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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 31/10/2016
- PRESUPUESTO
- En Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de octubre de 2016, a la hora 16 y 38:
SR. PRESIDENTE LASPINA Cumpliendo el compromiso asumido el jueves pasado, continuamos con la reunión convocada para el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto para el año 2017.
A partir de la mayoría de los comentarios vertidos en las distintas reuniones de comisión tanto informativas como de trabajo respecto de los cambios en el articulado y en las planillas de obras anexas este proyecto de ley, durante el fin de semana hemos volcado las modificaciones para la consideración de los señores diputados. Tenemos la intención de que sea firmado por la mayor cantidad de señores diputados aunque preferentemente nuestro objetivo es obtener un dictamen unánime, aunque sabemos que es bastante más complicado.
Por lo tanto, más allá de que entiendo que habrá dictámenes alternativos, después veremos si son de mayoría o minoría, quiero contarles los cambios que estuvimos incorporando a pedido de algunos bloques y de muchos diputados que se acercaron y formularon pedidos de modificación. Todas ellas las hemos volcado en el dictamen que ponemos a consideración de los señores diputados.
Si me permiten haré un racconto de los principales cambios introducidos al articulado del proyecto de ley de presupuesto para 2017, que cuentan al menos con el apoyo del interbloque Cambiemos.
En los artículos 6° y 7°, referidos a cargos y horas cátedra, se flexibilizó la posibilidad de contratación para los organismos de Ciencia y Técnica de modo tal de no quedar alcanzados por la restricción que obliga al jefe de Gabinete de Ministros a prestar autorización para la realización de cualquier cambio.
En el artículo 11 se incorporaron los pedidos de obras en una planilla que hemos llamado Anexo B. Acerca de este punto se ha trabajado mucho en las reuniones durante estos días para poder incorporar obras que no estaban incluidas en el presupuesto. A la vez hemos recibido algunos pedidos de modificación de montos fijados en la planilla original enviada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, quiero comentarles que por razones técnicas esas modificaciones son muy difíciles de hacer porque cambiarían todo el sentido de las planillas y las incidencias, incluso las regionales y otras. Además implicaría un trabajo de reelaboración extremadamente complejo de todo el presupuesto de obras. Entonces, por simplicidad estamos manteniendo la planilla A y la mayoría de los diputados han aceptado hacerlo de esa forma. Es decir, continuamos con la planilla A y anexamos una planilla anexa B donde se incorporan muchas obras plurianuales que a criterio de los señores diputados deben incluirse en este proyecto de ley de presupuesto. Por supuesto vamos a distribuir esa planilla que contiene todos los agregados de las obras a los señores diputados que aún no la hayan visto.
En el artículo 12 relativo al financiamiento a las universidades también incorporamos una planilla conteniendo los refuerzos puntuales para proyectos específicos. Esa planilla también la vamos a distribuir.
En el artículo 13 relativo al uso de fondos fiduciarios, se incorporó la exigencia de que todos sean informados. Lo mismo ocurre con las operaciones debajo de la línea, es decir las que tienen que ver con aplicaciones financieras u operaciones de manejo de inversiones de esos mismos fondos fiduciarios no relativos a gastos.
En el artículo 15 se incorporó que el Estado en consulta con las provincias deberá regularizar o determinar si tiene deuda con ellas y en carácter transitivo con las distribuidoras eléctricas. Este punto se relaciona con lo que se denominó el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo, y para que se entienda les comento que básicamente se firmaron convenios entre la Nación y las provincias. La idea era que las provincias no hicieran readecuaciones tarifarias y a cambio de ello el Estado nacional se comprometía a subsidiar una parte o toda esa diferencia.
De todos modos el Estado fijaba la condición adicional de que esos subsidios fueran aplicados a obras en las respectivas distribuidoras eléctricas. Esto generó una deuda contingente o eventual entre el Estado nacional, las provincias y consecuentemente las distribuidoras eléctricas, que aún es objeto de discusión. Por ello en el artículo se otorgan facultades a la Secretaría de Energía para determinar precisamente el alcance de estos convenios según cada caso, porque no todos fueron firmados en idénticas condiciones.
Asimismo la cancelación de esa eventual deuda contraída se hará con acreencias o cancelando las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con Cammesa por atrasos en los pagos de provisión de energía eléctrica mayorista. De esa forma, no tendrá un impacto base caja sobre el Estado nacional sino simplemente un neteo de activos y pasivos. Por lo tanto, se dispone que el tope máximo de autorización que contempla este artículo sea precisamente el monto de la deuda que las distribuidoras eléctricas mantienen con Cammesa, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico.
En el artículo 16 se incorporan varios pedidos de refuerzo a los presupuestos de distintos organismos. Como ya comenté en la reunión anterior, se incorporaron unos 300 millones de pesos para la Ley de Bosques Nativos, 1.290 millones de pesos para la finalidad Ciencia y Técnica y 4.500 millones de pesos con destino al Ministerio del Interior.
Como decía antes, esto último se relaciona con las nuevas obras agregadas tanto en la planilla plurianual del artículo 11 como en la planilla de inversiones prioritarias. Se refiere, entre otras cosas, a varias obras de acueductos en diversas provincias, que fueron solicitadas por los señores diputados y en pedidos recibidos del Senado de la Nación, así como de diversas provincias.
Asimismo, se refuerza la partida del Consejo Nacional de la Mujer con 22 millones de pesos; la Coneau, con 40 millones de pesos; la Sedronar, con 170 millones de pesos; el Ministerio de Turismo, con 40 millones de pesos, y el Museo del Holocausto, con 2 millones de pesos.
Además se prevén 25 millones de pesos para Derechos Humanos, cuyo destino también se especifica, y luego figura, en cada uno de los casos, el detalle en cuanto a los organismos a los que se aplican estos aumentos.
Por su parte, el artículo 17 refuerza el rol de la Auditoría General de la Nación en cuanto a la auditoría de la empresa Aerolíneas Argentinas, en lo que se refiere a los giros y transferencias que realiza el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Transporte.
El artículo 19...
A partir de la mayoría de los comentarios vertidos en las distintas reuniones de comisión tanto informativas como de trabajo respecto de los cambios en el articulado y en las planillas de obras anexas este proyecto de ley, durante el fin de semana hemos volcado las modificaciones para la consideración de los señores diputados. Tenemos la intención de que sea firmado por la mayor cantidad de señores diputados aunque preferentemente nuestro objetivo es obtener un dictamen unánime, aunque sabemos que es bastante más complicado.
Por lo tanto, más allá de que entiendo que habrá dictámenes alternativos, después veremos si son de mayoría o minoría, quiero contarles los cambios que estuvimos incorporando a pedido de algunos bloques y de muchos diputados que se acercaron y formularon pedidos de modificación. Todas ellas las hemos volcado en el dictamen que ponemos a consideración de los señores diputados.
Si me permiten haré un racconto de los principales cambios introducidos al articulado del proyecto de ley de presupuesto para 2017, que cuentan al menos con el apoyo del interbloque Cambiemos.
En los artículos 6° y 7°, referidos a cargos y horas cátedra, se flexibilizó la posibilidad de contratación para los organismos de Ciencia y Técnica de modo tal de no quedar alcanzados por la restricción que obliga al jefe de Gabinete de Ministros a prestar autorización para la realización de cualquier cambio.
En el artículo 11 se incorporaron los pedidos de obras en una planilla que hemos llamado Anexo B. Acerca de este punto se ha trabajado mucho en las reuniones durante estos días para poder incorporar obras que no estaban incluidas en el presupuesto. A la vez hemos recibido algunos pedidos de modificación de montos fijados en la planilla original enviada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, quiero comentarles que por razones técnicas esas modificaciones son muy difíciles de hacer porque cambiarían todo el sentido de las planillas y las incidencias, incluso las regionales y otras. Además implicaría un trabajo de reelaboración extremadamente complejo de todo el presupuesto de obras. Entonces, por simplicidad estamos manteniendo la planilla A y la mayoría de los diputados han aceptado hacerlo de esa forma. Es decir, continuamos con la planilla A y anexamos una planilla anexa B donde se incorporan muchas obras plurianuales que a criterio de los señores diputados deben incluirse en este proyecto de ley de presupuesto. Por supuesto vamos a distribuir esa planilla que contiene todos los agregados de las obras a los señores diputados que aún no la hayan visto.
En el artículo 12 relativo al financiamiento a las universidades también incorporamos una planilla conteniendo los refuerzos puntuales para proyectos específicos. Esa planilla también la vamos a distribuir.
En el artículo 13 relativo al uso de fondos fiduciarios, se incorporó la exigencia de que todos sean informados. Lo mismo ocurre con las operaciones debajo de la línea, es decir las que tienen que ver con aplicaciones financieras u operaciones de manejo de inversiones de esos mismos fondos fiduciarios no relativos a gastos.
En el artículo 15 se incorporó que el Estado en consulta con las provincias deberá regularizar o determinar si tiene deuda con ellas y en carácter transitivo con las distribuidoras eléctricas. Este punto se relaciona con lo que se denominó el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo, y para que se entienda les comento que básicamente se firmaron convenios entre la Nación y las provincias. La idea era que las provincias no hicieran readecuaciones tarifarias y a cambio de ello el Estado nacional se comprometía a subsidiar una parte o toda esa diferencia.
De todos modos el Estado fijaba la condición adicional de que esos subsidios fueran aplicados a obras en las respectivas distribuidoras eléctricas. Esto generó una deuda contingente o eventual entre el Estado nacional, las provincias y consecuentemente las distribuidoras eléctricas, que aún es objeto de discusión. Por ello en el artículo se otorgan facultades a la Secretaría de Energía para determinar precisamente el alcance de estos convenios según cada caso, porque no todos fueron firmados en idénticas condiciones.
Asimismo la cancelación de esa eventual deuda contraída se hará con acreencias o cancelando las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con Cammesa por atrasos en los pagos de provisión de energía eléctrica mayorista. De esa forma, no tendrá un impacto base caja sobre el Estado nacional sino simplemente un neteo de activos y pasivos. Por lo tanto, se dispone que el tope máximo de autorización que contempla este artículo sea precisamente el monto de la deuda que las distribuidoras eléctricas mantienen con Cammesa, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico.
En el artículo 16 se incorporan varios pedidos de refuerzo a los presupuestos de distintos organismos. Como ya comenté en la reunión anterior, se incorporaron unos 300 millones de pesos para la Ley de Bosques Nativos, 1.290 millones de pesos para la finalidad Ciencia y Técnica y 4.500 millones de pesos con destino al Ministerio del Interior.
Como decía antes, esto último se relaciona con las nuevas obras agregadas tanto en la planilla plurianual del artículo 11 como en la planilla de inversiones prioritarias. Se refiere, entre otras cosas, a varias obras de acueductos en diversas provincias, que fueron solicitadas por los señores diputados y en pedidos recibidos del Senado de la Nación, así como de diversas provincias.
Asimismo, se refuerza la partida del Consejo Nacional de la Mujer con 22 millones de pesos; la Coneau, con 40 millones de pesos; la Sedronar, con 170 millones de pesos; el Ministerio de Turismo, con 40 millones de pesos, y el Museo del Holocausto, con 2 millones de pesos.
Además se prevén 25 millones de pesos para Derechos Humanos, cuyo destino también se especifica, y luego figura, en cada uno de los casos, el detalle en cuanto a los organismos a los que se aplican estos aumentos.
Por su parte, el artículo 17 refuerza el rol de la Auditoría General de la Nación en cuanto a la auditoría de la empresa Aerolíneas Argentinas, en lo que se refiere a los giros y transferencias que realiza el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Transporte.
El artículo 19...
SRA. CICILIANI Perdón, señor presidente, pero no alcancé a escuchar lo referido a Aerolíneas Argentinas.
SR. PRESIDENTE LASPINA El artículo 17 establece que la Auditoría General de la Nación fiscalizará, evaluará y emitirá dictamen sobre las rendiciones de cuentas de los fondos transferidos y autorizados por ese artículo. Es decir, refuerza el rol de la Auditoría General de la Nación sobre las transferencias que se hacen desde el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Transporte.
Por el artículo 34, relativo a la autorización de endeudamiento, se obliga al Ministerio de Hacienda a especificar el programa financiero y actualizarlo trimestralmente, ya que la apertura que hoy presenta la planilla es, a criterio de los señores diputados, difícil de entender.
Estamos solicitando entonces un detalle adicional respecto de cómo se confecciona ese programa financiero, e incluso se solicita al Poder Ejecutivo nacional que elabore -esto aparece más adelante en el proyecto- pautas tendientes a mejorar la presentación del programa financiero y, en general, de las partidas del presupuesto en el futuro.
Omití hacer mención al artículo 19, por lo que vuelvo para atrás. Mediante esta norma se incorpora el artículo 11 de la ley de financiamiento educativo y se asegura la coparticipación automática de los recursos a los municipios. Es decir, se amplía el objeto de los fondos a los cuales pueden ser aplicadas las transferencias del Fondo de Financiamiento Educativo y se asegura la coparticipación automática a los municipios.
El artículo 34, como dije, se refiere a la autorización de endeudamiento. Se trata principalmente de mejorar la presentación y especificar los requerimientos de información trimestral que va a tener que dar el Ministerio de Hacienda y Finanzas al Congreso de la Nación, entre otras mejoras sobre la remisión del programa financiero.
El artículo 44 consiste en la famosa planilla de avales, en el que se incorporaron avales para Córdoba, la Universidad de San Martín, Tierra del Fuego, etcétera.
Los nuevos artículos 48 a 55 básicamente se refieren a la ley de responsabilidad fiscal, que es el acuerdo firmado por la mayoría -si no la totalidad- de las provincias con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, relativo a los nuevos compromisos en materia fiscal de las provincias.
