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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 07/07/2015
- ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH)
INVITADOS
- licenciado Axel Kicillof Ministro
- En Buenos Aires, a los siete días del mes de julio de 2015, a la hora 17 y 35:
SR. PRESIDENTE FELETTI Habiendo quórum vamos a dar comienzo a la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de ley que viene en revisión del Senado, sobre movilidad de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, conforme a la ley 26.417, contenido en el expediente
0052-s-2015 (CD 71/15).
Antes de dar la palabra a los distintos oradores quiero hacer una breve reseña.
Esta ley viene a institucionalizar el proceso de ampliación de derechos consagrados a lo largo de todos estos años, permitiendo la movilidad de las distintas asignaciones familiares.
Es bueno recordar que Argentina, entre 1994 y 2006, se desenvolvió con dos dígitos de desempleo en un promedio del 14 o 15 por ciento y que desde el 2006 a la fecha -es decir a lo largo de nueve años- tenemos un desempleo de un dígito que fluctúa en torno al 7 por ciento.
Esa caída del porcentaje del desempleo, posterior a un ciclo muy prolongado de desempleo -que ni siquiera estuvo presente en la década del 30-, permitió una reconstitución fuerte del mercado de trabajo y de la capacidad de acceso a derechos sociales que están ligados a la situación de empleo de vastos sectores de la Argentina.
Pero también -y así fue entendido por el gobierno nacional- era necesario reparar esos doce años de destrozo de la situación laboral de vastos sectores del pueblo argentino.
Por eso la moratoria previsional y la inclusión al beneficio previsional de aquellos que no habían podido realizar los aportes que les permitieran acceder a un beneficio -producto de la situación del mercado laboral-, fue consagrado en dos moratorias y una ley de movilidad previsional que permitió, por primera vez a alguien, que pueda acceder a un beneficio previsional más allá de su condición laboral.
Eso inaugura una etapa nueva en derechos para la Argentina. Ahora se extiende este beneficio de movilidad en la retribución al otro punto de la pirámide etaria, al otro punto de los sectores vulnerables, que es la niñez y la adolescencia, permitiendo también que los chicos puedan acceder a un ingreso más allá de la condición laboral de quien los tiene a su cargo.
Estas dos condiciones que -insisto- apuntan a reparar un largo ciclo de desempleo de la historia argentina en los dos extremos de la pirámide de edad, que son los adultos mayores y los niños y adolescentes, consagra una nueva concepción de la protección social en la Argentina.
La protección social en la Argentina, en el primer peronismo, efectivamente estaba ligada a la condición de empleo formal, tanto en la seguridad previsional como en la seguridad social.
En la actualidad, tanto la asignación por hijo, que completa el salario familiar, como la moratoria previsional, que incluye el haber previsional, permiten ingresos más allá de la condición de formalidad que alcance el trabajador, ya sea por los hijos que tiene a su cargo o por el acceso posterior al beneficio previsional.
Esto quiere decir que esta iniciativa complementa la ley de movilidad previsional institucionalizando derechos y un nuevo sistema de protección social en la Argentina.
Si me permiten, quisiera referirme a algunas cuestiones. El artículo 6° de la ley 24.714 -que está alcanzado por este beneficio de movilidad de las asignaciones familiares y actualización de rangos de ingreso del grupo familiar- alcanza la asignación por hijo, la asignación por hijo con discapacidad, la asignación prenatal y la asignación por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal. Se excluye la asignación por maternidad, pero se incluye la asignación por nacimiento, la asignación por adopción, la asignación por matrimonio, la asignación universal por hijo para la protección social y la asignación por embarazo para la protección social. Este es el esquema.
Solo me voy a permitir referir dos cuestiones. La asignación universal por hijo se instrumenta en noviembre de 2009, época en la que me tocó ocupar el cargo de viceministro de Economía, y realizamos una serie de cálculos -una proyección- del impacto económico que tenía la asignación universal para el año 2010. En ese momento, la inversión social -siempre hablando del año 2010- representaba en la asignación universal por hijo medio punto del producto bruto. O sea, medio punto de todo lo que la Argentina producía en un año estaba volcado a la asignación universal por hijo. Esto tenía un multiplicador, porque casi la totalidad de esa asignación iba al consumo, es decir que por cada peso que se gastaba el impacto sobre el nivel de actividad económica representaba un multiplicador de 2,54 pesos. Esto significa que la inversión social de medio punto del PBI aplicado en 2010 facilitaba un crecimiento del nivel de actividad de 1,27.
Este es el impacto absolutamente benéfico que supuso esta decisión sobre el nivel de actividad, y hoy, junto con otras, queremos venir a institucionalizar su movilidad.
Asimismo, en ese momento medimos cuál era la incidencia social directa. El 69 por ciento de la asignación se volcaba en el 20 por ciento de los hogares más pobres de la Argentina. O sea que el impacto era reparador directo. Por último, también comparamos la incidencia regional, sobre todo en los municipios más pobres del Gran Buenos Aires. En algunos casos, el incremento de inversión pública, de gasto público, en esos municipios llegaba al 50 por ciento de su presupuesto; se volcaba un 50 por ciento más de inversión pública en determinados lugares.
Finalmente, hacia mediados del año 2010 hicimos un trabajo de campo en los municipios del Gran Buenos Aires más beneficiados por el impacto de la asignación universal por hijo -en dos de ellos- y sobre una canasta de productos revisamos cuáles eran los más vendidos. Y los productos más vendidos eran las galletitas, la mermelada y el dulce de leche. Con esto también desmentimos que la asignación por hijo fue a parar al juego, al paco y demás, como se supo decir.
Si realmente tenemos éxito y esta ley, junto con la de movilidad previsional, garantiza este ingreso para los dos extremos de la pirámide etaria más vulnerables, habremos consagrado un nuevo modelo de protección social en la Argentina que tiende a ser superador del que se instaló en la inmediata posguerra.
Hecha esta exposición, abrimos la lista de oradores por bloques. Están anotados los señores diputados Buryaile, Sturzenegger, Santín y Lozano. También está anotado el señor diputado Giubergia.
Tiene la palabra el señor diputado Buryaile.
Antes de dar la palabra a los distintos oradores quiero hacer una breve reseña.
Esta ley viene a institucionalizar el proceso de ampliación de derechos consagrados a lo largo de todos estos años, permitiendo la movilidad de las distintas asignaciones familiares.
Es bueno recordar que Argentina, entre 1994 y 2006, se desenvolvió con dos dígitos de desempleo en un promedio del 14 o 15 por ciento y que desde el 2006 a la fecha -es decir a lo largo de nueve años- tenemos un desempleo de un dígito que fluctúa en torno al 7 por ciento.
Esa caída del porcentaje del desempleo, posterior a un ciclo muy prolongado de desempleo -que ni siquiera estuvo presente en la década del 30-, permitió una reconstitución fuerte del mercado de trabajo y de la capacidad de acceso a derechos sociales que están ligados a la situación de empleo de vastos sectores de la Argentina.
Pero también -y así fue entendido por el gobierno nacional- era necesario reparar esos doce años de destrozo de la situación laboral de vastos sectores del pueblo argentino.
Por eso la moratoria previsional y la inclusión al beneficio previsional de aquellos que no habían podido realizar los aportes que les permitieran acceder a un beneficio -producto de la situación del mercado laboral-, fue consagrado en dos moratorias y una ley de movilidad previsional que permitió, por primera vez a alguien, que pueda acceder a un beneficio previsional más allá de su condición laboral.
Eso inaugura una etapa nueva en derechos para la Argentina. Ahora se extiende este beneficio de movilidad en la retribución al otro punto de la pirámide etaria, al otro punto de los sectores vulnerables, que es la niñez y la adolescencia, permitiendo también que los chicos puedan acceder a un ingreso más allá de la condición laboral de quien los tiene a su cargo.
Estas dos condiciones que -insisto- apuntan a reparar un largo ciclo de desempleo de la historia argentina en los dos extremos de la pirámide de edad, que son los adultos mayores y los niños y adolescentes, consagra una nueva concepción de la protección social en la Argentina.
La protección social en la Argentina, en el primer peronismo, efectivamente estaba ligada a la condición de empleo formal, tanto en la seguridad previsional como en la seguridad social.
En la actualidad, tanto la asignación por hijo, que completa el salario familiar, como la moratoria previsional, que incluye el haber previsional, permiten ingresos más allá de la condición de formalidad que alcance el trabajador, ya sea por los hijos que tiene a su cargo o por el acceso posterior al beneficio previsional.
Esto quiere decir que esta iniciativa complementa la ley de movilidad previsional institucionalizando derechos y un nuevo sistema de protección social en la Argentina.
Si me permiten, quisiera referirme a algunas cuestiones. El artículo 6° de la ley 24.714 -que está alcanzado por este beneficio de movilidad de las asignaciones familiares y actualización de rangos de ingreso del grupo familiar- alcanza la asignación por hijo, la asignación por hijo con discapacidad, la asignación prenatal y la asignación por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal. Se excluye la asignación por maternidad, pero se incluye la asignación por nacimiento, la asignación por adopción, la asignación por matrimonio, la asignación universal por hijo para la protección social y la asignación por embarazo para la protección social. Este es el esquema.
Solo me voy a permitir referir dos cuestiones. La asignación universal por hijo se instrumenta en noviembre de 2009, época en la que me tocó ocupar el cargo de viceministro de Economía, y realizamos una serie de cálculos -una proyección- del impacto económico que tenía la asignación universal para el año 2010. En ese momento, la inversión social -siempre hablando del año 2010- representaba en la asignación universal por hijo medio punto del producto bruto. O sea, medio punto de todo lo que la Argentina producía en un año estaba volcado a la asignación universal por hijo. Esto tenía un multiplicador, porque casi la totalidad de esa asignación iba al consumo, es decir que por cada peso que se gastaba el impacto sobre el nivel de actividad económica representaba un multiplicador de 2,54 pesos. Esto significa que la inversión social de medio punto del PBI aplicado en 2010 facilitaba un crecimiento del nivel de actividad de 1,27.
Este es el impacto absolutamente benéfico que supuso esta decisión sobre el nivel de actividad, y hoy, junto con otras, queremos venir a institucionalizar su movilidad.
Asimismo, en ese momento medimos cuál era la incidencia social directa. El 69 por ciento de la asignación se volcaba en el 20 por ciento de los hogares más pobres de la Argentina. O sea que el impacto era reparador directo. Por último, también comparamos la incidencia regional, sobre todo en los municipios más pobres del Gran Buenos Aires. En algunos casos, el incremento de inversión pública, de gasto público, en esos municipios llegaba al 50 por ciento de su presupuesto; se volcaba un 50 por ciento más de inversión pública en determinados lugares.
Finalmente, hacia mediados del año 2010 hicimos un trabajo de campo en los municipios del Gran Buenos Aires más beneficiados por el impacto de la asignación universal por hijo -en dos de ellos- y sobre una canasta de productos revisamos cuáles eran los más vendidos. Y los productos más vendidos eran las galletitas, la mermelada y el dulce de leche. Con esto también desmentimos que la asignación por hijo fue a parar al juego, al paco y demás, como se supo decir.
Si realmente tenemos éxito y esta ley, junto con la de movilidad previsional, garantiza este ingreso para los dos extremos de la pirámide etaria más vulnerables, habremos consagrado un nuevo modelo de protección social en la Argentina que tiende a ser superador del que se instaló en la inmediata posguerra.
Hecha esta exposición, abrimos la lista de oradores por bloques. Están anotados los señores diputados Buryaile, Sturzenegger, Santín y Lozano. También está anotado el señor diputado Giubergia.
Tiene la palabra el señor diputado Buryaile.
SR. BURYAILE Señor presidente: adherimos a muchos conceptos vertidos por la Presidencia de la comisión.
Venimos con el ánimo de aportar a un proyecto que nos parece bueno, que institucionaliza la protección social y que ha tenido un alto impacto en la sociedad argentina.
Creo que la asignación universal junto con la moratoria previsional a la que la Presidencia hacía alusión tuvo una incidencia muy importante en la sociedad aunque con distinto impacto económico.
Queremos hacer algunos aportes que entendemos falta considerar en el proyecto. Por ejemplo, en la asignación universal no se termina de incluir a ciertos sectores que deberían estar beneficiados con medidas de este tipo.
Cuando uno analiza los tratados internacionales se fija en la protección a la niñez. Hay muchos chicos que deberían estar incluidos en la redacción original del texto venido en revisión del Senado de la Nación; sin embargo hoy están excluidos.
