni a un solo bono de la reestructuración se refiere, ya que no hay ningún litigio con esos bonos; el problema es con los bonos del default. Todavía hoy, en la República Argentina, el problema es con los bonos del default y con que un 1 por ciento, es decir, una minúscula minoría especulativa, sagaz y oportunista, ha encontrado a un juez cómplice de esta maniobra, que le ha dado la posibilidad de obtener una ganancia absolutamente escandalosa, con un bono de aquel default de 2001. Vamos a charlar sobre qué opciones tiene un bono holdout, porque está previsto en esta ley. Solo aquel que buscaba ese negocio puede estar causando dificultades a la Argentina o a cualquier otro país.
La preocupación de las Naciones Unidas se expresa hoy en su seno. Esto me gustaría tratarlo como todos los temas que vamos a considerar hoy en este Parlamento, porque son aspectos que hacen a cuestiones muy profundas, complejas y de interés nacional.
Hoy, las Naciones Unidas, probablemente -porque todavía ello no ha ocurrido-, por primera vez en su historia tomaría el caso de la Argentina como el elemento disparador de una necesidad que existe desde hace mucho tiempo. Se trata de regular las reestructuraciones de deudas entre los países soberanos del planeta -y no dejarlas en manos del sector privado y de los banqueros-, a través de un corpus jurídico y de determinados parámetros establecidos por tales países.
Eso es lo que, probablemente, si así se vota esta tarde, sea el resultado de lo que está ocurriendo con la República Argentina. Además, sería un reconocimiento explícito de que frente a este ataque de los fondos buitres y la efectividad que han tenido las maniobras usadas, debe existir una condena, una regulación y una contención a escala internacional. La Argentina llevó el caso y fue tomado por el G77 más China, ciento treinta y cuatro países del total de los que forman el concierto de las Naciones Unidas, para realizar una convención -a mí, que no soy abogado, me suena a Convención de Ginebra-, es decir, acuerdos internacionales donde todos los países suscriben pero ponen determinadas reglas para asuntos que les competen como soberanos.
Este no es un problema del Poder Legislativo de los Estados Unidos ni de ese pequeño grupo de bonistas, y ni siquiera, exclusivamente, de la República Argentina; es un problema del sistema financiero internacional y es el botón de muestra de las barbaridades que hace el mundo de las finanzas y de cómo algunos pretenden descarnadamente poner en jaque la economía real, de la producción, del empleo y del crecimiento para conseguir ganancias multimillonarias, con inversiones minúsculas.
Esto es también algo muy vinculado con aquella crisis de Lehman Brothers, de 2008 -me permito decirlo porque es lo que se está discutiendo en el seno de las Naciones Unidas-, que todavía está transcurriendo. Recordarán ustedes que lo que reclamaba el mundo y los propios ciudadanos norteamericanos que se quedaron sin casa por la timba que ser armó con las hipotecas de los trabajadores norteamericanos, es parte de esta misma cuestión. Efectivamente, el sector financiero especulativo utiliza elementos de la economía real, como la necesidad de financiamiento de los países, para generar un proceso especulativo sin límite que, como siempre, termina en una burbuja y en un estallido.
Eso mismo es lo que se pretende regular, por primera vez, de modo histórico, llevando a las Naciones Unidas una legislación internacional para los casos de reestructuración de deuda soberana.
¿Por qué sucede esto? Vuelvo a una cuestión que debe ser entendida. El juez Griesa está tratando a la República Argentina peor que lo que se trata a un privado de cualquier país del mundo. Por ejemplo, si una empresa privada tiene una dificultad y sufre un proceso de quiebra o convocatoria, reúne a sus acreedores. Si tiene mayoría de dos tercios, es decir, el 66 por ciento -en casi todos los países ese es un número mágico-, el acuerdo es compulsivo para los restantes.
Este arreglo económico no es caprichoso; nadie abre una empresa si no tiene oportunidad de quiebra y una salida, porque pone en juego su continuidad, y todos los acreedores tienen interés en que continúe la empresa. Por eso, ese 66 por ciento obliga por ley al restante 33 por ciento a aceptar aquello que ha tomado como válido en su acuerdo con la empresa que se encuentra en quiebra.
La Argentina no ha conseguido el 66 por ciento, sino el 92,4 por ciento de acuerdo voluntario de los bonistas privados. Repito: el 92,4 por ciento. Hay un 7,6 por ciento que probablemente esté perdido en herencias e intercambios, de modo que hay una parte muy pequeña de bonistas, casi insignificante, que no entraron y no aceptaron el canje.
Nos preguntábamos por qué el 7,6 por ciento no aceptó el canje cuando todos los demás sí lo hicieron. Hoy lo sabemos descarnadamente. Estos pequeños grupos de buitres son los que han ido comprando esos títulos, a la pesca de un juez o de una jurisdicción que aceptara sus absolutamente descabelladas pretensiones. Esto es lo que está ocurriendo hoy, esta es la situación de ese fondo buitre comandado por un multimillonario. Se trata de pequeños grupos y por eso hay alguien a la cabeza en otros fondos institucionales. La mayoría de los bonistas argentinos no corresponde a fondos de este tipo.
Entonces, se trata de pequeñas empresas destinadas a la carroña, a buscar alguna oportunidad, un vacío legal o un subterfugio para conseguir una ganancia que nadie más puede tener, poniendo en riesgo, como ha dicho el doctor Zembo, incluso la reestructuración que con un éxito realmente descollante consiguió el canje de 2005, y después, de 2010.
Voy a hablar un poco de la cuestión del canje de la deuda, para después referirme a la sentencia de Griesa, a sus consecuencias, al cuadro actual y a esta ley, que es básicamente lo que hoy venimos a proponer.
Haré aquel planteo como si fuera un problema, porque efectivamente es el problema que tenemos, relativo a los pagos, en particular al de septiembre. El proyecto de ley tiene como objetivo principal, aunque también apunta a otros fines, salir de una de las tantas trampas que ha fabricado el señor Singer y que ha convalidado el juez Griesa.
Existe otro elemento que va a formar parte de la historia universal de la infamia, porque todas las órdenes que da el juez Griesa están dictadas directamente por los fondos buitre. En este sentido, los invito a leer las transcripciones de las sesiones de ese tribunal, que son escandalosas, donde el juez Griesa pregunta a los abogados de los fondos buitre: "¿Qué hago?", "¿A quién hago hablar?", "¿Qué contesto?". Esa es la situación. Nuestro dicho "Hacete amigo del juez..." parece que tiene en esta dupla su más clara expresión.
Venimos hoy, nuevamente, como representantes del Poder Ejecutivo nacional, de nuestra presidenta de la Nación, a brindar a ustedes una relación, una explicación acerca de los antecedentes y las motivaciones que explican el proyecto de ley que ya tiene sanción del Senado de la Nación.
Este proyecto de ley no hace otra cosa -el doctor Zembo se ha retirado pero lo ha expresado de forma muy sintética- que dejar en claro cuál es la voluntad férrea e inquebrantable del gobierno.
Nosotros comprendemos la sentencia de Griesa, que está en consonancia con los verdaderos ataques de lo que representa lo más moralmente reprobable y económicamente peligroso del sector financiero internacional; esos pequeños grupos llamados "fondos buitres". Así los llama la República Argentina y también la mayoría de quienes nos apoyaron en este reclamo.
No son simplemente holdouts quienes están reclamando a la Argentina, ni siquiera teniendo en cuenta la dimensión insignificante, desde el punto de vista cuantitativo, de aquellos que por un motivo u otro no ingresaron a los dos canjes, de 2005 y de 2010. Genéricamente, se denomina "holdouts" a aquellos que tienen títulos y no ingresaron a un canje.
Sin embargo, ese no es este el caso de los fondos buitres, ya que uno puede ser holdout porque está esperando una oferta mejor, porque ha perdido la oportunidad o porque ha hecho sus cuentas y piensa que va a haber un cambio de condiciones; pero no es un holdout convencional aquel que compró títulos en condiciones de default con el único propósito de encontrar un juez cómplice de esta maniobra que les reconociera los plenos derechos por títulos que en aquel momento -hacía siete años, casi una década-, se encontraban "defaulteados".
Es decir que el negocio del señor Singer, del fondo NML, de Elliott, de Aurelius, no es financiar a Estados latinoamericanos, a países emergentes o a otras naciones brindando fondos frescos a la tasa de interés del mercado o aquella que toma el país. El negocio es otro. Se trata de comprar bonos por monedas para después encontrar algún tribunal que reconozca el pago íntegro de aquello que decía un bono "defaulteado". Por eso se los conoce como "fondos buitres", "fondos carroñeros", que son absolutamente oportunistas y están constituidos más por abogados que por financistas. Son aquellos que buscan tribunales a lo largo y a lo ancho del planeta para conseguir una sentencia favorable, pero contraria a la lógica, a la ética y a la legalidad, que les permita cobrar aquello que básicamente no corresponde.
Es por eso que el doctor Zembo decía recién que él forma parte de otra clase de bonistas, que fueron holdouts porque quedaron fuera del primer canje, pero que ingresaron después al segundo canje aceptando voluntariamente las condiciones estipuladas.
Los fondos buitres, después del primer canje, compraron títulos a 25 o 30 centavos por dólar, para reclamar ahora un 1.600 por ciento de ganancia amparados por esta sentencia del juez Griesa.
Como el tema es muy conocido, me voy a referir muy brevemente a la sentencia del juez Griesa, para que esta Cámara tenga también en cuenta qué estamos discutiendo.
Lo que está haciendo la República Argentina es defenderse de una situación inesperada, y no lo digo por nosotros, porque ya lo ha dicho públicamente la presidenta de la Nación. Yo soy uno de los testigos de que la presidenta tenía muy en claro que la Corte Suprema -ella pensaba que era lo más probable-, votaría no tomar el caso para revertir la sentencia del juez Griesa, y después de la segunda instancia.
Quiero decir que todo el sector financiero, todos los especialistas y todos los que opinan sobre el tema pensaban que la sentencia del juez Griesa nunca iba a quedar firme. Esa no es una cuestión especulativa ni simplemente de legalidad: es una cuestión de que nunca nadie en la historia había interpretado aquello como lo hizo el juez Griesa. Me refiero a esa interpretación de una cláusula estándar de la letra chica, que aparece en todos los bonos: el pari passu. Esto figuraba en bonos de la República Argentina sometidos a las leyes del 94, de los Estados Unidos. Nunca nadie en la historia había interpretado esa cláusula pari passu como lo hizo el juez Griesa.
Esto lo hizo como resultado de una maniobra deliberada, que está muy claramente detallada en los fundamentos que acompañan el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, que consistió en esperar un tiempo, para reclamar el pari passu, hasta que ocurrieran los dos canjes. Hay un antecedente a tener en cuenta: la República Argentina, a través de sus abogados, preguntó al propio juez Griesa si la sentencia pari passu podía complicar los canjes.
El juez Griesa, en otra de sus históricas decisiones a favor de los fondos buitres, dijo "No, no es momento de tratar esto", y que en verdad, esa interpretación de pari passu -no recuerdo la palabra exacta- era rebuscada y tirada de los pelos. Esa misma interpretación hizo el propio juez Griesa en su juzgado, unos años después, cuando le convino al señor Singer, para que bonistas buitres como este pudieran conseguir una ganancia del 1.600 por ciento.
A tal grado esto es indignante, injusto e inequitativo, que no hay país en la Tierra que no se haya pronunciado contra los fondos buitres y que no haya cuestionado la sentencia de Griesa, incluido el propio Estado norteamericano, a través de su Departamento del Tesoro, que se presentó en la Corte como parte -acompañando a la Argentina-, como amicus curiae, hablando de la peligrosidad de la sentencia del juez Griesa.
Ese es el primer punto que quiero dejar en claro. Esta situación es inédita, inesperada y absolutamente injusta, lo cual nos pone ante un caso paradójico de una sentencia injusta, inesperada, pero además, profundamente ilegal, como así también lo son las órdenes que el propio juez Griesa fue emitiendo para cumplir con la sentencia. Ese es otro punto importante que cabe diferenciar y dejar bien en claro.
En su sentencia, Griesa interpreta la cláusula pari passu. Para los que no son entendidos -aunque hoy en la Argentina esto se ha discutido mucho-, la cláusula pari passu -incluida en todos los bonos que se emitían-, básicamente, dice que a aquel que se le daba un bono se le garantizaba que, después, el Estado no iba a emitir otro bono que tuviera algún privilegio legal. Ello, no solo en relación con el cobro, sino sobre todo en el siguiente sentido, acerca de algo que todo el mundo considera como una aberración jurídica respecto de la interpretación de Giresa, del segundo circuito y de la Suprema Corte norteamericana: la cláusula pari passu nunca quiso decir que un bono en default valiera lo mismo que un bono reestructurado. ¿Por qué?
Nuevamente, en forma sintética debe quedar en claro cuál es el riesgo sistémico que introduce esa cláusula, que llamó la atención de Estados que nos acompañaron como Brasil, México, Francia, Estados Unidos en la segunda instancia, y también hasta del propio Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué esto es peligroso? Porque si la cláusula pari passu se interpretara como dice el juez Griesa, básicamente, significaría que está prohibido el default, que este es imposible, y consecuentemente, también sería imposible una reestructuración; porque si la cláusula pari passu tuviera el valor que le ha dado Griesa, quiere decir que un país que ha dejado un bono pari passu en default nunca podría pagar un bono reestructurado sin pagar íntegramente el bono en default. Esto significa que no existe el default ni la reestructuración, porque yendo a una reestructuración yo debería pagar antes a todos los que han "defaulteado". Si esto es así, nunca nadie aceptaría una reestructuración.
Por lo expuesto, sintéticamente, es absolutamente inaceptable lo que está haciendo Griesa, desde el punto de vista jurídico, moral, económico y financiero, hablando desde la perspectiva en la cual me siento más cómodo para explicar.
No puede ser que cuando cualquier país emite un bono no exista la posibilidad de que dicho bono no se pague y marche hacia un proceso de reestructuración. Se trata de una cláusula implícita en cualquier contrato. Lo único inesperado en estas condiciones es que hubiese un juzgado que impidiera, taxativamente, toda reestructuración y todo default para los bonos de este tipo. Esto no es algo que afecte solamente la República Argentina; probablemente -son datos aproximados-, hay 600.000 millones de dólares en deuda de países con cláusula pari passu.
Al respecto, hace algunos días hemos tenido noticias de asociaciones de bancos. Hoy, probablemente tengamos una buena noticia -a la que me referiré muy brevemente- sobre los anticuerpos que están generando tanto el sector privado como los países, contra estos ataques.
No es cierto que, yendo punto por punto contra cada uno de los subterfugios y artimañas de los fondos buitres, vayamos a erradicar el problema. El problema son los fondos buitres y realmente en este momento -y así lo entiende el mundo en su conjunto- estamos ante el caso de un país soberano, como cualquier otro, que se encuentra en un conflicto con un grupo minúsculo que tiene como único objetivo obtener una ganancia extraordinaria, aunque ello signifique destruir un país y un sistema. No hay otra forma de leer la situación, porque eso es lo que está ocurriendo.
El problema es cómo va a reaccionar la República Argentina ante ese ataque: con mera resignación, o efectivamente, defendiendo los valores de la soberanía nacional y los derechos de un país soberano para reestructurar su deuda y arreglar los problemas económicos que tuvo -esto debe quedar bien en claro- no precisamente por causa de este gobierno. Los problemas que venimos arreglando, primero, con Néstor Kirchner, y ahora, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, obedecen a aquel default histórico, el más grande de la historia del capitalismo; me refiero al default del año 2001, resultado de un modelo económico.
Me voy a referir muy brevemente a ese punto porque se han producido algunas disputas -como las hay en la discusión mediática- sobre qué es lo que estamos debatiendo ahora, cuál es el problema y de dónde proviene.
Tiene que quedar en claro que la cláusula pari passu no se refiere a bonos emitidos por la presidenta ni por el ex presidente Kirchner. Esa cláusula pari passu -que tanto problema ha causado- corresponde a bonos del "megacanje", del blindaje, de la fase del sobreendeudamiento en la Argentina. Esto, más allá de lo insólito y de lo inesperado, es la raíz del problema; porque lo que tiene Griesa en su juzgado -lo ha dicho muy claramente el doctor Zembo-, ni a un solo bono de la reestructuración se refiere, ya que no hay ningún litigio con esos bonos; el problema es con los bonos del default. Todavía hoy, en la República Argentina, el problema es con los bonos del default y con que un 1 por ciento, es decir, una minúscula minoría especulativa, sagaz y oportunista, ha encontrado a un juez cómplice de esta maniobra, que le ha dado la posibilidad de obtener una ganancia absolutamente escandalosa, con un bono de aquel default de 2001. Vamos a charlar sobre qué opciones tiene un bono holdout, porque está previsto en esta ley. Solo aquel que buscaba ese negocio puede estar causando dificultades a la Argentina o a cualquier otro país.
La preocupación de las Naciones Unidas se expresa hoy en su seno. Esto me gustaría tratarlo como todos los temas que vamos a considerar hoy en este Parlamento, porque son aspectos que hacen a cuestiones muy profundas, complejas y de interés nacional.
Hoy, las Naciones Unidas, probablemente -porque todavía ello no ha ocurrido-, por primera vez en su historia tomaría el caso de la Argentina como el elemento disparador de una necesidad que existe desde hace mucho tiempo. Se trata de regular las reestructuraciones de deudas entre los países soberanos del planeta -y no dejarlas en manos del sector privado y de los banqueros-, a través de un corpus jurídico y de determinados parámetros establecidos por tales países.
Eso es lo que, probablemente, si así se vota esta tarde, sea el resultado de lo que está ocurriendo con la República Argentina. Además, sería un reconocimiento explícito de que frente a este ataque de los fondos buitres y la efectividad que han tenido las maniobras usadas, debe existir una condena, una regulación y una contención a escala internacional. La Argentina llevó el caso y fue tomado por el G77 más China, ciento treinta y cuatro países del total de los que forman el concierto de las Naciones Unidas, para realizar una convención -a mí, que no soy abogado, me suena a Convención de Ginebra-, es decir, acuerdos internacionales donde todos los países suscriben pero ponen determinadas reglas para asuntos que les competen como soberanos.
Este no es un problema del Poder Legislativo de los Estados Unidos ni de ese pequeño grupo de bonistas, y ni siquiera, exclusivamente, de la República Argentina; es un problema del sistema financiero internacional y es el botón de muestra de las barbaridades que hace el mundo de las finanzas y de cómo algunos pretenden descarnadamente poner en jaque la economía real, de la producción, del empleo y del crecimiento para conseguir ganancias multimillonarias, con inversiones minúsculas.
Esto es también algo muy vinculado con aquella crisis de Lehman Brothers, de 2008 -me permito decirlo porque es lo que se está discutiendo en el seno de las Naciones Unidas-, que todavía está transcurriendo. Recordarán ustedes que lo que reclamaba el mundo y los propios ciudadanos norteamericanos que se quedaron sin casa por la timba que ser armó con las hipotecas de los trabajadores norteamericanos, es parte de esta misma cuestión. Efectivamente, el sector financiero especulativo utiliza elementos de la economía real, como la necesidad de financiamiento de los países, para generar un proceso especulativo sin límite que, como siempre, termina en una burbuja y en un estallido.
Eso mismo es lo que se pretende regular, por primera vez, de modo histórico, llevando a las Naciones Unidas una legislación internacional para los casos de reestructuración de deuda soberana.
¿Por qué sucede esto? Vuelvo a una cuestión que debe ser entendida. El juez Griesa está tratando a la República Argentina peor que lo que se trata a un privado de cualquier país del mundo. Por ejemplo, si una empresa privada tiene una dificultad y sufre un proceso de quiebra o convocatoria, reúne a sus acreedores. Si tiene mayoría de dos tercios, es decir, el 66 por ciento -en casi todos los países ese es un número mágico-, el acuerdo es compulsivo para los restantes.
Este arreglo económico no es caprichoso; nadie abre una empresa si no tiene oportunidad de quiebra y una salida, porque pone en juego su continuidad, y todos los acreedores tienen interés en que continúe la empresa. Por eso, ese 66 por ciento obliga por ley al restante 33 por ciento a aceptar aquello que ha tomado como válido en su acuerdo con la empresa que se encuentra en quiebra.
La Argentina no ha conseguido el 66 por ciento, sino el 92,4 por ciento de acuerdo voluntario de los bonistas privados. Repito: el 92,4 por ciento. Hay un 7,6 por ciento que probablemente esté perdido en herencias e intercambios, de modo que hay una parte muy pequeña de bonistas, casi insignificante, que no entraron y no aceptaron el canje.
Nos preguntábamos por qué el 7,6 por ciento no aceptó el canje cuando todos los demás sí lo hicieron. Hoy lo sabemos descarnadamente. Estos pequeños grupos de buitres son los que han ido comprando esos títulos, a la pesca de un juez o de una jurisdicción que aceptara sus absolutamente descabelladas pretensiones. Esto es lo que está ocurriendo hoy, esta es la situación de ese fondo buitre comandado por un multimillonario. Se trata de pequeños grupos y por eso hay alguien a la cabeza en otros fondos institucionales. La mayoría de los bonistas argentinos no corresponde a fondos de este tipo.
Entonces, se trata de pequeñas empresas destinadas a la carroña, a buscar alguna oportunidad, un vacío legal o un subterfugio para conseguir una ganancia que nadie más puede tener, poniendo en riesgo, como ha dicho el doctor Zembo, incluso la reestructuración que con un éxito realmente descollante consiguió el canje de 2005, y después, de 2010.
Voy a hablar un poco de la cuestión del canje de la deuda, para después referirme a la sentencia de Griesa, a sus consecuencias, al cuadro actual y a esta ley, que es básicamente lo que hoy venimos a proponer.
Haré aquel planteo como si fuera un problema, porque efectivamente es el problema que tenemos, relativo a los pagos, en particular al de septiembre. El proyecto de ley tiene como objetivo principal, aunque también apunta a otros fines, salir de una de las tantas trampas que ha fabricado el señor Singer y que ha convalidado el juez Griesa.
Existe otro elemento que va a formar parte de la historia universal de la infamia, porque todas las órdenes que da el juez Griesa están dictadas directamente por los fondos buitre. En este sentido, los invito a leer las transcripciones de las sesiones de ese tribunal, que son escandalosas, donde el juez Griesa pregunta a los abogados de los fondos buitre: "¿Qué hago?", "¿A quién hago hablar?", "¿Qué contesto?". Esa es la situación. Nuestro dicho "Hacete amigo del juez..." parece que tiene en esta dupla su más clara expresión.
- Se inicia la proyección de una serie de filminas.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Ahora bien, ¿de qué deuda estamos hablando? En estas pocas pero suficientemente expresivas láminas que iremos proyectando -ya hemos hablado del tema en este recinto- podemos observar la dinámica de la deuda externa argentina, que está expresada en millones de dólares por medio de barritas verdes. Tal vez no se ve, porque el dólar está sometido a una depreciación, la inflación del dólar en esa larga historia.
Básicamente, hay dos momentos importantes en la historia de la deuda argentina.
Un primer momento se inicia en 1824, con el famoso préstamo de Rivadavia, cuestión de la que ya se ha hablado largamente. En línea azul vemos la participación de la deuda como porcentaje del PBI; por lo tanto, tenemos el valor nominal en dólares y la participación de la deuda en el PBI argentino.
Para ser claro quiero hablar de las dos medidas, pero me gustaría simplemente dar un vistazo a este gráfico y ver cuándo se abarrotan esas barras verdes, cuándo se inician y cuál es su evolución.
Como ven, la historia moderna de la deuda externa argentina se inicia con un golpe de Estado, que es el que derroca al general Perón y que produce el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Ese es el inicio del endeudamiento externo moderno. Después, se observa su dinámica nuevamente explosiva con otro golpe de Estado, el más aberrante de la historia argentina, probablemente uno de los más aberrantes de la humanidad, como fue el de 1976, uno de cuyos objetivos era precisamente el de sobreendeudar al país. ¿Con qué discurso? Con el discurso de la modernización, de la apertura de la Argentina al mundo, de la entrada a las relaciones internacionales modernas. Pero los números y los gráficos hablan por sí mismos.
Como verán, a partir de 1976 la Argentina comienza a vivir una fase de sobreendeudamiento que concluye, como no podía ser de otra manera, con el abominable estallido de 2001, por una deuda que resultó ser impagable.
Cuando uno habla de deuda externa -que son créditos contraídos en el exterior por la República Argentina y, por lo tanto, nominados en divisas-, tiene obviamente dos elementos para ver. Por un lado -el del acreedor-, quién le prestó y cuánto le prestó; por otra parte, cómo entró ese dinero.
Digo esto porque pareciera que la parte linda de la deuda externa es todo lo que uno hace con esos enormes recursos que aparecen en barritas verdes. Pues bien, en la República Argentina absolutamente nada se hizo en beneficio del pueblo con esa deuda externa. Absolutamente, nada. La dinámica de esa deuda fue de finanzas; fue la dinámica del interés compuesto.
La Argentina tomó una deuda, que al igual que la de Rivadavia en su momento, resultó rápidamente impagable; pero no se usó para nada, y esto es una buena parábola de lo que ocurrió en todos los procesos de endeudamiento argentino: se toma deuda cuando no se puede pagar, la Argentina concurre a pedir una refinanciación, la refinanciación de la deuda externa es obtenida generalmente en condiciones usurarias, porque el país tiene un vencimiento, no le alcanza el presupuesto. Entonces, pasan dos cosas.
El acreedor o su representante -los bancos, a veces, países, la mayoría de las veces, los organismos multilaterales de crédito-, dicen: "Bien, tenés que pagar tanto; si no podés pagar, yo te salvo del default. ¿Cómo te salvo? Prestándote plata fresca." Incluso, esos a los que no les pagabas -y esta es la presunta magia- son los mismos que te prestan. Te prestan más, pero en peores condiciones: plazos más breves, intereses más altos. De esa manera, la deuda sigue creciendo y ni un centavo de dinero fresco entra al país.
Les digo más: se toma esa deuda, y cuando no se puede pagar son un problema no solo las condiciones financieras que te impone el refinanciamiento, sino también las condiciones económicas, macroeconómicas, políticas y sociales asociadas a cada una de las reestructuraciones de la deuda externa. ¿Por qué? Porque el acreedor, en un precipicio cercano a un verdadero default -un verdadero default es aquel en el que no tenés recursos, no tenés voluntad, liquidez o solvencia, y cuando se aproxima un vencimiento no te alcanzan los dólares-, te presta, pero te impone un pliego de condiciones.
Ese pliego de condiciones es dolorosamente conocido en la República Argentina porque es parte del llamado "Consenso de Washington", de los años 90. Son esas recetas de ajuste fiscal, de reducción del Estado, de caída de la educación, la salud, las jubilaciones y los salarios públicos. Es un paquete económico ortodoxo que viene reforzado y remachado por la situación imperiosa que tienen los países que no pueden pagar la deuda externa antes contraída.
Entonces, paradójicamente, cuando se toma un nuevo crédito la deuda no baja sino que sube; así que no es una reestructuración, una mejora o un desendeudamiento, sino todo lo contrario. Además, eso condena a los pueblos a la recesión, al desempleo, la desindustrialización, el hambre y la miseria.
Ese es el modelo que imperó no solo en la República Argentina sino en buena parte de la región, durante décadas. Quiere decir que todas esas barritas verdes no fueron recursos frescos que entraron a la Argentina, sino bicicleta financiera.
Recuerdo el "megacanje", el blindaje, todo ello anunciando con bombos y platillos que iban a traernos una mejora en nombre de la estabilidad, de las perspectivas y de las finanzas, con comisiones a bancos y con arreglos que no han pasado por este Parlamento. Se tomaron esos créditos y no tengo más que hablar, pues se ve lo que pasó: la deuda siguió creciendo hasta que le soltaron la mano al país, se perdieron esas simpatías que había, no dieron el último crédito puente, el Fondo Monetario no acompañó, y estalló un modelo económico que era de sobreendeudamiento porque era un modelo de desindustrialización.
Era un modelo inclinado hacia las finanzas y los servicios porque era un modelo de desempleo y primarización. No es al revés, sino que es un factor y un resorte de aquellas políticas que han llevado al empobrecimiento de países como el nuestro.
Cuando estalla, en 2001, el problema de la deuda externa, la Argentina entra en el default más grande de la historia; un default que todavía estamos solucionando y pagando de alguna manera. Se trata de una deuda contraída por otros gobiernos, un default realizado por otro gobierno, pero es algo que este gobierno ha tomado con responsabilidad histórica como un problema a resolver, no para patearlo al próximo gobierno tomando más crédito o firmando cualquier cosa, sino porque quiere solucionarlo.
¿Cómo se ha resuelto el problema del sobreendeudamiento argentino? Simplemente, quiero mostrarles unos números para que entiendan a qué me refiero con la cuestión del sobreendeudamiento argentino. Me refiero, simplemente, a que en el año 2002 teníamos una deuda del sector público que representaba el 166 por ciento del producto bruto argentino. Es decir que debíamos una vez y media lo que producíamos en todo un año.
¿Cómo se resolvía este problema, irresoluble durante décadas? Con una política férrea como la llevada a cabo por el doctor Kirchner, inicialmente, y después, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de desendeudamiento del país; un desendeudamiento que se basa en una conclusión que, nuevamente, quiero mostrar con un gráfico tan simple como elocuente.
La línea roja representa la deuda externa pública argentina en millones de dólares y la línea azul, el desempleo en la República Argentina. Miren qué casualidad. No hace falta ser un economista con conocimientos de econometría o con un doctorado en Chicago para entender cuáles fueron los resultados siempre que la Argentina accedió a los mercados internacionales, bajo el discurso del bienestar de la gente. Todavía hoy escuchamos decir que lo mejor es acceder a esos mercados a cualquier precio, que el Estado tome endeudamiento, total... Bueno, acá están los resultados. Cada vez que teníamos una dinámica explosiva de la deuda el resultado era que el desempleo era lo único que crecía en la Argentina.
Este gobierno encaró una etapa compleja, por lo que significa aquella deuda que había contraído en condiciones absolutamente inexplicables y muy difíciles de resolver, algo que de ninguna manera es una casualidad.
Sin embargo, cuando inició la senda del desendeudamiento, lo hizo porque tenía una convicción de que desendeudarse era una premisa para conseguir que la Argentina retomara el camino del crecimiento y la inclusión social. Eso se ha manifestado.
Por supuesto, una cosa no necesariamente explica la otra, pues se trata de una batería de políticas, de decisiones, de condiciones; pero es una muy sospechosa correlación la que se encuentra entre esa presunta panacea del endeudamiento externo y la realidad de los pueblos que se expresa muy bien con la tasa de desempleo de un país.
Hablo un poco más de la cuestión de esa deuda contraída porque hemos escuchado, y todos nosotros sabemos, que los fondos buitres no operan únicamente en los tribunales; son empresas de abogados que contratan enormes empresas de "lobbies" políticos o de comunicación y publicidad. Los fondos buitres estuvieron de turismo por aquí, en la Argentina, buscando socios, aliados; protegidos, entenados; han venido aquí, han enviado a su gente.
¿Cuál es el programa de los fondos buitres para cobrar su deuda? Por supuesto que es fundamental encontrar un juez como Griesa, y que esto sea convalidado por todo el sistema judicial norteamericano; pero también se van a valer de los más bajos recursos. Han hablado, lo han dicho, y lo repito: tienen un programa para cobrar su 1.600 por ciento. El primer elemento de su programa -como ellos lo han dicho- es el ataque contra la moneda argentina. Todos sabemos que conforman ese partido de la devaluación que permanentemente existe en la Argentina. Por la experiencia que se ha tenido en la República Argentina, se sabe que atacar su moneda surte efecto en términos de la confianza, de las decisiones, del consumo y las inversiones. Se han puesto eso en la cabeza y están haciéndolo: están trabajando día a día para conseguir una "megadevaluación" en la Argentina. Lo han dicho. Tienen esa virtud de contratar "lobistas", que salen a hablar por ellos en nombre del bienestar de los argentinos y de los peligros que enfrenta el país si no se les paga. Es un movimiento extorsivo el que están haciendo. Dicen que si no se paga va pasar esto y aquello.
Duele escuchar en las repetidoras locales las palabras de los buitres, que dicen que si no se les paga tendremos esto y aquello. Este es el programa de los buitres para atacar no ya a un gobierno o a la presidenta, sino a la República Argentina, no porque tengan intereses perpetuos aquí o de largo plazo, sino porque quieren cobrar el 1.600 por ciento. En el caso de Singer, ha puesto 50 millones dólares y el juez Griesa le ha dicho que transcurridos seis años le corresponde cobrar 832 millones de dólares. Una ganancia del 1.600 por ciento. ¡Miren qué negocio y miren qué juez encontró!
Que esto quede claro: si el señor Singer, con los bonos que tiene, entra al canje -habiéndolos adquirido al precio que los compró-, también tendría una ganancia millonaria. Si ahora entrara al canje, luego de haber comprado a precio vil esos bonos que no habían entrado en la reestructuración, que estaban dando vueltas, tendría una ganancia del 300 por ciento. ¡Miren qué extraordinario, en dólares, en seis años! Esto no existe en el mundo; pero ha encontrado a un juez y a bastantes amigos que creen que hay que conseguirle una ganancia del 1.600 por ciento. Y tiene una sentencia, un sistema y "lobbistas" con un programa, que consiste en atacar la moneda argentina, debilitar el gobierno -porque lo han dicho-, atacar a la presidenta de la Nación, a los funcionarios, al Parlamento argentino, a quien les parezca conveniente, no para hacer política en la Argentina -ni siquiera eso- sino para cobrar los 832 millones de dólares que reconoció el juez Griesa con una sentencia absolutamente insólita.
El programa contiene otro punto que atenta contra cualquier intento de la Argentina de pagar a sus bonistas reestructurados: tirar abajo el canje. Esto lo ha dicho el señor Zembo muy sentidamente. Lo que han conseguido con la sentencia de Griesa es tomar de rehenes a los bonistas del canje.
Por otro lado, van a intentar impedir todo acceso de la Argentina al financiamiento internacional. También duele ver que los bonistas buitres mandan una carta a un banco chino, que está prestando dinero a la Argentina para hacer importantes obras de infraestructura. Los abogados chinos dicen: "La verdad es que no sé qué contestar porque no sé de qué hablan." Se trata de cartas que mandan públicamente para poner presión, de elementos extorsivos. Les advierten: "Ustedes no van a poder cobrar dentro de cinco años si primero no se paga al señor Singer." Parece que ahora, cuando queramos pagar a un jubilado va a aparecer el señor Singer a cobrar y tal vez el juez Griesa diga que no se le puede pagar a ese jubilado sin que antes cobre el señor Singer.
Acá las repetidoras dicen que se cayeron los créditos con los chinos por culpa de los buitres. Esto duele y es basura, pero por lo menos, si alguien quiere, que haga una investigación periodística para ver si una cosa está relacionada con la otra. Probablemente, en estos días se estén aprobando nuevos créditos en todos los organismos internacionales. Nada pasó en Vaca Muerta... Ahora vamos a ver qué efectos puede tener la sentencia de Griesa.
Ellos ponen presión y aquí dentro alguna gente se convierte en repetidora y amplificadora del discurso pago y mercenario de los fondos buitre, y termina metiendo miedo a los argentinos, vaya a saber con qué intereses inconfesables. Si algún dirigente de la oposición piensa que el problema con los fondos buitre afecta tal o cual cosa, tiene las puertas abiertas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para preguntar si esto es cierto, antes de salir a decir que se va a caer el mundo porque no le pagamos al señor Singer. Esto funciona únicamente para que el señor Singer cobre su 1.600 por ciento.
Entonces, estamos ante una situación en la que se siguen arreglando los problemas de sobreendeudamiento. Voy a referirme muy brevemente a esto. ¿Por qué esos bonos hoy permitirían cobrar a Singer, con intereses y punitorios, ese 1.600 por ciento que le ha reconocido el juez Griesa? Porque se tomaba deuda en condiciones absolutamente usurarias.
En la desesperación de pagar el próximo vencimiento se conseguían enjuagues financieros, y los mismos bancos que no iban a poder cobrar al país le prestaban nuevamente, con intereses todavía mayores. Entonces, esos son los bonos del escándalo, que todavía tiene el señor Singer. Doy un ejemplo: los bonos que tiene Singer estaban atados al riesgo país. Por lo tanto, cada vez que esa medida estrambótica del riesgo país empezaba a operar, los bonistas cobraban más. Eran imposiciones del sistema financiero.
Si me permiten, quiero hacer un comentario general sobre la cuestión de los bonos. Hubo bonos que la Argentina pactó y pagó a un 15 por ciento de interés en dólares, y así estaba escrito en el bono.
Eso era diez veces más que lo que se pagaba cuando alguien le prestaba, por ejemplo, a Estados Unidos, pero también a Alemania o algunos países europeos. Entonces, cuando venía una persona, un bonista, y le prestaba a la República Argentina a un 15 por ciento de interés -mientras en el mercado de deuda la tasa de interés normal era del 3 o el 4 por ciento...
Básicamente, hay dos momentos importantes en la historia de la deuda argentina.
Un primer momento se inicia en 1824, con el famoso préstamo de Rivadavia, cuestión de la que ya se ha hablado largamente. En línea azul vemos la participación de la deuda como porcentaje del PBI; por lo tanto, tenemos el valor nominal en dólares y la participación de la deuda en el PBI argentino.
Para ser claro quiero hablar de las dos medidas, pero me gustaría simplemente dar un vistazo a este gráfico y ver cuándo se abarrotan esas barras verdes, cuándo se inician y cuál es su evolución.
Como ven, la historia moderna de la deuda externa argentina se inicia con un golpe de Estado, que es el que derroca al general Perón y que produce el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Ese es el inicio del endeudamiento externo moderno. Después, se observa su dinámica nuevamente explosiva con otro golpe de Estado, el más aberrante de la historia argentina, probablemente uno de los más aberrantes de la humanidad, como fue el de 1976, uno de cuyos objetivos era precisamente el de sobreendeudar al país. ¿Con qué discurso? Con el discurso de la modernización, de la apertura de la Argentina al mundo, de la entrada a las relaciones internacionales modernas. Pero los números y los gráficos hablan por sí mismos.
Como verán, a partir de 1976 la Argentina comienza a vivir una fase de sobreendeudamiento que concluye, como no podía ser de otra manera, con el abominable estallido de 2001, por una deuda que resultó ser impagable.
Cuando uno habla de deuda externa -que son créditos contraídos en el exterior por la República Argentina y, por lo tanto, nominados en divisas-, tiene obviamente dos elementos para ver. Por un lado -el del acreedor-, quién le prestó y cuánto le prestó; por otra parte, cómo entró ese dinero.
Digo esto porque pareciera que la parte linda de la deuda externa es todo lo que uno hace con esos enormes recursos que aparecen en barritas verdes. Pues bien, en la República Argentina absolutamente nada se hizo en beneficio del pueblo con esa deuda externa. Absolutamente, nada. La dinámica de esa deuda fue de finanzas; fue la dinámica del interés compuesto.
La Argentina tomó una deuda, que al igual que la de Rivadavia en su momento, resultó rápidamente impagable; pero no se usó para nada, y esto es una buena parábola de lo que ocurrió en todos los procesos de endeudamiento argentino: se toma deuda cuando no se puede pagar, la Argentina concurre a pedir una refinanciación, la refinanciación de la deuda externa es obtenida generalmente en condiciones usurarias, porque el país tiene un vencimiento, no le alcanza el presupuesto. Entonces, pasan dos cosas.
El acreedor o su representante -los bancos, a veces, países, la mayoría de las veces, los organismos multilaterales de crédito-, dicen: "Bien, tenés que pagar tanto; si no podés pagar, yo te salvo del default. ¿Cómo te salvo? Prestándote plata fresca." Incluso, esos a los que no les pagabas -y esta es la presunta magia- son los mismos que te prestan. Te prestan más, pero en peores condiciones: plazos más breves, intereses más altos. De esa manera, la deuda sigue creciendo y ni un centavo de dinero fresco entra al país.
Les digo más: se toma esa deuda, y cuando no se puede pagar son un problema no solo las condiciones financieras que te impone el refinanciamiento, sino también las condiciones económicas, macroeconómicas, políticas y sociales asociadas a cada una de las reestructuraciones de la deuda externa. ¿Por qué? Porque el acreedor, en un precipicio cercano a un verdadero default -un verdadero default es aquel en el que no tenés recursos, no tenés voluntad, liquidez o solvencia, y cuando se aproxima un vencimiento no te alcanzan los dólares-, te presta, pero te impone un pliego de condiciones.
Ese pliego de condiciones es dolorosamente conocido en la República Argentina porque es parte del llamado "Consenso de Washington", de los años 90. Son esas recetas de ajuste fiscal, de reducción del Estado, de caída de la educación, la salud, las jubilaciones y los salarios públicos. Es un paquete económico ortodoxo que viene reforzado y remachado por la situación imperiosa que tienen los países que no pueden pagar la deuda externa antes contraída.
Entonces, paradójicamente, cuando se toma un nuevo crédito la deuda no baja sino que sube; así que no es una reestructuración, una mejora o un desendeudamiento, sino todo lo contrario. Además, eso condena a los pueblos a la recesión, al desempleo, la desindustrialización, el hambre y la miseria.
Ese es el modelo que imperó no solo en la República Argentina sino en buena parte de la región, durante décadas. Quiere decir que todas esas barritas verdes no fueron recursos frescos que entraron a la Argentina, sino bicicleta financiera.
Recuerdo el "megacanje", el blindaje, todo ello anunciando con bombos y platillos que iban a traernos una mejora en nombre de la estabilidad, de las perspectivas y de las finanzas, con comisiones a bancos y con arreglos que no han pasado por este Parlamento. Se tomaron esos créditos y no tengo más que hablar, pues se ve lo que pasó: la deuda siguió creciendo hasta que le soltaron la mano al país, se perdieron esas simpatías que había, no dieron el último crédito puente, el Fondo Monetario no acompañó, y estalló un modelo económico que era de sobreendeudamiento porque era un modelo de desindustrialización.
Era un modelo inclinado hacia las finanzas y los servicios porque era un modelo de desempleo y primarización. No es al revés, sino que es un factor y un resorte de aquellas políticas que han llevado al empobrecimiento de países como el nuestro.
Cuando estalla, en 2001, el problema de la deuda externa, la Argentina entra en el default más grande de la historia; un default que todavía estamos solucionando y pagando de alguna manera. Se trata de una deuda contraída por otros gobiernos, un default realizado por otro gobierno, pero es algo que este gobierno ha tomado con responsabilidad histórica como un problema a resolver, no para patearlo al próximo gobierno tomando más crédito o firmando cualquier cosa, sino porque quiere solucionarlo.
¿Cómo se ha resuelto el problema del sobreendeudamiento argentino? Simplemente, quiero mostrarles unos números para que entiendan a qué me refiero con la cuestión del sobreendeudamiento argentino. Me refiero, simplemente, a que en el año 2002 teníamos una deuda del sector público que representaba el 166 por ciento del producto bruto argentino. Es decir que debíamos una vez y media lo que producíamos en todo un año.
¿Cómo se resolvía este problema, irresoluble durante décadas? Con una política férrea como la llevada a cabo por el doctor Kirchner, inicialmente, y después, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de desendeudamiento del país; un desendeudamiento que se basa en una conclusión que, nuevamente, quiero mostrar con un gráfico tan simple como elocuente.
La línea roja representa la deuda externa pública argentina en millones de dólares y la línea azul, el desempleo en la República Argentina. Miren qué casualidad. No hace falta ser un economista con conocimientos de econometría o con un doctorado en Chicago para entender cuáles fueron los resultados siempre que la Argentina accedió a los mercados internacionales, bajo el discurso del bienestar de la gente. Todavía hoy escuchamos decir que lo mejor es acceder a esos mercados a cualquier precio, que el Estado tome endeudamiento, total... Bueno, acá están los resultados. Cada vez que teníamos una dinámica explosiva de la deuda el resultado era que el desempleo era lo único que crecía en la Argentina.
Este gobierno encaró una etapa compleja, por lo que significa aquella deuda que había contraído en condiciones absolutamente inexplicables y muy difíciles de resolver, algo que de ninguna manera es una casualidad.
Sin embargo, cuando inició la senda del desendeudamiento, lo hizo porque tenía una convicción de que desendeudarse era una premisa para conseguir que la Argentina retomara el camino del crecimiento y la inclusión social. Eso se ha manifestado.
Por supuesto, una cosa no necesariamente explica la otra, pues se trata de una batería de políticas, de decisiones, de condiciones; pero es una muy sospechosa correlación la que se encuentra entre esa presunta panacea del endeudamiento externo y la realidad de los pueblos que se expresa muy bien con la tasa de desempleo de un país.
Hablo un poco más de la cuestión de esa deuda contraída porque hemos escuchado, y todos nosotros sabemos, que los fondos buitres no operan únicamente en los tribunales; son empresas de abogados que contratan enormes empresas de "lobbies" políticos o de comunicación y publicidad. Los fondos buitres estuvieron de turismo por aquí, en la Argentina, buscando socios, aliados; protegidos, entenados; han venido aquí, han enviado a su gente.
