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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 28/06/2016
- PYMES
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de junio de 2016, a la hora 17 y 40:
SR. PRESIDENTE LASPINA Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Pequeñas y Medianas Empresas.
Se encuentra a consideración del plenario el proyecto de ley mediante el cual se crea el Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que ha enviado el Poder Ejecutivo nacional (expediente 0014-pe-2016).
Para su tratamiento se tendrán a la vista los siguientes expedientes: 2907-d-2016, de los señores diputados Recalde y Kicillof; 2317-d-2016, de los señores diputados Bossio, Kosiner, Ziliotto y Madera; y 2951-d-2016, de los señores diputados Massa, Lavagna, De Mendiguren, Selva y Camaño.
Por otro lado, se han recibido solicitudes para la incorporación al debate de otros expedientes relacionados con el tema: 2643-d-2016, de la señora diputada Frana y otros; 3236-d-2016, del señor diputado Solanas y otros; y 3844-d-2016, del señor diputado Heller.
Antes de comenzar con el tratamiento de los expedientes, la Presidencia quiere hacer algunas consideraciones respecto de la metodología de trabajo que quiere proponer a las comisiones.
Así como hemos trabajado conjuntamente en el proyecto de ley por el que se crea el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, que hoy obtuvo dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y de Legislación del Trabajo -tarea que demandó mucho tiempo-, dialogamos con algunos integrantes de las comisiones intervinientes en el tema en consideración con la idea de avanzar en un dictamen que tome lo mejor de las iniciativas en discusión.
De modo tal que la Presidencia propone abrir el debate para que los señores diputados planteen sus observaciones, eventualmente sugieran incorporaciones al proyecto del Poder Ejecutivo o hagan diversas consideraciones sobre los artículos que les resulten de interés de los proyectos en tratamiento.
La idea es recoger esos comentarios que surjan del intercambio de ideas e intentar elaborar un dictamen de aquí a mañana, cuando prosiga el cuarto intermedio al que pasaremos hoy cuando lo consideremos apropiado. Una vez que se haya elaborado ese primer proyecto fusionado sobre la base de las consideraciones que realicen los señores diputados, será puesto en tratamiento en una reunión plenaria de las comisiones. Es decir, mañana continuaríamos con el debate pero con un papel más concreto con respecto a qué cambios se están consensuando para seguir avanzando.
La Presidencia plantea esta metodología de trabajo como una modificación a la que estaba prevista inicialmente: intentar dictaminar hoy. Dada la importancia del tema, visto que hay muchos proyectos en consideración y que la mayoría de los aquí presentes hemos tenido mucho trabajo parlamentario con otras iniciativas que hoy fueron dictaminadas, la Presidencia sugiere que avancemos de esa forma. Entiende que es el método más productivo para que podamos, de aquí a mañana, lograr algo más concreto que reúna lo mejor de cada proyecto.
Tiene la palabra el señor diputado Wechsler.
Se encuentra a consideración del plenario el proyecto de ley mediante el cual se crea el Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que ha enviado el Poder Ejecutivo nacional (expediente 0014-pe-2016).
Para su tratamiento se tendrán a la vista los siguientes expedientes: 2907-d-2016, de los señores diputados Recalde y Kicillof; 2317-d-2016, de los señores diputados Bossio, Kosiner, Ziliotto y Madera; y 2951-d-2016, de los señores diputados Massa, Lavagna, De Mendiguren, Selva y Camaño.
Por otro lado, se han recibido solicitudes para la incorporación al debate de otros expedientes relacionados con el tema: 2643-d-2016, de la señora diputada Frana y otros; 3236-d-2016, del señor diputado Solanas y otros; y 3844-d-2016, del señor diputado Heller.
Antes de comenzar con el tratamiento de los expedientes, la Presidencia quiere hacer algunas consideraciones respecto de la metodología de trabajo que quiere proponer a las comisiones.
Así como hemos trabajado conjuntamente en el proyecto de ley por el que se crea el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, que hoy obtuvo dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y de Legislación del Trabajo -tarea que demandó mucho tiempo-, dialogamos con algunos integrantes de las comisiones intervinientes en el tema en consideración con la idea de avanzar en un dictamen que tome lo mejor de las iniciativas en discusión.
De modo tal que la Presidencia propone abrir el debate para que los señores diputados planteen sus observaciones, eventualmente sugieran incorporaciones al proyecto del Poder Ejecutivo o hagan diversas consideraciones sobre los artículos que les resulten de interés de los proyectos en tratamiento.
La idea es recoger esos comentarios que surjan del intercambio de ideas e intentar elaborar un dictamen de aquí a mañana, cuando prosiga el cuarto intermedio al que pasaremos hoy cuando lo consideremos apropiado. Una vez que se haya elaborado ese primer proyecto fusionado sobre la base de las consideraciones que realicen los señores diputados, será puesto en tratamiento en una reunión plenaria de las comisiones. Es decir, mañana continuaríamos con el debate pero con un papel más concreto con respecto a qué cambios se están consensuando para seguir avanzando.
La Presidencia plantea esta metodología de trabajo como una modificación a la que estaba prevista inicialmente: intentar dictaminar hoy. Dada la importancia del tema, visto que hay muchos proyectos en consideración y que la mayoría de los aquí presentes hemos tenido mucho trabajo parlamentario con otras iniciativas que hoy fueron dictaminadas, la Presidencia sugiere que avancemos de esa forma. Entiende que es el método más productivo para que podamos, de aquí a mañana, lograr algo más concreto que reúna lo mejor de cada proyecto.
Tiene la palabra el señor diputado Wechsler.
SR. WECHSLER Señor presidente: el capítulo I, artículo 3°, inciso a) del proyecto señala: "Declarados en estado de quiebra respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido..."
SR. SOLANAS ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. WECHSLER Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE LASPINA Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Señor presidente: no tenemos el proyecto al que se está refiriendo el señor diputado Wechsler. Usted dijo que hay una síntesis...
SR. PRESIDENTE LASPINA No, señor diputado. Dije que se encuentra en consideración el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, junto con otros seis que se presentaron sobre el mismo tema.
SR. SOLANAS O sea que la discusión está abierta a todas esas iniciativas. Agradezco su aclaración, señor presidente.
SR. PRESIDENTE LASPINA Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Wechsler.
SR. WECHSLER Señor presidente: como decía, de acuerdo con esta disposición, no podrían adherir a estos beneficios las empresas declaradas en estado de quiebra. Por eso sugiero que diga: "quiebra fraudulenta", de modo de no dejar exceptuadas a aquellas personas que, en su primer emprendimiento, tienen problemas por falta de cultura y muchas otras cuestiones. Reitero que me estoy refiriendo al capítulo I, artículo 3°, inciso a) del proyecto en consideración.
Además, de acuerdo con el estudio Haciendo negocios publicado por el Banco Mundial, la Argentina ocupa el puesto noventa y cinco entre los países con capacidad de reemprender. Siendo que estamos buscando que las pymes tengan esa capacidad, no podemos castigar a quienes con el ánimo de hacerlo hayan sufrido una quiebra no fraudulenta, ya que de esa forma estaríamos aboliendo el espíritu del "emprendedorismo".
Analicemos, por ejemplo, las características del Chapter 11 de Estados Unidos y comparémoslas con la ley argentina. En ese país, muchas compañías han tenido, como parte de sus buenas prácticas, la posibilidad de equivocarse. Esto es lo primero que, a mi juicio, deberíamos considerar.
Segundo, pienso que sería bueno incluir la creación de un consejo de monitoreo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de contar con una matriz costo-beneficio; elaborar y coordinar aquellas actividades que permitan alcanzar mejor la competitividad; conformar una matriz de competitividad con herramientas comparativas en la región y generar un plan de infraestructura como motor para impulsar mejoras en la competitividad. Se trata de una serie de propuestas que acercaré directamente a la Presidencia. Me parece que es importante generar una agencia o un consejo de competitividad.
Además, de acuerdo con el estudio Haciendo negocios publicado por el Banco Mundial, la Argentina ocupa el puesto noventa y cinco entre los países con capacidad de reemprender. Siendo que estamos buscando que las pymes tengan esa capacidad, no podemos castigar a quienes con el ánimo de hacerlo hayan sufrido una quiebra no fraudulenta, ya que de esa forma estaríamos aboliendo el espíritu del "emprendedorismo".
Analicemos, por ejemplo, las características del Chapter 11 de Estados Unidos y comparémoslas con la ley argentina. En ese país, muchas compañías han tenido, como parte de sus buenas prácticas, la posibilidad de equivocarse. Esto es lo primero que, a mi juicio, deberíamos considerar.
Segundo, pienso que sería bueno incluir la creación de un consejo de monitoreo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de contar con una matriz costo-beneficio; elaborar y coordinar aquellas actividades que permitan alcanzar mejor la competitividad; conformar una matriz de competitividad con herramientas comparativas en la región y generar un plan de infraestructura como motor para impulsar mejoras en la competitividad. Se trata de una serie de propuestas que acercaré directamente a la Presidencia. Me parece que es importante generar una agencia o un consejo de competitividad.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Garretón.
SR. GARRETÓN Señor presidente: festejo las iniciativas que fomentan el desarrollo de las pymes porque este sector representa la base de cualquier economía a gran escala. Creo que el desafío es que estas pymes formen parte de una matriz productiva más compleja.
Dado que los proyectos presentados están más orientados a las inversiones productivas, para lograr ese desafío pienso que deberíamos plantear la existencia de pymes basadas en el conocimiento. Para abarcar aún más, es necesario que orientemos el fomento, el desarrollo y el beneficio a todas las nuevas empresas basadas en el conocimiento.
Si bien me parece correcto poner el foco en las inversiones productivas por la generación de empleo que esto representa, dada la tendencia mundial pienso que en la Argentina deberíamos apuntar a una sociedad basada en el conocimiento. Consecuentemente, tenemos que promover que las pymes inviertan en él. Las empresas de servicios, aquellas basadas en la tecnología y los nuevos emprendimientos a escala regional, estarían quedando afuera al no generar el impacto que buscamos. Por lo tanto, deberíamos apuntar no solo a las inversiones productivas sino también a que las pymes basadas en el conocimiento puedan acceder a los beneficios contemplados en la norma.
Dado que los proyectos presentados están más orientados a las inversiones productivas, para lograr ese desafío pienso que deberíamos plantear la existencia de pymes basadas en el conocimiento. Para abarcar aún más, es necesario que orientemos el fomento, el desarrollo y el beneficio a todas las nuevas empresas basadas en el conocimiento.
Si bien me parece correcto poner el foco en las inversiones productivas por la generación de empleo que esto representa, dada la tendencia mundial pienso que en la Argentina deberíamos apuntar a una sociedad basada en el conocimiento. Consecuentemente, tenemos que promover que las pymes inviertan en él. Las empresas de servicios, aquellas basadas en la tecnología y los nuevos emprendimientos a escala regional, estarían quedando afuera al no generar el impacto que buscamos. Por lo tanto, deberíamos apuntar no solo a las inversiones productivas sino también a que las pymes basadas en el conocimiento puedan acceder a los beneficios contemplados en la norma.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: bien dijo usted que hay voluntad de tomar lo mejor de cada proyecto para llegar a un texto superador que incluya las inquietudes que tales iniciativas expresan.
Empezaré por la estructura que, a mi criterio, debería tener el proyecto final para después entrar en algunas cuestiones particulares que considero deben incorporarse. Dicha estructura incluye justamente varios puntos de cada uno de esos proyectos que sugiero formen parte del articulado final.
El primero tiene que ver con diferenciar entre coyuntura y desarrollo de las pymes, ya que este último está más ligado a cuestiones de inversión de mediano y largo plazo. Todos estamos de acuerdo con la necesidad de fomentar no solo la inversión sino también los mecanismos que pongan en movimiento el aparato productivo y la creación de más valor por parte las pymes.
No podemos desconocer que las pequeñas y medianas empresas están atravesando por una situación coyuntural compleja y que es preciso tender a darles soluciones de corto plazo. De este modo, en una segunda instancia vamos a poder estar hablando del largo plazo y del incentivo a las inversiones. En tal sentido, propongo que el proyecto comience con la incorporación del REPRO, el Programa de Recuperación Productiva creado en 2002 sobre el cual ya hemos discutido mucho. La propuesta es que se incluya el REPRO por ley y que los topes para las pymes se aumenten en un 50 por ciento. Esto significa reconocerles un beneficio adicional a través de dicho programa. Este sería el primer aspecto que creo debería incorporarse al proyecto.
El segundo -este es el que yo creo es el orden cronológico, pero por supuesto es materia de discusión- es el fortalecimiento de las pymes. Este aspecto, que tiene que ver tanto con el corto como con el largo plazo, básicamente se refiere a las medidas tributarias diferenciales que podamos darles. Desde luego que esto persigue un impacto en el corto plazo, ya que alivianaríamos la carga impositiva de las pymes, pero también busca un efecto de largo plazo al reconocer que una pyme no cuenta con las mismas herramientas que una empresa grande a la hora de hacer una inversión. En este sentido, este gran capítulo debería incluir algunas cuestiones que están planteadas en el proyecto que ha presentado el Frente Renovador, así como en el que ha presentado el oficialismo.
Tenemos que volver a la discusión sobre el pago del IVA a los noventa días. Si bien el Poder Ejecutivo hizo un anuncio sobre el momento en que deberán pagarlo, creo que se quedó un poco corto. Más allá de que reconozco el esfuerzo que se hizo y el buen camino que se recorrió, pienso que es necesario un esfuerzo mayor para que efectivamente las pymes puedan pagar el IVA a los noventa días. La medida que lanzó el Poder Ejecutivo consiste en que paguen el IVA cada noventa días, que no es lo mismo que pagarlo a los noventa días.
Para que tengan una idea, esto significa que, de acuerdo con la resolución que la AFIP dictó recientemente, el IVA correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo se paga en abril. Esto puede generar un ahogo financiero a las pymes comprometidas financieramente, ya que tienen que acumular tres meses de IVA y pagarlo todo junto. Seguramente vamos a empezar a ver algunos de los efectos derivados de este cambio impuesto por la AFIP pronto, cuando venzan los tres meses.
Mi propuesta es ir de forma escalonada, de modo tal de no generar un impacto fiscal tan grande de golpe, a fin de llegar a los noventa días efectivos el año que viene. Esto significa que, si una empresa facturó en enero, pague en abril, y si facturo en febrero, pague en mayo; es decir, pretendemos que sean noventa días efectivos y no noventa días acumulados.
El tercer punto en el que hay coincidencias entre los distintos proyectos es la eliminación de la ganancia mínima presunta para las pymes.
El cuarto, tiene ver con el impuesto al cheque. El proyecto que nosotros presentamos contempla tomar a cuenta el ciento por ciento de lo que se paga por impuesto al cheque como anticipo del pago del impuesto a las ganancias. Por su parte, la iniciativa del Poder Ejecutivo dispone que podrán tomar el ciento por ciento del impuesto al cheque como anticipo del impuesto a las ganancias solo las micro y pequeñas empresas, dejando fuera a las medianas. Nosotros consideramos que un punto intermedio podría ser que las micro y pequeñas empresas tomen a cuenta el ciento por ciento, y que las medianas -las del primer tramo, que son una gran cantidad de empresas- gocen de un incremento en el porcentaje que hoy pueden descontar. Concretamente, proponemos llevarlo al 50 por ciento del impuesto al cheque. Para que los señores diputados se den una idea, sería aumentar casi en un 20 por ciento lo que hoy pueden descontar.
Estas son medidas que, si bien tienen un impacto de largo plazo en cuanto a los beneficios del sistema tributario en general, claramente tienen un incentivo de corto plazo vinculado con cómo generamos caja o capital de trabajo a las pymes para que puedan sortear la situación compleja que están atravesando.
El capítulo II se relaciona con el fomento a la inversión. Más allá de la redacción, tenemos coincidencias sobre los instrumentos que se utilizarían para alcanzar ese objetivo. El proyecto del Frente Renovador propone que las utilidades reinvertidas no paguen impuesto a las ganancias, mientras que el del Poder Ejecutivo establece que para todas las inversiones realizadas haya un porcentaje que se pueda descontar del impuesto a las ganancias.
Esto es decir lo mismo de dos formas distintas. Por eso no tenemos ningún problema en aceptar la redacción del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pero solicitamos un incremento en los porcentajes correspondientes a lo que se podrá deducir por la inversión realizada; o sea, tanto del techo -el proyecto oficialista lo fija en 8 por ciento- como del piso a aplicar sobre la facturación.
En cuanto a inversiones y utilidades, ambos proyectos son similares; son dos formas distintas de escribir lo mismo. Por eso, reitero, no tenemos problema en incorporar una de las dos redacciones en la medida que logremos que las pymes que reinviertan no paguen impuesto a las ganancias o, por lo menos, no lo hagan en parte.
Por otro lado, el proyecto del oficialismo avanza sobre instrumentos que ya existen y se aplican, como el Fonapyme y el Fogapyme. Las pymes ya conocen estos instrumentos que han tenido éxito a lo largo de los años. Me parece bueno que se puedan mantener, sobre todo en lo que se refiere a la ampliación de algunos montos y plazos.
Ligado a la inversión y al capital de trabajo, incluiríamos un capítulo que podría titularse "Financiamiento". En su proyecto, el Poder Ejecutivo amplía los límites de las líneas de crédito productivo; hace una incorporación que a nosotros nos parece correcta. Sin embargo, nos preocupa que estas líneas de crédito productivo lleguen efectivamente a las pymes y no pase, como ocurre en muchos casos, que terminan siendo destinadas a empresas medianas más grandes que concentran mucho.
De la misma manera, se podrían incluir modificaciones al articulado para que estas líneas de inversión productiva tengan una mayor incidencia en el capital de trabajo. Cuando digo "capital de trabajo" me refiero a distintos mecanismos -como descuento de cheques o documentos- que combinen el corto con el largo plazo. Hay una coyuntura compleja y las pymes necesitan capital de trabajo a tasas más bajas que las que hoy pagan por descuento de cheques. Como producto de los cambios económicos y del aumento de las tasas de interés, hoy les resulta prácticamente imposible financiar capital de trabajo. Por ello incluiría esta modificación en el capítulo que he mencionado.
También referido al tema del financiamiento, creo que hay que reforzar las líneas de crédito que en su momento formaron parte del conocido "inciso k", que básicamente establecía cuánto tenían que destinar al mercado de capitales las empresas aseguradoras para financiar distintos instrumentos productivos.
Con el cambio de gobierno, los topes fueron modificados. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo introduce un cambio de forma. De todos modos, creo necesario elevar el nivel de lo que las aseguradoras deben invertir en créditos productivos y, en ese contexto, el piso de los fondos destinados a financiar instrumentos a corto plazo o el capital de trabajo de las pymes; por ejemplo, los descuentos de cheques.
Es decir que estaríamos incluyendo medidas a largo y a corto plazo para que las pymes puedan sortear la situación que atraviesan.
Asimismo, creo que se debería incluir un título con disposiciones generales que contemplen cuestiones de índole administrativa -como las relativas a la AFIP- y de seguimiento, como la creación de una comisión u organismo encargado de monitorear la situación de las pymes, tal como lo mencionó el señor diputado preopinante.
En suma, entendemos que tienen que introducirse modificaciones tendientes a que las pymes cuenten con un régimen simplificado de presentación y pago de impuestos. Siendo que la AFIP ya cuenta con algunas herramientas en ese sentido, pienso que para darles más fuerza habría que incluirlas en la norma. A la vez, sería oportuno instruirla para que medie en la obtención de todos los recursos a fin de simplificar a las pymes el proceso de presentación y pago de impuestos. De esta forma, en equis cantidad de años las pymes podrían tener una cuenta única donde pagar y la posibilidad de compensar impuestos sin problema alguno.
Reitero que las pymes no tienen la estructura de las grandes empresas, que cuentan con la colaboración de importantes estudios de contadores y abogados, sino que, por el contrario, en muchos casos solamente cuentan con un contador part time que las asiste semanalmente. El hecho de no tener un régimen simplificado, les genera dificultades adicionales.
Si se me permite, quiero volver sobre el título II -relativo al fortalecimiento de las pymes- porque olvidé mencionar un tema no menor cuando hablamos de los beneficios impositivos; me refiero a los saldos de libre disponibilidad.
La última resolución general de la AFIP introdujo cambios tendientes a acelerar los plazos de la devolución de los saldos de libre disponibilidad, pero de todas maneras todavía no se termina de solucionar la cuestión pertinente al stock o la deuda vieja de saldo de libre disponibilidad. Para que los señores diputados se den una idea, estamos hablando de unos 15.000 millones de pesos que la AFIP debe a las pymes; entonces, tendríamos que buscar un mecanismo para concretar esa devolución.
Como dije antes, seguramente a todos nos gustaría que se les reintegre de forma inmediata; pero como en esta coyuntura, donde hay problemas fiscales, ello se torna difícil, habría que pensar en la emisión de un título que pueda ser descontado o "tradeado" en el mercado, para que las pymes puedan hacerse rápido de esos recursos. Si bien tendríamos que discutir sus condiciones, debería ser un título largo que no desfinancie las cuentas públicas ni genere un hueco fiscal; pero tampoco podemos dejar de dar respuesta a esta deuda que desde hace muchos años se tiene las pymes.
Como decía, sería interesante incorporar un título con disposiciones generales sobre medidas administrativas para simplificar el régimen y creación de un organismo de seguimiento de la situación de las pymes. Pienso en un consejo compuesto tanto por el sector público como por el sector privado, que tenga como función básica -entre otras que podamos incluir- monitorear la evolución de los créditos asignados a las pymes. Esto se relaciona con el título sobre el financiamiento del que hablé antes.