Nos permitimos hacer alguna sugerencia teniendo en cuenta que tenemos tiempo parlamentario más allá de los tiempos políticos que cada uno quiera asignar. Digo esto porque el primer ajuste de la asignación será en marzo de 2016.
Nos parece que el Plan Progresar está excluido de la asignación universal. El señor presidente hablaba de los niños y adolescentes y este plan está dirigido a las becas de estudio de los jóvenes. Por tal motivo, tenemos pensado redactar un dictamen de minoría para que en el artículo 1°, además de las asignaciones familiares previstas en la ley 24.714, se incluya el Plan Progresar. La idea es que esos jóvenes se beneficien con el mismo ajuste previsto en la ley.
Acerca del artículo 2°, no terminamos de entender ni compartimos el criterio de excluir a las regiones con pobreza estructural. Vengo de Formosa, provincia integrante del NEA, donde seguramente los índices de pobreza triplican o cuadruplican a muchos de la Patagonia.
Además de acuerdo con este proyecto, las provincias del NOA como Jujuy, Tucumán y otras regiones del país, recibirán el mismo monto que las provincias de la Pampa Húmeda.
Vemos con buen tino que provincias como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego tengan un incremento del 30 por ciento en la percepción de la asignación universal. Sin embargo, consideramos indispensable que el aumento no solamente se destine a esas regiones del país sino que se extienda al NEA y al NOA. Si el presidente de la comisión mira las falencias estructurales y las necesidades básicas insatisfechas de esas provincias, podrá concluir que no pueden ni deben estar excluidas del presente proyecto de ley.
Conociendo la estructura de muchas de estas provincias, consideramos que las prestaciones no contributivas provinciales, municipales y nacionales son compatibles con la asignación universal por hijo. Por lo tanto, no creemos que deban ser excluidos quienes perciben algunas de estas prestaciones. Repito que se trata de una asignación universal y creemos que estamos excluyendo a quienes tienen derecho a ser incluidos. Consecuentemente solicitamos que en un dictamen conjunto sean tomados algunos conceptos a los que estamos haciendo referencia.
Por otra parte, en el proyecto en discusión el sexto hijo está excluido porque se sigue sosteniendo el límite de cinco hijos.
En mi provincia, por ejemplo, hay 10.000 pensiones a madres de siete hijos, mientras que la asignación universal impone un límite de cinco. La gran pregunta es si el sexto hijo no come. El sexto hijo debe incluirse porque superado el límite de los seis hijos, tenemos a las madres de siete hijos. Por eso entendemos que debe incorporarse esta modificación.
Otro asunto que tampoco tiene mucho sustento es la obligatoriedad de concurrir a colegios públicos. En este punto quiero hacer algunas salvedades. Todos sabemos que hay muchos colegios privados con subvención estatal. Mis hijas fueron a un colegio privado con subvención estatal donde pagaba una cuota de 350 pesos. No estamos hablando de escuelas donde se pagan 3.000, 4.000 o 5.000 pesos. Ocurre que distintos sectores de la sociedad mandan a sus hijos a colegios privados y muchos, fundamentalmente los religiosos, becan a los chicos en situación de riesgo.
Me pregunto: cuando esos chicos en situación de riesgo presenten el certificado de estudios, ¿serán excluidos de la asignación universal por asistir a un colegio privado? Nos parece que eso no debería ocurrir. Es más, debería ser reparado porque para otorgar la asignación universal estamos teniendo en cuenta el nivel de ingreso de la familia. Es decir que el niño puede ir a un colegio privado, pero si los progenitores o los tutores tienen un nivel de ingreso superior, no serán beneficiarios de la asignación universal. Por ello entendemos que la asignación tiene un carácter exclusivo hacia sectores de la sociedad, el cual tendría que ser removido.
Acerca de los monotributistas, quiero señalar que el monotributo vino a solucionar muchos problemas que tenían algunos sectores de la sociedad a los que les costaba incluirse impositiva y previsionalmente. De todos modos, el monotributo fue derivando en contratos de servicios que terminaron siendo perjudiciales y asimilables a los contratos basura.
Muchas personas dedicadas a la locación de servicios tienen que pagar para trabajar. Ellas pagan a la AFIP, a Rentas, no perciben aguinaldo, no tienen ART, no cuentan con seguro de vida ni perciben asignación universal por hijo.
Mirando las categorías del monotributo, noto que en la B están incluidos quienes perciben hasta 48.000 pesos anuales; es decir 4.000 pesos mensuales, sin aguinaldo. Y analizando quiénes están comprendidos, allí figuran las trabajadoras de casas particulares cuyo haber mínimo debiera ser de 4.700 pesos. Por lo tanto, el monotributista está en una situación de indefensión y de discriminación respecto a la ley.
Creemos que la categoría B, que comprende ingresos mensuales de hasta 4.000 pesos y la categoría C, que concentra hasta 6.000 pesos mensuales, siguen sin afectar el techo al que hace referencia la ley. Además entiendo que los hijos de los contribuyentes monotributistas de las categorías D y E deben ser incluidos.
Seguramente podrán hacerse más observaciones con el fin de contar con una ley que otorgue la mayor universalización a la protección social. Por ello esperamos poder hacer algunas modificaciones, y si así no fuera, emitiremos un dictamen de minoría y en el recinto pediremos la revisión de estos puntos.
De todos modos, vamos a acompañar la iniciativa. Pedimos que esto sea tomado como un aporte hacia una mejor ley que hace mucho tiempo debió haber llegado al Congreso.
Venimos con el ánimo de aportar a un proyecto que nos parece bueno, que institucionaliza la protección social y que ha tenido un alto impacto en la sociedad argentina.
Creo que la asignación universal junto con la moratoria previsional a la que la Presidencia hacía alusión tuvo una incidencia muy importante en la sociedad aunque con distinto impacto económico.
Queremos hacer algunos aportes que entendemos falta considerar en el proyecto. Por ejemplo, en la asignación universal no se termina de incluir a ciertos sectores que deberían estar beneficiados con medidas de este tipo.
Cuando uno analiza los tratados internacionales se fija en la protección a la niñez. Hay muchos chicos que deberían estar incluidos en la redacción original del texto venido en revisión del Senado de la Nación; sin embargo hoy están excluidos.
Nos permitimos hacer alguna sugerencia teniendo en cuenta que tenemos tiempo parlamentario más allá de los tiempos políticos que cada uno quiera asignar. Digo esto porque el primer ajuste de la asignación será en marzo de 2016.
Nos parece que el Plan Progresar está excluido de la asignación universal. El señor presidente hablaba de los niños y adolescentes y este plan está dirigido a las becas de estudio de los jóvenes. Por tal motivo, tenemos pensado redactar un dictamen de minoría para que en el artículo 1°, además de las asignaciones familiares previstas en la ley 24.714, se incluya el Plan Progresar. La idea es que esos jóvenes se beneficien con el mismo ajuste previsto en la ley.
Acerca del artículo 2°, no terminamos de entender ni compartimos el criterio de excluir a las regiones con pobreza estructural. Vengo de Formosa, provincia integrante del NEA, donde seguramente los índices de pobreza triplican o cuadruplican a muchos de la Patagonia.
Además de acuerdo con este proyecto, las provincias del NOA como Jujuy, Tucumán y otras regiones del país, recibirán el mismo monto que las provincias de la Pampa Húmeda.
Vemos con buen tino que provincias como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego tengan un incremento del 30 por ciento en la percepción de la asignación universal. Sin embargo, consideramos indispensable que el aumento no solamente se destine a esas regiones del país sino que se extienda al NEA y al NOA. Si el presidente de la comisión mira las falencias estructurales y las necesidades básicas insatisfechas de esas provincias, podrá concluir que no pueden ni deben estar excluidas del presente proyecto de ley.
Conociendo la estructura de muchas de estas provincias, consideramos que las prestaciones no contributivas provinciales, municipales y nacionales son compatibles con la asignación universal por hijo. Por lo tanto, no creemos que deban ser excluidos quienes perciben algunas de estas prestaciones. Repito que se trata de una asignación universal y creemos que estamos excluyendo a quienes tienen derecho a ser incluidos. Consecuentemente solicitamos que en un dictamen conjunto sean tomados algunos conceptos a los que estamos haciendo referencia.
Por otra parte, en el proyecto en discusión el sexto hijo está excluido porque se sigue sosteniendo el límite de cinco hijos.
En mi provincia, por ejemplo, hay 10.000 pensiones a madres de siete hijos, mientras que la asignación universal impone un límite de cinco. La gran pregunta es si el sexto hijo no come. El sexto hijo debe incluirse porque superado el límite de los seis hijos, tenemos a las madres de siete hijos. Por eso entendemos que debe incorporarse esta modificación.
Otro asunto que tampoco tiene mucho sustento es la obligatoriedad de concurrir a colegios públicos. En este punto quiero hacer algunas salvedades. Todos sabemos que hay muchos colegios privados con subvención estatal. Mis hijas fueron a un colegio privado con subvención estatal donde pagaba una cuota de 350 pesos. No estamos hablando de escuelas donde se pagan 3.000, 4.000 o 5.000 pesos. Ocurre que distintos sectores de la sociedad mandan a sus hijos a colegios privados y muchos, fundamentalmente los religiosos, becan a los chicos en situación de riesgo.
Me pregunto: cuando esos chicos en situación de riesgo presenten el certificado de estudios, ¿serán excluidos de la asignación universal por asistir a un colegio privado? Nos parece que eso no debería ocurrir. Es más, debería ser reparado porque para otorgar la asignación universal estamos teniendo en cuenta el nivel de ingreso de la familia. Es decir que el niño puede ir a un colegio privado, pero si los progenitores o los tutores tienen un nivel de ingreso superior, no serán beneficiarios de la asignación universal. Por ello entendemos que la asignación tiene un carácter exclusivo hacia sectores de la sociedad, el cual tendría que ser removido.
Acerca de los monotributistas, quiero señalar que el monotributo vino a solucionar muchos problemas que tenían algunos sectores de la sociedad a los que les costaba incluirse impositiva y previsionalmente. De todos modos, el monotributo fue derivando en contratos de servicios que terminaron siendo perjudiciales y asimilables a los contratos basura.
Muchas personas dedicadas a la locación de servicios tienen que pagar para trabajar. Ellas pagan a la AFIP, a Rentas, no perciben aguinaldo, no tienen ART, no cuentan con seguro de vida ni perciben asignación universal por hijo.
Mirando las categorías del monotributo, noto que en la B están incluidos quienes perciben hasta 48.000 pesos anuales; es decir 4.000 pesos mensuales, sin aguinaldo. Y analizando quiénes están comprendidos, allí figuran las trabajadoras de casas particulares cuyo haber mínimo debiera ser de 4.700 pesos. Por lo tanto, el monotributista está en una situación de indefensión y de discriminación respecto a la ley.
Creemos que la categoría B, que comprende ingresos mensuales de hasta 4.000 pesos y la categoría C, que concentra hasta 6.000 pesos mensuales, siguen sin afectar el techo al que hace referencia la ley. Además entiendo que los hijos de los contribuyentes monotributistas de las categorías D y E deben ser incluidos.
Seguramente podrán hacerse más observaciones con el fin de contar con una ley que otorgue la mayor universalización a la protección social. Por ello esperamos poder hacer algunas modificaciones, y si así no fuera, emitiremos un dictamen de minoría y en el recinto pediremos la revisión de estos puntos.
De todos modos, vamos a acompañar la iniciativa. Pedimos que esto sea tomado como un aporte hacia una mejor ley que hace mucho tiempo debió haber llegado al Congreso.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor diputado Sturzenegger.
Sr. Sturzenegger.- Señor presidente: celebramos la iniciativa, mi bancada va a acompañar este dictamen y de hecho yo ya lo firmé.
Quiero hacer una pequeña observación. El tema de la maternidad no se actualiza porque ya está actualizado por la manera en que se liquida. Es importante que lo clarifiquemos para que algún distraído no piense que quedó fuera del radar.
Por otro lado quiero hacer un par de comentarios y algunas sugerencias puntuales y específicas para el proyecto que está redactado.
Los resultados de la Asignación Universal por Hijo -complementando lo dicho por el diputado Feletti- demuestran que hoy llega al 30 por ciento de los niños argentinos y al 90 por ciento de los niños de los primeros tres deciles de la distribución del ingreso.
Si uno mira trabajos de gente que no tiene nada que ver con el gobierno sino que vienen de universidades independientes, se puede observar que ha habido un impacto de reducción del 30 por ciento de la pobreza y del 13 por ciento de la desigualdad, si se mira el ingreso del primer decil contra el décimo decil. Estos son datos de trabajos de la gente del CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata.
