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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 01/12/2016
- GANANCIAS Y EMERGENCIAS
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al primer día del mes de diciembre de 2016, a la hora 14 y 28:
SR. PRESIDENTE LASPINA Damos inicio a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de ley del señor diputado Grosso y otros contenido en el expediente
8438-d-2016.
Debo señalar, tal cual me lo han manifestado algunos colegas diputados, que el decreto 1.194/16, publicado en el Boletín Oficial, autoriza el tratamiento, en sesiones extraordinarias, de los proyectos relativos a emergencia social. No hace mención a proyecto alguno en particular.
No obstante, comunico a mis pares, que en los términos del artículo 122 del reglamento, tengo a la vista el proyecto de ley contenido en el expediente 0278-s-2016, venido en revisión del Honorable Senado, como parte de las iniciativas que serán puestas a consideración en esta reunión.
Según la lista de oradores que tengo en mi poder, tiene la palabra el señor diputado Grosso.
Debo señalar, tal cual me lo han manifestado algunos colegas diputados, que el decreto 1.194/16, publicado en el Boletín Oficial, autoriza el tratamiento, en sesiones extraordinarias, de los proyectos relativos a emergencia social. No hace mención a proyecto alguno en particular.
No obstante, comunico a mis pares, que en los términos del artículo 122 del reglamento, tengo a la vista el proyecto de ley contenido en el expediente 0278-s-2016, venido en revisión del Honorable Senado, como parte de las iniciativas que serán puestas a consideración en esta reunión.
Según la lista de oradores que tengo en mi poder, tiene la palabra el señor diputado Grosso.
SR. GROSSO Señor presidente: voy a tratar de ser breve. Quiero explicar este proyecto de ley, de dónde viene y por qué estamos discutiéndolo hoy acá.
A esta iniciativa se la denomina "de emergencia social", pero tiene que ver, sobre todo, con la realidad de un segmento de la clase trabajadora argentina que nosotros llamamos "de la economía popular"; es decir, trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
Como todos saben, este tema ha sido parte de la agenda pública en estos últimos meses, desde lo que consideramos uno de los hechos fundacionales de esta discusión, como fue la marcha realizada el 7 de agosto, el Día de San Cayetano, desde Liniers hasta la plaza de Mayo, en la que se planteaba la necesidad de declarar la emergencia social en la Argentina, y dar un marco legal e institucional a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
Esa movilización, encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y la organización Barrios de Pie, logró instalar en la agenda de la política argentina el debate. Por eso estamos hoy acá.
Quiero aclarar algunas cuestiones. Nosotros venimos discutiendo la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular desde hace cinco o seis años, cuando con un conjunto de organizaciones decidimos fundar la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Esto tiene que ver con una realidad que va más allá de la emergencia; está relacionado con este segmento de la clase trabajadora a la que hacía referencia, que es el resultado de dos procesos que convergen en la Argentina -calculo que en muchas partes del mundo también-, relacionado con la instalación de los modelos neoliberales en nuestros países de América Latina, en la Argentina, y con la reconversión productiva o tecnológica del capitalismo. Esto hace que millones de trabajadores a lo largo y ancho de este país, y del mundo, no tengan patrón ni fábrica, pero todos los días salgan de sus casas a buscar el pan y tratar de conseguir ese salario que les permita tener una vida digna.
Estos trabajadores y estas trabajadoras no tienen los mismos derechos que los formales, no tienen la posibilidad de contar con una obra social, aguinaldo, vacaciones ni paritarias, pero vinieron para quedarse. No se van a ir si nosotros desarrollamos la industria linealmente; este tipo de trabajo no se extinguirá con la lógica de la acumulación del capital actual. Por eso es que nosotros tenemos que abordar esta temática.
Este proceso nació con la movilización de Liniers a plaza de Mayo y dio origen a este proyecto que yo denomino "ley San Cayetano"; pero siguió acumulando adhesión política y social en un planteo concreto de las organizaciones, en una reunión en el Senado con senadores, senadoras, diputados y diputadas de todos los partidos políticos, en las movilizaciones, en las ollas populares, en los cortes de ruta que se hicieron a lo largo y ancho del país, y en las asambleas. Así se logró debatir sobre esta cuestión e ir construyendo un proyecto de ley que nos permitiera establecer la contingencia que plantea la emergencia, es decir, los paliativos necesarios por los resultados de la política económica de este año y las cuestiones estructurales que arrastra la Argentina desde hace décadas. También fue creciendo en ese debate, en las ollas populares y en los piquetes, la discusión o construcción de instituciones que permitieron dar legalidad a este trabajo de la economía popular en el Estado para cuantificar y elaborar políticas públicas que asignen derechos a este mundo del trabajo.
Así fue que, por ejemplo, se sumó la CGT al planteo de la emergencia social y al de las organizaciones, en una jornada histórica en el salón Felipe Vallese. Allí se expresó la necesidad de construir un nuevo movimiento de trabajadores, que los tenga en cuenta, y la necesidad de que sus salarios no son ganancias, tema que discutiremos más tarde en esta comisión. También es necesario considerar a los trabajadores vinculados con la cuestión que estamos discutiendo ahora en esta comisión: aquellos que todos los días salen a laburar, pero que no tienen los derechos de los demás.
Además, se sumó la Iglesia y apoyó la posibilidad de construir un diálogo con el gobierno; hubo dos o tres reuniones -tres, para ser más preciso- en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en las que las organizaciones hicieron planteos concretos de contingencia, pero también formularon la necesidad de que el Congreso trate esta ley y elabore estas nuevas instituciones de la economía popular, que estamos planteando.
Me estaba olvidando que el 18 de noviembre en las puertas del Congreso hubo una gran movilización de miles y miles de argentinos y argentinas, inédita y novedosa para la realidad política argentina. Las organizaciones sociales y las organizaciones de origen piquetero se movilizaron a la par de la CGT, con la representación formal de los trabajadores argentinos. Por primera vez, la CGT llevaba adelante el reclamo del segmento más empobrecido de la clase trabajadora argentina como tema principal. Este es un hecho ante el cual nadie pudo mirar para otro lado; así es que llegamos a esta discusión.
En la tercera reunión que hubo entre las organizaciones y el gobierno nacional se llegó a lo que nosotros consideramos la primera paritaria de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, con determinadas reivindicaciones: aumento de partidas presupuestarias para comedores y merenderos, aguinaldo y aumento de sueldo para los trabajadores cooperativistas. Algunos discuten los números de eso, pero para nuestros compañeros fue un triunfo y constituyó la primera paritaria. La discusión paritaria no quedó en una cuestión meramente paliativa, sino que uno de los puntos que firmó el gobierno con las organizaciones es este proyecto de ley que estamos tratando y que voy a repasar rápidamente en sus aspectos centrales.
El acta-acuerdo con las organizaciones, la primera paritaria de la economía popular -como la llamamos nosotros- es una cosa, y otra, es esta ley que tiene los carriles del Congreso y cuenta con un alto consenso político. Hemos elaborado un texto, para esta ley, con la mayoría abrumadora de los bloques políticos de esta Cámara.
La norma plantea -iré finalizando-, primero, un artículo por el que se prorroga la emergencia social en la Argentina, en los términos de la emergencia ya declarada, en función de todo lo que venimos viendo y de lo que las organizaciones vienen denunciando, en cuanto a la gravedad de la situación social en la Argentina.
Después, plantea un salto en términos de construcción institucional o institucionalización de la realidad de estos trabadores y estas trabajadoras; la creación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario; esta idea de que el Estado y las organizaciones puedan sentarse a charlar para pensar, definir, registrar y cuantificar a los trabajadores y a las trabajadoras de la economía popular. Asimismo, contempla la creación del registro de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía popular.
Nosotros decimos que un tercio de la clase trabajadora está en este segmento de la economía; estamos hablando de tres millones y medio de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Eso hay que registrarlo, si queremos establecer políticas públicas; hay que cuantificarlo, si queremos asignarles derechos.
Uno de los artículos más novedosos de esta ley se vincula con la voluntad política de transformar el paradigma de los planes sociales en un paradigma que tenga que ver con el Salario Social Complementario. Esto es importantísimo, y quizás no nos demos cuenta; pero estamos tratando de que la Argentina salga de la idea del plan social, de asignar a alguien una ayuda porque le falta algo, para poder reconocer a los trabajadores y a las trabajadoras de la economía popular. La idea es que el Estado se ponga ahí al lado, para garantizar un piso mínimo de derechos, que tenga que ver con la posibilidad de llegar al salario mínimo vital y móvil.
En esta ley se plantea la transformación de todos los planes sociales en Salario Social Complementario y la creación de los que falten. También se establece un artículo en el que se asignan los recursos necesarios para poder desarrollar la norma. Asimismo, se determina la posibilidad de que las organizaciones que se inscriban en el registro que ya existe en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social puedan participar -en discusión con los otros ministerios y, en especial, con el Ministerio de Desarrollo Social- de la reglamentación de la ley a los fines de establecer qué es la economía popular y cuál es el universo que va a abarcar, a efectos de incorporar en el Estado todo ese conocimiento que se fue elaborando en las organizaciones desde el territorio.
Así que más allá de este repaso -sé que hay compañeros y compañeras que luego van a aclarar algunas cuestiones técnicas-, quiero convocar a todos los diputados y a todas diputadas para que nos acompañen con su firma en este proyecto.
Estamos ante la posibilidad de transformar el paradigma de la política social en la Argentina e incorporar a un sector de la clase trabajadora para que sea parte del Estado y construir un piso de derechos inédito en este país.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a los señores diputados que acompañen con su firma este dictamen. (Aplausos.)
A esta iniciativa se la denomina "de emergencia social", pero tiene que ver, sobre todo, con la realidad de un segmento de la clase trabajadora argentina que nosotros llamamos "de la economía popular"; es decir, trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
Como todos saben, este tema ha sido parte de la agenda pública en estos últimos meses, desde lo que consideramos uno de los hechos fundacionales de esta discusión, como fue la marcha realizada el 7 de agosto, el Día de San Cayetano, desde Liniers hasta la plaza de Mayo, en la que se planteaba la necesidad de declarar la emergencia social en la Argentina, y dar un marco legal e institucional a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
Esa movilización, encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y la organización Barrios de Pie, logró instalar en la agenda de la política argentina el debate. Por eso estamos hoy acá.
Quiero aclarar algunas cuestiones. Nosotros venimos discutiendo la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular desde hace cinco o seis años, cuando con un conjunto de organizaciones decidimos fundar la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Esto tiene que ver con una realidad que va más allá de la emergencia; está relacionado con este segmento de la clase trabajadora a la que hacía referencia, que es el resultado de dos procesos que convergen en la Argentina -calculo que en muchas partes del mundo también-, relacionado con la instalación de los modelos neoliberales en nuestros países de América Latina, en la Argentina, y con la reconversión productiva o tecnológica del capitalismo. Esto hace que millones de trabajadores a lo largo y ancho de este país, y del mundo, no tengan patrón ni fábrica, pero todos los días salgan de sus casas a buscar el pan y tratar de conseguir ese salario que les permita tener una vida digna.
Estos trabajadores y estas trabajadoras no tienen los mismos derechos que los formales, no tienen la posibilidad de contar con una obra social, aguinaldo, vacaciones ni paritarias, pero vinieron para quedarse. No se van a ir si nosotros desarrollamos la industria linealmente; este tipo de trabajo no se extinguirá con la lógica de la acumulación del capital actual. Por eso es que nosotros tenemos que abordar esta temática.
Este proceso nació con la movilización de Liniers a plaza de Mayo y dio origen a este proyecto que yo denomino "ley San Cayetano"; pero siguió acumulando adhesión política y social en un planteo concreto de las organizaciones, en una reunión en el Senado con senadores, senadoras, diputados y diputadas de todos los partidos políticos, en las movilizaciones, en las ollas populares, en los cortes de ruta que se hicieron a lo largo y ancho del país, y en las asambleas. Así se logró debatir sobre esta cuestión e ir construyendo un proyecto de ley que nos permitiera establecer la contingencia que plantea la emergencia, es decir, los paliativos necesarios por los resultados de la política económica de este año y las cuestiones estructurales que arrastra la Argentina desde hace décadas. También fue creciendo en ese debate, en las ollas populares y en los piquetes, la discusión o construcción de instituciones que permitieron dar legalidad a este trabajo de la economía popular en el Estado para cuantificar y elaborar políticas públicas que asignen derechos a este mundo del trabajo.
Así fue que, por ejemplo, se sumó la CGT al planteo de la emergencia social y al de las organizaciones, en una jornada histórica en el salón Felipe Vallese. Allí se expresó la necesidad de construir un nuevo movimiento de trabajadores, que los tenga en cuenta, y la necesidad de que sus salarios no son ganancias, tema que discutiremos más tarde en esta comisión. También es necesario considerar a los trabajadores vinculados con la cuestión que estamos discutiendo ahora en esta comisión: aquellos que todos los días salen a laburar, pero que no tienen los derechos de los demás.
Además, se sumó la Iglesia y apoyó la posibilidad de construir un diálogo con el gobierno; hubo dos o tres reuniones -tres, para ser más preciso- en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en las que las organizaciones hicieron planteos concretos de contingencia, pero también formularon la necesidad de que el Congreso trate esta ley y elabore estas nuevas instituciones de la economía popular, que estamos planteando.
Me estaba olvidando que el 18 de noviembre en las puertas del Congreso hubo una gran movilización de miles y miles de argentinos y argentinas, inédita y novedosa para la realidad política argentina. Las organizaciones sociales y las organizaciones de origen piquetero se movilizaron a la par de la CGT, con la representación formal de los trabajadores argentinos. Por primera vez, la CGT llevaba adelante el reclamo del segmento más empobrecido de la clase trabajadora argentina como tema principal. Este es un hecho ante el cual nadie pudo mirar para otro lado; así es que llegamos a esta discusión.
En la tercera reunión que hubo entre las organizaciones y el gobierno nacional se llegó a lo que nosotros consideramos la primera paritaria de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, con determinadas reivindicaciones: aumento de partidas presupuestarias para comedores y merenderos, aguinaldo y aumento de sueldo para los trabajadores cooperativistas. Algunos discuten los números de eso, pero para nuestros compañeros fue un triunfo y constituyó la primera paritaria. La discusión paritaria no quedó en una cuestión meramente paliativa, sino que uno de los puntos que firmó el gobierno con las organizaciones es este proyecto de ley que estamos tratando y que voy a repasar rápidamente en sus aspectos centrales.
El acta-acuerdo con las organizaciones, la primera paritaria de la economía popular -como la llamamos nosotros- es una cosa, y otra, es esta ley que tiene los carriles del Congreso y cuenta con un alto consenso político. Hemos elaborado un texto, para esta ley, con la mayoría abrumadora de los bloques políticos de esta Cámara.
La norma plantea -iré finalizando-, primero, un artículo por el que se prorroga la emergencia social en la Argentina, en los términos de la emergencia ya declarada, en función de todo lo que venimos viendo y de lo que las organizaciones vienen denunciando, en cuanto a la gravedad de la situación social en la Argentina.
Después, plantea un salto en términos de construcción institucional o institucionalización de la realidad de estos trabadores y estas trabajadoras; la creación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario; esta idea de que el Estado y las organizaciones puedan sentarse a charlar para pensar, definir, registrar y cuantificar a los trabajadores y a las trabajadoras de la economía popular. Asimismo, contempla la creación del registro de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía popular.
Nosotros decimos que un tercio de la clase trabajadora está en este segmento de la economía; estamos hablando de tres millones y medio de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Eso hay que registrarlo, si queremos establecer políticas públicas; hay que cuantificarlo, si queremos asignarles derechos.
Uno de los artículos más novedosos de esta ley se vincula con la voluntad política de transformar el paradigma de los planes sociales en un paradigma que tenga que ver con el Salario Social Complementario. Esto es importantísimo, y quizás no nos demos cuenta; pero estamos tratando de que la Argentina salga de la idea del plan social, de asignar a alguien una ayuda porque le falta algo, para poder reconocer a los trabajadores y a las trabajadoras de la economía popular. La idea es que el Estado se ponga ahí al lado, para garantizar un piso mínimo de derechos, que tenga que ver con la posibilidad de llegar al salario mínimo vital y móvil.
En esta ley se plantea la transformación de todos los planes sociales en Salario Social Complementario y la creación de los que falten. También se establece un artículo en el que se asignan los recursos necesarios para poder desarrollar la norma. Asimismo, se determina la posibilidad de que las organizaciones que se inscriban en el registro que ya existe en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social puedan participar -en discusión con los otros ministerios y, en especial, con el Ministerio de Desarrollo Social- de la reglamentación de la ley a los fines de establecer qué es la economía popular y cuál es el universo que va a abarcar, a efectos de incorporar en el Estado todo ese conocimiento que se fue elaborando en las organizaciones desde el territorio.
Así que más allá de este repaso -sé que hay compañeros y compañeras que luego van a aclarar algunas cuestiones técnicas-, quiero convocar a todos los diputados y a todas diputadas para que nos acompañen con su firma en este proyecto.
Estamos ante la posibilidad de transformar el paradigma de la política social en la Argentina e incorporar a un sector de la clase trabajadora para que sea parte del Estado y construir un piso de derechos inédito en este país.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a los señores diputados que acompañen con su firma este dictamen. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada De Ponti.
SRA. DE PONTI Señor presidente: para no ser redundante, quiero introducir algunas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con el diagnóstico sobre el cual construimos esta propuesta.
Muchos de ustedes conocerán este tema por el debate mediático que ha tenido y que ha acogido el nombre de "emergencia social", pero que tiene que ver con un proyecto que desde lo institucional entendemos refleja un salto cualitativo en términos de cómo la normativa y la institucionalidad argentina empiezan a abordar una problemática.
Este problema se puede haber agravado en los últimos meses con un nuevo modelo económico, pero tiene que ver con una caracterización del mundo del trabajo que se ha transformado a partir de la implementación del modelo neoliberal, y del corte que produce en nuestro país el cambio del modelo económico desde la dictadura de 1976. Este es un problema de la Argentina, pero también de todo el mundo, y está relacionado con la consolidación de lo que algunos llaman un "capitalismo de exclusión", que se caracteriza por la concentración económica, la financiación de la economía, la profundización del aumento de la productividad basada en la tecnologización, y la introducción de nuevos criterios de productividad que tienden a racionalizar planteles, externalizando también gran parte del trabajo de una empresa, que va generando la modificación de las relaciones del trabajo y las relaciones de explotación.
En este sentido, empieza a aparecer sostenidamente un sector de los trabajadores que están inmersos en relaciones de explotación, distintas a las relaciones de trabajo clásicas, a las tradicionales o formales, que son propias de la sociedad salarial, y que durante la mayor parte del siglo XX rigieron el ordenamiento social de nuestros países y garantizaron un piso de derechos homogéneo, no solo para los trabajadores registrados sino también para los pasivos y los ciudadanos no activos, estableciendo una base de derechos mínimos que era respetada y tenía que ver con este régimen de la sociedad salarial y este estatuto del empleo.
En nuestro país, como decíamos, hubo un corte en 1976, pero que se profundizó en los 90, con la implementación del modelo neoliberal, que podemos ver reflejado en algunos números. En nuestro país, en mayo de 1974 los índices de desocupación y subocupación alcanzaban una tasa del 10 por ciento, mientras que, en el año 2002, durante la mayor crisis que vivió nuestro país, llegamos a tener un 21 por ciento de desocupación y 18 de subocupación.
Si bien esto se recuperó posteriormente con los doce años del gobierno kirchnerista, hay un núcleo que persiste, ya que existe un 9 por ciento de subocupación y un 11 por ciento de desocupación, lo que nos habla de un sector estructural de los trabajadores que está excluido de todo acceso a derecho. Ese porcentaje está excluido de la relación salarial clásica y nos hace pensar e interrogarnos acerca del sentido del derecho del trabajo, de establecer un régimen de trabajo si no podemos incluir en esta normativa al conjunto de trabajadores argentinos.
Con esto queremos establecer una diferencia conceptual. Nosotros entendemos que en la Argentina no existen los desocupados, sino que hay trabajadores que no tienen un empleo y trabajadores que tienen un empleo formal. Todo aquel que necesita realizar un esfuerzo, que tiene un saber y realiza una práctica laboral, que produce un ingreso que le permite la reproducción y la supervivencia propia y la de su familia, es un trabajador que tiene la necesidad de que el Estado lo atienda, y de que los que representamos, en determinado momento, la función pública, nos esforcemos en proponer normativas novedosas e innovadoras que tengan que ver con el modelo productivo, económico y el diagnóstico de la sociedad y de la estructura laboral en la que vivimos.
En este sentido, quiero hacer algunas aclaraciones sobre debates que han surgido. Para nosotros esta propuesta no significa, de ninguna manera, avanzar hacia una flexibilización laboral o normativas que vayan vulnerando el derecho laboral clásico o las relaciones de empleo construidas en el marco de la relación salarial clásica; por el contrario, entendemos que hay que protegerla y fortalecerla. Un régimen de trabajo que se considere como tal o tenga la voluntad de construir la hegemonía de una justicia social, debe pensar en los nuevos actores y en los nuevos sujetos sociales que van surgiendo, así como también en el deber de atenderlos.
Es necesario preguntarse cuál es el sentido de construir un régimen de trabajo si no podemos incluir al conjunto de trabajadores argentinos dentro del mismo. No podemos quedarnos con una visión sesgada que nos lleve a sacralizar la relación salarial clásica como la única relación de trabajo posible; por el contrario, se necesita empezar a pensar en los sectores del empleo que no están protegidos.
El objetivo fundamental de este proyecto de ley tiene que ver con comenzar a trabajar, desde la institucionalidad y la construcción de nuevas normativas, para empezar a achicar la enorme brecha que existe en el interior de la clase trabajadora. Hay trabajadores que están contenidos en convenios de trabajo, que cobran salarios muy buenos y son un orgullo para la Argentina porque han conquistado esos derechos a través de su organización y su representación. Pero también existen otros trabajadores que forman parte de esta misma clase y que ni siquiera están inscriptos en un convenio colectivo, no tienen un patrón visible, un derecho laboral que los proteja, una obra social, aportes jubilatorios o el seguro que les corresponde por realizar su trabajo.
También es necesario reflexionar sobre cómo fueron construidos estos derechos a lo largo de la historia. El derecho laboral vigente no nació de la cabeza de los expertos ni de los diputados sentados en sus escritorios o encerrados en sus oficinas, nació de la acción, por los conflictos, de la lucha y de la conquista de los sujetos sociales organizados.
Hay que entender que hay un nuevo sujeto social que emerge como expresión de las transformaciones económicas y productivas. Esto se ha visto con mucha fuerza en las calles y, por eso, es necesario prestar atención, legislar, en ese sentido, y ser innovadores. Debemos proponer una normativa del siglo XXI que atienda a la clase trabajadora de acuerdo con las características que hoy tiene.
Este proyecto de ley tiene el objetivo fundamental de igualar o acercar posiciones entre los distintos segmentos del sector trabajador.
No solamente queremos salir de la categoría de los desocupados, sino también de pensar políticas sociales desde el concepto de "empleables" e "inempleables". No consideramos que haya argentinos y argentinas que estén más capacitados para acceder o no a un empleo. Entendemos que la normativa tiene que modificarse y diseñarse de acuerdo con la realidad a la que se pretende implementar.
Se necesita pensar cómo superar la situación de pobreza estructural del país por fuera de las políticas de lucha contra la pobreza, de integración a través del consumo o de transferencia de ingresos. Necesitamos que haya políticas que consoliden el acceso a derechos estables y previsibles, que permitan a cada argentino tener control sobre su presente y un diseño estable de su futuro.
Este proyecto de ley trae una propuesta que se enmarca en este sentido y tiene algunos aspectos fundamentales que quiero señalar, sobre todo, algunos artículos que representan su espíritu. Por ejemplo, en el artículo 2°, se establece el objeto. Allí se introduce el concepto de cuál es el objetivo de crear estas instituciones. Ese objetivo es igualitario, del mismo modo que lo es la creación del salario mínimo vital y móvil para los trabajadores formales. Me refiero a garantizar un piso mínimo de derechos, de soportes para la subsistencia, que no solo aporta este contenido sino también reconoce al conjunto de estos trabajadores como sujetos de derecho, en la misma medida que los formales, al equipararlos con estos y establecer una definición equivalente a la del salario mínimo vital y móvil.
En los artículos siguientes se establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario. Se trata de un consejo que tendrá una importancia fundamental porque las organizaciones representativas del sector serán protagonistas del diseño e implementación de las políticas públicas para el sector.
Por otra parte, se introduce el concepto novedoso del Salario Social Complementario, un aporte que realizamos no solo desde la situación argentina sino del análisis de la situación internacional.
En el último Encuentro Mundial de los Movimientos Populares que se organizó en el Vaticano y tuvo como padrino al Papa Francisco, uno de los objetivos programáticos que se introdujo en las conclusiones fue la creación de la figura jurídica del Salario Social Complementario, en todos los países. Esto también nos va a permitir avanzar no solo hacia el reconocimiento de estos argentinos, como sujetos de derecho, en tanto trabajadores, sino también en la posibilidad de ir homogeneizando las políticas sociales y los programas de empleo que existen en la Argentina -que son muchos-, bajo esta figura relacionada con la retribución monetaria a cambio de un trabajo, que en algunos casos ya se realiza y, en otros, deberá controlar y regular el Estado.
En el artículo 6º se introduce la creación del Renatrep -Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular-, que permitirá un avance fundamental no solo por el registro y control del Estado sobre las actividades y las prácticas laborales de estos trabajadores sino también por el conocimiento preciso de qué es lo que realizan estos argentinos y argentinas para garantizar su subsistencia. Son ciudadanos que existen para el Estado porque votan, habitan en una ciudad, son contribuyentes que pagan sus impuestos, pagan el IVA cuando compran cualquier producto, pero no existen ni son reconocidos en tanto trabajadores y productores de valor. Por lo tanto, la creación de este registro nos parece un avance fundamental en la posibilidad de dar visibilidad a la situación de estos trabajadores.
Los siguientes artículos avanzan en la posibilidad de unificar los programas sociales de empleo bajo la figura del Salario Social Complementario y la implementación específica de los recursos necesarios. Esto tiene que ver con la posibilidad de que, en los años siguientes, se reconozca al conjunto de trabajadores, que ya existen y realizan una práctica, el derecho de tener un ingreso que les permita alcanzar el salario mínimo vital y móvil.
En este sentido, y para finalizar, quiero referirme a una deuda que tiene el Estado argentino y la sociedad con estos ciudadanos que han sido excluidos o apartados de la posibilidad de una integración con acceso a pleno derecho. Creo que ya no podemos seguir pensando que alguien no tiene un empleo formal o vive en una situación de pobreza, sobre la base de una decisión racional o voluntaria.
Hay una historia en la Argentina que ha transformado nuestra estructura socioeconómica y ha dejado a un porcentaje de nuestra población excluida, y es necesario que el Estado empiece a hacerse cargo de esta deuda, generando las instituciones y la normativa necesarias e invirtiendo en los recursos pertinentes para que esto empiece a transformarse.
Este es el corazón y el sentido de esta iniciativa, que venimos a plantear. Se trata de un proyecto de ley que ha nacido en la calle, en la cabeza, en la creatividad y en la voluntad de los sectores sociales que hoy son sujetos y protagonistas.
En este sentido, considero que sancionar este proyecto de ley sería un gran orgullo para los diputados que forman parte del Congreso. (Aplausos.)
Muchos de ustedes conocerán este tema por el debate mediático que ha tenido y que ha acogido el nombre de "emergencia social", pero que tiene que ver con un proyecto que desde lo institucional entendemos refleja un salto cualitativo en términos de cómo la normativa y la institucionalidad argentina empiezan a abordar una problemática.
Este problema se puede haber agravado en los últimos meses con un nuevo modelo económico, pero tiene que ver con una caracterización del mundo del trabajo que se ha transformado a partir de la implementación del modelo neoliberal, y del corte que produce en nuestro país el cambio del modelo económico desde la dictadura de 1976. Este es un problema de la Argentina, pero también de todo el mundo, y está relacionado con la consolidación de lo que algunos llaman un "capitalismo de exclusión", que se caracteriza por la concentración económica, la financiación de la economía, la profundización del aumento de la productividad basada en la tecnologización, y la introducción de nuevos criterios de productividad que tienden a racionalizar planteles, externalizando también gran parte del trabajo de una empresa, que va generando la modificación de las relaciones del trabajo y las relaciones de explotación.
En este sentido, empieza a aparecer sostenidamente un sector de los trabajadores que están inmersos en relaciones de explotación, distintas a las relaciones de trabajo clásicas, a las tradicionales o formales, que son propias de la sociedad salarial, y que durante la mayor parte del siglo XX rigieron el ordenamiento social de nuestros países y garantizaron un piso de derechos homogéneo, no solo para los trabajadores registrados sino también para los pasivos y los ciudadanos no activos, estableciendo una base de derechos mínimos que era respetada y tenía que ver con este régimen de la sociedad salarial y este estatuto del empleo.
En nuestro país, como decíamos, hubo un corte en 1976, pero que se profundizó en los 90, con la implementación del modelo neoliberal, que podemos ver reflejado en algunos números. En nuestro país, en mayo de 1974 los índices de desocupación y subocupación alcanzaban una tasa del 10 por ciento, mientras que, en el año 2002, durante la mayor crisis que vivió nuestro país, llegamos a tener un 21 por ciento de desocupación y 18 de subocupación.
Si bien esto se recuperó posteriormente con los doce años del gobierno kirchnerista, hay un núcleo que persiste, ya que existe un 9 por ciento de subocupación y un 11 por ciento de desocupación, lo que nos habla de un sector estructural de los trabajadores que está excluido de todo acceso a derecho. Ese porcentaje está excluido de la relación salarial clásica y nos hace pensar e interrogarnos acerca del sentido del derecho del trabajo, de establecer un régimen de trabajo si no podemos incluir en esta normativa al conjunto de trabajadores argentinos.
Con esto queremos establecer una diferencia conceptual. Nosotros entendemos que en la Argentina no existen los desocupados, sino que hay trabajadores que no tienen un empleo y trabajadores que tienen un empleo formal. Todo aquel que necesita realizar un esfuerzo, que tiene un saber y realiza una práctica laboral, que produce un ingreso que le permite la reproducción y la supervivencia propia y la de su familia, es un trabajador que tiene la necesidad de que el Estado lo atienda, y de que los que representamos, en determinado momento, la función pública, nos esforcemos en proponer normativas novedosas e innovadoras que tengan que ver con el modelo productivo, económico y el diagnóstico de la sociedad y de la estructura laboral en la que vivimos.
En este sentido, quiero hacer algunas aclaraciones sobre debates que han surgido. Para nosotros esta propuesta no significa, de ninguna manera, avanzar hacia una flexibilización laboral o normativas que vayan vulnerando el derecho laboral clásico o las relaciones de empleo construidas en el marco de la relación salarial clásica; por el contrario, entendemos que hay que protegerla y fortalecerla. Un régimen de trabajo que se considere como tal o tenga la voluntad de construir la hegemonía de una justicia social, debe pensar en los nuevos actores y en los nuevos sujetos sociales que van surgiendo, así como también en el deber de atenderlos.
Es necesario preguntarse cuál es el sentido de construir un régimen de trabajo si no podemos incluir al conjunto de trabajadores argentinos dentro del mismo. No podemos quedarnos con una visión sesgada que nos lleve a sacralizar la relación salarial clásica como la única relación de trabajo posible; por el contrario, se necesita empezar a pensar en los sectores del empleo que no están protegidos.
El objetivo fundamental de este proyecto de ley tiene que ver con comenzar a trabajar, desde la institucionalidad y la construcción de nuevas normativas, para empezar a achicar la enorme brecha que existe en el interior de la clase trabajadora. Hay trabajadores que están contenidos en convenios de trabajo, que cobran salarios muy buenos y son un orgullo para la Argentina porque han conquistado esos derechos a través de su organización y su representación. Pero también existen otros trabajadores que forman parte de esta misma clase y que ni siquiera están inscriptos en un convenio colectivo, no tienen un patrón visible, un derecho laboral que los proteja, una obra social, aportes jubilatorios o el seguro que les corresponde por realizar su trabajo.
También es necesario reflexionar sobre cómo fueron construidos estos derechos a lo largo de la historia. El derecho laboral vigente no nació de la cabeza de los expertos ni de los diputados sentados en sus escritorios o encerrados en sus oficinas, nació de la acción, por los conflictos, de la lucha y de la conquista de los sujetos sociales organizados.
Hay que entender que hay un nuevo sujeto social que emerge como expresión de las transformaciones económicas y productivas. Esto se ha visto con mucha fuerza en las calles y, por eso, es necesario prestar atención, legislar, en ese sentido, y ser innovadores. Debemos proponer una normativa del siglo XXI que atienda a la clase trabajadora de acuerdo con las características que hoy tiene.
Este proyecto de ley tiene el objetivo fundamental de igualar o acercar posiciones entre los distintos segmentos del sector trabajador.
No solamente queremos salir de la categoría de los desocupados, sino también de pensar políticas sociales desde el concepto de "empleables" e "inempleables". No consideramos que haya argentinos y argentinas que estén más capacitados para acceder o no a un empleo. Entendemos que la normativa tiene que modificarse y diseñarse de acuerdo con la realidad a la que se pretende implementar.
Se necesita pensar cómo superar la situación de pobreza estructural del país por fuera de las políticas de lucha contra la pobreza, de integración a través del consumo o de transferencia de ingresos. Necesitamos que haya políticas que consoliden el acceso a derechos estables y previsibles, que permitan a cada argentino tener control sobre su presente y un diseño estable de su futuro.
Este proyecto de ley trae una propuesta que se enmarca en este sentido y tiene algunos aspectos fundamentales que quiero señalar, sobre todo, algunos artículos que representan su espíritu. Por ejemplo, en el artículo 2°, se establece el objeto. Allí se introduce el concepto de cuál es el objetivo de crear estas instituciones. Ese objetivo es igualitario, del mismo modo que lo es la creación del salario mínimo vital y móvil para los trabajadores formales. Me refiero a garantizar un piso mínimo de derechos, de soportes para la subsistencia, que no solo aporta este contenido sino también reconoce al conjunto de estos trabajadores como sujetos de derecho, en la misma medida que los formales, al equipararlos con estos y establecer una definición equivalente a la del salario mínimo vital y móvil.
En los artículos siguientes se establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario. Se trata de un consejo que tendrá una importancia fundamental porque las organizaciones representativas del sector serán protagonistas del diseño e implementación de las políticas públicas para el sector.
Por otra parte, se introduce el concepto novedoso del Salario Social Complementario, un aporte que realizamos no solo desde la situación argentina sino del análisis de la situación internacional.
En el último Encuentro Mundial de los Movimientos Populares que se organizó en el Vaticano y tuvo como padrino al Papa Francisco, uno de los objetivos programáticos que se introdujo en las conclusiones fue la creación de la figura jurídica del Salario Social Complementario, en todos los países. Esto también nos va a permitir avanzar no solo hacia el reconocimiento de estos argentinos, como sujetos de derecho, en tanto trabajadores, sino también en la posibilidad de ir homogeneizando las políticas sociales y los programas de empleo que existen en la Argentina -que son muchos-, bajo esta figura relacionada con la retribución monetaria a cambio de un trabajo, que en algunos casos ya se realiza y, en otros, deberá controlar y regular el Estado.
En el artículo 6º se introduce la creación del Renatrep -Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular-, que permitirá un avance fundamental no solo por el registro y control del Estado sobre las actividades y las prácticas laborales de estos trabajadores sino también por el conocimiento preciso de qué es lo que realizan estos argentinos y argentinas para garantizar su subsistencia. Son ciudadanos que existen para el Estado porque votan, habitan en una ciudad, son contribuyentes que pagan sus impuestos, pagan el IVA cuando compran cualquier producto, pero no existen ni son reconocidos en tanto trabajadores y productores de valor. Por lo tanto, la creación de este registro nos parece un avance fundamental en la posibilidad de dar visibilidad a la situación de estos trabajadores.
Los siguientes artículos avanzan en la posibilidad de unificar los programas sociales de empleo bajo la figura del Salario Social Complementario y la implementación específica de los recursos necesarios. Esto tiene que ver con la posibilidad de que, en los años siguientes, se reconozca al conjunto de trabajadores, que ya existen y realizan una práctica, el derecho de tener un ingreso que les permita alcanzar el salario mínimo vital y móvil.
En este sentido, y para finalizar, quiero referirme a una deuda que tiene el Estado argentino y la sociedad con estos ciudadanos que han sido excluidos o apartados de la posibilidad de una integración con acceso a pleno derecho. Creo que ya no podemos seguir pensando que alguien no tiene un empleo formal o vive en una situación de pobreza, sobre la base de una decisión racional o voluntaria.
Hay una historia en la Argentina que ha transformado nuestra estructura socioeconómica y ha dejado a un porcentaje de nuestra población excluida, y es necesario que el Estado empiece a hacerse cargo de esta deuda, generando las instituciones y la normativa necesarias e invirtiendo en los recursos pertinentes para que esto empiece a transformarse.
Este es el corazón y el sentido de esta iniciativa, que venimos a plantear. Se trata de un proyecto de ley que ha nacido en la calle, en la cabeza, en la creatividad y en la voluntad de los sectores sociales que hoy son sujetos y protagonistas.
En este sentido, considero que sancionar este proyecto de ley sería un gran orgullo para los diputados que forman parte del Congreso. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pitrola.
SR. PITROLA Señor presidente: los compañeros del Movimiento Evita me mandaron mensajitos diciendo: "Por favor, mirá que queremos garantizar el quórum"; así que vine puntualmente.
Desde luego, espero que haya quórum. No podíamos faltar a este debate, con el camino que tiene recorrido el Partido Obrero en la lucha del movimiento obrero y, especialmente, en la lucha del movimiento piquetero.
El problema de la emergencia social, económica y de todo orden, creo que hoy aparece más vigente que nunca, porque estamos conociendo, por todos los matutinos, que el mes de octubre ha dado una caída industrial del 8 por ciento y una caída del 19 por ciento en la construcción. La emergencia es total, absoluta; esto está fuera de toda discusión. Es el peor mes de 2016, en el semestre que estaba previsto la lluvia de inversiones, y está culminando un año de recesión económica y de despidos masivos.
Dicho esto, quiero resaltar una coincidencia de la vida: el Polo Obrero hoy está movilizado en todo el país, mientras abordamos este debate aquí. Es un hecho casual, pero tengo que empezar reivindicando esta movilización de miles de compañeros, que está haciendo el Polo Obrero frente al Ministerio de Desarrollo Social y en distintos puntos del país, levantando las banderas históricas que le dieron origen a su fundación en el año 2000.
Hubo antecedentes en los fines de los 90, en comisiones de desocupados en las que participamos, pero el Polo Obrero nace, en el año 2000, con las banderas de trabajo o subsidio al desocupado, frente a la desocupación masiva de fines de los 90. Fue en ese momento que surgió este movimiento piquetero que, para nosotros, no ha sido un nuevo sujeto social, sino que es parte integral de una clase trabajadora argentina, que incluso dio un ejemplo al mundo.
Se trata de un movimiento absolutamente único y original que organizó a sus desocupados a partir de Cutral Có, Tartagal y tantas experiencias heroicas de lucha. Desde ese lugar, el Polo Obrero está hoy movilizado con sus banderas históricas de lucha, con todos los reclamos del momento que, desgraciada y dramáticamente, han vuelto a poblar de niños y de mamás los comedores comunitarios en todos los centros urbanos más críticos en cuanto a la desocupación del país. Se han vuelto a poner de relieve aquellos reclamos que vieron nacer al movimiento piquetero a fines de los 90.
Desde este lugar, nosotros junto con el Polo Obrero, no compartimos el acta que se ha firmado y da origen a este proyecto de ley de emergencia social, al que vamos a referirnos y, al mismo tiempo, explicar nuestra propuesta sobre el punto.
El acta da origen al proyecto que conocemos hoy con el Consejo de Economía Popular y sus lineamientos centrales, que ahora está a consideración de la comisión; establece una cláusula de paz social hasta el año 2019 y los movimientos firmantes tienen que abstenerse de situaciones de conflicto, mientras dure su vigencia.
Nosotros somos contrarios a las actas de paz social de los sindicatos y de todas las organizaciones populares. Creemos que nacieron para representar el reclamo popular, de los trabajadores, de los desocupados, y que ningún motivo o reivindicación alcanzada -aunque así fuera, creo que no es el caso- debe originar un acta que maniate la libertad de acción, organización y autonomía de las organizaciones populares.
El Polo Obrero no es firmante de esta acta y nosotros, en consonancia con eso, somos críticos de este proyecto de ley de emergencia social.
Nuestro reclamo siempre ha sido hacia la responsabilidad del Estado. Quiero dejar en claro, en estos tiempos que auguran días y meses tormentosos, de conflicto social, por el agravamiento de la crisis económica y la descarga sobre las espaldas de los trabajadores, que nunca hemos sido partidarios del asistencialismo ni de la caridad. Siempre nos hemos dirigido en el reclamo al Estado, al cual consideramos responsable ante los trabajadores. Son responsables el Estado y el poder económico que habitualmente está detrás de la política de ese Estado.
Por eso, en algún momento, la dirección del Partido Obrero llamó a pasar de largo los supermercados y ganar la plaza de Mayo, y el gobierno de Alfonsín puso preso a la dirección del Partido Obrero, incluido Jorge Altamira. Desde este concepto central abordamos el problema tan dramático y grave de hoy.
No compartimos -lo hemos discutido fuertemente durante la década kirchnerista- la idea de excluidos e incluidos. Por ejemplo, en este momento la mitad de los trabajadores ganan menos de 9.000 pesos, mientras que la línea de pobreza establecida por el INDEC, en el mes de septiembre, es de 12.500 pesos. Entonces, esos trabajadores están excluidos de un salario mínimo equivalente a una canasta familiar, y condenados a estar por debajo de la línea de la pobreza. Se trata de muchísimas personas que trabajan, no solo de changueros, desocupados o en la economía informal.
De manera que la cuestión de excluidos o incluidos, para nosotros, traza una división que es artificial y tiene por objeto un lineamiento que nace en las usinas ideológicas del Banco Mundial, de contención hacia lo que llaman la "pobreza estructural" que, en realidad, no es otra cosa que el resultado de la crisis capitalista que viene actuando de manera implacable en el mundo, en particular en los últimos diez años, descargando la crisis del sistema sobre las espaldas de los de abajo.
En este aspecto, he escuchado con atención a la ministra Carolina Stanley hablar sobre una propuesta que es realmente contradictoria y absurda: el Registro de Trabajadores Informales. Nosotros somos partidarios del blanqueo de los trabajadores en negro. Este tema del Registro de Trabajadores Informales pinta de cuadratura del círculo, no puede tener otro objeto; por mucho que se lo pinte como una nueva tesis de la asistencia social, no puede tener otro objeto que una versión más del asistencialismo.
Escuché a la ministra, en un reportaje en el diario "La Nación" de ayer, decir que la novedad que trae esta medida es que no solamente hay planes sociales, como pudo haber habido en el pasado, sino que ahora se apunta a la formación e inserción laboral. Yo creo que esto no es una novedad; hay técnicos muy preparados como Daniel Arroyo, Katopodis y mucha gente que ha pasado por el Ministerio de Desarrollo Social en el país y en la provincia de Buenos Aires, que se han referido a esta temática. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá me hace señas; tal vez, él también haya estado al frente de uno de los gobiernos que actuó, en este sentido.
Son muchos los gobiernos que han pasado y la tesis fue siempre la misma; estamos parados en el mismo lugar y peor aún. Es decir que el problema de la Argentina asistencial es un debate profundo, político, económico y social de fondo que tenemos.
El Banco Mundial se preocupa por el asistencialismo porque tiene muy en claro que está dispuesto a seguir agravando la situación de 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen trabajo y todos los días tienen dificultades para comer. Es decir que son conscientes de que sus políticas para salvar el capital financiero y la decreciente tasa de ganancia del capital productivo, va a traer guerras, mayor explotación, va a agravar la pobreza y la desocupación, y entonces, se preocupan por la contención.
En estas semanas ya tuve un debate sobre este punto y nosotros creemos que no hay economía popular bajo el capitalismo. Me van a disculpar, pero vamos a ser clásicos. Ya hubo un debate entre Lenin y Juan B. Justo, cuando empezaba el siglo pasado, sobre el problema del futuro de las cooperativas. Lenin le contestó que eran muy buenas, cuando los trabajadores gestionaban desde el Estado y las fuerzas de producción; pero las cooperativas no tienen futuro bajo el capitalismo.
Hay cooperativas de compañeros que heroicamente han ocupado fábricas, que están atravesando situaciones dramáticas; por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Zanon, donde están cobrando 500 pesos por semana.
En la economía hay que distinguir entre la emergencia y los emprendimientos de emergencia de la clase obrera para subsistir, como la mamá que sale a luchar para "parar la olla" con una perspectiva para los argentinos y la clase trabajadora; son dos cosas muy distintas. No hay economía popular bajo el capitalismo. Cada vez hay menos economía popular; solo habrá economía popular sobre nuevas bases sociales. Para superar la barbarie de la desocupación capitalista: el socialismo. Disculpen, pero hay un punto en el que debemos ser estratégicos.
En la transición vamos a discutir todos los problemas y estamos presentando un dictamen. Hoy mismo estaremos presentando un dictamen que atiende la emergencia social, el problema de la desocupación y el hambre, pero desde el ángulo que la crisis la paguen los capitalistas, en lugar de adaptar en un consejo económico y social, la estatización de las organizaciones populares sociales de desocupados -que nosotros llamamos y seguiremos llamando con gran orgullo "piqueteras"-, que podría ser una reproducción del consejo consultivo del ex presidente Eduardo Duhalde. Eso lo tengo muy presente; no terminó bien, y después vinieron los sucesos del puente Pueyrredón, porque las cosas se salieron de cause.
La novedad que presentaron los compañeros de que la CGT articula con organizaciones sociales, tiene que ver con un balance histórico de que el movimiento piquetero escapó a los sindicatos. Eso es totalmente cierto; pero resulta que ahora tenemos integrada en la mesa de concertación del Estado, a la CGT y a parte de los movimientos sociales. No creemos que ese sea el camino.
Están preocupados por la contención de los sindicatos, que estallan todos los días. La CGT vino a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, antes de ayer, a decir que no está de acuerdo con el proyecto de ganancias, así como tampoco con tantas otras cosas; sin embargo, están en la mesa de concertación, veremos hasta cuándo.
Veremos hasta cuándo dura la integración de tres organizaciones sociales, que parecen un consejo económico y social hecho a medida de tres candidatos a ocupar los lugares -son tres, y da la casualidad que también son tres las que han ido a discutir-; veremos hasta cuándo puede sostenerse este mecanismo de contención y paz social, que entrega la autonomía de las organizaciones sociales, populares y de los sindicatos. No estamos de acuerdo con esta idea.
Para ir terminando, compañeros, nuestro proyecto es un compendio de seis iniciativas legislativas, que están incluidas en el dictamen que llamo a leer con detenimiento. Seguramente, lo harán después de que se firme el despacho de mayoría; lo siento, porque los tiempos que nos están dando son absurdos, pero no vamos a parar nunca de protestar por esto. Pueden leer los dictámenes antes de que los discutamos el martes, y así examinarlos en profundidad.
En primer lugar, apuntamos a que nadie pueda ganar menos de un salario mínimo porque, de lo contrario, estaríamos consagrando, bajo la forma asistencial, la precarización laboral.
En segundo término, propiciamos que todo grupo con planes sociales que esté en la función pública pase a planta, sea transitoria o permanente.
Los planes sociales son una variedad de la precarización laboral, especialmente en los municipios; hay compañeros que trabajan en tareas municipales masivamente en todas las provincias del país, que cobran "subsalarios". Tengan en cuenta que los municipales han hecho movimientos, porque no llegan al salario mínimo vital y móvil vigente. Esto es la precarización de la precarización, con la que no estamos de acuerdo.
