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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 21/12/2016
- GANANCIAS - CAMBIOS DEL SENADO
SR. PRESIDENTE LASPINA Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada con el fin de tratar las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional contenido en el expediente
0036-pe-2016, que le fuera pasado en revisión. Conforme lo establecido en el reglamento en su artículo 122, la Presidencia lo pone en consideración de forma inmediata.
Asimismo, para conocimiento de mis pares, informo que mediante el mensaje 168, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación comunica el decreto 1.286/2016, mediante el cual se establece la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el día 2 de enero de 2017.
Conforme a ello estamos en condiciones de proponer el tratamiento en comisión de las enmiendas introducidas por el Senado de la Nación en el proyecto de ley referido anteriormente. La Presidencia propone que pasemos a la firma el dictamen propiciado y consensuado que aconseja aceptar dichas modificaciones.
Como todos ustedes saben, al tratarse de enmiendas introducidas por el Honorable Senado, corresponde que la Honorable Cámara las acepte o insista en su sanción originaria, para lo cual, tal como prevé la Constitución Nacional en su artículo 81, deberá contar con la mayoría de los dos tercios en el recinto.
Conforme a lo dicho y antes de conceder el uso de la palabra a los diputados que quieran expresar su opinión, la Presidencia propone pasar a la firma del dictamen que aconseja aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado de la Nación.
Se pasa a la firma del dictamen.
Asimismo, para conocimiento de mis pares, informo que mediante el mensaje 168, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación comunica el decreto 1.286/2016, mediante el cual se establece la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el día 2 de enero de 2017.
Conforme a ello estamos en condiciones de proponer el tratamiento en comisión de las enmiendas introducidas por el Senado de la Nación en el proyecto de ley referido anteriormente. La Presidencia propone que pasemos a la firma el dictamen propiciado y consensuado que aconseja aceptar dichas modificaciones.
Como todos ustedes saben, al tratarse de enmiendas introducidas por el Honorable Senado, corresponde que la Honorable Cámara las acepte o insista en su sanción originaria, para lo cual, tal como prevé la Constitución Nacional en su artículo 81, deberá contar con la mayoría de los dos tercios en el recinto.
Conforme a lo dicho y antes de conceder el uso de la palabra a los diputados que quieran expresar su opinión, la Presidencia propone pasar a la firma del dictamen que aconseja aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado de la Nación.
Se pasa a la firma del dictamen.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pitrola.
SR. PITROLA Señor presidente: esta tarde tuvimos la oportunidad de ver el texto definitivo; cuando vinieron ayer el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro Rogelio Frigerio recibimos un informe verbal y, en nuestro caso, hicimos algunas preguntas.
Brevemente vamos a fijar nuestra posición, ya que hay millones de trabajadores pendientes de lo que aquí estamos discutiendo. Creemos que el logro del gobierno es sorprendente, porque el proyecto consensuado es peor para los trabajadores que el que inicialmente mandó el Poder Ejecutivo. Por ello, luego de nuestra evaluación, hemos decidido votar en contra.
Creemos que con un 23 por ciento de aumento del mínimo no imponible, frente a una inflación estimada no menor a ese porcentaje e incluso considerando la misión del FMI sobre la base de lo establecido en el llamado Artículo IV, difícilmente el año que viene algún trabajador pague menos de lo que está pagando este año. Hemos descubierto que un trabajador que gana 27.000 pesos, con este proyecto va a pagar más por ganancias que lo que hubiera pagado según la iniciativa del gobierno. Lo mismo va a ocurrir con un trabajador que gana 30.000 pesos. El motivo es que se han alterado las alícuotas y las escalas en perjuicio de los trabajadores. El proyecto ha tenido un maquillaje y por eso es tan bajo el costo fiscal estimado, que no nos resulta demasiado creíble porque, como el aguinaldo no es exceptuado -y se venía exceptuando con resoluciones del Poder Ejecutivo-, no creemos que haya aumentado 10.000 millones de pesos.
De manera que, con esta gran sorpresa, mañana intervendremos para votar en contra de esta legitimación de la confiscación del salario de los trabajadores a través de este enorme impuesto, ahora llamado "a los ingresos".
Brevemente vamos a fijar nuestra posición, ya que hay millones de trabajadores pendientes de lo que aquí estamos discutiendo. Creemos que el logro del gobierno es sorprendente, porque el proyecto consensuado es peor para los trabajadores que el que inicialmente mandó el Poder Ejecutivo. Por ello, luego de nuestra evaluación, hemos decidido votar en contra.
Creemos que con un 23 por ciento de aumento del mínimo no imponible, frente a una inflación estimada no menor a ese porcentaje e incluso considerando la misión del FMI sobre la base de lo establecido en el llamado Artículo IV, difícilmente el año que viene algún trabajador pague menos de lo que está pagando este año. Hemos descubierto que un trabajador que gana 27.000 pesos, con este proyecto va a pagar más por ganancias que lo que hubiera pagado según la iniciativa del gobierno. Lo mismo va a ocurrir con un trabajador que gana 30.000 pesos. El motivo es que se han alterado las alícuotas y las escalas en perjuicio de los trabajadores. El proyecto ha tenido un maquillaje y por eso es tan bajo el costo fiscal estimado, que no nos resulta demasiado creíble porque, como el aguinaldo no es exceptuado -y se venía exceptuando con resoluciones del Poder Ejecutivo-, no creemos que haya aumentado 10.000 millones de pesos.
De manera que, con esta gran sorpresa, mañana intervendremos para votar en contra de esta legitimación de la confiscación del salario de los trabajadores a través de este enorme impuesto, ahora llamado "a los ingresos".
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.
SR. PEDRINI Señor presidente: este tema recurrente de ganancias nos lleva nuevamente a una votación de apuro. Ya se está por pasar el dictamen a la firma. Este gobierno ha hecho todas las proyecciones económicas de forma muy mala. Empezó el año anunciando que la inflación iba a ser del 20 al 25 por ciento y resulta que va a pasar el 40 por ciento; la Argentina iba a crecer un punto y decrecimos tres o cuatro puntos; iba a bajar el déficit fiscal, pero aumentó. Luego, el señor Abad informó a los argentinos que el costo fiscal del texto aprobado por la Cámara de Diputados era de 137.000 millones de pesos. Un soberano disparate, porque lo que modificamos es justamente el artículo 4° de la Ley de Impuesto a las Ganancias -lo que pagan los asalariados- y, como mucho, este año se recaudará en concepto de ese impuesto 100.000 millones de pesos. Entonces, ¿a quién se le ocurre decir que el costo fiscal es de 137.000 millones cuando modificamos -no abolimos, como prometía el oficialismo en campaña electoral- un impuesto cuya recaudación este año será de 100.000 millones? Esta es la seriedad con la que hacen las cosas.
Por las razones expuestas, adelanto que nos oponemos al texto sancionado por el Honorable Senado y que vamos a insistir con nuestra sanción.
Por las razones expuestas, adelanto que nos oponemos al texto sancionado por el Honorable Senado y que vamos a insistir con nuestra sanción.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Señor presidente: todavía tengo presente el enojo del oficialismo cuando en la última sesión trece bloques acordaron un proyecto y le dieron sanción. Un enojo desmedido, una bronca contenida y hasta rasgos en la cara; cuando uno los miraba de frente, se daba cuenta de que no eran propios de un legislador o de una legisladora. Escuchamos expresiones que nos azoraron, no a nosotros sino a los argentinos, y presenciamos un gran ataque a los hombres y mujeres que votaron afirmativamente ese proyecto.
Escuché, por ejemplo, que seguramente algunos compañeros que acompañaron la aprobación se habrían sentido avergonzados. Hasta escuché algo que me pareció un comentario de un chico del secundario; me refiero a cuando el presidente Macri dijo: miren, yo lo llevé a Davos y me responde de esta forma. En verdad es algo impensado, insólito. Es lo que podría decir alguien que está en el secundario o en la universidad, no el presidente de la República.
Me pregunto qué pasó para que se dé un cambio, un viraje tan importante en tan poco tiempo. Luego de ofensas absolutas y terribles, en escasos días se dio un giro y los argentinos vimos desde nuestras casas cómo se discutía y acordaba -entre comillas- en un asado en una casa. También vimos cómo se arrogó la CGT la representatividad de todos los trabajadores al decir que iba a negociar y acordar un proyecto con el Poder Ejecutivo.
En verdad, esto es poco serio y puedo asegurar que hay desazón en los trabajadores de la República Argentina. Recién decía al compañero de Misiones: ¿qué pasó en el medio para que muchos cambien de decisión? Puedo ser bien pensado, pero me pregunto qué pasó en el medio. ¿Solamente conversar? Evidentemente han alineado a los gobernadores, subordinándolos. No me cabe ninguna duda, porque lo primero que se dijo fue que no iba a haber obra pública para las provincias que no apoyaran este proyecto. Evidentemente, fue una extorsión que quiero denunciar aquí.
Se trata de un proyecto que, evidentemente, tiene consenso -entre comillas- pero que perjudica profundamente a los trabajadores de la República Argentina. No me cabe la menor duda. Por eso, en nombre del consenso, como legislador nacional quiero preguntar qué pasó en estos cinco días, donde el pueblo mira desde afuera y algunos dirigentes hablan de consenso y luego de negocios. ¿Cuáles son los negocios? ¿El oficialismo me puede contar cuál es el negocio con respecto al viraje que hubo respecto de la sanción?
También se dijo que perjudicábamos a las provincias y que éramos irresponsables. ¿Saben quién fue irresponsable? Quien ganó las elecciones y mintió al pueblo al decir que iba a sacar el impuesto a las ganancias.
Nosotros fuimos absolutamente responsables en el momento de la sanción en esta Cámara. Sostenemos aquel proyecto y por eso no vamos a convalidar este consenso de la mentira. Se ha hecho creer al pueblo, a través de los medios, que existía consenso; pero existió otra cosa. A mí, por lo menos, me queda la duda de saber qué pasó en esos asados con los dirigentes que acordaron a espaldas de los trabajadores.
Por eso sostenemos la sanción de la Cámara de Diputados y afirmamos decididamente que lo presentado ante los argentinos como consenso es una fantochada. (Aplausos.)
Escuché, por ejemplo, que seguramente algunos compañeros que acompañaron la aprobación se habrían sentido avergonzados. Hasta escuché algo que me pareció un comentario de un chico del secundario; me refiero a cuando el presidente Macri dijo: miren, yo lo llevé a Davos y me responde de esta forma. En verdad es algo impensado, insólito. Es lo que podría decir alguien que está en el secundario o en la universidad, no el presidente de la República.
Me pregunto qué pasó para que se dé un cambio, un viraje tan importante en tan poco tiempo. Luego de ofensas absolutas y terribles, en escasos días se dio un giro y los argentinos vimos desde nuestras casas cómo se discutía y acordaba -entre comillas- en un asado en una casa. También vimos cómo se arrogó la CGT la representatividad de todos los trabajadores al decir que iba a negociar y acordar un proyecto con el Poder Ejecutivo.