Por otro lado, no hay efectos sobre participación laboral, algo que a veces se ha comentado en el sentido de que la gente que tiene la asignación universal no trabaja. Según el mismo grupo de investigadores, no hay absolutamente ninguna evidencia respecto de eso.
Sí hay algún efecto en la formalización, pero no porque haya gente que se desformalice sino que la gente tarda más en formalizarse y es un tema que me parece que hay que trabajar. En alguna ocasión comenté que tengo un proyecto para invertir un poco más de recursos para incentivar la formalización, pero sería un tema para tratara después.
También cuando se miran los trabajos de Salvia y Tuñón, que son de la UCA y que generalmente no se la ve como institución totalmente afín al gobierno, la conclusión de ellos es que en términos de exclusión de escolaridad, la reducción ha sido del 64 por ciento en los grupos correspondientes a la asignación universal y que ha habido una reducción muy significativa en lo que hace al trabajo infantil.
Por donde uno lo mire, esto es algo que hay que apoyar y acompañar. Hoy lo que tratamos es la actualización, y es muy interesante porque tiene toda una historia en este Congreso.
Me tomé el trabajo de buscar los proyectos que se habían presentado en el seno de esta Cámara y en la del Senado sobre actualización. Encontré el proyecto original de Elisa Carrió del año 1997, que ya venía con la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, pero también hay proyectos del año 2010 de Gerardo Milman, de Silvana Giudici y de Juan Mario Pais, que en agosto de 2010 presentó un proyecto que es prácticamente idéntico a este -corregime Juan Mario- y que incluso tiene la misma forma de actualización.
También hay proyectos de la senadora Elena Corregido, de Federico Pinedo -del año 2011-, de Héctor Piemonte, de Fernando Sacca, de Alberto Pérez, de Facundo Moyano, de Víctor Maldonado, Miguel Del Sel, Sergio Massa, Julio César Martínez, Mario Negri, Patricia Bullrich y Julio Cobos. Todos estos legisladores presentaron proyectos de actualización y algunos son muy parecidos al proyecto oficial que estamos tratando.
La reflexión que hago es que si somos 257 diputados y todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo con la actualización desde hace muchos años ¿por qué esperamos hasta ahora?
Comento esto por dos cuestiones. Una es que debiéramos citar en este proyecto los antecedentes de los proyectos presentados por todos estos legisladores que ya habían apuntando en este sentido.
La otra cuestión es que también hay mucho consenso en cuando a la universalización.
Cuando uno mira los proyectos presentaos sobre universalización, que incluyen a los monotributistas -hoy son dos millones los monotributistas cuyos hijos no cobran la asignación universal y que están excluidos en este momento del sistema-, se encuentra con proyectos de Elisa Carrió o el de Silvia Augsburger -diputada del Partido Socialista-, presentado en el año 2009. También hay proyectos de Claudio Lozano, de Felipe Solá, de Irma García, de Martín Sabbatella, de Silvia Giudici, de Forconi, de Pansa, de Pastoriza, de la senadora Elena Corregido, del ex senador José Martínez, de Ricardo Alfonsín, de Julio César Martínez y de Patricia Bullrich.
Todos estos proyectos incluyen distintas formas de universalización, donde básicamente el núcleo grande son los monotributistas, pero también algunos plantean lo que dijo el diputado Buryaile de incluir a los colegios confesionales públicos con alícuotas en general reducida. Todos los que hemos hecho campaña electoral hemos conocido gente de ingresos menores, que mandan a sus hijos a ese tipo de instituciones y que no están cubiertos por la asignación universal.
Planteo esto no para discutirlo hoy acá sino que estaría bueno que nos pusiéramos de acuerdo en un proyecto, porque lo cierto es que hay consenso de todos los bloques en avanzar en la universalización de la asignación universal. Lo dejo como una tarea para que trabajemos todos juntos.
Una de las maneras para pensar esto es que hay que cambiar el foco y pasar de mirar al padre a mirar al niño. Por ejemplo, un niño cuyo padre tiene un ingreso de entre 7.500 y 9.800 pesos y trabaja en relación de dependencia, cobra una asignación familiar de 572 pesos, pero si su padre es monotributista, no. ¿Ese niño en qué sentido es diferente del otro? La familia tiene los mismos niveles de ingreso, pero el padre está en relación de dependencia, cobra su sueldo y la asignación. ¿Y si es monotributista?
Cuando ponemos el foco en el niño cambia la perspectiva. Por ejemplo, nosotros pedimos certificado de educación y de salud a quienes reciben la asignación, pero no se lo pedimos a quienes cobran en relación de dependencia. ¿Por qué será eso? Si nos preocupa la salud de los niños, ¿por qué no le pedimos a quien está en relación de dependencia el certificado de vacunación de los chicos y todas las mismas cosas que pedimos a los demás para la asignación?
Hay que cambiar el foco mental de pensar en la situación laboral a pensar concretamente en el niño. De esta manera nos daremos cuenta de que tenemos algunos baches, que hay cosas que hacemos para algunos porque nos preocupa. Pero por algún motivo que yo no encontré explicable cuando me puse a analizar el proyecto, hay cosas que no se hacen para otros.
En términos de aspectos muy puntuales del proyecto, una cosa que me llama la atención es que esto aplicaría en marzo de 2016. Seguramente ustedes lo pensaron, pero me pregunto por qué no es a partir de los seis meses de la última actualización y por qué no establecemos ya el mecanismo de automaticidad. Me pareció extraño que no se impulsara ya directamente. Seguramente ustedes lo han discutido y me puedan contestar estas inquietudes.
Por otra parte, una forma en la que podemos avanzar es que en el artículo 3° de la ley 24.714 se establece un tope de ingresos. Si uno tiene más de ese ingreso y está en el mercado informal, no cobra la asignación universal por hijo. En los fundamentos ustedes tienen un posicionamiento muy fuerte en contra de esos topes, pero se mantienen en la ley 24.714. La pregunta es por qué no eliminamos directamente el tope establecido en el tercer párrafo del artículo 3° de la ley 24.714, que dice básicamente que por encima de ese salario una persona con un salario informal no cobraría. Ello tendría el sentido de la universalización, porque el que está en relación de dependencia sí tiene un salario por encima y cobra la asignación familiar. Esta universalización también apunta a lo contenido en muchos de los proyectos que comenté.
Específicamente quería agregar esto como un elemento adicional. En todo caso lo de la fecha lo planteo como una incógnita. Mi sugerencia es empezar ahora, pero quizás haya una buena razón para no hacerlo y que usted me pueda explicar.
Sr. Sturzenegger.- Señor presidente: celebramos la iniciativa, mi bancada va a acompañar este dictamen y de hecho yo ya lo firmé.
Quiero hacer una pequeña observación. El tema de la maternidad no se actualiza porque ya está actualizado por la manera en que se liquida. Es importante que lo clarifiquemos para que algún distraído no piense que quedó fuera del radar.
Por otro lado quiero hacer un par de comentarios y algunas sugerencias puntuales y específicas para el proyecto que está redactado.
Los resultados de la Asignación Universal por Hijo -complementando lo dicho por el diputado Feletti- demuestran que hoy llega al 30 por ciento de los niños argentinos y al 90 por ciento de los niños de los primeros tres deciles de la distribución del ingreso.
Si uno mira trabajos de gente que no tiene nada que ver con el gobierno sino que vienen de universidades independientes, se puede observar que ha habido un impacto de reducción del 30 por ciento de la pobreza y del 13 por ciento de la desigualdad, si se mira el ingreso del primer decil contra el décimo decil. Estos son datos de trabajos de la gente del CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata.
Por otro lado, no hay efectos sobre participación laboral, algo que a veces se ha comentado en el sentido de que la gente que tiene la asignación universal no trabaja. Según el mismo grupo de investigadores, no hay absolutamente ninguna evidencia respecto de eso.
Sí hay algún efecto en la formalización, pero no porque haya gente que se desformalice sino que la gente tarda más en formalizarse y es un tema que me parece que hay que trabajar. En alguna ocasión comenté que tengo un proyecto para invertir un poco más de recursos para incentivar la formalización, pero sería un tema para tratara después.
También cuando se miran los trabajos de Salvia y Tuñón, que son de la UCA y que generalmente no se la ve como institución totalmente afín al gobierno, la conclusión de ellos es que en términos de exclusión de escolaridad, la reducción ha sido del 64 por ciento en los grupos correspondientes a la asignación universal y que ha habido una reducción muy significativa en lo que hace al trabajo infantil.
Por donde uno lo mire, esto es algo que hay que apoyar y acompañar. Hoy lo que tratamos es la actualización, y es muy interesante porque tiene toda una historia en este Congreso.
Me tomé el trabajo de buscar los proyectos que se habían presentado en el seno de esta Cámara y en la del Senado sobre actualización. Encontré el proyecto original de Elisa Carrió del año 1997, que ya venía con la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, pero también hay proyectos del año 2010 de Gerardo Milman, de Silvana Giudici y de Juan Mario Pais, que en agosto de 2010 presentó un proyecto que es prácticamente idéntico a este -corregime Juan Mario- y que incluso tiene la misma forma de actualización.
También hay proyectos de la senadora Elena Corregido, de Federico Pinedo -del año 2011-, de Héctor Piemonte, de Fernando Sacca, de Alberto Pérez, de Facundo Moyano, de Víctor Maldonado, Miguel Del Sel, Sergio Massa, Julio César Martínez, Mario Negri, Patricia Bullrich y Julio Cobos. Todos estos legisladores presentaron proyectos de actualización y algunos son muy parecidos al proyecto oficial que estamos tratando.
La reflexión que hago es que si somos 257 diputados y todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo con la actualización desde hace muchos años ¿por qué esperamos hasta ahora?
Comento esto por dos cuestiones. Una es que debiéramos citar en este proyecto los antecedentes de los proyectos presentados por todos estos legisladores que ya habían apuntando en este sentido.
La otra cuestión es que también hay mucho consenso en cuando a la universalización.
Cuando uno mira los proyectos presentaos sobre universalización, que incluyen a los monotributistas -hoy son dos millones los monotributistas cuyos hijos no cobran la asignación universal y que están excluidos en este momento del sistema-, se encuentra con proyectos de Elisa Carrió o el de Silvia Augsburger -diputada del Partido Socialista-, presentado en el año 2009. También hay proyectos de Claudio Lozano, de Felipe Solá, de Irma García, de Martín Sabbatella, de Silvia Giudici, de Forconi, de Pansa, de Pastoriza, de la senadora Elena Corregido, del ex senador José Martínez, de Ricardo Alfonsín, de Julio César Martínez y de Patricia Bullrich.
Todos estos proyectos incluyen distintas formas de universalización, donde básicamente el núcleo grande son los monotributistas, pero también algunos plantean lo que dijo el diputado Buryaile de incluir a los colegios confesionales públicos con alícuotas en general reducida. Todos los que hemos hecho campaña electoral hemos conocido gente de ingresos menores, que mandan a sus hijos a ese tipo de instituciones y que no están cubiertos por la asignación universal.
Planteo esto no para discutirlo hoy acá sino que estaría bueno que nos pusiéramos de acuerdo en un proyecto, porque lo cierto es que hay consenso de todos los bloques en avanzar en la universalización de la asignación universal. Lo dejo como una tarea para que trabajemos todos juntos.
Una de las maneras para pensar esto es que hay que cambiar el foco y pasar de mirar al padre a mirar al niño. Por ejemplo, un niño cuyo padre tiene un ingreso de entre 7.500 y 9.800 pesos y trabaja en relación de dependencia, cobra una asignación familiar de 572 pesos, pero si su padre es monotributista, no. ¿Ese niño en qué sentido es diferente del otro? La familia tiene los mismos niveles de ingreso, pero el padre está en relación de dependencia, cobra su sueldo y la asignación. ¿Y si es monotributista?
Cuando ponemos el foco en el niño cambia la perspectiva. Por ejemplo, nosotros pedimos certificado de educación y de salud a quienes reciben la asignación, pero no se lo pedimos a quienes cobran en relación de dependencia. ¿Por qué será eso? Si nos preocupa la salud de los niños, ¿por qué no le pedimos a quien está en relación de dependencia el certificado de vacunación de los chicos y todas las mismas cosas que pedimos a los demás para la asignación?
Hay que cambiar el foco mental de pensar en la situación laboral a pensar concretamente en el niño. De esta manera nos daremos cuenta de que tenemos algunos baches, que hay cosas que hacemos para algunos porque nos preocupa. Pero por algún motivo que yo no encontré explicable cuando me puse a analizar el proyecto, hay cosas que no se hacen para otros.