¿Cuál es el programa de los fondos buitres para cobrar su deuda? Por supuesto que es fundamental encontrar un juez como Griesa, y que esto sea convalidado por todo el sistema judicial norteamericano; pero también se van a valer de los más bajos recursos. Han hablado, lo han dicho, y lo repito: tienen un programa para cobrar su 1.600 por ciento. El primer elemento de su programa -como ellos lo han dicho- es el ataque contra la moneda argentina. Todos sabemos que conforman ese partido de la devaluación que permanentemente existe en la Argentina. Por la experiencia que se ha tenido en la República Argentina, se sabe que atacar su moneda surte efecto en términos de la confianza, de las decisiones, del consumo y las inversiones. Se han puesto eso en la cabeza y están haciéndolo: están trabajando día a día para conseguir una "megadevaluación" en la Argentina. Lo han dicho. Tienen esa virtud de contratar "lobistas", que salen a hablar por ellos en nombre del bienestar de los argentinos y de los peligros que enfrenta el país si no se les paga. Es un movimiento extorsivo el que están haciendo. Dicen que si no se paga va pasar esto y aquello.
Duele escuchar en las repetidoras locales las palabras de los buitres, que dicen que si no se les paga tendremos esto y aquello. Este es el programa de los buitres para atacar no ya a un gobierno o a la presidenta, sino a la República Argentina, no porque tengan intereses perpetuos aquí o de largo plazo, sino porque quieren cobrar el 1.600 por ciento. En el caso de Singer, ha puesto 50 millones dólares y el juez Griesa le ha dicho que transcurridos seis años le corresponde cobrar 832 millones de dólares. Una ganancia del 1.600 por ciento. ¡Miren qué negocio y miren qué juez encontró!
Que esto quede claro: si el señor Singer, con los bonos que tiene, entra al canje -habiéndolos adquirido al precio que los compró-, también tendría una ganancia millonaria. Si ahora entrara al canje, luego de haber comprado a precio vil esos bonos que no habían entrado en la reestructuración, que estaban dando vueltas, tendría una ganancia del 300 por ciento. ¡Miren qué extraordinario, en dólares, en seis años! Esto no existe en el mundo; pero ha encontrado a un juez y a bastantes amigos que creen que hay que conseguirle una ganancia del 1.600 por ciento. Y tiene una sentencia, un sistema y "lobbistas" con un programa, que consiste en atacar la moneda argentina, debilitar el gobierno -porque lo han dicho-, atacar a la presidenta de la Nación, a los funcionarios, al Parlamento argentino, a quien les parezca conveniente, no para hacer política en la Argentina -ni siquiera eso- sino para cobrar los 832 millones de dólares que reconoció el juez Griesa con una sentencia absolutamente insólita.
El programa contiene otro punto que atenta contra cualquier intento de la Argentina de pagar a sus bonistas reestructurados: tirar abajo el canje. Esto lo ha dicho el señor Zembo muy sentidamente. Lo que han conseguido con la sentencia de Griesa es tomar de rehenes a los bonistas del canje.
Por otro lado, van a intentar impedir todo acceso de la Argentina al financiamiento internacional. También duele ver que los bonistas buitres mandan una carta a un banco chino, que está prestando dinero a la Argentina para hacer importantes obras de infraestructura. Los abogados chinos dicen: "La verdad es que no sé qué contestar porque no sé de qué hablan." Se trata de cartas que mandan públicamente para poner presión, de elementos extorsivos. Les advierten: "Ustedes no van a poder cobrar dentro de cinco años si primero no se paga al señor Singer." Parece que ahora, cuando queramos pagar a un jubilado va a aparecer el señor Singer a cobrar y tal vez el juez Griesa diga que no se le puede pagar a ese jubilado sin que antes cobre el señor Singer.
Acá las repetidoras dicen que se cayeron los créditos con los chinos por culpa de los buitres. Esto duele y es basura, pero por lo menos, si alguien quiere, que haga una investigación periodística para ver si una cosa está relacionada con la otra. Probablemente, en estos días se estén aprobando nuevos créditos en todos los organismos internacionales. Nada pasó en Vaca Muerta... Ahora vamos a ver qué efectos puede tener la sentencia de Griesa.
Ellos ponen presión y aquí dentro alguna gente se convierte en repetidora y amplificadora del discurso pago y mercenario de los fondos buitre, y termina metiendo miedo a los argentinos, vaya a saber con qué intereses inconfesables. Si algún dirigente de la oposición piensa que el problema con los fondos buitre afecta tal o cual cosa, tiene las puertas abiertas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para preguntar si esto es cierto, antes de salir a decir que se va a caer el mundo porque no le pagamos al señor Singer. Esto funciona únicamente para que el señor Singer cobre su 1.600 por ciento.
Entonces, estamos ante una situación en la que se siguen arreglando los problemas de sobreendeudamiento. Voy a referirme muy brevemente a esto. ¿Por qué esos bonos hoy permitirían cobrar a Singer, con intereses y punitorios, ese 1.600 por ciento que le ha reconocido el juez Griesa? Porque se tomaba deuda en condiciones absolutamente usurarias.
En la desesperación de pagar el próximo vencimiento se conseguían enjuagues financieros, y los mismos bancos que no iban a poder cobrar al país le prestaban nuevamente, con intereses todavía mayores. Entonces, esos son los bonos del escándalo, que todavía tiene el señor Singer. Doy un ejemplo: los bonos que tiene Singer estaban atados al riesgo país. Por lo tanto, cada vez que esa medida estrambótica del riesgo país empezaba a operar, los bonistas cobraban más. Eran imposiciones del sistema financiero.
Si me permiten, quiero hacer un comentario general sobre la cuestión de los bonos. Hubo bonos que la Argentina pactó y pagó a un 15 por ciento de interés en dólares, y así estaba escrito en el bono.
Eso era diez veces más que lo que se pagaba cuando alguien le prestaba, por ejemplo, a Estados Unidos, pero también a Alemania o algunos países europeos. Entonces, cuando venía una persona, un bonista, y le prestaba a la República Argentina a un 15 por ciento de interés -mientras en el mercado de deuda la tasa de interés normal era del 3 o el 4 por ciento...
SRA. CAMAÑO ¿Qué bonos son?
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Ahí está la lista de bonos, creo que está anexa al proyecto de ley; figuran en los expedientes cada uno de los bonos que están en el juzgado de Griesa.
Como decía, cuando nos prestaban al 15 por ciento, ese préstamo tenía implícito algo que es ley económica. El rendimiento del bono resultaba más alto no porque la Argentina fuera más rica y entonces podía pagar el 15 por ciento o lo que fuese, sino porque precisamente esos bonos tenían un riesgo de caer en default, como efectivamente ocurrió. Ese es un acuerdo del sistema financiero, que podemos llamar "tácito".
Si uno presta a alguien que es insolvente, le cobra caro sabiendo que un día se puede producir el evento de insolvencia. Entonces, ¿qué gana? Cobrar el 15 por ciento de interés. ¿Hasta cuándo? Mientras se pueda pagar, y cuando ya no se puede pagar, parte del contrato implícito indica que se va a una reestructuración en la que se pactarán alargamiento de plazos, reducción de intereses y, por supuesto -si fuera posible-, un recorte del capital. Así funciona el sistema financiero. Por eso la gente pide hasta el 15 por ciento.
Si alguien presta al doble o al triple de la tasa de interés normal y piensa que nunca puede ir a un default, entonces, estará creyendo también en los Reyes Magos, porque esto no es así; presta a tasa más alta sabiendo que puede venir un default, pero con el conocimiento de que también después habrá una reestructuración. En consecuencia, primero cobrará ese 15 por ciento, pasará una etapa y después tendrá una tasa de interés normal.
¿Por qué pasa esto? Porque esas tasas de intereses estratosféricas llevan al país a la imposibilidad de pago, y cuando el país se encuentra ante esta situación es porque la deuda es insostenible.
Deber un 166 por ciento del producto implica que volúmenes de hasta el 20 o el 30 por ciento del presupuesto nacional deben ser usados, simplemente, para pagar los intereses de la deuda. Evidentemente, estas dinámicas de endeudamiento han servido para sojuzgar la independencia y la autonomía de los países. Esto es así porque, en tal caso, hay que dedicar buena parte de los recursos a satisfacer los compromisos financieros contraídos con el país, y no a todo lo demás, o sea políticas públicas. Esa dinámica, esa historia, tiene un fin, que es el default, y después deviene la reestructuración.
Por eso, es de imposible cumplimiento el fallo de Griesa, en concordancia con el reclamo de Singer, que pide que le paguen el total de ese bono, a tasas estratosféricas. Fíjense que eso no es aplicable, porque cuando uno cae en default y luego va a la reestructuración, si se convalida la idea de que hay que pagar el bono siempre al ciento por ciento, en las mismas condiciones, más la capitalización de los intereses y punitorios, uno termina saliendo de un default para caer inmediatamente en el siguiente. O sea que esto no tiene lógica financiera ni económica, y todos los argentinos debemos tener en claro que estamos ante esta situación. Lo tiene en claro el mundo y debemos tenerlo en claro todos los argentinos.
Esta es la situación en la que estamos. Es una aberración jurídica, económica y financiera, y hay que actuar de esta manera.
Ahora, veremos qué es lo que ese 1 por ciento pudo hacer y qué no, qué es lo que pretendía y qué, hasta ahora, ha obtenido; en definitiva, está intentando poner en jaque la reestructuración de la deuda argentina, y ha puesto en peligro todo el sistema financiero internacional.
Por eso, y no porque sean amigos de la República Argentina, la propia Lagarde, del FMI, quería acompañar a la República Argentina en su reclamo, ya que decía que la cuestión iba a impedir las reestructuraciones dando más poder a los fondos buitres, que son una lacra del sistema financiero internacional.
Entonces, cuando tomaron la deuda lo hicieron a intereses muy altos. Algunos, dicen: "Bueno, se trata de contratos; son bonistas que de buena fe prestaron a la Argentina y ahora quieren cobrar. ¡Pobre gente!". Ello, mientras Singer paga una foto trucha de presuntos jubilados que están reclamando a la Argentina mostrando cómo nuestro país no les quiere pagar.
¿Cuál es la verdad de esta historia? Quienes tomaron deuda argentina en el año 1999, en 2000 y en 2001, recibieron 6 por ciento, 7 por ciento, 9 por ciento; un 10 por ciento más de lo que se pagaba en el mundo ¿Por qué? Porque era más riesgoso, y corrieron ese riesgo; después, fueron a la reestructuración. Esto, demuestran los hechos. Cobraron, mientras pudieron, esas tasas de interés que no se conseguían en ningún lado, eso después mostró su verdadera naturaleza -era una deuda impagable-, y se cayó en el default. Luego, se empezó el largo camino que emprendió el doctor Kirchner desde el año 2003, de normalización -después del default del 2001- de las relaciones financieras internacionales de la República Argentina, tratando de salir de aquel default a través de un proceso que también tiene una dimensión histórica, que es la reestructuración de nuestra deuda, en las condiciones establecidas por el gobierno.
Para que entiendan la cuestión de la deuda, fíjense lo siguiente: si en el año 1976 alguien prestaba 100 dólares a Estados Unidos y estos eran puestos al interés de los bonos norteamericanos hasta 2001, hubiera obtenido 800 dólares en el año 2001. Si se los prestaba a la República Argentina, hubiese obtenido 4.700 dólares...
Como decía, cuando nos prestaban al 15 por ciento, ese préstamo tenía implícito algo que es ley económica. El rendimiento del bono resultaba más alto no porque la Argentina fuera más rica y entonces podía pagar el 15 por ciento o lo que fuese, sino porque precisamente esos bonos tenían un riesgo de caer en default, como efectivamente ocurrió. Ese es un acuerdo del sistema financiero, que podemos llamar "tácito".
Si uno presta a alguien que es insolvente, le cobra caro sabiendo que un día se puede producir el evento de insolvencia. Entonces, ¿qué gana? Cobrar el 15 por ciento de interés. ¿Hasta cuándo? Mientras se pueda pagar, y cuando ya no se puede pagar, parte del contrato implícito indica que se va a una reestructuración en la que se pactarán alargamiento de plazos, reducción de intereses y, por supuesto -si fuera posible-, un recorte del capital. Así funciona el sistema financiero. Por eso la gente pide hasta el 15 por ciento.
Si alguien presta al doble o al triple de la tasa de interés normal y piensa que nunca puede ir a un default, entonces, estará creyendo también en los Reyes Magos, porque esto no es así; presta a tasa más alta sabiendo que puede venir un default, pero con el conocimiento de que también después habrá una reestructuración. En consecuencia, primero cobrará ese 15 por ciento, pasará una etapa y después tendrá una tasa de interés normal.
¿Por qué pasa esto? Porque esas tasas de intereses estratosféricas llevan al país a la imposibilidad de pago, y cuando el país se encuentra ante esta situación es porque la deuda es insostenible.
Deber un 166 por ciento del producto implica que volúmenes de hasta el 20 o el 30 por ciento del presupuesto nacional deben ser usados, simplemente, para pagar los intereses de la deuda. Evidentemente, estas dinámicas de endeudamiento han servido para sojuzgar la independencia y la autonomía de los países. Esto es así porque, en tal caso, hay que dedicar buena parte de los recursos a satisfacer los compromisos financieros contraídos con el país, y no a todo lo demás, o sea políticas públicas. Esa dinámica, esa historia, tiene un fin, que es el default, y después deviene la reestructuración.
Por eso, es de imposible cumplimiento el fallo de Griesa, en concordancia con el reclamo de Singer, que pide que le paguen el total de ese bono, a tasas estratosféricas. Fíjense que eso no es aplicable, porque cuando uno cae en default y luego va a la reestructuración, si se convalida la idea de que hay que pagar el bono siempre al ciento por ciento, en las mismas condiciones, más la capitalización de los intereses y punitorios, uno termina saliendo de un default para caer inmediatamente en el siguiente. O sea que esto no tiene lógica financiera ni económica, y todos los argentinos debemos tener en claro que estamos ante esta situación. Lo tiene en claro el mundo y debemos tenerlo en claro todos los argentinos.
Esta es la situación en la que estamos. Es una aberración jurídica, económica y financiera, y hay que actuar de esta manera.
Ahora, veremos qué es lo que ese 1 por ciento pudo hacer y qué no, qué es lo que pretendía y qué, hasta ahora, ha obtenido; en definitiva, está intentando poner en jaque la reestructuración de la deuda argentina, y ha puesto en peligro todo el sistema financiero internacional.
Por eso, y no porque sean amigos de la República Argentina, la propia Lagarde, del FMI, quería acompañar a la República Argentina en su reclamo, ya que decía que la cuestión iba a impedir las reestructuraciones dando más poder a los fondos buitres, que son una lacra del sistema financiero internacional.
Entonces, cuando tomaron la deuda lo hicieron a intereses muy altos. Algunos, dicen: "Bueno, se trata de contratos; son bonistas que de buena fe prestaron a la Argentina y ahora quieren cobrar. ¡Pobre gente!". Ello, mientras Singer paga una foto trucha de presuntos jubilados que están reclamando a la Argentina mostrando cómo nuestro país no les quiere pagar.
¿Cuál es la verdad de esta historia? Quienes tomaron deuda argentina en el año 1999, en 2000 y en 2001, recibieron 6 por ciento, 7 por ciento, 9 por ciento; un 10 por ciento más de lo que se pagaba en el mundo ¿Por qué? Porque era más riesgoso, y corrieron ese riesgo; después, fueron a la reestructuración. Esto, demuestran los hechos. Cobraron, mientras pudieron, esas tasas de interés que no se conseguían en ningún lado, eso después mostró su verdadera naturaleza -era una deuda impagable-, y se cayó en el default. Luego, se empezó el largo camino que emprendió el doctor Kirchner desde el año 2003, de normalización -después del default del 2001- de las relaciones financieras internacionales de la República Argentina, tratando de salir de aquel default a través de un proceso que también tiene una dimensión histórica, que es la reestructuración de nuestra deuda, en las condiciones establecidas por el gobierno.
Para que entiendan la cuestión de la deuda, fíjense lo siguiente: si en el año 1976 alguien prestaba 100 dólares a Estados Unidos y estos eran puestos al interés de los bonos norteamericanos hasta 2001, hubiera obtenido 800 dólares en el año 2001. Si se los prestaba a la República Argentina, hubiese obtenido 4.700 dólares...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. LOUSTEAU ¡Hablemos del proyecto; podemos discutir si el proyecto resuelve los problemas!
SR. PRESIDENTE FELETTI Quiero que respetemos el funcionamiento de la comisión, señor diputado. Acá hay varios diputados anotados, los funcionarios van a exponer y luego se expresarán todas las voces que quieran hacerlo.
Respetemos que está el ministro de economía trabajando y exponiendo. La oposición siempre reclama la presencia de los funcionarios; aquí están los funcionarios. Así que seamos respetuosos, y además, no banalicemos los debates, no pongamos en la inmediatez la pérdida que representó el problema estructural de la deuda como condicionante de la vida de este país. Seamos respetuosos y no actuemos con superficialidad frente a estas cuestiones. (Aplausos.)
Continúa en el uso de la palabra el doctor Kicillof.
Respetemos que está el ministro de economía trabajando y exponiendo. La oposición siempre reclama la presencia de los funcionarios; aquí están los funcionarios. Así que seamos respetuosos, y además, no banalicemos los debates, no pongamos en la inmediatez la pérdida que representó el problema estructural de la deuda como condicionante de la vida de este país. Seamos respetuosos y no actuemos con superficialidad frente a estas cuestiones. (Aplausos.)
Continúa en el uso de la palabra el doctor Kicillof.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ¿Qué ocurrió en el año 2001? Cayó en default una deuda con privados del Estado argentino, por 81.836 millones de dólares. Esa es la magnitud de los títulos que cayeron en default en el año 2001.
Contra todos los pronósticos y con críticas internas y externas, así como también con apoyos que hay que valorar -e incluso de la propia oposición al gobierno-, el doctor Kirchner piloteó y llevó adelante un canje que realmente tiene una dimensión histórica. Recupero esta historia por dos elementos.
Todavía hoy, cuando uno lee en los diarios norteamericanos las notas pagadas por los fondos buitres, algunos dicen: Lo que pasa es que el gobierno del presidente Kirchner obligó a los bonistas a tomar condiciones pésimas en la reestructuración. Obligó a tomar bonos, porque fíjense que a esos bonos que eran impagables se les impuso un rasero, un criterio, una forma de tratar la deuda externa argentina: la sostenibilidad.
La principal premisa de la reestructuración fue que la Argentina no iba a reestructurar generando una nueva dinámica insostenible para el endeudamiento. En el caso de la deuda externa argentina, esto implicó un canje voluntario de títulos, en un conjunto de los cuales se hacía un recorte -después podemos analizarlos-, aproximadamente, del 67 por ciento de su valor nominal. A raíz de ese recorte, quejosamente, los bonistas todavía dicen que la República Argentina les hizo una oferta bajísima.
Yo sé que algunos analistas han dicho que en realidad no fue buena la reestructuración. Lean los diarios, observen que todavía están enojados por lo que tuvieron que aceptar en términos de quita. Pero esa quita no es injusta sino que es proporcional y grande, tan grande como de impagable era la deuda anterior. No había otra forma de conseguir un esquema de vencimiento y de sostenibilidad que no fuera estirando los plazos y reduciendo los montos de capital y las tasas de interés.
Ese fue un canje exitoso, ya que en su primera etapa ingresaron 62.000 millones de dólares, es decir, el 76 por ciento. Y más adelante, en la reapertura, ya con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, terminamos de completar aproximadamente 12.000 millones de dólares más, obteniendo un 92,4 por ciento de aceptación, de esos 81.000 millones de dólares.
Quiere decir que desde el punto de vista de una quiebra privada, con el 66 por ciento ya estaba arreglado; pero la Argentina llegó al 93 por ciento. ¿Por qué no entraron los demás? No porque estas condiciones les gustaran o no, sino porque estaban apostando a encontrar un juez que les convalidara esas ganancias multimillonarias con los intereses que mostraba en la lámina anterior. Es decir que querían sus 4.700 dólares por los 100 que habían puesto; querían volver a la época del sobreendeudamiento y a cobrarle a la Argentina lo que pagaba en los 90.
Con esta reestructuración, la República Argentina solucionó prácticamente la unanimidad de aquellos cuyos bonos habían caído en default, pero hay que decir también que esa normalización de los compromisos externos que tomó a su cargo el gobierno argentino desde 2003, permanentemente estuvo amenazada por estos elementos buitres del sistema financiero.
Desde el default de 2001 hasta ahora -por el default y no por lo que hizo el gobierno-, la Argentina tuvo que afrontar prácticamente novecientos juicios, que fueron decreciendo a medida que el canje iba siendo aceptado. Sufrimos ochenta intentos de embargo. Así que cuando hablan de la estrategia judicial de la República Argentina, debo decir que hasta la aparición de esta anomalía, de esta aberración de los fondos buitres, el país exitosamente había afrontado uno tras otro los desafíos que dejó ese default de 2001.
Habían tratado de embargarlo todo -ya saben ustedes, porque es historia conocida-: la fragata, las reservas, los satélites del Conicet y una muestra de dinosaurios enviada a Alemania. Todo, ni siquiera por su valor comercial, sino por esta política de los buitres de extorsionar a los países. Querían nuestro patrimonio paleontológico a cambio de cobrar su 1.600 por ciento.
Así han ido recorriendo el mundo. Por eso, aparecen por todos los países haciendo juicio a la República Argentina, pero todos los intentos de voltear la reestructuración argentina han fracasado, porque no consiguieron nada.
Entonces, hoy estamos ante una situación en la que consiguen -a través de esta sentencia del sistema judicial norteamericano- algo que nadie se esperaba. Y déjenme explicarlo -aunque no soy abogado-, para que vean cuál es la compresión económica de lo que han hecho.
Para cobrar, Singer decía que como tenía un título en default por 100, quería esos sus 100, más los intereses, lo punitorios, el riesgo país, más todo lo que venía en la deuda de los 90. Entonces, se consiguió a un juez que decía que como efectivamente había un título, debía embargarse tal propiedad del gobierno argentino. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque la Argentina es un país soberano, que está protegido de los embargos. La inmunidad soberana nos protege de los embargos también en los Estados Unidos de Norteamérica, por leyes norteamericanas. El FSIA nos protege de los embargos en los Estados Unidos. ¿Por qué no hay embargo? Como establecía la doctrina de Drago, porque no se puede obligar a un país soberano a pagar su deuda mediante embargo, confiscaciones, guerra, bloqueo de puertos o bombardeo.
Las balas pueden ser de pólvora o financieras. Entonces, ¿qué es lo que consiguió Singer con esta interpretación del pari passu, a través del juez Griesa? Voy a hacer este comentario para que sepan por qué todo el mundo está indignado.
Como no se puede embargar a un país soberano, Singer consiguió que el juez Griesa dijera que cuando hubiera que pagar los bonos nuevos del canje, también había que pagarle a él; y si no se pagaba al señor Singer, se prohibía pagar el canje. Eso es lo que intentó hacer, es decir, prohibir pagar los bonos del canje. Por eso, fíjense la magnitud del ataque a la soberanía argentina. El intento era prohibir y condicionar decisiones soberanas de la República Argentina, como la de pagar sus bonos reestructurados.
¿Qué hizo la República Argentina? ¿Qué hizo la presidenta de la Nación? ¿Qué hizo el gobierno ante esta situación? Sostuvo que a la Argentina no se le podía prohibir honrar sus compromisos. Fue y pagó. Esto es lo que pasó en junio. Si ustedes recuerdan, los días previos al 26 de junio, cuando la Argentina paga un vencimiento, que en total era de 1.150 millones de dólares, decían: "Plata o muerte". También escuchábamos esos ecos locales que decían: "Hay que pagar porque si no vendrán los males a la economía, los males de la reputación, los males con los bonos." ¿Qué hizo la Argentina? Fue y pagó. Ese es el criterio que el doctor Zembo ponía como rasero: respetar nuestros compromisos, nuestros contratos y acuerdos.
Así que como los prospectos y como nuestros contratos decían que para honrar su deuda con el 92,4 por ciento la Argentina tenía que ir y depositar la plata en determinada cuenta, el país fue y depositó la plata en la cuenta. Y según el prospecto, los bonos y la lógica de los abogados o de cualquier entendido en la materia, nuestra Nación cumplió con sus obligaciones, es decir, pagar.
Entonces, ¿qué hizo el juez Griesa? Acá viene -entro en cuestiones más técnicas- una de las tantas confusiones que existen en sus decisiones. Evidentemente, el juez Griesa se asustó ante esto. Pueden repasar la audiencia.
Deseo que quede en claro: esa plata, la que corresponde al diferendo, está depositada en la República Argentina en una cuenta del Banco de Nueva York. De los 1.150 millones de dólares que se pagaron, en esa cuenta hay 539 millones, el resto ya se pagó. ¿Qué dijo el juez Griesa al BoNY? "Usted debería devolver la plata a la República Argentina". ¿Qué querían el juez Griesa y Singer? Que nosotros no pagáramos, que entráramos al default voluntariamente, a pesar de tener la plata, estar el vencimiento, los bonos y la cuenta; que no abonáramos si no pagábamos a Singer sus 830 millones de dólares, monto que con la mitad restante suma 1.600 millones de dólares, aproximadamente. Quería que pagáramos eso.
La Argentina depositó y pagó; entonces, qué dijo el juez Griesa respecto de esa plata que quedaba retenida. El Banco de Nueva York le consulta qué hace con esa plata, y él dice, oralmente: "Devuélvala." El Citibank es donde la Argentina paga bonos de la reestructuración, pero con ley argentina; técnicamente, no son deuda externa, porque deuda externa es aquella no nominada en dólares, sino con jurisdicción extranjera. Entonces, paga esos bonos de la reestructuración, pero que no son deuda externa, a través del Citibank de Argentina, un banco de nuestro país que cuando sucedió el "corralito" no devolvió los fondos yendo a la casa matriz; es decir que esta no puso los dólares. Ese banco recibe la plata, le pregunta a Griesa y el juez le dice que pague.
Es aquí donde empieza toda la maraña de confusiones que, técnicamente, si me hacen las preguntas en su momento, puedo intentar explicar pero que es difícil, porque no tiene ningún sustento técnico. Está mal hecho, se trata de un error arriba de otro error del juzgado. ¿Por qué? Porque lo que hace es aceptar los dictámenes del señor Singer. ¿Qué dice el señor Singer? "No le deje pagar a nadie hasta que me paguen a mí", pero en ese "nadie" puede entrar absolutamente cualquiera, un bono de ley argentina, un bono ley europea; esa es la confusión que se armó.
¿Qué ha hecho el juez Griesa con la plata que depositó en tiempo y forma la República Argentina?
No es que no dejó pagar; no es que dijo: "Páguele una parte a los buitres y otra, désela a los bonistas reestructurados". No resuelve. Por eso hemos hablado de "limbo jurídico" respecto de lo que dejó el depósito realizado por la República Argentina; porque lo dejó ahí. Y nuestro país le dice: "Pero señor, esa plata no es de la Argentina; esa plata es de los bonistas. Usted va a tener problemas con los bonistas". Efectivamente -como ha señalado aquí el señor Zembo-, los bonistas van diciendo: "Qué tengo que ver yo con este problema. Esa es mi plata, está depositada y no me dejan cobrar".
Realmente, se ha armado un intríngulis jurídico financiero que es un escándalo. Por eso, a los que dicen: "Hay que hacer caso al juez Griesa", les diría que tengo miedo de que ese juez siga disponiendo este tipo de cosas, que son imposibles de cumplir.
¿Qué caso se puede hacer a un señor que dice que el pari passu que se aplica a deuda externa también se aplica a deuda argentina? No es así. No es deuda externa; el Citibank se lo dijo al juez Griesa. ¿Y cómo se lo dijo? "Mire, de estos bonos que usted no me deja pagar, una parte corresponden a lo de Repsol", y el juez Griesa le dijo: "Bueno, fíjese cómo distingue los bonos de Repsol de los otros bonos".
Disculpen la manera coloquial en que les hablo, pero parece joda. No se puede distinguir un bono de otro. ¿Cómo o por qué se lo ha pedido al banco? Porque la sentencia ya era de imposible cumplimiento. Entonces, todas las órdenes que de ellos se derivan, por más que estén guiadas, escritas y a la medida de los fondos buitres, no se pueden aplicar.
De modo que está todo dando vueltas, y esa es la situación. No es que hay algo firme; no hay nada firme. Lo único firme que hay es el ataque de los buitres contra la República Argentina, los intentos de extorsión para cobrar ese 1.600 por ciento, la intransigencia de un sector que se llama "buitre" porque es inflexible. Si fuera gente que negocia, ya estarían dentro del canje.
Entonces, esa plata quedó ahí y después el juez Griesa, en lugar de definir qué iba a hacer con ese dinero, dijo: "Bueno, yo tengo una sentencia, pero ahora negocien".
Para resumir, y también para aclarar y mostrarles un poco cuál fue el contenido de esa negociación, ahí estaban el señor Singer con una sentencia de Griesa que decía que él podía cobrar 1.600 por ciento, y un juez que le decía: "Para que a usted le paguen todo lo que pide, retenga los bonos ley argentina, retenga tal o cual cosa, vaya y ponga en desacato; vaya y amenace; peléese con la presidenta de un país soberano". Y él iba y hacía. Entonces, ¿qué mesa de negociación es esa?
Acá vienen los problemas inherentes a esa presunta negociación. En primer lugar, ¿qué incentivo podía tener el señor Singer a negociar, si tenía una sentencia, era amigo del juez, decía que iba a cobrar y si no, él tenía la llave, pero no para que la Argentina no pague -porque esa llave se la arrebatamos; creía tenerla y no la tenía-, sino para impedirle a Zembo y a sus representados que puedan cobrar? De manera que había tomado rehenes, y ahí estaba negociando con esos rehenes ante la República Argentina, diciendo: "Paguen, paguen, paguen, paguen".
Cuando nos sentamos a esa mesa de negociación, la Argentina expuso sus leyes, las restricciones, las condiciones financieras e hizo ofertas dentro de la ley y dentro de sus contratos, mientras del otro lado había una sola palabra, que era un número: 1.600 por ciento. Es lo único que iban a aceptar los fondos buitres. A ello, la República Argentina, dijo: "Miren, señores, no podemos pagar 1.600 por ciento porque es ilegal, porque rompe nuestros contratos, porque no es una solución".
No es una solución pagar a Singer el 1.600 por ciento. Eso sería la madre de infinitos problemas que van a surgir después, porque si la Argentina le paga el 1.600 por ciento a Singer, primero, ello sería ilegal, pero además, con la cláusula RUFO y la ley local, cualquier otro bonista como el señor Zembo -que hoy vino acá a reclamar lo suyo-, tendría el mismo derecho -y se lo hemos reconocido, y es un contrato nuestro-, a reclamar después el mismo 1.600 por ciento que Singer.
¿Entonces, qué ganamos pagándole más que a los bonistas de la reestructuración? De ninguna manera puede ser ésta una solución.
El segundo problema que quiero plantear aquí, que es importante y tal vez no es tan comprendido, es que se llama "negociación" a algo que no lo fue. Ello, no porque la Argentina no tenga voluntad negociadora, porque fuimos al Club de París, negociamos y llegamos a un acuerdo, aunque eran duros. Fuimos a hablar con Repsol, negociamos y llegamos a un acuerdo, y fue difícil. Fuimos al CIADI, negociamos y llegamos a un acuerdo.
Hablamos con todos los bonistas, y el 92,4 por ciento llegó a un acuerdo ¿Por qué con Singer, no? Porque no tiene voluntad negociadora, porque para eso es un buitre, para cobrar el ciento por ciento de lo que reclama; porque la cláusula RUFO y la ley local nos impiden, evidentemente, pagarle más. Además, el juez Griesa armó un escenario de negociación que no es tal. Me senté ante el señor Pollak, y lo primero que le dije es: "Si usted quiere que discutamos con los holdouts, ponga por lo menos a los que están en su tribunal, porque la Argentina tiene disposición a pagar el ciento por ciento a los bonistas, en condiciones justas, equitativas, sostenibles y legales; pero no puede arreglar con Singer bajo extorsión".
Le dijimos que trajera a todos los holdouts para hacer nuestra oferta -que es el canje, que está abierto a todos los holdouts- y escucharlos. El señor Griesa y el señor Pollak también impidieron esa posibilidad; dijeron que no, que había que negociar con Singer.
Déjenme explicarles algo que es obvio. Si ustedes tienen que negociar con cinco acreedores que tienen los mismos derechos, jamás tendrían que negociar primero con uno, arreglar con ese; después, con el segundo, arreglar con ese otro... Es imposible. Esto no existe, no es una negociación. Eso fue un escenario, una puesta en escena que trataron de hacer. Por eso, la República Argentina fue con su voluntad negociadora y su buena fe a explicarles nuestras razones -exactamente las mismas que las que estamos diciendo ante este Parlamento-, que son las que nos marcan la ley, los contratos y nuestros compromisos.
Esa situación, o sea una falsa negociación, terminó de la única manera que podía terminar; y la hemos llevado hasta el último día para que quede en claro que no es que la Argentina no está dispuesta a conversar. Dijo la presidenta que fue la primera vez que un ministro de Economía se sentó con los fondos buitres; pero nos sentamos con ellos porque se estaba armando un escenario en el que se decía que la Argentina no quería sentarse con sus acreedores. Fuimos y nos sentamos con los fondos buitres. ¿Qué escuchamos? El graznido de un buitre. ¿Qué íbamos a escuchar? El reclamo del 1.600 por ciento es todo lo que íbamos a escuchar.
Para que quede en claro; como la Argentina no podía pagar el 1.600 por ciento, por las razones que acabo de exponer y muchas más que ustedes conocen, nosotros dijimos: Puede ser que dentro del sector privado haya gente que está perjudicada por lo que está haciendo el juez, y esté dispuesta a pagar. Veíamos que esa gente estaba reclamándole al juez, a los bancos, a tribunales en Inglaterra o en Gales. O sea, este lío generó problemas con terceros que, viéndose perjudicados por la sentencia y por el accionar de Singer, podrían estar dispuestos a pagar.
Entonces, un arreglo entre privados no viola la cláusula RUFO ni nuestros compromisos, e implica una negociación de mercado. Allí fueron bancos locales, y luego, bancos extranjeros. Cualquiera que dialogue con esta gente, y que los conozca, va a decir lo mismo.
Ayer estaba con un periodista financiero que me decía que los bancos extranjeros estaban escandalizados, porque fueron allí a negociar y se encontraron con el paredón de Singer que pide 1.600 por ciento, que es lo que le pidieron también al sector privado. Por eso, no hay posibilidad de acuerdo. No se trata de que hayamos negociado mal o de falta de experiencia, como dijeron algunos; o como otros señalaran en el sentido de que se pudo cerrar acuerdos complejos, pero este, no. No quiero cantar loas sobre nuestra capacidad negociadora.
Lo que pretendo señalar es que se puede mandar allí al mejor negociador del mundo, pero si no está dispuesto a pagar lo que se está pidiendo no va a salir de esa mesa con un acuerdo; además, los que reclaman tienen una sentencia, un juez que da las órdenes que ellos le piden y todo el aparato de propaganda. Están jugando la ficha de cobrar su 1.600 por ciento, contra todas las desgracias que presuntamente estarían ocurriendo si no se paga a Singer.
Esta es la cuestión. Cuando esos bancos fueron, fracasaron las negociones; pero no por la incapacidad de los bancos privados nacionales o extranjeros, sino porque del otro lado no hay ni la más mínima voluntad negociadora. Esto, que les quede en claro. Además, esa negociación es de mala fe.
Otra cosa que pregunté al señor Pollak en esa mesa fue si los señores buitres tenían seguro contra default, porque si los tenían, esa negociación resultaba una pantomima y una payasada. El mejor escenario para ellos consistía en cobrarse los seguros para default y después pedir a Pollak que nos convocara de nuevo, como efectivamente hizo, para volver a negociar ese 1.600 por ciento. Así, se podían quedar con el pan y con la torta.
Esas son las características de lo que está ocurriendo en Nueva York, que es un escándalo mundial. Eso es lo que está pasando.
Hasta acá, la situación es la siguiente: se pagó, el juez no dejó cobrar una parte. Mañana hay una audiencia convocada nuevamente por Griesa, probablemente, una más en la que nada se resuelve. ¿Por qué no resuelva nada Griesa? Porque si resuelve todo lo que se reclama con justicia, le quita instrumento de presión a Singer. Si Gresia deja pagar los bonos de legislación europea, si deja en paz a Euroclear y a las agencias compensadoras, quita instrumentos de presión a Singer.
Entonces, el juez Griesa se excede de su jurisdicción tratando de gobernar sobre Europa, sobre la ley argentina, y dictando órdenes que están fuera de la ley; y ahí estamos.
¿Qué tenemos por delante y cuál es el motivo de esta ley? Lo quiero explicar claramente porque hemos acompañado este proyecto de ley también en los antecedentes, y hemos sido muy elocuentes y muy detallistas en los fundamentos porque tiene complejidades jurídicas, financieras y económicas. ¿Qué estamos pretendiendo? ¿Qué problemas tenemos y por qué acudimos a este Parlamento?
El pago de junio se ha hecho, pero ahora estamos ante la perspectiva del pago de fin de septiembre, y esto es lo primero que queremos discutir en el Parlamento. Qué hacer con el pago de septiembre. El pago de junio fue realizado en tiempo, forma y según lo establecido en el contrato; pero resulta que para el pago de septiembre nos encontramos con dos cuestiones. Primera cuestión: cuando pagamos en junio no sabíamos que el juez Griesa iba a dejar esos fondos en ese fantasmagórico territorio donde no se permite cobrar. Por lo tanto, nadie podría argumentar que lo conveniente es volver a depositar en la misma cuenta, como lo hicimos en junio.
Hoy, sabemos que nos enfrentamos a un juez que ni siquiera deja que cobren los bonistas europeos, que no resuelve y que ha puesto en crisis el contrato. Después, nos enteramos de que el banco de Nueva York no cumple plenamente con todos los requisitos que debería tener para ser el fiduciario de nuestro pago de deuda. ¿Por qué no los cumple? Porque debe tener una oficina habilitada en la República Argentina, y como no la tiene, se encuentra en incumplimiento. De forma tal que no cuenta con autorización para tener una oficina en la República Argentina.
Por lo tanto, el Banco de Nueva York está, en este momento, fuera de los requisitos del contrato.
Entonces, ¿cuál es la voluntad de la República Argentina, antes que nada? ¿Cuál es la voluntad de la presidenta de la Nación? Efectuar el próximo pago, como hemos hecho con el pago anterior, cumpliendo los contratos y los prospectos de la deuda.
Como no se puede hacer lo mismo que se hizo en el pago anterior, estamos aquí hablando con los integrantes del Parlamento y también escuchando las ideas respecto de qué es lo más conveniente para que la Argentina siga pagando.
¿Por qué decimos "siga pagando"? Porque el próximo vencimiento es de alrededor de 200 millones de dólares, es decir que no hace cosquillas a la capacidad de pago de la República Argentina. ¿Cuál es la intención de Singer? Que no podamos pagar. Lo único que ha logrado es no dejar cobrar a Zembo y a sus representados, pero la Argentina va a seguir pagando.
Tenemos que preservar el derecho soberano de pagar nuestros compromisos, porque esto va más allá de la cuestión instrumental y constituye un tema de fondo. No pueden prohibir, impedir u obstaculizar a la Argentina pagar su deuda reestructurada, pues ello surge de un derecho soberano. Por eso esta es una ley de pago soberano. No nos va a decir un juez, y menos un multimillonario especulador, si podemos o no pagar al 92,4 por ciento. Entonces, el elemento central de este proyecto de ley es asegurar el pago de septiembre.
¿Cuál es el segundo elemento central de esta iniciativa? Ustedes la conocen, por lo que voy a ser muy breve. Como el fiduciario que tenemos no es eficiente para pagar -y ahora, además, está en incumplimiento-, en el caso de que la ley sea sancionada se facultará al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a elegir otro fiduciario dentro del contrato. Debería ser un fiduciario que garantice, una vez que nosotros paguemos, que se pueda cobrar; es decir que obedezca nuestro contrato y no al juez Griesa.
Eso es lo que entendemos nosotros, pero aquí se abre un crisol de posibilidades, porque los bonistas que están impedidos de cobrar, por los contratos que han firmado tienen la posibilidad de reemplazar al fiduciario. Si reúnen determinadas mayorías, que en este caso serían minorías, ya que con un 25 por ciento -e incluso, con un solo bonista-, podrían empezar el proceso de cambio de fiduciario.
En este punto existen cuestiones técnicas mucho más complejas que tienen que ver con cada serie de bonos. Hay dieciséis series; el Discount, el par, hay diferentes emisiones que se llaman "series". Los contratos de estas minorías o mayorías se determinan por cada serie. Además, existen mayorías especiales que abarcan todas las series.
Si quieren podemos hablar más de esta cuestión técnica, pero para ser sintético, quiero decir que ellos también podrían proponer a otro fiduciario, por serie. Así podrían hacerlo los bonistas europeos, los bonistas con ley argentina o alguna serie. Entonces, la ley no cierra ese camino, pero intenta asegurar que la voluntad y la capacidad de pago de la Argentina se materialicen en el pago concreto en septiembre. Ese es un prerrequisito. En este Parlamento tenemos que discutir cómo hacemos el pago de septiembre.
Se faculta al Ministerio de Economía Finanzas Públicas para elegir como fiduciario al Banco de la Nación Argentina. Esa facultad debe tener fuerza de ley porque implica tomar decisiones sobre la base de la coyuntura actual, que es absolutamente extraordinaria. ¿Cuál es la coyuntura extraordinaria? Que no figura en el prospecto que un juez puede decir a la contraparte de un contrato que haga tal cosa o tal otra.
Entonces, estamos ante un caso fuerza mayor -llamémoslo de este modo-, de incumplimiento de una de las partes, donde la Argentina ha intimado y ha operado jurídicamente pero tiene la urgencia de tomar una decisión antes de septiembre. Debe tomar esta decisión dentro del contrato, todo lo que se pueda, para preservarlo en su espíritu. Una posibilidad que pedimos es que este Congreso habilite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para tomar a Nación Fideicomiso como reemplazante del Banco de Nueva York.
Ahora, voy a referirme a otro punto que nos han pedido algunos bonistas -quiero que esto quede muy claro- con respecto a que pongamos en operación el canje de deuda, en dos sentidos.
Se trata de un canje que ya estaba decidido por el Parlamento para los holdouts, para el 7,6 por ciento, que tal como dicta nuestra ley sería en las mismas condiciones que los canjes 2005 y 2010. Acá hay un punto en el que también pedimos autorización al Parlamento.
Ante este ataque y esta campaña que señala que nuestro país no paga sus deudas -cuando la verdad es absolutamente contraria a ello-, lo que queremos hacer es comenzar a efectuar depósitos, a partir del próximo pago -como quien dice, en consignación-, para el 7,6 por ciento de los bonistas que no entraron al canje, ingresen o no. De esa manera mostramos al señor Singer, a su aparato de propaganda, a los legisladores norteamericanos que desconfían de esto y al mundo entero, que la República Argentina tiene tanta voluntad de pago que reserva recursos para pagar al ciento por ciento de los bonistas, no sólo a los que ya entraron al canje sino a los demás, en las mismas condiciones y en cada uno de los vencimientos. Esta posibilidad podría habilitarse sólo por una ley del Parlamento.
En tercer lugar, y a pedido de los bonistas, lo que pretendemos es que si voluntariamente alguno de ellos deseara cambiar algún título de legislación extranjera por un título con legislación local, pueda ejercer esa opción. Esto es a pedido de los bonistas; no es compulsivo, ni siquiera es contra el tribunal. Es algo que los bonistas han pedido y que no está contemplado en la ley aprobada el año pasado. Lo han solicitado porque se encontraron con los obstáculos que acabo de exponer para cobrar bonos de legislación extranjera. Entonces, algunos han pedido cobrar bonos de legislación local. Es decir, pasar a deuda en moneda extranjera con disponibilidad de divisas, pero con cobro local.
Sintéticamente, esta ley autorizaría a abrir una cuenta con un nuevo agente fiduciario, que podría ser el Banco Nación. En segundo lugar, a operativizar el canje empezando con los depósitos para el 7,6 por ciento que no entró, con el próximo pago -y lo vamos a decir como corresponde-, esto es, el verdadero pari passu. Es decir, se quiere pagar a los bonistas que van a ingresar al canje al igual que a los bonistas que ya entraron.
Por último, se busca habilitar que aquellos que vengan con bono ley extranjera -ley de Estados Unidos, ley europea- y quieran optar por ley argentina -esto ha sido un agregado sobre la base de las discusiones y propuestas que ha habido, algunos han manifestado también bonos con ley francesa-, tengan disponible un canje de un bono por otro, exactamente en las mismas condiciones con otra legislación. ¿Por qué? Porque aparentemente esa es la voluntad de los bonistas, pero la verdad es que va a ser una opción de cada uno de ellos. Se trata de una alternativa.