La propuesta principal consiste en no incrementar los gastos corrientes por encima del crecimiento del producto nominal y reducir un 10 por ciento el déficit en términos del PBI cada año.
El artículo 50 -el nuevo artículo 50- estipula que las jurisdicciones con superávit no requerirán autorización para endeudarse, más allá de que deberán cumplir los trámites formales de rigor.
En el artículo 50 se incorporó una propuesta para que los municipios y la AVE puedan asociarse en la ganancia por rezonificación de inmuebles. Se aclaró que la palabra "jurisdicción" se refiere a las jurisdicciones presupuestarias y no a las provinciales, como se planteó en algún momento, ya que eso se prestaba a confusión.
El artículo 51, que otorgaba facultades especiales al jefe de Gabinete para gestionar programas transitorios, fue eliminado.
El artículo 57, que preveía no tanto la excepción sino la devolución de los saldos técnicos de IVA para los prestadores de servicios públicos con tarifa subsidiada, también fue eliminado, y se incorporó la posibilidad de solicitar la devolución de saldos técnicos para la empresa AYSA. Es decir que este artículo fue eliminado para el conjunto de las empresas de servicios públicos privadas y públicas, y quedó exclusivamente limitado a la posibilidad de que la empresa pública AYSA pueda requerir la devolución de los saldos técnicos de IVA en la medida en que lo disponga la reglamentación, que quedará a cargo de AFIP.
En los artículos 61 a 63 -que son los actuales 66 a 68-, por la incorporación de estos artículos de la ley de responsabilidad fiscal relativos a la exención de derechos de importaciones a mercaderías ferroviaria, naval y aeronaval, se incorpora que dicho beneficio únicamente será aplicable a mercaderías nuevas, y solo si la industria nacional no puede proveerlas. A tal efecto, deberá expedirse el Ministerio de la Producción. Esto ha sido pedido por muchos bloques a fin de resguardar los intereses de la industria nacional en los casos en que esté en condiciones competitivas y técnicas para proveer y aplicar a la licitación en el Ministerio de Transporte. Quien dictaminará respecto de si esto es posible o no, será el Ministerio de la Producción. Además, se incorpora a Subterráneos de Buenos Aires dentro de los beneficios de este artículo.
En el artículo 64 -que en el nuevo dictamen corresponde al artículo 69- se incorporan a la planilla de obras prioritarias algunas que no estaban incluidas, y quisiera mencionar algunas. En el caso del Ministerio de Transporte, por ejemplo, la rehabilitación integral de trenes de carga y el proyecto de rehabilitación integral de trenes de pasajeros del AMBA. También se prevé el proyecto de modernización del sistema de navegación aérea. Estos dos últimos que mencioné están referidos al Ministerio de Transporte.
En cuanto al Ministerio del Interior, hay muchas obras previstas, por lo que me remito a la planilla que luego vamos a circular y al articulado respectivo, pero básicamente se refieren a nuevas áreas de riego en Chubut, El Tambolar, El Salado -Tramo 4-, el acueducto Mandisoví y nuevas áreas de riego para Neuquén.
En cuanto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, podemos mencionar el Acueducto La Pampa; el Acueducto Norte Cisterna y conexiones domiciliarias en Catamarca; el Sistema de Acueducto Norte; el Acueducto Las Tunas; el Acueducto del Este, en San Luis; el Acueducto Formosa; Acueducto El Bolsón, Vallecito Frías, Quirós, San Antonio, Recreo, Esquiú y La Guardia, Dique Quines, Canal Norte y Santa Cruz.
En el caso de la Dirección Nacional de Vialidad, podemos citar el Proyecto 3, Autopista Ruta Nacional N° 7, Los Andes - Palmira - Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Básicamente es eso, en distintos tramos que no menciono porque es un poco engorroso, pero incluye los túneles Libertador y Caracoles, Potrerillos - Uspallata, etcétera. Me remito después al articulado.
Asimismo, se incorporan los artículos 71 y 72, que ya mencioné en la reunión anterior, relativos a las compensaciones al agro y el Fondo Agro, que refieren a refuerzo de partidas para el Ministerio de Agroindustria, incluyendo unos 1.000 millones de pesos para otorgar compensaciones a la producción de soja en las provincias comprendidas en las acciones de la Unidad Plan Belgrano, de acuerdo al artículo 2° del decreto 435/16; esto es la compensación por flete que se previó al momento de emitir dicho decreto.
El artículo 73 refiere a las cajas previsionales provinciales. Establece que unos 8.000 millones de pesos, del crédito total de 14.000 millones de pesos que obran para financiar los déficits previstos de las cajas jubilatorias provinciales en 2017, se distribuirán de manera automática, ponderando por población, por beneficiarios y según la magnitud del déficit. Para ser más preciso, ponderando un 25 por ciento por población, un 25 por ciento según el número de beneficiarios y un 50 por ciento según el déficit de las respectivas cajas previsionales provinciales.
Este fue un pedido de muchos diputados y de muchas provincias, a efectos de tener certeza respecto del desembolso mensual y automático de al menos una parte de las transferencias que deben recibir el próximo año como parte del artículo que figura en la ley de reparación histórica a los jubilados que preveía convenios entre las cajas jubilatorias y la ANSES para financiar el déficit armonizado de las cajas jubilatorias, sujeto a determinados criterios de armonización que fueron establecidos en la respectiva reglamentación de la ley antes mencionada.
El artículo 74 incorpora 5.000 millones de pesos al Fondo Federal Solidario de la soja. Es decir, se afectan a dicho fondo 5.000 millones de pesos, que básicamente serán destinados a financiar obras de infraestructura en las provincias y los municipios, recordando que el Fondo Federal Solidario de la soja tiene como objeto precisamente financiar obras provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que contribuyan a la mejora de la infraestructura edilicia de las distintas demarcaciones.
Tiene la palabra el señor diputado Solá.
Por el artículo 34, relativo a la autorización de endeudamiento, se obliga al Ministerio de Hacienda a especificar el programa financiero y actualizarlo trimestralmente, ya que la apertura que hoy presenta la planilla es, a criterio de los señores diputados, difícil de entender.
Estamos solicitando entonces un detalle adicional respecto de cómo se confecciona ese programa financiero, e incluso se solicita al Poder Ejecutivo nacional que elabore -esto aparece más adelante en el proyecto- pautas tendientes a mejorar la presentación del programa financiero y, en general, de las partidas del presupuesto en el futuro.
Omití hacer mención al artículo 19, por lo que vuelvo para atrás. Mediante esta norma se incorpora el artículo 11 de la ley de financiamiento educativo y se asegura la coparticipación automática de los recursos a los municipios. Es decir, se amplía el objeto de los fondos a los cuales pueden ser aplicadas las transferencias del Fondo de Financiamiento Educativo y se asegura la coparticipación automática a los municipios.
El artículo 34, como dije, se refiere a la autorización de endeudamiento. Se trata principalmente de mejorar la presentación y especificar los requerimientos de información trimestral que va a tener que dar el Ministerio de Hacienda y Finanzas al Congreso de la Nación, entre otras mejoras sobre la remisión del programa financiero.
El artículo 44 consiste en la famosa planilla de avales, en el que se incorporaron avales para Córdoba, la Universidad de San Martín, Tierra del Fuego, etcétera.
Los nuevos artículos 48 a 55 básicamente se refieren a la ley de responsabilidad fiscal, que es el acuerdo firmado por la mayoría -si no la totalidad- de las provincias con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, relativo a los nuevos compromisos en materia fiscal de las provincias.
La propuesta principal consiste en no incrementar los gastos corrientes por encima del crecimiento del producto nominal y reducir un 10 por ciento el déficit en términos del PBI cada año.
El artículo 50 -el nuevo artículo 50- estipula que las jurisdicciones con superávit no requerirán autorización para endeudarse, más allá de que deberán cumplir los trámites formales de rigor.
En el artículo 50 se incorporó una propuesta para que los municipios y la AVE puedan asociarse en la ganancia por rezonificación de inmuebles. Se aclaró que la palabra "jurisdicción" se refiere a las jurisdicciones presupuestarias y no a las provinciales, como se planteó en algún momento, ya que eso se prestaba a confusión.
El artículo 51, que otorgaba facultades especiales al jefe de Gabinete para gestionar programas transitorios, fue eliminado.
El artículo 57, que preveía no tanto la excepción sino la devolución de los saldos técnicos de IVA para los prestadores de servicios públicos con tarifa subsidiada, también fue eliminado, y se incorporó la posibilidad de solicitar la devolución de saldos técnicos para la empresa AYSA. Es decir que este artículo fue eliminado para el conjunto de las empresas de servicios públicos privadas y públicas, y quedó exclusivamente limitado a la posibilidad de que la empresa pública AYSA pueda requerir la devolución de los saldos técnicos de IVA en la medida en que lo disponga la reglamentación, que quedará a cargo de AFIP.
En los artículos 61 a 63 -que son los actuales 66 a 68-, por la incorporación de estos artículos de la ley de responsabilidad fiscal relativos a la exención de derechos de importaciones a mercaderías ferroviaria, naval y aeronaval, se incorpora que dicho beneficio únicamente será aplicable a mercaderías nuevas, y solo si la industria nacional no puede proveerlas. A tal efecto, deberá expedirse el Ministerio de la Producción. Esto ha sido pedido por muchos bloques a fin de resguardar los intereses de la industria nacional en los casos en que esté en condiciones competitivas y técnicas para proveer y aplicar a la licitación en el Ministerio de Transporte. Quien dictaminará respecto de si esto es posible o no, será el Ministerio de la Producción. Además, se incorpora a Subterráneos de Buenos Aires dentro de los beneficios de este artículo.
En el artículo 64 -que en el nuevo dictamen corresponde al artículo 69- se incorporan a la planilla de obras prioritarias algunas que no estaban incluidas, y quisiera mencionar algunas. En el caso del Ministerio de Transporte, por ejemplo, la rehabilitación integral de trenes de carga y el proyecto de rehabilitación integral de trenes de pasajeros del AMBA. También se prevé el proyecto de modernización del sistema de navegación aérea. Estos dos últimos que mencioné están referidos al Ministerio de Transporte.
En cuanto al Ministerio del Interior, hay muchas obras previstas, por lo que me remito a la planilla que luego vamos a circular y al articulado respectivo, pero básicamente se refieren a nuevas áreas de riego en Chubut, El Tambolar, El Salado -Tramo 4-, el acueducto Mandisoví y nuevas áreas de riego para Neuquén.
En cuanto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, podemos mencionar el Acueducto La Pampa; el Acueducto Norte Cisterna y conexiones domiciliarias en Catamarca; el Sistema de Acueducto Norte; el Acueducto Las Tunas; el Acueducto del Este, en San Luis; el Acueducto Formosa; Acueducto El Bolsón, Vallecito Frías, Quirós, San Antonio, Recreo, Esquiú y La Guardia, Dique Quines, Canal Norte y Santa Cruz.
En el caso de la Dirección Nacional de Vialidad, podemos citar el Proyecto 3, Autopista Ruta Nacional N° 7, Los Andes - Palmira - Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Básicamente es eso, en distintos tramos que no menciono porque es un poco engorroso, pero incluye los túneles Libertador y Caracoles, Potrerillos - Uspallata, etcétera. Me remito después al articulado.
Asimismo, se incorporan los artículos 71 y 72, que ya mencioné en la reunión anterior, relativos a las compensaciones al agro y el Fondo Agro, que refieren a refuerzo de partidas para el Ministerio de Agroindustria, incluyendo unos 1.000 millones de pesos para otorgar compensaciones a la producción de soja en las provincias comprendidas en las acciones de la Unidad Plan Belgrano, de acuerdo al artículo 2° del decreto 435/16; esto es la compensación por flete que se previó al momento de emitir dicho decreto.
El artículo 73 refiere a las cajas previsionales provinciales. Establece que unos 8.000 millones de pesos, del crédito total de 14.000 millones de pesos que obran para financiar los déficits previstos de las cajas jubilatorias provinciales en 2017, se distribuirán de manera automática, ponderando por población, por beneficiarios y según la magnitud del déficit. Para ser más preciso, ponderando un 25 por ciento por población, un 25 por ciento según el número de beneficiarios y un 50 por ciento según el déficit de las respectivas cajas previsionales provinciales.
Este fue un pedido de muchos diputados y de muchas provincias, a efectos de tener certeza respecto del desembolso mensual y automático de al menos una parte de las transferencias que deben recibir el próximo año como parte del artículo que figura en la ley de reparación histórica a los jubilados que preveía convenios entre las cajas jubilatorias y la ANSES para financiar el déficit armonizado de las cajas jubilatorias, sujeto a determinados criterios de armonización que fueron establecidos en la respectiva reglamentación de la ley antes mencionada.
El artículo 74 incorpora 5.000 millones de pesos al Fondo Federal Solidario de la soja. Es decir, se afectan a dicho fondo 5.000 millones de pesos, que básicamente serán destinados a financiar obras de infraestructura en las provincias y los municipios, recordando que el Fondo Federal Solidario de la soja tiene como objeto precisamente financiar obras provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que contribuyan a la mejora de la infraestructura edilicia de las distintas demarcaciones.
Tiene la palabra el señor diputado Solá.
SR. SOLÁ Señor presidente: ¿se condicionan 5.000 millones de pesos dentro del uso del Fondo?
SR. PRESIDENTE LASPINA No; se suman sin ningún otro requisito.
SR. SOLA Se suman pero no salen de la soja, ¿o sí?
SR. PRESIDENTE LASPINA No, no salen de la soja; salen de reasignación de partidas del presupuesto.
