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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 20/12/2017
- PRESUPUESTO 2018- RESPONSABILIDAD CONS. FISCAL - IMPUESTOS Y DÉBITOS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre de 2017, a la hora 15 y 29:
SR. PRESIDENTE LASPINA Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del día de la fecha.
A continuación, voy a poner en consideración el primer tema del orden del día. Se trata del proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si no hay oradores, podemos pasar el tema a la firma.
A continuación, voy a poner en consideración el primer tema del orden del día. Se trata del proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si no hay oradores, podemos pasar el tema a la firma.
SR. PRESIDENTE LASPINA Trabajaremos sobre el proyecto de consenso fiscal y después sobre la iniciativa de responsabilidad fiscal.
Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Quiero aclarar nuevamente la posición compartida por nuestro bloque respecto del pacto firmado entre la Nación y no todas las provincias argentinas. El punto que marcamos ayer y que vale la pena repetir hoy es que nosotros creemos que los gobernadores -dado nuestro sistema de gobierno federal- tienen totales atribuciones y responsabilidades para tomar la decisión de entrar en este pacto y firmarlo. Sin embargo, creo que el pacto no ha sido cumplido con la ley que se sancionó en la sesión de la reforma previsional durante la mañana de ayer.
El pacto fiscal entre Nación y provincias plantea que los jubilados deben tener asegurado un incremento por encima de la inflación. Después podremos charlar sobre cuál es la mejor fórmula para lograrlo y si es con diferentes salvaguardas o condicionalidades, pero todos sabemos acá que lo que se votó en el Congreso de la Nación incumple el pacto firmado con las provincias, porque no asegura que se vayan a incrementar las jubilaciones, la AUH, las asignaciones familiares, las asignaciones por discapacidad y las pensiones para los ex combatientes. Con la fórmula que fue aprobada ayer, sabemos que se incumple el pacto fiscal y que no es verdad que mes a mes y año a año el resultado esté por encima de la inflación.
Sin entrometernos en consideraciones que no nos corresponden porque hacen a decisiones autónomas, soberanas y federales tomadas por los gobernadores que firmaron el pacto, no podemos dejar de hablar del contexto y las condicionalidades presentes que existieron para su firma. Ya lo dijimos aquí y en el recinto: esto empieza con una foto del presidente de la Corte Suprema de Justicia y una gobernadora que tenía uno de los tantos litigios -ni el más importante ni el más antiguo- respecto de la distribución de recursos entre Nación y cada una de las provincias, que fue la gobernadora Vidal, de la provincia de Buenos Aires, que aparece en una sugestiva y sugerente foto con Lorenzetti que todos los diarios interpretaron como que la Corte Suprema iba a fallar a favor de la provincia de Buenos Aires respecto de su reclamo del Fondo del Conurbano Bonaerense. Ese fallo significa que la provincia de Buenos Aires tendrá un incremento en los recursos cuya justicia y necesidad no cuestionamos, porque sabemos que todas las provincias argentinas están necesitadas de más recursos, sobre todo a partir de las decisiones y las políticas económicas del gobierno de Macri. Lo sabemos, así que nos parece muy bien que una provincia obtenga una mejora en la coparticipación; lo que no se puede admitir es que sea a expensas de las demás provincias argentinas. Lo que Vidal gana, sale de los magros e insuficientes recursos que reciben las restantes provincias.
Por lo tanto, esa fue la amenaza que explícitamente y a través de la prensa puso en movimiento la necesidad de hacer un nuevo pacto fiscal.
En conclusión -como ya hemos dicho varias veces-, nosotros vamos a presentar un dictamen por medio del cual vamos a indicar que es imposible separar los diferentes componentes del "paquetazo" de Macri, el que desde el inicio tiene como objetivo el saqueo de los jubilados.
Esto no es culpa de los gobernadores, que protegieron sus provincias, sus cajas y sus presupuestos. No es culpa de ellos sino de Macri, que saqueó a los jubilados y que incumplió el pacto fiscal. Así que ahora nos ponen ante la disyuntiva de qué hacer con un pacto fiscal que tiene una cláusula que, por decisión del Congreso de la Nación, está incumplida.
Por lo tanto, no vamos a acompañar ese pacto, porque no estamos de acuerdo con que los gobernadores lo hayan firmado en estado de condicionalidad. En ese sentido, el otro día hemos escuchado a un gobernador que hablaba de las diversas amenazas y condicionamientos que sufre permanentemente por parte del gobierno nacional; ese gobernador explicaba cómo los llamaban los ministros para conseguir que se voten las leyes.
Pues bien, así no funciona el sistema. Menos todavía nos pueden pedir a que convalidemos en el Congreso Nacional aquello que los gobernadores no querían que pasara: que las jubilaciones estuvieran por debajo de la inflación. Así que vamos a presentar un dictamen en esa dirección.