Los contratos también prevén derechos para los bonistas, que les permitirían cambiar de sede e incluso, de legislación. Puede ser que ocurra -y hay algunos rumores dando vueltas al respecto- que se generen asambleas o grupos de bonistas que requieran a la República que convalide o no deseos emanados de su voluntad de modificar, ya sean las condiciones, los canales de pago o la legislación de los bonos, pero eso irá ocurriendo en el transcurso de los días. ¿Por qué digo "en el transcurso de los días"? Porque nuestro principal objetivo hoy es abrir estas posibilidades que darían a la Argentina las condiciones para pagar en septiembre, antes que nada. En segundo lugar, para dar una solución definitiva a las reestructuraciones que vienen a saldar aquellos problemas que derivan del default de 2001 de manera total, completa y definitiva de aquí hacia adelante.
Esto es lo que estamos trayendo al Parlamento. Venimos a escuchar preguntas y propuestas, las que tengan si las hay, para mejorar esta legislación.
Venimos también a decir que la cuestión de pagar el ciento por ciento a los acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sostenibles no es solo una necesidad de nuestro gobierno sino un imperativo para que el país pueda seguir creciendo e incluyendo a más y más argentinos. (Aplausos.)
Contra todos los pronósticos y con críticas internas y externas, así como también con apoyos que hay que valorar -e incluso de la propia oposición al gobierno-, el doctor Kirchner piloteó y llevó adelante un canje que realmente tiene una dimensión histórica. Recupero esta historia por dos elementos.
Todavía hoy, cuando uno lee en los diarios norteamericanos las notas pagadas por los fondos buitres, algunos dicen: Lo que pasa es que el gobierno del presidente Kirchner obligó a los bonistas a tomar condiciones pésimas en la reestructuración. Obligó a tomar bonos, porque fíjense que a esos bonos que eran impagables se les impuso un rasero, un criterio, una forma de tratar la deuda externa argentina: la sostenibilidad.
La principal premisa de la reestructuración fue que la Argentina no iba a reestructurar generando una nueva dinámica insostenible para el endeudamiento. En el caso de la deuda externa argentina, esto implicó un canje voluntario de títulos, en un conjunto de los cuales se hacía un recorte -después podemos analizarlos-, aproximadamente, del 67 por ciento de su valor nominal. A raíz de ese recorte, quejosamente, los bonistas todavía dicen que la República Argentina les hizo una oferta bajísima.
Yo sé que algunos analistas han dicho que en realidad no fue buena la reestructuración. Lean los diarios, observen que todavía están enojados por lo que tuvieron que aceptar en términos de quita. Pero esa quita no es injusta sino que es proporcional y grande, tan grande como de impagable era la deuda anterior. No había otra forma de conseguir un esquema de vencimiento y de sostenibilidad que no fuera estirando los plazos y reduciendo los montos de capital y las tasas de interés.
Ese fue un canje exitoso, ya que en su primera etapa ingresaron 62.000 millones de dólares, es decir, el 76 por ciento. Y más adelante, en la reapertura, ya con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, terminamos de completar aproximadamente 12.000 millones de dólares más, obteniendo un 92,4 por ciento de aceptación, de esos 81.000 millones de dólares.
Quiere decir que desde el punto de vista de una quiebra privada, con el 66 por ciento ya estaba arreglado; pero la Argentina llegó al 93 por ciento. ¿Por qué no entraron los demás? No porque estas condiciones les gustaran o no, sino porque estaban apostando a encontrar un juez que les convalidara esas ganancias multimillonarias con los intereses que mostraba en la lámina anterior. Es decir que querían sus 4.700 dólares por los 100 que habían puesto; querían volver a la época del sobreendeudamiento y a cobrarle a la Argentina lo que pagaba en los 90.
Con esta reestructuración, la República Argentina solucionó prácticamente la unanimidad de aquellos cuyos bonos habían caído en default, pero hay que decir también que esa normalización de los compromisos externos que tomó a su cargo el gobierno argentino desde 2003, permanentemente estuvo amenazada por estos elementos buitres del sistema financiero.
Desde el default de 2001 hasta ahora -por el default y no por lo que hizo el gobierno-, la Argentina tuvo que afrontar prácticamente novecientos juicios, que fueron decreciendo a medida que el canje iba siendo aceptado. Sufrimos ochenta intentos de embargo. Así que cuando hablan de la estrategia judicial de la República Argentina, debo decir que hasta la aparición de esta anomalía, de esta aberración de los fondos buitres, el país exitosamente había afrontado uno tras otro los desafíos que dejó ese default de 2001.
Habían tratado de embargarlo todo -ya saben ustedes, porque es historia conocida-: la fragata, las reservas, los satélites del Conicet y una muestra de dinosaurios enviada a Alemania. Todo, ni siquiera por su valor comercial, sino por esta política de los buitres de extorsionar a los países. Querían nuestro patrimonio paleontológico a cambio de cobrar su 1.600 por ciento.
Así han ido recorriendo el mundo. Por eso, aparecen por todos los países haciendo juicio a la República Argentina, pero todos los intentos de voltear la reestructuración argentina han fracasado, porque no consiguieron nada.
Entonces, hoy estamos ante una situación en la que consiguen -a través de esta sentencia del sistema judicial norteamericano- algo que nadie se esperaba. Y déjenme explicarlo -aunque no soy abogado-, para que vean cuál es la compresión económica de lo que han hecho.
Para cobrar, Singer decía que como tenía un título en default por 100, quería esos sus 100, más los intereses, lo punitorios, el riesgo país, más todo lo que venía en la deuda de los 90. Entonces, se consiguió a un juez que decía que como efectivamente había un título, debía embargarse tal propiedad del gobierno argentino. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque la Argentina es un país soberano, que está protegido de los embargos. La inmunidad soberana nos protege de los embargos también en los Estados Unidos de Norteamérica, por leyes norteamericanas. El FSIA nos protege de los embargos en los Estados Unidos. ¿Por qué no hay embargo? Como establecía la doctrina de Drago, porque no se puede obligar a un país soberano a pagar su deuda mediante embargo, confiscaciones, guerra, bloqueo de puertos o bombardeo.
Las balas pueden ser de pólvora o financieras. Entonces, ¿qué es lo que consiguió Singer con esta interpretación del pari passu, a través del juez Griesa? Voy a hacer este comentario para que sepan por qué todo el mundo está indignado.
Como no se puede embargar a un país soberano, Singer consiguió que el juez Griesa dijera que cuando hubiera que pagar los bonos nuevos del canje, también había que pagarle a él; y si no se pagaba al señor Singer, se prohibía pagar el canje. Eso es lo que intentó hacer, es decir, prohibir pagar los bonos del canje. Por eso, fíjense la magnitud del ataque a la soberanía argentina. El intento era prohibir y condicionar decisiones soberanas de la República Argentina, como la de pagar sus bonos reestructurados.
¿Qué hizo la República Argentina? ¿Qué hizo la presidenta de la Nación? ¿Qué hizo el gobierno ante esta situación? Sostuvo que a la Argentina no se le podía prohibir honrar sus compromisos. Fue y pagó. Esto es lo que pasó en junio. Si ustedes recuerdan, los días previos al 26 de junio, cuando la Argentina paga un vencimiento, que en total era de 1.150 millones de dólares, decían: "Plata o muerte". También escuchábamos esos ecos locales que decían: "Hay que pagar porque si no vendrán los males a la economía, los males de la reputación, los males con los bonos." ¿Qué hizo la Argentina? Fue y pagó. Ese es el criterio que el doctor Zembo ponía como rasero: respetar nuestros compromisos, nuestros contratos y acuerdos.
Así que como los prospectos y como nuestros contratos decían que para honrar su deuda con el 92,4 por ciento la Argentina tenía que ir y depositar la plata en determinada cuenta, el país fue y depositó la plata en la cuenta. Y según el prospecto, los bonos y la lógica de los abogados o de cualquier entendido en la materia, nuestra Nación cumplió con sus obligaciones, es decir, pagar.
Entonces, ¿qué hizo el juez Griesa? Acá viene -entro en cuestiones más técnicas- una de las tantas confusiones que existen en sus decisiones. Evidentemente, el juez Griesa se asustó ante esto. Pueden repasar la audiencia.
Deseo que quede en claro: esa plata, la que corresponde al diferendo, está depositada en la República Argentina en una cuenta del Banco de Nueva York. De los 1.150 millones de dólares que se pagaron, en esa cuenta hay 539 millones, el resto ya se pagó. ¿Qué dijo el juez Griesa al BoNY? "Usted debería devolver la plata a la República Argentina". ¿Qué querían el juez Griesa y Singer? Que nosotros no pagáramos, que entráramos al default voluntariamente, a pesar de tener la plata, estar el vencimiento, los bonos y la cuenta; que no abonáramos si no pagábamos a Singer sus 830 millones de dólares, monto que con la mitad restante suma 1.600 millones de dólares, aproximadamente. Quería que pagáramos eso.
La Argentina depositó y pagó; entonces, qué dijo el juez Griesa respecto de esa plata que quedaba retenida. El Banco de Nueva York le consulta qué hace con esa plata, y él dice, oralmente: "Devuélvala." El Citibank es donde la Argentina paga bonos de la reestructuración, pero con ley argentina; técnicamente, no son deuda externa, porque deuda externa es aquella no nominada en dólares, sino con jurisdicción extranjera. Entonces, paga esos bonos de la reestructuración, pero que no son deuda externa, a través del Citibank de Argentina, un banco de nuestro país que cuando sucedió el "corralito" no devolvió los fondos yendo a la casa matriz; es decir que esta no puso los dólares. Ese banco recibe la plata, le pregunta a Griesa y el juez le dice que pague.
Es aquí donde empieza toda la maraña de confusiones que, técnicamente, si me hacen las preguntas en su momento, puedo intentar explicar pero que es difícil, porque no tiene ningún sustento técnico. Está mal hecho, se trata de un error arriba de otro error del juzgado. ¿Por qué? Porque lo que hace es aceptar los dictámenes del señor Singer. ¿Qué dice el señor Singer? "No le deje pagar a nadie hasta que me paguen a mí", pero en ese "nadie" puede entrar absolutamente cualquiera, un bono de ley argentina, un bono ley europea; esa es la confusión que se armó.
¿Qué ha hecho el juez Griesa con la plata que depositó en tiempo y forma la República Argentina?
No es que no dejó pagar; no es que dijo: "Páguele una parte a los buitres y otra, désela a los bonistas reestructurados". No resuelve. Por eso hemos hablado de "limbo jurídico" respecto de lo que dejó el depósito realizado por la República Argentina; porque lo dejó ahí. Y nuestro país le dice: "Pero señor, esa plata no es de la Argentina; esa plata es de los bonistas. Usted va a tener problemas con los bonistas". Efectivamente -como ha señalado aquí el señor Zembo-, los bonistas van diciendo: "Qué tengo que ver yo con este problema. Esa es mi plata, está depositada y no me dejan cobrar".
Realmente, se ha armado un intríngulis jurídico financiero que es un escándalo. Por eso, a los que dicen: "Hay que hacer caso al juez Griesa", les diría que tengo miedo de que ese juez siga disponiendo este tipo de cosas, que son imposibles de cumplir.
¿Qué caso se puede hacer a un señor que dice que el pari passu que se aplica a deuda externa también se aplica a deuda argentina? No es así. No es deuda externa; el Citibank se lo dijo al juez Griesa. ¿Y cómo se lo dijo? "Mire, de estos bonos que usted no me deja pagar, una parte corresponden a lo de Repsol", y el juez Griesa le dijo: "Bueno, fíjese cómo distingue los bonos de Repsol de los otros bonos".
Disculpen la manera coloquial en que les hablo, pero parece joda. No se puede distinguir un bono de otro. ¿Cómo o por qué se lo ha pedido al banco? Porque la sentencia ya era de imposible cumplimiento. Entonces, todas las órdenes que de ellos se derivan, por más que estén guiadas, escritas y a la medida de los fondos buitres, no se pueden aplicar.
De modo que está todo dando vueltas, y esa es la situación. No es que hay algo firme; no hay nada firme. Lo único firme que hay es el ataque de los buitres contra la República Argentina, los intentos de extorsión para cobrar ese 1.600 por ciento, la intransigencia de un sector que se llama "buitre" porque es inflexible. Si fuera gente que negocia, ya estarían dentro del canje.
Entonces, esa plata quedó ahí y después el juez Griesa, en lugar de definir qué iba a hacer con ese dinero, dijo: "Bueno, yo tengo una sentencia, pero ahora negocien".
Para resumir, y también para aclarar y mostrarles un poco cuál fue el contenido de esa negociación, ahí estaban el señor Singer con una sentencia de Griesa que decía que él podía cobrar 1.600 por ciento, y un juez que le decía: "Para que a usted le paguen todo lo que pide, retenga los bonos ley argentina, retenga tal o cual cosa, vaya y ponga en desacato; vaya y amenace; peléese con la presidenta de un país soberano". Y él iba y hacía. Entonces, ¿qué mesa de negociación es esa?
Acá vienen los problemas inherentes a esa presunta negociación. En primer lugar, ¿qué incentivo podía tener el señor Singer a negociar, si tenía una sentencia, era amigo del juez, decía que iba a cobrar y si no, él tenía la llave, pero no para que la Argentina no pague -porque esa llave se la arrebatamos; creía tenerla y no la tenía-, sino para impedirle a Zembo y a sus representados que puedan cobrar? De manera que había tomado rehenes, y ahí estaba negociando con esos rehenes ante la República Argentina, diciendo: "Paguen, paguen, paguen, paguen".
Cuando nos sentamos a esa mesa de negociación, la Argentina expuso sus leyes, las restricciones, las condiciones financieras e hizo ofertas dentro de la ley y dentro de sus contratos, mientras del otro lado había una sola palabra, que era un número: 1.600 por ciento. Es lo único que iban a aceptar los fondos buitres. A ello, la República Argentina, dijo: "Miren, señores, no podemos pagar 1.600 por ciento porque es ilegal, porque rompe nuestros contratos, porque no es una solución".
No es una solución pagar a Singer el 1.600 por ciento. Eso sería la madre de infinitos problemas que van a surgir después, porque si la Argentina le paga el 1.600 por ciento a Singer, primero, ello sería ilegal, pero además, con la cláusula RUFO y la ley local, cualquier otro bonista como el señor Zembo -que hoy vino acá a reclamar lo suyo-, tendría el mismo derecho -y se lo hemos reconocido, y es un contrato nuestro-, a reclamar después el mismo 1.600 por ciento que Singer.
¿Entonces, qué ganamos pagándole más que a los bonistas de la reestructuración? De ninguna manera puede ser ésta una solución.
El segundo problema que quiero plantear aquí, que es importante y tal vez no es tan comprendido, es que se llama "negociación" a algo que no lo fue. Ello, no porque la Argentina no tenga voluntad negociadora, porque fuimos al Club de París, negociamos y llegamos a un acuerdo, aunque eran duros. Fuimos a hablar con Repsol, negociamos y llegamos a un acuerdo, y fue difícil. Fuimos al CIADI, negociamos y llegamos a un acuerdo.
Hablamos con todos los bonistas, y el 92,4 por ciento llegó a un acuerdo ¿Por qué con Singer, no? Porque no tiene voluntad negociadora, porque para eso es un buitre, para cobrar el ciento por ciento de lo que reclama; porque la cláusula RUFO y la ley local nos impiden, evidentemente, pagarle más. Además, el juez Griesa armó un escenario de negociación que no es tal. Me senté ante el señor Pollak, y lo primero que le dije es: "Si usted quiere que discutamos con los holdouts, ponga por lo menos a los que están en su tribunal, porque la Argentina tiene disposición a pagar el ciento por ciento a los bonistas, en condiciones justas, equitativas, sostenibles y legales; pero no puede arreglar con Singer bajo extorsión".
Le dijimos que trajera a todos los holdouts para hacer nuestra oferta -que es el canje, que está abierto a todos los holdouts- y escucharlos. El señor Griesa y el señor Pollak también impidieron esa posibilidad; dijeron que no, que había que negociar con Singer.
Déjenme explicarles algo que es obvio. Si ustedes tienen que negociar con cinco acreedores que tienen los mismos derechos, jamás tendrían que negociar primero con uno, arreglar con ese; después, con el segundo, arreglar con ese otro... Es imposible. Esto no existe, no es una negociación. Eso fue un escenario, una puesta en escena que trataron de hacer. Por eso, la República Argentina fue con su voluntad negociadora y su buena fe a explicarles nuestras razones -exactamente las mismas que las que estamos diciendo ante este Parlamento-, que son las que nos marcan la ley, los contratos y nuestros compromisos.
Esa situación, o sea una falsa negociación, terminó de la única manera que podía terminar; y la hemos llevado hasta el último día para que quede en claro que no es que la Argentina no está dispuesta a conversar. Dijo la presidenta que fue la primera vez que un ministro de Economía se sentó con los fondos buitres; pero nos sentamos con ellos porque se estaba armando un escenario en el que se decía que la Argentina no quería sentarse con sus acreedores. Fuimos y nos sentamos con los fondos buitres. ¿Qué escuchamos? El graznido de un buitre. ¿Qué íbamos a escuchar? El reclamo del 1.600 por ciento es todo lo que íbamos a escuchar.
Para que quede en claro; como la Argentina no podía pagar el 1.600 por ciento, por las razones que acabo de exponer y muchas más que ustedes conocen, nosotros dijimos: Puede ser que dentro del sector privado haya gente que está perjudicada por lo que está haciendo el juez, y esté dispuesta a pagar. Veíamos que esa gente estaba reclamándole al juez, a los bancos, a tribunales en Inglaterra o en Gales. O sea, este lío generó problemas con terceros que, viéndose perjudicados por la sentencia y por el accionar de Singer, podrían estar dispuestos a pagar.
Entonces, un arreglo entre privados no viola la cláusula RUFO ni nuestros compromisos, e implica una negociación de mercado. Allí fueron bancos locales, y luego, bancos extranjeros. Cualquiera que dialogue con esta gente, y que los conozca, va a decir lo mismo.
Ayer estaba con un periodista financiero que me decía que los bancos extranjeros estaban escandalizados, porque fueron allí a negociar y se encontraron con el paredón de Singer que pide 1.600 por ciento, que es lo que le pidieron también al sector privado. Por eso, no hay posibilidad de acuerdo. No se trata de que hayamos negociado mal o de falta de experiencia, como dijeron algunos; o como otros señalaran en el sentido de que se pudo cerrar acuerdos complejos, pero este, no. No quiero cantar loas sobre nuestra capacidad negociadora.
Lo que pretendo señalar es que se puede mandar allí al mejor negociador del mundo, pero si no está dispuesto a pagar lo que se está pidiendo no va a salir de esa mesa con un acuerdo; además, los que reclaman tienen una sentencia, un juez que da las órdenes que ellos le piden y todo el aparato de propaganda. Están jugando la ficha de cobrar su 1.600 por ciento, contra todas las desgracias que presuntamente estarían ocurriendo si no se paga a Singer.
Esta es la cuestión. Cuando esos bancos fueron, fracasaron las negociones; pero no por la incapacidad de los bancos privados nacionales o extranjeros, sino porque del otro lado no hay ni la más mínima voluntad negociadora. Esto, que les quede en claro. Además, esa negociación es de mala fe.
Otra cosa que pregunté al señor Pollak en esa mesa fue si los señores buitres tenían seguro contra default, porque si los tenían, esa negociación resultaba una pantomima y una payasada. El mejor escenario para ellos consistía en cobrarse los seguros para default y después pedir a Pollak que nos convocara de nuevo, como efectivamente hizo, para volver a negociar ese 1.600 por ciento. Así, se podían quedar con el pan y con la torta.
Esas son las características de lo que está ocurriendo en Nueva York, que es un escándalo mundial. Eso es lo que está pasando.
Hasta acá, la situación es la siguiente: se pagó, el juez no dejó cobrar una parte. Mañana hay una audiencia convocada nuevamente por Griesa, probablemente, una más en la que nada se resuelve. ¿Por qué no resuelva nada Griesa? Porque si resuelve todo lo que se reclama con justicia, le quita instrumento de presión a Singer. Si Gresia deja pagar los bonos de legislación europea, si deja en paz a Euroclear y a las agencias compensadoras, quita instrumentos de presión a Singer.
Entonces, el juez Griesa se excede de su jurisdicción tratando de gobernar sobre Europa, sobre la ley argentina, y dictando órdenes que están fuera de la ley; y ahí estamos.
¿Qué tenemos por delante y cuál es el motivo de esta ley? Lo quiero explicar claramente porque hemos acompañado este proyecto de ley también en los antecedentes, y hemos sido muy elocuentes y muy detallistas en los fundamentos porque tiene complejidades jurídicas, financieras y económicas. ¿Qué estamos pretendiendo? ¿Qué problemas tenemos y por qué acudimos a este Parlamento?
El pago de junio se ha hecho, pero ahora estamos ante la perspectiva del pago de fin de septiembre, y esto es lo primero que queremos discutir en el Parlamento. Qué hacer con el pago de septiembre. El pago de junio fue realizado en tiempo, forma y según lo establecido en el contrato; pero resulta que para el pago de septiembre nos encontramos con dos cuestiones. Primera cuestión: cuando pagamos en junio no sabíamos que el juez Griesa iba a dejar esos fondos en ese fantasmagórico territorio donde no se permite cobrar. Por lo tanto, nadie podría argumentar que lo conveniente es volver a depositar en la misma cuenta, como lo hicimos en junio.
Hoy, sabemos que nos enfrentamos a un juez que ni siquiera deja que cobren los bonistas europeos, que no resuelve y que ha puesto en crisis el contrato. Después, nos enteramos de que el banco de Nueva York no cumple plenamente con todos los requisitos que debería tener para ser el fiduciario de nuestro pago de deuda. ¿Por qué no los cumple? Porque debe tener una oficina habilitada en la República Argentina, y como no la tiene, se encuentra en incumplimiento. De forma tal que no cuenta con autorización para tener una oficina en la República Argentina.
Por lo tanto, el Banco de Nueva York está, en este momento, fuera de los requisitos del contrato.
Entonces, ¿cuál es la voluntad de la República Argentina, antes que nada? ¿Cuál es la voluntad de la presidenta de la Nación? Efectuar el próximo pago, como hemos hecho con el pago anterior, cumpliendo los contratos y los prospectos de la deuda.
Como no se puede hacer lo mismo que se hizo en el pago anterior, estamos aquí hablando con los integrantes del Parlamento y también escuchando las ideas respecto de qué es lo más conveniente para que la Argentina siga pagando.
¿Por qué decimos "siga pagando"? Porque el próximo vencimiento es de alrededor de 200 millones de dólares, es decir que no hace cosquillas a la capacidad de pago de la República Argentina. ¿Cuál es la intención de Singer? Que no podamos pagar. Lo único que ha logrado es no dejar cobrar a Zembo y a sus representados, pero la Argentina va a seguir pagando.
Tenemos que preservar el derecho soberano de pagar nuestros compromisos, porque esto va más allá de la cuestión instrumental y constituye un tema de fondo. No pueden prohibir, impedir u obstaculizar a la Argentina pagar su deuda reestructurada, pues ello surge de un derecho soberano. Por eso esta es una ley de pago soberano. No nos va a decir un juez, y menos un multimillonario especulador, si podemos o no pagar al 92,4 por ciento. Entonces, el elemento central de este proyecto de ley es asegurar el pago de septiembre.
¿Cuál es el segundo elemento central de esta iniciativa? Ustedes la conocen, por lo que voy a ser muy breve. Como el fiduciario que tenemos no es eficiente para pagar -y ahora, además, está en incumplimiento-, en el caso de que la ley sea sancionada se facultará al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a elegir otro fiduciario dentro del contrato. Debería ser un fiduciario que garantice, una vez que nosotros paguemos, que se pueda cobrar; es decir que obedezca nuestro contrato y no al juez Griesa.
Eso es lo que entendemos nosotros, pero aquí se abre un crisol de posibilidades, porque los bonistas que están impedidos de cobrar, por los contratos que han firmado tienen la posibilidad de reemplazar al fiduciario. Si reúnen determinadas mayorías, que en este caso serían minorías, ya que con un 25 por ciento -e incluso, con un solo bonista-, podrían empezar el proceso de cambio de fiduciario.
En este punto existen cuestiones técnicas mucho más complejas que tienen que ver con cada serie de bonos. Hay dieciséis series; el Discount, el par, hay diferentes emisiones que se llaman "series". Los contratos de estas minorías o mayorías se determinan por cada serie. Además, existen mayorías especiales que abarcan todas las series.
Si quieren podemos hablar más de esta cuestión técnica, pero para ser sintético, quiero decir que ellos también podrían proponer a otro fiduciario, por serie. Así podrían hacerlo los bonistas europeos, los bonistas con ley argentina o alguna serie. Entonces, la ley no cierra ese camino, pero intenta asegurar que la voluntad y la capacidad de pago de la Argentina se materialicen en el pago concreto en septiembre. Ese es un prerrequisito. En este Parlamento tenemos que discutir cómo hacemos el pago de septiembre.
Se faculta al Ministerio de Economía Finanzas Públicas para elegir como fiduciario al Banco de la Nación Argentina. Esa facultad debe tener fuerza de ley porque implica tomar decisiones sobre la base de la coyuntura actual, que es absolutamente extraordinaria. ¿Cuál es la coyuntura extraordinaria? Que no figura en el prospecto que un juez puede decir a la contraparte de un contrato que haga tal cosa o tal otra.
Entonces, estamos ante un caso fuerza mayor -llamémoslo de este modo-, de incumplimiento de una de las partes, donde la Argentina ha intimado y ha operado jurídicamente pero tiene la urgencia de tomar una decisión antes de septiembre. Debe tomar esta decisión dentro del contrato, todo lo que se pueda, para preservarlo en su espíritu. Una posibilidad que pedimos es que este Congreso habilite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para tomar a Nación Fideicomiso como reemplazante del Banco de Nueva York.
Ahora, voy a referirme a otro punto que nos han pedido algunos bonistas -quiero que esto quede muy claro- con respecto a que pongamos en operación el canje de deuda, en dos sentidos.
Se trata de un canje que ya estaba decidido por el Parlamento para los holdouts, para el 7,6 por ciento, que tal como dicta nuestra ley sería en las mismas condiciones que los canjes 2005 y 2010. Acá hay un punto en el que también pedimos autorización al Parlamento.
Ante este ataque y esta campaña que señala que nuestro país no paga sus deudas -cuando la verdad es absolutamente contraria a ello-, lo que queremos hacer es comenzar a efectuar depósitos, a partir del próximo pago -como quien dice, en consignación-, para el 7,6 por ciento de los bonistas que no entraron al canje, ingresen o no. De esa manera mostramos al señor Singer, a su aparato de propaganda, a los legisladores norteamericanos que desconfían de esto y al mundo entero, que la República Argentina tiene tanta voluntad de pago que reserva recursos para pagar al ciento por ciento de los bonistas, no sólo a los que ya entraron al canje sino a los demás, en las mismas condiciones y en cada uno de los vencimientos. Esta posibilidad podría habilitarse sólo por una ley del Parlamento.
En tercer lugar, y a pedido de los bonistas, lo que pretendemos es que si voluntariamente alguno de ellos deseara cambiar algún título de legislación extranjera por un título con legislación local, pueda ejercer esa opción. Esto es a pedido de los bonistas; no es compulsivo, ni siquiera es contra el tribunal. Es algo que los bonistas han pedido y que no está contemplado en la ley aprobada el año pasado. Lo han solicitado porque se encontraron con los obstáculos que acabo de exponer para cobrar bonos de legislación extranjera. Entonces, algunos han pedido cobrar bonos de legislación local. Es decir, pasar a deuda en moneda extranjera con disponibilidad de divisas, pero con cobro local.
Sintéticamente, esta ley autorizaría a abrir una cuenta con un nuevo agente fiduciario, que podría ser el Banco Nación. En segundo lugar, a operativizar el canje empezando con los depósitos para el 7,6 por ciento que no entró, con el próximo pago -y lo vamos a decir como corresponde-, esto es, el verdadero pari passu. Es decir, se quiere pagar a los bonistas que van a ingresar al canje al igual que a los bonistas que ya entraron.
Por último, se busca habilitar que aquellos que vengan con bono ley extranjera -ley de Estados Unidos, ley europea- y quieran optar por ley argentina -esto ha sido un agregado sobre la base de las discusiones y propuestas que ha habido, algunos han manifestado también bonos con ley francesa-, tengan disponible un canje de un bono por otro, exactamente en las mismas condiciones con otra legislación. ¿Por qué? Porque aparentemente esa es la voluntad de los bonistas, pero la verdad es que va a ser una opción de cada uno de ellos. Se trata de una alternativa.
Los contratos también prevén derechos para los bonistas, que les permitirían cambiar de sede e incluso, de legislación. Puede ser que ocurra -y hay algunos rumores dando vueltas al respecto- que se generen asambleas o grupos de bonistas que requieran a la República que convalide o no deseos emanados de su voluntad de modificar, ya sean las condiciones, los canales de pago o la legislación de los bonos, pero eso irá ocurriendo en el transcurso de los días. ¿Por qué digo "en el transcurso de los días"? Porque nuestro principal objetivo hoy es abrir estas posibilidades que darían a la Argentina las condiciones para pagar en septiembre, antes que nada. En segundo lugar, para dar una solución definitiva a las reestructuraciones que vienen a saldar aquellos problemas que derivan del default de 2001 de manera total, completa y definitiva de aquí hacia adelante.
Esto es lo que estamos trayendo al Parlamento. Venimos a escuchar preguntas y propuestas, las que tengan si las hay, para mejorar esta legislación.
Venimos también a decir que la cuestión de pagar el ciento por ciento a los acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sostenibles no es solo una necesidad de nuestro gobierno sino un imperativo para que el país pueda seguir creciendo e incluyendo a más y más argentinos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELETTI Gracias, señor ministro, por su exposición.
Tiene la palabra el señor Secretario de Legal y Técnica, doctor Carlos Zannini.
Tiene la palabra el señor Secretario de Legal y Técnica, doctor Carlos Zannini.
SR. SECRETARIO DE LEGAL Y TÉCNICA Señor presidente: gracias por permitirnos exponer en esta reunión.
Me toca la parte más árida, la descripción del proyecto de ley ¿Cuál es la situación actual de la Argentina con sus acreedores? Ha arreglado con el 92,4 por ciento de ellos; un 7,6 por ciento ha quedado afuera, y el 1 por ciento está trabando los cobros. Esta es la situación específica.
La Argentina ha pagado, el dinero se ha distribuido solo a una parte de los tenedores de bonos y otra parte no ha podido cobrar, aunque el dinero está disponible; el juez no ha decidido si lo tiene embargado o si lo va a o entregar a los bonistas.
Para destrabar esta situación, nosotros enviamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que ha obtenido modificaciones en el Senado, de modo que vengo a defender aquí la sanción que ha producido el Honorable Senado de la Nación.
Este proyecto de ley trata de poner de resalto, en primer lugar, el hecho de que la Argentina es un país soberano. Desde su nombre, esta iniciativa viene diciendo: la Argentina es un país soberano que quiere cumplir sus obligaciones, que quiere pagar.
Yo diría que todo el texto de la ley camina por un estrecho desfiladero, el del mayor respeto posible a los contratos, que están dinamitados por este juez y por los buitres, y el ejercicio con la menor renuncia posible al poder soberano del orden público argentino.
Entonces, como verán, la ley tiene un intento por hacer valer el poder soberano argentino, con un gran respeto por los contratos que significan los prospectos que tiene nuestro país, lo cual da cierta complejidad al tema.
La ley tiene dos partes: una, declarativa, y otra, instrumental, muy práctica. A mi entender, el Senado ha dado pasos muy importantes agregando otro elemento, al que me referiré al final.
En la parte declarativa se resalta que son de interés nacional y público la reestructuración, el pago al ciento por ciento, la aplicación de los contratos que la Argentina ha firmado y la preservación del derecho al cobro que tienen los bonistas. Por eso se instrumenta este mecanismo, a partir del capítulo segundo y siguiente del primer título y en el título segundo, que termina siendo un esquema que juega sistemáticamente para poder cumplir con la obligación. Aquí se resuelven algunos huecos de las facultades, algunas falencias en los propios contratos y se superan también los tiempos que estos imponen.
Cada acción de los bonistas o de la Argentina también tiene un tiempo para el cambio del bono dentro de los prospectos, que no nos permitiría llegar al 30 de septiembre para cumplir con los pagos que queremos hacer.
De modo que la parte instrumental se divide en un capítulo para aquellos bonistas que están en la reestructuración, y otro, para los que no están en ella. La novedad del tema es que nuestra Nación, a partir del dictado de esta ley, se va a dedicar a depositar el pago proporcional a cada uno de los bonistas reestructurados y también a los que no ingresaron al canje.
Por eso, hay un capítulo para los reestructurados en el que, sin mella de las facultades de las que disponen los tenedores de bonos para ejercer sus derechos, se crea un mecanismo, se posibilita que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tenga un nuevo fiduciario a partir de la falencia en que ha caído el anterior. Se posibilita el depósito en una cuenta fiduciaria en el Banco Central de la República Argentina y se deja a disposición de los bonistas la posibilidad de que, a través del fiduciario que tienen, de otro fiduciario o de cualquier otra manera, vengan a retirar la parte que le corresponde del cobro llevándosela de manera libre. Por eso, también se halla especificada la disposición libre de divisas.
Para el caso de los bonistas que están en la reestructuración, además del derecho al cobro se les da la posibilidad de que se quiten de encima el bono que les trae problemas por acción de Griesa y de los buitres. Les decimos: Ya que está obstaculizado el cobro del bono que tienen, si quieren conservar la jurisdicción -la que fuere-, háganlo; lo único que cambia esta ley es el lugar de pago". Se establece el lugar de pago soberano local para cualquier jurisdicción. El individuo puede conservar el bono de Nueva York, de Londres, de Gales, de Japón, pero cobrar en la Argentina. Nuestro país va a colaborar para que esa gente lleve sus divisas a sus cuentas en el exterior.
Además, en el proyecto original nosotros hablábamos de la posibilidad de que el canje fuera solo por ley argentina en las condiciones de nominalidad del bono, pero se ha agregado la posibilidad de hacerlo bajo ley francesa.
Al comienzo también omití decir que hay bonistas que están en este momento litigando contra el BoNY; bonistas que están haciendo planteos en el juzgado del juez Griesa, que podrían tomar algunos de estos caminos que se les ofrece.
La segunda parte está referida a los bonistas que todavía no han ingresado a la reestructuración, a los que se les permite presentarse y tomar las condiciones del canje que está abierto, de la ley 26.886. No estamos inventando un canje nuevo sino que se está invitando a esos bonistas a que se sumen, según las condiciones de los canjes de 2005 y 2010.
Hasta allí ha sido ratificado en el Senado de la Nación. Básicamente, el proyecto está conformado por una parte declarativa y otra, instrumental. Veamos cómo hacemos para que nuestro pago llegue a destino
El Honorable Senado de la Nación, en el artículo 12 del proyecto, ha decido una cuestión histórica en el tema de la deuda externa. Esto ha preocupado a la política desde los comienzos mismos del país; son famosos los movimientos de Rosas respecto de los "bonoleros", cuando estos reclamaban por la deuda de la Baring Brothers. Esto se ha ido repitiendo en la historia argentina por todos los tiempos.
En particular, desde 1983 la deuda externa argentina y la investigación de su origen ha sido un tema preocupante para la totalidad de los legisladores que han pasado por esta casa.
Yo digo que es el intento número treinta y dos de crear una comisión bicameral de investigación de la deuda en la Argentina. Este es el primero que tiene media sanción; antes, hubo treintaiún intentos, que comenzaron en 1984. Y hasta 2014 se ha tratado de que la cuestión de la deuda externa argentina se investigara, con distintos matices: algunos quieren que también esté incluida la deuda interna y otros, que tenga un determinado alcance temporal. Es un tema que ha preocupado a la totalidad de las bancadas y de los legisladores argentinos.
Cómo ha resuelto la cuestión el Senado de la Nación argentina con esta media sanción, que venimos a pedir sea acompañada por la Cámara de Diputados.
Primero, crea la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación. No se queda con el pasado, va también hacia el futuro. Esto es importante porque va a tener la posibilidad de ver cómo se gestionó y cómo se paga la deuda externa argentina. .
Esta comisión bicameral, que se pretende sea lo más amplia posible, estaría conformada por ocho senadores y ocho diputados. La finalidad que especifica el Senado es la de investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina, desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha.
Esto, incluidas las renegociaciones, refinanciaciones, canjes, "megacanjes", blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada sobre los montos, las tasas y los plazos pactados y sobre irregularidades que pudiera encontrar. Tiene también a su cargo, como finalidad, el seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen.
Además, en cuanto a la investigación, se agrega un punto. Yo creo que en materia de deuda externa no ha quedado ningún tema por tratar, pero como novedad se incluyen también las reestructuraciones que ha hecho este propio gobierno, cosa que ningún otro ha hecho en estos más de treinta años que llevamos de democracia ininterrumpida. Este gobierno sí está dispuesto a hacerlo y esta es la voluntad que ha expresado el Poder Ejecutivo y los senadores que votaron el proyecto. La sanción es del Senado y no solo de los que votaron.
Se agrega, además, algo que tiene mucho que ver con la situación actual. Se quiere sumar a la investigación de la deuda externa la de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitre, con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolla en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquellos, dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, su Honorable Poder Legislativo y su Poder Judicial.
Esta comisión también tendría por finalidad presentar un informe final dentro del plazo de 180 días, más allá de esta gestión, que sería permanente, para ver la gestión y el pago de la deuda. Yo creo que con esto el Senado ha dado un paso importantísimo para que pongamos el foco en la deuda argentina.
Considero que hay que tener muy presente que acá no se trata de consagrar el repudio de la deuda argentina. En la situación en que están los actuales tenedores de bonos, gozan del derecho a cobrar porque poseen tales bonos. Lo que va a hacer esta comisión es dejar bien en claro la responsabilidad absolutamente de todos los que actuaron en materia de duda desde 1983 hasta la fecha, porque es necesario que se termine el discurso de la deuda para pasar al pago y la concreción de las responsabilidades que existen en torno de ella. (Aplausos.)
Simplemente, para finalizar, con el grave riesgo de cometer la injusticia de la omisión de algunas personas, quiero nombrar los treinta y dos proyectos que se presentaron para reclamar la investigación de la deuda externa argentina, cuestión que quedaría saldada positivamente si esta Cámara de Diputados acompaña la sanción que ya ha dado el Honorable Senado de la Nación. Observen que es la primera vez que obtiene sanción de una Cámara.
Quiero que vean desde cuándo se trataba de investigar la deuda. En el Senado, Salim Luis, en 2004. En Diputados, de la Juan Manuel de la Sota y otros, en 1988; Romero Feris, en 1989; Vaca, en 1990; Álvarez Echagüe, en 1990; Álvarez Echagüe, en 1992; Rico, en 1995; Mario Losada, en el Senado, en 1996; Rico, en Diputados, en 1996; Busti, en 2001; Jorge Capitanich y otros, en 2002; Negre de Alonso, en 2003; Busti, en 2003; Curletti, en 2003; Macaluse, en 2003; Sonia Escudero en 2004; Jorge Capitanich, en 2004; Sonia Escudero, en 2007; Rodríguez Saá, en 2009; Mónica Fein, en 2010; Rodríguez Saá y otros, en 2012; Carrió, en 2014; Solanas, en 2014; Cáceres, en 2014; Lozano, en 2014...
Me toca la parte más árida, la descripción del proyecto de ley ¿Cuál es la situación actual de la Argentina con sus acreedores? Ha arreglado con el 92,4 por ciento de ellos; un 7,6 por ciento ha quedado afuera, y el 1 por ciento está trabando los cobros. Esta es la situación específica.
La Argentina ha pagado, el dinero se ha distribuido solo a una parte de los tenedores de bonos y otra parte no ha podido cobrar, aunque el dinero está disponible; el juez no ha decidido si lo tiene embargado o si lo va a o entregar a los bonistas.
Para destrabar esta situación, nosotros enviamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que ha obtenido modificaciones en el Senado, de modo que vengo a defender aquí la sanción que ha producido el Honorable Senado de la Nación.
Este proyecto de ley trata de poner de resalto, en primer lugar, el hecho de que la Argentina es un país soberano. Desde su nombre, esta iniciativa viene diciendo: la Argentina es un país soberano que quiere cumplir sus obligaciones, que quiere pagar.
Yo diría que todo el texto de la ley camina por un estrecho desfiladero, el del mayor respeto posible a los contratos, que están dinamitados por este juez y por los buitres, y el ejercicio con la menor renuncia posible al poder soberano del orden público argentino.
Entonces, como verán, la ley tiene un intento por hacer valer el poder soberano argentino, con un gran respeto por los contratos que significan los prospectos que tiene nuestro país, lo cual da cierta complejidad al tema.
La ley tiene dos partes: una, declarativa, y otra, instrumental, muy práctica. A mi entender, el Senado ha dado pasos muy importantes agregando otro elemento, al que me referiré al final.
En la parte declarativa se resalta que son de interés nacional y público la reestructuración, el pago al ciento por ciento, la aplicación de los contratos que la Argentina ha firmado y la preservación del derecho al cobro que tienen los bonistas. Por eso se instrumenta este mecanismo, a partir del capítulo segundo y siguiente del primer título y en el título segundo, que termina siendo un esquema que juega sistemáticamente para poder cumplir con la obligación. Aquí se resuelven algunos huecos de las facultades, algunas falencias en los propios contratos y se superan también los tiempos que estos imponen.
Cada acción de los bonistas o de la Argentina también tiene un tiempo para el cambio del bono dentro de los prospectos, que no nos permitiría llegar al 30 de septiembre para cumplir con los pagos que queremos hacer.
De modo que la parte instrumental se divide en un capítulo para aquellos bonistas que están en la reestructuración, y otro, para los que no están en ella. La novedad del tema es que nuestra Nación, a partir del dictado de esta ley, se va a dedicar a depositar el pago proporcional a cada uno de los bonistas reestructurados y también a los que no ingresaron al canje.
Por eso, hay un capítulo para los reestructurados en el que, sin mella de las facultades de las que disponen los tenedores de bonos para ejercer sus derechos, se crea un mecanismo, se posibilita que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tenga un nuevo fiduciario a partir de la falencia en que ha caído el anterior. Se posibilita el depósito en una cuenta fiduciaria en el Banco Central de la República Argentina y se deja a disposición de los bonistas la posibilidad de que, a través del fiduciario que tienen, de otro fiduciario o de cualquier otra manera, vengan a retirar la parte que le corresponde del cobro llevándosela de manera libre. Por eso, también se halla especificada la disposición libre de divisas.
Para el caso de los bonistas que están en la reestructuración, además del derecho al cobro se les da la posibilidad de que se quiten de encima el bono que les trae problemas por acción de Griesa y de los buitres. Les decimos: Ya que está obstaculizado el cobro del bono que tienen, si quieren conservar la jurisdicción -la que fuere-, háganlo; lo único que cambia esta ley es el lugar de pago". Se establece el lugar de pago soberano local para cualquier jurisdicción. El individuo puede conservar el bono de Nueva York, de Londres, de Gales, de Japón, pero cobrar en la Argentina. Nuestro país va a colaborar para que esa gente lleve sus divisas a sus cuentas en el exterior.
Además, en el proyecto original nosotros hablábamos de la posibilidad de que el canje fuera solo por ley argentina en las condiciones de nominalidad del bono, pero se ha agregado la posibilidad de hacerlo bajo ley francesa.
Al comienzo también omití decir que hay bonistas que están en este momento litigando contra el BoNY; bonistas que están haciendo planteos en el juzgado del juez Griesa, que podrían tomar algunos de estos caminos que se les ofrece.
La segunda parte está referida a los bonistas que todavía no han ingresado a la reestructuración, a los que se les permite presentarse y tomar las condiciones del canje que está abierto, de la ley 26.886. No estamos inventando un canje nuevo sino que se está invitando a esos bonistas a que se sumen, según las condiciones de los canjes de 2005 y 2010.
Hasta allí ha sido ratificado en el Senado de la Nación. Básicamente, el proyecto está conformado por una parte declarativa y otra, instrumental. Veamos cómo hacemos para que nuestro pago llegue a destino
El Honorable Senado de la Nación, en el artículo 12 del proyecto, ha decido una cuestión histórica en el tema de la deuda externa. Esto ha preocupado a la política desde los comienzos mismos del país; son famosos los movimientos de Rosas respecto de los "bonoleros", cuando estos reclamaban por la deuda de la Baring Brothers. Esto se ha ido repitiendo en la historia argentina por todos los tiempos.
En particular, desde 1983 la deuda externa argentina y la investigación de su origen ha sido un tema preocupante para la totalidad de los legisladores que han pasado por esta casa.