Atento a que no estamos subiendo los techos presupuestarios contenidos en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -restricción que hemos intentado preservar justamente por una cuestión de disciplina fiscal-, básicamente intentamos reasignar partidas y facultar al jefe de Gabinete a afectar estos 5.000 millones de pesos del fondo solidario de la soja, destinando 70 por ciento a las provincias y distribuyendo 30 por ciento automáticamente entre los municipios para la realización de obras de infraestructura. Debo aclarar que este artículo amplía los fines de aplicación de los fondos para incorporar obras de los municipios en materia sanitaria, educativa, hospitalaria, vivienda, vial e inversión productiva.
Atento a que no estamos subiendo los techos presupuestarios contenidos en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -restricción que hemos intentado preservar justamente por una cuestión de disciplina fiscal-, básicamente intentamos reasignar partidas y facultar al jefe de Gabinete a afectar estos 5.000 millones de pesos del fondo solidario de la soja, destinando 70 por ciento a las provincias y distribuyendo 30 por ciento automáticamente entre los municipios para la realización de obras de infraestructura. Debo aclarar que este artículo amplía los fines de aplicación de los fondos para incorporar obras de los municipios en materia sanitaria, educativa, hospitalaria, vivienda, vial e inversión productiva.
SR. GRANDINETTI Disculpe, señor presidente, ¿por favor puede repetirme los porcentajes?
SR. PRESIDENTE LASPINA El 70 del Fondo Federal Solidario se destina a las provincias de acuerdo con la coparticipación secundaria -eso queda igual- y el 30 por ciento a los municipios. Es decir que se trata del fondo de la soja potenciado en 5.000 millones de pesos.
SR. GRANDINETTI Obviamente es a todos los municipios que participaban.
SR. PRESIDENTE LASPINA Sí, tal como figura en el fondo de la soja, exactamente.
El artículo 75 es un viejo reclamo de la comunidad científica. Además de los 1.290 millones sumados a Ciencia y Técnica, se incluye una partida destinada al pago del régimen jubilatorio en algunos organismos que hoy están excluidos. Esto tiene que ver con un problema anterior del régimen jubilatorio especial creado para los organismos de Ciencia y Técnica. Pudo haber ocurrido que al momento de la elaboración del régimen quedaron afuera tal vez por no existir. Por eso hoy queremos incluir en este régimen de jubilación científica a Segemar, ANLIS y CNEA. Este pedido vino de la mano de reforzar el capítulo de Ciencia y Técnica en nuestro presupuesto.
Por otra parte, el artículo 77 se refiere a la transparencia del sistema presupuestario. Este aspecto va en línea con todos los esfuerzos que están haciendo el gobierno nacional y este Congreso de la Nación para recuperar gradualmente con el paso del tiempo las potestades conferidas por la Constitución en materia presupuestaria a este Parlamento. Para ello no solo debemos considerar la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, más conocida como ley de superpoderes, a continuación del proyecto de ley de presupuesto, sino que en breve tenemos que reunirnos en la oficina de presupuesto del Congreso, institución presupuestaria clave para la discusión fiscal.
Asimismo en el proyecto de ley se incorpora un artículo, creo que a partir de un pedido del señor diputado Marco Lavagna, que señala: "El Poder Ejecutivo nacional deberá elaborar al Congreso una propuesta de reforma del sistema presupuestario que apunte a ampliar la información que hoy vota el Congreso. La propuesta debe presentarse al 30 de junio de 2017 y la nueva metodología entrará en vigor en 2018." Ojalá se puedan cumplir estos tiempos. El artículo es ambicioso porque obviamente debemos discutirlo y me imagino que también tendremos que aprobar una ley al respecto, la que quizás sea una modificación a la ley complementaria de presupuesto. Realmente habrá que ver el formato, pero tenemos la clara intención de avanzar en esa dirección.
Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
El artículo 75 es un viejo reclamo de la comunidad científica. Además de los 1.290 millones sumados a Ciencia y Técnica, se incluye una partida destinada al pago del régimen jubilatorio en algunos organismos que hoy están excluidos. Esto tiene que ver con un problema anterior del régimen jubilatorio especial creado para los organismos de Ciencia y Técnica. Pudo haber ocurrido que al momento de la elaboración del régimen quedaron afuera tal vez por no existir. Por eso hoy queremos incluir en este régimen de jubilación científica a Segemar, ANLIS y CNEA. Este pedido vino de la mano de reforzar el capítulo de Ciencia y Técnica en nuestro presupuesto.
Por otra parte, el artículo 77 se refiere a la transparencia del sistema presupuestario. Este aspecto va en línea con todos los esfuerzos que están haciendo el gobierno nacional y este Congreso de la Nación para recuperar gradualmente con el paso del tiempo las potestades conferidas por la Constitución en materia presupuestaria a este Parlamento. Para ello no solo debemos considerar la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, más conocida como ley de superpoderes, a continuación del proyecto de ley de presupuesto, sino que en breve tenemos que reunirnos en la oficina de presupuesto del Congreso, institución presupuestaria clave para la discusión fiscal.
Asimismo en el proyecto de ley se incorpora un artículo, creo que a partir de un pedido del señor diputado Marco Lavagna, que señala: "El Poder Ejecutivo nacional deberá elaborar al Congreso una propuesta de reforma del sistema presupuestario que apunte a ampliar la información que hoy vota el Congreso. La propuesta debe presentarse al 30 de junio de 2017 y la nueva metodología entrará en vigor en 2018." Ojalá se puedan cumplir estos tiempos. El artículo es ambicioso porque obviamente debemos discutirlo y me imagino que también tendremos que aprobar una ley al respecto, la que quizás sea una modificación a la ley complementaria de presupuesto. Realmente habrá que ver el formato, pero tenemos la clara intención de avanzar en esa dirección.
Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: sé que a continuación vamos a discutir separadamente el proyecto de ley de modificación de delegación. Como voy a proponer un agregado, no sé si el presidente prefiere que lo haga después.
SR. PRESIDENTE LASPINA Como usted quiera, señor diputado.
SR. SÁNCHEZ Entonces lo hago después para no cortar la exposición de las modificaciones.
SR. PRESIDENTE LASPINA Perfecto. Yo ya estoy terminando de comentar las modificaciones y luego abrimos la ronda de preguntas. Posteriormente pasaremos a la discusión del artículo 37.
Volviendo al proyecto en tratamiento, el artículo 79 refuerza el presupuesto para la inversión en La Rioja, destinando una partida especial de unos 650 millones de pesos. Los diputados de La Rioja pertenecientes a la Unión Cívica Radical trabajaron mucho en este sentido, al igual que el diputado Diego Bossio y otros bloques, quienes en la misma dirección solicitaron reforzar en 650 millones la suma de la partida destinada a La Rioja, pasando de 1.850 millones a 2.500 millones de pesos en el presupuesto para 2017. Insisto en que se trató de un pedido de muchos bloques, en particular de los diputados de la Unión Cívica Radical de La Rioja.
El artículo 80 se refiere al decreto 1145/2009 y sus modificatorias por el cual se dispuso la posibilidad de que los medios de comunicación pudieran cancelar con la contraprestación de pauta publicitaria las deudas contraídas hasta ese momento. Ese decreto generó una serie de derechos adquiridos que frenaron la posibilidad de que la Administración Federal de Ingresos Públicos accionara contra los medios que se acogieron a ese beneficio. Entonces para perfeccionar el uso de este instrumento, el Poder Ejecutivo nacional tiene que recobrar esta deuda a partir de la generación de pauta publicitaria con los criterios y principios de distribución establecidos sobre la base de algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia. Aclaro que no se cambia el criterio, pero ocurre que hoy el Poder Ejecutivo nacional no puede accionar para recobrar estas deudas porque necesita una autorización presupuestaria que debe darse al momento de la discusión del presupuesto de la Nación. Asimismo el artículo 80 faculta al jefe de Gabinete a realizar modificaciones presupuestarias a fin de lograr la regularización de los circuitos administrativos generados por este decreto.
Por otra parte, el artículo 82 ratifica los convenios celebrados en el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas. Como bien saben los señores diputados, el decreto 660 del 10 de mayo de 2010 fijaba una serie de beneficios y condiciones para la refinanciación de las deudas de las provincias con la Nación. Ese decreto pretende ratificarse por ley, salvo que medien acuerdos intrafederales que alcancen a las partes que lo suscriben. Es decir, salvo que sea de común acuerdo porque algunas provincias han firmado convenios de renegociación de deuda en mejores condiciones incluso que las establecidas en el decreto 660. Entonces resguardando esos casos particulares pero asegurando el piso de cumplimiento de los beneficios que otorga el decreto 660, se procede a ratificar por ley mediante el texto del artículo 82.
Estos son todos los muchísimos cambios que hemos incorporado a pedido de los señores diputados y esperamos que sean suficientes para lograr consensuar un dictamen de mayoría, o de ser posible sea unánime ya que, insisto, hemos incorporado la gran mayoría de los pedidos realizados, por supuesto contemplando las restricciones presupuestarias que tenemos.
Ahora voy a ceder la palabra a los señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Conesa.
Volviendo al proyecto en tratamiento, el artículo 79 refuerza el presupuesto para la inversión en La Rioja, destinando una partida especial de unos 650 millones de pesos. Los diputados de La Rioja pertenecientes a la Unión Cívica Radical trabajaron mucho en este sentido, al igual que el diputado Diego Bossio y otros bloques, quienes en la misma dirección solicitaron reforzar en 650 millones la suma de la partida destinada a La Rioja, pasando de 1.850 millones a 2.500 millones de pesos en el presupuesto para 2017. Insisto en que se trató de un pedido de muchos bloques, en particular de los diputados de la Unión Cívica Radical de La Rioja.
El artículo 80 se refiere al decreto 1145/2009 y sus modificatorias por el cual se dispuso la posibilidad de que los medios de comunicación pudieran cancelar con la contraprestación de pauta publicitaria las deudas contraídas hasta ese momento. Ese decreto generó una serie de derechos adquiridos que frenaron la posibilidad de que la Administración Federal de Ingresos Públicos accionara contra los medios que se acogieron a ese beneficio. Entonces para perfeccionar el uso de este instrumento, el Poder Ejecutivo nacional tiene que recobrar esta deuda a partir de la generación de pauta publicitaria con los criterios y principios de distribución establecidos sobre la base de algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia. Aclaro que no se cambia el criterio, pero ocurre que hoy el Poder Ejecutivo nacional no puede accionar para recobrar estas deudas porque necesita una autorización presupuestaria que debe darse al momento de la discusión del presupuesto de la Nación. Asimismo el artículo 80 faculta al jefe de Gabinete a realizar modificaciones presupuestarias a fin de lograr la regularización de los circuitos administrativos generados por este decreto.
Por otra parte, el artículo 82 ratifica los convenios celebrados en el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas. Como bien saben los señores diputados, el decreto 660 del 10 de mayo de 2010 fijaba una serie de beneficios y condiciones para la refinanciación de las deudas de las provincias con la Nación. Ese decreto pretende ratificarse por ley, salvo que medien acuerdos intrafederales que alcancen a las partes que lo suscriben. Es decir, salvo que sea de común acuerdo porque algunas provincias han firmado convenios de renegociación de deuda en mejores condiciones incluso que las establecidas en el decreto 660. Entonces resguardando esos casos particulares pero asegurando el piso de cumplimiento de los beneficios que otorga el decreto 660, se procede a ratificar por ley mediante el texto del artículo 82.
Estos son todos los muchísimos cambios que hemos incorporado a pedido de los señores diputados y esperamos que sean suficientes para lograr consensuar un dictamen de mayoría, o de ser posible sea unánime ya que, insisto, hemos incorporado la gran mayoría de los pedidos realizados, por supuesto contemplando las restricciones presupuestarias que tenemos.
Ahora voy a ceder la palabra a los señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Conesa.
SR. CONESA Señor presidente: hemos estado conversando largamente sobre estos temas con el señor diputado Torroba, quien ha presentado los fundamentos de una disidencia parcial al proyecto de presupuesto, que principalmente se basa en que creemos que el cálculo de recursos, en el proyecto oficial, es excesivamente optimista.
Consideramos que el presupuesto real contiene un déficit que supera el 6 por ciento del PBI. En consecuencia, como esto lo consideramos sumamente gravoso para el futuro de la economía del país, proponemos un presupuesto con déficit cero, que por supuesto requiere un replanteo en las condiciones macroeconómicas.
Entendemos que tarde o temprano las reformas que proponemos tendrán que ser adoptadas, impuestas por las circunstancias, y de allí la importancia del adelanto que hacemos con nuestra disidencia parcial.
También me preocupa la gran cantidad de gastos adicionales que ha enumerado el señor presidente, y quisiera saber cuánto representan esos gastos adicionales dentro del total del PBI. Sería muy importante para nuestros cálculos macroeconómicos y la propuesta alternativa que hemos presentado.
Reitero que se trata de una disidencia parcial. Adherimos al proyecto del presupuesto del Poder Ejecutivo en relación con los gastos. Consideramos que la situación social del país es muy grave y que debe procederse con cautela y en forma gradual, pero hay que tener cuidado con el déficit, porque esto puede tener consecuencias muy graves para la macroeconomía.
Entonces, mi pregunta es qué porcentaje del PBI representan estos gastos adicionales que ha propuesto en su reciente alocución, señor presidente.
Consideramos que el presupuesto real contiene un déficit que supera el 6 por ciento del PBI. En consecuencia, como esto lo consideramos sumamente gravoso para el futuro de la economía del país, proponemos un presupuesto con déficit cero, que por supuesto requiere un replanteo en las condiciones macroeconómicas.
Entendemos que tarde o temprano las reformas que proponemos tendrán que ser adoptadas, impuestas por las circunstancias, y de allí la importancia del adelanto que hacemos con nuestra disidencia parcial.
También me preocupa la gran cantidad de gastos adicionales que ha enumerado el señor presidente, y quisiera saber cuánto representan esos gastos adicionales dentro del total del PBI. Sería muy importante para nuestros cálculos macroeconómicos y la propuesta alternativa que hemos presentado.