En verdad, esto es poco serio y puedo asegurar que hay desazón en los trabajadores de la República Argentina. Recién decía al compañero de Misiones: ¿qué pasó en el medio para que muchos cambien de decisión? Puedo ser bien pensado, pero me pregunto qué pasó en el medio. ¿Solamente conversar? Evidentemente han alineado a los gobernadores, subordinándolos. No me cabe ninguna duda, porque lo primero que se dijo fue que no iba a haber obra pública para las provincias que no apoyaran este proyecto. Evidentemente, fue una extorsión que quiero denunciar aquí.
Se trata de un proyecto que, evidentemente, tiene consenso -entre comillas- pero que perjudica profundamente a los trabajadores de la República Argentina. No me cabe la menor duda. Por eso, en nombre del consenso, como legislador nacional quiero preguntar qué pasó en estos cinco días, donde el pueblo mira desde afuera y algunos dirigentes hablan de consenso y luego de negocios. ¿Cuáles son los negocios? ¿El oficialismo me puede contar cuál es el negocio con respecto al viraje que hubo respecto de la sanción?
También se dijo que perjudicábamos a las provincias y que éramos irresponsables. ¿Saben quién fue irresponsable? Quien ganó las elecciones y mintió al pueblo al decir que iba a sacar el impuesto a las ganancias.
Nosotros fuimos absolutamente responsables en el momento de la sanción en esta Cámara. Sostenemos aquel proyecto y por eso no vamos a convalidar este consenso de la mentira. Se ha hecho creer al pueblo, a través de los medios, que existía consenso; pero existió otra cosa. A mí, por lo menos, me queda la duda de saber qué pasó en esos asados con los dirigentes que acordaron a espaldas de los trabajadores.
Por eso sostenemos la sanción de la Cámara de Diputados y afirmamos decididamente que lo presentado ante los argentinos como consenso es una fantochada. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: creo que tenemos que ser muy prudentes en este debate.
Estamos ante un logro de la política, que se hubiera metido en un problema serio si no lográbamos resolver esta cuestión antes de fin de año. Todos sabemos que antes de fin de año se debía realizar una modificación en el impuesto a las ganancias, y espero que así ocurra el día de mañana.
Por supuesto que hablamos de una ley que afecta a millones de trabajadores; por eso es cierto que el debate debe darse con la participación, como lo dijimos desde el primer día, de los actores que se van a sentir no digo perjudicados pero sí tocados por lo que presentemos hoy como alternativa, aceptando o no las modificaciones del Senado, y que termine siendo la nueva Ley de Impuesto a las Ganancias.
Honestamente, señor presidente -digo esto sin ánimo de nada porque trataré de ser lo más prudente posible en mis palabras-, no entendí a los diputados preopinantes y paso a explicar por qué.
Cuando en la Cámara de Diputados se sanciona este proyecto que luego pasó al Senado, junto con muchos otros diputados del oficialismo hice un esfuerzo para entender lo más rápido posible, en el medio de esa sesión que se acortó porque no nos dejaron hablar -pero no importa-, qué decía. Era importante entender qué se estaba sancionando. Yo decía que, con ese impacto presupuestario, con ese impacto fiscal, quienes vendrían a hacer fila al Senado iban a ser los gobernadores. Así fue.
Es necesario descargar de la espalda de los trabajadores contribuyentes argentinos el peso de los impuestos; lo dijimos antes de la campaña, porque lo escribimos en nuestros proyectos, durante la campaña y en el debate público, y también ahora. Pero hay que hacerlo con responsabilidad fiscal.
A quien nada entiende, le comento que una cuestión básica es que, si nosotros damos mucho para este lado, no pagamos jubilaciones. A quien nada entiende también digo que el impuesto a las ganancias es el segundo ingreso tributario de la República Argentina, después del IVA. Entonces, no es que se modificó poca cosa. No es el artículo 4º; es la cuarta categoría. Hablamos de una parte importante de la estructura de ingresos del Estado nacional, y tenemos que pagar jubilaciones y muchísimo más. Las provincias también tienen obligaciones que pagar.
Los gobernadores vinieron y pidieron nada más que sensatez. Lo hicieron públicamente, a viva voz. Además, hay algo muy importante: lo hicieron todos los gobernadores de distinto signo político, porque no estuvieron solo los del Frente para la Victoria, los del socialismo, los del Movimiento Popular Neuquino o los de Cambiemos. Vinieron todos, porque lo hicieron con las cuentas bajo el brazo y preguntándose cómo iban a pagar. Eso fue lo que pasó.
En el Senado revisaron la sanción de la Cámara de Diputados y trataron de ser responsables con las cuentas públicas para afrontar las obligaciones que tienen los Estados -no el gobierno de Cambiemos- y descargar de la espalda de los argentinos parte del peso del impuesto a las ganancias, inclusive modificando ciertas distorsiones del esquema anterior.
No se trata de subordinar a alguien; todo lo contrario. Hay que hacer las cuentas. ¿Qué dijo el gobierno nacional? Que, si se aprobaba ese proyecto, no tenía mucho más. Ahora bien, ¿qué debemos decidir entre nosotros -como Cambiemos-, en el marco de un presupuesto que además fue aprobado durante el gobierno anterior? Porque les recuerdo que estamos ejecutando un presupuesto aprobado durante el gobierno anterior. Lo único que teníamos era el plan de obra pública; no mucho más, porque las jubilaciones no se pueden dejar de pagar y las transferencias a las provincias son automáticas, si se respeta el federalismo que conforme con la Constitución debió existir siempre, aunque en alguna época reciente quedó por la mitad por el famoso 15 por ciento.
Entonces, no es que acá se subordina a alguien. Vuelvo a decir: vinieron los gobernadores en fila y pidieron por favor que hiciésemos modificaciones. Por eso, hoy acá estamos tratando las enmiendas introducidas por el Senado.
Mañana en el recinto vamos a discutir punto por punto los avances. No se puede decir alegremente cualquier cosa. Yo no podía entender el proyecto que se sancionó en Diputados, pero eso es lo interesante del debate democrático y de la revisión que posibilita la Constitución.
Hoy estoy muy satisfecho por el trabajo que se ha hecho no solo entre todos los bloques sino con la participación de la CGT, que me imagino que no lo hizo a espaldas de nadie, y de los veinticuatro gobernadores de este país.
En síntesis, nos sentimos satisfechos con el proyecto sancionado en el Senado y espero que mañana lo aprobemos.
Estamos ante un logro de la política, que se hubiera metido en un problema serio si no lográbamos resolver esta cuestión antes de fin de año. Todos sabemos que antes de fin de año se debía realizar una modificación en el impuesto a las ganancias, y espero que así ocurra el día de mañana.
Por supuesto que hablamos de una ley que afecta a millones de trabajadores; por eso es cierto que el debate debe darse con la participación, como lo dijimos desde el primer día, de los actores que se van a sentir no digo perjudicados pero sí tocados por lo que presentemos hoy como alternativa, aceptando o no las modificaciones del Senado, y que termine siendo la nueva Ley de Impuesto a las Ganancias.
Honestamente, señor presidente -digo esto sin ánimo de nada porque trataré de ser lo más prudente posible en mis palabras-, no entendí a los diputados preopinantes y paso a explicar por qué.
Cuando en la Cámara de Diputados se sanciona este proyecto que luego pasó al Senado, junto con muchos otros diputados del oficialismo hice un esfuerzo para entender lo más rápido posible, en el medio de esa sesión que se acortó porque no nos dejaron hablar -pero no importa-, qué decía. Era importante entender qué se estaba sancionando. Yo decía que, con ese impacto presupuestario, con ese impacto fiscal, quienes vendrían a hacer fila al Senado iban a ser los gobernadores. Así fue.
Es necesario descargar de la espalda de los trabajadores contribuyentes argentinos el peso de los impuestos; lo dijimos antes de la campaña, porque lo escribimos en nuestros proyectos, durante la campaña y en el debate público, y también ahora. Pero hay que hacerlo con responsabilidad fiscal.
A quien nada entiende, le comento que una cuestión básica es que, si nosotros damos mucho para este lado, no pagamos jubilaciones. A quien nada entiende también digo que el impuesto a las ganancias es el segundo ingreso tributario de la República Argentina, después del IVA. Entonces, no es que se modificó poca cosa. No es el artículo 4º; es la cuarta categoría. Hablamos de una parte importante de la estructura de ingresos del Estado nacional, y tenemos que pagar jubilaciones y muchísimo más. Las provincias también tienen obligaciones que pagar.
Los gobernadores vinieron y pidieron nada más que sensatez. Lo hicieron públicamente, a viva voz. Además, hay algo muy importante: lo hicieron todos los gobernadores de distinto signo político, porque no estuvieron solo los del Frente para la Victoria, los del socialismo, los del Movimiento Popular Neuquino o los de Cambiemos. Vinieron todos, porque lo hicieron con las cuentas bajo el brazo y preguntándose cómo iban a pagar. Eso fue lo que pasó.
En el Senado revisaron la sanción de la Cámara de Diputados y trataron de ser responsables con las cuentas públicas para afrontar las obligaciones que tienen los Estados -no el gobierno de Cambiemos- y descargar de la espalda de los argentinos parte del peso del impuesto a las ganancias, inclusive modificando ciertas distorsiones del esquema anterior.
No se trata de subordinar a alguien; todo lo contrario. Hay que hacer las cuentas. ¿Qué dijo el gobierno nacional? Que, si se aprobaba ese proyecto, no tenía mucho más. Ahora bien, ¿qué debemos decidir entre nosotros -como Cambiemos-, en el marco de un presupuesto que además fue aprobado durante el gobierno anterior? Porque les recuerdo que estamos ejecutando un presupuesto aprobado durante el gobierno anterior. Lo único que teníamos era el plan de obra pública; no mucho más, porque las jubilaciones no se pueden dejar de pagar y las transferencias a las provincias son automáticas, si se respeta el federalismo que conforme con la Constitución debió existir siempre, aunque en alguna época reciente quedó por la mitad por el famoso 15 por ciento.
Entonces, no es que acá se subordina a alguien. Vuelvo a decir: vinieron los gobernadores en fila y pidieron por favor que hiciésemos modificaciones. Por eso, hoy acá estamos tratando las enmiendas introducidas por el Senado.
Mañana en el recinto vamos a discutir punto por punto los avances. No se puede decir alegremente cualquier cosa. Yo no podía entender el proyecto que se sancionó en Diputados, pero eso es lo interesante del debate democrático y de la revisión que posibilita la Constitución.
Hoy estoy muy satisfecho por el trabajo que se ha hecho no solo entre todos los bloques sino con la participación de la CGT, que me imagino que no lo hizo a espaldas de nadie, y de los veinticuatro gobernadores de este país.
En síntesis, nos sentimos satisfechos con el proyecto sancionado en el Senado y espero que mañana lo aprobemos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Antes de dar la palabra a los señores diputados Grandinetti y Kicillof, quiero decir que nuestro trabajo como parlamentarios -en nuestro caso, como diputados- es cumplir con la Constitución Nacional.
Precisamente, la Constitución Nacional establece procedimientos para la revisión de las leyes. Lamentablemente, cuando se produjo el tratamiento del tema en esta Cámara de Diputados, no hubo acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Es decir, no lo hubo entre el oficialismo y las fuerzas de la oposición, como había sucedido en otro momento, pero sí entre distintos sectores opositores. Ese acuerdo, independientemente de que nos guste más o menos, debe ser respetado desde el punto de vista político. Asimismo, tenemos que respetar la revisión que hizo el Senado de la Nación.