Yo digo que es el intento número treinta y dos de crear una comisión bicameral de investigación de la deuda en la Argentina. Este es el primero que tiene media sanción; antes, hubo treintaiún intentos, que comenzaron en 1984. Y hasta 2014 se ha tratado de que la cuestión de la deuda externa argentina se investigara, con distintos matices: algunos quieren que también esté incluida la deuda interna y otros, que tenga un determinado alcance temporal. Es un tema que ha preocupado a la totalidad de las bancadas y de los legisladores argentinos.
Cómo ha resuelto la cuestión el Senado de la Nación argentina con esta media sanción, que venimos a pedir sea acompañada por la Cámara de Diputados.
Primero, crea la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación. No se queda con el pasado, va también hacia el futuro. Esto es importante porque va a tener la posibilidad de ver cómo se gestionó y cómo se paga la deuda externa argentina. .
Esta comisión bicameral, que se pretende sea lo más amplia posible, estaría conformada por ocho senadores y ocho diputados. La finalidad que especifica el Senado es la de investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina, desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha.
Esto, incluidas las renegociaciones, refinanciaciones, canjes, "megacanjes", blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada sobre los montos, las tasas y los plazos pactados y sobre irregularidades que pudiera encontrar. Tiene también a su cargo, como finalidad, el seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen.
Además, en cuanto a la investigación, se agrega un punto. Yo creo que en materia de deuda externa no ha quedado ningún tema por tratar, pero como novedad se incluyen también las reestructuraciones que ha hecho este propio gobierno, cosa que ningún otro ha hecho en estos más de treinta años que llevamos de democracia ininterrumpida. Este gobierno sí está dispuesto a hacerlo y esta es la voluntad que ha expresado el Poder Ejecutivo y los senadores que votaron el proyecto. La sanción es del Senado y no solo de los que votaron.
Se agrega, además, algo que tiene mucho que ver con la situación actual. Se quiere sumar a la investigación de la deuda externa la de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitre, con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolla en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquellos, dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, su Honorable Poder Legislativo y su Poder Judicial.
Esta comisión también tendría por finalidad presentar un informe final dentro del plazo de 180 días, más allá de esta gestión, que sería permanente, para ver la gestión y el pago de la deuda. Yo creo que con esto el Senado ha dado un paso importantísimo para que pongamos el foco en la deuda argentina.
Considero que hay que tener muy presente que acá no se trata de consagrar el repudio de la deuda argentina. En la situación en que están los actuales tenedores de bonos, gozan del derecho a cobrar porque poseen tales bonos. Lo que va a hacer esta comisión es dejar bien en claro la responsabilidad absolutamente de todos los que actuaron en materia de duda desde 1983 hasta la fecha, porque es necesario que se termine el discurso de la deuda para pasar al pago y la concreción de las responsabilidades que existen en torno de ella. (Aplausos.)
Simplemente, para finalizar, con el grave riesgo de cometer la injusticia de la omisión de algunas personas, quiero nombrar los treinta y dos proyectos que se presentaron para reclamar la investigación de la deuda externa argentina, cuestión que quedaría saldada positivamente si esta Cámara de Diputados acompaña la sanción que ya ha dado el Honorable Senado de la Nación. Observen que es la primera vez que obtiene sanción de una Cámara.
Quiero que vean desde cuándo se trataba de investigar la deuda. En el Senado, Salim Luis, en 2004. En Diputados, de la Juan Manuel de la Sota y otros, en 1988; Romero Feris, en 1989; Vaca, en 1990; Álvarez Echagüe, en 1990; Álvarez Echagüe, en 1992; Rico, en 1995; Mario Losada, en el Senado, en 1996; Rico, en Diputados, en 1996; Busti, en 2001; Jorge Capitanich y otros, en 2002; Negre de Alonso, en 2003; Busti, en 2003; Curletti, en 2003; Macaluse, en 2003; Sonia Escudero en 2004; Jorge Capitanich, en 2004; Sonia Escudero, en 2007; Rodríguez Saá, en 2009; Mónica Fein, en 2010; Rodríguez Saá y otros, en 2012; Carrió, en 2014; Solanas, en 2014; Cáceres, en 2014; Lozano, en 2014...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. SECRETARIO DE LEGAL Y TÉCNICA Me lo han omitido en el informe.
Continúo: Giustozzi y otros, en 2014; Giubergia, en 2014; Gerardo Morales, en 2014; Giustozzi, Das Neves y otros, en 2014, y ahora, esta sanción en el Senado.
En el Senado, Morales y otros también presentaron iniciativas.
Como ven, los proyectos no son treinta y dos, sino que han sido más. Ello constituye un importante motivo para pedirles que desde cualquier idea o lugar del mapa político de la República Argentina acompañen, por lo menos, el artículo 12 de este proyecto de ley. (Aplausos.)
Continúo: Giustozzi y otros, en 2014; Giubergia, en 2014; Gerardo Morales, en 2014; Giustozzi, Das Neves y otros, en 2014, y ahora, esta sanción en el Senado.
En el Senado, Morales y otros también presentaron iniciativas.
Como ven, los proyectos no son treinta y dos, sino que han sido más. Ello constituye un importante motivo para pedirles que desde cualquier idea o lugar del mapa político de la República Argentina acompañen, por lo menos, el artículo 12 de este proyecto de ley. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra la señora procuradora del Tesoro de la Nación, doctora Angelina Abbona.
SRA. ABBONA Señor presidente: voy a ser muy breve porque después de todo lo que han dicho tanto el señor ministro de Economía y Finanzas Públicas como el señor secretario de Legal y Técnica, solo me resta exponer sobre la parte que compete a la Procuración; por lo tanto, me referiré al análisis de los fallos que tiene la Corte respecto de los temas que nos traen a esta reunión.
Esta causa de NML que se lleva adelante en la ciudad de Nueva York y que tuvo una sentencia que todos conocemos, dispone en su parte más concreta esta orden, es decir, el pago de aquellos títulos de deuda en poder de tenedores -que son las actoras en este caso que no ingresaron en el canje-, en las condiciones originales. O sea que esto se contrapone específicamente con el orden público argentino.
¿Por qué digo "con el orden público argentino"? Porque en nuestro país el bloque legal que contiene la reestructuración se produce con la sanción de la ley de emergencia que dicta el Congreso Nacional a partir de la crisis de 2001, y posteriormente también con todas las leyes de presupuesto que siguieron suspendiendo el pago de la deuda externa. Por ello, no se discute el carácter de orden público que reviste este bloque de legalidad que sustenta las reestructuraciones y los respectivos canjes.
En una sentencia de hace pocos meses -de marzo de este año-, en un caso de Clearing Corporation, nuestro máximo tribunal explicitó una doctrina que deja muy en claro, precisamente en el sentido de que el reconocimiento de toda ejecución de sentencia extranjera se encuentra supeditado al cumplimiento del orden público argentino.
Es decir, este pronunciamiento fue dictado por la Corte en una causa que justamente también tiene origen en una sentencia del juez Griesa por los mismos temas de la cuestión de NML, que condena a la República Argentina también a pagar a los tenedores de títulos en sus deudas originales.
Este fallo de la Corte, que se apoya en un dictamen de la Procuración General de la Nación en el marco de esta causa que he citado precedentemente, señala que en una abrumadora cantidad de convenios bilaterales e internacionales suscriptos por nuestro país, en concordancia con la gran mayoría de las legislaciones internas que supeditan el reconocimiento y la ejecución de las decisiones foráneas a la condición de que no afecten el orden público o las políticas públicas fundamentales de los respectivos países, se encuentra prevista la potestad del Estado de controlar justamente las sentencias extranjeras a fin de que no alteren los principios del orden público de ese país soberano.
Este Tribunal sostiene también que el diferimiento del pago de la deuda pública argentina contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2001 fue parte de una serie de medidas que adoptó el gobierno nacional como consecuencia de la imposibilidad de afrontar los servicios de la deuda externa y hacer frente a los problemas más importantes que estaba atravesando el país.
Destacó también que en ese marco el Congreso de la Nación declaró la emergencia en materia social, económica, financiera, administrativa y cambiaria -ley 25.561- y que la Nación Argentina instrumenta las dos operaciones de canje de títulos, la primera de ellas en 2004 y la segunda, en 2010.
La Corte Suprema entiende que de otorgarse reconocimiento a una sentencia extranjera, como aquella que constituyó el objeto del procedimiento del exequátur, se convalidaría la elusión de aquel bloque de normas -que les comentaba al inicio- que forman parte del orden público argentino, en particular, dice la Corte, las que dieron sustento al proceso de reestructuración de la deuda pública del país.
En una parte, la Corte hace referencia justamente a esa normativa que conformó el marco jurídico de la reestructuración de su deuda y formula expresas reservas. Dichas reservas son que no renunció a inmunidad alguna de ejecución de las sentencias que deriven de la prórroga de la jurisdicción. Por eso es que cada una de esas sentencias debe pasar inexorablemente por el procedimiento del exequátur.
La Corte recalca que justamente en esos dos canjes la República Argentina tampoco resignó el derecho a la inmunidad en el marco de la ley de inmunidades soberanas extranjeras de Estados Unidos, que creo, data del año 1976.
Por otro lado, la Corte alude a los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público nacional", categoría ésta en la que se enmarcan, justamente, los recursos afectados al pago de los servicios de la deuda pública, especialmente el artículo 3º del decreto 1.735/04.
Indudablemente, si se aplicara en la República Argentina el pronunciamiento recaído en la causa NML, no hay dudas de que violaría el orden público argentino. La decisión adoptada por el juez Griesa el 21 de noviembre de 2012, ratificada después por la Cámara de Apelaciones, el segundo circuito, y luego, el 16 de junio del corriente año, por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, conduce justamente a reconocer el pago de los títulos de la deuda en poder de los accionantes en las condiciones que no se corresponden, entonces, con la normativa del orden público argentino, en base a la cual se vertebró el proceso de reestructuración de nuestra deuda soberana.
En estos términos del orden público, corresponde recordar a qué está asociado tal orden. El orden público está asociado a los principios que son eminentemente de orden superior, que atañen a toda la sociedad, a aspectos morales y económicos, y que justamente están estrechamente vinculados con la existencia misma de la sociedad. Por eso, son principios que no pueden ser alterados por la voluntad de las personas ni por una sentencia extranjera que vulnera los principios del orden público argentino.
Este concepto abreva también en el interés general y el interés público, categorías distintas a los intereses que se ponen en juego en estas relaciones entre particulares.
La propia normativa de emergencia contempló el carácter de orden público, en su artículo 19; ello, sin perjuicio del carácter de orden público de las normas legales y reglamentarias decididas para afrontar la crisis y la eclosión generada en el año 2001, entre ellas, las sucesivas leyes de presupuesto, que también difirieron el pago de la deuda externa a partir de ese año.
En tal sentido, la Corte ha consignado que se compromete el orden público estando en juego normas que, en situaciones de grave crisis de carácter económico financiero, buscan evitar que los derechos garantizados por la Constitución nacional se tornen ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, cuando el cuadro de la situación tiene un alcance de perturbación como el que hemos vivido en el año 2001.
Como quedó dicho entonces, la aplicación en el país de lo resuelto en la causa NML importaría decir que está enmarcada en lo que justamente controvierte el orden público. En tales condiciones, este fallo foráneo generaría una palmaria desigualdad entre los acreedores reestructurados, en consonancia no solo con el artículo 16 de la Constitución Nacional, sino también con las cláusulas que rigen los contratos y los prospectos que dieron motivo al canje de 2005 y de 2010.
Desde el punto de vista jurídico -que ya ha remarcado el señor ministro-, puedo decir que el juez Griesa de alguna manera buscó sortear el procedimiento que debería realizarse en toda sentencia extranjera a fin de poder ser analizada por un juez argentino para ver si controvertía el orden público, y llevó a cabo esta orden de pari passu, que atraviesa el orden público argentino y fulmina la reestructuración de la deuda soberana, que es la cuestión más importante de un país que decide resolver su deuda en función de su situación económica, financiera, política y jurídica.
Es un dato realmente de imperio que el juez se excedió en su jurisdicción. Cuando estas cuestiones son analizadas en el proyecto de ley, se advierte que estamos sorteando este tipo de inconvenientes.
Esta causa de NML que se lleva adelante en la ciudad de Nueva York y que tuvo una sentencia que todos conocemos, dispone en su parte más concreta esta orden, es decir, el pago de aquellos títulos de deuda en poder de tenedores -que son las actoras en este caso que no ingresaron en el canje-, en las condiciones originales. O sea que esto se contrapone específicamente con el orden público argentino.
¿Por qué digo "con el orden público argentino"? Porque en nuestro país el bloque legal que contiene la reestructuración se produce con la sanción de la ley de emergencia que dicta el Congreso Nacional a partir de la crisis de 2001, y posteriormente también con todas las leyes de presupuesto que siguieron suspendiendo el pago de la deuda externa. Por ello, no se discute el carácter de orden público que reviste este bloque de legalidad que sustenta las reestructuraciones y los respectivos canjes.
En una sentencia de hace pocos meses -de marzo de este año-, en un caso de Clearing Corporation, nuestro máximo tribunal explicitó una doctrina que deja muy en claro, precisamente en el sentido de que el reconocimiento de toda ejecución de sentencia extranjera se encuentra supeditado al cumplimiento del orden público argentino.
Es decir, este pronunciamiento fue dictado por la Corte en una causa que justamente también tiene origen en una sentencia del juez Griesa por los mismos temas de la cuestión de NML, que condena a la República Argentina también a pagar a los tenedores de títulos en sus deudas originales.
Este fallo de la Corte, que se apoya en un dictamen de la Procuración General de la Nación en el marco de esta causa que he citado precedentemente, señala que en una abrumadora cantidad de convenios bilaterales e internacionales suscriptos por nuestro país, en concordancia con la gran mayoría de las legislaciones internas que supeditan el reconocimiento y la ejecución de las decisiones foráneas a la condición de que no afecten el orden público o las políticas públicas fundamentales de los respectivos países, se encuentra prevista la potestad del Estado de controlar justamente las sentencias extranjeras a fin de que no alteren los principios del orden público de ese país soberano.
Este Tribunal sostiene también que el diferimiento del pago de la deuda pública argentina contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2001 fue parte de una serie de medidas que adoptó el gobierno nacional como consecuencia de la imposibilidad de afrontar los servicios de la deuda externa y hacer frente a los problemas más importantes que estaba atravesando el país.
Destacó también que en ese marco el Congreso de la Nación declaró la emergencia en materia social, económica, financiera, administrativa y cambiaria -ley 25.561- y que la Nación Argentina instrumenta las dos operaciones de canje de títulos, la primera de ellas en 2004 y la segunda, en 2010.
La Corte Suprema entiende que de otorgarse reconocimiento a una sentencia extranjera, como aquella que constituyó el objeto del procedimiento del exequátur, se convalidaría la elusión de aquel bloque de normas -que les comentaba al inicio- que forman parte del orden público argentino, en particular, dice la Corte, las que dieron sustento al proceso de reestructuración de la deuda pública del país.
En una parte, la Corte hace referencia justamente a esa normativa que conformó el marco jurídico de la reestructuración de su deuda y formula expresas reservas. Dichas reservas son que no renunció a inmunidad alguna de ejecución de las sentencias que deriven de la prórroga de la jurisdicción. Por eso es que cada una de esas sentencias debe pasar inexorablemente por el procedimiento del exequátur.
La Corte recalca que justamente en esos dos canjes la República Argentina tampoco resignó el derecho a la inmunidad en el marco de la ley de inmunidades soberanas extranjeras de Estados Unidos, que creo, data del año 1976.
Por otro lado, la Corte alude a los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público nacional", categoría ésta en la que se enmarcan, justamente, los recursos afectados al pago de los servicios de la deuda pública, especialmente el artículo 3º del decreto 1.735/04.
Indudablemente, si se aplicara en la República Argentina el pronunciamiento recaído en la causa NML, no hay dudas de que violaría el orden público argentino. La decisión adoptada por el juez Griesa el 21 de noviembre de 2012, ratificada después por la Cámara de Apelaciones, el segundo circuito, y luego, el 16 de junio del corriente año, por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, conduce justamente a reconocer el pago de los títulos de la deuda en poder de los accionantes en las condiciones que no se corresponden, entonces, con la normativa del orden público argentino, en base a la cual se vertebró el proceso de reestructuración de nuestra deuda soberana.
En estos términos del orden público, corresponde recordar a qué está asociado tal orden. El orden público está asociado a los principios que son eminentemente de orden superior, que atañen a toda la sociedad, a aspectos morales y económicos, y que justamente están estrechamente vinculados con la existencia misma de la sociedad. Por eso, son principios que no pueden ser alterados por la voluntad de las personas ni por una sentencia extranjera que vulnera los principios del orden público argentino.
Este concepto abreva también en el interés general y el interés público, categorías distintas a los intereses que se ponen en juego en estas relaciones entre particulares.
La propia normativa de emergencia contempló el carácter de orden público, en su artículo 19; ello, sin perjuicio del carácter de orden público de las normas legales y reglamentarias decididas para afrontar la crisis y la eclosión generada en el año 2001, entre ellas, las sucesivas leyes de presupuesto, que también difirieron el pago de la deuda externa a partir de ese año.
En tal sentido, la Corte ha consignado que se compromete el orden público estando en juego normas que, en situaciones de grave crisis de carácter económico financiero, buscan evitar que los derechos garantizados por la Constitución nacional se tornen ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, cuando el cuadro de la situación tiene un alcance de perturbación como el que hemos vivido en el año 2001.
Como quedó dicho entonces, la aplicación en el país de lo resuelto en la causa NML importaría decir que está enmarcada en lo que justamente controvierte el orden público. En tales condiciones, este fallo foráneo generaría una palmaria desigualdad entre los acreedores reestructurados, en consonancia no solo con el artículo 16 de la Constitución Nacional, sino también con las cláusulas que rigen los contratos y los prospectos que dieron motivo al canje de 2005 y de 2010.
Desde el punto de vista jurídico -que ya ha remarcado el señor ministro-, puedo decir que el juez Griesa de alguna manera buscó sortear el procedimiento que debería realizarse en toda sentencia extranjera a fin de poder ser analizada por un juez argentino para ver si controvertía el orden público, y llevó a cabo esta orden de pari passu, que atraviesa el orden público argentino y fulmina la reestructuración de la deuda soberana, que es la cuestión más importante de un país que decide resolver su deuda en función de su situación económica, financiera, política y jurídica.
Es un dato realmente de imperio que el juez se excedió en su jurisdicción. Cuando estas cuestiones son analizadas en el proyecto de ley, se advierte que estamos sorteando este tipo de inconvenientes.
SR. PRESIDENTE FELETTI ¿Podemos hacer silencio así escuchamos a la expositora?
SRA. ABBONA Yo ya doy por terminada mi exposición, para poder recibir preguntas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELETTI Tengo a varios diputados anotados. Voy a pedir intervenciones breves. Los primeros, curiosamente, son todos economistas.
SR. NEGRI ¿Me permite el uso de la palabra, señor presidente?
SR. PRESIDENTE FELETTI Para una aclaración tiene la palabra el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que espero sea breve y constructivo.
SR. NEGRI Señor presidente: no voy a hacer una aclaración sino una consideración muy breve, y le agradezco que guarde el juicio de valor sobre lo que yo vaya a decir.
Señor ministro: es un gusto que esté acá, al igual que el secretario y la procuradora. Solamente quiero formular dos comentarios y una pregunta para el doctor Zannini.
Hablo en nombre del bloque radical. Señor ministro: pónganos a su lado en relación con la caracterización que hizo sobre los fondos buitres, respecto de los cuales podríamos escribir varios tomos. Además, no son originales ni han nacido hace 48 horas; lo conocemos desde antes del proceso de reestructuración de la deuda.
En segundo lugar, sobre el carácter de la injusticia del orden internacional está claro que hay tomos para seguir escribiendo.
Para sumar a lo que usted dijo, señor ministro, sobre lo puede debatirse hoy en Naciones Unidas, recuerdo que allá por 2003, Anne Krueger, entonces directora del Fondo Monetario Internacional, impulsaba con toda vehemencia la necesidad de que haya una ley de quiebras internacional, porque había un vacío muy grande.
En esa época en el Parlamento argentino, por impulso del bloque del radicalismo, hubo un proyecto acompañado por cincuenta legisladores, aproximadamente, dentro de los cuales estaba la hoy presidenta Cristina Fernández. La intención era ir a la asamblea del Fondo Monetario Internacional para acrecentar este respaldo, a fin de que se siguiera acelerando la idea de la existencia de una norma de protección, y que buscáramos esa posibilidad entre los países latinoamericanos. No importa; vino el diario del lunes, no sabemos qué pasó, cuál fue el desentendimiento, pero la verdad es que esa idea no se concretó.
Es decir que apoyamos todo lo que se haga para adelante en términos de revertir el orden financiero internacional y llenar ese vacío legal; desde hace mucho tiempo estamos con la misma preocupación y en la misma orientación.
No voy a entrar en el fondo de la cuestión. Para la bancada del radicalismo esta ley es innecesaria. Creemos que el bloque de legalidad contempla todas las facultades de las que dispone el Poder Ejecutivo, tanto los dos decretos de 2003 como el que se emitió posteriormente, así como también la "ley cerrojo", la ley de 2010 y la última, que contaron con nuestro acompañamiento.
Creemos que ahí están todas las facultades, el proceso de reestructuración está abierto y todavía no ha concluido como dispone la propia ley. Están suspendidos los artículos 2º, 3º y 4º, que fueron necesarios en el transcurso del tiempo.
Además, el tema relativo al orden público me exime de todo tipo de comentarios, pues con toda precisión se ha expresado la señora procuradora al aludir al fallo de la Corte y las leyes de 2002 que se han invocado, que están en vigencia.
Ahora, nosotros tenemos dos problemas; por un lado, con los fondos buitres, que no nos deja dormir desde hace mucho tiempo, y por el otro, tenemos un problema fáctico en relación con el cual a lo mejor el doctor Zannini puede ayudarnos a pensar.
Tenemos un problema más con la Justicia de Estados Unidos, con el fallo del juez Griesa -obviamente, coincidimos con la caracterización en cuanto a lo excesivo, lo ácido y lo inequitativo que ha sido-, que además tuvo ratificaciones, más allá del juicio de valor, por instancias judiciales superiores que cerraron esa instancia.
Como bien se conoce, aunque no públicamente, el propio estudio que representa a la República Argentina planteaba la posibilidad de distintas opciones, y si bien ello era improbable, como dijo el señor ministro, podía ocurrir.
Por eso también en 2013 el radicalismo en el Senado planteó como necesidad, cuando se iba a la instancia de la Cámara, que estábamos dispuestos a acompañar la apertura de una nueva discusión de la ley, para dar alguna señal que reforzara un camino distinto; pero esto se desechó, y no sé cuáles fueron las razones.
La pregunta para el doctor Zannini, que no excluye al ministro, es la siguiente. No me referiré al 93 por ciento que entró al canje, respecto del cual mediante el proyecto de ley presentado -más allá de las diferencias que tengamos- se apunta a garantizar que todos estamos interesados en que cobren. En relación con el resto, estando trabada la litis, ¿qué prevé el gobierno como pasos judiciales, es decir, qué instancia queda? Aunque dé vueltas la película y viniera el 93 por ciento a cobrar, pregunto respecto del motivo del pleito en sí. No sé si se comprende la pregunta.
Finalmente, con respecto a la creación de una comisión sobre la investigación de la deuda, quiero comentar que nosotros presentamos una iniciativa y la idea es que se vote en una ley separada, es decir que no esté incluida en este proyecto de ley. Tenemos interés en compartir aquella iniciativa, pero no estamos de acuerdo con el proyecto de ley, por considerarlo innecesario y otros fundamentos.
Señor ministro: es un gusto que esté acá, al igual que el secretario y la procuradora. Solamente quiero formular dos comentarios y una pregunta para el doctor Zannini.
Hablo en nombre del bloque radical. Señor ministro: pónganos a su lado en relación con la caracterización que hizo sobre los fondos buitres, respecto de los cuales podríamos escribir varios tomos. Además, no son originales ni han nacido hace 48 horas; lo conocemos desde antes del proceso de reestructuración de la deuda.
En segundo lugar, sobre el carácter de la injusticia del orden internacional está claro que hay tomos para seguir escribiendo.
Para sumar a lo que usted dijo, señor ministro, sobre lo puede debatirse hoy en Naciones Unidas, recuerdo que allá por 2003, Anne Krueger, entonces directora del Fondo Monetario Internacional, impulsaba con toda vehemencia la necesidad de que haya una ley de quiebras internacional, porque había un vacío muy grande.
En esa época en el Parlamento argentino, por impulso del bloque del radicalismo, hubo un proyecto acompañado por cincuenta legisladores, aproximadamente, dentro de los cuales estaba la hoy presidenta Cristina Fernández. La intención era ir a la asamblea del Fondo Monetario Internacional para acrecentar este respaldo, a fin de que se siguiera acelerando la idea de la existencia de una norma de protección, y que buscáramos esa posibilidad entre los países latinoamericanos. No importa; vino el diario del lunes, no sabemos qué pasó, cuál fue el desentendimiento, pero la verdad es que esa idea no se concretó.
Es decir que apoyamos todo lo que se haga para adelante en términos de revertir el orden financiero internacional y llenar ese vacío legal; desde hace mucho tiempo estamos con la misma preocupación y en la misma orientación.
No voy a entrar en el fondo de la cuestión. Para la bancada del radicalismo esta ley es innecesaria. Creemos que el bloque de legalidad contempla todas las facultades de las que dispone el Poder Ejecutivo, tanto los dos decretos de 2003 como el que se emitió posteriormente, así como también la "ley cerrojo", la ley de 2010 y la última, que contaron con nuestro acompañamiento.
Creemos que ahí están todas las facultades, el proceso de reestructuración está abierto y todavía no ha concluido como dispone la propia ley. Están suspendidos los artículos 2º, 3º y 4º, que fueron necesarios en el transcurso del tiempo.
Además, el tema relativo al orden público me exime de todo tipo de comentarios, pues con toda precisión se ha expresado la señora procuradora al aludir al fallo de la Corte y las leyes de 2002 que se han invocado, que están en vigencia.
Ahora, nosotros tenemos dos problemas; por un lado, con los fondos buitres, que no nos deja dormir desde hace mucho tiempo, y por el otro, tenemos un problema fáctico en relación con el cual a lo mejor el doctor Zannini puede ayudarnos a pensar.
Tenemos un problema más con la Justicia de Estados Unidos, con el fallo del juez Griesa -obviamente, coincidimos con la caracterización en cuanto a lo excesivo, lo ácido y lo inequitativo que ha sido-, que además tuvo ratificaciones, más allá del juicio de valor, por instancias judiciales superiores que cerraron esa instancia.
Como bien se conoce, aunque no públicamente, el propio estudio que representa a la República Argentina planteaba la posibilidad de distintas opciones, y si bien ello era improbable, como dijo el señor ministro, podía ocurrir.
Por eso también en 2013 el radicalismo en el Senado planteó como necesidad, cuando se iba a la instancia de la Cámara, que estábamos dispuestos a acompañar la apertura de una nueva discusión de la ley, para dar alguna señal que reforzara un camino distinto; pero esto se desechó, y no sé cuáles fueron las razones.
La pregunta para el doctor Zannini, que no excluye al ministro, es la siguiente. No me referiré al 93 por ciento que entró al canje, respecto del cual mediante el proyecto de ley presentado -más allá de las diferencias que tengamos- se apunta a garantizar que todos estamos interesados en que cobren. En relación con el resto, estando trabada la litis, ¿qué prevé el gobierno como pasos judiciales, es decir, qué instancia queda? Aunque dé vueltas la película y viniera el 93 por ciento a cobrar, pregunto respecto del motivo del pleito en sí. No sé si se comprende la pregunta.
Finalmente, con respecto a la creación de una comisión sobre la investigación de la deuda, quiero comentar que nosotros presentamos una iniciativa y la idea es que se vote en una ley separada, es decir que no esté incluida en este proyecto de ley. Tenemos interés en compartir aquella iniciativa, pero no estamos de acuerdo con el proyecto de ley, por considerarlo innecesario y otros fundamentos.
SR. PRESIDENTE FELETTI Antes de ceder el uso de la palabra al secretario Zannini, tengo anotado en primer lugar de la lista de oradores al diputado Vaquié, que comparte el tiempo del bloque de la UCR. Si les parece razonable, voy a darle la palabra ahora para completar las preguntas del bloque.
SR. VAQUIÉ La primera pregunta que iba a hacer ya fue formulada por el diputado Negri; se trata de saber cuál es la estrategia jurídico política a seguir, dado que el fallo injusto, que merece todos los calificativos que dio el ministro, fue convalidado por la otra instancia judicial. Ahí tenemos un problema con los fondos buitres pero también con la Justicia de los Estados Unidos.
La segunda pregunta tiene que ver con algo que bien se dijo aquí en cuanto a que en septiembre del año pasado, hace un año, se levantó la ley 26.886, llamada "cerrojo".
En este sentido, quiero conocer qué tarea se ha hecho para llegar a un acuerdo no con los fondos buitres sino con los otros bonistas que estaban fuera del canje, dado que ha transcurrido un año y seguramente en este tiempo ya se los debe tener a todos ellos bien identificados y se debe saber quiénes pueden participar y quiénes no. Es decir, quiero conocer cuáles son las tareas que se han cumplido hasta este momento.
La tercera pregunta se refiere a que el señor ministro dijo que el juez Griesa está impidiendo todos los pagos incluido...
La segunda pregunta tiene que ver con algo que bien se dijo aquí en cuanto a que en septiembre del año pasado, hace un año, se levantó la ley 26.886, llamada "cerrojo".
En este sentido, quiero conocer qué tarea se ha hecho para llegar a un acuerdo no con los fondos buitres sino con los otros bonistas que estaban fuera del canje, dado que ha transcurrido un año y seguramente en este tiempo ya se los debe tener a todos ellos bien identificados y se debe saber quiénes pueden participar y quiénes no. Es decir, quiero conocer cuáles son las tareas que se han cumplido hasta este momento.
La tercera pregunta se refiere a que el señor ministro dijo que el juez Griesa está impidiendo todos los pagos incluido...
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Los cobros.
SR. VAQUIÉ Los cobros, tiene razón. Entre ellos, el acuerdo al que se llegó con Repsol, donde permitió el pago por única vez. Entonces, quiero conocer si podemos seguir teniendo inconvenientes en este sentido y qué se piensa desde el ministerio al respecto.
La cuarta pregunta tiene que ver con los contratos. El marco jurídico que tenemos con los bonistas que entraron al canje indica que por asamblea de bonistas se puede cambiar la legislación, la jurisdicción, el agente fiduciario, etcétera, con diferentes mayorías, de acuerdo con cada característica. Entonces, quiero preguntar por qué no se ha convocado a las asambleas respectivas o si esto se piensa hacer en los próximos meses.
La cuarta pregunta -usted bien lo dijo y había alguna filmina por ahí- se vincula con el incumplimiento, como agente fiduciario, del Banco de Nueva York. Al respecto, quisiera saber si usted considera que las características previstas en los propios contratos, en la sección 5.8 y 5.9, son cumplidas por Nación Fideicomiso; me refiero tanto a la del capital social -que allí se fija en 50 millones de dólares- como a la que determina que debe tener su casa matriz o central en determinados lugares. Es decir, desearía saber si se está cumpliendo con esas características.
La última pregunta puntal es qué va a pasar con los bonistas que no pudieron cobrar el 30 de junio. ¿Hay algún plan particular para que ellos puedan cobrar? ¿Usted considera que podrían acelerar el pago de los bonos? ¿Qué están previendo? Formulo estas preguntas porque, como usted dijo, esto es algo que empezaría el 30 de septiembre. ¿Es decir, qué pasaría con lo anterior?
La cuarta pregunta tiene que ver con los contratos. El marco jurídico que tenemos con los bonistas que entraron al canje indica que por asamblea de bonistas se puede cambiar la legislación, la jurisdicción, el agente fiduciario, etcétera, con diferentes mayorías, de acuerdo con cada característica. Entonces, quiero preguntar por qué no se ha convocado a las asambleas respectivas o si esto se piensa hacer en los próximos meses.
La cuarta pregunta -usted bien lo dijo y había alguna filmina por ahí- se vincula con el incumplimiento, como agente fiduciario, del Banco de Nueva York. Al respecto, quisiera saber si usted considera que las características previstas en los propios contratos, en la sección 5.8 y 5.9, son cumplidas por Nación Fideicomiso; me refiero tanto a la del capital social -que allí se fija en 50 millones de dólares- como a la que determina que debe tener su casa matriz o central en determinados lugares. Es decir, desearía saber si se está cumpliendo con esas características.
La última pregunta puntal es qué va a pasar con los bonistas que no pudieron cobrar el 30 de junio. ¿Hay algún plan particular para que ellos puedan cobrar? ¿Usted considera que podrían acelerar el pago de los bonos? ¿Qué están previendo? Formulo estas preguntas porque, como usted dijo, esto es algo que empezaría el 30 de septiembre. ¿Es decir, qué pasaría con lo anterior?
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor secretario de Legal y Técnica.
SR. SECRETARIO DE LEGAL Y TÉCNICA Se ha tornado compleja la formulación de las respuestas, porque son demasiadas las preguntas.
Yo creo que el conflicto no es con la Justicia de los Estados Unidos: el conflicto de la Argentina es con un 1 por ciento de los tenedores de bonos. Para colmo, sospechamos que los han adquirido ilegítimamente en términos de la ley estadounidense. En todo caso, el problema es con un juez estadounidense que ha dictado una orden de imposible cumplimiento y al querer ejecutar esa sentencia ha incurrido en errores más graves que la propia sentencia.
El error del juez es asimilable al de embargar fondos de terceros bonistas, lo que agravia duramente la propiedad privada de esos tenedores de bonos y equipara el caso al de un juez que emite una orden para secuestrar un vehículo que no está prendado. El error es tan grueso como eso: dictó una orden para tomar un vehículo que no está prendado, pensando que lo estaba o queriendo que lo esté. De modo que yo achicaría el conflicto: no es con la Justicia norteamericana, más allá de que en las sucesivas apelaciones se haya llegado hasta el nivel más alto, es decir, Suprema Corte de Justicia. El problema es con los buitres.
En relación con la situación de esta causa, hay dieciocho incidencias apeladas, de modo que ese juicio está vivo y se están discutiendo desde la orden de prohibición de pago hasta la afectación de quienes tienen los bonos. Además de estas apelaciones que se están ejerciendo en el juzgado de Griesa, hay juicios que se han iniciado en Bélgica, en Londres -según creo-, por tenedores de bonos que también quieren voltear la orden, ya que los afecta. También hay pedidos de este tipo incluidos entre estas dieciocho incidencias, donde los tenedores han ido y la Argentina ha acompañado.
Lo que ha hecho nuestro país, además, es reclamar en La Haya a fin de que Estados Unidos se avenga a aceptar la soberanía de ese tribunal internacional para dirimir la cuestión que crea un fallo de un juez norteamericano que afecte el orden público argentino.
Muy probablemente, siguiendo su costumbre, Estados Unidos no aceptará que se lo someta a ningún tribunal, porque eso es política del Departamento de Estado de ese país. Pero el intento de la Argentina ha existido. Por otra parte, debo decir que en materia de solución del tema de la inexistencia de un tribunal de quiebras, se ha seguido un camino mejor que el de pedir al Fondo Monetario Internacional que constituya ese tribunal.
Se ha buscado el camino para que sea la ONU la que fije un mecanismo de este tipo. Ya lo hemos dicho al comienzo en alguna exposición que tuvimos con los diputados del bloque: esto es posible -aunque muchos prospectos lo van tomando como normativa y van aprendiendo sobre la base de las propias experiencias- porque en el mundo no hay una norma que contemple la posibilidad de condenar la usura internacional.
Pues bien, pareciera que el sistema internacional está sometido a la usura en el sentido de que hasta han inventado derivados que permiten que se apueste en contra del default de un país y las mismas personas que lo hacen tengan la posibilidad de declarar que han ganado.
Esto es como si uno entrara a la ruleta, fuera el croupier y tuviera la posibilidad de cambiar el número que ha caído, porque la Argentina ha pagado, y sin embargo, la organización que decide respecto de si hubo o no default declara que hubo un default, para cobrarse 600 millones de dólares.
Se trata de un juego complejo, pero las acciones ante el juez Griesa se siguen manteniendo e intentan convencer a la Justicia norteamericana que no puede invadir la jurisdicción del poder soberano argentino; que por ningún medio -antes eran las cañoneras en frente a los puertos y hoy son las órdenes del juez Griesa- puede inducir a los países a que se queden sin herramientas para salir de sus problemas económicos.
Como bien decía Axel, lo que ha consagrado el juez Griesa es la imposibilidad teórica del default a partir de hacer sucumbir las reestructuraciones.
Yo comparaba el 92,4 por ciento; ya en 2005 habíamos obtenido el 76 por ciento. Llegamos al 92,4 por ciento, y por allí anda circulando un proyecto que quiere fijar que sea obligatorio para todos lo que decida el 50 por ciento, que sospechosamente coincide con las posiciones de los que están fuera del canje, como el propio Singer.
De modo que estamos peleando para que se reconozca en el mundo que el 92,4 por ciento es una posibilidad de obligar al ciento por ciento; y alguien es más optimista que nosotros y piensa que el 50 por ciento puede alcanzar. Y digo que hay alguien más optimista, porque nosotros pensamos que hay muchos puntos de esta norma que vienen a subsanar defectos de la legislación existente, para poder hacer el pago soberano local, abrir la cuenta en el Banco Central de la República Argentina para los que no han ingresado al bono y comenzar a depositar intereses, que están calculados de modo teórico sobre las tenencias y en función de que hubieran ingresado al canje.
Esa posibilidad no está en la ley, pero hay quienes piensan que tenemos esa facultad. Es decir que hay otros más optimistas que nosotros en materia del respaldo que se necesita para tornar obligatorio un acuerdo, así como también respecto de las facultades que tenemos. En otras condiciones, parte de los mismos actores podrían llegar a decir que estamos abusando del poder o actuando sin facultad.
Este proyecto de ley busca el justo medio, trata de sostener el poder soberano de la Argentina y dejar en claro cuáles son los pasos que tiene que dar el Ejecutivo. En definitiva, el mundo debe ver que no solo el Poder Ejecutivo sino también el Congreso de la Nación y la Justicia, al dictar el fallo aludido, están preocupados por la deuda. Porque este no es solo un problema de Cristina, del gobierno o del Frente para la Victoria; es un problema de todos los argentinos, y es importante que todas las instituciones de la Argentina reaccionen y pongan coto a la acción de los buitres.
Yo creo que el conflicto no es con la Justicia de los Estados Unidos: el conflicto de la Argentina es con un 1 por ciento de los tenedores de bonos. Para colmo, sospechamos que los han adquirido ilegítimamente en términos de la ley estadounidense. En todo caso, el problema es con un juez estadounidense que ha dictado una orden de imposible cumplimiento y al querer ejecutar esa sentencia ha incurrido en errores más graves que la propia sentencia.
El error del juez es asimilable al de embargar fondos de terceros bonistas, lo que agravia duramente la propiedad privada de esos tenedores de bonos y equipara el caso al de un juez que emite una orden para secuestrar un vehículo que no está prendado. El error es tan grueso como eso: dictó una orden para tomar un vehículo que no está prendado, pensando que lo estaba o queriendo que lo esté. De modo que yo achicaría el conflicto: no es con la Justicia norteamericana, más allá de que en las sucesivas apelaciones se haya llegado hasta el nivel más alto, es decir, Suprema Corte de Justicia. El problema es con los buitres.
En relación con la situación de esta causa, hay dieciocho incidencias apeladas, de modo que ese juicio está vivo y se están discutiendo desde la orden de prohibición de pago hasta la afectación de quienes tienen los bonos. Además de estas apelaciones que se están ejerciendo en el juzgado de Griesa, hay juicios que se han iniciado en Bélgica, en Londres -según creo-, por tenedores de bonos que también quieren voltear la orden, ya que los afecta. También hay pedidos de este tipo incluidos entre estas dieciocho incidencias, donde los tenedores han ido y la Argentina ha acompañado.
Lo que ha hecho nuestro país, además, es reclamar en La Haya a fin de que Estados Unidos se avenga a aceptar la soberanía de ese tribunal internacional para dirimir la cuestión que crea un fallo de un juez norteamericano que afecte el orden público argentino.
Muy probablemente, siguiendo su costumbre, Estados Unidos no aceptará que se lo someta a ningún tribunal, porque eso es política del Departamento de Estado de ese país. Pero el intento de la Argentina ha existido. Por otra parte, debo decir que en materia de solución del tema de la inexistencia de un tribunal de quiebras, se ha seguido un camino mejor que el de pedir al Fondo Monetario Internacional que constituya ese tribunal.
Se ha buscado el camino para que sea la ONU la que fije un mecanismo de este tipo. Ya lo hemos dicho al comienzo en alguna exposición que tuvimos con los diputados del bloque: esto es posible -aunque muchos prospectos lo van tomando como normativa y van aprendiendo sobre la base de las propias experiencias- porque en el mundo no hay una norma que contemple la posibilidad de condenar la usura internacional.
Pues bien, pareciera que el sistema internacional está sometido a la usura en el sentido de que hasta han inventado derivados que permiten que se apueste en contra del default de un país y las mismas personas que lo hacen tengan la posibilidad de declarar que han ganado.
Esto es como si uno entrara a la ruleta, fuera el croupier y tuviera la posibilidad de cambiar el número que ha caído, porque la Argentina ha pagado, y sin embargo, la organización que decide respecto de si hubo o no default declara que hubo un default, para cobrarse 600 millones de dólares.
Se trata de un juego complejo, pero las acciones ante el juez Griesa se siguen manteniendo e intentan convencer a la Justicia norteamericana que no puede invadir la jurisdicción del poder soberano argentino; que por ningún medio -antes eran las cañoneras en frente a los puertos y hoy son las órdenes del juez Griesa- puede inducir a los países a que se queden sin herramientas para salir de sus problemas económicos.
Como bien decía Axel, lo que ha consagrado el juez Griesa es la imposibilidad teórica del default a partir de hacer sucumbir las reestructuraciones.
Yo comparaba el 92,4 por ciento; ya en 2005 habíamos obtenido el 76 por ciento. Llegamos al 92,4 por ciento, y por allí anda circulando un proyecto que quiere fijar que sea obligatorio para todos lo que decida el 50 por ciento, que sospechosamente coincide con las posiciones de los que están fuera del canje, como el propio Singer.
De modo que estamos peleando para que se reconozca en el mundo que el 92,4 por ciento es una posibilidad de obligar al ciento por ciento; y alguien es más optimista que nosotros y piensa que el 50 por ciento puede alcanzar. Y digo que hay alguien más optimista, porque nosotros pensamos que hay muchos puntos de esta norma que vienen a subsanar defectos de la legislación existente, para poder hacer el pago soberano local, abrir la cuenta en el Banco Central de la República Argentina para los que no han ingresado al bono y comenzar a depositar intereses, que están calculados de modo teórico sobre las tenencias y en función de que hubieran ingresado al canje.
Esa posibilidad no está en la ley, pero hay quienes piensan que tenemos esa facultad. Es decir que hay otros más optimistas que nosotros en materia del respaldo que se necesita para tornar obligatorio un acuerdo, así como también respecto de las facultades que tenemos. En otras condiciones, parte de los mismos actores podrían llegar a decir que estamos abusando del poder o actuando sin facultad.
Este proyecto de ley busca el justo medio, trata de sostener el poder soberano de la Argentina y dejar en claro cuáles son los pasos que tiene que dar el Ejecutivo. En definitiva, el mundo debe ver que no solo el Poder Ejecutivo sino también el Congreso de la Nación y la Justicia, al dictar el fallo aludido, están preocupados por la deuda. Porque este no es solo un problema de Cristina, del gobierno o del Frente para la Victoria; es un problema de todos los argentinos, y es importante que todas las instituciones de la Argentina reaccionen y pongan coto a la acción de los buitres.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Agrego unos pocos elementos a lo planteado por el doctor Zannini.
En primer lugar, extendiendo un poco la cuestión porque sé que fue uno de los puntos en torno del cual giró el debate en el Senado, quiero referirme a la idea de que lo planteando en esta ley se puede hacer sin ella. Aquél fue un debate bastante sustancioso porque expusimos nuestros puntos de vista, pero como no escuchamos respuesta a ninguno de ellos, me animo a repetirlo.
Es taxativo y definitivo que lo planteado en esta ley no se puede hacer sin ella, pues no son atribuciones del ministro, tal como ha dicho el secretario. Seguramente, si lo hiciéramos estaríamos en exceso de nuestras atribuciones y nos los reclamarían genuinamente.
Nosotros hemos venido al Parlamento para discutir soluciones principales o más urgentes de la cuestión del pago de septiembre, que evidentemente no se puede hacer. Este es uno de los puntos centrales: sin ley, no podemos hacer ese pago. Ahora voy a explicar por qué, pero voy a repetir los argumentos que ya dijimos.
Extrañamente, el debate en el Congreso versa sobre que no debería haber ninguna discusión en el Parlamente porque estas cuestiones podría resolverlas el Poder Ejecutivo con sus propias atribuciones.