En términos de aspectos muy puntuales del proyecto, una cosa que me llama la atención es que esto aplicaría en marzo de 2016. Seguramente ustedes lo pensaron, pero me pregunto por qué no es a partir de los seis meses de la última actualización y por qué no establecemos ya el mecanismo de automaticidad. Me pareció extraño que no se impulsara ya directamente. Seguramente ustedes lo han discutido y me puedan contestar estas inquietudes.
Por otra parte, una forma en la que podemos avanzar es que en el artículo 3° de la ley 24.714 se establece un tope de ingresos. Si uno tiene más de ese ingreso y está en el mercado informal, no cobra la asignación universal por hijo. En los fundamentos ustedes tienen un posicionamiento muy fuerte en contra de esos topes, pero se mantienen en la ley 24.714. La pregunta es por qué no eliminamos directamente el tope establecido en el tercer párrafo del artículo 3° de la ley 24.714, que dice básicamente que por encima de ese salario una persona con un salario informal no cobraría. Ello tendría el sentido de la universalización, porque el que está en relación de dependencia sí tiene un salario por encima y cobra la asignación familiar. Esta universalización también apunta a lo contenido en muchos de los proyectos que comenté.
Específicamente quería agregar esto como un elemento adicional. En todo caso lo de la fecha lo planteo como una incógnita. Mi sugerencia es empezar ahora, pero quizás haya una buena razón para no hacerlo y que usted me pueda explicar.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor diputado Santín.
SR. SANTÍN Señor presidente: no soy miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero como es la única comisión a la cual esta iniciativa fue girada -no lo fue las comisiones de Trabajo ni de Previsión y Seguridad Social- me tomé el atrevimiento de venir a la comisión.
SR. PRESIDENTE FELETTI Bienvenido.
SR. SANTÍN Sin duda, cuando discutimos este tipo de proyectos todos sentimos que vamos ganando. La realidad es que la seguridad social es uno de los instrumentos más efectivos para distribuir riqueza. Es así como esta seguridad social se fortifica y se generan mecanismos automáticos para que la gente no pierda poder adquisitivo. La fórmula de movilidad jubilatoria no solo intenta generar un mecanismo para acompañar el crecimiento de los salarios, sino que también acompaña el crecimiento de la riqueza.
Esto tiene que ver con la recaudación y cuando la recaudación aumenta, al valor considerado se le aplica la fórmula de actualización. Esto es importante porque no solo permite a la sociedad actualizarse en función de la pelea que dan los trabajadores activos en sus paritarias sino también porque la torta de la riqueza del país aumenta y los sectores participan. Lo mismo ha ocurrido con el sistema jubilatorio a partir de la movilidad planteada en marzo de 2009, que ha permitido crecer por encima de cualquiera de los índices de salario e inflación considerados.
A quienes en la práctica trabajamos en los temas de seguridad social, nos llena de satisfacción poder discutir estos temas. Considero que los beneficios de la seguridad social tienen que ser de carácter universal y basarse en el ciudadano.
En general en la Argentina la seguridad social ha sido tomada como un derecho derivado del derecho del trabajo. Si uno mira la Constitución, el artículo 14 bis la pone en un camino posterior al derecho del trabajo. Pareciera que uno tiene derecho a la seguridad social si forma parte del mercado laboral.
Por supuesto la asignación universal vino a resolver este tema y plantear otro aspecto que no se relaciona directamente. Siempre se considera que quien trabaja tiene derecho a acceder a la seguridad social. Es decir que tiene derecho a contar con obra social y estar incluido en el sistema jubilatorio. Todo es contributivo y forma parte de ese mecanismo.
Sin embargo me parece que la seguridad social moderna tiene que basarse en el derecho del ciudadano. Deberíamos tender a permitir la generación de igualdad de oportunidades a las personas por el simple hecho de ser ciudadanas de un país.
Soy ingeniero y como a todos los ingenieros me gusta la matemática, el análisis y trabajar en las tendencias. Como a los ingenieros nos gusta "tender a", me parece que deberíamos tender a la universalización basada específicamente en los derechos de los ciudadanos, significando ello que todos tienen que estar incluidos. En realidad de ese modo se acaban las escalas por niveles de ingreso y niveles sociales.
A mí no me preocupa que la hija de Macri cobre la asignación universal si él paga todos los impuestos. Pero sí debo procurar que quien tiene muchos recursos pague todos los impuestos. Me parece que poniendo topes a quienes ganan más o menos solamente voy cerrando caminos. Lo de Macri solamente es un ejemplo -lo digo porque el diputado Sturzenegger me está mirando-, es un símbolo de los ciudadanos que tienen dinero en la Argentina.
En verdad entiendo que tenemos que repensar la seguridad social a futuro, específicamente a partir de los derechos del ciudadano.
Fíjense la contradicción que se genera. Un trabajador que lo hace en relación de dependencia y gana más de 12.700 cobra una asignación familiar de 172 pesos. Y si ganara 25.000 pesos, pagaría impuesto a las ganancias y podría deducir 10.886 pesos por hijo. Entonces pasando de categoría, terminaría recibiendo 317 pesos por mes por la deducción especial por hijo.
Reitero que hay que repensar el sistema porque también es incorrecto que los monotributistas queden afuera del sistema. Tenemos que tender a eso y estoy feliz por estar avanzando en este punto contando con un sistema previsional de carácter casi universal.
El hecho de que el 97 por ciento de los mayores de 70 años están incluidos en el sistema demuestra la universalización de la protección a la tercera edad.
Así como avanzamos en esos rubros tenemos que proponernos ir por más, logrando que el sistema de asignaciones sea para todos. Tenemos que estar convencidos de terminar con el concepto de que las asignaciones estén ligadas a las relaciones laborales. Las asignaciones tienen que brindarse a las personas que nacen en este país porque se trata de un derecho y todas tienen que contar con el mismo derecho. Sin embargo, quien posee más recursos debería pagar más impuestos. Reitero que todos tienen que estar incluidos porque si no en muchos casos terminamos estigmatizando y separando a sectores de la sociedad en función de sus ingresos. En ese caso esas personas tienen que demostrar que sus hijos van a tal colegio, viven de tal forma y declarar si reciben determinada cantidad de recursos.
Conforme de lo logrado y orgulloso de pertenecer a un país en el que se ha avanzado en la seguridad social, creo que el objetivo es informar que en la práctica hay que convertir el destino de la asignación universal, brindándola a todos los chicos y chicas de la Argentina.
Esto tiene que ver con la recaudación y cuando la recaudación aumenta, al valor considerado se le aplica la fórmula de actualización. Esto es importante porque no solo permite a la sociedad actualizarse en función de la pelea que dan los trabajadores activos en sus paritarias sino también porque la torta de la riqueza del país aumenta y los sectores participan. Lo mismo ha ocurrido con el sistema jubilatorio a partir de la movilidad planteada en marzo de 2009, que ha permitido crecer por encima de cualquiera de los índices de salario e inflación considerados.
A quienes en la práctica trabajamos en los temas de seguridad social, nos llena de satisfacción poder discutir estos temas. Considero que los beneficios de la seguridad social tienen que ser de carácter universal y basarse en el ciudadano.
En general en la Argentina la seguridad social ha sido tomada como un derecho derivado del derecho del trabajo. Si uno mira la Constitución, el artículo 14 bis la pone en un camino posterior al derecho del trabajo. Pareciera que uno tiene derecho a la seguridad social si forma parte del mercado laboral.
Por supuesto la asignación universal vino a resolver este tema y plantear otro aspecto que no se relaciona directamente. Siempre se considera que quien trabaja tiene derecho a acceder a la seguridad social. Es decir que tiene derecho a contar con obra social y estar incluido en el sistema jubilatorio. Todo es contributivo y forma parte de ese mecanismo.
Sin embargo me parece que la seguridad social moderna tiene que basarse en el derecho del ciudadano. Deberíamos tender a permitir la generación de igualdad de oportunidades a las personas por el simple hecho de ser ciudadanas de un país.
Soy ingeniero y como a todos los ingenieros me gusta la matemática, el análisis y trabajar en las tendencias. Como a los ingenieros nos gusta "tender a", me parece que deberíamos tender a la universalización basada específicamente en los derechos de los ciudadanos, significando ello que todos tienen que estar incluidos. En realidad de ese modo se acaban las escalas por niveles de ingreso y niveles sociales.
A mí no me preocupa que la hija de Macri cobre la asignación universal si él paga todos los impuestos. Pero sí debo procurar que quien tiene muchos recursos pague todos los impuestos. Me parece que poniendo topes a quienes ganan más o menos solamente voy cerrando caminos. Lo de Macri solamente es un ejemplo -lo digo porque el diputado Sturzenegger me está mirando-, es un símbolo de los ciudadanos que tienen dinero en la Argentina.
En verdad entiendo que tenemos que repensar la seguridad social a futuro, específicamente a partir de los derechos del ciudadano.
Fíjense la contradicción que se genera. Un trabajador que lo hace en relación de dependencia y gana más de 12.700 cobra una asignación familiar de 172 pesos. Y si ganara 25.000 pesos, pagaría impuesto a las ganancias y podría deducir 10.886 pesos por hijo. Entonces pasando de categoría, terminaría recibiendo 317 pesos por mes por la deducción especial por hijo.
Reitero que hay que repensar el sistema porque también es incorrecto que los monotributistas queden afuera del sistema. Tenemos que tender a eso y estoy feliz por estar avanzando en este punto contando con un sistema previsional de carácter casi universal.
El hecho de que el 97 por ciento de los mayores de 70 años están incluidos en el sistema demuestra la universalización de la protección a la tercera edad.
Así como avanzamos en esos rubros tenemos que proponernos ir por más, logrando que el sistema de asignaciones sea para todos. Tenemos que estar convencidos de terminar con el concepto de que las asignaciones estén ligadas a las relaciones laborales. Las asignaciones tienen que brindarse a las personas que nacen en este país porque se trata de un derecho y todas tienen que contar con el mismo derecho. Sin embargo, quien posee más recursos debería pagar más impuestos. Reitero que todos tienen que estar incluidos porque si no en muchos casos terminamos estigmatizando y separando a sectores de la sociedad en función de sus ingresos. En ese caso esas personas tienen que demostrar que sus hijos van a tal colegio, viven de tal forma y declarar si reciben determinada cantidad de recursos.
Conforme de lo logrado y orgulloso de pertenecer a un país en el que se ha avanzado en la seguridad social, creo que el objetivo es informar que en la práctica hay que convertir el destino de la asignación universal, brindándola a todos los chicos y chicas de la Argentina.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
SR. GIUBERGIA Señor presidente: si otorga el uso de la palabra por bloque, no tengo inconveniente en hablar después del diputado Lozano. De todos modos, seré sumamente breve.
La verdad es que al bloque de la Unión Cívica Radical le causa una profunda alegría que este beneficio sea otorgado por ley, tal como estaba establecido en el proyecto presentado por la entonces diputada Carca y la diputada Carrió hace muchísimos años.
Es importante destacar que durante mucho tiempo en las distintas comisiones estuvimos reclamando la necesidad de contar con un instrumento de esta naturaleza. Por ello, que se establezca la movilidad y que la iniciativa pueda convertirse en ley nos provoca una gran alegría.
Creemos que en la ampliación de asignación de derechos sería importante incluir al Programa Progresar, propuesta planteada por la Unión Cívica Radical a través del diputado Buryaile, brindándole la misma movilidad.
En cuanto a la construcción de inmuebles, quienes están en esta materia generalmente conocen cómo se van incrementando los precios de los materiales. Todos sabemos que las viviendas no se terminan de la noche a la mañana sino que se hacen a lo largo de un tiempo en el cual existen cambios en los valores de la construcción.
Otro aspecto que consideramos justo es que a los niños y adolescentes de la Patagonia se les otorgue un 30 por ciento más. Sin embargo también es importante que se les dé a los niños y jóvenes de las provincias del norte argentino, tanto del NEA como del NOA, quienes viven condiciones climáticas extremas e índices de pobreza mucho más altos que en la Patagonia argentina. Si vemos las condiciones climáticas en las que viven los niños y adolescentes de la Puna y del NEA, notamos que la pobreza es estructural y esta asignación sería un paliativo.
Por eso reclamamos y solicitamos que este incremento también sea extensible a los niños y jóvenes del norte argentino.
La verdad es que al bloque de la Unión Cívica Radical le causa una profunda alegría que este beneficio sea otorgado por ley, tal como estaba establecido en el proyecto presentado por la entonces diputada Carca y la diputada Carrió hace muchísimos años.