Se trata de hacer un seguimiento para saber si el crédito llega a las pymes y en qué condiciones. En el caso de que no lo haga, la idea es tomar medidas que tiendan a facilitar el acceso al crédito.
Asimismo, habría que hacer un seguimiento en materia de comercio exterior. Concretamente, analizar las aperturas comerciales, los mecanismos de incentivo a las exportaciones y demás instrumentos que tienen las pymes para exportar, la evolución de la producción y del empleo en las pymes, etcétera.
Un punto adicional que considero importante es el seguimiento sobre cómo evoluciona la fijación de precios en la cadena de valor. El objetivo es determinar dónde se generan las distorsiones y, eventualmente, proponer medidas específicas que tiendan a corregirlas.
Por otro lado, entiendo que debería contemplarse algún mecanismo de actualización permanentemente del concepto "pyme" a los efectos de los alcances de la ley. Si el Poder Ejecutivo de turno, sea quien fuere, no actualiza los parámetros, las pymes pasan a ser empresas grandes solo por los efectos inflacionarios. Por tanto, tendría que haber una política de actualización permanente, con ciertos parámetros que podrá determinar la autoridad de aplicación. Dicha actualización debería realizarse, al menos, una vez al año en forma obligatoria.
Otro aspecto, que si bien habría que analizar más en detalle sería interesante incorporar, tiene que ver con dar un incentivo adicional a las pymes que generen exportaciones. A mi juicio, esto se debería traducir en un aumento de los reintegros que hoy existen para la exportación. Si se quiere, esto puede ser justificado por el aumento de la presión impositiva; es decir, por el incremento de las distintas tasas y contribuciones que han sufrido las empresas. Pienso que se podrían duplicar estos reintegros. Si alguien piensa que el costo fiscal de una medida de este tipo es enorme, debo decir que no es así; no sería tan grande. Creo que hay que empezar a buscar los mecanismos para que esto pueda instrumentarse.
Desde ya, todo esto tendrá un gran impacto en las economías regionales.
Hay muchos otros aspectos para analizar en detalle, pero he querido referirme a estos en particular porque me interesa que nos pongamos de acuerdo al menos con la estructura de lo que debería ser un régimen de fomento para las pymes. Desde ya, estoy abierto a que discutamos en detalle el articulado de esta propuesta.
Empezaré por la estructura que, a mi criterio, debería tener el proyecto final para después entrar en algunas cuestiones particulares que considero deben incorporarse. Dicha estructura incluye justamente varios puntos de cada uno de esos proyectos que sugiero formen parte del articulado final.
El primero tiene que ver con diferenciar entre coyuntura y desarrollo de las pymes, ya que este último está más ligado a cuestiones de inversión de mediano y largo plazo. Todos estamos de acuerdo con la necesidad de fomentar no solo la inversión sino también los mecanismos que pongan en movimiento el aparato productivo y la creación de más valor por parte las pymes.
No podemos desconocer que las pequeñas y medianas empresas están atravesando por una situación coyuntural compleja y que es preciso tender a darles soluciones de corto plazo. De este modo, en una segunda instancia vamos a poder estar hablando del largo plazo y del incentivo a las inversiones. En tal sentido, propongo que el proyecto comience con la incorporación del REPRO, el Programa de Recuperación Productiva creado en 2002 sobre el cual ya hemos discutido mucho. La propuesta es que se incluya el REPRO por ley y que los topes para las pymes se aumenten en un 50 por ciento. Esto significa reconocerles un beneficio adicional a través de dicho programa. Este sería el primer aspecto que creo debería incorporarse al proyecto.
El segundo -este es el que yo creo es el orden cronológico, pero por supuesto es materia de discusión- es el fortalecimiento de las pymes. Este aspecto, que tiene que ver tanto con el corto como con el largo plazo, básicamente se refiere a las medidas tributarias diferenciales que podamos darles. Desde luego que esto persigue un impacto en el corto plazo, ya que alivianaríamos la carga impositiva de las pymes, pero también busca un efecto de largo plazo al reconocer que una pyme no cuenta con las mismas herramientas que una empresa grande a la hora de hacer una inversión. En este sentido, este gran capítulo debería incluir algunas cuestiones que están planteadas en el proyecto que ha presentado el Frente Renovador, así como en el que ha presentado el oficialismo.
Tenemos que volver a la discusión sobre el pago del IVA a los noventa días. Si bien el Poder Ejecutivo hizo un anuncio sobre el momento en que deberán pagarlo, creo que se quedó un poco corto. Más allá de que reconozco el esfuerzo que se hizo y el buen camino que se recorrió, pienso que es necesario un esfuerzo mayor para que efectivamente las pymes puedan pagar el IVA a los noventa días. La medida que lanzó el Poder Ejecutivo consiste en que paguen el IVA cada noventa días, que no es lo mismo que pagarlo a los noventa días.
Para que tengan una idea, esto significa que, de acuerdo con la resolución que la AFIP dictó recientemente, el IVA correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo se paga en abril. Esto puede generar un ahogo financiero a las pymes comprometidas financieramente, ya que tienen que acumular tres meses de IVA y pagarlo todo junto. Seguramente vamos a empezar a ver algunos de los efectos derivados de este cambio impuesto por la AFIP pronto, cuando venzan los tres meses.
Mi propuesta es ir de forma escalonada, de modo tal de no generar un impacto fiscal tan grande de golpe, a fin de llegar a los noventa días efectivos el año que viene. Esto significa que, si una empresa facturó en enero, pague en abril, y si facturo en febrero, pague en mayo; es decir, pretendemos que sean noventa días efectivos y no noventa días acumulados.
El tercer punto en el que hay coincidencias entre los distintos proyectos es la eliminación de la ganancia mínima presunta para las pymes.
El cuarto, tiene ver con el impuesto al cheque. El proyecto que nosotros presentamos contempla tomar a cuenta el ciento por ciento de lo que se paga por impuesto al cheque como anticipo del pago del impuesto a las ganancias. Por su parte, la iniciativa del Poder Ejecutivo dispone que podrán tomar el ciento por ciento del impuesto al cheque como anticipo del impuesto a las ganancias solo las micro y pequeñas empresas, dejando fuera a las medianas. Nosotros consideramos que un punto intermedio podría ser que las micro y pequeñas empresas tomen a cuenta el ciento por ciento, y que las medianas -las del primer tramo, que son una gran cantidad de empresas- gocen de un incremento en el porcentaje que hoy pueden descontar. Concretamente, proponemos llevarlo al 50 por ciento del impuesto al cheque. Para que los señores diputados se den una idea, sería aumentar casi en un 20 por ciento lo que hoy pueden descontar.
Estas son medidas que, si bien tienen un impacto de largo plazo en cuanto a los beneficios del sistema tributario en general, claramente tienen un incentivo de corto plazo vinculado con cómo generamos caja o capital de trabajo a las pymes para que puedan sortear la situación compleja que están atravesando.
El capítulo II se relaciona con el fomento a la inversión. Más allá de la redacción, tenemos coincidencias sobre los instrumentos que se utilizarían para alcanzar ese objetivo. El proyecto del Frente Renovador propone que las utilidades reinvertidas no paguen impuesto a las ganancias, mientras que el del Poder Ejecutivo establece que para todas las inversiones realizadas haya un porcentaje que se pueda descontar del impuesto a las ganancias.
Esto es decir lo mismo de dos formas distintas. Por eso no tenemos ningún problema en aceptar la redacción del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pero solicitamos un incremento en los porcentajes correspondientes a lo que se podrá deducir por la inversión realizada; o sea, tanto del techo -el proyecto oficialista lo fija en 8 por ciento- como del piso a aplicar sobre la facturación.
En cuanto a inversiones y utilidades, ambos proyectos son similares; son dos formas distintas de escribir lo mismo. Por eso, reitero, no tenemos problema en incorporar una de las dos redacciones en la medida que logremos que las pymes que reinviertan no paguen impuesto a las ganancias o, por lo menos, no lo hagan en parte.
Por otro lado, el proyecto del oficialismo avanza sobre instrumentos que ya existen y se aplican, como el Fonapyme y el Fogapyme. Las pymes ya conocen estos instrumentos que han tenido éxito a lo largo de los años. Me parece bueno que se puedan mantener, sobre todo en lo que se refiere a la ampliación de algunos montos y plazos.
Ligado a la inversión y al capital de trabajo, incluiríamos un capítulo que podría titularse "Financiamiento". En su proyecto, el Poder Ejecutivo amplía los límites de las líneas de crédito productivo; hace una incorporación que a nosotros nos parece correcta. Sin embargo, nos preocupa que estas líneas de crédito productivo lleguen efectivamente a las pymes y no pase, como ocurre en muchos casos, que terminan siendo destinadas a empresas medianas más grandes que concentran mucho.
De la misma manera, se podrían incluir modificaciones al articulado para que estas líneas de inversión productiva tengan una mayor incidencia en el capital de trabajo. Cuando digo "capital de trabajo" me refiero a distintos mecanismos -como descuento de cheques o documentos- que combinen el corto con el largo plazo. Hay una coyuntura compleja y las pymes necesitan capital de trabajo a tasas más bajas que las que hoy pagan por descuento de cheques. Como producto de los cambios económicos y del aumento de las tasas de interés, hoy les resulta prácticamente imposible financiar capital de trabajo. Por ello incluiría esta modificación en el capítulo que he mencionado.
También referido al tema del financiamiento, creo que hay que reforzar las líneas de crédito que en su momento formaron parte del conocido "inciso k", que básicamente establecía cuánto tenían que destinar al mercado de capitales las empresas aseguradoras para financiar distintos instrumentos productivos.
Con el cambio de gobierno, los topes fueron modificados. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo introduce un cambio de forma. De todos modos, creo necesario elevar el nivel de lo que las aseguradoras deben invertir en créditos productivos y, en ese contexto, el piso de los fondos destinados a financiar instrumentos a corto plazo o el capital de trabajo de las pymes; por ejemplo, los descuentos de cheques.
Es decir que estaríamos incluyendo medidas a largo y a corto plazo para que las pymes puedan sortear la situación que atraviesan.
Asimismo, creo que se debería incluir un título con disposiciones generales que contemplen cuestiones de índole administrativa -como las relativas a la AFIP- y de seguimiento, como la creación de una comisión u organismo encargado de monitorear la situación de las pymes, tal como lo mencionó el señor diputado preopinante.
En suma, entendemos que tienen que introducirse modificaciones tendientes a que las pymes cuenten con un régimen simplificado de presentación y pago de impuestos. Siendo que la AFIP ya cuenta con algunas herramientas en ese sentido, pienso que para darles más fuerza habría que incluirlas en la norma. A la vez, sería oportuno instruirla para que medie en la obtención de todos los recursos a fin de simplificar a las pymes el proceso de presentación y pago de impuestos. De esta forma, en equis cantidad de años las pymes podrían tener una cuenta única donde pagar y la posibilidad de compensar impuestos sin problema alguno.
Reitero que las pymes no tienen la estructura de las grandes empresas, que cuentan con la colaboración de importantes estudios de contadores y abogados, sino que, por el contrario, en muchos casos solamente cuentan con un contador part time que las asiste semanalmente. El hecho de no tener un régimen simplificado, les genera dificultades adicionales.
Si se me permite, quiero volver sobre el título II -relativo al fortalecimiento de las pymes- porque olvidé mencionar un tema no menor cuando hablamos de los beneficios impositivos; me refiero a los saldos de libre disponibilidad.
La última resolución general de la AFIP introdujo cambios tendientes a acelerar los plazos de la devolución de los saldos de libre disponibilidad, pero de todas maneras todavía no se termina de solucionar la cuestión pertinente al stock o la deuda vieja de saldo de libre disponibilidad. Para que los señores diputados se den una idea, estamos hablando de unos 15.000 millones de pesos que la AFIP debe a las pymes; entonces, tendríamos que buscar un mecanismo para concretar esa devolución.
Como dije antes, seguramente a todos nos gustaría que se les reintegre de forma inmediata; pero como en esta coyuntura, donde hay problemas fiscales, ello se torna difícil, habría que pensar en la emisión de un título que pueda ser descontado o "tradeado" en el mercado, para que las pymes puedan hacerse rápido de esos recursos. Si bien tendríamos que discutir sus condiciones, debería ser un título largo que no desfinancie las cuentas públicas ni genere un hueco fiscal; pero tampoco podemos dejar de dar respuesta a esta deuda que desde hace muchos años se tiene las pymes.
Como decía, sería interesante incorporar un título con disposiciones generales sobre medidas administrativas para simplificar el régimen y creación de un organismo de seguimiento de la situación de las pymes. Pienso en un consejo compuesto tanto por el sector público como por el sector privado, que tenga como función básica -entre otras que podamos incluir- monitorear la evolución de los créditos asignados a las pymes. Esto se relaciona con el título sobre el financiamiento del que hablé antes.
Se trata de hacer un seguimiento para saber si el crédito llega a las pymes y en qué condiciones. En el caso de que no lo haga, la idea es tomar medidas que tiendan a facilitar el acceso al crédito.
Asimismo, habría que hacer un seguimiento en materia de comercio exterior. Concretamente, analizar las aperturas comerciales, los mecanismos de incentivo a las exportaciones y demás instrumentos que tienen las pymes para exportar, la evolución de la producción y del empleo en las pymes, etcétera.
Un punto adicional que considero importante es el seguimiento sobre cómo evoluciona la fijación de precios en la cadena de valor. El objetivo es determinar dónde se generan las distorsiones y, eventualmente, proponer medidas específicas que tiendan a corregirlas.
Por otro lado, entiendo que debería contemplarse algún mecanismo de actualización permanentemente del concepto "pyme" a los efectos de los alcances de la ley. Si el Poder Ejecutivo de turno, sea quien fuere, no actualiza los parámetros, las pymes pasan a ser empresas grandes solo por los efectos inflacionarios. Por tanto, tendría que haber una política de actualización permanente, con ciertos parámetros que podrá determinar la autoridad de aplicación. Dicha actualización debería realizarse, al menos, una vez al año en forma obligatoria.
Otro aspecto, que si bien habría que analizar más en detalle sería interesante incorporar, tiene que ver con dar un incentivo adicional a las pymes que generen exportaciones. A mi juicio, esto se debería traducir en un aumento de los reintegros que hoy existen para la exportación. Si se quiere, esto puede ser justificado por el aumento de la presión impositiva; es decir, por el incremento de las distintas tasas y contribuciones que han sufrido las empresas. Pienso que se podrían duplicar estos reintegros. Si alguien piensa que el costo fiscal de una medida de este tipo es enorme, debo decir que no es así; no sería tan grande. Creo que hay que empezar a buscar los mecanismos para que esto pueda instrumentarse.
Desde ya, todo esto tendrá un gran impacto en las economías regionales.
Hay muchos otros aspectos para analizar en detalle, pero he querido referirme a estos en particular porque me interesa que nos pongamos de acuerdo al menos con la estructura de lo que debería ser un régimen de fomento para las pymes. Desde ya, estoy abierto a que discutamos en detalle el articulado de esta propuesta.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Kosiner.
SR. KOSINER Señor presidente: me parece importante que definamos primero algo sobre lo que todavía no hemos dialogado: por qué estamos discutiendo ahora un proyecto por el que se crea un régimen de fomento y desarrollo para las pymes. Si no, puede parecer que espontáneamente decidimos avanzar en esta cuestión.
Lo estamos haciendo porque claramente las pymes se encuentran en una situación de emergencia. Creo que conviene definirlo, porque ello servirá como parámetro para entender el grado de esfuerzo, incluso fiscal, que deberemos hacer para ayudarlas a superar esa situación.
Este planteo no lo hago a título individual. En una reunión de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas previa a este plenario, hicimos una ronda de diálogo con distintas organizaciones -centros y cámaras- que representan la actividad de las pymes y no hemos encontrado una sola que diga que el sector está en crecimiento.
Esta es la primera definición que nos tiene que llevar a plantear el rumbo de esta discusión y hasta dónde podemos o queremos avanzar, siendo claramente responsables de que cuando uno habla de fomento y desarrollo en situación de crisis también se está refiriendo necesariamente a un esfuerzo fiscal, porque es el Estado quien debe acompañar. Entonces, también necesitamos como legisladores tener una cuota de responsabilidad para saber hasta dónde se puede hacer ese esfuerzo fiscal.
Voy a utilizar unos pocos minutos para narrar algunos detalles de los diálogos que tuvimos en esa reunión de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Cuando hablamos con la gente de CAME, nos informaron de una caída actual acumulada cercana al 10 por ciento, mientras que los representantes de CIMA, Cadieel y CGERA hicieron referencia a una caída en sus ventas del 20 al 25 por ciento.
El sector se encuentra en una situación muy delicada. Claramente, hay muchos factores que debemos tener en cuenta. No podemos hablar de las herramientas que vamos a aplicar si no sabemos qué está pasando y qué grado de impacto pueden tener. Si decimos que los factores que inciden fundamentalmente en el aumento del costo de la cadena productiva de las pymes están dados por las tarifas, la dificultad de acceso al crédito y la lejanía de muchas pymes de distintas regiones a los mayores centros de consumo -además de haber caído el consumo hay una imposibilidad cada vez mayor de acceder a mercados importantes-, estamos hablando de debatir sobre temas centrales para ver de qué manera podemos resolver el problema.
Quería hacer esta pequeña introducción porque para determinar qué tipo de aporte podemos hacer desde la tarea legislativa para paliar esta situación de crisis que atraviesan las pymes y ayudarlas a lograr nuevamente competitividad -que es realmente lo que están necesitando: volver a sacar la cabeza de debajo del agua, tomar aire y retomar fuerza-, no tenemos que equivocarnos en el rumbo que tomemos.
En aquella reunión también se habló de las dificultades que algunos sectores están teniendo por la apertura de las importaciones. Esta es otra cuestión que debemos considerar; no podemos dejar de analizar este tipo de situaciones cuando intentamos encontrar una solución. Hay pymes que claramente están teniendo grandes dificultades y que corren el riesgo de no poder mantener sus fuentes de trabajo porque no están en condiciones de competir con los productos que están ingresando al país a partir de la política de apertura de las importaciones.
Dicho esto, creo que también es importante tener en claro que este proyecto de ley surge por una coyuntura que debemos afrontar aportando herramientas que contribuyan a superarla. Más adelante tendremos tiempo para avanzar en una redefinición más general, y quizás más profunda, de una nueva ley de pymes. En este caso, en cuanto a lo que se refiere a la posición puntual que desde el bloque Justicialista queremos hacer como aporte a este debate, tenemos que discutir un plan nacional de promoción de pymes en el marco de una emergencia.
Entendemos que hay cinco aspectos fundamentales que podemos aportar desde la legislación. Primero, un régimen de incentivo fiscal. Segundo, un régimen tarifario. Tercero, un régimen de promoción de exportaciones. Cuarto, un régimen de reducción de tasas o subsidio de tasas y, por último, un registro de elegibilidad.
Seré lo más sintético posible, ya que muchos de estos aspectos fueron planteados por algunos legisladores preopinantes, especialmente por el señor diputado Lavagna. Coincidimos en la necesidad de institucionalizar los REPRO, y creemos que ésta es la oportunidad de incorporarlo a la iniciativa en consideración.
Además de institucionalizar el REPRO en este régimen de fomento y desarrollo para las pymes, estimamos que sería importante elevar -a partir de la sanción de esta ley- el beneficio a una suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil. La idea es que el REPRO esté institucionalizado con un monto determinado que cuente con un sistema de actualización.
Respecto de los incentivos fiscales, es importante que las pymes puedan tomar como pago a cuenta de cualquier impuesto nacional un monto mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil, por un plazo máximo de veinticuatro meses no prorrogable, de acuerdo con una escala. O sea que, en función de una tabla, las pymes tendrían un tope de empleados a deducir. Habíamos pensado en que, si la pyme tiene hasta cinco empleados, pueda deducir el monto de un salario; entre seis y veinticinco, dos salarios, y si tiene más de veinticinco empleados, el monto de tres salarios.
Estos son nuestros aportes respecto del establecimiento de incentivos fiscales puntuales y concretos que sirvan para descomprimir la presión tributaria a las pymes, que por supuesto estamos dispuestos a discutir.
El Plan Nacional de Promoción para Mipymes que proponemos está integrado por un registro de elegibilidad. La idea es que las empresas que accedan al plan puedan aplicar sus saldos de libre disponibilidad con la AFIP contra obligaciones previsionales. Asimismo, que tengan prioridad ante la AFIP en el trámite de reintegro del IVA.
Acerca de las tarifas, tenemos dos opciones: hacer como si nada pasara o asumir la realidad de que hoy son un gran problema para las pymes.
Nuestro proyecto de ley prevé, para el caso del suministro eléctrico, de agua y de gas natural necesarios para el proceso productivo, reducir al 30 por ciento el impacto de las subas tarifarias en relación con el cuadro tarifario vigente en noviembre de 2015, por un plazo máximo no prorrogable de veinticuatro meses.
Traemos esta idea al debate y dejamos abierta la posibilidad de mejorarla porque, más allá de los anuncios del gobierno nacional que -de alguna manera- buscan transformarse en herramientas para alivianar la situación, es importante institucionalizarlos con una redacción muy puntual que tenga fuerza de ley para dar mayor certeza al sector. Es importante trazar una política diferenciada en materia de servicios a las pymes.
Por otro lado, planteamos la necesidad de que las empresas que formen parte del registro tengan prioridad ante la Oficina Nacional de Contrataciones respecto de aquellas que no lo están, para resultar adjudicatarias en cualquier repartición del Estado nacional.