Lo que pasó en los últimos días, independientemente del juicio que uno tenga respecto de lo que sucedió en la sesión anterior -considero absolutamente legítimo que en algunos casos no haya acuerdo y se tomen otras decisiones-, es que se dio un proceso de diálogo que tuvo como eje a los dos principales actores sociales que tiene el impuesto a las ganancias o a los ingresos de los trabajadores, como se va a denominar ahora respecto de la cuarta categoría; es decir, a los ingresos de las personas humanas. Esto es para dejar en claro que el salario no es ganancia y que este es un impuesto a los ingresos. Me refiero a ese 20 por ciento de los trabajadores alcanzados por este tributo.
Como decía, lo que ha sucedido en los últimos días -más allá de los matices- es un ejemplo de madurez donde ha habido una recuperación del diálogo. Los principales actores fueron los representantes de los trabajadores y de las provincias -es decir, los gobernadores-, quienes tienen una importante presencia e influencia en el Senado de la Nación. También debo incluir a otras fuerzas políticas que acompañaron el dictamen que tuvo sanción. Señalo esto en la comprensión -que ha sido parte del diálogo y pido disculpas si hablo por terceros- de que Argentina necesita recuperar los consensos, reducir los enfrentamientos y sentar a todos a una misma mesa. Esto se ha logrado por el esfuerzo compartido de algunos sectores opositores, del oficialismo y de la Confederación General del Trabajo. Precisamente, hay que reconocer que la CGT tuvo una actitud de enorme valentía al sentarse a una mesa para negociar y proponer modificaciones que recibieran el acuerdo de las otras partes que estaban opinando: las provincias, el gobierno nacional y el resto de las fuerzas políticas.
Asimismo, hay que destacar la posición de los gobernadores, que hicieron oír su voz y estuvieron dispuestos a poner algo de su esfuerzo en materia fiscal para poder llegar a un consenso.
Quiero plantear aquí -lo dejo expresado como una opinión personal- algo que tiende a reivindicar el trabajo que se hizo a lo largo de este año en esta Cámara, donde a veces nos hemos puesto de acuerdo con distintos espacios políticos para la aprobación de distintas leyes. Sin embargo, en algunos casos no hemos logrado -lo digo como oficialismo- convencer a otros espacios políticos a que nos acompañen y por esa razón no pudimos sancionar algunas leyes. En otros casos hemos apoyado iniciativas respecto de las cuales, al principio, no estábamos ciento por ciento de acuerdo, pero lo hicimos en honor al diálogo, a poder modificarlas y a brindar nuestro apoyo. Gran parte de las leyes que se aprobaron este año en la Cámara de Diputados -tal como lo señalan los diarios- han provenido de iniciativas de diputados de la oposición. No me refiero a las leyes económicas y tributarias, que suelen tener la impronta central del Poder Ejecutivo nacional porque reflejan el diseño y la ejecución de la política económica, que es una facultad en gran medida del gobierno, pero sí a muchas otras normas.
En este juego, a veces hemos votado iniciativas con la oposición; en otras, la oposición ha votado junta y nosotros perdimos, y finalmente apoyamos muchos proyectos que no eran del oficialismo sino de la oposición. Todo eso lo hicimos tratando de contribuir a mejorar leyes que, si no hubiésemos ayudado a través de nuestro aporte, quizás hubieran sido sancionadas igualmente por la oposición. Ese es el juego de la democracia.
Sr. Grana.- Si el señor presidente me permite, quiero hacer un comentario.
Precisamente, la Constitución Nacional establece procedimientos para la revisión de las leyes. Lamentablemente, cuando se produjo el tratamiento del tema en esta Cámara de Diputados, no hubo acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Es decir, no lo hubo entre el oficialismo y las fuerzas de la oposición, como había sucedido en otro momento, pero sí entre distintos sectores opositores. Ese acuerdo, independientemente de que nos guste más o menos, debe ser respetado desde el punto de vista político. Asimismo, tenemos que respetar la revisión que hizo el Senado de la Nación.
Lo que pasó en los últimos días, independientemente del juicio que uno tenga respecto de lo que sucedió en la sesión anterior -considero absolutamente legítimo que en algunos casos no haya acuerdo y se tomen otras decisiones-, es que se dio un proceso de diálogo que tuvo como eje a los dos principales actores sociales que tiene el impuesto a las ganancias o a los ingresos de los trabajadores, como se va a denominar ahora respecto de la cuarta categoría; es decir, a los ingresos de las personas humanas. Esto es para dejar en claro que el salario no es ganancia y que este es un impuesto a los ingresos. Me refiero a ese 20 por ciento de los trabajadores alcanzados por este tributo.
Como decía, lo que ha sucedido en los últimos días -más allá de los matices- es un ejemplo de madurez donde ha habido una recuperación del diálogo. Los principales actores fueron los representantes de los trabajadores y de las provincias -es decir, los gobernadores-, quienes tienen una importante presencia e influencia en el Senado de la Nación. También debo incluir a otras fuerzas políticas que acompañaron el dictamen que tuvo sanción. Señalo esto en la comprensión -que ha sido parte del diálogo y pido disculpas si hablo por terceros- de que Argentina necesita recuperar los consensos, reducir los enfrentamientos y sentar a todos a una misma mesa. Esto se ha logrado por el esfuerzo compartido de algunos sectores opositores, del oficialismo y de la Confederación General del Trabajo. Precisamente, hay que reconocer que la CGT tuvo una actitud de enorme valentía al sentarse a una mesa para negociar y proponer modificaciones que recibieran el acuerdo de las otras partes que estaban opinando: las provincias, el gobierno nacional y el resto de las fuerzas políticas.
Asimismo, hay que destacar la posición de los gobernadores, que hicieron oír su voz y estuvieron dispuestos a poner algo de su esfuerzo en materia fiscal para poder llegar a un consenso.
Quiero plantear aquí -lo dejo expresado como una opinión personal- algo que tiende a reivindicar el trabajo que se hizo a lo largo de este año en esta Cámara, donde a veces nos hemos puesto de acuerdo con distintos espacios políticos para la aprobación de distintas leyes. Sin embargo, en algunos casos no hemos logrado -lo digo como oficialismo- convencer a otros espacios políticos a que nos acompañen y por esa razón no pudimos sancionar algunas leyes. En otros casos hemos apoyado iniciativas respecto de las cuales, al principio, no estábamos ciento por ciento de acuerdo, pero lo hicimos en honor al diálogo, a poder modificarlas y a brindar nuestro apoyo. Gran parte de las leyes que se aprobaron este año en la Cámara de Diputados -tal como lo señalan los diarios- han provenido de iniciativas de diputados de la oposición. No me refiero a las leyes económicas y tributarias, que suelen tener la impronta central del Poder Ejecutivo nacional porque reflejan el diseño y la ejecución de la política económica, que es una facultad en gran medida del gobierno, pero sí a muchas otras normas.
En este juego, a veces hemos votado iniciativas con la oposición; en otras, la oposición ha votado junta y nosotros perdimos, y finalmente apoyamos muchos proyectos que no eran del oficialismo sino de la oposición. Todo eso lo hicimos tratando de contribuir a mejorar leyes que, si no hubiésemos ayudado a través de nuestro aporte, quizás hubieran sido sancionadas igualmente por la oposición. Ese es el juego de la democracia.
Sr. Grana.- Si el señor presidente me permite, quiero hacer un comentario.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: todo el mundo conoce el juego de la democracia: cómo se construyen las mayorías, cómo es el mecanismo de votación y la división de poderes, qué hace el Senado, qué hace la Cámara de Diputados, etcétera. Eso lo entendemos todos.
La crítica es el sentido de la votación, que tiene que ver con la política, al margen de si es correcto o no. Entiendo que la cuestión de las formas sea importante, pero lo que estamos discutiendo es el fondo.
A propósito de las formas y del fondo, también quiero recordar -me parece que es bueno expresarlo en este momento- que hoy una diputada nacional fue reprimida salvajemente por la policía jujeña al querer presenciar el juicio a Milagro Sala.
Agradezco al señor presidente toda la información que nos ha dado, como una clase de educación cívica, pero la discusión es de fondo y tiene que ver con la política, no con si se puede modificar en el Senado una iniciativa que se aprobó en Diputados. Todos estamos de acuerdo en que es así.
La crítica es el sentido de la votación, que tiene que ver con la política, al margen de si es correcto o no. Entiendo que la cuestión de las formas sea importante, pero lo que estamos discutiendo es el fondo.
A propósito de las formas y del fondo, también quiero recordar -me parece que es bueno expresarlo en este momento- que hoy una diputada nacional fue reprimida salvajemente por la policía jujeña al querer presenciar el juicio a Milagro Sala.
Agradezco al señor presidente toda la información que nos ha dado, como una clase de educación cívica, pero la discusión es de fondo y tiene que ver con la política, no con si se puede modificar en el Senado una iniciativa que se aprobó en Diputados. Todos estamos de acuerdo en que es así.
SR. PRESIDENTE LASPINA No quise dar una clase de educación cívica. Simplemente, como he escuchado críticas en algunos discursos respecto del comportamiento del oficialismo y de la oposición que hoy están firmando dictamen, quise remarcar que esto tiene una explicación política fundamental.
Se ha abierto un proceso de diálogo y dadas unas condiciones que no existían previo a la sanción de la Cámara de Diputados. Ese fue un logro del oficialismo y de la Confederación General del Trabajo, que ha tenido una actitud ponderable al igual que los gobernadores y determinados espacios políticos que han visto en ese diálogo la forma en la cual funciona la democracia. En este sentido, es conveniente no dinamitar un acuerdo logrado en el marco del diálogo entre los trabajadores, las provincias y la Nación, reflejado en el dictamen del Senado de la Nación. Desde el punto de vista político, me parece que esto es absolutamente legítimo y defendible. Lo quiero decir expresamente en apoyo a esa actitud, que me parece constructiva para la democracia más allá de que todos conocemos las reglas. Pido disculpas si me excedí en mi clase de educación cívica.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
Se ha abierto un proceso de diálogo y dadas unas condiciones que no existían previo a la sanción de la Cámara de Diputados. Ese fue un logro del oficialismo y de la Confederación General del Trabajo, que ha tenido una actitud ponderable al igual que los gobernadores y determinados espacios políticos que han visto en ese diálogo la forma en la cual funciona la democracia. En este sentido, es conveniente no dinamitar un acuerdo logrado en el marco del diálogo entre los trabajadores, las provincias y la Nación, reflejado en el dictamen del Senado de la Nación. Desde el punto de vista político, me parece que esto es absolutamente legítimo y defendible. Lo quiero decir expresamente en apoyo a esa actitud, que me parece constructiva para la democracia más allá de que todos conocemos las reglas. Pido disculpas si me excedí en mi clase de educación cívica.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Señor presidente: no pensaba hablar en esta reunión, pero frente a la opinión de un señor diputado sobre el tema de la responsabilidad, que hemos escuchado durante tanto tiempo, pediría que al menos fuera un poco más memorioso.