Es importante destacar que durante mucho tiempo en las distintas comisiones estuvimos reclamando la necesidad de contar con un instrumento de esta naturaleza. Por ello, que se establezca la movilidad y que la iniciativa pueda convertirse en ley nos provoca una gran alegría.
Creemos que en la ampliación de asignación de derechos sería importante incluir al Programa Progresar, propuesta planteada por la Unión Cívica Radical a través del diputado Buryaile, brindándole la misma movilidad.
En cuanto a la construcción de inmuebles, quienes están en esta materia generalmente conocen cómo se van incrementando los precios de los materiales. Todos sabemos que las viviendas no se terminan de la noche a la mañana sino que se hacen a lo largo de un tiempo en el cual existen cambios en los valores de la construcción.
Otro aspecto que consideramos justo es que a los niños y adolescentes de la Patagonia se les otorgue un 30 por ciento más. Sin embargo también es importante que se les dé a los niños y jóvenes de las provincias del norte argentino, tanto del NEA como del NOA, quienes viven condiciones climáticas extremas e índices de pobreza mucho más altos que en la Patagonia argentina. Si vemos las condiciones climáticas en las que viven los niños y adolescentes de la Puna y del NEA, notamos que la pobreza es estructural y esta asignación sería un paliativo.
Por eso reclamamos y solicitamos que este incremento también sea extensible a los niños y jóvenes del norte argentino.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor diputado Lozano.
SR. LOZANO Señor presidente: desde nuestro bloque, Unidad Popular, vamos a acompañar la iniciativa.
Indudable es mejor pautar la actualización de manera automática y semestral a que rija un criterio discrecional por parte del Poder Ejecutivo y de carácter anual como ha sido hasta el momento. De hecho, el modo en que se ha venido manejando la actualización de la Asignación Universal por Hijo tiene dos características. Una es que son aumentos dados anualmente de manera dominante. La otra es que, desde 2009 hasta ahora, se dan en función del criterio que el Ejecutivo establece, en un contexto donde ha habido situaciones inflacionarias del orden del 20 al 30 por ciento en la economía argentina que han dado como resultado una trayectoria que combina saltos marginales de incremento del valor real de la Asignación Universal por Hijo, que dura períodos muy cortos, mientras que termina habiendo períodos bastante más largos donde la asignación pierde su poder adquisitivo. Tanto es así que a mayo de este año, es decir antes del último aumento, los 190 pesos de la asignación a comienzos de la aplicación de este programa, allá por 2009, se transformaban en 150 pesos a mayo de este año. Es decir que había una caída del poder adquisitivo del 16,3 por ciento.
Por lo tanto, para nosotros, que se establezca un criterio semestral ayuda.
Ciertamente si uno hace una revisión hacia atrás, para que la asignación no pierda poder adquisitivo -tal cual han sido los aumentos y la situación inflacionaria-, necesitaríamos un esquema trimestral. Pero indudablemente, es mejor lo que se propone que lo que existe.
No queremos dejar de plantear en este contexto -porque tiene que ver con algunas de las cosas que formulaban los legisladores anteriores- que hay un conjunto de cuestiones que me parece que el Parlamento podría abordar al tocar un tema de esta naturaleza. Me refiero a revisar y discutir las limitaciones que tiene para mejorar el sistema de protección social para la niñez o para la adolescencia que existe hoy en la Argentina.
En este sentido hay algunos puntos que para nosotros son claves.
El primero es que, a pesar de que hablamos de universalidad, aún no hemos logrado una cobertura de carácter universal.
El segundo tema es que nosotros mantenemos un sistema fragmentado, heterogéneo y que reconoce múltiples valores, según el lugar de ocupación que tengan los padres de los distintos pibes.
En tercer lugar, el monto que se establece para la asignación no necesariamente tiene que ver con las condiciones materiales necesarias de la población, que son los menores de dieciocho años. Consecuentemente el índice de actualización no toma en cuenta este criterio.
En cuarto lugar, el financiamiento, en tanto proviene de la ANSES le quita progresividad a la propuesta de la asignación universal.
Cuando digo que la Asignación Universal por Hijo no es universal, me refiero a que tenemos 12.900.000 menores de dieciocho años en la Argentina. Tenemos cubiertos por el sistema de asignaciones familiares a 4.038.000. Además, se deducen de impuestos a las ganancias 236.500 pibes. Hay cubiertos por asignaciones familiares provinciales 1.358.000 chicos y tenemos cubiertos por la Asignación Universal por Hijo a 3.642.000.
En consecuencia, lo que está cubierto por el sistema combinado de asignaciones familiares nacional, provincial y universal son 9.275.000 pibes y están afuera de este sistema 3.677.000 chicos. Esta es una discusión que debiéramos dar para avanzar en la universalidad.
Hay otros planes, como el caso de las pensiones no contributivas para madres de más de siete hijos o los planes que no necesariamente son específicos, como el caso de ciudadanía porteña, pero aunque uno los agregue y los tome como cobertura sobre los pibes, siguen quedando afuera 2.569.000 chicos. Consecuentemente, aquí hay un debate para dar que tiene que ver con la universalidad en términos de cobertura.
La segunda cosa que a nosotros nos preocupa es que seguimos teniendo un sistema fragmentado y heterogéneo que reconoce múltiples valores. Básicamente ello se debe a que lo que coexiste acá es el régimen de asignación universal para los trabajadores no registrados desocupados por debajo del ingreso del salario mínimo, el sistema de asignación familiar nacional y los distintos sistemas de asignaciones familiares provinciales, que dan como resultado valores distintos.
Por ejemplo, hasta el 2014 en la provincia de Catamarca la asignación familiar era de 60 pesos para los hijos de los trabajadores del Estado de la provincia; en Santa Fe, 260 pesos; en la Ciudad de Buenos Aires, 270 pesos; en Misiones, 424 pesos; en Chaco, 450 pesos; en San Juan, 490 pesos, y en Río Negro y Córdoba -donde sí hubo actualización para este año- está en 450 y 540 pesos.
Obviamente, ninguno de estos números coincide con el nuevo valor de 837 pesos que tendrá la asignación universal así como tampoco tiene estrictamente que ver con las diferencias por zonas en términos de poder adquisitivo. Esto es así por el hecho de que coexisten sistemas diversos que habría que tender a transformar en un sistema único de carácter universal.
En ese sentido, nosotros venimos proponiendo hace tiempo, lo hemos presentado anualmente y hay un proyecto concreto bajo el número 6.286 del año 2014, que plantea transformar los diversos sistemas vigentes en un sistema único de asignación universal. Es más, la propuesta que se hace aquí, en el sentido de que es razonable incrementar el valor de la asignación para los pibes en la zona patagónica, tampoco toma como referencia los valores del sistema de asignación familiar ni coincide la zona patagónica definida en la asignación universal con la zona que establece el sistema de asignaciones familiares. Es decir que en lugar de tender a unificar, seguimos fragmentando.
El tercer punto es que nosotros creemos que la fijación del valor de la asignación debería tener que ver con las necesidades de la población objetivo, es decir, la población menor de dieciocho años. Una manera de ver esto sería tener alguna idea de cuál es la canasta básica de un pibe menor de dieciocho años o la canasta básica total de pobreza. De acuerdo con nuestros valores, la canasta alimentaria está en el orden de los 735 a 868 pesos, según la metodología que se utilice, y la canasta básica total de pobreza está entre 1.490 y 1.900 pesos.
El valor actual que se fija para la asignación universal después del aumento tiene que ver en todo caso con el valor alimentario, que está lejos -es el 50 por ciento del valor correspondiente a la canasta de pobreza-; si nosotros nos fijáramos como objetivo que ningún pibe fuera pobre en la Argentina, habría que tender a ese valor en términos de valor de la asignación universal.
Es más, si nosotros hiciéramos esto, todo hogar tipo con dos pibes en el que se perciban dos asignaciones equivalentes al valor de la línea de pobreza, estaría por arriba del umbral de indigencia.
Con respecto al tema de la movilidad, si el objetivo es que ningún pibe sea pobre, debería ajustarse y actualizarse en función del poder adquisitivo y la evolución de los precios de esta canasta. Obviamente, nosotros tenemos dificultades para hacer esto porque lo que no tenemos es un organismo de estadísticas públicas que nos diga cuál es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, ya sea en términos generales o particulares para los pibes.
Consecuentemente, ahí hay un problema de difícil solución que además requiere resolver el problema concreto del INDEC. Es más: la actualización que se está proponiendo tiene que ver con el organismo que paga -la ANSES- y efectivamente está relacionada con mantener la adecuación fiscal de dicho organismo. Por eso incorpora su recaudación. Ahora bien, eso, que puede tener alguna razonabilidad desde el punto de vista del financiamiento del sistema previsional, no tiene razonabilidad en cuanto a la discusión de la prestación social a los pibes, que es la que hay que tratar de garantizar. En todo caso, este es un problema que se arrastra por la simple razón de haber hecho depender la asignación universal de un organismo que tiene otras prioridades previas, y que en realidad debería haberlas saldado antes de comenzar a prestar otro tipo de cosas. Sería razonable que la ANSES pagara la asignación universal si hubiese haberes jubilatorios con una tasa de sustitución razonable respecto del salario o de un sistema previsional que hubiera cancelado sus deudas previsionales. En contextos donde no se cumplen las prioridades que la ley establece, lo razonable es buscar financiamiento en otro tipo de situación.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista el Parlamento nacional debería discutir la posibilidad de un sistema único de asignación universal, así como debería tratar de vincular la prestación de la asignación universal por hijo con la canasta de pobreza para un pibe menor de 18 años. Además, la evolución debería fijarse en función de la actualización de esa canasta. Obviamente, resolverlo exigiría tener una solución para la problemática que nos plantea el INDEC en esta materia.
Si se abre una instancia de discusión para agregar elementos nosotros indudablemente participaremos de ella. De lo contrario, con estos elementos presentaremos un dictamen de minoría.
Indudable es mejor pautar la actualización de manera automática y semestral a que rija un criterio discrecional por parte del Poder Ejecutivo y de carácter anual como ha sido hasta el momento. De hecho, el modo en que se ha venido manejando la actualización de la Asignación Universal por Hijo tiene dos características. Una es que son aumentos dados anualmente de manera dominante. La otra es que, desde 2009 hasta ahora, se dan en función del criterio que el Ejecutivo establece, en un contexto donde ha habido situaciones inflacionarias del orden del 20 al 30 por ciento en la economía argentina que han dado como resultado una trayectoria que combina saltos marginales de incremento del valor real de la Asignación Universal por Hijo, que dura períodos muy cortos, mientras que termina habiendo períodos bastante más largos donde la asignación pierde su poder adquisitivo. Tanto es así que a mayo de este año, es decir antes del último aumento, los 190 pesos de la asignación a comienzos de la aplicación de este programa, allá por 2009, se transformaban en 150 pesos a mayo de este año. Es decir que había una caída del poder adquisitivo del 16,3 por ciento.
Por lo tanto, para nosotros, que se establezca un criterio semestral ayuda.
Ciertamente si uno hace una revisión hacia atrás, para que la asignación no pierda poder adquisitivo -tal cual han sido los aumentos y la situación inflacionaria-, necesitaríamos un esquema trimestral. Pero indudablemente, es mejor lo que se propone que lo que existe.
No queremos dejar de plantear en este contexto -porque tiene que ver con algunas de las cosas que formulaban los legisladores anteriores- que hay un conjunto de cuestiones que me parece que el Parlamento podría abordar al tocar un tema de esta naturaleza. Me refiero a revisar y discutir las limitaciones que tiene para mejorar el sistema de protección social para la niñez o para la adolescencia que existe hoy en la Argentina.
En este sentido hay algunos puntos que para nosotros son claves.
El primero es que, a pesar de que hablamos de universalidad, aún no hemos logrado una cobertura de carácter universal.
El segundo tema es que nosotros mantenemos un sistema fragmentado, heterogéneo y que reconoce múltiples valores, según el lugar de ocupación que tengan los padres de los distintos pibes.
En tercer lugar, el monto que se establece para la asignación no necesariamente tiene que ver con las condiciones materiales necesarias de la población, que son los menores de dieciocho años. Consecuentemente el índice de actualización no toma en cuenta este criterio.
En cuarto lugar, el financiamiento, en tanto proviene de la ANSES le quita progresividad a la propuesta de la asignación universal.