También atacamos el problema de la tercerización laboral, que es parte del trabajo precario y en negro. Hay que poner el foco ahí. Este es un aspecto absolutamente clave para que rijan los convenios y se blanquee a los trabajadores.
El otro día el señor presidente Laspina no me dejó contestarle con micrófono -lo hice fuera de micrófono-, y por eso lo voy hacer ahora. Me dijo que en lugar de preocuparme por el impuesto a las ganancias debía hacerlo por los trabajadores en negro.
Yo le contesté que en el año 2014 presentamos un elaborado proyecto -llamo a que el señor presidente Laspina lo lea- sobre el problema del blanqueo laboral, en oposición a la rebaja de aportes e impuestos a las empresas para premiar a las que blanqueen, lo que ha fracasado rotundamente. Lo discutimos aquí con el ministro Triaca, que dijo que el 40 por ciento de los trabajadores está en negro, después de la ley aprobada en 2014, durante el gobierno kirchnerista y por iniciativa de ese sector. Entonces, hagamos un balance práctico.
Nuestro proyecto de blanqueo, que atiende el problema de la economía informal -llamada "popular" y que ahora iría a un registro-, tiene que ver con la notificación del propio trabajador al Estado y a la patronal. El trabajador que está en negro debe ser beneficiado con estabilidad laboral, si denuncia su situación en negro. Hay que liquidar la economía negra.
Por último, en respuesta al proyecto de Primer Empleo del ministro Triaca, que ha quedado empantanado, hemos planteado un principio de reparto de horas de trabajo en un registro de empresas, que sean obligadas a repartir horas de trabajo para que no haya trabajadores en la Argentina que trabajen doce horas y otros que sigan desocupados. Esta es una realidad que tenemos permanentemente.
Lógicamente son planteos de conjunto, que tienen que ir asociados a que nadie gane menos del equivalente a una canasta familiar, porque una persona que trabaja doce horas no lo hace por gusto sino porque no le alcanza el sueldo.
Agradezco a todos los colegas diputados la paciencia. En unos momentos van a conocer el texto del dictamen de minoría que estaremos presentando en breve, ya que le estamos dando los últimos retoques. Esto es lo que queríamos decir. (Aplausos.)
Desde luego, espero que haya quórum. No podíamos faltar a este debate, con el camino que tiene recorrido el Partido Obrero en la lucha del movimiento obrero y, especialmente, en la lucha del movimiento piquetero.
El problema de la emergencia social, económica y de todo orden, creo que hoy aparece más vigente que nunca, porque estamos conociendo, por todos los matutinos, que el mes de octubre ha dado una caída industrial del 8 por ciento y una caída del 19 por ciento en la construcción. La emergencia es total, absoluta; esto está fuera de toda discusión. Es el peor mes de 2016, en el semestre que estaba previsto la lluvia de inversiones, y está culminando un año de recesión económica y de despidos masivos.
Dicho esto, quiero resaltar una coincidencia de la vida: el Polo Obrero hoy está movilizado en todo el país, mientras abordamos este debate aquí. Es un hecho casual, pero tengo que empezar reivindicando esta movilización de miles de compañeros, que está haciendo el Polo Obrero frente al Ministerio de Desarrollo Social y en distintos puntos del país, levantando las banderas históricas que le dieron origen a su fundación en el año 2000.
Hubo antecedentes en los fines de los 90, en comisiones de desocupados en las que participamos, pero el Polo Obrero nace, en el año 2000, con las banderas de trabajo o subsidio al desocupado, frente a la desocupación masiva de fines de los 90. Fue en ese momento que surgió este movimiento piquetero que, para nosotros, no ha sido un nuevo sujeto social, sino que es parte integral de una clase trabajadora argentina, que incluso dio un ejemplo al mundo.
Se trata de un movimiento absolutamente único y original que organizó a sus desocupados a partir de Cutral Có, Tartagal y tantas experiencias heroicas de lucha. Desde ese lugar, el Polo Obrero está hoy movilizado con sus banderas históricas de lucha, con todos los reclamos del momento que, desgraciada y dramáticamente, han vuelto a poblar de niños y de mamás los comedores comunitarios en todos los centros urbanos más críticos en cuanto a la desocupación del país. Se han vuelto a poner de relieve aquellos reclamos que vieron nacer al movimiento piquetero a fines de los 90.
Desde este lugar, nosotros junto con el Polo Obrero, no compartimos el acta que se ha firmado y da origen a este proyecto de ley de emergencia social, al que vamos a referirnos y, al mismo tiempo, explicar nuestra propuesta sobre el punto.
El acta da origen al proyecto que conocemos hoy con el Consejo de Economía Popular y sus lineamientos centrales, que ahora está a consideración de la comisión; establece una cláusula de paz social hasta el año 2019 y los movimientos firmantes tienen que abstenerse de situaciones de conflicto, mientras dure su vigencia.
Nosotros somos contrarios a las actas de paz social de los sindicatos y de todas las organizaciones populares. Creemos que nacieron para representar el reclamo popular, de los trabajadores, de los desocupados, y que ningún motivo o reivindicación alcanzada -aunque así fuera, creo que no es el caso- debe originar un acta que maniate la libertad de acción, organización y autonomía de las organizaciones populares.
El Polo Obrero no es firmante de esta acta y nosotros, en consonancia con eso, somos críticos de este proyecto de ley de emergencia social.
Nuestro reclamo siempre ha sido hacia la responsabilidad del Estado. Quiero dejar en claro, en estos tiempos que auguran días y meses tormentosos, de conflicto social, por el agravamiento de la crisis económica y la descarga sobre las espaldas de los trabajadores, que nunca hemos sido partidarios del asistencialismo ni de la caridad. Siempre nos hemos dirigido en el reclamo al Estado, al cual consideramos responsable ante los trabajadores. Son responsables el Estado y el poder económico que habitualmente está detrás de la política de ese Estado.
Por eso, en algún momento, la dirección del Partido Obrero llamó a pasar de largo los supermercados y ganar la plaza de Mayo, y el gobierno de Alfonsín puso preso a la dirección del Partido Obrero, incluido Jorge Altamira. Desde este concepto central abordamos el problema tan dramático y grave de hoy.
No compartimos -lo hemos discutido fuertemente durante la década kirchnerista- la idea de excluidos e incluidos. Por ejemplo, en este momento la mitad de los trabajadores ganan menos de 9.000 pesos, mientras que la línea de pobreza establecida por el INDEC, en el mes de septiembre, es de 12.500 pesos. Entonces, esos trabajadores están excluidos de un salario mínimo equivalente a una canasta familiar, y condenados a estar por debajo de la línea de la pobreza. Se trata de muchísimas personas que trabajan, no solo de changueros, desocupados o en la economía informal.
De manera que la cuestión de excluidos o incluidos, para nosotros, traza una división que es artificial y tiene por objeto un lineamiento que nace en las usinas ideológicas del Banco Mundial, de contención hacia lo que llaman la "pobreza estructural" que, en realidad, no es otra cosa que el resultado de la crisis capitalista que viene actuando de manera implacable en el mundo, en particular en los últimos diez años, descargando la crisis del sistema sobre las espaldas de los de abajo.
En este aspecto, he escuchado con atención a la ministra Carolina Stanley hablar sobre una propuesta que es realmente contradictoria y absurda: el Registro de Trabajadores Informales. Nosotros somos partidarios del blanqueo de los trabajadores en negro. Este tema del Registro de Trabajadores Informales pinta de cuadratura del círculo, no puede tener otro objeto; por mucho que se lo pinte como una nueva tesis de la asistencia social, no puede tener otro objeto que una versión más del asistencialismo.
Escuché a la ministra, en un reportaje en el diario "La Nación" de ayer, decir que la novedad que trae esta medida es que no solamente hay planes sociales, como pudo haber habido en el pasado, sino que ahora se apunta a la formación e inserción laboral. Yo creo que esto no es una novedad; hay técnicos muy preparados como Daniel Arroyo, Katopodis y mucha gente que ha pasado por el Ministerio de Desarrollo Social en el país y en la provincia de Buenos Aires, que se han referido a esta temática. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá me hace señas; tal vez, él también haya estado al frente de uno de los gobiernos que actuó, en este sentido.
Son muchos los gobiernos que han pasado y la tesis fue siempre la misma; estamos parados en el mismo lugar y peor aún. Es decir que el problema de la Argentina asistencial es un debate profundo, político, económico y social de fondo que tenemos.
El Banco Mundial se preocupa por el asistencialismo porque tiene muy en claro que está dispuesto a seguir agravando la situación de 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen trabajo y todos los días tienen dificultades para comer. Es decir que son conscientes de que sus políticas para salvar el capital financiero y la decreciente tasa de ganancia del capital productivo, va a traer guerras, mayor explotación, va a agravar la pobreza y la desocupación, y entonces, se preocupan por la contención.
En estas semanas ya tuve un debate sobre este punto y nosotros creemos que no hay economía popular bajo el capitalismo. Me van a disculpar, pero vamos a ser clásicos. Ya hubo un debate entre Lenin y Juan B. Justo, cuando empezaba el siglo pasado, sobre el problema del futuro de las cooperativas. Lenin le contestó que eran muy buenas, cuando los trabajadores gestionaban desde el Estado y las fuerzas de producción; pero las cooperativas no tienen futuro bajo el capitalismo.
Hay cooperativas de compañeros que heroicamente han ocupado fábricas, que están atravesando situaciones dramáticas; por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Zanon, donde están cobrando 500 pesos por semana.
En la economía hay que distinguir entre la emergencia y los emprendimientos de emergencia de la clase obrera para subsistir, como la mamá que sale a luchar para "parar la olla" con una perspectiva para los argentinos y la clase trabajadora; son dos cosas muy distintas. No hay economía popular bajo el capitalismo. Cada vez hay menos economía popular; solo habrá economía popular sobre nuevas bases sociales. Para superar la barbarie de la desocupación capitalista: el socialismo. Disculpen, pero hay un punto en el que debemos ser estratégicos.
En la transición vamos a discutir todos los problemas y estamos presentando un dictamen. Hoy mismo estaremos presentando un dictamen que atiende la emergencia social, el problema de la desocupación y el hambre, pero desde el ángulo que la crisis la paguen los capitalistas, en lugar de adaptar en un consejo económico y social, la estatización de las organizaciones populares sociales de desocupados -que nosotros llamamos y seguiremos llamando con gran orgullo "piqueteras"-, que podría ser una reproducción del consejo consultivo del ex presidente Eduardo Duhalde. Eso lo tengo muy presente; no terminó bien, y después vinieron los sucesos del puente Pueyrredón, porque las cosas se salieron de cause.
La novedad que presentaron los compañeros de que la CGT articula con organizaciones sociales, tiene que ver con un balance histórico de que el movimiento piquetero escapó a los sindicatos. Eso es totalmente cierto; pero resulta que ahora tenemos integrada en la mesa de concertación del Estado, a la CGT y a parte de los movimientos sociales. No creemos que ese sea el camino.
Están preocupados por la contención de los sindicatos, que estallan todos los días. La CGT vino a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, antes de ayer, a decir que no está de acuerdo con el proyecto de ganancias, así como tampoco con tantas otras cosas; sin embargo, están en la mesa de concertación, veremos hasta cuándo.
Veremos hasta cuándo dura la integración de tres organizaciones sociales, que parecen un consejo económico y social hecho a medida de tres candidatos a ocupar los lugares -son tres, y da la casualidad que también son tres las que han ido a discutir-; veremos hasta cuándo puede sostenerse este mecanismo de contención y paz social, que entrega la autonomía de las organizaciones sociales, populares y de los sindicatos. No estamos de acuerdo con esta idea.
Para ir terminando, compañeros, nuestro proyecto es un compendio de seis iniciativas legislativas, que están incluidas en el dictamen que llamo a leer con detenimiento. Seguramente, lo harán después de que se firme el despacho de mayoría; lo siento, porque los tiempos que nos están dando son absurdos, pero no vamos a parar nunca de protestar por esto. Pueden leer los dictámenes antes de que los discutamos el martes, y así examinarlos en profundidad.
En primer lugar, apuntamos a que nadie pueda ganar menos de un salario mínimo porque, de lo contrario, estaríamos consagrando, bajo la forma asistencial, la precarización laboral.
En segundo término, propiciamos que todo grupo con planes sociales que esté en la función pública pase a planta, sea transitoria o permanente.
Los planes sociales son una variedad de la precarización laboral, especialmente en los municipios; hay compañeros que trabajan en tareas municipales masivamente en todas las provincias del país, que cobran "subsalarios". Tengan en cuenta que los municipales han hecho movimientos, porque no llegan al salario mínimo vital y móvil vigente. Esto es la precarización de la precarización, con la que no estamos de acuerdo.
También atacamos el problema de la tercerización laboral, que es parte del trabajo precario y en negro. Hay que poner el foco ahí. Este es un aspecto absolutamente clave para que rijan los convenios y se blanquee a los trabajadores.
El otro día el señor presidente Laspina no me dejó contestarle con micrófono -lo hice fuera de micrófono-, y por eso lo voy hacer ahora. Me dijo que en lugar de preocuparme por el impuesto a las ganancias debía hacerlo por los trabajadores en negro.
Yo le contesté que en el año 2014 presentamos un elaborado proyecto -llamo a que el señor presidente Laspina lo lea- sobre el problema del blanqueo laboral, en oposición a la rebaja de aportes e impuestos a las empresas para premiar a las que blanqueen, lo que ha fracasado rotundamente. Lo discutimos aquí con el ministro Triaca, que dijo que el 40 por ciento de los trabajadores está en negro, después de la ley aprobada en 2014, durante el gobierno kirchnerista y por iniciativa de ese sector. Entonces, hagamos un balance práctico.
Nuestro proyecto de blanqueo, que atiende el problema de la economía informal -llamada "popular" y que ahora iría a un registro-, tiene que ver con la notificación del propio trabajador al Estado y a la patronal. El trabajador que está en negro debe ser beneficiado con estabilidad laboral, si denuncia su situación en negro. Hay que liquidar la economía negra.
Por último, en respuesta al proyecto de Primer Empleo del ministro Triaca, que ha quedado empantanado, hemos planteado un principio de reparto de horas de trabajo en un registro de empresas, que sean obligadas a repartir horas de trabajo para que no haya trabajadores en la Argentina que trabajen doce horas y otros que sigan desocupados. Esta es una realidad que tenemos permanentemente.
Lógicamente son planteos de conjunto, que tienen que ir asociados a que nadie gane menos del equivalente a una canasta familiar, porque una persona que trabaja doce horas no lo hace por gusto sino porque no le alcanza el sueldo.
Agradezco a todos los colegas diputados la paciencia. En unos momentos van a conocer el texto del dictamen de minoría que estaremos presentando en breve, ya que le estamos dando los últimos retoques. Esto es lo que queríamos decir. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Está anotado en la lista de oradores el señor diputado Amadeo, pero el señor diputado Massot solicita la palabra para hacer una propuesta.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. MASSOT Señor presidente: seré muy breve por respeto al señor diputado Amadeo.
Por supuesto, descuento el apoyo del interbloque a esta iniciativa que hemos firmado, y que ha sido una muestra más del acabado consenso político que existe en el Congreso.
Concretamente, queremos proponer un agregado, que fue acordado con los demás firmantes, a fin de que en la parte final del artículo 8° se incluya lo siguiente: "Dicha reasignación no podrá realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad Servicios Sociales".
Por supuesto, descuento el apoyo del interbloque a esta iniciativa que hemos firmado, y que ha sido una muestra más del acabado consenso político que existe en el Congreso.
Concretamente, queremos proponer un agregado, que fue acordado con los demás firmantes, a fin de que en la parte final del artículo 8° se incluya lo siguiente: "Dicha reasignación no podrá realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad Servicios Sociales".
SR. PRESIDENTE LASPINA Perfecto; lo incorporaremos al dictamen que oportunamente pasaremos a la firma. Luego veremos si hay disidencias respecto de esa modificación.
Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. AMADEO Señor Presidente: quiero expresar mi profundo placer por la coincidencia que siento con muchas de las cosas que expresaron los dos primeros señores diputados que hicieron uso de la palabra.
Recordando a Gramsci, siempre me digo a mí mismo que puedo ser pesimista en mi diagnóstico, pero soy optimista en las acciones.
Creo que el señor diputado Grosso y la señora diputada preopinante tienen esa visión positiva y constructiva, y considero que lo que estamos discutiendo en este momento es muy importante políticamente, porque este difícil proyecto que comenzó, como bien lo dijeron, con movilizaciones masivas, hoy día nos permite estar sentados acá, gracias a la maravilla del diálogo político y la inteligencia de los actores.
Si lo tomamos como tal, puede ser un inicio y no un final, como también lo plantearon los dos señores diputados que hablaron en primer término.
Sin referirme a la historia, es cierto lo que dijo la señora diputada, que esta triste historia de pobreza de la Argentina comienza con la dictadura. Es muy impactante ver los cuadros; cuando uno mira los gráficos, ve cómo en los 70 esa Argentina violenta, que muchos vivimos, era un país de bajas tasas de desempleo, de bajas tasas de informalidad, en la que, gracias a la política económica de Martínez de Hoz y sus compinches, empezó una espiral de pobreza, que luego se fue profundizando con las crisis.
Los pobres son los primeros en sufrir la crisis y los últimos en recuperarse; los primeros en perder el empleo y los últimos en recuperarlo. Esa acumulación de crisis -una crisis macro cada diez años y crisis menores cada cinco años-, más la degradación de los bienes públicos, en particular, la educación, ha llevado a que un 30 por ciento de nuestros hermanos estén en una trampa de la cual no pueden salir.
Además, son víctimas de planteos discriminatorios, como cuando se dice al pasar: "aquellos que nunca trabajaron o no vieron trabajar a sus padres ni abuelos". Este es un argumento absolutamente gorila y discriminatorio, que no entiende que no se puede vivir sin trabajar y que si no trabajan es porque no se ponen un mameluco o no van a la oficina, pero que tienen que ganarse el sustento, como bien lo planteó el señor diputado Grosso.
Este tema, es sin dudas el tema más complejo que tenemos en la Argentina, porque coincidimos absolutamente en que es necesario tener un piso mínimo de ingresos. Por eso, estamos muy orgullosos con que nuestro gobierno haya ampliado ese camino de piso mínimo de ingresos. Estamos en camino hacia eso con la incorporación de más de un millón y medio de chicos a la Asignación Universal por Hijo, los monotributistas, los zafreros -los más pobres de los pobres-, que no van a perder sus planes sociales cuando puedan trabajar, y la jubilación básica para los mayores. Este es un enorme camino hacia la consolidación de un piso mínimo de ingresos.
Ya que he mencionado esto, quiero decir, creo que represento el pensamiento de nuestro bloque al hacerlo, que venimos muy orgullosos y con nuestra conciencia tranquila, aunque no me gusta la frase "conciencia tranquila" porque puede sonar a culpa; venimos con nuestra conciencia segura acerca de lo que estamos haciendo como gobierno, bloque y Congreso para mejorar la situación social.
Lo que hemos hecho con la reparación histórica a los jubilados, la extensión de la educación obligatoria para niños de 3 años, el Seguro Universal de Salud, el presupuesto social récord, la apertura de los CPI, un presupuesto social que aumenta un 37 por ciento, el plan Belgrano, el plan de agua y cloacas, el aumento del salario mínimo vital y móvil, las paritarias libres, el aumento de los subsidios por desempleo -y creo que me quedo corto-, muestran un gobierno con una decisión clara, absoluta, de avanzar con esta cobertura social que necesita un 30 por ciento de los argentinos.
Como también lo planteó el señor diputado Grosso, con esto sabemos que no alcanza; yo creo que tenemos que plantearnos una mirada a largo plazo. El primer componente de la mirada a largo plazo es que necesitamos tener una economía estable, una economía que no genere más crisis. No podemos tener un doble discurso con este tema. No podemos arrancarnos las vestiduras, hablando de nuestra preocupación por los pobres y proponer proyectos de todo tipo, que lo único que hacen es generar incertidumbre. Necesitamos tener una economía estable y de largo plazo.
En segundo lugar, debemos avanzar en los términos de este proyecto para generar espacios de incorporación al empleo formal, no solamente con herramientas de promoción, sino también con una definitiva reforma educativa.
El amigo Juan Llach acuñó una frase que debe marcarnos todo el tiempo: "Tenemos una educación pobre para pobres". Si no mejoramos la educación -y por eso, como Congreso, debemos acompañar el proceso de transformación educativa, que nos propone el ministro de Educación- no vamos a lograr ese objetivo estratégico.
Necesitamos también incentivos como el proyecto del Primer Empleo y todas las demás iniciativas que mejoren la accesibilidad al empleo.
Asimismo, debemos poner una mirada de equidad a todo lo que hacemos. La sociedad argentina parece dos países: un país de los incluidos y otro de los excluidos, y todo aquello que hagamos para beneficiar excesivamente a los incluidos irá en contra de las necesidades que estamos planteando en este momento.
Finalmente, tenemos que encontrar -y espero que esto sea la próxima etapa del diálogo- la forma de convertir efectivamente a los planes sociales en trabajo; el señor diputado Grosso avanzó en ese camino. Tenemos la interesante prospectiva de la economía social, pero hay que ver de qué manera podemos avanzar y ayudar a la formalización de la economía social, agregarle calidad, tecnología y sustentabilidad para que, en un proceso que será largo, los planes sociales hoy día se conviertan en trabajo. Allí está la esencia de la dignidad. El piso mínimo de ingresos es la base humanitaria, pero la base de la dignidad es el trabajo.
Por eso, como bloque, estamos muy contentos de acompañar este proyecto de ley, sobre todo si lo tomamos como una base para la construcción de un espacio de trabajo que dé dignidad. (Aplausos.)
Recordando a Gramsci, siempre me digo a mí mismo que puedo ser pesimista en mi diagnóstico, pero soy optimista en las acciones.
Creo que el señor diputado Grosso y la señora diputada preopinante tienen esa visión positiva y constructiva, y considero que lo que estamos discutiendo en este momento es muy importante políticamente, porque este difícil proyecto que comenzó, como bien lo dijeron, con movilizaciones masivas, hoy día nos permite estar sentados acá, gracias a la maravilla del diálogo político y la inteligencia de los actores.
Si lo tomamos como tal, puede ser un inicio y no un final, como también lo plantearon los dos señores diputados que hablaron en primer término.
Sin referirme a la historia, es cierto lo que dijo la señora diputada, que esta triste historia de pobreza de la Argentina comienza con la dictadura. Es muy impactante ver los cuadros; cuando uno mira los gráficos, ve cómo en los 70 esa Argentina violenta, que muchos vivimos, era un país de bajas tasas de desempleo, de bajas tasas de informalidad, en la que, gracias a la política económica de Martínez de Hoz y sus compinches, empezó una espiral de pobreza, que luego se fue profundizando con las crisis.
Los pobres son los primeros en sufrir la crisis y los últimos en recuperarse; los primeros en perder el empleo y los últimos en recuperarlo. Esa acumulación de crisis -una crisis macro cada diez años y crisis menores cada cinco años-, más la degradación de los bienes públicos, en particular, la educación, ha llevado a que un 30 por ciento de nuestros hermanos estén en una trampa de la cual no pueden salir.
Además, son víctimas de planteos discriminatorios, como cuando se dice al pasar: "aquellos que nunca trabajaron o no vieron trabajar a sus padres ni abuelos". Este es un argumento absolutamente gorila y discriminatorio, que no entiende que no se puede vivir sin trabajar y que si no trabajan es porque no se ponen un mameluco o no van a la oficina, pero que tienen que ganarse el sustento, como bien lo planteó el señor diputado Grosso.
Este tema, es sin dudas el tema más complejo que tenemos en la Argentina, porque coincidimos absolutamente en que es necesario tener un piso mínimo de ingresos. Por eso, estamos muy orgullosos con que nuestro gobierno haya ampliado ese camino de piso mínimo de ingresos. Estamos en camino hacia eso con la incorporación de más de un millón y medio de chicos a la Asignación Universal por Hijo, los monotributistas, los zafreros -los más pobres de los pobres-, que no van a perder sus planes sociales cuando puedan trabajar, y la jubilación básica para los mayores. Este es un enorme camino hacia la consolidación de un piso mínimo de ingresos.
Ya que he mencionado esto, quiero decir, creo que represento el pensamiento de nuestro bloque al hacerlo, que venimos muy orgullosos y con nuestra conciencia tranquila, aunque no me gusta la frase "conciencia tranquila" porque puede sonar a culpa; venimos con nuestra conciencia segura acerca de lo que estamos haciendo como gobierno, bloque y Congreso para mejorar la situación social.
Lo que hemos hecho con la reparación histórica a los jubilados, la extensión de la educación obligatoria para niños de 3 años, el Seguro Universal de Salud, el presupuesto social récord, la apertura de los CPI, un presupuesto social que aumenta un 37 por ciento, el plan Belgrano, el plan de agua y cloacas, el aumento del salario mínimo vital y móvil, las paritarias libres, el aumento de los subsidios por desempleo -y creo que me quedo corto-, muestran un gobierno con una decisión clara, absoluta, de avanzar con esta cobertura social que necesita un 30 por ciento de los argentinos.
Como también lo planteó el señor diputado Grosso, con esto sabemos que no alcanza; yo creo que tenemos que plantearnos una mirada a largo plazo. El primer componente de la mirada a largo plazo es que necesitamos tener una economía estable, una economía que no genere más crisis. No podemos tener un doble discurso con este tema. No podemos arrancarnos las vestiduras, hablando de nuestra preocupación por los pobres y proponer proyectos de todo tipo, que lo único que hacen es generar incertidumbre. Necesitamos tener una economía estable y de largo plazo.
En segundo lugar, debemos avanzar en los términos de este proyecto para generar espacios de incorporación al empleo formal, no solamente con herramientas de promoción, sino también con una definitiva reforma educativa.
El amigo Juan Llach acuñó una frase que debe marcarnos todo el tiempo: "Tenemos una educación pobre para pobres". Si no mejoramos la educación -y por eso, como Congreso, debemos acompañar el proceso de transformación educativa, que nos propone el ministro de Educación- no vamos a lograr ese objetivo estratégico.
Necesitamos también incentivos como el proyecto del Primer Empleo y todas las demás iniciativas que mejoren la accesibilidad al empleo.
Asimismo, debemos poner una mirada de equidad a todo lo que hacemos. La sociedad argentina parece dos países: un país de los incluidos y otro de los excluidos, y todo aquello que hagamos para beneficiar excesivamente a los incluidos irá en contra de las necesidades que estamos planteando en este momento.
Finalmente, tenemos que encontrar -y espero que esto sea la próxima etapa del diálogo- la forma de convertir efectivamente a los planes sociales en trabajo; el señor diputado Grosso avanzó en ese camino. Tenemos la interesante prospectiva de la economía social, pero hay que ver de qué manera podemos avanzar y ayudar a la formalización de la economía social, agregarle calidad, tecnología y sustentabilidad para que, en un proceso que será largo, los planes sociales hoy día se conviertan en trabajo. Allí está la esencia de la dignidad. El piso mínimo de ingresos es la base humanitaria, pero la base de la dignidad es el trabajo.
Por eso, como bloque, estamos muy contentos de acompañar este proyecto de ley, sobre todo si lo tomamos como una base para la construcción de un espacio de trabajo que dé dignidad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Señor presidente: desde el Bloque Justicialista venimos a ratificar nuestro apoyo a este proyecto de ley.
Nuestros compañeros de bloque, los señores diputados Romero y Bossio, son firmantes de esta iniciativa. Queremos dejar en claro que venimos a apoyarla desde la responsabilidad que nos dio la ciudadanía; no sentimos placer, no estamos contentos ni orgullosos. Esto hay que dejarlo muy en claro.
Este proyecto es una síntesis del fracaso de la política económica, de la política de protección de la industria nacional, de la protección del trabajo argentino y de la política de inclusión de más ciudadanos para dejar de atender clientes.
Desde el justicialismo siempre hemos planteado que no hay mejor política social que generar trabajo decente. Por eso, estamos apoyando este proyecto con mucha responsabilidad, pero sin ningún orgullo.
Nunca hemos compartido, así como muchas veces hemos estado en contra -algún diputado planteaba reminiscencias de algún paso por la gestión-, ni pudimos entender cuando ciertos gobernantes con bombos, platillos y operaciones mediáticas inauguraban comedores comunitarios.
Por eso, vuelvo a repetir que estamos apoyando este proyecto de ley, pero quiero plantear un desafío al gobierno nacional. Si realmente queremos festejar algo, que sea porque en el menor tiempo posible nos reunamos en esta comisión para derogar este proyecto, cuando hayan desaparecido la precarización y la desprotección de los que menos tienen, al haber conseguido un trabajo decente, como marca la justicia social.
Este proyecto, en cierta manera, es una síntesis de la involución del sentido de justicia social que tenemos los justicialistas. (Aplausos.)
Nuestros compañeros de bloque, los señores diputados Romero y Bossio, son firmantes de esta iniciativa. Queremos dejar en claro que venimos a apoyarla desde la responsabilidad que nos dio la ciudadanía; no sentimos placer, no estamos contentos ni orgullosos. Esto hay que dejarlo muy en claro.
Este proyecto es una síntesis del fracaso de la política económica, de la política de protección de la industria nacional, de la protección del trabajo argentino y de la política de inclusión de más ciudadanos para dejar de atender clientes.
Desde el justicialismo siempre hemos planteado que no hay mejor política social que generar trabajo decente. Por eso, estamos apoyando este proyecto con mucha responsabilidad, pero sin ningún orgullo.
Nunca hemos compartido, así como muchas veces hemos estado en contra -algún diputado planteaba reminiscencias de algún paso por la gestión-, ni pudimos entender cuando ciertos gobernantes con bombos, platillos y operaciones mediáticas inauguraban comedores comunitarios.
Por eso, vuelvo a repetir que estamos apoyando este proyecto de ley, pero quiero plantear un desafío al gobierno nacional. Si realmente queremos festejar algo, que sea porque en el menor tiempo posible nos reunamos en esta comisión para derogar este proyecto, cuando hayan desaparecido la precarización y la desprotección de los que menos tienen, al haber conseguido un trabajo decente, como marca la justicia social.
Este proyecto, en cierta manera, es una síntesis de la involución del sentido de justicia social que tenemos los justicialistas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Masso.
SR. MASSO Señor presidente: estamos contentos de que, a pesar de haber venido sosteniendo desde principio de año la necesidad de generar un proyecto de ley de emergencia social, el gobierno nacional haya escuchado finalmente este pedido. No bastaron solo las voces de distintos diputados y bancadas del Congreso Nacional para que el gobierno escuchara este pedido; fue el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras en las calles, luchando por la justicia social, lo que hizo ruido. Tuvieron que realizar diferentes acciones para ser escuchados, y el punto de inflexión creo que fue el 7 de agosto, Día de San Cayetano, cuando más de 100.000 trabajadores desocupados marcharon a la plaza de Mayo. Luego, tuvieron que sumar más acciones haciendo ollas populares y demás, en una realidad que es clara, y que yo resumo en una frase que me duele mucho: "Ha vuelto la desesperación por un plato de comida en la República Argentina".
En este sentido, creo que este proyecto de ley va a ayudar a mitigar ese dolor, sobre todo, esa necesidad que tienen millones de argentinos, dentro de los cuales hay más de 5 millones de niños y niñas que, si no comen en un comedor escolar o comunitario, su cena sigue siendo una taza de mate cocido.
Creo que vamos logrando un pequeño piso de dignidad con este proyecto de ley. Aunque ese pequeño piso de dignidad tendría que ser la canasta básica total, que este gobierno ha tenido la voluntad de alcanzar, después de mucho tiempo en el que desconocimos datos oficiales. Si bien teníamos datos de diferentes consultoras o institutos de investigación de los partidos que conforman el Congreso, como el índice IPC, se sabía que la canasta básica alimentaria superaba los 5.000 pesos, y que la canasta básica alimentaria total, en la actualidad, oscila entre 12.500 y 13.000 pesos. Dentro de esa realidad, ningún programa social vigente en la República Argentina cubrió la canasta básica alimentaria. Por eso, cuando tratamos en el Congreso la devolución del IVA, planteamos, en ese momento al gobierno, que el tope de 300 pesos era desconocer la realidad. También cuando tratamos otros proyectos referidos a lo social, siempre planteamos al gobierno que había que poner el ojo mucho más firme en esa realidad.
En este sentido, creo que esto es un avance. Es muy fácil criticar esta norma desde un despacho o, como se dice en la jerga popular, corriéndonos por izquierda. Los que objetivamente tenemos compromiso y conocemos la realidad de aquel chico que al tener un pedazo de dulce de batata se desespera, lo pone entre dos panes caseros y se lo come con tantas ganas, creemos que esto es un gran avance. La idea de la creación del Salario Social Complementario, junto con lo que pueda producir este trabajador de la economía popular, es que llegue al salario mínimo vital y móvil con un piso del 50 por ciento del Salario Social Complementario, en el trabajo del día a día.
En este sentido, creo que es una ayuda llegar al piso de la canasta básica alimentaria, porque hoy el porcentaje mayor ya no está comprendido por los chicos, aunque en algunas provincias del Norte, como la que pertenezco, sigue habiendo casos de muerte por desnutrición. Hoy tenemos otra realidad dura que es la malnutrición. De estos 5 millones de niños que asisten a nuestros comedores comunitarios y escuelas, el 43 o 45 por ciento tiene problemas de malnutrición; acá aparece el fenómeno del sobrepeso y la obesidad, que objetivamente es consecuencia de la forma en que esos chicos vienen alimentándose en los últimos años.
Por eso, creo que este es un avance, pero coincido con el señor diputado Ziliotto en que no hay mucho para festejar y que esto es un pequeño piso.
Debemos entender que ese 33 por ciento de argentinos no la está pasando bien, porque la inflación ha causado un efecto bastante complejo, debilitando el poder adquisitivo. Por eso, es necesario seguir discutiendo no solo una ley sino poner el ojo en la situación social y económica que vive la Argentina.
Cuando uno lee los informes de la malnutrición, observa que, en los lactantes de cero a dos años, el momento en que crece su capacidad intelectual, el índice aumenta del 45 al 58 por ciento. Entonces, nos preguntamos, si tenemos un país que produce alimentos para más de 40 millones de personas, por qué condenamos a ese bebé a que su capacidad intelectual sea menor a la de un argentino que puede alimentarse bien.
Creo que lejos de la demagogia y de lo que pueda plantearse, desde los distintos bloques, este proyecto es un avance. Como ha surgido del diálogo con la ministra de Desarrollo Social, con el Ministerio de Trabajo y con los distintos bloques de la Cámara, todos debemos tomar la responsabilidad que corresponde, teniendo en cuenta que se trata de un piso débil. Por lo tanto, debemos tomar el compromiso de mejorar las condiciones para que estos argentinos y estas argentinas puedan acceder a un trabajo digno, formal. Cuando digo "formal" me refiero a un trabajo que le brinde la posibilidad de tener un sueldo con el que pueda llegar a la canasta básica y así, de una vez por todas, contar con los recursos necesarios para criar a sus hijos.
En este sentido, doy importancia a este acuerdo de las organizaciones sociales, porque creo que una de las cosas que debemos lograr, quienes conocemos la realidad que viven estos menores que asisten a un merendero o a un comedor, es que pasen las fiestas de fin de año en su casa y rodeados de su familia. Creo que esto va en esa dirección.
Por lo tanto, quiero decir algo a quienes por no poder criticar este proyecto se ocuparon del acta. Las organizaciones sociales que han firmado esa acta saben de la lucha por la dignidad de los argentinos y las argentinas, pero también saben que el diálogo fortalece.
Asimismo, saben -porque está en la base social de cada merendero, centro comunitario y centro de alfabetización- que, si el gobierno no cumple, los compañeros de esas organizaciones no solo estarán el próximo martes esperando que se sancione esta iniciativa, sino que ganarán las calles para exigir a este gobierno, o a cualquiera de turno, la dignidad que merecen millones de argentinos que hoy están por debajo de la línea de pobreza. (Aplausos.)
En este sentido, creo que este proyecto de ley va a ayudar a mitigar ese dolor, sobre todo, esa necesidad que tienen millones de argentinos, dentro de los cuales hay más de 5 millones de niños y niñas que, si no comen en un comedor escolar o comunitario, su cena sigue siendo una taza de mate cocido.
Creo que vamos logrando un pequeño piso de dignidad con este proyecto de ley. Aunque ese pequeño piso de dignidad tendría que ser la canasta básica total, que este gobierno ha tenido la voluntad de alcanzar, después de mucho tiempo en el que desconocimos datos oficiales. Si bien teníamos datos de diferentes consultoras o institutos de investigación de los partidos que conforman el Congreso, como el índice IPC, se sabía que la canasta básica alimentaria superaba los 5.000 pesos, y que la canasta básica alimentaria total, en la actualidad, oscila entre 12.500 y 13.000 pesos. Dentro de esa realidad, ningún programa social vigente en la República Argentina cubrió la canasta básica alimentaria. Por eso, cuando tratamos en el Congreso la devolución del IVA, planteamos, en ese momento al gobierno, que el tope de 300 pesos era desconocer la realidad. También cuando tratamos otros proyectos referidos a lo social, siempre planteamos al gobierno que había que poner el ojo mucho más firme en esa realidad.
En este sentido, creo que esto es un avance. Es muy fácil criticar esta norma desde un despacho o, como se dice en la jerga popular, corriéndonos por izquierda. Los que objetivamente tenemos compromiso y conocemos la realidad de aquel chico que al tener un pedazo de dulce de batata se desespera, lo pone entre dos panes caseros y se lo come con tantas ganas, creemos que esto es un gran avance. La idea de la creación del Salario Social Complementario, junto con lo que pueda producir este trabajador de la economía popular, es que llegue al salario mínimo vital y móvil con un piso del 50 por ciento del Salario Social Complementario, en el trabajo del día a día.
En este sentido, creo que es una ayuda llegar al piso de la canasta básica alimentaria, porque hoy el porcentaje mayor ya no está comprendido por los chicos, aunque en algunas provincias del Norte, como la que pertenezco, sigue habiendo casos de muerte por desnutrición. Hoy tenemos otra realidad dura que es la malnutrición. De estos 5 millones de niños que asisten a nuestros comedores comunitarios y escuelas, el 43 o 45 por ciento tiene problemas de malnutrición; acá aparece el fenómeno del sobrepeso y la obesidad, que objetivamente es consecuencia de la forma en que esos chicos vienen alimentándose en los últimos años.
Por eso, creo que este es un avance, pero coincido con el señor diputado Ziliotto en que no hay mucho para festejar y que esto es un pequeño piso.
Debemos entender que ese 33 por ciento de argentinos no la está pasando bien, porque la inflación ha causado un efecto bastante complejo, debilitando el poder adquisitivo. Por eso, es necesario seguir discutiendo no solo una ley sino poner el ojo en la situación social y económica que vive la Argentina.
Cuando uno lee los informes de la malnutrición, observa que, en los lactantes de cero a dos años, el momento en que crece su capacidad intelectual, el índice aumenta del 45 al 58 por ciento. Entonces, nos preguntamos, si tenemos un país que produce alimentos para más de 40 millones de personas, por qué condenamos a ese bebé a que su capacidad intelectual sea menor a la de un argentino que puede alimentarse bien.
Creo que lejos de la demagogia y de lo que pueda plantearse, desde los distintos bloques, este proyecto es un avance. Como ha surgido del diálogo con la ministra de Desarrollo Social, con el Ministerio de Trabajo y con los distintos bloques de la Cámara, todos debemos tomar la responsabilidad que corresponde, teniendo en cuenta que se trata de un piso débil. Por lo tanto, debemos tomar el compromiso de mejorar las condiciones para que estos argentinos y estas argentinas puedan acceder a un trabajo digno, formal. Cuando digo "formal" me refiero a un trabajo que le brinde la posibilidad de tener un sueldo con el que pueda llegar a la canasta básica y así, de una vez por todas, contar con los recursos necesarios para criar a sus hijos.
En este sentido, doy importancia a este acuerdo de las organizaciones sociales, porque creo que una de las cosas que debemos lograr, quienes conocemos la realidad que viven estos menores que asisten a un merendero o a un comedor, es que pasen las fiestas de fin de año en su casa y rodeados de su familia. Creo que esto va en esa dirección.
Por lo tanto, quiero decir algo a quienes por no poder criticar este proyecto se ocuparon del acta. Las organizaciones sociales que han firmado esa acta saben de la lucha por la dignidad de los argentinos y las argentinas, pero también saben que el diálogo fortalece.
Asimismo, saben -porque está en la base social de cada merendero, centro comunitario y centro de alfabetización- que, si el gobierno no cumple, los compañeros de esas organizaciones no solo estarán el próximo martes esperando que se sancione esta iniciativa, sino que ganarán las calles para exigir a este gobierno, o a cualquiera de turno, la dignidad que merecen millones de argentinos que hoy están por debajo de la línea de pobreza. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Horne.
SRA. HORNE Señor presidente: parece que no hiciera falta fundamentar por qué hemos llegado a este punto, ya que el propio gobierno reconoce la gravedad de las consecuencias de sus políticas económicas que han recaído sobre el conjunto del pueblo.
Rápidamente podemos mencionar que se ha producido un deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de nuestro pueblo, que ha arrojado a millones de argentinos a la pobreza.
Los datos duros que todos podemos comprobar dicen que ha caído, por distintas devaluaciones, cerca del 50 por ciento el valor de nuestra moneda. También se sabe que los precios de los productos de primera necesidad han aumentado, en promedio, un ciento por ciento; que los servicios sufrieron un incremento entre 200 y 300 por ciento; que la construcción, cuyo índice es el que más rápidamente nos trae al conocimiento el nivel de crecimiento de la economía, ha caído al menos un 13 por ciento; y ya se habla de 60.000 puestos de trabajo caídos en la construcción, en la formalidad, y otros tantos en el empleo informal o no registrado de esa actividad.
Por otra parte, el consumo de productos básicos como la leche ha caído al menos un 7 por ciento, igual que otros productos de la canasta familiar; la industria textil ha dejado en la calle cerca de la mitad de sus trabajadores formales en el sector privado, y el fantasma de las suspensiones ronda diversos sectores, como el metalúrgico y el de la alimentación.
Las economías regionales, de las que tanto hablamos, están absolutamente estranguladas por el nivel de importaciones a las que están sometidas y, sobre todo, del consumo que ha bajado muy fuertemente. Me olvidaba del sector petrolero, que en mi región también impacta mucho; en dicha actividad solamente hoy hubo 1.500 puestos de trabajo caídos.
Estos datos que son perfectamente cuantificables, generan una sombra sobre el sector de la economía popular -así la denominamos-, que se multiplica alrededor de 3,8 veces por cada puesto de trabajo de la economía formal.
En este contexto y ante esta situación, hoy vamos a tratar esta ley de emergencia, de contingencia, y así transformaremos en un proyecto de ley -ojalá podamos hacerlo- una idea, una propuesta, una construcción, que ha surgido de muchísimas luchas, a veces ninguneadas, pero finalmente reconocidas.
No es casual que estas luchas lleguen hoy a la construcción de una propuesta de un texto tan completo, porque son organizaciones que además no nacieron hoy; son organizaciones que vienen de una historia de organización y de un umbral de derechos que se ha construido en el gobierno anterior, y que hoy han sabido capitalizar y defender.
Digo esto porque no quisiéramos que se entienda este proyecto como una asistencia humanitaria a la pobreza.
Ello, porque habitualmente se encaran las políticas sociales y finalmente confunden al sujeto social con el objeto mismo de los programas.
Esta iniciativa tiene una condición que la distingue: no viene a paliar la pobreza sino a poner en el centro de la escena la condición de trabajador y de trabajadora, que esta vez implica el verdadero sujeto social de la norma.
Estas personas no se convertirán en trabajadores por el hecho de aprobar o no este proyecto, sino que ya lo son y siempre lo han sido; pero ahora se trata de reconocer su personería y de institucionalizar esta condición. ¿Por qué nos referimos a esta condición de trabajador? ¿Por qué nos aferramos a reivindicar esta condición?
Nuestro país tiene una larga experiencia en el reconocimiento del trabajo como un ordenador social. Además, tenemos apotegmas -eso iba a decir en mi viejo léxico-, es decir, aquello que indica que hay una sola clase de personas, que son los hombres y las mujeres -a lo que yo agrego "que trabajan"-, o bien la asimilación del concepto de pueblo al de pueblo trabajador, que siempre acuñó el peronismo.
El hecho más significativo de esta lucha que han emprendido los trabajadores de la economía popular ya obtuvo su primer reconocimiento junto a la CGT. Dicho reconocimiento permitió el encuentro entre pares, entre los trabajadores de la economía popular y los sindicalizados en esa central obrera, lo que posibilitó plantear la consigna de la unidad de los trabajadores, ya que el trabajo es la condición elemental para alcanzar la dignidad.
Cabe agregar que las mujeres también hemos tenido una larga historia de lucha por el reconocimiento del trabajo en el hogar. De manera que esta iniciativa de alguna manera enaltece y dignifica a las mujeres. Además, esto ha sido reconocido en el sistema jubilatorio argentino.
El trabajo no solamente permite desarrollar una actividad que beneficie a otros, sino también recuperar para el trabajador un ingreso que le permita vivir dignamente y sostener a su familia. El trabajo supone acceder a derechos por los que se luchó a lo largo de muchísimos años.
La norma que estamos considerando debe permitir que los trabajadores de la economía popular accedan también a estos derechos. Aquí no se trata solamente de un resarcimiento económico, sino también de permitir el acceso a prestaciones de todo tipo y al reconocimiento social, que es mucho más que la simple ciudadanía.
Digo esto porque, a veces, el ser ciudadano constituye una calidad que no siempre puede ejercerse si no se tiene un trabajo, un ingreso y condiciones para acceder por sí mismo a los alimentos, a la educación y a la salud.
Hoy simplemente estamos proponiendo herramientas que institucionalizarán esta condición; entre ellas, un Consejo de la Economía Popular y un registro de los trabajadores. Dicho registro es muy distinto al que puede identificar a las personas, por sus carencias, en una base de datos de la ANSES. Se promueve aquí la idea de contar con un registro propio que identifique a estos trabajadores por la actividad que desempeñan.
Esta es una reivindicación de muchos años. Esta emergencia nos brinda una oportunidad de avanzar en este reconocimiento a los trabajadores, y especialmente a las organizaciones que la han impulsado. Me refiero centralmente a la CTEP, a Barrios de Pie y a la CCC, pero también a una enorme cantidad de organizaciones que han desarrollado, a lo largo de estos años, innumerables movilizaciones, y que han ocupado la calle como estrategia para hacer llegar al Congreso este reclamo.
Es por todo esto que pedimos el acompañamiento de esta norma, que será de los trabajadores. Nosotros vamos a apoyarla con nuestro voto en el modo en que ha sido presentada. (Aplausos.)
Rápidamente podemos mencionar que se ha producido un deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de nuestro pueblo, que ha arrojado a millones de argentinos a la pobreza.
Los datos duros que todos podemos comprobar dicen que ha caído, por distintas devaluaciones, cerca del 50 por ciento el valor de nuestra moneda. También se sabe que los precios de los productos de primera necesidad han aumentado, en promedio, un ciento por ciento; que los servicios sufrieron un incremento entre 200 y 300 por ciento; que la construcción, cuyo índice es el que más rápidamente nos trae al conocimiento el nivel de crecimiento de la economía, ha caído al menos un 13 por ciento; y ya se habla de 60.000 puestos de trabajo caídos en la construcción, en la formalidad, y otros tantos en el empleo informal o no registrado de esa actividad.
Por otra parte, el consumo de productos básicos como la leche ha caído al menos un 7 por ciento, igual que otros productos de la canasta familiar; la industria textil ha dejado en la calle cerca de la mitad de sus trabajadores formales en el sector privado, y el fantasma de las suspensiones ronda diversos sectores, como el metalúrgico y el de la alimentación.