Como en esta sala hay tantos colegas del periodismo, quiero recordar una nota del 2 de febrero de este año en la que precisamente se manifestaba el líder del espacio político que integra quien opinaba anteriormente, en la cual señalaba que el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias tenía que subir a 47.430 pesos. Digo todo esto porque aquí se hizo un muy buen trabajo.
Si hablamos del respeto a la institucionalidad -a la que usted, señor presidente, hizo referencia-, también hay que solicitar serenidad a quien tiene la mayor investidura, que es el presidente de la Nación, porque ya no es el referente de un espacio político oficialista sino que es el presidente de todos los argentinos.
Entonces, esa serenidad la tenemos que llevar a los hechos. Si esa vocación de diálogo se hubiese manifestado antes de la discusión que se dio en la Cámara de Diputados, el consenso lo hubiéramos encontrado previamente. Lo mismo ocurre con la convocatoria a la CGT, que debió hacerse antes y no después de la votación. Esa es la manera en que se tiene que hacer y no llevarlo a títulos personales. Esto es lo que quería comentar, más allá de las cuestiones técnicas.
En relación con el costo fiscal, los números llegaron a estirarse mucho; por una rara casualidad, diversos técnicos que se han formado en materia económica -como es el caso suyo y de otros tantos que están en la comisión- hablaron de hasta 130.000 millones de pesos, pero ahora vuelven nuevamente a los valores razonables de los que estuvimos discutiendo hace una semana.
Más allá de la clase de instrucción cívica, si estamos ponderando la razonabilidad de todas las fuerzas políticas también debemos mantener la misma serenidad y tranquilidad para opinar cuando nos retiremos de aquí. De lo contrario, tenemos un doble discurso y cada uno de los periodistas que están hoy aquí puede presentarnos archivos nuestros y enfrentarnos con aquello que dijimos o prometimos, no solamente en campaña política sino en ocasión de ejercer responsabilidades de gobierno.
En este sentido, si bien coincidimos en que el Senado ha logrado un acuerdo importante y necesario para dar probablemente mañana el paso final para sancionar la modificación del impuesto a las ganancias, lo cierto es que políticamente no se actuó bien ni la última semana ni la anterior. La política de diálogo y de consenso se rompió por errores, creo de todos, y cada uno podrá juzgar en qué medida los cometió.
Finalmente, pienso que es importante recordar lo que decimos y cómo lo decimos.
Como en esta sala hay tantos colegas del periodismo, quiero recordar una nota del 2 de febrero de este año en la que precisamente se manifestaba el líder del espacio político que integra quien opinaba anteriormente, en la cual señalaba que el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias tenía que subir a 47.430 pesos. Digo todo esto porque aquí se hizo un muy buen trabajo.
Si hablamos del respeto a la institucionalidad -a la que usted, señor presidente, hizo referencia-, también hay que solicitar serenidad a quien tiene la mayor investidura, que es el presidente de la Nación, porque ya no es el referente de un espacio político oficialista sino que es el presidente de todos los argentinos.
Entonces, esa serenidad la tenemos que llevar a los hechos. Si esa vocación de diálogo se hubiese manifestado antes de la discusión que se dio en la Cámara de Diputados, el consenso lo hubiéramos encontrado previamente. Lo mismo ocurre con la convocatoria a la CGT, que debió hacerse antes y no después de la votación. Esa es la manera en que se tiene que hacer y no llevarlo a títulos personales. Esto es lo que quería comentar, más allá de las cuestiones técnicas.
En relación con el costo fiscal, los números llegaron a estirarse mucho; por una rara casualidad, diversos técnicos que se han formado en materia económica -como es el caso suyo y de otros tantos que están en la comisión- hablaron de hasta 130.000 millones de pesos, pero ahora vuelven nuevamente a los valores razonables de los que estuvimos discutiendo hace una semana.
Más allá de la clase de instrucción cívica, si estamos ponderando la razonabilidad de todas las fuerzas políticas también debemos mantener la misma serenidad y tranquilidad para opinar cuando nos retiremos de aquí. De lo contrario, tenemos un doble discurso y cada uno de los periodistas que están hoy aquí puede presentarnos archivos nuestros y enfrentarnos con aquello que dijimos o prometimos, no solamente en campaña política sino en ocasión de ejercer responsabilidades de gobierno.
En este sentido, si bien coincidimos en que el Senado ha logrado un acuerdo importante y necesario para dar probablemente mañana el paso final para sancionar la modificación del impuesto a las ganancias, lo cierto es que políticamente no se actuó bien ni la última semana ni la anterior. La política de diálogo y de consenso se rompió por errores, creo de todos, y cada uno podrá juzgar en qué medida los cometió.
Finalmente, pienso que es importante recordar lo que decimos y cómo lo decimos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Señor presidente: estábamos presenciando recién lo que sería un intento por comprender lo que sucedió entre la sanción de la Cámara de Diputados, la reacción del presidente de la Nación y del oficialismo, la sanción de la Cámara de Senadores y lo que será la sesión de mañana.
La verdad es que el día de mañana nosotros vamos a tener tiempo de explicar y de seguir discutiendo esta cuestión, por lo que voy a ceñirme a algunos hechos puntuales de esta historia, absteniéndome de hacer lecciones de civismo, de política, de división de poderes, de República, e incluso de opinar respecto de lo que tanto el presidente de la Nación como algunos de sus colaboradores dijeron -por haber perdido una votación en esta Cámara- sobre miembros de la oposición.
Lo que quiero dejar en claro es que cuando el bloque del Frente para la Victoria votó el dictamen de minoría -que era el nuestro y que después terminó siendo un dictamen acordado con buena parte de la oposición, obteniendo 140 votos- sostuvo que era un proyecto absolutamente responsable, muy bueno para los trabajadores y con costo cero para las provincias.
Insisto en esto. Todos los que trabajamos en este proyecto sabemos que esta es la realidad: el costo no era desaforado ni se trasladaba a las provincias. Lo que sucede es que beneficiaba más a los trabajadores y sustituía esos recursos a través de la recuperación de recursos fiscales que el gobierno actual, dadivosamente y sin tanta atención por la responsabilidad fiscal y el financiamiento del Estado, había resignado. Me refiero particularmente a los gravámenes sobre algunos sectores exportadores muy concentrados, la renta financiera y los bienes personales respecto de los cuales, en el proyecto de consenso, no conseguimos imponer la opinión mayoritaria de que debían volver a aplicarse.
Dicho de otra manera, el proyecto del oficialismo costaba 50.000 millones de pesos y el que votó la oposición 65.000 millones de pesos, mientras que el costo fiscal neto de nuestra propuesta era cero: los 27.000 millones del presupuesto más la recuperación por el consumo, los nuevos impuestos que se creaban y aquellos que se volvían a instalar, hacían que el costo fiscal fuese exactamente cero.
Creo que el oficialismo tomó dos caminos bastante cuestionables. Uno fue empezar a criticar a algunos que lo acompañaron en una gran cantidad de proyectos que nosotros no apoyamos, tildándolos de irresponsables, de cambiantes, de impostores y de todo tipo de barbaridad para presionarlos y lograr que lo acompañasen como en esas otras ocasiones.
El otro camino que siguió Macri fue generar una campaña de verdadero terror y confusionismo respecto de un proyecto que habían apoyado 140 diputados, pese a que esto no era muy difícil de entender sino todo lo contrario; era muy sencillo hacerlo.
Para que quede claro, la recaudación total del impuesto a las ganancias de este año es de 100.000 millones de pesos. Lo que dijo el oficialismo es que el proyecto que habíamos aprobado costaría 120.000 millones de pesos -130.000 millones llegaron a decir- el año que viene. Esto es un disparate y una mentira. No se sostiene ni cinco segundos. La cuestión era generar temor con datos que son complejos de recabar, operando política y mediáticamente para conseguir convencer a todo el mundo de que nuestra propuesta era irresponsable. Yo creo que en esta Cámara nadie votó con irresponsabilidad durante la sesión pasada. Votamos un proyecto que tenía un costo ligeramente superior pero que era compensado con nuevos impuestos que gravaban la renta financiera y las actividades exportadoras concentradas. ¿Qué pasa? Como el oficialismo no estaba dispuesto a gravar la renta financiera ni a los exportadores -en su mayoría extranjeros- más concentrados, no disponía de esos recursos. Esto ocurre simplemente porque, desde el punto de vista político y de su programa económico, el gobierno es muy dadivoso con los que más tienen y muy prudente con los que tienen menos.
Obviamente, esa prudencia es un eufemismo. El caso es que, si hubiera hecho lo que decía aquel proyecto, a las provincias no les habría costado absolutamente nada. No hubiese sido un problema para ellas y los trabajadores tendrían más. La diferencia la ponían los bancos, las financieras y las grandes exportadoras. Algunos de esos sectores estaban gravados y dejaron de estarlo por decisión del gobierno nacional, incluso por la ley de blanqueo. El impuesto a los dividendos, que daba una buena recaudación, se dejó de cobrar a partir de la sanción de la ley de blanqueo.
O sea que acá se están mostrando muchas cosas: un plan y una orientación económica del gobierno, para quién éste cuenta con recursos y billetera gruesa y para quién simplemente tiene apelaciones a la responsabilidad, cuando no amenazas. Digo amenazas porque a los gobernadores, por ejemplo, se les dijo que la obra pública se iba a interrumpir, lo que no tiene nada que ver con el tema en tratamiento. Desde ya, interrumpir la obra pública es un resorte del gobierno. Si el gobierno decía a los gobernadores que si no acompañaban el proyecto de la mayoría de los diputados perdían la obra pública, es razonable que haya habido una reacción, por decirlo así, de recogimiento y de reflexión. Es una cosa contra la otra.
Estas cuestiones son bastante sencillas de comprender. Vimos en los diarios cómo fue la operación para llegar a los resultados que hoy tenemos. En este punto, déjenme hacer una pequeña reflexión sobre la famosa fe de erratas. Tuvimos dos versiones: la de Marcos Peña, que dijo que el costo del proyecto era de 40.000 millones de pesos, y la de Abad, que era el especialista, quien expresó que costaba 120.000 millones y que la fe de errata era de 2.000 millones. O sea que no hay duda: no tenía nada que ver un número con otro. Pero con el operativo del oficialismo y de la prensa oficialista se consiguió agitar todo tipo de fantasmas y hacer creer que había errores y problemas, que el proyecto era muy caro, que no se iba a pagar tal cosa, que no se iba a pagar tal otra. La idea era recuperarse de una victoria que habían tenido no los diputados que apoyaron aquel proyecto sino los trabajadores y las provincias, que con una propuesta sobre impuesto a las ganancias más generosa iban a tener mayores recursos a través del estímulo al consumo y que no perderían recursos coparticipables a través de los impuestos sustitutos.
O sea que, saldada esta cuestión, no puede costar 130.000 millones y tampoco la diferencia era de 40.000 millones de pesos. No hay irresponsables. La cuestión es muy clara: el gobierno no quiere cobrar impuestos a los bancos ni a las grandes exportadoras y está dispuesto a votar un único proyecto de ganancias. Además, en tanto gobierno nacional, lo hace diciéndoles a los diferentes actores: miren, más que esto no les voy a dar. Si no, los voy a castigar por otro lado.
