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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 11/12/2017
- REUNIÓN CONSTITUTIVA Y REV. IMP. Y BCONT . IMP. GAN. SISTEMA TRIBUTARIO.
INVITADOS
- señor Nicolas Dujovne Ministro
En Buenos Aires, a los once días del mes de diciembre de 2017, a la hora 14 y 12:
SR. DIRECTOR (SEGUÍ) Señor ministro, señores secretarios, señores diputados y público presente: desde mi cargo de director de la Comisión de Presupuesto y Hacienda fui instruido por las autoridades de la Cámara de Diputados para constituir esta comisión y elegir autoridades en los términos del artículo 106 del reglamento.
Tiene la palabra el señor diputado Nicolás Massot.
Tiene la palabra el señor diputado Nicolás Massot.
SR. MASSOT Señor director: he pedido la palabra a los efectos de dar cumplimiento con las formalidades de la constitución de la comisión y la elección de sus autoridades.
Atendiendo a los acuerdos previos, propongo al diputado Luciano Laspina como presidente de esta comisión, al diputado Diego Bossio como vicepresidente primero, al diputado Marco Lavagna como vicepresidente segundo y al diputado Axel Kicillof como vicepresidente tercero. Asimismo, propongo como secretarios a los diputados Silvina Frana, Luis Pastori e Ivana Bianchi.
Atendiendo a los acuerdos previos, propongo al diputado Luciano Laspina como presidente de esta comisión, al diputado Diego Bossio como vicepresidente primero, al diputado Marco Lavagna como vicepresidente segundo y al diputado Axel Kicillof como vicepresidente tercero. Asimismo, propongo como secretarios a los diputados Silvina Frana, Luis Pastori e Ivana Bianchi.
SR. DIRECTOR (SEGUÍ) Con el asentimiento de los señores diputados, vamos a dar por constituida la comisión.
Asentimiento.
SR. DIRECTOR (SEGUÍ) Solicito al señor diputado Laspina que asuma la Presidencia. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Muchas gracias.
Sin más trámite, y tal como habíamos informado oportunamente, vamos a dar inicio a esta reunión informativa en la que trataremos los proyectos de reforma tributaria que están en consideración de la Cámara de Diputados. Me refiero al proyecto de reforma tributaria propiamente dicho, al proyecto de ley de revalúo y a los proyectos de ley complementarios sobre pacto fiscal que hacen referencia a modificaciones tributarias.
Contamos con la presencia del señor ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quien va a exponer sobre los proyectos recién mencionados que consideraremos entre hoy y mañana. Luego quedará abierta la ronda de preguntas.
Tiene la palabra el señor ministro Dujovne.
Sin más trámite, y tal como habíamos informado oportunamente, vamos a dar inicio a esta reunión informativa en la que trataremos los proyectos de reforma tributaria que están en consideración de la Cámara de Diputados. Me refiero al proyecto de reforma tributaria propiamente dicho, al proyecto de ley de revalúo y a los proyectos de ley complementarios sobre pacto fiscal que hacen referencia a modificaciones tributarias.
Contamos con la presencia del señor ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quien va a exponer sobre los proyectos recién mencionados que consideraremos entre hoy y mañana. Luego quedará abierta la ronda de preguntas.
Tiene la palabra el señor ministro Dujovne.
SR. MINISTRO DE HACIENDA Señor presidente: voy presentar aquí nuestras propuestas, junto con mi equipo: Sebastián Galiani, Rodrigo Pena y Andrés Edelstein.
Les agradezco su presencia y todo el trabajo que ya se ha comenzado a hacer y que va a continuar en estos días.
Nuestro diagnóstico parte de la base de que luego de la normalización de la economía y de que la Argentina ha comenzado nuevamente a crecer, necesitamos continuar avanzando con reformas que permitan sostener el crecimiento de nuestro país por muchos años.
En ese sentido, nosotros evaluamos que la reforma de nuestro sistema tributario es crucial porque tenemos un sistema tributario que es inequitativo, que limita la creación de empleo y que impide el desarrollo.
El sistema impositivo tiene que ser equitativo y tiene que generar empleo de calidad, porque solo generando empleo de calidad aumentamos los salarios reales, la prosperidad y podemos continuar la tarea de bajar la pobreza, que es el objetivo de este gobierno. Necesitamos fomentar las inversiones y darle sustentabilidad y previsibilidad al sistema fiscal argentino.
En ese sentido es muy importante tener en cuenta que esta reforma tributaria que estamos proponiendo contempla plazos de aplicación de 5 años, lo cual da una visibilidad sobre los cambios que vamos a tener hacia adelante y cuál es el sistema tributario que vamos a tener. Esto permite adaptarnos en el tiempo a las modificaciones del sistema que vamos a tener, y a su vez, ir anticipando los efectos positivos que va a generar sobre la economía.
Desde el punto de vista macroeconómico es crucial que la reforma tributaria sea sustentable. La Argentina todavía tiene un déficit fiscal muy elevado y debemos atender al objetivo de modificar nuestro sistema impositivo preservando la solvencia de nuestro país.
Es por eso que es fundamental la gradualidad. Además, consideramos que en la medida en que la reforma tributaria se vaya poniendo en práctica aumenta el crecimiento potencial de la Argentina y reduce la evasión, lo cual a su vez la dota de mayor sustentabilidad fiscal porque el impacto estático de la reforma, sin considerar el impacto sobre la evasión y sobre el crecimiento, va a ser de una rebaja impositiva de un punto y medio del PBI a lo largo de 5 años. Pero la gradualidad y el impacto que ello genera sobre el crecimiento de la economía y sobre el aumento de la base imposible, producto de una menor evasión, nos permite llevar el costo fiscal a niveles mucho más bajos.
Es decir, en términos marginales, vamos a estar reduciendo la imposición sobre los que pagan, pero el costo fiscal va a ser mucho menor que el impacto estático de un punto y medio del PBI que les mencionaba. Y eso solo se puede lograr extendiendo la aplicación de la reforma en el tiempo.
Entonces, es clave entender que desde la macroeconomía la reforma tiene que ser sustentable y que por ello la preservación de los equilibrios macroeconómicos y de la solvencia fiscal es una condición irrenunciable. Por lo tanto, debemos ser graduales en la implementación.
Por otro lado, debemos ser responsables cuando discutamos esta reforma. Si queremos modificar alguno de los aspectos de la reforma para acelerar o para morigerar algún impacto debemos evaluar de qué manera alternativa deberíamos financiar esa modificación.
Es muy importante tener en cuenta que si algo se modifica en esta reforma, esos cambios siempre van a tener que ir en el sentido de propender a una mayor equidad, a una mayor eficiencia y mantener así los objetivos de la reforma.
Desde el punto de vista miroeconómico, con esta reforma buscamos objetivos muy concretos. Por un lado, eliminar distorsiones. Hoy la Argentina tiene un nivel récord de impuestos distorsivos que impiden que el país compita en un pie de igualdad con el resto de las naciones del mundo. Hemos acumulado impuestos que no existen en otros países, como por ejemplo el impuesto a los débitos y créditos. Tenemos una alícuota de ganancias corporativas que hoy ha quedado desalineada respecto de los países con los que compite la Argentina. Asimismo, debemos retener inversiones que están en nuestro país y atraerlas desde el exterior. Por eso es fundamental adecuar la manera en la que estamos gravando las ganancias corporativas.
Por otro lado, hay que ampliar las bases imponibles y por ello serán fundamentales todas las medidas que tomemos que contribuyan a reducir la evasión. En ese sentido, la conjunción de la creación de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales va en el sentido de salir en auxilio de aquellos empleos de más baja remuneración, que son los que compiten con la informalidad. Se trata de una medida que debe ser complementada con el blanqueo laboral que proponen las reformas enviadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Debemos propender a la igualdad horizontal y vertical; ese es uno de los objetivos de la reforma. Para ello es fundamental una mayor equidad.
La Argentina es uno de los pocos países del mundo que no gravaba la mayor parte de sus rentas generadas por la inversión financiera. De los 35 países integrantes de la OCDE, uno solo -Estonia- es el que utiliza un impuesto único. Del resto, ningún país exime las rentas generadas por las inversiones financieras. Nuestro país lo hacía generando una situación de absoluta inequidad respecto de las cargas que recaen sobre el trabajo. Por eso el componente del gravamen sobre las rentas financieras ocupa un rol fundamental en la reforma, no sólo por el aspecto recaudatorio sino también porque propende a una mayor equidad. Además, corrige una de las grandes distorsiones de nuestro sistema impositivo porque hasta ahora quien conformase una empresa para llevar adelante un negocio en la economía real, enfrentaba una carga impositiva del 35 por ciento que se la comparaba con un cero por ciento de los intereses que percibía por invertir en un activo financiero. A través de la reforma, los activos financieros, denominados en moneda extranjera o indexados a la inflación, pasan a estar gravados al 15 por ciento. Asimismo, las ganancias no distribuidas de las compañías pasan a estar gravadas al 25 por ciento. De esta forma, la brecha -que antes era del 35 por ciento entre una inversión financiera y una inversión de la economía real- ahora se reduce a diez puntos porcentuales. O sea, gravamos con un 15 por ciento las rentas percibidas por las inversiones financieras y reducimos al 25 por ciento el gravamen sobre la actividad productiva de las empresas.
Por otra parte, al gravar las rentas generadas por las ganancias del capital en las viviendas que no corresponden a las de uso familiar -me refiero a la segunda o tercera vivienda- y con la eliminación del impuesto a las transacciones inmobiliarias, estamos dando respuesta a quienes quieren acceder a la primera vivienda. De esta forma, ya no van a tener que afrontar el impuesto a las transacciones inmobiliarias que es del 1,5 por ciento. Se trata de un impuesto que se pagaba en el momento en el cual se hacía el pago inicial por la vivienda. Así, dejaba en el camino a muchas familias que no podían acceder a la vivienda propia. Entonces, nos alineamos con lo que hacen todos los países del mundo, que es gravar las ganancias de capital obtenidas por las viviendas no familiares. A decir verdad, en buena parte del mundo se grava también la vivienda propia. A partir de la sanción de la ley se la grava hacia delante y se la ajusta por inflación. Es un gravamen que va a incidir en la renta real y no en la inflación. De esta manera, damos enormes pasos para propender a un sistema mucho más equitativo.
A través de la creación de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales damos un paso fundamental en la lucha contra la evasión y facilitamos la creación de empleo de calidad. Me refiero al empleo en el sector privado, en relación de dependencia y poniendo el foco, fundamentalmente, en los salarios más bajos, que prácticamente no van a tener impuestos desde el lado de las contribuciones patronales.
Son, justamente, aquellos puestos de trabajo que están más jaqueados o afectados por el cambio tecnológico.
De esta manera, la Argentina da un paso fundamental para defender los puestos de trabajo que van a estar bajo mayor presión en la medida que sigamos transitando esta revolución tecnológica.
La rebaja del impuesto a las ganancias corporativas, del 35 al 25 por ciento, no solo empieza a poner en línea a la Argentina con la manera en que gravan las ganancias corporativas los otros países del mundo, sino que además, va a propender a generar un salto en la inversión y un aumento en el empleo y en los salarios reales.
Toda la literatura que estudia la vinculación entre las alícuotas de ganancias corporativas y el impacto real sobre el empleo y los salarios, muestra que cerca del
50 por ciento de las modificaciones de las alícuotas de ganancias corporativas termina yendo a parar a aumentos en el empleo y en el salario real, con lo cual contribuye a nuestra tarea de generar mejores salarios, más empleo y menos pobreza.
Para generar más empleo y tener mejores salarios reales es fundamental también adaptar el esquema bajo el cual hoy recaudamos el impuesto al valor agregado.
Hoy la Argentina tiene un problema muy serio con el impuesto al valor agregado. Recuerden que nuestro país tiene una alícuota del 21 por ciento, elevada en términos internacionales, y además todavía tenemos inflación.
El recupero de la inversión que se produce en la Argentina, el recupero del IVA que con el esquema tributario actual solo se recupera con los saldos de IVA ventas que genera esa inversión, puede llevar mucho tiempo, y disminuye el capital de trabajo de las compañías. Por eso es un desincentivo muy fuerte a la inversión.
Al devolver automáticamente el IVA en seis meses damos un paso muy importante para facilitar la vida de los emprendedores y de todos los empresarios argentinos que quieran invertir, ya que ahora no van a verse privados del capital de trabajo que implica el pago del IVA por las inversiones que han realizado. Por lo tanto, el crecimiento puede apalancarse porque los fondos disponibles para las empresas y para las pymes van a ser mucho mayores.
Estamos reordenando también el esquema bajo el cual se cobran los impuestos internos en la Argentina, ya que actualmente es un esquema muy desordenado.
Como ustedes saben, los impuestos internos vienen a jugar un rol complementario al que juega el impuesto al valor agregado.
El impuesto al valor agregado grava el consumo de manera uniforme, excepto donde hay exenciones o alícuotas diferenciales. Pero los impuestos internos tienen su razón de ser en gravar el lujo. Entonces, hay un motivo recaudatorio. Allí donde hay bienes de lujo, el Estado quiere recaudar bajo la premisa de que la disminución de ese consumo no afecta el bienestar en conjunto de la sociedad.
También reordenamos el esquema de impuestos internos para aquellos consumos que provocan externalidades sobre el sistema de salud. Entonces, ordenamos el esquema bajo el cual gravamos el alcohol, las bebidas azucaradas y el tabaco.
También Estamos proponiendo modificar el impuesto a los combustibles bajo la premisa de que tenemos que luchar contra el cambio climático. Ese es un compromiso de Argentina, que ha adherido a los distintos convenios internacionales. Pero una cosa es adherir a los convenios y otra cosa es llevarlos a la práctica. Por eso estamos convirtiendo el impuesto a los combustibles en un impuesto que tiene en cuenta el nivel de emisión de CO2 para que la Argentina sea uno de los países que lidere la lucha contra el cambio climático, y así va a serlo como resultado de los cambios que estamos proponiendo y que esperamos que acompañen con su voto.
El impuesto al cheque es otro de los grandes impuestos distorsivos en la Argentina. Cuando se introdujo hace ya muchos años, fue en una situación de emergencia. Hoy recauda casi dos puntos del PBI, de manera que su eliminación es inviable. Como mencioné antes, el objetivo es mantener la solvencia fiscal. No obstante, sabemos que es uno de los impuestos más nocivos de nuestro sistema tributario. En primer lugar, genera un enorme incentivo al crecimiento de la economía informal, ya que facilita mecanismos para evitar el pago del consumo de los distintos bienes y servicios a través del sistema financiero. En segundo término, nos condena a tener un sistema financiero pequeño y, por lo tanto, reduce los créditos a las grandes empresas, a las familias y a las pymes. Por último, genera una distorsión adicional que implica una mayor integración vertical de las compañías que para no tener que incurrir en transacciones con otras compañías, realizan más actividades dentro de sí mismas que las que efectuarían sin la existencia del impuesto. Dado que existen ventajas de la especialización que llevan a una mayor productividad, esto sin duda daña la productividad de la economía.
Como no tenemos los recursos, lo que pretendemos con la reforma es ir convirtiendo gradualmente el impuesto a los débitos y créditos en un pago a cuenta de ganancias, de a veinte por ciento por año. El objetivo es que al final del camino -es decir, cinco años después- este impuesto sea únicamente un mecanismo de retención del pago del impuesto a las ganancias. Esto va a resolver buena parte del problema, aunque está claro que lo ideal sería que este impuesto desapareciera del conjunto de los impuestos que hoy están vigentes en la Argentina.
En línea con esta reforma tributaria que están a punto de debatir en esta Cámara de Diputados, hemos avanzado en la firma de un pacto fiscal con las provincias para que éstas implementen una reforma similar con rebajas graduales de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos. Ambas rebajas también se van a llevar a cabo en cinco años. Por esta razón, tenemos que hablar de una reforma tributaria que es aún más amplia que la que van a discutir ustedes. Existe una reforma tributaria similar que se va a implementar en las provincias y que, en conjunto, va a permitir que la Argentina dé pasos muy importantes para disminuir el peso de los impuestos distorsivos.
La Argentina necesita modificar su estructura impositiva. Sólo así va a poder sostener tasas de crecimiento como las que se requieren para derrotar la pobreza y para crecer sostenidamente no durante dos o tres años sino durante diez o veinte. Por tal motivo, pido que voten a favor de esta reforma.
Agradezco el trabajo que han hecho, ya que con algunos miembros de esta comisión hemos estado interactuando previamente.
Ahora los dejo con mi equipo para las explicaciones más detalladas y técnicas. Muchas gracias. (Aplausos.)
Les agradezco su presencia y todo el trabajo que ya se ha comenzado a hacer y que va a continuar en estos días.
Nuestro diagnóstico parte de la base de que luego de la normalización de la economía y de que la Argentina ha comenzado nuevamente a crecer, necesitamos continuar avanzando con reformas que permitan sostener el crecimiento de nuestro país por muchos años.
En ese sentido, nosotros evaluamos que la reforma de nuestro sistema tributario es crucial porque tenemos un sistema tributario que es inequitativo, que limita la creación de empleo y que impide el desarrollo.
El sistema impositivo tiene que ser equitativo y tiene que generar empleo de calidad, porque solo generando empleo de calidad aumentamos los salarios reales, la prosperidad y podemos continuar la tarea de bajar la pobreza, que es el objetivo de este gobierno. Necesitamos fomentar las inversiones y darle sustentabilidad y previsibilidad al sistema fiscal argentino.
En ese sentido es muy importante tener en cuenta que esta reforma tributaria que estamos proponiendo contempla plazos de aplicación de 5 años, lo cual da una visibilidad sobre los cambios que vamos a tener hacia adelante y cuál es el sistema tributario que vamos a tener. Esto permite adaptarnos en el tiempo a las modificaciones del sistema que vamos a tener, y a su vez, ir anticipando los efectos positivos que va a generar sobre la economía.
Desde el punto de vista macroeconómico es crucial que la reforma tributaria sea sustentable. La Argentina todavía tiene un déficit fiscal muy elevado y debemos atender al objetivo de modificar nuestro sistema impositivo preservando la solvencia de nuestro país.
Es por eso que es fundamental la gradualidad. Además, consideramos que en la medida en que la reforma tributaria se vaya poniendo en práctica aumenta el crecimiento potencial de la Argentina y reduce la evasión, lo cual a su vez la dota de mayor sustentabilidad fiscal porque el impacto estático de la reforma, sin considerar el impacto sobre la evasión y sobre el crecimiento, va a ser de una rebaja impositiva de un punto y medio del PBI a lo largo de 5 años. Pero la gradualidad y el impacto que ello genera sobre el crecimiento de la economía y sobre el aumento de la base imposible, producto de una menor evasión, nos permite llevar el costo fiscal a niveles mucho más bajos.
Es decir, en términos marginales, vamos a estar reduciendo la imposición sobre los que pagan, pero el costo fiscal va a ser mucho menor que el impacto estático de un punto y medio del PBI que les mencionaba. Y eso solo se puede lograr extendiendo la aplicación de la reforma en el tiempo.
Entonces, es clave entender que desde la macroeconomía la reforma tiene que ser sustentable y que por ello la preservación de los equilibrios macroeconómicos y de la solvencia fiscal es una condición irrenunciable. Por lo tanto, debemos ser graduales en la implementación.
Por otro lado, debemos ser responsables cuando discutamos esta reforma. Si queremos modificar alguno de los aspectos de la reforma para acelerar o para morigerar algún impacto debemos evaluar de qué manera alternativa deberíamos financiar esa modificación.
Es muy importante tener en cuenta que si algo se modifica en esta reforma, esos cambios siempre van a tener que ir en el sentido de propender a una mayor equidad, a una mayor eficiencia y mantener así los objetivos de la reforma.
Desde el punto de vista miroeconómico, con esta reforma buscamos objetivos muy concretos. Por un lado, eliminar distorsiones. Hoy la Argentina tiene un nivel récord de impuestos distorsivos que impiden que el país compita en un pie de igualdad con el resto de las naciones del mundo. Hemos acumulado impuestos que no existen en otros países, como por ejemplo el impuesto a los débitos y créditos. Tenemos una alícuota de ganancias corporativas que hoy ha quedado desalineada respecto de los países con los que compite la Argentina. Asimismo, debemos retener inversiones que están en nuestro país y atraerlas desde el exterior. Por eso es fundamental adecuar la manera en la que estamos gravando las ganancias corporativas.
Por otro lado, hay que ampliar las bases imponibles y por ello serán fundamentales todas las medidas que tomemos que contribuyan a reducir la evasión. En ese sentido, la conjunción de la creación de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales va en el sentido de salir en auxilio de aquellos empleos de más baja remuneración, que son los que compiten con la informalidad. Se trata de una medida que debe ser complementada con el blanqueo laboral que proponen las reformas enviadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Debemos propender a la igualdad horizontal y vertical; ese es uno de los objetivos de la reforma. Para ello es fundamental una mayor equidad.
La Argentina es uno de los pocos países del mundo que no gravaba la mayor parte de sus rentas generadas por la inversión financiera. De los 35 países integrantes de la OCDE, uno solo -Estonia- es el que utiliza un impuesto único. Del resto, ningún país exime las rentas generadas por las inversiones financieras. Nuestro país lo hacía generando una situación de absoluta inequidad respecto de las cargas que recaen sobre el trabajo. Por eso el componente del gravamen sobre las rentas financieras ocupa un rol fundamental en la reforma, no sólo por el aspecto recaudatorio sino también porque propende a una mayor equidad. Además, corrige una de las grandes distorsiones de nuestro sistema impositivo porque hasta ahora quien conformase una empresa para llevar adelante un negocio en la economía real, enfrentaba una carga impositiva del 35 por ciento que se la comparaba con un cero por ciento de los intereses que percibía por invertir en un activo financiero. A través de la reforma, los activos financieros, denominados en moneda extranjera o indexados a la inflación, pasan a estar gravados al 15 por ciento. Asimismo, las ganancias no distribuidas de las compañías pasan a estar gravadas al 25 por ciento. De esta forma, la brecha -que antes era del 35 por ciento entre una inversión financiera y una inversión de la economía real- ahora se reduce a diez puntos porcentuales. O sea, gravamos con un 15 por ciento las rentas percibidas por las inversiones financieras y reducimos al 25 por ciento el gravamen sobre la actividad productiva de las empresas.
Por otra parte, al gravar las rentas generadas por las ganancias del capital en las viviendas que no corresponden a las de uso familiar -me refiero a la segunda o tercera vivienda- y con la eliminación del impuesto a las transacciones inmobiliarias, estamos dando respuesta a quienes quieren acceder a la primera vivienda. De esta forma, ya no van a tener que afrontar el impuesto a las transacciones inmobiliarias que es del 1,5 por ciento. Se trata de un impuesto que se pagaba en el momento en el cual se hacía el pago inicial por la vivienda. Así, dejaba en el camino a muchas familias que no podían acceder a la vivienda propia. Entonces, nos alineamos con lo que hacen todos los países del mundo, que es gravar las ganancias de capital obtenidas por las viviendas no familiares. A decir verdad, en buena parte del mundo se grava también la vivienda propia. A partir de la sanción de la ley se la grava hacia delante y se la ajusta por inflación. Es un gravamen que va a incidir en la renta real y no en la inflación. De esta manera, damos enormes pasos para propender a un sistema mucho más equitativo.
A través de la creación de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales damos un paso fundamental en la lucha contra la evasión y facilitamos la creación de empleo de calidad. Me refiero al empleo en el sector privado, en relación de dependencia y poniendo el foco, fundamentalmente, en los salarios más bajos, que prácticamente no van a tener impuestos desde el lado de las contribuciones patronales.
Son, justamente, aquellos puestos de trabajo que están más jaqueados o afectados por el cambio tecnológico.
De esta manera, la Argentina da un paso fundamental para defender los puestos de trabajo que van a estar bajo mayor presión en la medida que sigamos transitando esta revolución tecnológica.
La rebaja del impuesto a las ganancias corporativas, del 35 al 25 por ciento, no solo empieza a poner en línea a la Argentina con la manera en que gravan las ganancias corporativas los otros países del mundo, sino que además, va a propender a generar un salto en la inversión y un aumento en el empleo y en los salarios reales.
Toda la literatura que estudia la vinculación entre las alícuotas de ganancias corporativas y el impacto real sobre el empleo y los salarios, muestra que cerca del
50 por ciento de las modificaciones de las alícuotas de ganancias corporativas termina yendo a parar a aumentos en el empleo y en el salario real, con lo cual contribuye a nuestra tarea de generar mejores salarios, más empleo y menos pobreza.
Para generar más empleo y tener mejores salarios reales es fundamental también adaptar el esquema bajo el cual hoy recaudamos el impuesto al valor agregado.
Hoy la Argentina tiene un problema muy serio con el impuesto al valor agregado. Recuerden que nuestro país tiene una alícuota del 21 por ciento, elevada en términos internacionales, y además todavía tenemos inflación.
El recupero de la inversión que se produce en la Argentina, el recupero del IVA que con el esquema tributario actual solo se recupera con los saldos de IVA ventas que genera esa inversión, puede llevar mucho tiempo, y disminuye el capital de trabajo de las compañías. Por eso es un desincentivo muy fuerte a la inversión.
Al devolver automáticamente el IVA en seis meses damos un paso muy importante para facilitar la vida de los emprendedores y de todos los empresarios argentinos que quieran invertir, ya que ahora no van a verse privados del capital de trabajo que implica el pago del IVA por las inversiones que han realizado. Por lo tanto, el crecimiento puede apalancarse porque los fondos disponibles para las empresas y para las pymes van a ser mucho mayores.
Estamos reordenando también el esquema bajo el cual se cobran los impuestos internos en la Argentina, ya que actualmente es un esquema muy desordenado.
Como ustedes saben, los impuestos internos vienen a jugar un rol complementario al que juega el impuesto al valor agregado.
El impuesto al valor agregado grava el consumo de manera uniforme, excepto donde hay exenciones o alícuotas diferenciales. Pero los impuestos internos tienen su razón de ser en gravar el lujo. Entonces, hay un motivo recaudatorio. Allí donde hay bienes de lujo, el Estado quiere recaudar bajo la premisa de que la disminución de ese consumo no afecta el bienestar en conjunto de la sociedad.
También reordenamos el esquema de impuestos internos para aquellos consumos que provocan externalidades sobre el sistema de salud. Entonces, ordenamos el esquema bajo el cual gravamos el alcohol, las bebidas azucaradas y el tabaco.
También Estamos proponiendo modificar el impuesto a los combustibles bajo la premisa de que tenemos que luchar contra el cambio climático. Ese es un compromiso de Argentina, que ha adherido a los distintos convenios internacionales. Pero una cosa es adherir a los convenios y otra cosa es llevarlos a la práctica. Por eso estamos convirtiendo el impuesto a los combustibles en un impuesto que tiene en cuenta el nivel de emisión de CO2 para que la Argentina sea uno de los países que lidere la lucha contra el cambio climático, y así va a serlo como resultado de los cambios que estamos proponiendo y que esperamos que acompañen con su voto.
El impuesto al cheque es otro de los grandes impuestos distorsivos en la Argentina. Cuando se introdujo hace ya muchos años, fue en una situación de emergencia. Hoy recauda casi dos puntos del PBI, de manera que su eliminación es inviable. Como mencioné antes, el objetivo es mantener la solvencia fiscal. No obstante, sabemos que es uno de los impuestos más nocivos de nuestro sistema tributario. En primer lugar, genera un enorme incentivo al crecimiento de la economía informal, ya que facilita mecanismos para evitar el pago del consumo de los distintos bienes y servicios a través del sistema financiero. En segundo término, nos condena a tener un sistema financiero pequeño y, por lo tanto, reduce los créditos a las grandes empresas, a las familias y a las pymes. Por último, genera una distorsión adicional que implica una mayor integración vertical de las compañías que para no tener que incurrir en transacciones con otras compañías, realizan más actividades dentro de sí mismas que las que efectuarían sin la existencia del impuesto. Dado que existen ventajas de la especialización que llevan a una mayor productividad, esto sin duda daña la productividad de la economía.
Como no tenemos los recursos, lo que pretendemos con la reforma es ir convirtiendo gradualmente el impuesto a los débitos y créditos en un pago a cuenta de ganancias, de a veinte por ciento por año. El objetivo es que al final del camino -es decir, cinco años después- este impuesto sea únicamente un mecanismo de retención del pago del impuesto a las ganancias. Esto va a resolver buena parte del problema, aunque está claro que lo ideal sería que este impuesto desapareciera del conjunto de los impuestos que hoy están vigentes en la Argentina.
En línea con esta reforma tributaria que están a punto de debatir en esta Cámara de Diputados, hemos avanzado en la firma de un pacto fiscal con las provincias para que éstas implementen una reforma similar con rebajas graduales de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos. Ambas rebajas también se van a llevar a cabo en cinco años. Por esta razón, tenemos que hablar de una reforma tributaria que es aún más amplia que la que van a discutir ustedes. Existe una reforma tributaria similar que se va a implementar en las provincias y que, en conjunto, va a permitir que la Argentina dé pasos muy importantes para disminuir el peso de los impuestos distorsivos.
La Argentina necesita modificar su estructura impositiva. Sólo así va a poder sostener tasas de crecimiento como las que se requieren para derrotar la pobreza y para crecer sostenidamente no durante dos o tres años sino durante diez o veinte. Por tal motivo, pido que voten a favor de esta reforma.
Agradezco el trabajo que han hecho, ya que con algunos miembros de esta comisión hemos estado interactuando previamente.
Ahora los dejo con mi equipo para las explicaciones más detalladas y técnicas. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Antes de pasar a la ronda de preguntas, voy a hacer algunos avisos parroquiales.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los nuevos integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En segundo término, agradezco la presencia del presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, así como la del senador Esteban Bullrich.
Paso a comentar brevemente la metodología de trabajo. En principio, vamos a seguir aprovechando la presencia del ministro Dujovne, quien cuenta con algunos minutos más. Luego van a quedar los secretarios para responder las preguntas. Como siempre -fundamentalmente mientras esté presente el ministro-, voy a pedir a los señores diputados que sean breves y concisos con las tres o cuatro preguntas que le formulen.
Después vamos a tener la oportunidad de volver a hablar todos, ya con los secretarios, para un segundo conjunto de observaciones, comentarios y modificaciones que podamos ir haciendo para ir ganando tiempo a lo largo de esta tarde.
A partir del intercambio que tengamos hoy con el ministro y sus secretarios, y con el que hagamos entre los señores diputados, aspiramos a podamos ir eventualmente modificando el proyecto de ley que ingresó para tener un dictamen que vaya incorporando esos comentarios en la medida en que sean consensuados. Esperamos poder distribuir a los señores diputados un dictamen modificado a partir de los comentarios que vayamos recibiendo en el día de hoy y seguramente los que hagamos mañana durante la mañana para poder ir avanzando en un dictamen consensuado.
Así que este es el trabajo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy.
Prometemos enviarles esa versión cuanto antes para tenerla mañana mismo sobre la mesa a la hora de debatir dentro de esta comisión y eventualmente dictaminar.
Les pido nuevamente que en la medida que contemos con la presencia del ministro, seamos concisos con las preguntas para poder aprovechar las respuestas.
Tengo anotados en la lista de oradores a Diego Bossio, Marco Lavagna, Axel Kicillof -vicepresidentes de la comisión- y luego paso a la lista general.
Si están de acuerdo con esta metodología podemos hacer una intervención en dos partes, para poder aprovechar el tiempo del ministro.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los nuevos integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En segundo término, agradezco la presencia del presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, así como la del senador Esteban Bullrich.
Paso a comentar brevemente la metodología de trabajo. En principio, vamos a seguir aprovechando la presencia del ministro Dujovne, quien cuenta con algunos minutos más. Luego van a quedar los secretarios para responder las preguntas. Como siempre -fundamentalmente mientras esté presente el ministro-, voy a pedir a los señores diputados que sean breves y concisos con las tres o cuatro preguntas que le formulen.
Después vamos a tener la oportunidad de volver a hablar todos, ya con los secretarios, para un segundo conjunto de observaciones, comentarios y modificaciones que podamos ir haciendo para ir ganando tiempo a lo largo de esta tarde.
A partir del intercambio que tengamos hoy con el ministro y sus secretarios, y con el que hagamos entre los señores diputados, aspiramos a podamos ir eventualmente modificando el proyecto de ley que ingresó para tener un dictamen que vaya incorporando esos comentarios en la medida en que sean consensuados. Esperamos poder distribuir a los señores diputados un dictamen modificado a partir de los comentarios que vayamos recibiendo en el día de hoy y seguramente los que hagamos mañana durante la mañana para poder ir avanzando en un dictamen consensuado.
Así que este es el trabajo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy.
Prometemos enviarles esa versión cuanto antes para tenerla mañana mismo sobre la mesa a la hora de debatir dentro de esta comisión y eventualmente dictaminar.
Les pido nuevamente que en la medida que contemos con la presencia del ministro, seamos concisos con las preguntas para poder aprovechar las respuestas.
Tengo anotados en la lista de oradores a Diego Bossio, Marco Lavagna, Axel Kicillof -vicepresidentes de la comisión- y luego paso a la lista general.
Si están de acuerdo con esta metodología podemos hacer una intervención en dos partes, para poder aprovechar el tiempo del ministro.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: este es un proyecto de casi 300 artículos, con lo cual son muchas las observaciones en las que hemos trabajado desde el bloque. Posiblemente algunas sean de forma y otras no tanto de forma sino de fondo, y algunas cuestiones quizás ameriten una discusión más fuerte entre los diputados de la comisión.
Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de una reforma tributaria. Entendemos que el Poder Ejecutivo es quien tiene que iniciar este tipo de reformas por las características técnicas y la capacidad que tiene de llevarla adelante, sobre todo en materia tributaria, y con la asistencia de la AFIP y las áreas que corresponde.
Creemos que tiene que haber modificaciones y que tienen que incorporar doctrina y jurisprudencia. Hay muchos aspectos jurisprudenciales que creemos que están incorporados en esta norma y hay cuestiones que tienen que ver con la orientación económica, en las que evidentemente nosotros vamos a plantear la defensa de algunos temas regionales.
El capítulo del impuesto a las ganancias, que ciertamente es un capítulo de difícil lectura -por lo menos me pareció, en mi caso particular-, tiene la innovación de la renta financiera. Estamos de acuerdo con que se innove con la renta financiera. Me parece que era algo que este Congreso de la Nación venía solicitando, y hay antecedentes. Recuerdo la discusión hace un año con respecto al dólar futuro y la incorporación de la renta al dólar futuro.
Asimismo, estamos de acuerdo conceptualmente con cómo se está incorporando la renta financiera, más allá de algunos aspectos de quebrantos y demás, que me parece que son errores que tiene el proyecto y que le haremos notar al presidente de la comisión.
Creemos que la exención a extranjeros debe ser acotada. Hoy en la Argentina, con tasas de Lebacs por parte del Banco Central del orden del 28 o 30 por ciento, un extranjero vine, invierte, hace el famoso carry trade y no paga ningún tipo de impuesto a la renta financiera.
Creemos que en el caso concreto de las Lebacs debería incorporarse la renta. Creo que operativamente es posible hacerlo. Y me parece que es una buena señalar poner en pie de igualdad a una señora del interior de la Argentina que tiene un plazo fijo, que tiene ahorros y que va a pagar, con un extranjero, con un inversor calificado, que compra Lebacs y que tiene al menos un 28 o 30 por ciento de ganancias.
Lo mismo sucede respecto de lo que señala el artículo 20. Seguramente allí la apreciación se referirá a que los extranjeros están eximidos porque competimos con otros estados que han eximido impuestos. Todos sabemos que existe el tax credit. En realidad, la compensación impositiva se puede dar y es algo sencillo de aplicar; Argentina está en esa línea.
Asimismo, desearía saber si me pueden aclarar algo respecto a los países cooperantes y los de baja tributación. Las modificaciones tributarias -no solamente en el país sino también en el extranjero- pueden significar que algún tipo de transacción de países -no hablo de las Islas Caimán, sino del Reino Unido y quizás Estados Unidos- tendrían el mismo tratamiento. Es más, en las Islas Caimán habría un tratamiento mucho más benévolo que el Reino Unido. Simplemente lo quería aclarar, pues no sé si estoy en lo cierto o si me pueden informar respecto de su redacción.
El artículo 20 está relacionado con las exenciones en términos de vinculaciones laborales. Creemos que hay que aclarar esa norma. Las vinculaciones laborales tienen que estar exentas del impuesto a las ganancias. Es un tema que tiene una larga historia y trayectoria en la Argentina y no quisiéramos involucrar a los trabajadores en esta norma.
El otro punto a destacar se refiere al artículo 49. Nosotros creemos que no es necesario aclarar ningún artículo. Concretamente, el artículo 99 de la actual ley de impuesto a las ganancias permite el cobro. Creemos que ese artículo se debería eliminar.
Finalmente, quería hacerle una consulta puntual al señor ministro. Respecto de los impuestos internos debemos pensar que hay realidades provinciales relacionadas con los vinos. Celebramos la postura del Poder Ejecutivo de eliminar los impuestos a los vinos. Pero sostenemos que no es conveniente haber retrocedido en materia de cerveza. Un litro de cerveza vale lo mismo que un litro de leche. Un tambero de la cuenca lechera del interior de la provincia de Buenos Aires, de Rafaela o de la provincia de Entre Ríos recibe alrededor de cinco pesos con cincuenta; la leche vale 31 pesos en las góndolas y un litro de cerveza sale 31 pesos. Me da la sensación que, aplicarle un impuesto a la cerveza es algo conveniente desde el punto de vista de la salud. Asimismo, es importante desde el punto de vista recaudatorio y creo que equilibraría todo el proceso. Habría que incorporar también algún tipo de unificación con pollos y cerdos. Son puntos a tener en cuenta. Y lo mismo sucede en materia de jugos y azúcares. Tenemos una posición federal al respecto que se la vamos a plantear al Poder Ejecutivo.
Por otro lado, consideramos necesario cumplir con los acuerdos de París en materia ambiental. Pero no vemos que el esquema tributario respecto de los combustibles sea el más conveniente; hemos preparado una propuesta al respecto.
Concretamente, la Argentina tiene una estructura productiva de energía asociada al gas. Obviamente, el gas no es lo mismo que el carbón. El aporte a la contaminación global de la Argentina no tiene nada que ver con el resto de las grandes potencias: China, India, Alemania y Estados Unidos. Por ello, considero que hay que ser criterioso pues no debe implicar un incremento a los combustibles y, además, un problema en lo atinente a la competitividad. Es importante que se puedan escuchar alternativas en ese sentido y podamos aportar ideas. Lo mismo sucede con los impuestos a las bebidas energizantes; no están incluidos. Sería correcto incluir a las bebidas energizantes en la matriz tributaria.
El señor ministro Dujovne hacía mención al impuesto al cheque. No sabemos en qué norma lo van a incorporar, pero en el impuesto al cheque no está incluida la exención como algo vinculado a Ganancias en esta reforma tributaria. Posiblemente lo incorporen directamente en la ley de impuesto al cheque. Hoy no está incluido en forma normativa.
En lo relativo a la seguridad social hay un punto a considerar vinculado a la no eliminación de los topes. Nuestro país cuenta con una tradición de defensa del Estado frente a la Corte Suprema acerca de que los topes le ponen un freno a las jubilaciones. Si encuentran un argumento jurídico distinto, bienvenido sea. De lo contrario, que venga el señor Procurador o algún representante de las áreas jurídicas del Estado para que nos explique cómo vamos a salvaguardar esa situación que puede generar una alta litigiosidad al Estado.
Entiendo que hay altos salarios que deberían aportar y contribuir. Pero la reforma de 1994 cambió el espíritu y hay toda una conducta tributaria y una conducta jurisprudencial al respecto.
También hay muchos otros temas que son más puntuales, pero no por eso son menores, y que seguramente podemos plantear en otras intervenciones.
En líneas generales, es un proyecto que hemos estudiado. No vamos a decir que no lo hemos hecho. Hemos tenido tiempo, porque venimos discutiendo esto primero en una comisión bicameral de reforma tributaria; segundo, el ministro nos recibió en su despacho hace un mes y medio y, además, hace varios días que tenemos el proyecto.