El Poder Ejecutivo no puede hacer un canje local por ley local, uno a uno. El que me diga que sí, está equivocado. No estamos facultados porque la ley 26.886 pide que haya mejoras en el plazo, el monto y la tasa; pero no podemos dar mejora en el plazo, monto y tasa porque estaríamos violando la cláusula RUFO.
Es claro que esa alternativa -que podemos discutir si no les parece razonable, pero innegablemente es un elemento constitutivo de la ley- requiere ley; y de ninguna manera en ese sentido podría decidir yo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ni ningún otro funcionario del Poder Ejecutivo.
Por ello, es falso que tengamos atribuciones para hacer esto. Tenemos atribuciones para aplicar otro plan con respecto a este conflicto, pero no este que es el que estamos defendiendo hoy.
Además, como dice Zannini, en un contenido mucho más frondoso venimos a discutir este tema al Parlamento -que tiene atribución originaria en la administración de la deuda externa- para ver qué hacemos con algo que no originó este gobierno, sino que se trata de una deuda externa que viene de antes. El ciento por ciento que dejó el default de 2001, ese escandaloso sobreendeudamiento, se fue arreglando en tramos. La verdad es que fuimos capeando todas las dificultades, hasta que surgió el tema de Singer y del juez Griesa.
Esta iniciativa forma parte de nuestra intención de terminar de resolver aquel default de 2001. Es razonable que el Parlamento intente dar un cierre -sea este o el que juzgue conveniente-, pero tampoco podemos hacernos los distraídos de lo que va a pasará en septiembre. Ese es el problema porque hay que depositar en Nación Fideicomiso.
El diputado Vaqué me hacía una pregunta sobre la cuestión contractual con Nación Fideicomiso. Hay una primera cuestión, que está dada por los tiempos del contrato para reemplazar al BoNY; evidentemente, es muy probable que tengamos alguna imposibilidad, en razón de cómo ha evolucionando el conflicto. Repito: es muy dinámico todo esto.
Como ustedes ven, una vez por semana o semana de por medio, se realiza una audiencia en lo del juez Griesa, donde aparentemente puede decidir un montón de cosas. Después, es decepcionante porque se desinfla y no decide nada, los buitres piden al juez que declare al país en desacato, Griesa no dice que sí ni que no; señala que es ilegal pero no desacato...
Es muy dinámico, no se puede negar la naturaleza de esto. Esa también es la dificultad de traer todos los pasos al Parlamento; pero debemos dar el paso fundamental de resolver el problema con el 7,6 por ciento, el pedido que nos están haciendo de acceder a legislación local u otra legislación, y al mismo tiempo -más urgentemente-, el pago a través de Nación Fideicomiso.
Este es el ámbito adecuado, porque si no cumplimos con los tiempos del contrato no tengo atribuciones en el ministerio para acelerar esta situación de fuerza mayor -así la llamaría sin ser abogado- con respecto al contrato. Supongamos que deposito el monto de un alquiler en la sucursal de un banco, pero en determinado momento voy ahí y me encuentra con un agujero en la tierra. El contrato no prevé esa situación, pero yo quiero seguir pagando y que no se me atribuya la falta de voluntad de pago y el incumplimiento.
Entonces, tenemos que tomar una medida que probablemente será convalidada por los bonistas. De todas formas, estos pueden reunir su propia asamblea y decir "no me gusta Nación Fideicomiso, me gusta este otro fiduciario", cosa que tendremos que evaluar si preserva el contrato o no, pero probablemente acompañemos eso. Son los propios bonistas lo que quieren garantizar el cobro. Aquí ha habido alguna inacción de los bonistas o de algunos de ellos.
Termino de enumerar el pago a los holdouts en una cantidad equivalente a los del canje de 2010. Claramente, como no tenemos ninguna atribución para hacer eso, sugerimos al Parlamento tal medida porque ante un ataque muy fuerte con respecto a la voluntad y a la capacidad de pago de la República Argentina -o esta idea de que la Argentina no paga a algunos y paga a otros-, en relación con ese pequeño porcentaje que no aceptó los canjes anteriores estamos exhibiendo la voluntad de pago empezando a depositar lo que corresponde. Ello, para que a nadie queden dudas de que la Argentina paga y quien no quiere cobrar es el señor Singer, ni siquiera con una ganancia del 300 por ciento.
Que quede en claro. Ni siquiera con una ganancia del 300 por ciento. Nosotros entendemos que es una respuesta muy potente a la sensación y la imagen que intentan crear. Tampoco tengo atribuciones.
Tampoco podríamos crear una comisión bicameral. Recibimos su propuesta para crearla nosotros como Ejecutivo. Sin embargo, esto es parte de la ley. Nunca más adecuado en el marco actual y de las discusiones que ha suscitado -no sé si nunca más adecuado, pero sí en esta circunstancia-, con lo cual todos estos elementos hacen que sea una ley y que esté absolutamente fuera del alcance del Poder Ejecutivo, sin que el Parlamento lo dicte. Fuera de la cuestión política, tal como plantea el doctor Zannini, que creo que es todavía más importante, es que nosotros hemos recurrido al Parlamento para exponer la situación, esperando que éste se pronuncie sobre este conflicto, como lo decía la doctora Abbona, que le dé la jerarquía que tiene, de soberana y de interés público, al pago de la reestructuración de la deuda, con el propósito de darle una fuerte muestra, un fuerte golpe, de cuál es la dirección que tiene el Poder Legislativo, acompañando de ser así, o modificando, la iniciativa del Poder Ejecutivo y, por supuesto, aquello que ya ha dicho el Poder Judicial.
Con respecto a Repsol, entre las cuestiones peregrinas e insólitas contenidas en los dictados de Griesa, esta tal vez sea la más extrema, porque esto de decidir un pago, de resolver ese pago por única vez, es como cuando al arquero se le escapa la pelota: él dijo "páguelo", y en la audiencia siguiente los buitres respondieron "bueno, pero ¿cómo dejó pagar esto, si era parte de la reestructuración?"
A mí me parece que lo embarullaron con la orden, porque el pari passu era para deuda externa. Está mal interpretado pero aun así debería ser deuda externa. Y la orden se planteó en términos de la reestructuración, que no es toda la deuda externa, ya que no tiene todos los elementos de la deuda externa, ni toda la reestructuración es deuda externa. Así que está doblemente mal pero porque la idea de los buitres era tomar de rehén a Zembo y a los bonistas. Esa era la idea: poner en jaque el pago. No lo pudo hacer, pero al menos bloqueaba el cobro, lo que obtuvo hasta el momento.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo del pago a Repsol por única vez es algo que ahora está reclamando el Citibank y que ya fue a segunda instancia, porque el juez Griesa no da pie con bola en este asunto. Ha dicho "páguelo", y a eso le respondieron "bueno, pero eso es parte de la reestructuración. Usted está violando su propia orden". A lo que les responde "¿Cómo? ¿Me repite?" -es una audiencia que parece hecha en clave de farsa-; "¿Cómo, violando mi propia orden?", "Sí, porque usted dijo reestructuración", "Pero, ¿esos son bonos reestructurados?", "Sí, son bonos reestructurados", le aclararon. Griesa les responde: "¡Ah, bueno! ¡Pero es poca plata!". El abogado de los buitres contesta: "¡Son 300 millones de dólares!" "¡Uy! ¡No, entonces no pague más!". "Bueno, pero ya pagué". "Bueno, pero única vez". Evidentemente, de nuevo no está resolviendo la cuestión jurídica.
¿Qué va a pasar con eso? Con respecto a esa situación de incertidumbre, está reclamado en segunda instancia por el propio Citibank, por supuesto -como dice Zannini-, acompañado por la República Argentina, que va cuestionando cada una de estas decisiones a medida que se presentan, porque la verdad es que a veces son insólitas. Entonces, no es que uno pueda prever cuál va a ser la próxima decisión que va a tomar, pero se responde también jurídicamente.
Lo que seguro no van a poder hacer es discriminar qué parte de los pagos corresponden a acreedores de Repsol, acreedores de bonos que originalmente se le dieron a Repsol, y cuáles de los otros. No hay forma técnica de hacerlo; entonces, no la va a poder aplicar. O paga todo o no, lo que lo pondría en otro aprieto porque se trata de deuda doméstica.
Con respecto al pago por única vez, estamos esperando la decisión de Griesa. De todas maneras, esa cuestión va por el Citibank, que también se vuelve ineficiente. Quiero comentar algo de la presentación del Citibank, porque esa fue otra de las tantas operaciones.
Recuerdo el título de una lamentable pieza del pseudo periodismo que decía: "Kicillof quiere echar al Citibank". Tendría que chequearlo pero creo que era del diario Clarín.
En primer lugar, esa no es una atribución del ministro de Economía. En segundo lugar, cuando el Citibank se presenta en segunda instancia dice -implora-: "Por favor, déjeme pagar esto porque la ley argentina es lo que impera sobre el Citibank". Entonces pueden estar sometidos a sanciones; ellos dicen que habría que sancionarlos si no pagan.
Por lo tanto, nadie quiere echar o no echar a nadie. El tema es que ya sería muy complicado que un banco argentino con un bono ley argentina le pregunte a un juez de Nueva York si paga o no paga. Esos son los bonos Repsol que son legislación argentina -una parte, la correspondiente a esto.
Con respecto a la última pregunta acerca de qué se hizo con otros bonistas fuera del canje, la verdad es que se estuvo conversando con todas las partes, como siempre. No tenemos registro de quiénes tienen los bonos en default, no hay un registro público ni lo tiene la República Argentina; pero dicen -aunque no estoy seguro- que Singer controla aproximadamente la mitad del 7,6 por ciento, ya sea directamente o mediante otras empresas. Entonces, ese 7,6 por ciento es Singer y más Singer en buena medida. Por lo tanto, eso de que acepte el 50 por ciento tiene olorcito a Singer ya que aparentemente él es el 50 por ciento de la deuda holdout. Pero lo ignoro, no puedo estar seguro. Incluso, si yo les dijera hoy quiénes son los que tienen esta deuda, mañana la podrían tener otros y yo no me enteraría, ya que está sometida a operaciones de mercado permanente. Muchas gracias.
En primer lugar, extendiendo un poco la cuestión porque sé que fue uno de los puntos en torno del cual giró el debate en el Senado, quiero referirme a la idea de que lo planteando en esta ley se puede hacer sin ella. Aquél fue un debate bastante sustancioso porque expusimos nuestros puntos de vista, pero como no escuchamos respuesta a ninguno de ellos, me animo a repetirlo.
Es taxativo y definitivo que lo planteado en esta ley no se puede hacer sin ella, pues no son atribuciones del ministro, tal como ha dicho el secretario. Seguramente, si lo hiciéramos estaríamos en exceso de nuestras atribuciones y nos los reclamarían genuinamente.
Nosotros hemos venido al Parlamento para discutir soluciones principales o más urgentes de la cuestión del pago de septiembre, que evidentemente no se puede hacer. Este es uno de los puntos centrales: sin ley, no podemos hacer ese pago. Ahora voy a explicar por qué, pero voy a repetir los argumentos que ya dijimos.
Extrañamente, el debate en el Congreso versa sobre que no debería haber ninguna discusión en el Parlamente porque estas cuestiones podría resolverlas el Poder Ejecutivo con sus propias atribuciones.
El Poder Ejecutivo no puede hacer un canje local por ley local, uno a uno. El que me diga que sí, está equivocado. No estamos facultados porque la ley 26.886 pide que haya mejoras en el plazo, el monto y la tasa; pero no podemos dar mejora en el plazo, monto y tasa porque estaríamos violando la cláusula RUFO.
Es claro que esa alternativa -que podemos discutir si no les parece razonable, pero innegablemente es un elemento constitutivo de la ley- requiere ley; y de ninguna manera en ese sentido podría decidir yo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ni ningún otro funcionario del Poder Ejecutivo.
Por ello, es falso que tengamos atribuciones para hacer esto. Tenemos atribuciones para aplicar otro plan con respecto a este conflicto, pero no este que es el que estamos defendiendo hoy.
Además, como dice Zannini, en un contenido mucho más frondoso venimos a discutir este tema al Parlamento -que tiene atribución originaria en la administración de la deuda externa- para ver qué hacemos con algo que no originó este gobierno, sino que se trata de una deuda externa que viene de antes. El ciento por ciento que dejó el default de 2001, ese escandaloso sobreendeudamiento, se fue arreglando en tramos. La verdad es que fuimos capeando todas las dificultades, hasta que surgió el tema de Singer y del juez Griesa.
Esta iniciativa forma parte de nuestra intención de terminar de resolver aquel default de 2001. Es razonable que el Parlamento intente dar un cierre -sea este o el que juzgue conveniente-, pero tampoco podemos hacernos los distraídos de lo que va a pasará en septiembre. Ese es el problema porque hay que depositar en Nación Fideicomiso.
El diputado Vaqué me hacía una pregunta sobre la cuestión contractual con Nación Fideicomiso. Hay una primera cuestión, que está dada por los tiempos del contrato para reemplazar al BoNY; evidentemente, es muy probable que tengamos alguna imposibilidad, en razón de cómo ha evolucionando el conflicto. Repito: es muy dinámico todo esto.
Como ustedes ven, una vez por semana o semana de por medio, se realiza una audiencia en lo del juez Griesa, donde aparentemente puede decidir un montón de cosas. Después, es decepcionante porque se desinfla y no decide nada, los buitres piden al juez que declare al país en desacato, Griesa no dice que sí ni que no; señala que es ilegal pero no desacato...
Es muy dinámico, no se puede negar la naturaleza de esto. Esa también es la dificultad de traer todos los pasos al Parlamento; pero debemos dar el paso fundamental de resolver el problema con el 7,6 por ciento, el pedido que nos están haciendo de acceder a legislación local u otra legislación, y al mismo tiempo -más urgentemente-, el pago a través de Nación Fideicomiso.
Este es el ámbito adecuado, porque si no cumplimos con los tiempos del contrato no tengo atribuciones en el ministerio para acelerar esta situación de fuerza mayor -así la llamaría sin ser abogado- con respecto al contrato. Supongamos que deposito el monto de un alquiler en la sucursal de un banco, pero en determinado momento voy ahí y me encuentra con un agujero en la tierra. El contrato no prevé esa situación, pero yo quiero seguir pagando y que no se me atribuya la falta de voluntad de pago y el incumplimiento.
Entonces, tenemos que tomar una medida que probablemente será convalidada por los bonistas. De todas formas, estos pueden reunir su propia asamblea y decir "no me gusta Nación Fideicomiso, me gusta este otro fiduciario", cosa que tendremos que evaluar si preserva el contrato o no, pero probablemente acompañemos eso. Son los propios bonistas lo que quieren garantizar el cobro. Aquí ha habido alguna inacción de los bonistas o de algunos de ellos.
Termino de enumerar el pago a los holdouts en una cantidad equivalente a los del canje de 2010. Claramente, como no tenemos ninguna atribución para hacer eso, sugerimos al Parlamento tal medida porque ante un ataque muy fuerte con respecto a la voluntad y a la capacidad de pago de la República Argentina -o esta idea de que la Argentina no paga a algunos y paga a otros-, en relación con ese pequeño porcentaje que no aceptó los canjes anteriores estamos exhibiendo la voluntad de pago empezando a depositar lo que corresponde. Ello, para que a nadie queden dudas de que la Argentina paga y quien no quiere cobrar es el señor Singer, ni siquiera con una ganancia del 300 por ciento.
Que quede en claro. Ni siquiera con una ganancia del 300 por ciento. Nosotros entendemos que es una respuesta muy potente a la sensación y la imagen que intentan crear. Tampoco tengo atribuciones.
Tampoco podríamos crear una comisión bicameral. Recibimos su propuesta para crearla nosotros como Ejecutivo. Sin embargo, esto es parte de la ley. Nunca más adecuado en el marco actual y de las discusiones que ha suscitado -no sé si nunca más adecuado, pero sí en esta circunstancia-, con lo cual todos estos elementos hacen que sea una ley y que esté absolutamente fuera del alcance del Poder Ejecutivo, sin que el Parlamento lo dicte. Fuera de la cuestión política, tal como plantea el doctor Zannini, que creo que es todavía más importante, es que nosotros hemos recurrido al Parlamento para exponer la situación, esperando que éste se pronuncie sobre este conflicto, como lo decía la doctora Abbona, que le dé la jerarquía que tiene, de soberana y de interés público, al pago de la reestructuración de la deuda, con el propósito de darle una fuerte muestra, un fuerte golpe, de cuál es la dirección que tiene el Poder Legislativo, acompañando de ser así, o modificando, la iniciativa del Poder Ejecutivo y, por supuesto, aquello que ya ha dicho el Poder Judicial.
Con respecto a Repsol, entre las cuestiones peregrinas e insólitas contenidas en los dictados de Griesa, esta tal vez sea la más extrema, porque esto de decidir un pago, de resolver ese pago por única vez, es como cuando al arquero se le escapa la pelota: él dijo "páguelo", y en la audiencia siguiente los buitres respondieron "bueno, pero ¿cómo dejó pagar esto, si era parte de la reestructuración?"
A mí me parece que lo embarullaron con la orden, porque el pari passu era para deuda externa. Está mal interpretado pero aun así debería ser deuda externa. Y la orden se planteó en términos de la reestructuración, que no es toda la deuda externa, ya que no tiene todos los elementos de la deuda externa, ni toda la reestructuración es deuda externa. Así que está doblemente mal pero porque la idea de los buitres era tomar de rehén a Zembo y a los bonistas. Esa era la idea: poner en jaque el pago. No lo pudo hacer, pero al menos bloqueaba el cobro, lo que obtuvo hasta el momento.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo del pago a Repsol por única vez es algo que ahora está reclamando el Citibank y que ya fue a segunda instancia, porque el juez Griesa no da pie con bola en este asunto. Ha dicho "páguelo", y a eso le respondieron "bueno, pero eso es parte de la reestructuración. Usted está violando su propia orden". A lo que les responde "¿Cómo? ¿Me repite?" -es una audiencia que parece hecha en clave de farsa-; "¿Cómo, violando mi propia orden?", "Sí, porque usted dijo reestructuración", "Pero, ¿esos son bonos reestructurados?", "Sí, son bonos reestructurados", le aclararon. Griesa les responde: "¡Ah, bueno! ¡Pero es poca plata!". El abogado de los buitres contesta: "¡Son 300 millones de dólares!" "¡Uy! ¡No, entonces no pague más!". "Bueno, pero ya pagué". "Bueno, pero única vez". Evidentemente, de nuevo no está resolviendo la cuestión jurídica.
¿Qué va a pasar con eso? Con respecto a esa situación de incertidumbre, está reclamado en segunda instancia por el propio Citibank, por supuesto -como dice Zannini-, acompañado por la República Argentina, que va cuestionando cada una de estas decisiones a medida que se presentan, porque la verdad es que a veces son insólitas. Entonces, no es que uno pueda prever cuál va a ser la próxima decisión que va a tomar, pero se responde también jurídicamente.
Lo que seguro no van a poder hacer es discriminar qué parte de los pagos corresponden a acreedores de Repsol, acreedores de bonos que originalmente se le dieron a Repsol, y cuáles de los otros. No hay forma técnica de hacerlo; entonces, no la va a poder aplicar. O paga todo o no, lo que lo pondría en otro aprieto porque se trata de deuda doméstica.
Con respecto al pago por única vez, estamos esperando la decisión de Griesa. De todas maneras, esa cuestión va por el Citibank, que también se vuelve ineficiente. Quiero comentar algo de la presentación del Citibank, porque esa fue otra de las tantas operaciones.
Recuerdo el título de una lamentable pieza del pseudo periodismo que decía: "Kicillof quiere echar al Citibank". Tendría que chequearlo pero creo que era del diario Clarín.
En primer lugar, esa no es una atribución del ministro de Economía. En segundo lugar, cuando el Citibank se presenta en segunda instancia dice -implora-: "Por favor, déjeme pagar esto porque la ley argentina es lo que impera sobre el Citibank". Entonces pueden estar sometidos a sanciones; ellos dicen que habría que sancionarlos si no pagan.
Por lo tanto, nadie quiere echar o no echar a nadie. El tema es que ya sería muy complicado que un banco argentino con un bono ley argentina le pregunte a un juez de Nueva York si paga o no paga. Esos son los bonos Repsol que son legislación argentina -una parte, la correspondiente a esto.
Con respecto a la última pregunta acerca de qué se hizo con otros bonistas fuera del canje, la verdad es que se estuvo conversando con todas las partes, como siempre. No tenemos registro de quiénes tienen los bonos en default, no hay un registro público ni lo tiene la República Argentina; pero dicen -aunque no estoy seguro- que Singer controla aproximadamente la mitad del 7,6 por ciento, ya sea directamente o mediante otras empresas. Entonces, ese 7,6 por ciento es Singer y más Singer en buena medida. Por lo tanto, eso de que acepte el 50 por ciento tiene olorcito a Singer ya que aparentemente él es el 50 por ciento de la deuda holdout. Pero lo ignoro, no puedo estar seguro. Incluso, si yo les dijera hoy quiénes son los que tienen esta deuda, mañana la podrían tener otros y yo no me enteraría, ya que está sometida a operaciones de mercado permanente. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE FELETTI Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor diputado Vaquié.
Tiene la palabra el señor diputado Vaquié.
SR. VAQUIÉ Simplemente quiero decir que en relación con este último punto, mi pregunta iba dirigida a qué reuniones había tenido el Ministerio de Economía con los bonistas, no cuánto tienen ni qué controlan. Quería saber qué reuniones había tenido el Ministerio de Economía con bonistas que no entraron al canje y que no son fondos buitres.
También pregunté si creía que Nación Fideicomisos cumplía o no con los requisitos de las secciones 5.8 y 5.9 que usted previamente citó.
También pregunté si creía que Nación Fideicomisos cumplía o no con los requisitos de las secciones 5.8 y 5.9 que usted previamente citó.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Le voy a contestar rápidamente.
Eso es lo que traté de responder, qué reuniones se habían tenido con los bonistas. La verdad es que el Ministerio de Economía tiene las puertas abiertas para sus acreedores. No negamos las reuniones.
Por ejemplo, hay fondos que son tenedores de deuda reestructurada y son también holdouts porque han comprado. Esto lo digo sin un conocimiento instantáneo. En algún momento hubo algunos bonistas reestructurados que -sobre todo a partir de la reapertura del canje por el Parlamento mediante la ley 26.886- habían comprado bonos defaulteados para ponerlos en el canje y obtener esa ganancia del 300 por ciento, cosa que sea una operación de mercado.
Lo que sí se estaba esperando era juntar una masa crítica para fijar un plazo a la reapertura y hacerla operativa. El problema era que no aparecía la masa crítica y me da la impresión de que se debió a que buena parte son buitres, en particular esos buitres que están acá y que cuando vieron o supieron que Griesa -o incluso instancias superiores- iba a aceptar su planteo probablemente hayan salido a comprar como locos. Teniendo esa información o conociendo las instancias del juicio era muy buen negocio.
La verdad es que sí se han tenido conversaciones. Hoy incluso hay bonistas holdouts que se han expresado y han dicho a la prensa local que entrarían a este canje. Las conversaciones son permanentes y se trata de un mundo muy mixturado.
Con respecto a Nación Fideicomisos, encontramos que tiene una cualidad que es central para nuestro contrato y es que sería eficiente en su cumplimiento.
Hoy, más allá del texto concreto, nosotros necesitamos que quien se comprometa y tome el papel de agente en el fideicomiso podrá pedir una autorización en Estados Unidos para operar en el caso de que la necesite. Esos son trámites. En el momento en que sea nombrado, tenemos que estar seguros de que va a cumplir con el contrato. Esa cualidad la tiene Nación Fideicomiso. De todas formas no se ha elegido todavía un nuevo fiduciario ni se ha removido al Bony. Para elegir a Nación Fideicomiso tendría que ser, en preservación del contrato, el propio Parlamento.
Entendemos que tiene una cualidad central para lo que nos preocupa, es decir, Nación Fideicomiso va a velar por el cumplimiento del contrato y la distribución del dinero. Quiero contarles que han aparecido otros interesados y se han hecho contactos. Pero tendrían que dar esta garantía. Lo que sucede es que hay bonos de diferentes jurisdicciones, con diferentes situaciones y hoy no puedo adelantar demasiado. Esto faculta al ministerio; no lo instruye.
Aquí tenemos, frente a todas las otras posibilidades, una certeza: Nación Fideicomiso va a velar por el cumplimiento del contrato. Habría que ver qué pasa ante un incumplimiento de esta naturaleza porque el reemplazo se da bajo estas condiciones. Podría ser -y siempre lo es- un reemplazo transitorio en la medida en que los propios bonistas propongan otro si no les gusta porque creen que no cumple.
Como todo contrato, esto está sometido a la relación entre los dos firmantes. Eso lo iremos viendo. Quiero decir que algunos bonistas reestructurados expresaron informalmente su conformidad con esta posibilidad porque les asegura lo que realmente quieren. Serán de un tipo o de otro, pero lo que quieren es cobrar. Esa garantía no es poco en estas circunstancias.
Eso es lo que traté de responder, qué reuniones se habían tenido con los bonistas. La verdad es que el Ministerio de Economía tiene las puertas abiertas para sus acreedores. No negamos las reuniones.
Por ejemplo, hay fondos que son tenedores de deuda reestructurada y son también holdouts porque han comprado. Esto lo digo sin un conocimiento instantáneo. En algún momento hubo algunos bonistas reestructurados que -sobre todo a partir de la reapertura del canje por el Parlamento mediante la ley 26.886- habían comprado bonos defaulteados para ponerlos en el canje y obtener esa ganancia del 300 por ciento, cosa que sea una operación de mercado.
Lo que sí se estaba esperando era juntar una masa crítica para fijar un plazo a la reapertura y hacerla operativa. El problema era que no aparecía la masa crítica y me da la impresión de que se debió a que buena parte son buitres, en particular esos buitres que están acá y que cuando vieron o supieron que Griesa -o incluso instancias superiores- iba a aceptar su planteo probablemente hayan salido a comprar como locos. Teniendo esa información o conociendo las instancias del juicio era muy buen negocio.
La verdad es que sí se han tenido conversaciones. Hoy incluso hay bonistas holdouts que se han expresado y han dicho a la prensa local que entrarían a este canje. Las conversaciones son permanentes y se trata de un mundo muy mixturado.
Con respecto a Nación Fideicomisos, encontramos que tiene una cualidad que es central para nuestro contrato y es que sería eficiente en su cumplimiento.
Hoy, más allá del texto concreto, nosotros necesitamos que quien se comprometa y tome el papel de agente en el fideicomiso podrá pedir una autorización en Estados Unidos para operar en el caso de que la necesite. Esos son trámites. En el momento en que sea nombrado, tenemos que estar seguros de que va a cumplir con el contrato. Esa cualidad la tiene Nación Fideicomiso. De todas formas no se ha elegido todavía un nuevo fiduciario ni se ha removido al Bony. Para elegir a Nación Fideicomiso tendría que ser, en preservación del contrato, el propio Parlamento.
Entendemos que tiene una cualidad central para lo que nos preocupa, es decir, Nación Fideicomiso va a velar por el cumplimiento del contrato y la distribución del dinero. Quiero contarles que han aparecido otros interesados y se han hecho contactos. Pero tendrían que dar esta garantía. Lo que sucede es que hay bonos de diferentes jurisdicciones, con diferentes situaciones y hoy no puedo adelantar demasiado. Esto faculta al ministerio; no lo instruye.
Aquí tenemos, frente a todas las otras posibilidades, una certeza: Nación Fideicomiso va a velar por el cumplimiento del contrato. Habría que ver qué pasa ante un incumplimiento de esta naturaleza porque el reemplazo se da bajo estas condiciones. Podría ser -y siempre lo es- un reemplazo transitorio en la medida en que los propios bonistas propongan otro si no les gusta porque creen que no cumple.
Como todo contrato, esto está sometido a la relación entre los dos firmantes. Eso lo iremos viendo. Quiero decir que algunos bonistas reestructurados expresaron informalmente su conformidad con esta posibilidad porque les asegura lo que realmente quieren. Serán de un tipo o de otro, pero lo que quieren es cobrar. Esa garantía no es poco en estas circunstancias.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor diputado Lousteau.
SR. LOUSTEAU Señor presidente: quiero empezar por sus propias palabras. Usted dijo que no hay que banalizar los debates. Y la verdad es que acá vinimos a debatir un proyecto y me parece que la mejor manera de aprovechar el tiempo es tratar sobre los temas específicos de la iniciativa dado que los funcionarios siempre tienen muy poco tiempo.
Por eso me pareció que exposiciones repetidas y largas no contribuían a este fin. Tenemos que ver si este proyecto contribuye a mejorar los instrumentos que necesitamos para resolver los problemas acumulados que el propio ministro de Economía comentó abundantemente. Creo que éste es el foco que debemos tener.
De hecho, me permito hacer una propuesta. Si vamos a discutir en serio temas legales, financieros o contractuales, en el medio de una disputa jurídica tan importante, considero que esta reunión debería ser secreta. De lo contrario, es muy complicado analizar en detalle cosas que pueden ser utilizadas después por la otra parte.
Entonces, me parece que no hay banalización más grande que discutir temas tan importantes de esta forma, en una sola reunión de comisión, teniendo que dictaminar el mismo día para ir a sesionar mañana sobre estos temas.
Estamos todos de acuerdo en que el fallo de Griesa es una barbaridad. Tiene inconsistencias internas altísimas y de hecho a él mismo le cuesta efectivizar su propia sentencia.
La pregunta que debemos hacernos es cómo lidiamos con este fallo y la verdad le consta a todos los que están en esa mesa la contribución que nosotros, desde otros lugares, hemos hecho, tanto en el viaje a Washington como luego.
Voy a hacer algunas preguntas específicas que creo requieren respuestas concretas.
En primer lugar, cuando hablamos de incumplimiento, no es aquél que decretemos nosotros mediante un proyecto de ley. Se trata de un incumplimiento legal. En los contratos, la palabra "incumplimiento" está expresamente caracterizada. Entonces, vuelvo al tema de si existe un incumplimiento específico como para remover al Bony, más allá de la decisión que tomó la Superintendencia recientemente.
¿Por qué digo esto? Porque si no existe ese incumplimiento legal podemos llegar a tener futuros juicios del propio Bony, salvo que haya algún tipo de acuerdo respecto a que esto no va a ocurrir. Quería saber si ése es el caso. Pero, corremos un riesgo legal.
En segundo lugar, deseo referirme a por qué es importante el tema del incumplimiento contractual. Porque si nosotros incurrimos en incumplimiento contractual del contrato fideicomiso, como el mismo está asociado a los prospectos de los bonos, corremos el riesgo de entrar en default por una decisión nuestra.
El que se decrete el incumplimiento, es decir la cesación de pagos de la Argentina, por una decisión del propio Parlamento.
Lo mismo ocurre si nombramos -otra vez por una ley del Congreso- un agente fiduciario que no cumple con las condiciones establecidas en el contrato, más allá de que pueda recibir el pago, porque eso es lo que puede hacer Nación Fideicomiso, puede recibir el pago, pero no le puede pagar todavía a los que tienen jurisdicción en Estados Unidos. Entonces me parece que ahí hay un problema adicional.
¿Qué es lo que estamos viendo? En realidad, estamos intentando es sancionar una ley no para que cobren los reestructurados sino para pagar el 30 de septiembre porque hoy la verdad es que no podemos pagar. No hay un vehículo en el cual depositar, porque ya sabemos que lo del BoNY queda en un limbo, entonces el funcionario responsable no puede firmar que algo va a un limbo. Pero lo único que logramos eligiendo a Nación Fideicomisos, y cambiando el agente fiduciario de esta manera, es quizás entrar en una cesación de pagos más formal por responsabilidad nuestra al incumplir contractualmente con lo que ya existe.
Son preguntas que estoy haciendo, por eso quería que pudiéramos discutir esto de otra manera. Entonces, si esto es así, ¿tenemos riesgo de quedar con mas holdouts?, es decir si nosotros hacemos esta propuesta, entra Nación Fideicomisos, le hacemos un pago, el pago queda acá, a los que no cambien jurisdicción Nación Fideicomisos no le puede pagar, en Estados Unidos no les va a poder pagar. Entonces, salvo que todos los de Estados Unidos entren vamos a quedar con más holdouts. Entonces, si vamos a quedar con más holdouts la pregunta que tenemos que hacernos también es si esto no detona un riesgo de aceleración. El ministro dijo que es muy difícil, mejor dicho, es imposible acceder a la información de cuáles son los tenedores y por ende si tienen más del porcentaje necesario para acelerar los pagos.
La siguiente pregunta es si corremos el riesgo de acelerar los pagos, ¿es probable que caigamos en una reestructuración total de la deuda de vuelta? Creo que son preguntas válidas para que entendamos cuáles son los riesgos de un instrumento que se está proponiendo.
Yo comparto que casi nada de lo que tiene el proyecto de ley requiere la ley. Me parece que por el contrato de fideicomiso el Ministerio de Economía está habilitado para remover al agente fiduciario si es que incumplió el contrato. Si no lo incumplió es otra cuestión. No entiendo por qué hace falta una ley para crear cuentas; para que si Nación Fideicomiso recibe el mandato de ser el agente fiduciario pueda crear una cuenta en el Banco Central, no lo entiendo, pero no soy abogado. No entiendo por qué hay que autorizar al Ministerio de Economía si ya seleccionó al agente fiduciario a que deposite los pagos. Teóricamente está autorizado por el propio contrato que firme, por el propio reemplazo del agente fiduciario. Tampoco lo tenemos que habilitar a distribuir a los tenedores de deuda, eventualmente, cuando se deposite esa plata ahí.
Y es cierto lo que dijo el ministro que cualquier acción de canje está permitida, pero el cambio de un bono por otro no por la ley que citó el ministro sino por la ley de administración financiera -que si no recuerdo mal es la 24.156-, por otra ley, tiene que mejorar...
Por eso me pareció que exposiciones repetidas y largas no contribuían a este fin. Tenemos que ver si este proyecto contribuye a mejorar los instrumentos que necesitamos para resolver los problemas acumulados que el propio ministro de Economía comentó abundantemente. Creo que éste es el foco que debemos tener.
De hecho, me permito hacer una propuesta. Si vamos a discutir en serio temas legales, financieros o contractuales, en el medio de una disputa jurídica tan importante, considero que esta reunión debería ser secreta. De lo contrario, es muy complicado analizar en detalle cosas que pueden ser utilizadas después por la otra parte.
Entonces, me parece que no hay banalización más grande que discutir temas tan importantes de esta forma, en una sola reunión de comisión, teniendo que dictaminar el mismo día para ir a sesionar mañana sobre estos temas.
Estamos todos de acuerdo en que el fallo de Griesa es una barbaridad. Tiene inconsistencias internas altísimas y de hecho a él mismo le cuesta efectivizar su propia sentencia.
La pregunta que debemos hacernos es cómo lidiamos con este fallo y la verdad le consta a todos los que están en esa mesa la contribución que nosotros, desde otros lugares, hemos hecho, tanto en el viaje a Washington como luego.
Voy a hacer algunas preguntas específicas que creo requieren respuestas concretas.
En primer lugar, cuando hablamos de incumplimiento, no es aquél que decretemos nosotros mediante un proyecto de ley. Se trata de un incumplimiento legal. En los contratos, la palabra "incumplimiento" está expresamente caracterizada. Entonces, vuelvo al tema de si existe un incumplimiento específico como para remover al Bony, más allá de la decisión que tomó la Superintendencia recientemente.
¿Por qué digo esto? Porque si no existe ese incumplimiento legal podemos llegar a tener futuros juicios del propio Bony, salvo que haya algún tipo de acuerdo respecto a que esto no va a ocurrir. Quería saber si ése es el caso. Pero, corremos un riesgo legal.
En segundo lugar, deseo referirme a por qué es importante el tema del incumplimiento contractual. Porque si nosotros incurrimos en incumplimiento contractual del contrato fideicomiso, como el mismo está asociado a los prospectos de los bonos, corremos el riesgo de entrar en default por una decisión nuestra.
El que se decrete el incumplimiento, es decir la cesación de pagos de la Argentina, por una decisión del propio Parlamento.
Lo mismo ocurre si nombramos -otra vez por una ley del Congreso- un agente fiduciario que no cumple con las condiciones establecidas en el contrato, más allá de que pueda recibir el pago, porque eso es lo que puede hacer Nación Fideicomiso, puede recibir el pago, pero no le puede pagar todavía a los que tienen jurisdicción en Estados Unidos. Entonces me parece que ahí hay un problema adicional.
¿Qué es lo que estamos viendo? En realidad, estamos intentando es sancionar una ley no para que cobren los reestructurados sino para pagar el 30 de septiembre porque hoy la verdad es que no podemos pagar. No hay un vehículo en el cual depositar, porque ya sabemos que lo del BoNY queda en un limbo, entonces el funcionario responsable no puede firmar que algo va a un limbo. Pero lo único que logramos eligiendo a Nación Fideicomisos, y cambiando el agente fiduciario de esta manera, es quizás entrar en una cesación de pagos más formal por responsabilidad nuestra al incumplir contractualmente con lo que ya existe.
Son preguntas que estoy haciendo, por eso quería que pudiéramos discutir esto de otra manera. Entonces, si esto es así, ¿tenemos riesgo de quedar con mas holdouts?, es decir si nosotros hacemos esta propuesta, entra Nación Fideicomisos, le hacemos un pago, el pago queda acá, a los que no cambien jurisdicción Nación Fideicomisos no le puede pagar, en Estados Unidos no les va a poder pagar. Entonces, salvo que todos los de Estados Unidos entren vamos a quedar con más holdouts. Entonces, si vamos a quedar con más holdouts la pregunta que tenemos que hacernos también es si esto no detona un riesgo de aceleración. El ministro dijo que es muy difícil, mejor dicho, es imposible acceder a la información de cuáles son los tenedores y por ende si tienen más del porcentaje necesario para acelerar los pagos.
La siguiente pregunta es si corremos el riesgo de acelerar los pagos, ¿es probable que caigamos en una reestructuración total de la deuda de vuelta? Creo que son preguntas válidas para que entendamos cuáles son los riesgos de un instrumento que se está proponiendo.
Yo comparto que casi nada de lo que tiene el proyecto de ley requiere la ley. Me parece que por el contrato de fideicomiso el Ministerio de Economía está habilitado para remover al agente fiduciario si es que incumplió el contrato. Si no lo incumplió es otra cuestión. No entiendo por qué hace falta una ley para crear cuentas; para que si Nación Fideicomiso recibe el mandato de ser el agente fiduciario pueda crear una cuenta en el Banco Central, no lo entiendo, pero no soy abogado. No entiendo por qué hay que autorizar al Ministerio de Economía si ya seleccionó al agente fiduciario a que deposite los pagos. Teóricamente está autorizado por el propio contrato que firme, por el propio reemplazo del agente fiduciario. Tampoco lo tenemos que habilitar a distribuir a los tenedores de deuda, eventualmente, cuando se deposite esa plata ahí.
Y es cierto lo que dijo el ministro que cualquier acción de canje está permitida, pero el cambio de un bono por otro no por la ley que citó el ministro sino por la ley de administración financiera -que si no recuerdo mal es la 24.156-, por otra ley, tiene que mejorar...
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Manda la ley de administración financiera.
SR. LOUSTEAU Tiene que mejorar o plazo o monto o intereses, que es lo que dijo. Entonces, es por esa ley, que esa parte, de la emisión de los nuevos títulos con jurisdicción local, sí requeriría algo, no todo el resto.
Ahí tengo una pregunta, otra vez como lego en materia legal, con respecto a la cuestión de orden público. Como dijo la procuradora, la propia Corte Suprema ya se expidió sobre esto. Entonces, al ponerlo en un proyecto de ley, lo que pregunto es si lo que estamos es blindando esto sobre instancias anteriores a la Corte Suprema. Si es que estamos blindando este proceso con respecto a instancias previas a la Corte Suprema, cualquier juez de la República Argentina, etcétera.
Y una pregunta adicional con respecto a la categorización de orden público. Si mañana la Argentina ejerce presión también, que pudiéramos pagar medio centavo más que el canje, ¿esto lo impide absolutamente?
Hasta qué punto y cuándo, porque ya sabemos que la Ley Cerrojo fue un problema en algún momento y si no, estamos creando otro.
Estas son las preguntas. Muchas gracias.
Ahí tengo una pregunta, otra vez como lego en materia legal, con respecto a la cuestión de orden público. Como dijo la procuradora, la propia Corte Suprema ya se expidió sobre esto. Entonces, al ponerlo en un proyecto de ley, lo que pregunto es si lo que estamos es blindando esto sobre instancias anteriores a la Corte Suprema. Si es que estamos blindando este proceso con respecto a instancias previas a la Corte Suprema, cualquier juez de la República Argentina, etcétera.
Y una pregunta adicional con respecto a la categorización de orden público. Si mañana la Argentina ejerce presión también, que pudiéramos pagar medio centavo más que el canje, ¿esto lo impide absolutamente?
Hasta qué punto y cuándo, porque ya sabemos que la Ley Cerrojo fue un problema en algún momento y si no, estamos creando otro.
Estas son las preguntas. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor secretario de Legal y Técnica.
SR. SECRETARIO DE LEGAL Y TÉCNICA Casualmente, venimos con la ley porque la situación es compleja.
El riesgo es que tengan éxito los buitres y hagan caer la reestructuración de la deuda. El riesgo está en los propios contratos que le hicieron firmar a quienes emitieron los bonos que hoy están en litigio ante el juez Griesa. Los contratos, los prospectos que firmó la Argentina en 2005 y 2010, están muy mejorados respecto de los prospectos de aquel momento, aprendiendo sobre lo que había pasado, sobre todo, con la deuda de Perú.
En esta norma, se trata de que no haya violación de los contratos. Se trata de que sin violar los contratos tengamos la posibilidad de cumplir el 30 de septiembre. Por eso, usted puede navegar mirando todas las soluciones de prospecto. Y nosotros queremos agregarle a las soluciones de prospecto una solución legal.
La Corte Suprema de Justicia lo ha dicho para un caso en particular. Nosotros queremos que la ley lo diga para todos los casos de deuda externa argentina; no estar sometidos a que llegue un precedente, a un tribunal o a la Corte Suprema. Tiene que ser para todos. La única manera de hacerlo es mediante una ley.
Esta ley es en defensa de los contratos, para poder pagar y ofrece la oportunidad de hacerlo ahora. Vea que la parte que se refiere a dejar sin efecto la relación con el BoNY está condicionada. Está dando la facultad para que lo haga. El Parlamento no está ordenando hacerlo, está creando la facultad porque puede ser que la persistencia del BoNY sea el obstáculo para poder pagar porque, en definitiva, toda esta discusión trata de poner la mora en cabeza de otros, no de la Argentina.
La Argentina no quiere ser morosa ni incumplidora y, entonces, aquel que quiera la aceleración tendrá que probar que hay un evento de default de los que están contenidos en el prospecto. No estamos cayendo en ninguno de los eventos de default que están previstos en el prospecto que hemos emitido y que aprobó la SEC...
El riesgo es que tengan éxito los buitres y hagan caer la reestructuración de la deuda. El riesgo está en los propios contratos que le hicieron firmar a quienes emitieron los bonos que hoy están en litigio ante el juez Griesa. Los contratos, los prospectos que firmó la Argentina en 2005 y 2010, están muy mejorados respecto de los prospectos de aquel momento, aprendiendo sobre lo que había pasado, sobre todo, con la deuda de Perú.
En esta norma, se trata de que no haya violación de los contratos. Se trata de que sin violar los contratos tengamos la posibilidad de cumplir el 30 de septiembre. Por eso, usted puede navegar mirando todas las soluciones de prospecto. Y nosotros queremos agregarle a las soluciones de prospecto una solución legal.
La Corte Suprema de Justicia lo ha dicho para un caso en particular. Nosotros queremos que la ley lo diga para todos los casos de deuda externa argentina; no estar sometidos a que llegue un precedente, a un tribunal o a la Corte Suprema. Tiene que ser para todos. La única manera de hacerlo es mediante una ley.
Esta ley es en defensa de los contratos, para poder pagar y ofrece la oportunidad de hacerlo ahora. Vea que la parte que se refiere a dejar sin efecto la relación con el BoNY está condicionada. Está dando la facultad para que lo haga. El Parlamento no está ordenando hacerlo, está creando la facultad porque puede ser que la persistencia del BoNY sea el obstáculo para poder pagar porque, en definitiva, toda esta discusión trata de poner la mora en cabeza de otros, no de la Argentina.
La Argentina no quiere ser morosa ni incumplidora y, entonces, aquel que quiera la aceleración tendrá que probar que hay un evento de default de los que están contenidos en el prospecto. No estamos cayendo en ninguno de los eventos de default que están previstos en el prospecto que hemos emitido y que aprobó la SEC...
SR. LOUSTEAU El cambio...
SR. SECRETARIO DE LEGAL Y TÉCNICA El cambio que no sea justificado, que sea infundado, que sea irracional; es en esos casos donde más finito estaríamos bordeando cualquier situación.