Entonces, es prácticamente imposible no conseguir una especie de acuerdo o apoyo. ¿Por qué? Porque sectores de los trabajadores y del Senado no han apoyado este nuevo proyecto. Se trata de sectores de trabajadores que están hablando por los medios.
Ahora quiero explicar el por qué. El proyecto que logró sanción en el Senado a través de los métodos que acabo de plantear, es mucho peor que el que aprobamos en esta Cámara. Es mucho peor por donde lo miren.
Si no se pueden tocar los impuestos a la renta financiera y tampoco los impuestos a los exportadores -porque ya los perdonamos y son los aliados de este gobierno-, todo proyecto va a tener problemas de financiamiento. Deseamos recuperar recursos que ya se han perdido.
Estas posibilidades estaban vedadas y el Poder Ejecutivo había dicho que vetaría la ley si se sancionaba en los términos del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, con lo cual el agujero fiscal iba a aparecer de todas maneras. Al mismo tiempo, a los trabajadores les dijeron: es esto que presentamos o nada. Nosotros también estuvimos reunidos con sectores de la CGT, entre otros, y obviamente lo que querían era el cumplimiento de la promesa electoral de Macri: que no se cobre a ningún trabajador el impuesto a las ganancias.
La posición del bloque del Frente para la Victoria -no de otros bloques opositores- siempre fue que el impuesto a los altos ingresos debía ser cobrado razonablemente a un millón de trabajadores aproximadamente.
¿Por qué el texto en consideración es malo? Porque perjudica a los trabajadores si lo comparamos con el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados e incluso si lo comparamos con el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
Vuelvo sobre este punto, sobre el que se publicó en todos los diarios, porque es muy sencillo el cálculo, al igual que lo era nuestra propuesta. ¿Qué ventaja tiene este proyecto para el oficialismo? Que para determinados niveles salariales -no me voy a detener en esto porque es bastante conocido e incluso creo que ha aparecido en los diarios-, concretamente para los salarios de 40.000, 45.000 o 50.000 pesos, era mejor el proyecto que presentó acá Prat-Gay. No sé por qué le siguen jugando la interna a Prat-Gay cuando el proyecto inicial, para algunos segmentos, era más generoso que el aprobado por el Senado.
Reitero entonces que, en comparación con el proyecto sancionado por esta Cámara de Diputados, el actual es mucho peor y, en algún sentido, también peor que el enviado por el propio oficialismo. Es decir que han dado una vuelta para retomar una propuesta que es peor para ciertos segmentos de trabajadores. Esto recién cobra difusión ahora, porque la verdad es que el proyecto lo tuvimos que analizar entre ayer a la noche y hoy a la mañana.
La verdad es que el día de mañana nosotros vamos a tener tiempo de explicar y de seguir discutiendo esta cuestión, por lo que voy a ceñirme a algunos hechos puntuales de esta historia, absteniéndome de hacer lecciones de civismo, de política, de división de poderes, de República, e incluso de opinar respecto de lo que tanto el presidente de la Nación como algunos de sus colaboradores dijeron -por haber perdido una votación en esta Cámara- sobre miembros de la oposición.
Lo que quiero dejar en claro es que cuando el bloque del Frente para la Victoria votó el dictamen de minoría -que era el nuestro y que después terminó siendo un dictamen acordado con buena parte de la oposición, obteniendo 140 votos- sostuvo que era un proyecto absolutamente responsable, muy bueno para los trabajadores y con costo cero para las provincias.
Insisto en esto. Todos los que trabajamos en este proyecto sabemos que esta es la realidad: el costo no era desaforado ni se trasladaba a las provincias. Lo que sucede es que beneficiaba más a los trabajadores y sustituía esos recursos a través de la recuperación de recursos fiscales que el gobierno actual, dadivosamente y sin tanta atención por la responsabilidad fiscal y el financiamiento del Estado, había resignado. Me refiero particularmente a los gravámenes sobre algunos sectores exportadores muy concentrados, la renta financiera y los bienes personales respecto de los cuales, en el proyecto de consenso, no conseguimos imponer la opinión mayoritaria de que debían volver a aplicarse.
Dicho de otra manera, el proyecto del oficialismo costaba 50.000 millones de pesos y el que votó la oposición 65.000 millones de pesos, mientras que el costo fiscal neto de nuestra propuesta era cero: los 27.000 millones del presupuesto más la recuperación por el consumo, los nuevos impuestos que se creaban y aquellos que se volvían a instalar, hacían que el costo fiscal fuese exactamente cero.
Creo que el oficialismo tomó dos caminos bastante cuestionables. Uno fue empezar a criticar a algunos que lo acompañaron en una gran cantidad de proyectos que nosotros no apoyamos, tildándolos de irresponsables, de cambiantes, de impostores y de todo tipo de barbaridad para presionarlos y lograr que lo acompañasen como en esas otras ocasiones.
El otro camino que siguió Macri fue generar una campaña de verdadero terror y confusionismo respecto de un proyecto que habían apoyado 140 diputados, pese a que esto no era muy difícil de entender sino todo lo contrario; era muy sencillo hacerlo.
Para que quede claro, la recaudación total del impuesto a las ganancias de este año es de 100.000 millones de pesos. Lo que dijo el oficialismo es que el proyecto que habíamos aprobado costaría 120.000 millones de pesos -130.000 millones llegaron a decir- el año que viene. Esto es un disparate y una mentira. No se sostiene ni cinco segundos. La cuestión era generar temor con datos que son complejos de recabar, operando política y mediáticamente para conseguir convencer a todo el mundo de que nuestra propuesta era irresponsable. Yo creo que en esta Cámara nadie votó con irresponsabilidad durante la sesión pasada. Votamos un proyecto que tenía un costo ligeramente superior pero que era compensado con nuevos impuestos que gravaban la renta financiera y las actividades exportadoras concentradas. ¿Qué pasa? Como el oficialismo no estaba dispuesto a gravar la renta financiera ni a los exportadores -en su mayoría extranjeros- más concentrados, no disponía de esos recursos. Esto ocurre simplemente porque, desde el punto de vista político y de su programa económico, el gobierno es muy dadivoso con los que más tienen y muy prudente con los que tienen menos.
Obviamente, esa prudencia es un eufemismo. El caso es que, si hubiera hecho lo que decía aquel proyecto, a las provincias no les habría costado absolutamente nada. No hubiese sido un problema para ellas y los trabajadores tendrían más. La diferencia la ponían los bancos, las financieras y las grandes exportadoras. Algunos de esos sectores estaban gravados y dejaron de estarlo por decisión del gobierno nacional, incluso por la ley de blanqueo. El impuesto a los dividendos, que daba una buena recaudación, se dejó de cobrar a partir de la sanción de la ley de blanqueo.
O sea que acá se están mostrando muchas cosas: un plan y una orientación económica del gobierno, para quién éste cuenta con recursos y billetera gruesa y para quién simplemente tiene apelaciones a la responsabilidad, cuando no amenazas. Digo amenazas porque a los gobernadores, por ejemplo, se les dijo que la obra pública se iba a interrumpir, lo que no tiene nada que ver con el tema en tratamiento. Desde ya, interrumpir la obra pública es un resorte del gobierno. Si el gobierno decía a los gobernadores que si no acompañaban el proyecto de la mayoría de los diputados perdían la obra pública, es razonable que haya habido una reacción, por decirlo así, de recogimiento y de reflexión. Es una cosa contra la otra.
Estas cuestiones son bastante sencillas de comprender. Vimos en los diarios cómo fue la operación para llegar a los resultados que hoy tenemos. En este punto, déjenme hacer una pequeña reflexión sobre la famosa fe de erratas. Tuvimos dos versiones: la de Marcos Peña, que dijo que el costo del proyecto era de 40.000 millones de pesos, y la de Abad, que era el especialista, quien expresó que costaba 120.000 millones y que la fe de errata era de 2.000 millones. O sea que no hay duda: no tenía nada que ver un número con otro. Pero con el operativo del oficialismo y de la prensa oficialista se consiguió agitar todo tipo de fantasmas y hacer creer que había errores y problemas, que el proyecto era muy caro, que no se iba a pagar tal cosa, que no se iba a pagar tal otra. La idea era recuperarse de una victoria que habían tenido no los diputados que apoyaron aquel proyecto sino los trabajadores y las provincias, que con una propuesta sobre impuesto a las ganancias más generosa iban a tener mayores recursos a través del estímulo al consumo y que no perderían recursos coparticipables a través de los impuestos sustitutos.
O sea que, saldada esta cuestión, no puede costar 130.000 millones y tampoco la diferencia era de 40.000 millones de pesos. No hay irresponsables. La cuestión es muy clara: el gobierno no quiere cobrar impuestos a los bancos ni a las grandes exportadoras y está dispuesto a votar un único proyecto de ganancias. Además, en tanto gobierno nacional, lo hace diciéndoles a los diferentes actores: miren, más que esto no les voy a dar. Si no, los voy a castigar por otro lado.
Entonces, es prácticamente imposible no conseguir una especie de acuerdo o apoyo. ¿Por qué? Porque sectores de los trabajadores y del Senado no han apoyado este nuevo proyecto. Se trata de sectores de trabajadores que están hablando por los medios.
Ahora quiero explicar el por qué. El proyecto que logró sanción en el Senado a través de los métodos que acabo de plantear, es mucho peor que el que aprobamos en esta Cámara. Es mucho peor por donde lo miren.
Si no se pueden tocar los impuestos a la renta financiera y tampoco los impuestos a los exportadores -porque ya los perdonamos y son los aliados de este gobierno-, todo proyecto va a tener problemas de financiamiento. Deseamos recuperar recursos que ya se han perdido.
Estas posibilidades estaban vedadas y el Poder Ejecutivo había dicho que vetaría la ley si se sancionaba en los términos del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, con lo cual el agujero fiscal iba a aparecer de todas maneras. Al mismo tiempo, a los trabajadores les dijeron: es esto que presentamos o nada. Nosotros también estuvimos reunidos con sectores de la CGT, entre otros, y obviamente lo que querían era el cumplimiento de la promesa electoral de Macri: que no se cobre a ningún trabajador el impuesto a las ganancias.
La posición del bloque del Frente para la Victoria -no de otros bloques opositores- siempre fue que el impuesto a los altos ingresos debía ser cobrado razonablemente a un millón de trabajadores aproximadamente.
¿Por qué el texto en consideración es malo? Porque perjudica a los trabajadores si lo comparamos con el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados e incluso si lo comparamos con el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
Vuelvo sobre este punto, sobre el que se publicó en todos los diarios, porque es muy sencillo el cálculo, al igual que lo era nuestra propuesta. ¿Qué ventaja tiene este proyecto para el oficialismo? Que para determinados niveles salariales -no me voy a detener en esto porque es bastante conocido e incluso creo que ha aparecido en los diarios-, concretamente para los salarios de 40.000, 45.000 o 50.000 pesos, era mejor el proyecto que presentó acá Prat-Gay. No sé por qué le siguen jugando la interna a Prat-Gay cuando el proyecto inicial, para algunos segmentos, era más generoso que el aprobado por el Senado.