Reitero que se trata de una disidencia parcial. Adherimos al proyecto del presupuesto del Poder Ejecutivo en relación con los gastos. Consideramos que la situación social del país es muy grave y que debe procederse con cautela y en forma gradual, pero hay que tener cuidado con el déficit, porque esto puede tener consecuencias muy graves para la macroeconomía.
Entonces, mi pregunta es qué porcentaje del PBI representan estos gastos adicionales que ha propuesto en su reciente alocución, señor presidente.
SR. PRESIDENTE LASPINA Como dije antes, los techos presupuestarios no han sido modificados. No estamos alterando esos techos, sino que estamos incorporando refuerzos a las partidas mencionadas que surgirán de una reasignación que debe hacer el jefe de Gabinete. Usualmente, esas reasignaciones tienen que ver con subejecuciones a lo largo del año, de obras que no llegan a hacerse, como cuando se refuerzan nuevas partidas de obras que avanzan a destiempo o cuando hay ejecuciones en los ministerios que no se pueden hacer en tiempo y forma. Incluso pueden tener que ver con meras decisiones administrativas del jefe de Gabinete.
Insisto en que no hay un cambio en los techos presupuestarios ni en el déficit, más allá de que reconozco que a veces los montos de las obras agregadas hacen muy difícil esa reasignación para poder cumplir con todas ellas. Es potestad del Poder Ejecutivo nacional hacerlo o no.
Como todos sabemos, nosotros estamos votando autorizaciones de gastos, no obligaciones de gastos, más allá de las que surgen de las leyes que determinan los gastos en varias áreas del presupuesto nacional, que obviamente deben cumplirse; por ejemplo, la ley de financiamiento educativo. Para el caso de las obras, reitero que estamos dando autorizaciones de gastos y no obligaciones de gastos.
Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
Insisto en que no hay un cambio en los techos presupuestarios ni en el déficit, más allá de que reconozco que a veces los montos de las obras agregadas hacen muy difícil esa reasignación para poder cumplir con todas ellas. Es potestad del Poder Ejecutivo nacional hacerlo o no.
Como todos sabemos, nosotros estamos votando autorizaciones de gastos, no obligaciones de gastos, más allá de las que surgen de las leyes que determinan los gastos en varias áreas del presupuesto nacional, que obviamente deben cumplirse; por ejemplo, la ley de financiamiento educativo. Para el caso de las obras, reitero que estamos dando autorizaciones de gastos y no obligaciones de gastos.
Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
SR. BORSANI Señor presidente: a partir del análisis del proyecto de presupuesto, especialmente en lo referido a obras públicas y a Vialidad Nacional, nosotros habíamos solicitado el refuerzo de una partida para la Ruta Nacional N° 40, en cuanto a la construcción de la autopista que une Mendoza con la provincia de San Juan.
Esta propuesta la hacíamos porque esa obra -prevista en una realización plurianual, a lo largo de tres años, comenzando en 2017 y culminando en 2019- tenía previsto para su realización un monto total de 2.671 millones de pesos. Esto incluía 1.717 millones para 2019; 934 millones para 2018, y solamente 19 millones para 2017.
Conforme la prioridad que tiene esa obra para nuestra provincia, y especialmente para la ruta 40 -columna vertebral de la República Argentina-, entendimos que era necesario comenzar la obra en el año 2017 con una mayor magnitud. Para ello solicitamos el refuerzo de esa partida en 400 millones, detraído de lo previsto para el año 2019.
Esa cuestión fue mayoritariamente aceptada, bien entendida e incorporada en el predictamen que fue sometido a la consideración de los legisladores con la incorporación de un nuevo artículo -el artículo 78- que preveía la autorización al jefe de Gabinete de Ministros justamente para la reasignación y adecuación de partidas a los efectos de producir ese refuerzo.
Sé también que en el día de hoy el presidente de la comisión ha hecho el esfuerzo necesario a fin de que esto pueda concretarse. No obstante, bloques de otros partidos han objetado esta posición indicando que abriría la puerta para que todas las provincias solicitaran incrementos de partidas utilizando este mecanismo.
Vemos que en el dictamen que está proponiéndose a nuestra firma no está prevista esta reasignación o refuerzo de partidas. Frente a ello, hemos tenido una comunicación con el jefe de Gabinete de Ministros, quien se ha comprometido con mi provincia, con el gobernador y con los legisladores de Mendoza en el sentido de que esta partida va a ser reasignada durante el año 2017 y que la obra va a comenzar conforme lo previsto y de acuerdo con el compromiso que también ha asumido Vialidad Nacional en ese sentido.
Es por ello que a pesar de este contratiempo -que no vamos a observar- y del incremento visto en el proyecto de presupuesto, vamos a acompañar la iniciativa.
Esta propuesta la hacíamos porque esa obra -prevista en una realización plurianual, a lo largo de tres años, comenzando en 2017 y culminando en 2019- tenía previsto para su realización un monto total de 2.671 millones de pesos. Esto incluía 1.717 millones para 2019; 934 millones para 2018, y solamente 19 millones para 2017.
Conforme la prioridad que tiene esa obra para nuestra provincia, y especialmente para la ruta 40 -columna vertebral de la República Argentina-, entendimos que era necesario comenzar la obra en el año 2017 con una mayor magnitud. Para ello solicitamos el refuerzo de esa partida en 400 millones, detraído de lo previsto para el año 2019.
Esa cuestión fue mayoritariamente aceptada, bien entendida e incorporada en el predictamen que fue sometido a la consideración de los legisladores con la incorporación de un nuevo artículo -el artículo 78- que preveía la autorización al jefe de Gabinete de Ministros justamente para la reasignación y adecuación de partidas a los efectos de producir ese refuerzo.
Sé también que en el día de hoy el presidente de la comisión ha hecho el esfuerzo necesario a fin de que esto pueda concretarse. No obstante, bloques de otros partidos han objetado esta posición indicando que abriría la puerta para que todas las provincias solicitaran incrementos de partidas utilizando este mecanismo.
Vemos que en el dictamen que está proponiéndose a nuestra firma no está prevista esta reasignación o refuerzo de partidas. Frente a ello, hemos tenido una comunicación con el jefe de Gabinete de Ministros, quien se ha comprometido con mi provincia, con el gobernador y con los legisladores de Mendoza en el sentido de que esta partida va a ser reasignada durante el año 2017 y que la obra va a comenzar conforme lo previsto y de acuerdo con el compromiso que también ha asumido Vialidad Nacional en ese sentido.
Es por ello que a pesar de este contratiempo -que no vamos a observar- y del incremento visto en el proyecto de presupuesto, vamos a acompañar la iniciativa.
SR. PRESIDENTE LASPINA Señor diputado Borsani: efectivamente, tal como se dijo desde Vialidad Nacional y como lo ratificó el ministro de Transporte, existe vocación de avanzar con las obras de la ruta nacional 40 en los tiempos previstos.
Hubo un consenso entre la mayoría de los que estuvimos trabajando en este dictamen de no modificar las planillas originales que vinieron del Poder Ejecutivo nacional, precisamente para no alterar todos los anexos que se vinculan con ese presupuesto. Pero como usted dijo, existe el compromiso -entiendo que por una simple resolución administrativa de Vialidad Nacional esto puede hacerse- de compensar el presupuesto a fin de potenciar el avance de la obra que está solicitando.
Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani.
Hubo un consenso entre la mayoría de los que estuvimos trabajando en este dictamen de no modificar las planillas originales que vinieron del Poder Ejecutivo nacional, precisamente para no alterar todos los anexos que se vinculan con ese presupuesto. Pero como usted dijo, existe el compromiso -entiendo que por una simple resolución administrativa de Vialidad Nacional esto puede hacerse- de compensar el presupuesto a fin de potenciar el avance de la obra que está solicitando.
Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani.
SRA. CICILIANI Señor presidente: valoramos enormemente el esfuerzo por el acuerdo y todos los anuncios que ha hecho sobre las modificaciones aceptadas. Obviamente, esperamos ver el anexo B del artículo 11 y la planilla B del artículo 12. Además, queremos puntualizar tres aspectos.
En primer lugar, queremos reiterar la necesidad de la creación de la comisión bicameral de seguimiento de la deuda, que está en consonancia con las modificaciones del artículo 34.
Para nosotros es imprescindible que hasta el día miércoles se pueda avanzar en la conformación de esa comisión bicameral. No vemos ningún motivo razonable para que esa comisión no esté conformada, y vendría a sumar los controles del artículo 34.
La otra cuestión -que nosotros ya habíamos señalado- tenía que ver con el artículo 24, sobre la coparticipación del incremento del impuesto a los pasajes al exterior. Creemos que es inconstitucional que no se disponga esto, ya que está en el marco del fallo de la Corte. Entonces, considero que deberíamos incorporar este impuesto a los fondos coparticipables.
En tercer lugar, obviamente vemos muy bien que se esté dando tratamiento y se mencione a las provincias deudoras, tema que venimos analizando desde hace muchos años. Ahora bien, las provincias acreedoras no aparecen en el proyecto de presupuesto.
Nosotros hemos trabajado en una propuesta de la provincia de San Luis, y nos parece absolutamente razonable agregar un artículo por el que se autorice al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al pago de condenas judiciales firmes a favor de la provincia de San Luis -ahí se agregaría el detalle del expediente correspondiente- y de la provincia de Santa Fe -también con el detalle del expediente- sin que ello afecte los límites presupuestarios de la presente ley.
Creemos que es un artículo imprescindible, en reconocimiento a una deuda que la Nación mantiene con esas provincias. Sabemos que existe un proceso de negociación, que está más avanzado o menos avanzado de acuerdo a cada jurisdicción provincial, pero si incorporamos esta autorización al jefe de Gabinete de Ministros, cualquier acuerdo que se alcance en el transcurso del año presupuestario significará una cuestión de avanzada para su consolidación.
No estamos hablando de montos porque estos han sido objeto de sentencia firme en términos nominales, aunque hay discusiones en cuanto a su actualización, y eso es parte de la negociación con cada jurisdicción. Creemos que este artículo, que se podría incorporar a continuación del 31 o del 80, o como se considere apropiado, sería no solo de justicia, porque es algo obvio, sino que además favorecería la negociación entre las provincias acreedoras y el Estado nacional.
En primer lugar, queremos reiterar la necesidad de la creación de la comisión bicameral de seguimiento de la deuda, que está en consonancia con las modificaciones del artículo 34.
Para nosotros es imprescindible que hasta el día miércoles se pueda avanzar en la conformación de esa comisión bicameral. No vemos ningún motivo razonable para que esa comisión no esté conformada, y vendría a sumar los controles del artículo 34.
La otra cuestión -que nosotros ya habíamos señalado- tenía que ver con el artículo 24, sobre la coparticipación del incremento del impuesto a los pasajes al exterior. Creemos que es inconstitucional que no se disponga esto, ya que está en el marco del fallo de la Corte. Entonces, considero que deberíamos incorporar este impuesto a los fondos coparticipables.
En tercer lugar, obviamente vemos muy bien que se esté dando tratamiento y se mencione a las provincias deudoras, tema que venimos analizando desde hace muchos años. Ahora bien, las provincias acreedoras no aparecen en el proyecto de presupuesto.
Nosotros hemos trabajado en una propuesta de la provincia de San Luis, y nos parece absolutamente razonable agregar un artículo por el que se autorice al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al pago de condenas judiciales firmes a favor de la provincia de San Luis -ahí se agregaría el detalle del expediente correspondiente- y de la provincia de Santa Fe -también con el detalle del expediente- sin que ello afecte los límites presupuestarios de la presente ley.
Creemos que es un artículo imprescindible, en reconocimiento a una deuda que la Nación mantiene con esas provincias. Sabemos que existe un proceso de negociación, que está más avanzado o menos avanzado de acuerdo a cada jurisdicción provincial, pero si incorporamos esta autorización al jefe de Gabinete de Ministros, cualquier acuerdo que se alcance en el transcurso del año presupuestario significará una cuestión de avanzada para su consolidación.
No estamos hablando de montos porque estos han sido objeto de sentencia firme en términos nominales, aunque hay discusiones en cuanto a su actualización, y eso es parte de la negociación con cada jurisdicción. Creemos que este artículo, que se podría incorporar a continuación del 31 o del 80, o como se considere apropiado, sería no solo de justicia, porque es algo obvio, sino que además favorecería la negociación entre las provincias acreedoras y el Estado nacional.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el diputado Álvaro González.
SR. GONZÁLEZ Señor presidente: estuve conversando con la diputada Ciciliani, en mi condición de porteño de nacimiento y santafesino por adopción. Entiendo que lo que está planteando se vincula con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo mismo ocurre con la provincia de San Luis.
Entonces, si ese artículo satisface a estas provincias, para poder decirles a los santafesinos que el jefe de Gabinete está autorizado a modificar las partidas necesarias para que se produzca el pago ordenado en ese fallo, si esto no afecta los límites que tiene aquel funcionario para modificar partidas, y si además de todo esto logramos que otra fuerza política nos acompañe en la sanción de este proyecto, yo le pediría al señor presidente que le pusiera la mayor atención posible para tratar de incorporarlo.
Entonces, si ese artículo satisface a estas provincias, para poder decirles a los santafesinos que el jefe de Gabinete está autorizado a modificar las partidas necesarias para que se produzca el pago ordenado en ese fallo, si esto no afecta los límites que tiene aquel funcionario para modificar partidas, y si además de todo esto logramos que otra fuerza política nos acompañe en la sanción de este proyecto, yo le pediría al señor presidente que le pusiera la mayor atención posible para tratar de incorporarlo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Para este mismo tema, tiene la palabra el señor diputado Marcucci.