Respecto de las tasas y el acceso al crédito, hay una cuestión medular. El señor diputado Lavagna dijo con buen criterio que, si la idea es que los créditos los tomen siempre los mismos, de nada valdrá el esfuerzo que podamos hacer. Si la urgencia de las entidades financieras, puntualmente el Banco Central, es liquidar en forma rápida los montos disponibles para créditos a fin de cumplir con una pauta legal determinada y el dinero terminan llevándoselo los que siempre están en el sistema y resultan beneficiados, de nada servirá lo que nosotros hagamos.
Por primera vez tenemos la posibilidad de incorporar criterios de convergencia o diferenciales. En este sentido, planteamos que se debe instituir un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, pequeñas y medianas empresas tendiente a disminuir el costo del crédito.
Obviamente, la política de bonificación de tasas la dejamos a criterio de la reglamentación, porque entendemos que es una facultad que puede llevar adelante el Poder Ejecutivo; pero lo que sí podemos fijar en la ley son cuatro importantes criterios para redistribuir mejor el esfuerzo fiscal que implica subsidiar una tasa.
Con ese criterio sostenemos que el monto de las bonificaciones que deben ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo estará destinado a las pymes que hayan incrementado su personal en relación con el mes de noviembre de 2015 y estén localizadas en determinados ámbitos geográficos y bajo ciertas características.
Primero, en regiones en las que se registren tasas de crecimiento de la actividad económica inferiores a la media nacional. Tenemos que empezar a distribuir de mejor manera el esfuerzo fiscal. Debe haber un criterio diferencial en cuanto a que tengan mayor esfuerzo fiscal de subsidio de tasas aquellos créditos que estén destinados a las regiones cuya tasa de crecimiento es inferior a la media nacional.
Segundo, en las regiones en las que se registren tasas de desempleo superiores a la media nacional.
Tercero, en las regiones que hayan sido severamente afectadas por catástrofes naturales y tengan diezmado su aparato productivo.
Por último, proponemos que dichos importes se actualicen anualmente en forma automática mediante la aplicación del índice de movilidad jubilatoria en función del valor acumulado en el último año.
Para nosotros, esta cuestión de los criterios diferenciales es muy importante porque tenemos la oportunidad de empezar a legislar con ópticas distintas. Muchas veces, este Congreso ha tenido definiciones importantes en la búsqueda de beneficios. Un claro ejemplo ha sido la política de retenciones; cuando se decidió bajar la presión de las retenciones aplicadas a la producción, se lo hizo para todos por igual y las regiones más postergadas no pudieron ganar en competitividad. Si para descomprimir la situación de las pymes fijamos una misma solución para todo el país, nunca vamos a hacer que logren mayor nivel de competitividad aquellas que estén en las regiones más postergadas. Por tales motivos, debemos tener en cuenta estos criterios de diferenciación o de convergencia.
Por otro lado, incluimos la posibilidad de instituir un régimen de promoción para las pymes en materia de exportación. En este sentido, establecemos que las empresas pymes puedan computar los aportes patronales como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Si asimismo el crédito fuese mayor que el impuesto determinado por el período, el excedente podrá trasladarse y utilizarse en el siguiente ejercicio fiscal. Esto es a los efectos de conjugar el aporte fiscal con la expansión exportadora, que es uno de los reclamos de las pymes.
Entendemos que las empresas encuadradas en la definición de "pyme" dispuesta por el artículo 1º de la ley 25.300 deberían tener un trato diferencial en el sistema de promoción de las exportaciones. Me refiero a aquellas pymes que, al decidir reinvertir sus utilidades impositivas en la compra, construcción, fabricación y elaboración de bienes de capital, se vean eximidas del impuesto a las ganancias. Es importante que tendamos a hacer un esfuerzo cada vez mayor en nuestro país para dar valor agregado a la producción primaria. A tales efectos, entendemos que aquellas pymes que decidan invertir sus utilidades en la compra, construcción, fabricación y elaboración de bienes de capital, deben ser eximidas del impuesto a las ganancias a través de un régimen especial.
Por último, quiero trasladarles una inquietud que nos hizo llegar CAME. Se trata puntualmente de una nota donde se habla de dos artículos. Uno de ellos es el artículo 2º, respecto del cual CAME plantea que debería limitarse el alcance de la importación definitiva de bienes de capital cuando no existan de fabricación nacional. El otro es el artículo 22. En este caso, CAME plantea que es imprescindible que la mejora de la exención del impuesto a la ganancia mínima presunta sea aplicable a partir del año en curso; es decir, desde el 1º de enero de 2016 y no, como está previsto en el proyecto, a partir del 1º de enero de 2017, considerando que la medida tendrá real efecto sobre el sector recién en mayo de 2018.
Lo estamos haciendo porque claramente las pymes se encuentran en una situación de emergencia. Creo que conviene definirlo, porque ello servirá como parámetro para entender el grado de esfuerzo, incluso fiscal, que deberemos hacer para ayudarlas a superar esa situación.
Este planteo no lo hago a título individual. En una reunión de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas previa a este plenario, hicimos una ronda de diálogo con distintas organizaciones -centros y cámaras- que representan la actividad de las pymes y no hemos encontrado una sola que diga que el sector está en crecimiento.
Esta es la primera definición que nos tiene que llevar a plantear el rumbo de esta discusión y hasta dónde podemos o queremos avanzar, siendo claramente responsables de que cuando uno habla de fomento y desarrollo en situación de crisis también se está refiriendo necesariamente a un esfuerzo fiscal, porque es el Estado quien debe acompañar. Entonces, también necesitamos como legisladores tener una cuota de responsabilidad para saber hasta dónde se puede hacer ese esfuerzo fiscal.
Voy a utilizar unos pocos minutos para narrar algunos detalles de los diálogos que tuvimos en esa reunión de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Cuando hablamos con la gente de CAME, nos informaron de una caída actual acumulada cercana al 10 por ciento, mientras que los representantes de CIMA, Cadieel y CGERA hicieron referencia a una caída en sus ventas del 20 al 25 por ciento.
El sector se encuentra en una situación muy delicada. Claramente, hay muchos factores que debemos tener en cuenta. No podemos hablar de las herramientas que vamos a aplicar si no sabemos qué está pasando y qué grado de impacto pueden tener. Si decimos que los factores que inciden fundamentalmente en el aumento del costo de la cadena productiva de las pymes están dados por las tarifas, la dificultad de acceso al crédito y la lejanía de muchas pymes de distintas regiones a los mayores centros de consumo -además de haber caído el consumo hay una imposibilidad cada vez mayor de acceder a mercados importantes-, estamos hablando de debatir sobre temas centrales para ver de qué manera podemos resolver el problema.
Quería hacer esta pequeña introducción porque para determinar qué tipo de aporte podemos hacer desde la tarea legislativa para paliar esta situación de crisis que atraviesan las pymes y ayudarlas a lograr nuevamente competitividad -que es realmente lo que están necesitando: volver a sacar la cabeza de debajo del agua, tomar aire y retomar fuerza-, no tenemos que equivocarnos en el rumbo que tomemos.
En aquella reunión también se habló de las dificultades que algunos sectores están teniendo por la apertura de las importaciones. Esta es otra cuestión que debemos considerar; no podemos dejar de analizar este tipo de situaciones cuando intentamos encontrar una solución. Hay pymes que claramente están teniendo grandes dificultades y que corren el riesgo de no poder mantener sus fuentes de trabajo porque no están en condiciones de competir con los productos que están ingresando al país a partir de la política de apertura de las importaciones.
Dicho esto, creo que también es importante tener en claro que este proyecto de ley surge por una coyuntura que debemos afrontar aportando herramientas que contribuyan a superarla. Más adelante tendremos tiempo para avanzar en una redefinición más general, y quizás más profunda, de una nueva ley de pymes. En este caso, en cuanto a lo que se refiere a la posición puntual que desde el bloque Justicialista queremos hacer como aporte a este debate, tenemos que discutir un plan nacional de promoción de pymes en el marco de una emergencia.
Entendemos que hay cinco aspectos fundamentales que podemos aportar desde la legislación. Primero, un régimen de incentivo fiscal. Segundo, un régimen tarifario. Tercero, un régimen de promoción de exportaciones. Cuarto, un régimen de reducción de tasas o subsidio de tasas y, por último, un registro de elegibilidad.
Seré lo más sintético posible, ya que muchos de estos aspectos fueron planteados por algunos legisladores preopinantes, especialmente por el señor diputado Lavagna. Coincidimos en la necesidad de institucionalizar los REPRO, y creemos que ésta es la oportunidad de incorporarlo a la iniciativa en consideración.
Además de institucionalizar el REPRO en este régimen de fomento y desarrollo para las pymes, estimamos que sería importante elevar -a partir de la sanción de esta ley- el beneficio a una suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil. La idea es que el REPRO esté institucionalizado con un monto determinado que cuente con un sistema de actualización.
Respecto de los incentivos fiscales, es importante que las pymes puedan tomar como pago a cuenta de cualquier impuesto nacional un monto mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil, por un plazo máximo de veinticuatro meses no prorrogable, de acuerdo con una escala. O sea que, en función de una tabla, las pymes tendrían un tope de empleados a deducir. Habíamos pensado en que, si la pyme tiene hasta cinco empleados, pueda deducir el monto de un salario; entre seis y veinticinco, dos salarios, y si tiene más de veinticinco empleados, el monto de tres salarios.
Estos son nuestros aportes respecto del establecimiento de incentivos fiscales puntuales y concretos que sirvan para descomprimir la presión tributaria a las pymes, que por supuesto estamos dispuestos a discutir.
El Plan Nacional de Promoción para Mipymes que proponemos está integrado por un registro de elegibilidad. La idea es que las empresas que accedan al plan puedan aplicar sus saldos de libre disponibilidad con la AFIP contra obligaciones previsionales. Asimismo, que tengan prioridad ante la AFIP en el trámite de reintegro del IVA.
Acerca de las tarifas, tenemos dos opciones: hacer como si nada pasara o asumir la realidad de que hoy son un gran problema para las pymes.
Nuestro proyecto de ley prevé, para el caso del suministro eléctrico, de agua y de gas natural necesarios para el proceso productivo, reducir al 30 por ciento el impacto de las subas tarifarias en relación con el cuadro tarifario vigente en noviembre de 2015, por un plazo máximo no prorrogable de veinticuatro meses.
Traemos esta idea al debate y dejamos abierta la posibilidad de mejorarla porque, más allá de los anuncios del gobierno nacional que -de alguna manera- buscan transformarse en herramientas para alivianar la situación, es importante institucionalizarlos con una redacción muy puntual que tenga fuerza de ley para dar mayor certeza al sector. Es importante trazar una política diferenciada en materia de servicios a las pymes.
Por otro lado, planteamos la necesidad de que las empresas que formen parte del registro tengan prioridad ante la Oficina Nacional de Contrataciones respecto de aquellas que no lo están, para resultar adjudicatarias en cualquier repartición del Estado nacional.
Respecto de las tasas y el acceso al crédito, hay una cuestión medular. El señor diputado Lavagna dijo con buen criterio que, si la idea es que los créditos los tomen siempre los mismos, de nada valdrá el esfuerzo que podamos hacer. Si la urgencia de las entidades financieras, puntualmente el Banco Central, es liquidar en forma rápida los montos disponibles para créditos a fin de cumplir con una pauta legal determinada y el dinero terminan llevándoselo los que siempre están en el sistema y resultan beneficiados, de nada servirá lo que nosotros hagamos.
Por primera vez tenemos la posibilidad de incorporar criterios de convergencia o diferenciales. En este sentido, planteamos que se debe instituir un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, pequeñas y medianas empresas tendiente a disminuir el costo del crédito.
Obviamente, la política de bonificación de tasas la dejamos a criterio de la reglamentación, porque entendemos que es una facultad que puede llevar adelante el Poder Ejecutivo; pero lo que sí podemos fijar en la ley son cuatro importantes criterios para redistribuir mejor el esfuerzo fiscal que implica subsidiar una tasa.
Con ese criterio sostenemos que el monto de las bonificaciones que deben ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo estará destinado a las pymes que hayan incrementado su personal en relación con el mes de noviembre de 2015 y estén localizadas en determinados ámbitos geográficos y bajo ciertas características.
Primero, en regiones en las que se registren tasas de crecimiento de la actividad económica inferiores a la media nacional. Tenemos que empezar a distribuir de mejor manera el esfuerzo fiscal. Debe haber un criterio diferencial en cuanto a que tengan mayor esfuerzo fiscal de subsidio de tasas aquellos créditos que estén destinados a las regiones cuya tasa de crecimiento es inferior a la media nacional.
Segundo, en las regiones en las que se registren tasas de desempleo superiores a la media nacional.
Tercero, en las regiones que hayan sido severamente afectadas por catástrofes naturales y tengan diezmado su aparato productivo.
Por último, proponemos que dichos importes se actualicen anualmente en forma automática mediante la aplicación del índice de movilidad jubilatoria en función del valor acumulado en el último año.
Para nosotros, esta cuestión de los criterios diferenciales es muy importante porque tenemos la oportunidad de empezar a legislar con ópticas distintas. Muchas veces, este Congreso ha tenido definiciones importantes en la búsqueda de beneficios. Un claro ejemplo ha sido la política de retenciones; cuando se decidió bajar la presión de las retenciones aplicadas a la producción, se lo hizo para todos por igual y las regiones más postergadas no pudieron ganar en competitividad. Si para descomprimir la situación de las pymes fijamos una misma solución para todo el país, nunca vamos a hacer que logren mayor nivel de competitividad aquellas que estén en las regiones más postergadas. Por tales motivos, debemos tener en cuenta estos criterios de diferenciación o de convergencia.
Por otro lado, incluimos la posibilidad de instituir un régimen de promoción para las pymes en materia de exportación. En este sentido, establecemos que las empresas pymes puedan computar los aportes patronales como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Si asimismo el crédito fuese mayor que el impuesto determinado por el período, el excedente podrá trasladarse y utilizarse en el siguiente ejercicio fiscal. Esto es a los efectos de conjugar el aporte fiscal con la expansión exportadora, que es uno de los reclamos de las pymes.
Entendemos que las empresas encuadradas en la definición de "pyme" dispuesta por el artículo 1º de la ley 25.300 deberían tener un trato diferencial en el sistema de promoción de las exportaciones. Me refiero a aquellas pymes que, al decidir reinvertir sus utilidades impositivas en la compra, construcción, fabricación y elaboración de bienes de capital, se vean eximidas del impuesto a las ganancias. Es importante que tendamos a hacer un esfuerzo cada vez mayor en nuestro país para dar valor agregado a la producción primaria. A tales efectos, entendemos que aquellas pymes que decidan invertir sus utilidades en la compra, construcción, fabricación y elaboración de bienes de capital, deben ser eximidas del impuesto a las ganancias a través de un régimen especial.
Por último, quiero trasladarles una inquietud que nos hizo llegar CAME. Se trata puntualmente de una nota donde se habla de dos artículos. Uno de ellos es el artículo 2º, respecto del cual CAME plantea que debería limitarse el alcance de la importación definitiva de bienes de capital cuando no existan de fabricación nacional. El otro es el artículo 22. En este caso, CAME plantea que es imprescindible que la mejora de la exención del impuesto a la ganancia mínima presunta sea aplicable a partir del año en curso; es decir, desde el 1º de enero de 2016 y no, como está previsto en el proyecto, a partir del 1º de enero de 2017, considerando que la medida tendrá real efecto sobre el sector recién en mayo de 2018.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Matías Rodríguez.
SR. RODRÍGUEZ (M.D.) Señor presidente: festejo la decisión de tomarnos al menos un día más en la búsqueda de un dictamen conjunto. Me parece que hay algo en lo que estamos todos de acuerdo: la ayuda hacia las pequeñas y medianas empresas.
Escuchando a los señores diputados Lavagna y Kosiner veo que las distancias entre cada uno de los proyectos no parecen tan lejanas, con lo cual me da esperanza el hecho de que logremos un dictamen conjunto.
Me sumo a lo que decía el señor diputado Kosiner en cuanto a sincerar lo que está pasando porque entiendo que es fundamental. Utilizo la palabra que emplea el Poder Ejecutivo nacional, "sincerar", porque creo que debemos dejar en claro qué está pasando, por qué llegamos hasta acá y por qué estamos discutiendo un proyecto que proteja a las pymes; mejor dicho, un proyecto que las rescate de la actual situación. Como decía un diputado preopinante, es parte de una coyuntura; pero creo firmemente que si no generamos las herramientas de manera urgente puede llegar a ser algo muy difícil de revertir.
Estoy convencido de que no es un tema del Congreso solamente, y espero que sirva para que el Poder Ejecutivo revea las políticas macroeconómicas que hacen que hoy estemos en esta situación.
La discusión sobre un proyecto de ley de emergencia surgió de charlas con distintos sectores, que sé que todos los bloques mantienen. Los representantes de las pequeñas y medianas empresas nos han contado lo que están sufriendo, y en reuniones conjuntas de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Industria también nos han comentado detalles de lo que están viviendo.
La idea de nuestro bloque es acercar por escrito no solo a la Secretaría de la comisión sino también al resto de los bloques los puntos que, a nuestro entender, pueden mejorar los proyectos que estamos analizando.
Simplemente con el espíritu de citar algunos de los puntos de nuestra iniciativa, comento que con respecto a los beneficios impositivos para las pymes proponemos la ampliación del Plan de Facilidades de Pago a seis planes para las deudas previsionales e impositivas, elevando las cuotas a doce y reduciendo la tasa de financiación al 0,5 por ciento mensual.
En cuanto a los créditos fiscales en AFIP, sugerimos que puedan pasar a ANSES para contribuciones patronales.
Con respecto al IVA, el señor diputado Kosiner habló de la ampliación del pago a noventa días para reducir el descalce con los cobros. Entendemos que dicha medida debería ser permanente.
Otras medidas que proponemos en nuestro proyecto son las siguientes: deducción de hasta un 20 por ciento de la reinversión de utilidades en bienes de capital en ganancias o bienes personales; suspensión por 180 días de medidas cautelares vinculadas a la ejecución de deudas impositivas contra las pymes; restablecimiento de la condición de monotributistas a las pymes que la hayan perdido a partir de noviembre del 2015; creación de un régimen especial para la cancelación de las deudas; eximición del primer pago posterior a la sanción de la ley del impuesto a las ganancias y ganancia mínima presunta y, por último, que puedan computar el pago del impuesto a los créditos y débitos bancarios a cuenta de ganancias o bienes personales.
Estos son algunos de los puntos referidos a los beneficios impositivos para las pymes que acercaremos por escrito al resto de los bloques.
Por otra parte, tenemos que poner especial atención al tema de las tarifas porque hubo aumentos de hasta casi el 700 por ciento en las que pagan las pequeñas y medianas empresas. Muchas cerraron y otras anunciaron que deberán proceder inmediatamente al cierre de sus fábricas. Las pymes que menos sufren nos contaron que no tienen dinero para solventar los aguinaldos y que están viendo la forma de desdoblar su pago en dos o tres veces.
A raíz de los incrementos tarifarios, representantes de las pequeñas y medianas empresas se acercaron a las comisiones y hubo reuniones, de las cuales surgió la idea de declarar la emergencia del sector. Este es un punto al que tenemos que prestar especial atención.
El señor diputado Kosiner sugirió retrotraer los valores a noviembre de 2015 y aplicar solamente un 30 por ciento de aumento. Nosotros consideramos que las tarifas deberían retrotraerse directamente a esa fecha, pero me parece que podemos discutir sobre ese aspecto e intentar lograr un consenso.
En relación con el REPRO, mencionado por el señor diputado Lavagna, creo que estamos cerca de arribar a un acuerdo. Nuestra propuesta es que aumente en una suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil y que su tramitación se simplifique.
Asimismo, sugerimos que se asignen adelantos transitorios o redescuentos desde el BCRA a los bancos comerciales con una tasa del 13 por ciento y que la tasa de los créditos para pymes quede en un 22 por ciento.
Por otro lado, pedimos que se amplíen las líneas de financiamiento a tasas subsidiadas para la incorporación de tecnología, y que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva facilite el acceso a los planes sin necesidad de contratar consultoría externa.
El señor diputado Lavagna también se refirió a generar un incentivo a las exportaciones o establecer un régimen de promoción. Tenemos una propuesta en la misma línea, consistente en que las pymes exportadoras de bienes con valor agregado local puedan computar las contribuciones patronales como pago a cuenta del impuesto a las ganancias hasta un tope correspondiente al 5 por ciento del valor FOB de sus exportaciones.
Acerca del seguimiento de todo este proceso, proponemos la creación del Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con el objeto de analizar la situación del sector y los efectos de la política económica en el entramado productivo y comercial, producir estadísticas sectoriales, monitorear las importaciones, y generar propuestas y medidas tendientes a mejorar y desarrollar a las pymes.
También creemos que la Defensoría de las Buenas Prácticas Comerciales para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa debería funcionar en el ámbito del mencionado consejo.
Por último, acerca el contexto macroeconómico que está viviendo el país -lo dijimos cuando tratamos el proyecto de ley para proteger el empleo, sancionado por este Congreso y vetado por el presidente de la Nación-, nos parece que la baja del consumo tiene que ver directamente con lo que ocurre a las pymes. En ese sentido, proponemos que se extienda a siete días de la semana -hoy rige durante cinco- el programa "Ahora 12" para los sectores de la pequeña y mediana empresa que el consejo determine que están atravesando una situación crítica.
Quiero reforzar lo dicho al inicio de mi exposición. Estamos viviendo un difícil momento en el país. Las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de trabajo en la Argentina, hoy están sufriendo. Creemos que el hecho de hablar de un incentivo para las pymes, en algún sentido disfraza lo que debería ser una ley de emergencia para las pequeñas y medianas empresas. Nosotros proponíamos un plan de asistencia nacional para el sector; quiero insistir con eso.