Lo cierto es que la Argentina está tratando de pagar y quiere que los bonistas ejerzan algún tipo de actividad para cobrar, de modo que no puede decirse que el país es incumplidor. Esta ley tiene como objetivo fundamental permitir que la Argentina pueda cumplir más allá de la actitud de este juez y de los buitres con lo que ha previsto.
Esto no es un default, es un intento de pagar. ¿Cuál es la cuestión que contiene el riesgo de default? El riesgo es que un default pondría a todos en igualdad de condiciones y entonces vamos a encontrar bonistas que van a pensar que esta puede ser la oportunidad de tener la ventaja que tiene Singer. Y habrá otros, como los italianos, que dirán: "No, preferimos llegar al cobro de lo que nos estaban pagando".
Hay mil situaciones distintas. Hay bonistas que son reestructurados y que tienen bonos fuera del canje. Hay bonistas que tienen seguro de default y otros no. Las situaciones, por el lado de los bonistas, son muy diversas.
Lo que queda claro es que esta ley va a dificultar que cualquiera de esos bonistas pueda litigar contra la Argentina para obtener una aceleración del pago; pueda litigar contra la Argentina acusándola por un default porque la Argentina está dando todos los pasos necesarios para poder pagar. Si ellos no nos dejan, es otra cosa.
Por supuesto que el objetivo que ellos tienen es el riesgo mayor: tirar abajo la reestructuración de la deuda y escarmentar a un país que por fuera de los organismos multilaterales de crédito, por fuera de los viejos conceptos, reestructuró la deuda de una manera sustentable.
Miren ustedes lo que están haciendo con Grecia: les han dado las mismas quitas.
Por temor a Griesa le hicieron quitas pero todavía la deuda griega es impagable. Tendrán que hacer otras reestructuraciones y otras quitas o si no, sacarle la plata del bolsillo a cada griego en particular.
Se trata de una lucha por dar escarmiento a quien se fue del camino que ofrecían los organismos multilaterales de crédito. Pero por este camino muchos países llegan a su quiebra. Por eso, cuando algunos dicen que hay que hacer determinada cosa para que vuelva el dinero parece que estuviéramos hablando de un retorno al futuro. El futuro que nos prometen es el pasado que tuvimos. Cuando la deuda era superior, a la Argentina le prestaban, le refinanciaban y le facilitaban los canjes de deuda. En cambio, hoy la quieren destruir porque esta deuda es manejable, sustentable y la Argentina puede cumplir con ella, por eso no la dejan.
Esta ley no propone un camino de certezas sino el mejor camino que podemos explorar en estas circunstancias en las que nos encontramos atacados por los buitres que han conseguido un juez parcial para tirar abajo la reestructuración de la deuda. Nuestro camino tiene que ser el mejor posible para salvar esa reestructuración y continuar pagando de modo que la sustentabilidad de la Argentina se fortalezca y no haya otra vez que pagar con activos una deuda que nosotros no contrajimos.
Lo cierto es que la Argentina está tratando de pagar y quiere que los bonistas ejerzan algún tipo de actividad para cobrar, de modo que no puede decirse que el país es incumplidor. Esta ley tiene como objetivo fundamental permitir que la Argentina pueda cumplir más allá de la actitud de este juez y de los buitres con lo que ha previsto.
Esto no es un default, es un intento de pagar. ¿Cuál es la cuestión que contiene el riesgo de default? El riesgo es que un default pondría a todos en igualdad de condiciones y entonces vamos a encontrar bonistas que van a pensar que esta puede ser la oportunidad de tener la ventaja que tiene Singer. Y habrá otros, como los italianos, que dirán: "No, preferimos llegar al cobro de lo que nos estaban pagando".
Hay mil situaciones distintas. Hay bonistas que son reestructurados y que tienen bonos fuera del canje. Hay bonistas que tienen seguro de default y otros no. Las situaciones, por el lado de los bonistas, son muy diversas.
Lo que queda claro es que esta ley va a dificultar que cualquiera de esos bonistas pueda litigar contra la Argentina para obtener una aceleración del pago; pueda litigar contra la Argentina acusándola por un default porque la Argentina está dando todos los pasos necesarios para poder pagar. Si ellos no nos dejan, es otra cosa.
Por supuesto que el objetivo que ellos tienen es el riesgo mayor: tirar abajo la reestructuración de la deuda y escarmentar a un país que por fuera de los organismos multilaterales de crédito, por fuera de los viejos conceptos, reestructuró la deuda de una manera sustentable.
Miren ustedes lo que están haciendo con Grecia: les han dado las mismas quitas.
Por temor a Griesa le hicieron quitas pero todavía la deuda griega es impagable. Tendrán que hacer otras reestructuraciones y otras quitas o si no, sacarle la plata del bolsillo a cada griego en particular.
Se trata de una lucha por dar escarmiento a quien se fue del camino que ofrecían los organismos multilaterales de crédito. Pero por este camino muchos países llegan a su quiebra. Por eso, cuando algunos dicen que hay que hacer determinada cosa para que vuelva el dinero parece que estuviéramos hablando de un retorno al futuro. El futuro que nos prometen es el pasado que tuvimos. Cuando la deuda era superior, a la Argentina le prestaban, le refinanciaban y le facilitaban los canjes de deuda. En cambio, hoy la quieren destruir porque esta deuda es manejable, sustentable y la Argentina puede cumplir con ella, por eso no la dejan.
Esta ley no propone un camino de certezas sino el mejor camino que podemos explorar en estas circunstancias en las que nos encontramos atacados por los buitres que han conseguido un juez parcial para tirar abajo la reestructuración de la deuda. Nuestro camino tiene que ser el mejor posible para salvar esa reestructuración y continuar pagando de modo que la sustentabilidad de la Argentina se fortalezca y no haya otra vez que pagar con activos una deuda que nosotros no contrajimos.
SR. LOUSTEAU Las preguntas son constructivas.
SR. SECRETARIO DE LEGAL Y TÉCNICA Así las tomo.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor diputado Sturzenegger.
SR. STURZENEGGER Muchas gracias. Quiero agradecer a los tres funcionarios presentes por venir aquí a discutir este tema.
Tengo seis preguntas muy concretas sobre la operación pero la verdad es que es un debate que ha tenido giros múltiples a lo largo de los últimos años.
Hacia fines del año 2012 ya se estaba discutiendo con el juez Griesa sobre cómo se interpretaba la cláusula de pari passu. En ese momento nosotros propusimos que la verdadera interpretación -creo que incluso usted ministro dijo esto- es el tratamiento igualitario.
En ese entonces el gobierno tenía una visión mucho más extrema que consistía básicamente en que no se iba a pagar un solo peso. Sorprendentemente, hoy el gobierno defiende la posición que nosotros sostuvimos en su momento. Digo esto como una reflexión, uno trata de ser colaborativo y de plantear las cosas desde la misma posición de ustedes buscando lo mejor para la Argentina.
También tenemos la visión de que esto es un accidente. Si esto se hubiera resuelto el 30 de julio como todos entendíamos que estaba a punto de hacerse, creo que en este momento estaríamos festejando que Argentina habría normalizado su relación con la deuda así como festejamos lo de Repsol y lo del Club de París. Pero no estamos festejando.
Quedan un montón de preguntas y dudas sobre cómo se ha gestionado esto en los últimos meses. Uno se pregunta por qué no se intentó sacar la cláusula RUFO y por qué se mandaron los abogados al juzgado para decir que aplicaba esta cláusula con lo cual de alguna manera se aumentó el riesgo legal. ¿Por qué arriesgar la aceleración de la deuda?
Para hacer un análisis puntual del proyecto de ley tendríamos que decir qué problema resuelve. ¿Resuelve el problema de este litigio? No, no lo resuelve. ¿Resuelve el problema de los que aceptaron la reestructuración de la deuda con una quita del 73 por ciento? No, no lo resuelve. De hecho, estuvo aquí el señor Zembo muy preocupado porque sus bonos no están siendo pagados. Sabemos que algunos quizás acepten un cambio de jurisdicción pero sabemos que otros no pueden y para éstos esta ley no resuelve el problema sino que los deja en peor posición.
Pero, sobre todo creo que es más complicado para el Estado porque así como se ha dicho muchas veces que las reestructuraciones del 2005 y del 2010 fueron muy buenas -y yo coincido con esa visión-, eso es justamente lo que está en riesgo y sobre lo que voy a concentrar algunas de mis preguntas, señor ministro.
Creo que lo que este proyecto resuelve es la generación de un lugar para pagar el 30 de septiembre -que hoy no podemos. Pienso que es una iniciativa que da cobertura legal a los funcionarios por las acciones que tienen que tomar en los próximos meses y que siempre son complejas y difíciles.
Antes de pasar a mis seis preguntas, quisiera hacer una reflexión.
Un partido político como el que yo pertenezco aprobó la ley 26.886, viajó a Washington, aprobó los swaps de créditos a China hace un mes, participó en la oferta de bancos para tratar de resolver el problema del 30 de julio a instancias de funcionarios de este gobierno. Con todo lo que acabo de mencionar, ¿por qué no querríamos votar esta iniciativa? Y no lo vamos a votar porque creemos que implica malas señales para el futuro. Estamos pensando en el 2016 y 2017, cuando Argentina tenga que buscar financiamiento para Vaca Muerta, para infraestructura y la gente nos va a preguntar en el resto del mundo si cumplimos con la palabra empeñada, con la ley o la jurisprudencia a la cual nosotros mismos nos sometemos.
Creo que este es un proyecto de ley que nos aleja de esa visión de un Estado que cumple, es confiable y va a implicar para Argentina el financiamiento que necesitamos y a tasas que sean razonables.
Hago mías las palabras del señor diputado Negri respecto al tema de la comisión. Sería bueno que lo podamos desglosar para poder votarlo. Creo que es una gran iniciativa porque el análisis de la deuda tiene complicaciones por el origen, de dónde viene la deuda, hay que estudiar si fue legal o ilegal. Después, hay decisiones que tienen que tomar los funcionarios todo el tiempo.
En este momento ustedes están tomando decisiones con las cuales nosotros no estamos de acuerdo pero no estoy cuestionando la buena fe ni la motivación por la cual ustedes la toman.
Entonces, que una comisión pueda separar la paja del trigo respecto de estas cosas -manejos de deuda o decisiones que hay que tomar en momentos difíciles- es algo muy positivo.
La primera pregunta está dirigida al doctor Zanini. Quisiera saber si Argentina cuestionó la liquidación de intereses que hizo el juez Griesa. Hemos intentado conseguir los documentos que avalan esto. Se habla de la liquidación de una deuda de 400 millones que se transforma, en diez años, en 1.600 millones. Esto está asociado a la emisión de algunos títulos de deuda particulares, como el FRAN, emitido en la gestión del ex presidente Menem.
Ahí hay mucha tela para cortar. En el año 2000 hubo dos maneras de computar ese riesgo país. Me refiero al que se computa a partir del retorno implícito de la deuda no reestructurada y el riesgo país de los bonos que sí se habían reestructurado que eran muchísimo más bajos.
Por ello, quería saber si Argentina planteó en el juzgado un cuestionamiento de esos intereses. Se lo hemos preguntado al Jefe de Gabinete y también presentamos pedidos de informes y no tuvimos respuesta. Quizás usted, doctor, nos podrá dilucidar eso.
Le voy a formular dos preguntas que tienen que ver con el pasado, otras dos, con la ley y las restantes dos, con el futuro.
No hablo de la cláusula "pari passu". Me refiero al interés que el juez usó para llegar de 400 a 1.600 millones, si es correcto.
Al señor ministro de Economía le quería preguntar acerca de por qué no se ha hecho nada en los últimos meses para sacar la cláusula RUFO. Si la citada cláusula es un problema, entonces es cuestión de aglutinar a dos tercios de los bonistas para poder sacarla. No sé si se puede lograr, pero la pregunta es acerca de por qué no lo han intentado como Estado.
Si uno mira la cláusula 5.9 yo entiendo que el cambio está autorizado por el prospecto y, por ello, vuelvo al tema de si es necesaria una ley.
La cuarta pregunta es saber si la ley se va a poder instrumentar. La transferencia del agente de pago del Banco de Nueva York al Banco Nación, ¿no requiere de la colaboración de alguna otra instancia? Es una pregunta. Quisiera saber si esa ayuda no está impedida en este momento de realizarse. ¿Usted piensa que esto efectivamente se puede hacer? Tengo mis dudas sobre si se puede hacer.
Las dos preguntas sobre el futuro tienen que ver con la aceleración. Ese es el gran riesgo de la estrategia que hace Argentina en este momento. Me refiero a si la aceleración está en los pliegos del 2005 y del 2010. Puede darse el caso de que la deuda se acelere después del 30 de setiembre que entran en un default los bonos Par, que son los más susceptibles de ser acelerados. ¿Pensamos en el caso de tener que reestructurar esa deuda vamos a poder conseguir las mismas buenas condiciones que obtuvo Néstor Kirchner en el 2005?
Entonces, la pregunta es si se consiguen esas mismas buenas condiciones o no. Y yo creo que es complicado y ahí tenemos un riesgo muy grande patrimonialmente para el Estado.
Finalmente, entendemos o queremos saber qué han dicho los abogados que serían las implicancias legales de la sanción de este proyecto de ley por el Congreso. Es decir, ¿qué acciones los abogados argentinos esperan que el juez Griesa tome en función de la aprobación de esta ley por parte del Congreso?
Tengo seis preguntas muy concretas sobre la operación pero la verdad es que es un debate que ha tenido giros múltiples a lo largo de los últimos años.
Hacia fines del año 2012 ya se estaba discutiendo con el juez Griesa sobre cómo se interpretaba la cláusula de pari passu. En ese momento nosotros propusimos que la verdadera interpretación -creo que incluso usted ministro dijo esto- es el tratamiento igualitario.
En ese entonces el gobierno tenía una visión mucho más extrema que consistía básicamente en que no se iba a pagar un solo peso. Sorprendentemente, hoy el gobierno defiende la posición que nosotros sostuvimos en su momento. Digo esto como una reflexión, uno trata de ser colaborativo y de plantear las cosas desde la misma posición de ustedes buscando lo mejor para la Argentina.
También tenemos la visión de que esto es un accidente. Si esto se hubiera resuelto el 30 de julio como todos entendíamos que estaba a punto de hacerse, creo que en este momento estaríamos festejando que Argentina habría normalizado su relación con la deuda así como festejamos lo de Repsol y lo del Club de París. Pero no estamos festejando.
Quedan un montón de preguntas y dudas sobre cómo se ha gestionado esto en los últimos meses. Uno se pregunta por qué no se intentó sacar la cláusula RUFO y por qué se mandaron los abogados al juzgado para decir que aplicaba esta cláusula con lo cual de alguna manera se aumentó el riesgo legal. ¿Por qué arriesgar la aceleración de la deuda?
Para hacer un análisis puntual del proyecto de ley tendríamos que decir qué problema resuelve. ¿Resuelve el problema de este litigio? No, no lo resuelve. ¿Resuelve el problema de los que aceptaron la reestructuración de la deuda con una quita del 73 por ciento? No, no lo resuelve. De hecho, estuvo aquí el señor Zembo muy preocupado porque sus bonos no están siendo pagados. Sabemos que algunos quizás acepten un cambio de jurisdicción pero sabemos que otros no pueden y para éstos esta ley no resuelve el problema sino que los deja en peor posición.
Pero, sobre todo creo que es más complicado para el Estado porque así como se ha dicho muchas veces que las reestructuraciones del 2005 y del 2010 fueron muy buenas -y yo coincido con esa visión-, eso es justamente lo que está en riesgo y sobre lo que voy a concentrar algunas de mis preguntas, señor ministro.
Creo que lo que este proyecto resuelve es la generación de un lugar para pagar el 30 de septiembre -que hoy no podemos. Pienso que es una iniciativa que da cobertura legal a los funcionarios por las acciones que tienen que tomar en los próximos meses y que siempre son complejas y difíciles.
Antes de pasar a mis seis preguntas, quisiera hacer una reflexión.
Un partido político como el que yo pertenezco aprobó la ley 26.886, viajó a Washington, aprobó los swaps de créditos a China hace un mes, participó en la oferta de bancos para tratar de resolver el problema del 30 de julio a instancias de funcionarios de este gobierno. Con todo lo que acabo de mencionar, ¿por qué no querríamos votar esta iniciativa? Y no lo vamos a votar porque creemos que implica malas señales para el futuro. Estamos pensando en el 2016 y 2017, cuando Argentina tenga que buscar financiamiento para Vaca Muerta, para infraestructura y la gente nos va a preguntar en el resto del mundo si cumplimos con la palabra empeñada, con la ley o la jurisprudencia a la cual nosotros mismos nos sometemos.
Creo que este es un proyecto de ley que nos aleja de esa visión de un Estado que cumple, es confiable y va a implicar para Argentina el financiamiento que necesitamos y a tasas que sean razonables.
Hago mías las palabras del señor diputado Negri respecto al tema de la comisión. Sería bueno que lo podamos desglosar para poder votarlo. Creo que es una gran iniciativa porque el análisis de la deuda tiene complicaciones por el origen, de dónde viene la deuda, hay que estudiar si fue legal o ilegal. Después, hay decisiones que tienen que tomar los funcionarios todo el tiempo.
En este momento ustedes están tomando decisiones con las cuales nosotros no estamos de acuerdo pero no estoy cuestionando la buena fe ni la motivación por la cual ustedes la toman.
Entonces, que una comisión pueda separar la paja del trigo respecto de estas cosas -manejos de deuda o decisiones que hay que tomar en momentos difíciles- es algo muy positivo.
La primera pregunta está dirigida al doctor Zanini. Quisiera saber si Argentina cuestionó la liquidación de intereses que hizo el juez Griesa. Hemos intentado conseguir los documentos que avalan esto. Se habla de la liquidación de una deuda de 400 millones que se transforma, en diez años, en 1.600 millones. Esto está asociado a la emisión de algunos títulos de deuda particulares, como el FRAN, emitido en la gestión del ex presidente Menem.
Ahí hay mucha tela para cortar. En el año 2000 hubo dos maneras de computar ese riesgo país. Me refiero al que se computa a partir del retorno implícito de la deuda no reestructurada y el riesgo país de los bonos que sí se habían reestructurado que eran muchísimo más bajos.
Por ello, quería saber si Argentina planteó en el juzgado un cuestionamiento de esos intereses. Se lo hemos preguntado al Jefe de Gabinete y también presentamos pedidos de informes y no tuvimos respuesta. Quizás usted, doctor, nos podrá dilucidar eso.
Le voy a formular dos preguntas que tienen que ver con el pasado, otras dos, con la ley y las restantes dos, con el futuro.
No hablo de la cláusula "pari passu". Me refiero al interés que el juez usó para llegar de 400 a 1.600 millones, si es correcto.
Al señor ministro de Economía le quería preguntar acerca de por qué no se ha hecho nada en los últimos meses para sacar la cláusula RUFO. Si la citada cláusula es un problema, entonces es cuestión de aglutinar a dos tercios de los bonistas para poder sacarla. No sé si se puede lograr, pero la pregunta es acerca de por qué no lo han intentado como Estado.
Si uno mira la cláusula 5.9 yo entiendo que el cambio está autorizado por el prospecto y, por ello, vuelvo al tema de si es necesaria una ley.
La cuarta pregunta es saber si la ley se va a poder instrumentar. La transferencia del agente de pago del Banco de Nueva York al Banco Nación, ¿no requiere de la colaboración de alguna otra instancia? Es una pregunta. Quisiera saber si esa ayuda no está impedida en este momento de realizarse. ¿Usted piensa que esto efectivamente se puede hacer? Tengo mis dudas sobre si se puede hacer.
Las dos preguntas sobre el futuro tienen que ver con la aceleración. Ese es el gran riesgo de la estrategia que hace Argentina en este momento. Me refiero a si la aceleración está en los pliegos del 2005 y del 2010. Puede darse el caso de que la deuda se acelere después del 30 de setiembre que entran en un default los bonos Par, que son los más susceptibles de ser acelerados. ¿Pensamos en el caso de tener que reestructurar esa deuda vamos a poder conseguir las mismas buenas condiciones que obtuvo Néstor Kirchner en el 2005?
Entonces, la pregunta es si se consiguen esas mismas buenas condiciones o no. Y yo creo que es complicado y ahí tenemos un riesgo muy grande patrimonialmente para el Estado.
Finalmente, entendemos o queremos saber qué han dicho los abogados que serían las implicancias legales de la sanción de este proyecto de ley por el Congreso. Es decir, ¿qué acciones los abogados argentinos esperan que el juez Griesa tome en función de la aprobación de esta ley por parte del Congreso?
SR. PRESIDENTE FELETTI Antes de darle la palabra a los funcionarios, quiero hacer dos reflexiones. Una es que las leyes se votan en general y en particular, así que aquellos bloques que decidan apoyar el artículo 12, que contiene la formación de la comisión bicameral, perfectamente pueden hacerlo. No es un impedimento hacerlo.
En segundo lugar, hay algunas preguntas, diputado Sturzenegger, que en parte ya el doctor Zannini ha respondido, en parte fueron discutidas en la misión a Washington sobre la forma de cálculo. De todos modos, le voy a ceder la palabra al ministro de Economía.
En segundo lugar, hay algunas preguntas, diputado Sturzenegger, que en parte ya el doctor Zannini ha respondido, en parte fueron discutidas en la misión a Washington sobre la forma de cálculo. De todos modos, le voy a ceder la palabra al ministro de Economía.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS En primer lugar, sobre la cuestión del cálculo de interés, la Argentina cuestionó todas las órdenes y las decisiones del juez Griesa, no solamente en torno a pari passu, sino en torno a los cálculos que incluía.
De hecho, en un momento ni nos decían qué bonos eran ni cuándo los habían adquirido, así como tampoco quisieron revelar si tenían credit default swap. La verdad, que el juez se ha mostrado muy colaborativo con Singer y absolutamente impermeable en la misma lógica de falta de lógica que ha mostrado en las restantes decisiones. De forma tal que nosotros, como el fondo es pari passu y la sentencia también implica un cálculo de intereses, hemos cuestionado todo el paquete, incluso los cálculos, pero no hemos tenido un acceso... También nos han negado justicia en eso.
De hecho, en un momento ni nos decían qué bonos eran ni cuándo los habían adquirido, así como tampoco quisieron revelar si tenían credit default swap. La verdad, que el juez se ha mostrado muy colaborativo con Singer y absolutamente impermeable en la misma lógica de falta de lógica que ha mostrado en las restantes decisiones. De forma tal que nosotros, como el fondo es pari passu y la sentencia también implica un cálculo de intereses, hemos cuestionado todo el paquete, incluso los cálculos, pero no hemos tenido un acceso... También nos han negado justicia en eso.
SRA. DI TULLIO Nos lo dijeron los abogados a nosotros.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Yo creo que lo preguntaron allá.
SRA. DI TULLIO Se lo preguntaste vos o Martín Lousteau.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Ya sé que lo preguntaron, pero es otro aspecto.
Continúo. ¿Por qué no se hizo nada para sacar la cláusula RUFO? Primero, voy a hacer un comentario más de sucesos acontecidos con respecto a la relación con los bonistas y la propuesta de los bonistas. La verdad, es que los bonistas de las reestructuraciones están bastante atónitos -como lo mostró el doctor Zembo- en términos de decir que éste es un dislate legal, porque una característica de una sentencia contra una persona o contra un país incluso, tiene que ser, en primer lugar la razonabilidad de la sentencia, pero en segundo lugar que no involucre a terceros.
Esto de que involucre a terceros de esta manera es una novedad jurídica que inventó Griesa y sobre esa base de entendimiento la reacción de los terceros es para nosotros también una incógnita, si bien entiendo lo que preguntaba Martín sobre con quién hablamos, con quién no, quién va a colaborar y quién no. Algunos lo están expresando por el diario ahora, un consorcio de bancos, un banco ha dicho que quería gatillar la cláusula RUFO y nunca se produce. A mí personalmente, lo comento aquí porque además no es de extrañar, un grupo de bonistas me propuso levantar la cláusula RUFO pagándoles más, con lo cual era una aplicación de la cláusula RUFO para levantar la cláusula RUFO, porque del otro lado teniendo exponentes más buitres, como los que tenemos y bonistas de diverso pelaje dentro de los que forman parte de los bonistas reestructurados, esta duplicidad de bonistas que son reestructurados pero también holdouts, bueno, hay de todo. La verdad es que nosotros estamos abiertos a todo tipo de oferta y es una atribución de los bonistas hacernos la solicitud formal.
Aparecer forzando la cláusula RUFO -no digo que eso sea violatorio de la cláusula- es una señal complicada para dar.
No es tan fácil. Me permito hacer una reflexión ya más sofisticada: nosotros podemos convocar esa asamblea y puede fracasar por no reunir la mayoría. O sea que no es soplar y hacer botellas, sacando la cláusula RUFO, ni es que el gobierno esté más o menos afecto, sino que se trata de un tema muy dinámico y cambiante.
Yo colijo de buena parte de las preguntas que usted me hace, que la idea de ustedes era que de esto se podía salir pagando, porque seguramente lo escuché de algún referente. Entonces, el problema sería que nosotros no dimos las señales y que hablamos de la cláusula RUFO cuando era mejor callarse y pagar, tratando de que pasara desapercibido.
La verdad es que los dictámenes legales dicen que la cláusula RUFO tiene un riesgo cierto de ser aplicada. Con ese riesgo, tal como ha dicho la señora presidenta, nosotros no vamos a firmar cualquier cosa. Evidentemente, si vamos y les pagamos 1.600 millones -que los tenemos en las reservas- aparentemente seríamos héroes de la patria, pero la verdad es que no. Fíjense qué perversión hay en la actitud de los fondos buitre y de la justicia norteamericana en este punto, que planteamos la cuestión de pari passu en 2003 y explota ahora. Han pasado diez años.
Con la cláusula RUFO, hoy pueden decir: "vayan, firmen y paguen; nos sacamos el lío y hoy estaríamos despojados de todo este problema en que nos ha metido el gobierno", pero la verdad es que es una interpretación simplista...
Continúo. ¿Por qué no se hizo nada para sacar la cláusula RUFO? Primero, voy a hacer un comentario más de sucesos acontecidos con respecto a la relación con los bonistas y la propuesta de los bonistas. La verdad, es que los bonistas de las reestructuraciones están bastante atónitos -como lo mostró el doctor Zembo- en términos de decir que éste es un dislate legal, porque una característica de una sentencia contra una persona o contra un país incluso, tiene que ser, en primer lugar la razonabilidad de la sentencia, pero en segundo lugar que no involucre a terceros.
Esto de que involucre a terceros de esta manera es una novedad jurídica que inventó Griesa y sobre esa base de entendimiento la reacción de los terceros es para nosotros también una incógnita, si bien entiendo lo que preguntaba Martín sobre con quién hablamos, con quién no, quién va a colaborar y quién no. Algunos lo están expresando por el diario ahora, un consorcio de bancos, un banco ha dicho que quería gatillar la cláusula RUFO y nunca se produce. A mí personalmente, lo comento aquí porque además no es de extrañar, un grupo de bonistas me propuso levantar la cláusula RUFO pagándoles más, con lo cual era una aplicación de la cláusula RUFO para levantar la cláusula RUFO, porque del otro lado teniendo exponentes más buitres, como los que tenemos y bonistas de diverso pelaje dentro de los que forman parte de los bonistas reestructurados, esta duplicidad de bonistas que son reestructurados pero también holdouts, bueno, hay de todo. La verdad es que nosotros estamos abiertos a todo tipo de oferta y es una atribución de los bonistas hacernos la solicitud formal.
Aparecer forzando la cláusula RUFO -no digo que eso sea violatorio de la cláusula- es una señal complicada para dar.
No es tan fácil. Me permito hacer una reflexión ya más sofisticada: nosotros podemos convocar esa asamblea y puede fracasar por no reunir la mayoría. O sea que no es soplar y hacer botellas, sacando la cláusula RUFO, ni es que el gobierno esté más o menos afecto, sino que se trata de un tema muy dinámico y cambiante.
Yo colijo de buena parte de las preguntas que usted me hace, que la idea de ustedes era que de esto se podía salir pagando, porque seguramente lo escuché de algún referente. Entonces, el problema sería que nosotros no dimos las señales y que hablamos de la cláusula RUFO cuando era mejor callarse y pagar, tratando de que pasara desapercibido.
La verdad es que los dictámenes legales dicen que la cláusula RUFO tiene un riesgo cierto de ser aplicada. Con ese riesgo, tal como ha dicho la señora presidenta, nosotros no vamos a firmar cualquier cosa. Evidentemente, si vamos y les pagamos 1.600 millones -que los tenemos en las reservas- aparentemente seríamos héroes de la patria, pero la verdad es que no. Fíjense qué perversión hay en la actitud de los fondos buitre y de la justicia norteamericana en este punto, que planteamos la cuestión de pari passu en 2003 y explota ahora. Han pasado diez años.
Con la cláusula RUFO, hoy pueden decir: "vayan, firmen y paguen; nos sacamos el lío y hoy estaríamos despojados de todo este problema en que nos ha metido el gobierno", pero la verdad es que es una interpretación simplista...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS No. Usted preguntó por qué no hicimos nada para salvar la cláusula RUFO y por qué nuestros abogados la plantearon, como recordando su existencia. La verdad es que esto no es un jardín de infantes. No es que si nos callamos sobre la cláusula RUFO, seguimos de viaje, pagamos y se arregló.
Lo digo porque ha sido la tesitura del gobierno de la República Argentina: ir, hacer el arreglo, volver y aparecer en la tapa de los diarios sintiéndose un héroe porque consiguió el último financiamiento y salió del problema de hoy para caer en el problema de mañana.
Lo digo porque ha sido la tesitura del gobierno de la República Argentina: ir, hacer el arreglo, volver y aparecer en la tapa de los diarios sintiéndose un héroe porque consiguió el último financiamiento y salió del problema de hoy para caer en el problema de mañana.
SR. SECRETARIO DE LEGAL Y TÉCNICA Yo creo que corresponde hacer una defensa de la cláusula RUFO. Esta cláusula es una declaración de buena fe en un contrato. De tanto llamarle RUFO nos olvidamos qué significa, es decir, "vos vení que yo voy a respetar tus derechos de modo que a ningún otro le voy a dar ventajas por sobre las que te doy a vos."
Es una cláusula que está implícita en los contratos. En las quiebras argentinas, en la ley de concursos, se penaliza al que le da protección a un acreedor en perjuicio de los otros. Eso es RUFO. Por eso la Argentina está tan preocupada por respetarla. Esos son derechos que sirvieron para que los tenedores actuales de deuda reestructurada vinieran a la reestructuración, porque les prometimos eso. No podemos ahora violar la buena fe que les prometimos y decirles: "No, mirá, este obtuvo una sentencia de Griesa y le corresponde cobrar 1.600 veces más que vos." No es del derecho argentino ni del derecho internacional; es respetar la buena fe.
Si no estuviera escrita la cláusula RUFO, alguien podría preguntarse por qué la Argentina trata con desigualdad a sus acreedores; "¿por qué a mí no me dan la ventaja que le está dando el juez Griesa a Singer?"
De tanto hablar de RUFO, ya no sabemos de qué estamos hablando. En realidad RUFO es buena fe guardada, como se arreglaban los temas en la Argentina. Estamos buscando no violarla. ¿Por qué? Imagínense ustedes la situación práctica de una asamblea de acreedores para convencer al resto de los tenedores a renunciar a un derecho que tienen, que los iguala con Singer. ¿Quién votaría en contra de su propio interés, porque no está cobrando?
Si esto vence el 31 de diciembre, puede ser que después de esa fecha esto no lo afecte.
Entonces se va a apurar a acelerar ahora, a pedir ahora. Llamemos a las cosas por su nombre. Hay muchas cosas que están escritas en el prospecto y hay muchas cosas que dicen los tenedores pero que después no se condicen con lo que se hace posteriormente.
Singer encontró una veta y así atacó a Perú. Hay hasta dudas de que haya comprado lícitamente los bonos y hay una explicación para el delay con el que actúa en la causa. En un año dice que no hablemos de pari passu todavía, porque está vigente champerty en el estado de Nueva York. Cuando deja de estar vigente, sí ataca con pari passu porque ya tiene arreglado un juez que admite esa loca interpretación de la cláusula.
El pari passu no es nada más que lo que decimos naturalmente: a todos por igual, a todos al mismo tiempo. Tampoco es cuestión de demonizar el pari passu porque este juez se ha apartado de su interpretación tradicional.
Entonces, estas especulaciones surgen a partir de un ataque organizado por un grupo que tiene todo el tiempo y la plata del mundo para someter a 40 millones de habitantes o a los que sean. Esa es la pelea que estamos teniendo con los buitres. Griesa es un instrumento de ellos.
Estados Unidos y el sistema financiero internacional debieran penalizar la actividad de los buitres. El mundo debiera dejarlos sin derechos para exigir lo que no pueden exigir, limitar sus derechos a un nivel que sea sustentable también para el país, que sea legal y legítimo.
Esto es lo que estamos discutiendo. Estamos buscando un camino para que Argentina pueda seguir adelante con el sostenimiento de su reestructuración. Esa es la pelea que tuvo Néstor desde el comienzo: hacerles entender que si Argentina no podía crecer, no iba a poder pagar.
En este caso nuestra pelea es mucho menor. Es hacerles entender que no van a poder cobrar si no nos dejan pagar. Esta es la situación actual. Pero, si se diera el supuesto caso del default de toda la deuda, ¿creen que Cristina tendría una actitud distinta a la que tuvo Néstor? Discutiremos con toda dignidad tratando de obtener la misma quita que tuvo la deuda en el 2005 y 2010. Esa es la respuesta más fácil con la que nos ponen al frente.
No hay temor al default porque Argentina tiene capacidad de pago. Lo que estamos tratando es de evitar que un grupo de aventureros que ni siquiera representan al 1 por ciento del sistema financiero internacional eche abajo todo aquel sistema. Estados Unidos tiene mucha culpa en esto porque los dejó crecer sin reglas. La ausencia de reglas es lo que nos está afectando a nosotros.
Es una cláusula que está implícita en los contratos. En las quiebras argentinas, en la ley de concursos, se penaliza al que le da protección a un acreedor en perjuicio de los otros. Eso es RUFO. Por eso la Argentina está tan preocupada por respetarla. Esos son derechos que sirvieron para que los tenedores actuales de deuda reestructurada vinieran a la reestructuración, porque les prometimos eso. No podemos ahora violar la buena fe que les prometimos y decirles: "No, mirá, este obtuvo una sentencia de Griesa y le corresponde cobrar 1.600 veces más que vos." No es del derecho argentino ni del derecho internacional; es respetar la buena fe.
Si no estuviera escrita la cláusula RUFO, alguien podría preguntarse por qué la Argentina trata con desigualdad a sus acreedores; "¿por qué a mí no me dan la ventaja que le está dando el juez Griesa a Singer?"
De tanto hablar de RUFO, ya no sabemos de qué estamos hablando. En realidad RUFO es buena fe guardada, como se arreglaban los temas en la Argentina. Estamos buscando no violarla. ¿Por qué? Imagínense ustedes la situación práctica de una asamblea de acreedores para convencer al resto de los tenedores a renunciar a un derecho que tienen, que los iguala con Singer. ¿Quién votaría en contra de su propio interés, porque no está cobrando?
Si esto vence el 31 de diciembre, puede ser que después de esa fecha esto no lo afecte.
Entonces se va a apurar a acelerar ahora, a pedir ahora. Llamemos a las cosas por su nombre. Hay muchas cosas que están escritas en el prospecto y hay muchas cosas que dicen los tenedores pero que después no se condicen con lo que se hace posteriormente.
Singer encontró una veta y así atacó a Perú. Hay hasta dudas de que haya comprado lícitamente los bonos y hay una explicación para el delay con el que actúa en la causa. En un año dice que no hablemos de pari passu todavía, porque está vigente champerty en el estado de Nueva York. Cuando deja de estar vigente, sí ataca con pari passu porque ya tiene arreglado un juez que admite esa loca interpretación de la cláusula.
El pari passu no es nada más que lo que decimos naturalmente: a todos por igual, a todos al mismo tiempo. Tampoco es cuestión de demonizar el pari passu porque este juez se ha apartado de su interpretación tradicional.
Entonces, estas especulaciones surgen a partir de un ataque organizado por un grupo que tiene todo el tiempo y la plata del mundo para someter a 40 millones de habitantes o a los que sean. Esa es la pelea que estamos teniendo con los buitres. Griesa es un instrumento de ellos.
Estados Unidos y el sistema financiero internacional debieran penalizar la actividad de los buitres. El mundo debiera dejarlos sin derechos para exigir lo que no pueden exigir, limitar sus derechos a un nivel que sea sustentable también para el país, que sea legal y legítimo.
Esto es lo que estamos discutiendo. Estamos buscando un camino para que Argentina pueda seguir adelante con el sostenimiento de su reestructuración. Esa es la pelea que tuvo Néstor desde el comienzo: hacerles entender que si Argentina no podía crecer, no iba a poder pagar.
En este caso nuestra pelea es mucho menor. Es hacerles entender que no van a poder cobrar si no nos dejan pagar. Esta es la situación actual. Pero, si se diera el supuesto caso del default de toda la deuda, ¿creen que Cristina tendría una actitud distinta a la que tuvo Néstor? Discutiremos con toda dignidad tratando de obtener la misma quita que tuvo la deuda en el 2005 y 2010. Esa es la respuesta más fácil con la que nos ponen al frente.
No hay temor al default porque Argentina tiene capacidad de pago. Lo que estamos tratando es de evitar que un grupo de aventureros que ni siquiera representan al 1 por ciento del sistema financiero internacional eche abajo todo aquel sistema. Estados Unidos tiene mucha culpa en esto porque los dejó crecer sin reglas. La ausencia de reglas es lo que nos está afectando a nosotros.
SR. STURZENEGGER Supongamos que hay un riesgo en esa reestructuración...
SR. SECRETARIO DE LEGAL Y TÉCNICA El riesgo existe y me parece una novedad muy importante que usted haya apoyado la reestructuración de deuda del 2005, no sabía que esa era su posición.
SRA. ABBONA Perdón, quiero agregar una cuestión respecto a la cláusula RUFO.
Si bien el ministro de Economía tenía un impedimento contractual -que era la RUFO- también contaba con un impedimento legal porque la ley 26.886 en su artículo 2° claramente dice: "Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de la deuda..." O sea que también tenía un impedimento legal.
Si bien el ministro de Economía tenía un impedimento contractual -que era la RUFO- también contaba con un impedimento legal porque la ley 26.886 en su artículo 2° claramente dice: "Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de la deuda..." O sea que también tenía un impedimento legal.
SR. PRESIDENTE FELETTI Siguiendo la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Lozano.
SR. LOZANO Gracias, señor presidente. Gracias, señores funcionarios.
Quiero hacer algunas aclaraciones y consultas en dirección a la propuesta que nosotros planteamos para esto que indudablemente es un tema complejo y delicado.
En la presentación de la historia de la deuda -esta aclaración me parece importante hacerla- se obvió un tema que no es menor y se relaciona con el hecho de que el problema del empréstito de la Baring Brother tuvo que ver con un crédito que se tomó como deuda pública para desarrollar un puerto que nunca se hizo. Esto siempre fue deuda pública vinculada al robo directo que hicieron algunos funcionarios que administraron eso, pero es muy distinto el caso de la deuda que se abre a partir de la dictadura. En realidad no es una deuda originalmente pública; es deuda de actores privados concretos de la vida económica de la Argentina. Más concretamente, sus principales grupos empresarios y las principales empresas transnacionales. Es deuda de origen privado que en realidad dio lugar a un proceso de acumulación financiera y fuga de capitales por parte de esos actores que en realidad son lo que hoy aparece con los más de 200 mil millones de dólares de agentes locales de la Argentina en el exterior.
Ese proceso de endeudamiento que comenzó siendo deuda privada, luego fue estatizada, motivó por su demanda de divisas el endeudamiento de empresas públicas para proveer de divisas destinada a los pagos que los privados tenían que hacer. En realidad, abrió ahí todo un proceso donde se incurre en un conjunto muy importante de ilegitimidades e ilegalidades.
Por esa razón es que nosotros siempre tuvimos una diferencia de enfoque con el gobierno nacional. La creación de la comisión bicameral investigadora de la deuda pública siempre la reclamábamos. Es bueno recordar que nuestros proyectos sobre este tema datan de los años 2002 y 2003.
La verdad es que nosotros creemos que la investigación parlamentaria discriminando legitimidad y legalidad era un paso central para acometer el proceso de reestructuración de la deuda pública que, entre otras cosas, hubiera implicado poner en cuestión lo que se habilitó desde el decreto-ley de Martínez de Hoz de abril del 76 que es el fenómeno por el cual nosotros prorrogamos jurisdicción y resignamos soberanía emitiendo deuda bajo legislación extranjera. Aclaro que es una cuestión que, desde ese momento, el proceso democrático nunca revisó.
Las 477 irregularidades tienen un fallo -el del juez Ballesteros- que en realidad le pide a este Parlamento que se haga cargo del tema, cosa que nunca hicimos. Por esa razón, desde hace tiempo venimos sosteniendo la necesidad de la investigación parlamentaria.
La segunda aclaración tiene que ver con los holdouts. Obviamente, podemos hacer una catarata de apreciaciones y adjetivos para caracterizarlos, pero creo que no sería cuestión de entrar a tratar de santos a los holdin. El tema de comprar bonos a precio de remate para luego canjearlos y obtener fabulosas diferencias en divisas es patrimonio de los que hoy llamamos buitres pero también de los holdin. Por ejemplo, (Gammersis) y Fintech de David Martínez hicieron el mismo proceso. Y nosotros tenemos enjuiciado el canje del 2010 por haber identificado la presencia de una consultora privada local con vínculos con el Ministerio de Economía que manejó años antes información privilegiada sobre el canje de deuda que hicimos en el 2010.
Por lo tanto, para llamar a las cosas por su nombre, hay que hablar de todo y no solamente de la parte que hoy le compete a los buitres.
Por esta razón, cuando se planteó el tema de Griesa nosotros hemos sostenido dos cosas. En primer lugar, definimos el fallo como absolutamente inaceptable, incumplible. Cualquier planteo que diga que hay que pagar esto es un disparate por las consecuencias que genera en Argentina. Consecuentemente, nosotros no tenemos ningún problema en respaldar toda la ofensiva que el gobierno haga en todos los estrados internacionales judiciales habidos y por haber para cuestionar el fallo de Griesa.
Porque creemos que no hay que acatarlo. No hay que acatarlo y además, francamente, me resulta extrañísimo cómo algunos que quieren gobernar el futuro de la Argentina se quieran cargar entre 20 y 30 mil millones de dólares, o mayores demandas multimillonarias en dólares, para incrementar la deuda pública argentina.
Por lo tanto, nosotros, en este punto, acordamos con el planteo oficial de no acatar este fallo y dar todas las batallas que haya que dar. Pero también creíamos que ésta era una oportunidad, una oportunidad para replantear una estrategia que para nosotros tuvo problemas porque no hizo la auditoría cuando debió haberla hecho, porque no cuestionó la prórroga de jurisdicción cuando debió haberlo hecho y nos permitía -y creemos que nos permite lo que hoy está ocurriendo- comenzar a recuperar un manejo más soberano de nuestra deuda pública. En ese sentido, creemos que éste es el momento para plantear con toda claridad la necesidad de reemplazar los bonos que tienen hoy legislación extranjera -y que, efectivamente por tener esta legislación extranjera, hoy los acreedores no pueden cobrar- para plantear pasarlos a bonos con legislación local. Esta definición, acompañada por la definición de la puesta en marcha de una investigación de la deuda pública y la declaración en el Parlamento de la inconstitucionalidad de toda prórroga de jurisdicción son los tres pasos que nosotros creemos que hay que dar.
Para el cambio en la legislación de los bonos, la verdad es que nosotros no necesitamos una ley. Para la bicameral hay un montón de proyectos presentados -además del artículo 12 que acaba de mencionarse- que permitirían el debate y para declarar la inconstitucionalidad de toda prórroga de jurisdicción es lo que proponía el proyecto 6347-d-2013, que tenemos presentado ya hace un año y que no tiene giro a esta comisión aunque casualmente toca ese tema.
Por lo tanto, nuestra propuesta es -porque nosotros entendemos que el gobierno puede- reclamar apoyo político en el Parlamento nacional para plantear una propuesta, que es lo único que puede hacer frente a los bonistas, plantear una propuesta. En ese sentido, hemos presentado un proyecto de resolución concreto -que es el 6.939- donde le solicitamos desde el Parlamento la convocatoria a la asamblea de bonistas, para plantear allí como propuesta de la República Argentina el cambio de legislación extranjera por legislación local para, a partir de allí, empezar a pagar en el domicilio de la Argentina, a través del mecanismo que hoy ya existe para esos títulos y que no es el mismo que, en todo caso, tienen los que tienen legislación extranjera.