SR. MARCUCCI Señor presidente: seré breve.
Estuvimos charlando con la diputada Ciciliani y con el diputado Álvaro González y creemos conveniente la incorporación de este artículo porque es una deuda definida y determinada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Simplemente la idea es adherir a los planteos de la señora diputada Ciciliani y del diputado Álvaro González.
Estuvimos charlando con la diputada Ciciliani y con el diputado Álvaro González y creemos conveniente la incorporación de este artículo porque es una deuda definida y determinada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Simplemente la idea es adherir a los planteos de la señora diputada Ciciliani y del diputado Álvaro González.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Señor presidente: mi intervención es en el mismo sentido. Ya tenemos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y creo que en este caso podríamos habilitar, como bien se ha planteado aquí, la posibilidad y la necesidad de la negociación de parte del jefe de Gabinete. Como en principio, de acuerdo con el texto leído por la diputada Ciciliani no se destinan fondos específicos, entiendo que abrir la negociación daría una clara señal, primero de cumplimiento de este fallo, y segundo, de que cuando se efectivamente ello se disponga, no necesitaremos discutir nuevamente el mismo tema.
SR. PRESIDENTE LASPINA Vamos a evaluarlo.
Tiene la palabra el señor diputado Lusquiños.
Tiene la palabra el señor diputado Lusquiños.
SR. LUSQUIÑOS Señor presidente: en el mismo sentido planteado por la señora diputada Ciciliani y los diputados preopinantes en respuesta a la pregunta que hizo el diputado Álvaro González acerca de si nos satisface, debo responder que obviamente no. Pero como lo bueno es enemigo de lo posible, vamos a apoyar esta redacción que nos brinda mayor certeza.
Solamente quiero dejar en claro que para nada esto va en contra de la palabra del ministro del Interior que en esta misma sala dijo que a los fines de acordar el monto, se iba a constituir a una mesa especial. No quiero que se malinterprete y que se considere que estamos cambiando jurisdicción en el gabinete nacional. Es simplemente que quien tiene el poder de lapicera es el jefe de Gabinete y por eso es quien queda habilitado. Por lo tanto, apoyamos la redacción planteada por la diputada Ciciliani y acordada con Álvaro González.
Por otro lado, quiero plantear dos cosas que me hacen muchísimo ruido. En un artículo, creo que fue en el 15 o en el 17, el señor presidente hablaba de la coparticipación automática a los municipios. No me refiero a la referencia al fondo de la soja sino a otro artículo cuyo número no logré registrar a tiempo.
Solamente quiero dejar en claro que para nada esto va en contra de la palabra del ministro del Interior que en esta misma sala dijo que a los fines de acordar el monto, se iba a constituir a una mesa especial. No quiero que se malinterprete y que se considere que estamos cambiando jurisdicción en el gabinete nacional. Es simplemente que quien tiene el poder de lapicera es el jefe de Gabinete y por eso es quien queda habilitado. Por lo tanto, apoyamos la redacción planteada por la diputada Ciciliani y acordada con Álvaro González.
Por otro lado, quiero plantear dos cosas que me hacen muchísimo ruido. En un artículo, creo que fue en el 15 o en el 17, el señor presidente hablaba de la coparticipación automática a los municipios. No me refiero a la referencia al fondo de la soja sino a otro artículo cuyo número no logré registrar a tiempo.
SR. PRESIDENTE LASPINA El fondo educativo.
SR. LUSQUIÑOS La coparticipación automática no puede ir a los municipios. Se destina a las provincias y ellas después derivan a dónde corresponde. Pero no hay goteo a los municipios. Hay jurisprudencia de toda la vida. Me parece que estamos generando un ruido innecesario. El delegado natural del Poder Ejecutivo nacional es el gobernador.
SR. LAVAGNA Solicito una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia.
SR. PRESIDENTE LASPINA Señor diputado Lusquiños: el señor diputado Lavagna le solicita una interrupción.
SR. LUSQUIÑOS Por supuesto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: tanto el fondo educativo como el fondo solidario -esto fue aprobado por las Legislaturas de cada provincia- se destinan automáticamente a los municipios. Esto está respaldado por los convenios.
Por ejemplo, del fondo solidario que es el fondo sojero, hay una parte destinada automáticamente a los municipios. Cuando se sancionó la ley, las provincias adhirieron y acordaron aplicar esos mecanismos. Por eso no va en contra ni avanza sobre las jurisdicciones provinciales.
Por ejemplo, del fondo solidario que es el fondo sojero, hay una parte destinada automáticamente a los municipios. Cuando se sancionó la ley, las provincias adhirieron y acordaron aplicar esos mecanismos. Por eso no va en contra ni avanza sobre las jurisdicciones provinciales.
SR. LUSQUIÑOS Señor presidente: no es nuestro caso. Nosotros no tenemos ningún convenio de adhesión. Lo que corresponde es que se destine a la provincia y de ahí se derive al municipio correspondiente.
En segundo término quiero referirme al artículo 15, creo, o al nuevo artículo 15 relativo a las deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa. Quiero interpretar que no se están condonando las deudas de Edenor y Edesur, pero honestamente no entendí el artículo. No sé si se refiere a las deudas de las empresas provinciales, de las cooperativas, de las sociedades anónimas de capital estatal mayoritario, pero si incluimos las deudas de Edesur y Edenor que se llevaron las tarifas, se siguen llevando los subsidios y se condona la deuda de lo que deben cuando encima piden aumentos de tarifas, eso no lo comprendo. No me cierra la redacción del artículo.
En segundo término quiero referirme al artículo 15, creo, o al nuevo artículo 15 relativo a las deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa. Quiero interpretar que no se están condonando las deudas de Edenor y Edesur, pero honestamente no entendí el artículo. No sé si se refiere a las deudas de las empresas provinciales, de las cooperativas, de las sociedades anónimas de capital estatal mayoritario, pero si incluimos las deudas de Edesur y Edenor que se llevaron las tarifas, se siguen llevando los subsidios y se condona la deuda de lo que deben cuando encima piden aumentos de tarifas, eso no lo comprendo. No me cierra la redacción del artículo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Señor diputado: efectivamente el artículo se refiere a todas las distribuidoras eléctricas provinciales e incluye a Edenor y a Edesur, si esa es la pregunta. Estamos aquí para debatir y votar.
Tiene la palabra el señor diputado Barletta.
Tiene la palabra el señor diputado Barletta.
SR. BARLETTA Señor presidente: en primer lugar quiero resaltar la apertura en el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto no solo de parte del Poder Ejecutivo que envío la iniciativa, sino también del oficialismo, los jefes de bloque y los diputados.
Destaco la receptividad en temas centrales que si bien preocuparon en un principio, rápidamente se buscó la manera de ir resolviéndolos. Me refiero, por ejemplo, al caso de Ciencia y Técnica, no solo en lo atinente a los refuerzos presupuestarios sino también la atención a los pedidos de los integrantes de CNEA, ANLIS y Segemar para alcanzar el 85 por ciento móvil en el régimen jubilatorio.
Por otra parte, en el tema de las universidades también se logró un importante refuerzo. Y quiero señalar que cuando se protestaba con razón por el presupuesto destinado a Ciencia y Técnica, muchas veces no se valoró el enorme esfuerzo realizado para aumentarlo; ello nunca fue visto. Esto obliga a profundizar una tarea que lleva mucho tiempo y que no siempre logra sus objetivos.
Me refiero a la articulación del sistema universitario junto al de Ciencia y Técnica que de por sí tienen la dificultad de depender de distintos ministerios. La mayoría de los investigadores del Conicet son docentes universitarios.
Asimismo, los proyectos de investigación son financiados por ambas partes. Por lo tanto, incrementar el presupuesto de Ciencia y Técnica y el de las universidades va a potenciar la necesidad que tenemos como país de generar mejores condiciones para cumplir las tareas sin confrontaciones inútiles.
Pasando a otro aspecto, los diputados santafesinos se han manifestado respecto a la posibilidad de incorporar un artículo relativo a la deuda ya considerada por la Corte Suprema para los casos de San Luis y Santa Fe.
Por todo lo expuesto, pienso que estamos en buenas condiciones para llegar el miércoles con un gran consenso sobre un presupuesto que, a diferencia de otras oportunidades, ahora tendrá una característica muy particular: la posibilidad de que la ejecución de este presupuesto tenga que ver con lo que se está votando.
La ley de acceso a la información pública nos habilita, entre otras cosas, a que ese control hacia el Poder Ejecutivo, que es el responsable de la ejecución del presupuesto, lo puedan llevar adelante no solo los legisladores sino también la ciudadanía en general y específicamente las organizaciones de la sociedad civil.
Esto también nos da tranquilidad, y por otra parte, nos hace sentir que el debate sobre el presupuesto tiene sentido, porque tiene que ver con la posibilidad de que el año próximo se comience una etapa donde efectivamente la ley de presupuesto defina las estrategias y las políticas para el desarrollo de nuestro país.
Destaco la receptividad en temas centrales que si bien preocuparon en un principio, rápidamente se buscó la manera de ir resolviéndolos. Me refiero, por ejemplo, al caso de Ciencia y Técnica, no solo en lo atinente a los refuerzos presupuestarios sino también la atención a los pedidos de los integrantes de CNEA, ANLIS y Segemar para alcanzar el 85 por ciento móvil en el régimen jubilatorio.
Por otra parte, en el tema de las universidades también se logró un importante refuerzo. Y quiero señalar que cuando se protestaba con razón por el presupuesto destinado a Ciencia y Técnica, muchas veces no se valoró el enorme esfuerzo realizado para aumentarlo; ello nunca fue visto. Esto obliga a profundizar una tarea que lleva mucho tiempo y que no siempre logra sus objetivos.
Me refiero a la articulación del sistema universitario junto al de Ciencia y Técnica que de por sí tienen la dificultad de depender de distintos ministerios. La mayoría de los investigadores del Conicet son docentes universitarios.
Asimismo, los proyectos de investigación son financiados por ambas partes. Por lo tanto, incrementar el presupuesto de Ciencia y Técnica y el de las universidades va a potenciar la necesidad que tenemos como país de generar mejores condiciones para cumplir las tareas sin confrontaciones inútiles.
Pasando a otro aspecto, los diputados santafesinos se han manifestado respecto a la posibilidad de incorporar un artículo relativo a la deuda ya considerada por la Corte Suprema para los casos de San Luis y Santa Fe.
Por todo lo expuesto, pienso que estamos en buenas condiciones para llegar el miércoles con un gran consenso sobre un presupuesto que, a diferencia de otras oportunidades, ahora tendrá una característica muy particular: la posibilidad de que la ejecución de este presupuesto tenga que ver con lo que se está votando.
La ley de acceso a la información pública nos habilita, entre otras cosas, a que ese control hacia el Poder Ejecutivo, que es el responsable de la ejecución del presupuesto, lo puedan llevar adelante no solo los legisladores sino también la ciudadanía en general y específicamente las organizaciones de la sociedad civil.
Esto también nos da tranquilidad, y por otra parte, nos hace sentir que el debate sobre el presupuesto tiene sentido, porque tiene que ver con la posibilidad de que el año próximo se comience una etapa donde efectivamente la ley de presupuesto defina las estrategias y las políticas para el desarrollo de nuestro país.
SR. PRESIDENTE LASPINA Luego del presente debate pasaremos a tratar el proyecto sobre limitación a los denominados superpoderes, que va en la línea que plantea el señor diputado y que todos compartimos.
Tiene la palabra el señor diputado Snopek.
Tiene la palabra el señor diputado Snopek.
SR. SNOPEK Señor presidente: quiero mencionar algunas cuestiones respecto de las planillas de obras.
Como ya mencioné en otras ocasiones en esta Comisión de Presupuesto, he presentado un proyecto para modificar el artículo 15 de la ley de administración financiera. Creo que a la hora de votar el presupuesto, o quizás por separado, deberíamos incluirlo. Quizás en este presupuesto no sea posible, pero en definitiva lo que pretendemos es que en las planillas anexas del presupuesto se detalle con precisión la jurisdicción de cada una de las obras. Esto lo pedimos para que no ocurra lo que vemos ahora en las planillas anexas -y me refiero particularmente a la A, ya que todavía no tenemos a mano la B-, pues en muchos casos cuesta identificar dónde se realiza determinada obra. Algunos tramos de rutas no coinciden, porque cuando uno mira la traza, advierte que los kilómetros que figuran como pertenecientes a una provincia en realidad no corresponden a esa provincia.
Por eso es que queremos que esos anexos se confeccionen tal como se hacía en presupuestos anteriores, y no me refiero a los últimos sino a los de hace diez años atrás. En efecto, en cada uno de los ítems, tanto de las obras plurianuales como a las obras del presupuesto anual, debería figurar una columna en la que se detalle con precisión a qué jurisdicción del país se aplica el recurso.
Por otra parte, en la planilla A, que es la que tenemos ahora, vemos una enorme cantidad de obras destinadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para dar un ejemplo, esa planilla comienza con la construcción de la estación subterránea de Retiro, de las líneas Mitre y Sarmiento, por 2.000 millones de pesos; la construcción de la estación Central del Obelisco, por 14.000 millones de pesos, y el tramo acceso Riccheri-Puente de La Noria, por 700 millones de pesos.
Si bien las obras que están mencionadas en este proyecto de presupuesto en particular, que es del año 2017, tienen previstas partidas relativamente chicas, al aprobar la ley el Congreso de la Nación habilita a que sean licitadas y que en los años sucesivos, para no desfinanciarlas una vez que se empezaron y se pusieron en las planillas de obras plurianuales, deba llegarse a los montos aquí previstos. Se trata entonces de cuantiosos recursos los que figuran en la planilla A.