De manera que lo hemos trabajado y tenemos para aportar una serie de cambios que entiendo pueden ser positivos para fortalecer el Estado, dar competitividad a algún sector, transparentar algunos aspectos que tienen que ver con lo tributario y, fundamentalmente, poder discutir temas que no se pueden considerar si no es en el contexto del debate de una reforma tributaria.
Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de una reforma tributaria. Entendemos que el Poder Ejecutivo es quien tiene que iniciar este tipo de reformas por las características técnicas y la capacidad que tiene de llevarla adelante, sobre todo en materia tributaria, y con la asistencia de la AFIP y las áreas que corresponde.
Creemos que tiene que haber modificaciones y que tienen que incorporar doctrina y jurisprudencia. Hay muchos aspectos jurisprudenciales que creemos que están incorporados en esta norma y hay cuestiones que tienen que ver con la orientación económica, en las que evidentemente nosotros vamos a plantear la defensa de algunos temas regionales.
El capítulo del impuesto a las ganancias, que ciertamente es un capítulo de difícil lectura -por lo menos me pareció, en mi caso particular-, tiene la innovación de la renta financiera. Estamos de acuerdo con que se innove con la renta financiera. Me parece que era algo que este Congreso de la Nación venía solicitando, y hay antecedentes. Recuerdo la discusión hace un año con respecto al dólar futuro y la incorporación de la renta al dólar futuro.
Asimismo, estamos de acuerdo conceptualmente con cómo se está incorporando la renta financiera, más allá de algunos aspectos de quebrantos y demás, que me parece que son errores que tiene el proyecto y que le haremos notar al presidente de la comisión.
Creemos que la exención a extranjeros debe ser acotada. Hoy en la Argentina, con tasas de Lebacs por parte del Banco Central del orden del 28 o 30 por ciento, un extranjero vine, invierte, hace el famoso carry trade y no paga ningún tipo de impuesto a la renta financiera.
Creemos que en el caso concreto de las Lebacs debería incorporarse la renta. Creo que operativamente es posible hacerlo. Y me parece que es una buena señalar poner en pie de igualdad a una señora del interior de la Argentina que tiene un plazo fijo, que tiene ahorros y que va a pagar, con un extranjero, con un inversor calificado, que compra Lebacs y que tiene al menos un 28 o 30 por ciento de ganancias.
Lo mismo sucede respecto de lo que señala el artículo 20. Seguramente allí la apreciación se referirá a que los extranjeros están eximidos porque competimos con otros estados que han eximido impuestos. Todos sabemos que existe el tax credit. En realidad, la compensación impositiva se puede dar y es algo sencillo de aplicar; Argentina está en esa línea.
Asimismo, desearía saber si me pueden aclarar algo respecto a los países cooperantes y los de baja tributación. Las modificaciones tributarias -no solamente en el país sino también en el extranjero- pueden significar que algún tipo de transacción de países -no hablo de las Islas Caimán, sino del Reino Unido y quizás Estados Unidos- tendrían el mismo tratamiento. Es más, en las Islas Caimán habría un tratamiento mucho más benévolo que el Reino Unido. Simplemente lo quería aclarar, pues no sé si estoy en lo cierto o si me pueden informar respecto de su redacción.
El artículo 20 está relacionado con las exenciones en términos de vinculaciones laborales. Creemos que hay que aclarar esa norma. Las vinculaciones laborales tienen que estar exentas del impuesto a las ganancias. Es un tema que tiene una larga historia y trayectoria en la Argentina y no quisiéramos involucrar a los trabajadores en esta norma.
El otro punto a destacar se refiere al artículo 49. Nosotros creemos que no es necesario aclarar ningún artículo. Concretamente, el artículo 99 de la actual ley de impuesto a las ganancias permite el cobro. Creemos que ese artículo se debería eliminar.
Finalmente, quería hacerle una consulta puntual al señor ministro. Respecto de los impuestos internos debemos pensar que hay realidades provinciales relacionadas con los vinos. Celebramos la postura del Poder Ejecutivo de eliminar los impuestos a los vinos. Pero sostenemos que no es conveniente haber retrocedido en materia de cerveza. Un litro de cerveza vale lo mismo que un litro de leche. Un tambero de la cuenca lechera del interior de la provincia de Buenos Aires, de Rafaela o de la provincia de Entre Ríos recibe alrededor de cinco pesos con cincuenta; la leche vale 31 pesos en las góndolas y un litro de cerveza sale 31 pesos. Me da la sensación que, aplicarle un impuesto a la cerveza es algo conveniente desde el punto de vista de la salud. Asimismo, es importante desde el punto de vista recaudatorio y creo que equilibraría todo el proceso. Habría que incorporar también algún tipo de unificación con pollos y cerdos. Son puntos a tener en cuenta. Y lo mismo sucede en materia de jugos y azúcares. Tenemos una posición federal al respecto que se la vamos a plantear al Poder Ejecutivo.
Por otro lado, consideramos necesario cumplir con los acuerdos de París en materia ambiental. Pero no vemos que el esquema tributario respecto de los combustibles sea el más conveniente; hemos preparado una propuesta al respecto.
Concretamente, la Argentina tiene una estructura productiva de energía asociada al gas. Obviamente, el gas no es lo mismo que el carbón. El aporte a la contaminación global de la Argentina no tiene nada que ver con el resto de las grandes potencias: China, India, Alemania y Estados Unidos. Por ello, considero que hay que ser criterioso pues no debe implicar un incremento a los combustibles y, además, un problema en lo atinente a la competitividad. Es importante que se puedan escuchar alternativas en ese sentido y podamos aportar ideas. Lo mismo sucede con los impuestos a las bebidas energizantes; no están incluidos. Sería correcto incluir a las bebidas energizantes en la matriz tributaria.
El señor ministro Dujovne hacía mención al impuesto al cheque. No sabemos en qué norma lo van a incorporar, pero en el impuesto al cheque no está incluida la exención como algo vinculado a Ganancias en esta reforma tributaria. Posiblemente lo incorporen directamente en la ley de impuesto al cheque. Hoy no está incluido en forma normativa.
En lo relativo a la seguridad social hay un punto a considerar vinculado a la no eliminación de los topes. Nuestro país cuenta con una tradición de defensa del Estado frente a la Corte Suprema acerca de que los topes le ponen un freno a las jubilaciones. Si encuentran un argumento jurídico distinto, bienvenido sea. De lo contrario, que venga el señor Procurador o algún representante de las áreas jurídicas del Estado para que nos explique cómo vamos a salvaguardar esa situación que puede generar una alta litigiosidad al Estado.
Entiendo que hay altos salarios que deberían aportar y contribuir. Pero la reforma de 1994 cambió el espíritu y hay toda una conducta tributaria y una conducta jurisprudencial al respecto.
También hay muchos otros temas que son más puntuales, pero no por eso son menores, y que seguramente podemos plantear en otras intervenciones.
En líneas generales, es un proyecto que hemos estudiado. No vamos a decir que no lo hemos hecho. Hemos tenido tiempo, porque venimos discutiendo esto primero en una comisión bicameral de reforma tributaria; segundo, el ministro nos recibió en su despacho hace un mes y medio y, además, hace varios días que tenemos el proyecto.
De manera que lo hemos trabajado y tenemos para aportar una serie de cambios que entiendo pueden ser positivos para fortalecer el Estado, dar competitividad a algún sector, transparentar algunos aspectos que tienen que ver con lo tributario y, fundamentalmente, poder discutir temas que no se pueden considerar si no es en el contexto del debate de una reforma tributaria.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Gracias, presidente reelecto. Felicitaciones por eso.
Creo que todos coincidimos en la necesidad de una reforma del sistema impositivo argentino. Hoy no es una novedad que cuando hablamos en términos de atracción de inversiones, la Argentina es uno de los países que peor "rankeado" está cuando hablamos de incentivos a la inversión y a la creación de puestos de trabajo.
Por lo tanto, creemos que es necesario avanzar en una reforma tributaria. La discusión, si se quiere, es qué tipo de reforma tributaria estamos planteando. En este punto me gustaría empezar con algunas preguntas puntuales que son centrales, sobre todo teniendo en cuenta que este Congreso ha votado una oficina de presupuesto que todavía no terminamos de poner en funcionamiento porque está recién creada. Pero la pregunta del millón es cuánto sale esto.
En la reunión que mencionaba recién el diputado Bossio, cuando el ministro nos recibió en su despacho junto a su gabinete, dijo que en cinco años era el equivalente a 1.5 del producto, pero eso tiene un montón de consideraciones de crecimientos asociados.
La pregunta es ¿cuánto nos va a costar el año uno? ¿Cuánto el año dos? ¿Cómo es la distribución de esos distintos recursos? Porque poder tenerlo desagregado por instrumento que se modifica también nos permite ver la viabilidad o la sustentabilidad de los cambios que se están planteando. Con lo cual, me gustaría saber cuál es el impacto de cada uno de ellos en el tiempo.
Creemos que la reforma tiene algunas cosas que son muy positivas. Nos alegra que se haya puesto una diferenciación entre aquellos que reinviertan o que no redistribuyan utilidades y los que sí lo hacen. Nos parece que esas distinciones son las que hay que lograr promover.
Me preocupan algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de las pymes, más allá de lo que establece la ley pyme. Por ejemplo, algunas cuestiones como la equiparación de las tasas de seguridad social, donde las pymes industriales, particularmente, pasan del 17,5 al 19,5, que de alguna forma lo compensan con el mínimo no imponible, que claramente tiene un impacto más que significativo.
Pero en todo caso se está eliminando una diferenciación que había entre las grandes empresas y las pymes. Me gustaría escuchar alguna consideración sobre este punto de parte del señor ministro.
Lo mismo, si se quiere, en términos regionales, cuando se elimina el decreto 814. Coincidimos de alguna manera en que a lo largo de los años se ha ido desvirtuando la utilización del decreto 814 respecto del origen de este mismo decreto.
Pero posiblemente se podría sustituir con algún otro mecanismo. Si queremos equiparar tasas o queremos que el sistema tributario sea equitativo -es decir, el mismo para todos-, podríamos hacer algún tipo de diferenciación. Al respecto hay un proyecto del diputado Snopek -quien estaba en viaje y no pudo llegar- que puede ser útil. Por ejemplo, se puede hacer algún tipo de compensación por costos logísticos. No sé si ese es el mejor, pero se podría buscar algún instrumento que tenga relación con el gasto pero que compense y no genere incentivos a la concentración de la economía en los grandes centros urbanos. Me gustaría una opinión al respecto.
Sobre el tema de ganancias, quiero destacar que cuando discutimos la ley de impuesto a ganancias el año pasado nosotros éramos tratados casi como herejes por plantear el tema de la renta financiera. Ahora me pone contento que cosas que propusimos en ese momento estén incluidas en este proyecto. Me refiero a impuestos como los del juego, el dólar futuro -al cual se refirió el diputado Bossio- y el IVA de los servicios del exterior. También consideramos que hay que elevar los topes de monotributo, eximir los alquileres y gravar los dividendos.
Con respecto a la renta financiera, se está avanzando mucho. Yo creo que hay que tener cuidado con este tema, sobre todo por las tasas y parámetros que se están manejando. Por ejemplo, hoy un plazo fijo de 225.000 pesos ya estaría alcanzado por la renta financiera. Tendríamos que ser cuidadosos en la discusión de los mínimos. Habría que hacer un esfuerzo más grande y elevar los mínimos para que justamente un plazo fijo de un monto tan chico no quede alcanzado. En su momento hablamos de plazos fijos mayores a 1.500.000 pesos, porque justamente se buscaba gravar los altos niveles de ahorro.
Se podría decir lo mismo sobre el tema de las acciones, que hoy están exentas. Hay una lógica por la cual están exentas. Pero podríamos buscar un mecanismo por el cual el inversor no tribute mientras mantenga los fondos dentro del sistema de mercado de capitales y recién deba hacerlo cuando retire las ganancias. Así, estaríamos dando un incentivo al inversor para que deje sus fondos por plazos más largos en el mercado de capitales, que es justamente lo que queremos.
Como dijo el diputado Bossio, hay muchas cosas que hemos estado discutiendo. Muchas cuestiones tienen que ver con las particularidades de los impuestos internos. Me gustaría mencionar algo vinculado con el tema de los procedimientos, que es un cambio grande que se está proponiendo en el proyecto de ley y tiene que ver con el concepto de "bala de plata". Si bien no es un concepto nuevo, porque ya estaba en el sistema tributario anterior -que, si se quiere, se está levantando-, considero que deberíamos tener cuidado y no caer en la suposición de que todos los contribuyentes, particularmente los empresarios, son evasores. No es, de todos modos, lo que el proyecto está diciendo, pero sin embargo en muchos pasajes de la reforma se deja cierto lugar a la sospecha sobre el contribuyente muy grande. Creo que tendríamos que tener más cuidado con eso.
Los problemas que hoy padece el contribuyente tienen que ver en parte con la complejidad del sistema. Esta es una reforma tributaria que no está avanzando sobre la simplificación del sistema. Imagino que muchas de estas cosas tienen que ver con cuestiones más bien operativas. Pero me gustaría plantear la simplicidad del sistema como un objetivo central. Tenemos que ver cómo avanzar cada vez más fuertemente en un sistema sencillo. Acá estamos poniendo muchas restricciones. Con muchas de ellas coincido, como por ejemplo la de excluir a algunos monotributistas, sobre todo a ciertas empresas. Pero hay que contemplar un período de transición. De lo contrario, vamos a pasar de un régimen simplificado -con todos sus defectos, que hay que cambiar- a un sistema muy complejo. Sin embargo, está la posibilidad de pensar en alguna transición. Luego, habría que trabajar en el desarrollo de un sistema simple en el mediano plazo.
Sobre el tema de procedimientos, como decía antes, creo que uno de los aspectos que hay que tener en consideración se relaciona con las rectificaciones voluntarias. La bala de plata funciona, y coincido con su incorporación, una vez que el contribuyente ha tenido algún tipo de denuncia o proceso por parte de la AFIP y le da por única vez la posibilidad de rectificarse. La segunda vez ya entra dentro de la ley penal tributaria.
El problema está en los contribuyentes que sin haber tenido un proceso no pueden rectificar, porque si rectifican corren el riesgo de ser juzgados por la ley penal tributaria.
Yo creo que lo que se podría hacer acá es incorporar un artículo donde se diga que la ley penal tributaria no corre en los casos de los contribuyentes que voluntariamente, y sin previa intimación de la AFIP, hagan una rectificación. Porque esto se puede dar por un error involuntario cuando se hace la liquidación de impuestos, entonces, el contribuyente debe tener la posibilidad de corregirse. Si ya entró en un proceso penal o en un proceso con la AFIP, corre la bala de plata, que me parece que es correcto.
Por último, señor ministro, me gustaría alguna reflexión o si tiene el cálculo de cómo quedaría nuestra matriz tributaria. Uno de los problemas que tiene la Argentina, y sobre todo cuando se lo compara con la matriz impositiva de países integrantes de la OCDE -cuyo ingreso a ese organismo es uno de los objetivos del gobierno-, es cuánto se grava sobre el consumo, sobre el salario y cuánto sobre el patrimonio; esos países tienen una relación muy distinta a la de Argentina.
Nuestro país tiene un sistema impositivo que grava mucho al consumo y al salario, con una proporción menor del patrimonio. Actualmente la Argentina grava aproximadamente -no recuerdo los números exactos- 65 por ciento sobre consumo y salario, impuestos internos, y la diferencia es sobre el patrimonio, mientras que países de la OCDE tienen una relación de 55 por ciento al consumo de mercado interno y el resto al patrimonio. Esos 10 puntos de diferencia hacen mucho a nuestro sistema tributario.
Entonces, me gustaría saber si ustedes tienen algún cálculo de cómo quedaría, luego de la reforma, la matriz impositiva de la Argentina en estos términos.
Creo que todos coincidimos en la necesidad de una reforma del sistema impositivo argentino. Hoy no es una novedad que cuando hablamos en términos de atracción de inversiones, la Argentina es uno de los países que peor "rankeado" está cuando hablamos de incentivos a la inversión y a la creación de puestos de trabajo.
Por lo tanto, creemos que es necesario avanzar en una reforma tributaria. La discusión, si se quiere, es qué tipo de reforma tributaria estamos planteando. En este punto me gustaría empezar con algunas preguntas puntuales que son centrales, sobre todo teniendo en cuenta que este Congreso ha votado una oficina de presupuesto que todavía no terminamos de poner en funcionamiento porque está recién creada. Pero la pregunta del millón es cuánto sale esto.
En la reunión que mencionaba recién el diputado Bossio, cuando el ministro nos recibió en su despacho junto a su gabinete, dijo que en cinco años era el equivalente a 1.5 del producto, pero eso tiene un montón de consideraciones de crecimientos asociados.
La pregunta es ¿cuánto nos va a costar el año uno? ¿Cuánto el año dos? ¿Cómo es la distribución de esos distintos recursos? Porque poder tenerlo desagregado por instrumento que se modifica también nos permite ver la viabilidad o la sustentabilidad de los cambios que se están planteando. Con lo cual, me gustaría saber cuál es el impacto de cada uno de ellos en el tiempo.
Creemos que la reforma tiene algunas cosas que son muy positivas. Nos alegra que se haya puesto una diferenciación entre aquellos que reinviertan o que no redistribuyan utilidades y los que sí lo hacen. Nos parece que esas distinciones son las que hay que lograr promover.
Me preocupan algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de las pymes, más allá de lo que establece la ley pyme. Por ejemplo, algunas cuestiones como la equiparación de las tasas de seguridad social, donde las pymes industriales, particularmente, pasan del 17,5 al 19,5, que de alguna forma lo compensan con el mínimo no imponible, que claramente tiene un impacto más que significativo.
Pero en todo caso se está eliminando una diferenciación que había entre las grandes empresas y las pymes. Me gustaría escuchar alguna consideración sobre este punto de parte del señor ministro.
Lo mismo, si se quiere, en términos regionales, cuando se elimina el decreto 814. Coincidimos de alguna manera en que a lo largo de los años se ha ido desvirtuando la utilización del decreto 814 respecto del origen de este mismo decreto.
Pero posiblemente se podría sustituir con algún otro mecanismo. Si queremos equiparar tasas o queremos que el sistema tributario sea equitativo -es decir, el mismo para todos-, podríamos hacer algún tipo de diferenciación. Al respecto hay un proyecto del diputado Snopek -quien estaba en viaje y no pudo llegar- que puede ser útil. Por ejemplo, se puede hacer algún tipo de compensación por costos logísticos. No sé si ese es el mejor, pero se podría buscar algún instrumento que tenga relación con el gasto pero que compense y no genere incentivos a la concentración de la economía en los grandes centros urbanos. Me gustaría una opinión al respecto.
Sobre el tema de ganancias, quiero destacar que cuando discutimos la ley de impuesto a ganancias el año pasado nosotros éramos tratados casi como herejes por plantear el tema de la renta financiera. Ahora me pone contento que cosas que propusimos en ese momento estén incluidas en este proyecto. Me refiero a impuestos como los del juego, el dólar futuro -al cual se refirió el diputado Bossio- y el IVA de los servicios del exterior. También consideramos que hay que elevar los topes de monotributo, eximir los alquileres y gravar los dividendos.
Con respecto a la renta financiera, se está avanzando mucho. Yo creo que hay que tener cuidado con este tema, sobre todo por las tasas y parámetros que se están manejando. Por ejemplo, hoy un plazo fijo de 225.000 pesos ya estaría alcanzado por la renta financiera. Tendríamos que ser cuidadosos en la discusión de los mínimos. Habría que hacer un esfuerzo más grande y elevar los mínimos para que justamente un plazo fijo de un monto tan chico no quede alcanzado. En su momento hablamos de plazos fijos mayores a 1.500.000 pesos, porque justamente se buscaba gravar los altos niveles de ahorro.
Se podría decir lo mismo sobre el tema de las acciones, que hoy están exentas. Hay una lógica por la cual están exentas. Pero podríamos buscar un mecanismo por el cual el inversor no tribute mientras mantenga los fondos dentro del sistema de mercado de capitales y recién deba hacerlo cuando retire las ganancias. Así, estaríamos dando un incentivo al inversor para que deje sus fondos por plazos más largos en el mercado de capitales, que es justamente lo que queremos.
Como dijo el diputado Bossio, hay muchas cosas que hemos estado discutiendo. Muchas cuestiones tienen que ver con las particularidades de los impuestos internos. Me gustaría mencionar algo vinculado con el tema de los procedimientos, que es un cambio grande que se está proponiendo en el proyecto de ley y tiene que ver con el concepto de "bala de plata". Si bien no es un concepto nuevo, porque ya estaba en el sistema tributario anterior -que, si se quiere, se está levantando-, considero que deberíamos tener cuidado y no caer en la suposición de que todos los contribuyentes, particularmente los empresarios, son evasores. No es, de todos modos, lo que el proyecto está diciendo, pero sin embargo en muchos pasajes de la reforma se deja cierto lugar a la sospecha sobre el contribuyente muy grande. Creo que tendríamos que tener más cuidado con eso.
Los problemas que hoy padece el contribuyente tienen que ver en parte con la complejidad del sistema. Esta es una reforma tributaria que no está avanzando sobre la simplificación del sistema. Imagino que muchas de estas cosas tienen que ver con cuestiones más bien operativas. Pero me gustaría plantear la simplicidad del sistema como un objetivo central. Tenemos que ver cómo avanzar cada vez más fuertemente en un sistema sencillo. Acá estamos poniendo muchas restricciones. Con muchas de ellas coincido, como por ejemplo la de excluir a algunos monotributistas, sobre todo a ciertas empresas. Pero hay que contemplar un período de transición. De lo contrario, vamos a pasar de un régimen simplificado -con todos sus defectos, que hay que cambiar- a un sistema muy complejo. Sin embargo, está la posibilidad de pensar en alguna transición. Luego, habría que trabajar en el desarrollo de un sistema simple en el mediano plazo.
Sobre el tema de procedimientos, como decía antes, creo que uno de los aspectos que hay que tener en consideración se relaciona con las rectificaciones voluntarias. La bala de plata funciona, y coincido con su incorporación, una vez que el contribuyente ha tenido algún tipo de denuncia o proceso por parte de la AFIP y le da por única vez la posibilidad de rectificarse. La segunda vez ya entra dentro de la ley penal tributaria.
El problema está en los contribuyentes que sin haber tenido un proceso no pueden rectificar, porque si rectifican corren el riesgo de ser juzgados por la ley penal tributaria.
Yo creo que lo que se podría hacer acá es incorporar un artículo donde se diga que la ley penal tributaria no corre en los casos de los contribuyentes que voluntariamente, y sin previa intimación de la AFIP, hagan una rectificación. Porque esto se puede dar por un error involuntario cuando se hace la liquidación de impuestos, entonces, el contribuyente debe tener la posibilidad de corregirse. Si ya entró en un proceso penal o en un proceso con la AFIP, corre la bala de plata, que me parece que es correcto.
Por último, señor ministro, me gustaría alguna reflexión o si tiene el cálculo de cómo quedaría nuestra matriz tributaria. Uno de los problemas que tiene la Argentina, y sobre todo cuando se lo compara con la matriz impositiva de países integrantes de la OCDE -cuyo ingreso a ese organismo es uno de los objetivos del gobierno-, es cuánto se grava sobre el consumo, sobre el salario y cuánto sobre el patrimonio; esos países tienen una relación muy distinta a la de Argentina.
Nuestro país tiene un sistema impositivo que grava mucho al consumo y al salario, con una proporción menor del patrimonio. Actualmente la Argentina grava aproximadamente -no recuerdo los números exactos- 65 por ciento sobre consumo y salario, impuestos internos, y la diferencia es sobre el patrimonio, mientras que países de la OCDE tienen una relación de 55 por ciento al consumo de mercado interno y el resto al patrimonio. Esos 10 puntos de diferencia hacen mucho a nuestro sistema tributario.
Entonces, me gustaría saber si ustedes tienen algún cálculo de cómo quedaría, luego de la reforma, la matriz impositiva de la Argentina en estos términos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Creo que han sido muchas preguntas. Primero le voy a dar la palabra al ministro, y luego a los señores diputados Kicillof y Benedetti.
SR. MINISTRO DE HACIENDA Señor presidente: voy a comenzar a contestar las preguntas del señor diputado Lavagna y después continuaré con las consideraciones del señor diputado Bossio.
Nuestros cálculos son que la reforma cuesta, en términos estáticos, un punto y medio de PBI, que es bastante parejo a lo largo de los 5 años: más o menos 0,3 por ciento. Ese es el impacto estático que no tiene en cuenta el aumento de la tasa de crecimiento, que nosotros estimamos en 0,6 por ciento de crecimiento potencial de la economía, ni la disminución ni elevación. Teniendo en cuenta ambos impactos que, por supuesto no tienen el mismo grado de certeza que el punto y medio que sabemos que es el impacto estático, pensamos que en 5 años el impacto fiscal de la reforma es de apenas 0,4 por ciento del producto, de costo.
El costo de la reforma recae esencialmente sobre la Nación; las provincias no tienen pérdida de recursos. Eso es por varios factores. En primer lugar, porque, por ejemplo, se comienza a gravar la renta financiera de manera coparticipada, suben impuestos que son coparticipados y porque la implementación del mínimo no imponible para las contribuciones patronales en parte se financia con la eliminación del decreto 814/01 que permitía utilizar las contribuciones patronales como pago a cuenta del IVA, con lo cual disminuye la detracción del IVA, que es un impuesto coparticipable.
Por supuesto podemos acercarles números más detallados, pero resumo en términos conceptuales: el impacto estático es de un punto y medio del producto -0,3 por ciento por año-, y recae mayoritariamente sobre la Nación.
A continuación me voy a referir al impacto que generan en las pymes las modificaciones de las contribuciones patronales. No coincido con lo manifestado por el señor diputado Lavagna acerca de que produzca un incremento en la carga de contribuciones para las pymes. Es cierto que en los productores de bienes la alícuota sube del 17 por ciento al 19,5 por ciento. Pero en los productores de servicios -que ocupan un peso mucho más grande en la economía argentina respecto de los productores de bienes- dicha alícuota baja del 21 al 19,5 por ciento.
Entonces, el impacto agregado es neutro. Si alguien, dentro del espectro de las empresas en la Argentina, sale beneficiado con la implementación del mínimo no imponible en contribuciones no solo son los trabajadores de menores ingresos sino también las pymes. Concretamente, las pymes, al ser empresas con mucho menos capital intensivo que las grandes, afrontan salarios más bajos en relación con estas últimas debido a que la productividad es más baja. Por ende, el impacto de la implementación del mínimo no imponible se da con muchísima más fuerza en el espectro de las pymes. Tenemos números en torno a este punto que se los podemos hacer llegar. Es muy claro que de la combinación de la eliminación del decreto 814 y la implementación del mínimo no imponible, los que ganan son los asalariados de menores ingresos, las pymes y, en nuestra opinión, los trabajadores informales y los desempleados. Esto va a generar un gran incentivo a la formalización y a la creación de empleo.
Quiero destacar algo en torno a la compensación logística. Hoy, el Gobierno está invirtiendo de manera diferencial en las zonas más alejadas del país. Me refiero a la recuperación del Belgrano Cargas y otras obras de infraestructura.
A continuación me voy a referir a las modificaciones al régimen penal tributario. Se está dando un paso muy grande que se refleja en la actualización del monto que determina cuáles son las causas pasibles del régimen penal tributario y cuáles no. Es un salto muy grande y una actualización que no se producía desde el año 2011. Sostenemos que los montos son adecuados y no tenemos que incurrir en modificaciones adicionales. Hay que tener en cuenta que en la consideración de elevación, a los fines del régimen penal tributario no se acumula la totalidad de los tributos. El cálculo se da por tributo y el monto actualizado opera sobre el tributo en el cual se incurrió en el delito de evasión. El hecho de llegar a los nuevos montos que se establecen para el régimen penal tributario implica una cifra de evasión muy elevada. Nosotros estamos muy comprometidos en la lucha contra la evasión y necesitamos brindar incentivos, tener un sistema tributario con alícuotas más bajas, ampliar las bases pero, a la vez, requerimos de una AFIP que pueda contar con herramientas para recaudar más. Si no tenemos eso, no podremos seguir avanzando en nuestro esquema de reducción de impuestos.
Claramente, el sistema tributario argentino hoy está desbalanceado. Si tuviéramos que ver cuál es la principal diferencia entre el sistema tributario argentino y sus similares -que rigen en otros países- podemos notar lo siguiente. Por un lado, tenemos muchos impuestos que no existen en el resto del mundo: ingresos brutos, débitos y créditos y contribuciones patronales que duplican la de los países que compiten contra la Argentina. Sólo hay que observar las contribuciones patronales que enfrentan los países con los cuales competimos en el comercio internacional. Tal es el caso de Chile, Corea del Sur, México e Israel. Allí vamos a encontrar que las contribuciones patronales, en general, se acercan a la mitad de las que tiene la Argentina. Luego de cinco años nos vamos a empezar a acercar a esos niveles, cuando lleguemos a la implementación plena del mínimo no imponible.
Otra de las características de la Argentina es que el peso de la tributación recae de manera desbalanceada sobre las familias por no contar con impuestos sobre la renta financiera. Este es un punto que estamos corrigiendo.
De manera que estamos dando pasos hacia un sistema tributario que nos va a ayudar a crecer más y a generar más empleo.
No sé si me estoy salteando algún punto, pero en todo caso lo seguimos hablando.
Quiero pasar a los temas que planteó el diputado Bossio.
En cuanto a por qué tomamos la decisión de eximir de rentas financieras a los contribuyentes del exterior, en buena medida es un criterio de simplicidad y de territorialidad. Buena parte de los países como Estados Unidos y tantos otros, adoptan este principio de territorialidad de gravar las operaciones efectuadas en el país.
Por otro lado, la mayor parte de los prospectos de deuda pública emitidos por la Argentina, no solo en este gobierno -que es reciente- sino en los anteriores, incluyen exenciones a los tenedores de renta fija del exterior. Entonces, de avanzar con el gravamen, iríamos en contra de lo establecido por los prospectos de los títulos públicos, exponiéndonos a una situación incierta. Una vez que enfrentamos esa restricción, es difícil generar una situación en la cual tratemos en desigualdad a los instrumentos de renta variable que a los de renta fija.
En el caso de las Lebacs, que menciona el diputado Bossio, al no ser transferibles vía Euroclear y ser mantenidas en el interior de la Argentina, parte de las dificultades quedan salteadas. Además, sus prospectos no generan las restricciones que generan los bonos en moneda extranjera emitidos por la Argentina, pero nuevamente implicaría crear un diferencial entre un instrumento financiero y otros.
Sin embargo, de ninguna manera nuestras decisiones han sido basadas en un interés en eximir a los beneficiarios del exterior, están basadas en cuestiones legales que si pudieran ser subsanadas estaríamos muy dispuestos a avanzar.
En cuanto al artículo 49 de la ley de impuesto ganancias, debo decir que hoy en la Argentina no se está cumpliendo cabalmente con él. Se han generado numerosos regímenes, en los cuales algunos ítems de la remuneración han sido eximidos del pago de ganancias por los agentes pagadores, en violación a leyes superiores a la ley del impuesto a las ganancias. Con lo cual, lo que pretendemos aquí es clarificar la base imponible del impuesto a las ganancias.
En este punto debemos decir que no solo están en incumplimiento numerosas provincias, sino la propia jurisdicción nacional. Nosotros también estamos incumpliendo con el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, debemos avanzar hacia la normalización de esta situación que nos coloca en un contexto difícil donde el propio Estado nacional y los Estados provinciales no están cumpliendo con lo que establece la ley del impuesto a las ganancias.
El diputado Bossio también menciona la cuestión del gravamen sobre la cerveza. Nosotros habíamos decidido elevar la alícuota de los impuestos internos sobre la cerveza del 8 al 17 por ciento. Cuando llevamos a cero la alícuota del vino, nos pareció que quedaba totalmente desproporcionada la relación entre los impuestos al vino y a la cerveza, que son bienes de consumo sustitutos. Con el vino en cero y la cerveza en 17, se generaba un incentivo fiscal muy fuerte hacia el vino y en contra de la cerveza, cosa que no se justifica desde el punto de vista de la salud pública porque la cerveza tiene menor graduación alcohólica que el vino.
Entonces, dado que nosotros estamos ordenando los impuestos internos sobre la base de criterios que tienen que ver con las externalidades del sistema de salud, no encontramos justificativo a este movimiento. El hecho de que la cerveza cueste menos que la leche no tiene nada que ver. También cuesta menos que los caramelos y que muchos otros productos, pero nosotros estamos hablando de impuestos y no de precios. Nos estamos enfocando en eso.
Las bebidas energizantes ya están siendo alcanzadas por impuestos internos, de manera que tendríamos que ver más en detalle cuál es la propuesta del diputado Bossio. Creo que con esto hemos completado parte de sus preguntas.
Nuestros cálculos son que la reforma cuesta, en términos estáticos, un punto y medio de PBI, que es bastante parejo a lo largo de los 5 años: más o menos 0,3 por ciento. Ese es el impacto estático que no tiene en cuenta el aumento de la tasa de crecimiento, que nosotros estimamos en 0,6 por ciento de crecimiento potencial de la economía, ni la disminución ni elevación. Teniendo en cuenta ambos impactos que, por supuesto no tienen el mismo grado de certeza que el punto y medio que sabemos que es el impacto estático, pensamos que en 5 años el impacto fiscal de la reforma es de apenas 0,4 por ciento del producto, de costo.
El costo de la reforma recae esencialmente sobre la Nación; las provincias no tienen pérdida de recursos. Eso es por varios factores. En primer lugar, porque, por ejemplo, se comienza a gravar la renta financiera de manera coparticipada, suben impuestos que son coparticipados y porque la implementación del mínimo no imponible para las contribuciones patronales en parte se financia con la eliminación del decreto 814/01 que permitía utilizar las contribuciones patronales como pago a cuenta del IVA, con lo cual disminuye la detracción del IVA, que es un impuesto coparticipable.
Por supuesto podemos acercarles números más detallados, pero resumo en términos conceptuales: el impacto estático es de un punto y medio del producto -0,3 por ciento por año-, y recae mayoritariamente sobre la Nación.
A continuación me voy a referir al impacto que generan en las pymes las modificaciones de las contribuciones patronales. No coincido con lo manifestado por el señor diputado Lavagna acerca de que produzca un incremento en la carga de contribuciones para las pymes. Es cierto que en los productores de bienes la alícuota sube del 17 por ciento al 19,5 por ciento. Pero en los productores de servicios -que ocupan un peso mucho más grande en la economía argentina respecto de los productores de bienes- dicha alícuota baja del 21 al 19,5 por ciento.
Entonces, el impacto agregado es neutro. Si alguien, dentro del espectro de las empresas en la Argentina, sale beneficiado con la implementación del mínimo no imponible en contribuciones no solo son los trabajadores de menores ingresos sino también las pymes. Concretamente, las pymes, al ser empresas con mucho menos capital intensivo que las grandes, afrontan salarios más bajos en relación con estas últimas debido a que la productividad es más baja. Por ende, el impacto de la implementación del mínimo no imponible se da con muchísima más fuerza en el espectro de las pymes. Tenemos números en torno a este punto que se los podemos hacer llegar. Es muy claro que de la combinación de la eliminación del decreto 814 y la implementación del mínimo no imponible, los que ganan son los asalariados de menores ingresos, las pymes y, en nuestra opinión, los trabajadores informales y los desempleados. Esto va a generar un gran incentivo a la formalización y a la creación de empleo.
Quiero destacar algo en torno a la compensación logística. Hoy, el Gobierno está invirtiendo de manera diferencial en las zonas más alejadas del país. Me refiero a la recuperación del Belgrano Cargas y otras obras de infraestructura.
A continuación me voy a referir a las modificaciones al régimen penal tributario. Se está dando un paso muy grande que se refleja en la actualización del monto que determina cuáles son las causas pasibles del régimen penal tributario y cuáles no. Es un salto muy grande y una actualización que no se producía desde el año 2011. Sostenemos que los montos son adecuados y no tenemos que incurrir en modificaciones adicionales. Hay que tener en cuenta que en la consideración de elevación, a los fines del régimen penal tributario no se acumula la totalidad de los tributos. El cálculo se da por tributo y el monto actualizado opera sobre el tributo en el cual se incurrió en el delito de evasión. El hecho de llegar a los nuevos montos que se establecen para el régimen penal tributario implica una cifra de evasión muy elevada. Nosotros estamos muy comprometidos en la lucha contra la evasión y necesitamos brindar incentivos, tener un sistema tributario con alícuotas más bajas, ampliar las bases pero, a la vez, requerimos de una AFIP que pueda contar con herramientas para recaudar más. Si no tenemos eso, no podremos seguir avanzando en nuestro esquema de reducción de impuestos.
Claramente, el sistema tributario argentino hoy está desbalanceado. Si tuviéramos que ver cuál es la principal diferencia entre el sistema tributario argentino y sus similares -que rigen en otros países- podemos notar lo siguiente. Por un lado, tenemos muchos impuestos que no existen en el resto del mundo: ingresos brutos, débitos y créditos y contribuciones patronales que duplican la de los países que compiten contra la Argentina. Sólo hay que observar las contribuciones patronales que enfrentan los países con los cuales competimos en el comercio internacional. Tal es el caso de Chile, Corea del Sur, México e Israel. Allí vamos a encontrar que las contribuciones patronales, en general, se acercan a la mitad de las que tiene la Argentina. Luego de cinco años nos vamos a empezar a acercar a esos niveles, cuando lleguemos a la implementación plena del mínimo no imponible.
Otra de las características de la Argentina es que el peso de la tributación recae de manera desbalanceada sobre las familias por no contar con impuestos sobre la renta financiera. Este es un punto que estamos corrigiendo.
De manera que estamos dando pasos hacia un sistema tributario que nos va a ayudar a crecer más y a generar más empleo.
No sé si me estoy salteando algún punto, pero en todo caso lo seguimos hablando.
Quiero pasar a los temas que planteó el diputado Bossio.
En cuanto a por qué tomamos la decisión de eximir de rentas financieras a los contribuyentes del exterior, en buena medida es un criterio de simplicidad y de territorialidad. Buena parte de los países como Estados Unidos y tantos otros, adoptan este principio de territorialidad de gravar las operaciones efectuadas en el país.
Por otro lado, la mayor parte de los prospectos de deuda pública emitidos por la Argentina, no solo en este gobierno -que es reciente- sino en los anteriores, incluyen exenciones a los tenedores de renta fija del exterior. Entonces, de avanzar con el gravamen, iríamos en contra de lo establecido por los prospectos de los títulos públicos, exponiéndonos a una situación incierta. Una vez que enfrentamos esa restricción, es difícil generar una situación en la cual tratemos en desigualdad a los instrumentos de renta variable que a los de renta fija.
En el caso de las Lebacs, que menciona el diputado Bossio, al no ser transferibles vía Euroclear y ser mantenidas en el interior de la Argentina, parte de las dificultades quedan salteadas. Además, sus prospectos no generan las restricciones que generan los bonos en moneda extranjera emitidos por la Argentina, pero nuevamente implicaría crear un diferencial entre un instrumento financiero y otros.
Sin embargo, de ninguna manera nuestras decisiones han sido basadas en un interés en eximir a los beneficiarios del exterior, están basadas en cuestiones legales que si pudieran ser subsanadas estaríamos muy dispuestos a avanzar.
En cuanto al artículo 49 de la ley de impuesto ganancias, debo decir que hoy en la Argentina no se está cumpliendo cabalmente con él. Se han generado numerosos regímenes, en los cuales algunos ítems de la remuneración han sido eximidos del pago de ganancias por los agentes pagadores, en violación a leyes superiores a la ley del impuesto a las ganancias. Con lo cual, lo que pretendemos aquí es clarificar la base imponible del impuesto a las ganancias.