Para cerrar, festejo la posibilidad de que nos tomemos un día más. En lo inmediato, vamos a pasar por escrito algunas de las propuestas al resto de los bloques. Confío en que podamos llegar a un acuerdo y a un equilibrio que signifiquen un dictamen común. Sé que estamos de acuerdo con la situación que están atravesando las pequeñas y medianas empresas; me baso en que estamos buscando parte de la solución en el mismo sentido.
Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
Escuchando a los señores diputados Lavagna y Kosiner veo que las distancias entre cada uno de los proyectos no parecen tan lejanas, con lo cual me da esperanza el hecho de que logremos un dictamen conjunto.
Me sumo a lo que decía el señor diputado Kosiner en cuanto a sincerar lo que está pasando porque entiendo que es fundamental. Utilizo la palabra que emplea el Poder Ejecutivo nacional, "sincerar", porque creo que debemos dejar en claro qué está pasando, por qué llegamos hasta acá y por qué estamos discutiendo un proyecto que proteja a las pymes; mejor dicho, un proyecto que las rescate de la actual situación. Como decía un diputado preopinante, es parte de una coyuntura; pero creo firmemente que si no generamos las herramientas de manera urgente puede llegar a ser algo muy difícil de revertir.
Estoy convencido de que no es un tema del Congreso solamente, y espero que sirva para que el Poder Ejecutivo revea las políticas macroeconómicas que hacen que hoy estemos en esta situación.
La discusión sobre un proyecto de ley de emergencia surgió de charlas con distintos sectores, que sé que todos los bloques mantienen. Los representantes de las pequeñas y medianas empresas nos han contado lo que están sufriendo, y en reuniones conjuntas de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Industria también nos han comentado detalles de lo que están viviendo.
La idea de nuestro bloque es acercar por escrito no solo a la Secretaría de la comisión sino también al resto de los bloques los puntos que, a nuestro entender, pueden mejorar los proyectos que estamos analizando.
Simplemente con el espíritu de citar algunos de los puntos de nuestra iniciativa, comento que con respecto a los beneficios impositivos para las pymes proponemos la ampliación del Plan de Facilidades de Pago a seis planes para las deudas previsionales e impositivas, elevando las cuotas a doce y reduciendo la tasa de financiación al 0,5 por ciento mensual.
En cuanto a los créditos fiscales en AFIP, sugerimos que puedan pasar a ANSES para contribuciones patronales.
Con respecto al IVA, el señor diputado Kosiner habló de la ampliación del pago a noventa días para reducir el descalce con los cobros. Entendemos que dicha medida debería ser permanente.
Otras medidas que proponemos en nuestro proyecto son las siguientes: deducción de hasta un 20 por ciento de la reinversión de utilidades en bienes de capital en ganancias o bienes personales; suspensión por 180 días de medidas cautelares vinculadas a la ejecución de deudas impositivas contra las pymes; restablecimiento de la condición de monotributistas a las pymes que la hayan perdido a partir de noviembre del 2015; creación de un régimen especial para la cancelación de las deudas; eximición del primer pago posterior a la sanción de la ley del impuesto a las ganancias y ganancia mínima presunta y, por último, que puedan computar el pago del impuesto a los créditos y débitos bancarios a cuenta de ganancias o bienes personales.
Estos son algunos de los puntos referidos a los beneficios impositivos para las pymes que acercaremos por escrito al resto de los bloques.
Por otra parte, tenemos que poner especial atención al tema de las tarifas porque hubo aumentos de hasta casi el 700 por ciento en las que pagan las pequeñas y medianas empresas. Muchas cerraron y otras anunciaron que deberán proceder inmediatamente al cierre de sus fábricas. Las pymes que menos sufren nos contaron que no tienen dinero para solventar los aguinaldos y que están viendo la forma de desdoblar su pago en dos o tres veces.
A raíz de los incrementos tarifarios, representantes de las pequeñas y medianas empresas se acercaron a las comisiones y hubo reuniones, de las cuales surgió la idea de declarar la emergencia del sector. Este es un punto al que tenemos que prestar especial atención.
El señor diputado Kosiner sugirió retrotraer los valores a noviembre de 2015 y aplicar solamente un 30 por ciento de aumento. Nosotros consideramos que las tarifas deberían retrotraerse directamente a esa fecha, pero me parece que podemos discutir sobre ese aspecto e intentar lograr un consenso.
En relación con el REPRO, mencionado por el señor diputado Lavagna, creo que estamos cerca de arribar a un acuerdo. Nuestra propuesta es que aumente en una suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil y que su tramitación se simplifique.
Asimismo, sugerimos que se asignen adelantos transitorios o redescuentos desde el BCRA a los bancos comerciales con una tasa del 13 por ciento y que la tasa de los créditos para pymes quede en un 22 por ciento.
Por otro lado, pedimos que se amplíen las líneas de financiamiento a tasas subsidiadas para la incorporación de tecnología, y que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva facilite el acceso a los planes sin necesidad de contratar consultoría externa.
El señor diputado Lavagna también se refirió a generar un incentivo a las exportaciones o establecer un régimen de promoción. Tenemos una propuesta en la misma línea, consistente en que las pymes exportadoras de bienes con valor agregado local puedan computar las contribuciones patronales como pago a cuenta del impuesto a las ganancias hasta un tope correspondiente al 5 por ciento del valor FOB de sus exportaciones.
Acerca del seguimiento de todo este proceso, proponemos la creación del Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con el objeto de analizar la situación del sector y los efectos de la política económica en el entramado productivo y comercial, producir estadísticas sectoriales, monitorear las importaciones, y generar propuestas y medidas tendientes a mejorar y desarrollar a las pymes.
También creemos que la Defensoría de las Buenas Prácticas Comerciales para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa debería funcionar en el ámbito del mencionado consejo.
Por último, acerca el contexto macroeconómico que está viviendo el país -lo dijimos cuando tratamos el proyecto de ley para proteger el empleo, sancionado por este Congreso y vetado por el presidente de la Nación-, nos parece que la baja del consumo tiene que ver directamente con lo que ocurre a las pymes. En ese sentido, proponemos que se extienda a siete días de la semana -hoy rige durante cinco- el programa "Ahora 12" para los sectores de la pequeña y mediana empresa que el consejo determine que están atravesando una situación crítica.
Quiero reforzar lo dicho al inicio de mi exposición. Estamos viviendo un difícil momento en el país. Las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de trabajo en la Argentina, hoy están sufriendo. Creemos que el hecho de hablar de un incentivo para las pymes, en algún sentido disfraza lo que debería ser una ley de emergencia para las pequeñas y medianas empresas. Nosotros proponíamos un plan de asistencia nacional para el sector; quiero insistir con eso.
Para cerrar, festejo la posibilidad de que nos tomemos un día más. En lo inmediato, vamos a pasar por escrito algunas de las propuestas al resto de los bloques. Confío en que podamos llegar a un acuerdo y a un equilibrio que signifiquen un dictamen común. Sé que estamos de acuerdo con la situación que están atravesando las pequeñas y medianas empresas; me baso en que estamos buscando parte de la solución en el mismo sentido.
Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
SR. BORSANI Señor presidente: voy a ser muy breve porque somos muchos los oradores. Además, seguiremos tratando el tema en el día de mañana.
De más está destacar la importancia que tiene para los argentinos trabajar en una ley que fomente el desarrollo de las pymes, toda vez que sabemos el peso que tienen desde el punto de vista de la creación de mano de obra y de empleo calificado y digno.
Quiero expresar mi preocupación en relación con algunos artículos. Con la derogación del artículo 26 de la ley 24.467, que dispone el artículo 27 del proyecto, se elimina la facultad que tenía la autoridad de aplicación para fijar políticas y dictar normas de lealtad comercial y de defensa de la competencia. Pienso que tendríamos que afinar la sintonía en el texto definitivo que se elabore hasta la emisión del dictamen para mejorar este punto.
Por otro lado, en el artículo 30 -donde se modifica el artículo 3º de la ley 25.300-, en lo que se refiere al Fondo Nacional del Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa -Fonapyme-, se elimina la obligación de contratar al Banco Nación como agente fiduciario. Otro tanto ocurre en el artículo 34, que modifica el artículo 13 de la ley 25.300: en forma análoga al artículo 30, se elimina la obligación de contratar al Banco Nación como agente fiduciario.
Dejo estas propuestas en análisis para que, de aquí a mañana, se debata la posibilidad de que sean incorporadas en el texto del dictamen que considere la Honorable Cámara.
De más está destacar la importancia que tiene para los argentinos trabajar en una ley que fomente el desarrollo de las pymes, toda vez que sabemos el peso que tienen desde el punto de vista de la creación de mano de obra y de empleo calificado y digno.
Quiero expresar mi preocupación en relación con algunos artículos. Con la derogación del artículo 26 de la ley 24.467, que dispone el artículo 27 del proyecto, se elimina la facultad que tenía la autoridad de aplicación para fijar políticas y dictar normas de lealtad comercial y de defensa de la competencia. Pienso que tendríamos que afinar la sintonía en el texto definitivo que se elabore hasta la emisión del dictamen para mejorar este punto.
Por otro lado, en el artículo 30 -donde se modifica el artículo 3º de la ley 25.300-, en lo que se refiere al Fondo Nacional del Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa -Fonapyme-, se elimina la obligación de contratar al Banco Nación como agente fiduciario. Otro tanto ocurre en el artículo 34, que modifica el artículo 13 de la ley 25.300: en forma análoga al artículo 30, se elimina la obligación de contratar al Banco Nación como agente fiduciario.
Dejo estas propuestas en análisis para que, de aquí a mañana, se debata la posibilidad de que sean incorporadas en el texto del dictamen que considere la Honorable Cámara.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Balbo.
SRA. BALBO Señor presidente: no cabe duda de la importancia de la norma que estamos tratando y de la necesidad de llegar a un consenso.
Quiero hacer un agregado al pedido del señor diputado Garretón de incluir a las pequeñas y medianas empresas basadas en el conocimiento porque, al ver en la definición de pyme que los incentivos están dirigidos a la producción, se está dejando fuera a las pymes de servicios, de salud y de atención a la ancianidad y a la infancia. ¿Por qué lo pido? Porque son sectores que tienen un grado de empleo alto; dan trabajo a mucha gente que, en muchos casos, desempeña su tarea en forma irregular. Hay que incentivar a estas empresas para que contraten a sus trabajadores en forma registrada -es decir, en blanco- a fin de que puedan contar con todos los beneficios.
Este agregado tiene por objeto aumentar la cantidad de empleo registrado mediante la inserción de este sector de las pymes en la futura ley.
Quiero hacer un agregado al pedido del señor diputado Garretón de incluir a las pequeñas y medianas empresas basadas en el conocimiento porque, al ver en la definición de pyme que los incentivos están dirigidos a la producción, se está dejando fuera a las pymes de servicios, de salud y de atención a la ancianidad y a la infancia. ¿Por qué lo pido? Porque son sectores que tienen un grado de empleo alto; dan trabajo a mucha gente que, en muchos casos, desempeña su tarea en forma irregular. Hay que incentivar a estas empresas para que contraten a sus trabajadores en forma registrada -es decir, en blanco- a fin de que puedan contar con todos los beneficios.
Este agregado tiene por objeto aumentar la cantidad de empleo registrado mediante la inserción de este sector de las pymes en la futura ley.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Señor presidente: de alguna manera, traigo a esta reunión la voz de APYME, de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Entre Ríos.
Se ha dicho mucho, pero en verdad no me conforma. En este momento, las pymes se encuentran en una situación de extrema gravedad, no solamente por la recesión del consumo sino fundamentalmente porque se han tomado ciertas medidas y muchas de ellas están por desaparecer.
Cuando hablamos del "tarifazo" del gas y de la energía eléctrica, no lo hacemos para ir en contra del oficialismo sino pensando en los ciudadanos y en las pymes de los lugares de donde provenimos. Fíjese un detalle, señor presidente: nunca se cumplió con el requisito de la realización de audiencias públicas para autorizar el aumento en las tarifas de gas y de energía eléctrica para las pymes y todo el pueblo argentino. Obviamente, las pymes han sufrido y sufren las consecuencias de esta situación.
Hoy estuve en Santa Fe -soy entrerriano, pero visité esa provincia- con efectores del turismo y una señora de apellido Rodríguez, dueña de un hotel en Villa Urquiza -un lugar cerca de Paraná-, me comentó que en los cuatros días del fin de semana largo no ingresó ni un pasajero; no tiene para pagar el medio aguinaldo y también está atrasada en el pago de los sueldos de los empleados, que no son muchos.
Obviamente eso no se puede soslayar. Así como este Congreso declaró la emergencia para pagar a los jubilados cuyos juicios tienen sentencia firme, no me cabe la menor duda de que con este proyecto de ley también se debe declarar la emergencia de las pequeñas y medianas empresas de nuestras provincias. No podemos soslayar lo que se está viviendo.
Tengo la impresión de que estamos abocados a la creación de un programa nacional de protección de pymes, que nosotros contemplamos en el proyecto en el que hemos trabajado junto con APYME de Entre Ríos, pero que este Congreso no se conmueve por lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas que están desapareciendo. ¡Las pymes de mi provincia que tienen hasta quince o veinte empleados están desapareciendo, señor presidente! Esta es la realidad, pero al parecer no nos conmovemos.
Solicito, en función de lo que he visto en estos días, que este Congreso declare la emergencia para las pymes y promueva algunas acciones que plantemos: la suspensión de las acciones administrativas y judiciales de ejecución de créditos fiscales por deudas impositivas y financieras, y que se retrotraiga la tarifa de la energía eléctrica a un tiempo pasado. El gobierno nos dijo como una cuestión saludable que el aumento era solamente del 400 por ciento. ¡El 400 por ciento, señor presidente! Y no decimos nada. Esta es una cuestión absolutamente grosera que destruye fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa y a las economías regionales.
Algunos legisladores preopinantes -como los señores diputados Lavagna y Kosiner- hicieron un comentario que comparto sobre la posibilidad de apoyar a las pymes; pero no hay que contemplar solo a las que están alrededor del Obelisco sino también a aquellas ubicadas a lo largo y ancho de la patria, que no son esas de las que hablamos muchas veces que tienen quinientos o seiscientos empleados y obtienen rápidamente un crédito blando para seguir trabajando, lograr utilidades y obtener ganancias, que es lo mejor que les puede pasar, sino las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Días pasados estuve con un talabartero que hacía objetos con cuero. ¡El hombre lloraba porque estaba cerrando la pyme heredada de su abuelo y su padre!
Estamos viviendo una situación de extrema gravedad. Por eso entiendo que este Congreso no puede soslayar esta situación ni dejar de declarar la emergencia de las pymes de la República Argentina.
Comparto algunas posturas expuestas en esta reunión. Proponemos, por ejemplo, la creación del Registro Nacional para el Desarrollo MIPYME, que segmente la posibilidad de promover el sector productivo porque no es lo mismo una pyme instalada cerca de un centro urbano que en el interior del país. A los efectos de la inscripción en este registro se deberá contemplar el cómputo de la cantidad de empleados registrados, las ventas totales anuales en pesos o unidades, el nivel de ocupación de mano de obra intensiva, la localización regional y el rubro o tipo de actividad.
Con la creación de ese registro daríamos un fuerte apoyo al talabartero al que me referí antes, quien hoy está desprotegido. Por eso pido que se analice la posibilidad de incorporarla al proyecto en consideración.
Se ha dicho mucho, pero en verdad no me conforma. En este momento, las pymes se encuentran en una situación de extrema gravedad, no solamente por la recesión del consumo sino fundamentalmente porque se han tomado ciertas medidas y muchas de ellas están por desaparecer.
Cuando hablamos del "tarifazo" del gas y de la energía eléctrica, no lo hacemos para ir en contra del oficialismo sino pensando en los ciudadanos y en las pymes de los lugares de donde provenimos. Fíjese un detalle, señor presidente: nunca se cumplió con el requisito de la realización de audiencias públicas para autorizar el aumento en las tarifas de gas y de energía eléctrica para las pymes y todo el pueblo argentino. Obviamente, las pymes han sufrido y sufren las consecuencias de esta situación.
Hoy estuve en Santa Fe -soy entrerriano, pero visité esa provincia- con efectores del turismo y una señora de apellido Rodríguez, dueña de un hotel en Villa Urquiza -un lugar cerca de Paraná-, me comentó que en los cuatros días del fin de semana largo no ingresó ni un pasajero; no tiene para pagar el medio aguinaldo y también está atrasada en el pago de los sueldos de los empleados, que no son muchos.
Obviamente eso no se puede soslayar. Así como este Congreso declaró la emergencia para pagar a los jubilados cuyos juicios tienen sentencia firme, no me cabe la menor duda de que con este proyecto de ley también se debe declarar la emergencia de las pequeñas y medianas empresas de nuestras provincias. No podemos soslayar lo que se está viviendo.
Tengo la impresión de que estamos abocados a la creación de un programa nacional de protección de pymes, que nosotros contemplamos en el proyecto en el que hemos trabajado junto con APYME de Entre Ríos, pero que este Congreso no se conmueve por lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas que están desapareciendo. ¡Las pymes de mi provincia que tienen hasta quince o veinte empleados están desapareciendo, señor presidente! Esta es la realidad, pero al parecer no nos conmovemos.
Solicito, en función de lo que he visto en estos días, que este Congreso declare la emergencia para las pymes y promueva algunas acciones que plantemos: la suspensión de las acciones administrativas y judiciales de ejecución de créditos fiscales por deudas impositivas y financieras, y que se retrotraiga la tarifa de la energía eléctrica a un tiempo pasado. El gobierno nos dijo como una cuestión saludable que el aumento era solamente del 400 por ciento. ¡El 400 por ciento, señor presidente! Y no decimos nada. Esta es una cuestión absolutamente grosera que destruye fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa y a las economías regionales.
Algunos legisladores preopinantes -como los señores diputados Lavagna y Kosiner- hicieron un comentario que comparto sobre la posibilidad de apoyar a las pymes; pero no hay que contemplar solo a las que están alrededor del Obelisco sino también a aquellas ubicadas a lo largo y ancho de la patria, que no son esas de las que hablamos muchas veces que tienen quinientos o seiscientos empleados y obtienen rápidamente un crédito blando para seguir trabajando, lograr utilidades y obtener ganancias, que es lo mejor que les puede pasar, sino las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Días pasados estuve con un talabartero que hacía objetos con cuero. ¡El hombre lloraba porque estaba cerrando la pyme heredada de su abuelo y su padre!
Estamos viviendo una situación de extrema gravedad. Por eso entiendo que este Congreso no puede soslayar esta situación ni dejar de declarar la emergencia de las pymes de la República Argentina.
Comparto algunas posturas expuestas en esta reunión. Proponemos, por ejemplo, la creación del Registro Nacional para el Desarrollo MIPYME, que segmente la posibilidad de promover el sector productivo porque no es lo mismo una pyme instalada cerca de un centro urbano que en el interior del país. A los efectos de la inscripción en este registro se deberá contemplar el cómputo de la cantidad de empleados registrados, las ventas totales anuales en pesos o unidades, el nivel de ocupación de mano de obra intensiva, la localización regional y el rubro o tipo de actividad.
Con la creación de ese registro daríamos un fuerte apoyo al talabartero al que me referí antes, quien hoy está desprotegido. Por eso pido que se analice la posibilidad de incorporarla al proyecto en consideración.
SR. LAVAGNA ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. SOLANAS Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE LASPINA Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: me interesa la propuesta de que haya un registro y podríamos estar dispuestos a acompañarla.
Quisiera saber, una vez creado, cómo se buscaría incentivar o generar alguna herramienta adicional para el desarrollo. Entiendo que el registro tiene que brindar información de manera inmediata para que luego se pueda adicionar una política. En otras palabras, si no me equivoco la idea es contar con un registro donde las empresas se anoten que sirva para evaluar la situación.
Quisiera saber, una vez creado, cómo se buscaría incentivar o generar alguna herramienta adicional para el desarrollo. Entiendo que el registro tiene que brindar información de manera inmediata para que luego se pueda adicionar una política. En otras palabras, si no me equivoco la idea es contar con un registro donde las empresas se anoten que sirva para evaluar la situación.
SR. PRESIDENTE LASPINA Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Así es, señor diputado. Por ejemplo, el artículo 20 del proyecto que presentamos señala: "La aplicación de la segmentación será valorada a los efectos de la discriminación de modo escalonado de los gravámenes." Después, hay más artículos relativos a la creación del registro. Esta inquietud me la planteó APYME, viejos compañeros socialistas y radicales en función de la segmentación.
Si se tomara en cuenta la creación de este registro, estaremos ocupándonos decididamente del segmento más pequeño de la pequeña y mediana empresa.
Si se tomara en cuenta la creación de este registro, estaremos ocupándonos decididamente del segmento más pequeño de la pequeña y mediana empresa.
SR. LAVAGNA Disculpe que vuelva a intervenir, señor presidente, pero la idea es sacar el máximo provecho a esta reunión.
Me gustaría saber si, en el marco de las funciones del consejo de las pequeñas y medianas empresas que varios bloques -entre ellos el nuestro- propusieron crear con el objeto de hacer, por ejemplo, el seguimiento de las cadenas de valor, consideráramos llevar adelante un registro regional que efectúe el análisis que se ha detallado, podría aceptarse la propuesta. Me refiero a incluirlo como uno de los objetivos de ese consejo.
Me gustaría saber si, en el marco de las funciones del consejo de las pequeñas y medianas empresas que varios bloques -entre ellos el nuestro- propusieron crear con el objeto de hacer, por ejemplo, el seguimiento de las cadenas de valor, consideráramos llevar adelante un registro regional que efectúe el análisis que se ha detallado, podría aceptarse la propuesta. Me refiero a incluirlo como uno de los objetivos de ese consejo.