Las economías regionales, de las que tanto hablamos, están absolutamente estranguladas por el nivel de importaciones a las que están sometidas y, sobre todo, del consumo que ha bajado muy fuertemente. Me olvidaba del sector petrolero, que en mi región también impacta mucho; en dicha actividad solamente hoy hubo 1.500 puestos de trabajo caídos.
Estos datos que son perfectamente cuantificables, generan una sombra sobre el sector de la economía popular -así la denominamos-, que se multiplica alrededor de 3,8 veces por cada puesto de trabajo de la economía formal.
En este contexto y ante esta situación, hoy vamos a tratar esta ley de emergencia, de contingencia, y así transformaremos en un proyecto de ley -ojalá podamos hacerlo- una idea, una propuesta, una construcción, que ha surgido de muchísimas luchas, a veces ninguneadas, pero finalmente reconocidas.
No es casual que estas luchas lleguen hoy a la construcción de una propuesta de un texto tan completo, porque son organizaciones que además no nacieron hoy; son organizaciones que vienen de una historia de organización y de un umbral de derechos que se ha construido en el gobierno anterior, y que hoy han sabido capitalizar y defender.
Digo esto porque no quisiéramos que se entienda este proyecto como una asistencia humanitaria a la pobreza.
Ello, porque habitualmente se encaran las políticas sociales y finalmente confunden al sujeto social con el objeto mismo de los programas.
Esta iniciativa tiene una condición que la distingue: no viene a paliar la pobreza sino a poner en el centro de la escena la condición de trabajador y de trabajadora, que esta vez implica el verdadero sujeto social de la norma.
Estas personas no se convertirán en trabajadores por el hecho de aprobar o no este proyecto, sino que ya lo son y siempre lo han sido; pero ahora se trata de reconocer su personería y de institucionalizar esta condición. ¿Por qué nos referimos a esta condición de trabajador? ¿Por qué nos aferramos a reivindicar esta condición?
Nuestro país tiene una larga experiencia en el reconocimiento del trabajo como un ordenador social. Además, tenemos apotegmas -eso iba a decir en mi viejo léxico-, es decir, aquello que indica que hay una sola clase de personas, que son los hombres y las mujeres -a lo que yo agrego "que trabajan"-, o bien la asimilación del concepto de pueblo al de pueblo trabajador, que siempre acuñó el peronismo.
El hecho más significativo de esta lucha que han emprendido los trabajadores de la economía popular ya obtuvo su primer reconocimiento junto a la CGT. Dicho reconocimiento permitió el encuentro entre pares, entre los trabajadores de la economía popular y los sindicalizados en esa central obrera, lo que posibilitó plantear la consigna de la unidad de los trabajadores, ya que el trabajo es la condición elemental para alcanzar la dignidad.
Cabe agregar que las mujeres también hemos tenido una larga historia de lucha por el reconocimiento del trabajo en el hogar. De manera que esta iniciativa de alguna manera enaltece y dignifica a las mujeres. Además, esto ha sido reconocido en el sistema jubilatorio argentino.
El trabajo no solamente permite desarrollar una actividad que beneficie a otros, sino también recuperar para el trabajador un ingreso que le permita vivir dignamente y sostener a su familia. El trabajo supone acceder a derechos por los que se luchó a lo largo de muchísimos años.
La norma que estamos considerando debe permitir que los trabajadores de la economía popular accedan también a estos derechos. Aquí no se trata solamente de un resarcimiento económico, sino también de permitir el acceso a prestaciones de todo tipo y al reconocimiento social, que es mucho más que la simple ciudadanía.
Digo esto porque, a veces, el ser ciudadano constituye una calidad que no siempre puede ejercerse si no se tiene un trabajo, un ingreso y condiciones para acceder por sí mismo a los alimentos, a la educación y a la salud.
Hoy simplemente estamos proponiendo herramientas que institucionalizarán esta condición; entre ellas, un Consejo de la Economía Popular y un registro de los trabajadores. Dicho registro es muy distinto al que puede identificar a las personas, por sus carencias, en una base de datos de la ANSES. Se promueve aquí la idea de contar con un registro propio que identifique a estos trabajadores por la actividad que desempeñan.
Esta es una reivindicación de muchos años. Esta emergencia nos brinda una oportunidad de avanzar en este reconocimiento a los trabajadores, y especialmente a las organizaciones que la han impulsado. Me refiero centralmente a la CTEP, a Barrios de Pie y a la CCC, pero también a una enorme cantidad de organizaciones que han desarrollado, a lo largo de estos años, innumerables movilizaciones, y que han ocupado la calle como estrategia para hacer llegar al Congreso este reclamo.
Es por todo esto que pedimos el acompañamiento de esta norma, que será de los trabajadores. Nosotros vamos a apoyarla con nuestro voto en el modo en que ha sido presentada. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Donda Pérez.
SRA. DONDA PÉREZ Señor presidente: voy a tratar de ser breve. Algunos de los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra dijeron varias de las cosas que tenía pensado señalar.
Quiero enfatizar en algunos conceptos para que no queden desdibujados en el debate y en el tiempo. Por delante tenemos otro debate fundamental, que es la modificación del Impuesto a las Ganancias, por lo que trataré de ser breve.
Esta no es una discusión menor, y precisamente habla de aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que hoy se encuentran sin un trabajo registrado. En esto de la palabra, voy a llamar a la reflexión a algunos representantes que todavía hablan de trabajo "en negro" y trabajo "en blanco". Lo correcto es "trabajo registrado o no registrado". "Negro" y "blanco", tomados como términos de valoración positivo o negativo, en realidad muestran una gran carga despectiva. Que algo negro sea tomado como lo malo o lo irregular, tiene su base en el racismo. Lo correcto es hablar de trabajador registrado o no registrado.
Hay otro término que nosotros, con este proyecto de ley, queremos desterrar de nuestro país: el concepto de "desocupados", como bien lo señaló la señora diputada De Ponti hace unos instantes. Cuando hablamos de desocupados, ¿a quién nos estamos refiriendo? A esos hombres y a esas mujeres que buscan trabajo, no lo encuentran y no llevan adelante un trabajo registrado; pero para sobrevivir en este país, y desde hace por lo menos tres décadas, algo tienen que hacer. Entonces, no hay gente desocupada; están limpiando el parabrisas de tu auto, pidiendo monedas, vendiendo medias en el tren, limpiando tu casa de forma no registrada o levantando la pared del fondo de tu jardín, y vos no les estás pagando el seguro correspondiente. No son desocupados, son trabajadores de la economía popular, trabajadores informales, en definitiva, son trabajadores que viven de changas y al día. Algunos de ellos, quizás, cobran algún plan social.
Que la economía mundial y el capitalismo se han modificado, no es una novedad. La preocupación que nosotros tenemos es que hoy somos pocos los que ponemos la mirada hacia delante y planteamos cómo hacer para que el mundo del trabajo se acomode a esa modificación que hay en las formas de producción del capital. Esa modificación no ha ocurrido solamente en la Argentina; pero lo que sucede es que en nuestro país tuvo efectos muy graves.
En el mundo ya se sabe algo que es una verdad y que nosotros vemos por la forma en que vive este 32 por ciento de pobres en nuestro país: más asistencia por parte del Estado, no es igual a menos pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Desde Alfonsín hasta hoy, pasando por los distintos gobiernos democráticos y con todos los matices que ustedes quieran, la asistencia por parte del Estado a los sectores más vulnerados, no se ha reducido, por el contrario, ha aumentado. Alfonsín comenzó el plan social con las llamadas "cajas PAN". Cuando ese plan termina, después del período inflacionario, viene Menem que implementa otros planes sociales y aumenta el primer plan social de Alfonsín. De la Rúa hace lo mismo, termina como terminó, pero aumenta la asistencia del Estado. Lo mismo hace Duhalde, y después el kirchnerismo que aumenta la asistencia social.
Más asistencia social -no queremos decir que no deba existir- no es igual a menos pobreza porque, de lo contrario, este núcleo duro de pobreza que tenemos del 32 por ciento se habría modificado. Para algunos es todo culpa del gobierno actual y para otros, del gobierno que se fue.
La realidad es que quienes gobiernan toman decisiones, y estas influyen en quienes se ubican por debajo o por encima de esa línea de pobreza.
Hay otra verdad que también es resultado de las modificaciones en el mundo del trabajo: más trabajo no necesariamente implica menos pobreza. En este sentido, existe un viejo ideario, que consiste en pensar en una sociedad de pleno empleo; nunca más vamos a tener una sociedad de pleno empleo porque las formas de producción cambiaron.
Lo que debemos discutir es cómo en nuestra sociedad producimos más, mientras los trabajadores ganan más y mejor calidad de vida trabajando menos. Eso es lo que están planteando hoy los países desarrollados.
¿Cómo hacemos para que nuestras industrias puedan producir más aquello que exportamos, y que a la vez los trabajadores tengan una forma de vida diferente? Para lograrlo, lo primero que hay que hacer es modificar aquel modelo de la época de la industrialización. Ello, a pesar de que fue un modelo que sirvió para que los trabajadores y los sectores populares alcanzaran una base de derechos, como las vacaciones, el aguinaldo y el salario familiar. Entonces, hubo una cantidad de derechos sociales reconocidos -sobre todo, a partir del peronismo- que fueron alcanzados por quienes ingresaban al mundo del trabajo. Sin embargo, en la sociedad moderna, donde no puede asegurarse trabajo para todos, lo que debe hacer el Estado es garantizar derechos a toda la sociedad. Es decir que debemos pensar cómo construimos, desde el Estado, un sistema para que todos y todas puedan gozar de un piso mínimo de derechos y libertades ciudadanas.
Estos debates -que no voy a profundizar en honor al tiempo- son los que debemos darnos. Esto es lo que están discutiendo los movimientos de trabajadores de la economía popular, aquellos que en algún momento llamamos "movimientos de desocupados", que utilizaron el piquete como método de lucha. Nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de ese movimiento, en el que el piquete fue una forma de lucha. Ahora, otros sectores de nuestra sociedad también han adoptado esa forma de protesta. De hecho, cuando te cortan la luz, salís a cortar la calle. Eso es un piquete.
También utilizaron ese método los sectores del campo, aunque no quiero referirme a ellos porque quiero hablar de la modificación del mundo del trabajo y de la enorme tarea de los movimientos que hoy nuclean a los sectores más pobres de nuestro país.
Ellos empiezan a reflexionar acerca de estas cosas y ponen sobre la mesa la necesidad de pensar en modificaciones en el mundo del trabajo. Esto lo ven todos. Los compañeros que representan al movimiento obrero registrado y organizado, los sindicatos, también lo ven. Es por eso que hay un encuentro entre los dos mundos, porque a estos ciudadanos se los reconoce como lo que son: trabajadores.
Es por ello que nosotros planteamos en este proyecto de ley la creación del Salario Social Complementario. Creemos que el piso mínimo de ingreso que tiene que alcanzar una persona debe ser equivalente al salario mínimo vital y móvil. Si bien es cierto que dicho salario hoy está por debajo de la línea de pobreza -y esa es otra discusión-, queremos que todos los trabajadores puedan llegar a ese piso mínimo.
Por otra parte, muchas cosas se hablaron en estos días. Como decía mi compañero, quienes no pudieron criticar el proyecto, se la agarraron con el acta firmada por las organizaciones.
Quiero decir que ese es un gesto absolutamente miserable, ¿por qué? Porque lo que plantea es que los trabajadores organizados en los movimientos que adhieren a esa acta están renunciando a sus derechos, y eso es mentira. Acá nadie renuncia a nada, porque a los derechos se los conquista.
Parece que algunos eximios periodistas no pueden resistir la idea de que en este país aquellos que quisieron ocultar, mintiendo con los índices del INDEC, salieron a la calle, dijeron "acá estamos" -porque seguían en la calle, aunque los querían meter debajo de la alfombra- y conquistaron los derechos. Eso es lo miserable, querer negar la realidad. La realidad es que hay un 32 por ciento de pobreza en este país: uno de cada tres trabajadores es pobre y lo más preocupante es que uno de cada dos niños menores de catorce años es pobre en este país. Entonces, lograr una base mínima del salario complementario y que se cree un consejo donde se reconozca a esos trabajadores informales, es un triunfo, y los triunfos populares no los regala nadie. Hay quienes piensan que sí, que son como si fueran Dios -en el caso de que creyeran en Dios-, que pueden regalar derechos y gracias a ellos todos vivimos mejor, como si se tratara de Alicia en "el país de las maravillas". No, los derechos se consiguen luchando, y este pueblo está acostumbrado a eso.
Nosotros vamos a firmar el proyecto avalado por las organizaciones sociales, y en esto sí quiero ser clara. Algunos no están de acuerdo con firmar esta iniciativa. Voy a dejar a salvo a los compañeros de la izquierda clásica trotskista que creen en la agudización de las contradicciones, porque ahí veo un resguardo de dignidad histórica. No coincido con esa teoría de que cuanto peor esté el pueblo, mejor porque la revolución llega más rápido; hace muchos años que estamos mal y la revolución no llegó más rápido. Hay quienes creen eso y están en todo su derecho; expresan una minoría, y está muy bien que tengan representación parlamentaria.
Voy a hablar de otros que no están de acuerdo con firmar este proyecto porque simplemente no participan de esa movilización en la calle, porque se dedicaron a hacer otra cosa, en lugar de representar los derechos de los más pobres. Me refiero a quienes se dedicaron a abrazar edificios para que vuelva tal o cual dirigenta; no vamos a sentamos a esperar que vuelva algún salvador. Solamente el pueblo salvará al pueblo, con eso sí estamos de acuerdo.
Roberto Arlt, un gran periodista y escritor argentino, en el prólogo de su libro Los lanzallamas contestaba a aquellos eximios y grandes escritores que lo criticaban porque escribía mal, no tenía la mínima educación ni cumplía con las mínimas formas. Una parte de ese prólogo, que se los recomiendo -a veces está bueno releer un poco de literatura-, dice textualmente: "El futuro es nuestro, por prepotencia del trabajo...", "...y 'que los eunucos bufen".
Tomándome la libertad de parafrasear a Roberto Arlt afirmo que el futuro es nuestro, por prepotencia de la lucha, y que los eunucos -esos eximios escritores y periodistas que se sientan cómodamente en una oficina, vienen a contarnos cómo es vivir en la calle y levantan el dedo acusador para vender tal o cual lucha, aunque hace mucho se olvidaron de luchar- sigan bufando. (Aplausos.)
Quiero enfatizar en algunos conceptos para que no queden desdibujados en el debate y en el tiempo. Por delante tenemos otro debate fundamental, que es la modificación del Impuesto a las Ganancias, por lo que trataré de ser breve.
Esta no es una discusión menor, y precisamente habla de aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que hoy se encuentran sin un trabajo registrado. En esto de la palabra, voy a llamar a la reflexión a algunos representantes que todavía hablan de trabajo "en negro" y trabajo "en blanco". Lo correcto es "trabajo registrado o no registrado". "Negro" y "blanco", tomados como términos de valoración positivo o negativo, en realidad muestran una gran carga despectiva. Que algo negro sea tomado como lo malo o lo irregular, tiene su base en el racismo. Lo correcto es hablar de trabajador registrado o no registrado.
Hay otro término que nosotros, con este proyecto de ley, queremos desterrar de nuestro país: el concepto de "desocupados", como bien lo señaló la señora diputada De Ponti hace unos instantes. Cuando hablamos de desocupados, ¿a quién nos estamos refiriendo? A esos hombres y a esas mujeres que buscan trabajo, no lo encuentran y no llevan adelante un trabajo registrado; pero para sobrevivir en este país, y desde hace por lo menos tres décadas, algo tienen que hacer. Entonces, no hay gente desocupada; están limpiando el parabrisas de tu auto, pidiendo monedas, vendiendo medias en el tren, limpiando tu casa de forma no registrada o levantando la pared del fondo de tu jardín, y vos no les estás pagando el seguro correspondiente. No son desocupados, son trabajadores de la economía popular, trabajadores informales, en definitiva, son trabajadores que viven de changas y al día. Algunos de ellos, quizás, cobran algún plan social.
Que la economía mundial y el capitalismo se han modificado, no es una novedad. La preocupación que nosotros tenemos es que hoy somos pocos los que ponemos la mirada hacia delante y planteamos cómo hacer para que el mundo del trabajo se acomode a esa modificación que hay en las formas de producción del capital. Esa modificación no ha ocurrido solamente en la Argentina; pero lo que sucede es que en nuestro país tuvo efectos muy graves.
En el mundo ya se sabe algo que es una verdad y que nosotros vemos por la forma en que vive este 32 por ciento de pobres en nuestro país: más asistencia por parte del Estado, no es igual a menos pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Desde Alfonsín hasta hoy, pasando por los distintos gobiernos democráticos y con todos los matices que ustedes quieran, la asistencia por parte del Estado a los sectores más vulnerados, no se ha reducido, por el contrario, ha aumentado. Alfonsín comenzó el plan social con las llamadas "cajas PAN". Cuando ese plan termina, después del período inflacionario, viene Menem que implementa otros planes sociales y aumenta el primer plan social de Alfonsín. De la Rúa hace lo mismo, termina como terminó, pero aumenta la asistencia del Estado. Lo mismo hace Duhalde, y después el kirchnerismo que aumenta la asistencia social.
Más asistencia social -no queremos decir que no deba existir- no es igual a menos pobreza porque, de lo contrario, este núcleo duro de pobreza que tenemos del 32 por ciento se habría modificado. Para algunos es todo culpa del gobierno actual y para otros, del gobierno que se fue.
La realidad es que quienes gobiernan toman decisiones, y estas influyen en quienes se ubican por debajo o por encima de esa línea de pobreza.
Hay otra verdad que también es resultado de las modificaciones en el mundo del trabajo: más trabajo no necesariamente implica menos pobreza. En este sentido, existe un viejo ideario, que consiste en pensar en una sociedad de pleno empleo; nunca más vamos a tener una sociedad de pleno empleo porque las formas de producción cambiaron.
Lo que debemos discutir es cómo en nuestra sociedad producimos más, mientras los trabajadores ganan más y mejor calidad de vida trabajando menos. Eso es lo que están planteando hoy los países desarrollados.
¿Cómo hacemos para que nuestras industrias puedan producir más aquello que exportamos, y que a la vez los trabajadores tengan una forma de vida diferente? Para lograrlo, lo primero que hay que hacer es modificar aquel modelo de la época de la industrialización. Ello, a pesar de que fue un modelo que sirvió para que los trabajadores y los sectores populares alcanzaran una base de derechos, como las vacaciones, el aguinaldo y el salario familiar. Entonces, hubo una cantidad de derechos sociales reconocidos -sobre todo, a partir del peronismo- que fueron alcanzados por quienes ingresaban al mundo del trabajo. Sin embargo, en la sociedad moderna, donde no puede asegurarse trabajo para todos, lo que debe hacer el Estado es garantizar derechos a toda la sociedad. Es decir que debemos pensar cómo construimos, desde el Estado, un sistema para que todos y todas puedan gozar de un piso mínimo de derechos y libertades ciudadanas.
Estos debates -que no voy a profundizar en honor al tiempo- son los que debemos darnos. Esto es lo que están discutiendo los movimientos de trabajadores de la economía popular, aquellos que en algún momento llamamos "movimientos de desocupados", que utilizaron el piquete como método de lucha. Nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de ese movimiento, en el que el piquete fue una forma de lucha. Ahora, otros sectores de nuestra sociedad también han adoptado esa forma de protesta. De hecho, cuando te cortan la luz, salís a cortar la calle. Eso es un piquete.
También utilizaron ese método los sectores del campo, aunque no quiero referirme a ellos porque quiero hablar de la modificación del mundo del trabajo y de la enorme tarea de los movimientos que hoy nuclean a los sectores más pobres de nuestro país.
Ellos empiezan a reflexionar acerca de estas cosas y ponen sobre la mesa la necesidad de pensar en modificaciones en el mundo del trabajo. Esto lo ven todos. Los compañeros que representan al movimiento obrero registrado y organizado, los sindicatos, también lo ven. Es por eso que hay un encuentro entre los dos mundos, porque a estos ciudadanos se los reconoce como lo que son: trabajadores.
Es por ello que nosotros planteamos en este proyecto de ley la creación del Salario Social Complementario. Creemos que el piso mínimo de ingreso que tiene que alcanzar una persona debe ser equivalente al salario mínimo vital y móvil. Si bien es cierto que dicho salario hoy está por debajo de la línea de pobreza -y esa es otra discusión-, queremos que todos los trabajadores puedan llegar a ese piso mínimo.
Por otra parte, muchas cosas se hablaron en estos días. Como decía mi compañero, quienes no pudieron criticar el proyecto, se la agarraron con el acta firmada por las organizaciones.
Quiero decir que ese es un gesto absolutamente miserable, ¿por qué? Porque lo que plantea es que los trabajadores organizados en los movimientos que adhieren a esa acta están renunciando a sus derechos, y eso es mentira. Acá nadie renuncia a nada, porque a los derechos se los conquista.
Parece que algunos eximios periodistas no pueden resistir la idea de que en este país aquellos que quisieron ocultar, mintiendo con los índices del INDEC, salieron a la calle, dijeron "acá estamos" -porque seguían en la calle, aunque los querían meter debajo de la alfombra- y conquistaron los derechos. Eso es lo miserable, querer negar la realidad. La realidad es que hay un 32 por ciento de pobreza en este país: uno de cada tres trabajadores es pobre y lo más preocupante es que uno de cada dos niños menores de catorce años es pobre en este país. Entonces, lograr una base mínima del salario complementario y que se cree un consejo donde se reconozca a esos trabajadores informales, es un triunfo, y los triunfos populares no los regala nadie. Hay quienes piensan que sí, que son como si fueran Dios -en el caso de que creyeran en Dios-, que pueden regalar derechos y gracias a ellos todos vivimos mejor, como si se tratara de Alicia en "el país de las maravillas". No, los derechos se consiguen luchando, y este pueblo está acostumbrado a eso.
Nosotros vamos a firmar el proyecto avalado por las organizaciones sociales, y en esto sí quiero ser clara. Algunos no están de acuerdo con firmar esta iniciativa. Voy a dejar a salvo a los compañeros de la izquierda clásica trotskista que creen en la agudización de las contradicciones, porque ahí veo un resguardo de dignidad histórica. No coincido con esa teoría de que cuanto peor esté el pueblo, mejor porque la revolución llega más rápido; hace muchos años que estamos mal y la revolución no llegó más rápido. Hay quienes creen eso y están en todo su derecho; expresan una minoría, y está muy bien que tengan representación parlamentaria.
Voy a hablar de otros que no están de acuerdo con firmar este proyecto porque simplemente no participan de esa movilización en la calle, porque se dedicaron a hacer otra cosa, en lugar de representar los derechos de los más pobres. Me refiero a quienes se dedicaron a abrazar edificios para que vuelva tal o cual dirigenta; no vamos a sentamos a esperar que vuelva algún salvador. Solamente el pueblo salvará al pueblo, con eso sí estamos de acuerdo.
Roberto Arlt, un gran periodista y escritor argentino, en el prólogo de su libro Los lanzallamas contestaba a aquellos eximios y grandes escritores que lo criticaban porque escribía mal, no tenía la mínima educación ni cumplía con las mínimas formas. Una parte de ese prólogo, que se los recomiendo -a veces está bueno releer un poco de literatura-, dice textualmente: "El futuro es nuestro, por prepotencia del trabajo...", "...y 'que los eunucos bufen".
Tomándome la libertad de parafrasear a Roberto Arlt afirmo que el futuro es nuestro, por prepotencia de la lucha, y que los eunucos -esos eximios escritores y periodistas que se sientan cómodamente en una oficina, vienen a contarnos cómo es vivir en la calle y levantan el dedo acusador para vender tal o cual lucha, aunque hace mucho se olvidaron de luchar- sigan bufando. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Voy a hacer una aclaración: como ya estamos en el horario estipulado para el tratamiento del proyecto de ley que propicia la reforma del impuesto a las ganancias, solicito a los señores diputados que permanezcan en la sala. Al mismo tiempo, les pido que traten de ser lo más breve posible para iniciar dicha reunión, que estaba convocada para las 15 y 30.
Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Francisco Snopek.
Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Francisco Snopek.
SR. SNOPEK (A.F.) Señor presidente: hago moción de que dé por iniciado el tratamiento del proyecto que impulsa la modificación del impuesto a las ganancias, que estaba programado para la hora 15, de tal manera que continúe el debate, pero queden abiertos los dos asuntos, cuya consideración estaba dispuesta para esta reunión de comisión.
SR. PRESIDENTE LASPINA Damos por aprobada la moción formulada por el señor diputado Alejandro Snopek.
Quedan pocos oradores anotados para hacer uso de la palabra, de manera que continuaremos con la lista y, acto seguido, daremos inicio al tratamiento del proyecto referido al impuesto a las ganancias.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
Quedan pocos oradores anotados para hacer uso de la palabra, de manera que continuaremos con la lista y, acto seguido, daremos inicio al tratamiento del proyecto referido al impuesto a las ganancias.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Señor presidente: vamos a ser breves. Aquí se han dicho muchas cosas y con mucho énfasis. Hemos escuchado palabras muy inteligentes, sentidas, ciertas. Es más: esta iniciativa debe ser de las pocas en las que todos estamos de acuerdo.
Simplemente quiero mencionar un par de cuestiones en relación con el tema que debatimos el día de hoy. En general, tratamos a la economía o a los temas sociales en función de números; es decir, los abstraemos para tratar de comprender lo que está pasando. Por ejemplo, me acaban de informar cómo cerró el segundo trimestre de este año en nuestra provincia, Santa Fe, con los brotes verdes y los brotes amarillos. En relación con estos últimos, cabe mencionar que la industria láctea cayó un 18 por ciento, medido año contra año; la siderurgia, un 34 por ciento. El laminado en caliente, produjo un 41 por ciento menos respecto del año pasado. La industria gráfica -que también tiene una gran repercusión en nuestra provincia-, respecto de la participación nacional, bajó del 80 al 59,8 por ciento.
Por otra parte, están los brotes verdes -y lo digo para que no crean que solamente hablamos de lo negativo-, que se observan en la agroquímica, los biocombustibles, etcétera.
Lo cierto es que muy pocas veces, durante todo el año, nos ocupamos de este sector no visibilizado, en el que sí hay una lucha. En esto coincido con la señora diputada preopinante y con algunos otros legisladores que se expresaron en ese mismo sentido.
Esa situación está reflejada a partir de ahora con los ya más certeros índices del INDEC, que nos dicen que tenemos alrededor de un 30 o un 33 por ciento -creo que la cifra exacta es un 32,4 por ciento- de ciudadanos argentinos viviendo en condiciones de pobreza.
El problema es que nos echamos las culpas de gobierno a gobierno, y cuestionamos si efectivamente esa pobreza se incrementó en los últimos cinco meses o si el gobierno anterior dejó más o menos pobres.
En este sentido, me gustaría asumir -ya que nosotros estamos acá para pasar- lo que la democracia hizo durante los últimos treinta y tres años en la República Argentina. Estamos aquí como resultado de estatizaciones, privatizaciones, modelos, gráficos, estadísticas y demás. Ante este 33 por ciento de pobreza, encontramos lo que también debatíamos y que también denunciamos o advertíamos cuando discutimos, por ejemplo, el plan del Primer Empleo.
Sabemos dónde están los sectores más vulnerables, los encontramos, los censamos, llegamos con algún tipo de plan, pero no podemos sacarlos de ese lugar. Es decir que, si bien advertimos el problema, lo dejamos allí tranquilo en la medida en que efectivamente no signifique una eclosión social, un conflicto. Entonces, actuamos para dejarlo en ese lugar, más allá de las buenas intenciones que hayan tenido quienes ocuparon antes el gobierno, y de las que tienen ustedes hoy como oficialismo.
El proyecto en consideración es una norma simple en cuanto a la cantidad de artículos que contiene, pero quiero destacar el artículo 7º. Obviamente, nuestra postura es que vamos a acompañarlo.
El artículo 7º, particularmente en su último párrafo, habla de la necesidad progresiva de la implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en Salario Social Complementario. Este ha sido uno de los puntos en los cuales hemos trabajado desde el Frente Renovador, desde UNA, para tratar de sacar a esos sectores que han sido excluidos, que vienen de segunda o tercera generación de pobreza y que son "inocupables", según algunos. Creemos que la sola calificación de ese término lleva implícito el más malvado escenario.
Un diputado preopinante mencionaba la importancia de los primeros mil días de alimentación en una criatura, y decía que está científicamente demostrado que la sinapsis de las neuronas de un niño mal alimentado y que además no ha recibido afecto, produce un desarrollo diferencial al de un chiquito normal -entre comillas-, es decir, a uno que ha recibido la alimentación y el afecto adecuados.
Con lo cual ni siquiera alcanza con la malnutrición, sino que estamos hablando de la felicidad o la posibilidad de realización de un tercio de la población argentina, que es mucho más que el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo con este proyecto de ley al reconocer la economía popular como una economía que tenemos que visibilizar y llevar hacia el sector de la economía formal. Es claro que esos trabajadores que, en realidad, quieren tener una salida racional, están diciéndonos, en estos treinta y tres años de democracia, que lo que se terminó en la República Argentina es el movimiento social ascendente, que caracterizó a nuestra patria en los últimos cien años. Ese es el principal fracaso de la política económica, social y de la clase dirigente de los últimos años.
Obviamente que una ley no va a cambiar esto; obviamente que esta discusión en el decurso de la historia argentina no va a cambiar; necesitamos una política de Estado, un compromiso formal de política de Estado que trascienda los partidos políticos. Por eso, hago una invitación al amigo Pitrola y a la izquierda, que no estuvieron de acuerdo con tantos temas, para que en este coincidan en que se trata de una política de Estado.
Reitero con mucho gusto, comprensión y adhesión nuestro acompañamiento a este proyecto de ley, pero no dejamos de ver la gravedad de estas cuatro argentinas que conviven en una sola; aquellos que nos proponen que seamos racionales, veamos la economía y cómo funciona el mundo, para ser competitivos. En este sentido, hay una parte de la Argentina que puede ser un mercado competitivo de inserción internacional, como ocurre quizás con el tema del fútbol, para dar un ejemplo deportivo. Eso es solo para un sector de la economía nacional; después, hay otros sectores que no tienen posibilidades de competir en igualdad de condiciones con lo que viene afuera, con lo que han sido capacitados o les hemos dado para convertirse en una fuerza de trabajo competitiva. Ahí es donde interviene precisamente este tipo de legislación.
Por último, y para no redundar en algunos de los términos, quiero apuntar a algo que tangencialmente dijo la señora diputada Donda Pérez, en relación con el concepto de que la asistencia, por sí sola, no garantiza la eliminación de la pobreza. Esto era lo que se discutía en el año 1945 en la Argentina; fíjense el retroceso que hemos tenido, nuevamente estamos tratando de evitar que solo la asistencia sea lo que determine la felicidad, la realización y el derecho que tiene, nada más ni nada menos, que un tercio de la población argentina. (Aplausos.)
Simplemente quiero mencionar un par de cuestiones en relación con el tema que debatimos el día de hoy. En general, tratamos a la economía o a los temas sociales en función de números; es decir, los abstraemos para tratar de comprender lo que está pasando. Por ejemplo, me acaban de informar cómo cerró el segundo trimestre de este año en nuestra provincia, Santa Fe, con los brotes verdes y los brotes amarillos. En relación con estos últimos, cabe mencionar que la industria láctea cayó un 18 por ciento, medido año contra año; la siderurgia, un 34 por ciento. El laminado en caliente, produjo un 41 por ciento menos respecto del año pasado. La industria gráfica -que también tiene una gran repercusión en nuestra provincia-, respecto de la participación nacional, bajó del 80 al 59,8 por ciento.
Por otra parte, están los brotes verdes -y lo digo para que no crean que solamente hablamos de lo negativo-, que se observan en la agroquímica, los biocombustibles, etcétera.
Lo cierto es que muy pocas veces, durante todo el año, nos ocupamos de este sector no visibilizado, en el que sí hay una lucha. En esto coincido con la señora diputada preopinante y con algunos otros legisladores que se expresaron en ese mismo sentido.
Esa situación está reflejada a partir de ahora con los ya más certeros índices del INDEC, que nos dicen que tenemos alrededor de un 30 o un 33 por ciento -creo que la cifra exacta es un 32,4 por ciento- de ciudadanos argentinos viviendo en condiciones de pobreza.
El problema es que nos echamos las culpas de gobierno a gobierno, y cuestionamos si efectivamente esa pobreza se incrementó en los últimos cinco meses o si el gobierno anterior dejó más o menos pobres.
En este sentido, me gustaría asumir -ya que nosotros estamos acá para pasar- lo que la democracia hizo durante los últimos treinta y tres años en la República Argentina. Estamos aquí como resultado de estatizaciones, privatizaciones, modelos, gráficos, estadísticas y demás. Ante este 33 por ciento de pobreza, encontramos lo que también debatíamos y que también denunciamos o advertíamos cuando discutimos, por ejemplo, el plan del Primer Empleo.
Sabemos dónde están los sectores más vulnerables, los encontramos, los censamos, llegamos con algún tipo de plan, pero no podemos sacarlos de ese lugar. Es decir que, si bien advertimos el problema, lo dejamos allí tranquilo en la medida en que efectivamente no signifique una eclosión social, un conflicto. Entonces, actuamos para dejarlo en ese lugar, más allá de las buenas intenciones que hayan tenido quienes ocuparon antes el gobierno, y de las que tienen ustedes hoy como oficialismo.
El proyecto en consideración es una norma simple en cuanto a la cantidad de artículos que contiene, pero quiero destacar el artículo 7º. Obviamente, nuestra postura es que vamos a acompañarlo.
El artículo 7º, particularmente en su último párrafo, habla de la necesidad progresiva de la implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en Salario Social Complementario. Este ha sido uno de los puntos en los cuales hemos trabajado desde el Frente Renovador, desde UNA, para tratar de sacar a esos sectores que han sido excluidos, que vienen de segunda o tercera generación de pobreza y que son "inocupables", según algunos. Creemos que la sola calificación de ese término lleva implícito el más malvado escenario.
Un diputado preopinante mencionaba la importancia de los primeros mil días de alimentación en una criatura, y decía que está científicamente demostrado que la sinapsis de las neuronas de un niño mal alimentado y que además no ha recibido afecto, produce un desarrollo diferencial al de un chiquito normal -entre comillas-, es decir, a uno que ha recibido la alimentación y el afecto adecuados.
Con lo cual ni siquiera alcanza con la malnutrición, sino que estamos hablando de la felicidad o la posibilidad de realización de un tercio de la población argentina, que es mucho más que el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo con este proyecto de ley al reconocer la economía popular como una economía que tenemos que visibilizar y llevar hacia el sector de la economía formal. Es claro que esos trabajadores que, en realidad, quieren tener una salida racional, están diciéndonos, en estos treinta y tres años de democracia, que lo que se terminó en la República Argentina es el movimiento social ascendente, que caracterizó a nuestra patria en los últimos cien años. Ese es el principal fracaso de la política económica, social y de la clase dirigente de los últimos años.
Obviamente que una ley no va a cambiar esto; obviamente que esta discusión en el decurso de la historia argentina no va a cambiar; necesitamos una política de Estado, un compromiso formal de política de Estado que trascienda los partidos políticos. Por eso, hago una invitación al amigo Pitrola y a la izquierda, que no estuvieron de acuerdo con tantos temas, para que en este coincidan en que se trata de una política de Estado.
Reitero con mucho gusto, comprensión y adhesión nuestro acompañamiento a este proyecto de ley, pero no dejamos de ver la gravedad de estas cuatro argentinas que conviven en una sola; aquellos que nos proponen que seamos racionales, veamos la economía y cómo funciona el mundo, para ser competitivos. En este sentido, hay una parte de la Argentina que puede ser un mercado competitivo de inserción internacional, como ocurre quizás con el tema del fútbol, para dar un ejemplo deportivo. Eso es solo para un sector de la economía nacional; después, hay otros sectores que no tienen posibilidades de competir en igualdad de condiciones con lo que viene afuera, con lo que han sido capacitados o les hemos dado para convertirse en una fuerza de trabajo competitiva. Ahí es donde interviene precisamente este tipo de legislación.
Por último, y para no redundar en algunos de los términos, quiero apuntar a algo que tangencialmente dijo la señora diputada Donda Pérez, en relación con el concepto de que la asistencia, por sí sola, no garantiza la eliminación de la pobreza. Esto era lo que se discutía en el año 1945 en la Argentina; fíjense el retroceso que hemos tenido, nuevamente estamos tratando de evitar que solo la asistencia sea lo que determine la felicidad, la realización y el derecho que tiene, nada más ni nada menos, que un tercio de la población argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Solá.
SR. SOLÁ Señor presidente: este proyecto de ley es la intención de un conjunto muy grande de diputados que contempla un acuerdo logrado entre las entidades que más se muestran, se ven, actúan y están unidas en bastantes momentos del año, y el gobierno. Aquí entran en juego varias cosas. En primer lugar, el aumento de la pobreza; en segundo término, la falta de actualización de varios ítems que los trabajadores cobran; en tercer lugar, el aumento del ya amesetado desempleo, desde hace mucho tiempo.
En cuarto lugar, la llegada de fin de año, de la que tanto se habló y sobre la que nadie sabe más, en términos de qué pasa en los barrios, que las organizaciones sociales. A ellas las hemos visto mucho más preocupadas por mantener la paz -y en la medida de lo posible, además de la paz, alguna alegría-, que al gobierno.
Esa presión que vemos desde hace meses quienes venimos hablando con ellos -unos más, otros menos-, ha dado lugar al tratamiento de este proyecto.
Esto ha sido posible luego de la unificación del comando de la CGT y de las cuatro inmensas movilizaciones que se hicieron durante el año, en las que ni un solo disturbio o discurso violento hubo, ni de los que defendían a los que están en la miseria, que ni siquiera, llegan a percibir la mitad del salario mínimo vital y móvil, ni de los hombres de la CGT. Esas cuatro grandes manifestaciones fueron las del 29 de abril, la gran movilización de las dos CTA, la del Día de San Cayetano y la de hace dos semanas, acá en el Congreso.
Si la CGT no hubiera hecho un inmenso acto pidiendo, por primera vez en su historia, por los más pobres, los que están en las organizaciones sociales a las que quiere representar, en lugar de hacerlo para su integración; si no hubiera ocurrido que las organizaciones sociales querían ser representadas por la CGT, y por eso apareció la figura muy interesante del Salario Social Complementario en este proyecto de ley, que esperamos se desarrolle; si no hubiera sucedido todo esto, no habríamos llegado al tratamiento de esta iniciativa ni a la posibilidad de su aprobación.
Estas cosas ocurren -en esto coincido totalmente con la señora diputada Donda Pérez- gracias al trabajo y a la presión ejercidos en forma conjunta durante todo el año. (Aplausos.)
En cuarto lugar, la llegada de fin de año, de la que tanto se habló y sobre la que nadie sabe más, en términos de qué pasa en los barrios, que las organizaciones sociales. A ellas las hemos visto mucho más preocupadas por mantener la paz -y en la medida de lo posible, además de la paz, alguna alegría-, que al gobierno.
Esa presión que vemos desde hace meses quienes venimos hablando con ellos -unos más, otros menos-, ha dado lugar al tratamiento de este proyecto.
Esto ha sido posible luego de la unificación del comando de la CGT y de las cuatro inmensas movilizaciones que se hicieron durante el año, en las que ni un solo disturbio o discurso violento hubo, ni de los que defendían a los que están en la miseria, que ni siquiera, llegan a percibir la mitad del salario mínimo vital y móvil, ni de los hombres de la CGT. Esas cuatro grandes manifestaciones fueron las del 29 de abril, la gran movilización de las dos CTA, la del Día de San Cayetano y la de hace dos semanas, acá en el Congreso.
Si la CGT no hubiera hecho un inmenso acto pidiendo, por primera vez en su historia, por los más pobres, los que están en las organizaciones sociales a las que quiere representar, en lugar de hacerlo para su integración; si no hubiera ocurrido que las organizaciones sociales querían ser representadas por la CGT, y por eso apareció la figura muy interesante del Salario Social Complementario en este proyecto de ley, que esperamos se desarrolle; si no hubiera sucedido todo esto, no habríamos llegado al tratamiento de esta iniciativa ni a la posibilidad de su aprobación.
Estas cosas ocurren -en esto coincido totalmente con la señora diputada Donda Pérez- gracias al trabajo y a la presión ejercidos en forma conjunta durante todo el año. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani, quien es la última oradora que se referirá al tema de emergencia social.
SRA. CICILIANI Señor presidente: voy a referirme conjuntamente a los dos proyectos en tratamiento. Creo que es un hecho absolutamente positivo que estemos considerando estas dos cuestiones vinculadas con el mundo del trabajo.
Los dos dictámenes que hoy se firmarán son muestras elocuentes de la fragmentación del mercado laboral, y con esto no me refiero solo a lo que ocurre en la Argentina, sino también a la evolución capitalista e industrial del siglo XXI.
Con enorme satisfacción estamos introduciendo el concepto del Salario Social Complementario. Ello, en momentos de una Argentina de cambio y de gran incertidumbre; incertidumbre, porque los partidos y los dirigentes políticos no podemos encontrar la vuelta al problema de la pobreza y del desempleo.
Todo esto se da en un contexto de desarrollo capitalista en el que las sociedades actúan con miedo y se fragmentan, dividen y miran con recelo a los inmigrantes. Esto sucede tanto en los países latinoamericanos como en los europeos, que miran a los inmigrantes como enemigos que vienen a quitarles el trabajo.
Como dirigentes políticos debemos tener en cuenta la enorme transformación tecnológica, ya que cada vez producimos más y mejores bienes y productos, pero con menos empleo. Además, los productos que estamos fabricando con esa alta productividad tecnológica provocan una renta diferencial al capital y quitan renta al trabajo. Esto es así; está estudiado. Hay evidencia empírica al respecto, y sobre eso tenemos que trabajar.
Esto también se nos presenta en momentos como el día de ayer, en que en una reunión importantísima de empresarios escuchamos conceptos brutales, tales como que las niñas se embarazan para cobrar una asignación. Eso no debe pasar desapercibido. Se trata de voces de referentes y de dirigentes de nuestra sociedad. Ante esas barbaridades debemos hacer un gran debate.
Además, los empresarios se dan cuenta de que ahora no encuentran la mano de obra calificada que necesitan para formar parte de ese mundo de alta productividad.
Entonces, se da la paradoja de que tenemos una masa enorme de desocupados y empresarios que tienen niveles de productividad, que no encuentran la mano de obra calificada. Estos son los temas que debemos debatir, por ejemplo, cuál es nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud pública; en pocos días más vamos a discutir el tema de las ART, que es la otra condición del mundo del trabajo.
Nosotros, como progresistas, hace pocos días hemos presentado un proyecto de ley para reducir la semana laboral, de 48 a 40 horas. En Brasil, la semana laboral es de 44 horas, ¿por qué en la Argentina es de 48?
En Europa, se producen automóviles en semanas laborales de 36 horas; en la Argentina, de 48. Si se globaliza el capital financiero y el capital productivo, debemos globalizar también las condiciones de trabajo. Para eso, tenemos que discutir, en el ámbito del Mercosur y en los ámbitos de integración regional latinoamericana, no solo los aranceles que benefician a las corporaciones, sino también las condiciones de los trabajadores.
A los trabajadores que no acceden a los niveles de productividad, debemos garantizarles los empleos socialmente productivos y los salarios sociales compensatorios. Si de algo tenemos que vanagloriarnos, como humanidad, es del avance tecnológico que nos exime de los trabajos brutales de las generaciones que nos precedieron. Eso es un beneficio de la humanidad, no de un grupo de corporaciones empresarias, que pueden aprovecharse de los beneficios del avance. Ese es el camino hacia la igualdad; es un camino largo, difícil, pero humildemente creemos que estos proyectos que estamos discutiendo van en ese sentido.
Hoy estamos introduciendo el debate del Salario Social Complementario; estamos reconociendo que las niñas no se embarazan para cobrar un subsidio, ni los trabajadores desocupados quieren vivir sin trabajar. Si a los trabajadores les das la opción de elegir un trabajo productivo con un salario digno, van a elegirlo porque quieren identidad.
Además, con este proyecto de ley estamos protegiéndolos de las mafias. Ahora, no están en las tapas de los diarios o en los canales de televisión; no sabemos por qué no aparecieron en estos días la violencia ni el narcotráfico; pero eso no se solucionó.
Los trabajadores viven en los barrios, presos de las mafias de las drogas, de la trata de personas, del tráfico de venta de armas, del tráfico de los automotores, de los desarmaderos, etcétera. También viven presos de las mafias, en condiciones de trabajo feudal, en cadenas de valor, como la textil.
Entonces, con este proyecto de ley que considera a las organizaciones y dirigentes sociales que tienen visibilidad, damos protección a los trabajadores, ante esa explotación del siglo XIX. Nosotros sí coincidimos con el presidente de la Nación. Los convenios colectivos de trabajo que hoy tenemos vigentes son del siglo XX, no tienen correspondencia alguna con las condiciones de trabajo del siglo XXI. Pero cuidado, no queremos discutir convenios colectivos para volver al siglo XIX. Queremos convenios colectivos del siglo XXI, y en este siglo tenemos que reducir la jornada laboral y trabajar menos para repartir el trabajo de alta productividad y alcanzar el empleo formal. Ese es el sentido de nuestro voto y de nuestro acompañamiento a esta iniciativa.
Cuando hoy estamos discutiendo cómo bajamos el impuesto a las ganancias a un grupo de trabajadores, estamos debatiendo sobre equidad distributiva, en un contexto enorme de déficit fiscal y de recesión global mundial.
Allí no solo hay que mirar las estadísticas de la recesión industrial de nuestro país sino también las de Brasil, que es nuestro principal socio comercial.
Cuando hablamos de abrir los hospitales y las escuelas, que están a cargo de los gobernadores, de pagar a la policía y al servicio de justicia, tenemos que saber con qué recursos vamos a hacerlo.
Digo esto porque la historieta del déficit fiscal con un tipo de cambio bajo y endeudamiento externo ya la vivimos. Ya vivimos el "deme dos" con dólar barato, con la clase media viajando a los Estados Unidos o a los países limítrofes a comprar electrodomésticos.
Este año, los economistas calculan que 18.000 millones de dólares van a salir del circuito por turismo en el exterior y por ahorro en dólares en los colchones o en las cajas de seguridad. Como decía, todo esto lo vivimos y sabemos cómo termina.
Quienes hoy estamos acá sentados tenemos la enorme responsabilidad política de llegar a un acuerdo el próximo martes para que la carga tributaria de este difícil momento no esté en cabeza de los trabajadores de convenio. Además, progresivamente debemos cobrar impuestos a la renta minera, por más que algunos gobernadores se resistan. Fue un error eliminar las retenciones a las exportaciones mineras en marzo, cuando todavía no teníamos un plan acordado entre todos los sectores políticos y sociales de la economía.
Por otra parte, no podemos esperar que las inversiones generen empleo; además, es muy poco el empleo que van a producir. Mientras esperamos que miles de jóvenes se incorporen al mercado de trabajo cada año, ya perdimos 125.000 empleos en los últimos doce meses. Sabemos que vamos a tener dificultades, y por eso hoy debemos trabajar para resolverlas.
Celebro profundamente que hayamos arribado a este amplio acuerdo político para poner sobre la mesa el tema del salario complementario y considerar el salario y el trabajo desde el punto de vista social. Esa debe ser la mirada: empleo socialmente productivo. El análisis de la productividad según el viejo esquema de la economía del siglo XX no se corresponde con las realidades de hoy.
Desde el interbloque Progresistas queremos recuperar para este debate a la Comisión de Legislación del Trabajo. Podremos criticar al diputado Recalde o referirnos al Congreso kirchnerista como de mayoría automática, pero si algo hay que rescatar del Parlamento pasado es el funcionamiento de la Comisión de Legislación del Trabajo, que fue caja de resonancia de los problemas laborales en la Argentina.