En este punto debemos decir que no solo están en incumplimiento numerosas provincias, sino la propia jurisdicción nacional. Nosotros también estamos incumpliendo con el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, debemos avanzar hacia la normalización de esta situación que nos coloca en un contexto difícil donde el propio Estado nacional y los Estados provinciales no están cumpliendo con lo que establece la ley del impuesto a las ganancias.
El diputado Bossio también menciona la cuestión del gravamen sobre la cerveza. Nosotros habíamos decidido elevar la alícuota de los impuestos internos sobre la cerveza del 8 al 17 por ciento. Cuando llevamos a cero la alícuota del vino, nos pareció que quedaba totalmente desproporcionada la relación entre los impuestos al vino y a la cerveza, que son bienes de consumo sustitutos. Con el vino en cero y la cerveza en 17, se generaba un incentivo fiscal muy fuerte hacia el vino y en contra de la cerveza, cosa que no se justifica desde el punto de vista de la salud pública porque la cerveza tiene menor graduación alcohólica que el vino.
Entonces, dado que nosotros estamos ordenando los impuestos internos sobre la base de criterios que tienen que ver con las externalidades del sistema de salud, no encontramos justificativo a este movimiento. El hecho de que la cerveza cueste menos que la leche no tiene nada que ver. También cuesta menos que los caramelos y que muchos otros productos, pero nosotros estamos hablando de impuestos y no de precios. Nos estamos enfocando en eso.
Las bebidas energizantes ya están siendo alcanzadas por impuestos internos, de manera que tendríamos que ver más en detalle cuál es la propuesta del diputado Bossio. Creo que con esto hemos completado parte de sus preguntas.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Señor presidente: antes que nada, informo que la diputada Frana también quiere hacer algunos comentarios.
Lo primero que queremos señalar como bloque es que el tiempo establecido para la consideración de este proyecto de ley no es el suficiente ni mucho menos: no lo es para el trabajo de los legisladores ni tampoco para los varios sectores involucrados en la reforma que se plantea.
Por otra parte, no terminé de entender bien lo que dijo el ministro en relación con reuniones previas que se habrían realizado con la presencia de él mismo y del presidente de esta comisión, donde se ha estado trabajando sobre estos temas.
Lo primero que queremos señalar como bloque es que el tiempo establecido para la consideración de este proyecto de ley no es el suficiente ni mucho menos: no lo es para el trabajo de los legisladores ni tampoco para los varios sectores involucrados en la reforma que se plantea.
Por otra parte, no terminé de entender bien lo que dijo el ministro en relación con reuniones previas que se habrían realizado con la presencia de él mismo y del presidente de esta comisión, donde se ha estado trabajando sobre estos temas.
SR. MINISTRO DE HACIENDA Estuvimos con usted en mi despacho el día que presentamos el proyecto de reforma.
SR. KICILLOF Es público que yo participé. Salió una foto. Me refiero a que no trabajamos el tema. No teníamos un proyecto. Tampoco es cierto que en la comisión bicameral se haya hablado de este proyecto. Se hicieron consideraciones más bien generales, algunas de las cuales considero productivas. Pero se siguió un camino que fue interrumpido cuando apareció el anuncio de un proyecto del Ejecutivo, cuyo texto nunca tuvimos en nuestras manos.
Es decir que en principio nosotros vamos a reclamar un tiempo más prolongado de tratamiento. Es un proyecto extenso y arduo sobre temas impositivos.
También es cierto que, como planteó uno de los diputados preopinantes, el cálculo de los impactos de una reforma impositiva es algo sumamente sofisticado. Casi diría que hasta tiene un carácter hipotético. Teniendo las propias estimaciones, se pueden dar discusiones acerca de los supuestos que sustentan esas estimaciones. Pero lo cierto es que hoy los diputados no contamos con los datos finos de cuánto se pretende ahorrar o incrementar en cada uno de los impuestos, fuera de las cuestiones que ya se han planteado, que tienen que ver con impuestos que ya se anunciaron.
Esto se hizo de acuerdo a determinados sectores. Aquellos que tienen suficiente llegada al gobierno consiguieron que se consideraran sus necesidades, y entonces lograron las modificaciones. Otros que no tienen esa llegada, no lo consiguieron. Sin embargo, desconocemos el impacto estimado para unos y para otros. Es decir que para discutir esta reforma necesitaríamos cálculos de impactos precisos, anualizados, impuesto por impuesto, para ver de qué se trata realmente esta reforma y qué es lo que está estimando el gobierno.
Ya charlamos sobre las presunciones de mejoras del producto bruto interno, entre otras cosas. Pero se trata precisamente de estimaciones, eso hay que verlo después. Necesitaríamos datos serios para poder charlar sobre este tema. Hoy carecemos de esos datos, de manera que es muy difícil para los bloques examinar cada uno de los elementos de la reforma, máxime sabiendo que el planteo general es equivocado y confesamente basado en suposiciones desviadas de la realidad. ¿A qué me refiero? Se supone que vamos a hacer una reforma tributaria para bajar la alta presión impositiva que hay en la Argentina. Bien. El viceministro llevó a la comisión bicameral un gráfico que mostraba, en uno de los posibles enfoques, la relación entre el producto per cápita y la presión tributaria de varios países. Eso está disponible para todos. Lo que mostraba ese gráfico es que la Argentina, dado su producto, tiene una presión tributaria que se ubica en el medio de la tabla. Además, el ministerio hizo una estimación de cuál sería la línea tendencial correcta, es decir que para tanto nivel de producto corresponde tal presión tributaria. En el caso de la Argentina está casi exactamente sobre la línea.
Entonces, nos plantean la idea de que hay un exceso de presión tributaria -independientemente de la distribución de las cargas tributarias, que uno podría discutir si son impuestos progresivos o regresivos-, pero el punto de partida es equivocado. Además, está refutado por los propios gráficos que entregó el Ministerio.
Asimismo, va en abierta contradicción con otros objetivos y compromisos que ha tomado este gobierno, con los que no voy a opinar ahora si estamos de acuerdo o no; simplemente voy a decir que el gobierno registra que tiene un elevado déficit fiscal, que ha crecido el déficit fiscal en el año 2016 con respecto al 2015, y que este año todavía no conocemos la situación final pero no va mejorar mucho o no va a empeorar, no lo sé. Y los propios diarios están marcando esto.
Es decir, aparentemente hay un problema de enorme déficit fiscal y proponen una reforma impositiva que lo que pretende es reducir lo que llaman presión tributaria. Entiendo que son objetivos contradictorios. Presumiblemente hay hipótesis sobre el crecimiento, pero lo que vemos -y hace a varios artículos de este proyecto- es que la reforma en sí tiene, para decirlo de alguna manera, un sesgo a favor de la rentabilidad empresaria. Y en particular -como pidió el presidente que no lo hiciéramos en detalle y no quiero abrir la discusión, simplemente voy a marcar el punto-, tiene un sesgo a favor de la rentabilidad empresaria con especial énfasis en las grandes empresas, y con especial énfasis en las empresas radicadas en la zona centro del país, en la zona portuaria, en la región de la Pampa Húmeda.
En conclusión, se van a bajar los impuestos, especialmente de las grandes empresas, y especialmente de las empresas situadas en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en esta zona núcleo de la Argentina.
Yo no sé cómo va a generar, y no sé si están esperando -esta es la pregunta-, la famosa lluvia de inversiones que venía por los fondos buitres, venía por la reparación histórica, venía por el blanqueo, venía, venía y venía; pero ahora supongo que lo que se espera es un enorme impulso de las inversiones por esta reforma tributaria, que por otro lado está contemplada con gradualidad, es decir que no va a tener un efecto inmediato.
De la misma manera, se dice que hay una crisis de la ANSES, de nuestro sistema previsional -esto lo vamos a hablar más en detalle en otro momento, pero lo tengo que plantear, porque la reforma tributaria contempla bajar las contribuciones patronales-, y resulta que la vamos a solucionar bajando la recaudación. De nuevo, otra contradicción.
Entiendo que todas estas reformas se encadenan; entiendo también, porque lo tenemos presente, que bajar las contribuciones patronales es un pedido del Fondo Monetario, como lo son también bajar las jubilaciones y el porcentaje entre salario y jubilaciones. Pero hay que explicar estas cuestiones. Tienen que distribuir hoy un cálculo preciso del efecto de cada uno de estos impuestos.
Además, señor ministro, el último número del 1 y medio por ciento se planteó antes de hacer cambios que vinieron incluidos en esta reforma. O sea que el número no puede ser el mismo. Ustedes, después de charlas con el sector, retiraron algunos impuestos a determinados bienes, impuestos internos.
Entonces, no puede ser el mismo número que teníamos hace un tiempo, habiendo cambiado los impuestos. O sea, ¿hay otro cálculo o no hay ninguno? Queremos conocer un cálculo. Si no lo hay, háganlo; y si lo tienen, pásenlo a los diputados para que podamos decidir sobre bases sólidas.
Entonces, esa carga tributaria del 31 por ciento del PBI está alineada con el propio gráfico que ustedes suministraron.
Por otro lado, creo que el punto central -corríjame si me equivoco-, en términos de peso, es una reducción de contribuciones patronales que al cabo de 5 años va a ahorrar un punto del producto. Pero va a ahorrar desfinanciando a la ANSES en un punto del producto, a una ANSES que, según la postura de ustedes, se encuentra en tan grave crisis que hace falta que la financien los jubilados y pongan la plata de sus propios bolsillos. Ustedes dicen que no van a bajar las jubilaciones, lo cual es imposible porque se van a ahorrar 100.000 millones de pesos bajando las prestaciones, pero después le dicen a la gente que no va a empeorar su situación.
Todas estas contradicciones van al interior de cada uno de los artículos. Lo más destacado es la baja de las contribuciones: uno por ciento del Producto y al cabo de cinco años. Está demostrado, por la experiencia internacional -hay varios papers, incluso provenientes de diversos organismos internacionales- que bajar las contribuciones patronales no crea empleo. Eso está demostrado. Les puedo dar el caso de una pyme. Ustedes plantean para el año que viene un ahorro de 300 pesos por empleado. Si el hecho de ahorrar ese dinero permitiera generar más empleo, esto no cambia la ecuación. Esto no va a traer ese objetivo que ustedes plantean basado en la creación de empleo.
La experiencia argentina es más trágica y aún peor. Durante la década del 90 vinieron a bajar las contribuciones. Inclusive, con el mismo discurso -parte del staff del gobierno actual y de otras administraciones- bajaron las contribuciones y se creó desempleo. Decreció del 6 por ciento al 20. Sin embargo, durante la década siguiente, sin tocar las contribuciones patronales, el desempleo bajó del 20 por ciento al 6. La demostración es a la inversa. Lo que va a pasar en el corto plazo es que las grandes empresas -que sí cuentan con una abultada masa de personal- tendrán una ganancia adicional. Lo dudo, no lo creo, porque la experiencia demuestra que no se genera más empleo. Además, perjudica a las provincias porque están quitando las diferencias existentes en el régimen actual de contribuciones diferenciales. ¿Cómo van a compensar ese régimen de contribuciones diferenciales según la situación geográfica? Tenemos que discutir lo relativo al mínimo no imponible a partir de los 12 mil pesos. No se puede decir, tan livianamente, que eso va a generar empleo: 12 mil en cinco años. Puede generar muchas cosas más y muy distintas al empleo. Me refiero a generar un techo a partir del cual se empiezan a pagar las contribuciones. Puede generar cosas perversas. Creemos que es una medida equivocada que no mejora a las pymes, perjudica al interior del país y no crea empleo. Esto hay que explicarlo de otra manera. Asimismo, desfinancia a la seguridad social que, teóricamente, es el gran problema que tenemos hoy los argentinos. La seguridad social está detonada y nosotros venimos a bajar financiamiento. ¿Cómo se va a sustituir? ¿Lo va a sustituir el Tesoro que tiene un alto déficit? Tampoco lo va a poder sustituir el Tesoro, excepto que sea más de lo mismo. Igual creo que es más de lo mismo.
Quiero mencionar algo más con respecto al tema de la renta financiera. Si no entendí mal se mencionó que es del 0,2 por ciento del Producto. No se trata de una cuestión de recaudación. Los impuestos a la renta financiera fueron quitados cuando ustedes llegaron al gobierno. Ahora, los están devolviendo, pero en menor medida. Estaban los del 2013, y ahora los están devolviendo. Ese tema fue analizado en este Congreso. Todo esto es parte del desfinanciamiento del Estado que tiene que ver con cobrar más impuestos, quitar otros -eso también lo van modificando- pero parte del problema inicial es cómo ustedes han quitado retenciones a las mineras y a los grandes exportadores de granos. Además, han sacado el impuesto más progresivo que hay, que es el de los bienes personales. Eso fue hecho en el marco del blanqueo.
Por todo ello, creo que son grandes contradicciones y equivocaciones que había que tratar de evitar. Podemos discutir con tiempo una reforma tributaria. Hay algunos puntos vinculados con la legislación que se pueden mejorar. Son aspectos que hay que ver con detalle porque son temas muy técnicos.
Por otro lado -sobre el tema se van a explayar otros diputados de mi bloque- le quieren cobrar a las mutuales y cooperativas. Esto está generando gran revuelo en todo el país. Han eliminado impuestos a algunas bebidas, pero se los han dejado a otras. Esto también está generando problemas en algunas economías regionales. Eso hay que discutirlo y verlo en detalle.
Concretamente, queremos saber cuáles son los impactos, es decir, el detalle impuesto por impuesto. Deseamos información acerca de cuánto va a caer la recaudación y cuánto va a subir, sin poner hipótesis sobre el crecimiento del empleo. Queremos ver cómo afecta esto a un programa relacionado con no desfinanciar a la ANSES. Además, sería interesante saber cómo van a bajar ese punto y medio de la recaudación en base a los problemas de déficits.
Por supuesto que también quisiéramos ver qué medidas específicas hay para las pymes, para crear empleo. Porque existen muchos impuestos que se pueden omitir -no cobrar- en algún sector. Por ejemplo, hay una costumbre -que no es solo de nuestro país-, de omitirlos simplemente si no echan trabajadores.
Me refiero a requisitos de conservación de empleo, para dar algún beneficio fiscal. Algo que me parece razonable en un marco de pérdida de empleo.
Esperamos que nos digan qué van a hacer en relación a las pymes y qué van a hacer para el empleo en general, fuera de las cuestiones metafísicas de que van a venir inversiones porque hacemos ciertos deberes. Eso no soluciona.
En concreto, queremos saber qué van a hacer el año que viene en relación con las pymes, para los trabajadores, para crear empleos y para no desfinanciar a la ANSES. Queremos saber cuáles son las medidas al respecto.
Es decir que en principio nosotros vamos a reclamar un tiempo más prolongado de tratamiento. Es un proyecto extenso y arduo sobre temas impositivos.
También es cierto que, como planteó uno de los diputados preopinantes, el cálculo de los impactos de una reforma impositiva es algo sumamente sofisticado. Casi diría que hasta tiene un carácter hipotético. Teniendo las propias estimaciones, se pueden dar discusiones acerca de los supuestos que sustentan esas estimaciones. Pero lo cierto es que hoy los diputados no contamos con los datos finos de cuánto se pretende ahorrar o incrementar en cada uno de los impuestos, fuera de las cuestiones que ya se han planteado, que tienen que ver con impuestos que ya se anunciaron.
Esto se hizo de acuerdo a determinados sectores. Aquellos que tienen suficiente llegada al gobierno consiguieron que se consideraran sus necesidades, y entonces lograron las modificaciones. Otros que no tienen esa llegada, no lo consiguieron. Sin embargo, desconocemos el impacto estimado para unos y para otros. Es decir que para discutir esta reforma necesitaríamos cálculos de impactos precisos, anualizados, impuesto por impuesto, para ver de qué se trata realmente esta reforma y qué es lo que está estimando el gobierno.
Ya charlamos sobre las presunciones de mejoras del producto bruto interno, entre otras cosas. Pero se trata precisamente de estimaciones, eso hay que verlo después. Necesitaríamos datos serios para poder charlar sobre este tema. Hoy carecemos de esos datos, de manera que es muy difícil para los bloques examinar cada uno de los elementos de la reforma, máxime sabiendo que el planteo general es equivocado y confesamente basado en suposiciones desviadas de la realidad. ¿A qué me refiero? Se supone que vamos a hacer una reforma tributaria para bajar la alta presión impositiva que hay en la Argentina. Bien. El viceministro llevó a la comisión bicameral un gráfico que mostraba, en uno de los posibles enfoques, la relación entre el producto per cápita y la presión tributaria de varios países. Eso está disponible para todos. Lo que mostraba ese gráfico es que la Argentina, dado su producto, tiene una presión tributaria que se ubica en el medio de la tabla. Además, el ministerio hizo una estimación de cuál sería la línea tendencial correcta, es decir que para tanto nivel de producto corresponde tal presión tributaria. En el caso de la Argentina está casi exactamente sobre la línea.
Entonces, nos plantean la idea de que hay un exceso de presión tributaria -independientemente de la distribución de las cargas tributarias, que uno podría discutir si son impuestos progresivos o regresivos-, pero el punto de partida es equivocado. Además, está refutado por los propios gráficos que entregó el Ministerio.
Asimismo, va en abierta contradicción con otros objetivos y compromisos que ha tomado este gobierno, con los que no voy a opinar ahora si estamos de acuerdo o no; simplemente voy a decir que el gobierno registra que tiene un elevado déficit fiscal, que ha crecido el déficit fiscal en el año 2016 con respecto al 2015, y que este año todavía no conocemos la situación final pero no va mejorar mucho o no va a empeorar, no lo sé. Y los propios diarios están marcando esto.
Es decir, aparentemente hay un problema de enorme déficit fiscal y proponen una reforma impositiva que lo que pretende es reducir lo que llaman presión tributaria. Entiendo que son objetivos contradictorios. Presumiblemente hay hipótesis sobre el crecimiento, pero lo que vemos -y hace a varios artículos de este proyecto- es que la reforma en sí tiene, para decirlo de alguna manera, un sesgo a favor de la rentabilidad empresaria. Y en particular -como pidió el presidente que no lo hiciéramos en detalle y no quiero abrir la discusión, simplemente voy a marcar el punto-, tiene un sesgo a favor de la rentabilidad empresaria con especial énfasis en las grandes empresas, y con especial énfasis en las empresas radicadas en la zona centro del país, en la zona portuaria, en la región de la Pampa Húmeda.
En conclusión, se van a bajar los impuestos, especialmente de las grandes empresas, y especialmente de las empresas situadas en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en esta zona núcleo de la Argentina.
Yo no sé cómo va a generar, y no sé si están esperando -esta es la pregunta-, la famosa lluvia de inversiones que venía por los fondos buitres, venía por la reparación histórica, venía por el blanqueo, venía, venía y venía; pero ahora supongo que lo que se espera es un enorme impulso de las inversiones por esta reforma tributaria, que por otro lado está contemplada con gradualidad, es decir que no va a tener un efecto inmediato.
De la misma manera, se dice que hay una crisis de la ANSES, de nuestro sistema previsional -esto lo vamos a hablar más en detalle en otro momento, pero lo tengo que plantear, porque la reforma tributaria contempla bajar las contribuciones patronales-, y resulta que la vamos a solucionar bajando la recaudación. De nuevo, otra contradicción.
Entiendo que todas estas reformas se encadenan; entiendo también, porque lo tenemos presente, que bajar las contribuciones patronales es un pedido del Fondo Monetario, como lo son también bajar las jubilaciones y el porcentaje entre salario y jubilaciones. Pero hay que explicar estas cuestiones. Tienen que distribuir hoy un cálculo preciso del efecto de cada uno de estos impuestos.
Además, señor ministro, el último número del 1 y medio por ciento se planteó antes de hacer cambios que vinieron incluidos en esta reforma. O sea que el número no puede ser el mismo. Ustedes, después de charlas con el sector, retiraron algunos impuestos a determinados bienes, impuestos internos.
Entonces, no puede ser el mismo número que teníamos hace un tiempo, habiendo cambiado los impuestos. O sea, ¿hay otro cálculo o no hay ninguno? Queremos conocer un cálculo. Si no lo hay, háganlo; y si lo tienen, pásenlo a los diputados para que podamos decidir sobre bases sólidas.
Entonces, esa carga tributaria del 31 por ciento del PBI está alineada con el propio gráfico que ustedes suministraron.
Por otro lado, creo que el punto central -corríjame si me equivoco-, en términos de peso, es una reducción de contribuciones patronales que al cabo de 5 años va a ahorrar un punto del producto. Pero va a ahorrar desfinanciando a la ANSES en un punto del producto, a una ANSES que, según la postura de ustedes, se encuentra en tan grave crisis que hace falta que la financien los jubilados y pongan la plata de sus propios bolsillos. Ustedes dicen que no van a bajar las jubilaciones, lo cual es imposible porque se van a ahorrar 100.000 millones de pesos bajando las prestaciones, pero después le dicen a la gente que no va a empeorar su situación.
Todas estas contradicciones van al interior de cada uno de los artículos. Lo más destacado es la baja de las contribuciones: uno por ciento del Producto y al cabo de cinco años. Está demostrado, por la experiencia internacional -hay varios papers, incluso provenientes de diversos organismos internacionales- que bajar las contribuciones patronales no crea empleo. Eso está demostrado. Les puedo dar el caso de una pyme. Ustedes plantean para el año que viene un ahorro de 300 pesos por empleado. Si el hecho de ahorrar ese dinero permitiera generar más empleo, esto no cambia la ecuación. Esto no va a traer ese objetivo que ustedes plantean basado en la creación de empleo.
La experiencia argentina es más trágica y aún peor. Durante la década del 90 vinieron a bajar las contribuciones. Inclusive, con el mismo discurso -parte del staff del gobierno actual y de otras administraciones- bajaron las contribuciones y se creó desempleo. Decreció del 6 por ciento al 20. Sin embargo, durante la década siguiente, sin tocar las contribuciones patronales, el desempleo bajó del 20 por ciento al 6. La demostración es a la inversa. Lo que va a pasar en el corto plazo es que las grandes empresas -que sí cuentan con una abultada masa de personal- tendrán una ganancia adicional. Lo dudo, no lo creo, porque la experiencia demuestra que no se genera más empleo. Además, perjudica a las provincias porque están quitando las diferencias existentes en el régimen actual de contribuciones diferenciales. ¿Cómo van a compensar ese régimen de contribuciones diferenciales según la situación geográfica? Tenemos que discutir lo relativo al mínimo no imponible a partir de los 12 mil pesos. No se puede decir, tan livianamente, que eso va a generar empleo: 12 mil en cinco años. Puede generar muchas cosas más y muy distintas al empleo. Me refiero a generar un techo a partir del cual se empiezan a pagar las contribuciones. Puede generar cosas perversas. Creemos que es una medida equivocada que no mejora a las pymes, perjudica al interior del país y no crea empleo. Esto hay que explicarlo de otra manera. Asimismo, desfinancia a la seguridad social que, teóricamente, es el gran problema que tenemos hoy los argentinos. La seguridad social está detonada y nosotros venimos a bajar financiamiento. ¿Cómo se va a sustituir? ¿Lo va a sustituir el Tesoro que tiene un alto déficit? Tampoco lo va a poder sustituir el Tesoro, excepto que sea más de lo mismo. Igual creo que es más de lo mismo.
Quiero mencionar algo más con respecto al tema de la renta financiera. Si no entendí mal se mencionó que es del 0,2 por ciento del Producto. No se trata de una cuestión de recaudación. Los impuestos a la renta financiera fueron quitados cuando ustedes llegaron al gobierno. Ahora, los están devolviendo, pero en menor medida. Estaban los del 2013, y ahora los están devolviendo. Ese tema fue analizado en este Congreso. Todo esto es parte del desfinanciamiento del Estado que tiene que ver con cobrar más impuestos, quitar otros -eso también lo van modificando- pero parte del problema inicial es cómo ustedes han quitado retenciones a las mineras y a los grandes exportadores de granos. Además, han sacado el impuesto más progresivo que hay, que es el de los bienes personales. Eso fue hecho en el marco del blanqueo.
Por todo ello, creo que son grandes contradicciones y equivocaciones que había que tratar de evitar. Podemos discutir con tiempo una reforma tributaria. Hay algunos puntos vinculados con la legislación que se pueden mejorar. Son aspectos que hay que ver con detalle porque son temas muy técnicos.
Por otro lado -sobre el tema se van a explayar otros diputados de mi bloque- le quieren cobrar a las mutuales y cooperativas. Esto está generando gran revuelo en todo el país. Han eliminado impuestos a algunas bebidas, pero se los han dejado a otras. Esto también está generando problemas en algunas economías regionales. Eso hay que discutirlo y verlo en detalle.
Concretamente, queremos saber cuáles son los impactos, es decir, el detalle impuesto por impuesto. Deseamos información acerca de cuánto va a caer la recaudación y cuánto va a subir, sin poner hipótesis sobre el crecimiento del empleo. Queremos ver cómo afecta esto a un programa relacionado con no desfinanciar a la ANSES. Además, sería interesante saber cómo van a bajar ese punto y medio de la recaudación en base a los problemas de déficits.
Por supuesto que también quisiéramos ver qué medidas específicas hay para las pymes, para crear empleo. Porque existen muchos impuestos que se pueden omitir -no cobrar- en algún sector. Por ejemplo, hay una costumbre -que no es solo de nuestro país-, de omitirlos simplemente si no echan trabajadores.
Me refiero a requisitos de conservación de empleo, para dar algún beneficio fiscal. Algo que me parece razonable en un marco de pérdida de empleo.
Esperamos que nos digan qué van a hacer en relación a las pymes y qué van a hacer para el empleo en general, fuera de las cuestiones metafísicas de que van a venir inversiones porque hacemos ciertos deberes. Eso no soluciona.
En concreto, queremos saber qué van a hacer el año que viene en relación con las pymes, para los trabajadores, para crear empleos y para no desfinanciar a la ANSES. Queremos saber cuáles son las medidas al respecto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Antes de dar la palabra al señor diputado Benedetti, el ministro quiero responder.
Simplemente digo que si este Parlamento hubiese aprobado la Oficina de Presupuesto del Congreso antes, probablemente hoy la tendríamos funcionando y podría habernos respondido muchos de estos interrogantes. Esto se está implementando, se ha concursado y el próximo año probablemente tengamos el staff funcionando.
Simplemente digo que si este Parlamento hubiese aprobado la Oficina de Presupuesto del Congreso antes, probablemente hoy la tendríamos funcionando y podría habernos respondido muchos de estos interrogantes. Esto se está implementando, se ha concursado y el próximo año probablemente tengamos el staff funcionando.
SR. MINISTRO DE HACIENDA Señor presidente, señor Kicillof: gracias por los comentarios. Voy a tratar de repasar algunos.
Se ha dicho que los temas son arduos. Sí. Tengo que reconocer que sí. Esta es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tal vez en la de Deportes los temas sean menos dificultosos, pero acá estamos en la de Presupuesto y Hacienda y los temas son así.
En cuanto a que los cálculos son hipotéticos, es así porque se refieren al futuro y siempre van a serlo cuando se refieran al futuro. De lo que se trata es de discutir los supuestos. Nosotros les vamos a estar enviado mayor detalle sobre el impacto, impuesto por impuesto, para que puedan disponer de ellos en la comisión.
En relación a la presión tributaria de la Argentina, según diferentes medidas, ésta se ubica entre el 31 y el 33 por ciento.
El problema es que la Argentina tiene esa presión tributaria con un 40 por ciento de evasión. Con lo cual, la presión efectiva sobre los que pagan es muchísimo más elevada. Además, algo que es muy importante también es que dentro de eso no estamos considerando el impuesto inflacionario.
Yo sé que ustedes han tenido serias dificultades para computarlo. De hecho, en los índices no lo computaban tampoco.
Sin embargo, a los fines de determinar la presión tributaria, es muy importante también tener en cuenta el impuesto inflacionario.
Nosotros entendemos que la presión tributaria en la Argentina es alta y que tenemos que eliminar el impuesto inflacionario, que es el más regresivo de todos y el que más afecta al segmento más indefenso de la población. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe.
Por otro lado, debemos bajar la evasión. Para eso, por un lado, tenemos que cambiar nuestro sistema impositivo y generar los incentivos a través de un sistema impositivo más amigable para el contribuyente; pero por otro lado, también tenemos que dotar a la AFIP de herramientas para combatir la evasión.
Nosotros pensamos -obviamente aquí entramos en una discusión bastante interesante- que justamente la rebaja de las contribuciones patronales bajo el esquema del mínimo no imponible, lejos está de favorecer a la pampa húmeda respecto de otras provincias, siendo que las provincias del norte, más alejadas de la Capital, tienen salarios promedios muchísimos más bajos que la pampa húmeda. Con lo cual, el impacto agregado a las provincias del norte con la implementación del mínimo no imponible, es mucho más fuerte en el norte del país que en la pampa húmeda.
Lo mismo sucede en las pymes, como mencionaba antes cuando le contestaba al diputado Lavagna. Los salarios son más bajos en las pymes y la implementación de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales impacta con mucho más fuerza en las pymes que en las empresas grandes.
Con respecto al desfinanciamiento de la ANSES, ustedes saben que ese organismo ya está en déficit. La Argentina tiene un sistema de reparto, es decir que lo que no ingresa como parte de los impuestos al trabajo -que van directamente a la Anses- se cubre con recursos del Tesoro. Por tal razón, lo que tenemos que ver no es cuánto bajan los impuestos al trabajo sino qué ocurre con la recaudación en su conjunto.
Nuestros cálculos son que, más allá del impacto estático, si computamos la caída en la evasión y el aumento en el crecimiento del producto, en cinco años la reforma va a ser casi neutra en términos de recursos. Pero, además, ¿qué ocurriría sin una reforma tributaria? Si la Argentina no implementase reformas y nos quedásemos con los impuestos distorsivos que tenemos hoy, ¿a qué ritmo podríamos crecer? ¿Cuál sería el déficit de la ANSES? Me atrevo a decir que sería muchísimo más elevado que el actual.
Reconozco que los cálculos son hipotéticos porque, por supuesto, se refieren al futuro. Pero creo que es difícil pensar que la economía argentina pueda sostener una tasa elevada de crecimiento en el futuro si no reforma el esquema bajo el cual recauda impuestos.
No coincido con el impacto sobre el empleo de la disminución de los impuestos al trabajo. En el mundo la imposición al trabajo es mucho más baja que en la Argentina y en muchos países las tasas de desempleo son mucho más bajas que en la Argentina, pero además la tasa de informalidad es cercana a cero. En la Argentina tenemos una informalidad enorme que asciende al 30 o al 40 por ciento. Es en ese sector donde los salarios son más bajos. Entonces, luchar contra la informalidad implica luchar por salarios más altos.
Con respecto a la experiencia argentina de los años noventa, la rebaja de impuestos al trabajo se efectuó entre 1995 y 1996, por un año. Se revirtió ante la pérdida de recursos que tuvo la Argentina luego de la crisis del Tequila. Creo que el período de un año es muy poco. Además, tenemos que controlar la evolución del desempleo por todo lo que provocó además el efecto Tequila. Si vamos a atribuir el aumento del desempleo a que se redujeron impuestos al trabajo, estaremos haciendo mal nuestro trabajo como economistas. Tenemos que controlar el impacto de la variación del empleo por las distintas variables. Por tanto, si tomamos un enfoque multicausal -que es el que tenemos que usar- y no incurrimos en el error de hacer una correlación espuria entre una variable y otra que se mueve en otra dirección, llegaríamos a la conclusión inversa.
Se ha dicho que los temas son arduos. Sí. Tengo que reconocer que sí. Esta es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tal vez en la de Deportes los temas sean menos dificultosos, pero acá estamos en la de Presupuesto y Hacienda y los temas son así.
En cuanto a que los cálculos son hipotéticos, es así porque se refieren al futuro y siempre van a serlo cuando se refieran al futuro. De lo que se trata es de discutir los supuestos. Nosotros les vamos a estar enviado mayor detalle sobre el impacto, impuesto por impuesto, para que puedan disponer de ellos en la comisión.
En relación a la presión tributaria de la Argentina, según diferentes medidas, ésta se ubica entre el 31 y el 33 por ciento.
El problema es que la Argentina tiene esa presión tributaria con un 40 por ciento de evasión. Con lo cual, la presión efectiva sobre los que pagan es muchísimo más elevada. Además, algo que es muy importante también es que dentro de eso no estamos considerando el impuesto inflacionario.
Yo sé que ustedes han tenido serias dificultades para computarlo. De hecho, en los índices no lo computaban tampoco.
Sin embargo, a los fines de determinar la presión tributaria, es muy importante también tener en cuenta el impuesto inflacionario.
Nosotros entendemos que la presión tributaria en la Argentina es alta y que tenemos que eliminar el impuesto inflacionario, que es el más regresivo de todos y el que más afecta al segmento más indefenso de la población. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe.
Por otro lado, debemos bajar la evasión. Para eso, por un lado, tenemos que cambiar nuestro sistema impositivo y generar los incentivos a través de un sistema impositivo más amigable para el contribuyente; pero por otro lado, también tenemos que dotar a la AFIP de herramientas para combatir la evasión.
Nosotros pensamos -obviamente aquí entramos en una discusión bastante interesante- que justamente la rebaja de las contribuciones patronales bajo el esquema del mínimo no imponible, lejos está de favorecer a la pampa húmeda respecto de otras provincias, siendo que las provincias del norte, más alejadas de la Capital, tienen salarios promedios muchísimos más bajos que la pampa húmeda. Con lo cual, el impacto agregado a las provincias del norte con la implementación del mínimo no imponible, es mucho más fuerte en el norte del país que en la pampa húmeda.
Lo mismo sucede en las pymes, como mencionaba antes cuando le contestaba al diputado Lavagna. Los salarios son más bajos en las pymes y la implementación de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales impacta con mucho más fuerza en las pymes que en las empresas grandes.
Con respecto al desfinanciamiento de la ANSES, ustedes saben que ese organismo ya está en déficit. La Argentina tiene un sistema de reparto, es decir que lo que no ingresa como parte de los impuestos al trabajo -que van directamente a la Anses- se cubre con recursos del Tesoro. Por tal razón, lo que tenemos que ver no es cuánto bajan los impuestos al trabajo sino qué ocurre con la recaudación en su conjunto.
Nuestros cálculos son que, más allá del impacto estático, si computamos la caída en la evasión y el aumento en el crecimiento del producto, en cinco años la reforma va a ser casi neutra en términos de recursos. Pero, además, ¿qué ocurriría sin una reforma tributaria? Si la Argentina no implementase reformas y nos quedásemos con los impuestos distorsivos que tenemos hoy, ¿a qué ritmo podríamos crecer? ¿Cuál sería el déficit de la ANSES? Me atrevo a decir que sería muchísimo más elevado que el actual.
Reconozco que los cálculos son hipotéticos porque, por supuesto, se refieren al futuro. Pero creo que es difícil pensar que la economía argentina pueda sostener una tasa elevada de crecimiento en el futuro si no reforma el esquema bajo el cual recauda impuestos.
No coincido con el impacto sobre el empleo de la disminución de los impuestos al trabajo. En el mundo la imposición al trabajo es mucho más baja que en la Argentina y en muchos países las tasas de desempleo son mucho más bajas que en la Argentina, pero además la tasa de informalidad es cercana a cero. En la Argentina tenemos una informalidad enorme que asciende al 30 o al 40 por ciento. Es en ese sector donde los salarios son más bajos. Entonces, luchar contra la informalidad implica luchar por salarios más altos.
Con respecto a la experiencia argentina de los años noventa, la rebaja de impuestos al trabajo se efectuó entre 1995 y 1996, por un año. Se revirtió ante la pérdida de recursos que tuvo la Argentina luego de la crisis del Tequila. Creo que el período de un año es muy poco. Además, tenemos que controlar la evolución del desempleo por todo lo que provocó además el efecto Tequila. Si vamos a atribuir el aumento del desempleo a que se redujeron impuestos al trabajo, estaremos haciendo mal nuestro trabajo como economistas. Tenemos que controlar el impacto de la variación del empleo por las distintas variables. Por tanto, si tomamos un enfoque multicausal -que es el que tenemos que usar- y no incurrimos en el error de hacer una correlación espuria entre una variable y otra que se mueve en otra dirección, llegaríamos a la conclusión inversa.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Benedetti.
SR. BENEDETTI Señor presidente: mi nombre es Atilio Benedetti y represento a la provincia de Entre Ríos. Es un gusto participar de esta comisión.
Quiero hacer dos preguntas muy puntuales. La primera está referida al que considero uno de los mayores aciertos de esta reforma tributaria para generar empleo. Se trata de la decisión de bajar la alícuota de ganancias sobre las reinversiones de las personas, de las pymes y de las empresas. Esta es una de las medidas más acertadas.
La segunda medida tiene que ver con la devolución de los abultados créditos fiscales que se generan a raíz de las inversiones, a través de un reembolso a los seis meses. Quisiera saber -ya que no termino de verlo con claridad en la redacción del proyecto- qué va a pasar con los abultados créditos fiscales que tienen muchas pymes en la República Argentina, traídos de arrastre por el sistema vigente.
La segunda pregunta es si se van a unificar las alícuotas del IVA de las diferentes carnes que componen la canasta de carnes de la República Argentina.
Quiero hacer dos preguntas muy puntuales. La primera está referida al que considero uno de los mayores aciertos de esta reforma tributaria para generar empleo. Se trata de la decisión de bajar la alícuota de ganancias sobre las reinversiones de las personas, de las pymes y de las empresas. Esta es una de las medidas más acertadas.
La segunda medida tiene que ver con la devolución de los abultados créditos fiscales que se generan a raíz de las inversiones, a través de un reembolso a los seis meses. Quisiera saber -ya que no termino de verlo con claridad en la redacción del proyecto- qué va a pasar con los abultados créditos fiscales que tienen muchas pymes en la República Argentina, traídos de arrastre por el sistema vigente.
La segunda pregunta es si se van a unificar las alícuotas del IVA de las diferentes carnes que componen la canasta de carnes de la República Argentina.
SR. MINISTRO DE HACIENDA En relación con el tratamiento de los stocks acumulados de créditos fiscales, se van a mantener bajo el régimen previo en función de que no sería viable afrontar fiscalmente una devolución de los mismos. Entonces, el régimen rige para las inversiones nuevas, mientras que los stocks acumulados tienen que ser reducidos sobre la base del crédito que genere el IVA de las ventas, tal como era hasta ahora.
En relación con las carnes, quiero decirle que estamos avanzando en la unificación del IVA. El objetivo es terminar con la situación de desigualdad que existe entre la carne vacuna, la carne aviar, la carne de cerdo y la carne de conejo. Estamos introduciendo esa reforma.
En relación con las carnes, quiero decirle que estamos avanzando en la unificación del IVA. El objetivo es terminar con la situación de desigualdad que existe entre la carne vacuna, la carne aviar, la carne de cerdo y la carne de conejo. Estamos introduciendo esa reforma.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Frana.
En relación con las carnes, quiero decirle que estamos avanzando en unificar el IVA para carnes, pollos y cerdos, para terminar con la situación de desigualdad que existía entre la carne vacuna y la aviar, de cerdo y de conejo. Entonces, estamos introduciendo esa reforma.
En relación con las carnes, quiero decirle que estamos avanzando en unificar el IVA para carnes, pollos y cerdos, para terminar con la situación de desigualdad que existía entre la carne vacuna y la aviar, de cerdo y de conejo. Entonces, estamos introduciendo esa reforma.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Señor presidente, señor ministro: una de las cuestiones que quiero observar de esta reforma es que no nos va a permitir tener un dictamen definitivo si no tenemos números concretos. Todos sabemos que en Economía no valen las impresiones, no valen los anuncios, solo valen los números concretos para determinar qué tan positiva o negativa es una reforma.
Entonces, en ese sentido, señor presidente, me gustaría plantear un conjunto de consideraciones que tienen que ver con un claro desfinanciamiento de la ANSES que se ha dado en este tiempo y que se ve agravado -a mi juicio y al de mi bloque-, por un conjunto de medidas planteadas en esta reforma.