Ahora la idea de un proyecto de resolución que podemos acompañar todos nos parece mucho más sensato que la idea de un proyecto de ley que, la verdad, tal cual está planteado, en los puntos donde alude al problema concreto que tenemos, no resuelve absolutamente nada porque no lo podemos resolver. Nosotros no podemos imponer por ley nada al contrato existente y, en realidad, solamente este proyecto lo que hace es pedirnos que convalidemos retroactivamente los canjes pasados, que -en realidad, francamente nosotros que tenemos presentadas cuestiones de orden judicial respecto a estos canjes- no podemos acompañar.
Por lo tanto, si de lo que se trata es de resolver el problema concreto vinculado al pago, nosotros sugerimos un proyecto de resolución acompañado, donde nosotros le damos el apoyo al gobierno nacional para hacer una determinada propuesta y no un proyecto de ley que en el operativo concreto no puede resolver nada. Por eso es que el propio ministro, e incluso el secretario, en las respuestas terminan reconociéndolo.
Vamos artículo por artículo. El artículo 1° pide que nosotros validemos los canjes 2005 y 2010. Cuando empezamos con el tema concreto en el artículo 3°, se plantea el tema de facultar al Ministerio de Economía o a la autoridad de aplicación para remover al Banco de Nueva York como agente fiduciario. Esto ya está en el contrato, esta facultad ya la tienen, no necesitamos ponerla aquí.
Independientemente de eso, ponemos a Nación Fideicomisos que, la verdad, cuando uno mira el punto 5.8 del contrato firmado, donde se establecen las personas elegibles para operar como agentes de pago, Nación Fideicomisos no las cumple. Con lo cual, en realidad estamos proponiendo algo que no se puede hacer. Para poder nombrar una institución local deberíamos cambiar primero la legislación de los bonos. Si no cambiamos la legislación de los bonos, no podemos poner una institución local. Pero acá saben que es así.
Luego de decir esto, agrega: "...todo ello, sin perjuicio del derecho que le asiste a los tenedores para designar un nuevo agente fiduciario..." Es decir que proponemos hacer algo que en la práctica no puede hacerse.
Acá vendría la pregunta que quiero hacer en concreto: si nosotros decidimos votar esto, ¿qué pasa si los tenedores deciden nombrar un fiduciario distinto de Nación Fideicomisos? Aceptamos. Por lo tanto, ¿para qué lo votamos? Esta es una propuesta que el gobierno puede hacer con toda claridad en la asamblea y si tiene otra, la hace.
Segundo, vamos al artículo 6°. En ese artículo, lo que tenemos directamente es que reemplazamos a los tenedores. Y acá tenemos otra pregunta a hacer, porque en realidad este artículo dice: "Los fondos correspondientes a los pagos... serán distribuidos a través de las nuevas entidades...": ¿vamos a reemplazar a DTC, a Euroclear, a los actuales tenedores de los bonos?
Pero luego dice: "...las nuevas entidades que a tales fines designen la autoridad de aplicación o los Tenedores de Títulos." O sea, vamos a reemplazarlos nosotros o ellos mismos se van a reemplazar.
La verdad es que queda claro que esta es una ley que no impone nada, porque no puede imponer nada. Lo único que nosotros estamos en condiciones de hacer para no incurrir en un problema adicional es presentar una propuesta a los bonistas para que esa propuesta sea aceptada, o no, y eso no requiere ningún instrumento por parte de este Parlamento.
Es más, cuando vamos al meollo de la cuestión, que es el artículo 7°, tendríamos que decir que nosotros queremos proponer el cambio de jurisdicción y directamente ni lo hacemos. Lo que hacemos es pedirles que nos lo digan. Tampoco se entiende por qué nosotros vamos a votar un artículo que en realidad les pide a los bonistas que nos pidan el cambio de jurisdicción.
Para colmo de males, si esta es una oportunidad de recuperar la soberanía en materia jurídica y no mantener la prórroga de jurisdicción, ¿para qué agregamos Francia?
Entonces, la verdad es que nosotros creemos que en lo que tiene que ver estrictamente con lo puntual y concreto para resolver el problema, se puede hacer mediante un proyecto de resolución. Lo ponemos a disposición y acompañaremos al gobierno nacional en convocar una asamblea de bonistas que plantee con claridad que queremos cambiar los bonos con legislación americana, por bonos con legislación local. En ese marco veremos cuál es la respuesta que los bonistas dan.
Para habilitarles el canje a los que están afuera, eso ya está. Para abrir una cuenta donde se consignen los vencimientos, no se necesita ninguna ley.
Nosotros tampoco recomendaríamos que en un contexto en donde hay un litigio, donde no hay acuerdo y donde las divisas no nos sobran, acumulemos dólares en consignación para los fondos.
En relación con el artículo 12, si vamos a posibilitar el esquema que planteaba el presidente, acompañaremos la creación de la comisión.
Pero quiero ser muy claro. Según los contratos, Argentina tiene la facultad de convocar la asamblea de bonistas. No es que no la tiene; la tiene. Hoy el ministro puede convocar a la asamblea de bonistas, no necesita ningún proyecto de ley para hacerlo y, en todo caso, sugerimos acompañarlo en una propuesta cuyo eje central sea la recuperación de bonos con legislación local. Nos parece que éste es el camino.
Considero que el proyecto en realidad no resuelve nada de la cuestión operativa porque el mecanismo operativo es la asamblea de bonistas. Lo único que hace el proyecto es convalidar retroactivamente lo actuado cuando sobre ese punto existen diferencias -por lo menos de nuestro bloque- que son importantes. Nada más, muchas gracias.
Quiero hacer algunas aclaraciones y consultas en dirección a la propuesta que nosotros planteamos para esto que indudablemente es un tema complejo y delicado.
En la presentación de la historia de la deuda -esta aclaración me parece importante hacerla- se obvió un tema que no es menor y se relaciona con el hecho de que el problema del empréstito de la Baring Brother tuvo que ver con un crédito que se tomó como deuda pública para desarrollar un puerto que nunca se hizo. Esto siempre fue deuda pública vinculada al robo directo que hicieron algunos funcionarios que administraron eso, pero es muy distinto el caso de la deuda que se abre a partir de la dictadura. En realidad no es una deuda originalmente pública; es deuda de actores privados concretos de la vida económica de la Argentina. Más concretamente, sus principales grupos empresarios y las principales empresas transnacionales. Es deuda de origen privado que en realidad dio lugar a un proceso de acumulación financiera y fuga de capitales por parte de esos actores que en realidad son lo que hoy aparece con los más de 200 mil millones de dólares de agentes locales de la Argentina en el exterior.
Ese proceso de endeudamiento que comenzó siendo deuda privada, luego fue estatizada, motivó por su demanda de divisas el endeudamiento de empresas públicas para proveer de divisas destinada a los pagos que los privados tenían que hacer. En realidad, abrió ahí todo un proceso donde se incurre en un conjunto muy importante de ilegitimidades e ilegalidades.
Por esa razón es que nosotros siempre tuvimos una diferencia de enfoque con el gobierno nacional. La creación de la comisión bicameral investigadora de la deuda pública siempre la reclamábamos. Es bueno recordar que nuestros proyectos sobre este tema datan de los años 2002 y 2003.
La verdad es que nosotros creemos que la investigación parlamentaria discriminando legitimidad y legalidad era un paso central para acometer el proceso de reestructuración de la deuda pública que, entre otras cosas, hubiera implicado poner en cuestión lo que se habilitó desde el decreto-ley de Martínez de Hoz de abril del 76 que es el fenómeno por el cual nosotros prorrogamos jurisdicción y resignamos soberanía emitiendo deuda bajo legislación extranjera. Aclaro que es una cuestión que, desde ese momento, el proceso democrático nunca revisó.
Las 477 irregularidades tienen un fallo -el del juez Ballesteros- que en realidad le pide a este Parlamento que se haga cargo del tema, cosa que nunca hicimos. Por esa razón, desde hace tiempo venimos sosteniendo la necesidad de la investigación parlamentaria.
La segunda aclaración tiene que ver con los holdouts. Obviamente, podemos hacer una catarata de apreciaciones y adjetivos para caracterizarlos, pero creo que no sería cuestión de entrar a tratar de santos a los holdin. El tema de comprar bonos a precio de remate para luego canjearlos y obtener fabulosas diferencias en divisas es patrimonio de los que hoy llamamos buitres pero también de los holdin. Por ejemplo, (Gammersis) y Fintech de David Martínez hicieron el mismo proceso. Y nosotros tenemos enjuiciado el canje del 2010 por haber identificado la presencia de una consultora privada local con vínculos con el Ministerio de Economía que manejó años antes información privilegiada sobre el canje de deuda que hicimos en el 2010.
Por lo tanto, para llamar a las cosas por su nombre, hay que hablar de todo y no solamente de la parte que hoy le compete a los buitres.
Por esta razón, cuando se planteó el tema de Griesa nosotros hemos sostenido dos cosas. En primer lugar, definimos el fallo como absolutamente inaceptable, incumplible. Cualquier planteo que diga que hay que pagar esto es un disparate por las consecuencias que genera en Argentina. Consecuentemente, nosotros no tenemos ningún problema en respaldar toda la ofensiva que el gobierno haga en todos los estrados internacionales judiciales habidos y por haber para cuestionar el fallo de Griesa.
Porque creemos que no hay que acatarlo. No hay que acatarlo y además, francamente, me resulta extrañísimo cómo algunos que quieren gobernar el futuro de la Argentina se quieran cargar entre 20 y 30 mil millones de dólares, o mayores demandas multimillonarias en dólares, para incrementar la deuda pública argentina.
Por lo tanto, nosotros, en este punto, acordamos con el planteo oficial de no acatar este fallo y dar todas las batallas que haya que dar. Pero también creíamos que ésta era una oportunidad, una oportunidad para replantear una estrategia que para nosotros tuvo problemas porque no hizo la auditoría cuando debió haberla hecho, porque no cuestionó la prórroga de jurisdicción cuando debió haberlo hecho y nos permitía -y creemos que nos permite lo que hoy está ocurriendo- comenzar a recuperar un manejo más soberano de nuestra deuda pública. En ese sentido, creemos que éste es el momento para plantear con toda claridad la necesidad de reemplazar los bonos que tienen hoy legislación extranjera -y que, efectivamente por tener esta legislación extranjera, hoy los acreedores no pueden cobrar- para plantear pasarlos a bonos con legislación local. Esta definición, acompañada por la definición de la puesta en marcha de una investigación de la deuda pública y la declaración en el Parlamento de la inconstitucionalidad de toda prórroga de jurisdicción son los tres pasos que nosotros creemos que hay que dar.
Para el cambio en la legislación de los bonos, la verdad es que nosotros no necesitamos una ley. Para la bicameral hay un montón de proyectos presentados -además del artículo 12 que acaba de mencionarse- que permitirían el debate y para declarar la inconstitucionalidad de toda prórroga de jurisdicción es lo que proponía el proyecto 6347-d-2013, que tenemos presentado ya hace un año y que no tiene giro a esta comisión aunque casualmente toca ese tema.
Por lo tanto, nuestra propuesta es -porque nosotros entendemos que el gobierno puede- reclamar apoyo político en el Parlamento nacional para plantear una propuesta, que es lo único que puede hacer frente a los bonistas, plantear una propuesta. En ese sentido, hemos presentado un proyecto de resolución concreto -que es el 6.939- donde le solicitamos desde el Parlamento la convocatoria a la asamblea de bonistas, para plantear allí como propuesta de la República Argentina el cambio de legislación extranjera por legislación local para, a partir de allí, empezar a pagar en el domicilio de la Argentina, a través del mecanismo que hoy ya existe para esos títulos y que no es el mismo que, en todo caso, tienen los que tienen legislación extranjera.
Ahora la idea de un proyecto de resolución que podemos acompañar todos nos parece mucho más sensato que la idea de un proyecto de ley que, la verdad, tal cual está planteado, en los puntos donde alude al problema concreto que tenemos, no resuelve absolutamente nada porque no lo podemos resolver. Nosotros no podemos imponer por ley nada al contrato existente y, en realidad, solamente este proyecto lo que hace es pedirnos que convalidemos retroactivamente los canjes pasados, que -en realidad, francamente nosotros que tenemos presentadas cuestiones de orden judicial respecto a estos canjes- no podemos acompañar.
Por lo tanto, si de lo que se trata es de resolver el problema concreto vinculado al pago, nosotros sugerimos un proyecto de resolución acompañado, donde nosotros le damos el apoyo al gobierno nacional para hacer una determinada propuesta y no un proyecto de ley que en el operativo concreto no puede resolver nada. Por eso es que el propio ministro, e incluso el secretario, en las respuestas terminan reconociéndolo.
Vamos artículo por artículo. El artículo 1° pide que nosotros validemos los canjes 2005 y 2010. Cuando empezamos con el tema concreto en el artículo 3°, se plantea el tema de facultar al Ministerio de Economía o a la autoridad de aplicación para remover al Banco de Nueva York como agente fiduciario. Esto ya está en el contrato, esta facultad ya la tienen, no necesitamos ponerla aquí.
Independientemente de eso, ponemos a Nación Fideicomisos que, la verdad, cuando uno mira el punto 5.8 del contrato firmado, donde se establecen las personas elegibles para operar como agentes de pago, Nación Fideicomisos no las cumple. Con lo cual, en realidad estamos proponiendo algo que no se puede hacer. Para poder nombrar una institución local deberíamos cambiar primero la legislación de los bonos. Si no cambiamos la legislación de los bonos, no podemos poner una institución local. Pero acá saben que es así.
Luego de decir esto, agrega: "...todo ello, sin perjuicio del derecho que le asiste a los tenedores para designar un nuevo agente fiduciario..." Es decir que proponemos hacer algo que en la práctica no puede hacerse.
Acá vendría la pregunta que quiero hacer en concreto: si nosotros decidimos votar esto, ¿qué pasa si los tenedores deciden nombrar un fiduciario distinto de Nación Fideicomisos? Aceptamos. Por lo tanto, ¿para qué lo votamos? Esta es una propuesta que el gobierno puede hacer con toda claridad en la asamblea y si tiene otra, la hace.
Segundo, vamos al artículo 6°. En ese artículo, lo que tenemos directamente es que reemplazamos a los tenedores. Y acá tenemos otra pregunta a hacer, porque en realidad este artículo dice: "Los fondos correspondientes a los pagos... serán distribuidos a través de las nuevas entidades...": ¿vamos a reemplazar a DTC, a Euroclear, a los actuales tenedores de los bonos?
Pero luego dice: "...las nuevas entidades que a tales fines designen la autoridad de aplicación o los Tenedores de Títulos." O sea, vamos a reemplazarlos nosotros o ellos mismos se van a reemplazar.
La verdad es que queda claro que esta es una ley que no impone nada, porque no puede imponer nada. Lo único que nosotros estamos en condiciones de hacer para no incurrir en un problema adicional es presentar una propuesta a los bonistas para que esa propuesta sea aceptada, o no, y eso no requiere ningún instrumento por parte de este Parlamento.
Es más, cuando vamos al meollo de la cuestión, que es el artículo 7°, tendríamos que decir que nosotros queremos proponer el cambio de jurisdicción y directamente ni lo hacemos. Lo que hacemos es pedirles que nos lo digan. Tampoco se entiende por qué nosotros vamos a votar un artículo que en realidad les pide a los bonistas que nos pidan el cambio de jurisdicción.
Para colmo de males, si esta es una oportunidad de recuperar la soberanía en materia jurídica y no mantener la prórroga de jurisdicción, ¿para qué agregamos Francia?
Entonces, la verdad es que nosotros creemos que en lo que tiene que ver estrictamente con lo puntual y concreto para resolver el problema, se puede hacer mediante un proyecto de resolución. Lo ponemos a disposición y acompañaremos al gobierno nacional en convocar una asamblea de bonistas que plantee con claridad que queremos cambiar los bonos con legislación americana, por bonos con legislación local. En ese marco veremos cuál es la respuesta que los bonistas dan.
Para habilitarles el canje a los que están afuera, eso ya está. Para abrir una cuenta donde se consignen los vencimientos, no se necesita ninguna ley.
Nosotros tampoco recomendaríamos que en un contexto en donde hay un litigio, donde no hay acuerdo y donde las divisas no nos sobran, acumulemos dólares en consignación para los fondos.
En relación con el artículo 12, si vamos a posibilitar el esquema que planteaba el presidente, acompañaremos la creación de la comisión.
Pero quiero ser muy claro. Según los contratos, Argentina tiene la facultad de convocar la asamblea de bonistas. No es que no la tiene; la tiene. Hoy el ministro puede convocar a la asamblea de bonistas, no necesita ningún proyecto de ley para hacerlo y, en todo caso, sugerimos acompañarlo en una propuesta cuyo eje central sea la recuperación de bonos con legislación local. Nos parece que éste es el camino.
Considero que el proyecto en realidad no resuelve nada de la cuestión operativa porque el mecanismo operativo es la asamblea de bonistas. Lo único que hace el proyecto es convalidar retroactivamente lo actuado cuando sobre ese punto existen diferencias -por lo menos de nuestro bloque- que son importantes. Nada más, muchas gracias.
SR. PRESIDENTE FELETTI Gracias, diputado Lozano.
Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas Públicas.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Voy a responder brevemente.
Rescato como propuesta del diputado Lozano la de convocar a una asamblea de bonistas. Nosotros tenemos plazo para pagar hasta el 30 de septiembre. No dan los tiempos según el contrato. O sea, podría ser pero no llegamos.
En segundo lugar, según los prospectos una convocatoria de asamblea de bonistas tiene que ser con determinado temario. Podrían rechazar la asamblea o incluso la propuesta, lo que nos deja exactamente en el mismo lugar. Nosotros podríamos hacer eso y jugar todas las cartas a que en un plazo imposible ocurra una aceptación difícil.
En cambio, el proyecto de ley -cuyo espíritu usted entendió bien- nos faculta a tomar decisiones y a ejecutar determinadas resoluciones que no están estrictamente dentro del contrato y menos todavía dentro de la ley anterior. ¿Para qué? Por ejemplo, para remover al BONY.
Rescato como propuesta del diputado Lozano la de convocar a una asamblea de bonistas. Nosotros tenemos plazo para pagar hasta el 30 de septiembre. No dan los tiempos según el contrato. O sea, podría ser pero no llegamos.
En segundo lugar, según los prospectos una convocatoria de asamblea de bonistas tiene que ser con determinado temario. Podrían rechazar la asamblea o incluso la propuesta, lo que nos deja exactamente en el mismo lugar. Nosotros podríamos hacer eso y jugar todas las cartas a que en un plazo imposible ocurra una aceptación difícil.
En cambio, el proyecto de ley -cuyo espíritu usted entendió bien- nos faculta a tomar decisiones y a ejecutar determinadas resoluciones que no están estrictamente dentro del contrato y menos todavía dentro de la ley anterior. ¿Para qué? Por ejemplo, para remover al BONY.
SR. LOZANO Se lo puede remover desde el contrato.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Estamos diciendo lo siguiente.
Para pagar el 30 nosotros deberíamos pagar en el BONY, lo cual -como se ha reconocido ampliamente- no tiene sentido. Se lo puede remover por nuestra propia voluntad o por la de los bonistas. Son dos opciones. Incluso, lo puede hacer un sólo bonista y puede ocurrir mañana. Tampoco queremos cerrar el camino. Esta no es una ley que cierra caminos sino que da alternativas.
En segundo lugar, una vez removido tendríamos que designar un sucesor. Lo podríamos hacer nosotros efectivamente o los bonistas. Mediante este proyecto de ley estamos requiriendo que nos faculten para designar a este sucesor, que es Nación Fideicomisos, cuyas características dentro y fuera del contrato -como decía recién Zannini- son más de detalle.
Necesitamos que la ley nos faculte para designar a esta institución como un fideicomiso. Pero podría ser que no, que los bonistas se nos adelanten o que nos propongan otra cosa. Todas estas son posibilidades.
Bienvenida su posibilidad. No entiendo por qué nosotros tendríamos que jugar todo justo a la alternativa que es imposible y que consiste en convocar a una asamblea antes del 30 septiembre y que nos acepten el cambio fiduciario. Esto es prácticamente imposible, por lo que jugar todo a eso y a que nos acepten el cambio de legislación compulsivo con la mayoría necesaria podría ser una probabilidad, pero como todo contrato es algo que firman dos partes y podría ser que digan que no.
Entonces, todo este plan de convocar rápidamente una asamblea para que ellos acepten un cambio fiduciario y de legislación puede fracasar muy rápidamente y ubicarnos nuevamente en el casillero en el que estamos hoy.
Este proyecto nos da otras alternativas pero en una realidad que es más compleja porque hay otras partes; hay un juez, hay bonistas holdin y bonistas holdouts y eso se va a ir desarrollando.
Me parece que hay una cuestión que es contradictoria. Si nosotros no quisiéramos investigar lo ocurrido en los canjes de 2005 y 2010 no hubiéramos propuesto crear una comisión investigadora para investigar justamente dichos canjes. Lejos de convalidarlos, el Parlamento está, por un lado, declarando de interés público la reestructuración y, por otro, dando lugar a la investigación. Una cosa es imposible y la otra es falsa. Pero, tengo que admitir que es una posibilidad entre las tantas.
Para arriesgarse a hacer una solicitación de asentimiento o algo así -no sé traducirlo bien- y hacer esa maniobra que es enviarle a todos los bonistas una consulta y que voten que sí o que no, tenemos que haber trabajado con los bonistas que ésa es su voluntad. Es decir, todo termina remitiendo a la voluntad de los bonistas. Y yo le aseguro que no es la voluntad mayoritaria de los bonistas
-hasta donde yo sé- hacer un cambio masivo de legislación. Tal vez lo quieren hacer y espantados del juez Griesa vuelan todos hacia la legislación argentina. Hemos encontrado que algunos han pedido hasta legislación Francia. Es decir, tampoco hay una unanimidad en esta cuestión.
Reconozco que si los bonistas quisieran cambiarse a la legislación argentina podrían ya mismo hacerlo si fuera una voluntad unánime. No ha ocurrido. Quiere decir que ellos, espontáneamente, no están buscando esta solución de forma masiva. Lo que hemos dado acá es un menú de alternativas. ¿Por qué no violentar el contrato o tratar de cumplirlo y buscar la aceptación de la otra parte? Porque ha sido la política permanente de este gobierno. Los canjes no han sido compulsivos; han sido canjes voluntarios.
El cambio de legislación, que es una de las alternativas, también viene por voluntad de los bonistas. La verdad es que no nos gustaría que lo ocurrido con el juez Griesa nos lleve a una situación de enfrentamiento con los bonistas reestructurados tratando de forzarlos a tomar decisiones que no son las mejores y las que más se adecuan a su propio entender de la situación.
Por lo tanto, se dan muchas alternativas. Y la existencia de muchas alternativas es una de las virtudes de la ley y no los defectos.
Para pagar el 30 nosotros deberíamos pagar en el BONY, lo cual -como se ha reconocido ampliamente- no tiene sentido. Se lo puede remover por nuestra propia voluntad o por la de los bonistas. Son dos opciones. Incluso, lo puede hacer un sólo bonista y puede ocurrir mañana. Tampoco queremos cerrar el camino. Esta no es una ley que cierra caminos sino que da alternativas.
En segundo lugar, una vez removido tendríamos que designar un sucesor. Lo podríamos hacer nosotros efectivamente o los bonistas. Mediante este proyecto de ley estamos requiriendo que nos faculten para designar a este sucesor, que es Nación Fideicomisos, cuyas características dentro y fuera del contrato -como decía recién Zannini- son más de detalle.
Necesitamos que la ley nos faculte para designar a esta institución como un fideicomiso. Pero podría ser que no, que los bonistas se nos adelanten o que nos propongan otra cosa. Todas estas son posibilidades.
Bienvenida su posibilidad. No entiendo por qué nosotros tendríamos que jugar todo justo a la alternativa que es imposible y que consiste en convocar a una asamblea antes del 30 septiembre y que nos acepten el cambio fiduciario. Esto es prácticamente imposible, por lo que jugar todo a eso y a que nos acepten el cambio de legislación compulsivo con la mayoría necesaria podría ser una probabilidad, pero como todo contrato es algo que firman dos partes y podría ser que digan que no.
Entonces, todo este plan de convocar rápidamente una asamblea para que ellos acepten un cambio fiduciario y de legislación puede fracasar muy rápidamente y ubicarnos nuevamente en el casillero en el que estamos hoy.
Este proyecto nos da otras alternativas pero en una realidad que es más compleja porque hay otras partes; hay un juez, hay bonistas holdin y bonistas holdouts y eso se va a ir desarrollando.
Me parece que hay una cuestión que es contradictoria. Si nosotros no quisiéramos investigar lo ocurrido en los canjes de 2005 y 2010 no hubiéramos propuesto crear una comisión investigadora para investigar justamente dichos canjes. Lejos de convalidarlos, el Parlamento está, por un lado, declarando de interés público la reestructuración y, por otro, dando lugar a la investigación. Una cosa es imposible y la otra es falsa. Pero, tengo que admitir que es una posibilidad entre las tantas.
Para arriesgarse a hacer una solicitación de asentimiento o algo así -no sé traducirlo bien- y hacer esa maniobra que es enviarle a todos los bonistas una consulta y que voten que sí o que no, tenemos que haber trabajado con los bonistas que ésa es su voluntad. Es decir, todo termina remitiendo a la voluntad de los bonistas. Y yo le aseguro que no es la voluntad mayoritaria de los bonistas
-hasta donde yo sé- hacer un cambio masivo de legislación. Tal vez lo quieren hacer y espantados del juez Griesa vuelan todos hacia la legislación argentina. Hemos encontrado que algunos han pedido hasta legislación Francia. Es decir, tampoco hay una unanimidad en esta cuestión.
Reconozco que si los bonistas quisieran cambiarse a la legislación argentina podrían ya mismo hacerlo si fuera una voluntad unánime. No ha ocurrido. Quiere decir que ellos, espontáneamente, no están buscando esta solución de forma masiva. Lo que hemos dado acá es un menú de alternativas. ¿Por qué no violentar el contrato o tratar de cumplirlo y buscar la aceptación de la otra parte? Porque ha sido la política permanente de este gobierno. Los canjes no han sido compulsivos; han sido canjes voluntarios.
El cambio de legislación, que es una de las alternativas, también viene por voluntad de los bonistas. La verdad es que no nos gustaría que lo ocurrido con el juez Griesa nos lleve a una situación de enfrentamiento con los bonistas reestructurados tratando de forzarlos a tomar decisiones que no son las mejores y las que más se adecuan a su propio entender de la situación.
Por lo tanto, se dan muchas alternativas. Y la existencia de muchas alternativas es una de las virtudes de la ley y no los defectos.
SR. LOZANO Proponerle a los bonistas el cambio de legislación no es compulsivo.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Pero no hay tiempo de que lo hagan antes del próximo pago...
SR. LOZANO No hay tiempo para nada.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Usted me dirá por qué motivo piensa que es pero no sirve. Entonces, ¿para qué vamos a proponer una ley para hacer algo que no sirve? Vamos a proponer una ley como esta que tiene alguna operatividad.
SR. PRESIDENTE FELETTI Hay dos cuestiones que me parecen centrales. En primer lugar, la cuestión de la jurisdicción tiene que ver con las plazas financieras y con quienes son los que van a tomar fondos. No es que el gobierno que planteó el canje aceptó la jurisdicción de Nueva York. Eso venía impuesto cuando el gobierno es tomador de fondos. Por eso se construyen las plazas financieras y quien presta los fondos es el que define la jurisdicción bajo la cual hay legislación. Este es el primer dato y por eso existen las plazas financieras y existe normativa protectiva en algunas plazas financieras sobre los ataques especulativos de los fondos buitre. La nación es la que va a tomar fondos, cualquiera sea, en una plaza financiera y ahí el acreedor que presta es el que define la jurisdicción.
Tal como lo señala el ministro, es inviable pensar eso como una panacea porque se desconoce cuál es la voluntad o el grado de atomización que hay entre los bonistas.
Tiene la palabra el señor diputado Solá.
Tal como lo señala el ministro, es inviable pensar eso como una panacea porque se desconoce cuál es la voluntad o el grado de atomización que hay entre los bonistas.
Tiene la palabra el señor diputado Solá.
SR. SOLÁ Señor presidente: de los discursos que escuchamos del doctor Zanini y del señor ministro Kicillof queda la necesidad de hacer una aclaración que es obvia pero estamos obligados a hacerla. No existe solamente el fallo del juez Griesa y el apoyo o no a ese fallo. Existe una mutua necesidad de ayudarnos para ver cómo superamos un fallo imposible de cumplir y absurdo, como objetivo de esta Cámara.
Y si no, que alguien diga que está de acuerdo con el fallo del juez Griesa.
En segundo lugar, no solamente tenemos el problema de los fondos buitre, con cuya caracterización -la caracterización que generalmente se hace y que ha hecho el ministro Kicillof hoy, y también varias veces, y también el doctor Zannini- estamos totalmente de acuerdo, son la peor excrecencia del capitalismo financiero internacional.
Ni el G-77 ni el G-20, ni el Fondo Monetario, ni Estados Unidos, ni las Naciones Unidas han podido hacer un ordenamiento financiero en el mundo que impida estas acciones salvajes que atentan contra la construcción de la economía, del empleo y de la vida. Estamos de acuerdo.
Personalmente, con el apoyo de mi bloque lo dije, cuando la fragata Libertad fue objeto de un embargo en Ghana, me encargué de decir en todos lados, de escribir una nota en un diario, etcétera, que uno podía equivocarse mucho en la vida, pero no tenía que equivocarse en ser cipayo respecto de quién es el enemigo verdadero. Habían comprado un juez en Ghana, ante aquellos que se desgarraban las vestiduras porque una especie de símbolo patrio estaba embargado. El problema era los que lo embargaron, no el que diseñó por qué puertos iba a estar esa fragata.
Así que tenemos claro algunas cosas en ese sentido. El proyecto de ley alternativo que presentamos pretende ayudar a que el número de bonistas en posesión de bonos reestructurados sea el mayor posible; que vengan a aceptar nuevas condiciones necesarias para superar el fallo de Griesa.
Ese es el primero de los objetivos. En ese sentido, creamos un menú de opciones y en los tres casos proponemos Montevideo como lugar de pago; pero bajo jurisdicciones distintas.
También proponemos crear un fiduciario y que el fiduciario fuera una entidad privada, para salvar una cantidad de problemas y en virtud también de lo que nosotros pensamos: falta de experiencia y de información para poder manejar el tema desde el Banco Nación, Nación Fideicomisos.
La otra cuestión es lo que podríamos llamar la cuestión de fondo y es que el proyecto de ley no resuelve la cuestión de fondo, defiende a la Argentina y defiende su soberanía pero no resuelve la cuestión de fondo de la deuda. En ese sentido, creemos que más allá de lo que dijo el doctor Zannini, hay posibilidades de que dentro de ese 7 por ciento -que en realidad nosotros pensábamos que era el 5 y pico por ciento fuera de los fondos buitre- en el sentido de que no habían hecho juicio, pero el ministro Kicillof dio a entender que eran más, lo cual es un dato muy importante y clave, que no ha sido informado antes, pero tampoco lo aseguró.
Pensamos que dentro de ésos, si la ley queda así, está lleno de posibles accionistas jurídicos contra la Argentina. La ley cierra las posibilidades de una negociación posterior al 1° de enero del año que vine, como proponemos nosotros para dar una solución de fondo, creándole condiciones al gobierno argentino y dentro de esas condiciones, condiciones para que solucione finalmente este tema y proteger futuros pagos a los bonistas reestructurados, que no sabemos cuántos entrarán dentro del proyecto de ley del Ejecutivo, pero que pueden quedar muchos por ahí y proponer, entonces, defenderlos ¿de quiénes?, de los holdouts, para que los holdouts no creen más holdouts, como se dijo.
En ese sentido aceptamos, como dijo el doctor Zannini, que la ley no es un camino de certezas. Desde ya, ninguna ley surgida de este Parlamento podría ser un camino de certeza en este tema, absolutamente no. La Argentina está en un atolladero -no previsto internacionalmente- terrible y la Argentina debe salir de la mejor manera posible con la ayuda de todos, si es posible.
No es un camino de certezas, pero quiero decir que en esa búsqueda de ayuda de todos, a nosotros -a los representantes del Frente Renovador- nos cayó muy mal que se hiciera un comentario en relación a una de las cláusulas que pondríamos para la negociación con los holdouts posterior al 1° de enero, que es que por lo menos la oferta tenga un 50 por ciento del valor de todas las series que se oferten.
Nos cayó muy mal porque no se pueden decir frases al pasar y dejarlas correr como, por ejemplo, qué casualidad que el señor Singer tiene un porcentaje parecido. No lo conocemos a Singer, no tenemos demasiado interés en hacerlo y nos parece que es el símbolo de lo peor. Hasta ahora pensábamos que reclamaba el 1 o 1,5 por ciento del total de la deuda. Nosotros nunca lo vimos. El ministro sí lo ha visto.
Hemos puesto el 50 por ciento entre las condiciones para resolver la cuestión de fondo porque reconocemos que la dificultad fundamental para encontrar soluciones negociadas está en las limitaciones impuestas. Primero, por los artículos 2° y 4° de la ley 26.886; proponemos que no sean de aplicación. Proponemos que los tenedores holdout renuncien a sus derechos derivados de sentencias. Si estuvieran de acuerdo, estaríamos verificando una cancelación de ese reclamo; siempre después del 31 de diciembre, es decir una vez vencida la cláusula RUFO.
Y ahí poníamos que la solución implicara una cantidad de títulos equivalentes a por lo menos al 50 por ciento del capital de títulos elegibles para que hubiera una masa crítica, para que el 50 por ciento eludiera el poder de veto de los holdout y, además, para que fuera un techo para comenzar a levantar restricciones, de la misma manera que suspendíamos los artículos 2° y 4°. Si no lo hacíamos, al revés, le facilitábamos el juego a los buitres.
Quiero aclarar este punto que me parece importante porque hemos venido acá con buena fe y con la misma idea de sacar a la Argentina del atolladero. Nuestro proyecto de ley, que es más profundo y más largo, intenta eso de cabo a rabo.
Si usted me permite, señor presidente, la pregunta concreta la va a hacer mi compañera, la señora diputada Graciela Camaño. Gracias.
Y si no, que alguien diga que está de acuerdo con el fallo del juez Griesa.
En segundo lugar, no solamente tenemos el problema de los fondos buitre, con cuya caracterización -la caracterización que generalmente se hace y que ha hecho el ministro Kicillof hoy, y también varias veces, y también el doctor Zannini- estamos totalmente de acuerdo, son la peor excrecencia del capitalismo financiero internacional.
Ni el G-77 ni el G-20, ni el Fondo Monetario, ni Estados Unidos, ni las Naciones Unidas han podido hacer un ordenamiento financiero en el mundo que impida estas acciones salvajes que atentan contra la construcción de la economía, del empleo y de la vida. Estamos de acuerdo.
Personalmente, con el apoyo de mi bloque lo dije, cuando la fragata Libertad fue objeto de un embargo en Ghana, me encargué de decir en todos lados, de escribir una nota en un diario, etcétera, que uno podía equivocarse mucho en la vida, pero no tenía que equivocarse en ser cipayo respecto de quién es el enemigo verdadero. Habían comprado un juez en Ghana, ante aquellos que se desgarraban las vestiduras porque una especie de símbolo patrio estaba embargado. El problema era los que lo embargaron, no el que diseñó por qué puertos iba a estar esa fragata.
Así que tenemos claro algunas cosas en ese sentido. El proyecto de ley alternativo que presentamos pretende ayudar a que el número de bonistas en posesión de bonos reestructurados sea el mayor posible; que vengan a aceptar nuevas condiciones necesarias para superar el fallo de Griesa.
Ese es el primero de los objetivos. En ese sentido, creamos un menú de opciones y en los tres casos proponemos Montevideo como lugar de pago; pero bajo jurisdicciones distintas.
También proponemos crear un fiduciario y que el fiduciario fuera una entidad privada, para salvar una cantidad de problemas y en virtud también de lo que nosotros pensamos: falta de experiencia y de información para poder manejar el tema desde el Banco Nación, Nación Fideicomisos.
La otra cuestión es lo que podríamos llamar la cuestión de fondo y es que el proyecto de ley no resuelve la cuestión de fondo, defiende a la Argentina y defiende su soberanía pero no resuelve la cuestión de fondo de la deuda. En ese sentido, creemos que más allá de lo que dijo el doctor Zannini, hay posibilidades de que dentro de ese 7 por ciento -que en realidad nosotros pensábamos que era el 5 y pico por ciento fuera de los fondos buitre- en el sentido de que no habían hecho juicio, pero el ministro Kicillof dio a entender que eran más, lo cual es un dato muy importante y clave, que no ha sido informado antes, pero tampoco lo aseguró.
Pensamos que dentro de ésos, si la ley queda así, está lleno de posibles accionistas jurídicos contra la Argentina. La ley cierra las posibilidades de una negociación posterior al 1° de enero del año que vine, como proponemos nosotros para dar una solución de fondo, creándole condiciones al gobierno argentino y dentro de esas condiciones, condiciones para que solucione finalmente este tema y proteger futuros pagos a los bonistas reestructurados, que no sabemos cuántos entrarán dentro del proyecto de ley del Ejecutivo, pero que pueden quedar muchos por ahí y proponer, entonces, defenderlos ¿de quiénes?, de los holdouts, para que los holdouts no creen más holdouts, como se dijo.
En ese sentido aceptamos, como dijo el doctor Zannini, que la ley no es un camino de certezas. Desde ya, ninguna ley surgida de este Parlamento podría ser un camino de certeza en este tema, absolutamente no. La Argentina está en un atolladero -no previsto internacionalmente- terrible y la Argentina debe salir de la mejor manera posible con la ayuda de todos, si es posible.
No es un camino de certezas, pero quiero decir que en esa búsqueda de ayuda de todos, a nosotros -a los representantes del Frente Renovador- nos cayó muy mal que se hiciera un comentario en relación a una de las cláusulas que pondríamos para la negociación con los holdouts posterior al 1° de enero, que es que por lo menos la oferta tenga un 50 por ciento del valor de todas las series que se oferten.
Nos cayó muy mal porque no se pueden decir frases al pasar y dejarlas correr como, por ejemplo, qué casualidad que el señor Singer tiene un porcentaje parecido. No lo conocemos a Singer, no tenemos demasiado interés en hacerlo y nos parece que es el símbolo de lo peor. Hasta ahora pensábamos que reclamaba el 1 o 1,5 por ciento del total de la deuda. Nosotros nunca lo vimos. El ministro sí lo ha visto.
Hemos puesto el 50 por ciento entre las condiciones para resolver la cuestión de fondo porque reconocemos que la dificultad fundamental para encontrar soluciones negociadas está en las limitaciones impuestas. Primero, por los artículos 2° y 4° de la ley 26.886; proponemos que no sean de aplicación. Proponemos que los tenedores holdout renuncien a sus derechos derivados de sentencias. Si estuvieran de acuerdo, estaríamos verificando una cancelación de ese reclamo; siempre después del 31 de diciembre, es decir una vez vencida la cláusula RUFO.
Y ahí poníamos que la solución implicara una cantidad de títulos equivalentes a por lo menos al 50 por ciento del capital de títulos elegibles para que hubiera una masa crítica, para que el 50 por ciento eludiera el poder de veto de los holdout y, además, para que fuera un techo para comenzar a levantar restricciones, de la misma manera que suspendíamos los artículos 2° y 4°. Si no lo hacíamos, al revés, le facilitábamos el juego a los buitres.
Quiero aclarar este punto que me parece importante porque hemos venido acá con buena fe y con la misma idea de sacar a la Argentina del atolladero. Nuestro proyecto de ley, que es más profundo y más largo, intenta eso de cabo a rabo.
Si usted me permite, señor presidente, la pregunta concreta la va a hacer mi compañera, la señora diputada Graciela Camaño. Gracias.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: la verdad es que nosotros venimos a esta sala con espíritu de colaboración, no al gobierno de turno, que es el que de alguna manera nos ha traído este problema por algunas ineficacias en el manejo de la deuda pública. Vinimos con espíritu de colaboración y así fue como trabajamos en el proyecto que presentamos.
Como bien dijo mi compañero, ninguno de nosotros le ha visto la cara a este señor Singer, muy famoso en los últimos años a raíz del discurso oficial. Y nos encontramos con usted, señor ministro, con un discurso muy enfocado a intentar poner el problema sólo en el fallo judicial de un determinado juez de distrito. Y a pesar de que el señor secretario Zannini ha dicho algo que considero lo más acertado de la mañana, es decir, que no estamos cuestionando a la justicia, sino un fallo y a un juez, a usted en reiteradas oportunidades se le escaparon una serie de apreciaciones con respecto al juez que quedan por supuesto en la versión taquigráfica.
A mí se me ocurre preguntarle, señor ministro, habida cuenta de toda esta elaboración intelectual que usted ha hecho respecto del juez y como funcionario público del país con obligaciones, por otra parte, ¿cuáles fueron las medidas que usted ha tomado en función de todas estas irregularidades que ha detectado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué órdenes ha dado? ¿De qué manera intenta la Argentina poner en el espacio de la responsabilidad de este juez la situación por la cual estamos pasando?
Porque la verdad es que nosotros advertimos un discurso fácil: la responsabilidad en un juez, fondos buitres, un perro que se llama RUFO y que gracias a Dios, acá el secretario lo ha salvado del descrédito total a la cláusula y a RUFO.
En fin, me refiero a todo lo que hemos visto durante todo este tiempo en relación con este problema grave que tenemos los argentinos y que para algunos puede resultar incomprensible a tal punto de que a esta altura del debate existen cuestionamientos sobre la necesidad o no de sancionar una ley para la resolución del conflicto.
Nosotros entendemos que sí necesitamos una ley, a contrario sensu de lo que acá se ha dicho. Creemos que tiene que haber una norma en donde seriamente se trate este problema teniendo en cuenta todas sus vicisitudes y toda la información a la que probablemente como legisladores no tenemos acceso pero que aquellos que están en la función pública sí lo tienen. Algunos de nosotros quizás tenemos la fortuna de ser ex funcionarios públicos o de contar con cierta información que nos permite actuar con responsabilidad en este tema.
¿Por qué no estamos de acuerdo con el proyecto que presentaron y que fue modificado en el Senado? Esta reunión de comisión -que nos alegra- es producto de una modificación introducida en el Senado. La realidad nos indica que el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento -como recién dijo el diputado Lozano- tenía un bill de indemnidad en sus artículos 1° y 2°. Si bien es cierto que -como se ha dicho acá- va a conformarse esta comisión investigadora, no es menos cierto que ese bill de indemnidad sigue existiendo, señor ministro. En los artículos 1° y 2° de alguna manera se está convirtiendo en cosa pública a las dos negociaciones. No se habla de todas las negociaciones sino de las dos últimas.
Nuestro proyecto es amplio ya que toma todos los instrumentos con los que Argentina puede contar para tener una solución integral del problema. Me parece que ese es el quid de la cuestión. Considero que el proyecto del oficialismo ha sido muy mezquino en cuanto a la mirada que se debería tener sobre la totalidad del inconveniente.
Más allá de compartir con usted, señor ministro, todas las apreciaciones que ha hecho respecto de los fondos buitres, se trata de una problema que usted como funcionario público y nosotros como legisladores tenemos la obligación de advertir y de resolver. No alcanza con que acá exoneremos a los buitres; no alcanza con el discurso petardista. Tenemos que resolver el problema y, por lo menos intentar demostrar que el tema es parte de nuestro interés así como también su resolución. Por supuesto que compartimos que esa resolución tiene que hacerse en los mejores términos para la República Argentina.
Nosotros sinceramente creemos que el proyecto del oficialismo adolece de fallas en la búsqueda de los instrumentos y desconoce una realidad que está vinculada a las corporaciones que integran los bonos y a las obligatoriedades estatutarias que en algunos casos les van a impedir venir a la jurisdicción argentina.
Si hablamos seriamente del problema, podemos advertir que realmente hay una serie de condicionamientos si nosotros solamente abonamos al discurso y no a una estrategia seria, pensada y lúcida para resolverlo.
El menú que le entregamos, señor ministro, tiene una explicación de cada una de las cuestiones que planteamos.
Cuando planteamos el tema de la Caja de Valores, lo hacemos porque es una entidad privada y debido a que nos alejamos cada vez más de las posibilidades de que se dispare RUFO. Pero, como no queremos hacerle el negocio a la Caja de Valores, le estamos poniendo una especie de carga pública con lo cual estamos utilizando lúcidamente un instrumento que es posible usar.
Cuando pedimos como sede de pago a Uruguay lo hacemos porque la Corte Suprema de Justicia de ese país ha determinado qué piensa respecto a la soberanía de Argentina y el problema de los bonos.
Cuando planteamos la actuación del Banco Central lo hacemos porque sabemos que existe un instrumento que nos posibilita actuar en la plaza europea porque ya está resuelto y es algo que ya se hizo en alguna gestión anterior. Esto nos posibilita ir a una plaza tan segura como la francesa y saludamos que la hayan incorporado por la sencilla razón de que Francia tiene los instrumentos legislativos respecto a cuál es su pensamiento acerca del tema de los fondos buitre.