El pacto fiscal entre Nación y provincias plantea que los jubilados deben tener asegurado un incremento por encima de la inflación. Después podremos charlar sobre cuál es la mejor fórmula para lograrlo y si es con diferentes salvaguardas o condicionalidades, pero todos sabemos acá que lo que se votó en el Congreso de la Nación incumple el pacto firmado con las provincias, porque no asegura que se vayan a incrementar las jubilaciones, la AUH, las asignaciones familiares, las asignaciones por discapacidad y las pensiones para los ex combatientes. Con la fórmula que fue aprobada ayer, sabemos que se incumple el pacto fiscal y que no es verdad que mes a mes y año a año el resultado esté por encima de la inflación.
Sin entrometernos en consideraciones que no nos corresponden porque hacen a decisiones autónomas, soberanas y federales tomadas por los gobernadores que firmaron el pacto, no podemos dejar de hablar del contexto y las condicionalidades presentes que existieron para su firma. Ya lo dijimos aquí y en el recinto: esto empieza con una foto del presidente de la Corte Suprema de Justicia y una gobernadora que tenía uno de los tantos litigios -ni el más importante ni el más antiguo- respecto de la distribución de recursos entre Nación y cada una de las provincias, que fue la gobernadora Vidal, de la provincia de Buenos Aires, que aparece en una sugestiva y sugerente foto con Lorenzetti que todos los diarios interpretaron como que la Corte Suprema iba a fallar a favor de la provincia de Buenos Aires respecto de su reclamo del Fondo del Conurbano Bonaerense. Ese fallo significa que la provincia de Buenos Aires tendrá un incremento en los recursos cuya justicia y necesidad no cuestionamos, porque sabemos que todas las provincias argentinas están necesitadas de más recursos, sobre todo a partir de las decisiones y las políticas económicas del gobierno de Macri. Lo sabemos, así que nos parece muy bien que una provincia obtenga una mejora en la coparticipación; lo que no se puede admitir es que sea a expensas de las demás provincias argentinas. Lo que Vidal gana, sale de los magros e insuficientes recursos que reciben las restantes provincias.
Por lo tanto, esa fue la amenaza que explícitamente y a través de la prensa puso en movimiento la necesidad de hacer un nuevo pacto fiscal.
En conclusión -como ya hemos dicho varias veces-, nosotros vamos a presentar un dictamen por medio del cual vamos a indicar que es imposible separar los diferentes componentes del "paquetazo" de Macri, el que desde el inicio tiene como objetivo el saqueo de los jubilados.
Esto no es culpa de los gobernadores, que protegieron sus provincias, sus cajas y sus presupuestos. No es culpa de ellos sino de Macri, que saqueó a los jubilados y que incumplió el pacto fiscal. Así que ahora nos ponen ante la disyuntiva de qué hacer con un pacto fiscal que tiene una cláusula que, por decisión del Congreso de la Nación, está incumplida.
Por lo tanto, no vamos a acompañar ese pacto, porque no estamos de acuerdo con que los gobernadores lo hayan firmado en estado de condicionalidad. En ese sentido, el otro día hemos escuchado a un gobernador que hablaba de las diversas amenazas y condicionamientos que sufre permanentemente por parte del gobierno nacional; ese gobernador explicaba cómo los llamaban los ministros para conseguir que se voten las leyes.
Pues bien, así no funciona el sistema. Menos todavía nos pueden pedir a que convalidemos en el Congreso Nacional aquello que los gobernadores no querían que pasara: que las jubilaciones estuvieran por debajo de la inflación. Así que vamos a presentar un dictamen en esa dirección.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Gioja.
SR. GIOJA En la misma línea de lo recién expresado, voy a hacer alguna diferenciación y algunos comentarios.
Quien habla ha sido tres veces gobernador de la provincia de San Juan. En doce años no firmamos nunca un pacto fiscal, y no hubo necesidad de firmar pactos fiscales. Sí hubo acuerdos de provincias específicas con la Nación por algún tema en particular, pero no hubo pactos fiscales que tan abarcativos como este. Y digo esto sin mandar al frente a ningún gobernador.
Señor presidente: le pido que por favor me escuche.
Tenemos entendido que cuando se discutió el tema previsional en relación con el pacto fiscal, el Poder Ejecutivo con mucha vehemencia quería que los gobernadores pusiesen el "gancho" para que se pudiera cambiar la fórmula de movilidad en el sistema previsional. Pero nadie explicó acabadamente cómo era y de qué se trataba lo que finalmente se llamó reforma previsional, que yo creo que es un ajuste previsional.