En ese sentido quiero decir que me preocupa que el tema de aportes y contribuciones esté inserto además en esta reforma tributaria. Y ¿por qué digo "además"? Porque esta reforma tributaria no la podemos ver en forma aislada si no vemos el conjunto de reformas que el Poder Ejecutivo envió a este Congreso, si no la vemos en consonancia con la reforma laboral que plantea la condonación de deudas por aportes y contribuciones, y si no lo vemos en consonancia con un planteo también de aportes y contribuciones que se da por la derogación del artículo 104 de la ley de impuestos a las ganancias.
Entonces, me parece, señor ministro, señor presidente, que hubo un conjunto de elementos en estos años que llevó a un debilitamiento permanente de la ANSES y que ahora también se ve reflejado. Entre esos puntos tenemos por supuesto lo que todos acompañamos, que es el 15 por ciento de aquello que iba a las provincias, que podemos entender que es positivo y que se reemplace con fondos del Tesoro.
Pero al mismo tiempo cuando el año pasado se aprobó la ley de blanqueo, llamada de reparación histórica, se redujo el fondo de sustentabilidad, con lo cual se redujeron también los beneficios de las acciones y de los bonos que tenía ese fondo. También, como decía antes, se plantea una condonación de deudas por aportes y contribuciones, es decir, hay una disminución de los aportes contemplados en esta propia reforma tributaria.
Entonces, en ese mismo sentido, quiero hacer un conjunto de comentarios que me parecen necesarios en este momento, dado que no tenemos números -ojalá los tuviéramos ya que a lo mejor todo esto que estamos planteando se podría revertir, pero como no existen números tenemos que hacer los planteos para tener esas respuestas.
En ese sentido, quiero decirle que en el año 2016 se recaudó por contribuciones patronales 324.235 millones, que representa un 44 por ciento del total de recursos de la seguridad social, lo que equivale al 14,3 por ciento del total nacional de recursos tributarios, aduaneros y de la seguridad social.
Actualmente, estamos planteado una disminución de contribuciones que constituyen casi el 45 por ciento del aporte al sistema de seguridad social y que si lo transpolamos en el tiempo, en el conjunto de medidas que son graduales, dentro de 5 años el sistema de ANSES va a tener un 22 por ciento menos de recursos.
También quiero plantear que en nuestro país hay 575.000 empleadores y 8 millones de empleados; del total de empleados, 1,5 millones en el sector público y 6,6 en el sector privado. Entonces, este mínimo no imponible previsto en 12.000 pesos, gradual y actualizable para dentro de 4 años, va a representar un alto costo fiscal de acuerdo a nuestros números; a lo mejor cuando nos aporten los números podamos tener conclusiones diferentes. Pero en ese aporte, fíjense -y estos son números tomados de la AFIP, no son números tomados de ninguna empresa privada, ni de ninguna consultora- que los números indican que en el conjunto de tramos del salario de hasta 10.000 pesos, o sea, por debajo del salario mínimo vital y móvil, se incluyen 1,9 millones de empleados, lo que equivale a un 30 por ciento del total; por debajo de 20.000 pesos, se encuentran un 66,7 por ciento del total de trabajadores registrados; y por debajo de 30.000, un 84 por ciento del total.
Esto demuestra claramente que este mínimo no imponible va a generar un alto costo fiscal y también representará un altísimo impacto sobre el universo de empleadores que toman personal con bajos salarios. También significará la desfinanciación de la ANSES, ya que el 45 por ciento de sus recursos son contribuciones. No contamos con otros elementos para efectuar un análisis que no sea éste, pues son los únicos números con los que contamos. Se trata de números que no recibimos en este corto tiempo porque esta discusión se da en el día de hoy.
Señor presidente, señor ministro: les digo con todo respeto que este análisis no se puede hacer en forma aislada si no tomamos en cuenta el conjunto de reformas que el Ejecutivo envió a este Congreso.
En igual sentido, si analizamos el Título VI de la reforma impositiva sobre el régimen de seguridad social vemos que se elimina todo el Título II de la ley 26.940 y sus modificatorias, que contenía un capítulo dedicado al régimen permanente de contribuciones a la seguridad social para microempleadores, otro para el régimen de promoción de la contratación del trabajo registrado y, finalmente, uno relativo a los convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social.
Señor presidente: si esto se deroga quisiera saber qué es lo que lo va a reemplazar. En algunas regiones de mi provincia -en el norte de Santa Fe- esto fue positivo y generó empleo. Aquí se hace un planteo que es antiguo. Cuando se hace referencia a la reducción del IVA y la de Ganancias -temas sobre los que podemos coincidir- no estamos planteando un objetivo. Quizás generamos una reducción de Ganancias para aquel que reinvierte, pero no le estamos planteando la necesidad de creación del empleo. Ese empresario puede reinvertir en un robot que reemplaza a diez empleados y de ninguna manera eso va generar mayor empleo en la República Argentina. Todo esto no está claro en la iniciativa ni tampoco en la letra final de la ley.
Ustedes mencionan este dos por ciento del Producto Bruto que está perdiendo el fisco no solamente por esta reforma sino por la que se viene gestionando -la reducción de retenciones-, sumado a la modificación del régimen de impuesto a los bienes personales. Quisiera saber sobre qué parámetros ustedes plantean que esto se va a recuperar por el crecimiento económico. Hasta ahora hemos visto una fuga de 17 mil millones de capital hacia extranjero. También notamos que alguien que quiere invertir tiene una propuesta mucho más atractiva gracias a las altas tasas de interés que paga este país. Entonces, queremos saber: en base a esta reducción, ¿con qué expectativa ustedes plantean el crecimiento económico?
Asimismo, queremos saber cuál es la previsión en cuanto a la creación de empleo. Con un 32 por ciento de capacidad instalada sin utilizar, ¿para qué contrataría más trabajadores un empresario? Con las ventas entre un ocho y un diez por ciento por debajo de 2015, ¿para qué contrataría más trabajadores un empresario? Ese ocho por ciento surge de CAME, señor ministro, y el diez por ciento proviene de utilizar datos de súper y centros del INDEC más de un deflactor en base al IPC de la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio por trabajador para el primer año para una pyme sería de 320 pesos, y de 560 para una gran empresa de servicios. ¿Ustedes creen que esto es correcto? ¿No les parece que de esta manera hay una transferencia de recursos hacia las grandes empresas y un perjuicio a las pymes?
Tomando los números oficiales, la medida implica reducir un 26 por ciento la recaudación por contribuciones. En pesos de hoy, es una transferencia de 103 mil millones a las patronales. Los ingresos propios de la ANSES se reducirán en un 10 por ciento. Si se tiene en cuenta además que en 2022 caduca el impuesto al cheque, ANSES va a perder más de un 24 por ciento de recursos propios en el 2022. ¿Cómo se piensa financiar el sistema de seguridad social? Ese era una parte de mi planteo original. Para tomar conclusiones necesitamos números concretos. Muchas gracias señor ministro y señor presidente. (Aplausos.)
Entonces, en ese sentido, señor presidente, me gustaría plantear un conjunto de consideraciones que tienen que ver con un claro desfinanciamiento de la ANSES que se ha dado en este tiempo y que se ve agravado -a mi juicio y al de mi bloque-, por un conjunto de medidas planteadas en esta reforma.
En ese sentido quiero decir que me preocupa que el tema de aportes y contribuciones esté inserto además en esta reforma tributaria. Y ¿por qué digo "además"? Porque esta reforma tributaria no la podemos ver en forma aislada si no vemos el conjunto de reformas que el Poder Ejecutivo envió a este Congreso, si no la vemos en consonancia con la reforma laboral que plantea la condonación de deudas por aportes y contribuciones, y si no lo vemos en consonancia con un planteo también de aportes y contribuciones que se da por la derogación del artículo 104 de la ley de impuestos a las ganancias.
Entonces, me parece, señor ministro, señor presidente, que hubo un conjunto de elementos en estos años que llevó a un debilitamiento permanente de la ANSES y que ahora también se ve reflejado. Entre esos puntos tenemos por supuesto lo que todos acompañamos, que es el 15 por ciento de aquello que iba a las provincias, que podemos entender que es positivo y que se reemplace con fondos del Tesoro.
Pero al mismo tiempo cuando el año pasado se aprobó la ley de blanqueo, llamada de reparación histórica, se redujo el fondo de sustentabilidad, con lo cual se redujeron también los beneficios de las acciones y de los bonos que tenía ese fondo. También, como decía antes, se plantea una condonación de deudas por aportes y contribuciones, es decir, hay una disminución de los aportes contemplados en esta propia reforma tributaria.
Entonces, en ese mismo sentido, quiero hacer un conjunto de comentarios que me parecen necesarios en este momento, dado que no tenemos números -ojalá los tuviéramos ya que a lo mejor todo esto que estamos planteando se podría revertir, pero como no existen números tenemos que hacer los planteos para tener esas respuestas.
En ese sentido, quiero decirle que en el año 2016 se recaudó por contribuciones patronales 324.235 millones, que representa un 44 por ciento del total de recursos de la seguridad social, lo que equivale al 14,3 por ciento del total nacional de recursos tributarios, aduaneros y de la seguridad social.
Actualmente, estamos planteado una disminución de contribuciones que constituyen casi el 45 por ciento del aporte al sistema de seguridad social y que si lo transpolamos en el tiempo, en el conjunto de medidas que son graduales, dentro de 5 años el sistema de ANSES va a tener un 22 por ciento menos de recursos.
También quiero plantear que en nuestro país hay 575.000 empleadores y 8 millones de empleados; del total de empleados, 1,5 millones en el sector público y 6,6 en el sector privado. Entonces, este mínimo no imponible previsto en 12.000 pesos, gradual y actualizable para dentro de 4 años, va a representar un alto costo fiscal de acuerdo a nuestros números; a lo mejor cuando nos aporten los números podamos tener conclusiones diferentes. Pero en ese aporte, fíjense -y estos son números tomados de la AFIP, no son números tomados de ninguna empresa privada, ni de ninguna consultora- que los números indican que en el conjunto de tramos del salario de hasta 10.000 pesos, o sea, por debajo del salario mínimo vital y móvil, se incluyen 1,9 millones de empleados, lo que equivale a un 30 por ciento del total; por debajo de 20.000 pesos, se encuentran un 66,7 por ciento del total de trabajadores registrados; y por debajo de 30.000, un 84 por ciento del total.
Esto demuestra claramente que este mínimo no imponible va a generar un alto costo fiscal y también representará un altísimo impacto sobre el universo de empleadores que toman personal con bajos salarios. También significará la desfinanciación de la ANSES, ya que el 45 por ciento de sus recursos son contribuciones. No contamos con otros elementos para efectuar un análisis que no sea éste, pues son los únicos números con los que contamos. Se trata de números que no recibimos en este corto tiempo porque esta discusión se da en el día de hoy.
Señor presidente, señor ministro: les digo con todo respeto que este análisis no se puede hacer en forma aislada si no tomamos en cuenta el conjunto de reformas que el Ejecutivo envió a este Congreso.
En igual sentido, si analizamos el Título VI de la reforma impositiva sobre el régimen de seguridad social vemos que se elimina todo el Título II de la ley 26.940 y sus modificatorias, que contenía un capítulo dedicado al régimen permanente de contribuciones a la seguridad social para microempleadores, otro para el régimen de promoción de la contratación del trabajo registrado y, finalmente, uno relativo a los convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social.
Señor presidente: si esto se deroga quisiera saber qué es lo que lo va a reemplazar. En algunas regiones de mi provincia -en el norte de Santa Fe- esto fue positivo y generó empleo. Aquí se hace un planteo que es antiguo. Cuando se hace referencia a la reducción del IVA y la de Ganancias -temas sobre los que podemos coincidir- no estamos planteando un objetivo. Quizás generamos una reducción de Ganancias para aquel que reinvierte, pero no le estamos planteando la necesidad de creación del empleo. Ese empresario puede reinvertir en un robot que reemplaza a diez empleados y de ninguna manera eso va generar mayor empleo en la República Argentina. Todo esto no está claro en la iniciativa ni tampoco en la letra final de la ley.
Ustedes mencionan este dos por ciento del Producto Bruto que está perdiendo el fisco no solamente por esta reforma sino por la que se viene gestionando -la reducción de retenciones-, sumado a la modificación del régimen de impuesto a los bienes personales. Quisiera saber sobre qué parámetros ustedes plantean que esto se va a recuperar por el crecimiento económico. Hasta ahora hemos visto una fuga de 17 mil millones de capital hacia extranjero. También notamos que alguien que quiere invertir tiene una propuesta mucho más atractiva gracias a las altas tasas de interés que paga este país. Entonces, queremos saber: en base a esta reducción, ¿con qué expectativa ustedes plantean el crecimiento económico?
Asimismo, queremos saber cuál es la previsión en cuanto a la creación de empleo. Con un 32 por ciento de capacidad instalada sin utilizar, ¿para qué contrataría más trabajadores un empresario? Con las ventas entre un ocho y un diez por ciento por debajo de 2015, ¿para qué contrataría más trabajadores un empresario? Ese ocho por ciento surge de CAME, señor ministro, y el diez por ciento proviene de utilizar datos de súper y centros del INDEC más de un deflactor en base al IPC de la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio por trabajador para el primer año para una pyme sería de 320 pesos, y de 560 para una gran empresa de servicios. ¿Ustedes creen que esto es correcto? ¿No les parece que de esta manera hay una transferencia de recursos hacia las grandes empresas y un perjuicio a las pymes?
Tomando los números oficiales, la medida implica reducir un 26 por ciento la recaudación por contribuciones. En pesos de hoy, es una transferencia de 103 mil millones a las patronales. Los ingresos propios de la ANSES se reducirán en un 10 por ciento. Si se tiene en cuenta además que en 2022 caduca el impuesto al cheque, ANSES va a perder más de un 24 por ciento de recursos propios en el 2022. ¿Cómo se piensa financiar el sistema de seguridad social? Ese era una parte de mi planteo original. Para tomar conclusiones necesitamos números concretos. Muchas gracias señor ministro y señor presidente. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
SR. MINISTRO DE HACIENDA Me cuesta mucho encontrar una pregunta concreta, salvo la de los números. Seguramente, mañana van a disponer de una planilla bien detallada, impuesto por impuesto, que va a ayudar a que comprendan mejor cuáles son los cálculos que utilizamos. Veo que muchos de los números que se están utilizando son incorrectos. La baja del mínimo no imponible, en buena medida, se compensa con la derogación del decreto 814 de la ley 26.940, con lo cual el impacto fiscal es considerablemente menor. Pero, como decía anteriormente, hay que mirar la reforma como un todo.
Es importante para eso que puedan ver los números. En el día de mañana van a tener una planilla detallada con los supuestos y el impacto impuesto por impuesto.
Es importante para eso que puedan ver los números. En el día de mañana van a tener una planilla detallada con los supuestos y el impacto impuesto por impuesto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Señor presidente: obviamente que los 285 artículos que tenemos para estudiar y presentar nuestra opinión, son complejos y es parte de la temática que tenemos hoy en día.
Yo quisiera agregar algo sobre el artículo 23 del Capítulo I, que fue presentado en forma somera y por eso quiero detallar un poco más.
Este artículo 23 habla de la incorporación al impuesto a las ganancias de las cooperativas y mutuales. Esta incorporación al impuesto a las ganancias de las cooperativas y las mutuales lo que hace es transgredir el concepto mismo por el cual existen estas empresas. Incluso, por la definición misma que ustedes dan en la página 3, sobre el tema del OCDE y el concepto de lo que es el impuesto a las ganancias.
Ustedes definen que es el impuesto de ganancias, de utilidades corporativas distribuidas, las que estarían gravadas por el impuesto a las ganancias. Pero las mutuales y las cooperativas no distribuyen ganancias. Es más, si se decide disolver una mutual, el capital pasa al Estado nacional.
Nosotros hablamos con el presidente de la comisión este tema ya que esta incorporación tiene un gran efecto sobre muchas mutuales y cooperativas de mi provincia, Santa Fe, que cumplen un rol social, que son pequeñas y medianas, que no hay entidades bancarias, que el préstamo se canaliza a través de estas instituciones mutuales y que algunas tienen casi cien años de antigüedad, por lo cual hay una gran confianza y un gran movimiento en ellas.
Cuando empezamos a averiguar por esta incorporación, la explicación es que hay muchas mutuales, sobre todo en Capital Federal, que generan préstamos financieros que se denominan "cuevas" y que están al margen de la ley.
Ahora bien, si están al margen de la ley porque no persiguen un objetivo mutual, no deben ser gravadas, tienen que ser cerradas y encarcelar a aquellos que tergiversan el objetivo de la mutual o cooperativa.
Después le voy a acercar, señor ministro, algunas alternativas que creemos que son mejores, como el reempadronamiento para clarificar la actividad y ver si efectivamente necesitamos recursos. Porque se necesitan recursos. Entendemos y efectivamente queremos aportar en esa discusión.
Lo mismo ocurre con el tema del seguro. Porque la actividad del reaseguro, sobre todo para empresas trasnacionales, es una manera de restarle recursos al fisco a partir del impuesto a las ganancias. Y creo que más allá de los acuerdos internacionales, se pueden hacer.
Sé que han modificado en parte el artículo 23 o han intentado atenuarlo con el artículo 24, reduciendo o utilizando ese fondo que se ha creado con la ley 23.427. Pero de todas maneras no alcanza.
Insisto con que el impacto va a ser muy negativo, principalmente para la provincia de Santa Fe, Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires. En algunas otras provincias, quizás no haya un desarrollo de mutuales o cooperativas tan extenso como hay en nuestras provincias y por eso es que esta incorporación va a afectar mucho.
Por esta razón quisiera que se revea este punto en particular. En cuanto al resto, ya se ha expresado algo acá, pero no quiero ser demasiado extenso. Me gustaría saber si tiene una opinión al respecto del punto que he mencionado.
Como dije, una de las posibilidades sería hacer un reempadronamiento a través del INAES. La otra posibilidad es que pongamos un monto a partir del cual generan rentabilidad.
Otro punto importante es que no distribuyen utilidades, con lo cual hablar de ganancias no es correcto, porque no las tienen.
Por último, podemos hablar de los sueldos que se pagan en estas mismas organizaciones, a los cuales también podemos poner un tope para que no formen parte de una suerte de distribución indebida de recursos.
Reitero que esto es poner casi en un pie de igualdad a todas las asociaciones. Quitaría el concepto mismo de mutual o de cooperativa, convirtiendo a todas en S.R.L. o en S.A.
Yo quisiera agregar algo sobre el artículo 23 del Capítulo I, que fue presentado en forma somera y por eso quiero detallar un poco más.
Este artículo 23 habla de la incorporación al impuesto a las ganancias de las cooperativas y mutuales. Esta incorporación al impuesto a las ganancias de las cooperativas y las mutuales lo que hace es transgredir el concepto mismo por el cual existen estas empresas. Incluso, por la definición misma que ustedes dan en la página 3, sobre el tema del OCDE y el concepto de lo que es el impuesto a las ganancias.
Ustedes definen que es el impuesto de ganancias, de utilidades corporativas distribuidas, las que estarían gravadas por el impuesto a las ganancias. Pero las mutuales y las cooperativas no distribuyen ganancias. Es más, si se decide disolver una mutual, el capital pasa al Estado nacional.
Nosotros hablamos con el presidente de la comisión este tema ya que esta incorporación tiene un gran efecto sobre muchas mutuales y cooperativas de mi provincia, Santa Fe, que cumplen un rol social, que son pequeñas y medianas, que no hay entidades bancarias, que el préstamo se canaliza a través de estas instituciones mutuales y que algunas tienen casi cien años de antigüedad, por lo cual hay una gran confianza y un gran movimiento en ellas.
Cuando empezamos a averiguar por esta incorporación, la explicación es que hay muchas mutuales, sobre todo en Capital Federal, que generan préstamos financieros que se denominan "cuevas" y que están al margen de la ley.
Ahora bien, si están al margen de la ley porque no persiguen un objetivo mutual, no deben ser gravadas, tienen que ser cerradas y encarcelar a aquellos que tergiversan el objetivo de la mutual o cooperativa.
Después le voy a acercar, señor ministro, algunas alternativas que creemos que son mejores, como el reempadronamiento para clarificar la actividad y ver si efectivamente necesitamos recursos. Porque se necesitan recursos. Entendemos y efectivamente queremos aportar en esa discusión.
Lo mismo ocurre con el tema del seguro. Porque la actividad del reaseguro, sobre todo para empresas trasnacionales, es una manera de restarle recursos al fisco a partir del impuesto a las ganancias. Y creo que más allá de los acuerdos internacionales, se pueden hacer.
Sé que han modificado en parte el artículo 23 o han intentado atenuarlo con el artículo 24, reduciendo o utilizando ese fondo que se ha creado con la ley 23.427. Pero de todas maneras no alcanza.
Insisto con que el impacto va a ser muy negativo, principalmente para la provincia de Santa Fe, Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires. En algunas otras provincias, quizás no haya un desarrollo de mutuales o cooperativas tan extenso como hay en nuestras provincias y por eso es que esta incorporación va a afectar mucho.
Por esta razón quisiera que se revea este punto en particular. En cuanto al resto, ya se ha expresado algo acá, pero no quiero ser demasiado extenso. Me gustaría saber si tiene una opinión al respecto del punto que he mencionado.
Como dije, una de las posibilidades sería hacer un reempadronamiento a través del INAES. La otra posibilidad es que pongamos un monto a partir del cual generan rentabilidad.
Otro punto importante es que no distribuyen utilidades, con lo cual hablar de ganancias no es correcto, porque no las tienen.
Por último, podemos hablar de los sueldos que se pagan en estas mismas organizaciones, a los cuales también podemos poner un tope para que no formen parte de una suerte de distribución indebida de recursos.
Reitero que esto es poner casi en un pie de igualdad a todas las asociaciones. Quitaría el concepto mismo de mutual o de cooperativa, convirtiendo a todas en S.R.L. o en S.A.
SR. MINISTRO DE HACIENDA El tema es interesante. Pero no tenemos que perder de vista que estas mutuales y cooperativas generan utilidades. Entonces, más allá del fin loable de hacer políticas públicas, llevadas adelante generalmente por los gobiernos nacional, provincial y municipal, la utilidad debería ser gravada. Es tan sencillo como eso.
SR. GRANDINETTI No son utilidades.
SR. MINISTRO DE HACIENDA ¿Cómo que no? Usted mismo dijo que son utilidades no distribuidas.
SR. GRANDINETTI Pero, efectivamente, no se encuadran en el concepto de utilidad, porque se vuelven a reinvertir. De hecho, el concepto que usted mismo está planteando es que si reinvertimos las utilidades vamos a intentar que haya una promoción de ese tipo de actividades con aquellos que sí la distribuyen. Ese es el concepto marco de esta reforma al impuesto a las ganancias.
SR. MINISTRO DE HACIENDA Por eso hacemos la distinción entre el 35 y el 25. Acá hay una utilidad no distribuida, pero hay una utilidad que la mutual decide utilizar para el fin por el cual se ha organizado dicha mutual.
Ahora bien, en el proyecto que estamos tratando solamente estamos gravando las utilidades generadas por las financieras de seguros. En ellas hay una enorme proporción de cooperativas que están haciendo una intermediación financiera, amparándose en el régimen de cooperativas. Pero, de todas maneras, estuvimos trabajando en introducir un monto mínimo anual que, si no me equivoco, es de 1.000.000 pesos. Para una mutual pequeña, de pueblo, debería ser muchísimo más que suficiente, salvo que lo que estén haciendo sea encubrir actividad financiera que debería estar gravada, utilizando parte de los recursos para hacer algo de asistencia social. Pero con un monto de 1.000.000 pesos...
Ahora bien, en el proyecto que estamos tratando solamente estamos gravando las utilidades generadas por las financieras de seguros. En ellas hay una enorme proporción de cooperativas que están haciendo una intermediación financiera, amparándose en el régimen de cooperativas. Pero, de todas maneras, estuvimos trabajando en introducir un monto mínimo anual que, si no me equivoco, es de 1.000.000 pesos. Para una mutual pequeña, de pueblo, debería ser muchísimo más que suficiente, salvo que lo que estén haciendo sea encubrir actividad financiera que debería estar gravada, utilizando parte de los recursos para hacer algo de asistencia social. Pero con un monto de 1.000.000 pesos...
SR. GRANDINETTI Podemos ponerle un tope a los intereses, si es que queremos que cobren los jubilados.
SR. MINISTRO DE HACIENDA Eso es inverificable.
SR. PRESIDENTE LASPINA El ministro debe retirarse. Quedan los secretarios para seguir respondiendo las preguntas. Agradecemos, una vez más, la presencia del ministro.
SR. MINISTRO DE HACIENDA Muchas gracias a todos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Vallejos.
SRA. VALLEJOS Señor presidente: buenas tardes a todos.
En primer lugar, quiero hacer algunos señalamientos generales que suscriben los planteos que ya han hecho mis colegas. Como diputada recientemente incorporada a esta Cámara, quisiera reforzar la idea de que a todos nos envuelve la necesidad de contar con un tiempo prudencial para el análisis de una norma que, como el propio ministro reconoció, es ardua, trabajosa y amerita un análisis más profundo. Indudablemente, los tiempos que se están planteando hacen muy difícil que podamos llevar adelante esta labor con la seriedad y rigurosidad técnica necesarias.
En segundo lugar, me llama la atención que estemos discutiendo una reforma tributaria, y hasta aquí ni en el marco del proyecto que el Ejecutivo ha presentado a esta Cámara, ni en lo que venimos debatiendo escucho que se hable de cuestiones vitales, a mi criterio, cuando uno analiza una reforma tributaria. Me refiero, por ejemplo, a la equidad.
Aquí se habla de presión tributaria, que tal vez estaría muy bien en la verba y desde la perspectiva del empresariado, pero si uno se parase desde la perspectiva del Estado, del Tesoro Nacional, podría traducir eso que se denomina presión tributaria como desfinanciamiento del Estado.
Me quiero sumar también, y particularmente hablando de desfinanciamiento del Estado, a otras intervenciones que ya han puesto el énfasis aquí porque entiendo que es uno de los puntos centrales y críticos de esta reforma que tiene que ver con el desfinanciamiento del sistema previsional que viene de la mano de la propuesta de recorte de los aportes patronales.
Igualmente preocupante me resulta que no dispongamos de los números precisos, porque el señor ministro hace mención a unos números, pero la verdad es que no hemos tenido acceso a los cálculos y a la rigurosidad técnica y metodológica a la que deberíamos acceder para estimar la verosimilitud o no de esos números.
Planteo esto porque nuestros cálculos arrojan resultados diferentes a los que el Poder Ejecutivo ha estimado. Es una pena que tengamos que esperar hasta el día de mañana, con lo breve que son los plazos que se nos están otorgando a los diputados, y que teniendo al señor ministro y a las autoridades del Poder Ejecutivo presentes en esta casa durante la jornada de hoy, no hayamos podido tener acceso en este mismo momento y que el Ejecutivo no haya traído los cálculos y los números para que podamos ganar aunque sea estas cortas horas que tenemos entre hoy y mañana para trabajar, ya que entiendo que toda la ciudadanía espera que los diputados y las diputadas nos aboquemos a nuestra labor.
En términos generales quiero señalar dos o tres cuestiones. Escuchaba atentamente al señor ministro cuando le respondía al diputado Kicillof, donde resaltaba que uno de los objetivos tenía que ver con la formalización y la generación de empleo.
Vuelvo a insistir en lo que el diputado Kicillof ya se explayó, porque esto no es una cuestión de interpretación ni de subjetividades, sino que son los datos que surgen de la evidencia empírica, no solamente de nuestra región, sino a nivel internacional. Y la evidencia empírica desmiente lisa y llanamente este tipo de afirmaciones. En todos los países -y los organismos internacionales también lo han estimado de esta manera- donde se ha avanzado con reformas de estas características y con recortes, por ejemplo, como los que aquí se están proponiendo en materia de aportes patronales, los resultados no han sido favorables para la formalización ni para la generación de empleo.
De nuevo, habría que preguntar cuál es el impacto fiscal de esta medida, y cualquiera que sea el impacto fiscal parece contradictorio con el objetivo de generar empleo, toda vez que el desfinanciamiento del Estado, la pérdida de recursos tributarios por parte del Estado, implica a la postre la pérdida de recursos que van a ir volcados a nuestro propio mercado, y el debilitamiento de una demanda que ya viene bastante golpeada desde finales del año 2015.
Por lo tanto, como todos los economistas sabemos, y cualquiera que haya tenido acceso a un manual de Economía básica también puede comprender, con ese debilitamiento de la demanda estamos acudiendo a un debilitamiento de la producción y, por ende, las probabilidades están todas del lado de que prospere la destrucción de empleo que ya venimos observando en estos últimos dos años, y no la creación que el Ejecutivo, tal vez cargado de buenas intenciones, manifiesta en la presentación de este proyecto de ley, pero que lamentablemente la teoría económica y la evidencia empírica dicen que va en sentido contrario.
Otra de las preocupaciones que me plantea este proyecto de ley tiene que ver con las mutuales y cooperativas. Nos referimos a nuestro sistema de seguridad social. Se trata de alguno de los universos perjudicados por este proyecto. Coincido con lo afirmado por la señora diputada preopinante en que es muy difícil interpretar cada uno de estos proyectos de manera aislada porque todos responden a un espíritu común y persiguen objetivos comunes. Saliendo del universo de los damnificados por este paquete de reformas y apuntando a quienes son beneficiados -son menos respecto de los que sí se perjudican- efectivamente coincido con lo afirmado por el señor diputado Kicillof. Concretamente, pondría el acento -es algo que me preocupa- en los beneficios que se desprenden del texto de este proyecto de ley sobre las empresas multinacionales. Hay un punto referido a la modificación sobre Ganancias que está vinculado a los precios de transferencia. Como está planteado en la norma lo que tenemos hasta aquí se determina como mejor método a fin de establecer la renta de fuente argentina de la exportación. A eso le sumamos el valor de cotización del bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería cualquiera sea el medio de transporte, sin considerar el precio que hubiera sido pactado con el intermediario internacional.
En la propuesta de modificación se exige realizar el registro de los contratos celebrados con motivo de dichas operaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. En definitiva, resulta preocupante porque interpretamos que esto va a facilitar el uso de precios de transferencia. El señor ministro afirma que la evasión es uno de los problemas que más afecta a la Argentina. Lo escuché afirmar que uno de los objetivos que persigue este proyecto de ley está relacionado con esa problemática. El señor ministro hacía una estimación respecto de lo que el Estado argentino pierde por concepto de evasión. Sabemos que la cuestión de los precios de transferencia debe ser un tema central en esta materia. Me gustaría, como aporte a éste y a próximos debates, señalar que si uno de los problemas tiene que ver con la evasión por allí estemos cerrando la norma que estamos proponiendo para atender esa dificultad.
A continuación aportaré algún otro dato para este debate. L Argentina está perdiendo más de 20 mil millones de dólares anuales en materia de recaudación por la evasión que podríamos denominar off shore. Se trata de la evasión de aquellos grandes operadores de la economía que dolarizan y fugan sus excedentes al exterior y los colocan, por ejemplo, en Panamá u otros paraísos fiscales, tal como hemos conocido por las investigaciones internacionales. Sería realmente muy satisfactorio que este Parlamento pudiera en algún momento -así lo plantearemos- trabajar para atacar estos problemas que tienen que ver con la corrupción estructural y las dificultades también estructurales en materia de evasión que afectan al Estado argentino. Esto nos eximiría, si pudiéramos resolverlo, de estar tratando proyectos como éste que, tal como lo afirmé en el comienzo de mi exposición, no persiguen los más altos valores que debería buscar una reforma tributaria. Me refiero a una mayor equidad del sistema y una mayor justicia distributiva. Por el contrario, simplemente se conforman con atender cuestiones vinculadas a reducir lo que aquí se denomina "presión fiscal". Si pudiéramos atender estos temas estructurales a los que me referí, no tendríamos necesidad de estar pensando en ajustes y recortes porque el Estado dispondría de los recursos necesarios y suficientes para atender la demanda agregada con un gasto virtuoso o mal llamada inversión virtuosa. Entonces, sí podríamos estar ofreciéndole a nuestra sociedad una alternativa real para una efectiva generación de empleo que, no tengo ninguna duda, es lo que todos y todas en esta casa y fuera de los muros de este Congreso-en toda la patria- estamos anhelando. Muchas gracias señor presidente y señor ministro.
En primer lugar, quiero hacer algunos señalamientos generales que suscriben los planteos que ya han hecho mis colegas. Como diputada recientemente incorporada a esta Cámara, quisiera reforzar la idea de que a todos nos envuelve la necesidad de contar con un tiempo prudencial para el análisis de una norma que, como el propio ministro reconoció, es ardua, trabajosa y amerita un análisis más profundo. Indudablemente, los tiempos que se están planteando hacen muy difícil que podamos llevar adelante esta labor con la seriedad y rigurosidad técnica necesarias.
En segundo lugar, me llama la atención que estemos discutiendo una reforma tributaria, y hasta aquí ni en el marco del proyecto que el Ejecutivo ha presentado a esta Cámara, ni en lo que venimos debatiendo escucho que se hable de cuestiones vitales, a mi criterio, cuando uno analiza una reforma tributaria. Me refiero, por ejemplo, a la equidad.
Aquí se habla de presión tributaria, que tal vez estaría muy bien en la verba y desde la perspectiva del empresariado, pero si uno se parase desde la perspectiva del Estado, del Tesoro Nacional, podría traducir eso que se denomina presión tributaria como desfinanciamiento del Estado.
Me quiero sumar también, y particularmente hablando de desfinanciamiento del Estado, a otras intervenciones que ya han puesto el énfasis aquí porque entiendo que es uno de los puntos centrales y críticos de esta reforma que tiene que ver con el desfinanciamiento del sistema previsional que viene de la mano de la propuesta de recorte de los aportes patronales.
Igualmente preocupante me resulta que no dispongamos de los números precisos, porque el señor ministro hace mención a unos números, pero la verdad es que no hemos tenido acceso a los cálculos y a la rigurosidad técnica y metodológica a la que deberíamos acceder para estimar la verosimilitud o no de esos números.
Planteo esto porque nuestros cálculos arrojan resultados diferentes a los que el Poder Ejecutivo ha estimado. Es una pena que tengamos que esperar hasta el día de mañana, con lo breve que son los plazos que se nos están otorgando a los diputados, y que teniendo al señor ministro y a las autoridades del Poder Ejecutivo presentes en esta casa durante la jornada de hoy, no hayamos podido tener acceso en este mismo momento y que el Ejecutivo no haya traído los cálculos y los números para que podamos ganar aunque sea estas cortas horas que tenemos entre hoy y mañana para trabajar, ya que entiendo que toda la ciudadanía espera que los diputados y las diputadas nos aboquemos a nuestra labor.
En términos generales quiero señalar dos o tres cuestiones. Escuchaba atentamente al señor ministro cuando le respondía al diputado Kicillof, donde resaltaba que uno de los objetivos tenía que ver con la formalización y la generación de empleo.
Vuelvo a insistir en lo que el diputado Kicillof ya se explayó, porque esto no es una cuestión de interpretación ni de subjetividades, sino que son los datos que surgen de la evidencia empírica, no solamente de nuestra región, sino a nivel internacional. Y la evidencia empírica desmiente lisa y llanamente este tipo de afirmaciones. En todos los países -y los organismos internacionales también lo han estimado de esta manera- donde se ha avanzado con reformas de estas características y con recortes, por ejemplo, como los que aquí se están proponiendo en materia de aportes patronales, los resultados no han sido favorables para la formalización ni para la generación de empleo.
De nuevo, habría que preguntar cuál es el impacto fiscal de esta medida, y cualquiera que sea el impacto fiscal parece contradictorio con el objetivo de generar empleo, toda vez que el desfinanciamiento del Estado, la pérdida de recursos tributarios por parte del Estado, implica a la postre la pérdida de recursos que van a ir volcados a nuestro propio mercado, y el debilitamiento de una demanda que ya viene bastante golpeada desde finales del año 2015.
Por lo tanto, como todos los economistas sabemos, y cualquiera que haya tenido acceso a un manual de Economía básica también puede comprender, con ese debilitamiento de la demanda estamos acudiendo a un debilitamiento de la producción y, por ende, las probabilidades están todas del lado de que prospere la destrucción de empleo que ya venimos observando en estos últimos dos años, y no la creación que el Ejecutivo, tal vez cargado de buenas intenciones, manifiesta en la presentación de este proyecto de ley, pero que lamentablemente la teoría económica y la evidencia empírica dicen que va en sentido contrario.
Otra de las preocupaciones que me plantea este proyecto de ley tiene que ver con las mutuales y cooperativas. Nos referimos a nuestro sistema de seguridad social. Se trata de alguno de los universos perjudicados por este proyecto. Coincido con lo afirmado por la señora diputada preopinante en que es muy difícil interpretar cada uno de estos proyectos de manera aislada porque todos responden a un espíritu común y persiguen objetivos comunes. Saliendo del universo de los damnificados por este paquete de reformas y apuntando a quienes son beneficiados -son menos respecto de los que sí se perjudican- efectivamente coincido con lo afirmado por el señor diputado Kicillof. Concretamente, pondría el acento -es algo que me preocupa- en los beneficios que se desprenden del texto de este proyecto de ley sobre las empresas multinacionales. Hay un punto referido a la modificación sobre Ganancias que está vinculado a los precios de transferencia. Como está planteado en la norma lo que tenemos hasta aquí se determina como mejor método a fin de establecer la renta de fuente argentina de la exportación. A eso le sumamos el valor de cotización del bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería cualquiera sea el medio de transporte, sin considerar el precio que hubiera sido pactado con el intermediario internacional.
En la propuesta de modificación se exige realizar el registro de los contratos celebrados con motivo de dichas operaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. En definitiva, resulta preocupante porque interpretamos que esto va a facilitar el uso de precios de transferencia. El señor ministro afirma que la evasión es uno de los problemas que más afecta a la Argentina. Lo escuché afirmar que uno de los objetivos que persigue este proyecto de ley está relacionado con esa problemática. El señor ministro hacía una estimación respecto de lo que el Estado argentino pierde por concepto de evasión. Sabemos que la cuestión de los precios de transferencia debe ser un tema central en esta materia. Me gustaría, como aporte a éste y a próximos debates, señalar que si uno de los problemas tiene que ver con la evasión por allí estemos cerrando la norma que estamos proponiendo para atender esa dificultad.
A continuación aportaré algún otro dato para este debate. L Argentina está perdiendo más de 20 mil millones de dólares anuales en materia de recaudación por la evasión que podríamos denominar off shore. Se trata de la evasión de aquellos grandes operadores de la economía que dolarizan y fugan sus excedentes al exterior y los colocan, por ejemplo, en Panamá u otros paraísos fiscales, tal como hemos conocido por las investigaciones internacionales. Sería realmente muy satisfactorio que este Parlamento pudiera en algún momento -así lo plantearemos- trabajar para atacar estos problemas que tienen que ver con la corrupción estructural y las dificultades también estructurales en materia de evasión que afectan al Estado argentino. Esto nos eximiría, si pudiéramos resolverlo, de estar tratando proyectos como éste que, tal como lo afirmé en el comienzo de mi exposición, no persiguen los más altos valores que debería buscar una reforma tributaria. Me refiero a una mayor equidad del sistema y una mayor justicia distributiva. Por el contrario, simplemente se conforman con atender cuestiones vinculadas a reducir lo que aquí se denomina "presión fiscal". Si pudiéramos atender estos temas estructurales a los que me referí, no tendríamos necesidad de estar pensando en ajustes y recortes porque el Estado dispondría de los recursos necesarios y suficientes para atender la demanda agregada con un gasto virtuoso o mal llamada inversión virtuosa. Entonces, sí podríamos estar ofreciéndole a nuestra sociedad una alternativa real para una efectiva generación de empleo que, no tengo ninguna duda, es lo que todos y todas en esta casa y fuera de los muros de este Congreso-en toda la patria- estamos anhelando. Muchas gracias señor presidente y señor ministro.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Secretario de Política Económica, licenciado Sebastián Galiani.
SR. GALIANI Me sumo a un comentario del presidente sobre la gran expectativa que tenemos desde el Poder Ejecutivo acerca de la oficina de presupuesto que está creando este Congreso. Considero que va a representar un gran cambio institucional.