Desde el interbloque Progresistas aspiramos, a partir del 1º de marzo próximo, a tener una comisión de Legislación del Trabajo activa para discutir toda esta problemática tan amplia y compleja de la que les he hablado. (Aplausos.)
Los dos dictámenes que hoy se firmarán son muestras elocuentes de la fragmentación del mercado laboral, y con esto no me refiero solo a lo que ocurre en la Argentina, sino también a la evolución capitalista e industrial del siglo XXI.
Con enorme satisfacción estamos introduciendo el concepto del Salario Social Complementario. Ello, en momentos de una Argentina de cambio y de gran incertidumbre; incertidumbre, porque los partidos y los dirigentes políticos no podemos encontrar la vuelta al problema de la pobreza y del desempleo.
Todo esto se da en un contexto de desarrollo capitalista en el que las sociedades actúan con miedo y se fragmentan, dividen y miran con recelo a los inmigrantes. Esto sucede tanto en los países latinoamericanos como en los europeos, que miran a los inmigrantes como enemigos que vienen a quitarles el trabajo.
Como dirigentes políticos debemos tener en cuenta la enorme transformación tecnológica, ya que cada vez producimos más y mejores bienes y productos, pero con menos empleo. Además, los productos que estamos fabricando con esa alta productividad tecnológica provocan una renta diferencial al capital y quitan renta al trabajo. Esto es así; está estudiado. Hay evidencia empírica al respecto, y sobre eso tenemos que trabajar.
Esto también se nos presenta en momentos como el día de ayer, en que en una reunión importantísima de empresarios escuchamos conceptos brutales, tales como que las niñas se embarazan para cobrar una asignación. Eso no debe pasar desapercibido. Se trata de voces de referentes y de dirigentes de nuestra sociedad. Ante esas barbaridades debemos hacer un gran debate.
Además, los empresarios se dan cuenta de que ahora no encuentran la mano de obra calificada que necesitan para formar parte de ese mundo de alta productividad.
Entonces, se da la paradoja de que tenemos una masa enorme de desocupados y empresarios que tienen niveles de productividad, que no encuentran la mano de obra calificada. Estos son los temas que debemos debatir, por ejemplo, cuál es nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud pública; en pocos días más vamos a discutir el tema de las ART, que es la otra condición del mundo del trabajo.
Nosotros, como progresistas, hace pocos días hemos presentado un proyecto de ley para reducir la semana laboral, de 48 a 40 horas. En Brasil, la semana laboral es de 44 horas, ¿por qué en la Argentina es de 48?
En Europa, se producen automóviles en semanas laborales de 36 horas; en la Argentina, de 48. Si se globaliza el capital financiero y el capital productivo, debemos globalizar también las condiciones de trabajo. Para eso, tenemos que discutir, en el ámbito del Mercosur y en los ámbitos de integración regional latinoamericana, no solo los aranceles que benefician a las corporaciones, sino también las condiciones de los trabajadores.
A los trabajadores que no acceden a los niveles de productividad, debemos garantizarles los empleos socialmente productivos y los salarios sociales compensatorios. Si de algo tenemos que vanagloriarnos, como humanidad, es del avance tecnológico que nos exime de los trabajos brutales de las generaciones que nos precedieron. Eso es un beneficio de la humanidad, no de un grupo de corporaciones empresarias, que pueden aprovecharse de los beneficios del avance. Ese es el camino hacia la igualdad; es un camino largo, difícil, pero humildemente creemos que estos proyectos que estamos discutiendo van en ese sentido.
Hoy estamos introduciendo el debate del Salario Social Complementario; estamos reconociendo que las niñas no se embarazan para cobrar un subsidio, ni los trabajadores desocupados quieren vivir sin trabajar. Si a los trabajadores les das la opción de elegir un trabajo productivo con un salario digno, van a elegirlo porque quieren identidad.
Además, con este proyecto de ley estamos protegiéndolos de las mafias. Ahora, no están en las tapas de los diarios o en los canales de televisión; no sabemos por qué no aparecieron en estos días la violencia ni el narcotráfico; pero eso no se solucionó.
Los trabajadores viven en los barrios, presos de las mafias de las drogas, de la trata de personas, del tráfico de venta de armas, del tráfico de los automotores, de los desarmaderos, etcétera. También viven presos de las mafias, en condiciones de trabajo feudal, en cadenas de valor, como la textil.
Entonces, con este proyecto de ley que considera a las organizaciones y dirigentes sociales que tienen visibilidad, damos protección a los trabajadores, ante esa explotación del siglo XIX. Nosotros sí coincidimos con el presidente de la Nación. Los convenios colectivos de trabajo que hoy tenemos vigentes son del siglo XX, no tienen correspondencia alguna con las condiciones de trabajo del siglo XXI. Pero cuidado, no queremos discutir convenios colectivos para volver al siglo XIX. Queremos convenios colectivos del siglo XXI, y en este siglo tenemos que reducir la jornada laboral y trabajar menos para repartir el trabajo de alta productividad y alcanzar el empleo formal. Ese es el sentido de nuestro voto y de nuestro acompañamiento a esta iniciativa.
Cuando hoy estamos discutiendo cómo bajamos el impuesto a las ganancias a un grupo de trabajadores, estamos debatiendo sobre equidad distributiva, en un contexto enorme de déficit fiscal y de recesión global mundial.
Allí no solo hay que mirar las estadísticas de la recesión industrial de nuestro país sino también las de Brasil, que es nuestro principal socio comercial.
Cuando hablamos de abrir los hospitales y las escuelas, que están a cargo de los gobernadores, de pagar a la policía y al servicio de justicia, tenemos que saber con qué recursos vamos a hacerlo.
Digo esto porque la historieta del déficit fiscal con un tipo de cambio bajo y endeudamiento externo ya la vivimos. Ya vivimos el "deme dos" con dólar barato, con la clase media viajando a los Estados Unidos o a los países limítrofes a comprar electrodomésticos.
Este año, los economistas calculan que 18.000 millones de dólares van a salir del circuito por turismo en el exterior y por ahorro en dólares en los colchones o en las cajas de seguridad. Como decía, todo esto lo vivimos y sabemos cómo termina.
Quienes hoy estamos acá sentados tenemos la enorme responsabilidad política de llegar a un acuerdo el próximo martes para que la carga tributaria de este difícil momento no esté en cabeza de los trabajadores de convenio. Además, progresivamente debemos cobrar impuestos a la renta minera, por más que algunos gobernadores se resistan. Fue un error eliminar las retenciones a las exportaciones mineras en marzo, cuando todavía no teníamos un plan acordado entre todos los sectores políticos y sociales de la economía.
Por otra parte, no podemos esperar que las inversiones generen empleo; además, es muy poco el empleo que van a producir. Mientras esperamos que miles de jóvenes se incorporen al mercado de trabajo cada año, ya perdimos 125.000 empleos en los últimos doce meses. Sabemos que vamos a tener dificultades, y por eso hoy debemos trabajar para resolverlas.
Celebro profundamente que hayamos arribado a este amplio acuerdo político para poner sobre la mesa el tema del salario complementario y considerar el salario y el trabajo desde el punto de vista social. Esa debe ser la mirada: empleo socialmente productivo. El análisis de la productividad según el viejo esquema de la economía del siglo XX no se corresponde con las realidades de hoy.
Desde el interbloque Progresistas queremos recuperar para este debate a la Comisión de Legislación del Trabajo. Podremos criticar al diputado Recalde o referirnos al Congreso kirchnerista como de mayoría automática, pero si algo hay que rescatar del Parlamento pasado es el funcionamiento de la Comisión de Legislación del Trabajo, que fue caja de resonancia de los problemas laborales en la Argentina.
Desde el interbloque Progresistas aspiramos, a partir del 1º de marzo próximo, a tener una comisión de Legislación del Trabajo activa para discutir toda esta problemática tan amplia y compleja de la que les he hablado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA No habiendo más oradores para referirse al tema de la emergencia social, damos inicio al tratamiento del proyecto de ley sobre modificación del impuesto a las ganancias.
Para referirse a este asunto no tengo todavía lista de oradores. Solo el señor diputado Kosiner me ha pedido la palabra. A quienes deseen referirse al tema en consideración, les pido que me lo vayan indicando.
Tiene la palabra el señor diputado Kosiner.
Para referirse a este asunto no tengo todavía lista de oradores. Solo el señor diputado Kosiner me ha pedido la palabra. A quienes deseen referirse al tema en consideración, les pido que me lo vayan indicando.
Tiene la palabra el señor diputado Kosiner.
SR. KOSINER Señor presidente: nuestra exposición será breve. Por un lado, quiero plantear nuestra posición sobre las incorporaciones que proponemos al proyecto sobre impuesto a las ganancias. Por su parte, el señor diputado Ziliotto se referirá al tema del financiamiento. Como se trata del mismo concepto, pido autorización para que podamos compartir el término del que dispongo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Por supuesto, señor diputado.
SR. KOSINER Gracias, señor presidente.
En primer lugar, previo al análisis de esta temática, por un mandato de mi bloque quiero plantear una cuestión que oportunamente ha sido debatida por esta comisión. Nuestro bloque rechaza el decreto 1.206/16 que recientemente ha firmado el presidente de la Nación, por medio del cual reglamenta -y a nuestro criterio, modifica- la ley de blanqueo de capitales.
No tenemos un ámbito para expresarnos políticamente además de esta comisión, y por eso lo queremos hacer ahora de forma breve. Entendemos que no genera un buen precedente; al contrario, a partir de ahora se genera la gran duda acerca de que las leyes que vamos a aprobar en este Congreso -entre ellas, la que estamos debatiendo aquí- vayan a ser modificadas el día de mañana por un decreto simple, que encima no es de necesidad y urgencia. También cuestionamos esta mecánica- Es un decreto simple.
Puntualmente, el decreto 1.206/16 que emitió el Poder Ejecutivo nacional altera la ley de blanqueo de capitales. Cuando discutimos en el Parlamento uno de los temas puntuales sobre esta ley -y así fue aprobada-, debatimos en torno de la necesidad de excluir a los cónyuges padres e hijos menores emancipados, del beneficio del blanqueo de capitales. Este decreto permite el blanqueo cuando se acredite que los bienes han sido incorporados previo al financiamiento.
La ley de blanqueo desde ningún punto de vista distinguía esta situación; prohíbe específicamente acceder al blanqueo a los familiares establecidos, y a mí me preocupan los fundamentos de este decreto. Allí, puntualmente se dice que la experiencia aconseja efectuar distintas precisiones. En realidad, lo que hicieron fue modificar una ley por decreto, no hacer precisiones. Además, habla de la intervención del servicio jurídico.
El servicio jurídico del Poder Ejecutivo ha reemplazado a este Congreso. Este tema grave, señor presidente, nosotros lo planteamos desde la seriedad de haber tenido, durante este año, criterios que muchas veces han sido discutidos. No nos hemos opuesto a todo y hemos tratado de tener una discusión seria acompañando en varias cosas que entendimos importantes y no haciéndolo respecto de aquellas cuestiones dificultosas o contrarias a los intereses del país. Sin embargo, desde ningún punto de vista podemos permitir que un decreto altere el texto de una ley. Como antecedente, de manera clara se genera hacia el futuro una situación muy complicada.
Si nosotros convalidamos esto -espero que la Justicia actúe en ese sentido, y seguramente habrá planteos-, a partir de ahora cualquier ley del Congreso será modificable por un decreto simple del Poder Ejecutivo. Espero que como el gobierno ha hecho en otras oportunidades -cuando ha tenido que Designar a jueces de la Corte por DNU-, también en esta oportunidad se dé cuenta de la equivocación y derogue este decreto. Esto lo hablamos con otros bloques, que nos han pedido que hagamos extensivo el planteo en nombre de ellos, y con los compañeros del bloque del Frente Renovador, que coinciden en este planteo, Y seguramente otros bloques también así lo expresan.
En cuanto al proyecto de ley hemos estado discutiendo con una serie de bloques de la oposición en tratar de unificar criterios. Nuestra posición política la hemos planteado en la última reunión de comisión. A partir del texto que en su momento presentamos como proyecto del bloque Justicialista y tomando como base fundamentalmente el proyecto que el Frente Renovador ha presentado y se ha difundido, estamos avanzando en una coincidencia de propuesta de proyecto de dictamen, que seguramente será compartido por el resto de los bloques.
Entendemos que con el proyecto que en su momento presentó el señor diputado Marcos Lavagna, que fue debatido aquí, más los fundamentos y aportes que realizó nuestro bloque, podemos satisfacer dos expectativas. La primera consiste en atender a una clara demanda de los trabajadores en la Argentina, esto es la necesidad recomponer la relación del salario con el impuesto a las ganancias.
Nosotros creemos que esa demanda debe ser atendida. También estimamos que este proyecto debió ser puesto a consideración del Congreso con anterioridad. Hubiese sido ideal que este asunto fuera debatido conjuntamente con la ley de presupuesto. Pero así son las cosas. Estamos tratándolo en este momento y tampoco vamos a escapar a esa responsabilidad.
Con respecto a la primera de las cuestiones -que relacionada con esas expectativas de satisfacer la situación de los trabajadores y la relación de su salario con el impuesto a las ganancias-, desde ningún punto de vista vamos a acompañar la idea de que la actualización del mínimo no imponible sea del 15 por ciento, ya que el mismo gobierno está planteando una estimación de aumento salarial para el año próximo, del 21 por ciento. Además, debemos tener en cuenta que el índice inflacionario que el gobierno ha previsto en el presupuesto es del 17 por ciento.
Si el mismo gobierno dice que tiene como base de expectativa de aumento salarial el 21 por ciento, y sabemos claramente que ese 17 por ciento de inflación estimado será aún mayor, creemos que los convenios colectivos de trabajo tampoco van a estar cerrando sus aumentos salariales en el 21 por ciento; seguramente va a ser un poco más.
Entonces, como comienzo de la discusión nosotros vamos a proponer, para el impuesto a las ganancias, un mínimo no imponible que supere en el monto esas expectativas de aumento salarial planteadas aun por el gobierno. Nunca ese mínimo no imponible puede quedar atrás de los aumentos salariales porque se estaría dando algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo: más de medio millón de trabajadores argentinos comenzaría a pagar muy pronto el impuesto a las ganancias. Entonces, no se cumplirá el objetivo que se persigue ni se encontrará el beneficio que se busca.
Independientemente de la discusión de cuántos van a pagar más o menos, el objetivo es que cada vez se pague menos y que cada vez sean menos los trabajadores que paguen el impuesto a las ganancias. Entonces, desde ningún punto de vista podemos tomar una decisión que abra la puerta a que sean más los trabajadores que paguen ese tributo.
Dicho esto sobre el mínimo no imponible, quiero hacer referencia a algunos otros temas. Luego dejaré que el señor diputado Ziliotto plantee las cuestiones vinculadas con el financiamiento, cosa que hemos tratado de acordar con el resto de los bloques, con los cuales hemos estado dialogando. Para ello también hemos trabajado con el diputado Marco Lavagna.
En primer lugar, quiero señalar una cuestión que se vincula con la situación de embarazadas e incapacitados para trabajar. Creemos que hay temas fundamentales que se deben incorporar para que un trabajador pueda deducir del impuesto a las ganancias situaciones que hacen a su protección y a la de su salario. Me refiero puntualmente al tratamiento diferencial de las embarazadas y de lo que está definido en el texto de la norma como incapacitados para el trabajo, cuestión que no estaba contemplada en el proyecto original del Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, voy a referirme a la cuestión de los alquileres. Nosotros veníamos sosteniendo que, así como quien toma un crédito para adquirir una vivienda puede deducirlo del impuesto a las ganancias de acuerdo con lo establecido en los intereses que paga por ese crédito, de la misma manera y con el mismo criterio -y esto está establecido en el artículo 81 de la ley de impuesto a las ganancias- planteamos una modificación en el inciso i) del proyecto.
La idea es que aquella familia que alquila una vivienda única pueda deducirlo del impuesto a las ganancias. Lo mismo proponemos para los casos de alquileres a familiares en terceras ciudades, tal como ocurre en el caso de los hijos que deben trasladarse para poder estudiar porque no tienen esa opción en su lugar de origen.
Por lo tanto, proponemos que para los casos que he citado se utilice el mismo criterio que se adoptó con los créditos para vivienda única, de manera que esos alquileres también puedan ser deducidos del impuesto a las ganancias.
Creemos que con este tema estaríamos agregando una incorporación social muy importante; porque todos sabemos el peso que tienen hoy los alquileres en la economía familiar y el aumento que en estos momentos está registrando su valor.
Respecto del tema de las horas extra, también es otra de las modificaciones que nosotros estamos planteando. Creemos que las horas extra deben estar excluidas de lo que es la aplicación del impuesto a las ganancias, y también en el caso del sueldo anual complementario planteamos una regulación especial.
Coincidimos con la necesidad de que este año, 2016, no se aplique impuesto a las ganancias al sueldo anual complementario, pero también planteamos una regulación para el futuro. Que el sueldo anual complementario únicamente pueda gravarse para los sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual devengada en el ejercicio fiscal, no supere el equivalente a ocho veces la suma del salario mínimo vital y móvil que resuelva el Consejo Nacional del Empleo la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Para los sujetos no abarcados en el párrafo anterior, pero cuya remuneración bruta mensual devengada en el ejercicio fiscal no supere la suma equivalente a doce veces el salario mínimo vital y móvil, la exención sobre el sueldo anual solo se regirá hasta el tope de ocho salarios mínimos.
Ciertamente, nosotros hacemos una clara diferenciación para aplicar escalas de acuerdo al monto del salario mínimo vital y móvil, entendiendo que hay que proteger al sueldo mínimo vital y móvil como suma sobre el cual se aplica el impuesto a las ganancias.
Respecto de un tema que para nosotros es clave en el contexto de toda la ley -que es la cuestión vinculada a la movilidad-, si vamos a hacer un esfuerzo para legislar, para empezar a resolver este tema pendiente del impuesto a las ganancias, tenemos que dar a la ley los resortes necesarios para no quedar retrasada en el tiempo. Por eso, estamos proponiendo dentro de la ley una mención en donde planteamos el ajuste automático, anual, por el coeficiente que surja del incremento del salario mínimo vital y móvil que resuelva el Consejo Nacional del Empleo la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.
También se ajustarán por el coeficiente señalado las deducciones previstas en el artículo 16, y obviamente, para el caso de las jubilaciones planteamos la actualización de acuerdo al índice de la movilidad.
¿Esto, qué quiere decir? No hacer una discusión, en este momento, que a nosotros nos ate de manos respecto de las distintas variaciones que vaya teniendo la evolución económica del país.
Creemos que debemos aprovechar este debate para dar a la ley la movilidad suficiente; que lo que nosotros ahora planteemos en cuanto a los beneficios de los trabajadores no quede en la nada en muy poco tiempo, porque las condiciones económicas de la recesión se puedan haber acentuado. Ojalá que no sea así, pero claramente tenemos que preverlo.
En cuanto al tema del tributo, también proponemos un apartado especial donde hacemos una duplicación del tope. Creo que es algo que claramente ya venía siendo demandado y tratamos de volver hacia atrás las expulsiones en esta categoría que se habían dado durante este año 2016.
Dicho esto -puede ser que se me esté escapando algo, creería que no-, nosotros, a la vez de satisfacer la primera parte, que es mejorar las condiciones de los trabajadores, debemos tener una responsabilidad adicional que es garantizar que no se genere un desfinanciamiento de las provincias.
Para eso hemos diseñado, como contrapartida de las medidas que proponemos, que sabemos tendrán un impacto fiscal, un capítulo especial que hace referencia a medidas fiscales para dotar de mayor equidad al sistema tributario argentino. Esto quiere decir que a la vez de proponer modificaciones al impuesto a las ganancias que mejoren la situación del salario en relación al impuesto, también proponemos de dónde sacar los recursos para no generar un desfinanciamiento en cuanto a la situación de las provincias.
En primer lugar, previo al análisis de esta temática, por un mandato de mi bloque quiero plantear una cuestión que oportunamente ha sido debatida por esta comisión. Nuestro bloque rechaza el decreto 1.206/16 que recientemente ha firmado el presidente de la Nación, por medio del cual reglamenta -y a nuestro criterio, modifica- la ley de blanqueo de capitales.
No tenemos un ámbito para expresarnos políticamente además de esta comisión, y por eso lo queremos hacer ahora de forma breve. Entendemos que no genera un buen precedente; al contrario, a partir de ahora se genera la gran duda acerca de que las leyes que vamos a aprobar en este Congreso -entre ellas, la que estamos debatiendo aquí- vayan a ser modificadas el día de mañana por un decreto simple, que encima no es de necesidad y urgencia. También cuestionamos esta mecánica- Es un decreto simple.
Puntualmente, el decreto 1.206/16 que emitió el Poder Ejecutivo nacional altera la ley de blanqueo de capitales. Cuando discutimos en el Parlamento uno de los temas puntuales sobre esta ley -y así fue aprobada-, debatimos en torno de la necesidad de excluir a los cónyuges padres e hijos menores emancipados, del beneficio del blanqueo de capitales. Este decreto permite el blanqueo cuando se acredite que los bienes han sido incorporados previo al financiamiento.
La ley de blanqueo desde ningún punto de vista distinguía esta situación; prohíbe específicamente acceder al blanqueo a los familiares establecidos, y a mí me preocupan los fundamentos de este decreto. Allí, puntualmente se dice que la experiencia aconseja efectuar distintas precisiones. En realidad, lo que hicieron fue modificar una ley por decreto, no hacer precisiones. Además, habla de la intervención del servicio jurídico.
El servicio jurídico del Poder Ejecutivo ha reemplazado a este Congreso. Este tema grave, señor presidente, nosotros lo planteamos desde la seriedad de haber tenido, durante este año, criterios que muchas veces han sido discutidos. No nos hemos opuesto a todo y hemos tratado de tener una discusión seria acompañando en varias cosas que entendimos importantes y no haciéndolo respecto de aquellas cuestiones dificultosas o contrarias a los intereses del país. Sin embargo, desde ningún punto de vista podemos permitir que un decreto altere el texto de una ley. Como antecedente, de manera clara se genera hacia el futuro una situación muy complicada.
Si nosotros convalidamos esto -espero que la Justicia actúe en ese sentido, y seguramente habrá planteos-, a partir de ahora cualquier ley del Congreso será modificable por un decreto simple del Poder Ejecutivo. Espero que como el gobierno ha hecho en otras oportunidades -cuando ha tenido que Designar a jueces de la Corte por DNU-, también en esta oportunidad se dé cuenta de la equivocación y derogue este decreto. Esto lo hablamos con otros bloques, que nos han pedido que hagamos extensivo el planteo en nombre de ellos, y con los compañeros del bloque del Frente Renovador, que coinciden en este planteo, Y seguramente otros bloques también así lo expresan.
En cuanto al proyecto de ley hemos estado discutiendo con una serie de bloques de la oposición en tratar de unificar criterios. Nuestra posición política la hemos planteado en la última reunión de comisión. A partir del texto que en su momento presentamos como proyecto del bloque Justicialista y tomando como base fundamentalmente el proyecto que el Frente Renovador ha presentado y se ha difundido, estamos avanzando en una coincidencia de propuesta de proyecto de dictamen, que seguramente será compartido por el resto de los bloques.
Entendemos que con el proyecto que en su momento presentó el señor diputado Marcos Lavagna, que fue debatido aquí, más los fundamentos y aportes que realizó nuestro bloque, podemos satisfacer dos expectativas. La primera consiste en atender a una clara demanda de los trabajadores en la Argentina, esto es la necesidad recomponer la relación del salario con el impuesto a las ganancias.
Nosotros creemos que esa demanda debe ser atendida. También estimamos que este proyecto debió ser puesto a consideración del Congreso con anterioridad. Hubiese sido ideal que este asunto fuera debatido conjuntamente con la ley de presupuesto. Pero así son las cosas. Estamos tratándolo en este momento y tampoco vamos a escapar a esa responsabilidad.
Con respecto a la primera de las cuestiones -que relacionada con esas expectativas de satisfacer la situación de los trabajadores y la relación de su salario con el impuesto a las ganancias-, desde ningún punto de vista vamos a acompañar la idea de que la actualización del mínimo no imponible sea del 15 por ciento, ya que el mismo gobierno está planteando una estimación de aumento salarial para el año próximo, del 21 por ciento. Además, debemos tener en cuenta que el índice inflacionario que el gobierno ha previsto en el presupuesto es del 17 por ciento.
Si el mismo gobierno dice que tiene como base de expectativa de aumento salarial el 21 por ciento, y sabemos claramente que ese 17 por ciento de inflación estimado será aún mayor, creemos que los convenios colectivos de trabajo tampoco van a estar cerrando sus aumentos salariales en el 21 por ciento; seguramente va a ser un poco más.
Entonces, como comienzo de la discusión nosotros vamos a proponer, para el impuesto a las ganancias, un mínimo no imponible que supere en el monto esas expectativas de aumento salarial planteadas aun por el gobierno. Nunca ese mínimo no imponible puede quedar atrás de los aumentos salariales porque se estaría dando algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo: más de medio millón de trabajadores argentinos comenzaría a pagar muy pronto el impuesto a las ganancias. Entonces, no se cumplirá el objetivo que se persigue ni se encontrará el beneficio que se busca.
Independientemente de la discusión de cuántos van a pagar más o menos, el objetivo es que cada vez se pague menos y que cada vez sean menos los trabajadores que paguen el impuesto a las ganancias. Entonces, desde ningún punto de vista podemos tomar una decisión que abra la puerta a que sean más los trabajadores que paguen ese tributo.
Dicho esto sobre el mínimo no imponible, quiero hacer referencia a algunos otros temas. Luego dejaré que el señor diputado Ziliotto plantee las cuestiones vinculadas con el financiamiento, cosa que hemos tratado de acordar con el resto de los bloques, con los cuales hemos estado dialogando. Para ello también hemos trabajado con el diputado Marco Lavagna.
En primer lugar, quiero señalar una cuestión que se vincula con la situación de embarazadas e incapacitados para trabajar. Creemos que hay temas fundamentales que se deben incorporar para que un trabajador pueda deducir del impuesto a las ganancias situaciones que hacen a su protección y a la de su salario. Me refiero puntualmente al tratamiento diferencial de las embarazadas y de lo que está definido en el texto de la norma como incapacitados para el trabajo, cuestión que no estaba contemplada en el proyecto original del Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, voy a referirme a la cuestión de los alquileres. Nosotros veníamos sosteniendo que, así como quien toma un crédito para adquirir una vivienda puede deducirlo del impuesto a las ganancias de acuerdo con lo establecido en los intereses que paga por ese crédito, de la misma manera y con el mismo criterio -y esto está establecido en el artículo 81 de la ley de impuesto a las ganancias- planteamos una modificación en el inciso i) del proyecto.
La idea es que aquella familia que alquila una vivienda única pueda deducirlo del impuesto a las ganancias. Lo mismo proponemos para los casos de alquileres a familiares en terceras ciudades, tal como ocurre en el caso de los hijos que deben trasladarse para poder estudiar porque no tienen esa opción en su lugar de origen.
Por lo tanto, proponemos que para los casos que he citado se utilice el mismo criterio que se adoptó con los créditos para vivienda única, de manera que esos alquileres también puedan ser deducidos del impuesto a las ganancias.
Creemos que con este tema estaríamos agregando una incorporación social muy importante; porque todos sabemos el peso que tienen hoy los alquileres en la economía familiar y el aumento que en estos momentos está registrando su valor.
Respecto del tema de las horas extra, también es otra de las modificaciones que nosotros estamos planteando. Creemos que las horas extra deben estar excluidas de lo que es la aplicación del impuesto a las ganancias, y también en el caso del sueldo anual complementario planteamos una regulación especial.
Coincidimos con la necesidad de que este año, 2016, no se aplique impuesto a las ganancias al sueldo anual complementario, pero también planteamos una regulación para el futuro. Que el sueldo anual complementario únicamente pueda gravarse para los sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual devengada en el ejercicio fiscal, no supere el equivalente a ocho veces la suma del salario mínimo vital y móvil que resuelva el Consejo Nacional del Empleo la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Para los sujetos no abarcados en el párrafo anterior, pero cuya remuneración bruta mensual devengada en el ejercicio fiscal no supere la suma equivalente a doce veces el salario mínimo vital y móvil, la exención sobre el sueldo anual solo se regirá hasta el tope de ocho salarios mínimos.
Ciertamente, nosotros hacemos una clara diferenciación para aplicar escalas de acuerdo al monto del salario mínimo vital y móvil, entendiendo que hay que proteger al sueldo mínimo vital y móvil como suma sobre el cual se aplica el impuesto a las ganancias.
Respecto de un tema que para nosotros es clave en el contexto de toda la ley -que es la cuestión vinculada a la movilidad-, si vamos a hacer un esfuerzo para legislar, para empezar a resolver este tema pendiente del impuesto a las ganancias, tenemos que dar a la ley los resortes necesarios para no quedar retrasada en el tiempo. Por eso, estamos proponiendo dentro de la ley una mención en donde planteamos el ajuste automático, anual, por el coeficiente que surja del incremento del salario mínimo vital y móvil que resuelva el Consejo Nacional del Empleo la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.
También se ajustarán por el coeficiente señalado las deducciones previstas en el artículo 16, y obviamente, para el caso de las jubilaciones planteamos la actualización de acuerdo al índice de la movilidad.
¿Esto, qué quiere decir? No hacer una discusión, en este momento, que a nosotros nos ate de manos respecto de las distintas variaciones que vaya teniendo la evolución económica del país.
Creemos que debemos aprovechar este debate para dar a la ley la movilidad suficiente; que lo que nosotros ahora planteemos en cuanto a los beneficios de los trabajadores no quede en la nada en muy poco tiempo, porque las condiciones económicas de la recesión se puedan haber acentuado. Ojalá que no sea así, pero claramente tenemos que preverlo.
En cuanto al tema del tributo, también proponemos un apartado especial donde hacemos una duplicación del tope. Creo que es algo que claramente ya venía siendo demandado y tratamos de volver hacia atrás las expulsiones en esta categoría que se habían dado durante este año 2016.
Dicho esto -puede ser que se me esté escapando algo, creería que no-, nosotros, a la vez de satisfacer la primera parte, que es mejorar las condiciones de los trabajadores, debemos tener una responsabilidad adicional que es garantizar que no se genere un desfinanciamiento de las provincias.
Para eso hemos diseñado, como contrapartida de las medidas que proponemos, que sabemos tendrán un impacto fiscal, un capítulo especial que hace referencia a medidas fiscales para dotar de mayor equidad al sistema tributario argentino. Esto quiere decir que a la vez de proponer modificaciones al impuesto a las ganancias que mejoren la situación del salario en relación al impuesto, también proponemos de dónde sacar los recursos para no generar un desfinanciamiento en cuanto a la situación de las provincias.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Seré muy sintético porque el señor diputado Kosiner ya ha hecho un planteo en la misma línea.
Lo que nosotros vamos a abordar en cierta manera es un complemento de lo que fue la presentación del proyecto del Frente Renovador, que estamos apoyando y, desde nuestra humilde posición, intentando mejorar, más aún a partir de lo que han expuesto los funcionarios nacionales.
En primer lugar, quiero decir que nuestra propuesta no es algo tirado de los pelos. Tiene base en un proyecto de ley que presentaos en el mes de abril, cuando planteamos la implementación de un fondo compensador, pues ya sabíamos que era necesario abordar una modificación estructural en cuanto al tratamiento del impuesto a las ganancias. Esto es algo sobre lo que venimos trabajando.
Esta propuesta va en línea con la responsabilidad fiscal y política que hemos tenido desde el primer momento en el bloque Justicialista. Este proyecto nos da la gran tranquilidad de que estamos resolviendo una demanda de un sector muy importante de los trabajadores argentinos. Además, estamos dando seguridad fiscal ya que esto brinda un equilibrio que garantiza gobernabilidad a través de una sustentabilidad financiera no solo respecto de los gobernadores, sino también del Poder Ejecutivo nacional y, principalmente, la ANSES.
Todos sabemos que hoy, cerca de un 20 por ciento de los ingresos de la ANSES corresponde al impuesto a las ganancias. Por eso, como contrapartida de lo que significa modificar considerablemente los distintos montos que hoy están afectando ese impuesto, estamos proponiendo una compensación.
En ese sentido, como dije hoy, complementando lo que había presentado el Frente Renovador y enriqueciendo esa postura, estamos planteando que sean dos sectores muy claramente definidos los que hagan un esfuerzo superior a los trabajadores. En esta pequeña reforma tributaria, que tiene como principal contenido una distribución de la renta, queremos que los sectores del juego y aquellos vinculados a la especulación financiera sean los que financien esta mejora salarial para los trabajadores.
Cuando hablo de "especulación financiera" me refiero a dos sectores bien diferenciados y especificados. Por un lado, la renta financiera, y por el otro, el capital improductivo.
Debemos gravar con este impuesto a quienes son titulares de los mayores patrimonios de la Argentina cuando no los ponen al servicio de la producción y del trabajo. Creo que en ese sentido...
Lo que nosotros vamos a abordar en cierta manera es un complemento de lo que fue la presentación del proyecto del Frente Renovador, que estamos apoyando y, desde nuestra humilde posición, intentando mejorar, más aún a partir de lo que han expuesto los funcionarios nacionales.
En primer lugar, quiero decir que nuestra propuesta no es algo tirado de los pelos. Tiene base en un proyecto de ley que presentaos en el mes de abril, cuando planteamos la implementación de un fondo compensador, pues ya sabíamos que era necesario abordar una modificación estructural en cuanto al tratamiento del impuesto a las ganancias. Esto es algo sobre lo que venimos trabajando.
Esta propuesta va en línea con la responsabilidad fiscal y política que hemos tenido desde el primer momento en el bloque Justicialista. Este proyecto nos da la gran tranquilidad de que estamos resolviendo una demanda de un sector muy importante de los trabajadores argentinos. Además, estamos dando seguridad fiscal ya que esto brinda un equilibrio que garantiza gobernabilidad a través de una sustentabilidad financiera no solo respecto de los gobernadores, sino también del Poder Ejecutivo nacional y, principalmente, la ANSES.
Todos sabemos que hoy, cerca de un 20 por ciento de los ingresos de la ANSES corresponde al impuesto a las ganancias. Por eso, como contrapartida de lo que significa modificar considerablemente los distintos montos que hoy están afectando ese impuesto, estamos proponiendo una compensación.
En ese sentido, como dije hoy, complementando lo que había presentado el Frente Renovador y enriqueciendo esa postura, estamos planteando que sean dos sectores muy claramente definidos los que hagan un esfuerzo superior a los trabajadores. En esta pequeña reforma tributaria, que tiene como principal contenido una distribución de la renta, queremos que los sectores del juego y aquellos vinculados a la especulación financiera sean los que financien esta mejora salarial para los trabajadores.
Cuando hablo de "especulación financiera" me refiero a dos sectores bien diferenciados y especificados. Por un lado, la renta financiera, y por el otro, el capital improductivo.
Debemos gravar con este impuesto a quienes son titulares de los mayores patrimonios de la Argentina cuando no los ponen al servicio de la producción y del trabajo. Creo que en ese sentido...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. ZILIOTTO Si me disculpan, señores diputados, les pido que bajen el tono de voz.
Por eso, en conjunto con otros bloques, vamos a presentar una propuesta para que sea debatida en la sesión del próximo 6 de diciembre, con la tranquilidad de que estamos dando una respuesta a los trabajadores. Con esto también estamos dando las herramientas necesarias para que la medida no tenga ningún impacto fiscal negativo y para que -como lo dije- tanto las provincias, el Estado nacional y la ANSES no sufran ningún tipo de impedimento financiero para aplicar esta modificación en el impuesto a las ganancias.
Por eso, en conjunto con otros bloques, vamos a presentar una propuesta para que sea debatida en la sesión del próximo 6 de diciembre, con la tranquilidad de que estamos dando una respuesta a los trabajadores. Con esto también estamos dando las herramientas necesarias para que la medida no tenga ningún impacto fiscal negativo y para que -como lo dije- tanto las provincias, el Estado nacional y la ANSES no sufran ningún tipo de impedimento financiero para aplicar esta modificación en el impuesto a las ganancias.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Kicillof, quien es el único diputado anotado en la lista de oradores.
SR. KICILLOF Señor presidente: el otro día estuvimos reunidos con los funcionarios nacionales, con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y con el responsable de la AFIP, Alberto Abad, quienes hablaron acerca de cuál es la perspectiva oficial con respecto a la modificación del impuesto a las ganancias, cuarta categoría.
Lo primero que quiero decir es que, para el Frente para la Victoria, para nuestro bloque, el debate está resultando un tanto insólito. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno que prometió durante la campaña una y mil veces -el propio presidente de la Nación fue quien lo hizo- que si ganaba la elección ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias.
Yo digo que esto es gravemente preocupante no porque en el contenido de esta afirmación se oculte una clave para entender cómo piensa el presidente respecto de la economía o que en esta afirmación uno pueda sacar una declaración de principios. Lo que ha mostrado esa afirmación es que, habiéndose votado hace pocos días una ley -que nosotros no acompañamos- para que haya un debate y los presidentes expongan qué piensan hacer si ganan, el hoy presidente de los argentinos dijo eso única y exclusivamente para conseguir votos por medio de un engaño. No hay otra explicación.
Cuando llega al gobierno, el impuesto a las ganancias era pagado por 1.150.000. trabajadores. Luego, emite un decreto -todos pensamos que era el decreto que anulaba el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, pero modifica el mínimo no imponible utilizando una modalidad que empleamos varias veces, pero muy por debajo de la inflación e incluso de la variación salarial. Así, hoy ese impuesto lo están pagando 2 millones de personas.
No es que mintió porque dijo que lo iba a sacar y no lo hizo; mintió porque se duplicó la cantidad de gente que hoy paga el impuesto a las ganancias. Entonces, este es un debate insólito. El Poder Ejecutivo, después de haber realizado esta declaración y haber conseguido votos, porque hay gente que votó al presidente actual de la Nación, y yo lo sé porque hice campaña y la gente decía "Yo voto a otro porque me saca el impuesto a las ganancias". Y lo que hizo fue duplicar la cantidad de gente que hoy paga el impuesto. Quiero decir que, si actualizamos el mínimo no imponible por el RIPTE o por cualquier indicador de salarios, el mínimo no imponible, que en 2013 nosotros habíamos fijado en 15.000 pesos, daría 38.100 pesos. Este sería el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para un soltero sin hijos, para que estuviera pagando en equivalencia a lo que ocurría durante 2013, 2014 y 2015, porque dejamos congelado ese valor.
Dicho con otras palabras, hoy se está pagando el doble, y con la actualización que nos viene a proponer el Poder Ejecutivo -que lleva el mínimo no imponible, según el proyecto oficial, hasta donde lo teníamos, es decir, para un soltero, de 22.000 de 26.000-, al cabo del año que viene va a estar pagando todavía más gente. O sea que esto se renueva. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona sea electa presidente, en sus spots presidenciales de septiembre dice que va a eliminar un impuesto y no solo no lo elimina sino que lo agrava para quienes confiaron en él; y ahora presenta un proyecto de ley diciendo que la situación va a ser peor, es decir que ha incumplido una promesa electoral, la ha vuelto a incumplir y la va a volver a agravar.
La verdad es que esto es incómodo, sobre todo para nosotros, que en esta campaña electoral sufrimos de parte del actual oficialismo una especie de acoso respecto del impuesto a las ganancias diciendo que el salario no es ganancia y que cómo van a cobrar a los trabajadores este impuesto. Además, hoy vemos aumentada constantemente la cantidad de trabajadores que lo paga.
En cuanto al desapego a la verdad y a las promesas electorales, podríamos hacer una lista larga, pero en este caso se está discutiendo en el Parlamento para grabar en la piedra, en la ley, algo que por lo menos hasta ahora venían haciendo por decreto; pero el oficialismo nos manda a discutir ese proyecto.
Esto es incómodo porque nosotros defendimos durante todo el tiempo que fuimos gobierno el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría que, como decíamos, no tiene un nombre adecuado a pesar de ser de una ley del 73, del general Perón. Nosotros preferimos otro nombre, que vamos a sugerir que se adopte, que es "impuesto a los altos ingresos". De todas maneras, defendemos este impuesto porque siempre creímos que la porción de los trabajadores o asalariados registrados de mayores ingresos, en una proporción adecuada, podía contribuir al fisco para que se llevaran adelante diferentes planes relativos a las actividades que debe hacer el Estado, sobre todo, como lo hizo nuestro gobierno.
Cuánto desconcierto cuando nos encontramos con que ahora nosotros, estando de este lado, tenemos que discutir con ustedes -que durante años nos persiguieron por cobrar el impuesto a las ganancias- propuestas que van agravando la situación.
O sea que no se trata de dónde puede surgir esto. ¿Qué nos dicen? Que por cuestiones fiscales van a cobrar el impuesto a las ganancias. Esto pareciera una especie de situación que va en contra de sus creencias, sus principios, su filosofía, su comprensión, pero lo hacen igual porque no les alcanzan los recursos. Entonces, uno puede preguntarse qué querrán hacer con ellos.
Sin embargo, antes de eso uno se encuentra con otro resultado bastante perturbador a raíz de una medida tomada por el propio gobierno de Macri, que es quitar los impuestos a los sectores más concentrados de la economía.
Ello no se había dicho de esta manera durante la campaña electoral. Menos aún, que habría una devaluación que hoy llega a más del 60 por ciento y se generaría una transferencia de recursos a los sectores exportadores, que ha sido -por decir algo- superior a 150.000 millones de pesos. Esto, sin meter las LEBAC, que también son otro acto del Estado del orden de los 200.000 millones de pesos. Entonces, transfieren esos recursos y quitan los impuestos.
También venimos de un Congreso que ha aprobado la ley de blanqueo, que elimina el impuesto a la renta financiera y que quita o disminuye paulatinamente el impuesto a los bienes personales, o sea el impuesto a la riqueza. Es decir que no gravan las finanzas, no gravan la riqueza y duplican la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Esto ya se convierte en una absoluta incoherencia.
¿Quieren tener recursos o es que limitan sus promesas de campaña por falta de fondos? Dejen de perdonar impuestos a los más ricos porque si no, esto es una especie de discusión de locos.
A los trabajadores, en la campaña, les hicieron una promesa con relación al impuesto a las ganancias; pero a los demás sectores, las grandes fortunas de la Argentina, no les prometieron no cobrarles el impuesto a los bienes personales. Esto es vocacional, es ideológico y se da de patadas con la promesa de campaña.
Alguien, en algún diario, ha denominado esto como una aplicación del "teorema de Baglini". Bueno, pero si la aplicación de ese teorema es incumplir las promesas electorales, no hagamos debate, no hagamos nada, porque entonces no se puede discutir.
Cuando fuimos oficialismo soportamos ese acoso con el tema del impuesto a las ganancias, y ahora encontramos incluso algunos sectores de la oposición que no pueden aplicar el "teorema de Baglini" porque no son gobierno. Ese teorema, ¿no es para el que es gobierno? Entonces, si los sectores de la oposición que decían que hay que eliminar el impuesto a las ganancias hoy están queriendo reponerlo o mantenerlo, ahí ya no entiendo nada.
Ahora bien, que el "teorema de Baglini" no sea una expresión para hablar del oportunismo, porque si esto es oportunismo, bueno, hablemos de eso.
Nosotros fuimos gobierno y sostuvimos que había que cobrar un impuesto a los altos ingresos. Ahora somos oposición, y en lugar de hacer lo que hicieron ustedes -es decir, para rasguñar un voto, pedir que saquen ese impuesto porque es injusto-, nosotros estamos presentando un proyecto mediante el cual sostenemos un impuesto a los altos ingresos, que es razonable, coherente, consistente. Lo vamos a hacer. No vamos a hacer oportunismo.
Los que hoy son oficialismo y algunos que son oposición decían que había que sacar el impuesto a las ganancias, pero ahora proponen sostenerlo. A nosotros, como oficialismo, nos resultaría muy fácil decir hoy: "Bueno, hubo cambios en la política económica". Pero si vamos al fondo de la cuestión, con los cambios que se han hecho en la política económica existe una diferencia de régimen económico.
¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cobrábamos impuesto a las ganancias porque también cobrábamos retenciones a los sojeros y recaudábamos el impuesto a los bienes personales. Es decir que a esto se le daba un marco de legitimidad, de equidad. Pero ahora que han retirado los impuestos a los altos ingresos del capital, quieren cobrar solo a los altos ingresos del trabajo. Entonces, ahí el tema pierde consistencia.
Una cosa es cobrar el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, cuando el salario le gana a la inflación. Sobre esto, algunos me discuten lo que pasó en 2014, y se agarran de ese año porque si miran toda la serie claramente durante nuestro gobierno los salarios siempre estuvieron por encima de la inflación. Llevamos once meses de gobierno y, como pocas veces en la historia argentina, tenemos una inflación del 45 por ciento.
El gobierno vino a presentarnos las estimaciones del año próximo y también las del mes que viene. Vinieron a decirnos que la inflación iba a ser del 20 por ciento y es del 45 por ciento, que el déficit fiscal iba a bajar y sin embargo -para empezar- subió como medio punto del PBI o tal vez un punto.
Con respecto al año pasado, aumentaron el déficit, duplicaron la inflación, dijeron que este año la economía iba a crecer un 1 por ciento y está cayendo un 2,5 o un 3 por ciento.
Ya mintieron en el último presupuesto que votamos hace un mes. Vino el ministro de Trabajo a decir que en la Argentina no había despidos y que no hacía falta una ley antidespidos. Esto ya tiene un grado de irrealismo.
Además, el presidente le preguntó a un periodista: "¿usted cómo haría para subir el consumo?" Menciono esto porque vi el spot de campaña. Cobrando más impuesto a las ganancias a cada vez más gente no va a subir el consumo, tampoco si baja el salario real y se empieza a cobrar dicho impuesto a casi un millón de personas que antes no lo pagaban. Ahora, con este mínimo no imponible que sube al 15 -que es lo que quiere votar el oficialismo-, dicen que es porque votaron el presupuesto y quieren respetarlo cuando en realidad, pusieron el carro delante de los caballos.
Vuelvan atrás con la reforma impositiva regresiva que hicieron, cobren las retenciones a las mineras y a los sectores concentrados del campo y cobren el impuesto sobre los bienes personales a quienes blanquean.
En un párrafo aparte quiero mencionar textualmente lo que se discutió en la sesión en la que se puso a los familiares. Recuerdo que el proyecto del Poder Ejecutivo no incluía entre quienes no podían hacer el blanqueo ni siquiera a los funcionarios. Así habían pensado el blanqueo, era un traje a medida y parece que fue armado por el contador de Franco Macri porque estaba el tema Panamá Papers. De ese tema no nos enteramos porque el presidente dijo que su viejo tenía unas empresitas en Panamá; no fue así, nos enteramos por una filtración y ahí empezaron a tirarse la pelota.
Ahora nos encontramos con este decreto y comparto lo manifestado por el diputado preopinante, porque nosotros vamos a ver cómo podemos hacer para que no pasen por arriba y pisoteen las leyes del Congreso.
¿Cuánto tiempo estuvimos discutiendo que no podían ser los funcionarios ni los parientes de los funcionarios? Nosotros pedimos hasta el cuarto grado de consanguinidad -por el tema del primo- y también a los contratistas del Estado. Se rasgan las vestiduras con tal contratista y tal cosa, pero como ahora son funcionarios, parientes y contratistas -está todo junto-, los excluimos. Ya que estamos pongamos a todos y metamos a los contratistas. Lo pedimos, se negaron y ahora entendemos por qué. No querían funcionarios, ni parientes, ni contratistas porque tienen esa plata para blanquear y ahora se nota.
Todo esto es escandaloso y hay que remontarse a no sé cuándo para encontrar algo de esta magnitud. Si lo hubiera hecho yo, si hubiera sido un pariente mío, no quiero imaginar lo que diría la prensa hegemónica o las cosas que me dirían en este Congreso; la verdad, sería una vergüenza.