SR. SOLANAS El consejo ya está creado, con lo cual sería un ítem más. En todo caso, si los señores diputados están de acuerdo, habría que buscar la mejor redacción.
No quiero abundar en mi exposición. Comparto muchísimos los comentarios expuestos en esta reunión, entre ellos los del señor miembro informante de mi bloque.
Haré una reflexión final: no creemos falsas expectativas con esta iniciativa. Hay muchísima gente que realmente está muy mal y atormentada porque no puede sostener su actividad económica y desarrollarse; menos aún invertir en tecnología y todo lo que se señaló en esta sala. Personalmente comparto la idea, pero pido que seamos cuidadosos y digamos desde este Congreso que estamos en emergencia. Las pymes de nuestro país están en una situación muy grave, más aún las ubicadas tierra adentro.
Por todo lo expuesto, celebro este diálogo constructivo. Pienso en mi amigo y ojalá que el producto final sea la mejor norma para las pymes, pensando fundamentalmente en su desarrollo y no invalidando de una forma u otra la esperanza que pueda generar la sanción de esta ley.
No quiero abundar en mi exposición. Comparto muchísimos los comentarios expuestos en esta reunión, entre ellos los del señor miembro informante de mi bloque.
Haré una reflexión final: no creemos falsas expectativas con esta iniciativa. Hay muchísima gente que realmente está muy mal y atormentada porque no puede sostener su actividad económica y desarrollarse; menos aún invertir en tecnología y todo lo que se señaló en esta sala. Personalmente comparto la idea, pero pido que seamos cuidadosos y digamos desde este Congreso que estamos en emergencia. Las pymes de nuestro país están en una situación muy grave, más aún las ubicadas tierra adentro.
Por todo lo expuesto, celebro este diálogo constructivo. Pienso en mi amigo y ojalá que el producto final sea la mejor norma para las pymes, pensando fundamentalmente en su desarrollo y no invalidando de una forma u otra la esperanza que pueda generar la sanción de esta ley.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Lusquiños.
SR. LUSQUIÑOS Señor presidente: en primer lugar, me congratula que se hayan alineado los planetas y hayamos llegado a un momento donde confluyen todas las decisiones políticas para avanzar en una ley que favorezca a las pequeñas y medianas empresas.
En segundo término, no me referiré tanto a lo instrumental, que es de lo que ya hablaron los diputados preopinantes, y tampoco a si este proyecto de ley es más o menos generoso que lo que uno espera; pero sí voy a aludir a algunos aspectos que creemos que son muy importantes.
En cuanto al seguimiento a las pymes -que ya se mencionó-, advierto que uno estará a cargo de la AFIP y otro de la autoridad de aplicación; pero no veo que en este proyecto de ley se disponga el seguimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del INTI y de otros organismos que tratan sobre la capacitación y la rápida adaptación tecnológica a los nuevos tiempos. Pienso que habría que incorporarlo porque estos entes, sí o sí deben dar apoyatura a las pequeñas empresas. Este ítem no está planteado en esta iniciativa, que está hecha más desde una visión tributaria o de beneficio fiscal, y por eso reitero que habría que agregarlo.
Obviamente, estoy de acuerdo con lo que plantea el señor diputado Lavagna respecto del régimen simplificado para pago de impuestos. También coincido en diferenciar a las pymes exportadoras que, por supuesto, tienen que competir en un mundo global muy complejo.
Finalmente, es cierto que no es lo mismo una pyme ubicada en cualquiera de las provincias del interior que en el conurbano bonaerense. Resulta evidente que debemos hacer un planteo diferenciado entre pymes de igual naturaleza, pero situadas en distintas regiones respecto de los centros de consumo o de los puertos de carga y descarga.
Estamos de acuerdo con la propuesta del señor diputado Solanas de que se cree un registro. Ahora bien, lo que no termino de entender es qué diferencia hay con el registro que se propone en el artículo 25 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. De todas maneras, nuestro bloque está de acuerdo con que haya un registro nacional para micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que el mejor de los articulados va a estar bien para nosotros.
Por otro lado, nos preocupan muchísimo los artículos 20 y 38 de la iniciativa en tratamiento. El artículo 20 del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo dice: "A los fines del régimen contenido en el presente Capítulo, establécese un cupo fiscal anual destinado a la conversión de bonos de crédito fiscal, que ascenderá a pesos cinco mil millones ($5.000.000.000), los que se asignarán de acuerdo con el mecanismo que establezca el Poder Ejecutivo nacional y en los porcentajes que éste disponga respecto de bienes de capital y obras de infraestructura." Si estamos haciendo una delegación absoluta en el Poder Ejecutivo nacional para que haga con el cupo fiscal lo que quiera, ¿qué estamos legislando? ¿Qué garantía tendrán las provincias de que habrá una distribución equitativa del cupo o una distribución en función de un plan industrial nacional? En realidad, no tenemos ninguna. Hagamos el siguiente ejercicio matemático: si cada inversión es de aproximadamente un millón de pesos y se crean cinco mil empresas por año, a diez empleados por empresa se estarían generando cincuenta mil empleos. ¿Dónde? No lo sé.
Como dice el señor senador Linares, estamos viviendo en una democracia delegativa y es hora de que empecemos a discutir este tema.
Nosotros no estamos conformes con delegar en el Poder Ejecutivo nacional un cupo de 5.000 millones de pesos para que lo distribuya entre empresas nuevas o en ampliaciones de otras ya existentes. Creo que esto debe tener una razonabilidad.
El señor diputado Kosiner habló de cuatro criterios distributivos para este cupo. Propongo que los analicemos; se pueden ver por región, por provincia, por rubro. Hay distintos criterios posibles, pero debemos fijar uno porque si no los legisladores estaremos poniendo en manos de un funcionario de la burocracia nacional la capacidad de legislar.
Considero que estamos superponiendo misiones y funciones que no corresponden, que además ponen en riesgo un programa que creemos que está bien y es bueno. Todos queremos que se haga, pero que se haga bien.
El artículo 38, referido a este aspecto, dice: "Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación del Título II de la ley N° 24.467 y de los Títulos II y III de la ley N° 25.300 al Ministerio de Producción, el cual quedará facultado para delegar tal carácter y sus competencias." Es decir que, además, el ministerio delega; o sea, delega lo delegado.
Pienso que tenemos que rever este punto. Nosotros tenemos otra posición que tiene que ver con los éxitos y los fracasos de las experiencias que hubo en la República Argentina. Son los gobernadores, los líderes naturales de cada distrito, quienes más conocen la realidad productiva, industrial o no industrial de sus provincias y saben a qué sectores puede ir dirigido este esfuerzo fiscal que, por supuesto, elogiamos y estamos de acuerdo.
Por ejemplo, debería existir un sistema para que la autoridad de aplicación recaiga en los gobernadores de provincia hasta determinado límite. Por citar un caso, para las empresas que no superen los 500.000 pesos de inversión, los gobernadores podrían tener la capacidad y la facultad de otorgar los beneficios, que después obviamente serán ratificados por el Ministerio de Hacienda. Superado ese monto, será directamente el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Producción la autoridad de aplicación de los proyectos. Este país es extremadamente grande y resulta muy difícil para las provincias lejanas llegar al centro de la ciudad, a la zona del Obelisco, con una carpetita para hacer los trámites, porque tienen que pasar por la trituradora de la AFIP, después por la amansadora del ministerio y más tarde por la amansadora del organismo en el cual el ministerio haya hecho la delegación. Se torna algo interminable; entonces, cuando concluyan con todo habrá terminado la vigencia de esta ley, que por otro lado creo que debería ser de cuatro años y no de dos.
Considero, señor presidente, que debemos rever esta delegación de facultades que estamos haciendo en el Poder Ejecutivo porque me parece exorbitante y va a poner en riesgo el éxito de este programa que, reitero, nos parece bueno.
Acercaremos por escrito las modificaciones que proponemos y que ponemos a consideración de este pleno.
En segundo término, no me referiré tanto a lo instrumental, que es de lo que ya hablaron los diputados preopinantes, y tampoco a si este proyecto de ley es más o menos generoso que lo que uno espera; pero sí voy a aludir a algunos aspectos que creemos que son muy importantes.
En cuanto al seguimiento a las pymes -que ya se mencionó-, advierto que uno estará a cargo de la AFIP y otro de la autoridad de aplicación; pero no veo que en este proyecto de ley se disponga el seguimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del INTI y de otros organismos que tratan sobre la capacitación y la rápida adaptación tecnológica a los nuevos tiempos. Pienso que habría que incorporarlo porque estos entes, sí o sí deben dar apoyatura a las pequeñas empresas. Este ítem no está planteado en esta iniciativa, que está hecha más desde una visión tributaria o de beneficio fiscal, y por eso reitero que habría que agregarlo.
Obviamente, estoy de acuerdo con lo que plantea el señor diputado Lavagna respecto del régimen simplificado para pago de impuestos. También coincido en diferenciar a las pymes exportadoras que, por supuesto, tienen que competir en un mundo global muy complejo.
Finalmente, es cierto que no es lo mismo una pyme ubicada en cualquiera de las provincias del interior que en el conurbano bonaerense. Resulta evidente que debemos hacer un planteo diferenciado entre pymes de igual naturaleza, pero situadas en distintas regiones respecto de los centros de consumo o de los puertos de carga y descarga.
Estamos de acuerdo con la propuesta del señor diputado Solanas de que se cree un registro. Ahora bien, lo que no termino de entender es qué diferencia hay con el registro que se propone en el artículo 25 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. De todas maneras, nuestro bloque está de acuerdo con que haya un registro nacional para micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que el mejor de los articulados va a estar bien para nosotros.
Por otro lado, nos preocupan muchísimo los artículos 20 y 38 de la iniciativa en tratamiento. El artículo 20 del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo dice: "A los fines del régimen contenido en el presente Capítulo, establécese un cupo fiscal anual destinado a la conversión de bonos de crédito fiscal, que ascenderá a pesos cinco mil millones ($5.000.000.000), los que se asignarán de acuerdo con el mecanismo que establezca el Poder Ejecutivo nacional y en los porcentajes que éste disponga respecto de bienes de capital y obras de infraestructura." Si estamos haciendo una delegación absoluta en el Poder Ejecutivo nacional para que haga con el cupo fiscal lo que quiera, ¿qué estamos legislando? ¿Qué garantía tendrán las provincias de que habrá una distribución equitativa del cupo o una distribución en función de un plan industrial nacional? En realidad, no tenemos ninguna. Hagamos el siguiente ejercicio matemático: si cada inversión es de aproximadamente un millón de pesos y se crean cinco mil empresas por año, a diez empleados por empresa se estarían generando cincuenta mil empleos. ¿Dónde? No lo sé.
Como dice el señor senador Linares, estamos viviendo en una democracia delegativa y es hora de que empecemos a discutir este tema.
Nosotros no estamos conformes con delegar en el Poder Ejecutivo nacional un cupo de 5.000 millones de pesos para que lo distribuya entre empresas nuevas o en ampliaciones de otras ya existentes. Creo que esto debe tener una razonabilidad.
El señor diputado Kosiner habló de cuatro criterios distributivos para este cupo. Propongo que los analicemos; se pueden ver por región, por provincia, por rubro. Hay distintos criterios posibles, pero debemos fijar uno porque si no los legisladores estaremos poniendo en manos de un funcionario de la burocracia nacional la capacidad de legislar.
Considero que estamos superponiendo misiones y funciones que no corresponden, que además ponen en riesgo un programa que creemos que está bien y es bueno. Todos queremos que se haga, pero que se haga bien.
El artículo 38, referido a este aspecto, dice: "Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación del Título II de la ley N° 24.467 y de los Títulos II y III de la ley N° 25.300 al Ministerio de Producción, el cual quedará facultado para delegar tal carácter y sus competencias." Es decir que, además, el ministerio delega; o sea, delega lo delegado.
Pienso que tenemos que rever este punto. Nosotros tenemos otra posición que tiene que ver con los éxitos y los fracasos de las experiencias que hubo en la República Argentina. Son los gobernadores, los líderes naturales de cada distrito, quienes más conocen la realidad productiva, industrial o no industrial de sus provincias y saben a qué sectores puede ir dirigido este esfuerzo fiscal que, por supuesto, elogiamos y estamos de acuerdo.
Por ejemplo, debería existir un sistema para que la autoridad de aplicación recaiga en los gobernadores de provincia hasta determinado límite. Por citar un caso, para las empresas que no superen los 500.000 pesos de inversión, los gobernadores podrían tener la capacidad y la facultad de otorgar los beneficios, que después obviamente serán ratificados por el Ministerio de Hacienda. Superado ese monto, será directamente el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Producción la autoridad de aplicación de los proyectos. Este país es extremadamente grande y resulta muy difícil para las provincias lejanas llegar al centro de la ciudad, a la zona del Obelisco, con una carpetita para hacer los trámites, porque tienen que pasar por la trituradora de la AFIP, después por la amansadora del ministerio y más tarde por la amansadora del organismo en el cual el ministerio haya hecho la delegación. Se torna algo interminable; entonces, cuando concluyan con todo habrá terminado la vigencia de esta ley, que por otro lado creo que debería ser de cuatro años y no de dos.
Considero, señor presidente, que debemos rever esta delegación de facultades que estamos haciendo en el Poder Ejecutivo porque me parece exorbitante y va a poner en riesgo el éxito de este programa que, reitero, nos parece bueno.
Acercaremos por escrito las modificaciones que proponemos y que ponemos a consideración de este pleno.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Heller.
SR. HELLER Señor presidente: en primer lugar, me parece plausible que estemos tratando de encontrar consensos o, por lo menos, de acercar lo más posible distintos puntos de vista en un tema de gran importancia para los argentinos.
Como ya se dijo, cuando hablamos de pymes nos referimos al 95 por ciento de las empresas del país, a las tres cuartas partes de la población ocupada, a casi el 50 por ciento de las ventas totales y al 65 por ciento de la inversión productiva. Todos somos conscientes de esto.
Las políticas vinculadas con las pymes tienen trascendencia por el efecto que producen sobre el conjunto de la ciudadanía, lo que nos obliga a hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la mejor norma.
No puedo dejar de decir que estoy convencido de que estamos hablando de una ley de emergencia y planteando una serie de medidas para transitarla. Sin embargo, los problemas de fondo de las pymes tienen que ver con cuestiones macroeconómicas y políticas vinculadas al desarrollo del mercado interno y la apertura de las importaciones. El tema es muy amplio, pero estamos haciendo un esfuerzo por encontrar un conjunto de medidas que permitan paliar la situación mientras tal vez discutimos los aspectos de fondo.
Quiero empezar por una cuestión conceptual. Estamos hablando de recursos escasos. Sin embargo, la SEPYME ha ampliado la categorización de las pymes incluyendo el sector llamado "Mediana tramo 2", que comprende a las empresas más chicas dentro de las grandes.
Si hablamos de recursos escasos, pareciera mejor concentrarse en las pymes según la categorización previa, es decir, en aquella que establecía la resolución de la SEPYME de 2010, y excluir esta ampliación que, además, dada su envergadura se llevará una parte sustancial de esos recursos. Es decir que si hay recursos financieros se llevará una parte fundamental de ellos y, si hay subsidios, también.
Para que tengamos una idea, en las empresas categoría tramo 2, para tomar las empresas del sector agropecuario, a valores reales el incremento es de un 75 por ciento medido por ventas anuales. Es decir que nos estamos refiriendo a casi duplicar el valor de las ventas. Ello es fundamental más allá del lugar de radicación de las empresas.
Si efectivamente centramos el aporte y el apoyo a las empresas de menor dimensión, seguramente llegaremos a las ubicadas en los lugares de menor desarrollo, más alejadas, con mayores dificultades, donde todo es más caro, etcétera.
Por lo tanto, la primera propuesta para incluir en esa búsqueda es la eliminación...
Como ya se dijo, cuando hablamos de pymes nos referimos al 95 por ciento de las empresas del país, a las tres cuartas partes de la población ocupada, a casi el 50 por ciento de las ventas totales y al 65 por ciento de la inversión productiva. Todos somos conscientes de esto.
Las políticas vinculadas con las pymes tienen trascendencia por el efecto que producen sobre el conjunto de la ciudadanía, lo que nos obliga a hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la mejor norma.
No puedo dejar de decir que estoy convencido de que estamos hablando de una ley de emergencia y planteando una serie de medidas para transitarla. Sin embargo, los problemas de fondo de las pymes tienen que ver con cuestiones macroeconómicas y políticas vinculadas al desarrollo del mercado interno y la apertura de las importaciones. El tema es muy amplio, pero estamos haciendo un esfuerzo por encontrar un conjunto de medidas que permitan paliar la situación mientras tal vez discutimos los aspectos de fondo.
Quiero empezar por una cuestión conceptual. Estamos hablando de recursos escasos. Sin embargo, la SEPYME ha ampliado la categorización de las pymes incluyendo el sector llamado "Mediana tramo 2", que comprende a las empresas más chicas dentro de las grandes.
Si hablamos de recursos escasos, pareciera mejor concentrarse en las pymes según la categorización previa, es decir, en aquella que establecía la resolución de la SEPYME de 2010, y excluir esta ampliación que, además, dada su envergadura se llevará una parte sustancial de esos recursos. Es decir que si hay recursos financieros se llevará una parte fundamental de ellos y, si hay subsidios, también.
Para que tengamos una idea, en las empresas categoría tramo 2, para tomar las empresas del sector agropecuario, a valores reales el incremento es de un 75 por ciento medido por ventas anuales. Es decir que nos estamos refiriendo a casi duplicar el valor de las ventas. Ello es fundamental más allá del lugar de radicación de las empresas.
Si efectivamente centramos el aporte y el apoyo a las empresas de menor dimensión, seguramente llegaremos a las ubicadas en los lugares de menor desarrollo, más alejadas, con mayores dificultades, donde todo es más caro, etcétera.
Por lo tanto, la primera propuesta para incluir en esa búsqueda es la eliminación...
SR. LAVAGNA ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. HELLER Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE LASPINA Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: disculpe que hoy estoy indisciplinado.
Uno de los planteos era, respecto del impuesto al cheque, incluir únicamente a las empresas categorizadas en el tramo 1. La propuesta del señor diputado Heller, ¿es excluir a aquellas comprendidas en el tramo 2 de todos los beneficios de esta ley?
Uno de los planteos era, respecto del impuesto al cheque, incluir únicamente a las empresas categorizadas en el tramo 1. La propuesta del señor diputado Heller, ¿es excluir a aquellas comprendidas en el tramo 2 de todos los beneficios de esta ley?
SR. PRESIDENTE LASPINA Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Heller.
SR. HELLER Señor presidente: mi propuesta consiste en excluir la categoría "Mediana tramo 2" de los beneficios de esta ley, partiendo de la base de que como los recursos no van a cambiar se podrá concretar una política mucho más intensa con el resto. Que quede en claro que no estoy hablando de bajar el costo fiscal; de ninguna manera. Me refiero a distribuir el mismo costo fiscal entre las pequeñas empresas; en otras palabras, que los recursos disponibles se concentren en el sector histórico de las pymes. Pienso que es un aporte a este proyecto de ley.
Por otro lado, he visto que en diversos proyectos aparecen limitaciones para las pymes que hayan incorporado -por ejemplo- personal. Estamos hablando de una situación de crisis; entonces, este beneficio tendría que ser para todas las pymes. No debería haber ningún tipo de diferenciación, porque las que peor están y más ayuda necesitan, seguramente no han tomado personal. Por el contrario, tal vez hayan tenido que prescindir de él.
Esto me permite saltar a lo siguiente. El concepto del proyecto del Poder Ejecutivo es que todos los beneficios impositivos se deduzcan del impuesto a las ganancias. Pero si tuvieran ganancias, no estarían en emergencia. Por lo tanto, es casi un sofisma plantear que esos beneficios se van a poder deducir del impuesto a las ganancias. En todo caso, tendremos que hacer un planteo de muchísima más amplitud.
Insisto en que hablar de beneficios deducibles del impuesto a las ganancias es achicar notablemente el universo de las pymes con posibilidades de acceder a ellos. Deberíamos encontrar la manera de que las empresas más beneficiadas sean aquellas que no tienen ganancias, porque eso es lo que garantizará su sustentabilidad, su continuidad, el sostenimiento del empleo, etcétera. Desde luego que, como mínimo, habría que hacer una ampliación pensando en el impuesto a los bienes personales; pero también deberíamos ver si estos beneficios no pueden ser deducibles de los aportes patronales.
Es decir, tendríamos que tratar de buscar los mecanismos más amplios posibles, para que la supresión del impacto del impuesto a los débitos y créditos en las pymes sea real. Si nos circunscribimos a las empresas que pueden deducir de ganancias, estamos segmentando mucho; y si además incluimos a las empresas del tramo 2, las pymes que estén en verdaderas dificultades van a recibir muy poco o nada.
Otras medidas que planteamos ya fueron mencionadas por algunos diputados preopinantes; de todas maneras, me gustaría comentarlas. Entre ellas se encuentran el establecimiento de un plan de facilitades de pago permanente para las pymes, la consolidación de deudas tributarias y/o previsionales y saldos de planes decaídos al 30 de abril de 2016, y el cómputo a cuenta de ganancias o de bienes personales en un porcentaje -aquí sí- de utilidades reinvertidas por las empresas pymes en nuevos equipamientos. Queremos dar esa posibilidad, que coincide con el planteo que hizo el señor diputado Lavagna. También proponemos suspender por 180 días las medidas cautelares vinculadas con la ejecución de deudas impositivas y/o previsionales, restablecer la condición de monotributista a todas aquellas empresas que entre noviembre de 2015 y la sanción de la presente ley hayan perdido esa condición por falta de pago, y abrir la posibilidad de que puedan acceder a una moratoria para cancelar su deuda en un plazo no menor a treinta y seis meses.