Cuando digo que la Asignación Universal por Hijo no es universal, me refiero a que tenemos 12.900.000 menores de dieciocho años en la Argentina. Tenemos cubiertos por el sistema de asignaciones familiares a 4.038.000. Además, se deducen de impuestos a las ganancias 236.500 pibes. Hay cubiertos por asignaciones familiares provinciales 1.358.000 chicos y tenemos cubiertos por la Asignación Universal por Hijo a 3.642.000.
En consecuencia, lo que está cubierto por el sistema combinado de asignaciones familiares nacional, provincial y universal son 9.275.000 pibes y están afuera de este sistema 3.677.000 chicos. Esta es una discusión que debiéramos dar para avanzar en la universalidad.
Hay otros planes, como el caso de las pensiones no contributivas para madres de más de siete hijos o los planes que no necesariamente son específicos, como el caso de ciudadanía porteña, pero aunque uno los agregue y los tome como cobertura sobre los pibes, siguen quedando afuera 2.569.000 chicos. Consecuentemente, aquí hay un debate para dar que tiene que ver con la universalidad en términos de cobertura.
La segunda cosa que a nosotros nos preocupa es que seguimos teniendo un sistema fragmentado y heterogéneo que reconoce múltiples valores. Básicamente ello se debe a que lo que coexiste acá es el régimen de asignación universal para los trabajadores no registrados desocupados por debajo del ingreso del salario mínimo, el sistema de asignación familiar nacional y los distintos sistemas de asignaciones familiares provinciales, que dan como resultado valores distintos.
Por ejemplo, hasta el 2014 en la provincia de Catamarca la asignación familiar era de 60 pesos para los hijos de los trabajadores del Estado de la provincia; en Santa Fe, 260 pesos; en la Ciudad de Buenos Aires, 270 pesos; en Misiones, 424 pesos; en Chaco, 450 pesos; en San Juan, 490 pesos, y en Río Negro y Córdoba -donde sí hubo actualización para este año- está en 450 y 540 pesos.
Obviamente, ninguno de estos números coincide con el nuevo valor de 837 pesos que tendrá la asignación universal así como tampoco tiene estrictamente que ver con las diferencias por zonas en términos de poder adquisitivo. Esto es así por el hecho de que coexisten sistemas diversos que habría que tender a transformar en un sistema único de carácter universal.
En ese sentido, nosotros venimos proponiendo hace tiempo, lo hemos presentado anualmente y hay un proyecto concreto bajo el número 6.286 del año 2014, que plantea transformar los diversos sistemas vigentes en un sistema único de asignación universal. Es más, la propuesta que se hace aquí, en el sentido de que es razonable incrementar el valor de la asignación para los pibes en la zona patagónica, tampoco toma como referencia los valores del sistema de asignación familiar ni coincide la zona patagónica definida en la asignación universal con la zona que establece el sistema de asignaciones familiares. Es decir que en lugar de tender a unificar, seguimos fragmentando.
El tercer punto es que nosotros creemos que la fijación del valor de la asignación debería tener que ver con las necesidades de la población objetivo, es decir, la población menor de dieciocho años. Una manera de ver esto sería tener alguna idea de cuál es la canasta básica de un pibe menor de dieciocho años o la canasta básica total de pobreza. De acuerdo con nuestros valores, la canasta alimentaria está en el orden de los 735 a 868 pesos, según la metodología que se utilice, y la canasta básica total de pobreza está entre 1.490 y 1.900 pesos.
El valor actual que se fija para la asignación universal después del aumento tiene que ver en todo caso con el valor alimentario, que está lejos -es el 50 por ciento del valor correspondiente a la canasta de pobreza-; si nosotros nos fijáramos como objetivo que ningún pibe fuera pobre en la Argentina, habría que tender a ese valor en términos de valor de la asignación universal.
Es más, si nosotros hiciéramos esto, todo hogar tipo con dos pibes en el que se perciban dos asignaciones equivalentes al valor de la línea de pobreza, estaría por arriba del umbral de indigencia.
Con respecto al tema de la movilidad, si el objetivo es que ningún pibe sea pobre, debería ajustarse y actualizarse en función del poder adquisitivo y la evolución de los precios de esta canasta. Obviamente, nosotros tenemos dificultades para hacer esto porque lo que no tenemos es un organismo de estadísticas públicas que nos diga cuál es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, ya sea en términos generales o particulares para los pibes.
Consecuentemente, ahí hay un problema de difícil solución que además requiere resolver el problema concreto del INDEC. Es más: la actualización que se está proponiendo tiene que ver con el organismo que paga -la ANSES- y efectivamente está relacionada con mantener la adecuación fiscal de dicho organismo. Por eso incorpora su recaudación. Ahora bien, eso, que puede tener alguna razonabilidad desde el punto de vista del financiamiento del sistema previsional, no tiene razonabilidad en cuanto a la discusión de la prestación social a los pibes, que es la que hay que tratar de garantizar. En todo caso, este es un problema que se arrastra por la simple razón de haber hecho depender la asignación universal de un organismo que tiene otras prioridades previas, y que en realidad debería haberlas saldado antes de comenzar a prestar otro tipo de cosas. Sería razonable que la ANSES pagara la asignación universal si hubiese haberes jubilatorios con una tasa de sustitución razonable respecto del salario o de un sistema previsional que hubiera cancelado sus deudas previsionales. En contextos donde no se cumplen las prioridades que la ley establece, lo razonable es buscar financiamiento en otro tipo de situación.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista el Parlamento nacional debería discutir la posibilidad de un sistema único de asignación universal, así como debería tratar de vincular la prestación de la asignación universal por hijo con la canasta de pobreza para un pibe menor de 18 años. Además, la evolución debería fijarse en función de la actualización de esa canasta. Obviamente, resolverlo exigiría tener una solución para la problemática que nos plantea el INDEC en esta materia.
Si se abre una instancia de discusión para agregar elementos nosotros indudablemente participaremos de ella. De lo contrario, con estos elementos presentaremos un dictamen de minoría.
SR. PRESIDENTE FELETTI Antes de ceder la palabra al diputado Pais, quiero hacer una aclaración importante.
La asignación universal por hijo desde su vigencia en noviembre de 2009 hasta su última actualización en junio del corriente año -es decir, 68 meses- se incrementó en un 365 por ciento. Si uno anualiza factorialmente y establece un promedio de actualización por año, da 31,15 por ciento por año a lo largo de la vigencia de la actualización de la asignación universal por hijo. O sea que se incrementó a una tasa del 31,15 por ciento anual. Cualquier medición da por arriba -aun de las estimaciones privadas- del índice inflacionario a lo largo de estos cinco años. Por tanto, el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo se sostuvo.
Y la vigencia a partir de marzo de 2006, que era una pregunta del diputado Sturzenegger, tiende a hacerla coincidir con la movilidad previsional. Entiendo que está orientado ahí. A partir de ahí se trata de ponerla en línea en marzo y en septiembre en ese período.
Respecto de la ANSES, es bueno recordar que éste es un sistema de reparto asistido que tiene un 35 por ciento de incorporación de financiamiento tributario. No es solo cargas y contribuciones patronales. Además, el esfuerzo de la ANSES -justamente por eso es asistido- tiene que ver con que está transfiriendo recursos a un sector que no retribuye con aportes. Esto lleva a la necesidad de que se asista. Por eso es importante que la ANSES cumpla este rol.
En resumen, las dos aclaraciones tuvieron que ver con la actualización anual promedio, que es del 31,15 por ciento, y con el proceso de actualización de la ANSES.
Tiene la palabra el señor diputado Pais.
La asignación universal por hijo desde su vigencia en noviembre de 2009 hasta su última actualización en junio del corriente año -es decir, 68 meses- se incrementó en un 365 por ciento. Si uno anualiza factorialmente y establece un promedio de actualización por año, da 31,15 por ciento por año a lo largo de la vigencia de la actualización de la asignación universal por hijo. O sea que se incrementó a una tasa del 31,15 por ciento anual. Cualquier medición da por arriba -aun de las estimaciones privadas- del índice inflacionario a lo largo de estos cinco años. Por tanto, el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo se sostuvo.
Y la vigencia a partir de marzo de 2006, que era una pregunta del diputado Sturzenegger, tiende a hacerla coincidir con la movilidad previsional. Entiendo que está orientado ahí. A partir de ahí se trata de ponerla en línea en marzo y en septiembre en ese período.
Respecto de la ANSES, es bueno recordar que éste es un sistema de reparto asistido que tiene un 35 por ciento de incorporación de financiamiento tributario. No es solo cargas y contribuciones patronales. Además, el esfuerzo de la ANSES -justamente por eso es asistido- tiene que ver con que está transfiriendo recursos a un sector que no retribuye con aportes. Esto lleva a la necesidad de que se asista. Por eso es importante que la ANSES cumpla este rol.
En resumen, las dos aclaraciones tuvieron que ver con la actualización anual promedio, que es del 31,15 por ciento, y con el proceso de actualización de la ANSES.
Tiene la palabra el señor diputado Pais.
SR. PAIS Pensamos que esta iniciativa es positiva. Reivindico las palabras del señor diputado Sturzenegger en el sentido de que esta es una ley de actualización. Muchos legisladores hemos pregonado sistemas de actualización de las asignaciones familiares en función de la íntima vinculación que existe entre la contribución al sistema que anualmente se realiza, es decir, la recaudación, y el pago de las asignaciones familiares. Pero también es cierto que con absoluta responsabilidad la propia ley de asignaciones familiares prevé y dispone que el presupuesto de la Nación anualmente deberá implementar los fondos que hagan falta para totalizar los aportes que se requieren para que el sistema funcione. Es decir que necesita del presupuesto y del concurso del presupuesto, que es a lo que recién hacía referencia el diputado Feletti.
Quisiera contestar algunas cuestiones puntuales que se han planteado en este debate. Considero que esta ley es importante pero no rediscute la esencia del sistema de asignaciones familiares, de asignación universal por hijo y de asignación universal por embarazo. Yo advierto que desde algún sector de la oposición, tal vez con ánimo de verdadera contribución, se considera que este proyecto de ley merece críticas. Esta ley apunta exclusivamente a la actualización, a un sistema de movilidad de esta prestación con automaticidad y previsibilidad, estableciendo un período de seis meses para cada actualización en el marco de un proceso que se ha demostrado que es virtuoso.
Recuerdo que cuando nosotros sancionamos la ley de movilidad previsional se recibieron críticas y anuncios agoreros. Algunos legisladores en la Cámara hablaban de que era una verdadera estafa y de que las actualizaciones iban a ser inferiores al 3 o 4 por ciento. Pero la realidad demostró que la vinculación de la recaudación y los salarios con la obtención de un índice previsional ha sido altamente positiva y ha permitido ir manteniendo el poder adquisitivo en materia previsional. Ahora nosotros aspiramos a que, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo haya actualizado convenientemente estas asignaciones, el sistema tenga esta automaticidad y previsibilidad.
Quisiera aclarar que considero que son importantes y loables las propuestas de modificar el sistema de fondo, pero también considero que corresponden a otra ley y no a esta. Se trata de otro debate y no de este. Aprovechar este debate para hacer aportes pero con tono crítico es hacerle flaco favor a las instituciones y a una ley que todos pregonamos y necesitamos: la actualización del sistema de seguridad social en materia de asignaciones. Ojalá podamos debatir en comisiones y en profundidad aportes enriquecedores para modificar la ley 24.714, no solo en lo que respeta a la asignación universal por hijo sino al resto de las asignaciones. Pero no es la materia de esta ley, que es una ley de actualización que prevé un coeficiente de zona para los rubros de asignación universal por hijo y de asignación universal por maternidad, que actualmente no tienen un sistema de zonas.
Comprendo los reclamos localistas vinculados con la pobreza estructural y con las necesidades de muchas zonas del país, pero el coeficiente de zona no tiene que ver con eso sino con el poder adquisitivo. La suma de dinero que se le entrega a una persona para que asista a paliar contingencias disvaliosas, que son las que justamente pretenden cubrir las asignaciones universales por maternidad y por hijo, no tiene un valor intrínseco, sino que su valor tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que pueda adquirir para lograr un bienestar que no tendría de no contar con esa suma de dinero. Si colegimos que en la Patagonia el costo de vida es muy superior al del resto del país, y si colegimos también que la mayoría de los convenios colectivos allí tienen adicionales de zona que determinan que los trabajadores activos contribuyan más con sus aportes, y si colegimos incluso que las jubilaciones tienen un incremento del 40 por ciento de zona, comprobamos que el incremento del 30 por ciento establecido en el proyecto de ley es muy moderado en relación con otros precedentes. Ojalá hubiera sido mayor. Próximamente, cuando veamos funcionar el sistema, tal vez podamos incorporar alguna modificación que incluso compense aún más el mayor costo de vida, que es superior al 30 por ciento.