Quizás en la planilla B figuren las provincias y allí aparezcan las obras que hemos ido pidiendo los diputados, pero si uno suma el total de las planillas que abarcan las obras de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la región metropolitana, los montos son muy importantes. Si bien el soterramiento de la línea Sarmiento no figura con la dimensión que estaba en el proyecto de presupuesto original, que era de 45.000 millones de pesos, con esta aprobación habilitamos ese aspecto.
Lo otro que no vemos, y que quizás esté en una planilla C, se vincula con un compromiso asumido por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, cuando concurrió a esta comisión, frente a los diputados que hicimos uso de la palabra en ese momento, tanto de Salta como en mi caso, en cuanto a que iba a haber una planilla complementaria en lo que se refiere al Plan Belgrano.
No vemos reflejado en el presupuesto más que 62 millones de pesos a la Jefatura de Gabinete para el Plan Belgrano. Tampoco está esa planilla anexa que se habían comprometido a entregarnos y que hemos solicitado los diputados. Quería dejar esto manifestado.
Señor presidente: respecto del proyecto de ley de presupuesto estamos firmando un dictamen en disidencia parcial. En mi caso las disidencias se refieren a esto, y hay más disidencias. Además, otros legisladores de mi bloque han estado conversando para lograr un acuerdo en lo que hace a otras cuestiones del presupuesto. Asimismo, conociendo la planilla anexa B y la otra que usted nombró respecto de las universidades, también podremos saber si existen algunas consideraciones respecto de esto.
Por otra parte, quería hacer una consulta en relación con cómo terminó el tema del INTA. Creo que usted dijo la vez pasada que había un adicional de 400 millones respecto de lo que estaba previendo el INTA, es decir, de los 1.200 millones o los 1.140 millones que reclamaba. En nuestro caso, en lo relativo al norte, tiene que ver con programas vinculados con el control fitosanitario ya que el INTA tiene convenio tanto con el SENASA como con otras instituciones para encarar una lucha activa en el norte a fin de evitar el ingreso de algunas plagas y enfermedades. Para ello utiliza los laboratorios que tiene el INTA y que se usan a través de becarios, cuyos contratos estarían en riesgo si no se contemplan esos números en el presupuesto. Por estos motivos quería consultar sobre este tema.
Como ya mencioné en otras ocasiones en esta Comisión de Presupuesto, he presentado un proyecto para modificar el artículo 15 de la ley de administración financiera. Creo que a la hora de votar el presupuesto, o quizás por separado, deberíamos incluirlo. Quizás en este presupuesto no sea posible, pero en definitiva lo que pretendemos es que en las planillas anexas del presupuesto se detalle con precisión la jurisdicción de cada una de las obras. Esto lo pedimos para que no ocurra lo que vemos ahora en las planillas anexas -y me refiero particularmente a la A, ya que todavía no tenemos a mano la B-, pues en muchos casos cuesta identificar dónde se realiza determinada obra. Algunos tramos de rutas no coinciden, porque cuando uno mira la traza, advierte que los kilómetros que figuran como pertenecientes a una provincia en realidad no corresponden a esa provincia.
Por eso es que queremos que esos anexos se confeccionen tal como se hacía en presupuestos anteriores, y no me refiero a los últimos sino a los de hace diez años atrás. En efecto, en cada uno de los ítems, tanto de las obras plurianuales como a las obras del presupuesto anual, debería figurar una columna en la que se detalle con precisión a qué jurisdicción del país se aplica el recurso.
Por otra parte, en la planilla A, que es la que tenemos ahora, vemos una enorme cantidad de obras destinadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para dar un ejemplo, esa planilla comienza con la construcción de la estación subterránea de Retiro, de las líneas Mitre y Sarmiento, por 2.000 millones de pesos; la construcción de la estación Central del Obelisco, por 14.000 millones de pesos, y el tramo acceso Riccheri-Puente de La Noria, por 700 millones de pesos.
Si bien las obras que están mencionadas en este proyecto de presupuesto en particular, que es del año 2017, tienen previstas partidas relativamente chicas, al aprobar la ley el Congreso de la Nación habilita a que sean licitadas y que en los años sucesivos, para no desfinanciarlas una vez que se empezaron y se pusieron en las planillas de obras plurianuales, deba llegarse a los montos aquí previstos. Se trata entonces de cuantiosos recursos los que figuran en la planilla A.
Quizás en la planilla B figuren las provincias y allí aparezcan las obras que hemos ido pidiendo los diputados, pero si uno suma el total de las planillas que abarcan las obras de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la región metropolitana, los montos son muy importantes. Si bien el soterramiento de la línea Sarmiento no figura con la dimensión que estaba en el proyecto de presupuesto original, que era de 45.000 millones de pesos, con esta aprobación habilitamos ese aspecto.
Lo otro que no vemos, y que quizás esté en una planilla C, se vincula con un compromiso asumido por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, cuando concurrió a esta comisión, frente a los diputados que hicimos uso de la palabra en ese momento, tanto de Salta como en mi caso, en cuanto a que iba a haber una planilla complementaria en lo que se refiere al Plan Belgrano.
No vemos reflejado en el presupuesto más que 62 millones de pesos a la Jefatura de Gabinete para el Plan Belgrano. Tampoco está esa planilla anexa que se habían comprometido a entregarnos y que hemos solicitado los diputados. Quería dejar esto manifestado.
Señor presidente: respecto del proyecto de ley de presupuesto estamos firmando un dictamen en disidencia parcial. En mi caso las disidencias se refieren a esto, y hay más disidencias. Además, otros legisladores de mi bloque han estado conversando para lograr un acuerdo en lo que hace a otras cuestiones del presupuesto. Asimismo, conociendo la planilla anexa B y la otra que usted nombró respecto de las universidades, también podremos saber si existen algunas consideraciones respecto de esto.
Por otra parte, quería hacer una consulta en relación con cómo terminó el tema del INTA. Creo que usted dijo la vez pasada que había un adicional de 400 millones respecto de lo que estaba previendo el INTA, es decir, de los 1.200 millones o los 1.140 millones que reclamaba. En nuestro caso, en lo relativo al norte, tiene que ver con programas vinculados con el control fitosanitario ya que el INTA tiene convenio tanto con el SENASA como con otras instituciones para encarar una lucha activa en el norte a fin de evitar el ingreso de algunas plagas y enfermedades. Para ello utiliza los laboratorios que tiene el INTA y que se usan a través de becarios, cuyos contratos estarían en riesgo si no se contemplan esos números en el presupuesto. Por estos motivos quería consultar sobre este tema.
SR. PRESIDENTE LASPINA Estoy buscando lo del INTA para responderle, señor diputado, porque estaba aquí y quiero chequearlo. Tengo que buscar en el artículo 16, estaba por allí.
Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE LASPINA Aquí está: son 300 millones al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, artículo 16.
En realidad, cuando di lectura omití algunos puntos. Por ejemplo, hay 40 millones a la Fundación Miguel Lillo y no lo mencioné, entre otros temas. Pero lo que usted me consulta está aquí. Como dije, son 300 millones en lo relativo al INTA.
Con relación a las planillas, están siendo distribuidas en este momento; creo que ya le han acercado una. Me refiero a la planilla del anexo B.
Cabe señalar que el formato de la planilla puede motivar una discusión cuando se debata la implementación del artículo 77 de este proyecto, que es una presentación del presupuesto.
Tanto lo referido al Plan Belgrano como el formato de las planillas puede ser motivo de discusión cuando se implemente este programa que se incorpora ahora, establecido en el artículo 77, que le solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas que presente una propuesta de formato distinto del presupuesto. Ahí podríamos evaluar esta cuestión, incluyendo el Plan Belgrano.
En este sentido yo hice el pedido. Pero nosotros como Poder Legislativo, para obligar al Poder Ejecutivo, tenemos que sancionar una ley. Por teléfono la respuesta es a veces relativa. Así que pido disculpas si no llegó la planilla que habíamos comprometido, pero la verdad es que es difícil con tantas cosas coordinar ese delivery en tiempo y forma.
Me parece que sería bueno discutir esto en el marco del artículo 77. Por ejemplo, que se incorpore una planilla especial para determinados programas. En este caso, la unidad ejecutora Plan Belgrano o como se llame.
No tengo más oradores anotados para referirse al proyecto de ley de presupuesto 2017. Por tal motivo, pasamos ahora a la consideración del proyecto de ley contenido en el expediente 0032-pe-2016, referido a la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera, más comúnmente conocido como "superpoderes al jefe de Gabinete" para reasignar a piacere las partidas del presupuesto nacional.
Nosotros pedíamos reformarlo cuando éramos oposición y apoyamos esta modificación ahora que somos miembros del frente que está a cargo del Poder Ejecutivo nacional.
Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
En realidad, cuando di lectura omití algunos puntos. Por ejemplo, hay 40 millones a la Fundación Miguel Lillo y no lo mencioné, entre otros temas. Pero lo que usted me consulta está aquí. Como dije, son 300 millones en lo relativo al INTA.
Con relación a las planillas, están siendo distribuidas en este momento; creo que ya le han acercado una. Me refiero a la planilla del anexo B.
Cabe señalar que el formato de la planilla puede motivar una discusión cuando se debata la implementación del artículo 77 de este proyecto, que es una presentación del presupuesto.
Tanto lo referido al Plan Belgrano como el formato de las planillas puede ser motivo de discusión cuando se implemente este programa que se incorpora ahora, establecido en el artículo 77, que le solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas que presente una propuesta de formato distinto del presupuesto. Ahí podríamos evaluar esta cuestión, incluyendo el Plan Belgrano.
En este sentido yo hice el pedido. Pero nosotros como Poder Legislativo, para obligar al Poder Ejecutivo, tenemos que sancionar una ley. Por teléfono la respuesta es a veces relativa. Así que pido disculpas si no llegó la planilla que habíamos comprometido, pero la verdad es que es difícil con tantas cosas coordinar ese delivery en tiempo y forma.
Me parece que sería bueno discutir esto en el marco del artículo 77. Por ejemplo, que se incorpore una planilla especial para determinados programas. En este caso, la unidad ejecutora Plan Belgrano o como se llame.
No tengo más oradores anotados para referirse al proyecto de ley de presupuesto 2017. Por tal motivo, pasamos ahora a la consideración del proyecto de ley contenido en el expediente 0032-pe-2016, referido a la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera, más comúnmente conocido como "superpoderes al jefe de Gabinete" para reasignar a piacere las partidas del presupuesto nacional.
Nosotros pedíamos reformarlo cuando éramos oposición y apoyamos esta modificación ahora que somos miembros del frente que está a cargo del Poder Ejecutivo nacional.
Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: efectivamente, durante años solicitamos que se modificara este artículo de la ley, justamente para que el presupuesto, después de un largo debate en ambas Cámaras del Congreso y con las facultades que la Constitución Nacional concede al Poder Legislativo, no termine siendo cualquier otra cosa. En ese sentido, la modificación costó y se hizo esperar, pero llegó.
Solamente quisiera proponer un agregado, que también tiene que ver con el conocimiento de las modificaciones que se hacen. El párrafo, previo a "La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar...", etcétera, diría lo siguiente: "Las reestructuraciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros en función de las facultades establecidas en el presente artículo deberán ser notificadas fehacientemente a ambas comisiones de Presupuesto y Hacienda dentro de los cinco días hábiles de su dictado, especificándose los montos dinerarios, finalidades de gastos, metas físicas, programas, etcétera".
Solamente quisiera proponer un agregado, que también tiene que ver con el conocimiento de las modificaciones que se hacen. El párrafo, previo a "La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar...", etcétera, diría lo siguiente: "Las reestructuraciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros en función de las facultades establecidas en el presente artículo deberán ser notificadas fehacientemente a ambas comisiones de Presupuesto y Hacienda dentro de los cinco días hábiles de su dictado, especificándose los montos dinerarios, finalidades de gastos, metas físicas, programas, etcétera".
SR. PRESIDENTE LASPINA Coincido con la incorporación; lo podemos debatir con el resto de los bloques, a ver si logramos en este caso la unanimidad en el dictamen, al menos de los diputados presentes.
El señor diputado Lavagna me hace señas de que quiere que los "minipoderes" sean aun más "minipoderes"; no se da por vencido. (Risas.)
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
El señor diputado Lavagna me hace señas de que quiere que los "minipoderes" sean aun más "minipoderes"; no se da por vencido. (Risas.)
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: simplemente quiero aclarar que costó un poquito sacarles los superpoderes. Ahora, como oficialismo, hubo que arrancarles un poquito. Tuvieron la predisposición de tratarlo, pero venimos pidiéndolo desde que se arregló con los holdouts. Me parece muy bueno que podamos estar avanzando ahora sobre este tema. Siempre se puede poner un recorte un poquito más fuerte sobre los superpoderes, pero creo que hemos alcanzado una fórmula interesante, que seguramente tendremos que seguir trabajando.
SR. PRESIDENTE LASPINA Lo que tenemos que debatir en esta comisión, que ya se ha venido hablando de manera informal e incluso hasta por los medios, es la necesidad de encontrar un equilibrio entre el ciento por ciento de atribuciones que tenía el Poder Ejecutivo nacional para modificar el presupuesto y la nada misma, que dejaría sin ningún tipo de flexibilidad a un gobierno y a un Estado que todavía están en una etapa de transformación, adaptando programas, mejorando la eficiencia, que tienen que tener flexibilidad para responder a situaciones cambiantes en materia social, económica y ambiental.
Coincidimos en la reducción de los superpoderes. Nos habíamos comprometido a tratarlo con la ley de presupuesto y aquí estamos. Creemos sí que tenemos que avanzar gradualmente, para lograr una convergencia que tiene que ir de la mano de mejoras en la calidad de la discusión presupuestaria dentro del propio Congreso.