Los diputados del bloque oficialista que votaron un proyecto excluyendo a los funcionarios y a sus parientes, tendrían que estar planteando aquí una cuestión central, constitucional, para excluirlos nuevamente.
No es posible que por un decreto nos cambien una ley que justamente habla de esto y tampoco que quien firma el decreto esté implicado. Cambiar con un decreto una ley es algo raro, pero que cambie a favor de quien puso el gancho, ya es impresionante.
Pido por favor, porque de lo contrario en este Congreso ya no tenemos autoridad moral para discutir el impuesto a las ganancias. Ya tenemos problemas porque propusieron sacarlo y en realidad lo aumentan. Por lo menos, demos la discusión legislativa o de lo contrario, no votemos leyes si después van a cambiar el espíritu con el que se plantearon y lo que se dijo o aquello con lo que se llenaron la boca.
Con respecto a esta cuestión, vamos a sostener nuestra posición coherente y proponer un método, porque encontramos que en el proyecto oficial no hay forma automática de actualización del mínimo no imponible. En nuestro gobierno tampoco la había, pero sí tenía en cuenta las necesidades de los trabajadores.
Por eso actualizamos el mínimo no imponible ocho veces.
En el caso del gobierno actual tiene que haber un método de actualización es automático. Sin embargo, el proyecto del oficialismo no lo tiene. También quiero mencionar que algún proyecto de la oposición prevé el tema del salario mínimo, vital y móvil.
Nosotros no coincidimos en atar la actualización del impuesto a las ganancias al salario mínimo, vital y mínimo por el solo hecho de que este último es una variable sometida no a la objetividad de las condiciones de vida de los trabajadores, sino a cuestiones que podemos llamar de discusión, de consenso político o como quieran llamarlas. Incluso, si el gobierno quisiera se podría evitar convocar al consejo, lo que generaría un lío. Pero mientras tanto no se actualiza.
Nuestra propuesta de actualización no es mediante el RIPTE o el IPC -o sea, coeficientes atados a salarios o a precios,, sino aplicando un método mucho más sencillo que desde el punto de vista conceptual coincide con nuestra convicción y nos quita un problema que podría surgir más adelante. Lo que proponemos es que al finalizar cada año la AFIP publique la estadística del SIPA, que contiene a todos los trabajadores registrados, y determine el salario de corte que corresponde al primer 10 por ciento, es decir, al primer decil. Nosotros queremos que el impuesto sobre los altos ingresos lo pague el primer decil de los trabajadores activos y que ese criterio sea conceptual y se conserve como un método claro, transparente y automático para que esta cuestión no sea manoseada.
El método es muy sencillo, certero y objetivo. Consiste en que la AFIP determine a partir de un salario determinado quiénes están incluidos en ese primer 10 por ciento para pagar el impuesto a las ganancias. Todos los presentes no vamos a decir que se trata de un procedimiento arbitrario y vamos a estipular una base de 41.000, 23.000, 25.000 o 32.000 pesos, sino que directamente vamos a decir que pague el impuesto sobre los altos ingresos el 10 por ciento de los trabajadores inscriptos registrados que más ganen. De esa manera evitaremos la discusión de los índices.
Recalco que es un coeficiente objetivo y nos permite tener certeza de lo que estamos haciendo y legislar desde el punto de vista conceptual. Para nosotros esto es sencillo porque implica sostener lo que vinimos haciendo durante los últimos años; para otros será más complicado. Sin embargo, si ahora cambiaron de opinión, pueden sostener que lo estamos haciendo es gravar a los trabajadores con más altos ingresos, lo que objetivamente representa una porción reducida de los trabajadores.
Nosotros hemos elaborado un dictamen de minoría y entiendo que tenemos tiempo hasta mañana al mediodía para presentarlo. De todos modos, quiero señalar algunas cualidades de nuestro dictamen, como por ejemplo que proponemos un método automático que coincide más o menos con algunas propuestas de la oposición, no acerca del método de actualización ni señalando el número exacto porque para ello tendríamos que tener la última información del SIPA. Entendemos que aplicando ese método, si hay cambios salariales a fines de este año, luego de votarse esta ley y fijarse el mínimo no imponible, no vamos a tener riesgos de que de nuevo se desactualice, como planteó algún diputado. Me parece que esto resuelve algunas cuestiones y a nosotros nos dejaría muy tranquilos porque se trata de una actualización realizada a partir de un ajuste objetivo y automático sobre la base de una variable incontrovertible.
También podría mencionar otros aspectos favorables del dictamen, pero está disponible para todos los diputados y vamos a alcanzarlo a los medios de prensa para que conozcan sus aspectos centrales.
Quiero hacer un párrafo aparte sobre lo acontecido en el Congreso respecto de la sostenibilidad fiscal o prudencia fiscal, es decir, no generar un impuesto a las ganancias que produzca un incremento del déficit.
Entiendo que esa discusión no tiene mucho sentido. El gobierno nacional, aplicando su política económica, generó un déficit mucho más abultado que el que tuvimos el año pasado. Sin embargo, ahora nos pide en el Parlamento que no osemos pedir que quiten carga tributaria a los trabajadores porque estaríamos generando un rojo fiscal. Es decir, ya le perdonaron el pago de todos los impuestos a los ricos, pero ahora, cuando vamos con los trabajadores, aparece el rojo fiscal.
Ya está hecho.
Acá estamos discutiendo -comparto esta idea con otro bloque que lo va a plantear- una especie de subreforma impositiva que para mí empieza por ir hacia atrás con la reforma impositiva encubierta, regresiva y a favor de los ricos que ya hizo el gobierno.
Pero también hay un problema en cuanto al programa económico. Se trata de un problema que han tenido los gobiernos neoliberales a lo largo y ancho del mundo y que van a seguir teniendo en la historia. ¿Por qué? Porque los gobiernos neoliberales buscan eliminar el déficit fiscal con medidas regresivas y recesivas. Voy a explicarlo de otra manera. Para terminar con el déficit fiscal, que se produce cuando los ingresos son menores a los gastos, empiezan a ajustar el gasto. Cuando ajustan el gasto, se encuentran con el ABC del keynesianismo o de cualquier escuela económica más o menos moderna, es decir, si uno baja el gasto, sobre todo en época de crisis e incertidumbre donde los privados no invierten, se encuentra con que cae la actividad económica y después se recauda menos. Esto es lo que está pasando. El rojo fiscal no se debe a la estructura impositiva, sino al programa económico.
El gobierno lleva adelante un programa económico recesivo, entonces, ¿qué sucede? La inflación es del 45 por ciento y la recaudación del 25 por ciento. Ahora bien, ¿qué culpa tenemos los diputados en cuanto a la estructura impositiva y qué capacidad tenemos para modificarla? Tienen que adoptar un programa económico como el que le preguntaba Macri al periodista.
El programa fracasó aunque en este Parlamento hemos votado iniciativas a fin de fomentar las inversiones extranjeras, para que venga la lluvia de dólares -aclaro que nosotros votamos en contra-, el blanqueo. Ese era el objetivo. Sin embargo, hay cero inversiones productivas -carry trade, digamos- y especulación financiera. También hemos votado el pago a los fondos buitre y muchas otras cosas esperando esa lluvia de inversiones, pero no pasó nada. Entonces, hoy quieren recurrir al consumo.
Para empezar, no deberían haber hecho un plan regresivo y recesivo porque la economía va peor, se desinfla y recaudan cada vez menos. ¿Cómo soluciona esto el neoliberalismo? Con más ajuste, más recesión y más déficit. Me hace acordar al déficit cero, aunque ya no tenemos un megacanje, pero hemos tomado 40.000 millones de dólares, así que por ahí andamos.
Entonces, el programa económico tiene similitudes realmente inocultables con otros episodios de la historia argentina.
Por eso digo que nosotros también hemos traído propuestas para mejorar la recaudación y advertimos que no va a mejorar si siguen aplicando una política económica para los que más tienen. No va a mejorar por más que cambiemos y los ayudemos. La verdad es que esto que el gobierno ve como un gran rojo fiscal que se le puede provocar, constituye una gran ayuda para el gobierno.
Sostenemos que los niveles más bajos a los que se les cobra impuesto a las ganancias y a los que se les aplicó el tarifazo y la caída del salario, van a volcarse al consumo si ahora no se les cobra el impuesto a las ganancias. Entonces, puede ser que la rueda de la economía empiece a funcionar de nuevo y ahí van a poder recaudar más. Este es el ABC.
Nosotros no podemos sostener lo que hicieron para el blanqueo, confesamente para generar un incentivo, es decir, que el evasor entre porque después no va a pagar impuestos. Hay que volver atrás la reducción de las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales en forma urgente y restablecer las escalas. Hay que volver a cobrar las retenciones a los sectores agroexportadores más concentrados.
En nuestro proyecto establecemos que hay que gravar a la soja y a la minería, y creo que hay bastante coincidencia en la Cámara al respecto. Si el proyecto del oficialismo resulta aprobado, propongo a la oposición que actúe como tal y cambiemos estas cosas con las que no estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo en volver a gravar la renta financiera. Yo mismo preparé un proyecto en 2013 que fue aprobado en esta Cámara para gravar la renta de dividendos. La renta a los dividendos se desgravó con la ley de blanqueo y ahora se pretende gravarla de nuevo con el proyecto de ley referido al impuesto a las ganancias.
Entonces, basta de adelantar y retroceder para seducir a los inversores, a los blanqueadores y a los panameños. Apostemos a un modelo nacional y a nuestra industria.
Nosotros vamos a presentar un proyecto referido a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Se va a llamar impuesto a los altos ingresos, va a gravar al 10 por ciento que más gana, va a cambiar las escalas y va a gravar a los jueces, a los tres poderes del Estado. Volveremos a presentar esta iniciativa que prevé gravar a los tres poderes del Estado. ¿Quieren recursos? Hay 5.600 millones de pesos con solo poner un poco de equidad en este asunto. (Aplausos.)
Tenemos mucho más para mostrar de nuestro proyecto. Afortunadamente esta semana vamos a estar discutiendo cosas que son importantes para el grueso de los trabajadores argentinos. Nosotros vamos a mantener nuestra coherencia. Hemos cobrado este impuesto porque creemos que es justo. Entendemos que se ha vuelto menos justo debido al estado actual de las cosas y a la política económica que se está llevando adelante. Han perdonado a los empresarios. Entonces, sobran motivos para decir que los trabajadores tienen que pagar menos. En este esquema económico se vuelve todavía más injusto por más que cambiemos las escalas del impuesto a las ganancias.
Las cosas siguen mal: ha habido despidos, recesión y caída de los salarios. La inflación fue superior a las paritarias y hay represión. A pesar de que mantengamos nuestras convicciones y desde el Congreso tratemos de ayudar, los resultados van a ser los mismos si no cambia la política económica. La Argentina va a andar peor, los vulnerables van a andar peor, los trabajadores van a andar peor y nosotros vamos a estar, como siempre, representando al pueblo de la Nación argentina. (Aplausos.)
Lo primero que quiero decir es que, para el Frente para la Victoria, para nuestro bloque, el debate está resultando un tanto insólito. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno que prometió durante la campaña una y mil veces -el propio presidente de la Nación fue quien lo hizo- que si ganaba la elección ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias.
Yo digo que esto es gravemente preocupante no porque en el contenido de esta afirmación se oculte una clave para entender cómo piensa el presidente respecto de la economía o que en esta afirmación uno pueda sacar una declaración de principios. Lo que ha mostrado esa afirmación es que, habiéndose votado hace pocos días una ley -que nosotros no acompañamos- para que haya un debate y los presidentes expongan qué piensan hacer si ganan, el hoy presidente de los argentinos dijo eso única y exclusivamente para conseguir votos por medio de un engaño. No hay otra explicación.
Cuando llega al gobierno, el impuesto a las ganancias era pagado por 1.150.000. trabajadores. Luego, emite un decreto -todos pensamos que era el decreto que anulaba el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, pero modifica el mínimo no imponible utilizando una modalidad que empleamos varias veces, pero muy por debajo de la inflación e incluso de la variación salarial. Así, hoy ese impuesto lo están pagando 2 millones de personas.
No es que mintió porque dijo que lo iba a sacar y no lo hizo; mintió porque se duplicó la cantidad de gente que hoy paga el impuesto a las ganancias. Entonces, este es un debate insólito. El Poder Ejecutivo, después de haber realizado esta declaración y haber conseguido votos, porque hay gente que votó al presidente actual de la Nación, y yo lo sé porque hice campaña y la gente decía "Yo voto a otro porque me saca el impuesto a las ganancias". Y lo que hizo fue duplicar la cantidad de gente que hoy paga el impuesto. Quiero decir que, si actualizamos el mínimo no imponible por el RIPTE o por cualquier indicador de salarios, el mínimo no imponible, que en 2013 nosotros habíamos fijado en 15.000 pesos, daría 38.100 pesos. Este sería el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para un soltero sin hijos, para que estuviera pagando en equivalencia a lo que ocurría durante 2013, 2014 y 2015, porque dejamos congelado ese valor.
Dicho con otras palabras, hoy se está pagando el doble, y con la actualización que nos viene a proponer el Poder Ejecutivo -que lleva el mínimo no imponible, según el proyecto oficial, hasta donde lo teníamos, es decir, para un soltero, de 22.000 de 26.000-, al cabo del año que viene va a estar pagando todavía más gente. O sea que esto se renueva. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona sea electa presidente, en sus spots presidenciales de septiembre dice que va a eliminar un impuesto y no solo no lo elimina sino que lo agrava para quienes confiaron en él; y ahora presenta un proyecto de ley diciendo que la situación va a ser peor, es decir que ha incumplido una promesa electoral, la ha vuelto a incumplir y la va a volver a agravar.
La verdad es que esto es incómodo, sobre todo para nosotros, que en esta campaña electoral sufrimos de parte del actual oficialismo una especie de acoso respecto del impuesto a las ganancias diciendo que el salario no es ganancia y que cómo van a cobrar a los trabajadores este impuesto. Además, hoy vemos aumentada constantemente la cantidad de trabajadores que lo paga.
En cuanto al desapego a la verdad y a las promesas electorales, podríamos hacer una lista larga, pero en este caso se está discutiendo en el Parlamento para grabar en la piedra, en la ley, algo que por lo menos hasta ahora venían haciendo por decreto; pero el oficialismo nos manda a discutir ese proyecto.
Esto es incómodo porque nosotros defendimos durante todo el tiempo que fuimos gobierno el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría que, como decíamos, no tiene un nombre adecuado a pesar de ser de una ley del 73, del general Perón. Nosotros preferimos otro nombre, que vamos a sugerir que se adopte, que es "impuesto a los altos ingresos". De todas maneras, defendemos este impuesto porque siempre creímos que la porción de los trabajadores o asalariados registrados de mayores ingresos, en una proporción adecuada, podía contribuir al fisco para que se llevaran adelante diferentes planes relativos a las actividades que debe hacer el Estado, sobre todo, como lo hizo nuestro gobierno.
Cuánto desconcierto cuando nos encontramos con que ahora nosotros, estando de este lado, tenemos que discutir con ustedes -que durante años nos persiguieron por cobrar el impuesto a las ganancias- propuestas que van agravando la situación.
O sea que no se trata de dónde puede surgir esto. ¿Qué nos dicen? Que por cuestiones fiscales van a cobrar el impuesto a las ganancias. Esto pareciera una especie de situación que va en contra de sus creencias, sus principios, su filosofía, su comprensión, pero lo hacen igual porque no les alcanzan los recursos. Entonces, uno puede preguntarse qué querrán hacer con ellos.
Sin embargo, antes de eso uno se encuentra con otro resultado bastante perturbador a raíz de una medida tomada por el propio gobierno de Macri, que es quitar los impuestos a los sectores más concentrados de la economía.
Ello no se había dicho de esta manera durante la campaña electoral. Menos aún, que habría una devaluación que hoy llega a más del 60 por ciento y se generaría una transferencia de recursos a los sectores exportadores, que ha sido -por decir algo- superior a 150.000 millones de pesos. Esto, sin meter las LEBAC, que también son otro acto del Estado del orden de los 200.000 millones de pesos. Entonces, transfieren esos recursos y quitan los impuestos.
También venimos de un Congreso que ha aprobado la ley de blanqueo, que elimina el impuesto a la renta financiera y que quita o disminuye paulatinamente el impuesto a los bienes personales, o sea el impuesto a la riqueza. Es decir que no gravan las finanzas, no gravan la riqueza y duplican la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Esto ya se convierte en una absoluta incoherencia.
¿Quieren tener recursos o es que limitan sus promesas de campaña por falta de fondos? Dejen de perdonar impuestos a los más ricos porque si no, esto es una especie de discusión de locos.
A los trabajadores, en la campaña, les hicieron una promesa con relación al impuesto a las ganancias; pero a los demás sectores, las grandes fortunas de la Argentina, no les prometieron no cobrarles el impuesto a los bienes personales. Esto es vocacional, es ideológico y se da de patadas con la promesa de campaña.
Alguien, en algún diario, ha denominado esto como una aplicación del "teorema de Baglini". Bueno, pero si la aplicación de ese teorema es incumplir las promesas electorales, no hagamos debate, no hagamos nada, porque entonces no se puede discutir.
Cuando fuimos oficialismo soportamos ese acoso con el tema del impuesto a las ganancias, y ahora encontramos incluso algunos sectores de la oposición que no pueden aplicar el "teorema de Baglini" porque no son gobierno. Ese teorema, ¿no es para el que es gobierno? Entonces, si los sectores de la oposición que decían que hay que eliminar el impuesto a las ganancias hoy están queriendo reponerlo o mantenerlo, ahí ya no entiendo nada.
Ahora bien, que el "teorema de Baglini" no sea una expresión para hablar del oportunismo, porque si esto es oportunismo, bueno, hablemos de eso.
Nosotros fuimos gobierno y sostuvimos que había que cobrar un impuesto a los altos ingresos. Ahora somos oposición, y en lugar de hacer lo que hicieron ustedes -es decir, para rasguñar un voto, pedir que saquen ese impuesto porque es injusto-, nosotros estamos presentando un proyecto mediante el cual sostenemos un impuesto a los altos ingresos, que es razonable, coherente, consistente. Lo vamos a hacer. No vamos a hacer oportunismo.
Los que hoy son oficialismo y algunos que son oposición decían que había que sacar el impuesto a las ganancias, pero ahora proponen sostenerlo. A nosotros, como oficialismo, nos resultaría muy fácil decir hoy: "Bueno, hubo cambios en la política económica". Pero si vamos al fondo de la cuestión, con los cambios que se han hecho en la política económica existe una diferencia de régimen económico.
¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cobrábamos impuesto a las ganancias porque también cobrábamos retenciones a los sojeros y recaudábamos el impuesto a los bienes personales. Es decir que a esto se le daba un marco de legitimidad, de equidad. Pero ahora que han retirado los impuestos a los altos ingresos del capital, quieren cobrar solo a los altos ingresos del trabajo. Entonces, ahí el tema pierde consistencia.
Una cosa es cobrar el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, cuando el salario le gana a la inflación. Sobre esto, algunos me discuten lo que pasó en 2014, y se agarran de ese año porque si miran toda la serie claramente durante nuestro gobierno los salarios siempre estuvieron por encima de la inflación. Llevamos once meses de gobierno y, como pocas veces en la historia argentina, tenemos una inflación del 45 por ciento.
El gobierno vino a presentarnos las estimaciones del año próximo y también las del mes que viene. Vinieron a decirnos que la inflación iba a ser del 20 por ciento y es del 45 por ciento, que el déficit fiscal iba a bajar y sin embargo -para empezar- subió como medio punto del PBI o tal vez un punto.
Con respecto al año pasado, aumentaron el déficit, duplicaron la inflación, dijeron que este año la economía iba a crecer un 1 por ciento y está cayendo un 2,5 o un 3 por ciento.
Ya mintieron en el último presupuesto que votamos hace un mes. Vino el ministro de Trabajo a decir que en la Argentina no había despidos y que no hacía falta una ley antidespidos. Esto ya tiene un grado de irrealismo.
Además, el presidente le preguntó a un periodista: "¿usted cómo haría para subir el consumo?" Menciono esto porque vi el spot de campaña. Cobrando más impuesto a las ganancias a cada vez más gente no va a subir el consumo, tampoco si baja el salario real y se empieza a cobrar dicho impuesto a casi un millón de personas que antes no lo pagaban. Ahora, con este mínimo no imponible que sube al 15 -que es lo que quiere votar el oficialismo-, dicen que es porque votaron el presupuesto y quieren respetarlo cuando en realidad, pusieron el carro delante de los caballos.
Vuelvan atrás con la reforma impositiva regresiva que hicieron, cobren las retenciones a las mineras y a los sectores concentrados del campo y cobren el impuesto sobre los bienes personales a quienes blanquean.
En un párrafo aparte quiero mencionar textualmente lo que se discutió en la sesión en la que se puso a los familiares. Recuerdo que el proyecto del Poder Ejecutivo no incluía entre quienes no podían hacer el blanqueo ni siquiera a los funcionarios. Así habían pensado el blanqueo, era un traje a medida y parece que fue armado por el contador de Franco Macri porque estaba el tema Panamá Papers. De ese tema no nos enteramos porque el presidente dijo que su viejo tenía unas empresitas en Panamá; no fue así, nos enteramos por una filtración y ahí empezaron a tirarse la pelota.
Ahora nos encontramos con este decreto y comparto lo manifestado por el diputado preopinante, porque nosotros vamos a ver cómo podemos hacer para que no pasen por arriba y pisoteen las leyes del Congreso.
¿Cuánto tiempo estuvimos discutiendo que no podían ser los funcionarios ni los parientes de los funcionarios? Nosotros pedimos hasta el cuarto grado de consanguinidad -por el tema del primo- y también a los contratistas del Estado. Se rasgan las vestiduras con tal contratista y tal cosa, pero como ahora son funcionarios, parientes y contratistas -está todo junto-, los excluimos. Ya que estamos pongamos a todos y metamos a los contratistas. Lo pedimos, se negaron y ahora entendemos por qué. No querían funcionarios, ni parientes, ni contratistas porque tienen esa plata para blanquear y ahora se nota.
Todo esto es escandaloso y hay que remontarse a no sé cuándo para encontrar algo de esta magnitud. Si lo hubiera hecho yo, si hubiera sido un pariente mío, no quiero imaginar lo que diría la prensa hegemónica o las cosas que me dirían en este Congreso; la verdad, sería una vergüenza.
Los diputados del bloque oficialista que votaron un proyecto excluyendo a los funcionarios y a sus parientes, tendrían que estar planteando aquí una cuestión central, constitucional, para excluirlos nuevamente.
No es posible que por un decreto nos cambien una ley que justamente habla de esto y tampoco que quien firma el decreto esté implicado. Cambiar con un decreto una ley es algo raro, pero que cambie a favor de quien puso el gancho, ya es impresionante.
Pido por favor, porque de lo contrario en este Congreso ya no tenemos autoridad moral para discutir el impuesto a las ganancias. Ya tenemos problemas porque propusieron sacarlo y en realidad lo aumentan. Por lo menos, demos la discusión legislativa o de lo contrario, no votemos leyes si después van a cambiar el espíritu con el que se plantearon y lo que se dijo o aquello con lo que se llenaron la boca.
Con respecto a esta cuestión, vamos a sostener nuestra posición coherente y proponer un método, porque encontramos que en el proyecto oficial no hay forma automática de actualización del mínimo no imponible. En nuestro gobierno tampoco la había, pero sí tenía en cuenta las necesidades de los trabajadores.
Por eso actualizamos el mínimo no imponible ocho veces.
En el caso del gobierno actual tiene que haber un método de actualización es automático. Sin embargo, el proyecto del oficialismo no lo tiene. También quiero mencionar que algún proyecto de la oposición prevé el tema del salario mínimo, vital y móvil.
Nosotros no coincidimos en atar la actualización del impuesto a las ganancias al salario mínimo, vital y mínimo por el solo hecho de que este último es una variable sometida no a la objetividad de las condiciones de vida de los trabajadores, sino a cuestiones que podemos llamar de discusión, de consenso político o como quieran llamarlas. Incluso, si el gobierno quisiera se podría evitar convocar al consejo, lo que generaría un lío. Pero mientras tanto no se actualiza.
Nuestra propuesta de actualización no es mediante el RIPTE o el IPC -o sea, coeficientes atados a salarios o a precios,, sino aplicando un método mucho más sencillo que desde el punto de vista conceptual coincide con nuestra convicción y nos quita un problema que podría surgir más adelante. Lo que proponemos es que al finalizar cada año la AFIP publique la estadística del SIPA, que contiene a todos los trabajadores registrados, y determine el salario de corte que corresponde al primer 10 por ciento, es decir, al primer decil. Nosotros queremos que el impuesto sobre los altos ingresos lo pague el primer decil de los trabajadores activos y que ese criterio sea conceptual y se conserve como un método claro, transparente y automático para que esta cuestión no sea manoseada.
El método es muy sencillo, certero y objetivo. Consiste en que la AFIP determine a partir de un salario determinado quiénes están incluidos en ese primer 10 por ciento para pagar el impuesto a las ganancias. Todos los presentes no vamos a decir que se trata de un procedimiento arbitrario y vamos a estipular una base de 41.000, 23.000, 25.000 o 32.000 pesos, sino que directamente vamos a decir que pague el impuesto sobre los altos ingresos el 10 por ciento de los trabajadores inscriptos registrados que más ganen. De esa manera evitaremos la discusión de los índices.
Recalco que es un coeficiente objetivo y nos permite tener certeza de lo que estamos haciendo y legislar desde el punto de vista conceptual. Para nosotros esto es sencillo porque implica sostener lo que vinimos haciendo durante los últimos años; para otros será más complicado. Sin embargo, si ahora cambiaron de opinión, pueden sostener que lo estamos haciendo es gravar a los trabajadores con más altos ingresos, lo que objetivamente representa una porción reducida de los trabajadores.
Nosotros hemos elaborado un dictamen de minoría y entiendo que tenemos tiempo hasta mañana al mediodía para presentarlo. De todos modos, quiero señalar algunas cualidades de nuestro dictamen, como por ejemplo que proponemos un método automático que coincide más o menos con algunas propuestas de la oposición, no acerca del método de actualización ni señalando el número exacto porque para ello tendríamos que tener la última información del SIPA. Entendemos que aplicando ese método, si hay cambios salariales a fines de este año, luego de votarse esta ley y fijarse el mínimo no imponible, no vamos a tener riesgos de que de nuevo se desactualice, como planteó algún diputado. Me parece que esto resuelve algunas cuestiones y a nosotros nos dejaría muy tranquilos porque se trata de una actualización realizada a partir de un ajuste objetivo y automático sobre la base de una variable incontrovertible.
También podría mencionar otros aspectos favorables del dictamen, pero está disponible para todos los diputados y vamos a alcanzarlo a los medios de prensa para que conozcan sus aspectos centrales.
Quiero hacer un párrafo aparte sobre lo acontecido en el Congreso respecto de la sostenibilidad fiscal o prudencia fiscal, es decir, no generar un impuesto a las ganancias que produzca un incremento del déficit.
Entiendo que esa discusión no tiene mucho sentido. El gobierno nacional, aplicando su política económica, generó un déficit mucho más abultado que el que tuvimos el año pasado. Sin embargo, ahora nos pide en el Parlamento que no osemos pedir que quiten carga tributaria a los trabajadores porque estaríamos generando un rojo fiscal. Es decir, ya le perdonaron el pago de todos los impuestos a los ricos, pero ahora, cuando vamos con los trabajadores, aparece el rojo fiscal.
Ya está hecho.
Acá estamos discutiendo -comparto esta idea con otro bloque que lo va a plantear- una especie de subreforma impositiva que para mí empieza por ir hacia atrás con la reforma impositiva encubierta, regresiva y a favor de los ricos que ya hizo el gobierno.
Pero también hay un problema en cuanto al programa económico. Se trata de un problema que han tenido los gobiernos neoliberales a lo largo y ancho del mundo y que van a seguir teniendo en la historia. ¿Por qué? Porque los gobiernos neoliberales buscan eliminar el déficit fiscal con medidas regresivas y recesivas. Voy a explicarlo de otra manera. Para terminar con el déficit fiscal, que se produce cuando los ingresos son menores a los gastos, empiezan a ajustar el gasto. Cuando ajustan el gasto, se encuentran con el ABC del keynesianismo o de cualquier escuela económica más o menos moderna, es decir, si uno baja el gasto, sobre todo en época de crisis e incertidumbre donde los privados no invierten, se encuentra con que cae la actividad económica y después se recauda menos. Esto es lo que está pasando. El rojo fiscal no se debe a la estructura impositiva, sino al programa económico.
El gobierno lleva adelante un programa económico recesivo, entonces, ¿qué sucede? La inflación es del 45 por ciento y la recaudación del 25 por ciento. Ahora bien, ¿qué culpa tenemos los diputados en cuanto a la estructura impositiva y qué capacidad tenemos para modificarla? Tienen que adoptar un programa económico como el que le preguntaba Macri al periodista.
El programa fracasó aunque en este Parlamento hemos votado iniciativas a fin de fomentar las inversiones extranjeras, para que venga la lluvia de dólares -aclaro que nosotros votamos en contra-, el blanqueo. Ese era el objetivo. Sin embargo, hay cero inversiones productivas -carry trade, digamos- y especulación financiera. También hemos votado el pago a los fondos buitre y muchas otras cosas esperando esa lluvia de inversiones, pero no pasó nada. Entonces, hoy quieren recurrir al consumo.
Para empezar, no deberían haber hecho un plan regresivo y recesivo porque la economía va peor, se desinfla y recaudan cada vez menos. ¿Cómo soluciona esto el neoliberalismo? Con más ajuste, más recesión y más déficit. Me hace acordar al déficit cero, aunque ya no tenemos un megacanje, pero hemos tomado 40.000 millones de dólares, así que por ahí andamos.
Entonces, el programa económico tiene similitudes realmente inocultables con otros episodios de la historia argentina.
Por eso digo que nosotros también hemos traído propuestas para mejorar la recaudación y advertimos que no va a mejorar si siguen aplicando una política económica para los que más tienen. No va a mejorar por más que cambiemos y los ayudemos. La verdad es que esto que el gobierno ve como un gran rojo fiscal que se le puede provocar, constituye una gran ayuda para el gobierno.
Sostenemos que los niveles más bajos a los que se les cobra impuesto a las ganancias y a los que se les aplicó el tarifazo y la caída del salario, van a volcarse al consumo si ahora no se les cobra el impuesto a las ganancias. Entonces, puede ser que la rueda de la economía empiece a funcionar de nuevo y ahí van a poder recaudar más. Este es el ABC.
Nosotros no podemos sostener lo que hicieron para el blanqueo, confesamente para generar un incentivo, es decir, que el evasor entre porque después no va a pagar impuestos. Hay que volver atrás la reducción de las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales en forma urgente y restablecer las escalas. Hay que volver a cobrar las retenciones a los sectores agroexportadores más concentrados.
En nuestro proyecto establecemos que hay que gravar a la soja y a la minería, y creo que hay bastante coincidencia en la Cámara al respecto. Si el proyecto del oficialismo resulta aprobado, propongo a la oposición que actúe como tal y cambiemos estas cosas con las que no estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo en volver a gravar la renta financiera. Yo mismo preparé un proyecto en 2013 que fue aprobado en esta Cámara para gravar la renta de dividendos. La renta a los dividendos se desgravó con la ley de blanqueo y ahora se pretende gravarla de nuevo con el proyecto de ley referido al impuesto a las ganancias.
Entonces, basta de adelantar y retroceder para seducir a los inversores, a los blanqueadores y a los panameños. Apostemos a un modelo nacional y a nuestra industria.
Nosotros vamos a presentar un proyecto referido a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Se va a llamar impuesto a los altos ingresos, va a gravar al 10 por ciento que más gana, va a cambiar las escalas y va a gravar a los jueces, a los tres poderes del Estado. Volveremos a presentar esta iniciativa que prevé gravar a los tres poderes del Estado. ¿Quieren recursos? Hay 5.600 millones de pesos con solo poner un poco de equidad en este asunto. (Aplausos.)
Tenemos mucho más para mostrar de nuestro proyecto. Afortunadamente esta semana vamos a estar discutiendo cosas que son importantes para el grueso de los trabajadores argentinos. Nosotros vamos a mantener nuestra coherencia. Hemos cobrado este impuesto porque creemos que es justo. Entendemos que se ha vuelto menos justo debido al estado actual de las cosas y a la política económica que se está llevando adelante. Han perdonado a los empresarios. Entonces, sobran motivos para decir que los trabajadores tienen que pagar menos. En este esquema económico se vuelve todavía más injusto por más que cambiemos las escalas del impuesto a las ganancias.
Las cosas siguen mal: ha habido despidos, recesión y caída de los salarios. La inflación fue superior a las paritarias y hay represión. A pesar de que mantengamos nuestras convicciones y desde el Congreso tratemos de ayudar, los resultados van a ser los mismos si no cambia la política económica. La Argentina va a andar peor, los vulnerables van a andar peor, los trabajadores van a andar peor y nosotros vamos a estar, como siempre, representando al pueblo de la Nación argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Señores diputados: dado que la lista de oradores no es muy extensa, me voy a tomar unos minutos para hacer algunas consideraciones de índole general respecto de lo que se ha dicho. Además, voy a referirme a los cambios que estamos introduciendo en el proyecto del Poder Ejecutivo, a partir de las conversaciones que estamos manteniendo en el interbloque.
En primer término, con respecto a la discusión sobre el programa económico, que por supuesto es legítima, hay que darla y eso debe hacerse en este foro, lo que hemos escuchado parece querer insistir con el mismo programa que nos dejó un 40 por ciento de inflación, un 32 por ciento de pobreza, cinco años sin crecer ni crear empleos, cinco tipos de cambio, prácticamente sin reservas en el Banco Central y a punto de colapsar nuestro sistema cambiario, aislados del mundo, en una economía que no paró de destruir año tras año su stock de capital, sin infraestructura, con costos de transporte que son los más altos del mundo, escuelas que se caen a pedazos, hospitales cuyos esqueletos están armados a lo largo y ancho del país y no están terminados y problemas en los aeropuertos, que ni siquiera tienen las mínimas pautas de seguridad.
Puedo seguir enumerando cosas, pero solo me limito a mencionar que la Argentina según, el INDEC -el nuevo INDEC que ahora dice las cifras reales, las que corresponden-, tiene un 32 por ciento de pobreza.
Si la propuesta que trae acá hoy el Frente para la Victoria es volver a ese programa, la respuesta de nuestro interbloque -y creo que de la mayoría de los argentinos- es un rotundo no.
Con respecto a la discusión sobre el impuesto a las ganancias, hace poco que soy diputado de la Nación, pero el debate que siempre recuerdo no se basaba en una persecución respecto de la filosofía de ese impuesto, que es el mejor que tiene el sistema impositivo argentino y el mundo, el más progresivo, el más equitativo y el mejor que se puede cobrar porque es directo, progresivo y no distorsivo, en comparación con la mayoría de los impuestos que proliferaron en los últimos doce años.
En particular, hubo un descontrol de incrementos en los ingresos brutos de las provincias, que luego cargan en cascada sobre los bienes finales que pagan los consumidores. Esto explica en buena parte por qué tenemos los alimentos más caros del mundo.
Esos alimentos son los que explican una canasta básica que mantiene a los argentinos en el 32 por ciento de pobreza.
Si hablamos de reforma tributaria, empecemos por reducir los impuestos al consumo. Nosotros lo hicimos en la medida de nuestras posibilidades, dado que heredamos un déficit fiscal descontroladamente alto, devolviendo el IVA en la canasta básica a los jubilados. Por supuesto, con las deficiencias que todos conocemos porque para devolver el IVA focalizado en un sector lo único que existe hasta ahora es el uso de las tarjetas de débito, para focalizarlo en la población a la que se le quiere hacer la disminución impositiva.
A diferencia de las alícuotas planas de deducción por tipo de bien, la mayor cantidad del gasto tributario se termina concentrando en los sectores más altos de la población, como pasa, por ejemplo, con el subsidio a la leche y las alícuotas diferenciales que tienen algunos alimentos. El mayor gasto tributario que hace el Estado va a parar al bolsillo de los sectores medios y altos.
Lo cierto es que dimos ese paso. Ojalá nuestros abuelos empiecen a animarse a usar la tarjeta de débito para que tengan esa devolución del IVA en la canasta básica.
Por otra parte, hemos reducido los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Lo mismo hicimos con el impuesto a las ganancias, porque parece que nos olvidamos de que el mínimo no imponible se elevó un 160 por ciento durante el último año, lo que permitió una disminución sustancial de los pagos de dicho impuesto a lo largo de este año.
De modo tal que en la discusión nunca perseguimos eliminar el impuesto a las ganancias. Lo que se pretendía era que, con el uso y abuso del aumento inflacionario -que además era negado por el gobierno-, el impuesto a las ganancias no siguiera aumentando como carga a los trabajadores sin que pasase por el Congreso de la Nación. Eso es algo muy distinto a venir hoy a discutir si subimos o bajamos el impuesto a las ganancias. Desde el punto de vista conceptual es diametralmente opuesto a lo que estamos planteando.
Una cosa es discutir si subimos o bajamos un impuesto y otra es un gobierno que se hace el distraído con la inflación y no actualiza las escalas ni los mínimos no imponibles del impuesto, metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores, sin avisar al Congreso de la Nación y sin que los trabajadores puedan decir ni "mu". Esa es una diferencia conceptual gravísima que no tiene que ver con la discusión de si el impuesto a las ganancias es bueno o malo, cosa que ni aquí ni en ningún lugar del mundo nadie en su sano juicio podría poner en duda.
Con respecto al decreto de 2013, es de una inequidad y desigualdad pocas veces vista. Creo que entró en los anales de las aberraciones impositivas e inconstitucionales de la Argentina, violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional -muchos recordarán en qué año se hizo esa reforma-, que establece lo siguiente: "a igual trabajo, igual remuneración".
En la Argentina teníamos dos personas que hacían el mismo trabajo: una había ingresado en 2013 y la otra venía de antes, pero tenían una remuneración distinta. Ese era el decreto de 2013. ¿A eso queremos volver? ¿Esa es la defensa que hacemos de la equidad del impuesto a las ganancias?
Heredamos un mínimo no imponible de 15.000 pesos y nos enteramos por los diarios que quienes lo mantuvieron en ese monto ahora piden que en doce meses lo elevemos a 60.000 pesos. Lo que no hicieron en doce años, nosotros tenemos que hacerlo en doce meses. Me parece un acto legítimo, porque son parte de la oposición y en los dos casos opera el teorema de Baglini en los dos casos -aquí recojo el guante de lo que decía el diputado preopinante-, pero no lo podemos hacer.
Les pedimos disculpas. Ustedes nos dejaron el mínimo no imponible en 15.000 pesos, pero nosotros, en doce meses, no podemos llevarlo a 60.000 pesos; francamente no se puede. Más allá de que creo que sería injusto para muchos trabajadores informales que no están alcanzados por este beneficio, por el 32 por ciento de pobres que tenemos y porque este año hemos volcado 55.000 millones de pesos en el bolsillo de los trabajadores, que son el 8 por ciento del total de trabajadores en la Argentina que pagan el impuesto a las ganancias; les pusimos en el bolsillo 55.000 millones de pesos, que es ni más ni menos que lo que gastamos este año en la Asignación Universal por Hijo, como dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
De modo tal que la sociedad -no el gobierno- ha hecho un esfuerzo importante en devolver el impuesto a las ganancias, si uno lo pone en términos de lo que le estamos dando a los sectores más vulnerables mediante la Asignación Universal por Hijo.
Respecto de las reformas tributarias que hizo este gobierno -las buenas; las malas; las que votamos todos, como la de la eliminación del IVA a los jubilados; las que votamos algunos, como la relativa a las pymes; las que decretó el presidente, como la reducción del impuesto a las ganancias mediante una fuerte suba del mínimo no imponible-, también tenemos que hacernos cargo de la disminución de las retenciones.
Quiero que quede en claro que las retenciones castigan al productor y a la economía regional. Después de años de retroceso sistemático el campo argentino pudo ponerse en marcha. Quizás ello explica que en el tercer trimestre se hayan creado 140.000 puestos de trabajo, algo que tal vez sea difícil de creer porque el Conurbano tiene una realidad distinta a la que se vive en el interior del país. Ocurre que algunos sectores están empezando a ser beneficiados por la reactivación de la agroindustria y de la maquinaria agrícola que trabaja varios turnos y hasta cuenta con lista de espera.
Las retenciones a las exportaciones son un pésimo impuesto, como quedó demostrado por la enorme pérdida de participación argentina a nivel mundial y el retroceso en el ámbito industrial antes de que Brasil entrara en recesión, tratándose de un país que necesita dólares e incentivar la exportación. Entonces, hay una filosofía distinta detrás.
Lo mismo sucede cuando hablamos de la renta financiera. Uno supone que hablar de la renta financiera tiene muy buena prensa e imagina a un banquero que no paga impuestos fumando un habano. La verdad es que hay que decirle a la gente que ese banco, como persona jurídica, hoy paga impuestos.
Entonces, tenemos que ser precisos. Nosotros nos hacemos cargo de los errores, pero también de todo lo que hicimos bien y de las decisiones que estamos tomando.
No quiero abundar en los argumentos por los que mantenemos la defensa de nuestro proyecto, aunque voy a señalar algunos aspectos centrales. En primer término, establecimos el mínimo no imponible en el nivel más alto de Latinoamérica, con excepción de Colombia, y en el nivel más alto del mundo cuando se lo corrige por ingresos medios de la población. Ahora venimos a corregir la escala del impuesto a las ganancias porque era una enorme injusticia con la que convivimos durante los últimos doce años. En otras palabras, no es posible que el presidente del banco pague la misma alícuota marginal de impuesto a las ganancias que el gerente y el cajero. Esa aberración impositiva se debió al hecho de haber negado la inflación y no haber discutido nunca en el Congreso una actualización de ese impuesto. Ese accionar permitió en buena medida pasar de medio punto del PBI en la recaudación del impuesto a las ganancias en lo relativo a la cuarta categoría, a un punto y medio del PBI. Si no recuerdo mal, esto constituyó un récord alcanzado en 2015. Y este año bajó gracias a nuestra reforma.
De manera tal que nosotros cobramos menos impuesto a las ganancias a los trabajadores que el gobierno anterior. Sin embargo, ahora algunos de los dirigentes pertenecientes a ese gobierno piden que lo eliminemos.
Creo que lo que estamos haciendo en materia de impuestos es lo más responsable, progresista y equilibrado. No lo digo porque se trate de este gobierno ya que mucho lo hemos debatido debido a que había algunos que querían ser más duros con los sectores con más altos ingresos y otros que pedían más moderación. Consecuentemente, hicimos una actualización de las escalas, que están muy concentradas en los tramos bajos y medios alcanzados por el impuesto a las ganancias. Aclaro que no me refiero a los sectores bajos y medios de la sociedad, que están tremendamente por debajo de esos números.
Lamentablemente no traje conmigo una planilla que ayer vi y que hoy mostré a un diputado de otro bloque, relativa a la cantidad de asalariados por convenio. Cuando uno analiza esas cifras observa que el 85 o 90 por ciento de los textiles no paga impuesto a las ganancias, tampoco lo hace el 90 por ciento del sector comercial y algo parecido ocurre con la industria del calzado. Sin embargo, en el sector minero, de los camioneros, de los petroleros y de los bancos, hay una amplia mayoría de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias.
Días pasados señalé al diputado Pitrola que la gran mayoría del resto de los gremios que opera bajo convenio no paga impuesto a las ganancias. Quienes lo hacen -en su mayoría son aquellos que tienen mayor antigüedad- pagan muy poquito. No hablemos de los gastronómicos ni de los que cumplen tareas de seguridad, que en un 99 por ciento de los casos no pagan impuesto a las ganancias ni saben de qué se trata. Esto mismo sucede en el sector de la sanidad. Aunque el compañero Daer está muy firme en la defensa de la suba del mínimo no imponible, los trabajadores de la sanidad están muy lejos de alcanzarlo.
Estamos convencidos y nos hacemos cargo de que estamos haciendo las cosas bien. Tuvimos algunos reclamos que no fueron considerados en el proyecto del oficialismo, que se focalizaba mucho en el tema de las escalas, y los aplaudimos. Por ello queremos introducir algunos cambios en nuestro proyecto, con la esperanza -quizás vaga, lejana, improbable o implausible- de que otros bloques con un espíritu progresista -como el que enarbolaban hace algunos años o que también siguen haciéndolo ahora, aunque son menos- nos puedan acompañar con la modificación del impuesto a las ganancias, que será muy importante para ese 8 por ciento de los argentinos que más ganan y deben pagar algo justo. Señalo esto porque no es justo que alguien que supera por poco el mínimo no imponible termine pagando la misma alícuota marginal que aquel que está muy por encima del mínimo no imponible, tal como venía ocurriendo.
Vivimos en un país donde es difícil tener acceso al crédito hipotecario porque la inflación lo ha pulverizado. Casi diría que el crédito hipotecario se convirtió en un objeto suntuoso solo disponible para las clases altas, ya que desapareció para la mayoría de los argentinos de a pie.
Hay gente que afortunadamente pudo acceder a su vivienda y hacer frente a un crédito hipotecario. Sin embargo para acceder al más barato, incluso el que ofrece el Banco de la Nación Argentina, hay que contar con niveles salariales muy altos.
De manera tal que tampoco es justo que esa gente pueda tener una deducción del impuesto a las ganancias.
También está el caso del trabajador de clase media, del matrimonio con un hijo, donde juntan dinero entre los dos para vivir bien pero no les sobra nada, que no pueden comprar una casa porque hace varios años no logran ahorrar; como mínimo hace doce años que no pueden hacerlo y a lo mejor más tiempo también. Recalco que durante los últimos doce años muchos argentinos no pudieron ahorrar para comprar su primera vivienda. El plan Procrear no alcanzó para todos y cada vez alquila más gente. Esos argentinos pagan alquiler y no tienen ninguna deducción del impuesto a las ganancias por ello.
¿Cómo no se les ocurrió, en los últimos doce años, establecer una deducción por alquiler? ¿Cómo no se les ocurrió sancionar una ley que estableciera esa deducción por alquiler en los casos de aquellas personas que no pudieron comprar porque ustedes no les garantizaban un crédito hipotecario accesible? No hablo de la clase media, sino de la media alta, que tampoco lo logró. Los que pueden acceder a un crédito hipotecario son los que compran una segunda casa en un country o en un barrio de primer nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Humildemente este gobierno, reaccionario para algunos y que trabaja para los ricos para otros, devolvió el IVA a los jubilados pero igual es malo, bajó los impuestos a las pymes y logró que las micropymes no paguen más el impuesto al cheque. Justamente los muchachos de CAME nos entregaron un panfleto agradeciendo la sanción de la ley pyme.
Ese mismo gobierno reaccionario hoy tuvo una idea que no se le había ocurrido a nadie antes. En realidad, muchos de los que están aquí presentes la habían planteado, como así también la diputada "Lilita" Carrió y varios legisladores del radicalismo e incluso del Frente para la Victoria. Asimismo, hoy un diputado me acercó una iniciativa de su autoría sobre desgravación de alquileres.
En primer término, con respecto a la discusión sobre el programa económico, que por supuesto es legítima, hay que darla y eso debe hacerse en este foro, lo que hemos escuchado parece querer insistir con el mismo programa que nos dejó un 40 por ciento de inflación, un 32 por ciento de pobreza, cinco años sin crecer ni crear empleos, cinco tipos de cambio, prácticamente sin reservas en el Banco Central y a punto de colapsar nuestro sistema cambiario, aislados del mundo, en una economía que no paró de destruir año tras año su stock de capital, sin infraestructura, con costos de transporte que son los más altos del mundo, escuelas que se caen a pedazos, hospitales cuyos esqueletos están armados a lo largo y ancho del país y no están terminados y problemas en los aeropuertos, que ni siquiera tienen las mínimas pautas de seguridad.