Cuando alguien en Río Gallegos, en Ushuaia, en Comodoro Rivadavia, en Ingeniero Jacobacci o en San Martín de los Andes debe comprar un producto, tiene un costo altísimamente superior a otras partes del país. Puede ser porque no lo produce, porque hay distorsiones del mercado o porque existen otros costos, como el mismo costo laboral, que incrementa el precio final de ese producto. Entonces, si nosotros queremos manejarnos con una unidad de medición como el dinero, vamos a ser injustos, y a esa persona que queremos darle una asignación para que compense contingencias disvaliosas le vamos a entregar menos bienes y servicios. Si le entregamos menos bienes y servicios lo que estamos haciendo es discriminarlo negativamente en cuanto a la asignación universal.
Con este 30 por ciento no les estamos dando más bienes y servicios a aquellos beneficiarios de asignaciones universales por hijo y por embarazo, sino que mínimamente estamos compensando y posibilitando que mantenga un mínimo umbral con el resto de los que perciben las asignaciones familiares en otras partes del país.
Ojalá el resto del país pudiera también gozar de beneficios similares. Pero esto tiene una causa objetiva, que no es ni la distancia ni el clima. Esto tiene que ver con los bienes y servicios necesarios que justamente son el medio con el cual se busca compensar con estas asignaciones para que quienes las reciben puedan utilizarlas adecuadamente.
Por último quería hacer alguna acotación. Creo que con absoluta coherencia el diputado Sturzenegger hablaba de que el actual sistema impone determinadas exigencias que no se le imponen a quienes están trabajando en relación de dependencias. Justamente, no se les imponen porque ellos están cubiertos por otras contingencias de la seguridad social, que son las obras sociales.
La Asignación Universal por Hijo y por embarazo, justamente lo que busca es incentivar la utilización de los medios y recursos, incluso públicos y que están a disposición, pero que por falta de incentivos o por falta de políticas adecuadas no son utilizados por la población que los necesita. A través de esta política se va buscando que la salud pública y la sanidad atiendan a los sectores postergados.
Los que trabajan en relación de dependencia tiene una cobertura expresa. Incluso, las obras sociales, tienen sus planes de contingencia adecuados porque a mayor previsión también menores costos.
Los que no tienen trabajo en relación de dependencia carecen de esa cobertura, que es una de las coberturas que como bien dijo el diputado Santín, ha nacido vinculada con la relación de empleo.
Creemos que esta iniciativa es un paso adelante. En lo personal, como siempre suelo decir, creo que toda ley es perfectible y la ley de asignaciones familiares también lo es. Debemos trabajar, profundizar y mejorarla. Tenemos que hacer todos los cálculos de mejora y de perfeccionamiento vinculados a los ingresos del sistema contributivo y también a los costos fiscales que podamos asignar en el presupuesto. Si no, hacemos declamación para la tribuna pero nos estamos olvidando de que realmente el Estado debe ser eficiente y adecuar las respuestas a las necesidades de la gente. Para ello debemos ser también eficientes y mejores administradores.
Quisiera contestar algunas cuestiones puntuales que se han planteado en este debate. Considero que esta ley es importante pero no rediscute la esencia del sistema de asignaciones familiares, de asignación universal por hijo y de asignación universal por embarazo. Yo advierto que desde algún sector de la oposición, tal vez con ánimo de verdadera contribución, se considera que este proyecto de ley merece críticas. Esta ley apunta exclusivamente a la actualización, a un sistema de movilidad de esta prestación con automaticidad y previsibilidad, estableciendo un período de seis meses para cada actualización en el marco de un proceso que se ha demostrado que es virtuoso.
Recuerdo que cuando nosotros sancionamos la ley de movilidad previsional se recibieron críticas y anuncios agoreros. Algunos legisladores en la Cámara hablaban de que era una verdadera estafa y de que las actualizaciones iban a ser inferiores al 3 o 4 por ciento. Pero la realidad demostró que la vinculación de la recaudación y los salarios con la obtención de un índice previsional ha sido altamente positiva y ha permitido ir manteniendo el poder adquisitivo en materia previsional. Ahora nosotros aspiramos a que, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo haya actualizado convenientemente estas asignaciones, el sistema tenga esta automaticidad y previsibilidad.
Quisiera aclarar que considero que son importantes y loables las propuestas de modificar el sistema de fondo, pero también considero que corresponden a otra ley y no a esta. Se trata de otro debate y no de este. Aprovechar este debate para hacer aportes pero con tono crítico es hacerle flaco favor a las instituciones y a una ley que todos pregonamos y necesitamos: la actualización del sistema de seguridad social en materia de asignaciones. Ojalá podamos debatir en comisiones y en profundidad aportes enriquecedores para modificar la ley 24.714, no solo en lo que respeta a la asignación universal por hijo sino al resto de las asignaciones. Pero no es la materia de esta ley, que es una ley de actualización que prevé un coeficiente de zona para los rubros de asignación universal por hijo y de asignación universal por maternidad, que actualmente no tienen un sistema de zonas.
Comprendo los reclamos localistas vinculados con la pobreza estructural y con las necesidades de muchas zonas del país, pero el coeficiente de zona no tiene que ver con eso sino con el poder adquisitivo. La suma de dinero que se le entrega a una persona para que asista a paliar contingencias disvaliosas, que son las que justamente pretenden cubrir las asignaciones universales por maternidad y por hijo, no tiene un valor intrínseco, sino que su valor tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que pueda adquirir para lograr un bienestar que no tendría de no contar con esa suma de dinero. Si colegimos que en la Patagonia el costo de vida es muy superior al del resto del país, y si colegimos también que la mayoría de los convenios colectivos allí tienen adicionales de zona que determinan que los trabajadores activos contribuyan más con sus aportes, y si colegimos incluso que las jubilaciones tienen un incremento del 40 por ciento de zona, comprobamos que el incremento del 30 por ciento establecido en el proyecto de ley es muy moderado en relación con otros precedentes. Ojalá hubiera sido mayor. Próximamente, cuando veamos funcionar el sistema, tal vez podamos incorporar alguna modificación que incluso compense aún más el mayor costo de vida, que es superior al 30 por ciento.
Cuando alguien en Río Gallegos, en Ushuaia, en Comodoro Rivadavia, en Ingeniero Jacobacci o en San Martín de los Andes debe comprar un producto, tiene un costo altísimamente superior a otras partes del país. Puede ser porque no lo produce, porque hay distorsiones del mercado o porque existen otros costos, como el mismo costo laboral, que incrementa el precio final de ese producto. Entonces, si nosotros queremos manejarnos con una unidad de medición como el dinero, vamos a ser injustos, y a esa persona que queremos darle una asignación para que compense contingencias disvaliosas le vamos a entregar menos bienes y servicios. Si le entregamos menos bienes y servicios lo que estamos haciendo es discriminarlo negativamente en cuanto a la asignación universal.
Con este 30 por ciento no les estamos dando más bienes y servicios a aquellos beneficiarios de asignaciones universales por hijo y por embarazo, sino que mínimamente estamos compensando y posibilitando que mantenga un mínimo umbral con el resto de los que perciben las asignaciones familiares en otras partes del país.
Ojalá el resto del país pudiera también gozar de beneficios similares. Pero esto tiene una causa objetiva, que no es ni la distancia ni el clima. Esto tiene que ver con los bienes y servicios necesarios que justamente son el medio con el cual se busca compensar con estas asignaciones para que quienes las reciben puedan utilizarlas adecuadamente.
Por último quería hacer alguna acotación. Creo que con absoluta coherencia el diputado Sturzenegger hablaba de que el actual sistema impone determinadas exigencias que no se le imponen a quienes están trabajando en relación de dependencias. Justamente, no se les imponen porque ellos están cubiertos por otras contingencias de la seguridad social, que son las obras sociales.
La Asignación Universal por Hijo y por embarazo, justamente lo que busca es incentivar la utilización de los medios y recursos, incluso públicos y que están a disposición, pero que por falta de incentivos o por falta de políticas adecuadas no son utilizados por la población que los necesita. A través de esta política se va buscando que la salud pública y la sanidad atiendan a los sectores postergados.
Los que trabajan en relación de dependencia tiene una cobertura expresa. Incluso, las obras sociales, tienen sus planes de contingencia adecuados porque a mayor previsión también menores costos.
Los que no tienen trabajo en relación de dependencia carecen de esa cobertura, que es una de las coberturas que como bien dijo el diputado Santín, ha nacido vinculada con la relación de empleo.
Creemos que esta iniciativa es un paso adelante. En lo personal, como siempre suelo decir, creo que toda ley es perfectible y la ley de asignaciones familiares también lo es. Debemos trabajar, profundizar y mejorarla. Tenemos que hacer todos los cálculos de mejora y de perfeccionamiento vinculados a los ingresos del sistema contributivo y también a los costos fiscales que podamos asignar en el presupuesto. Si no, hacemos declamación para la tribuna pero nos estamos olvidando de que realmente el Estado debe ser eficiente y adecuar las respuestas a las necesidades de la gente. Para ello debemos ser también eficientes y mejores administradores.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra la señora diputada Parrilli.
SRA. PARRILLI Señor presidente: el diputado Pais ha explicado muy bien los costos diferenciales que tenemos en la Patagonia, de manera que ese punto no lo voy a tratar.
Celebro que haya acuerdo general de todos los partidos con este proyecto de ley de movilidad porque cuando la discutimos con respecto a las jubilaciones y las pensiones la discusión se centró en esa fórmula maldita, que hoy nos demuestra que no es tan maldita.
Quería hacer un aporte con respecto a lo que se ha expresado en cuanto a los diferentes tipos de escuelas.
La ley nacional contempla a las escuelas públicas, privadas y a las de gestión social.
Las escuelas de gestión social son las confesionales, a cargo de mutuales, cooperativas y demás. Mediante una simple resolución del Consejo provincial de cada una de las provincias en las que esas escuelas privadas de gestión social sean presentadas a la ANSES y acrediten con el bono que se paga que son de gestión social, los chicos cobran la asignación universal, reciben las netbooks y demás beneficios de la acción social. Esto lo hemos visto en la provincia de Río Negro y estamos tratando de que las autoridades de la provincia de Neuquén lo lleven a la práctica desde hace más de dos años, pero no lo logramos. No necesitamos esta ley para que en cada una de las provincias estas escuelas también estén cubiertas por todos los beneficios que este tema amerita.
Tendríamos que pensar en la inclusión de los monotributistas también, pero ello sería objeto de otra ley. Me parece que todos los partidos políticos deberíamos trabajar mucho para ver cómo podemos incrementar el trabajo y colaborar con una ley tan importante como lo es la de acabar con el trabajo en negro. Nuestro norte tiene que ser el de incrementar las asignaciones familiares y no, la asignación universal. En la medida en que la mayor cantidad de ciudadanos tengan trabajo digno en blanco, indudablemente se estarán zanjando estas diferencias que hoy se ponen en la discusión.
Nuestro trabajo como legisladores deber ser el de robustecer el trabajo en blanco para que haya salario familiar y no asignación universal. Esto no quiere decir que niegue todos los beneficios que estamos teniendo con la asignación universal.
Celebro que haya acuerdo general de todos los partidos con este proyecto de ley de movilidad porque cuando la discutimos con respecto a las jubilaciones y las pensiones la discusión se centró en esa fórmula maldita, que hoy nos demuestra que no es tan maldita.
Quería hacer un aporte con respecto a lo que se ha expresado en cuanto a los diferentes tipos de escuelas.
La ley nacional contempla a las escuelas públicas, privadas y a las de gestión social.
Las escuelas de gestión social son las confesionales, a cargo de mutuales, cooperativas y demás. Mediante una simple resolución del Consejo provincial de cada una de las provincias en las que esas escuelas privadas de gestión social sean presentadas a la ANSES y acrediten con el bono que se paga que son de gestión social, los chicos cobran la asignación universal, reciben las netbooks y demás beneficios de la acción social. Esto lo hemos visto en la provincia de Río Negro y estamos tratando de que las autoridades de la provincia de Neuquén lo lleven a la práctica desde hace más de dos años, pero no lo logramos. No necesitamos esta ley para que en cada una de las provincias estas escuelas también estén cubiertas por todos los beneficios que este tema amerita.