Señor ministro: no es menor el sintético que le proponemos. Porque este sintético retornable responde de alguna manera a algunos cuestionamientos que hicieron algunos diputados. Es verdad que es difícil que alguien venga a la plaza argentina. Pero si queremos resolver el corto plazo, el sintético retornable nos va a permitir pagar y luego volver a la jurisdicción. Todos los instrumentos están pensados.
Además, está pensado el capítulo institucional porque hay un tema que no es menor y respecto del cual tenemos que tener la inteligencia, capacidad y la madurez a esta altura de la democracia de darnos cuenta y de asumirlo. Nadie discute, señor ministro, la legitimidad originaria que tiene este gobierno; nadie lo puede discutir. Pero es cierto que esa legitimidad de origen, en la función, se va perdiendo. Y cuando esa legitimidad se pierde en el ejercicio de la función lo único que tiene que subsistir es la confianza...
Como bien dijo mi compañero, ninguno de nosotros le ha visto la cara a este señor Singer, muy famoso en los últimos años a raíz del discurso oficial. Y nos encontramos con usted, señor ministro, con un discurso muy enfocado a intentar poner el problema sólo en el fallo judicial de un determinado juez de distrito. Y a pesar de que el señor secretario Zannini ha dicho algo que considero lo más acertado de la mañana, es decir, que no estamos cuestionando a la justicia, sino un fallo y a un juez, a usted en reiteradas oportunidades se le escaparon una serie de apreciaciones con respecto al juez que quedan por supuesto en la versión taquigráfica.
A mí se me ocurre preguntarle, señor ministro, habida cuenta de toda esta elaboración intelectual que usted ha hecho respecto del juez y como funcionario público del país con obligaciones, por otra parte, ¿cuáles fueron las medidas que usted ha tomado en función de todas estas irregularidades que ha detectado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué órdenes ha dado? ¿De qué manera intenta la Argentina poner en el espacio de la responsabilidad de este juez la situación por la cual estamos pasando?
Porque la verdad es que nosotros advertimos un discurso fácil: la responsabilidad en un juez, fondos buitres, un perro que se llama RUFO y que gracias a Dios, acá el secretario lo ha salvado del descrédito total a la cláusula y a RUFO.
En fin, me refiero a todo lo que hemos visto durante todo este tiempo en relación con este problema grave que tenemos los argentinos y que para algunos puede resultar incomprensible a tal punto de que a esta altura del debate existen cuestionamientos sobre la necesidad o no de sancionar una ley para la resolución del conflicto.
Nosotros entendemos que sí necesitamos una ley, a contrario sensu de lo que acá se ha dicho. Creemos que tiene que haber una norma en donde seriamente se trate este problema teniendo en cuenta todas sus vicisitudes y toda la información a la que probablemente como legisladores no tenemos acceso pero que aquellos que están en la función pública sí lo tienen. Algunos de nosotros quizás tenemos la fortuna de ser ex funcionarios públicos o de contar con cierta información que nos permite actuar con responsabilidad en este tema.
¿Por qué no estamos de acuerdo con el proyecto que presentaron y que fue modificado en el Senado? Esta reunión de comisión -que nos alegra- es producto de una modificación introducida en el Senado. La realidad nos indica que el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento -como recién dijo el diputado Lozano- tenía un bill de indemnidad en sus artículos 1° y 2°. Si bien es cierto que -como se ha dicho acá- va a conformarse esta comisión investigadora, no es menos cierto que ese bill de indemnidad sigue existiendo, señor ministro. En los artículos 1° y 2° de alguna manera se está convirtiendo en cosa pública a las dos negociaciones. No se habla de todas las negociaciones sino de las dos últimas.
Nuestro proyecto es amplio ya que toma todos los instrumentos con los que Argentina puede contar para tener una solución integral del problema. Me parece que ese es el quid de la cuestión. Considero que el proyecto del oficialismo ha sido muy mezquino en cuanto a la mirada que se debería tener sobre la totalidad del inconveniente.
Más allá de compartir con usted, señor ministro, todas las apreciaciones que ha hecho respecto de los fondos buitres, se trata de una problema que usted como funcionario público y nosotros como legisladores tenemos la obligación de advertir y de resolver. No alcanza con que acá exoneremos a los buitres; no alcanza con el discurso petardista. Tenemos que resolver el problema y, por lo menos intentar demostrar que el tema es parte de nuestro interés así como también su resolución. Por supuesto que compartimos que esa resolución tiene que hacerse en los mejores términos para la República Argentina.
Nosotros sinceramente creemos que el proyecto del oficialismo adolece de fallas en la búsqueda de los instrumentos y desconoce una realidad que está vinculada a las corporaciones que integran los bonos y a las obligatoriedades estatutarias que en algunos casos les van a impedir venir a la jurisdicción argentina.
Si hablamos seriamente del problema, podemos advertir que realmente hay una serie de condicionamientos si nosotros solamente abonamos al discurso y no a una estrategia seria, pensada y lúcida para resolverlo.
El menú que le entregamos, señor ministro, tiene una explicación de cada una de las cuestiones que planteamos.
Cuando planteamos el tema de la Caja de Valores, lo hacemos porque es una entidad privada y debido a que nos alejamos cada vez más de las posibilidades de que se dispare RUFO. Pero, como no queremos hacerle el negocio a la Caja de Valores, le estamos poniendo una especie de carga pública con lo cual estamos utilizando lúcidamente un instrumento que es posible usar.
Cuando pedimos como sede de pago a Uruguay lo hacemos porque la Corte Suprema de Justicia de ese país ha determinado qué piensa respecto a la soberanía de Argentina y el problema de los bonos.
Cuando planteamos la actuación del Banco Central lo hacemos porque sabemos que existe un instrumento que nos posibilita actuar en la plaza europea porque ya está resuelto y es algo que ya se hizo en alguna gestión anterior. Esto nos posibilita ir a una plaza tan segura como la francesa y saludamos que la hayan incorporado por la sencilla razón de que Francia tiene los instrumentos legislativos respecto a cuál es su pensamiento acerca del tema de los fondos buitre.
Señor ministro: no es menor el sintético que le proponemos. Porque este sintético retornable responde de alguna manera a algunos cuestionamientos que hicieron algunos diputados. Es verdad que es difícil que alguien venga a la plaza argentina. Pero si queremos resolver el corto plazo, el sintético retornable nos va a permitir pagar y luego volver a la jurisdicción. Todos los instrumentos están pensados.
Además, está pensado el capítulo institucional porque hay un tema que no es menor y respecto del cual tenemos que tener la inteligencia, capacidad y la madurez a esta altura de la democracia de darnos cuenta y de asumirlo. Nadie discute, señor ministro, la legitimidad originaria que tiene este gobierno; nadie lo puede discutir. Pero es cierto que esa legitimidad de origen, en la función, se va perdiendo. Y cuando esa legitimidad se pierde en el ejercicio de la función lo único que tiene que subsistir es la confianza...
SR. PRESIDENTE FELETTI ¿Puede ir redondeando su exposición, señora diputada Camaño?
SRA. CAMAÑO Señor presidente: le pido que no me corte la palabra porque hemos sido muy respetuosos a pesar de que se ha aludido a una parte de nuestro proyecto en la que yo no sé si se ha comprendido o si se ha hablado simplemente para poner un manto de sospecha sobre el proyecto.
El ministro ha hablado de los olorcillos pero luego no ha dado certezas respecto al porcentaje del señor Singer ha puesto un manto de sospecha sobre el proyecto que es inaceptable. Si el ministro hubiera leído bien el proyecto se daría cuenta de que lo que dispara ese 50 por ciento son las inhabilidades que tienen los funcionarios públicos. Nosotros, a diferencia del proyecto oficial, hemos advertido que ustedes están en un problema muy serio con la ley que han propuesto en el último canje. Los artículos 2° y 4° son un condicionante muy serio para plantear la resolución de la totalidad del problema. Por eso lo abordamos en nuestro proyecto y les generamos instrumentos para que ustedes puedan abordar ese 7 por ciento en totalidad.
Señor ministro: el 50 por ciento nuestro es caprichoso y es una vara que le hemos puesto. Si le quieren poner el 70, el 80, el 100, ¿por qué lo pusimos? Porque para nosotros Singer tiene el 1,5 por ciento.
El ministro ha hablado de los olorcillos pero luego no ha dado certezas respecto al porcentaje del señor Singer ha puesto un manto de sospecha sobre el proyecto que es inaceptable. Si el ministro hubiera leído bien el proyecto se daría cuenta de que lo que dispara ese 50 por ciento son las inhabilidades que tienen los funcionarios públicos. Nosotros, a diferencia del proyecto oficial, hemos advertido que ustedes están en un problema muy serio con la ley que han propuesto en el último canje. Los artículos 2° y 4° son un condicionante muy serio para plantear la resolución de la totalidad del problema. Por eso lo abordamos en nuestro proyecto y les generamos instrumentos para que ustedes puedan abordar ese 7 por ciento en totalidad.
Señor ministro: el 50 por ciento nuestro es caprichoso y es una vara que le hemos puesto. Si le quieren poner el 70, el 80, el 100, ¿por qué lo pusimos? Porque para nosotros Singer tiene el 1,5 por ciento.
SR. PRESIDENTE FELETTI Le pido que redondeé, señora diputada.
SRA. CAMAÑO Lo que nosotros hemos venido a hacer legítimamente, señor presidente -es lo que corresponde- consiste en traer una propuesta seria. Como toda la exposición del señor ministro se basó en cuestionar fuertemente la legalidad de las decisiones del juez Griesa, me gustaría saber si hay alguna suerte de gestión por parte de los abogados neoyorquinos en el sentido de presentar mínimamente algún impeachment al juez Griesa porque si no, todo va a quedar reducido a un discurso.
SR. PRESIDENTE FELETTI Quiero hacer una aclaración antes de darle la palabra al ministro, porque si no, omitimos todo el trabajo que la Nación Argentina ha hecho en todos los foros internacionales para cuestionar este tipo de ataque especulativo; si no, parece que lo omitimos, lo olvidamos.
Me parece que hubo acciones muy positivas en torno a cuestionar este tipo de ataque especulativo contra la reestructuración de deuda argentina en distintos foros, ante organismos multilaterales, con pronunciamientos de expertos, de premios Nobel. Ha habido una movilización bastante grande de opinión y de foros respecto de este tipo de ataque especulativo.
Tiene la palabra el señor ministro de Economía.
Me parece que hubo acciones muy positivas en torno a cuestionar este tipo de ataque especulativo contra la reestructuración de deuda argentina en distintos foros, ante organismos multilaterales, con pronunciamientos de expertos, de premios Nobel. Ha habido una movilización bastante grande de opinión y de foros respecto de este tipo de ataque especulativo.
Tiene la palabra el señor ministro de Economía.
SR. MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Señor presidente: voy a tratar de contestar la pregunta, que fue sintética. Yo creo que ha tenido amplia difusión la cantidad -no me animo a decir frenética, pero sí bastante intensa- de trabajo, tanto en foros internacionales como en el tribunal de Griesa, como con los bonistas, como con el señor Pollak, o sea que, la verdad, no sé exactamente a qué se refiere.
Después creo poder entender el tema del empeachment. Yo tampoco soy abogado, pero...
En primer lugar, quiero aprovechar para anunciar una novedad que es que la propuesta de la República Argentina acaba de ser aprobada por 124 contra 11 votos... (Aplausos prolongados.) Me lo acaba de informar nuestro canciller, el doctor Timerman. Pero también puedo comentarles que esto no ha sido un hecho de generación espontánea. Por supuesto que lo atribuimos a la acción también de muchos miembros de otros partidos políticos que acompañaron a la delegación a Washington y es algo que debemos compartir con mucha alegría porque es un hecho histórico, independientemente de los plazos, que después son los de Naciones Unidas.
El caso argentino ha gatillado que el G-77 y China presentaran una moción, hoy aprobada por una abrumadora mayoría en las Naciones Unidas.
La segunda cuestión es la cuestión del empeachment. Sin ser abogado ni legislador, le diría que no es una atribución de abogados. Me parece que es una cuestión que la tienen que plantear los legisladores. Nosotros estaríamos encantados si hay un juicio político, pero, lamentablemente, no disponemos de legisladores del Frente para la Victoria en el parlamento norteamericano. No tenemos las atribuciones.
Hemos ido a La Haya, también hemos apelado todas y cada una de las resoluciones de Griesa, hemos hecho las denuncias correspondientes, nos hemos referido con alguna crudeza a lo que entendemos que está ocurriendo, a la calidad de los fallos, de las personas involucradas. Yo también tengo que decir, con fines aclaratorios, que no conozco al señor Singer. Había enviado a otra persona a esa reunión.
Y la información con respecto al porcentaje en posesión de Singer es una información muy dinámica. El propio Pollak, los propios fondos buitre hablaban ahí, en el juzgado de Griesa, en un momento de 3 mil millones de dólares y manejo sobre la mitad de la deuda en default, así que es aproximadamente lo que entendemos que tiene Singer, un 50 por ciento, pero esto puede cambiar día a día, así que la verdad es que lo ignoro.
Con respecto a lo del proyecto, viniendo para acá hice alguna evaluación de algunas de las propuestas. Voy a ser muy breve. Es cierto que así como algunos bonistas plantearon lo de la legislación francesa, nosotros -y ha sido aprobado con sanción por una de las Cámaras- agregamos la legislación francesa como una alternativa.
Creemos que el proyecto del Frente Renovador, lo que he podido leer -si es el mismo que han presentado ahora- adolece de algunas dificultades, por el contrario de lo que usted dice.
En primer lugar, no da solución al próximo vencimiento; ni remotamente, porque es el 30 de septiembre. Ese es un primer problema, pero de todas maneras podría haber alguna solución y creemos estar planteando la más directa y sencilla.
En segundo lugar -voy a dar alguna apreciación muy breve ya que usted ha hecho las suyas sobre el proyecto oficial y porque lo hemos evaluado-, el capítulo 2, título I explica cómo pagarle a los buitres. El artículo 7° y los sucesivos autoriza a pagarles a los buitres sin ninguna exigencia, prácticamente. Los siguientes artículos ponen una garantía temporal a los fondos buitre para la realización de una mejor oferta. Son sólo propuestas y simplemente estoy evaluándolas.
El artículo 8° es claramente violatorio de la cláusula RUFO. Usted no puede decir que a partir del 1 de enero va a exceptuar de la ley 26.886 en el 2014 porque sería manifestar por ley la violación de la cláusula RUFO. Ya hemos tenido alguna opinión jurídica, pero lo podemos charlar. Es materia opinable y estoy dando mi visión. Me parece que es flagrantemente violatorio de la clausura RUFO.
Por otro lado, en el título I, capítulo 1, trata todos los títulos reestructurados de manera equivalente. Es lo mismo que está haciendo Griesa; no es lo mismo la ley Argentina. Incluso este error se replica cuando parece darle a los títulos ley Argentina, pagaderos en la Argentina, la opción de pasar a ley Nueva York, y eso es extraño.
Por otra parte, la cuestión de Uruguay no cambia para nada el problema del bloqueo porque el Banco Nación, si fuera sucursal Uruguay, está ya exento. La inmunidad la tienen tanto la Argentina como la sucursal Montevideo. La verdad es que no veo dónde está el aporte en realizar el pago en Montevideo. Pero también sería materia opinable.
Después, no cambia la cadena de pagos de los bonos que no fueron bloqueados. Voy a referirme a lo siguiente: hay bonos cuyo pago no ha sido bloqueado -que hoy se pagan a través de una cuenta del Banco Central-, y lo que proponen acá es cambiar la cadena de pagos de los bonos no bloqueados. Creo que eso es un exceso de intento de cambio. Me parece que no hace falta.
Por otro lado, el llamado bono sintético está plagado de errores, pero es algo que así lo entiendo yo y lo podemos discutir. Le explico por qué. Porque la Caja de Valores no está facultada para ser fiduciaria porque sería depositaria, y no se puede ser fiduciario y también depositario. Si así lo hiciera, estaría emitiendo títulos bajo su propia custodia. Por otro lado, el Estado no puede ser fiduciante porque no cede ningún activo. Entonces, entre que el Estado no puede ser fiduciante y la caja no puede ser fiduciaria me parece que no es posible. Podría buscarse alguna propuesta de fiduciario y fideicomiso distinto. Nosotros la hemos recibido de algunos bonistas que venían con una idea de ese tipo, pero la hemos descartado por otros motivos. Sin embargo, en este caso me parece que no son las figuras.
Además, los beneficiarios del fideicomiso no serían bonistas en su calidad de tenedores de bonos, sino que los beneficiarios son siempre los tenedores de los valores negociables emitidos por el fideicomiso, obviamente. Eso está al revés en el artículo.
Creo que no hemos recibido propuestas mucho más novedosas, pero todo es materia opinable. Ya hemos defendido nuestra propuesta y no voy a repetir los puntos que creemos que son la fortaleza de la propuesta. Estamos dando una solución para septiembre. Estamos admitiendo que aquellos que estén en voluntad de cambio por ley local o también ley francesa ahora tengan esa posibilidad. Estamos haciendo el gesto del pago al 7,6 por ciento. Se siguen aceptando todas las propuestas constructivas que haya en el sentido de darle una solución a esta situación. Acá me permito hacer una leve disquisición: hubo intentos de soluciones privadas, pero el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho sobre las cláusulas colectivas -habrán visto ustedes que eso apareció- que en los bonos pueden poner que con determinadas mayorías. Eso siempre es susceptible de ser bloqueado con una serie corta o judicialmente.
Así que la verdad es que la única solución es la que está buscando hoy la República Argentina y ha encontrado el aval de las Naciones Unidas para que ahora sea ahora una convención mundial. Muchas gracias. (Aplausos.)
Después creo poder entender el tema del empeachment. Yo tampoco soy abogado, pero...
En primer lugar, quiero aprovechar para anunciar una novedad que es que la propuesta de la República Argentina acaba de ser aprobada por 124 contra 11 votos... (Aplausos prolongados.) Me lo acaba de informar nuestro canciller, el doctor Timerman. Pero también puedo comentarles que esto no ha sido un hecho de generación espontánea. Por supuesto que lo atribuimos a la acción también de muchos miembros de otros partidos políticos que acompañaron a la delegación a Washington y es algo que debemos compartir con mucha alegría porque es un hecho histórico, independientemente de los plazos, que después son los de Naciones Unidas.
El caso argentino ha gatillado que el G-77 y China presentaran una moción, hoy aprobada por una abrumadora mayoría en las Naciones Unidas.
La segunda cuestión es la cuestión del empeachment. Sin ser abogado ni legislador, le diría que no es una atribución de abogados. Me parece que es una cuestión que la tienen que plantear los legisladores. Nosotros estaríamos encantados si hay un juicio político, pero, lamentablemente, no disponemos de legisladores del Frente para la Victoria en el parlamento norteamericano. No tenemos las atribuciones.
Hemos ido a La Haya, también hemos apelado todas y cada una de las resoluciones de Griesa, hemos hecho las denuncias correspondientes, nos hemos referido con alguna crudeza a lo que entendemos que está ocurriendo, a la calidad de los fallos, de las personas involucradas. Yo también tengo que decir, con fines aclaratorios, que no conozco al señor Singer. Había enviado a otra persona a esa reunión.
Y la información con respecto al porcentaje en posesión de Singer es una información muy dinámica. El propio Pollak, los propios fondos buitre hablaban ahí, en el juzgado de Griesa, en un momento de 3 mil millones de dólares y manejo sobre la mitad de la deuda en default, así que es aproximadamente lo que entendemos que tiene Singer, un 50 por ciento, pero esto puede cambiar día a día, así que la verdad es que lo ignoro.
Con respecto a lo del proyecto, viniendo para acá hice alguna evaluación de algunas de las propuestas. Voy a ser muy breve. Es cierto que así como algunos bonistas plantearon lo de la legislación francesa, nosotros -y ha sido aprobado con sanción por una de las Cámaras- agregamos la legislación francesa como una alternativa.
Creemos que el proyecto del Frente Renovador, lo que he podido leer -si es el mismo que han presentado ahora- adolece de algunas dificultades, por el contrario de lo que usted dice.
En primer lugar, no da solución al próximo vencimiento; ni remotamente, porque es el 30 de septiembre. Ese es un primer problema, pero de todas maneras podría haber alguna solución y creemos estar planteando la más directa y sencilla.
En segundo lugar -voy a dar alguna apreciación muy breve ya que usted ha hecho las suyas sobre el proyecto oficial y porque lo hemos evaluado-, el capítulo 2, título I explica cómo pagarle a los buitres. El artículo 7° y los sucesivos autoriza a pagarles a los buitres sin ninguna exigencia, prácticamente. Los siguientes artículos ponen una garantía temporal a los fondos buitre para la realización de una mejor oferta. Son sólo propuestas y simplemente estoy evaluándolas.
El artículo 8° es claramente violatorio de la cláusula RUFO. Usted no puede decir que a partir del 1 de enero va a exceptuar de la ley 26.886 en el 2014 porque sería manifestar por ley la violación de la cláusula RUFO. Ya hemos tenido alguna opinión jurídica, pero lo podemos charlar. Es materia opinable y estoy dando mi visión. Me parece que es flagrantemente violatorio de la clausura RUFO.
Por otro lado, en el título I, capítulo 1, trata todos los títulos reestructurados de manera equivalente. Es lo mismo que está haciendo Griesa; no es lo mismo la ley Argentina. Incluso este error se replica cuando parece darle a los títulos ley Argentina, pagaderos en la Argentina, la opción de pasar a ley Nueva York, y eso es extraño.
Por otra parte, la cuestión de Uruguay no cambia para nada el problema del bloqueo porque el Banco Nación, si fuera sucursal Uruguay, está ya exento. La inmunidad la tienen tanto la Argentina como la sucursal Montevideo. La verdad es que no veo dónde está el aporte en realizar el pago en Montevideo. Pero también sería materia opinable.
Después, no cambia la cadena de pagos de los bonos que no fueron bloqueados. Voy a referirme a lo siguiente: hay bonos cuyo pago no ha sido bloqueado -que hoy se pagan a través de una cuenta del Banco Central-, y lo que proponen acá es cambiar la cadena de pagos de los bonos no bloqueados. Creo que eso es un exceso de intento de cambio. Me parece que no hace falta.
Por otro lado, el llamado bono sintético está plagado de errores, pero es algo que así lo entiendo yo y lo podemos discutir. Le explico por qué. Porque la Caja de Valores no está facultada para ser fiduciaria porque sería depositaria, y no se puede ser fiduciario y también depositario. Si así lo hiciera, estaría emitiendo títulos bajo su propia custodia. Por otro lado, el Estado no puede ser fiduciante porque no cede ningún activo. Entonces, entre que el Estado no puede ser fiduciante y la caja no puede ser fiduciaria me parece que no es posible. Podría buscarse alguna propuesta de fiduciario y fideicomiso distinto. Nosotros la hemos recibido de algunos bonistas que venían con una idea de ese tipo, pero la hemos descartado por otros motivos. Sin embargo, en este caso me parece que no son las figuras.
Además, los beneficiarios del fideicomiso no serían bonistas en su calidad de tenedores de bonos, sino que los beneficiarios son siempre los tenedores de los valores negociables emitidos por el fideicomiso, obviamente. Eso está al revés en el artículo.
Creo que no hemos recibido propuestas mucho más novedosas, pero todo es materia opinable. Ya hemos defendido nuestra propuesta y no voy a repetir los puntos que creemos que son la fortaleza de la propuesta. Estamos dando una solución para septiembre. Estamos admitiendo que aquellos que estén en voluntad de cambio por ley local o también ley francesa ahora tengan esa posibilidad. Estamos haciendo el gesto del pago al 7,6 por ciento. Se siguen aceptando todas las propuestas constructivas que haya en el sentido de darle una solución a esta situación. Acá me permito hacer una leve disquisición: hubo intentos de soluciones privadas, pero el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho sobre las cláusulas colectivas -habrán visto ustedes que eso apareció- que en los bonos pueden poner que con determinadas mayorías. Eso siempre es susceptible de ser bloqueado con una serie corta o judicialmente.
Así que la verdad es que la única solución es la que está buscando hoy la República Argentina y ha encontrado el aval de las Naciones Unidas para que ahora sea ahora una convención mundial. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor diputado Kosiner. Luego, cerrarán los discursos los diputados Pais y Calcagno.
SR. KOSINER Señor presidente: en realidad creo que la noticia que recién planteaba el ministro nos obliga quizás a cambiar un poco el eje que teníamos planteado, pero con mayor fortaleza.
Escuchaba recién que se decía que ven con buenos ojos, con satisfacción la decisión de Naciones Unidas de tomar la propuesta argentina de fijar un régimen especial que reglamente los procedimientos de renegociación de deuda de los países en función de la soberanía de cada uno de ellos.
Debemos decir que se llega a este punto porque la Argentina forzó una situación de romper con los paradigmas tradicionales de las renegociaciones de deuda en el mercado internacional. Esto no es una cuestión espontánea o solamente de buenas intenciones. Hubo una persona, en este país, que a partir de 2003 empezó a sembrar una manera distinta de poner al país frente al mundo y que a partir del año 2005 dijo que un país es solvente no por la capacidad de endeudamiento que tenga frente al mundo sino por la capacidad que tienen sus habitantes de generar la riqueza para poder pagar esas deudas.
Y creo que por eso las Naciones Unidas hoy toman esta definición, porque la verdad es que la ley que hoy discutimos es un eslabón más dentro de un concepto totalmente distinto. La visión política que tuvo Néstor Kirchner en su momento, y que continuó este gobierno, es que los países pagan las deudas no a través de las presiones de los mercados financieros internacionales, que hacen los negocios -como recién se dijo aquí- dando plata a mayores comisiones, que quedan en el camino para equis persona, para que los países sigan endeudados, a pesar de -teóricamente- pagar deudas.
Frente a esa opción tradicional del mercado internacional, la Argentina opta por otro criterio, llama a cada uno de sus acreedores y les dice: "nosotros queremos pagar las deudas pero queremos que nuestro país siga creciendo, y queremos que la deuda se pague con el crecimiento de la Argentina, no a costa del crecimiento de la Argentina". Eso genera que Naciones Unidas hoy, para proteger la posibilidad de que muchos países del mundo tomen como ejemplo el procedimiento argentino, va a avanzar en este régimen, porque si esto no se hace, cabe la posibilidad de que millones y millones de ciudadanos en todo el mundo no paguen más a costa del crecimiento de sus propios pueblos las deudas que han generado irresponsablemente muchos gobiernos.
Entonces, para cerrar, porque esto lo vamos a profundizar en el debate de mañana, hace una semana nosotros decíamos que sigue en las espaldas de este proyecto político reconstruir muchas cosas que gobiernos pasados han destruido. La semana pasada era el sistema previsional argentino, hoy es la soberanía política en el manejo de la deuda en nuestro país. Yo celebro e insisto -y creo que nuestro proyecto tiene que levantar esta bandera- que en esta resolución de Naciones Unidas tiene que ver -como recién se dijo- el acompañamiento de muchos sectores también a la Argentina en esta posición, pero no hay que olvidarse de que creo que la Argentina está marcando un hito a nivel de las negociaciones de deuda de países soberanos a nivel internacional y vuelvo a decir: para que esa deuda se pague a partir del crecimiento de los pueblos y no a costa del crecimiento de los pueblos. (Aplausos.)
Escuchaba recién que se decía que ven con buenos ojos, con satisfacción la decisión de Naciones Unidas de tomar la propuesta argentina de fijar un régimen especial que reglamente los procedimientos de renegociación de deuda de los países en función de la soberanía de cada uno de ellos.
Debemos decir que se llega a este punto porque la Argentina forzó una situación de romper con los paradigmas tradicionales de las renegociaciones de deuda en el mercado internacional. Esto no es una cuestión espontánea o solamente de buenas intenciones. Hubo una persona, en este país, que a partir de 2003 empezó a sembrar una manera distinta de poner al país frente al mundo y que a partir del año 2005 dijo que un país es solvente no por la capacidad de endeudamiento que tenga frente al mundo sino por la capacidad que tienen sus habitantes de generar la riqueza para poder pagar esas deudas.
Y creo que por eso las Naciones Unidas hoy toman esta definición, porque la verdad es que la ley que hoy discutimos es un eslabón más dentro de un concepto totalmente distinto. La visión política que tuvo Néstor Kirchner en su momento, y que continuó este gobierno, es que los países pagan las deudas no a través de las presiones de los mercados financieros internacionales, que hacen los negocios -como recién se dijo aquí- dando plata a mayores comisiones, que quedan en el camino para equis persona, para que los países sigan endeudados, a pesar de -teóricamente- pagar deudas.
Frente a esa opción tradicional del mercado internacional, la Argentina opta por otro criterio, llama a cada uno de sus acreedores y les dice: "nosotros queremos pagar las deudas pero queremos que nuestro país siga creciendo, y queremos que la deuda se pague con el crecimiento de la Argentina, no a costa del crecimiento de la Argentina". Eso genera que Naciones Unidas hoy, para proteger la posibilidad de que muchos países del mundo tomen como ejemplo el procedimiento argentino, va a avanzar en este régimen, porque si esto no se hace, cabe la posibilidad de que millones y millones de ciudadanos en todo el mundo no paguen más a costa del crecimiento de sus propios pueblos las deudas que han generado irresponsablemente muchos gobiernos.
Entonces, para cerrar, porque esto lo vamos a profundizar en el debate de mañana, hace una semana nosotros decíamos que sigue en las espaldas de este proyecto político reconstruir muchas cosas que gobiernos pasados han destruido. La semana pasada era el sistema previsional argentino, hoy es la soberanía política en el manejo de la deuda en nuestro país. Yo celebro e insisto -y creo que nuestro proyecto tiene que levantar esta bandera- que en esta resolución de Naciones Unidas tiene que ver -como recién se dijo- el acompañamiento de muchos sectores también a la Argentina en esta posición, pero no hay que olvidarse de que creo que la Argentina está marcando un hito a nivel de las negociaciones de deuda de países soberanos a nivel internacional y vuelvo a decir: para que esa deuda se pague a partir del crecimiento de los pueblos y no a costa del crecimiento de los pueblos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELETTI Antes de darle la palabra al diputado Pais, quiero expresar un pequeño dolor y preocupación.
Es el momento en que el Frente para la Victoria está dando su posición, está reunido todo el bloque del Frente para la Victoria aquí, con los funcionarios presentes y la oposición se fue. Quienes aquí...
Es el momento en que el Frente para la Victoria está dando su posición, está reunido todo el bloque del Frente para la Victoria aquí, con los funcionarios presentes y la oposición se fue. Quienes aquí...
SR. SÁNCHEZ No.
SR. ZABALZA Acá estamos.
SR. DUCLÓS No nos fuimos.
SR. PRESIDENTE FELETTI No, no. Buena parte de la oposición...
SR. ZABALZA Buena parte.
SR. PRESIDENTE FELETTI ...está ausente. Buena parte de la oposición que reclamaba funcionarios, que reclamaba hablar, escuchen, sean democráticos y escuchen la posición del Frente para la Victoria. Porque eso hace a la democracia, y la oposición hoy, salvo las honrosas excepciones sentadas, se ha ido.
Es una vergüenza, porque está acá el ministro de Economía, el secretario Legal y Técnico, la procuradora y el bloque del Frente para la Victoria y los que reclamaron democracia, los que reclamaron diálogo, se fueron. Se fueron. (Aplausos.)
Es una vergüenza, porque está acá el ministro de Economía, el secretario Legal y Técnico, la procuradora y el bloque del Frente para la Victoria y los que reclamaron democracia, los que reclamaron diálogo, se fueron. Se fueron. (Aplausos.)
SR. PAIS Señor presidente: quería llamar la atención de los compañeros del bloque, de los demás legisladores en la posición de algunos bloques y legisladores de la oposición que han reivindicado un espíritu de colaboración que remarco porque entiendo que no es tal, deslindando las responsabilidades del Congreso en función de supuestas autorizaciones genéricas y potestades en el Poder Ejecutivo.
La verdad es que me extraña. El Congreso de la Nación tiene una responsabilidad absoluta en la materia. El artículo 75, inciso 7, le manda a arreglar el pago de la deuda interior y exterior. Nosotros somos los responsables, este Congreso.
Y además nos extraña que en una situación crítica e importante, donde el ministro -y nadie lo refutó- explicó las dificultades que ha generado al país el fallo de Griesa -al que no voy a calificar de ilegal, porque dentro del sistema americano puede que sea legal-, que es arbitrario e írrito. Es tan arbitrario que motiva que las Naciones Unidas y todos los foros internacionales repudien esta actitud. Y ante este fallo arbitrario, basado prácticamente en la voluntad de este juez senil y que parece más un empleado de los buitres que un hombre que imparte justicia, hoy algunos sectores del Congreso quieren lavarse las manos. Nosotros tenemos que involucrarnos, nos lo manda la Constitución y la responsabilidad del Estado.
Hoy este bloque con mucha alegría comparte la necesidad de dictar una ley. No puede ser que vivamos quejándonos permanentemente de que el Poder Ejecutivo actúa por delegación, de que en alguna circunstancia dicta decretos de necesidad y urgencia, de que en otras circunstancias interpreta sus potestades supuestamente en detrimento del Congreso y que cuando el Congreso debe actuar por imperativo constitucional, miremos para el costado y hablemos de proyectos de resolución o de declaración y de apoyos políticos. No necesitamos apoyos políticos. Necesitamos leyes que faculten e invistan a los funcionarios para actuar en el marco de una delicadísima situación.
El ministro ha dicho inclusive que estamos deslizándonos en un desfiladero. En este marco, las mayores potestades y facultades sobre las que el Congreso pueda legislar son lo mínimo que puede hacer la Cámara de Diputados.
Por otra parte, entendemos -y en esto difiero- que este proyecto tiene aspectos esenciales que necesitan indubitadamente una ley: el reemplazo del agente fiduciario, la apertura de cuentas del Banco Central para depositar pagos que entraron en canje y que no pudieron cobrar por decisión de Griesa y que además nosotros necesitamos incluso ofrecer elementos que no figuran en los prospectos con los acreedores; necesita un marco legal y no la voluntad del Poder Ejecutivo. Este marco legal lo vamos a dar nosotros. Pero no va a ser imperativamente. Va a ser una posibilidad que se le va a brindar a los acreedores para facilitarles el pago.
La Argentina quiere pagar y aun contra viento y marea y contra los jueces como Griesa, el Congreso le está dando las potestades al Poder Ejecutivo y al Estado, y a los acreedores para que puedan cobrar. Nosotros les estamos dando los instrumentos.
Por otro lado, hasta para hacer una comisión bicameral de seguimiento de la gestión, una bicameral permanente, no sólo para seguir la deuda antigua, sino para seguir permanentemente la gestión que nos permita actuar en el marco del artículo 75, inciso 7, necesitamos una ley.
Por eso es que realmente me extraña. Era un aspecto crítico que queríamos reseñar: desde algunos bloques se habla de colaboración y de apoyo político, pero bien gracias; dejan que la responsabilidad sea de otro. ¿Por qué? Para después quedarse en la vereda de enfrente y acusar gritando "mala praxis". Pero realmente hay que gobernar e involucrarse, ya que cuando la Constitución ordena que sea el Congreso, este no puede mirar para otro lado. Gracias, señor presidente. (Aplausos.).
La verdad es que me extraña. El Congreso de la Nación tiene una responsabilidad absoluta en la materia. El artículo 75, inciso 7, le manda a arreglar el pago de la deuda interior y exterior. Nosotros somos los responsables, este Congreso.
Y además nos extraña que en una situación crítica e importante, donde el ministro -y nadie lo refutó- explicó las dificultades que ha generado al país el fallo de Griesa -al que no voy a calificar de ilegal, porque dentro del sistema americano puede que sea legal-, que es arbitrario e írrito. Es tan arbitrario que motiva que las Naciones Unidas y todos los foros internacionales repudien esta actitud. Y ante este fallo arbitrario, basado prácticamente en la voluntad de este juez senil y que parece más un empleado de los buitres que un hombre que imparte justicia, hoy algunos sectores del Congreso quieren lavarse las manos. Nosotros tenemos que involucrarnos, nos lo manda la Constitución y la responsabilidad del Estado.
Hoy este bloque con mucha alegría comparte la necesidad de dictar una ley. No puede ser que vivamos quejándonos permanentemente de que el Poder Ejecutivo actúa por delegación, de que en alguna circunstancia dicta decretos de necesidad y urgencia, de que en otras circunstancias interpreta sus potestades supuestamente en detrimento del Congreso y que cuando el Congreso debe actuar por imperativo constitucional, miremos para el costado y hablemos de proyectos de resolución o de declaración y de apoyos políticos. No necesitamos apoyos políticos. Necesitamos leyes que faculten e invistan a los funcionarios para actuar en el marco de una delicadísima situación.
El ministro ha dicho inclusive que estamos deslizándonos en un desfiladero. En este marco, las mayores potestades y facultades sobre las que el Congreso pueda legislar son lo mínimo que puede hacer la Cámara de Diputados.
Por otra parte, entendemos -y en esto difiero- que este proyecto tiene aspectos esenciales que necesitan indubitadamente una ley: el reemplazo del agente fiduciario, la apertura de cuentas del Banco Central para depositar pagos que entraron en canje y que no pudieron cobrar por decisión de Griesa y que además nosotros necesitamos incluso ofrecer elementos que no figuran en los prospectos con los acreedores; necesita un marco legal y no la voluntad del Poder Ejecutivo. Este marco legal lo vamos a dar nosotros. Pero no va a ser imperativamente. Va a ser una posibilidad que se le va a brindar a los acreedores para facilitarles el pago.
La Argentina quiere pagar y aun contra viento y marea y contra los jueces como Griesa, el Congreso le está dando las potestades al Poder Ejecutivo y al Estado, y a los acreedores para que puedan cobrar. Nosotros les estamos dando los instrumentos.
Por otro lado, hasta para hacer una comisión bicameral de seguimiento de la gestión, una bicameral permanente, no sólo para seguir la deuda antigua, sino para seguir permanentemente la gestión que nos permita actuar en el marco del artículo 75, inciso 7, necesitamos una ley.
Por eso es que realmente me extraña. Era un aspecto crítico que queríamos reseñar: desde algunos bloques se habla de colaboración y de apoyo político, pero bien gracias; dejan que la responsabilidad sea de otro. ¿Por qué? Para después quedarse en la vereda de enfrente y acusar gritando "mala praxis". Pero realmente hay que gobernar e involucrarse, ya que cuando la Constitución ordena que sea el Congreso, este no puede mirar para otro lado. Gracias, señor presidente. (Aplausos.).
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor diputado Calcagno.
SR. CALCAGNO Señor presidente: primero, quiero agradecerles al señor ministro de Economía y Finanzas Públicas, al secretario de Legal y Técnica y a la doctora Abbona, que son compañeros que están desarrollando funciones en el Estado. Nos llena de legítimo orgullo el trabajo militante que despliegan en la resolución de los problemas, de nuestro proyecto y de nuestras ideas políticas.
Seré breve puesto que si el cierre es breve, dos veces cierre.
Pido permiso para leer lo siguiente: "La deuda externa, un proyecto político. El endeudamiento argentino tiene una larga historia y una lógica interna funcional a un proyecto de profunda transformación económica del país, que conduce 'naturalmente' al achicamiento del Estado, desregulación, caída del salario, desnacionalización -privatizaciones mediante- y fuga de capitales..." Esto lo escribí en junio de 2000.
Después, cuando se terminó ese sistema Ponzi erigido en modo de funcionamiento de la economía ya con las crisis del 2001, vi cómo Néstor Kirchner encaró esa reestructuración de la deuda cuyo objetivo político era recuperar soberanía y la capacidad para establecer nuestras propias políticas y nuestro presupuesto.
Nuestro presupuesto, que será presentado sin dudas la semana que viene, no se definirá en otro lugar que no sea la capital de la República ni será tratado por otras personas que no sean representantes del pueblo. Esto parecería una cuestión baladí si pensamos en el funcionamiento normal de las instituciones, pero recordemos que antes el presupuesto era definido en otras capitales, en otros lugares y con otras personas que nosotros no habíamos votado.
¿Dónde está esa cuestión clásica en el pensamiento liberal? ¿Dónde reside la soberanía? ¿Reside esencialmente en el pueblo o en el sector financiero? ¿O reside en lo peor del sector financiero, que es esta colusión de los fondos buitres con lo peor de los Estados desarrollados?
Me parece que la defensa de la reestructuración es un tema que nosotros vamos a encarar de modo militante tanto dentro como fuera del recinto, mostrando muy bien qué es lo que está en discusión. Si nosotros perdemos la reestructuración, son los mil quinientos para los buitres que algunos quieren pagar en el despacho de Griesa, luego quince mil más, luego mínimo doscientos mil más. Es decir, si cae la reestructuración, volvemos al statu quo y a las relaciones sociales, políticas y económicas anteriores al 25 de mayo de 2003. Esto es algo que no vamos a consentir.
Por lo tanto, también celebro que el ministro de Economía haya mencionado que en Naciones Unidas se aprobó la propuesta de la Argentina. En este momento nos juntamos con otros argentinos de hace muchísimo tiempo y quizás de unas ideas más conservadoras sin duda, pero ¿por qué no recordar la doctrina Drago?
En este momento le estamos dando al mundo una nueva doctrina porque esta pelea que lleva adelante la Argentina no es una cuestión restringida a los estrechos límites del juzgado de Griesa ni de nuestras fronteras. Los valores que hoy nosotros defendemos son valores universales como en los grandes momentos de la historia de nuestra patria. Y nosotros vamos a demostrar -como decía Néstor Kirchner- que estamos a la altura de las circunstancias.
Para ir cerrando, quiero decir que efectivamente comparto la opinión del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lamento que no estén todos los integrantes de la oposición presentes pero ¿qué podemos hacer? Quien quiera oír, que oiga. Por lo tanto, nos vemos en el recinto mañana. Muchas gracias. (Aplausos.)
Seré breve puesto que si el cierre es breve, dos veces cierre.
Pido permiso para leer lo siguiente: "La deuda externa, un proyecto político. El endeudamiento argentino tiene una larga historia y una lógica interna funcional a un proyecto de profunda transformación económica del país, que conduce 'naturalmente' al achicamiento del Estado, desregulación, caída del salario, desnacionalización -privatizaciones mediante- y fuga de capitales..." Esto lo escribí en junio de 2000.
Después, cuando se terminó ese sistema Ponzi erigido en modo de funcionamiento de la economía ya con las crisis del 2001, vi cómo Néstor Kirchner encaró esa reestructuración de la deuda cuyo objetivo político era recuperar soberanía y la capacidad para establecer nuestras propias políticas y nuestro presupuesto.
Nuestro presupuesto, que será presentado sin dudas la semana que viene, no se definirá en otro lugar que no sea la capital de la República ni será tratado por otras personas que no sean representantes del pueblo. Esto parecería una cuestión baladí si pensamos en el funcionamiento normal de las instituciones, pero recordemos que antes el presupuesto era definido en otras capitales, en otros lugares y con otras personas que nosotros no habíamos votado.
¿Dónde está esa cuestión clásica en el pensamiento liberal? ¿Dónde reside la soberanía? ¿Reside esencialmente en el pueblo o en el sector financiero? ¿O reside en lo peor del sector financiero, que es esta colusión de los fondos buitres con lo peor de los Estados desarrollados?
Me parece que la defensa de la reestructuración es un tema que nosotros vamos a encarar de modo militante tanto dentro como fuera del recinto, mostrando muy bien qué es lo que está en discusión. Si nosotros perdemos la reestructuración, son los mil quinientos para los buitres que algunos quieren pagar en el despacho de Griesa, luego quince mil más, luego mínimo doscientos mil más. Es decir, si cae la reestructuración, volvemos al statu quo y a las relaciones sociales, políticas y económicas anteriores al 25 de mayo de 2003. Esto es algo que no vamos a consentir.
Por lo tanto, también celebro que el ministro de Economía haya mencionado que en Naciones Unidas se aprobó la propuesta de la Argentina. En este momento nos juntamos con otros argentinos de hace muchísimo tiempo y quizás de unas ideas más conservadoras sin duda, pero ¿por qué no recordar la doctrina Drago?
En este momento le estamos dando al mundo una nueva doctrina porque esta pelea que lleva adelante la Argentina no es una cuestión restringida a los estrechos límites del juzgado de Griesa ni de nuestras fronteras. Los valores que hoy nosotros defendemos son valores universales como en los grandes momentos de la historia de nuestra patria. Y nosotros vamos a demostrar -como decía Néstor Kirchner- que estamos a la altura de las circunstancias.
Para ir cerrando, quiero decir que efectivamente comparto la opinión del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lamento que no estén todos los integrantes de la oposición presentes pero ¿qué podemos hacer? Quien quiera oír, que oiga. Por lo tanto, nos vemos en el recinto mañana. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELETTI Agradecemos la presencia de los funcionarios.
El lunes 15 viene el ministro con su equipo a presentar inicialmente el proyecto del presupuesto. Quedan todos avisados.
Se levanta la reunión.
El lunes 15 viene el ministro con su equipo a presentar inicialmente el proyecto del presupuesto. Quedan todos avisados.
Se levanta la reunión.
Es la hora 17 y 3.