Puedo seguir enumerando cosas, pero solo me limito a mencionar que la Argentina según, el INDEC -el nuevo INDEC que ahora dice las cifras reales, las que corresponden-, tiene un 32 por ciento de pobreza.
Si la propuesta que trae acá hoy el Frente para la Victoria es volver a ese programa, la respuesta de nuestro interbloque -y creo que de la mayoría de los argentinos- es un rotundo no.
Con respecto a la discusión sobre el impuesto a las ganancias, hace poco que soy diputado de la Nación, pero el debate que siempre recuerdo no se basaba en una persecución respecto de la filosofía de ese impuesto, que es el mejor que tiene el sistema impositivo argentino y el mundo, el más progresivo, el más equitativo y el mejor que se puede cobrar porque es directo, progresivo y no distorsivo, en comparación con la mayoría de los impuestos que proliferaron en los últimos doce años.
En particular, hubo un descontrol de incrementos en los ingresos brutos de las provincias, que luego cargan en cascada sobre los bienes finales que pagan los consumidores. Esto explica en buena parte por qué tenemos los alimentos más caros del mundo.
Esos alimentos son los que explican una canasta básica que mantiene a los argentinos en el 32 por ciento de pobreza.
Si hablamos de reforma tributaria, empecemos por reducir los impuestos al consumo. Nosotros lo hicimos en la medida de nuestras posibilidades, dado que heredamos un déficit fiscal descontroladamente alto, devolviendo el IVA en la canasta básica a los jubilados. Por supuesto, con las deficiencias que todos conocemos porque para devolver el IVA focalizado en un sector lo único que existe hasta ahora es el uso de las tarjetas de débito, para focalizarlo en la población a la que se le quiere hacer la disminución impositiva.
A diferencia de las alícuotas planas de deducción por tipo de bien, la mayor cantidad del gasto tributario se termina concentrando en los sectores más altos de la población, como pasa, por ejemplo, con el subsidio a la leche y las alícuotas diferenciales que tienen algunos alimentos. El mayor gasto tributario que hace el Estado va a parar al bolsillo de los sectores medios y altos.
Lo cierto es que dimos ese paso. Ojalá nuestros abuelos empiecen a animarse a usar la tarjeta de débito para que tengan esa devolución del IVA en la canasta básica.
Por otra parte, hemos reducido los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Lo mismo hicimos con el impuesto a las ganancias, porque parece que nos olvidamos de que el mínimo no imponible se elevó un 160 por ciento durante el último año, lo que permitió una disminución sustancial de los pagos de dicho impuesto a lo largo de este año.
De modo tal que en la discusión nunca perseguimos eliminar el impuesto a las ganancias. Lo que se pretendía era que, con el uso y abuso del aumento inflacionario -que además era negado por el gobierno-, el impuesto a las ganancias no siguiera aumentando como carga a los trabajadores sin que pasase por el Congreso de la Nación. Eso es algo muy distinto a venir hoy a discutir si subimos o bajamos el impuesto a las ganancias. Desde el punto de vista conceptual es diametralmente opuesto a lo que estamos planteando.
Una cosa es discutir si subimos o bajamos un impuesto y otra es un gobierno que se hace el distraído con la inflación y no actualiza las escalas ni los mínimos no imponibles del impuesto, metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores, sin avisar al Congreso de la Nación y sin que los trabajadores puedan decir ni "mu". Esa es una diferencia conceptual gravísima que no tiene que ver con la discusión de si el impuesto a las ganancias es bueno o malo, cosa que ni aquí ni en ningún lugar del mundo nadie en su sano juicio podría poner en duda.
Con respecto al decreto de 2013, es de una inequidad y desigualdad pocas veces vista. Creo que entró en los anales de las aberraciones impositivas e inconstitucionales de la Argentina, violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional -muchos recordarán en qué año se hizo esa reforma-, que establece lo siguiente: "a igual trabajo, igual remuneración".
En la Argentina teníamos dos personas que hacían el mismo trabajo: una había ingresado en 2013 y la otra venía de antes, pero tenían una remuneración distinta. Ese era el decreto de 2013. ¿A eso queremos volver? ¿Esa es la defensa que hacemos de la equidad del impuesto a las ganancias?
Heredamos un mínimo no imponible de 15.000 pesos y nos enteramos por los diarios que quienes lo mantuvieron en ese monto ahora piden que en doce meses lo elevemos a 60.000 pesos. Lo que no hicieron en doce años, nosotros tenemos que hacerlo en doce meses. Me parece un acto legítimo, porque son parte de la oposición y en los dos casos opera el teorema de Baglini en los dos casos -aquí recojo el guante de lo que decía el diputado preopinante-, pero no lo podemos hacer.
Les pedimos disculpas. Ustedes nos dejaron el mínimo no imponible en 15.000 pesos, pero nosotros, en doce meses, no podemos llevarlo a 60.000 pesos; francamente no se puede. Más allá de que creo que sería injusto para muchos trabajadores informales que no están alcanzados por este beneficio, por el 32 por ciento de pobres que tenemos y porque este año hemos volcado 55.000 millones de pesos en el bolsillo de los trabajadores, que son el 8 por ciento del total de trabajadores en la Argentina que pagan el impuesto a las ganancias; les pusimos en el bolsillo 55.000 millones de pesos, que es ni más ni menos que lo que gastamos este año en la Asignación Universal por Hijo, como dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
De modo tal que la sociedad -no el gobierno- ha hecho un esfuerzo importante en devolver el impuesto a las ganancias, si uno lo pone en términos de lo que le estamos dando a los sectores más vulnerables mediante la Asignación Universal por Hijo.
Respecto de las reformas tributarias que hizo este gobierno -las buenas; las malas; las que votamos todos, como la de la eliminación del IVA a los jubilados; las que votamos algunos, como la relativa a las pymes; las que decretó el presidente, como la reducción del impuesto a las ganancias mediante una fuerte suba del mínimo no imponible-, también tenemos que hacernos cargo de la disminución de las retenciones.
Quiero que quede en claro que las retenciones castigan al productor y a la economía regional. Después de años de retroceso sistemático el campo argentino pudo ponerse en marcha. Quizás ello explica que en el tercer trimestre se hayan creado 140.000 puestos de trabajo, algo que tal vez sea difícil de creer porque el Conurbano tiene una realidad distinta a la que se vive en el interior del país. Ocurre que algunos sectores están empezando a ser beneficiados por la reactivación de la agroindustria y de la maquinaria agrícola que trabaja varios turnos y hasta cuenta con lista de espera.
Las retenciones a las exportaciones son un pésimo impuesto, como quedó demostrado por la enorme pérdida de participación argentina a nivel mundial y el retroceso en el ámbito industrial antes de que Brasil entrara en recesión, tratándose de un país que necesita dólares e incentivar la exportación. Entonces, hay una filosofía distinta detrás.
Lo mismo sucede cuando hablamos de la renta financiera. Uno supone que hablar de la renta financiera tiene muy buena prensa e imagina a un banquero que no paga impuestos fumando un habano. La verdad es que hay que decirle a la gente que ese banco, como persona jurídica, hoy paga impuestos.
Entonces, tenemos que ser precisos. Nosotros nos hacemos cargo de los errores, pero también de todo lo que hicimos bien y de las decisiones que estamos tomando.
No quiero abundar en los argumentos por los que mantenemos la defensa de nuestro proyecto, aunque voy a señalar algunos aspectos centrales. En primer término, establecimos el mínimo no imponible en el nivel más alto de Latinoamérica, con excepción de Colombia, y en el nivel más alto del mundo cuando se lo corrige por ingresos medios de la población. Ahora venimos a corregir la escala del impuesto a las ganancias porque era una enorme injusticia con la que convivimos durante los últimos doce años. En otras palabras, no es posible que el presidente del banco pague la misma alícuota marginal de impuesto a las ganancias que el gerente y el cajero. Esa aberración impositiva se debió al hecho de haber negado la inflación y no haber discutido nunca en el Congreso una actualización de ese impuesto. Ese accionar permitió en buena medida pasar de medio punto del PBI en la recaudación del impuesto a las ganancias en lo relativo a la cuarta categoría, a un punto y medio del PBI. Si no recuerdo mal, esto constituyó un récord alcanzado en 2015. Y este año bajó gracias a nuestra reforma.
De manera tal que nosotros cobramos menos impuesto a las ganancias a los trabajadores que el gobierno anterior. Sin embargo, ahora algunos de los dirigentes pertenecientes a ese gobierno piden que lo eliminemos.
Creo que lo que estamos haciendo en materia de impuestos es lo más responsable, progresista y equilibrado. No lo digo porque se trate de este gobierno ya que mucho lo hemos debatido debido a que había algunos que querían ser más duros con los sectores con más altos ingresos y otros que pedían más moderación. Consecuentemente, hicimos una actualización de las escalas, que están muy concentradas en los tramos bajos y medios alcanzados por el impuesto a las ganancias. Aclaro que no me refiero a los sectores bajos y medios de la sociedad, que están tremendamente por debajo de esos números.
Lamentablemente no traje conmigo una planilla que ayer vi y que hoy mostré a un diputado de otro bloque, relativa a la cantidad de asalariados por convenio. Cuando uno analiza esas cifras observa que el 85 o 90 por ciento de los textiles no paga impuesto a las ganancias, tampoco lo hace el 90 por ciento del sector comercial y algo parecido ocurre con la industria del calzado. Sin embargo, en el sector minero, de los camioneros, de los petroleros y de los bancos, hay una amplia mayoría de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias.
Días pasados señalé al diputado Pitrola que la gran mayoría del resto de los gremios que opera bajo convenio no paga impuesto a las ganancias. Quienes lo hacen -en su mayoría son aquellos que tienen mayor antigüedad- pagan muy poquito. No hablemos de los gastronómicos ni de los que cumplen tareas de seguridad, que en un 99 por ciento de los casos no pagan impuesto a las ganancias ni saben de qué se trata. Esto mismo sucede en el sector de la sanidad. Aunque el compañero Daer está muy firme en la defensa de la suba del mínimo no imponible, los trabajadores de la sanidad están muy lejos de alcanzarlo.
Estamos convencidos y nos hacemos cargo de que estamos haciendo las cosas bien. Tuvimos algunos reclamos que no fueron considerados en el proyecto del oficialismo, que se focalizaba mucho en el tema de las escalas, y los aplaudimos. Por ello queremos introducir algunos cambios en nuestro proyecto, con la esperanza -quizás vaga, lejana, improbable o implausible- de que otros bloques con un espíritu progresista -como el que enarbolaban hace algunos años o que también siguen haciéndolo ahora, aunque son menos- nos puedan acompañar con la modificación del impuesto a las ganancias, que será muy importante para ese 8 por ciento de los argentinos que más ganan y deben pagar algo justo. Señalo esto porque no es justo que alguien que supera por poco el mínimo no imponible termine pagando la misma alícuota marginal que aquel que está muy por encima del mínimo no imponible, tal como venía ocurriendo.
Vivimos en un país donde es difícil tener acceso al crédito hipotecario porque la inflación lo ha pulverizado. Casi diría que el crédito hipotecario se convirtió en un objeto suntuoso solo disponible para las clases altas, ya que desapareció para la mayoría de los argentinos de a pie.
Hay gente que afortunadamente pudo acceder a su vivienda y hacer frente a un crédito hipotecario. Sin embargo para acceder al más barato, incluso el que ofrece el Banco de la Nación Argentina, hay que contar con niveles salariales muy altos.
De manera tal que tampoco es justo que esa gente pueda tener una deducción del impuesto a las ganancias.
También está el caso del trabajador de clase media, del matrimonio con un hijo, donde juntan dinero entre los dos para vivir bien pero no les sobra nada, que no pueden comprar una casa porque hace varios años no logran ahorrar; como mínimo hace doce años que no pueden hacerlo y a lo mejor más tiempo también. Recalco que durante los últimos doce años muchos argentinos no pudieron ahorrar para comprar su primera vivienda. El plan Procrear no alcanzó para todos y cada vez alquila más gente. Esos argentinos pagan alquiler y no tienen ninguna deducción del impuesto a las ganancias por ello.
¿Cómo no se les ocurrió, en los últimos doce años, establecer una deducción por alquiler? ¿Cómo no se les ocurrió sancionar una ley que estableciera esa deducción por alquiler en los casos de aquellas personas que no pudieron comprar porque ustedes no les garantizaban un crédito hipotecario accesible? No hablo de la clase media, sino de la media alta, que tampoco lo logró. Los que pueden acceder a un crédito hipotecario son los que compran una segunda casa en un country o en un barrio de primer nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Humildemente este gobierno, reaccionario para algunos y que trabaja para los ricos para otros, devolvió el IVA a los jubilados pero igual es malo, bajó los impuestos a las pymes y logró que las micropymes no paguen más el impuesto al cheque. Justamente los muchachos de CAME nos entregaron un panfleto agradeciendo la sanción de la ley pyme.
Ese mismo gobierno reaccionario hoy tuvo una idea que no se le había ocurrido a nadie antes. En realidad, muchos de los que están aquí presentes la habían planteado, como así también la diputada "Lilita" Carrió y varios legisladores del radicalismo e incluso del Frente para la Victoria. Asimismo, hoy un diputado me acercó una iniciativa de su autoría sobre desgravación de alquileres.
SR. ABRAHAM Las pymes están pidiendo la ley de tarjetas de crédito.
SR. PRESIDENTE LASPINA Entiendo que ya sancionamos la ley de regulación de tarjetas de crédito, diputado. Por lo tanto, le agradezco que me haya recordado que también sancionamos esa ley. La vamos a anotar en el activo.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA Lo hago más corto porque si no entramos en chicanas. Pero me quedé un poco herido por algunas consideraciones que he escuchado. Les pido que también me respeten, a fin de poder responder.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA ¿Yo no puedo responder? Entonces, voy a renunciar a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque no puedo opinar. Soy el único diputado que no puede opinar en esta comisión. Está bien, no hablo más.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA Voy a efectuar una descripción de los cambios introducidos, dejando de lado la discusión política.
SR. MORENO ¿Me permite una interrupción, señor presidente?
SR. PRESIDENTE LASPINA Sí, señor diputado.
SR. MORENO Señor presidente: tengo aquí la versión taquigráfica de la sesión en la que se sancionó la ley de blanqueo. El diputado Solá expresamente planteó lo que acaba de aniquilar ayer el decreto para papá. Usted dice que comparte y que se va a incorporar en el artículo 83. También lo dice el presidente de la Cámara. ¿Usted no se acuerda de eso? ¿Tiene amnesia? Explíqueme y explique a los diputados que votamos ese tema, propuesto por el diputado Solá, qué hacemos con el decreto para papá.
SR. PRESIDENTE LASPINA Le concedí la interrupción pensando que se iba a referir al tema del impuesto a las ganancias. Después voy a estudiar lo que me pregunta.
Ahora voy a referirme a los cambios porque si no se ponen nerviosos. Cuando ustedes hablan, hay que tener paciencia, pero cuando hablamos nosotros los gritos en el fondo. Está bien, está perfecto. Es un principio de tolerancia que está bien y estamos acostumbrados.
Ahora voy a referirme a los cambios porque si no se ponen nerviosos. Cuando ustedes hablan, hay que tener paciencia, pero cuando hablamos nosotros los gritos en el fondo. Está bien, está perfecto. Es un principio de tolerancia que está bien y estamos acostumbrados.
SR. KICILLOF Expresamente le pedimos que termine con su exposición, señor presidente.
SR. AMADEO ¡Axel, hablaste treinta y cuatro minutos!
SR. PRESIDENTE LASPINA Sigamos adelante.
En materia de alquileres vamos a establecer una deducción del 40 por ciento, obviamente con un tope para que no sea un subsidio a los sectores que pueden alquilar viviendas de alto valor. El tope está previsto en el inciso a) del artículo 23.
En materia de deducciones, hemos incorporado la deducción por conyugue que, aclaro, el proyecto original no la tenía.
También hemos incorporado una propuesta de actualización -obviamente, dependerá de que se apruebe el proyecto o no- de las escalas del monotributo, aumentándolas un 50 por ciento para comercios y servicios. Se incluye también la actualización del componente impositivo porque hace muchísimos años que no se hacía, tal como ocurría también con las escalas. En consecuencia, este es un instrumento realmente injusto que, sobre todo, quita progresividad a los tramos altos del monotributo, que no son precisamente bajos. Es decir, los tramos altos del monotributo actualmente son altos y van a ser más altos después de este aumento, si es que se aprueba, con lo cual estamos actualizando también el componente impositivo.
Por otra parte, hemos incorporado una deducción adicional por viáticos, que es un viejo reclamo de la Confederación General del Trabajo. Por supuesto que lo haremos con un tope para no generar un enorme descontrol fiscal. Obviamente, esto se someterá a la reglamentación de la AFIP para que no haya un abuso en cuanto a los viáticos y se aplique efectivamente a las actividades en las cuales los viajes son parte central de ellas.
En materia de alquileres vamos a establecer una deducción del 40 por ciento, obviamente con un tope para que no sea un subsidio a los sectores que pueden alquilar viviendas de alto valor. El tope está previsto en el inciso a) del artículo 23.
En materia de deducciones, hemos incorporado la deducción por conyugue que, aclaro, el proyecto original no la tenía.
También hemos incorporado una propuesta de actualización -obviamente, dependerá de que se apruebe el proyecto o no- de las escalas del monotributo, aumentándolas un 50 por ciento para comercios y servicios. Se incluye también la actualización del componente impositivo porque hace muchísimos años que no se hacía, tal como ocurría también con las escalas. En consecuencia, este es un instrumento realmente injusto que, sobre todo, quita progresividad a los tramos altos del monotributo, que no son precisamente bajos. Es decir, los tramos altos del monotributo actualmente son altos y van a ser más altos después de este aumento, si es que se aprueba, con lo cual estamos actualizando también el componente impositivo.
Por otra parte, hemos incorporado una deducción adicional por viáticos, que es un viejo reclamo de la Confederación General del Trabajo. Por supuesto que lo haremos con un tope para no generar un enorme descontrol fiscal. Obviamente, esto se someterá a la reglamentación de la AFIP para que no haya un abuso en cuanto a los viáticos y se aplique efectivamente a las actividades en las cuales los viajes son parte central de ellas.
SR. KICILLOF ¿Tiene tope?
SR. PRESIDENTE LASPINA Sí. Es el mismo que el anterior, es decir, 48.666 pesos.
Yo diría que es muy generoso si lo comparamos con el mínimo no imponible. Pero ustedes quieren ser más generosos. Claro, por más que tiramos no alcanza. (Risas.)
Yo diría que es muy generoso si lo comparamos con el mínimo no imponible. Pero ustedes quieren ser más generosos. Claro, por más que tiramos no alcanza. (Risas.)
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA Por lo menos después nos van a acompañar con la firma. Los veo entusiasmados y quiero que nos acompañen. Si les parece que se nos fue la mano en algo, pidan la palabra y díganmelo, porque estaremos dispuestos a corregirlo.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA Finalmente, para cubrir estas deducciones adicionales que ciertamente tienen un impacto fuerte en los trabajadores pero que fundamentalmente vienen a reparar cierta injusticia, estamos incorporando más deducciones que, a mi juicio, son más progresivas que las que había, en particular en materia de viáticos y alquileres.
Me refiero a los viáticos porque anteayer estuvieron aquí los representantes de la CGT. Nosotros siempre recibimos a todos los que quieran manifestarse en la medida en que no se altere el orden del día. Digo esto porque a veces hay manifestaciones y no podemos interrumpir las reuniones de comisión para dar la palabra a alguien que pasa por la puerta. Lamentablemente no lo podemos hacer por respeto a todos ustedes, que están aquí desde hace muchas horas.
Este es un viejo reclamo de la CGT, en el sentido de incorporar alguna deducción por el tema de los viáticos. Durante muchos años estuvo reclamando esto, por lo que nuestro dictamen lo está incorporando humildemente a la discusión.
Estos costos fiscales los vamos a reparar con un impuesto al juego. En realidad, estamos proponiendo un impuesto indirecto a las apuestas y uno directo a las famosas máquinas tragamonedas, de modo tal que se pueda compensar en parte el costo fiscal.
Cada uno tiene distintas opiniones respecto de quién es el culpable del elevado déficit fiscal que tiene la Argentina, pero todos sabemos que no podemos seguir incrementándolo. No queremos caer en el recurso fácil de la inflación, como quizás ocurría antes, porque era una herramienta que se estaba agotando y se corría el riesgo de terminar en una crisis. Esas cosas se saben que terminan mal si uno no sale a tiempo. En algún momento eso se podía terminar y caer en una hiperinflación -los que nos ha pasado varias veces en la Argentina- o en una crisis cambiaria, como también nos ocurrió. Eso nos podía llevar otra vez a un índice de pobreza del 50 por ciento, como lamentablemente ocurrió en varias oportunidades, con picos de crisis durante la historia argentina.
Tampoco podemos caer en la borrachera de la deuda, que es la tentación cuando sancionamos muchas leyes. Me refiero a la sanción de leyes que generan déficit sin discutir los recursos. En este sentido valoro el esfuerzo que han hecho muchos bloques por buscar recursos alternativos para compensar las modificaciones que se piden. No lo veo como un ejercicio de demagogia o de oficialismo, sino como un ejercicio de responsabilidad.
Por eso en el día de ayer tuvimos la enorme satisfacción de que se sancione la ley de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo que significa una enorme alegría. Se trata de un asunto que se venía peleando desde hace muchos años, desde la época de Baglini, y hoy contamos con ella. Por supuesto, seguramente pasará inadvertida para la prensa, porque las buenas pasan rápido y las malas quedan, pero esa oficina nos hubiese sido muy útil hoy para tener una discusión sensata y racional respecto de cómo asignamos el dinero de los argentinos, a qué sectores y cuánto cuesta cada una de las reformas.
Ese trabajo tuvo que hacerlo Alberto Abad, que vino a la comisión y está bien, pero no es el rol del administrador de impuestos hacer cómputos fiscales para los diputados. Para eso está la oficina técnica de presupuesto del Congreso, que es independiente y técnica y que tiene que hacerlo.
Estos son los cambios que queremos plantear. De esta manera cierro mi larguísima exposición, para lo que son mis estándares. (Aplausos)
Me refiero a los viáticos porque anteayer estuvieron aquí los representantes de la CGT. Nosotros siempre recibimos a todos los que quieran manifestarse en la medida en que no se altere el orden del día. Digo esto porque a veces hay manifestaciones y no podemos interrumpir las reuniones de comisión para dar la palabra a alguien que pasa por la puerta. Lamentablemente no lo podemos hacer por respeto a todos ustedes, que están aquí desde hace muchas horas.
Este es un viejo reclamo de la CGT, en el sentido de incorporar alguna deducción por el tema de los viáticos. Durante muchos años estuvo reclamando esto, por lo que nuestro dictamen lo está incorporando humildemente a la discusión.
Estos costos fiscales los vamos a reparar con un impuesto al juego. En realidad, estamos proponiendo un impuesto indirecto a las apuestas y uno directo a las famosas máquinas tragamonedas, de modo tal que se pueda compensar en parte el costo fiscal.
Cada uno tiene distintas opiniones respecto de quién es el culpable del elevado déficit fiscal que tiene la Argentina, pero todos sabemos que no podemos seguir incrementándolo. No queremos caer en el recurso fácil de la inflación, como quizás ocurría antes, porque era una herramienta que se estaba agotando y se corría el riesgo de terminar en una crisis. Esas cosas se saben que terminan mal si uno no sale a tiempo. En algún momento eso se podía terminar y caer en una hiperinflación -los que nos ha pasado varias veces en la Argentina- o en una crisis cambiaria, como también nos ocurrió. Eso nos podía llevar otra vez a un índice de pobreza del 50 por ciento, como lamentablemente ocurrió en varias oportunidades, con picos de crisis durante la historia argentina.
Tampoco podemos caer en la borrachera de la deuda, que es la tentación cuando sancionamos muchas leyes. Me refiero a la sanción de leyes que generan déficit sin discutir los recursos. En este sentido valoro el esfuerzo que han hecho muchos bloques por buscar recursos alternativos para compensar las modificaciones que se piden. No lo veo como un ejercicio de demagogia o de oficialismo, sino como un ejercicio de responsabilidad.
Por eso en el día de ayer tuvimos la enorme satisfacción de que se sancione la ley de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo que significa una enorme alegría. Se trata de un asunto que se venía peleando desde hace muchos años, desde la época de Baglini, y hoy contamos con ella. Por supuesto, seguramente pasará inadvertida para la prensa, porque las buenas pasan rápido y las malas quedan, pero esa oficina nos hubiese sido muy útil hoy para tener una discusión sensata y racional respecto de cómo asignamos el dinero de los argentinos, a qué sectores y cuánto cuesta cada una de las reformas.
Ese trabajo tuvo que hacerlo Alberto Abad, que vino a la comisión y está bien, pero no es el rol del administrador de impuestos hacer cómputos fiscales para los diputados. Para eso está la oficina técnica de presupuesto del Congreso, que es independiente y técnica y que tiene que hacerlo.
Estos son los cambios que queremos plantear. De esta manera cierro mi larguísima exposición, para lo que son mis estándares. (Aplausos)
SRA. SCHMIDT LIERMANN Espectacular. No me van a decir que no es un lujo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani.
SRA. CICILIANI Señor presidente: el diputado Kicillof nos decía que el proyecto del bloque del Frente para la Victoria conceptualmente grava al 10 por ciento de los trabajadores en relación de dependencia del último decil de más altos ingresos. Entonces, es una medida interesante.
En el caso del proyecto de ustedes, con el mínimo no imponible, ¿a qué universo de trabajadores calculan que van a gravar, teniendo en cuenta las paritarias del año próximo, que no podemos estimar en menos del 17 o 20 por ciento? ¿Se entiende mi pregunta? La formulo para tener ese concepto básico para analizar y comparar las distintas propuestas que hoy están en juego.
Vemos el proyecto del bloque del Frente Renovador, que también está muy cerca de proponer que el 10 por ciento de los trabajadores en actividad paguen impuestos, como así también el del Partido Justicialista.
Entonces, los tres proyectos -los de los bloques del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista y del Frente Renovador- están en ese universo, por lo que me gustaría saber cuál es la postura del oficialismo.
En el caso del proyecto de ustedes, con el mínimo no imponible, ¿a qué universo de trabajadores calculan que van a gravar, teniendo en cuenta las paritarias del año próximo, que no podemos estimar en menos del 17 o 20 por ciento? ¿Se entiende mi pregunta? La formulo para tener ese concepto básico para analizar y comparar las distintas propuestas que hoy están en juego.
Vemos el proyecto del bloque del Frente Renovador, que también está muy cerca de proponer que el 10 por ciento de los trabajadores en actividad paguen impuestos, como así también el del Partido Justicialista.
Entonces, los tres proyectos -los de los bloques del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista y del Frente Renovador- están en ese universo, por lo que me gustaría saber cuál es la postura del oficialismo.
SR. PRESIDENTE LASPINA La verdad es difícil saber cuál va a ser la inflación y cómo van a cerrar las paritarias.
Es cierto que hay mucha incredulidad respecto de las metas en materia de inflación, por lo menos en esta sala. Como el Banco Central estima una inflación entre el 12 y el 17 por ciento, uno podría asumir que estará en ese rango. Algunos piensan que estará por arriba y otros más cerca del 15 por ciento. Eso es opinable.
De todos modos, estamos convencidos de que es un error focalizar la discusión en el tema del mínimo no imponible. Ello es así por las razones que he expresado. Primero, porque es el más alto de Latinoamérica, con excepción de Colombia.
Segundo, porque es el más alto del mundo si uno ajusta por los ingresos medios de la población.
Tercero, porque cuando uno sube un peso el mínimo no imponible, eso afecta tanto a la persona que, por ejemplo, trabaja como gerente, cobra 300.000 pesos y le va muy bien, como a la que gana 30.000 o 35.000 pesos. Consecuentemente, desde el punto de vista del costo fiscal para el gobierno, se trata de gastar un peso para los dos trabajadores, es decir, para el que gana 300.000 pesos como para el que gana 30.000 o 35.000 pesos.
Por lo tanto, la discusión sobre la progresividad de este impuesto, si uno quiere hacerla en forma seria y técnica, debería ser no tanto respecto del mínimo no imponible sino de las escalas. Por eso creamos una escala inicial para el trabajador que el próximo año va a comenzar a estar incluido en el mínimo no imponible. Supongamos que haya algún caso que supere nuestra propuesta. Entonces, ese trabajador pagará 2 por ciento por cada peso que supere el mínimo no imponible.
He escuchado al diputado Kicillof referirse al decreto dictado en 2013 y decir que con él el mínimo no imponible sería hoy de 38.000 pesos. El monto no está tan lejos del nuestro porque si sumamos las deducciones, agregamos los alquileres y los viáticos y hacemos la cuenta llegamos a 33.000 o 34.000 pesos. Entonces no estamos tan lejos de esos 38.000 pesos.
Ahora bien, supongamos que el mínimo no imponible es de 38.000 pesos. Esto explica por qué el año próximo un trabajador casado con un sueldo bruto de 38.000 pesos, como lo propone el diputado Kicillof, pagará 227 pesos por mes. Si no se entendió, lo reitero.
Es cierto que hay mucha incredulidad respecto de las metas en materia de inflación, por lo menos en esta sala. Como el Banco Central estima una inflación entre el 12 y el 17 por ciento, uno podría asumir que estará en ese rango. Algunos piensan que estará por arriba y otros más cerca del 15 por ciento. Eso es opinable.
De todos modos, estamos convencidos de que es un error focalizar la discusión en el tema del mínimo no imponible. Ello es así por las razones que he expresado. Primero, porque es el más alto de Latinoamérica, con excepción de Colombia.
Segundo, porque es el más alto del mundo si uno ajusta por los ingresos medios de la población.
Tercero, porque cuando uno sube un peso el mínimo no imponible, eso afecta tanto a la persona que, por ejemplo, trabaja como gerente, cobra 300.000 pesos y le va muy bien, como a la que gana 30.000 o 35.000 pesos. Consecuentemente, desde el punto de vista del costo fiscal para el gobierno, se trata de gastar un peso para los dos trabajadores, es decir, para el que gana 300.000 pesos como para el que gana 30.000 o 35.000 pesos.
Por lo tanto, la discusión sobre la progresividad de este impuesto, si uno quiere hacerla en forma seria y técnica, debería ser no tanto respecto del mínimo no imponible sino de las escalas. Por eso creamos una escala inicial para el trabajador que el próximo año va a comenzar a estar incluido en el mínimo no imponible. Supongamos que haya algún caso que supere nuestra propuesta. Entonces, ese trabajador pagará 2 por ciento por cada peso que supere el mínimo no imponible.
He escuchado al diputado Kicillof referirse al decreto dictado en 2013 y decir que con él el mínimo no imponible sería hoy de 38.000 pesos. El monto no está tan lejos del nuestro porque si sumamos las deducciones, agregamos los alquileres y los viáticos y hacemos la cuenta llegamos a 33.000 o 34.000 pesos. Entonces no estamos tan lejos de esos 38.000 pesos.
Ahora bien, supongamos que el mínimo no imponible es de 38.000 pesos. Esto explica por qué el año próximo un trabajador casado con un sueldo bruto de 38.000 pesos, como lo propone el diputado Kicillof, pagará 227 pesos por mes. Si no se entendió, lo reitero.
SRA. CICILIANI Señor presidente: por favor, repita el concepto.
SR. PRESIDENTE LASPINA De acuerdo con nuestro proyecto y esta nueva modificación, un trabajador que cobre 38.000 pesos pagará 227 pesos por mes. Uno puede decir que es mucho o poco, que equivale a una o dos entradas de cine. Lo cierto es que se trata de una contribución de ese trabajador que está dentro del el 8 por ciento con mayores ingresos al resto de los trabajadores que, además, pagan el 21 por ciento en concepto de IVA ganando 10.000 pesos por mes. Esa es la comparación que uno tiene que hacer.
SR. PEDRINI Señor presidente, quiero hacer una pregunta cuando usted termine de hablar.
SR. PRESIDENTE LASPINA No hay problema, diputado.
Entendemos la progresividad del impuesto en términos de la discusión de las escalas y no del mínimo no imponible. Creo que la oposición está confundida, poniendo el eje en una argumentación regresiva del impuesto a las ganancias. En todo caso discutamos las escalas, que son caras de mover. Por eso les digo que no se pongan creativos con las escalas porque van a dejar a las provincias patas para arriba. Igualmente, hay que convencer al Senado de todo lo que resolvamos en esta Cámara.
Cabe señalar que cuando tratamos el proyecto de ley de presupuesto tuvimos una actitud muy equilibrada al analizar los cambios con la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y los principales bloques opositores.
Entonces, si vamos a aprobar una iniciativa, pido que tengamos alguna consideración por las provincias.
Conceptualmente, esto es lo que quería decir.
Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.
Entendemos la progresividad del impuesto en términos de la discusión de las escalas y no del mínimo no imponible. Creo que la oposición está confundida, poniendo el eje en una argumentación regresiva del impuesto a las ganancias. En todo caso discutamos las escalas, que son caras de mover. Por eso les digo que no se pongan creativos con las escalas porque van a dejar a las provincias patas para arriba. Igualmente, hay que convencer al Senado de todo lo que resolvamos en esta Cámara.
Cabe señalar que cuando tratamos el proyecto de ley de presupuesto tuvimos una actitud muy equilibrada al analizar los cambios con la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y los principales bloques opositores.
Entonces, si vamos a aprobar una iniciativa, pido que tengamos alguna consideración por las provincias.
Conceptualmente, esto es lo que quería decir.
Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.
SR. PEDRINI Señor presidente: aprovechando su amabilidad y locuacidad de hoy, me gustaría que profundizara las medidas alternativas para compensar la caída del impuesto.
En primer término, ¿se prevé el pago de impuesto a las ganancias por parte de los jueces?
En segundo lugar, me gustaría saber si puede explicar cómo se aplican esas dos variantes en el impuesto al juego y si se prevé algún tipo de incremento impositivo para la renta financiera.
En primer término, ¿se prevé el pago de impuesto a las ganancias por parte de los jueces?
En segundo lugar, me gustaría saber si puede explicar cómo se aplican esas dos variantes en el impuesto al juego y si se prevé algún tipo de incremento impositivo para la renta financiera.
SR. PRESIDENTE LASPINA Si hay tantas preguntas sobre nuestro dictamen entiendo que hay interés en firmarlo, lo cual me entusiasma.
Escuché el proyecto del diputado Kicillof y si no fuera tan caro, lo firmaría. Pero para mi gusto es un poco caro y regresivo.
Con respecto al juego, puedo decir que se está estableciendo un impuesto.
En cuanto a la renta financiera, quiero ser muy preciso porque se discutió mucho en el gobierno y nosotros estamos filosóficamente de acuerdo con gravarla. Hay dos inconvenientes al respecto. En general se han propuesto medidas que realmente tienen cierta potencia recaudatoria, porque después hay mucho impuesto que es más arena en el engranaje del mercado de capitales respecto de lo que se recauda, es decir, vamos a pinchar la goma de la bicicleta del mercado de capitales que está formada por tres tipos pedaleando ahí arriba por una recaudación que es ínfima.
Además, podemos discutir el tema porque tenemos un proyecto de reforma del mercado de capitales que tiene algunos artículos que van en la dirección de gravar más la renta financiera, con condiciones más duras para las exenciones, mientras que otros están orientados en el sentido de darle más oxígeno.
También están las propuestas del bloque Frente Renovador, del diputado Marco Lavagna, que van en dirección a gravar la renta financiera respecto de la mal llamada renta financiera cuando es aplicada a inversiones reales.
En el caso de los dividendos es otra la discusión y quiero hacer este comentario porque dentro de nuestro bloque hemos debatido mucho el tema. Sabemos cómo es en Chile y en otros países del mundo, pero esa no es una renta financiera. En realidad, es el dividendo de un accionista que puso plata en una inversión real y que en algún momento dice: "Ya gane plata con esta inversión, por lo que me la voy a llevar." Obviamente, para hacer otra inversión real, consumir o lo que fuera, pero tiene derecho a llevarse el fruto de esa inversión real.
Lo podemos discutir, pero en esa línea filosófica está el Frente Renovador que prevé que si ya hay un fondo cerrado, abierto, un fondo común de inversión que está siendo aplicado en ese ahorro de algunos argentinos, sean ricos o pobres, jubilados o terratenientes, que ponen ahorros para financiar inversión real directa que genera empleo y producción y mejora la economía, tratemos de darle un premio en cuanto la aplique en un instrumento financiero puro. Más allá de que sabemos sobre todo que son LEBAC, por ejemplo, y que ese instrumento financiero no necesariamente está asociado a la inversión real. Ante lo cual yo digo lo siguiente: cuidado, porque muchos de esos instrumentos financieros fondean créditos que después sí son inversiones reales. Por ejemplo -y aquí voy a la pregunta que se hizo-, el impuesto sobre los depósitos a plazo fijo, de lo cual mucho se habla.
Acá sí le voy a dar la derecha -o la izquierda- al diputado Kicillof en cuanto al motivo por el cual no se estableció antes el impuesto sobre los depósitos a plazo fijo. Todos sabemos -no hay que leer un libro de texto- que eso encarece la tasa de interés de los créditos y a lo mejor, por obtener una recaudación muy pequeña, se termina teniendo una incidencia macroeconómica muy alta. En consecuencia, hay que tener cuidado.
Por otra parte, puede ser peligroso gravar una renta nominal en una economía que todavía tiene alta inflación. De la misma manera, puede ser peligroso establecer una indexación impositiva en una economía como la nuestra, con un programa económico que quiere bajar la inflación. Más allá de que lo hemos hecho en algunos casos, en la suba, porque estábamos tratando de generar una unidad de cuenta y por lo tanto se hizo una excepción.
Entonces, incorporar indexación en el impuesto a las ganancias en un lado y no en otro sería bastante complicado porque generaría una serie de distorsiones dentro de la ley de impuesto a las ganancias. Pero en el caso del impuesto sobre los depósitos a plazo fijo implicaría que aquel ahorrista que tiene un plazo fijo en el sistema bancario, si después de deducir ganancias no recupera la inversión real, quizás decida comprar dólares o un título del gobierno, lo que sería una buena noticia para "Toto" Caputo pero una mala noticia para el crédito productivo en los bancos. Por eso debemos tener cuidado.
Entonces, filosóficamente estamos de acuerdo. Creemos que la discusión es compleja y que el impuesto sobre los depósitos a plazo fijo no es la solución, mucho menos si grava una renta nominal. El daño que podemos hacer con ese impuesto es mayor que el beneficio fiscal que podemos generar.
Hay varios diputados anotados para hacer uso de la palabra, entre ellos los diputados Sánchez, Torroba y Bazze. Pero voy a ir intercalándolos con los del bloque del Frente para la Victoria para hacer más divertida la velada. (Risas.)
Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
Escuché el proyecto del diputado Kicillof y si no fuera tan caro, lo firmaría. Pero para mi gusto es un poco caro y regresivo.
Con respecto al juego, puedo decir que se está estableciendo un impuesto.
En cuanto a la renta financiera, quiero ser muy preciso porque se discutió mucho en el gobierno y nosotros estamos filosóficamente de acuerdo con gravarla. Hay dos inconvenientes al respecto. En general se han propuesto medidas que realmente tienen cierta potencia recaudatoria, porque después hay mucho impuesto que es más arena en el engranaje del mercado de capitales respecto de lo que se recauda, es decir, vamos a pinchar la goma de la bicicleta del mercado de capitales que está formada por tres tipos pedaleando ahí arriba por una recaudación que es ínfima.
Además, podemos discutir el tema porque tenemos un proyecto de reforma del mercado de capitales que tiene algunos artículos que van en la dirección de gravar más la renta financiera, con condiciones más duras para las exenciones, mientras que otros están orientados en el sentido de darle más oxígeno.
También están las propuestas del bloque Frente Renovador, del diputado Marco Lavagna, que van en dirección a gravar la renta financiera respecto de la mal llamada renta financiera cuando es aplicada a inversiones reales.
En el caso de los dividendos es otra la discusión y quiero hacer este comentario porque dentro de nuestro bloque hemos debatido mucho el tema. Sabemos cómo es en Chile y en otros países del mundo, pero esa no es una renta financiera. En realidad, es el dividendo de un accionista que puso plata en una inversión real y que en algún momento dice: "Ya gane plata con esta inversión, por lo que me la voy a llevar." Obviamente, para hacer otra inversión real, consumir o lo que fuera, pero tiene derecho a llevarse el fruto de esa inversión real.
Lo podemos discutir, pero en esa línea filosófica está el Frente Renovador que prevé que si ya hay un fondo cerrado, abierto, un fondo común de inversión que está siendo aplicado en ese ahorro de algunos argentinos, sean ricos o pobres, jubilados o terratenientes, que ponen ahorros para financiar inversión real directa que genera empleo y producción y mejora la economía, tratemos de darle un premio en cuanto la aplique en un instrumento financiero puro. Más allá de que sabemos sobre todo que son LEBAC, por ejemplo, y que ese instrumento financiero no necesariamente está asociado a la inversión real. Ante lo cual yo digo lo siguiente: cuidado, porque muchos de esos instrumentos financieros fondean créditos que después sí son inversiones reales. Por ejemplo -y aquí voy a la pregunta que se hizo-, el impuesto sobre los depósitos a plazo fijo, de lo cual mucho se habla.
Acá sí le voy a dar la derecha -o la izquierda- al diputado Kicillof en cuanto al motivo por el cual no se estableció antes el impuesto sobre los depósitos a plazo fijo. Todos sabemos -no hay que leer un libro de texto- que eso encarece la tasa de interés de los créditos y a lo mejor, por obtener una recaudación muy pequeña, se termina teniendo una incidencia macroeconómica muy alta. En consecuencia, hay que tener cuidado.
Por otra parte, puede ser peligroso gravar una renta nominal en una economía que todavía tiene alta inflación. De la misma manera, puede ser peligroso establecer una indexación impositiva en una economía como la nuestra, con un programa económico que quiere bajar la inflación. Más allá de que lo hemos hecho en algunos casos, en la suba, porque estábamos tratando de generar una unidad de cuenta y por lo tanto se hizo una excepción.
Entonces, incorporar indexación en el impuesto a las ganancias en un lado y no en otro sería bastante complicado porque generaría una serie de distorsiones dentro de la ley de impuesto a las ganancias. Pero en el caso del impuesto sobre los depósitos a plazo fijo implicaría que aquel ahorrista que tiene un plazo fijo en el sistema bancario, si después de deducir ganancias no recupera la inversión real, quizás decida comprar dólares o un título del gobierno, lo que sería una buena noticia para "Toto" Caputo pero una mala noticia para el crédito productivo en los bancos. Por eso debemos tener cuidado.
Entonces, filosóficamente estamos de acuerdo. Creemos que la discusión es compleja y que el impuesto sobre los depósitos a plazo fijo no es la solución, mucho menos si grava una renta nominal. El daño que podemos hacer con ese impuesto es mayor que el beneficio fiscal que podemos generar.
Hay varios diputados anotados para hacer uso de la palabra, entre ellos los diputados Sánchez, Torroba y Bazze. Pero voy a ir intercalándolos con los del bloque del Frente para la Victoria para hacer más divertida la velada. (Risas.)
Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: además de pensar vamos a ponerle algunos cruces. (Risas.)
SR. LAVAGNA Para subir el rating.
SR. LAVAGNA Massa presentó proyectos en 2013, 2014 y 2015.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Torroba.
SR. TORROBA Señor presidente: primero quiero hacer referencia al tema del blanqueo de los familiares de los políticos. El presidente del interbloque se ha manifestado y no compartimos el decreto del presidente.
La segunda referencia es que existe una coincidencia parcial entre el presidente Macri y el ex ministro de economía Axel Kiccilof, en cuanto a la necesidad de cobrar impuestos. Hay una coincidencia no total pero sí parcial en el sentido de cobrar impuestos.
Es cierto que posiblemente deberíamos haber tratado este proyecto con antelación. Pero también quiero recordar que en el período anterior, siendo minoría en dos oportunidades, invitamos a todos los bloques a considerar este tema y muchos diputados que hoy están proponiendo modificaciones no se sentaron a discutirlo.
Reitero que muchos legisladores que hoy están planteando modificaciones no estaban sentados cuando requeríamos tratar el proyecto y vale la pena que tengamos memoria.
Asimismo quiero señalar que desde que se inició esta modalidad del pago del impuesto a las ganancias de parte de los asalariados cada vez se fue incorporando a más trabajadores, aunque algunos diputados estén sorprendidos con lo que estoy diciendo.
Nosotros vamos a acompañar el dictamen de mayoría planteando algunas disidencias.
Por otro lado, acerca del monotributo, tema prácticamente no tratado, hace falta duplicar el monto.
También quiero decir que el tema de la vivienda es muy importante. No está presente el presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, pero entiendo que la idea que plantea el bloque Justicialista sobre las viviendas para los estudiantes universitarios debe ser tenida en cuenta porque hay que hacer un gran esfuerzo para mandar a los hijos a estudiar a otros destinos. Por ello podríamos ver el tema de que asistan a universidades públicas y a lugares más cercanos a sus residencias.
Vuelvo a señalar que hay que hacer un gran esfuerzo para mandar a un hijo a una universidad cuando no hay ninguna en la zona. Por eso tenemos que estudiar ese tema y el de los alquileres a los estudiantes universitarios.
Acerca de la actualización automática, entiendo que debe considerarse porque convivimos con una alta inflación.
Considerando ahora el asunto de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, creo que todos estamos de acuerdo en que el Poder Judicial debe estar incluido. (Aplausos.)
Habiendo un proyecto de ley sobre ese tema presentado por el señor diputado Tonelli, tenemos tiempo para considerarlo. Además, si todos los bloques nos ponemos de acuerdo podemos lograrlo.
Sobre el particular, el señor diputado Tonelli comentó que en los Estados Unidos llevó un tiempo incorporar a todos los jueces, pero se encontró una solución. Por eso pido que asumamos el compromiso.
En cuanto al tema de la renta financiera, también podemos asumir el compromiso de dedicarle el tiempo necesario para lograr un tratamiento certero. No vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Podemos dedicar los primeros meses del año que viene al estudio de cómo gravar la renta financiera.
Acerca de la minería, como bien dijo el señor diputado Sánchez, lo que hace falta es repensar el régimen minero. Hoy el 5 por ciento retenido a la minería no es recibido por las provincias porque se trata de un impuesto no coparticipable. Entonces, propongo que nos pongamos a trabajar y revisemos el régimen tributario de las empresas mineras. Les recuerdo que Los funcionarios de la AFIP, cuando nos visitaron, dijeron estar revisando todos los regímenes especiales. Por ello, si estamos de acuerdo con que las empresas mineras deben tributar más, enfoquémonos en ese sentido.
Por otra parte, el ex ministro Kicillof hizo referencia al tema de las retenciones. No es que estemos a favor o en contra de las retenciones, sino que depende de si se trata del sector agropecuario, los distintos productos o el nivel de tipo de cambio. Pero con certeza podemos decir que en ciertos cultivos las retenciones tuvieron un impacto. En el caso del trigo hubo una fuerte transferencia de aproximadamente 8.000 millones de dólares a los exportadores, siendo que se trata de empresas que no son argentinas. También ocurrió que se destinó a la molienda.
El sector del campo transfirió en ocho años 8.000 millones de dólares al sector exportador, en su gran medida a multinacionales y al sector de la molienda. Creo que esto es un avance.
Voy a terminar con un ejemplo que me alcanzó el señor diputado Pastori y que es un dato que la señora diputada Ciciliani quería saber: un sueldo bruto hoy de 52.000 pesos tiene un descuento de ley de 8.840 pesos, o sea que queda un sueldo neto de 43.160 pesos. Hoy, antes de la reforma, estaría pagando un impuesto de 5.626 pesos mensuales y con la reforma que está proponiendo el Poder Ejecutivo pasaría a pagar un impuesto de 1.642 pesos. Es decir que un sueldo neto de 43.160 pesos pagaría un impuesto de 1.642 pesos.