Reitero entonces que, en comparación con el proyecto sancionado por esta Cámara de Diputados, el actual es mucho peor y, en algún sentido, también peor que el enviado por el propio oficialismo. Es decir que han dado una vuelta para retomar una propuesta que es peor para ciertos segmentos de trabajadores. Esto recién cobra difusión ahora, porque la verdad es que el proyecto lo tuvimos que analizar entre ayer a la noche y hoy a la mañana.
SR. BARLETTA ¡Qué suerte tuvo, diputado! Porque nosotros tuvimos un montón de tiempo para analizar el que propusieron ustedes, ¿no es así?
SR. KICILLOF Creemos que lo mejor para salir de esta encerrona es insistir en el proyecto que sancionamos en esta Cámara. Nosotros vamos a hacerlo buscando consolidar nuevamente una mayoría porque sabemos que es mentira lo que se dijo en los medios respecto del texto que sancionamos; sabemos que no sale 130.000 millones, que no tuvo errores carísimos y que no perjudica a los trabajadores ni a las provincias. En verdad, es mejor para todos los sectores. Para el único que no es mejor es para el gobierno, que no quiere cobrar impuestos a los bancos ni a los grandes exportadores ni a los bienes personales. Ya viene perdonando a los sectores más ricos y poderosos de la Argentina.
Con esta restricción, tiene menos recursos; entonces, porque tiene menos recursos, habrá dicho a ciertos sectores: es esto o nada.
Volvemos a discutir sobre la política económica del gobierno porque es la madre de todos los problemas. Hoy las provincias sufren dificultades financieras; no voy a hacer cuenta extraña o presunción alguna, pero si observamos cuánto aumentó la coparticipación, cuánto aumentaron los recursos que reciben las provincias desde el año pasado, veremos que lo hicieron en un 28 por ciento.
Esto se debe a un programa económico que ha generado recesión, caída de los salarios y de las jubilaciones, una disminución del 8 por ciento en el consumo, según datos de la CAME, y de un porcentaje similar en la industria, de acuerdo con el propio INDEC.
En ese marco, no se pueden recaudar impuestos por la recesión que se ha generado. A esto sumemos que la inflación se mueve en un 45 por ciento, es decir, 15 puntos por arriba de la coparticipación federal, y que incluso los salarios que pagan las provincias también están por arriba de ese porcentaje.
O sea que el gobierno, con su programa económico -del que esta versión del impuesto a las ganancias participa- que básicamente beneficia a los sectores más rentables, les está generando el problema. De esa manera está generado el ahogo de las provincias, que traslada también a los trabajadores.
Por lo tanto, nosotros vamos a insistir con el proyecto que tuvo sanción en la Cámara de Diputados. Por supuesto que no lo haremos en un enfrentamiento con quienes ante la disyuntiva de "es esto o nada" han tenido que acompañarlo, como en tantas otras decisiones. No hay problema con eso, nosotros no somos jueces ni árbitros de los acuerdos ajenos.
En verdad creemos que, si se insiste en nuestra sanción y el presidente no la veta, como hizo con la ley antidespidos, el costo fiscal para las provincias va a ser cero. Será mejor para los trabajadores y obviamente más progresivo que lo que tenemos delante nuestro, que además en algunos puntos es peor que la propuesta presentada por el ministro Prat-Gay.
Esta es la posición que quería comunicar y que mañana desarrollaremos con más tiempo.
Con esta restricción, tiene menos recursos; entonces, porque tiene menos recursos, habrá dicho a ciertos sectores: es esto o nada.
Volvemos a discutir sobre la política económica del gobierno porque es la madre de todos los problemas. Hoy las provincias sufren dificultades financieras; no voy a hacer cuenta extraña o presunción alguna, pero si observamos cuánto aumentó la coparticipación, cuánto aumentaron los recursos que reciben las provincias desde el año pasado, veremos que lo hicieron en un 28 por ciento.
Esto se debe a un programa económico que ha generado recesión, caída de los salarios y de las jubilaciones, una disminución del 8 por ciento en el consumo, según datos de la CAME, y de un porcentaje similar en la industria, de acuerdo con el propio INDEC.
En ese marco, no se pueden recaudar impuestos por la recesión que se ha generado. A esto sumemos que la inflación se mueve en un 45 por ciento, es decir, 15 puntos por arriba de la coparticipación federal, y que incluso los salarios que pagan las provincias también están por arriba de ese porcentaje.
O sea que el gobierno, con su programa económico -del que esta versión del impuesto a las ganancias participa- que básicamente beneficia a los sectores más rentables, les está generando el problema. De esa manera está generado el ahogo de las provincias, que traslada también a los trabajadores.
Por lo tanto, nosotros vamos a insistir con el proyecto que tuvo sanción en la Cámara de Diputados. Por supuesto que no lo haremos en un enfrentamiento con quienes ante la disyuntiva de "es esto o nada" han tenido que acompañarlo, como en tantas otras decisiones. No hay problema con eso, nosotros no somos jueces ni árbitros de los acuerdos ajenos.
En verdad creemos que, si se insiste en nuestra sanción y el presidente no la veta, como hizo con la ley antidespidos, el costo fiscal para las provincias va a ser cero. Será mejor para los trabajadores y obviamente más progresivo que lo que tenemos delante nuestro, que además en algunos puntos es peor que la propuesta presentada por el ministro Prat-Gay.
Esta es la posición que quería comunicar y que mañana desarrollaremos con más tiempo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Torroba.
SR. TORROBA Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra, pero algunas opiniones me obligan a hacerlo.
En primer lugar, quiero decir que este proyecto que estamos considerando hace muchos años debió haberse tratado; pero no hubo voluntad política de avanzar en la cuestión del impuesto a las ganancias. O sea, hay que hacerse cargo de lo que se debió hacer y no se hizo. Bien o mal, podemos estar todos contentos o podemos no estarlo, nos puede agradar o no, pero estamos dando los primeros pasos para tratar el tema del impuesto a las ganancias.
En segundo lugar, en cuanto a gravar la renta de los bancos, las exportaciones y la renta financiera, hubo doce años para hacerlo y no se lo hizo. Quiero recordar que, con las retenciones al trigo, las multinacionales exportadoras fueron las grandes ganadoras, ya que hubo una fuerte transferencia de recursos desde el sector agropecuario.
Mi otra reflexión tiene que ver con la metodología que se siguió respecto del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados. Una iniciativa presentada a la hora 18 o 19 que necesitaba estudio, simulaciones y análisis, terminó siendo aprobada. Lo menos que requería era eso, pero se cortó el debate y se sancionó. Esa no era la metodología adecuada.
Reivindico el sistema bicameral, ya que esa sanción fue corregida por los senadores. Era un proyecto que no coincidía con ninguno de los textos presentados que contaban con dictamen de comisión. Se presentó a la hora 19 y se puso a votación en forma inmediata.
No voy a empezar a discutir si el costo fiscal era cero o no, pero si ese proyecto sobre modificación del impuesto a las ganancias no tenía costo alguno, lo hubiéramos aprobado cinco años atrás; de todas maneras, yo no creo que el costo sea cero.
Hay que decir que se trata de un proyecto que afecta a los trabajadores, pero afecta a las provincias también. Este es el meollo de la cuestión. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre los ingresos de los trabajadores y las necesidades de las provincias.
Por eso es posible que no deje contentos a todos, y que cada uno tenga que ceder o poner algo en la discusión de este proyecto.
Yo creo que estamos dando los primeros pasos. Hay que revisar el sistema impositivo en su totalidad y seguramente introducirle correcciones. Pienso que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo era mejor y más progresista en algunos aspectos que el que vamos a votar ahora, pero estamos dando el primer paso. Además, instalamos en el Congreso de la Nación el tratamiento del impuesto a las ganancias que estuvo vedado durante mucho tiempo.
En primer lugar, quiero decir que este proyecto que estamos considerando hace muchos años debió haberse tratado; pero no hubo voluntad política de avanzar en la cuestión del impuesto a las ganancias. O sea, hay que hacerse cargo de lo que se debió hacer y no se hizo. Bien o mal, podemos estar todos contentos o podemos no estarlo, nos puede agradar o no, pero estamos dando los primeros pasos para tratar el tema del impuesto a las ganancias.
En segundo lugar, en cuanto a gravar la renta de los bancos, las exportaciones y la renta financiera, hubo doce años para hacerlo y no se lo hizo. Quiero recordar que, con las retenciones al trigo, las multinacionales exportadoras fueron las grandes ganadoras, ya que hubo una fuerte transferencia de recursos desde el sector agropecuario.
Mi otra reflexión tiene que ver con la metodología que se siguió respecto del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados. Una iniciativa presentada a la hora 18 o 19 que necesitaba estudio, simulaciones y análisis, terminó siendo aprobada. Lo menos que requería era eso, pero se cortó el debate y se sancionó. Esa no era la metodología adecuada.
Reivindico el sistema bicameral, ya que esa sanción fue corregida por los senadores. Era un proyecto que no coincidía con ninguno de los textos presentados que contaban con dictamen de comisión. Se presentó a la hora 19 y se puso a votación en forma inmediata.
No voy a empezar a discutir si el costo fiscal era cero o no, pero si ese proyecto sobre modificación del impuesto a las ganancias no tenía costo alguno, lo hubiéramos aprobado cinco años atrás; de todas maneras, yo no creo que el costo sea cero.
Hay que decir que se trata de un proyecto que afecta a los trabajadores, pero afecta a las provincias también. Este es el meollo de la cuestión. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre los ingresos de los trabajadores y las necesidades de las provincias.
Por eso es posible que no deje contentos a todos, y que cada uno tenga que ceder o poner algo en la discusión de este proyecto.
Yo creo que estamos dando los primeros pasos. Hay que revisar el sistema impositivo en su totalidad y seguramente introducirle correcciones. Pienso que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo era mejor y más progresista en algunos aspectos que el que vamos a votar ahora, pero estamos dando el primer paso. Además, instalamos en el Congreso de la Nación el tratamiento del impuesto a las ganancias que estuvo vedado durante mucho tiempo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Bazze.
SR. BAZZE Señor presidente: mis palabras van en la misma dirección que las que acaban de pronunciar.
En primer lugar, no coincido con el señor diputado Kicillof cuando afirma que el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados tenía prácticamente costo cero. En función de lo que ha expresado el señor diputado Torroba, si fuera así, si efectivamente no tenía costo para el Estado, deberíamos adjudicarle a una intención perversa el hecho de no haber modificado antes la Ley de Impuesto a las Ganancias. No se entiende por qué no se reformó con anterioridad si era tan sencillo resolver esta situación.
Por otra parte, no voy a entrar a analizar si efectivamente el costo fiscal era de 130.000 millones de pesos. No sabemos con exactitud cuánto es porque, en definitiva, no deja de ser una estimación. Pero lo que está claro es que el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados generaba un costo fiscal que era difícil de absorber para el gobierno nacional. Considero que se trabajó con la más absoluta racionalidad.