Espero que cumpla con su rol principal, que es garantizar que no se aprueben gastos sin asegurar los ingresos, algo que en el pasado no ha ocurrido.
Respecto a los comentarios que se centran mucho alrededor del mínimo no imponible para beneficiar a los trabajadores menos calificados, la verdad es que desde un punto de vista político me sorprende la crítica de los partidos que, supuestamente, representan los intereses de los trabajadores menos calificados. Porque el objetivo de esa medida es beneficiar precisamente a los trabajadores de bajos ingresos.
Me parece bien que nos focalicemos en esta medida, dado que dentro del costo fiscal de la reforma es significativa. Por eso voy a hacer algunas consideraciones de por qué la estamos impulsando y por qué creemos que es imprescindible, dada la desigualdad de ingresos salariales que hay en la región y dado el contexto en el que se desarrolla el cambio tecnológico.
Me es grato haber escuchado menciones a libros de economía básica. Cualquier libro de finanzas públicas para estudiantes de licenciatura -citaría cualquiera, pero voy a tomar el de Stiglitz, que es un economista que ha sido ponderado recientemente en la Argentina- mostraría que una de las cosas más difíciles asociadas a los impuestos es poder entender que quien paga los impuestos no es sobre quién se los legisla. Esto es una discusión muy fundamental.
Los impuestos en gran medida se trasladan y, en un contexto de funcionamiento de la economía, es más difícil poder decir quiénes pagan los impuestos sin un análisis de equilibrio general.
En el contexto del mercado del trabajo, cuando uno pone un impuesto sobre el lado de la demanda de trabajo, es decir sobre los empleadores, no quiere decir que ese impuesto lo terminen pagando necesariamente el empleador. Parte lo pagan los empleadores y parte los trabajadores, pues desplaza la curva de demanda y afecta el empleo y los salarios.
También me resultó interesante escuchar que la evidencia empírica es tan conclusiva como se la ha presentado. Si algo se ha desarrollado en la actividad empírica es la producción de metaanálisis, porque no hay en general ninguna literatura donde todos los estudios lleguen al mismo resultado.
Con lo cual, en este caso en particular, lo que se sabe es que las bajas de impuestos al trabajo para los salarios altos, se trasladan totalmente a salarios y nada a empleo. Y las bajas de impuestos para los salarios bajos, se trasladan más a empleo y parte a salarios.
¿Por qué es así? Cualquier libro de finanzas públicas elemental puede explicar que es así porque en los salarios bajos hay rigideces, como salarios de convenio o salarios mínimos, que hacen que el mercado no pueda ajustar ciento por ciento. Con lo cual, desplazar la curva de demanda tiene un impacto mayor que en los salarios altos.
Lo que busca esta medida es gravar más a los salarios altos y desgravar a los salarios bajos. Eso lo hacemos porque creemos que ahí es donde está el mayor impacto sobre el empleo y que toda la parte que no afecta al empleo irá a salarios. Pero ¿a qué salarios? A los de los trabajadores cercanos al salario mínimo.
Si a nosotros nos preocupa la distribución de los salarios, que es muy desigual, es ahí donde tenemos que actuar fiscalmente. Es decir, sobre los salarios bajos. No sobre los salarios altos. Por eso me sorprende mucho la discusión en la que estamos envueltos. Pensé que era una medida que iba a ser compartida por todo el espectro político.
Respecto a su costo fiscal, a lo largo de cinco años llegará al 0,7 o 0,8 por ciento del producto bruto porque, como explicó el ministro, una parte se financia con el retiro de otros subsidios al empleo que demostraron no ser efectivos. De hecho, hay evidencia empírica de que el esquema del decreto 814/01 no tuvo efecto sobre el empleo porque no está concentrado donde debe estar, que es alrededor de los salarios mínimos.
Este es un cambio que busca moverse en la dirección correcta; pero, además -como se señaló muchas veces-, hay que ponerlo en el contexto de toda la reforma y de lo que tiene que hacer la Argentina: aumentar la inversión para que se incremente la productividad del trabajo, ya que esa es la única forma de mejorar el nivel de vida de los trabajadores. El nivel de vida no se mejora con leyes ni porque una norma diga que tales grupos tienen que recibir "A" o "B". Se lo mejora creciendo sostenidamente a lo largo de décadas; no hay otra forma de hacerlo.
Ahora bien, es sabido que la inversión tiene ciertos sesgos contra los trabajadores menos calificados; entonces, para un paquete de reformas que busca estimular la inversión, no hay nada más progresivo que acompañarlo con un rebalanceo de los impuestos laborales a favor de los trabajadores menos calificados. Esto es lo que hace un gobierno preocupado no solo por el empleo y el crecimiento sino también por la distribución del ingreso; por eso esta propuesta está pensada de esa forma.
En relación con el ajuste, este gobierno propone resolver el gran desequilibrio fiscal de 6 puntos del producto heredado del gobierno anterior, desequilibrio que no es distinto a los que siempre dejó el peronismo todas las veces que gobernó.
La gran diferencia es que, al proponer hacerlo en forma gradual donde el crecimiento tenga un rol esencial en la reducción de ese déficit, evitamos una crisis económica. Esto nunca pasó; sería la primera vez; pero para lograrlo tenemos que estimular el crecimiento, que es una parte fundamental en la tarea de cerrar el déficit fiscal en la Argentina. Por eso, las reformas de todo este paquete están pensadas como engranajes para generar ese equilibrio en una trayectoria de reducción de ese déficit que heredamos.
Luego de esta explicación, el subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, hará otras consideraciones de tipo fiscal.
Espero que cumpla con su rol principal, que es garantizar que no se aprueben gastos sin asegurar los ingresos, algo que en el pasado no ha ocurrido.
Respecto a los comentarios que se centran mucho alrededor del mínimo no imponible para beneficiar a los trabajadores menos calificados, la verdad es que desde un punto de vista político me sorprende la crítica de los partidos que, supuestamente, representan los intereses de los trabajadores menos calificados. Porque el objetivo de esa medida es beneficiar precisamente a los trabajadores de bajos ingresos.
Me parece bien que nos focalicemos en esta medida, dado que dentro del costo fiscal de la reforma es significativa. Por eso voy a hacer algunas consideraciones de por qué la estamos impulsando y por qué creemos que es imprescindible, dada la desigualdad de ingresos salariales que hay en la región y dado el contexto en el que se desarrolla el cambio tecnológico.
Me es grato haber escuchado menciones a libros de economía básica. Cualquier libro de finanzas públicas para estudiantes de licenciatura -citaría cualquiera, pero voy a tomar el de Stiglitz, que es un economista que ha sido ponderado recientemente en la Argentina- mostraría que una de las cosas más difíciles asociadas a los impuestos es poder entender que quien paga los impuestos no es sobre quién se los legisla. Esto es una discusión muy fundamental.
Los impuestos en gran medida se trasladan y, en un contexto de funcionamiento de la economía, es más difícil poder decir quiénes pagan los impuestos sin un análisis de equilibrio general.
En el contexto del mercado del trabajo, cuando uno pone un impuesto sobre el lado de la demanda de trabajo, es decir sobre los empleadores, no quiere decir que ese impuesto lo terminen pagando necesariamente el empleador. Parte lo pagan los empleadores y parte los trabajadores, pues desplaza la curva de demanda y afecta el empleo y los salarios.
También me resultó interesante escuchar que la evidencia empírica es tan conclusiva como se la ha presentado. Si algo se ha desarrollado en la actividad empírica es la producción de metaanálisis, porque no hay en general ninguna literatura donde todos los estudios lleguen al mismo resultado.
Con lo cual, en este caso en particular, lo que se sabe es que las bajas de impuestos al trabajo para los salarios altos, se trasladan totalmente a salarios y nada a empleo. Y las bajas de impuestos para los salarios bajos, se trasladan más a empleo y parte a salarios.
¿Por qué es así? Cualquier libro de finanzas públicas elemental puede explicar que es así porque en los salarios bajos hay rigideces, como salarios de convenio o salarios mínimos, que hacen que el mercado no pueda ajustar ciento por ciento. Con lo cual, desplazar la curva de demanda tiene un impacto mayor que en los salarios altos.
Lo que busca esta medida es gravar más a los salarios altos y desgravar a los salarios bajos. Eso lo hacemos porque creemos que ahí es donde está el mayor impacto sobre el empleo y que toda la parte que no afecta al empleo irá a salarios. Pero ¿a qué salarios? A los de los trabajadores cercanos al salario mínimo.
Si a nosotros nos preocupa la distribución de los salarios, que es muy desigual, es ahí donde tenemos que actuar fiscalmente. Es decir, sobre los salarios bajos. No sobre los salarios altos. Por eso me sorprende mucho la discusión en la que estamos envueltos. Pensé que era una medida que iba a ser compartida por todo el espectro político.
Respecto a su costo fiscal, a lo largo de cinco años llegará al 0,7 o 0,8 por ciento del producto bruto porque, como explicó el ministro, una parte se financia con el retiro de otros subsidios al empleo que demostraron no ser efectivos. De hecho, hay evidencia empírica de que el esquema del decreto 814/01 no tuvo efecto sobre el empleo porque no está concentrado donde debe estar, que es alrededor de los salarios mínimos.
Este es un cambio que busca moverse en la dirección correcta; pero, además -como se señaló muchas veces-, hay que ponerlo en el contexto de toda la reforma y de lo que tiene que hacer la Argentina: aumentar la inversión para que se incremente la productividad del trabajo, ya que esa es la única forma de mejorar el nivel de vida de los trabajadores. El nivel de vida no se mejora con leyes ni porque una norma diga que tales grupos tienen que recibir "A" o "B". Se lo mejora creciendo sostenidamente a lo largo de décadas; no hay otra forma de hacerlo.
Ahora bien, es sabido que la inversión tiene ciertos sesgos contra los trabajadores menos calificados; entonces, para un paquete de reformas que busca estimular la inversión, no hay nada más progresivo que acompañarlo con un rebalanceo de los impuestos laborales a favor de los trabajadores menos calificados. Esto es lo que hace un gobierno preocupado no solo por el empleo y el crecimiento sino también por la distribución del ingreso; por eso esta propuesta está pensada de esa forma.
En relación con el ajuste, este gobierno propone resolver el gran desequilibrio fiscal de 6 puntos del producto heredado del gobierno anterior, desequilibrio que no es distinto a los que siempre dejó el peronismo todas las veces que gobernó.
La gran diferencia es que, al proponer hacerlo en forma gradual donde el crecimiento tenga un rol esencial en la reducción de ese déficit, evitamos una crisis económica. Esto nunca pasó; sería la primera vez; pero para lograrlo tenemos que estimular el crecimiento, que es una parte fundamental en la tarea de cerrar el déficit fiscal en la Argentina. Por eso, las reformas de todo este paquete están pensadas como engranajes para generar ese equilibrio en una trayectoria de reducción de ese déficit que heredamos.
Luego de esta explicación, el subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, hará otras consideraciones de tipo fiscal.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el subsecretario de Ingresos Públicos, señor Edelstein.
SR. EDELSTEIN Señor presidente: me gustaría referirme a un punto en particular de la intervención de la diputada, que tiene que ver con la temática de precios de transferencia. Me parece una observación interesante, como otras que se han hecho, y por eso quiero puntualizar un poco más.
En primer lugar, en esta propuesta de reforma se incluye -yo diría que se perfecciona- una serie de herramientas o de mecanismos tendientes a evitar parte de la elusión y de la evasión a través de esta temática de precios de transferencia o de otras vinculadas con la mecánica de incrementar los montos de las deducciones.
Todo esto forma parte de los temas en los que la OCDE y el G20 vienen trabajando desde hace bastante tiempo. Este proyecto, que se llama BEPS, justamente apunta, de alguna forma, a atacar las prácticas elusivas.
Es por eso que la iniciativa en consideración contempla algunas medidas que tienen por objeto evitar la elusión. Entonces, antes de entrar al tema de los precios de transferencia, quiero hacer algunos comentarios.
El primero tiene que ver con el fenómeno de capitalización exigua. Dada la falta de operatividad del esquema actual, que rige desde hace muchos años, en cuanto a la deducción de intereses por parte de las empresas -muchas de ellas, multinacionales- proponemos un nuevo parámetro que sea efectivo. La restricción que existe en la ley -concretamente, en el artículo 81- ha tornado al sistema no operativo; por ende, siguiendo los lineamientos de la OCDE, proponemos la modificación de esa herramienta antielusión.
Por eso, reitero, la reforma apunta y ataca, o pretende hacerlo, el fenómeno de la elusión.
El segundo tema tiene que ver con las rentas pasivas del exterior, donde también estamos intentando dar respuesta a este fenómeno del diferimiento del impuesto por parte de empresas o personas humanas del país.
En ese sentido, otro tema que tiene que ver con lo que mencionaron antes los colegas es el de país cooperador o no cooperador, o jurisdicciones de baja o nula tributación. Una vez más, tal vez por imperfecciones del sistema actual, desafortunadamente la mayor cantidad de países del exterior caen en la consideración de país cooperador.
Por lo tanto, en la práctica no había ninguna norma que estableciera, por ejemplo, que cuando una empresa local tenía operaciones con una entidad del exterior, pudiera haber algún tipo de escrutinio respecto de los precios sobre la base de los cuales estaban transando las operaciones, ya sea de bienes o de servicios.
Creo que eso era por una imperfección que tiene la legislación actual al establecer que prácticamente todos los países son cooperadores desde el punto de vista fiscal, caracterización que se logra celebrando un convenio de intercambio de información, un convenio de doble imposición o prometiendo negociar un acuerdo de esa índole. Por estas razones, el listado actual de países cooperadores es sumamente extenso y la norma que pretendía ser antielusión terminaba, en los hechos, no siendo aplicada.
Hay varios aspectos muy complejos que integran el proyecto que tienden a evitar el fenómeno de la elusión en materia fiscal.
Respecto a los precios de transferencia y la observación de la señora diputada Vallejos en cuanto al método aplicable para la exportación de bienes a través de un intermediario del exterior, quiero realizar un par de comentarios. En primer término, este método fue establecido hace algunos años y ha sido bastante debatido en el seno de la OCDE por lo inusual, sin perjuicio de lo cual es aceptado como mecanismo por este reconocido organismo.
Lo que se busca en la propuesta de modificación, justamente por la imprecisión que tiene la norma actual, no es eliminar esta posibilidad de aplicación del método inusual, sino que se utilice solo cuando el intermediario o el destinatario final es un sujeto vinculado. Se relaciona con la posibilidad que tienen, sobre todo los grupos multinacionales, de manipular o de establecer precios de transferencia entre empresas que integran un mismo conjunto económico en forma distinta a la que habrían pactado partes independientes.
Por lo tanto, la primera clarificación es que esta norma se aplique para entidades que, de alguna manera, tienen una clara vinculación del intermediario o del destinatario final de la mercadería, al mismo tiempo que no establece una carga adicional a una pequeña o mediana empresa que actúa con un intermediario internacional no vinculado. Hoy esto no está del todo claro sino más bien todo lo contrario.
La segunda cuestión tiene que ver con establecer un esquema de registro. Esto es lo que también han establecido otros países que aplican este método inusual, donde el fin no es eludir la aplicación de un control o fiscalización, sino todo lo contrario. Se trata de aportar información a la Administración Federal de Ingresos Públicos. La falta de presentación, o la presentación incompleta, de este registro también va a tener la aplicación lisa y llana del "sexto método".
De esta manera, creo que es un aporte de información adicional para las empresas, sobre todo para las multinacionales, porque obviamente son las que tienen que estar sometidas al mayor escrutinio y rigurosidad posibles.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Lousteau.
En primer lugar, en esta propuesta de reforma se incluye -yo diría que se perfecciona- una serie de herramientas o de mecanismos tendientes a evitar parte de la elusión y de la evasión a través de esta temática de precios de transferencia o de otras vinculadas con la mecánica de incrementar los montos de las deducciones.
Todo esto forma parte de los temas en los que la OCDE y el G20 vienen trabajando desde hace bastante tiempo. Este proyecto, que se llama BEPS, justamente apunta, de alguna forma, a atacar las prácticas elusivas.
Es por eso que la iniciativa en consideración contempla algunas medidas que tienen por objeto evitar la elusión. Entonces, antes de entrar al tema de los precios de transferencia, quiero hacer algunos comentarios.
El primero tiene que ver con el fenómeno de capitalización exigua. Dada la falta de operatividad del esquema actual, que rige desde hace muchos años, en cuanto a la deducción de intereses por parte de las empresas -muchas de ellas, multinacionales- proponemos un nuevo parámetro que sea efectivo. La restricción que existe en la ley -concretamente, en el artículo 81- ha tornado al sistema no operativo; por ende, siguiendo los lineamientos de la OCDE, proponemos la modificación de esa herramienta antielusión.
Por eso, reitero, la reforma apunta y ataca, o pretende hacerlo, el fenómeno de la elusión.
El segundo tema tiene que ver con las rentas pasivas del exterior, donde también estamos intentando dar respuesta a este fenómeno del diferimiento del impuesto por parte de empresas o personas humanas del país.
En ese sentido, otro tema que tiene que ver con lo que mencionaron antes los colegas es el de país cooperador o no cooperador, o jurisdicciones de baja o nula tributación. Una vez más, tal vez por imperfecciones del sistema actual, desafortunadamente la mayor cantidad de países del exterior caen en la consideración de país cooperador.
Por lo tanto, en la práctica no había ninguna norma que estableciera, por ejemplo, que cuando una empresa local tenía operaciones con una entidad del exterior, pudiera haber algún tipo de escrutinio respecto de los precios sobre la base de los cuales estaban transando las operaciones, ya sea de bienes o de servicios.
Creo que eso era por una imperfección que tiene la legislación actual al establecer que prácticamente todos los países son cooperadores desde el punto de vista fiscal, caracterización que se logra celebrando un convenio de intercambio de información, un convenio de doble imposición o prometiendo negociar un acuerdo de esa índole. Por estas razones, el listado actual de países cooperadores es sumamente extenso y la norma que pretendía ser antielusión terminaba, en los hechos, no siendo aplicada.
Hay varios aspectos muy complejos que integran el proyecto que tienden a evitar el fenómeno de la elusión en materia fiscal.
Respecto a los precios de transferencia y la observación de la señora diputada Vallejos en cuanto al método aplicable para la exportación de bienes a través de un intermediario del exterior, quiero realizar un par de comentarios. En primer término, este método fue establecido hace algunos años y ha sido bastante debatido en el seno de la OCDE por lo inusual, sin perjuicio de lo cual es aceptado como mecanismo por este reconocido organismo.
Lo que se busca en la propuesta de modificación, justamente por la imprecisión que tiene la norma actual, no es eliminar esta posibilidad de aplicación del método inusual, sino que se utilice solo cuando el intermediario o el destinatario final es un sujeto vinculado. Se relaciona con la posibilidad que tienen, sobre todo los grupos multinacionales, de manipular o de establecer precios de transferencia entre empresas que integran un mismo conjunto económico en forma distinta a la que habrían pactado partes independientes.
Por lo tanto, la primera clarificación es que esta norma se aplique para entidades que, de alguna manera, tienen una clara vinculación del intermediario o del destinatario final de la mercadería, al mismo tiempo que no establece una carga adicional a una pequeña o mediana empresa que actúa con un intermediario internacional no vinculado. Hoy esto no está del todo claro sino más bien todo lo contrario.
La segunda cuestión tiene que ver con establecer un esquema de registro. Esto es lo que también han establecido otros países que aplican este método inusual, donde el fin no es eludir la aplicación de un control o fiscalización, sino todo lo contrario. Se trata de aportar información a la Administración Federal de Ingresos Públicos. La falta de presentación, o la presentación incompleta, de este registro también va a tener la aplicación lisa y llana del "sexto método".
De esta manera, creo que es un aporte de información adicional para las empresas, sobre todo para las multinacionales, porque obviamente son las que tienen que estar sometidas al mayor escrutinio y rigurosidad posibles.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Lousteau.
SR. LOUSTEAU Señor presidente: agradezco la presencia del señor ministro de Hacienda, aunque ahora no esté, y a todo su equipo de trabajo. Es un honor volver a estar en esta Cámara y particularmente en esta comisión.
Como otros diputados, lamento que no tengamos el tiempo ni la información suficientes para dictaminar -algo que también ocurría cuando me tocó ocupar una banca en oportunidades anteriores- porque ello impide una discusión más profunda sobre los impactos de las medidas que tenemos que decidir.
Felicito que se trabaje sobre estos temas porque son complejos, arduos e integrales. Además, recién estamos tirando del ovillo de problemas que se han acumulado durante mucho tiempo y viendo cuál es la mejor salida. Voy a dar algunos ejemplos. Se habló de la presión tributaria, que en la Argentina subió enormemente. Es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo, particularmente si consideramos el porcentaje de informalidad que existe.
En términos reales, el gasto público por habitante es tres veces más alto que hace veinticinco años y tiene muy poco impacto en los bienes y servicios públicos que recibimos.
Por otro lado, estamos tratando de resolver el problema del Fondo del Conurbano. Si hubiéramos sido consistentes, habríamos intentado resolverlo en 2002, antes de que se generara un problema de dimensiones inusitadas que llevó a las provincias a pensar que esa plata era naturalmente de ellas y que, en realidad, debió haberse corregido inmediatamente después de la devaluación.
Lo mismo ocurrió con el 15 por ciento que se detraía de la coparticipación para financiar el pase de un sistema de reparto a otro de capitalización. Debió haberse deshecho cuando se estatizaron los fondos de pensión en 2008 y no con un fallo de la Corte Suprema, siete años después.
Con respecto a los cálculos, como no tenemos los números oficiales hemos realizado algunos en forma aproximada -que ponemos a disposición de los diputados que así lo requieran- sobre cada una de las medidas involucradas en estos paquetes para el sector público -dentro de él, para la Nación y cada una de las provincias- y también para el sector privado.
Nuestras cifras difieren un poquito de las que nos han mostrado el señor ministro y el señor secretario. Respecto del costo fiscal, tenemos un número neto de casi 2 puntos del producto bruto -de 1,9 por ciento exactamente- replicado en el sector privado por una rebaja para los sectores productivos de 3 puntos, y un 0,8 por ciento que solventa el cambio de la fórmula de actualización del sistema previsional. Por eso, como dijo la señora diputada Frana, también hay que contemplar todas estas cosas en conjunto.
Estamos generando una devaluación fiscal a través de la reforma previsional. Tendríamos que preguntarnos si en el pasado, en otros contextos, las devaluaciones fiscales generaron el impulso de crecimiento que se busca, porque uno tiende a pensar que el problema es otro. A eso me referiré un poco más adelante.
Con respecto al mínimo no imponible -también pongo a disposición estos números por si sirven al señor diputado Marco Lavagna, quien planteó esta cuestión que creo es importante, y a otros legisladores-, en el caso de las pymes, que pagan un 17 por ciento y pasarían a pagar más, el salario a partir del cual recién empezarían a tributar es de 88.000 pesos por mes. En virtud de los salarios promedio que pagan las pymes, creemos que esto no debería ser una restricción.
Hechas estas consideraciones, tengo tres preguntas específicas. La primera, que tiene que ver con la renta financiera, es por qué se ha optado por este formato de fijar un mínimo no imponible distinto al de las rentas provenientes de otro origen. Hay sujetos que, de acuerdo con de dónde viene su renta -si es financiera o fruto de su trabajo-, actualmente tienen un tratamiento impositivo distinto.
En segundo lugar, ocurre una distorsión parecida a la que tenía lugar cuando el gobierno anterior no subía el mínimo no imponible. No se está gravando ganancia real; se está gravando ganancia nominal. Si bien este problema se puede corregir un poco con el mínimo no imponible, hay maneras más rigurosas de encararlo. Entonces, quería saber por qué se decidió por esta alternativa y no por otras. Seguramente, en nuestro dictamen presentaremos una opción infinitamente más compleja, porque cuando se trata de temas como éste las soluciones son mucho más complicadas y a veces difíciles de comprender.
La tercera pregunta es una que me han hecho llegar y que tiene que ver con las deducciones del monotributo. El proyecto se refiere a cónyuge y no a conviviente; me gustaría saber si se debe a que es difícil mostrar la característica de conviviente porque, por ejemplo, resulta complicado corroborar el domicilio o si es que la norma no se adecua al Código Civil vigente. Me pregunto si existe el temor a que alguien intente fraudulentamente -como pasa con las cooperativas- generar más deducciones diciendo que es conviviente cuando, en realidad, no lo es.
La tercera tiene que ver, otra vez, con las cooperativas y mutuales. En muchos casos, nosotros hablamos del fracaso del Estado en controlar ciertas cuestiones; lo vemos permanentemente. Sería una pena que una figura que ha sido fundamental para el desarrollo de la Argentina termine por liquidarse, producto de que hay gente que se escuda en ella para desarrollar actividades que tendrían que ser sancionadas.
Respecto de la discusión de si la rebaja de contribuciones patronales -tema sobre el cual habló el señor ministro- genera más o menos puestos de trabajo, quiero recordar que en los años 90 también hubo disminución de aportes. Entonces, adjudicar a una sola medida lo que ocurre con el empleo en una economía, me parece poco riguroso. Sí tenemos que ver que, además de las rebajas de contribuciones y aportes, hay un contexto en el cual el tipo de cambio hace que la Argentina -o cualquier otro país- sea competitiva o no. No por casualidad, independientemente del régimen de aportes y contribuciones, cuando el tipo de cambio es muy competitivo, por lo general la elasticidad del empleo crece; la del trabajo en blanco, también. Esto lo observamos, lamentablemente, después de las crisis porque no sabemos mantener un tipo de cambio competitivo.
Digo esto porque volvemos a discutir si la devaluación fiscal es el mecanismo para generar crecimiento y puestos de trabajo. Lo que tenemos en la Argentina es, sin ninguna duda, un aumento del costo del Estado, porque insume muchos más recursos y nos da muchos menos bienes y servicios.
Si a una pyme que produce un vaso en la Argentina la comparamos con la pyme de otro país que fabrica el mismo vaso, advertiremos que aunque la energía, la mano de obra y la materia prima le cueste lo mismo, si nuestro Estado le produce un costo mayor en términos de bienes y servicios deja de ser competitiva. Si además el Estado es deficitario y tiene que traer al país 35.000 millones de dólares todos los años, el tipo de cambio de equilibrio que imponemos a esas empresas también es más bajo y les resulta mucho más difícil competir.
Creo que esto ha estado pasando recurrentemente en la Argentina en las últimas cuatro o cinco décadas, con algunas excepciones donde, producto de las crisis lamentablemente -digo otra vez- esto se corrige en forma temporal y después volvemos a lo mismo.
Entonces, más allá de la discusión sobre cómo financiamos esta rebaja de tributos a los sectores productivos junto con la Nación, las provincias y los jubilados, la pregunta es si en algún momento vamos a discutir como clase política y como dirigentes estas cuestiones. Nosotros podemos bajar tributos y también pagar más a los jubilados, pero para eso tenemos que decidir en algún momento qué vamos a priorizar, en qué vamos a gastar y en qué no. Esa es la discusión pendiente y, hasta tanto no la demos, seguiremos acumulando problemas que, por su magnitud, después son muy difíciles de corregir.
Como otros diputados, lamento que no tengamos el tiempo ni la información suficientes para dictaminar -algo que también ocurría cuando me tocó ocupar una banca en oportunidades anteriores- porque ello impide una discusión más profunda sobre los impactos de las medidas que tenemos que decidir.
Felicito que se trabaje sobre estos temas porque son complejos, arduos e integrales. Además, recién estamos tirando del ovillo de problemas que se han acumulado durante mucho tiempo y viendo cuál es la mejor salida. Voy a dar algunos ejemplos. Se habló de la presión tributaria, que en la Argentina subió enormemente. Es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo, particularmente si consideramos el porcentaje de informalidad que existe.
En términos reales, el gasto público por habitante es tres veces más alto que hace veinticinco años y tiene muy poco impacto en los bienes y servicios públicos que recibimos.
Por otro lado, estamos tratando de resolver el problema del Fondo del Conurbano. Si hubiéramos sido consistentes, habríamos intentado resolverlo en 2002, antes de que se generara un problema de dimensiones inusitadas que llevó a las provincias a pensar que esa plata era naturalmente de ellas y que, en realidad, debió haberse corregido inmediatamente después de la devaluación.
Lo mismo ocurrió con el 15 por ciento que se detraía de la coparticipación para financiar el pase de un sistema de reparto a otro de capitalización. Debió haberse deshecho cuando se estatizaron los fondos de pensión en 2008 y no con un fallo de la Corte Suprema, siete años después.
Con respecto a los cálculos, como no tenemos los números oficiales hemos realizado algunos en forma aproximada -que ponemos a disposición de los diputados que así lo requieran- sobre cada una de las medidas involucradas en estos paquetes para el sector público -dentro de él, para la Nación y cada una de las provincias- y también para el sector privado.
Nuestras cifras difieren un poquito de las que nos han mostrado el señor ministro y el señor secretario. Respecto del costo fiscal, tenemos un número neto de casi 2 puntos del producto bruto -de 1,9 por ciento exactamente- replicado en el sector privado por una rebaja para los sectores productivos de 3 puntos, y un 0,8 por ciento que solventa el cambio de la fórmula de actualización del sistema previsional. Por eso, como dijo la señora diputada Frana, también hay que contemplar todas estas cosas en conjunto.
Estamos generando una devaluación fiscal a través de la reforma previsional. Tendríamos que preguntarnos si en el pasado, en otros contextos, las devaluaciones fiscales generaron el impulso de crecimiento que se busca, porque uno tiende a pensar que el problema es otro. A eso me referiré un poco más adelante.
Con respecto al mínimo no imponible -también pongo a disposición estos números por si sirven al señor diputado Marco Lavagna, quien planteó esta cuestión que creo es importante, y a otros legisladores-, en el caso de las pymes, que pagan un 17 por ciento y pasarían a pagar más, el salario a partir del cual recién empezarían a tributar es de 88.000 pesos por mes. En virtud de los salarios promedio que pagan las pymes, creemos que esto no debería ser una restricción.
Hechas estas consideraciones, tengo tres preguntas específicas. La primera, que tiene que ver con la renta financiera, es por qué se ha optado por este formato de fijar un mínimo no imponible distinto al de las rentas provenientes de otro origen. Hay sujetos que, de acuerdo con de dónde viene su renta -si es financiera o fruto de su trabajo-, actualmente tienen un tratamiento impositivo distinto.
En segundo lugar, ocurre una distorsión parecida a la que tenía lugar cuando el gobierno anterior no subía el mínimo no imponible. No se está gravando ganancia real; se está gravando ganancia nominal. Si bien este problema se puede corregir un poco con el mínimo no imponible, hay maneras más rigurosas de encararlo. Entonces, quería saber por qué se decidió por esta alternativa y no por otras. Seguramente, en nuestro dictamen presentaremos una opción infinitamente más compleja, porque cuando se trata de temas como éste las soluciones son mucho más complicadas y a veces difíciles de comprender.
La tercera pregunta es una que me han hecho llegar y que tiene que ver con las deducciones del monotributo. El proyecto se refiere a cónyuge y no a conviviente; me gustaría saber si se debe a que es difícil mostrar la característica de conviviente porque, por ejemplo, resulta complicado corroborar el domicilio o si es que la norma no se adecua al Código Civil vigente. Me pregunto si existe el temor a que alguien intente fraudulentamente -como pasa con las cooperativas- generar más deducciones diciendo que es conviviente cuando, en realidad, no lo es.
La tercera tiene que ver, otra vez, con las cooperativas y mutuales. En muchos casos, nosotros hablamos del fracaso del Estado en controlar ciertas cuestiones; lo vemos permanentemente. Sería una pena que una figura que ha sido fundamental para el desarrollo de la Argentina termine por liquidarse, producto de que hay gente que se escuda en ella para desarrollar actividades que tendrían que ser sancionadas.
Respecto de la discusión de si la rebaja de contribuciones patronales -tema sobre el cual habló el señor ministro- genera más o menos puestos de trabajo, quiero recordar que en los años 90 también hubo disminución de aportes. Entonces, adjudicar a una sola medida lo que ocurre con el empleo en una economía, me parece poco riguroso. Sí tenemos que ver que, además de las rebajas de contribuciones y aportes, hay un contexto en el cual el tipo de cambio hace que la Argentina -o cualquier otro país- sea competitiva o no. No por casualidad, independientemente del régimen de aportes y contribuciones, cuando el tipo de cambio es muy competitivo, por lo general la elasticidad del empleo crece; la del trabajo en blanco, también. Esto lo observamos, lamentablemente, después de las crisis porque no sabemos mantener un tipo de cambio competitivo.
Digo esto porque volvemos a discutir si la devaluación fiscal es el mecanismo para generar crecimiento y puestos de trabajo. Lo que tenemos en la Argentina es, sin ninguna duda, un aumento del costo del Estado, porque insume muchos más recursos y nos da muchos menos bienes y servicios.
Si a una pyme que produce un vaso en la Argentina la comparamos con la pyme de otro país que fabrica el mismo vaso, advertiremos que aunque la energía, la mano de obra y la materia prima le cueste lo mismo, si nuestro Estado le produce un costo mayor en términos de bienes y servicios deja de ser competitiva. Si además el Estado es deficitario y tiene que traer al país 35.000 millones de dólares todos los años, el tipo de cambio de equilibrio que imponemos a esas empresas también es más bajo y les resulta mucho más difícil competir.
Creo que esto ha estado pasando recurrentemente en la Argentina en las últimas cuatro o cinco décadas, con algunas excepciones donde, producto de las crisis lamentablemente -digo otra vez- esto se corrige en forma temporal y después volvemos a lo mismo.
Entonces, más allá de la discusión sobre cómo financiamos esta rebaja de tributos a los sectores productivos junto con la Nación, las provincias y los jubilados, la pregunta es si en algún momento vamos a discutir como clase política y como dirigentes estas cuestiones. Nosotros podemos bajar tributos y también pagar más a los jubilados, pero para eso tenemos que decidir en algún momento qué vamos a priorizar, en qué vamos a gastar y en qué no. Esa es la discusión pendiente y, hasta tanto no la demos, seguiremos acumulando problemas que, por su magnitud, después son muy difíciles de corregir.
SR. PRESIDENTE LASPINA Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer al diputado que ponga a disposición los números. Nosotros hicimos los nuestros, y para explicar por qué también debemos pedirlos públicamente.
Cuando el año pasado propusimos modificar el impuesto a las ganancias, a los dos segundos desde el gobierno empezaron a llover números sobre el costo fiscal de nuestra propuesta y el impacto en las provincias. A partir de ese momento, me gusta pedir cifras al oficialismo.
Me encantaría compartir nuestros números para ver si son los mismos. Sería bueno que, a su vez, como lo hizo en ese momento el oficialismo explique el costo de esta propuesta.
Cuando el año pasado propusimos modificar el impuesto a las ganancias, a los dos segundos desde el gobierno empezaron a llover números sobre el costo fiscal de nuestra propuesta y el impacto en las provincias. A partir de ese momento, me gusta pedir cifras al oficialismo.
Me encantaría compartir nuestros números para ver si son los mismos. Sería bueno que, a su vez, como lo hizo en ese momento el oficialismo explique el costo de esta propuesta.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Gioja.
SR. GIOJA Señor presidente: es una lástima que no esté el ministro, pero no importa. Adhiero a sus palabras de bienvenida a los nuevos diputados cuando dio por iniciada esta reunión y a sus buenos augurios en este año parlamentario para todos los que integramos esta comisión, es decir, para los que estamos de antes más los que se acaban de incorporar.
Como primera reflexión, pedimos que en el tratamiento de los temas que abordará esta comisión como cabecera o bien junto con otras comisiones, no haya dictámenes exprés. Sé que van a contestar que antes también los había, pero hay una sociedad que está reclamando muchísimo que se aclaren muy bien las distintas cuestiones.
Este proyecto de ley tiene 285 artículos; los que también se tratarán -la reforma previsional y el presupuesto, entre otros- no sé cuántos tienen, pero también son de muchísima trascendencia.
En nombre de mi bloque, en nombre propio y creo no equivocarme si también digo en nombre de todos los que estamos en esta sala, pido que además de las voces de los funcionarios del oficialismo tratemos de escuchar otras que expresan los intereses que se discuten. Por ejemplo, aquí se ha hablado de las mutuales y de las cooperativas; me parece que es un tema que debemos resolver y que no podemos dejar como está. Esta es la primera reflexión.
No queremos dictámenes exprés. Estamos dispuestos a trabajar todo el tiempo que sea necesario, pero no queremos dictámenes exprés en cuestiones tan candentes.
En segundo lugar, es un honor que esté aquí el viceministro Sebastián Galiani. Me costó mucho traducir un trabajo que hizo en enero del año 2010 para el CEDLAS, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En esa época, el señor secretario acordaba con el diputado Kicillof en que bajar aportes patronales no generaba nuevos empleos.
Imagino lo que me va a contestar, pero la conclusión que yo saqué del Informe N° 93 del CEDLAS -del que es autor el señor Galiani junto con otros dos profesionales- es que bajar aportes no genera nuevos empleos. Quizás lo traduje mal; en todo caso, después me corregirá el señor secretario.
Mi pregunta concreta -pido al señor Galiani que no se apure en contestar, ya que luego tendrá el uso de la palabra- es la siguiente. Todos hemos escuchado que el señor ministro habló del impuesto a los créditos y débitos bancarios; para ser claros, del impuesto al cheque. Si bien en este proyecto de ley es mencionado en los fundamentos, en ningún artículo figura que progresivamente será computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
Yo creo que este gravamen debe ser el tercero, cuarto o quinto en cuanto a volumen que ingresa al Tesoro nacional y que ahora va a ir a la ANSES. Su cómputo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias implicaría directamente que éste va a bajar y que se desfinanciarán las provincias, porque disminuirá en la misma proporción este impuesto que es directamente coparticipable.
La pregunta es qué pasa con este gravamen, si habrá una prórroga o si será imputable al impuesto a las ganancias. En este último caso, mi duda es cómo van a reparar el desagio que sufrirán las provincias al no tener el producido de este impuesto que, en el presupuesto del año 2016, era de 132.000 millones de pesos. (Aplausos.)
Como primera reflexión, pedimos que en el tratamiento de los temas que abordará esta comisión como cabecera o bien junto con otras comisiones, no haya dictámenes exprés. Sé que van a contestar que antes también los había, pero hay una sociedad que está reclamando muchísimo que se aclaren muy bien las distintas cuestiones.
Este proyecto de ley tiene 285 artículos; los que también se tratarán -la reforma previsional y el presupuesto, entre otros- no sé cuántos tienen, pero también son de muchísima trascendencia.
En nombre de mi bloque, en nombre propio y creo no equivocarme si también digo en nombre de todos los que estamos en esta sala, pido que además de las voces de los funcionarios del oficialismo tratemos de escuchar otras que expresan los intereses que se discuten. Por ejemplo, aquí se ha hablado de las mutuales y de las cooperativas; me parece que es un tema que debemos resolver y que no podemos dejar como está. Esta es la primera reflexión.
No queremos dictámenes exprés. Estamos dispuestos a trabajar todo el tiempo que sea necesario, pero no queremos dictámenes exprés en cuestiones tan candentes.
En segundo lugar, es un honor que esté aquí el viceministro Sebastián Galiani. Me costó mucho traducir un trabajo que hizo en enero del año 2010 para el CEDLAS, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En esa época, el señor secretario acordaba con el diputado Kicillof en que bajar aportes patronales no generaba nuevos empleos.
Imagino lo que me va a contestar, pero la conclusión que yo saqué del Informe N° 93 del CEDLAS -del que es autor el señor Galiani junto con otros dos profesionales- es que bajar aportes no genera nuevos empleos. Quizás lo traduje mal; en todo caso, después me corregirá el señor secretario.