Por otra parte, considero que el aumento de las tarifas es clave y casi más grave que el que sufren las personas porque tiene un efecto multiplicador. Digo esto porque tienen que pagar dicho incremento dos veces: el que reciben directamente y el que impacta en los precios producto del aumento en los servicios públicos. Nuestra propuesta es retrotraer a los niveles de noviembre de 2015 las tarifas de energía eléctrica, gas y agua que se les cobra a las pymes de la categoría que estamos planteando; mantener las tarifas que abonan las pymes a las ART y establecer por el plazo de 180 días los REPRO.
En cuanto al tema crediticio, hay una cuestión también muy importante: cómo hacer que efectivamente los préstamos lleguen a quienes más los necesitan. Creo que deberíamos fijar líneas de redescuentos con costo para los bancos y los tomadores del crédito, y cupos establecidos. Entendemos que el banco debe ser un colocador que trabaja con riesgo contra un spread, pero tiene establecidos los costos por recibir dinero y prestarlo, no pudiendo agregarle ninguna otra comisión. Si hablamos, por ejemplo, de una tasa del 22 por ciento por 180 días, que exista una línea de redescuento que vaya al 13 por ciento; con eso tendría que funcionar, haciéndose una distribución entre los tramos que indicamos al circunscribir a las empresas más chicas.
Otra propuesta, que si bien está contemplada quiero mencionar, es la implementación de la ventanilla única exclusiva para las micro, pequeñas y medianas empresas, de manera de generar una facilidad real a este sector. Esto es importante, no solo porque tienen que venir desde lejos -como decía el señor diputado Lusquiños- para hacer sus trámites sino también porque estos son enormemente engorrosos. Por eso, la creación de una ventanilla única sería una gran simplificación.
Por otro lado, aquí se habló de crear una comisión de seguimiento. Pienso que en el ámbito de la Defensoría del Pueblo habría que instaurar la figura del ombudsman de las pymes con funciones específicas vinculadas con la verificación del comportamiento tanto del sector público respecto de las pymes como de los monopolios y formadores de precios, porque las pequeñas y medianas empresas siempre quedan en un sándwich: si son proveedoras de los grandes, estos les imponen condiciones -muchas veces monopólicas y abusivas- y si son sus clientes, también.
Por eso sería muy bueno que pudiéramos entrar en las famosas cadenas de valor. Hay una ley que está vigente que permitía hacerlo, pero hace falta la decisión y la voluntad política para llevarlo a la práctica. La norma a la que me refiero fue objeto de un amparo, pero ya caducó; es decir que, si en este momento hay voluntad política, están abiertas las posibilidades para que se creen los mecanismos tendientes a analizar las cadenas da valor, lo cual sería importantísimo. En este caso me limito a plantear la figura del ombudsman como un interlocutor válido de los distintos estamentos gubernamentales, del Poder Ejecutivo y de los organismos.
Por otro lado, proponemos un capítulo vinculado con el compre nacional para fomentar la compra a las mipymes. Pensamos que, en este punto, es necesario modificar la legislación vigente; por ejemplo, el artículo 3º de ley 25.551, llevando al 10 por ciento el incremento de precios de bienes ofrecidos que no sean de origen nacional para otorgar preferencia a las mipymes y al 7 por ciento cuando se trate de otro tipo de empresas. Los valores actuales son 7 y 5 por ciento, y nosotros proponemos llevarlos a 10 y 7 por ciento.
Por otro lado, he visto que en diversos proyectos aparecen limitaciones para las pymes que hayan incorporado -por ejemplo- personal. Estamos hablando de una situación de crisis; entonces, este beneficio tendría que ser para todas las pymes. No debería haber ningún tipo de diferenciación, porque las que peor están y más ayuda necesitan, seguramente no han tomado personal. Por el contrario, tal vez hayan tenido que prescindir de él.
Esto me permite saltar a lo siguiente. El concepto del proyecto del Poder Ejecutivo es que todos los beneficios impositivos se deduzcan del impuesto a las ganancias. Pero si tuvieran ganancias, no estarían en emergencia. Por lo tanto, es casi un sofisma plantear que esos beneficios se van a poder deducir del impuesto a las ganancias. En todo caso, tendremos que hacer un planteo de muchísima más amplitud.
Insisto en que hablar de beneficios deducibles del impuesto a las ganancias es achicar notablemente el universo de las pymes con posibilidades de acceder a ellos. Deberíamos encontrar la manera de que las empresas más beneficiadas sean aquellas que no tienen ganancias, porque eso es lo que garantizará su sustentabilidad, su continuidad, el sostenimiento del empleo, etcétera. Desde luego que, como mínimo, habría que hacer una ampliación pensando en el impuesto a los bienes personales; pero también deberíamos ver si estos beneficios no pueden ser deducibles de los aportes patronales.
Es decir, tendríamos que tratar de buscar los mecanismos más amplios posibles, para que la supresión del impacto del impuesto a los débitos y créditos en las pymes sea real. Si nos circunscribimos a las empresas que pueden deducir de ganancias, estamos segmentando mucho; y si además incluimos a las empresas del tramo 2, las pymes que estén en verdaderas dificultades van a recibir muy poco o nada.
Otras medidas que planteamos ya fueron mencionadas por algunos diputados preopinantes; de todas maneras, me gustaría comentarlas. Entre ellas se encuentran el establecimiento de un plan de facilitades de pago permanente para las pymes, la consolidación de deudas tributarias y/o previsionales y saldos de planes decaídos al 30 de abril de 2016, y el cómputo a cuenta de ganancias o de bienes personales en un porcentaje -aquí sí- de utilidades reinvertidas por las empresas pymes en nuevos equipamientos. Queremos dar esa posibilidad, que coincide con el planteo que hizo el señor diputado Lavagna. También proponemos suspender por 180 días las medidas cautelares vinculadas con la ejecución de deudas impositivas y/o previsionales, restablecer la condición de monotributista a todas aquellas empresas que entre noviembre de 2015 y la sanción de la presente ley hayan perdido esa condición por falta de pago, y abrir la posibilidad de que puedan acceder a una moratoria para cancelar su deuda en un plazo no menor a treinta y seis meses.
Por otra parte, considero que el aumento de las tarifas es clave y casi más grave que el que sufren las personas porque tiene un efecto multiplicador. Digo esto porque tienen que pagar dicho incremento dos veces: el que reciben directamente y el que impacta en los precios producto del aumento en los servicios públicos. Nuestra propuesta es retrotraer a los niveles de noviembre de 2015 las tarifas de energía eléctrica, gas y agua que se les cobra a las pymes de la categoría que estamos planteando; mantener las tarifas que abonan las pymes a las ART y establecer por el plazo de 180 días los REPRO.
En cuanto al tema crediticio, hay una cuestión también muy importante: cómo hacer que efectivamente los préstamos lleguen a quienes más los necesitan. Creo que deberíamos fijar líneas de redescuentos con costo para los bancos y los tomadores del crédito, y cupos establecidos. Entendemos que el banco debe ser un colocador que trabaja con riesgo contra un spread, pero tiene establecidos los costos por recibir dinero y prestarlo, no pudiendo agregarle ninguna otra comisión. Si hablamos, por ejemplo, de una tasa del 22 por ciento por 180 días, que exista una línea de redescuento que vaya al 13 por ciento; con eso tendría que funcionar, haciéndose una distribución entre los tramos que indicamos al circunscribir a las empresas más chicas.
Otra propuesta, que si bien está contemplada quiero mencionar, es la implementación de la ventanilla única exclusiva para las micro, pequeñas y medianas empresas, de manera de generar una facilidad real a este sector. Esto es importante, no solo porque tienen que venir desde lejos -como decía el señor diputado Lusquiños- para hacer sus trámites sino también porque estos son enormemente engorrosos. Por eso, la creación de una ventanilla única sería una gran simplificación.
Por otro lado, aquí se habló de crear una comisión de seguimiento. Pienso que en el ámbito de la Defensoría del Pueblo habría que instaurar la figura del ombudsman de las pymes con funciones específicas vinculadas con la verificación del comportamiento tanto del sector público respecto de las pymes como de los monopolios y formadores de precios, porque las pequeñas y medianas empresas siempre quedan en un sándwich: si son proveedoras de los grandes, estos les imponen condiciones -muchas veces monopólicas y abusivas- y si son sus clientes, también.
Por eso sería muy bueno que pudiéramos entrar en las famosas cadenas de valor. Hay una ley que está vigente que permitía hacerlo, pero hace falta la decisión y la voluntad política para llevarlo a la práctica. La norma a la que me refiero fue objeto de un amparo, pero ya caducó; es decir que, si en este momento hay voluntad política, están abiertas las posibilidades para que se creen los mecanismos tendientes a analizar las cadenas da valor, lo cual sería importantísimo. En este caso me limito a plantear la figura del ombudsman como un interlocutor válido de los distintos estamentos gubernamentales, del Poder Ejecutivo y de los organismos.
Por otro lado, proponemos un capítulo vinculado con el compre nacional para fomentar la compra a las mipymes. Pensamos que, en este punto, es necesario modificar la legislación vigente; por ejemplo, el artículo 3º de ley 25.551, llevando al 10 por ciento el incremento de precios de bienes ofrecidos que no sean de origen nacional para otorgar preferencia a las mipymes y al 7 por ciento cuando se trate de otro tipo de empresas. Los valores actuales son 7 y 5 por ciento, y nosotros proponemos llevarlos a 10 y 7 por ciento.
SR. LAVAGNA Si el señor presidente me permite, olvidé mencionar en mi exposición el compre nacional. Coincidimos en la necesidad de elevar los porcentajes, así que bienvenido al Frente Renovador, señor diputado Heller.
SR. HELLER Me alegra que usted sea capaz de receptar propuestas creativas, señor diputado.
Tenemos otras propuestas, pero en honor a la brevedad no continuaré enumerándolas porque creo haber aportado una cantidad de sugerencias que podrían ser tenidas en cuenta e incorporadas a un proyecto común, dado que son superadoras y contemplan situaciones que, en algunos casos, fueron mencionadas por los diputados preopinantes y en otros no.
Tenemos otras propuestas, pero en honor a la brevedad no continuaré enumerándolas porque creo haber aportado una cantidad de sugerencias que podrían ser tenidas en cuenta e incorporadas a un proyecto común, dado que son superadoras y contemplan situaciones que, en algunos casos, fueron mencionadas por los diputados preopinantes y en otros no.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Señor presidente: como bien dijo el señor diputado Kosiner, estamos totalmente de acuerdo con establecer un programa de fortalecimiento de las pymes, sabiendo que son el motor de la economía nacional y las principales generadoras de trabajo de los argentinos.
Se ha hablado mucho de las distintas herramientas y creo que coincidimos en buscar la mejor norma que contenga todos los componentes, donde se vean reflejados los distintos sectores de la economía nacional y principalmente las economías regionales.
Quiero analizar el tema desde un punto de vista distinto; me refiero al punto de vista federal y al impacto fiscal que tendría esta ley.
Sabemos que el principal objetivo es generar mayor producción, lo que significa más actividad económica, más recaudación y más coparticipación de impuestos.
A quienes representamos a las provincias del interior profundo nos preocupa el impacto fiscal de esta norma. Por eso considero necesario plantear distintas alternativas.
Permítanme hacer un racconto del impacto fiscal de las medidas tomadas por este gobierno, las que hemos acompañado en su gran mayoría. Sabemos que en el transcurso del año las provincias resignaron alrededor de 40.000 millones de pesos en función de distintas medidas que se tomaron y que esperamos comiencen a integrar ese círculo virtuoso. Pero ocurre que las provincias no tienen la misma espalda que el gobierno nacional para aguantar en lo inmediato el impacto de una disminución en la recaudación de impuestos. Más aún cuando se trata de tomar un impuesto que es poco coparticipable, por decirlo de alguna manera, que impacta solamente en un 17 por ciento, contra otro por el que las provincias reciben el 50 por ciento. Entiendo que ahí hay una discriminación.
En la propuesta que haré luego creo que puede estar el acompañamiento de las provincias, porque nos sentimos parte de un país y pensamos que debemos salir adelante entre todos.
De los 40.000 millones de pesos que las provincias entregamos a lo largo de estos seis meses, solamente fuimos compensadas con 13.000 o 14.000 millones correspondientes a la devolución del 3 por ciento de aquel 15 por ciento de detracción de la famosa precoparticipación a partir del acuerdo de 1992.
Sin desmerecer el proyecto en tratamiento, tenemos que contemplar que el impacto fiscal en las provincias sea progresivo. Aquí se habló de distintas medidas con aplicación progresiva. Las provincias podemos hacernos cargo, pero no en forma inmediata. Como recién señalé, no tenemos la espalda suficiente.
En esta sala se dijo que el artículo que producirá un mayor impacto en las provincias es el 23, referido a tomar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque. Si bien es cierto que se prevé eliminar el ciento por ciento del impuesto al cheque para las micro y pequeñas empresas, ello no se aplica para las medianas, cuyo porcentaje aumentaría en un 50 por ciento. Un cálculo preliminar arrojaría que las provincias deberían resignar recursos nuevamente; en este caso, alrededor de 20.000 millones. Por ello planteo la posibilidad de fijar una progresividad en el impacto a las provincias, las que harán el esfuerzo necesario para el armado de un sistema no solo de mayor producción sino mucho más progresivo en el aspecto tributario.
Estamos de acuerdo con la idea de sacar los impuestos a la producción, pero el esfuerzo debe ser progresivo porque las provincias no tienen la posibilidad de hacerse cargo de un impacto negativo más en sus finanzas.
Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, diputado Pablo Francisco Juan Kosiner.
Se ha hablado mucho de las distintas herramientas y creo que coincidimos en buscar la mejor norma que contenga todos los componentes, donde se vean reflejados los distintos sectores de la economía nacional y principalmente las economías regionales.
Quiero analizar el tema desde un punto de vista distinto; me refiero al punto de vista federal y al impacto fiscal que tendría esta ley.
Sabemos que el principal objetivo es generar mayor producción, lo que significa más actividad económica, más recaudación y más coparticipación de impuestos.
A quienes representamos a las provincias del interior profundo nos preocupa el impacto fiscal de esta norma. Por eso considero necesario plantear distintas alternativas.
Permítanme hacer un racconto del impacto fiscal de las medidas tomadas por este gobierno, las que hemos acompañado en su gran mayoría. Sabemos que en el transcurso del año las provincias resignaron alrededor de 40.000 millones de pesos en función de distintas medidas que se tomaron y que esperamos comiencen a integrar ese círculo virtuoso. Pero ocurre que las provincias no tienen la misma espalda que el gobierno nacional para aguantar en lo inmediato el impacto de una disminución en la recaudación de impuestos. Más aún cuando se trata de tomar un impuesto que es poco coparticipable, por decirlo de alguna manera, que impacta solamente en un 17 por ciento, contra otro por el que las provincias reciben el 50 por ciento. Entiendo que ahí hay una discriminación.
En la propuesta que haré luego creo que puede estar el acompañamiento de las provincias, porque nos sentimos parte de un país y pensamos que debemos salir adelante entre todos.
De los 40.000 millones de pesos que las provincias entregamos a lo largo de estos seis meses, solamente fuimos compensadas con 13.000 o 14.000 millones correspondientes a la devolución del 3 por ciento de aquel 15 por ciento de detracción de la famosa precoparticipación a partir del acuerdo de 1992.
Sin desmerecer el proyecto en tratamiento, tenemos que contemplar que el impacto fiscal en las provincias sea progresivo. Aquí se habló de distintas medidas con aplicación progresiva. Las provincias podemos hacernos cargo, pero no en forma inmediata. Como recién señalé, no tenemos la espalda suficiente.
En esta sala se dijo que el artículo que producirá un mayor impacto en las provincias es el 23, referido a tomar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque. Si bien es cierto que se prevé eliminar el ciento por ciento del impuesto al cheque para las micro y pequeñas empresas, ello no se aplica para las medianas, cuyo porcentaje aumentaría en un 50 por ciento. Un cálculo preliminar arrojaría que las provincias deberían resignar recursos nuevamente; en este caso, alrededor de 20.000 millones. Por ello planteo la posibilidad de fijar una progresividad en el impacto a las provincias, las que harán el esfuerzo necesario para el armado de un sistema no solo de mayor producción sino mucho más progresivo en el aspecto tributario.
Estamos de acuerdo con la idea de sacar los impuestos a la producción, pero el esfuerzo debe ser progresivo porque las provincias no tienen la posibilidad de hacerse cargo de un impacto negativo más en sus finanzas.
Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, diputado Pablo Francisco Juan Kosiner.
SR. ZILIOTTO Voy a lo que planteaba el señor diputado Heller sobre cómo direccionamos el esfuerzo fiscal que vamos a hacer todos los argentinos para que alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas. Si se va a hacer una discriminación eliminando el tramo 2 de las medianas empresas, también habría que establecer que los beneficios no pueden ser los mismos para las pymes que producen bienes transables y aquellas que no. No es lo mismo para la estructura económica financiera de una pyme vender al exterior que vender al mercado interno. Ahí también tendría que hacerse una diferenciación.
Por último, voy a referirme a una cuestión que tiene que ver principalmente con la adhesión a la norma que pueden hacer las provincias y los municipios. Si bien es cierto que el artículo 5º establece que no se puede modificar la carga tributaria, hay que tener en cuenta que en la realidad de muchos municipios -y aquí hay varios ex intendentes presentes- las tasas son a valor absoluto y no responden a ninguna alícuota o criterio permanente. Por eso creo que hay que modificar la redacción de este artículo.
En cuanto a lo que planteé inicialmente de contemplar la realidad de las economías regionales, considero que la adhesión debería ser conjunta a través de un acuerdo entre la autoridad de aplicación, las provincias y los municipios, ya que cada provincia puede hacer un esfuerzo diferencial en cuanto a la economía que está desarrollándose en su territorio.
Estos son mis planteos como representante del bloque Justicialista. Espero que en el dictamen final queden plasmadas nuestras posiciones.
Por último, voy a referirme a una cuestión que tiene que ver principalmente con la adhesión a la norma que pueden hacer las provincias y los municipios. Si bien es cierto que el artículo 5º establece que no se puede modificar la carga tributaria, hay que tener en cuenta que en la realidad de muchos municipios -y aquí hay varios ex intendentes presentes- las tasas son a valor absoluto y no responden a ninguna alícuota o criterio permanente. Por eso creo que hay que modificar la redacción de este artículo.
En cuanto a lo que planteé inicialmente de contemplar la realidad de las economías regionales, considero que la adhesión debería ser conjunta a través de un acuerdo entre la autoridad de aplicación, las provincias y los municipios, ya que cada provincia puede hacer un esfuerzo diferencial en cuanto a la economía que está desarrollándose en su territorio.
Estos son mis planteos como representante del bloque Justicialista. Espero que en el dictamen final queden plasmadas nuestras posiciones.
SR. PRESIDENTE KOSINER Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Snopek.
SR. SNOPEK (A.F.) Señor presidente: quiero resaltar algo que, en cierta medida, ya fue planteado por varios señores diputados. Así como en este proyecto de ley diferenciamos a las pymes del universo de las empresas de la Argentina, diferenciemos dentro del universo de las pequeñas y medianas empresas a aquellas de las economías regionales. La semana pasada, los diputados que integramos la Comisión de Economías y Desarrollo Regional visitamos -a partir de una invitación de su presidenta- el Alto Valle de Río Negro para observar la problemática de los productores de manzanas y peras. Esto se repite a lo largo y a lo ancho del país; hace quince días estuve en Misiones, donde tuve la oportunidad de conversar con yerbateros. A partir del Instituto Nacional de la Yerba Mate, de alguna manera lograron que, en virtud de una ley, el área de agricultura laude entre el precio de las industrias y los productores. No obstante, la ventaja que lograron los productores como consecuencia de la devaluación y de la quita de las retenciones a las exportaciones de las economías regionales se ha ido en gran parte a manos de los complejos agroexportadores, de los dealers, o incluso de los mismos clientes internacionales. Esto último es lo que ocurre en el caso del tabaco. Viendo que ha habido una merma en las retenciones, los clientes dicen: nosotros queremos esa parte que ustedes ya no tienen como costo.
En definitiva, aquellos instrumentos fiscales mediante los cuales el Estado argentino intenta paliar la la situación de los productores, termina derivando recursos hacia otros sectores. Esa no es la intención de este Congreso. Por eso entendemos que un capítulo especial de este proyecto de ley debería referirse a las pymes de las economías regionales, es decir, a aquellas vinculadas con la producción de algodón en Chaco y Formosa, de tabaco en siete provincias del NOA y NEA, de manzanas y peras en el Alto Valle de Río Negro, de vid en la región de Cuyo, etcétera. Hace un rato hablaba con un representante de CAME que está en el sector de economías regionales, quien nos decía que tienen dificultades para establecer los precios de la vid respecto de algunas productoras de vino que incluso han vendido sus productos por debajo de los costos. De esto, como decía recién, hay varios ejemplos.
Podríamos contemplar un capítulo en particular o dar una mirada transversal a la ley. Es decir que, cuando tratemos el capítulo que tiene que ver con los REPRO, establezcamos un diferencial para las pymes en general pero demos una vuelta más de tuerca para el caso particular de las pymes de las economías regionales.
Asimismo, cuando hablemos de medidas fiscales, contemplemos medidas orientadas a disminuir la carga tributaria, porque la mayor carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas de las economías regionales está dada justamente por el costo laboral. Las pymes de las economías regionales son altamente intensivas en el uso de la mano de obra y eso las pone en desventaja en un estado inflacionario como el que vivimos, porque el hecho de ajustar los salarios para que no se pierda el poder de compra lleva a que las pymes que soportan el pago de salarios tengan dificultades económicas y, en muchos casos, estén por debajo de la línea de flotación.