Tendríamos que pensar en la inclusión de los monotributistas también, pero ello sería objeto de otra ley. Me parece que todos los partidos políticos deberíamos trabajar mucho para ver cómo podemos incrementar el trabajo y colaborar con una ley tan importante como lo es la de acabar con el trabajo en negro. Nuestro norte tiene que ser el de incrementar las asignaciones familiares y no, la asignación universal. En la medida en que la mayor cantidad de ciudadanos tengan trabajo digno en blanco, indudablemente se estarán zanjando estas diferencias que hoy se ponen en la discusión.
Nuestro trabajo como legisladores deber ser el de robustecer el trabajo en blanco para que haya salario familiar y no asignación universal. Esto no quiere decir que niegue todos los beneficios que estamos teniendo con la asignación universal.
SR. PRESIDENTE FELETTI Antes de dar la palabra al señor diputado Sánchez, quisiera hacer una aclaración al señor diputado Sturzenegger, que ya señaló el señor diputado Pais y que comparto.
La realidad es que, por un lado, nosotros tenemos que caminar la formalidad, pero por el otro, los sectores en la informalidad requieren una acción más directa del Estado en cuanto a la oferta de bienes públicos, que es distinta de los sectores que ya acceden -como bien lo señaló el señor diputado Pais- y se desenvuelven en un escenario laboral donde hay presencia sindical y obra social. En el caso de la informalidad, hay que hacer llegar el hospital y la escuela de modo mucho más efectivo, porque si no lo tenemos claro, se produce una especie de fricción con la noción propia de ciudadanía. Esto es lo que se busca al sostener este tipo de leyes.
La realidad es que, por un lado, nosotros tenemos que caminar la formalidad, pero por el otro, los sectores en la informalidad requieren una acción más directa del Estado en cuanto a la oferta de bienes públicos, que es distinta de los sectores que ya acceden -como bien lo señaló el señor diputado Pais- y se desenvuelven en un escenario laboral donde hay presencia sindical y obra social. En el caso de la informalidad, hay que hacer llegar el hospital y la escuela de modo mucho más efectivo, porque si no lo tenemos claro, se produce una especie de fricción con la noción propia de ciudadanía. Esto es lo que se busca al sostener este tipo de leyes.
SR. STURZENEGGER Si me permite un comentario, yo no discrepo con nada de eso; lo que digo es que necesitamos saber si los chicos que tienen obra social porque sus padres trabajan en relación de dependencia, están vacunados, por ejemplo. Este es simplemente el punto.
SR. PRESIDENTE FELETTI La escuela lo pide.
Varios señores diputados hablan a la vez.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. STURZENEGGER No tiene ningún sentido no pedírselo.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: quiero hacer una sola consulta, porque nosotros vamos a presentar un dictamen de minoría con las consideraciones que creemos pertinentes para este proyecto.
Quisiera saber si la Presidencia resolvió incluir, como le solicité, el expediente número 1.343, de autoría de la señora diputada Carrió y de quien les habla, para el tratamiento de este expediente que viene del Senado.
Quisiera saber si la Presidencia resolvió incluir, como le solicité, el expediente número 1.343, de autoría de la señora diputada Carrió y de quien les habla, para el tratamiento de este expediente que viene del Senado.
SR. PRESIDENTE FELETTI La Comisión de Presupuesto y Hacienda es tercera competencia en este expediente. Previamente debió haber sido tratado por las comisiones de Acción Social y Salud Pública, luego por la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y finalmente por la de Presupuesto y Hacienda. No hay inconveniente en que se tenga el expediente a la vista, pero no corresponde el tratamiento porque esta comisión es tercera competencia y no tuvo tratamiento en las otras dos.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: entiendo que en tal caso usted no puede incluirlo, pero debería haber incluido la primera, segunda y tercera competencia. Así lo establece el reglamento.
SR. PRESIDENTE FELETTI Es un reclamo para la Secretaría Parlamentaria. No obstante, esta Presidencia lo toma con todo gusto.
Señor diputado Lozano: le vamos a dar la palabra por segunda vez. Trate de ser breve, por favor.
Señor diputado Lozano: le vamos a dar la palabra por segunda vez. Trate de ser breve, por favor.
SR. LOZANO Señor presidente: solo quiero aclarar que los números que usted planteó tienen que ver con la consideración punta a punta. Lo que le transmití antes era que el hecho de combinar un incremento de carácter anual en un contexto de inflación de entre el 20 y el 30 por ciento al año desde 2009 en adelante da como resultado dos situaciones. Hay un momento donde la asignación crece en poder adquisitivo por encima de los valores reales y luego hay un lapso, que es mucho más largo, donde se deteriora. La consecuencia es que a mayo estábamos un 16 por ciento abajo, en junio estábamos un 7 por ciento arriba y en noviembre vamos a volver a estar abajo. Por eso es importante que la actualización sea semestral o trimestral. Cuanta más actualizaciones haya más capacidad habrá de mantener el poder adquisitivo. De modo que lo que usted dijo no contradice lo que yo dije.
El segundo punto corresponde al tema del sistema previsional y a su financiamiento. Efectivamente, se trata de un sistema de reparto asistido. Pero los impuestos que percibe el sistema previsional son impuestos que tienen afectación específica para la función previsional. La función previsional que está definida en la ley es pagar los haberes y cancelar las deudas previsionales. Lo que nosotros señalamos es que cuando esto no está cumplido no corresponde entonces invertir recursos en otro destino. Por lo tanto, hay que buscar otro financiamiento alternativo.
El tercer punto tiene que ver con lo que dijo el señor diputado Pais. En efecto, esta ley no está discutiendo el sistema. Ciertamente, los que venimos bregando por el sistema de la asignación universal hace muchísimo tiempo e incluso antes de que fuera aplicado por este gobierno aprovechamos el momento en que está en debate, porque la verdad es que nos hubiera gustado que en 2009 lo discutiéramos acá.
Además, el sistema determina el tipo de actualización, porque si el objetivo del sistema es que ningún pibe sea pobre y el punto de referencia es la canasta de pobreza, el modo de actualizar es la evolución de esos precios. Ahora bien, si el sistema establece que quien paga es la ANSES, tal como lo establece el sistema planteado por el gobierno nacional, lo que aparece es otra fórmula de actualización. Por lo tanto, en el debate de actualización también está la discusión del sistema. Por eso es que traemos a colación ese debate.
El segundo punto corresponde al tema del sistema previsional y a su financiamiento. Efectivamente, se trata de un sistema de reparto asistido. Pero los impuestos que percibe el sistema previsional son impuestos que tienen afectación específica para la función previsional. La función previsional que está definida en la ley es pagar los haberes y cancelar las deudas previsionales. Lo que nosotros señalamos es que cuando esto no está cumplido no corresponde entonces invertir recursos en otro destino. Por lo tanto, hay que buscar otro financiamiento alternativo.
El tercer punto tiene que ver con lo que dijo el señor diputado Pais. En efecto, esta ley no está discutiendo el sistema. Ciertamente, los que venimos bregando por el sistema de la asignación universal hace muchísimo tiempo e incluso antes de que fuera aplicado por este gobierno aprovechamos el momento en que está en debate, porque la verdad es que nos hubiera gustado que en 2009 lo discutiéramos acá.
Además, el sistema determina el tipo de actualización, porque si el objetivo del sistema es que ningún pibe sea pobre y el punto de referencia es la canasta de pobreza, el modo de actualizar es la evolución de esos precios. Ahora bien, si el sistema establece que quien paga es la ANSES, tal como lo establece el sistema planteado por el gobierno nacional, lo que aparece es otra fórmula de actualización. Por lo tanto, en el debate de actualización también está la discusión del sistema. Por eso es que traemos a colación ese debate.
SR. PRESIDENTE FELETTI Damos por cerrado el debate del proyecto de actualización de las asignaciones familiares y pasamos el proyecto a la firma el proyecto.
Quedan por tratar dos proyectos de ley en revisión del Senado. El primero corresponde al expediente 0115-s-2014, sobre la creación de tres cargos de defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo impacto fiscal es de 3.900.000 pesos.
Si no hay comentarios, lo pasamos a la firma.
No se formulan observaciones.
Quedan por tratar dos proyectos de ley en revisión del Senado. El primero corresponde al expediente 0115-s-2014, sobre la creación de tres cargos de defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo impacto fiscal es de 3.900.000 pesos.
Si no hay comentarios, lo pasamos a la firma.
No se formulan observaciones.
SR. PRESIDENTE FELETTI El segundo proyecto corresponde al expediente
0043-s-2015, por el cual se establecen los objetivos para el desarrollo sustentable del sector acuícola. Esto tiene que ver fundamentalmente con la cría de peces, que es una fuente de alimentación muy importante.
Para referirse a este tema, tiene la palabra el señor diputado Basterra.
Para referirse a este tema, tiene la palabra el señor diputado Basterra.
SR. BASTERRA Voy a ser muy breve.
No quiero dejar pasar por alto que estamos discutiendo y acompañando este proyecto que se alinea con lo que nos ha propuesto permanentemente nuestra presidenta en relación con el concepto de agregación de valor de las producciones locales genuinas.
Gracias a la acuicultura nosotros tenemos a lo largo y a lo ancho del país la gran oportunidad de generar proteínas de altísimo valor con una tasa de conversión de alimento balanceado superior a la de cualquier otra proteína animal. Es por eso que solicito que el conjunto de los integrantes de esta comisión, así como lo hicieron los integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, acompañen con la firma este proyecto, que es de un valor estratégico para la transformación de granos y productos agrícolas en proteínas animales. Repito: esto alcanza a todo el país, desde el NEA y el NOA con especies como el pacú, hasta el Sur con especies como las truchas. Y seguramente también se abra un gran horizonte en lo que refiere al cultivo de salmónidos en nuestro mar.
No quiero dejar pasar por alto que estamos discutiendo y acompañando este proyecto que se alinea con lo que nos ha propuesto permanentemente nuestra presidenta en relación con el concepto de agregación de valor de las producciones locales genuinas.
Gracias a la acuicultura nosotros tenemos a lo largo y a lo ancho del país la gran oportunidad de generar proteínas de altísimo valor con una tasa de conversión de alimento balanceado superior a la de cualquier otra proteína animal. Es por eso que solicito que el conjunto de los integrantes de esta comisión, así como lo hicieron los integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, acompañen con la firma este proyecto, que es de un valor estratégico para la transformación de granos y productos agrícolas en proteínas animales. Repito: esto alcanza a todo el país, desde el NEA y el NOA con especies como el pacú, hasta el Sur con especies como las truchas. Y seguramente también se abra un gran horizonte en lo que refiere al cultivo de salmónidos en nuestro mar.
SR. PRESIDENTE FELETTI Tiene la palabra la señora diputada Gaillard.
SRA. GAILLARD Voy a ser muy breve, señor presidente.
En el artículo 27 del proyecto que estamos tratando, que fuera enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, se hace referencia a la ley 25.675, que es la ley de política ambiental nacional.
En el dictamen del Senado, el artículo 27 remite a otra ley, que es la 22.241. Entiendo que esta ley tiene importancia estratégica para las economías regionales. Por tanto, quisiera solicitar que al momento de la promulgación se pueda hacer la fe de erratas correspondiente ya que entiendo que esto ha obedecido a un error de tipeo.
En el artículo 27 del proyecto que estamos tratando, que fuera enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, se hace referencia a la ley 25.675, que es la ley de política ambiental nacional.
En el dictamen del Senado, el artículo 27 remite a otra ley, que es la 22.241. Entiendo que esta ley tiene importancia estratégica para las economías regionales. Por tanto, quisiera solicitar que al momento de la promulgación se pueda hacer la fe de erratas correspondiente ya que entiendo que esto ha obedecido a un error de tipeo.
SR. PRESIDENTE FELETTI Señora diputada Gaillard: va a salir con la respectiva fe de erratas a efectos de corregir ese error.
Tiene la palabra el señor diputado Lozano.
Tiene la palabra el señor diputado Lozano.
SR. LOZANO Nosotros estamos de acuerdo con este proyecto. Vemos con preocupación el hecho de que, como viene del Senado, cualquier modificación implicaría retraso. La otra cuestión a atender aquí es que el proyecto pretende colocar la promoción y el fondo nacional que se crea en beneficio de los pequeños y medianos empresarios. Eso es lo que dice explícitamente. Pero luego, al definir al beneficiario, lo hace por toneladas y no por sujeto económico. Me parece que eso abre la puerta a que un sujeto económico que tenga capacidad económica suficiente ingrese en el régimen de promoción cuando en verdad no sería conveniente que lo haga.
SR. PRESIDENTE FELETTI Pasamos a la firma el dictamen.
Gracias a todos por su presencia. Damos por concluida la reunión.
Gracias a todos por su presencia. Damos por concluida la reunión.