Mi pregunta concreta -pido al señor Galiani que no se apure en contestar, ya que luego tendrá el uso de la palabra- es la siguiente. Todos hemos escuchado que el señor ministro habló del impuesto a los créditos y débitos bancarios; para ser claros, del impuesto al cheque. Si bien en este proyecto de ley es mencionado en los fundamentos, en ningún artículo figura que progresivamente será computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
Yo creo que este gravamen debe ser el tercero, cuarto o quinto en cuanto a volumen que ingresa al Tesoro nacional y que ahora va a ir a la ANSES. Su cómputo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias implicaría directamente que éste va a bajar y que se desfinanciarán las provincias, porque disminuirá en la misma proporción este impuesto que es directamente coparticipable.
La pregunta es qué pasa con este gravamen, si habrá una prórroga o si será imputable al impuesto a las ganancias. En este último caso, mi duda es cómo van a reparar el desagio que sufrirán las provincias al no tener el producido de este impuesto que, en el presupuesto del año 2016, era de 132.000 millones de pesos. (Aplausos.)
SR. GALIANI Me alegra mucho saber que leyó mi paper.
SR. GIOJA Estaba en inglés, que no domino. El "speaking English", no; pero la conclusión la tengo. (Risas y aplausos.)
SR. GALIANI Es verdad que está en inglés, que es la lengua de la ciencia en el mundo. Ese trabajo se publicó en un journal que se llama Labour Economics.
SR. GIOJA En San Juan no hablamos en inglés. (Risas.)
SR. GALIANI Más allá de eso, lo que afirma el señor diputado es lo que yo expliqué antes: cuando dije que el decreto 814 no tuvo impacto sobre el empleo, me refería precisamente a ese trabajo.
SR. GIOJA Eso no es lo que dijo el señor ministro.
SR. GALIANI Me parece que es un tema serio; entonces, discutámoslo seriamente.
SR. GIOJA Para eso estamos.
SR. GALIANI Cuando se hace un estudio empírico, es necesario tener una estrategia para saber cuál es el efecto que se quiere identificar. Es decir, cuando uno genera un cambio político en el mundo, no puede pensar que todo lo que sucede después es atribuible a esa política.
El señor diputado Kicillof hizo referencia a que la baja de aportes que hubo en los años 90 generó desempleo. Obviamente, eso no tiene ningún respaldo porque pasaron muchas cosas en la economía. Una de ellas fue el "efecto tequila", que contrajo el crédito e hizo subir el desempleo del 12 por ciento, según la última medición de 1994, al 18 por ciento, según la primera medición de 1995.
Lo que explotaba ese estudio que usted menciona es el hecho de que esas bajas se hicieron en función de la distancia a la Capital. Eso permitía comparar regiones que habían recibido bajas mayores con regiones que habían recibido bajas menores. De esta manera se podía controlar, en parte gracias a otras cosas que pasaban en el agregado en la economía.
Lo que se encontraba en ese estudio era que, si bien el empleo subía, el efecto no era estadísticamente significativo. Esa es la conclusión que señala el señor diputado. Lo que se encontraba era que subían los salarios. Es decir que esa disminución se había trasladado mayoritariamente o, al menos en términos de su significatividad estadística, a salarios y no a empleo.
Nosotros creemos que cuando uno va a diseñar una política tiene que estudiar el contexto en el que la está haciendo y ver cuál es la evidencia de muchos estudios; no solo del que hizo uno mismo, porque el propio nunca es el estudio que uno quería realmente diseñar. Por el contrario, es el que pudo hacer dado lo que se hizo en determinado momento, en determinado país o determinada política.
Entonces, lo que el señor diputado señala es consistente con lo que dije. Cuando uno mira el conjunto de estudios con una buena estrategia de identificación, que es experimental o cuasiexperimental, encuentra que cuando las bajas de estos impuestos se dan focalizadas en los trabajadores de menores ingresos o en los jóvenes, el efecto sobre el empleo es mayor y, por lo tanto, menor sobre los salarios. Ahora bien, cuando uno hace esas bajas sobre la economía en su conjunto, o focalizado en los salarios más altos, los efectos son solo sobre salarios y no sobre empleo.
Lo que busca esta política al bajar considerablemente el impuesto para los trabajadores de bajos ingresos y, al mismo tiempo, subirlo un poco para los de muy altos ingresos -porque eso es lo que hace efectivamente el cambio-, es favorecer el empleo y los salarios de los trabajadores menos calificados.
Buscamos ir en esa dirección. Por eso, lo que estamos proponiendo no es inconsistente con ese estudio que tenía un diseño distinto a la política que estamos proponiendo ahora. Justamente, nosotros sugerimos revertir la política del decreto 814/01, que es la que está estudiada en el paper mencionado. Quiero aclarar que me estoy refiriendo a su espíritu, ya que no es exactamente el mismo período temporal, que coincide con explotar las distancias a la Capital para las bajas de aportes y concentrarse en los trabajadores menos calificados.
Además, como bien señaló el señor diputado Lousteau, se beneficia a la mayoría de los trabajadores, porque para que una persona termine pagando más tiene que ganar más de 80.000 pesos. Estamos hablando del 3 o 4 por ciento de los trabajadores que ocupan el lugar más alto en la distribución de ingresos. A todos los demás los beneficia de forma gradual y proporcional a medida que ganan menos, y a quienes ganan el salario mínimo los beneficia en un ciento por ciento.
Nos parece que es una buena política porque va al nudo del problema. A los trabajadores no calificados tendría que afectarlos con mayor empleo o con mayor salario. Creo que con esto queda respondida la pregunta del señor diputado Gioja.
El señor diputado Kicillof hizo referencia a que la baja de aportes que hubo en los años 90 generó desempleo. Obviamente, eso no tiene ningún respaldo porque pasaron muchas cosas en la economía. Una de ellas fue el "efecto tequila", que contrajo el crédito e hizo subir el desempleo del 12 por ciento, según la última medición de 1994, al 18 por ciento, según la primera medición de 1995.
Lo que explotaba ese estudio que usted menciona es el hecho de que esas bajas se hicieron en función de la distancia a la Capital. Eso permitía comparar regiones que habían recibido bajas mayores con regiones que habían recibido bajas menores. De esta manera se podía controlar, en parte gracias a otras cosas que pasaban en el agregado en la economía.
Lo que se encontraba en ese estudio era que, si bien el empleo subía, el efecto no era estadísticamente significativo. Esa es la conclusión que señala el señor diputado. Lo que se encontraba era que subían los salarios. Es decir que esa disminución se había trasladado mayoritariamente o, al menos en términos de su significatividad estadística, a salarios y no a empleo.
Nosotros creemos que cuando uno va a diseñar una política tiene que estudiar el contexto en el que la está haciendo y ver cuál es la evidencia de muchos estudios; no solo del que hizo uno mismo, porque el propio nunca es el estudio que uno quería realmente diseñar. Por el contrario, es el que pudo hacer dado lo que se hizo en determinado momento, en determinado país o determinada política.
Entonces, lo que el señor diputado señala es consistente con lo que dije. Cuando uno mira el conjunto de estudios con una buena estrategia de identificación, que es experimental o cuasiexperimental, encuentra que cuando las bajas de estos impuestos se dan focalizadas en los trabajadores de menores ingresos o en los jóvenes, el efecto sobre el empleo es mayor y, por lo tanto, menor sobre los salarios. Ahora bien, cuando uno hace esas bajas sobre la economía en su conjunto, o focalizado en los salarios más altos, los efectos son solo sobre salarios y no sobre empleo.
Lo que busca esta política al bajar considerablemente el impuesto para los trabajadores de bajos ingresos y, al mismo tiempo, subirlo un poco para los de muy altos ingresos -porque eso es lo que hace efectivamente el cambio-, es favorecer el empleo y los salarios de los trabajadores menos calificados.
Buscamos ir en esa dirección. Por eso, lo que estamos proponiendo no es inconsistente con ese estudio que tenía un diseño distinto a la política que estamos proponiendo ahora. Justamente, nosotros sugerimos revertir la política del decreto 814/01, que es la que está estudiada en el paper mencionado. Quiero aclarar que me estoy refiriendo a su espíritu, ya que no es exactamente el mismo período temporal, que coincide con explotar las distancias a la Capital para las bajas de aportes y concentrarse en los trabajadores menos calificados.
Además, como bien señaló el señor diputado Lousteau, se beneficia a la mayoría de los trabajadores, porque para que una persona termine pagando más tiene que ganar más de 80.000 pesos. Estamos hablando del 3 o 4 por ciento de los trabajadores que ocupan el lugar más alto en la distribución de ingresos. A todos los demás los beneficia de forma gradual y proporcional a medida que ganan menos, y a quienes ganan el salario mínimo los beneficia en un ciento por ciento.
Nos parece que es una buena política porque va al nudo del problema. A los trabajadores no calificados tendría que afectarlos con mayor empleo o con mayor salario. Creo que con esto queda respondida la pregunta del señor diputado Gioja.
SR. PRESIDENTE LASPINA Antes de que el señor secretario continúe con sus respuestas, para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: el decreto 814 de agosto de 2001 se dictó en el marco de los planes de competitividad del exministro Cavallo. En verdad, no tuvieron ningún tipo de impacto y solo hubo alguna discusión federal entre Nación y provincias.
Me parece que esto aclara una situación que vienen reclamando algunos diputados. ¿Por qué no mostramos a quién afecta y a quién no esta medida? El decreto 814/01 dispone el no pago de aportes y contribuciones por parte de las empresas a cambio de su deducción del impuesto al valor agregado, que se coparticipa.
Entonces, acá hay tres variables: cuáles son las empresas que pasarán a pagar más como producto de la derogación del decreto 814/01, cuál es la distribución geográfica y cuánto más van a recibir en concepto de IVA los Estados provinciales al no deducirse dicho gravamen. Si esos números están a la vista, podremos tener en claro el impacto a las empresas -según se trate de pequeñas, medianas o grandes-, hacer una caracterización geográfica y sacar conclusiones.
Está claro que el decreto 814/01 era una distorsión y que fue dictado en un contexto donde se discutía otro tipo de situaciones asociadas al tipo de cambio. Reitero que hablamos del 13 de agosto de 2001. Teniendo los números, creo que podremos hacer un razonamiento más claro.
Me parece que esto aclara una situación que vienen reclamando algunos diputados. ¿Por qué no mostramos a quién afecta y a quién no esta medida? El decreto 814/01 dispone el no pago de aportes y contribuciones por parte de las empresas a cambio de su deducción del impuesto al valor agregado, que se coparticipa.
Entonces, acá hay tres variables: cuáles son las empresas que pasarán a pagar más como producto de la derogación del decreto 814/01, cuál es la distribución geográfica y cuánto más van a recibir en concepto de IVA los Estados provinciales al no deducirse dicho gravamen. Si esos números están a la vista, podremos tener en claro el impacto a las empresas -según se trate de pequeñas, medianas o grandes-, hacer una caracterización geográfica y sacar conclusiones.
Está claro que el decreto 814/01 era una distorsión y que fue dictado en un contexto donde se discutía otro tipo de situaciones asociadas al tipo de cambio. Reitero que hablamos del 13 de agosto de 2001. Teniendo los números, creo que podremos hacer un razonamiento más claro.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Galiani.
SR. GALIANI Señor presidente: mañana les haremos llegar una tabla en la que se indica cuánto más va a recibir cada gobierno provincial debido a la derogación del decreto 814/01, porque como bien dijo el señor diputado Bossio aumentará la base imponible del IVA que se coparticipa. Esa tabla también indica cómo queda en cada provincia el sector privado.
No tenemos datos por empresa, pero sí la distribución de salarios de todas las provincias. Podemos decir en qué proporción son beneficiadas y que, en la mayoría de ellas, el sector privado y los gobiernos locales quedan mejor posicionados a partir de esta reforma. Mañana podremos hacer llegar toda esa información.
Respecto a la tabla donde figura, impuesto por impuesto, el costo fiscal de las reformas -algo que nos fue reclamado muchas veces- volveremos a enviarla mañana. Digo "volveremos a enviarla" porque formaba parte del Informe N° 107 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que fue distribuido entre los señores diputados. Si bien en su momento adjuntamos esa tabla, sin problema la mandaremos de nuevo.
Quiero volver a una pregunta del señor diputado Lousteau que quedó sin responder. Comparto lo que plantea respecto de que la Argentina tiene muchos problemas que hay que ir resolviendo. Para eso, tenemos que ir pensando no solo en el sistema tributario sino también en toda la estructura de gastos. Pero no hay que mezclar todo. Cuando uno piensa en su sistema tributario y en los impuestos que lo van a integrar, lo hace en términos de eficiencia y equidad más allá de lo que esté pasando en el corto plazo con variables como el tipo de cambio.
El objetivo de esta reforma tributaria no tiene nada que ver con la situación cambiaria. No tendría sentido vincularla, básicamente porque el tipo de cambio de equilibrio va a ir mejorando en la medida que el país aumente el ahorro. No hay otra forma de hacerlo sostenidamente; irá mejorando cuando vaya bajando el déficit fiscal.
Cada variable que queremos corregir requiere un instrumento distinto. No podemos usar el mismo para todas ellas. Por eso, es mejor pensar en qué sistema tributario queremos. Creo que eso está claro: dado lo que tenemos que recaudar para financiar el Estado, queremos un sistema tributario que sea eficiente y equitativo. Eso es justamente lo que esta reforma propone: mejoras en términos de eficiencia y de equidad.
Con respecto al mínimo no imponible para la renta financiera, no estoy de acuerdo con el comentario del señor diputado Lousteau porque, en general, cuando se fija un impuesto a la renta se suman todas las rentas y se establece un único mínimo no imponible. La Argentina todavía no cuenta con un único impuesto a la renta; tiene impuestos cedulares como los aplicados a trabajadores asalariados, a cuentapropistas y ahora a los ingresos financieros. Entonces, no debería ocurrir que todos los mínimos no imponibles tengan siempre el mismo monto. Si así fuere, una persona que está en las tres categorías sumaría los tres mínimos no imponibles y le correspondería uno más alto que el que recae en una persona que está solamente en una categoría. No hay una lógica para que tenga que ser así. Por eso creemos que, al estar concentradas las rentas financieras en las familias de ingresos más altos, cuanto más amplia sea la base imponible de más equidad vamos a proveer al sistema.
De todas formas -creo que el señor diputado algo comentó al respecto- esto está hecho en un contexto donde sería ideal una tasa menor. El sistema no fue pensado para no gravar la renta real; está pensado para gravarla. Por eso propusimos dos tasas: una para los activos denominados en moneda extranjera o ajustados por inflación y otra sustancialmente más baja para los que cobran una ganancia nominal, porque se considera que esta ganancia incorpora un pago por la inflación. Es decir que el sistema ya está pensado para tratar de cobrar sobre la ganancia real.
No tenemos datos por empresa, pero sí la distribución de salarios de todas las provincias. Podemos decir en qué proporción son beneficiadas y que, en la mayoría de ellas, el sector privado y los gobiernos locales quedan mejor posicionados a partir de esta reforma. Mañana podremos hacer llegar toda esa información.
Respecto a la tabla donde figura, impuesto por impuesto, el costo fiscal de las reformas -algo que nos fue reclamado muchas veces- volveremos a enviarla mañana. Digo "volveremos a enviarla" porque formaba parte del Informe N° 107 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que fue distribuido entre los señores diputados. Si bien en su momento adjuntamos esa tabla, sin problema la mandaremos de nuevo.
Quiero volver a una pregunta del señor diputado Lousteau que quedó sin responder. Comparto lo que plantea respecto de que la Argentina tiene muchos problemas que hay que ir resolviendo. Para eso, tenemos que ir pensando no solo en el sistema tributario sino también en toda la estructura de gastos. Pero no hay que mezclar todo. Cuando uno piensa en su sistema tributario y en los impuestos que lo van a integrar, lo hace en términos de eficiencia y equidad más allá de lo que esté pasando en el corto plazo con variables como el tipo de cambio.
El objetivo de esta reforma tributaria no tiene nada que ver con la situación cambiaria. No tendría sentido vincularla, básicamente porque el tipo de cambio de equilibrio va a ir mejorando en la medida que el país aumente el ahorro. No hay otra forma de hacerlo sostenidamente; irá mejorando cuando vaya bajando el déficit fiscal.
Cada variable que queremos corregir requiere un instrumento distinto. No podemos usar el mismo para todas ellas. Por eso, es mejor pensar en qué sistema tributario queremos. Creo que eso está claro: dado lo que tenemos que recaudar para financiar el Estado, queremos un sistema tributario que sea eficiente y equitativo. Eso es justamente lo que esta reforma propone: mejoras en términos de eficiencia y de equidad.
Con respecto al mínimo no imponible para la renta financiera, no estoy de acuerdo con el comentario del señor diputado Lousteau porque, en general, cuando se fija un impuesto a la renta se suman todas las rentas y se establece un único mínimo no imponible. La Argentina todavía no cuenta con un único impuesto a la renta; tiene impuestos cedulares como los aplicados a trabajadores asalariados, a cuentapropistas y ahora a los ingresos financieros. Entonces, no debería ocurrir que todos los mínimos no imponibles tengan siempre el mismo monto. Si así fuere, una persona que está en las tres categorías sumaría los tres mínimos no imponibles y le correspondería uno más alto que el que recae en una persona que está solamente en una categoría. No hay una lógica para que tenga que ser así. Por eso creemos que, al estar concentradas las rentas financieras en las familias de ingresos más altos, cuanto más amplia sea la base imponible de más equidad vamos a proveer al sistema.
De todas formas -creo que el señor diputado algo comentó al respecto- esto está hecho en un contexto donde sería ideal una tasa menor. El sistema no fue pensado para no gravar la renta real; está pensado para gravarla. Por eso propusimos dos tasas: una para los activos denominados en moneda extranjera o ajustados por inflación y otra sustancialmente más baja para los que cobran una ganancia nominal, porque se considera que esta ganancia incorpora un pago por la inflación. Es decir que el sistema ya está pensado para tratar de cobrar sobre la ganancia real.
SR. GIOJA Si se me permite, falta la respuesta a mi pregunta sobre el impuesto al cheque.
SR. PRESIDENTE LASPINA En lo que se refiere a ese gravamen, es atribución del Poder Ejecutivo nacional disponer su reducción.
Se puede discutir un cambio, pero esa es la respuesta técnica. El establecimiento de un pago a cuenta gradual del impuesto a las ganancias está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo.
Se puede discutir un cambio, pero esa es la respuesta técnica. El establecimiento de un pago a cuenta gradual del impuesto a las ganancias está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo.
SR. GIOJA La pregunta es si van a aplicar o no esa medida y cómo se compensará a las provincias.
SR. PRESIDENTE LASPINA Esto fue discutido dentro del marco del pacto fiscal, que ya tiene sanción del Senado y que prevé no solamente la reforma tributaria sino también la aplicación del ciento por ciento de lo recaudado por el impuesto al cheque a los recursos de la ANSES. Es decir que esa cuestión ya está contemplada.
El conjunto de las reformas que se han hecho deja sustancialmente mejor paradas a las provincias. Como recién decía el señor diputado Bossio, la derogación del decreto 814/01, como se plantea ahora con la fijación de un mínimo no imponible, en la práctica va a implicar, en algunos casos, una redistribución de las grandes empresas que pagan salarios más elevados hacia los fiscos de las provincias.
Este va a ser el impacto redistributivo práctico, más allá de que no sea el objetivo de la reforma generar ese efecto redistributivo de manera indirecta. Creo que se busca ese equilibrio, entre todos los intereses, de financiar a las provincias. Como decía el señor secretario Galiani, la gran diferencia respecto de otros experimentos para reducir los costos laborales que se hicieron en otras épocas es, más allá de aislar los efectos macroeconómicos, que esta vez no se bajan los aportes patronales para todos sino que se fija un mínimo no imponible. Esta medida, que es la primera vez que se toma, busca justamente incentivar la creación de empleo en aquellos sectores que más sufren la informalidad laboral, entre otras razones por las elevadas cargas. Podríamos hablar con cualquier empresario pyme, quien nos dirá que no contrata en blanco básicamente por la enorme carga de impuestos al trabajo que tiene y también por los efectos de la industria del juicio que, de a poco, estamos tratando de resolver en la Argentina. Obviamente, esto redunda en beneficio no de los trabajadores -que, lamentablemente, en un 35 o 40 por ciento permanecen en la informalidad- sino muchas veces de los estudios de abogados; en particular, para tres o cuatro grandes que existen en la Argentina. Estamos trabajando en todos estos temas que son parte de una reforma integral.
Están anotados para hacer uso de la palabra los señores diputados Borsani, Solanas y David, entre otros.
Antes, para una interrupción tiene la palabra la señora diputada Frana.
El conjunto de las reformas que se han hecho deja sustancialmente mejor paradas a las provincias. Como recién decía el señor diputado Bossio, la derogación del decreto 814/01, como se plantea ahora con la fijación de un mínimo no imponible, en la práctica va a implicar, en algunos casos, una redistribución de las grandes empresas que pagan salarios más elevados hacia los fiscos de las provincias.
Este va a ser el impacto redistributivo práctico, más allá de que no sea el objetivo de la reforma generar ese efecto redistributivo de manera indirecta. Creo que se busca ese equilibrio, entre todos los intereses, de financiar a las provincias. Como decía el señor secretario Galiani, la gran diferencia respecto de otros experimentos para reducir los costos laborales que se hicieron en otras épocas es, más allá de aislar los efectos macroeconómicos, que esta vez no se bajan los aportes patronales para todos sino que se fija un mínimo no imponible. Esta medida, que es la primera vez que se toma, busca justamente incentivar la creación de empleo en aquellos sectores que más sufren la informalidad laboral, entre otras razones por las elevadas cargas. Podríamos hablar con cualquier empresario pyme, quien nos dirá que no contrata en blanco básicamente por la enorme carga de impuestos al trabajo que tiene y también por los efectos de la industria del juicio que, de a poco, estamos tratando de resolver en la Argentina. Obviamente, esto redunda en beneficio no de los trabajadores -que, lamentablemente, en un 35 o 40 por ciento permanecen en la informalidad- sino muchas veces de los estudios de abogados; en particular, para tres o cuatro grandes que existen en la Argentina. Estamos trabajando en todos estos temas que son parte de una reforma integral.
Están anotados para hacer uso de la palabra los señores diputados Borsani, Solanas y David, entre otros.
Antes, para una interrupción tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Señor presidente: de la letra del pacto fiscal, por lo menos a la que tuvimos acceso, no aparece explícitamente mencionado el impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
Esto es necesario aclararlo, porque si es así tiene que definirlo el Congreso. En tal caso, tendríamos que saber cuál será el costo fiscal, porque habría una reducción en materia de impuesto a las ganancias, que es coparticipable.
Esto es necesario aclararlo, porque si es así tiene que definirlo el Congreso. En tal caso, tendríamos que saber cuál será el costo fiscal, porque habría una reducción en materia de impuesto a las ganancias, que es coparticipable.
SR. PRESIDENTE LASPINA Si bien ello es facultad del Poder Ejecutivo y el tema ha sido incluido en lo que se convino con las provincias, podemos discutir si hace falta implementar...
SR. GIOJA Discutámoslo acá, señor presidente.
SR. PRESIDENTE LASPINA Antes de dar la palabra al señor diputado Castagneto, el señor secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, hará un breve comentario.
SR. PENA Señor presidente: en la oportunidad en que tuvimos conversaciones con los gobernadores por el consenso fiscal, este tema fue muy tratado.
Las posibilidades de incrementar el uso del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Cuando presentamos el proyecto de reforma tributaria nacional, explicamos que se iría haciendo progresivamente hasta que el ciento por ciento del impuesto al cheque pudiese ser tomado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
En esa ocasión, al hablar de las decisiones de política tributaria que aumentan o bajan los ingresos que perciben las provincias, dijimos que la pérdida de recaudación del impuesto a las ganancias por el uso del impuesto al cheque era una de las que restaba recursos. También explicamos que había otras medidas -aquellas vinculadas con la renta financiera, los impuestos internos y la eliminación de las contribuciones patronales a cuenta de IVA- que generan recursos para las provincias y que compensan por demás la pérdida de ingresos originada en el uso del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
Consideremos que no se pueden hacer los cálculos suponiendo que la totalidad del impuesto al cheque terminará siendo utilizada como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. La evidencia demuestra que, en los últimos años, cuando se implementaron mecanismos con esa finalidad, el uso máximo fue del 45 por ciento del potencial. Ello es así por distintos motivos: hay monotributistas que pagan impuesto al cheque, empresas públicas o privadas que también lo pagan pero que, como no generan ganancias, no tienen cómo deducirlo, etcétera.
Todo esto fue muy discutido en las reuniones con los gobernadores; formó parte de la mesa de discusión y terminó no siendo incluido en el consenso fiscal, como una concesión del Poder Ejecutivo, y quedó de la misma manera en que está siendo tratado hasta la actualidad.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.
Las posibilidades de incrementar el uso del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Cuando presentamos el proyecto de reforma tributaria nacional, explicamos que se iría haciendo progresivamente hasta que el ciento por ciento del impuesto al cheque pudiese ser tomado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
En esa ocasión, al hablar de las decisiones de política tributaria que aumentan o bajan los ingresos que perciben las provincias, dijimos que la pérdida de recaudación del impuesto a las ganancias por el uso del impuesto al cheque era una de las que restaba recursos. También explicamos que había otras medidas -aquellas vinculadas con la renta financiera, los impuestos internos y la eliminación de las contribuciones patronales a cuenta de IVA- que generan recursos para las provincias y que compensan por demás la pérdida de ingresos originada en el uso del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
Consideremos que no se pueden hacer los cálculos suponiendo que la totalidad del impuesto al cheque terminará siendo utilizada como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. La evidencia demuestra que, en los últimos años, cuando se implementaron mecanismos con esa finalidad, el uso máximo fue del 45 por ciento del potencial. Ello es así por distintos motivos: hay monotributistas que pagan impuesto al cheque, empresas públicas o privadas que también lo pagan pero que, como no generan ganancias, no tienen cómo deducirlo, etcétera.
Todo esto fue muy discutido en las reuniones con los gobernadores; formó parte de la mesa de discusión y terminó no siendo incluido en el consenso fiscal, como una concesión del Poder Ejecutivo, y quedó de la misma manera en que está siendo tratado hasta la actualidad.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.
SR. CASTAGNETO Señor presidente: por lo que estamos viendo y escuchando, esta propuesta oficial es realmente una rebaja de impuestos para las grandes empresas y un aumento de los impuestos regresivos al consumo, algo que impacta negativamente sobre los que luchan día a día por salir adelante.
Por otra parte, repite el dogma neoliberal. Cuando escucho a algunos integrantes del gabinete explicar económicamente todas las reformas que estamos tratando desde hace dos años, me doy cuenta de que utilizan la misma terminología que en la década del 90. Luego, cuando no saben contestar las preguntas que hacen algunos legisladores de esta comisión, se consultan entre ellos sin saber qué respuesta dar. Estamos ante un proyecto de ley muy importante y, sin embargo, se quiere dictaminar mañana. Me parece que la sociedad nos está pidiendo que, cuando tratamos este tipo de leyes, lo hagamos con la seriedad del caso.
Como bien explicó el señor diputado Gioja, hay muchos interrogantes con respecto a la postura que tenía el señor viceministro. Su trabajo está escrito en inglés y, cuando se le pidió una aclaración, me parece que lo hizo en ese idioma porque no se entendió nada lo que quiso decir.
Cambiemos afirma que el incentivo tributario es un subsidio. Parece que los subsidios son malos cuando van al bolsillo de los trabajadores, y que cuando financian a sectores del capital son virtuosos y no aumentan el déficit fiscal.
Durante esta década, la experiencia de la región muestra que los incentivos tributarios vía rebaja de aportes y contribuciones nunca generaron empleo, perjudican a las pymes y desfinancian a la seguridad social.
Los artículos 23 y 24 del proyecto de ley tratan sobre las cooperativas y mutuales. Hay que leer bien las leyes 20.337 y 20.321 para entender lo que significa una cooperativa o una mutual: llegan a lugares donde no llegan las pequeñas ni las medianas ni las grandes empresas y distribuyen, a través de préstamos, en el mismo lugar de origen.
Para finalizar, quiero decir que es un cambio filosófico comparar una cooperativa o una mutual con una sociedad anónima. En el caso de las primeras, no hablamos de ganancias sino de excedentes que se reinvierten en la misma cooperativa o mutual. Por ende, en el caso de disolución, se otorgan a una mutual de las mismas características o son destinados al Instituto Nacional de Acción Cooperativa.
Por otra parte, repite el dogma neoliberal. Cuando escucho a algunos integrantes del gabinete explicar económicamente todas las reformas que estamos tratando desde hace dos años, me doy cuenta de que utilizan la misma terminología que en la década del 90. Luego, cuando no saben contestar las preguntas que hacen algunos legisladores de esta comisión, se consultan entre ellos sin saber qué respuesta dar. Estamos ante un proyecto de ley muy importante y, sin embargo, se quiere dictaminar mañana. Me parece que la sociedad nos está pidiendo que, cuando tratamos este tipo de leyes, lo hagamos con la seriedad del caso.
Como bien explicó el señor diputado Gioja, hay muchos interrogantes con respecto a la postura que tenía el señor viceministro. Su trabajo está escrito en inglés y, cuando se le pidió una aclaración, me parece que lo hizo en ese idioma porque no se entendió nada lo que quiso decir.
Cambiemos afirma que el incentivo tributario es un subsidio. Parece que los subsidios son malos cuando van al bolsillo de los trabajadores, y que cuando financian a sectores del capital son virtuosos y no aumentan el déficit fiscal.
Durante esta década, la experiencia de la región muestra que los incentivos tributarios vía rebaja de aportes y contribuciones nunca generaron empleo, perjudican a las pymes y desfinancian a la seguridad social.
Los artículos 23 y 24 del proyecto de ley tratan sobre las cooperativas y mutuales. Hay que leer bien las leyes 20.337 y 20.321 para entender lo que significa una cooperativa o una mutual: llegan a lugares donde no llegan las pequeñas ni las medianas ni las grandes empresas y distribuyen, a través de préstamos, en el mismo lugar de origen.
Para finalizar, quiero decir que es un cambio filosófico comparar una cooperativa o una mutual con una sociedad anónima. En el caso de las primeras, no hablamos de ganancias sino de excedentes que se reinvierten en la misma cooperativa o mutual. Por ende, en el caso de disolución, se otorgan a una mutual de las mismas características o son destinados al Instituto Nacional de Acción Cooperativa.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
SR. BORSANI Señor presidente: estamos tratando una iniciativa que seriamente y después de muchos años va a modificar nuestro sistema tributario para ganar en competitividad, en formalización de la economía, en mayor consumo y, por supuesto, en mayores inversiones. Tiende a bajar la presión tributaria para ganar en competitividad y en productividad.
Es por eso que estamos absolutamente de acuerdo con este primer impulso, que no será el único, de modificación del sistema tributario. Estamos iniciando un serio proceso de modernización tributaria al simplificarlo, de modo tal que acompañaremos decididamente la sanción de este proyecto.
Quedan algunas cuestiones importantes por revisar. El señor ministro lo dijo al principio cuando se refirió a los impuestos distorsivos, algunos de orden provincial y otros de orden nacional. En el caso de estos últimos, estamos hablando de la regresividad que tiene el impuesto al cheque porque atenta contra el agregado de valor. Cuando decimos "agregado de valor" imaginamos una cadena de valor que está compuesta por eslabones; cuantos más eslabones tiene, más penaliza el impuesto al cheque. Otro tanto ocurre en las provincias con el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto en cascada.
Por eso está muy bien concatenar esta reforma tributaria con el pacto fiscal, que indudablemente reduce el déficit fiscal y la presión tributaria. Dicha disminución, que está en el orden del 1,5 por ciento en cinco años tanto para las provincias como para la Nación, es compatible con presupuestos como el que estamos analizando, donde el 4,2 por ciento de déficit primario de 2017 pasa en 2018 al 3,2.
En suma, junto con esta reforma tributaria, se analizó un acompañamiento de solvencia fiscal en fase con toda esta propuesta.
Quedan cuestiones por resolver y hay aspectos que en estas horas estamos debatiendo para que se incluyan en el texto definitivo. Acompaño lo que decía el señor diputado Benedetti, de Entre Ríos, en el sentido de armonizar las alícuotas en la cadena de las carnes. Es decir, las alícuotas de los distintos productos cárnicos que componen la canasta alimenticia deberían armonizarse.
También hay que lograr una mejor y mayor armonía en las alícuotas de la cadena de producción de bienes de capital. Esta cuestión, de la que hemos hablado en algún momento con el subsecretario Andrés Edelstein, tiene que ver con la devolución del IVA no ya por inversiones sino por aquel que se acumula como stock técnico en la cadena de producción de bienes de capital. Normalmente, las empresas compran con alícuotas del 21 por ciento -incluso del 27 por ciento si hablamos de energía- y luego facturan los bienes de capital que producen al 10,5 por ciento. Eso es algo que hay que revisar; sé que no se puede hacer de un día para el otro, pero es preciso reverlo.
Por otro lado, celebro que podamos analizar por estas horas los impuestos internos. Es algo en lo que hemos trabajado duramente en los últimos años, especialmente respecto del incremento de los impuestos internos a las bebidas azucaradas. En este caso, lo hemos analizado segmentadamente de acuerdo con la cantidad de azúcar agregada en distintos escalones beneficiando, por supuesto, a las economías regionales que producen jugos de frutas.
Por ello, señor presidente, vamos a apoyar decididamente esta propuesta y colaboraremos en la sanción de una ley que sirva a todos los argentinos.
Es por eso que estamos absolutamente de acuerdo con este primer impulso, que no será el único, de modificación del sistema tributario. Estamos iniciando un serio proceso de modernización tributaria al simplificarlo, de modo tal que acompañaremos decididamente la sanción de este proyecto.
Quedan algunas cuestiones importantes por revisar. El señor ministro lo dijo al principio cuando se refirió a los impuestos distorsivos, algunos de orden provincial y otros de orden nacional. En el caso de estos últimos, estamos hablando de la regresividad que tiene el impuesto al cheque porque atenta contra el agregado de valor. Cuando decimos "agregado de valor" imaginamos una cadena de valor que está compuesta por eslabones; cuantos más eslabones tiene, más penaliza el impuesto al cheque. Otro tanto ocurre en las provincias con el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto en cascada.
Por eso está muy bien concatenar esta reforma tributaria con el pacto fiscal, que indudablemente reduce el déficit fiscal y la presión tributaria. Dicha disminución, que está en el orden del 1,5 por ciento en cinco años tanto para las provincias como para la Nación, es compatible con presupuestos como el que estamos analizando, donde el 4,2 por ciento de déficit primario de 2017 pasa en 2018 al 3,2.
En suma, junto con esta reforma tributaria, se analizó un acompañamiento de solvencia fiscal en fase con toda esta propuesta.
Quedan cuestiones por resolver y hay aspectos que en estas horas estamos debatiendo para que se incluyan en el texto definitivo. Acompaño lo que decía el señor diputado Benedetti, de Entre Ríos, en el sentido de armonizar las alícuotas en la cadena de las carnes. Es decir, las alícuotas de los distintos productos cárnicos que componen la canasta alimenticia deberían armonizarse.
También hay que lograr una mejor y mayor armonía en las alícuotas de la cadena de producción de bienes de capital. Esta cuestión, de la que hemos hablado en algún momento con el subsecretario Andrés Edelstein, tiene que ver con la devolución del IVA no ya por inversiones sino por aquel que se acumula como stock técnico en la cadena de producción de bienes de capital. Normalmente, las empresas compran con alícuotas del 21 por ciento -incluso del 27 por ciento si hablamos de energía- y luego facturan los bienes de capital que producen al 10,5 por ciento. Eso es algo que hay que revisar; sé que no se puede hacer de un día para el otro, pero es preciso reverlo.
Por otro lado, celebro que podamos analizar por estas horas los impuestos internos. Es algo en lo que hemos trabajado duramente en los últimos años, especialmente respecto del incremento de los impuestos internos a las bebidas azucaradas. En este caso, lo hemos analizado segmentadamente de acuerdo con la cantidad de azúcar agregada en distintos escalones beneficiando, por supuesto, a las economías regionales que producen jugos de frutas.
Por ello, señor presidente, vamos a apoyar decididamente esta propuesta y colaboraremos en la sanción de una ley que sirva a todos los argentinos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado David.
SR. DAVID Señor presidente: en verdad, ya se ha dicho mucho. Para no ser repetitivo, simplemente diré que coincido con muchas de las cosas que han manifestado desde distintos bloques.
Tengo la sensación de que esta reforma tributaria es mucho más corta, en cuanto a su profundidad, que lo que hubiésemos querido o pensado después de dos años de gobierno y de un proyecto que tiene muchos más años todavía. La idea era trabajar sobre estos temas; entonces, cuando se planteó la idea de realizar una reforma tributaria y previsional, aspiramos a algo que cambie un poco el eje de lo que viene pasando en la Argentina.
Posiblemente, esta reforma que yo considero un poco corta tenga que ver con el mayor problema que, a mi entender, sufre hoy el país: el déficit fiscal. Pienso que no hemos conseguido mejorar en ese aspecto, que es la madre de todas las batallas y lo que, en definitiva, por diversas razones que no viene al caso mencionar, está poniendo freno de mano a la Argentina.
Obviamente, a partir de esta reforma hay ganadores y perdedores, como pasa siempre. Más allá de las cuestiones técnicas, creo que si se la mostramos a una persona común, a un argentino de a pie, poco y nada va a entender de lo que pasará en el futuro porque tiene muchos artículos y gran parte de su contenido se relaciona con una mirada mucho más empresarial respecto de la situación tributaria. No está ni mal ni bien; pero, como decía al principio, esta reforma se queda un poco corta.
Yo quiero plantear dos o tres cuestiones, más allá de que, como se dijo acá, hay muchos artículos por revisar, posiblemente por mejorar o por agregar porque tal vez hay situaciones que no están contempladas en la reforma.
Comparto el criterio -y me parece muy buena la idea- de bajar las contribuciones. Obviamente, implica un costo fiscal alto hacerlo, pero me parece que es importante. Yo, que vengo de una provincia del norte, siento que no estamos cumpliendo con la idea original que planteó el señor presidente ya hace algunos años, de establecer un diferencial para la zona más postergada del país.
Entiendo que para aquellos que perciben los menores salarios, el límite de 12.000 pesos establecido para los próximos años tendrá un impacto mayor; pero es el mismo impacto mayor que, para aquellos que perciben los menores salarios, tienen el costo de los servicios, de comprar una cerveza o de comprar cigarrillos. Me parece que a esta reforma le falta ese diferencial positivo.
No es lo mismo una gran empresa del centro del país que una que trata de trabajar en el norte de la Argentina, con los problemas que hay en esa región. Ahí está quizás el quid de la discusión: no queremos solo que siga habiendo trabajadores que son los que menos ganan del país. Queremos que, a través de políticas de Estado, los trabajadores de Jujuy, Salta, Chaco o Corrientes puedan percibir salarios similares a los que se pagan en el resto del país.
Aquí viene una de las preguntas: si, más allá de que no esté en el texto y de la deducción de 12.000 pesos, han pensado establecer algún diferencial para la creación de empleo, ya que lo que podrá tomarse a cuenta de IVA y todo aquello vinculado con el viejo decreto 814, son aspectos que serán eliminados progresivamente con la sanción de esta reforma.
El segundo tema que quiero plantear tiene que ver con las mutuales. Nosotros creemos -como los santafesinos, los cordobeses y mucha gente del interior- que no podemos poner todo en la misma bolsa y que debemos tratar que las mutuales y las cooperativas no sean usadas para eludir otro tipo de acciones. De todas maneras, en honor a la verdad, también tenemos que reconocer que muchas funcionan y hacen su trabajo correctamente.
En algunos lugares, obtener crédito no es tan fácil. La otra vez, cuando discutíamos sobre el mercado de capitales, dijimos que era algo positivo que empezaran a cambiarse cheques en Buenos Aires, ya que en muchas regiones del interior del país no es posible cambiarlos salvo que existan organizaciones como estas cooperativas. Entonces, me parece que habría que dar una vuelta de tuerca respecto de esta cuestión.
Sin irme del tema, pienso que esto tiene que ver un poco con lo que pasa con la reforma previsional. Tratar a quien percibe una jubilación de 8.000 pesos de la misma manera que a aquel que recibe 100.000, 50.000 u 80.000, es injusto. Entonces, también tenemos que analizar este tema y tratar de avanzar.