Asimismo, podríamos dar otra vuelta de tuerca cuando tratemos medidas de financiamiento contemplando plazos y tasas acordes para las economías regionales.
Esta es nuestra propuesta respecto del proyecto de ley en tratamiento: recorrerlo transversalmente teniendo una mirada especial para las pymes de las economías regionales. Proponemos también fomentar inversiones y tarifas de los servicios diferenciales; en el caso de la producción tabacalera, sobre todo la del tabaco Virginia. Si consideramos la tarifa del gas que se usa para el secado de tabaco en las grandes estufas, advertiremos que los pequeños productores están completamente fuera de foco; si no se ajusta especialmente la tarifa de este servicio, es probable que no se pueda producir.
Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Luciano Andrés Laspina.
En definitiva, aquellos instrumentos fiscales mediante los cuales el Estado argentino intenta paliar la la situación de los productores, termina derivando recursos hacia otros sectores. Esa no es la intención de este Congreso. Por eso entendemos que un capítulo especial de este proyecto de ley debería referirse a las pymes de las economías regionales, es decir, a aquellas vinculadas con la producción de algodón en Chaco y Formosa, de tabaco en siete provincias del NOA y NEA, de manzanas y peras en el Alto Valle de Río Negro, de vid en la región de Cuyo, etcétera. Hace un rato hablaba con un representante de CAME que está en el sector de economías regionales, quien nos decía que tienen dificultades para establecer los precios de la vid respecto de algunas productoras de vino que incluso han vendido sus productos por debajo de los costos. De esto, como decía recién, hay varios ejemplos.
Podríamos contemplar un capítulo en particular o dar una mirada transversal a la ley. Es decir que, cuando tratemos el capítulo que tiene que ver con los REPRO, establezcamos un diferencial para las pymes en general pero demos una vuelta más de tuerca para el caso particular de las pymes de las economías regionales.
Asimismo, cuando hablemos de medidas fiscales, contemplemos medidas orientadas a disminuir la carga tributaria, porque la mayor carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas de las economías regionales está dada justamente por el costo laboral. Las pymes de las economías regionales son altamente intensivas en el uso de la mano de obra y eso las pone en desventaja en un estado inflacionario como el que vivimos, porque el hecho de ajustar los salarios para que no se pierda el poder de compra lleva a que las pymes que soportan el pago de salarios tengan dificultades económicas y, en muchos casos, estén por debajo de la línea de flotación.
Asimismo, podríamos dar otra vuelta de tuerca cuando tratemos medidas de financiamiento contemplando plazos y tasas acordes para las economías regionales.
Esta es nuestra propuesta respecto del proyecto de ley en tratamiento: recorrerlo transversalmente teniendo una mirada especial para las pymes de las economías regionales. Proponemos también fomentar inversiones y tarifas de los servicios diferenciales; en el caso de la producción tabacalera, sobre todo la del tabaco Virginia. Si consideramos la tarifa del gas que se usa para el secado de tabaco en las grandes estufas, advertiremos que los pequeños productores están completamente fuera de foco; si no se ajusta especialmente la tarifa de este servicio, es probable que no se pueda producir.
Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Luciano Andrés Laspina.
SR. SNOPEK (A.F.) Por otro lado, hay una cuestión que desde el Frente Renovador propusimos durante la campaña pero que también fue mencionada por otras fuerzas políticas. En el norte del país, sobre todo en el NOA, tenemos el Belgrano Cargas. Como para llegar a puerto las producciones tienen un costo de flete muy alto, mientras se ejecuta el plan que tiene previsto desarrollar y poner en funcionamiento el Belgrano Cargas nuestra propuesta es que se contemple una compensación a las economías regionales por distancia al puerto.
Celebramos que se esté tratando este proyecto sobre fortalecimiento de las pymes, independientemente de que después podamos considerar iniciativas particulares en las comisiones respectivas y sancionar leyes de fomento a la producción de peras, de manzanas, de vid y de cada una de las economías regionales. Creo que podemos aprovechar esta ocasión para incluir un capítulo especial o tomar transversalmente -como decía al inicio de mi exposición- medidas dirigidas a las economías regionales, que dentro de la crisis que existe en las pymes son las que más están padeciendo.
Celebramos que se esté tratando este proyecto sobre fortalecimiento de las pymes, independientemente de que después podamos considerar iniciativas particulares en las comisiones respectivas y sancionar leyes de fomento a la producción de peras, de manzanas, de vid y de cada una de las economías regionales. Creo que podemos aprovechar esta ocasión para incluir un capítulo especial o tomar transversalmente -como decía al inicio de mi exposición- medidas dirigidas a las economías regionales, que dentro de la crisis que existe en las pymes son las que más están padeciendo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: celebro la posibilidad de discutir esta tarde -casi noche- el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional que tiene que ver con el fomento a las inversiones y algunos tratamientos impositivos especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Para sintetizar de la mejor manera posible comienzo haciendo referencia al capítulo I, que crea un régimen de fomento a las inversiones dentro del marco de la ley 25.300, que es una norma de fomento a las mipymes.
Tendríamos que revisar el período de vigencia de la ley, ya que obviamente no podrá regir a partir del 1° de julio porque ese mes ya comienza y falta no solamente la sanción de la Cámara de Diputados sino también la de Senadores. Por lo tanto, podría decir: "A partir del mes siguiente de promulgación de la presente ley y por un plazo de 30 meses." El plazo es el mismo, solo que empezaría a contarse a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley. Si mantenemos el 1° de julio, estaremos restándole tiempo porque es una fecha en la que no podrá hacerse efectiva.
La estabilidad fiscal propuesta en el mismo capítulo es voluntaria para las provincias y municipios. No es obligatoria y me parece importante que así sea, porque el mayor peso impositivo de las empresas proviene de los impuestos nacionales, mucho más que de los provinciales y municipales. Digo esto más allá de que el impuesto a los ingresos brutos tiene una relevancia significativa en muchas provincias. Entonces, sería bueno que las provincias aportaran a la estabilidad fiscal. Incluso la mía, Misiones, que tiene una alícuota del 4,5 por ciento para el consumidor final -una de las más altas del país-, sería favorable que pudiera llevarla al promedio nacional. Creo que Misiones y Entre Ríos son las que pagan las alícuotas más altas de impuesto a los ingresos brutos.
El capítulo II considera la cuestión impositiva y el fomento a la inversión, que consiste en tomar un 8 por ciento del monto de la inversión productiva en bienes de capital u obras de infraestructura a cuenta del impuesto a las ganancias, hasta un límite del 2 por ciento de la facturación promedio mensual del período fiscal. Esta es una medida altamente beneficiosa. Más allá de los porcentajes, que se podrán discutir a partir de la propuesta del diputado Lavagna, significará una importante medida para las pymes de todo el país.
En relación con el capítulo III sobre bono de crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura, creo conveniente señalar que cuando a causa de una inversión productiva se genera un crédito fiscal muy importante, no se lo puede descontar contra el débito fiscal sino en varios períodos. Como no es de libre disponibilidad, ese dinero a favor del contribuyente queda ocioso y le causa un perjuicio financiero porque no puede contar con él. Sin embargo, ahora podrá transformarlo en un bono de crédito fiscal para pagar otros impuestos nacionales; ese saldo de libre disponibilidad es lo que hoy se conoce como saldo técnico.
Asimismo, se adelanta la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta. La ley aprobada hace dos semanas considera su aplicación a partir del 1° de enero de 2019; ahora, para el caso de las pymes, pasaría a aplicarse a partir del 1° de enero de 2017. O sea que dicha eliminación se adelantaría dos años. A la vez, se permitirá a las micro y pequeñas empresas destinar el ciento por ciento de las retenciones que se aplican por impuesto a los créditos y débitos bancarios como pago a cuenta de ganancias. Todavía queda por discutir si a las empresas medianas se les otorgará determinado porcentaje, como propone el señor diputado Lavagna. Creo que esta es una de las medidas más significativas en beneficio de las mipymes.
Los dos últimos títulos, en particular el último, comprenden distintas disposiciones, entre ellas la modificación de la Ley de Obligaciones Negociables. Esto es muy importante, porque hoy solamente las sociedades anónimas pueden endeudarse emitiendo obligaciones negociables. El proyecto contempla extender la misma posibilidad a las SRL.
También se modifica la Ley de Entidades de Seguros y su Control, permitiéndoles invertir en obligaciones negociables emitidas por las sociedades de responsabilidad limitada, y el decreto ley de letra de cambio y pagaré, transformando a este último en una especie de cheque de pago diferido que se puede negociar en los mercados de valores.
Quiero recordar a los señores diputados las medidas trascendentales para las pymes que, por fuera de esta ley, ya están vigentes por decisión del Poder Ejecutivo nacional. Una de ellas es la elevación de los montos mínimos para retener IVA y ganancias. El IVA ha aumentado el umbral de retenciones en un 135 por ciento, mientras que ganancias lo ha hecho en un 400 por ciento. A muchas empresas a las que se retenían estos impuestos, ya no se les retiene más. También tienen una mayor facilidad para obtener el certificado de exclusión para retenciones y percepciones cuando superan el saldo técnico. Se concede la exclusión automáticamente por seis meses a quienes acrediten, por ejemplo, que durante dos meses consecutivos obtuvieron saldos de libre disponibilidad. Esto está vigente por decreto del Poder Ejecutivo en uso de sus facultades.
En cuanto al IVA trimestral, quisiera poner una luz amarilla sobre la propuesta que hizo el señor diputado Lavagna al decir que no es lo mismo el pago cada tres meses que el pago a los tres meses. Junio, julio y agosto se pagarán conjuntamente en septiembre, cuando venzan las obligaciones según el número de CUIT de cada empresa. Si lo llevamos a los noventa días, lo que ocurrirá finalmente es que las empresas van a terminar pagando todos los meses. La única diferencia es que, en vez de pagar la obligación del mes inmediato anterior, va a estar pagando la obligación del tercer mes inmediato anterior. Esta diferencia no sé si realmente va a resultar beneficiosa. El objetivo de esta medida que ya está vigente es que se pague cada tres meses para aumentar el capital de trabajo a las pymes durante ese período trimestral.
En el ejemplo de este trimestre, en junio y julio pueden trabajar el dinero y rendir financieramente, mientras que en agosto tendrán que pagar como era normal, en septiembre, agregando esos dos meses. Es decir que, mientras tanto, pueden hacer trabajar ese dinero que, de otro modo, habría ingresado al fisco. De la otra manera van a terminar pagando todos los meses al igual que ahora. La única diferencia será que, en vez de pagar el mes anterior, van a pagar dos meses anteriores. No sé si realmente esto beneficiará al conjunto de las pymes. Digo esto para reverlo y estudiarlo. Pienso que es algo para discutir.
Para sintetizar de la mejor manera posible comienzo haciendo referencia al capítulo I, que crea un régimen de fomento a las inversiones dentro del marco de la ley 25.300, que es una norma de fomento a las mipymes.
Tendríamos que revisar el período de vigencia de la ley, ya que obviamente no podrá regir a partir del 1° de julio porque ese mes ya comienza y falta no solamente la sanción de la Cámara de Diputados sino también la de Senadores. Por lo tanto, podría decir: "A partir del mes siguiente de promulgación de la presente ley y por un plazo de 30 meses." El plazo es el mismo, solo que empezaría a contarse a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley. Si mantenemos el 1° de julio, estaremos restándole tiempo porque es una fecha en la que no podrá hacerse efectiva.
La estabilidad fiscal propuesta en el mismo capítulo es voluntaria para las provincias y municipios. No es obligatoria y me parece importante que así sea, porque el mayor peso impositivo de las empresas proviene de los impuestos nacionales, mucho más que de los provinciales y municipales. Digo esto más allá de que el impuesto a los ingresos brutos tiene una relevancia significativa en muchas provincias. Entonces, sería bueno que las provincias aportaran a la estabilidad fiscal. Incluso la mía, Misiones, que tiene una alícuota del 4,5 por ciento para el consumidor final -una de las más altas del país-, sería favorable que pudiera llevarla al promedio nacional. Creo que Misiones y Entre Ríos son las que pagan las alícuotas más altas de impuesto a los ingresos brutos.
El capítulo II considera la cuestión impositiva y el fomento a la inversión, que consiste en tomar un 8 por ciento del monto de la inversión productiva en bienes de capital u obras de infraestructura a cuenta del impuesto a las ganancias, hasta un límite del 2 por ciento de la facturación promedio mensual del período fiscal. Esta es una medida altamente beneficiosa. Más allá de los porcentajes, que se podrán discutir a partir de la propuesta del diputado Lavagna, significará una importante medida para las pymes de todo el país.
En relación con el capítulo III sobre bono de crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura, creo conveniente señalar que cuando a causa de una inversión productiva se genera un crédito fiscal muy importante, no se lo puede descontar contra el débito fiscal sino en varios períodos. Como no es de libre disponibilidad, ese dinero a favor del contribuyente queda ocioso y le causa un perjuicio financiero porque no puede contar con él. Sin embargo, ahora podrá transformarlo en un bono de crédito fiscal para pagar otros impuestos nacionales; ese saldo de libre disponibilidad es lo que hoy se conoce como saldo técnico.
Asimismo, se adelanta la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta. La ley aprobada hace dos semanas considera su aplicación a partir del 1° de enero de 2019; ahora, para el caso de las pymes, pasaría a aplicarse a partir del 1° de enero de 2017. O sea que dicha eliminación se adelantaría dos años. A la vez, se permitirá a las micro y pequeñas empresas destinar el ciento por ciento de las retenciones que se aplican por impuesto a los créditos y débitos bancarios como pago a cuenta de ganancias. Todavía queda por discutir si a las empresas medianas se les otorgará determinado porcentaje, como propone el señor diputado Lavagna. Creo que esta es una de las medidas más significativas en beneficio de las mipymes.
Los dos últimos títulos, en particular el último, comprenden distintas disposiciones, entre ellas la modificación de la Ley de Obligaciones Negociables. Esto es muy importante, porque hoy solamente las sociedades anónimas pueden endeudarse emitiendo obligaciones negociables. El proyecto contempla extender la misma posibilidad a las SRL.
También se modifica la Ley de Entidades de Seguros y su Control, permitiéndoles invertir en obligaciones negociables emitidas por las sociedades de responsabilidad limitada, y el decreto ley de letra de cambio y pagaré, transformando a este último en una especie de cheque de pago diferido que se puede negociar en los mercados de valores.
Quiero recordar a los señores diputados las medidas trascendentales para las pymes que, por fuera de esta ley, ya están vigentes por decisión del Poder Ejecutivo nacional. Una de ellas es la elevación de los montos mínimos para retener IVA y ganancias. El IVA ha aumentado el umbral de retenciones en un 135 por ciento, mientras que ganancias lo ha hecho en un 400 por ciento. A muchas empresas a las que se retenían estos impuestos, ya no se les retiene más. También tienen una mayor facilidad para obtener el certificado de exclusión para retenciones y percepciones cuando superan el saldo técnico. Se concede la exclusión automáticamente por seis meses a quienes acrediten, por ejemplo, que durante dos meses consecutivos obtuvieron saldos de libre disponibilidad. Esto está vigente por decreto del Poder Ejecutivo en uso de sus facultades.
En cuanto al IVA trimestral, quisiera poner una luz amarilla sobre la propuesta que hizo el señor diputado Lavagna al decir que no es lo mismo el pago cada tres meses que el pago a los tres meses. Junio, julio y agosto se pagarán conjuntamente en septiembre, cuando venzan las obligaciones según el número de CUIT de cada empresa. Si lo llevamos a los noventa días, lo que ocurrirá finalmente es que las empresas van a terminar pagando todos los meses. La única diferencia es que, en vez de pagar la obligación del mes inmediato anterior, va a estar pagando la obligación del tercer mes inmediato anterior. Esta diferencia no sé si realmente va a resultar beneficiosa. El objetivo de esta medida que ya está vigente es que se pague cada tres meses para aumentar el capital de trabajo a las pymes durante ese período trimestral.
En el ejemplo de este trimestre, en junio y julio pueden trabajar el dinero y rendir financieramente, mientras que en agosto tendrán que pagar como era normal, en septiembre, agregando esos dos meses. Es decir que, mientras tanto, pueden hacer trabajar ese dinero que, de otro modo, habría ingresado al fisco. De la otra manera van a terminar pagando todos los meses al igual que ahora. La única diferencia será que, en vez de pagar el mes anterior, van a pagar dos meses anteriores. No sé si realmente esto beneficiará al conjunto de las pymes. Digo esto para reverlo y estudiarlo. Pienso que es algo para discutir.
SR. PRESIDENTE LASPINA El señor diputado Lavagna le solicita una interrupción. ¿La concede?
SR. PASTORI Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE LASPINA Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: veamos qué pasa hoy con una factura. Con el régimen normal, una pyme emite una factura y tiene que pagar el IVA a los veinte días. Cuando hay una cadena de pagos, en muchos casos -sobre todo cuando se trata de los supermercados, que son el ejemplo más fácil de representar- las pymes están cobrando a noventa y a ciento veinte días. Esto significa que la pyme termina financiando; como hizo la factura, la haya cobrado o no tiene que pagar el IVA. Con esta medida, que como ya dije implica un avance, en enero la pyme va a estar mejor y en febrero apenas un poco mejor; pero en el mes de junio no estará mejor. Mientras tanto, las pymes están ahogadas financieramente. No tienen tiempo de poner la plata a trabajar. En la práctica termina pasando -aunque no siempre, desde ya- que como les entró plata, la gastan. Entonces ocurre que cuando al tercer mes deben pagar todo el IVA acumulado, que es un fondo muy grande, muchas veces no disponen de capital ni de crédito para hacerlo. Lo de los noventa días es un sustituto, si se quiere, de lo que es la factura conformada, que es la que eventualmente podrían descontar.
Son dos formas de llegar a lo mismo. Hace mucho tiempo que en la Argentina se quiere implementar la factura conformada, pero terminó siendo inaplicable. Ese es el sentido de este tipo de medidas; no se trata de que la pyme tenga un beneficio financiero sino de que efectivamente el momento del pago encaje con aquel en que cobra la factura. A esto apunta la idea de que puedan pagar cada noventa días.
Son dos formas de llegar a lo mismo. Hace mucho tiempo que en la Argentina se quiere implementar la factura conformada, pero terminó siendo inaplicable. Ese es el sentido de este tipo de medidas; no se trata de que la pyme tenga un beneficio financiero sino de que efectivamente el momento del pago encaje con aquel en que cobra la factura. A esto apunta la idea de que puedan pagar cada noventa días.
SR. PRESIDENTE LASPINA Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: entiendo que son dos criterios diferentes. Es para discutirlo; no me opongo al cambio, pero creo que tendríamos que ver qué es lo que más favorece a las empresas.
Termino citando otras medidas que ya están vigentes: las líneas de crédito de inversión productiva, donde se aumentó el cupo al sistema bancario del 14 al 15,5 -esto significa liberar 63.000 millones de pesos más para que el sistema bancario pueda prestarlos al sector a una tasa del 22 por ciento; el programa Primer Crédito Pyme del BICE; el menor estrés financiero que significa que hasta el 31 de diciembre de este año aquellas empresas con deuda con la AFIP puedan ser sujeto de crédito bancario, y la extensión a 365 días para el ingreso de divisas para los exportadores.
El Poder Ejecutivo está haciendo un enorme esfuerzo, al que se agregará lo que surja de la sanción de esta iniciativa. Todas las propuestas que hemos escuchado son bienvenidas, pero también debemos saber que hay un límite; entonces, midamos bien los pasos para no terminar desfinanciando de manera significativa al Tesoro nacional.
Termino proponiendo el agregado de un artículo al título II, que establece un tratamiento impositivo especial, destinado a contemplar la situación de las pymes de frontera.
Comentaré el caso de Misiones, pero podría ser el de otras provincias. Hoy vemos, producto de las asimetrías originadas en razones de competitividad y de la diferencia de tipo cambiario, que las pymes misioneras están languideciendo. Muchas han cerrado.
Doy algunos ejemplos: en el precio del litro de nafta súper hay una diferencia de 5 pesos si se cruza el puente entre Posadas y Encarnación; lo mismo ocurre al atravesar el puente entre Iguazú y Foz de Iguazú, y en toda la frontera. Misiones tiene 1.000 kilómetros de frontera, de los cuales 900 son con Brasil y Paraguay, y solamente 100 con la provincia de Corrientes. En cuanto al salario mínimo, Argentina paga 6.060 pesos; Paraguay, 5.000 y Brasil, 3.550. El IVA en Paraguay es del 10 por ciento, mientras que en Brasil está entre el 7 y el 19 por ciento según el Estado, ya que es un impuesto estadual y no federal. Si hablamos de impuesto a las ganancias, en Paraguay se paga 10 ciento; en Argentina, 35 por ciento y en Brasil entre 15 y 25 por ciento.
Por otro lado, desde septiembre del año pasado cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Brasil un proyecto que va a favorecer a las empresas ubicadas en zonas de frontera mediante la eliminación del impuesto a las ganancias, lo que nos agregaría una dificultad muy grande.
Entonces, nuestra propuesta es la siguiente: dar una facultad al Poder Ejecutivo para compensar en zona de frontera los desequilibrios económicos provocados por las asimetrías originadas en razones de competitividad y/o en las variaciones del tipo de cambio con los países limítrofes, para lo cual podrán aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en una franja de cincuenta kilómetros a contar del límite fronterizo internacional que corresponda.