Me parece que, como se acaba de decir, no es el proyecto de alguien. No es el proyecto del Poder Ejecutivo o del oficialismo. Es una iniciativa surgida luego de un diálogo que se recuperó, por suerte, para analizar este tema. Es una cuestión importante. Tal como se dijo acá -y lo afirmaron representantes del Frente para la Victoria y del Frente Renovador en la sesión anterior en esta Cámara de Diputados- es una cuestión que afecta a una cantidad importante de trabajadores en la Argentina y por ello tenemos que encontrar un resultado que sea posible. Desde este punto de vista, me parece que el haber recuperado, en el proceso de tratamiento en el Senado, el diálogo entre el gobierno, los gobernadores y los distintos sectores ha sido muy importante.
Tenemos que avanzar en este sentido. Sería un grave error que termináramos confundiendo a la opinión pública. Se está haciendo un esfuerzo, estamos avanzando y es una respuesta muy importante que damos a una gran parte de los trabajadores. Como ya se sabe, existe un número importante de trabajadores que van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias porque ya no serán alcanzados a partir de la modificación del mínimo no imponible. En general, la reforma de las escalas hace que la mayoría de los trabajadores -es decir, los que menos ganan- tengan un alivio importante. El costo fiscal -que es superior al que aprobamos en el presupuesto y cuyo monto era de 27.000 millones de pesos- lo puede absorber el gobierno nacional al igual que los gobernadores.
Por otra parte, adjudicar actitudes irresponsables en el ámbito de esta Cámara no es bueno. Tampoco es bueno adjudicar una actitud irresponsable al tratamiento de este proyecto en el Senado de la Nación. En todo caso, se ha trabajado con mucha seriedad y responsabilidad.
No coincido tampoco con el planteo de que este gobierno no quiera cobrar algunos impuestos. En definitiva, lo que está cobrando este gobierno no es tan distinto a lo que cobró el anterior. De lo contrario, lo hubieran resuelto anteriormente.
Creo que estamos avanzando. Es un proceso que, como bien se ha dicho, va a seguir mejorando en 2018 y también en 2019. Me parece que lo mejor que podríamos hacer todos es asumir que este no es el proyecto de alguien. No es del oficialismo ni de la oposición. Es un proyecto acordado y posible que termina generando un beneficio importante para los trabajadores y evita el desfinanciamiento del Estado.
En primer lugar, no coincido con el señor diputado Kicillof cuando afirma que el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados tenía prácticamente costo cero. En función de lo que ha expresado el señor diputado Torroba, si fuera así, si efectivamente no tenía costo para el Estado, deberíamos adjudicarle a una intención perversa el hecho de no haber modificado antes la Ley de Impuesto a las Ganancias. No se entiende por qué no se reformó con anterioridad si era tan sencillo resolver esta situación.
Por otra parte, no voy a entrar a analizar si efectivamente el costo fiscal era de 130.000 millones de pesos. No sabemos con exactitud cuánto es porque, en definitiva, no deja de ser una estimación. Pero lo que está claro es que el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados generaba un costo fiscal que era difícil de absorber para el gobierno nacional. Considero que se trabajó con la más absoluta racionalidad.
Me parece que, como se acaba de decir, no es el proyecto de alguien. No es el proyecto del Poder Ejecutivo o del oficialismo. Es una iniciativa surgida luego de un diálogo que se recuperó, por suerte, para analizar este tema. Es una cuestión importante. Tal como se dijo acá -y lo afirmaron representantes del Frente para la Victoria y del Frente Renovador en la sesión anterior en esta Cámara de Diputados- es una cuestión que afecta a una cantidad importante de trabajadores en la Argentina y por ello tenemos que encontrar un resultado que sea posible. Desde este punto de vista, me parece que el haber recuperado, en el proceso de tratamiento en el Senado, el diálogo entre el gobierno, los gobernadores y los distintos sectores ha sido muy importante.
Tenemos que avanzar en este sentido. Sería un grave error que termináramos confundiendo a la opinión pública. Se está haciendo un esfuerzo, estamos avanzando y es una respuesta muy importante que damos a una gran parte de los trabajadores. Como ya se sabe, existe un número importante de trabajadores que van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias porque ya no serán alcanzados a partir de la modificación del mínimo no imponible. En general, la reforma de las escalas hace que la mayoría de los trabajadores -es decir, los que menos ganan- tengan un alivio importante. El costo fiscal -que es superior al que aprobamos en el presupuesto y cuyo monto era de 27.000 millones de pesos- lo puede absorber el gobierno nacional al igual que los gobernadores.
Por otra parte, adjudicar actitudes irresponsables en el ámbito de esta Cámara no es bueno. Tampoco es bueno adjudicar una actitud irresponsable al tratamiento de este proyecto en el Senado de la Nación. En todo caso, se ha trabajado con mucha seriedad y responsabilidad.
No coincido tampoco con el planteo de que este gobierno no quiera cobrar algunos impuestos. En definitiva, lo que está cobrando este gobierno no es tan distinto a lo que cobró el anterior. De lo contrario, lo hubieran resuelto anteriormente.
Creo que estamos avanzando. Es un proceso que, como bien se ha dicho, va a seguir mejorando en 2018 y también en 2019. Me parece que lo mejor que podríamos hacer todos es asumir que este no es el proyecto de alguien. No es del oficialismo ni de la oposición. Es un proyecto acordado y posible que termina generando un beneficio importante para los trabajadores y evita el desfinanciamiento del Estado.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.
SR. CASTAGNETO Señor presidente: no iba a hacer uso de la palabra, pero lo haré para aclarar un par de temas. Es mentira que durante doce años no se modificó el impuesto a las ganancias. Concretamente, se reformó ocho veces.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. CASTAGNETO Por otro lado, durante los últimos años pagaron el impuesto un millón de personas, de los cuales los trabajadores afectados fueron el 10 por ciento del decil más alto.
Este es mi primer año aquí; en verdad, aprendí mucho de este gobierno que sigue sus convicciones. La primera iniciativa que tratamos fue el pago a los fondos buitre y terminamos el año tratando un proyecto que también perjudica a los trabajadores. Es decir que hubo una coherencia en el gobierno durante todo el año.
No sancionamos una sola ley que sea en beneficio de los trabajadores; en todo caso, la única norma de este tipo, que fue la ley antidespidos, fue vetada por el presidente a los diez minutos. También hubo un diálogo muy profundo del gobierno con los empresarios y dijeron que no se iba a echar más gente, pero lamentablemente hasta el día de hoy se lo sigue haciendo.
Otra gran ley que aprobamos en beneficio de los trabajadores fue la devolución del IVA, por un monto de 50 pesos en seis cuotas. Hoy la gente no sabe qué hacer con esa plata y por eso aumentó tanto el consumo.
Asimismo, otra ley brillante fue la de creación de un fondo para la restitución histórica a los jubilados. Cuando el jubilado entra a la página de la ANSES termina cansándose, porque el sitio le dice que está en la reparación histórica pero cuando llega al final del proceso se encuentra con que no le corresponde o con que le dan 60 pesos.
Entonces, tengo que felicitar al gobierno por el diálogo, que haya invitado al Frente para la Victoria a la negociación de estos días -domingo, lunes o martes, ya no sé en qué día estoy- con un sector de los diputados; lástima que no pudimos participar.
Por otra parte, apelo a la sensibilidad de esta comisión incluyéndolo a usted, señor presidente. No miro televisión, pero como me "retwittean" me enteré de que ayer, hacia el final de un programa, se trató el tema de las personas electrodependientes, que hace más de dos meses está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y no se puede tratar. ¿Saben cuántos casos son, señores diputados? Son 5.000 en todo el país: pero pusimos el proyecto en un cajón, siendo que le puede salvar la vida a muchos chicos y grandes. Por un capricho o por insensibilidad no lo hemos tratado.
Me parece que algunas cuestiones no pasan por los gobernadores ni por nada. Simplemente pasan por una decisión política: para los sectores más vulnerables, para los trabajadores, no hay nada, mientras que para los sectores más pudientes y más ricos que hoy conducen en una cogestión, se sanciona una ley -porque mañana seguro que la sanción del Senado será aceptada, ya que hubo reuniones todo el fin de semana y hay acuerdo- que lamentablemente perjudica a todos los trabajadores argentinos. Nunca medimos el costo fiscal para las provincias cuando sancionamos las leyes sobre los fondos buitre, el blanqueo y no sé cuántas otras que comprenden recursos coparticipables.
Comparto lo manifestado por mi compañero de bloque y pido al oficialismo que no esté nervioso porque perdió una elección. Yo vengo del deporte, donde se gana y se pierde. Cuando se gana, uno es un fenómeno; cuando pierde, no es un desastre. Entonces, lo bueno hubiese sido que el consenso fuera generalizado y no que se lograra entre gallos y media noche.
Este es mi primer año aquí; en verdad, aprendí mucho de este gobierno que sigue sus convicciones. La primera iniciativa que tratamos fue el pago a los fondos buitre y terminamos el año tratando un proyecto que también perjudica a los trabajadores. Es decir que hubo una coherencia en el gobierno durante todo el año.
No sancionamos una sola ley que sea en beneficio de los trabajadores; en todo caso, la única norma de este tipo, que fue la ley antidespidos, fue vetada por el presidente a los diez minutos. También hubo un diálogo muy profundo del gobierno con los empresarios y dijeron que no se iba a echar más gente, pero lamentablemente hasta el día de hoy se lo sigue haciendo.
Otra gran ley que aprobamos en beneficio de los trabajadores fue la devolución del IVA, por un monto de 50 pesos en seis cuotas. Hoy la gente no sabe qué hacer con esa plata y por eso aumentó tanto el consumo.
Asimismo, otra ley brillante fue la de creación de un fondo para la restitución histórica a los jubilados. Cuando el jubilado entra a la página de la ANSES termina cansándose, porque el sitio le dice que está en la reparación histórica pero cuando llega al final del proceso se encuentra con que no le corresponde o con que le dan 60 pesos.
Entonces, tengo que felicitar al gobierno por el diálogo, que haya invitado al Frente para la Victoria a la negociación de estos días -domingo, lunes o martes, ya no sé en qué día estoy- con un sector de los diputados; lástima que no pudimos participar.
Por otra parte, apelo a la sensibilidad de esta comisión incluyéndolo a usted, señor presidente. No miro televisión, pero como me "retwittean" me enteré de que ayer, hacia el final de un programa, se trató el tema de las personas electrodependientes, que hace más de dos meses está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y no se puede tratar. ¿Saben cuántos casos son, señores diputados? Son 5.000 en todo el país: pero pusimos el proyecto en un cajón, siendo que le puede salvar la vida a muchos chicos y grandes. Por un capricho o por insensibilidad no lo hemos tratado.
Me parece que algunas cuestiones no pasan por los gobernadores ni por nada. Simplemente pasan por una decisión política: para los sectores más vulnerables, para los trabajadores, no hay nada, mientras que para los sectores más pudientes y más ricos que hoy conducen en una cogestión, se sanciona una ley -porque mañana seguro que la sanción del Senado será aceptada, ya que hubo reuniones todo el fin de semana y hay acuerdo- que lamentablemente perjudica a todos los trabajadores argentinos. Nunca medimos el costo fiscal para las provincias cuando sancionamos las leyes sobre los fondos buitre, el blanqueo y no sé cuántas otras que comprenden recursos coparticipables.