Por último, quiero hacer dos propuestas vinculadas con dos proyectos de ley en los que venimos trabajando en esta Cámara y que podrían ser incorporados a esta discusión. En todo caso, después los hago llegar a la comisión. Uno de ellos dispone cambiar los montos del Código Aduanero que distinguen la infracción aduanera del delito.
El Código Aduanero fija un monto de 100.000 pesos para pasar de infracción a delito. Quienes vivimos en zonas de frontera sabemos que el contrabando de ocho celulares a precio de hoy termina en juicio penal; es decir que hay juzgados que tienen que hacerse cargo de casos que van desde el narcotráfico hasta el contrabando de ocho celulares.
Este asunto tiene dictamen; se trabajó con el Ministerio de Seguridad y con la Aduana, y hay consenso en ese sentido. Entonces, como se proponen modificaciones al Código Aduanero, creo que esta iniciativa podría ser incorporada.
El otro proyecto, que tiene que ver con los embargos de la AFIP, también contiene reformas de procedimiento relacionadas con honorarios razonables y con la manera en que se cobran las deudas.
En la Argentina, uno tiene la sensación -no de ahora sino históricamente- de que la AFIP siempre es muy estricta con aquellos que están en el sistema y pagan; si una persona deja de pagar un anticipo, inmediatamente le llega la intimación y, en muchos casos, el embargo.
Hoy la AFIP -por lo menos en las jurisdicciones que yo conozco- embarga cuentas corrientes al unísono y en forma simultánea, lo que hace que empiecen a rebotar cheques y se pare la actividad productiva de quien usa esas cuentas. Si una persona debe cien pesos y le embargan quinientos, cien en cada cuenta, queda totalmente embargada.
Considero que hay que buscar un procedimiento. Por eso, nosotros presentamos un proyecto de ley que establece la posibilidad de que el Banco Central pueda, a través de las entidades bancarias, buscar un sistema más equitativo. Tomar todas las cuentas para cubrir por más del ciento por ciento la deuda de una persona que tiene un giro normal, matarle ese giro, ocasionar el rechazo de sus cheques y que no pueda moverse durante cinco o diez días, resulta en un perjuicio mucho mayor. Estimo que como acá también hay reformas de procedimiento tributario, sería bueno poder agregar a ese procedimiento este tema.
Hoy sucede que, a través de una pantalla, un abogado de AFIP elige quiénes son los deudores de montos más altos, cuáles son los más fáciles de cobrar y traba un embargo a todas las cuentas. No solo es una especie de extorsión para el cobro -lo cual sería razonable, porque efectivamente hay que tratar de percibir el cobro del sector público- sino que además genera un descalabro enorme, porque muchas veces tardan meses en levantar los embargos. Para decretarlos son rápidos, pero para levantarlos y habilitar las cuentas a fin de que la persona pueda volver a tener el giro normal de una chequera, cuesta mucho.
Entonces me parece que también aquí, y como aporte, podemos incorporar esta situación en el procedimiento tributario.
Tengo la sensación de que esta reforma tributaria es mucho más corta, en cuanto a su profundidad, que lo que hubiésemos querido o pensado después de dos años de gobierno y de un proyecto que tiene muchos más años todavía. La idea era trabajar sobre estos temas; entonces, cuando se planteó la idea de realizar una reforma tributaria y previsional, aspiramos a algo que cambie un poco el eje de lo que viene pasando en la Argentina.
Posiblemente, esta reforma que yo considero un poco corta tenga que ver con el mayor problema que, a mi entender, sufre hoy el país: el déficit fiscal. Pienso que no hemos conseguido mejorar en ese aspecto, que es la madre de todas las batallas y lo que, en definitiva, por diversas razones que no viene al caso mencionar, está poniendo freno de mano a la Argentina.
Obviamente, a partir de esta reforma hay ganadores y perdedores, como pasa siempre. Más allá de las cuestiones técnicas, creo que si se la mostramos a una persona común, a un argentino de a pie, poco y nada va a entender de lo que pasará en el futuro porque tiene muchos artículos y gran parte de su contenido se relaciona con una mirada mucho más empresarial respecto de la situación tributaria. No está ni mal ni bien; pero, como decía al principio, esta reforma se queda un poco corta.
Yo quiero plantear dos o tres cuestiones, más allá de que, como se dijo acá, hay muchos artículos por revisar, posiblemente por mejorar o por agregar porque tal vez hay situaciones que no están contempladas en la reforma.
Comparto el criterio -y me parece muy buena la idea- de bajar las contribuciones. Obviamente, implica un costo fiscal alto hacerlo, pero me parece que es importante. Yo, que vengo de una provincia del norte, siento que no estamos cumpliendo con la idea original que planteó el señor presidente ya hace algunos años, de establecer un diferencial para la zona más postergada del país.
Entiendo que para aquellos que perciben los menores salarios, el límite de 12.000 pesos establecido para los próximos años tendrá un impacto mayor; pero es el mismo impacto mayor que, para aquellos que perciben los menores salarios, tienen el costo de los servicios, de comprar una cerveza o de comprar cigarrillos. Me parece que a esta reforma le falta ese diferencial positivo.
No es lo mismo una gran empresa del centro del país que una que trata de trabajar en el norte de la Argentina, con los problemas que hay en esa región. Ahí está quizás el quid de la discusión: no queremos solo que siga habiendo trabajadores que son los que menos ganan del país. Queremos que, a través de políticas de Estado, los trabajadores de Jujuy, Salta, Chaco o Corrientes puedan percibir salarios similares a los que se pagan en el resto del país.
Aquí viene una de las preguntas: si, más allá de que no esté en el texto y de la deducción de 12.000 pesos, han pensado establecer algún diferencial para la creación de empleo, ya que lo que podrá tomarse a cuenta de IVA y todo aquello vinculado con el viejo decreto 814, son aspectos que serán eliminados progresivamente con la sanción de esta reforma.
El segundo tema que quiero plantear tiene que ver con las mutuales. Nosotros creemos -como los santafesinos, los cordobeses y mucha gente del interior- que no podemos poner todo en la misma bolsa y que debemos tratar que las mutuales y las cooperativas no sean usadas para eludir otro tipo de acciones. De todas maneras, en honor a la verdad, también tenemos que reconocer que muchas funcionan y hacen su trabajo correctamente.
En algunos lugares, obtener crédito no es tan fácil. La otra vez, cuando discutíamos sobre el mercado de capitales, dijimos que era algo positivo que empezaran a cambiarse cheques en Buenos Aires, ya que en muchas regiones del interior del país no es posible cambiarlos salvo que existan organizaciones como estas cooperativas. Entonces, me parece que habría que dar una vuelta de tuerca respecto de esta cuestión.
Sin irme del tema, pienso que esto tiene que ver un poco con lo que pasa con la reforma previsional. Tratar a quien percibe una jubilación de 8.000 pesos de la misma manera que a aquel que recibe 100.000, 50.000 u 80.000, es injusto. Entonces, también tenemos que analizar este tema y tratar de avanzar.
Por último, quiero hacer dos propuestas vinculadas con dos proyectos de ley en los que venimos trabajando en esta Cámara y que podrían ser incorporados a esta discusión. En todo caso, después los hago llegar a la comisión. Uno de ellos dispone cambiar los montos del Código Aduanero que distinguen la infracción aduanera del delito.
El Código Aduanero fija un monto de 100.000 pesos para pasar de infracción a delito. Quienes vivimos en zonas de frontera sabemos que el contrabando de ocho celulares a precio de hoy termina en juicio penal; es decir que hay juzgados que tienen que hacerse cargo de casos que van desde el narcotráfico hasta el contrabando de ocho celulares.
Este asunto tiene dictamen; se trabajó con el Ministerio de Seguridad y con la Aduana, y hay consenso en ese sentido. Entonces, como se proponen modificaciones al Código Aduanero, creo que esta iniciativa podría ser incorporada.
El otro proyecto, que tiene que ver con los embargos de la AFIP, también contiene reformas de procedimiento relacionadas con honorarios razonables y con la manera en que se cobran las deudas.
En la Argentina, uno tiene la sensación -no de ahora sino históricamente- de que la AFIP siempre es muy estricta con aquellos que están en el sistema y pagan; si una persona deja de pagar un anticipo, inmediatamente le llega la intimación y, en muchos casos, el embargo.
Hoy la AFIP -por lo menos en las jurisdicciones que yo conozco- embarga cuentas corrientes al unísono y en forma simultánea, lo que hace que empiecen a rebotar cheques y se pare la actividad productiva de quien usa esas cuentas. Si una persona debe cien pesos y le embargan quinientos, cien en cada cuenta, queda totalmente embargada.
Considero que hay que buscar un procedimiento. Por eso, nosotros presentamos un proyecto de ley que establece la posibilidad de que el Banco Central pueda, a través de las entidades bancarias, buscar un sistema más equitativo. Tomar todas las cuentas para cubrir por más del ciento por ciento la deuda de una persona que tiene un giro normal, matarle ese giro, ocasionar el rechazo de sus cheques y que no pueda moverse durante cinco o diez días, resulta en un perjuicio mucho mayor. Estimo que como acá también hay reformas de procedimiento tributario, sería bueno poder agregar a ese procedimiento este tema.
Hoy sucede que, a través de una pantalla, un abogado de AFIP elige quiénes son los deudores de montos más altos, cuáles son los más fáciles de cobrar y traba un embargo a todas las cuentas. No solo es una especie de extorsión para el cobro -lo cual sería razonable, porque efectivamente hay que tratar de percibir el cobro del sector público- sino que además genera un descalabro enorme, porque muchas veces tardan meses en levantar los embargos. Para decretarlos son rápidos, pero para levantarlos y habilitar las cuentas a fin de que la persona pueda volver a tener el giro normal de una chequera, cuesta mucho.
Entonces me parece que también aquí, y como aporte, podemos incorporar esta situación en el procedimiento tributario.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Galiani.
SR. GALIANI Señor presidente: obviamente, yo estoy de acuerdo con lo que decía el señor diputado Borsani. Esta es una reforma tributaria que, después de mucho tiempo, avanza en muchas dimensiones. Por supuesto, no será la última y creo en ella en forma positiva.
Como dijimos en la comisión bicameral, y no vale la pena repetirlo hoy, esta reforma está hecha en un contexto de déficit fiscal alto y la restricción presupuestaria es importante. Esto debemos tenerlo en cuenta: hay que bajar el déficit -de hecho, hay que eliminarlo- y eso implica ir bajando impuestos gradualmente.
Al margen de esto, lo que nosotros buscamos es mejorar el sistema tributario. Siempre dijimos que bajar la presión tributaria, definida como lo que se recauda sobre el producto, no es el objetivo principal de esta reforma. El objetivo principal es tener un mejor sistema impositivo que, fomentando la inversión y el empleo, aumente la productividad y, sacando los impuestos más distorsivos, también la competitividad.
Solo a modo de ejemplo -podría dar muchos, pero es en este tema que se ha centrado la discusión-, la posibilidad que brinda el decreto 814/01 de pagar obligaciones a cuenta del IVA castiga a los exportadores; como no pagan ese impuesto cuando exportan, no tienen a cargo de qué descontarlo. Entonces, el cambio que estamos haciendo es una mejora en términos de competitividad y no solo del empleo.
En ese contexto, el paquete de reformas que mandamos persigue la lógica de ir buscando la solvencia fiscal. Para eso tenemos la ley de responsabilidad fiscal, que es muy importante para que Nación y provincias controlen su gasto: para que, junto con el crecimiento de la economía, desde la Nación podamos bajar el déficit fiscal. Si hablamos de las provincias, tenemos que ir creando ese espacio fiscal para poder bajar el impuesto a los ingresos brutos y a los sellos. Eso es, de alguna manera, el núcleo del nuevo consenso fiscal que firmaron Nación y provincias.
Entiendo que el diputado David tiene claro que este cambio en los impuestos laborales favorece más a las provincias del norte porque pagan salarios más bajos.
Para dar un ejemplo, en Salta el salario de corte -es decir, el salario al cual una firma quedaría indiferente entre el sistema actual y el nuevo- es de 25.000 pesos. El salario mediano del sector privado de la provincia es de 18.000 pesos; está bien por debajo, o sea que queda mejor.
Estos ejercicios, que hicimos para todas las provincias, nos llevaron a ver que esto es una mejora sustancial en términos de la forma en que se impone el trabajo en la Argentina.
Es cierto que hay un reclamo en el sentido de hacer algo adicional a esto que depende de que los salarios sean más bajos; ese fue el planteo. Es cierto que mientras sean más bajos eso está, y que el punto es pensar en que cuando crezcamos y ya no tengamos ese diferencial salarial, deberíamos tener otro diferencial impositivo. Creo que habrá tiempo, llegado ese momento, para discutirlo, si eso es lo que cree el Honorable Congreso de la Nación.
A mí me parece que la forma de estimular las economías regionales no es con un sistema impositivo que desgrave más en una región que en otra, sino que es proveyendo más infraestructura, logística y capital. En eso está el gobierno nacional.
Gran parte de la política de infraestructura tiene como objetivo mejorar la competitividad de las economías regionales. Esto lleva tiempo y lo sabemos; por eso sacamos el decreto 814/01 en forma gradual. Es decir que por cinco años más ese diferencial va a seguir existiendo; no es que va a desaparecer mañana. En esos cinco años esperamos poder avanzar lo suficiente con las mejoras en infraestructura que mejoren la competitividad de estas economías regionales.
Como dijimos en la comisión bicameral, y no vale la pena repetirlo hoy, esta reforma está hecha en un contexto de déficit fiscal alto y la restricción presupuestaria es importante. Esto debemos tenerlo en cuenta: hay que bajar el déficit -de hecho, hay que eliminarlo- y eso implica ir bajando impuestos gradualmente.
Al margen de esto, lo que nosotros buscamos es mejorar el sistema tributario. Siempre dijimos que bajar la presión tributaria, definida como lo que se recauda sobre el producto, no es el objetivo principal de esta reforma. El objetivo principal es tener un mejor sistema impositivo que, fomentando la inversión y el empleo, aumente la productividad y, sacando los impuestos más distorsivos, también la competitividad.
Solo a modo de ejemplo -podría dar muchos, pero es en este tema que se ha centrado la discusión-, la posibilidad que brinda el decreto 814/01 de pagar obligaciones a cuenta del IVA castiga a los exportadores; como no pagan ese impuesto cuando exportan, no tienen a cargo de qué descontarlo. Entonces, el cambio que estamos haciendo es una mejora en términos de competitividad y no solo del empleo.
En ese contexto, el paquete de reformas que mandamos persigue la lógica de ir buscando la solvencia fiscal. Para eso tenemos la ley de responsabilidad fiscal, que es muy importante para que Nación y provincias controlen su gasto: para que, junto con el crecimiento de la economía, desde la Nación podamos bajar el déficit fiscal. Si hablamos de las provincias, tenemos que ir creando ese espacio fiscal para poder bajar el impuesto a los ingresos brutos y a los sellos. Eso es, de alguna manera, el núcleo del nuevo consenso fiscal que firmaron Nación y provincias.
Entiendo que el diputado David tiene claro que este cambio en los impuestos laborales favorece más a las provincias del norte porque pagan salarios más bajos.
Para dar un ejemplo, en Salta el salario de corte -es decir, el salario al cual una firma quedaría indiferente entre el sistema actual y el nuevo- es de 25.000 pesos. El salario mediano del sector privado de la provincia es de 18.000 pesos; está bien por debajo, o sea que queda mejor.
Estos ejercicios, que hicimos para todas las provincias, nos llevaron a ver que esto es una mejora sustancial en términos de la forma en que se impone el trabajo en la Argentina.
Es cierto que hay un reclamo en el sentido de hacer algo adicional a esto que depende de que los salarios sean más bajos; ese fue el planteo. Es cierto que mientras sean más bajos eso está, y que el punto es pensar en que cuando crezcamos y ya no tengamos ese diferencial salarial, deberíamos tener otro diferencial impositivo. Creo que habrá tiempo, llegado ese momento, para discutirlo, si eso es lo que cree el Honorable Congreso de la Nación.
A mí me parece que la forma de estimular las economías regionales no es con un sistema impositivo que desgrave más en una región que en otra, sino que es proveyendo más infraestructura, logística y capital. En eso está el gobierno nacional.
Gran parte de la política de infraestructura tiene como objetivo mejorar la competitividad de las economías regionales. Esto lleva tiempo y lo sabemos; por eso sacamos el decreto 814/01 en forma gradual. Es decir que por cinco años más ese diferencial va a seguir existiendo; no es que va a desaparecer mañana. En esos cinco años esperamos poder avanzar lo suficiente con las mejoras en infraestructura que mejoren la competitividad de estas economías regionales.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Del Plá.
SRA. DEL PLÁ Señor presidente: a pesar de que los diputados del Frente de Izquierda que cesaron eran miembros de esta comisión, yo no tengo la suerte de ser parte de ella. Lo lamento, porque creo que la voz de la izquierda en esta comisión, al igual que en las de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social, es fundamental.
Quiero dejar planteadas algunas preguntas y posiciones. Creo que el debate ha sido largo, y a la vez me parece que cuando se trata de temas tan fundamentales resulta más complejo entenderlos por separado. Comprender esta ley de reforma tributaria separada del presupuesto, de la reforma laboral o de la reforma previsional es difícil, porque son medidas integrales y tienen una misma orientación social: beneficiar a las patronales, los banqueros, las empresas internacionales y los acreedores de la deuda. En todos los casos, el beneficio es en función de los recursos que salen siempre de los mismos bolsillos: los de trabajadores y jubilados.
En ese sentido quiero saber, señor presidente y funcionarios presentes, cómo se entiende esta idea de resolver las inequidades y demás, con la brutal contradicción entre las medidas que acá se están tomando y el informe que se conoció hoy de la Universidad Católica Argentina que habla de 13,5 millones de pobres, de un 48,4 por ciento de niños bajo la línea de pobreza y de una concentración de la pobreza superior al 38 por ciento en el conurbano.
Acá se mencionó que todas estas medidas en favor de las patronales van a terminar generando empleo. No parece ser la solución final, porque se va a premiar con la ley de blanqueo -mal llamada "de reforma laboral"- a los empresarios que no solo evaden al fisco sino que además vienen cometiendo un delito: emplear trabajadores en negro, hecho que violenta las leyes laborales y los más mínimos recaudos de respeto a la vida y al trabajo. Esto ya lo vivimos; a esos empresarios se los va a premiar eximiéndolos de los aportes patronales.
Además, se les va a permitir rebajar el impuesto a las ganancias del 35 al 25 por ciento alegando mínimamente alguna reinversión. Ese monto, esta ventaja, va a representar 85.700 millones de pesos. Es un monto muy similar al que pagamos los trabajadores por el impuesto al salario. Pero resulta que cada vez que se reclamó eliminar el impuesto al salario a la cuarta categoría, se decía que era un esfuerzo fiscal imposible de realizar porque generaba un agujero que no se podía resolver de ninguna manera. Sin embargo, acá vemos cómo de un plumazo se exime de ese mismo monto a las patronales mientras los trabajadores deben tributar ese impuesto al salario y cobran sueldos que, a duras penas, permiten cubrir la canasta familiar. Entonces, vemos que hay una orientación social muy clara en esta reforma fiscal. Es clarísimo quiénes se benefician y quiénes somos los perjudicados.
Lo mismo ocurre en materia de jubilaciones. Acá se ha mencionado en reiteradas ocasiones el problema de los jubilados. Hay diputados que trataron de explicarnos cómo cobrando menos dinero no se pierde poder adquisitivo y demás. Sin embargo, quiero recordar que las medidas que se van a tomar tienen que ver con colocar a los jubilados directamente en la línea no ya de la pobreza sino de la completa marginalidad social. La modificación del cálculo de actualización, junto con todas estas medidas que van a seguir desfinanciado a la ANSES, está ligada a un ataque en regla a los trabajadores. Seguramente, luego se dirá que otra vez hay que tomar medidas para seguir bajando las jubilaciones y, consecuentemente, el poder adquisitivo de la clase pasiva.
Esto es no solo en el plano nacional. Obviamente, aquí se aludió al pacto fiscal acordado con los gobernadores, a quienes no les tembló el pulso a la hora de entregar las cajas jubilatorias y los derechos de los trabajadores de sus provincias.
En este caso quiero referirme a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien acaba de presentar un proyecto -ya está circulando el borrador- por el cual, a través del Instituto de Previsión Social de la provincia, -que no es deficitario y al que aportamos una millonada, ya que los docentes, como en mi caso, aportamos el 16 por ciento de nuestro salario-, se pretende elevar de un plumazo la edad jubilatoria y armonizarla con la Nación. Un verdadero robo a nuestros aportes, un verdadero robo a nuestra tarea.
Esa es la orientación social que tiene este proyecto. No sé realmente en qué tiempo piensan tratar el presupuesto, aunque acá todo parece ser muy exprés. Si bien es mi primera experiencia en el Parlamento, me sorprende la velocidad con que pueden tratar estos temas tan vitales.
Me pregunto si, en lugar de robar 100.000 millones de pesos a los jubilados, no podríamos hacer que una parte salga de los 406.000 millones de pesos que se van a pagar de intereses de la deuda. ¿No sería un poquito más equitativo para eliminar estas desigualdades? No, porque aquí la orientación social es seguir manteniendo a banqueros y especuladores, y continuar esquilmando a los trabajadores.
Por último -no me quiero extender demasiado, pero me hubiera gustado tener la posibilidad de emitir un dictamen, algo que no se nos ha permitido-, quiero recordar que aquí se mencionó con total liviandad la industria del juicio. Este fin de semana hubo dos muertes de trabajadores. Lo que aquí se llama "industria del juicio" nosotros lo denominamos "desprecio por la vida de los trabajadores". Por eso, con total liviandad, también se modifican las leyes de las ART y, por lo tanto, las condiciones de higiene y seguridad.
Quiero decir que los casos de Teodoro Adam, muerto en un accidente laboral en una curtiembre en Baradero, y de Carlos Benedetti, quien falleció en el Aeropuerto de Ezeiza sin los mínimos elementos para asistirlo, se corresponden justamente con la orientación social que nosotros defendemos. Hay que terminar con este saqueo a los trabajadores de una vez por todas.
Por eso, desde el Frente de Izquierda del Partido Obrero, nosotros planteamos la necesidad de un sistema impositivo progresivo sobre las grandes fortunas y no sobre los trabajadores y el consumo.
Quiero dejar planteadas algunas preguntas y posiciones. Creo que el debate ha sido largo, y a la vez me parece que cuando se trata de temas tan fundamentales resulta más complejo entenderlos por separado. Comprender esta ley de reforma tributaria separada del presupuesto, de la reforma laboral o de la reforma previsional es difícil, porque son medidas integrales y tienen una misma orientación social: beneficiar a las patronales, los banqueros, las empresas internacionales y los acreedores de la deuda. En todos los casos, el beneficio es en función de los recursos que salen siempre de los mismos bolsillos: los de trabajadores y jubilados.
En ese sentido quiero saber, señor presidente y funcionarios presentes, cómo se entiende esta idea de resolver las inequidades y demás, con la brutal contradicción entre las medidas que acá se están tomando y el informe que se conoció hoy de la Universidad Católica Argentina que habla de 13,5 millones de pobres, de un 48,4 por ciento de niños bajo la línea de pobreza y de una concentración de la pobreza superior al 38 por ciento en el conurbano.
Acá se mencionó que todas estas medidas en favor de las patronales van a terminar generando empleo. No parece ser la solución final, porque se va a premiar con la ley de blanqueo -mal llamada "de reforma laboral"- a los empresarios que no solo evaden al fisco sino que además vienen cometiendo un delito: emplear trabajadores en negro, hecho que violenta las leyes laborales y los más mínimos recaudos de respeto a la vida y al trabajo. Esto ya lo vivimos; a esos empresarios se los va a premiar eximiéndolos de los aportes patronales.
Además, se les va a permitir rebajar el impuesto a las ganancias del 35 al 25 por ciento alegando mínimamente alguna reinversión. Ese monto, esta ventaja, va a representar 85.700 millones de pesos. Es un monto muy similar al que pagamos los trabajadores por el impuesto al salario. Pero resulta que cada vez que se reclamó eliminar el impuesto al salario a la cuarta categoría, se decía que era un esfuerzo fiscal imposible de realizar porque generaba un agujero que no se podía resolver de ninguna manera. Sin embargo, acá vemos cómo de un plumazo se exime de ese mismo monto a las patronales mientras los trabajadores deben tributar ese impuesto al salario y cobran sueldos que, a duras penas, permiten cubrir la canasta familiar. Entonces, vemos que hay una orientación social muy clara en esta reforma fiscal. Es clarísimo quiénes se benefician y quiénes somos los perjudicados.
Lo mismo ocurre en materia de jubilaciones. Acá se ha mencionado en reiteradas ocasiones el problema de los jubilados. Hay diputados que trataron de explicarnos cómo cobrando menos dinero no se pierde poder adquisitivo y demás. Sin embargo, quiero recordar que las medidas que se van a tomar tienen que ver con colocar a los jubilados directamente en la línea no ya de la pobreza sino de la completa marginalidad social. La modificación del cálculo de actualización, junto con todas estas medidas que van a seguir desfinanciado a la ANSES, está ligada a un ataque en regla a los trabajadores. Seguramente, luego se dirá que otra vez hay que tomar medidas para seguir bajando las jubilaciones y, consecuentemente, el poder adquisitivo de la clase pasiva.
Esto es no solo en el plano nacional. Obviamente, aquí se aludió al pacto fiscal acordado con los gobernadores, a quienes no les tembló el pulso a la hora de entregar las cajas jubilatorias y los derechos de los trabajadores de sus provincias.
En este caso quiero referirme a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien acaba de presentar un proyecto -ya está circulando el borrador- por el cual, a través del Instituto de Previsión Social de la provincia, -que no es deficitario y al que aportamos una millonada, ya que los docentes, como en mi caso, aportamos el 16 por ciento de nuestro salario-, se pretende elevar de un plumazo la edad jubilatoria y armonizarla con la Nación. Un verdadero robo a nuestros aportes, un verdadero robo a nuestra tarea.
Esa es la orientación social que tiene este proyecto. No sé realmente en qué tiempo piensan tratar el presupuesto, aunque acá todo parece ser muy exprés. Si bien es mi primera experiencia en el Parlamento, me sorprende la velocidad con que pueden tratar estos temas tan vitales.
Me pregunto si, en lugar de robar 100.000 millones de pesos a los jubilados, no podríamos hacer que una parte salga de los 406.000 millones de pesos que se van a pagar de intereses de la deuda. ¿No sería un poquito más equitativo para eliminar estas desigualdades? No, porque aquí la orientación social es seguir manteniendo a banqueros y especuladores, y continuar esquilmando a los trabajadores.
Por último -no me quiero extender demasiado, pero me hubiera gustado tener la posibilidad de emitir un dictamen, algo que no se nos ha permitido-, quiero recordar que aquí se mencionó con total liviandad la industria del juicio. Este fin de semana hubo dos muertes de trabajadores. Lo que aquí se llama "industria del juicio" nosotros lo denominamos "desprecio por la vida de los trabajadores". Por eso, con total liviandad, también se modifican las leyes de las ART y, por lo tanto, las condiciones de higiene y seguridad.
Quiero decir que los casos de Teodoro Adam, muerto en un accidente laboral en una curtiembre en Baradero, y de Carlos Benedetti, quien falleció en el Aeropuerto de Ezeiza sin los mínimos elementos para asistirlo, se corresponden justamente con la orientación social que nosotros defendemos. Hay que terminar con este saqueo a los trabajadores de una vez por todas.
Por eso, desde el Frente de Izquierda del Partido Obrero, nosotros planteamos la necesidad de un sistema impositivo progresivo sobre las grandes fortunas y no sobre los trabajadores y el consumo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado del Caño.
SR. DEL CAÑO Señor presidente: en primer lugar, coincido con lo que decía recién mi compañera y con lo que mencionaron algunos diputados en torno a que esta reforma tributaria no puede ser escindida de las demás -la reforma laboral y la previsional que, en realidad, son contrarreformas- y tampoco del presupuesto y de las políticas que viene llevando adelante este gobierno.
Acá se va a plantear, como uno de los temas fundamentales de este paquetazo que afecta a millones de personas, meter la mano en el bolsillo a los jubilados y a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. Es decir, a los sectores más vulnerables.
Yo no sé si todos coincidirán con el senador Miguel Angel Pichetto, quien justificó votar esta reforma previsional escandalosa diciendo que era una ingrata tarea y pidió no seguir insistiendo con tareas de ese tipo. Yo creo que acá lo que se está planteando es una política muy clara; el gobierno aduce que se desfinancia el Estado y hace falta bajar el déficit, cuando, en realidad, tomó muchas medidas que lo desfinanciaron. Esto comenzó, apenas asumió, con la quita de retenciones a las patronales agrarias, a las mineras y a distintos sectores de la industria.
Así se empezó a desfinanciar el Estado. El señor ministro dijo -es una lástima que se haya ido- que estaba muy comprometido con el combate contra la evasión. Si no fuera porque da bronca ver cómo aparecen en cuentas y en empresas de paraísos fiscales los nombres de algunos funcionarios de este gobierno, incluyendo el del propio presidente, parecería una burla que el ministro Dujovne diga que están comprometidos con el combate contra la evasión.
Creo que, en ese sentido, esta reforma tributaria apunta a profundizar la situación. Acá no se está debatiendo cómo eliminar un impuesto al consumo, como el IVA, ni cómo terminamos con ese impuesto al salario que es el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría que pagan todos los trabajadores bajo convenio. Mauricio Macri, en la campaña presidencial, sostuvo que los trabajadores no pagarían más el impuesto a las ganancias.
Acá no se plantea restituir los aportes patronales al 33 por ciento, como estaban antes de que los redujera Cavallo, sino al revés: se propone rebajar las contribuciones patronales.
El propio señor secretario dijo, hace unos minutos, que esta rebaja de aportes patronales -que es un regalo gratuito en pos de una supuesta futura generación de empleo- no tiene ningún antecedente que lo pueda sostener. Me pregunto si hay algún antecedente de que, de esta manera, se pueda combatir el trabajo no registrado. También me pregunto si verdaderamente creen que la gente es tan tonta como para pensar que así se generarán puestos de trabajo en blanco y se terminará con el flagelo del empleo no registrado, ya que justamente son los empresarios los campeones de la evasión.
A su vez, me gustaría saber cuánto va a dejar de recaudar la ANSES en los próximos años en función de esta rebaja de aportes patronales. Además, si se estimó cuánto ganarán las grandes empresas; concretamente, las quinientas grandes empresas que releva el INDEC.
Por otro lado, quisiera saber de cuánto serán, en promedio, las contribuciones de los próximos años. Asimismo, respecto de la reducción de la alícuota de ganancias del 35 al 25 por ciento, me pregunto por qué en esta reforma tributaria no se discute el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría y se da este beneficio escandaloso a los grandes empresarios.
Resulta muy claro, como sucedió con los "tarifazos", que la justificación es que hay que reducir el déficit y que el supuesto ahorro, que pagarán de su bolsillo millones de trabajadores, es superado por el correspondiente al pago de los intereses de la deuda. En otras palabras, lo que aumentó la deuda supera ese supuesto ahorro.
En realidad, el gobierno está haciendo una bicicleta financiera con este sistema de endeudamiento permanente. El presupuesto destinado al pago de la deuda supera los presupuestos en educación y en salud. Es decir, el aumento constante de la carga del pago de la deuda en el presupuesto hará que cada vez haya que echar mano a más sectores. Ahora es a los jubilados y a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo; mañana será a la educación pública, que ya está degradada con bajos presupuestos, y a la salud pública.
Como ya conocemos esa receta, he querido dejar planteadas estas preguntas. Por supuesto que nosotros, desde el Frente de Izquierda, señalamos no solamente nuestra oposición en la Cámara de Diputados sino que también -como ya lo hemos hecho- estaremos presentes y convocaremos a todos los trabajadores a una movilización popular. Creemos que es el único camino para poner un freno al gobierno y a estas medidas que van en contra de los intereses del pueblo trabajador. Por eso, seguramente nos encontrarán el 19 y el 20 de diciembre, que creo son las fechas elegidas para tratar esa reforma previsional, ese robo a los jubilados, participando en las movilizaciones. Creemos que serán multitudinarias porque hay una fuerte oposición, no solamente de quienes no votaron al gobierno sino también de muchos que sí lo votaron y a los que nunca se dijo que se iban aplicar reformas como la previsional.
Nuestra perspectiva es frenar estas políticas; por eso haremos una fuerte oposición aquí en la Cámara. Insisto en lo siguiente: dejarnos fuera de comisiones como la de Presupuesto y Hacienda tiene que ver con silenciarnos; pero, por supuesto, no lo van a lograr.
Acá se va a plantear, como uno de los temas fundamentales de este paquetazo que afecta a millones de personas, meter la mano en el bolsillo a los jubilados y a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. Es decir, a los sectores más vulnerables.
Yo no sé si todos coincidirán con el senador Miguel Angel Pichetto, quien justificó votar esta reforma previsional escandalosa diciendo que era una ingrata tarea y pidió no seguir insistiendo con tareas de ese tipo. Yo creo que acá lo que se está planteando es una política muy clara; el gobierno aduce que se desfinancia el Estado y hace falta bajar el déficit, cuando, en realidad, tomó muchas medidas que lo desfinanciaron. Esto comenzó, apenas asumió, con la quita de retenciones a las patronales agrarias, a las mineras y a distintos sectores de la industria.
Así se empezó a desfinanciar el Estado. El señor ministro dijo -es una lástima que se haya ido- que estaba muy comprometido con el combate contra la evasión. Si no fuera porque da bronca ver cómo aparecen en cuentas y en empresas de paraísos fiscales los nombres de algunos funcionarios de este gobierno, incluyendo el del propio presidente, parecería una burla que el ministro Dujovne diga que están comprometidos con el combate contra la evasión.
Creo que, en ese sentido, esta reforma tributaria apunta a profundizar la situación. Acá no se está debatiendo cómo eliminar un impuesto al consumo, como el IVA, ni cómo terminamos con ese impuesto al salario que es el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría que pagan todos los trabajadores bajo convenio. Mauricio Macri, en la campaña presidencial, sostuvo que los trabajadores no pagarían más el impuesto a las ganancias.
Acá no se plantea restituir los aportes patronales al 33 por ciento, como estaban antes de que los redujera Cavallo, sino al revés: se propone rebajar las contribuciones patronales.
El propio señor secretario dijo, hace unos minutos, que esta rebaja de aportes patronales -que es un regalo gratuito en pos de una supuesta futura generación de empleo- no tiene ningún antecedente que lo pueda sostener. Me pregunto si hay algún antecedente de que, de esta manera, se pueda combatir el trabajo no registrado. También me pregunto si verdaderamente creen que la gente es tan tonta como para pensar que así se generarán puestos de trabajo en blanco y se terminará con el flagelo del empleo no registrado, ya que justamente son los empresarios los campeones de la evasión.
A su vez, me gustaría saber cuánto va a dejar de recaudar la ANSES en los próximos años en función de esta rebaja de aportes patronales. Además, si se estimó cuánto ganarán las grandes empresas; concretamente, las quinientas grandes empresas que releva el INDEC.
Por otro lado, quisiera saber de cuánto serán, en promedio, las contribuciones de los próximos años. Asimismo, respecto de la reducción de la alícuota de ganancias del 35 al 25 por ciento, me pregunto por qué en esta reforma tributaria no se discute el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría y se da este beneficio escandaloso a los grandes empresarios.
Resulta muy claro, como sucedió con los "tarifazos", que la justificación es que hay que reducir el déficit y que el supuesto ahorro, que pagarán de su bolsillo millones de trabajadores, es superado por el correspondiente al pago de los intereses de la deuda. En otras palabras, lo que aumentó la deuda supera ese supuesto ahorro.
En realidad, el gobierno está haciendo una bicicleta financiera con este sistema de endeudamiento permanente. El presupuesto destinado al pago de la deuda supera los presupuestos en educación y en salud. Es decir, el aumento constante de la carga del pago de la deuda en el presupuesto hará que cada vez haya que echar mano a más sectores. Ahora es a los jubilados y a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo; mañana será a la educación pública, que ya está degradada con bajos presupuestos, y a la salud pública.
Como ya conocemos esa receta, he querido dejar planteadas estas preguntas. Por supuesto que nosotros, desde el Frente de Izquierda, señalamos no solamente nuestra oposición en la Cámara de Diputados sino que también -como ya lo hemos hecho- estaremos presentes y convocaremos a todos los trabajadores a una movilización popular. Creemos que es el único camino para poner un freno al gobierno y a estas medidas que van en contra de los intereses del pueblo trabajador. Por eso, seguramente nos encontrarán el 19 y el 20 de diciembre, que creo son las fechas elegidas para tratar esa reforma previsional, ese robo a los jubilados, participando en las movilizaciones. Creemos que serán multitudinarias porque hay una fuerte oposición, no solamente de quienes no votaron al gobierno sino también de muchos que sí lo votaron y a los que nunca se dijo que se iban aplicar reformas como la previsional.
Nuestra perspectiva es frenar estas políticas; por eso haremos una fuerte oposición aquí en la Cámara. Insisto en lo siguiente: dejarnos fuera de comisiones como la de Presupuesto y Hacienda tiene que ver con silenciarnos; pero, por supuesto, no lo van a lograr.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Llaryora.
SR. LLARYORA Señor presidente: para no abundar en conceptos que ya se mencionaron, quiero clarificar el tema respecto al acuerdo con los gobernadores respecto de la deducción del impuesto a las ganancias sobre el impuesto al cheque.
Como bien lo plantearon lo señores diputados Bossio y Gioja, es un tema central y necesitamos precisiones más firmes acerca de cuál va a ser la conducta del Ejecutivo; es decir, de cómo va a utilizar esa facultad que me parece corresponde al Congreso. Considerando el monto del que estamos hablando, necesitamos precisiones más claras y concisas porque es muy grande la cantidad de recursos que mermarán de las provincias argentinas.
Está claro que tomaron conocimiento del daño que van a producir en muchas mutuales y cooperativas. Por eso, entre el proyecto inicial y el actual han rectificado conceptos. Nos parece que hay que volver a trabajar sobre el tema, porque las mutuales y cooperativas del interior cumplen una función social muy importante. No puede ser que sea la falta de control, o que algunas no estén cumpliendo con los objetivos preestablecidos en la ley o en su propia naturaleza, lo que lleve a dictar una medida en este sentido.
Nos parece que sería importante rever la medida, o bien buscar un consenso mayor sobre determinado aspecto para no perjudicar la tarea social y comunitaria tan importante que hacen las cooperativas y mutuales en nuestro querido país.
Como bien lo plantearon lo señores diputados Bossio y Gioja, es un tema central y necesitamos precisiones más firmes acerca de cuál va a ser la conducta del Ejecutivo; es decir, de cómo va a utilizar esa facultad que me parece corresponde al Congreso. Considerando el monto del que estamos hablando, necesitamos precisiones más claras y concisas porque es muy grande la cantidad de recursos que mermarán de las provincias argentinas.
Está claro que tomaron conocimiento del daño que van a producir en muchas mutuales y cooperativas. Por eso, entre el proyecto inicial y el actual han rectificado conceptos. Nos parece que hay que volver a trabajar sobre el tema, porque las mutuales y cooperativas del interior cumplen una función social muy importante. No puede ser que sea la falta de control, o que algunas no estén cumpliendo con los objetivos preestablecidos en la ley o en su propia naturaleza, lo que lleve a dictar una medida en este sentido.
Nos parece que sería importante rever la medida, o bien buscar un consenso mayor sobre determinado aspecto para no perjudicar la tarea social y comunitaria tan importante que hacen las cooperativas y mutuales en nuestro querido país.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Señor presidente: en primer lugar, me parece importante advertir que no está el pueblo, a través de las organizaciones no gubernamentales, para debatir sobre estos proyectos de ley que lo someten. Nos hubiera gustado que estén los mutualistas y los cooperativistas, porque algunos aspectos de esta norma se refieren directamente a ellos.