Esta es una herramienta para que cuando se produzcan asimetrías, como las que por ejemplo hoy pueden existir en algunas provincias, el Poder Ejecutivo establezca alguna política diferencial en forma temporal. De ese modo, se irá compensando esta asimetría que provoca situaciones muy graves para las pymes como las que atraviesan Misiones y muchas otras provincias que tienen límites fronterizos con otros países.
Por todo lo expuesto, dejamos constancia de nuestra aprobación al proyecto de ley que estamos tratando.
Termino citando otras medidas que ya están vigentes: las líneas de crédito de inversión productiva, donde se aumentó el cupo al sistema bancario del 14 al 15,5 -esto significa liberar 63.000 millones de pesos más para que el sistema bancario pueda prestarlos al sector a una tasa del 22 por ciento; el programa Primer Crédito Pyme del BICE; el menor estrés financiero que significa que hasta el 31 de diciembre de este año aquellas empresas con deuda con la AFIP puedan ser sujeto de crédito bancario, y la extensión a 365 días para el ingreso de divisas para los exportadores.
El Poder Ejecutivo está haciendo un enorme esfuerzo, al que se agregará lo que surja de la sanción de esta iniciativa. Todas las propuestas que hemos escuchado son bienvenidas, pero también debemos saber que hay un límite; entonces, midamos bien los pasos para no terminar desfinanciando de manera significativa al Tesoro nacional.
Termino proponiendo el agregado de un artículo al título II, que establece un tratamiento impositivo especial, destinado a contemplar la situación de las pymes de frontera.
Comentaré el caso de Misiones, pero podría ser el de otras provincias. Hoy vemos, producto de las asimetrías originadas en razones de competitividad y de la diferencia de tipo cambiario, que las pymes misioneras están languideciendo. Muchas han cerrado.
Doy algunos ejemplos: en el precio del litro de nafta súper hay una diferencia de 5 pesos si se cruza el puente entre Posadas y Encarnación; lo mismo ocurre al atravesar el puente entre Iguazú y Foz de Iguazú, y en toda la frontera. Misiones tiene 1.000 kilómetros de frontera, de los cuales 900 son con Brasil y Paraguay, y solamente 100 con la provincia de Corrientes. En cuanto al salario mínimo, Argentina paga 6.060 pesos; Paraguay, 5.000 y Brasil, 3.550. El IVA en Paraguay es del 10 por ciento, mientras que en Brasil está entre el 7 y el 19 por ciento según el Estado, ya que es un impuesto estadual y no federal. Si hablamos de impuesto a las ganancias, en Paraguay se paga 10 ciento; en Argentina, 35 por ciento y en Brasil entre 15 y 25 por ciento.
Por otro lado, desde septiembre del año pasado cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Brasil un proyecto que va a favorecer a las empresas ubicadas en zonas de frontera mediante la eliminación del impuesto a las ganancias, lo que nos agregaría una dificultad muy grande.
Entonces, nuestra propuesta es la siguiente: dar una facultad al Poder Ejecutivo para compensar en zona de frontera los desequilibrios económicos provocados por las asimetrías originadas en razones de competitividad y/o en las variaciones del tipo de cambio con los países limítrofes, para lo cual podrán aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en una franja de cincuenta kilómetros a contar del límite fronterizo internacional que corresponda.
Esta es una herramienta para que cuando se produzcan asimetrías, como las que por ejemplo hoy pueden existir en algunas provincias, el Poder Ejecutivo establezca alguna política diferencial en forma temporal. De ese modo, se irá compensando esta asimetría que provoca situaciones muy graves para las pymes como las que atraviesan Misiones y muchas otras provincias que tienen límites fronterizos con otros países.
Por todo lo expuesto, dejamos constancia de nuestra aprobación al proyecto de ley que estamos tratando.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Señor presidente: seré muy breve.
Valoro las palabras del señor diputado Pastori, pero ninguna de las medidas tomadas hasta el momento por el gobierno nacional puede contrarrestar los efectos de los tarifazos, las altas tasas de interés y la apertura de las importaciones.
Me parece que todos estamos de acuerdo con que es indispensable emitir dictamen, más allá de lo que podamos aportar y creamos desde nuestro lugar.
No voy a reiterar conceptos ya dichos. Solamente pido que en el texto definitivo se contemple un esquema de reducción de tarifas. Hicimos una propuesta para que pueda darse en función al tamaño de cada pyme, ya que actualmente algunas de ellas ni siquiera pueden pagar las tarifas por un consumo mínimo.
En el mismo sentido de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y de otras presentadas por los señores diputados, planteamos medidas fiscales con algunas variantes tanto en el caso de la amortización acelerada de bienes de capital como de la devolución de los saldos del IVA. Proponemos, por ejemplo, el cómputo del ciento por ciento del impuesto a los débitos y créditos bancarios para las micro y pequeñas empresas, y del 70 por ciento para las medianas empresas.
Asimismo, sugerimos que las micro y pequeñas empresas puedan convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70 por ciento de las contribuciones patronales que efectivamente hayan pagado sobre la nómina salarial para la cancelación del IVA y del impuesto a las ganancias, y que las medianas empresas puedan hacerlo hasta un 50 por ciento.
Como señaló el diputado Heller, estas medidas deben tener en cuenta el compre nacional y actualizar los montos en función de ello.
Para finalizar, antes de sancionarse esta ley habría que hacer un análisis concreto del impacto en las provincias. Digo esto porque si la actividad se acomoda, las provincias tendrán ingresos a partir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos. Sin embargo, como todas estas exenciones afectan concretamente a la coparticipación, entiendo que no podemos obviar ese análisis en el texto definitivo.
Valoro las palabras del señor diputado Pastori, pero ninguna de las medidas tomadas hasta el momento por el gobierno nacional puede contrarrestar los efectos de los tarifazos, las altas tasas de interés y la apertura de las importaciones.
Me parece que todos estamos de acuerdo con que es indispensable emitir dictamen, más allá de lo que podamos aportar y creamos desde nuestro lugar.
No voy a reiterar conceptos ya dichos. Solamente pido que en el texto definitivo se contemple un esquema de reducción de tarifas. Hicimos una propuesta para que pueda darse en función al tamaño de cada pyme, ya que actualmente algunas de ellas ni siquiera pueden pagar las tarifas por un consumo mínimo.
En el mismo sentido de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y de otras presentadas por los señores diputados, planteamos medidas fiscales con algunas variantes tanto en el caso de la amortización acelerada de bienes de capital como de la devolución de los saldos del IVA. Proponemos, por ejemplo, el cómputo del ciento por ciento del impuesto a los débitos y créditos bancarios para las micro y pequeñas empresas, y del 70 por ciento para las medianas empresas.
Asimismo, sugerimos que las micro y pequeñas empresas puedan convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70 por ciento de las contribuciones patronales que efectivamente hayan pagado sobre la nómina salarial para la cancelación del IVA y del impuesto a las ganancias, y que las medianas empresas puedan hacerlo hasta un 50 por ciento.
Como señaló el diputado Heller, estas medidas deben tener en cuenta el compre nacional y actualizar los montos en función de ello.
Para finalizar, antes de sancionarse esta ley habría que hacer un análisis concreto del impacto en las provincias. Digo esto porque si la actividad se acomoda, las provincias tendrán ingresos a partir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos. Sin embargo, como todas estas exenciones afectan concretamente a la coparticipación, entiendo que no podemos obviar ese análisis en el texto definitivo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Marcucci.
SR. MARCUCCI Señor presidente: trataré de ser breve porque si no vamos a quedarnos todos dormidos.
Respecto del artículo 4° del proyecto, se planteó ampliar el plazo -fijado en treinta meses- sobre la base de determinado parámetro. Creo que otra opción es asimilarlo a la iniciativa dictaminada hoy sobre fomento del autopartismo argentino, que señala que los plazos se cuentan a partir de la reglamentación que, en este caso, el Poder Ejecutivo deberá hacer dentro de los sesenta días de publicada la norma.
Por otra parte, quiero observar la salvedad que se hace en el artículo 24 -donde se define qué debe entenderse por micro, pequeña y mediana empresa- cuando exista vinculación de las mipymes con grupos económicos nacionales o extranjeros, o estén controladas por ellos. Estando bien definido en el artículo 33 de la ley 19.550, de sociedades comerciales, no hay que variar esa interpretación ni el concepto de vinculación y control. Por lo tanto, a mi juicio está de más la excepcionalidad. Eventualmente, los últimos renglones del tercer párrafo pueden dar lugar a excepciones en la valoración cuando exista dicha vinculación o control.
Después, hay una simple cuestión de redacción. El último párrafo dice: "y cualquier otra modalidad de asociación lícita." Entiendo que habría que sacar esta última palabra porque la asociación no puede ser otra cosa que lícita.
Respecto del artículo 4° del proyecto, se planteó ampliar el plazo -fijado en treinta meses- sobre la base de determinado parámetro. Creo que otra opción es asimilarlo a la iniciativa dictaminada hoy sobre fomento del autopartismo argentino, que señala que los plazos se cuentan a partir de la reglamentación que, en este caso, el Poder Ejecutivo deberá hacer dentro de los sesenta días de publicada la norma.
Por otra parte, quiero observar la salvedad que se hace en el artículo 24 -donde se define qué debe entenderse por micro, pequeña y mediana empresa- cuando exista vinculación de las mipymes con grupos económicos nacionales o extranjeros, o estén controladas por ellos. Estando bien definido en el artículo 33 de la ley 19.550, de sociedades comerciales, no hay que variar esa interpretación ni el concepto de vinculación y control. Por lo tanto, a mi juicio está de más la excepcionalidad. Eventualmente, los últimos renglones del tercer párrafo pueden dar lugar a excepciones en la valoración cuando exista dicha vinculación o control.
Después, hay una simple cuestión de redacción. El último párrafo dice: "y cualquier otra modalidad de asociación lícita." Entiendo que habría que sacar esta última palabra porque la asociación no puede ser otra cosa que lícita.
SR. PRESIDENTE LASPINA ¿Dónde está eso, señor diputado?
SR. MARCUCCI En el último párrafo del artículo 24. Es la última palabra. Sé que estamos muy sensibilizados y que en muchos casos hay que reafirmar estos criterios, pero yo diría que aquí no tiene sentido hacerlo.
Coincido con lo que se dijo respecto del artículo 27, por el que se elimina el artículo 26 de la ley 24.467 que establece que la autoridad de aplicación puede disponer normativas en defensa de las mipymes frente a las grandes empresas. Más allá de que la autoridad de aplicación sea otra -eventualmente, Defensa del Consumidor- entiendo que debería tener la capacidad de dictar normativas para equilibrar el vínculo entre las mipymes y las grandes empresas.
En lo que se refiere a Nación Factoring, es un instrumento que se usa muy poco por el efecto que el impuesto a los créditos y débitos bancarios tiene en las mipymes. Por eso creo que debería ser eliminado para Nación Factoring.
En cuanto a la compra a mipymes, es importante elevar al 10 por ciento la diferencia en la cotización de las licitaciones, y a su vez generar una segunda situación para este sector: la posibilidad de mejorar la oferta. Estas dos cuestiones son importantes.
Respecto del concepto de mipyme, advierto que no está incluido en los artículos 1º y 2º cuando se definen los tipos de fomentos a la inversión y los beneficios. Aquí se habló de las empresas desarrolladas sobre la base de la tecnología y el conocimiento; también del INTA, del INTI y del complejo tecnológico nacional. Entonces, considero que habría que dedicar un capítulo a las mipymes que invierten en proyectos de investigación y de desarrollo.
Por último, propongo contemplar la situación de las mipymes que, aunque no tengan ganancia, pagan al Estado el impuesto a la ganancia mínima presunta. Habría que tener algún tipo de consideración sobre este rango de empresas que no tienen ganancias o que han presentado quebrantos. Lo que planteaba el señor diputado Heller es importante. Bienes personales quedó muy raquítico. Tal vez se incorpore algún otro impuesto y eventualmente se haga transferible el bono de beneficio.
Se ha debatido mucho sobre cómo afecta todo esto a las provincias. Naturalmente, estamos todos con algún nivel de preocupación en este sentido; pero lo justo sería no mezclar los conceptos ni las situaciones. Cuando hablamos de realizar modificaciones al régimen de coparticipación federal, no estamos diciendo que sea a través de los impuestos. Eso es falso. La reforma del pacto federal requiere acuerdos, consensos de los gobernadores y apoyo tanto del Parlamento nacional como de las legislaturas locales. Hay un procedimiento que deriva de un federalismo de concertación.
Lo que estamos haciendo ahora es modificar impuestos -lo que por supuesto afecta tanto a las provincias como a la Nación- en la medida que lo permita el régimen de coparticipación. Aquí ese pacto federal no se altera ni se modifica como ocurrió en otras oportunidades, luego de lo cual solamente tres provincias -Córdoba, San Luis y Santa Fe- salieron a defender sus derechos sobre ese 15 por ciento de precoparticipación que, desde 2006, la Nación se venía apropiando inconstitucionalmente. Dos días después del último balotaje electoral, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó su restitución a las provincias y más tarde, a partir de un decreto, en una actitud de viveza criolla se quiso generalizar ese procedimiento antes de que asumiera el actual gobierno de Mauricio Macri.
Quería aclarar esto porque me parece que corresponde conceptualizar y diferenciar bien la discusión, más allá de la preocupación natural que todos tenemos por el tema impositivo. Tampoco creo que aquí alguien pueda afirmar que el gobierno nacional tiene una situación fiscal holgada.
Coincido con lo que se dijo respecto del artículo 27, por el que se elimina el artículo 26 de la ley 24.467 que establece que la autoridad de aplicación puede disponer normativas en defensa de las mipymes frente a las grandes empresas. Más allá de que la autoridad de aplicación sea otra -eventualmente, Defensa del Consumidor- entiendo que debería tener la capacidad de dictar normativas para equilibrar el vínculo entre las mipymes y las grandes empresas.
En lo que se refiere a Nación Factoring, es un instrumento que se usa muy poco por el efecto que el impuesto a los créditos y débitos bancarios tiene en las mipymes. Por eso creo que debería ser eliminado para Nación Factoring.
En cuanto a la compra a mipymes, es importante elevar al 10 por ciento la diferencia en la cotización de las licitaciones, y a su vez generar una segunda situación para este sector: la posibilidad de mejorar la oferta. Estas dos cuestiones son importantes.
Respecto del concepto de mipyme, advierto que no está incluido en los artículos 1º y 2º cuando se definen los tipos de fomentos a la inversión y los beneficios. Aquí se habló de las empresas desarrolladas sobre la base de la tecnología y el conocimiento; también del INTA, del INTI y del complejo tecnológico nacional. Entonces, considero que habría que dedicar un capítulo a las mipymes que invierten en proyectos de investigación y de desarrollo.
Por último, propongo contemplar la situación de las mipymes que, aunque no tengan ganancia, pagan al Estado el impuesto a la ganancia mínima presunta. Habría que tener algún tipo de consideración sobre este rango de empresas que no tienen ganancias o que han presentado quebrantos. Lo que planteaba el señor diputado Heller es importante. Bienes personales quedó muy raquítico. Tal vez se incorpore algún otro impuesto y eventualmente se haga transferible el bono de beneficio.
Se ha debatido mucho sobre cómo afecta todo esto a las provincias. Naturalmente, estamos todos con algún nivel de preocupación en este sentido; pero lo justo sería no mezclar los conceptos ni las situaciones. Cuando hablamos de realizar modificaciones al régimen de coparticipación federal, no estamos diciendo que sea a través de los impuestos. Eso es falso. La reforma del pacto federal requiere acuerdos, consensos de los gobernadores y apoyo tanto del Parlamento nacional como de las legislaturas locales. Hay un procedimiento que deriva de un federalismo de concertación.
Lo que estamos haciendo ahora es modificar impuestos -lo que por supuesto afecta tanto a las provincias como a la Nación- en la medida que lo permita el régimen de coparticipación. Aquí ese pacto federal no se altera ni se modifica como ocurrió en otras oportunidades, luego de lo cual solamente tres provincias -Córdoba, San Luis y Santa Fe- salieron a defender sus derechos sobre ese 15 por ciento de precoparticipación que, desde 2006, la Nación se venía apropiando inconstitucionalmente. Dos días después del último balotaje electoral, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó su restitución a las provincias y más tarde, a partir de un decreto, en una actitud de viveza criolla se quiso generalizar ese procedimiento antes de que asumiera el actual gobierno de Mauricio Macri.
Quería aclarar esto porque me parece que corresponde conceptualizar y diferenciar bien la discusión, más allá de la preocupación natural que todos tenemos por el tema impositivo. Tampoco creo que aquí alguien pueda afirmar que el gobierno nacional tiene una situación fiscal holgada.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Llanos.
SRA. LLANOS Señor presidente: estamos viviendo una situación muy candente en el sur. Vengo de la provincia del Neuquén, estuve también en Chubut y veo que hay una problemática muy grave con las pymes. Estamos en una vereda que a veces no concuerda con el criterio de la Nación; por ser del sur, no llegamos a buen puerto.
Queremos acompañar, señor presidente, dentro de las políticas que se están llevando adelante. Nuestras petroleras están en crisis y la gente va a perder su trabajo; hay 5.000 empleados que quedarán en la calle.
Desde hace mucho pido que pongamos la mirada en la política que se está implementando para el sur del país antes de que lleguen los problemas; tenemos que tomar medidas para saber qué vamos a hacer con las pymes y con las cooperativas. Se está desarrollando una política no con una mirada integral, ya que no se está teniendo en cuenta la fuerte crisis que estamos atravesando.
También estuve en el Neuquén -nos llamaron y decidimos acompañarlos- por la crisis que se desató a partir de los aumentos en las facturas de gas. Una familia tipo que pagaba 50 pesos de gas -reconozco que era muy poco- recibió una factura por 1.000 pesos, que es impagable porque cobran 4.700 pesos.
Sé que este no es el tema en tratamiento, pero como vengo de viaje y estuve con familias que se encuentran en esta situación, quise hacer este aporte al proyecto para que busquemos una solución a través de las pymes y de las cooperativas, con cuyos representantes hemos mantenido reuniones.
Hay una problemática que nos viene pisando los talones. Nos está alcanzando; entonces, antes de que lo haga debemos dar una respuesta para evitar que esos 5.000 empleados que quedarán sin trabajo tengan que venir a reclamar.
Debemos saber qué vamos a hacer con las pymes; hay casos en los que hablamos de trabajo de muchos años, de empresas que están en riesgo y que hoy padecen una situación muy difícil en el sur del país.
Queremos acompañar, señor presidente, dentro de las políticas que se están llevando adelante. Nuestras petroleras están en crisis y la gente va a perder su trabajo; hay 5.000 empleados que quedarán en la calle.
Desde hace mucho pido que pongamos la mirada en la política que se está implementando para el sur del país antes de que lleguen los problemas; tenemos que tomar medidas para saber qué vamos a hacer con las pymes y con las cooperativas. Se está desarrollando una política no con una mirada integral, ya que no se está teniendo en cuenta la fuerte crisis que estamos atravesando.
También estuve en el Neuquén -nos llamaron y decidimos acompañarlos- por la crisis que se desató a partir de los aumentos en las facturas de gas. Una familia tipo que pagaba 50 pesos de gas -reconozco que era muy poco- recibió una factura por 1.000 pesos, que es impagable porque cobran 4.700 pesos.
Sé que este no es el tema en tratamiento, pero como vengo de viaje y estuve con familias que se encuentran en esta situación, quise hacer este aporte al proyecto para que busquemos una solución a través de las pymes y de las cooperativas, con cuyos representantes hemos mantenido reuniones.
Hay una problemática que nos viene pisando los talones. Nos está alcanzando; entonces, antes de que lo haga debemos dar una respuesta para evitar que esos 5.000 empleados que quedarán sin trabajo tengan que venir a reclamar.
Debemos saber qué vamos a hacer con las pymes; hay casos en los que hablamos de trabajo de muchos años, de empresas que están en riesgo y que hoy padecen una situación muy difícil en el sur del país.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pretto.
SR. PRETTO Señor presidente: el artículo 28 del proyecto dice así: "Agencias de Desarrollo Productivo. Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.467 por el siguiente: Artículo 13: El Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región."
El párrafo siguiente se refiere a la red de agencias dependientes de los gobiernos provinciales ya existentes. Nos parece muy bien, pero se ha omitido, tal vez involuntariamente, la red conformada por agencias municipales que ya existen y son muy buenas, como las de Rosario, Córdoba y Rafaela. Entonces, sería conveniente que el artículo haga referencia a las agencias que eventualmente se puedan crear en el futuro, porque contribuyen al asesoramiento y asistencia a las pymes, sobre todo en aquello que se lleve adelante a través de la ventanilla única.
Concretamente, propongo que el artículo contemple también a las agencias municipales existentes y/o a crearse en el futuro.
El párrafo siguiente se refiere a la red de agencias dependientes de los gobiernos provinciales ya existentes. Nos parece muy bien, pero se ha omitido, tal vez involuntariamente, la red conformada por agencias municipales que ya existen y son muy buenas, como las de Rosario, Córdoba y Rafaela. Entonces, sería conveniente que el artículo haga referencia a las agencias que eventualmente se puedan crear en el futuro, porque contribuyen al asesoramiento y asistencia a las pymes, sobre todo en aquello que se lleve adelante a través de la ventanilla única.
Concretamente, propongo que el artículo contemple también a las agencias municipales existentes y/o a crearse en el futuro.
SR. PRESIDENTE LASPINA Habiéndose agotado la lista de oradores, la Presidencia invita a pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 12, momento en que seguiremos trabajando en un dictamen conjunto que será distribuido a esa hora con el objeto de acercar posiciones. Ese es el trabajo que haremos, por lo menos, desde el interbloque Cambiemos.
Se pasa a cuarto intermedio a la hora 20.