Comparto lo manifestado por mi compañero de bloque y pido al oficialismo que no esté nervioso porque perdió una elección. Yo vengo del deporte, donde se gana y se pierde. Cuando se gana, uno es un fenómeno; cuando pierde, no es un desastre. Entonces, lo bueno hubiese sido que el consenso fuera generalizado y no que se lograra entre gallos y media noche.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Ferreyra.
SRA. FERREYRA Señor presidente: en realidad, el Senado adoptó una especie de tercera posición y nos quedamos esperando que sus comisiones pudieran emitir un despacho en apoyo de lo que habíamos sancionado en la Cámara de Diputados. Tampoco representaba todo lo que esperábamos. Es decir, estaba más cerca de lo que decía la señora diputada Carrió antes de irse de vacaciones, pero uno avanza en la medida en que se construyen consensos legislativos. En aquel trámite del Senado hubo llamativas ausencias, y no estuvieron las firmas que pensábamos obtener en el trámite en las comisiones.
Es cierto que acá hay una política de apriete de garrote y zanahoria. Además de lo que se ha dicho acá, tengo algunas palabras de la señora diputada Camaño cuando se sancionó en esta Cámara el dictamen respecto de varios mensajes de WhatsApp que recibían los gobernadores y que realmente me impactaron. Algún día tendremos que aclarar cómo puede ser que pasen estas cosas.
Aquí veo que se habla mucho respecto de quién es el responsable, quién se lleva los méritos y demás, pero frente al Congreso -aunque no recuerdo la fecha exacta- la CGT y las organizaciones sociales vinieron a pedir la sanción de dos leyes: la de emergencia social -que ya la sancionamos- y la de reforma del impuesto a las ganancias, que es lo que está faltando. Y esto lo reclamaba una CGT que le hizo cinco paros al gobierno de Cristina y una CGT que venía a pedirle al presidente Macri la sanción de esta ley a la que el propio gobierno se había comprometido mediante la eliminación de este impuesto anunciada en un spot de campaña que estos días hemos visto viralizado en las redes y que decía que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar ganancias. Con el resultado escueto de la elección, que ganaron en segunda vuelta por un 2 por ciento, fácil es pensar que muchos de los que lo apoyaron lo hicieron debido a esa promesa explícita. No es como dijo el jefe de Gabinete en el sentido de que hubo errores de interpretación o que no estuvo bien formulado. Fue muy claro e implicó un contrato electoral.
Esto es lo estamos ayudando a resolver acá y estos proyectos mejoran lo que había mandado el Poder Ejecutivo y mejoran lo que hicieron desde que asumieron porque logran que aumente la cantidad de trabajadores que ya tributaban en 2015 y en 2016.
Pese a estas hipocresías y a estas cuestiones que mencionamos, mañana vamos a apoyar las modificaciones introducidas en el dictamen porque si bien no es lo que se prometió en la campaña ni lo que esperan los trabajadores, o por lo menos parte de las organizaciones gremiales, constituye una mejora y nosotros tenemos la responsabilidad de llevarla adelante. Pero también quiero decirles que aunque le cambien el nombre -el ministro Frigerio decía que se iba a llamar algo así como impuesto a los ingresos de las personas-, sigue siendo el mismo impuesto, con las mismas características, y lo siguen pagando los sectores que deberían ser eliminados.
Un diputado preopinante -que no recuerdo el nombre- dijo que las cargas tributarias son más o menos las mismas que existían en el gobierno anterior. Esto no es así. Este impuesto sigue, pero se eliminaron todos los impuestos a los ricos: bienes personales, autos de alta gama, champán, y no recuerdo qué otro más. Ello, sin contar la eliminación a las retenciones. Estos no son impuestos distorsivos y aunque no estén incorporados en el proyecto de ley, es una discusión que vamos a continuar dando porque no puede ser que el peso de este sistema político y de este proyecto económico recaiga exclusivamente en el sector de los trabajadores. Esta discusión no se termina acá pese a este dictamen.
Quiero decirles que las expresiones de agravio contra los señores diputados Kicillof y Massa -que no pertenecen a mi bloque- y las barbaridades que dijeron tanto el presidente como el jefe de Gabinete tildando su accionar de mamarracho, representan un destrato hacia la oposición cuando en realidad esta ha realizado consensos. Los que se negaron a introducir modificaciones fueron ustedes; no es que un día la oposición se levantó y dijo "tenemos un proyecto". Ustedes no quisieron modificarlo por expresas instrucciones de la Casa Rosada. Cuando el proyecto avanzó y los gremios y los trabajadores vinieron a exigir que se cumpla y se mejore aliviando en algo su situación, vino esta posición de llevar al Senado lo que tendría que haberse discutido desde el principio en esta Cámara.
Pero cuando se hacen este tipo de agravios, cuando se realiza este tipo de destrato, eso no es consensuar, sino aplicar la política del garrote: hacés lo que yo digo o vas a sufrir las consecuencias. Y cuando desde las más altas autoridades de este país se hace eso, terminamos como Jujuy. Muy valiente la diputada Mayra Mendoza, con sus 50 kilos debajo de una nube de policías por haber pretendido entrar a la audiencia por el juicio que se está celebrando contra Milagro Sala. Ella estaba inscripta hacía dos días para presenciar la audiencia; no es que fue a meterse indebidamente. Lo que vi -y si no la vieron después se la mandamos- es una foto donde la diputada Mayra Mendoza es agarrada por un "urso" de 130 kilos. Se trata de una diputada de este Congreso que fue golpeada por querer presenciar un juicio que es público y que todos tenemos el derecho de presenciar. Esto pasa cuando se dicen esas cosas desde las más altas magistraturas.
Vamos a acompañar, señalando las hipocresías y denunciando lo que ocurrió con Mayra Mendoza. Además, seguimos exigiendo la libertad de Milagro Sala.
Es cierto que acá hay una política de apriete de garrote y zanahoria. Además de lo que se ha dicho acá, tengo algunas palabras de la señora diputada Camaño cuando se sancionó en esta Cámara el dictamen respecto de varios mensajes de WhatsApp que recibían los gobernadores y que realmente me impactaron. Algún día tendremos que aclarar cómo puede ser que pasen estas cosas.
Aquí veo que se habla mucho respecto de quién es el responsable, quién se lleva los méritos y demás, pero frente al Congreso -aunque no recuerdo la fecha exacta- la CGT y las organizaciones sociales vinieron a pedir la sanción de dos leyes: la de emergencia social -que ya la sancionamos- y la de reforma del impuesto a las ganancias, que es lo que está faltando. Y esto lo reclamaba una CGT que le hizo cinco paros al gobierno de Cristina y una CGT que venía a pedirle al presidente Macri la sanción de esta ley a la que el propio gobierno se había comprometido mediante la eliminación de este impuesto anunciada en un spot de campaña que estos días hemos visto viralizado en las redes y que decía que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar ganancias. Con el resultado escueto de la elección, que ganaron en segunda vuelta por un 2 por ciento, fácil es pensar que muchos de los que lo apoyaron lo hicieron debido a esa promesa explícita. No es como dijo el jefe de Gabinete en el sentido de que hubo errores de interpretación o que no estuvo bien formulado. Fue muy claro e implicó un contrato electoral.
Esto es lo estamos ayudando a resolver acá y estos proyectos mejoran lo que había mandado el Poder Ejecutivo y mejoran lo que hicieron desde que asumieron porque logran que aumente la cantidad de trabajadores que ya tributaban en 2015 y en 2016.
Pese a estas hipocresías y a estas cuestiones que mencionamos, mañana vamos a apoyar las modificaciones introducidas en el dictamen porque si bien no es lo que se prometió en la campaña ni lo que esperan los trabajadores, o por lo menos parte de las organizaciones gremiales, constituye una mejora y nosotros tenemos la responsabilidad de llevarla adelante. Pero también quiero decirles que aunque le cambien el nombre -el ministro Frigerio decía que se iba a llamar algo así como impuesto a los ingresos de las personas-, sigue siendo el mismo impuesto, con las mismas características, y lo siguen pagando los sectores que deberían ser eliminados.
Un diputado preopinante -que no recuerdo el nombre- dijo que las cargas tributarias son más o menos las mismas que existían en el gobierno anterior. Esto no es así. Este impuesto sigue, pero se eliminaron todos los impuestos a los ricos: bienes personales, autos de alta gama, champán, y no recuerdo qué otro más. Ello, sin contar la eliminación a las retenciones. Estos no son impuestos distorsivos y aunque no estén incorporados en el proyecto de ley, es una discusión que vamos a continuar dando porque no puede ser que el peso de este sistema político y de este proyecto económico recaiga exclusivamente en el sector de los trabajadores. Esta discusión no se termina acá pese a este dictamen.
Quiero decirles que las expresiones de agravio contra los señores diputados Kicillof y Massa -que no pertenecen a mi bloque- y las barbaridades que dijeron tanto el presidente como el jefe de Gabinete tildando su accionar de mamarracho, representan un destrato hacia la oposición cuando en realidad esta ha realizado consensos. Los que se negaron a introducir modificaciones fueron ustedes; no es que un día la oposición se levantó y dijo "tenemos un proyecto". Ustedes no quisieron modificarlo por expresas instrucciones de la Casa Rosada. Cuando el proyecto avanzó y los gremios y los trabajadores vinieron a exigir que se cumpla y se mejore aliviando en algo su situación, vino esta posición de llevar al Senado lo que tendría que haberse discutido desde el principio en esta Cámara.
Pero cuando se hacen este tipo de agravios, cuando se realiza este tipo de destrato, eso no es consensuar, sino aplicar la política del garrote: hacés lo que yo digo o vas a sufrir las consecuencias. Y cuando desde las más altas autoridades de este país se hace eso, terminamos como Jujuy. Muy valiente la diputada Mayra Mendoza, con sus 50 kilos debajo de una nube de policías por haber pretendido entrar a la audiencia por el juicio que se está celebrando contra Milagro Sala. Ella estaba inscripta hacía dos días para presenciar la audiencia; no es que fue a meterse indebidamente. Lo que vi -y si no la vieron después se la mandamos- es una foto donde la diputada Mayra Mendoza es agarrada por un "urso" de 130 kilos. Se trata de una diputada de este Congreso que fue golpeada por querer presenciar un juicio que es público y que todos tenemos el derecho de presenciar. Esto pasa cuando se dicen esas cosas desde las más altas magistraturas.
Vamos a acompañar, señalando las hipocresías y denunciando lo que ocurrió con Mayra Mendoza. Además, seguimos exigiendo la libertad de Milagro Sala.
SR. PRESIDENTE LASPINA Por supuesto que repudiamos, si es que hubo, los actos de violencia, y ni hablar si hubo excesos por parte de la policía en el caso de la diputada Mendoza.
SR. SNOPEK ¡Excesos hubo!
SR. PRESIDENTE LASPINA No vi las imágenes, estoy desinformado. Por eso digo que si hubo excesos, expresamos nuestro repudio.
No hay más oradores en la lista, de manera que damos por concluida la reunión.
No hay más oradores en la lista, de manera que damos por concluida la reunión.