En realidad, estamos hablando de un paquete de leyes que me hace acordar al blanqueo. En verdad, señor presidente, es muy reiterativo su gobierno al presentar un paquete de leyes cuyo significado es casi imposible de traducir hacia el pueblo.
El otro día escuchaba a quien fue ministro de Educación, y hoy es senador, manifestarse claramente respecto de mandar un paquete para sacar todo lo que el oficialismo hoy quiere como gobierno.
Esto se ha tornado una práctica habitual en el Congreso y obviamente lo exprés se nota en diciembre, un mes muy particular que han tomado para meter la mano en el bolsillo de los jubilados y precarizar a los trabajadores. Esto está a la vista por todo lo que he escuchado, donde permanentemente se estuvo denostando, por ejemplo, a los abogados laboralistas de la Argentina.
Si hablamos de trabajadores, por lo general durante estos dos años se los ha denostado no solo en la actividad privada sino también en la actividad pública. Los docentes, los empleados de Vialidad Nacional y otros trabajadores públicos han sentido, en algunos momentos, un sentimiento de desprecio por parte del gobierno. Por eso hablan con tanta facilidad de cerrar el déficit fiscal -decididamente a costa de los trabajadores, precarizándolos- y ponen en vilo a no sé cuántos trabajadores públicos. ¿Saben lo que es eso? Tal vez, el gobierno al que usted representa, señor presidente, no ha sentido en carne propia lo que siente un trabajador cuando se desestabiliza su situación familiar en el mes de diciembre ante la posibilidad de perder el empleo, ni el dolor que eso implica.
Tampoco hay precisiones. El señor ministro, antes de irse, habló de términos conceptuales. Lo anoté, porque me pareció muy importante. Se trata de una reforma muy profunda, como han manifestado, de inseguridades en todos los aspectos e inclusive hacia los Estados provinciales.
El instituto técnico y económico Fundación Abdala -creo que ése es el nombre-, en un estudio manifiesta que las provincias se encuentran en uno de los peores momentos desde la vuelta a la democracia. Con déficits que van del 5 al 20 por ciento, solamente algunas pueden exhibir un empate entre ingresos y gastos. Esta es la realidad.
Cuando hablan de consenso, me parece que hay una presión muy fuerte hacia las provincias y hacia los gobernadores. Inclusive, cuando dicen a los gobernadores que deben dejar de cobrar impuestos, están avasallando la autonomía de las provincias. Lo manifiestan claramente cuando afirman que deben bajar los ingresos brutos porque eso beneficia la posibilidad de inversión, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos.
Entonces, uno se pregunta si hablar de consensos no es un maquillaje, porque la realidad es otra: "tarifazos" en el mes de diciembre, sobre todo en combustibles y en energía; "tarifazos" en el transporte público; "tarifazos" en las obras sociales, etcétera.
Esto tiene como correlato los últimos dos años. Durante los primeros seis meses, aquí se dijo que habría un derrame y que así se combatiría la pobreza. Ahora, esta terminología ha dejado de estar en el léxico del oficialismo. Ya no lo tienen en carpeta; evidentemente, tanto lo manifestaron que lo gastaron. En realidad, creo que le mintieron al pueblo argentino porque hay más pobres y la precarización del salario es mayor aún en esta etapa.
Por eso, pregunto al viceministro si es posible cerrar el déficit fiscal endeudando a la República Argentina; particularmente a las provincias, que han sido llevadas de la mano de la Nación a contraer deudas en dólares siendo que tanto una como otras tienen pesos.
Esto que el oficialismo llama "gradualidad", decididamente tiene un impacto en los próximos años. No me cabe la menor duda, porque las provincias y los municipios lo tendrán que afrontar. Entonces, cierra la cuestión del déficit fiscal con deuda, con trabajadores en la calle, con recesión absoluta y con el pueblo fuera de lo que está planteando.
Podrán decir que ganaron las elecciones, pero eso no da derecho a hacer lo que uno quiere en el gobierno. Ganaron con el 42 por ciento de los votos, pero el 58 por ciento votó en contra de su proyecto político. Esto, me parece que hay que manifestarlo.
En verdad, más de una vez me sorprendo porque escucho al pueblo y muchos creen que viven una ficción. El gobierno avanza y retrocede permanentemente, en muchos casos incluso engañando. Tal es el caso del impuesto a las ganancias, ya que se duplicó la cantidad de trabajadores alcanzados. Son casi 2.200.000 los trabajadores que pagan este impuesto, contra un millón que lo hacía hasta 2015. Esta es la verdad; los números son incontrastables.
También hay algunas cuestiones que hacen a la construcción de un relato. Nunca escuché de parte del gobierno que usted representa, señor presidente, las palabras "inclusión" y "derechos". Hablan de estándares y de cómo cierran los números, expresiones absolutamente "antisolidarias" ante el pueblo trabajador. Ahora, para desestabilizar a las familias, deciden en el mes de diciembre meter la mano en el bolsillo de los jubilados. Es una canallada, es criminal. El presidente dice que todos debemos hacer el esfuerzo, pero ¿es posible pedir un esfuerzo a quien gana 7.000 pesos por mes, que le han quitado el ciento por ciento de la cobertura del PAMI para los remedios y además paga alquiler? ¿Es posible pedir un esfuerzo a quien gana la mitad de lo que cuesta la canasta familiar, que es de alrededor de 15.000 pesos? No tiene nombre; no tiene ni pies ni cabeza. Esto tendría que explicarlo hoy y para siempre su gobierno, señor presidente.
Para terminar, tengo dos preguntas. La primera, si es posible, como ustedes creen, cerrar el déficit fiscal endeudando a la Nación, las provincias y los municipios.
La segunda es un repaso de lo que muchos ya dijeron respecto de los artículos 23 y 24. ¿Cuál será el impacto que tendrá esta iniciativa en las mutuales y cooperativas? Hay que efectivizar mayores controles, es verdad. Quienes fuimos intendentes, siempre andamos detrás del código de las mutuales; pero, si se controla, no hay otro final que no sea el que establece la Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales: el sistema es solidario y no provoca ganancias sino utilidades que decididamente son volcadas al propio sistema cooperativo y mutualista.
Solicitamos que saquen estos dos artículos. En la Argentina hay 5 millones de asociados. Los clubes aportan 420 millones y dan trabajo registrado a 60.000 personas. Si el excedente que manifiestan lo sacan, estarán contribuyendo a quitar una herramienta enorme que tienen los trabajadores y, sobre todo, quienes perciben los ingresos más bajos de nuestro pueblo para acceder hasta a una garrafa en los pueblos más pequeños.
Por eso solicitamos que se excluyan estos dos artículos y, obviamente, que se controle como se debe. Incluso, pedimos que se proceda al cierre cuando se haya violado el espíritu de las leyes que consagran a mutuales y cooperativas; pero no conformen un relato ficticio. La gente la está pasando mal y el gobierno, con estas medidas tomadas por fuera del pueblo, contribuye a esa situación. Por eso hablo como diputado de la Nación, como representante del pueblo. Escuché al ministro y al viceministro hablar de las cuentas públicas y de cómo reducir el déficit; pero no hablan del pueblo, pese a que las decisiones de este Congreso de la Nación impactan decididamente sobre él.
Represento a un bloque que no va a acompañar ninguna cuestión que afecte los intereses consagrados a nuestros jubilados, a nuestros mayores y, fundamentalmente, a la clase trabajadora.
En realidad, estamos hablando de un paquete de leyes que me hace acordar al blanqueo. En verdad, señor presidente, es muy reiterativo su gobierno al presentar un paquete de leyes cuyo significado es casi imposible de traducir hacia el pueblo.
El otro día escuchaba a quien fue ministro de Educación, y hoy es senador, manifestarse claramente respecto de mandar un paquete para sacar todo lo que el oficialismo hoy quiere como gobierno.
Esto se ha tornado una práctica habitual en el Congreso y obviamente lo exprés se nota en diciembre, un mes muy particular que han tomado para meter la mano en el bolsillo de los jubilados y precarizar a los trabajadores. Esto está a la vista por todo lo que he escuchado, donde permanentemente se estuvo denostando, por ejemplo, a los abogados laboralistas de la Argentina.
Si hablamos de trabajadores, por lo general durante estos dos años se los ha denostado no solo en la actividad privada sino también en la actividad pública. Los docentes, los empleados de Vialidad Nacional y otros trabajadores públicos han sentido, en algunos momentos, un sentimiento de desprecio por parte del gobierno. Por eso hablan con tanta facilidad de cerrar el déficit fiscal -decididamente a costa de los trabajadores, precarizándolos- y ponen en vilo a no sé cuántos trabajadores públicos. ¿Saben lo que es eso? Tal vez, el gobierno al que usted representa, señor presidente, no ha sentido en carne propia lo que siente un trabajador cuando se desestabiliza su situación familiar en el mes de diciembre ante la posibilidad de perder el empleo, ni el dolor que eso implica.
Tampoco hay precisiones. El señor ministro, antes de irse, habló de términos conceptuales. Lo anoté, porque me pareció muy importante. Se trata de una reforma muy profunda, como han manifestado, de inseguridades en todos los aspectos e inclusive hacia los Estados provinciales.
El instituto técnico y económico Fundación Abdala -creo que ése es el nombre-, en un estudio manifiesta que las provincias se encuentran en uno de los peores momentos desde la vuelta a la democracia. Con déficits que van del 5 al 20 por ciento, solamente algunas pueden exhibir un empate entre ingresos y gastos. Esta es la realidad.
Cuando hablan de consenso, me parece que hay una presión muy fuerte hacia las provincias y hacia los gobernadores. Inclusive, cuando dicen a los gobernadores que deben dejar de cobrar impuestos, están avasallando la autonomía de las provincias. Lo manifiestan claramente cuando afirman que deben bajar los ingresos brutos porque eso beneficia la posibilidad de inversión, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos.
Entonces, uno se pregunta si hablar de consensos no es un maquillaje, porque la realidad es otra: "tarifazos" en el mes de diciembre, sobre todo en combustibles y en energía; "tarifazos" en el transporte público; "tarifazos" en las obras sociales, etcétera.
Esto tiene como correlato los últimos dos años. Durante los primeros seis meses, aquí se dijo que habría un derrame y que así se combatiría la pobreza. Ahora, esta terminología ha dejado de estar en el léxico del oficialismo. Ya no lo tienen en carpeta; evidentemente, tanto lo manifestaron que lo gastaron. En realidad, creo que le mintieron al pueblo argentino porque hay más pobres y la precarización del salario es mayor aún en esta etapa.
Por eso, pregunto al viceministro si es posible cerrar el déficit fiscal endeudando a la República Argentina; particularmente a las provincias, que han sido llevadas de la mano de la Nación a contraer deudas en dólares siendo que tanto una como otras tienen pesos.
Esto que el oficialismo llama "gradualidad", decididamente tiene un impacto en los próximos años. No me cabe la menor duda, porque las provincias y los municipios lo tendrán que afrontar. Entonces, cierra la cuestión del déficit fiscal con deuda, con trabajadores en la calle, con recesión absoluta y con el pueblo fuera de lo que está planteando.
Podrán decir que ganaron las elecciones, pero eso no da derecho a hacer lo que uno quiere en el gobierno. Ganaron con el 42 por ciento de los votos, pero el 58 por ciento votó en contra de su proyecto político. Esto, me parece que hay que manifestarlo.
En verdad, más de una vez me sorprendo porque escucho al pueblo y muchos creen que viven una ficción. El gobierno avanza y retrocede permanentemente, en muchos casos incluso engañando. Tal es el caso del impuesto a las ganancias, ya que se duplicó la cantidad de trabajadores alcanzados. Son casi 2.200.000 los trabajadores que pagan este impuesto, contra un millón que lo hacía hasta 2015. Esta es la verdad; los números son incontrastables.
También hay algunas cuestiones que hacen a la construcción de un relato. Nunca escuché de parte del gobierno que usted representa, señor presidente, las palabras "inclusión" y "derechos". Hablan de estándares y de cómo cierran los números, expresiones absolutamente "antisolidarias" ante el pueblo trabajador. Ahora, para desestabilizar a las familias, deciden en el mes de diciembre meter la mano en el bolsillo de los jubilados. Es una canallada, es criminal. El presidente dice que todos debemos hacer el esfuerzo, pero ¿es posible pedir un esfuerzo a quien gana 7.000 pesos por mes, que le han quitado el ciento por ciento de la cobertura del PAMI para los remedios y además paga alquiler? ¿Es posible pedir un esfuerzo a quien gana la mitad de lo que cuesta la canasta familiar, que es de alrededor de 15.000 pesos? No tiene nombre; no tiene ni pies ni cabeza. Esto tendría que explicarlo hoy y para siempre su gobierno, señor presidente.
Para terminar, tengo dos preguntas. La primera, si es posible, como ustedes creen, cerrar el déficit fiscal endeudando a la Nación, las provincias y los municipios.
La segunda es un repaso de lo que muchos ya dijeron respecto de los artículos 23 y 24. ¿Cuál será el impacto que tendrá esta iniciativa en las mutuales y cooperativas? Hay que efectivizar mayores controles, es verdad. Quienes fuimos intendentes, siempre andamos detrás del código de las mutuales; pero, si se controla, no hay otro final que no sea el que establece la Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales: el sistema es solidario y no provoca ganancias sino utilidades que decididamente son volcadas al propio sistema cooperativo y mutualista.
Solicitamos que saquen estos dos artículos. En la Argentina hay 5 millones de asociados. Los clubes aportan 420 millones y dan trabajo registrado a 60.000 personas. Si el excedente que manifiestan lo sacan, estarán contribuyendo a quitar una herramienta enorme que tienen los trabajadores y, sobre todo, quienes perciben los ingresos más bajos de nuestro pueblo para acceder hasta a una garrafa en los pueblos más pequeños.
Por eso solicitamos que se excluyan estos dos artículos y, obviamente, que se controle como se debe. Incluso, pedimos que se proceda al cierre cuando se haya violado el espíritu de las leyes que consagran a mutuales y cooperativas; pero no conformen un relato ficticio. La gente la está pasando mal y el gobierno, con estas medidas tomadas por fuera del pueblo, contribuye a esa situación. Por eso hablo como diputado de la Nación, como representante del pueblo. Escuché al ministro y al viceministro hablar de las cuentas públicas y de cómo reducir el déficit; pero no hablan del pueblo, pese a que las decisiones de este Congreso de la Nación impactan decididamente sobre él.
Represento a un bloque que no va a acompañar ninguna cuestión que afecte los intereses consagrados a nuestros jubilados, a nuestros mayores y, fundamentalmente, a la clase trabajadora.
SR. PRESIDENTE LASPINA Nosotros tampoco lo haríamos.
Tiene la palabra el señor diputado Grana.
Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: ante todo, lamentamos el tratamiento de este tema. Creemos que es muy necesario insistir en esto: estamos considerando un proyecto de extrema complejidad. Más allá de las ideas que cada uno trae, es absolutamente necesario discutirlas porque tienen que ver con las verdades relativas que cada uno fue construyendo. Luego, en el debate alguien se puede encontrar con que está equivocado, como le pasó al secretario, quien en 2010 opinaba una cosa y hoy opina otra -lo cual es absolutamente lícito- respecto del impacto que tienen estas políticas en la generación de trabajo.
Seguramente, en el intercambio de ideas con otros colegas, ha cambiado de opinión. Está bien y le podría pasar a cualquiera de nosotros en un debate genuino al cual estamos dispuestos. Ese debate no se puede hacer en veinticuatro horas. Por lo tanto, uno se afianza sobre sus verdades relativas.
Aquí hace falta una discusión que no sea solo entre nosotros. Tal como dijeron otros colegas diputados, faltan opiniones por fuera de los partidos con representación parlamentaria: de las organizaciones sociales, de las organizaciones empresariales, de los gremios, de los sindicatos y de una cantidad de actores de nuestra patria que también merecen ser parte del debate de leyes tan importantes como el que vamos a asumir de manera exprés en este mes de diciembre.
A esto debemos sumar la discusión sobre el presupuesto de la Nación, que también habrá que tratar de manera exprés en los próximos treinta días. No nos quejamos por el esfuerzo; no tenemos problema y podemos venir todos los días, porque para eso somos representantes del pueblo, pero creo que acá faltan algunas opiniones.
Para tomar decisiones con respecto a estas iniciativas hay que consultar a más sectores, a fin de lograr instrumentos legislativos que cuenten no solamente con la aprobación formal que pueden tener en el Parlamento sino también con la legitimidad de haber sido parte de un proceso de discusión. De esta manera, esas normativas tendrán la legitimidad y la profundidad deseadas, como aquí se ha expresado.
Por otra parte, lamento que el señor ministro, ante tamaña discusión -como él mismo reconoció-, no haya tenido el tiempo de escuchar a las diputadas y los diputados. Debe estar apurado por otras cosas y no solamente por el tratamiento de este proyecto de ley. Que se haya retirado, en principio no ayuda a que también él pudiera escuchar al resto de las opiniones que apretadamente estamos generando. Entiendo que debe tener otros compromisos, pero la discusión en el Parlamento sobre leyes del pueblo debería ser una prioridad para cualquier funcionario.
Ahora bien, respecto de estas reformas y, fundamentalmente, de la tributaria -que es la que nos toca debatir en esta oportunidad-, coincido con la infinidad de voces que sostienen que no puede ser tratada individualmente y sin tener presente el conjunto de medidas que está llevando adelante el gobierno.
Esta reforma tributaria viene con algunas ideas fuerza -que el señor diputado Solanas recalcó como conceptuales, reiterando la expresión utilizada por el señor ministro al principio de la reunión- absolutamente coherentes con las políticas económicas generadas en estos dos años de gobierno de Mauricio Macri; esto no podemos negarlo.
Vemos otra vez cómo se achica la capacidad recaudatoria del Estado; lo vimos ya cuando se quitaron las retenciones al agro y a las mineras, desfinanciando la caja del Estado y, por lo tanto, su capacidad de hacer. Digo esto porque, cuando se habla de la caja del Estado, no se habla de una caja fuerte donde se guarda la plata sino de su capacidad de hacer. Entonces, cuando se perdona a los ricos, el rol fundamental del Estado -que es corregir las asimetrías que genera el mercado- se ve alterado y los sectores populares quedan desguarnecidos, porque no hay plata para los servicios básicos -salud y educación- que son utilizados por la mayoría del pueblo argentino. En ese sentido, acá se dieron ejemplos muy fuertes.
Esta reforma tributaria viene a agravar esa situación. Cada propuesta realizada durante estos dos años tuvo adelante la zanahoria de que había que generar mejores condiciones para que las inversiones pudieran llegar a la Argentina. Desde el blanqueo hasta el pago a los fondos "buitre", todas las decisiones tenían por objeto ganar credibilidad y facilitar la llegada de las inversiones. Sin embargo, las inversiones no vienen. No es que no vino una llovizna; la cuestión es que hay cada vez menos inversiones. En 2016 hubo menos inversión extranjera directa y en 2017 -en lo que va acumulado del año-, menos que en 2016.
Hicimos -hizo el oficialismo, porque nosotros nos opusimos- todas las reformas "promercado" para que vengan las inversiones; pero ni las productivas ni las de servicios llegaron. Sí vinieron las inversiones financieras.
Hay seis veces más inversiones financieras que productivas y de servicios. Esto sucede, entre otras cosas, porque se meten en la timba financiera que genera el gobierno nacional y de esa manera, con nada, ganan un montón de plata. Para los argentinos, no queda nada.
Este año se van a pagar 360.000 millones de pesos en intereses por las LEBAC. Si las medidas de este gobierno durante estos años no hubiesen sido para apostar a la timba financiera, recibiendo inversiones de otro tipo hoy podríamos estar tratando de invertir estos 360.000 millones en cuestiones que acá parecen ser absolutamente necesarias.
No tenemos los números exactos, pero se está hablando de que el año que viene habrá 100.000 millones de pesos menos en la ANSES, esto es, un tercio de lo que se está pagando por las LEBAC. Para el pago de los intereses de la deuda que ha hecho crecer exponencialmente uno de los endeudadores seriales del mundo, el presupuesto destina 260.000 millones de pesos; es decir, el doble de lo que se está ajustando a nuestros jubilados.
En esta reforma tributaria lo más importante, lo más fuerte o lo que tiene más peso es el tema de los aportes patronales. Al rebajarlos, estarán generando otra vez un desfinanciamiento enorme del Estado. Esa plata que no es de los empresarios; es de los trabajadores. Es la porción del sueldo bruto del trabajador que deposita el empresario; entonces, allí también hay transferencia de riqueza.
Esta reforma tiene una dosis de gran inequidad también hacia adentro de los sectores, inclusive del empresarial. Una pyme con diez empleados y un sueldo promedio de 20.000 pesos, según la reforma propuesta podrá ahorrar durante 2018 unos 320 pesos por empleado. Es decir que el empresario -achicando el costo, como dicen- se quedará con 3.200 pesos que antes no tenía.
Ahora bien, resulta ser que una empresa con más de cien personas se va a quedar no con 320 sino con 557 pesos por empleado, porque lo que se está haciendo es equiparar las alícuotas entre los más chicos y los más grandes. Es decir que otra vez se ven beneficiados los sectores más ricos e importantes, que es lo que ha venido haciendo el gobierno durante todo este tiempo.
Nos hubiera interesado que esto se discuta durante la campaña electoral; pero se negaron permanentemente a discutir sobre la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional. ¿Saben por qué? Porque nosotros íbamos a decir, como en esta oportunidad, que nos opondríamos por las razones que siempre expusimos durante los dos años de gobierno de Mauricio Macri. Entonces, no iban a poder decir lo que ahora están diciendo.
En 2015 dijeron que no iban a devaluar. Durante aquel famoso debate televisivo entre Scioli y Macri, el presidente de la Nación le preguntó: ¿quién te dijo que vamos a devaluar? ¿Un panelista de 678? Siete días después de asumir, el gobierno devaluó. En una semana se dio cuenta que debía rectificar lo que había dicho durante la campaña. Aquí vemos otro cambio rápido de opinión entre lo que se dice en la campaña y lo que se hace después siendo gobierno.
Entonces, tenemos que discutir esto de manera exprés y corriendo, sin que el pueblo pueda participar. Lo mismo ocurrió durante la campaña electoral; quizás, si se hubiera discutido, los resultados serían distintos, la composición de la Cámara sería otra y esto no estaría pasando.
No voy a hacer preguntas porque, con el poco tiempo que tenemos, me voy a parar sobre la verdad relativa que desde el Frente para la Victoria y el PJ construimos respecto de estas cuestiones que ya presentamos en la campaña electoral a lo largo y ancho del país. No tengo dudas de lo que va a pasar y por eso vamos a votar en contra.
Recomiendo a los señores secretarios que digan al señor ministro, para que a su vez se lo transmita al señor presidente de la Nación, una frase que no es mía pero me parece un buen consejo, ya que todas las cosas que vienen haciendo van a dirección contraria a lo que dicen pretender. Pertenece a Albert Einstein y dice: es imposible obtener resultados distintos cuando se hacen siempre las mismas cosas. En los años 90 y en todos los lugares del mundo donde se pusieron en práctica estas medidas, no funcionaron. Entonces, por favor, cambien de opinión. (Aplausos.)
Seguramente, en el intercambio de ideas con otros colegas, ha cambiado de opinión. Está bien y le podría pasar a cualquiera de nosotros en un debate genuino al cual estamos dispuestos. Ese debate no se puede hacer en veinticuatro horas. Por lo tanto, uno se afianza sobre sus verdades relativas.
Aquí hace falta una discusión que no sea solo entre nosotros. Tal como dijeron otros colegas diputados, faltan opiniones por fuera de los partidos con representación parlamentaria: de las organizaciones sociales, de las organizaciones empresariales, de los gremios, de los sindicatos y de una cantidad de actores de nuestra patria que también merecen ser parte del debate de leyes tan importantes como el que vamos a asumir de manera exprés en este mes de diciembre.
A esto debemos sumar la discusión sobre el presupuesto de la Nación, que también habrá que tratar de manera exprés en los próximos treinta días. No nos quejamos por el esfuerzo; no tenemos problema y podemos venir todos los días, porque para eso somos representantes del pueblo, pero creo que acá faltan algunas opiniones.
Para tomar decisiones con respecto a estas iniciativas hay que consultar a más sectores, a fin de lograr instrumentos legislativos que cuenten no solamente con la aprobación formal que pueden tener en el Parlamento sino también con la legitimidad de haber sido parte de un proceso de discusión. De esta manera, esas normativas tendrán la legitimidad y la profundidad deseadas, como aquí se ha expresado.
Por otra parte, lamento que el señor ministro, ante tamaña discusión -como él mismo reconoció-, no haya tenido el tiempo de escuchar a las diputadas y los diputados. Debe estar apurado por otras cosas y no solamente por el tratamiento de este proyecto de ley. Que se haya retirado, en principio no ayuda a que también él pudiera escuchar al resto de las opiniones que apretadamente estamos generando. Entiendo que debe tener otros compromisos, pero la discusión en el Parlamento sobre leyes del pueblo debería ser una prioridad para cualquier funcionario.
Ahora bien, respecto de estas reformas y, fundamentalmente, de la tributaria -que es la que nos toca debatir en esta oportunidad-, coincido con la infinidad de voces que sostienen que no puede ser tratada individualmente y sin tener presente el conjunto de medidas que está llevando adelante el gobierno.
Esta reforma tributaria viene con algunas ideas fuerza -que el señor diputado Solanas recalcó como conceptuales, reiterando la expresión utilizada por el señor ministro al principio de la reunión- absolutamente coherentes con las políticas económicas generadas en estos dos años de gobierno de Mauricio Macri; esto no podemos negarlo.
Vemos otra vez cómo se achica la capacidad recaudatoria del Estado; lo vimos ya cuando se quitaron las retenciones al agro y a las mineras, desfinanciando la caja del Estado y, por lo tanto, su capacidad de hacer. Digo esto porque, cuando se habla de la caja del Estado, no se habla de una caja fuerte donde se guarda la plata sino de su capacidad de hacer. Entonces, cuando se perdona a los ricos, el rol fundamental del Estado -que es corregir las asimetrías que genera el mercado- se ve alterado y los sectores populares quedan desguarnecidos, porque no hay plata para los servicios básicos -salud y educación- que son utilizados por la mayoría del pueblo argentino. En ese sentido, acá se dieron ejemplos muy fuertes.
Esta reforma tributaria viene a agravar esa situación. Cada propuesta realizada durante estos dos años tuvo adelante la zanahoria de que había que generar mejores condiciones para que las inversiones pudieran llegar a la Argentina. Desde el blanqueo hasta el pago a los fondos "buitre", todas las decisiones tenían por objeto ganar credibilidad y facilitar la llegada de las inversiones. Sin embargo, las inversiones no vienen. No es que no vino una llovizna; la cuestión es que hay cada vez menos inversiones. En 2016 hubo menos inversión extranjera directa y en 2017 -en lo que va acumulado del año-, menos que en 2016.
Hicimos -hizo el oficialismo, porque nosotros nos opusimos- todas las reformas "promercado" para que vengan las inversiones; pero ni las productivas ni las de servicios llegaron. Sí vinieron las inversiones financieras.
Hay seis veces más inversiones financieras que productivas y de servicios. Esto sucede, entre otras cosas, porque se meten en la timba financiera que genera el gobierno nacional y de esa manera, con nada, ganan un montón de plata. Para los argentinos, no queda nada.
Este año se van a pagar 360.000 millones de pesos en intereses por las LEBAC. Si las medidas de este gobierno durante estos años no hubiesen sido para apostar a la timba financiera, recibiendo inversiones de otro tipo hoy podríamos estar tratando de invertir estos 360.000 millones en cuestiones que acá parecen ser absolutamente necesarias.
No tenemos los números exactos, pero se está hablando de que el año que viene habrá 100.000 millones de pesos menos en la ANSES, esto es, un tercio de lo que se está pagando por las LEBAC. Para el pago de los intereses de la deuda que ha hecho crecer exponencialmente uno de los endeudadores seriales del mundo, el presupuesto destina 260.000 millones de pesos; es decir, el doble de lo que se está ajustando a nuestros jubilados.
En esta reforma tributaria lo más importante, lo más fuerte o lo que tiene más peso es el tema de los aportes patronales. Al rebajarlos, estarán generando otra vez un desfinanciamiento enorme del Estado. Esa plata que no es de los empresarios; es de los trabajadores. Es la porción del sueldo bruto del trabajador que deposita el empresario; entonces, allí también hay transferencia de riqueza.
Esta reforma tiene una dosis de gran inequidad también hacia adentro de los sectores, inclusive del empresarial. Una pyme con diez empleados y un sueldo promedio de 20.000 pesos, según la reforma propuesta podrá ahorrar durante 2018 unos 320 pesos por empleado. Es decir que el empresario -achicando el costo, como dicen- se quedará con 3.200 pesos que antes no tenía.
Ahora bien, resulta ser que una empresa con más de cien personas se va a quedar no con 320 sino con 557 pesos por empleado, porque lo que se está haciendo es equiparar las alícuotas entre los más chicos y los más grandes. Es decir que otra vez se ven beneficiados los sectores más ricos e importantes, que es lo que ha venido haciendo el gobierno durante todo este tiempo.
Nos hubiera interesado que esto se discuta durante la campaña electoral; pero se negaron permanentemente a discutir sobre la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional. ¿Saben por qué? Porque nosotros íbamos a decir, como en esta oportunidad, que nos opondríamos por las razones que siempre expusimos durante los dos años de gobierno de Mauricio Macri. Entonces, no iban a poder decir lo que ahora están diciendo.
En 2015 dijeron que no iban a devaluar. Durante aquel famoso debate televisivo entre Scioli y Macri, el presidente de la Nación le preguntó: ¿quién te dijo que vamos a devaluar? ¿Un panelista de 678? Siete días después de asumir, el gobierno devaluó. En una semana se dio cuenta que debía rectificar lo que había dicho durante la campaña. Aquí vemos otro cambio rápido de opinión entre lo que se dice en la campaña y lo que se hace después siendo gobierno.
Entonces, tenemos que discutir esto de manera exprés y corriendo, sin que el pueblo pueda participar. Lo mismo ocurrió durante la campaña electoral; quizás, si se hubiera discutido, los resultados serían distintos, la composición de la Cámara sería otra y esto no estaría pasando.
No voy a hacer preguntas porque, con el poco tiempo que tenemos, me voy a parar sobre la verdad relativa que desde el Frente para la Victoria y el PJ construimos respecto de estas cuestiones que ya presentamos en la campaña electoral a lo largo y ancho del país. No tengo dudas de lo que va a pasar y por eso vamos a votar en contra.
Recomiendo a los señores secretarios que digan al señor ministro, para que a su vez se lo transmita al señor presidente de la Nación, una frase que no es mía pero me parece un buen consejo, ya que todas las cosas que vienen haciendo van a dirección contraria a lo que dicen pretender. Pertenece a Albert Einstein y dice: es imposible obtener resultados distintos cuando se hacen siempre las mismas cosas. En los años 90 y en todos los lugares del mundo donde se pusieron en práctica estas medidas, no funcionaron. Entonces, por favor, cambien de opinión. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Galiani.
SR. GALIANI Señor presidente: como el presidente Macri y todo el gobierno, creo que el diálogo es importante. Pero no tiene que ser dogmático, porque impide avanzar. La democracia tiene que ser deliberativa, no dogmática.
Se ha dado un montón de cifras totalmente incorrectas y no creo que sea porque no reconstituimos el INDEC, porque lo hicimos.
Por lo tanto, haré un racconto de los números verdaderos, pero antes quiero aclarar lo siguiente. Yo no cambié de opinión respecto de un artículo. Es una investigación que tenía un resultado. Después, cuando me preguntaron, expliqué por qué creía que se daba ese resultado y entendía que había una mejor forma de diseñar una política, y cité otros estudios. Entonces, en vez de descalificar por si cambié o no de opinión, un buen diálogo podría consistir en decir que no creen que esa sea una buena política por las razones que sean, basados en una evidencia concreta, que es lo que, me parece a mí, está faltando.
Este año, el motor del crecimiento ha sido la inversión; según las cifras del INDEC, se incrementó en un 10 por ciento. No es cierto que cada vez hay menos inversión. Hay más y esperamos que siga creciendo. Lo mismo ocurre con las exportaciones: entre 2011 y 2015 cayeron 30.000 millones de dólares y desde el año pasado se están recuperando. Las exportaciones industriales creciendo al 9 por ciento anual.
El empleo también está creciendo, mientras que el desempleo está bajando.
Lo más importante, porque sigue siendo objetivo del gobierno reducir la pobreza, es lo que ha ocurrido respecto de este indicador. La última medición de 2015, si la hacemos bien y en forma comparable a la que se hizo después, cuando se volvieron a recolectar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, arrojó que un 30,5 por ciento de nuestros compatriotas estaba debajo de la línea de pobreza. En el primer semestre de este año, si no recuerdo mal, se ubicó en el 27,6 por ciento.
Este año, las mayores subas de salarios y empleo se dieron en el segundo semestre, con lo cual es lógico anticipar para el segundo semestre del 2017 un índice de pobreza aún menor al 27,6 por ciento. Para el gobierno del presidente Macri, la reducción de la pobreza sigue siendo -en materia de indicadores socioeconómicos- el principal objetivo. No lo hemos abandonado y creemos que se logra con salarios más altos, que son sostenibles en el tiempo; no con políticas que llevan a cambios transitorios en los ingresos, que no lo son.
Si hay algo bien establecido en economía es que los salarios siguen a la productividad del trabajo. Eso es así en todas partes del mundo y en todos los períodos de tiempo. También sabemos que los países que se hicieron ricos son aquellos que desarrollaron incentivos a la inversión, al empleo y al comercio, y fomentaron el capitalismo. En cambio, a los países que se volcaron hacia políticas más socialistas les fue mal, con lo cual la evidencia no es la que se cita en este debate.
Pero, en cualquier caso, nosotros estamos proponiendo un paquete integral que viene a resolver problemas que tenemos. Necesitamos fomentar la inversión y el empleo para poder crecer y, con ese crecimiento, reducir el déficit.
Me han preguntado explícitamente si el déficit se puede reducir con deuda. En verdad, no entiendo la pregunta. Si hay algo que todos sabemos, porque es una identidad contable, es que el cambio en la deuda de un país es igual a su déficit fiscal. Si hoy estamos tomando deuda es porque heredamos un déficit del 6 por ciento. Para dejar de tomarla necesitamos bajar ese déficit; no hay otra forma, ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. El déficit fiscal, por definición, es igual a la nueva deuda a menos que se financie con el impuesto inflacionario.
Entonces, en ese camino estamos proponiendo la ley de responsabilidad fiscal y la reforma tributaria que pensamos que nos va a permitir controlar el gasto y crecer. Ese crecimiento, con el gasto controlado, va a hacer que el gasto, en términos del producto total, baje. Entonces, podremos disminuir el déficit fiscal en un contexto de crecimiento y esa situación nos permitirá seguir bajando la pobreza. Ese es el programa del presidente Macri; no otro.
Otra pregunta importante fue la relacionada con la evasión y, entonces, vale la pena que hablemos de todo lo que estamos haciendo para combatirla. Para ello, solicito a Andrés Edelstein que haga nuevamente uso de la palabra.
Se ha dado un montón de cifras totalmente incorrectas y no creo que sea porque no reconstituimos el INDEC, porque lo hicimos.
Por lo tanto, haré un racconto de los números verdaderos, pero antes quiero aclarar lo siguiente. Yo no cambié de opinión respecto de un artículo. Es una investigación que tenía un resultado. Después, cuando me preguntaron, expliqué por qué creía que se daba ese resultado y entendía que había una mejor forma de diseñar una política, y cité otros estudios. Entonces, en vez de descalificar por si cambié o no de opinión, un buen diálogo podría consistir en decir que no creen que esa sea una buena política por las razones que sean, basados en una evidencia concreta, que es lo que, me parece a mí, está faltando.
Este año, el motor del crecimiento ha sido la inversión; según las cifras del INDEC, se incrementó en un 10 por ciento. No es cierto que cada vez hay menos inversión. Hay más y esperamos que siga creciendo. Lo mismo ocurre con las exportaciones: entre 2011 y 2015 cayeron 30.000 millones de dólares y desde el año pasado se están recuperando. Las exportaciones industriales creciendo al 9 por ciento anual.
El empleo también está creciendo, mientras que el desempleo está bajando.
Lo más importante, porque sigue siendo objetivo del gobierno reducir la pobreza, es lo que ha ocurrido respecto de este indicador. La última medición de 2015, si la hacemos bien y en forma comparable a la que se hizo después, cuando se volvieron a recolectar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, arrojó que un 30,5 por ciento de nuestros compatriotas estaba debajo de la línea de pobreza. En el primer semestre de este año, si no recuerdo mal, se ubicó en el 27,6 por ciento.
Este año, las mayores subas de salarios y empleo se dieron en el segundo semestre, con lo cual es lógico anticipar para el segundo semestre del 2017 un índice de pobreza aún menor al 27,6 por ciento. Para el gobierno del presidente Macri, la reducción de la pobreza sigue siendo -en materia de indicadores socioeconómicos- el principal objetivo. No lo hemos abandonado y creemos que se logra con salarios más altos, que son sostenibles en el tiempo; no con políticas que llevan a cambios transitorios en los ingresos, que no lo son.
Si hay algo bien establecido en economía es que los salarios siguen a la productividad del trabajo. Eso es así en todas partes del mundo y en todos los períodos de tiempo. También sabemos que los países que se hicieron ricos son aquellos que desarrollaron incentivos a la inversión, al empleo y al comercio, y fomentaron el capitalismo. En cambio, a los países que se volcaron hacia políticas más socialistas les fue mal, con lo cual la evidencia no es la que se cita en este debate.
Pero, en cualquier caso, nosotros estamos proponiendo un paquete integral que viene a resolver problemas que tenemos. Necesitamos fomentar la inversión y el empleo para poder crecer y, con ese crecimiento, reducir el déficit.
Me han preguntado explícitamente si el déficit se puede reducir con deuda. En verdad, no entiendo la pregunta. Si hay algo que todos sabemos, porque es una identidad contable, es que el cambio en la deuda de un país es igual a su déficit fiscal. Si hoy estamos tomando deuda es porque heredamos un déficit del 6 por ciento. Para dejar de tomarla necesitamos bajar ese déficit; no hay otra forma, ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. El déficit fiscal, por definición, es igual a la nueva deuda a menos que se financie con el impuesto inflacionario.
Entonces, en ese camino estamos proponiendo la ley de responsabilidad fiscal y la reforma tributaria que pensamos que nos va a permitir controlar el gasto y crecer. Ese crecimiento, con el gasto controlado, va a hacer que el gasto, en términos del producto total, baje. Entonces, podremos disminuir el déficit fiscal en un contexto de crecimiento y esa situación nos permitirá seguir bajando la pobreza. Ese es el programa del presidente Macri; no otro.
Otra pregunta importante fue la relacionada con la evasión y, entonces, vale la pena que hablemos de todo lo que estamos haciendo para combatirla. Para ello, solicito a Andrés Edelstein que haga nuevamente uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE LASPINA Doy por concluida la reunión. Mañana continuaremos a las 10 de la mañana.
Pido a todos los señores diputados de los distintos bloques que deseen acompañar el dictamen de mayoría, que envíen a la Comisión de Presupuesto y Hacienda sus comentarios o modificaciones.
Como se dijo hoy, en base a los comentarios vertidos y a las modificaciones propuestas, trataremos de ampliar el proyecto de ley a fin de consensuar un dictamen.
Nos vemos mañana a la 10 de la mañana.
Pido a todos los señores diputados de los distintos bloques que deseen acompañar el dictamen de mayoría, que envíen a la Comisión de Presupuesto y Hacienda sus comentarios o modificaciones.
Como se dijo hoy, en base a los comentarios vertidos y a las modificaciones propuestas, trataremos de ampliar el proyecto de ley a fin de consensuar un dictamen.
Nos vemos mañana a la 10 de la mañana.
- Es la hora 18 y 13.