A medida que el Congreso va teniendo más funciones en materia presupuestaria, tal como lo prescribe la Constitución Nacional, también debemos tener las herramientas y la cultura política para poder administrar esa gran responsabilidad.
En materia de herramientas, tenemos que trabajar en la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, y en materia de cultura presupuestaria, todos los diputados, y en particular los que integramos la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tenemos una especial obligación por ser personas que hemos venido, desde el ejercicio de la función pública o desde nuestra formación o vocación, trabajando en materia de ejecución presupuestaria y sabiendo la importancia de respetar las reglas fiscales, la prudencia fiscal y los equilibrios fiscales. Por lo tanto, como ocurre en otros Parlamentos del mundo, esta Comisión de Presupuesto tiene que ser el principal resguardo de la racionalidad fiscal no solo en el propio Congreso sino en la Argentina. De manera que tenemos que ir trabajando en esa cultura, motivo por el cual creemos que es necesario tener cierta gradualidad.
Coincidimos en la reducción de los superpoderes. Nos habíamos comprometido a tratarlo con la ley de presupuesto y aquí estamos. Creemos sí que tenemos que avanzar gradualmente, para lograr una convergencia que tiene que ir de la mano de mejoras en la calidad de la discusión presupuestaria dentro del propio Congreso.
A medida que el Congreso va teniendo más funciones en materia presupuestaria, tal como lo prescribe la Constitución Nacional, también debemos tener las herramientas y la cultura política para poder administrar esa gran responsabilidad.
En materia de herramientas, tenemos que trabajar en la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, y en materia de cultura presupuestaria, todos los diputados, y en particular los que integramos la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tenemos una especial obligación por ser personas que hemos venido, desde el ejercicio de la función pública o desde nuestra formación o vocación, trabajando en materia de ejecución presupuestaria y sabiendo la importancia de respetar las reglas fiscales, la prudencia fiscal y los equilibrios fiscales. Por lo tanto, como ocurre en otros Parlamentos del mundo, esta Comisión de Presupuesto tiene que ser el principal resguardo de la racionalidad fiscal no solo en el propio Congreso sino en la Argentina. De manera que tenemos que ir trabajando en esa cultura, motivo por el cual creemos que es necesario tener cierta gradualidad.
SR. ZILIOTTO Señor presidente: ¿puede dar lectura a la propuesta?
SR. PRESIDENTE LASPINA Enseguida lo hago, diputado.
El dictamen al que estamos llegando plantea esa gradualidad. También plantea una restricción adicional a los superpoderes que hacen incluso más restrictiva la flexibilidad de lo que planteó el Poder Ejecutivo nacional, que ya era bastante agresiva porque consistía en bajar gradualmente al 5 por ciento del presupuesto de cada año.
Lo que está proponiendo la mayoría de los miembros de esta comisión -después deberá ponerse a consideración del conjunto de los diputados- es la siguiente redacción: "Artículo 1º: Sustitúyese el artículo 37 de la ley 24.156 de administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional y sus modificaciones, por el siguiente: 'Artículo 37: Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieren a gastos reservados y de inteligencia. El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del monto total aprobado. Dichas reestructuraciones no podrán superar el 7,5 por ciento para el ejercicio 2017 y el 5 por ciento para el ejercicio 2018 y siguientes del monto total aprobado por cada ley de presupuesto, ni el 15 por ciento del presupuesto aprobado por finalidad cuando se trate de incrementos de gastos corrrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras y/o modificaciones en la distribución de las finalidades. A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.917. La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarias durante su ejecución'".
Debo agregar a este párrafo lo solicitado por el señor diputado Sánchez, que ya fue leído. Sugiero agregarlo en el orden que propuso el diputado Sánchez.
El dictamen al que estamos llegando plantea esa gradualidad. También plantea una restricción adicional a los superpoderes que hacen incluso más restrictiva la flexibilidad de lo que planteó el Poder Ejecutivo nacional, que ya era bastante agresiva porque consistía en bajar gradualmente al 5 por ciento del presupuesto de cada año.
Lo que está proponiendo la mayoría de los miembros de esta comisión -después deberá ponerse a consideración del conjunto de los diputados- es la siguiente redacción: "Artículo 1º: Sustitúyese el artículo 37 de la ley 24.156 de administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional y sus modificaciones, por el siguiente: 'Artículo 37: Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieren a gastos reservados y de inteligencia. El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del monto total aprobado. Dichas reestructuraciones no podrán superar el 7,5 por ciento para el ejercicio 2017 y el 5 por ciento para el ejercicio 2018 y siguientes del monto total aprobado por cada ley de presupuesto, ni el 15 por ciento del presupuesto aprobado por finalidad cuando se trate de incrementos de gastos corrrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras y/o modificaciones en la distribución de las finalidades. A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.917. La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarias durante su ejecución'".
Debo agregar a este párrafo lo solicitado por el señor diputado Sánchez, que ya fue leído. Sugiero agregarlo en el orden que propuso el diputado Sánchez.
SR. GRANDINETTI ¿Puede leer la última parte, señor presidente?
SR. PRESIDENTE LASPINA La última parte queda tal como la acabo de leer. Dice así: "La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarias durante su ejecución".
SR. GRANDINETTI Me refería a lo que había leído antes.
SR. PRESIDENTE LASPINA Dice así: "Dichas reestructuraciones no podrán superar el 7,5 por ciento para el ejercicio 2017 y el 5 por ciento para el ejercicio 2018 y siguientes del monto total aprobado por cada ley de presupuesto, ni el 15 por ciento del presupuesto aprobado por finalidad cuando se trate de incrementos de gastos corrrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras y/o modificaciones en la distribución de las finalidades".
Diputado Sánchez: ¿dónde sugería incorporar la modificación? Le pido que lo vuelva a leer.
Diputado Sánchez: ¿dónde sugería incorporar la modificación? Le pido que lo vuelva a leer.
SR. SÁNCHEZ Dice así: "Las reestructuraciones realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros en función de las facultades establecidas en el presente artículo deberán ser notificadas fehacientemente a ambas comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación dentro de los cinco día hábiles de su dictado, especificándose los montos dinerarios, finalidades del gasto, metas físicas y programas modificados".
SR. PRESIDENTE LASPINA Diputado Lavagna: ¿qué opina usted que no creía en la firmeza del oficialismo para exigir?
Tiene la palabra el señor diputado Solá.
Tiene la palabra el señor diputado Solá.
SR. SOLÁ Señor presidente: quisiera hacer un solo comentario que, si bien hace al presupuesto, también tiene relación con lo que estamos discutiendo. Es para no olvidar, para hacer memoria.
Los superpoderes que nosotros discutimos, comparándolos con aquellos superpoderes que permiten firmar un DNU y cambiar la mitad del presupuesto con la aprobación de una sola de las cámaras, no son superpoderes sino que son pequeñísimos poderes, y eso no se ha modificado.
Es decir que el Congreso está en una situación de desmedro frente a un DNU porque se pueden pasar 500 mil millones para un lado o para el otro.
Los superpoderes que nosotros discutimos, comparándolos con aquellos superpoderes que permiten firmar un DNU y cambiar la mitad del presupuesto con la aprobación de una sola de las cámaras, no son superpoderes sino que son pequeñísimos poderes, y eso no se ha modificado.
Es decir que el Congreso está en una situación de desmedro frente a un DNU porque se pueden pasar 500 mil millones para un lado o para el otro.
SR. PRESIDENTE LASPINA Esta es una discusión un poco más técnica, más allá de que el DNU está en la Constitución Nacional y de que podemos discutir las atribuciones del Poder Ejecutivo.
SR. SOLÁ Lo que digo es que antes ustedes también votaban en contra de estas formas de aprobar los DNU. ¡Recuerden!
SR. PRESIDENTE LASPINA Gracias, diputado, por este momento. (Risas.)
Voy a dar una explicación sobre las dos cosas. Los presupuestos en los últimos años tenían por regla general una subestimación importante de los recursos. Esto generaba que el Poder Ejecutivo nacional hiciera uso de los DNU para subir los techos presupuestarios en lugar de aprobar una ley.
En ese uso de los DNU para subir los techos presupuestarios, que surgían como consecuencia de que había una gran subestimación de los recursos al momento de votar la ley de presupuesto original, se permitía incorporar un montón de partidas que, de estar bien calculados los recursos, hubiesen tenido que generarse a partir del uso de los superpoderes y de la distribución de los superpoderes.
¿Qué quiero decir con esto? Si uno asume que la proyección de recursos del año que viene está bien hecha -he escuchado algunas voces que dicen que está sobreestimada y otras que está subestimada, lo que quiere decir que en promedio estaría bien presupuestada-, el Poder Ejecutivo nacional va a estar impedido de tener tanto margen para subir techos presupuestarios sin hacer uso de un aumento desmedido del déficit fiscal. Al no tener ese recurso, necesariamente tienen que subir determinadas partidas a través del uso de estos superpoderes.
Con esto quiero decir que nosotros tuvimos que usar los superpoderes este año porque teníamos un presupuesto con una mala estimación de recursos, lo que hizo que el Poder Ejecutivo nacional debiera subir las partidas. No digo que esto ocurriera en todos los casos, pero sí en materia de jubilaciones y planes sociales, en función de que las movilidades han sido distintas y los recursos han sido más altos. En cuanto al artículo 37, va a tener un rol mucho más importante porque no van a existir esos márgenes para disponer de recursos adicionales mediante aumento del techo presupuestario, que por supuesto se puede hacer a través de una ley del Congreso o de un DNU.
Debido a que ese exceso de recursos no va a darse necesariamente, se va a poner en ejercicio esta facultad, o en el caso de chocar contra el techo, por la restricción a esta facultad, deberá venir al Congreso y discutirlo.
No quiero decir con esto que los superpoderes dejen de tener un rol importante, pero sí empiezan a bajar su relevancia con respecto a la que tuvieron en los últimos años, en la medida en que se están utilizando proyecciones de recursos más realistas.
Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
Voy a dar una explicación sobre las dos cosas. Los presupuestos en los últimos años tenían por regla general una subestimación importante de los recursos. Esto generaba que el Poder Ejecutivo nacional hiciera uso de los DNU para subir los techos presupuestarios en lugar de aprobar una ley.
En ese uso de los DNU para subir los techos presupuestarios, que surgían como consecuencia de que había una gran subestimación de los recursos al momento de votar la ley de presupuesto original, se permitía incorporar un montón de partidas que, de estar bien calculados los recursos, hubiesen tenido que generarse a partir del uso de los superpoderes y de la distribución de los superpoderes.
¿Qué quiero decir con esto? Si uno asume que la proyección de recursos del año que viene está bien hecha -he escuchado algunas voces que dicen que está sobreestimada y otras que está subestimada, lo que quiere decir que en promedio estaría bien presupuestada-, el Poder Ejecutivo nacional va a estar impedido de tener tanto margen para subir techos presupuestarios sin hacer uso de un aumento desmedido del déficit fiscal. Al no tener ese recurso, necesariamente tienen que subir determinadas partidas a través del uso de estos superpoderes.
Con esto quiero decir que nosotros tuvimos que usar los superpoderes este año porque teníamos un presupuesto con una mala estimación de recursos, lo que hizo que el Poder Ejecutivo nacional debiera subir las partidas. No digo que esto ocurriera en todos los casos, pero sí en materia de jubilaciones y planes sociales, en función de que las movilidades han sido distintas y los recursos han sido más altos. En cuanto al artículo 37, va a tener un rol mucho más importante porque no van a existir esos márgenes para disponer de recursos adicionales mediante aumento del techo presupuestario, que por supuesto se puede hacer a través de una ley del Congreso o de un DNU.
Debido a que ese exceso de recursos no va a darse necesariamente, se va a poner en ejercicio esta facultad, o en el caso de chocar contra el techo, por la restricción a esta facultad, deberá venir al Congreso y discutirlo.
No quiero decir con esto que los superpoderes dejen de tener un rol importante, pero sí empiezan a bajar su relevancia con respecto a la que tuvieron en los últimos años, en la medida en que se están utilizando proyecciones de recursos más realistas.
Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Señor presidente: en la misma tesitura del diputado Sánchez, y para mejorar aun más la redacción, hay un pasaje del tercer párrafo, que es el que habla de los porcentajes, que dice: "...cuando se trate de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras y/o modificación en la distribución de finalidades". En cierta manera, esta redacción puede dar lugar a una doble interpretación, ya que puede pensarse que las restricciones que estamos poniendo sólo podrían corresponder a esos escenarios. Por eso planteamos la modificación.
El tercer párrafo del artículo modificado quedaría, entonces, así: "Dichas reestructuraciones no podrán superar el 7,5 por ciento para el ejercicio 2017". Usted, señor presidente, le agregó el 5 por ciento para el 2018 y el 15 por ciento del presupuesto aprobado por finalidad. La redacción que agregaría es: "...quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades".
En la redacción que habla de incrementos "en detrimento de" estamos circunscribiendo algo que no es todo lo que está restringido. Pienso que hay que sacar la posibilidad de interpretación para el funcionario de turno, tanto el actual como el que pueda venir. Esa es la propuesta de modificación. Nos remitimos a la redacción actual de ese párrafo del artículo 37.
El tercer párrafo del artículo modificado quedaría, entonces, así: "Dichas reestructuraciones no podrán superar el 7,5 por ciento para el ejercicio 2017". Usted, señor presidente, le agregó el 5 por ciento para el 2018 y el 15 por ciento del presupuesto aprobado por finalidad. La redacción que agregaría es: "...quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades".
En la redacción que habla de incrementos "en detrimento de" estamos circunscribiendo algo que no es todo lo que está restringido. Pienso que hay que sacar la posibilidad de interpretación para el funcionario de turno, tanto el actual como el que pueda venir. Esa es la propuesta de modificación. Nos remitimos a la redacción actual de ese párrafo del artículo 37.