La segunda referencia es que existe una coincidencia parcial entre el presidente Macri y el ex ministro de economía Axel Kiccilof, en cuanto a la necesidad de cobrar impuestos. Hay una coincidencia no total pero sí parcial en el sentido de cobrar impuestos.
Es cierto que posiblemente deberíamos haber tratado este proyecto con antelación. Pero también quiero recordar que en el período anterior, siendo minoría en dos oportunidades, invitamos a todos los bloques a considerar este tema y muchos diputados que hoy están proponiendo modificaciones no se sentaron a discutirlo.
Reitero que muchos legisladores que hoy están planteando modificaciones no estaban sentados cuando requeríamos tratar el proyecto y vale la pena que tengamos memoria.
Asimismo quiero señalar que desde que se inició esta modalidad del pago del impuesto a las ganancias de parte de los asalariados cada vez se fue incorporando a más trabajadores, aunque algunos diputados estén sorprendidos con lo que estoy diciendo.
Nosotros vamos a acompañar el dictamen de mayoría planteando algunas disidencias.
Por otro lado, acerca del monotributo, tema prácticamente no tratado, hace falta duplicar el monto.
También quiero decir que el tema de la vivienda es muy importante. No está presente el presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, pero entiendo que la idea que plantea el bloque Justicialista sobre las viviendas para los estudiantes universitarios debe ser tenida en cuenta porque hay que hacer un gran esfuerzo para mandar a los hijos a estudiar a otros destinos. Por ello podríamos ver el tema de que asistan a universidades públicas y a lugares más cercanos a sus residencias.
Vuelvo a señalar que hay que hacer un gran esfuerzo para mandar a un hijo a una universidad cuando no hay ninguna en la zona. Por eso tenemos que estudiar ese tema y el de los alquileres a los estudiantes universitarios.
Acerca de la actualización automática, entiendo que debe considerarse porque convivimos con una alta inflación.
Considerando ahora el asunto de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, creo que todos estamos de acuerdo en que el Poder Judicial debe estar incluido. (Aplausos.)
Habiendo un proyecto de ley sobre ese tema presentado por el señor diputado Tonelli, tenemos tiempo para considerarlo. Además, si todos los bloques nos ponemos de acuerdo podemos lograrlo.
Sobre el particular, el señor diputado Tonelli comentó que en los Estados Unidos llevó un tiempo incorporar a todos los jueces, pero se encontró una solución. Por eso pido que asumamos el compromiso.
En cuanto al tema de la renta financiera, también podemos asumir el compromiso de dedicarle el tiempo necesario para lograr un tratamiento certero. No vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Podemos dedicar los primeros meses del año que viene al estudio de cómo gravar la renta financiera.
Acerca de la minería, como bien dijo el señor diputado Sánchez, lo que hace falta es repensar el régimen minero. Hoy el 5 por ciento retenido a la minería no es recibido por las provincias porque se trata de un impuesto no coparticipable. Entonces, propongo que nos pongamos a trabajar y revisemos el régimen tributario de las empresas mineras. Les recuerdo que Los funcionarios de la AFIP, cuando nos visitaron, dijeron estar revisando todos los regímenes especiales. Por ello, si estamos de acuerdo con que las empresas mineras deben tributar más, enfoquémonos en ese sentido.
Por otra parte, el ex ministro Kicillof hizo referencia al tema de las retenciones. No es que estemos a favor o en contra de las retenciones, sino que depende de si se trata del sector agropecuario, los distintos productos o el nivel de tipo de cambio. Pero con certeza podemos decir que en ciertos cultivos las retenciones tuvieron un impacto. En el caso del trigo hubo una fuerte transferencia de aproximadamente 8.000 millones de dólares a los exportadores, siendo que se trata de empresas que no son argentinas. También ocurrió que se destinó a la molienda.
El sector del campo transfirió en ocho años 8.000 millones de dólares al sector exportador, en su gran medida a multinacionales y al sector de la molienda. Creo que esto es un avance.
Voy a terminar con un ejemplo que me alcanzó el señor diputado Pastori y que es un dato que la señora diputada Ciciliani quería saber: un sueldo bruto hoy de 52.000 pesos tiene un descuento de ley de 8.840 pesos, o sea que queda un sueldo neto de 43.160 pesos. Hoy, antes de la reforma, estaría pagando un impuesto de 5.626 pesos mensuales y con la reforma que está proponiendo el Poder Ejecutivo pasaría a pagar un impuesto de 1.642 pesos. Es decir que un sueldo neto de 43.160 pesos pagaría un impuesto de 1.642 pesos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Gracias, señor diputado. El ejemplo es bueno para recordar el esfuerzo que estamos haciendo para mejorar el salario de los trabajadores.
Tengo anotado en la lista de oradores al señor diputado Grana, pero le doy en primer lugar la palabra al diputado Norman Martínez, que también tiene que viajar.
Tengo anotado en la lista de oradores al señor diputado Grana, pero le doy en primer lugar la palabra al diputado Norman Martínez, que también tiene que viajar.
SR. MARTÍNEZ (N.D.) Gracias, señor presidente y diputado Grana por cederme el uso de la palabra.
Es bueno que estemos hoy aquí discutiendo este tema porque todos los aquí presentes, más los que se sientan en el recinto, comprometieron o empeñaron su palabra en la campaña. Esta Cámara celebró sesiones especiales para derogar la ley de medios, para el blanqueo de capitales, para el voto electrónico y, sin embargo, no lográbamos discutir el tema del impuesto a las ganancias. Más vale tarde que nunca.
Es bueno poder dar vida a esos proyectos. En mi caso lo presenté en el mes de marzo, entendiendo la necesidad de una discusión rápida. Pero antes de hablar del impuesto a las ganancias quiero referirme al decreto 1.206, porque no es un tema menor y no tenemos oportunidad de manifestarnos en otro lugar. Recién se referían al decreto presidencial; no es así, es el decreto de la familia presidencial porque está hecho y pensado para dicha familia.
Propongo que la Cámara, cada vez que sancione una ley, establezca como artículo 1° lo siguiente: "El presidente Macri no podrá generar un decreto que diga lo contrario a lo que dice esta ley". De lo contrario, no veo otro mecanismo para evitar un tipo de decretos que va en contra de lo que este cuerpo establece en una norma -en este caso, con nombre y apellido, ya que se trata de un decreto que directamente favorece a Francisco Macri.
Retomando el tema del impuesto a las ganancias, el diputado Kicillof planteó el dictamen que vamos a impulsar desde nuestro bloque, con un mecanismo muy concreto que no hacía hincapié en el mínimo no imponible, sino todo lo contrario, es decir, ponía el acento en qué porcentaje y quiénes son los trabajadores que deben sostener el impuesto a las ganancias. Eso me parece más positivo y muy mejorador de lo que tenemos actualmente.
Justamente es lo contrario a lo que usted decía, señor presidente. Lo que establece como eje del cálculo el dictamen del bloque del Frente para la Victoria es tomado de proyectos que ya hemos presentado mucho antes de lo que mencionó un diputado oficialista que me precedió en el uso de la palabra.
Con respecto a los asuntos a incorporar, me parece muy buena la incorporación del tema de los alquileres. Lo habíamos incorporado en el mes de marzo y está bueno que lo tomen. Más allá del monto, que termina siendo arbitrario, es bueno que nos pongamos de acuerdo en que el ítem debe estar y en función de eso que se pueda deducir, sobre todo para quien no posee propiedades, que sería el beneficiado en este caso porque la ley es clara. Todo gasto necesario para obtener la renta debe poder deducirse.
En mi opinión -y fue la fundamentación de nuestro proyecto cuando lo incluimos-, eso va a blanquear un mercado que hoy está en negro y por lo tanto desde allí también habrá aportes para cubrir esas deducciones que se van a tomar a los trabajadores que no poseen propiedades. Por lo tanto, será mucho más lo que se recaude por blanquear una de las actividades que más en negro está actualmente, ya que cualquier vecino nos puede decir si cuando paga un alquiler le dan una factura o un simple papelito.
Ese tema es fundamental, como otros planteados por el diputado Kicillof.
Pero hay uno sobre el que quiero hacer hincapié y sobre el que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo.
Me refiero a la deducción por la zona desfavorable.
Los patagónicos pagan más impuesto a las ganancias que el resto del país. No es porque se levanten más temprano ni porque trabajen más horas, sino porque existe un plus por zona desfavorable en función de un costo de vida mayor para un trabajador con el mismo poder adquisitivo real que otro ciudadano que vive en otra parte del país.
Es decir que con el mismo poder adquisitivo tiene que comprar, por ejemplo, las mismas bolsas de harina que otro trabajador, pero tributariamente se lo castiga más por estar en una zona patagónica. Ese plus lo hace caer en el impuesto a las ganancias o en una escala superior. Por eso me parece muy importante resolver esta inequidad tributaria y que esté contemplada la deducción por zona desfavorable. Considero que no se trata de un dato menor para los trabajadores.
Los diputados oficialistas dijeron que nunca plantearon que ningún trabajador pague el impuesto a las ganancias. No sé ellos, pero el presidente de la Nación en su campaña decía claramente que en su gestión ningún trabajador pagaría el impuesto a las ganancias. Era muy concreto con esta postura.
Quizás en mi provincia ha empezado a cumplir su promesa, porque los 4.000 trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo por la mala gestión en Chihuido no van a pagar el impuesto a las ganancias, porque directamente no tendrán trabajo.
En los matutinos de hoy en mi región se escribió sobre los 1.500 trabajadores de YPF cesanteados. Ellos tampoco van a pagar impuesto a las ganancias, porque reiero que no van a tener trabajo.
Considero que esta manera de cumplir las promesas no son las que buscaba el electorado al momento de votarlo. Pero no fueron solamente los que votaron a Macri, sino que el ciento por ciento de los argentinos votaron la modificación del impuesto a las ganancias.
En nuestro caso, nuestro candidato y todos los diputados de nuestro bloque plantearon claramente modificar el impuesto a las ganancias y no que ningún trabajador lo abone, como decía el actual presidente de la Nación en épocas de campaña.
Por ello, teniendo en cuenta esta cuestión, desde el 10 de diciembre hemos presentado proyectos, en función de cumplir con la palabra empeñada en la campaña. Por supuesto que se modificarán los mínimos no imponibles y entiendo que no hay que hacer hincapié en eso, pero también hay que ponerle un nombre a esta situación.
Considero que los montos que rondan los 40.000 pesos son los que quedaron establecidos, aunque nosotros habíamos señalado esa cifra por marzo, con lo cual si actualizáramos el monto estaríamos hablando de otra cifra. De todos modos, hay que definir un monto, más allá de que nuestro esquema plantea otra forma de cálculo. Así lo planteaba claramente el diputado Kicillof en cuanto a que el 10 por ciento de los trabajadores que más ganan son los que tienen que hacerse cargo del pago del impuesto a las ganancias.
Por mi parte, no coincido en que el mejor impuesto sea el más progresivo. Considero que el más progresivo y el mejor impuesto es el impuesto sobre los bienes personales. Lástima que ustedes lo han sacado o tienen la clara intención de sacarlo.
Es muy difícil interpretarlos cuando empiezan a sacar presión fiscal, porque comienzan por los que más tienen. Lo primero que hicieron fue sacarle las retenciones a la minería. Alguien decía recién que le gustaría que hable un diputado de una provincia minera. Debo decirle que Neuquén es una provincia minera y estaría bueno que discutamos las políticas con respecto a esto. Entonces, al sacarle las retenciones les quitaron presión fiscal a las mineras y a la soja.
Nosotros preferimos empezar a quitar presión fiscal a los trabajadores. Dicho sea de paso, hace pocos días el presidente le preguntaba a un periodista cómo mejorar el consumo interno. Me parece que esta iniciativa podría ser una de las respuestas, porque al quitarle presión fiscal al trabajador eso se volcará directamente en el mercado, aumentará el consumo interno y volverá rápidamente al Estado con un tributo.
Creo que el dictamen del bloque del Frente para la Victoria tiene una vuelta de tuerca en esto de no discutir y no poner el eje en los mínimos no imponibles. De todos modos, hay cuestiones en las que tenemos que trabajar sobre las coincidencias. Por ejemplo, en cuanto a los alquileres y, reitero, la deducción por zona desfavorable para nuestra región que la está pasando muy mal en función de las políticas energéticas, sobre todo en una provincia que tiene una relación muy directa con los hidrocarburos. El ministro Aranguren no solamente aplicó el tarifazo, sino que también preocupó con su idea de llevar el barril a precio internacional.
Durante el tiempo que llevo de exposición ya aumentaron a 200 los despidos en mi provincia. Cuando empecé a hablar eran 1.500 y ahora ya son 1.700. Con mucha tristeza manifiesto que espero que esto se revierta.
Me parece fundamental construir sobre las coincidencias. Los puntos que se están dando a entender pueden ser un eje y nuestro dictamen le aporta una metodología, a fin de no tener que dar esta discusión nuevamente el año próximo.
Resumiendo, queremos que se contemple el tema de los alquileres y el de una escala mucho más progresiva que la que existe actualmente. De todos modos, se utilice el mecanismo que sea, ello llevará a elevar el mínimo no imponible. Reitero que si bien no es el eje, es lo que buscaron todos los argentinos cuando votaron en las últimas elecciones y por eso tenemos que honrar nuestra palabra.
Pido disculpas por la insistencia, pero para nosotros el tema de la zona desfavorable es esencial en cualquier esquema o dictamen que se pueda llevar prontamente a la Cámara. (Aplausos.)
Es bueno que estemos hoy aquí discutiendo este tema porque todos los aquí presentes, más los que se sientan en el recinto, comprometieron o empeñaron su palabra en la campaña. Esta Cámara celebró sesiones especiales para derogar la ley de medios, para el blanqueo de capitales, para el voto electrónico y, sin embargo, no lográbamos discutir el tema del impuesto a las ganancias. Más vale tarde que nunca.
Es bueno poder dar vida a esos proyectos. En mi caso lo presenté en el mes de marzo, entendiendo la necesidad de una discusión rápida. Pero antes de hablar del impuesto a las ganancias quiero referirme al decreto 1.206, porque no es un tema menor y no tenemos oportunidad de manifestarnos en otro lugar. Recién se referían al decreto presidencial; no es así, es el decreto de la familia presidencial porque está hecho y pensado para dicha familia.
Propongo que la Cámara, cada vez que sancione una ley, establezca como artículo 1° lo siguiente: "El presidente Macri no podrá generar un decreto que diga lo contrario a lo que dice esta ley". De lo contrario, no veo otro mecanismo para evitar un tipo de decretos que va en contra de lo que este cuerpo establece en una norma -en este caso, con nombre y apellido, ya que se trata de un decreto que directamente favorece a Francisco Macri.
Retomando el tema del impuesto a las ganancias, el diputado Kicillof planteó el dictamen que vamos a impulsar desde nuestro bloque, con un mecanismo muy concreto que no hacía hincapié en el mínimo no imponible, sino todo lo contrario, es decir, ponía el acento en qué porcentaje y quiénes son los trabajadores que deben sostener el impuesto a las ganancias. Eso me parece más positivo y muy mejorador de lo que tenemos actualmente.
Justamente es lo contrario a lo que usted decía, señor presidente. Lo que establece como eje del cálculo el dictamen del bloque del Frente para la Victoria es tomado de proyectos que ya hemos presentado mucho antes de lo que mencionó un diputado oficialista que me precedió en el uso de la palabra.
Con respecto a los asuntos a incorporar, me parece muy buena la incorporación del tema de los alquileres. Lo habíamos incorporado en el mes de marzo y está bueno que lo tomen. Más allá del monto, que termina siendo arbitrario, es bueno que nos pongamos de acuerdo en que el ítem debe estar y en función de eso que se pueda deducir, sobre todo para quien no posee propiedades, que sería el beneficiado en este caso porque la ley es clara. Todo gasto necesario para obtener la renta debe poder deducirse.
En mi opinión -y fue la fundamentación de nuestro proyecto cuando lo incluimos-, eso va a blanquear un mercado que hoy está en negro y por lo tanto desde allí también habrá aportes para cubrir esas deducciones que se van a tomar a los trabajadores que no poseen propiedades. Por lo tanto, será mucho más lo que se recaude por blanquear una de las actividades que más en negro está actualmente, ya que cualquier vecino nos puede decir si cuando paga un alquiler le dan una factura o un simple papelito.
Ese tema es fundamental, como otros planteados por el diputado Kicillof.
Pero hay uno sobre el que quiero hacer hincapié y sobre el que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo.
Me refiero a la deducción por la zona desfavorable.
Los patagónicos pagan más impuesto a las ganancias que el resto del país. No es porque se levanten más temprano ni porque trabajen más horas, sino porque existe un plus por zona desfavorable en función de un costo de vida mayor para un trabajador con el mismo poder adquisitivo real que otro ciudadano que vive en otra parte del país.
Es decir que con el mismo poder adquisitivo tiene que comprar, por ejemplo, las mismas bolsas de harina que otro trabajador, pero tributariamente se lo castiga más por estar en una zona patagónica. Ese plus lo hace caer en el impuesto a las ganancias o en una escala superior. Por eso me parece muy importante resolver esta inequidad tributaria y que esté contemplada la deducción por zona desfavorable. Considero que no se trata de un dato menor para los trabajadores.
Los diputados oficialistas dijeron que nunca plantearon que ningún trabajador pague el impuesto a las ganancias. No sé ellos, pero el presidente de la Nación en su campaña decía claramente que en su gestión ningún trabajador pagaría el impuesto a las ganancias. Era muy concreto con esta postura.
Quizás en mi provincia ha empezado a cumplir su promesa, porque los 4.000 trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo por la mala gestión en Chihuido no van a pagar el impuesto a las ganancias, porque directamente no tendrán trabajo.
En los matutinos de hoy en mi región se escribió sobre los 1.500 trabajadores de YPF cesanteados. Ellos tampoco van a pagar impuesto a las ganancias, porque reiero que no van a tener trabajo.
Considero que esta manera de cumplir las promesas no son las que buscaba el electorado al momento de votarlo. Pero no fueron solamente los que votaron a Macri, sino que el ciento por ciento de los argentinos votaron la modificación del impuesto a las ganancias.
En nuestro caso, nuestro candidato y todos los diputados de nuestro bloque plantearon claramente modificar el impuesto a las ganancias y no que ningún trabajador lo abone, como decía el actual presidente de la Nación en épocas de campaña.
Por ello, teniendo en cuenta esta cuestión, desde el 10 de diciembre hemos presentado proyectos, en función de cumplir con la palabra empeñada en la campaña. Por supuesto que se modificarán los mínimos no imponibles y entiendo que no hay que hacer hincapié en eso, pero también hay que ponerle un nombre a esta situación.
Considero que los montos que rondan los 40.000 pesos son los que quedaron establecidos, aunque nosotros habíamos señalado esa cifra por marzo, con lo cual si actualizáramos el monto estaríamos hablando de otra cifra. De todos modos, hay que definir un monto, más allá de que nuestro esquema plantea otra forma de cálculo. Así lo planteaba claramente el diputado Kicillof en cuanto a que el 10 por ciento de los trabajadores que más ganan son los que tienen que hacerse cargo del pago del impuesto a las ganancias.
Por mi parte, no coincido en que el mejor impuesto sea el más progresivo. Considero que el más progresivo y el mejor impuesto es el impuesto sobre los bienes personales. Lástima que ustedes lo han sacado o tienen la clara intención de sacarlo.
Es muy difícil interpretarlos cuando empiezan a sacar presión fiscal, porque comienzan por los que más tienen. Lo primero que hicieron fue sacarle las retenciones a la minería. Alguien decía recién que le gustaría que hable un diputado de una provincia minera. Debo decirle que Neuquén es una provincia minera y estaría bueno que discutamos las políticas con respecto a esto. Entonces, al sacarle las retenciones les quitaron presión fiscal a las mineras y a la soja.
Nosotros preferimos empezar a quitar presión fiscal a los trabajadores. Dicho sea de paso, hace pocos días el presidente le preguntaba a un periodista cómo mejorar el consumo interno. Me parece que esta iniciativa podría ser una de las respuestas, porque al quitarle presión fiscal al trabajador eso se volcará directamente en el mercado, aumentará el consumo interno y volverá rápidamente al Estado con un tributo.
Creo que el dictamen del bloque del Frente para la Victoria tiene una vuelta de tuerca en esto de no discutir y no poner el eje en los mínimos no imponibles. De todos modos, hay cuestiones en las que tenemos que trabajar sobre las coincidencias. Por ejemplo, en cuanto a los alquileres y, reitero, la deducción por zona desfavorable para nuestra región que la está pasando muy mal en función de las políticas energéticas, sobre todo en una provincia que tiene una relación muy directa con los hidrocarburos. El ministro Aranguren no solamente aplicó el tarifazo, sino que también preocupó con su idea de llevar el barril a precio internacional.
Durante el tiempo que llevo de exposición ya aumentaron a 200 los despidos en mi provincia. Cuando empecé a hablar eran 1.500 y ahora ya son 1.700. Con mucha tristeza manifiesto que espero que esto se revierta.
Me parece fundamental construir sobre las coincidencias. Los puntos que se están dando a entender pueden ser un eje y nuestro dictamen le aporta una metodología, a fin de no tener que dar esta discusión nuevamente el año próximo.
Resumiendo, queremos que se contemple el tema de los alquileres y el de una escala mucho más progresiva que la que existe actualmente. De todos modos, se utilice el mecanismo que sea, ello llevará a elevar el mínimo no imponible. Reitero que si bien no es el eje, es lo que buscaron todos los argentinos cuando votaron en las últimas elecciones y por eso tenemos que honrar nuestra palabra.
Pido disculpas por la insistencia, pero para nosotros el tema de la zona desfavorable es esencial en cualquier esquema o dictamen que se pueda llevar prontamente a la Cámara. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pitrola.
SR. PITROLA Señor presidente: no pensaba hablar porque ya expusimos ampliamente nuestra posición, que con la evolución del debate nos lleva al dictamen de minoría que estamos presentando.
Quiero realizar algunos comentarios, no sin antes poner de relieve lo siguiente. Daer es una persona grande y debería defenderse solito. La CGT ha tomado una posición, que aquí es criticada y no hay quién la defienda. Me resulta inusitado que todos los diputados de origen sindical no estén aquí debatiendo una cuestión que afecta a 1.500.000 trabajadores.
En otros años, el Justicialismo solía tener el 33 por ciento de las representaciones y todo lo demás, pero queda demostrado que a veces eso no tiene nada que ver con la realidad, porque si no vienen a defender el problema del ingreso de los trabajadores, para qué sería un cupo sindical. Me resulta absolutamente increíble.
Cuando vino la CGT, defendió la posición de eliminar el impuesto en los salarios de convenio. Defiendo a fondo esa posición y es inevitable que cuando ellos tienen que referirse al tema terminen fijando la posición, que critica el señor diputado Laspina, porque el problema de fondo no es que haya trabajadores que ganen menos.
En primer lugar, los únicos y verdaderos salarios que vamos a reconocer son los que pagan ganancias, porque los demás son subsalarios. Todo salario debería tener como mínimo una canasta familiar, que cuesta aproximadamente 25.000 pesos. Quiero decir que quienes realizan el cálculo sobre este punto pertenecen a la Universidad de Rosario.
Entonces, es una falacia lo que planteó el señor diputado Laspina respecto de que hay que cuidar a los que menos ganan, porque ellos se fijan en los que más ganan.
El movimiento obrero es uno solo y debe defender el salario en conjunto. En un punto, sus sectores más avanzados tienen más condiciones de lucha porque al trabajador de la construcción lo echan, la mitad está en negro, tienen un subsalario, tienen jornadas que a veces se encuentran por encima de la jornada que les corresponde, tienen los peores convenios en los gremios más sumergidos, los más flexibilizados, etcétera.
Entonces, el poder de la clase obrera debe estar desde el primer trabajador -el que mejor gana- hasta el último.
Con el impuesto a las ganancias lo que se está haciendo es condicionar las paritarias de aquellos que el año próximo querrán defender un salario equivalente a una canasta familiar. No aceptamos de ninguna manera todo esto. La desigualdad interior de la clase obrera debe ser combatida, pero no confiscando los salarios de los que lograron respirar.
Por eso hemos planteado el debate conceptual en el sentido de que el salario no es ganancia, excluyendo a los salarios de convenio.
Entonces, voy a decir dos palabras sobre la responsabilidad del Estado. Nosotros le dijimos al Frente Renovador y a todos los sectores que votaron el presupuesto que como mínimo había que discutir el tema del impuesto a las ganancias junto con el presupuesto, porque ahora hay que discutir cada peso, cómo se financia o se desfinancia, pero no discutimos los 314.000 millones de pesos del gasto tributario, donde hay exenciones de todo color y pelaje que vienen de antes y que se sumaron este año.
En cuanto a la renta minera, dicen que tiene poco monto económico. Nosotros también apelamos a la renta minera y a la renta petrolera, pero hay que ver el conjunto del sistema impositivo. ¿Cuál es nuestro concepto? Excluir a los asalariados, a los jubilados y a los monotributistas del impuesto a las ganancias y hacer pagar a los jueces, lo cual, por supuesto, no se hace. Pero eso debe ser el disparador de una reforma tributaria.
Además, discutamos el impuesto a la riqueza, sobre los bienes personales, no para gravarlo como el kirchnerismo en 305.000 pesos, sino para establecer un piso de un millón de dólares. ¿Les parece? Gravemos las grandes fortunas y rentas.
Los bancos se han llenado de oro en este año de crisis. Ganaron un 50 por ciento más que el año pasado, en el que a su vez habían ganado un 50 por ciento más que en 2014. No hay dónde echar mano. Lo que pasa es que no quieren alterar la digestión del mini Davos. En consecuencia, y por ese camino los asalariados van a seguir pagando el impuesto a las ganancias.
Muchas gracias, señor presidente. No sé si me escuchó, pero como todo esto está grabado, después, a la noche, quizás escuche lo que comenté.
Quiero realizar algunos comentarios, no sin antes poner de relieve lo siguiente. Daer es una persona grande y debería defenderse solito. La CGT ha tomado una posición, que aquí es criticada y no hay quién la defienda. Me resulta inusitado que todos los diputados de origen sindical no estén aquí debatiendo una cuestión que afecta a 1.500.000 trabajadores.
En otros años, el Justicialismo solía tener el 33 por ciento de las representaciones y todo lo demás, pero queda demostrado que a veces eso no tiene nada que ver con la realidad, porque si no vienen a defender el problema del ingreso de los trabajadores, para qué sería un cupo sindical. Me resulta absolutamente increíble.
Cuando vino la CGT, defendió la posición de eliminar el impuesto en los salarios de convenio. Defiendo a fondo esa posición y es inevitable que cuando ellos tienen que referirse al tema terminen fijando la posición, que critica el señor diputado Laspina, porque el problema de fondo no es que haya trabajadores que ganen menos.
En primer lugar, los únicos y verdaderos salarios que vamos a reconocer son los que pagan ganancias, porque los demás son subsalarios. Todo salario debería tener como mínimo una canasta familiar, que cuesta aproximadamente 25.000 pesos. Quiero decir que quienes realizan el cálculo sobre este punto pertenecen a la Universidad de Rosario.
Entonces, es una falacia lo que planteó el señor diputado Laspina respecto de que hay que cuidar a los que menos ganan, porque ellos se fijan en los que más ganan.
El movimiento obrero es uno solo y debe defender el salario en conjunto. En un punto, sus sectores más avanzados tienen más condiciones de lucha porque al trabajador de la construcción lo echan, la mitad está en negro, tienen un subsalario, tienen jornadas que a veces se encuentran por encima de la jornada que les corresponde, tienen los peores convenios en los gremios más sumergidos, los más flexibilizados, etcétera.
Entonces, el poder de la clase obrera debe estar desde el primer trabajador -el que mejor gana- hasta el último.
Con el impuesto a las ganancias lo que se está haciendo es condicionar las paritarias de aquellos que el año próximo querrán defender un salario equivalente a una canasta familiar. No aceptamos de ninguna manera todo esto. La desigualdad interior de la clase obrera debe ser combatida, pero no confiscando los salarios de los que lograron respirar.
Por eso hemos planteado el debate conceptual en el sentido de que el salario no es ganancia, excluyendo a los salarios de convenio.
Entonces, voy a decir dos palabras sobre la responsabilidad del Estado. Nosotros le dijimos al Frente Renovador y a todos los sectores que votaron el presupuesto que como mínimo había que discutir el tema del impuesto a las ganancias junto con el presupuesto, porque ahora hay que discutir cada peso, cómo se financia o se desfinancia, pero no discutimos los 314.000 millones de pesos del gasto tributario, donde hay exenciones de todo color y pelaje que vienen de antes y que se sumaron este año.
En cuanto a la renta minera, dicen que tiene poco monto económico. Nosotros también apelamos a la renta minera y a la renta petrolera, pero hay que ver el conjunto del sistema impositivo. ¿Cuál es nuestro concepto? Excluir a los asalariados, a los jubilados y a los monotributistas del impuesto a las ganancias y hacer pagar a los jueces, lo cual, por supuesto, no se hace. Pero eso debe ser el disparador de una reforma tributaria.
Además, discutamos el impuesto a la riqueza, sobre los bienes personales, no para gravarlo como el kirchnerismo en 305.000 pesos, sino para establecer un piso de un millón de dólares. ¿Les parece? Gravemos las grandes fortunas y rentas.
Los bancos se han llenado de oro en este año de crisis. Ganaron un 50 por ciento más que el año pasado, en el que a su vez habían ganado un 50 por ciento más que en 2014. No hay dónde echar mano. Lo que pasa es que no quieren alterar la digestión del mini Davos. En consecuencia, y por ese camino los asalariados van a seguir pagando el impuesto a las ganancias.
Muchas gracias, señor presidente. No sé si me escuchó, pero como todo esto está grabado, después, a la noche, quizás escuche lo que comenté.
SR. PRESIDENTE LASPINA Lo escuché, por momentos, debo reconocer.
SR. PITROLA Me imagino.
SR. PRESIDENTE LASPINA Igualmente voy a cumplir con la tarea.
Tiene la palabra señor diputado Lavagna.
Tiene la palabra señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: voy a ser breve debido a lo avanzado de la hora.
En primer lugar, permítame felicitarlo por la soltura que tiene el día de hoy. Se nota que ya empezó la campaña en Santa Fe. (Risas.)
En primer lugar, permítame felicitarlo por la soltura que tiene el día de hoy. Se nota que ya empezó la campaña en Santa Fe. (Risas.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Me relajé. Ya lo di por perdido. Lo dejo en manos de ustedes. Hagan con este país lo que quieran. (Risas.)
SR. LAVAGNA Simplemente quiero hacer algunas aclaraciones, pues ya hemos hablado mucho y no quiero aburrir.
Creo que el punto esencial lo expresó el diputado Sánchez y coincido con él en una apreciación, no en todo pero sí en este caso. Me refiero a que la discusión acá tiene que ser que paguen menos y empezar a corregir una distorsión que viene desde hace tiempo. El problema que tenemos es una discusión filosófica, es decir, si estamos generando un proyecto por el cual va a pagar menos gente o uno en el que pague gente que hoy no está pagando y empiece a hacerlo. Posiblemente a esa gente que hoy no paga y que empezará a pagar con el proyecto del oficialismo le estaremos generando una carga impositiva. Ese es un dato que nosotros, por lo menos, no podemos dejar pasar y por eso la discusión en torno del dictamen que tenemos.
Quiero referirme justamente a lo que mencionaba el diputado Sánchez, es decir, a quién le estamos cobrando y cómo repartimos la carga de impuestos. Coincidimos con que hay que ir haciéndolo gradualmente, no se puede hacer todo junto y por eso la responsabilidad que nosotros mostramos. Creo que este es el punto esencial: no podemos generar una modificación de un impuesto por la cual terminemos teniendo más gente que lo pague.
Con respecto a algunas cuestiones sobre la renta financiera, el presidente aquí le dio la derecha al diputado Kicillof pero le dio la izquierda al ministro de Hacienda, porque justamente se había presentado un proyecto sobre los depósitos a plazo fijo.
Creo que el punto esencial lo expresó el diputado Sánchez y coincido con él en una apreciación, no en todo pero sí en este caso. Me refiero a que la discusión acá tiene que ser que paguen menos y empezar a corregir una distorsión que viene desde hace tiempo. El problema que tenemos es una discusión filosófica, es decir, si estamos generando un proyecto por el cual va a pagar menos gente o uno en el que pague gente que hoy no está pagando y empiece a hacerlo. Posiblemente a esa gente que hoy no paga y que empezará a pagar con el proyecto del oficialismo le estaremos generando una carga impositiva. Ese es un dato que nosotros, por lo menos, no podemos dejar pasar y por eso la discusión en torno del dictamen que tenemos.
Quiero referirme justamente a lo que mencionaba el diputado Sánchez, es decir, a quién le estamos cobrando y cómo repartimos la carga de impuestos. Coincidimos con que hay que ir haciéndolo gradualmente, no se puede hacer todo junto y por eso la responsabilidad que nosotros mostramos. Creo que este es el punto esencial: no podemos generar una modificación de un impuesto por la cual terminemos teniendo más gente que lo pague.
Con respecto a algunas cuestiones sobre la renta financiera, el presidente aquí le dio la derecha al diputado Kicillof pero le dio la izquierda al ministro de Hacienda, porque justamente se había presentado un proyecto sobre los depósitos a plazo fijo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Renta real.
SR. LAVAGNA Está bien. Son cosas que se pueden discutir, más allá de que era real.
La discusión acerca de si se trata de renta nominal o real debemos hacerla extensiva al tema de los salarios. Si estamos dispuestos a avanzar solamente sobre la renta real de la renta financiera, también tenemos que estar dispuestos a hacerlo sobre la ganancia real que tenga el salario, y no comenzar a cobrar impuestos porque el salario se actualice por el nivel de inflación. Creo que debe ser una discusión equitativa para todos los sectores.
Con respecto a la renta minera, también voy a coincidir con algunas expresiones del señor diputado Sánchez, con quien hoy estoy coincidiendo mucho. Es cierto que tenía un régimen distinto y que había cuestionamientos sobre las retenciones, pero era un impuesto que se estaba cobrando. Se sacaron las retenciones sin discutir el régimen minero mencionado por el diputado Sánchez. Entonces, tenemos un problema de desfasaje de tiempos, ya que hacemos una partecita pero la otra no y en esa pequeña parte el Estado termina perdiendo 5.000 millones de pesos. Rescato los 5.000 millones de pesos que nosotros poníamos y no una parte, que fue la que pusieron hace unos días en el Power Point sobre cuánto fue realmente el impacto del efecto minero.
Por lo tanto, todas las medidas que se van tomando deben hacerse en conjunto si se quiere modificar un régimen general. No podemos decir "saco esta partecita y lo otro no" o "vemos cuándo lo hacemos". Por eso decimos: volvamos a la situación anterior y, si quieren, pongámonos a discutir el régimen minero, pero lo tenemos que hacer al mismo tiempo -no podemos hacer una parte sí y otra no- porque de lo contrario estamos generando beneficios para pocos.
Es cierto que tengo mis dudas sobre el momento de esta reforma, pero la modificación anterior del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias generó un costo fiscal de 55.000 millones de pesos; -creo que es un poco menos, pero tomo los datos oficiales. Eso fue para una parte de la población, pero en el mismo momento que hacíamos eso se pagaba el dólar a futuro, principalmente para quinientas personas, y se pagaron 77.000 millones de pesos. El fallo del juez Bonadío fue redactado tomando como base un dólar a 16 pesos.
La discusión acerca de si se trata de renta nominal o real debemos hacerla extensiva al tema de los salarios. Si estamos dispuestos a avanzar solamente sobre la renta real de la renta financiera, también tenemos que estar dispuestos a hacerlo sobre la ganancia real que tenga el salario, y no comenzar a cobrar impuestos porque el salario se actualice por el nivel de inflación. Creo que debe ser una discusión equitativa para todos los sectores.
Con respecto a la renta minera, también voy a coincidir con algunas expresiones del señor diputado Sánchez, con quien hoy estoy coincidiendo mucho. Es cierto que tenía un régimen distinto y que había cuestionamientos sobre las retenciones, pero era un impuesto que se estaba cobrando. Se sacaron las retenciones sin discutir el régimen minero mencionado por el diputado Sánchez. Entonces, tenemos un problema de desfasaje de tiempos, ya que hacemos una partecita pero la otra no y en esa pequeña parte el Estado termina perdiendo 5.000 millones de pesos. Rescato los 5.000 millones de pesos que nosotros poníamos y no una parte, que fue la que pusieron hace unos días en el Power Point sobre cuánto fue realmente el impacto del efecto minero.
Por lo tanto, todas las medidas que se van tomando deben hacerse en conjunto si se quiere modificar un régimen general. No podemos decir "saco esta partecita y lo otro no" o "vemos cuándo lo hacemos". Por eso decimos: volvamos a la situación anterior y, si quieren, pongámonos a discutir el régimen minero, pero lo tenemos que hacer al mismo tiempo -no podemos hacer una parte sí y otra no- porque de lo contrario estamos generando beneficios para pocos.
Es cierto que tengo mis dudas sobre el momento de esta reforma, pero la modificación anterior del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias generó un costo fiscal de 55.000 millones de pesos; -creo que es un poco menos, pero tomo los datos oficiales. Eso fue para una parte de la población, pero en el mismo momento que hacíamos eso se pagaba el dólar a futuro, principalmente para quinientas personas, y se pagaron 77.000 millones de pesos. El fallo del juez Bonadío fue redactado tomando como base un dólar a 16 pesos.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. LAVAGNA Serían aproximadamente 56.000 millones de pesos para una cantidad de gente muy reducida.
Entonces, cuando vemos los esfuerzos fiscales también debemos tener en consideración estas cosas porque si hacemos un esfuerzo para algunas cuestiones que pueden tener una lógica, y si se quiere una razonabilidad y un justificativo técnico, no puede ser para unos y no para otros. Si vamos a hacerlo, que sea para todos más o menos parejo y que se vaya moviendo en la misma línea.
Con respecto al tema de los alquileres, me parece buena la idea de incorporarlo al proyecto del Poder Ejecutivo. De todos modos, creo que se puede hacer un esfuerzo mayor, que es lo que pedimos en nuestro dictamen.
En cuanto al tema del monotributo, es bueno que el Poder Ejecutivo lo haya incorporado en su dictamen. Nuevamente coincidimos en que se puede hacer un esfuerzo mayor, tal como lo planteamos en nuestro proyecto presentado hace un tiempo y que estará en el dictamen.
Reconocemos que hay un avance que va en línea con algunos planteos que veníamos haciendo.
El gran problema sigue siendo la discusión del principio: ¿entra más gente a pagar el impuesto o sale gente? Creo que esa es la discusión de fondo que, si se quiere, nos está trabando filosóficamente.
Si nos ponemos de acuerdo en que debemos generar una modificación que no incorpore más gente al impuesto a las ganancias y que, en el mejor de los casos, podamos sacarlo, el resto son números y ver cómo modificamos las escalas. Creo que en ese punto podemos ponernos de acuerdo si partimos de la base común de no generar una modificación en la que se incorpore un solo trabajador adicional a pagar el impuesto a las ganancias.
Entonces, cuando vemos los esfuerzos fiscales también debemos tener en consideración estas cosas porque si hacemos un esfuerzo para algunas cuestiones que pueden tener una lógica, y si se quiere una razonabilidad y un justificativo técnico, no puede ser para unos y no para otros. Si vamos a hacerlo, que sea para todos más o menos parejo y que se vaya moviendo en la misma línea.
Con respecto al tema de los alquileres, me parece buena la idea de incorporarlo al proyecto del Poder Ejecutivo. De todos modos, creo que se puede hacer un esfuerzo mayor, que es lo que pedimos en nuestro dictamen.
En cuanto al tema del monotributo, es bueno que el Poder Ejecutivo lo haya incorporado en su dictamen. Nuevamente coincidimos en que se puede hacer un esfuerzo mayor, tal como lo planteamos en nuestro proyecto presentado hace un tiempo y que estará en el dictamen.
Reconocemos que hay un avance que va en línea con algunos planteos que veníamos haciendo.
El gran problema sigue siendo la discusión del principio: ¿entra más gente a pagar el impuesto o sale gente? Creo que esa es la discusión de fondo que, si se quiere, nos está trabando filosóficamente.
Si nos ponemos de acuerdo en que debemos generar una modificación que no incorpore más gente al impuesto a las ganancias y que, en el mejor de los casos, podamos sacarlo, el resto son números y ver cómo modificamos las escalas. Creo que en ese punto podemos ponernos de acuerdo si partimos de la base común de no generar una modificación en la que se incorpore un solo trabajador adicional a pagar el impuesto a las ganancias.
SR. PRESIDENTE LASPINA Es un planteo interesante.
Tiene la palabra el señor diputado Grana.
Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: en primer lugar quiero decir que las interrupciones mientras usted hablaba no eran para que dejara de hacerlo, sino porque algunos planteos los considerábamos excesivos o no estábamos de acuerdo.
Estamos presentes en esta reunión porque la verdad es que nos parece muy bien que podamos discutir, independientemente del rol que cada uno tenga en la comisión. Si bien lo hacemos con diferencias, reivindicamos permanentemente el debate. Desde ningún punto de vista las acotaciones que hacíamos tenían que ver con no querer escucharlo, sino todo lo contrario.
También es cierto que esos comentarios tenían que ver con los planteos que usted estaba haciendo. Nos parecía que estaba nervioso y nos hacía acordar a cuando Néstor le decía a Magnetto que no se pusiera nervioso. Entiendo que está haciendo un gran esfuerzo para discutir cuestiones que exceden a quienes estamos en esta sala y que no quiere volver al programa económico que aplicamos durante doce años. Sin embargo, vemos con tristeza -no por quienes lo implementan sino por quienes lo padecen- lo que sufre nuestro pueblo por haberse abandonado ese programa económico.
Mientras estábamos debatiendo en algunos medios de comunicación se dieron algunas informaciones. El diputado Norman Martínez hablaba de que se había actualizado la cantidad de despidos en YPF en la provincia del Neuquén, pasando de 1.500 a 1.700. También tenemos el caso de mi ciudad, Morón, municipio del conurbano bonaerense, donde en este momento está saliendo por los medios de comunicación la noticia de que a raíz del tarifazo y las importaciones está cerrando una empresa que principalmente se dedicaba a la fabricación de jeringas. En ese caso se trata de setenta y cinco personas que en forma directa van a perder su trabajo, mientras que cincuenta lo harán indirectamente. Esta empresa está sufriendo la imposibilidad de competir a raíz de las importaciones y de una deuda acumulada de 750.000 pesos en concepto de luz, producto de los tarifazos. Reitero que eso es lo que ocurre en este momento fuera de esta sala.
Por lo expuesto, independientemente de la efusividad que pongamos a nuestras intervenciones, la realidad entra por todas las ventanas y redes. Además vemos que hay menos trabajadores.
Entiendo que el oficialismo se ponga nervioso. Sin embargo, me gustaría que intentemos reconocer esta voz que tengo grabada en mi teléfono celular para saber de qué estamos discutiendo y en qué marco. Les pido por favor que escuchen.
Estamos presentes en esta reunión porque la verdad es que nos parece muy bien que podamos discutir, independientemente del rol que cada uno tenga en la comisión. Si bien lo hacemos con diferencias, reivindicamos permanentemente el debate. Desde ningún punto de vista las acotaciones que hacíamos tenían que ver con no querer escucharlo, sino todo lo contrario.
También es cierto que esos comentarios tenían que ver con los planteos que usted estaba haciendo. Nos parecía que estaba nervioso y nos hacía acordar a cuando Néstor le decía a Magnetto que no se pusiera nervioso. Entiendo que está haciendo un gran esfuerzo para discutir cuestiones que exceden a quienes estamos en esta sala y que no quiere volver al programa económico que aplicamos durante doce años. Sin embargo, vemos con tristeza -no por quienes lo implementan sino por quienes lo padecen- lo que sufre nuestro pueblo por haberse abandonado ese programa económico.
Mientras estábamos debatiendo en algunos medios de comunicación se dieron algunas informaciones. El diputado Norman Martínez hablaba de que se había actualizado la cantidad de despidos en YPF en la provincia del Neuquén, pasando de 1.500 a 1.700. También tenemos el caso de mi ciudad, Morón, municipio del conurbano bonaerense, donde en este momento está saliendo por los medios de comunicación la noticia de que a raíz del tarifazo y las importaciones está cerrando una empresa que principalmente se dedicaba a la fabricación de jeringas. En ese caso se trata de setenta y cinco personas que en forma directa van a perder su trabajo, mientras que cincuenta lo harán indirectamente. Esta empresa está sufriendo la imposibilidad de competir a raíz de las importaciones y de una deuda acumulada de 750.000 pesos en concepto de luz, producto de los tarifazos. Reitero que eso es lo que ocurre en este momento fuera de esta sala.
Por lo expuesto, independientemente de la efusividad que pongamos a nuestras intervenciones, la realidad entra por todas las ventanas y redes. Además vemos que hay menos trabajadores.
Entiendo que el oficialismo se ponga nervioso. Sin embargo, me gustaría que intentemos reconocer esta voz que tengo grabada en mi teléfono celular para saber de qué estamos discutiendo y en qué marco. Les pido por favor que escuchen.
El señor diputado Grana reproduce un archivo de audio desde su teléfono celular.
SR. GRANA Como han escuchado, esta es la voz del entonces candidato a presidente Mauricio Macri diciendo lo siguiente: "El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri. Presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135." Esto ocurrió hace doce meses; no hace veinte años.
De este modo Mauricio Macri obtuvo el 51 por ciento de los votos y accedió al gobierno, planteando un cambio para mejorar.
No recuerdo si fue hoy o ayer que el presidente de la Nación autocalificó su gestión con ocho puntos. Ese número representa la caída de la industria. Tal vez confundió su calificación con ese dato.
Cotidianamente vemos una disminución del consumo. Cada vez hay más desempleados, se achica el mercado interno y vemos cómo cierran nuestras empresas y comercios. Este es el problema que estamos discutiendo.
Como decía el señor diputado Kicillof, no venimos acá con el "teorema de Baglini". Sería muy fácil que ahora nosotros, siendo oposición, dijéramos lo que ustedes sostuvieron en campaña hace apenas doce meses. No lo vamos a decir porque como no estamos de acuerdo en que se eliminen los impuestos a quienes tienen mayores niveles de ganancias, como aquí se ha hablado mucho -las mineras, los sojeros y otros sectores-, creemos que hay una parte de los asalariados que tiene que pagar y por eso ofrecemos esta ecuación en el sentido de que no pase del 10 por ciento. Lo hacemos en función del relevamiento que anualmente habría que hacer desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para decir cuál es el 10 por ciento de salarios más altos, a fin de que paguen el impuesto.
Como tenemos esa coherencia y entendemos que el Estado tiene un rol, no estamos de acuerdo con que se vea la necesidad de recaudación solamente cuando se habla de los trabajadores. Los sectores que más se enriquecen en la Argentina tienen que ser los que más paguen. Nos acordamos de la progresividad del impuesto a las ganancias pero no en el resto de los impuestos. De hecho hoy, en este gobierno, los perdonamos.
En nuestro dictamen también nos referimos a los alquileres y a los monotributistas, no porque queremos sacar a cada vez más gente, sino porque entendemos que si pagan menos trabajadores el impuesto a las ganancias va a haber más consumo. Si hay más consumo, va a haber más recaudación, y si hay más recaudación, va a haber más trabajo y el Estado va a tener capacidad de estar cada vez más presente y no menos, como viene pasando en estos once meses de gobierno.