SR. PRESIDENTE LASPINA Quedando comprendidas las modificaciones que involucren gastos de capital, aplicaciones financieras, etcétera, quedaría más limitado el pase de gastos corrientes a gastos de capital.
SR. ZILIOTTO Se limita todo al 15 por ciento.
SR. LAVAGNA En su momento, discutimos este tema; es lo que está previsto. Mi interpretación es exactamente la misma, pero la redacción que propone el diputado me parece que termina de dejarlo claro. Es decir, no hay duda al respecto, porque va en la línea de lo que está puesto originalmente.
SR. PRESIDENTE LASPINA Es bastante más restrictivo y limita más la posibilidad de aumentar las obras.
SR. ZILIOTTO Si nosotros mantenemos la redacción que habla de incrementos "en detrimento", solamente nos circunscribimos a cuando se incrementan gastos corrientes contra gastos de capital, contra aplicaciones financieras, y solamente a esa pequeña porción le agregamos el tope del 15 por ciento. Queremos hacerlo global, porque es el sentido del artículo.
Es más, la expresión "en detrimento" está incluida en la redacción original del artículo de la ley, del 1992, cuando la ley establecía que no había ningún tipo de posibilidad. Siempre las reestructuraciones pasaban por el Poder Legislativo. Creo que se ha tomado, pero en cierta manera le da discrecionalidad o libre interpretación del funcionario de turno.
Es más, la expresión "en detrimento" está incluida en la redacción original del artículo de la ley, del 1992, cuando la ley establecía que no había ningún tipo de posibilidad. Siempre las reestructuraciones pasaban por el Poder Legislativo. Creo que se ha tomado, pero en cierta manera le da discrecionalidad o libre interpretación del funcionario de turno.
SR. LAVAGNA Además, creo que no implica una restricción más grande, porque hoy está operando al 15 por ciento con lo cual es más una cuestión de redacción que un cambio en las atribuciones, porque si hoy uno quisiera aumentar por encima del 15 por ciento, ya no podría hacerlo, con lo cual no le coloca una restricción mayor. Esa es mi interpretación. Para mí, no cambia el sentido, por el contrario, deja más clara la redacción.
SR. PRESIDENTE LASPINA Señor diputado Ziliotto: ¿puede leer nuevamente la propuesta?
SR. ZILIOTTO No tengo el texto de lo que propuso en el tercer párrafo. Después de la palabra "finalidad" cambiamos lo que figura actualmente. Ahora dice: "Cuando se trate de incrementos de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras y/o modificaciones en la distribución de las finalidades...". La propuesta es que a partir de la palabra "finalidad" se coloque el siguiente párrafo: "...quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las utilidades."
SR. PRESIDENTE LASPINA Es cierto lo que dice respecto de volver a la redacción anterior, que era neutral en cuanto a que como el jefe de gabinete podía hacer el ciento por ciento de lo que quería, básicamente, no había ninguna restricción. El tema es que tenemos que ser cuidadosos en no contar, por ejemplo, a las reestructuraciones que se hacen dentro del gasto de capital. Ello, aun sin afectar finalidades.
Es cierto que hoy por hoy se trata de resoluciones administrativas que se toman dentro de cada finalidad, pero como quedaría redactado de esta forma computarían, por ejemplo, dentro del 5 por ciento. De modo tal que si Vialidad Nacional quiere cumplir con el pedido del señor diputado Borsani porque la partida destinada a la ruta 40 es insuficiente y quiere modificarla, quizás se vería computada esa modificación que hoy se puede hacer por una resolución administrativa -y esto lo tengo que verificar- dentro del límite del 5 por ciento. Es por ello que nuestro bloque necesita más tiempo para revisar esta redacción a fin de no caer en una situación que sea excesivamente limitada.
Es cierto que hoy por hoy se trata de resoluciones administrativas que se toman dentro de cada finalidad, pero como quedaría redactado de esta forma computarían, por ejemplo, dentro del 5 por ciento. De modo tal que si Vialidad Nacional quiere cumplir con el pedido del señor diputado Borsani porque la partida destinada a la ruta 40 es insuficiente y quiere modificarla, quizás se vería computada esa modificación que hoy se puede hacer por una resolución administrativa -y esto lo tengo que verificar- dentro del límite del 5 por ciento. Es por ello que nuestro bloque necesita más tiempo para revisar esta redacción a fin de no caer en una situación que sea excesivamente limitada.
SR. ZILIOTTO A efectos de lograr la mejor redacción y que no queden dudas a nadie, podemos dejarla como está, plantear este tema en el recinto y tratarlo en esa instancia.
SR. PRESIDENTE LASPINA Eso me parece una muy buena alternativa, así hoy podemos dictaminar y debatir esa cuestión el miércoles.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: la discusión de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo para distribuir partidas fue muy discutida en el año 2006. El título de "superpoderes" lo pusieron los periodistas. Yo no creo que sean "superpoderes"; pienso que son atribuciones de excepción que tiene el Poder Ejecutivo.
Quien tiene la facultad de fijar el presupuesto es el Congreso de la Nación. Durante estos años, entre el déficit y la aprobación de una norma que le da más atribuciones al Poder Ejecutivo, hay una correlación: más atribuciones, más déficit.
El Poder Ejecutivo plantea ahora una merma en esas atribuciones. El Poder Legislativo está sugiriendo un sendero incluso más restrictivo que el que propone el Poder Ejecutivo. Pero lo que pretendemos con esta redacción es clarificar. Primero, teniendo en cuenta lo que pasó en estos años, porque la redacción es la misma que hubo en los años anteriores. Segundo, clarificar la redacción de manera tal que si el Poder Legislativo quiere recuperar atribuciones -como lo está planteando este Congreso desde esta comisión-, por lo menos sigamos en la misma línea de ejercicios anteriores.
No hay ninguna situación en detrimento del Poder Ejecutivo. Todo lo contrario; me parece que existen los mismos grados de libertad que había antes, acotados a una propia restricción que se ha planteado el Poder Ejecutivo.
Quien tiene la facultad de fijar el presupuesto es el Congreso de la Nación. Durante estos años, entre el déficit y la aprobación de una norma que le da más atribuciones al Poder Ejecutivo, hay una correlación: más atribuciones, más déficit.
El Poder Ejecutivo plantea ahora una merma en esas atribuciones. El Poder Legislativo está sugiriendo un sendero incluso más restrictivo que el que propone el Poder Ejecutivo. Pero lo que pretendemos con esta redacción es clarificar. Primero, teniendo en cuenta lo que pasó en estos años, porque la redacción es la misma que hubo en los años anteriores. Segundo, clarificar la redacción de manera tal que si el Poder Legislativo quiere recuperar atribuciones -como lo está planteando este Congreso desde esta comisión-, por lo menos sigamos en la misma línea de ejercicios anteriores.
No hay ninguna situación en detrimento del Poder Ejecutivo. Todo lo contrario; me parece que existen los mismos grados de libertad que había antes, acotados a una propia restricción que se ha planteado el Poder Ejecutivo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Coincido con usted, señor diputado Bossio. Mantenemos el espíritu, pero debemos tomarnos un tiempo más para estudiar las implicancias de esta redacción en el marco de cómo operan las restricciones.
Esa redacción, sin restricciones, era inocua. Con las restricciones, se puede incorporar que aun habiendo cambios en las partidas -que son normales en la ejecución de un presupuesto, se disponen muchas veces incluso con resoluciones administrativas de un ministerio-, podrían estar incorporadas dentro de una modificación del 5 por ciento. Por ejemplo, si se mueven gastos de capital de la ruta 34 a la 40. Esto tiene que ver con un ritmo de ejecución de Vialidad Nacional y es algo que hoy puede hacerse. Pero quizás según esta redacción eso quedaría computado como parte de ese 5 por ciento de movimiento máximo. Eso es lo que quiero verificar, de forma tal de que no generemos una traba excesiva.
Una cosa es asignarle a Vialidad Nacional determinado presupuesto para ciertas obras, y otra es atarle las manos para que no pueda ejecutar la obra A, que va más rápido que la obra B, simplemente por una restricción del 5 por ciento.
Esa redacción, sin restricciones, era inocua. Con las restricciones, se puede incorporar que aun habiendo cambios en las partidas -que son normales en la ejecución de un presupuesto, se disponen muchas veces incluso con resoluciones administrativas de un ministerio-, podrían estar incorporadas dentro de una modificación del 5 por ciento. Por ejemplo, si se mueven gastos de capital de la ruta 34 a la 40. Esto tiene que ver con un ritmo de ejecución de Vialidad Nacional y es algo que hoy puede hacerse. Pero quizás según esta redacción eso quedaría computado como parte de ese 5 por ciento de movimiento máximo. Eso es lo que quiero verificar, de forma tal de que no generemos una traba excesiva.
Una cosa es asignarle a Vialidad Nacional determinado presupuesto para ciertas obras, y otra es atarle las manos para que no pueda ejecutar la obra A, que va más rápido que la obra B, simplemente por una restricción del 5 por ciento.
SR. BOSSIO El 7,5 por ciento son casi 200.000 millones de pesos. Ese es un número mucho más importante que el presupuesto total de Vialidad, con lo cual no tendrá atada ninguna mano. Lo que tiene que hacer Vialidad es cumplir con las pautas presupuestarias y con las obras consignadas en el presupuesto.
En este sentido el presupuesto para el año que viene será una expresión de política, y posiblemente también lo sea para los próximos años.
Creo que el 7,5 por ciento como límite es un número suficientemente alto, y puedo dar un dato adicional: si no me equivoco, a lo largo de todos estos años la utilización de esta atribución del Poder Ejecutivo nunca superó el 7 por ciento, con lo cual el 7,5 hasta puede ser un número absolutamente abstracto. De cualquier manera, me parece que debemos buscar una solución a esa redacción.
En este sentido el presupuesto para el año que viene será una expresión de política, y posiblemente también lo sea para los próximos años.
Creo que el 7,5 por ciento como límite es un número suficientemente alto, y puedo dar un dato adicional: si no me equivoco, a lo largo de todos estos años la utilización de esta atribución del Poder Ejecutivo nunca superó el 7 por ciento, con lo cual el 7,5 hasta puede ser un número absolutamente abstracto. De cualquier manera, me parece que debemos buscar una solución a esa redacción.
SR. PRESIDENTE LASPINA Son 200.000 millones de pesos en un presupuesto de 2,3 billones. O sea que hay que ponerlos en esa escala. Pero pensemos en la posibilidad de hacer un refuerzo de las partidas de gasto social el año que viene por -Dios no lo permita- situaciones como inundaciones u otras catástrofes. Si bien estamos hablando de reasignaciones que en la magnitud de nuestro presupuesto no son tan terribles, debemos tener cuidado con esto. No digo que sea poco, sino que si computamos como parte de ese 5 por ciento cualquier resolución interna del ministerio, eso sí puede ser un riesgo.
Lo que queremos evitar es que, en función de esa mala interpretación algún funcionario o el propio jefe de gabinete, tengan alguna imputación por incumplimiento de esta ley cuando en realidad estamos aprobando otro espíritu en la iniciativa. Por eso quiero tomar un tiempo para ver este tema.
Respecto del 7 por ciento histórico -se lo decía al señor diputado Solá- considero que es bajo, porque había mucho uso de los DNU, que permitían subir partidas y reasignarlas a lo que faltara. Entonces, cuando sobraban recursos, con un DNU se subían los créditos presupuestarios, y también se utilizaban para reforzar las partidas que te faltaban.
Entonces, no había que sacarle al área de Defensa para dárselo a Educación; se hacía con un DNU. Ahora, que los recursos están bien computados, esto es una restricción mucho más fuerte y tenemos que ser muy cuidadosos.
Tomo la propuesta del señor diputado Ziliotto en cuanto a incorporar las modificaciones que se han puntualizado hoy, las que ha solicitado el bloque Justicialista, el Frente Renovador y el diputado Sánchez, y solicito unos días más para evaluar la propuesta del señor diputado Ziliotto.
Quiero comentarles que tenemos tiempo hasta las 19 horas como máximo para presentar todos los dictámenes de minoría, a fin de llegar con este material impreso a la sesión del miércoles, donde está previsto el tratamiento de estos temas.
Si no hay más señores diputados que quieran hacer uso de la palabra, damos por finalizada esta reunión de comisión.
Lo que queremos evitar es que, en función de esa mala interpretación algún funcionario o el propio jefe de gabinete, tengan alguna imputación por incumplimiento de esta ley cuando en realidad estamos aprobando otro espíritu en la iniciativa. Por eso quiero tomar un tiempo para ver este tema.
Respecto del 7 por ciento histórico -se lo decía al señor diputado Solá- considero que es bajo, porque había mucho uso de los DNU, que permitían subir partidas y reasignarlas a lo que faltara. Entonces, cuando sobraban recursos, con un DNU se subían los créditos presupuestarios, y también se utilizaban para reforzar las partidas que te faltaban.
Entonces, no había que sacarle al área de Defensa para dárselo a Educación; se hacía con un DNU. Ahora, que los recursos están bien computados, esto es una restricción mucho más fuerte y tenemos que ser muy cuidadosos.
Tomo la propuesta del señor diputado Ziliotto en cuanto a incorporar las modificaciones que se han puntualizado hoy, las que ha solicitado el bloque Justicialista, el Frente Renovador y el diputado Sánchez, y solicito unos días más para evaluar la propuesta del señor diputado Ziliotto.
Quiero comentarles que tenemos tiempo hasta las 19 horas como máximo para presentar todos los dictámenes de minoría, a fin de llegar con este material impreso a la sesión del miércoles, donde está previsto el tratamiento de estos temas.
Si no hay más señores diputados que quieran hacer uso de la palabra, damos por finalizada esta reunión de comisión.