Por ese motivo el debate nos parece tardío, tal como decía el diputado Martínez, de la provincia de Neuquén. A lo largo de este año presentamos más de veinte proyectos sobre el impuesto a las ganancias, porque en campaña dijimos que había que retocar ese tema y eso es lo que estamos haciendo. Nos hubiese gustado que se discutiera antes, no sobre el fin de año y casi, lamentablemente, con un efecto prácticamente nulo sobre los trabajadores, por lo menos en lo inmediato. Ojalá lo hubiéramos hecho antes, pero bienvenido sea el debate en ese sentido.
Lamento informarle, señor presidente, que el suyo no fue el único candidato que prometió eliminar el impuesto a las ganancias, sino que también lo hizo Sergio Massa. Lo prometió en la campaña y parece que en este momento se olvidó de eso.
Entonces, nos hacemos cargo orgullosamente de los doce años de nuestro gobierno. Creemos que fueron doce años que permitieron, entre otras cosas, después de todos los desastres que han hecho ustedes en este año con el programa económico, que este gobierno no vuelque y no estemos en un momento de mayor crisis. Estamos muy contentos con eso y con que podamos venir a discutir, igual que el año pasado y el anterior, una lógica con respecto a este impuesto. Independientemente de que seamos opositores u oficialistas tenemos una posición y la defendemos cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando somos mayoría o cuando no lo somos.
Simplemente quiero agregar que ojalá que usted, señor presidente, reconsidere esto que afirmó tan efusivamente hace un rato en el sentido de que no piensan volver a lo que fue nuestro programa económico o algo parecido. Le pido que lo repiense, no por quien le habla o por los diputados del bloque del Frente para la Victoria, sino por la mayoría de los argentinos.
Hoy, con este plan económico y de gobierno, la mayoría de los argentinos está peor que hace once meses y no hay ninguna expectativa positiva para los que vienen. El segundo semestre no llega y los brotes verdes se secan porque en esta lógica no hay una sola experiencia en el mundo, con programas recesivos y de achicamiento, que haya dado felicidad a las mayorías populares.
Por eso le pedimos que recapacite. Sabemos que por lo menos lo va a pensar y ojalá lo podamos hacer por el bien de las futuras generaciones. (Aplausos.)
De este modo Mauricio Macri obtuvo el 51 por ciento de los votos y accedió al gobierno, planteando un cambio para mejorar.
No recuerdo si fue hoy o ayer que el presidente de la Nación autocalificó su gestión con ocho puntos. Ese número representa la caída de la industria. Tal vez confundió su calificación con ese dato.
Cotidianamente vemos una disminución del consumo. Cada vez hay más desempleados, se achica el mercado interno y vemos cómo cierran nuestras empresas y comercios. Este es el problema que estamos discutiendo.
Como decía el señor diputado Kicillof, no venimos acá con el "teorema de Baglini". Sería muy fácil que ahora nosotros, siendo oposición, dijéramos lo que ustedes sostuvieron en campaña hace apenas doce meses. No lo vamos a decir porque como no estamos de acuerdo en que se eliminen los impuestos a quienes tienen mayores niveles de ganancias, como aquí se ha hablado mucho -las mineras, los sojeros y otros sectores-, creemos que hay una parte de los asalariados que tiene que pagar y por eso ofrecemos esta ecuación en el sentido de que no pase del 10 por ciento. Lo hacemos en función del relevamiento que anualmente habría que hacer desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para decir cuál es el 10 por ciento de salarios más altos, a fin de que paguen el impuesto.
Como tenemos esa coherencia y entendemos que el Estado tiene un rol, no estamos de acuerdo con que se vea la necesidad de recaudación solamente cuando se habla de los trabajadores. Los sectores que más se enriquecen en la Argentina tienen que ser los que más paguen. Nos acordamos de la progresividad del impuesto a las ganancias pero no en el resto de los impuestos. De hecho hoy, en este gobierno, los perdonamos.
En nuestro dictamen también nos referimos a los alquileres y a los monotributistas, no porque queremos sacar a cada vez más gente, sino porque entendemos que si pagan menos trabajadores el impuesto a las ganancias va a haber más consumo. Si hay más consumo, va a haber más recaudación, y si hay más recaudación, va a haber más trabajo y el Estado va a tener capacidad de estar cada vez más presente y no menos, como viene pasando en estos once meses de gobierno.
Por ese motivo el debate nos parece tardío, tal como decía el diputado Martínez, de la provincia de Neuquén. A lo largo de este año presentamos más de veinte proyectos sobre el impuesto a las ganancias, porque en campaña dijimos que había que retocar ese tema y eso es lo que estamos haciendo. Nos hubiese gustado que se discutiera antes, no sobre el fin de año y casi, lamentablemente, con un efecto prácticamente nulo sobre los trabajadores, por lo menos en lo inmediato. Ojalá lo hubiéramos hecho antes, pero bienvenido sea el debate en ese sentido.
Lamento informarle, señor presidente, que el suyo no fue el único candidato que prometió eliminar el impuesto a las ganancias, sino que también lo hizo Sergio Massa. Lo prometió en la campaña y parece que en este momento se olvidó de eso.
Entonces, nos hacemos cargo orgullosamente de los doce años de nuestro gobierno. Creemos que fueron doce años que permitieron, entre otras cosas, después de todos los desastres que han hecho ustedes en este año con el programa económico, que este gobierno no vuelque y no estemos en un momento de mayor crisis. Estamos muy contentos con eso y con que podamos venir a discutir, igual que el año pasado y el anterior, una lógica con respecto a este impuesto. Independientemente de que seamos opositores u oficialistas tenemos una posición y la defendemos cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando somos mayoría o cuando no lo somos.
Simplemente quiero agregar que ojalá que usted, señor presidente, reconsidere esto que afirmó tan efusivamente hace un rato en el sentido de que no piensan volver a lo que fue nuestro programa económico o algo parecido. Le pido que lo repiense, no por quien le habla o por los diputados del bloque del Frente para la Victoria, sino por la mayoría de los argentinos.
Hoy, con este plan económico y de gobierno, la mayoría de los argentinos está peor que hace once meses y no hay ninguna expectativa positiva para los que vienen. El segundo semestre no llega y los brotes verdes se secan porque en esta lógica no hay una sola experiencia en el mundo, con programas recesivos y de achicamiento, que haya dado felicidad a las mayorías populares.
Por eso le pedimos que recapacite. Sabemos que por lo menos lo va a pensar y ojalá lo podamos hacer por el bien de las futuras generaciones. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Marcucci.
SR. MARCUCCI Señor presidente: es imposible no contextualizar esta discusión en el marco del déficit fiscal y en la decisión de este gobierno de no afectar la inversión social en relación con el gasto público.
No voy a hablar de ninguna herencia. Creo que fue muy clara su exposición, señor presidente, aunque yo le agregaría la destrucción de la moneda nacional, entre otras muchas cuestiones.
El punto central es la realidad de este déficit. En ese marco estamos discutiendo la modificación del impuesto a las ganancias, donde se congeló artificialmente el mínimo no imponible y en el que después de la jefatura de Gabinete de Massa tendría que haberse multiplicado "la tablita" por tres, pero no se hizo. Además, "la tablita" se dejó congelada y esta es otra clara distorsión, en función de los ricos y en contra de los que pagaban ingresos medios o bajos.
Quiero aclarar que hemos sostenido la decisión de mantener el impuesto a los bienes personales y me gustaría que fuese más importante y fuerte. Estoy de acuerdo con la necesidad de discutir lo atinente al sector minero y toda su composición en materia de impuestos. Habrá que hacerlo dentro del régimen minero, para que además se aseguren los controles.
Asimismo, comparto la idea de abrir la discusión de la renta financiera cuando se debata lo referido al mercado de capitales. Se trata de temas que hasta ahora fueron esquivados.
Voy a hablar de las retenciones en general, para no entrar en el detalle de algunas de economías regionales o aquellas que destruyeron al sector cárnico.
En general, la retención es un mal impuesto si se lo piensa afectando a los pequeños y a los medianos, porque son los que entran en quiebra, mientras que los grandes son los que concentran tierras y compran. Además, si no se piensa bien termina pagando el sector productivo y no el exportador, que es el que termina apropiándose de la principal renta.
Entonces, las medidas que se tomaron en el pasado sobre este tema no fueron muy positivas, más allá del conflicto político que habrán interpretado como algo que daba réditos electorales.
En esta discusión sobre el impuesto a las ganancias considero que una primera referencia debe ser el mínimo no imponible. En ese sentido, se puede empezar con una escala que tenga una alícuota del 5 por ciento, pero en el primer año tiene que ser del 2 por ciento, lo cual generará también una mayor progresividad. Esto es un poco lo que planteaba el señor diputado Lavagna, pero creo que hay otra discusión que él no plantea y que es la progresividad que genera quién está adentro y la escala a partir de quien está adentro y paga el impuesto a las ganancias.
En ese sentido, es fundamental que el impuesto a las ganancias recupere las escalas y la alícuota, porque de lo contrario, quien está incluido en el impuesto paga igual que el que ingresa al impuesto, y eso es también una distorsión regresiva del impuesto a las ganancias.
Entonces, las escalas también tienen un valor fundamental. No es solamente quién empieza a pagar el impuesto a las ganancias sino también quién está en la escala de ese impuesto. En otras palabras, quien se ubica en las escalas inferiores debe pagar menos y el que está en las escalas superiores debe pagar más.
Me animaría además a hablar de una escala del 38 por ciento, porque el caso Candy planteó una nueva visión acerca de la confiscatoriedad del 33 por ciento y abrió una nueva mirada sobre su porcentaje.
Por lo tanto, creo que hay que mirar quién ingresa, pero también si entre quienes ya pagan se genera progresividad.
No voy a hablar de ninguna herencia. Creo que fue muy clara su exposición, señor presidente, aunque yo le agregaría la destrucción de la moneda nacional, entre otras muchas cuestiones.
El punto central es la realidad de este déficit. En ese marco estamos discutiendo la modificación del impuesto a las ganancias, donde se congeló artificialmente el mínimo no imponible y en el que después de la jefatura de Gabinete de Massa tendría que haberse multiplicado "la tablita" por tres, pero no se hizo. Además, "la tablita" se dejó congelada y esta es otra clara distorsión, en función de los ricos y en contra de los que pagaban ingresos medios o bajos.
Quiero aclarar que hemos sostenido la decisión de mantener el impuesto a los bienes personales y me gustaría que fuese más importante y fuerte. Estoy de acuerdo con la necesidad de discutir lo atinente al sector minero y toda su composición en materia de impuestos. Habrá que hacerlo dentro del régimen minero, para que además se aseguren los controles.
Asimismo, comparto la idea de abrir la discusión de la renta financiera cuando se debata lo referido al mercado de capitales. Se trata de temas que hasta ahora fueron esquivados.
Voy a hablar de las retenciones en general, para no entrar en el detalle de algunas de economías regionales o aquellas que destruyeron al sector cárnico.
En general, la retención es un mal impuesto si se lo piensa afectando a los pequeños y a los medianos, porque son los que entran en quiebra, mientras que los grandes son los que concentran tierras y compran. Además, si no se piensa bien termina pagando el sector productivo y no el exportador, que es el que termina apropiándose de la principal renta.
Entonces, las medidas que se tomaron en el pasado sobre este tema no fueron muy positivas, más allá del conflicto político que habrán interpretado como algo que daba réditos electorales.
En esta discusión sobre el impuesto a las ganancias considero que una primera referencia debe ser el mínimo no imponible. En ese sentido, se puede empezar con una escala que tenga una alícuota del 5 por ciento, pero en el primer año tiene que ser del 2 por ciento, lo cual generará también una mayor progresividad. Esto es un poco lo que planteaba el señor diputado Lavagna, pero creo que hay otra discusión que él no plantea y que es la progresividad que genera quién está adentro y la escala a partir de quien está adentro y paga el impuesto a las ganancias.
En ese sentido, es fundamental que el impuesto a las ganancias recupere las escalas y la alícuota, porque de lo contrario, quien está incluido en el impuesto paga igual que el que ingresa al impuesto, y eso es también una distorsión regresiva del impuesto a las ganancias.
Entonces, las escalas también tienen un valor fundamental. No es solamente quién empieza a pagar el impuesto a las ganancias sino también quién está en la escala de ese impuesto. En otras palabras, quien se ubica en las escalas inferiores debe pagar menos y el que está en las escalas superiores debe pagar más.
Me animaría además a hablar de una escala del 38 por ciento, porque el caso Candy planteó una nueva visión acerca de la confiscatoriedad del 33 por ciento y abrió una nueva mirada sobre su porcentaje.
Por lo tanto, creo que hay que mirar quién ingresa, pero también si entre quienes ya pagan se genera progresividad.
SR. LAVAGNA Si me permite, señor diputado, simplemente quiero hacer una aclaración. Comparto el tema de las escalas y en nuestro proyecto vamos en esa línea. Lo dije públicamente: más allá de que nuestro proyecto es más ventajoso o dadivoso -para poner alguna palabra-, no creo que tenga una filosofía distinta en relación con la iniciativa del oficialismo.
Considero que el proyecto del oficialismo es bueno y se puede hacer un esfuerzo mayor, pero que va en la línea correcta. Reitero, creo que el esfuerzo puede ser mayor y no nombré ese punto porque tenemos un entendimiento, más allá del valor final.
Considero que el proyecto del oficialismo es bueno y se puede hacer un esfuerzo mayor, pero que va en la línea correcta. Reitero, creo que el esfuerzo puede ser mayor y no nombré ese punto porque tenemos un entendimiento, más allá del valor final.
SR. MARCUCCI Como usted no lo nombró quería destacarlo porque es una fortaleza del proyecto del Poder Ejecutivo, ya que vuelve la escala y la progresividad entre los que pagan. Además, muchos de quienes hoy lo hacen con una alícuota del 25, 29, 31 o 35 por ciento pagarán menos. Esto es importante decirlo porque da la sensación que la preocupación está centrada en quienes van a comenzar a pagar cuando en realidad, quienes hoy están pagando el impuesto a las ganancias pagarán menos.
Por último, estoy dispuesto -y he presentado un proyecto en ese sentido- a que los jueces paguen el impuesto a las ganancias porque corresponde que así sea. Creo que si todos estamos de acuerdo, en el recinto buscaremos alguna manera para que los jueces comiencen a pagarlo. Veremos qué es lo más inteligente.
En 2006 uno de los conjueces era Horacio Rosatti y votó en el sentido de que no era inconstitucional. Si no recuerdo mal el resultado de la votación fue siete a dos. Hubo dos conjueces que votaron y argumentaron que era constitucional que los jueces pagaran el impuesto a las ganancias. Uno de ellos era Horacio Rosatti. La otra alternativa sería la que plantea otro proyecto, que propone empezar a hacerlo de ahora en adelante. Si hay algo que no podemos justificar frente a nuestra sociedad son esos privilegios. Por eso creo firmemente que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias.
Estos son básicamente los aspectos que quería plantear. Algunos ya los hemos mencionado y por eso firmamos en disidencia parcial para que se incorporen.
Por último, estoy dispuesto -y he presentado un proyecto en ese sentido- a que los jueces paguen el impuesto a las ganancias porque corresponde que así sea. Creo que si todos estamos de acuerdo, en el recinto buscaremos alguna manera para que los jueces comiencen a pagarlo. Veremos qué es lo más inteligente.
En 2006 uno de los conjueces era Horacio Rosatti y votó en el sentido de que no era inconstitucional. Si no recuerdo mal el resultado de la votación fue siete a dos. Hubo dos conjueces que votaron y argumentaron que era constitucional que los jueces pagaran el impuesto a las ganancias. Uno de ellos era Horacio Rosatti. La otra alternativa sería la que plantea otro proyecto, que propone empezar a hacerlo de ahora en adelante. Si hay algo que no podemos justificar frente a nuestra sociedad son esos privilegios. Por eso creo firmemente que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias.
Estos son básicamente los aspectos que quería plantear. Algunos ya los hemos mencionado y por eso firmamos en disidencia parcial para que se incorporen.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Horne.
SRA. HORNE Señor presidente: en realidad no me anoté en la lista de oradores al comienzo de la reunión porque consideré importante el debate que se estaba dando de los proyectos en cuestión.
Sin embargo, me interesa fundamentar un aspecto que no ha sido planteado por ninguno de los diputados preopinantes, relacionado con el sector pasivo.
Se han planteado deducciones importantes, incluso en una de ellas, como representante de una provincia patagónica comparto la iniciativa del señor diputado Darío Martínez respecto de la zona desfavorable.
Consideramos que el sector pasivo es muy importante porque reúne características diferenciales del resto de los trabajadores, ya que es un sector al que se le estaría aplicando una doble imposición. Se trata de un sector que durante su edad activa cumplió con todos los aportes e imposiciones -de los cuales ha reservado una cuota parte en su aporte jubilatorio- y hoy, como jubilado, estaría nuevamente sujeto a esta imposición.
Estrictamente desde el punto de vista del derecho así fue planteado en algunos fallos importantes, manifestando que el haber jubilatorio tiene un carácter netamente alimentario y no es una ganancia. Por eso, desde ningún punto de vista debería ser incluido tal como figura hoy en el inciso c) del artículo 78 de la ley de impuesto a las ganancias, referido a las ganancias de cuarta categoría.
Por otra parte, es importante tener en cuenta el argumento de que se trata de un sector etario que tiene un gasto muy superior al resto de los trabajadores. Me refiero no solamente a temas vinculados con la atención de la salud y los medicamentos, que quizás se los provea alguna cobertura social, sino a otro conjunto de servicios que los llevan a tener gastos mucho mayores.
Otro elemento a tener en cuenta es que este proyecto viene impulsado por un sector que representa a los trabajadores jubilados del conjunto del complejo de Ciencia y Técnica de la Argentina -es decir, la CONEA, el Conicet, el INTI, el INTA y las universidades nacionales- que dedicaron su vida a la formación científica, la docencia y la investigación. Cuando ellos alcanzan la edad jubilatoria no tienen alternativa de suplir de otro modo sus ingresos.
Por lo expuesto, considero que es importante que se los tenga en cuenta para deducirles o quitarles el impuesto que se les viene aplicando. Aclaro que en nuestro dictamen incluido en el orden del día de hoy expresamos nuestra posición.
Sin embargo, me interesa fundamentar un aspecto que no ha sido planteado por ninguno de los diputados preopinantes, relacionado con el sector pasivo.
Se han planteado deducciones importantes, incluso en una de ellas, como representante de una provincia patagónica comparto la iniciativa del señor diputado Darío Martínez respecto de la zona desfavorable.
Consideramos que el sector pasivo es muy importante porque reúne características diferenciales del resto de los trabajadores, ya que es un sector al que se le estaría aplicando una doble imposición. Se trata de un sector que durante su edad activa cumplió con todos los aportes e imposiciones -de los cuales ha reservado una cuota parte en su aporte jubilatorio- y hoy, como jubilado, estaría nuevamente sujeto a esta imposición.
Estrictamente desde el punto de vista del derecho así fue planteado en algunos fallos importantes, manifestando que el haber jubilatorio tiene un carácter netamente alimentario y no es una ganancia. Por eso, desde ningún punto de vista debería ser incluido tal como figura hoy en el inciso c) del artículo 78 de la ley de impuesto a las ganancias, referido a las ganancias de cuarta categoría.
Por otra parte, es importante tener en cuenta el argumento de que se trata de un sector etario que tiene un gasto muy superior al resto de los trabajadores. Me refiero no solamente a temas vinculados con la atención de la salud y los medicamentos, que quizás se los provea alguna cobertura social, sino a otro conjunto de servicios que los llevan a tener gastos mucho mayores.
Otro elemento a tener en cuenta es que este proyecto viene impulsado por un sector que representa a los trabajadores jubilados del conjunto del complejo de Ciencia y Técnica de la Argentina -es decir, la CONEA, el Conicet, el INTI, el INTA y las universidades nacionales- que dedicaron su vida a la formación científica, la docencia y la investigación. Cuando ellos alcanzan la edad jubilatoria no tienen alternativa de suplir de otro modo sus ingresos.
Por lo expuesto, considero que es importante que se los tenga en cuenta para deducirles o quitarles el impuesto que se les viene aplicando. Aclaro que en nuestro dictamen incluido en el orden del día de hoy expresamos nuestra posición.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.
SR. PEDRINI Señor presidente: muchos diputados se han expresado sobre este impuesto. No hay duda de que lo hacemos en un marco de crisis fiscal y de ajuste de parte del Estado que tiene su origen no en lo que puedan o no pagar los trabajadores, sino en la prodigalidad de Mauricio Macri respecto de Paul Singer, las mineras, las sojeras y los bancos. Ahí es donde tenemos que buscar el problema. Me refiero expresamente a que ese exceso de dádiva hacia los poderosos de parte del Poder Ejecutivo nacional nos condujo a esta situación, la que queremos ajustar partiendo de los trabajadores.
Bien decía el señor diputado Pitrola que había que tratar esta modificación del impuesto a las ganancias en forma conjunta con el proyecto de ley de presupuesto, ya que se trata de una de sus primeras fuentes. Recuerdo que cuando estuvimos debatiendo el proyecto de ley presupuesto, un diputado del PRO nos ilustró diciéndonos que las cifras estaban infladas y que de ninguna manera el impuesto a las ganancias podía aumentar a un 28 por ciento. Justamente fue el diputado Conesa quien dijo que no había forma de llegar a esa suma, salvo que se produjera una explosión económica positiva en la Argentina y no negativa como la que estamos viviendo.
Entonces, vemos una gran improvisación y aparentemente pretenden que el pato de la boda sean los trabajadores.
Por otro lado, se pretende calmar ese déficit causado por la buena onda del presidente con los ricos de la Argentina tratando de implementar nuevos impuestos que no pueden surgir de las actividades ya gravadas, siendo que casi todas están al límite.
Me permitiré nombrar algunas actividades a partir de las cuales podríamos conseguir recursos legítimamente sin afectar a los trabajadores que hoy no aportan al Estado nacional. Me refiero a los jueces, como bien señaló el diputado Marcucci, y las mineras. También podemos volver sobre el tema del impuesto sobre los bienes personales, así como el impuesto a la herencia, que es otro ámbito donde podemos obtener recursos sin afectar tanto a los trabajadores. Asimismo entiendo que debemos sancionar una ley de combate al juego clandestino que nos permita conseguir esos recursos que hoy pasan por afuera.
Veo que con suma ligereza se habla de gravar el juego. No soy prejuicioso, sé que es una actividad que no goza de buena prensa pero que muchas provincias argentinas la utilizan para el desarrollo del turismo, generar empleo y combatir el juego clandestino. Justamente en donde está la prohibición, con mayor certeza se ve el juego clandestino.
Hay dos proyectos para gravar el juego que nos preocupan como provincianos porque nos quitarían una herramienta de desarrollo regional. El primero establece un impuesto del 10 por ciento sobre el valor de la máquina tragamonedas y otro prevé una suma fija. Voy a decir algo de sentido común. No podemos gravar todas las máquinas uniformemente porque no es lo mismo una tragamonedas que está en Palermo, rodeada de un público de ricos -no hay en Sudamérica una sala de juego semejante, rodeada de tantas personas con tan alto poder adquisitivo- o cualquier otra sala de Buenos Aires, respecto de la cual todos sabemos que tiene un ingreso per cápita semejante a Europa. Esto es muy distinto de lo que suceden en el interior del país. Creo que no hay que explicar mucho por qué no puede tributar lo mismo una máquina que está en Jujuy que otra que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esto es preocupante porque, reitero, muchas veces a los operadores de juego en las provincias les decimos: "Instálese acá y haga un hotel porque necesito fomentar el turismo y generar algo de empleo". En la mayoría de los casos se trata de zonas con poco desarrollo económico. Si les pedimos que tribute lo mismo que va a tributar una tragamonedas de Buenos Aires, lo más factible es que no puedan hacerse cargo de ese costo.
También se habla de gravar las apuestas. Este es otro problema. ¿Quién va a retener las apuestas? Se supone que la banca. El jugador no va a decir: "Aposté tanto, acá vengo a traer mi parte del impuesto". Ahí vamos a tener diferentes problemas. ¿Qué pasa cuando la banca pierde? ¿Qué pasa cuando alguien pone un billete de 500 pesos en una máquina tragamonedas, aprieta un botón, no juega más, pasa por una ventanilla y retira los créditos que tiene, 450 pesos, por ejemplo, y que quedaron imputados como ganancia? Debemos tener mucho cuidado con estas cuestiones. Se trata de una actividad típica. Es, como se dice, pescar en la pecera.
¿Saben cuánto tributa la provincia de Buenos Aires? Tributa un 35 por ciento de canon provincial, un 12 por ciento de ingresos brutos y cada sala de juego o bingo paga entre un 3 y un 5 por ciento en concepto de impuestos municipales. Ahí ya estamos por encima del 50 por ciento. Después hay que pagar los gastos, el 35 por ciento en concepto del impuesto a las ganancias del 35 por ciento, etcétera. Es decir que estamos ante una actividad gravada en más del 80 por ciento. No hay mucho resto y menos si se aplica un arancel uniforme sobre todas estas cuestiones.
Muchas de las provincias pusieron como condición a los casinos que construyan un hotel cinco estrellas. Esos hoteles en muchas provincias son deficitarios y los sostiene el juego, con lo cual podríamos tener desocupación en el rubro hotelero o una reformulación de los salarios. Una mucama de un hotel cinco estrellas gana entre un 50 y un 70 por ciento más que el resto de los trabajadores de la hotelería.
Además, el juego sostiene otra actividad deficitaria pero que genera ingresos y trabajo: el turf. Prácticamente no existiría el turf sin la complementación por medio del juego.
Acá se habló peyorativamente de algunos trabajadores que estaban afuera. Se los acusó de que defendían la renta de sus patrones, pero creo que lo que estaban haciendo era defender su fuente de trabajo. Si se aplican literalmente estos impuestos como están viendo se va a afectar el trabajo de ellos, el de los trabajadores de la hotelería y el de los trabajadores del turf, que también pueden llegar a tener algún inconveniente.
Reitero que las loterías provinciales son herramientas con las que cuentan las provincias para desplegar una gran acción social, fomentar el turismo y generar empleo, pero hoy se verían afectadas por este tipo de decisiones.
Considero que debería revisarse cómo se va a gravar una actividad que ya está hipergravada. Mientras tanto, no sabemos qué pasa con la renta financiera, con la minería ni con la ganancia de los bancos, que es de 70.000 millones de pesos.
La Argentina es el único caso en el mundo donde los bancos no tienen riesgo. Es una actividad sin riesgo. Toman los depósitos de los ciudadanos en plazos fijos y luego se los prestan a riesgo cero al Banco Central de la República Argentina con las LEBACs.
A esto hay que agregarle las tasas de las comisiones de las tarjetas de crédito, que son las más caras del mundo. De esta forma nos vamos a dar cuenta de que es allí donde tenemos que ir tratando de ver cómo generamos algunos impuestos que compensen esta caída.
Reitero: impuesto a las ganancias para los jueces, impuesto a la herencia, combate al juego clandestino, impuesto a la minería e impuesto sobre los bienes personales. Estas son las alternativas que tenemos que buscar para compensar esta eventual caída del ingreso que habrá por parte de los trabajadores.
Lo más peligroso de esta iniciativa es que es justamente por tres años, porque nosotros no creemos que la inflación sea del 12 al 15 por ciento anual. Esto se lo digo con el mayor de los respetos al señor presidente. La inflación del año próximo superará el 20 por ciento y entonces los próximos años costará más llegar a un índice de un dígito. Si esa será la inflación, obviamente el aumento de los salarios será mayor, esa escala será dejada de lado y sobrepasada por la inflación y tranquilamente vamos a pasar a tener dos millones de contribuyentes de este impuesto, en lugar del millón que tenemos actualmente.
Espero que la inflación del año próximo sea entre el 12 y el 15 por ciento, tal como lo ha manifestado el señor presidente de esta comisión. Pero mi temor es que esto no se cumpla y pasemos el 20 por ciento. Entonces, esa progresión a tres años va a estallar por una cuestión inflacionaria y será absolutamente insostenible.
Estas son algunas reflexiones que quise esbozar, tratando de que no sigamos pescando en la pecera con los impuestos, redoblando los gravámenes sobre actividades que de por sí tienen una muy alta carga impositiva y que pueden afectar las autonomías provinciales o privar a las provincias de un instrumento de acción social que es muy efectivo desde hace más de cincuenta años en la Argentina.
Bien decía el señor diputado Pitrola que había que tratar esta modificación del impuesto a las ganancias en forma conjunta con el proyecto de ley de presupuesto, ya que se trata de una de sus primeras fuentes. Recuerdo que cuando estuvimos debatiendo el proyecto de ley presupuesto, un diputado del PRO nos ilustró diciéndonos que las cifras estaban infladas y que de ninguna manera el impuesto a las ganancias podía aumentar a un 28 por ciento. Justamente fue el diputado Conesa quien dijo que no había forma de llegar a esa suma, salvo que se produjera una explosión económica positiva en la Argentina y no negativa como la que estamos viviendo.
Entonces, vemos una gran improvisación y aparentemente pretenden que el pato de la boda sean los trabajadores.
Por otro lado, se pretende calmar ese déficit causado por la buena onda del presidente con los ricos de la Argentina tratando de implementar nuevos impuestos que no pueden surgir de las actividades ya gravadas, siendo que casi todas están al límite.
Me permitiré nombrar algunas actividades a partir de las cuales podríamos conseguir recursos legítimamente sin afectar a los trabajadores que hoy no aportan al Estado nacional. Me refiero a los jueces, como bien señaló el diputado Marcucci, y las mineras. También podemos volver sobre el tema del impuesto sobre los bienes personales, así como el impuesto a la herencia, que es otro ámbito donde podemos obtener recursos sin afectar tanto a los trabajadores. Asimismo entiendo que debemos sancionar una ley de combate al juego clandestino que nos permita conseguir esos recursos que hoy pasan por afuera.
Veo que con suma ligereza se habla de gravar el juego. No soy prejuicioso, sé que es una actividad que no goza de buena prensa pero que muchas provincias argentinas la utilizan para el desarrollo del turismo, generar empleo y combatir el juego clandestino. Justamente en donde está la prohibición, con mayor certeza se ve el juego clandestino.
Hay dos proyectos para gravar el juego que nos preocupan como provincianos porque nos quitarían una herramienta de desarrollo regional. El primero establece un impuesto del 10 por ciento sobre el valor de la máquina tragamonedas y otro prevé una suma fija. Voy a decir algo de sentido común. No podemos gravar todas las máquinas uniformemente porque no es lo mismo una tragamonedas que está en Palermo, rodeada de un público de ricos -no hay en Sudamérica una sala de juego semejante, rodeada de tantas personas con tan alto poder adquisitivo- o cualquier otra sala de Buenos Aires, respecto de la cual todos sabemos que tiene un ingreso per cápita semejante a Europa. Esto es muy distinto de lo que suceden en el interior del país. Creo que no hay que explicar mucho por qué no puede tributar lo mismo una máquina que está en Jujuy que otra que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esto es preocupante porque, reitero, muchas veces a los operadores de juego en las provincias les decimos: "Instálese acá y haga un hotel porque necesito fomentar el turismo y generar algo de empleo". En la mayoría de los casos se trata de zonas con poco desarrollo económico. Si les pedimos que tribute lo mismo que va a tributar una tragamonedas de Buenos Aires, lo más factible es que no puedan hacerse cargo de ese costo.
También se habla de gravar las apuestas. Este es otro problema. ¿Quién va a retener las apuestas? Se supone que la banca. El jugador no va a decir: "Aposté tanto, acá vengo a traer mi parte del impuesto". Ahí vamos a tener diferentes problemas. ¿Qué pasa cuando la banca pierde? ¿Qué pasa cuando alguien pone un billete de 500 pesos en una máquina tragamonedas, aprieta un botón, no juega más, pasa por una ventanilla y retira los créditos que tiene, 450 pesos, por ejemplo, y que quedaron imputados como ganancia? Debemos tener mucho cuidado con estas cuestiones. Se trata de una actividad típica. Es, como se dice, pescar en la pecera.
¿Saben cuánto tributa la provincia de Buenos Aires? Tributa un 35 por ciento de canon provincial, un 12 por ciento de ingresos brutos y cada sala de juego o bingo paga entre un 3 y un 5 por ciento en concepto de impuestos municipales. Ahí ya estamos por encima del 50 por ciento. Después hay que pagar los gastos, el 35 por ciento en concepto del impuesto a las ganancias del 35 por ciento, etcétera. Es decir que estamos ante una actividad gravada en más del 80 por ciento. No hay mucho resto y menos si se aplica un arancel uniforme sobre todas estas cuestiones.
Muchas de las provincias pusieron como condición a los casinos que construyan un hotel cinco estrellas. Esos hoteles en muchas provincias son deficitarios y los sostiene el juego, con lo cual podríamos tener desocupación en el rubro hotelero o una reformulación de los salarios. Una mucama de un hotel cinco estrellas gana entre un 50 y un 70 por ciento más que el resto de los trabajadores de la hotelería.
Además, el juego sostiene otra actividad deficitaria pero que genera ingresos y trabajo: el turf. Prácticamente no existiría el turf sin la complementación por medio del juego.
Acá se habló peyorativamente de algunos trabajadores que estaban afuera. Se los acusó de que defendían la renta de sus patrones, pero creo que lo que estaban haciendo era defender su fuente de trabajo. Si se aplican literalmente estos impuestos como están viendo se va a afectar el trabajo de ellos, el de los trabajadores de la hotelería y el de los trabajadores del turf, que también pueden llegar a tener algún inconveniente.
Reitero que las loterías provinciales son herramientas con las que cuentan las provincias para desplegar una gran acción social, fomentar el turismo y generar empleo, pero hoy se verían afectadas por este tipo de decisiones.
Considero que debería revisarse cómo se va a gravar una actividad que ya está hipergravada. Mientras tanto, no sabemos qué pasa con la renta financiera, con la minería ni con la ganancia de los bancos, que es de 70.000 millones de pesos.
La Argentina es el único caso en el mundo donde los bancos no tienen riesgo. Es una actividad sin riesgo. Toman los depósitos de los ciudadanos en plazos fijos y luego se los prestan a riesgo cero al Banco Central de la República Argentina con las LEBACs.
A esto hay que agregarle las tasas de las comisiones de las tarjetas de crédito, que son las más caras del mundo. De esta forma nos vamos a dar cuenta de que es allí donde tenemos que ir tratando de ver cómo generamos algunos impuestos que compensen esta caída.
Reitero: impuesto a las ganancias para los jueces, impuesto a la herencia, combate al juego clandestino, impuesto a la minería e impuesto sobre los bienes personales. Estas son las alternativas que tenemos que buscar para compensar esta eventual caída del ingreso que habrá por parte de los trabajadores.
Lo más peligroso de esta iniciativa es que es justamente por tres años, porque nosotros no creemos que la inflación sea del 12 al 15 por ciento anual. Esto se lo digo con el mayor de los respetos al señor presidente. La inflación del año próximo superará el 20 por ciento y entonces los próximos años costará más llegar a un índice de un dígito. Si esa será la inflación, obviamente el aumento de los salarios será mayor, esa escala será dejada de lado y sobrepasada por la inflación y tranquilamente vamos a pasar a tener dos millones de contribuyentes de este impuesto, en lugar del millón que tenemos actualmente.
Espero que la inflación del año próximo sea entre el 12 y el 15 por ciento, tal como lo ha manifestado el señor presidente de esta comisión. Pero mi temor es que esto no se cumpla y pasemos el 20 por ciento. Entonces, esa progresión a tres años va a estallar por una cuestión inflacionaria y será absolutamente insostenible.
Estas son algunas reflexiones que quise esbozar, tratando de que no sigamos pescando en la pecera con los impuestos, redoblando los gravámenes sobre actividades que de por sí tienen una muy alta carga impositiva y que pueden afectar las autonomías provinciales o privar a las provincias de un instrumento de acción social que es muy efectivo desde hace más de cincuenta años en la Argentina.
SR. PRESIDENTE LASPINA Si tuviéramos un error de diagnóstico con la inflación, en el futuro se podrían revisar las escalas; esa podría ser una forma o una alternativa. Por eso, este Congreso seguirá trabajando.
Respecto a lo atinente a la acción social, entiendo que eso no afecta esos fondos de Lotería Nacional que nutren a los de Desarrollo Social. No sé si el señor diputado se refería a eso.
Respecto a lo atinente a la acción social, entiendo que eso no afecta esos fondos de Lotería Nacional que nutren a los de Desarrollo Social. No sé si el señor diputado se refería a eso.
SR. PEDRINI No, afecta a las provincias. Si usted establece un impuesto fijo sobre cualquier bien igual en la Capital Federal, en Jujuy, en el Chaco o en Misiones, se puede dar cuenta de la capacidad de generar recursos que tiene una tragamonedas acá y en cualquiera de esas provincias.
SR. PRESIDENTE LASPINA Está bien, señor diputado. No había seguido su argumento.
Tiene la palabra el último orador, que es el señor diputado De Mendiguren.
Tiene la palabra el último orador, que es el señor diputado De Mendiguren.
SR. DE MENDIGUREN Señor presidente: estuve siguiendo atentamente este debate desde mi despacho.
Quiero reiterar lo que digo en todos lados en los últimos tiempos: me enorgullece el funcionamiento de este Congreso, la forma en que nos escuchamos, con distintas posiciones -como corresponde- y en la búsqueda de acuerdos. Si bien estamos lejos en muchos aspectos, hoy se escucharon con respeto todas las posiciones que se podían marcar.
Sin embargo, no digo lo mismo de otros funcionarios del gobierno y de otras áreas que no son el Congreso, que considero que no están al mismo nivel y en las que si uno presenta un proyecto con una alternativa para ser discutida se nos acusa de ventajeros, populistas, poco serios y hasta se nos relaciona con el narcotráfico.
Quiero reiterar lo que digo en todos lados en los últimos tiempos: me enorgullece el funcionamiento de este Congreso, la forma en que nos escuchamos, con distintas posiciones -como corresponde- y en la búsqueda de acuerdos. Si bien estamos lejos en muchos aspectos, hoy se escucharon con respeto todas las posiciones que se podían marcar.
Sin embargo, no digo lo mismo de otros funcionarios del gobierno y de otras áreas que no son el Congreso, que considero que no están al mismo nivel y en las que si uno presenta un proyecto con una alternativa para ser discutida se nos acusa de ventajeros, populistas, poco serios y hasta se nos relaciona con el narcotráfico.
SR. MORENO ¿A quién?
SR. DE MENDIGUREN Al que presenta el proyecto. Escuché a uno de nuestros diputados decir que estábamos relacionados con el narcotráfico por la presentación de una iniciativa de este tipo.
Este es un aporte para que este sea el clima que debe seguir nuestro país porque a los argentinos, con los problemas que tenemos, les hace muy bien ver un Congreso trabajando y debatiendo.
Ya se ha dicho todo pero quisiera hacer un aporte. En el período anterior fui presidente de la Comisión de Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales y es importante señalar que cuando se sancionó está ley el legislador quiso gravar ganancias, pero no el ingreso de un tornero, un matricero o un empleado calificado. Estaba muy claro que quería gravar a los altos salarios y a los de directores, cuyo ingreso hoy rondaría entre los 80.000 y los 100.000 pesos.
Es más, el proyecto, de la época de Gelbard, también incluía la actualización. Es cierto que después, por la ley de convertibilidad, se prohibió la indexación, pero estaba claro que esto debía ajustarse como todos los valores de la economía.
Este proyecto, como acabamos de decir, por distintas razones comenzó a gravar a todos los que el legislador nunca pensó gravar. Cuando entró en vigencia alcanzaba a menos de 250.000 personas, luego pasó a 1.000.000 y después a 1.600.000, como ocurre en la actualidad entre trabajadores y 400.000 jubilados. Según nuestros cálculos, si este proyecto continúa pasará a gravar a 3.000.000 de personas.
Por más que se explique lo que se quiera explicar, entendemos que esto no es lo que el legislador busca y tampoco lo que dijimos durante la campaña los representantes de todos los espacios políticos que hoy integramos este Congreso. Si bien en relación con los otros impuestos las opiniones estaban divididas, hubo casi unanimidad en terminar con este tributo.
En mi opinión -esto lo digo como industrial-, el gobierno se está equivocando claramente en el diagnóstico de la economía, con la aplicación de esta política -en la que ya tenemos experiencia- que pretende corregir por la vía del ajuste los desequilibrios macroeconómicos que indudablemente hoy tiene la economía.
Tengo miedo de que se vuelvan a equivocar porque hoy en el gabinete nacional y en del Poder Ejecutivo hay muchos funcionarios que estuvieron en la década del 90, sobre todo al final, cuando creyeron que por el ajuste íbamos a salir de la crisis de 2001, época en la que para inmolarnos en el altar de la previsibilidad llegamos hasta a ajustar en un 13 por ciento las jubilaciones y los salarios. Los resultados son los que todos conocemos.
Señor presidente: se lo damos como el mejor de los aportes. Esto significaría poner casi un punto en manos de los trabajadores. Puedo asegurarle que un trabajador, cuando mejore su salario neto, no va a comprar ni bonos del tesoro norteamericano ni bonos en euros, sino que va a consumir.
El mercado externo hoy no existe, sobre todo para productos manufacturados. Actualmente el mundo es vendedor y no comprador. El crecimiento ha caído un 4,2 por ciento, mientras que China lo hizo en un 3 por ciento. Los productores en la Argentina se han dado cuenta de que nuestro país quedó caro y sin demanda.
¿Cómo nos van a explicar que vamos a salir de esto sin demanda? Es como tener un submarino sin agua. Frondizi decía: "nadie compra una máquina para producir lo que no vende".
Discutir esto es discutir la ley de gravedad.
Entonces hacer ajustes en otros sectores de la economía que más tienen y privar de esto que va a ser lo primero que irá al consumo, además de una medida de toda justicia, es un gran error macroeconómico.
No voy a ahondar en mucho más, pero esperamos que no solamente no se aumente el número de trabajadores alcanzados por el impuesto, sino que se reduzca. En nuestra iniciativa la cifra se reducía a 800.000 trabajadores. Por supuesto, también se contemplaba bajar el número de jubilados de 400.000 a 100.000, gravando solamente a los que ganan más de 60.000 pesos, que a lo mejor serían los que tienen una jubilación de privilegio. Pero no tenemos que gravar a un jubilado normal a quien que mediante la aplicación de este impuesto tal vez le estemos quitando lo que ganó durante toda su vida.
Seamos claros y reconozcamos cuando el Frente Renovador trae una propuesta constructiva. Ustedes saben que acompañar muchos proyectos del gobierno nos trajo muchos costos políticos y cuestionamientos acerca de si éramos muy oficialistas o poco oficialistas. Nosotros también creemos que esta es una nueva política, consistente en apoyar las cosas que tienen que mejorar y en ganarle al oficialismo -como queremos- a partir de propuestas superadoras y no buscando el fracaso.
Reitero que sería un error no poder terminar con este flagelo que es el impuesto a las ganancias y no animarnos a buscar otros recursos. Sin embargo, si no alcanzan, no tenemos que poner el énfasis en este aspecto. Tenemos un compromiso que apunta a la equidad y que consideramos que nos permitirá salir de este estancamiento económico. Señalo esto porque la economía hoy no está encontrando un piso.
Este es un aporte para que este sea el clima que debe seguir nuestro país porque a los argentinos, con los problemas que tenemos, les hace muy bien ver un Congreso trabajando y debatiendo.
Ya se ha dicho todo pero quisiera hacer un aporte. En el período anterior fui presidente de la Comisión de Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales y es importante señalar que cuando se sancionó está ley el legislador quiso gravar ganancias, pero no el ingreso de un tornero, un matricero o un empleado calificado. Estaba muy claro que quería gravar a los altos salarios y a los de directores, cuyo ingreso hoy rondaría entre los 80.000 y los 100.000 pesos.
Es más, el proyecto, de la época de Gelbard, también incluía la actualización. Es cierto que después, por la ley de convertibilidad, se prohibió la indexación, pero estaba claro que esto debía ajustarse como todos los valores de la economía.
Este proyecto, como acabamos de decir, por distintas razones comenzó a gravar a todos los que el legislador nunca pensó gravar. Cuando entró en vigencia alcanzaba a menos de 250.000 personas, luego pasó a 1.000.000 y después a 1.600.000, como ocurre en la actualidad entre trabajadores y 400.000 jubilados. Según nuestros cálculos, si este proyecto continúa pasará a gravar a 3.000.000 de personas.
Por más que se explique lo que se quiera explicar, entendemos que esto no es lo que el legislador busca y tampoco lo que dijimos durante la campaña los representantes de todos los espacios políticos que hoy integramos este Congreso. Si bien en relación con los otros impuestos las opiniones estaban divididas, hubo casi unanimidad en terminar con este tributo.
En mi opinión -esto lo digo como industrial-, el gobierno se está equivocando claramente en el diagnóstico de la economía, con la aplicación de esta política -en la que ya tenemos experiencia- que pretende corregir por la vía del ajuste los desequilibrios macroeconómicos que indudablemente hoy tiene la economía.
Tengo miedo de que se vuelvan a equivocar porque hoy en el gabinete nacional y en del Poder Ejecutivo hay muchos funcionarios que estuvieron en la década del 90, sobre todo al final, cuando creyeron que por el ajuste íbamos a salir de la crisis de 2001, época en la que para inmolarnos en el altar de la previsibilidad llegamos hasta a ajustar en un 13 por ciento las jubilaciones y los salarios. Los resultados son los que todos conocemos.
Señor presidente: se lo damos como el mejor de los aportes. Esto significaría poner casi un punto en manos de los trabajadores. Puedo asegurarle que un trabajador, cuando mejore su salario neto, no va a comprar ni bonos del tesoro norteamericano ni bonos en euros, sino que va a consumir.
El mercado externo hoy no existe, sobre todo para productos manufacturados. Actualmente el mundo es vendedor y no comprador. El crecimiento ha caído un 4,2 por ciento, mientras que China lo hizo en un 3 por ciento. Los productores en la Argentina se han dado cuenta de que nuestro país quedó caro y sin demanda.
¿Cómo nos van a explicar que vamos a salir de esto sin demanda? Es como tener un submarino sin agua. Frondizi decía: "nadie compra una máquina para producir lo que no vende".
Discutir esto es discutir la ley de gravedad.
Entonces hacer ajustes en otros sectores de la economía que más tienen y privar de esto que va a ser lo primero que irá al consumo, además de una medida de toda justicia, es un gran error macroeconómico.
No voy a ahondar en mucho más, pero esperamos que no solamente no se aumente el número de trabajadores alcanzados por el impuesto, sino que se reduzca. En nuestra iniciativa la cifra se reducía a 800.000 trabajadores. Por supuesto, también se contemplaba bajar el número de jubilados de 400.000 a 100.000, gravando solamente a los que ganan más de 60.000 pesos, que a lo mejor serían los que tienen una jubilación de privilegio. Pero no tenemos que gravar a un jubilado normal a quien que mediante la aplicación de este impuesto tal vez le estemos quitando lo que ganó durante toda su vida.
Seamos claros y reconozcamos cuando el Frente Renovador trae una propuesta constructiva. Ustedes saben que acompañar muchos proyectos del gobierno nos trajo muchos costos políticos y cuestionamientos acerca de si éramos muy oficialistas o poco oficialistas. Nosotros también creemos que esta es una nueva política, consistente en apoyar las cosas que tienen que mejorar y en ganarle al oficialismo -como queremos- a partir de propuestas superadoras y no buscando el fracaso.
Reitero que sería un error no poder terminar con este flagelo que es el impuesto a las ganancias y no animarnos a buscar otros recursos. Sin embargo, si no alcanzan, no tenemos que poner el énfasis en este aspecto. Tenemos un compromiso que apunta a la equidad y que consideramos que nos permitirá salir de este estancamiento económico. Señalo esto porque la economía hoy no está encontrando un piso.
SR. PRESIDENTE LASPINA La Presidencia solicita a los señores diputados que acerquen los correspondientes dictámenes cuanto antes, a fin de que los empleados de la comisión no tengan que trasnochar.
Queda levantada la reunión.
Queda levantada la reunión.
Es la hora 19 y 22.