En lo que respecta al tema previsional, como muy bien dijo acá el señor diputado Kicillof, por lo que establece el inciso j) de ese acuerdo no se va a cumplir con el objetivo de que el haber sea superior a la inflación en la movilidad que van a calcular. Esto no va a ser así porque ese 30 por ciento del RIPTE sin duda va a ser a la baja en función de la inflación que calculan y, por sobre todas las cosas, en función de que el costo de la canasta de un jubilado no es igual a la de la población en general. Esto, por el valor de los medicamentos y de los servicios de salud, y también por el de los alimentos, cuyos aumentos siempre están por encima de la inflación media, es decir, del índice que mide la variación de precios. Con lo cual, eso no se va a cumplir.
También quiero decir que fue un trámite exprés. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, no pasó por la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado, donde están los representantes de las provincias. Lamentablemente, no hubo ningún despacho de esa comisión, ni siquiera una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por supuesto que no estoy en contra del gobernador de mi provincia por haberlo firmado. Comparto los apuros del Ejecutivo nacional, que sin duda se instalaron en las provincias ante la novedad del reclamo de la provincia de Buenos Aires. Es un reclamo justo porque se congelaron los 600 millones del Fondo del Conurbano con una parte del impuesto a las ganancias. Obviamente, con la inflación creció el resto que iba a las provincias, y la provincia de Buenos Aires quedó firme ahí. Lo que tendría que haber pasado es que la Nación tendría que haberse hecho cargo de lo que reclamaba la provincia de Buenos Aires, en lugar de amenazar a las provincias y a los gobernadores con una decisión judicial les iba a quitar los miles de pesos que cobraban de ganancias y la consecuente pérdida para la provincia. De esa manera los tentaban para firmar dicho pacto.
Quiero que se entienda en qué condiciones se firmó. No estamos negando de ninguna manera la voluntad de los gobernadores, que soberanamente pueden firmarlo. Lo que sí digo es que hubo una composición de lugar y un contexto absolutamente artificial en el que si no se firmaba, se iba a la horca. Quien es gobernador de su provincia quiere que sus empleados cobren y que sus obras las financie la Nación, como corresponde, sin extorsión de quien gobierna la Nación. Un gobernador necesita un buen federalismo y que se aplique la coparticipación, en lugar de que se modifique mediante pactos fiscales.
Le voy a pedir que me escuche, señor presidente. Después mira sus papeles, pero es importante que nos metamos en el tema. En la década de los 90 -en la que yo también fui diputado nacional- Cavallo nos metió una zanahoria grandota: nos transfirió los servicios educativos y hospitalarios a las provincias. Estaban todos "chochos" porque los iban a manejar las provincias, pero nos engañó porque no mandó los fondos y las provincias tuvieron que hacerse. Ahí perdimos considerables sumas de dinero.
Cuando era senador, sancionamos un proyecto para que nos devolvieran esos recursos a las provincias. Por supuesto, cuando vino a Diputados no se sancionó. No importa quién estuvo, pero la crítica es que estuvo mal. Ahora Cavallo los asesora a ustedes muchachos, no jodamos. Los hombres que tenía Cavallo, están con ustedes. Si no, díganme quién era el presidente del Banco Central. Él los asesora y ustedes se quedan callados.
Nosotros rescatamos la inquietud de los gobernadores. Lo que condenamos es la especulación y el apriete que se hace desde la Nación para que estos pactos fiscales se firmen. (Aplausos.)
Quien habla ha sido tres veces gobernador de la provincia de San Juan. En doce años no firmamos nunca un pacto fiscal, y no hubo necesidad de firmar pactos fiscales. Sí hubo acuerdos de provincias específicas con la Nación por algún tema en particular, pero no hubo pactos fiscales que tan abarcativos como este. Y digo esto sin mandar al frente a ningún gobernador.
Señor presidente: le pido que por favor me escuche.
Tenemos entendido que cuando se discutió el tema previsional en relación con el pacto fiscal, el Poder Ejecutivo con mucha vehemencia quería que los gobernadores pusiesen el "gancho" para que se pudiera cambiar la fórmula de movilidad en el sistema previsional. Pero nadie explicó acabadamente cómo era y de qué se trataba lo que finalmente se llamó reforma previsional, que yo creo que es un ajuste previsional.
En lo que respecta al tema previsional, como muy bien dijo acá el señor diputado Kicillof, por lo que establece el inciso j) de ese acuerdo no se va a cumplir con el objetivo de que el haber sea superior a la inflación en la movilidad que van a calcular. Esto no va a ser así porque ese 30 por ciento del RIPTE sin duda va a ser a la baja en función de la inflación que calculan y, por sobre todas las cosas, en función de que el costo de la canasta de un jubilado no es igual a la de la población en general. Esto, por el valor de los medicamentos y de los servicios de salud, y también por el de los alimentos, cuyos aumentos siempre están por encima de la inflación media, es decir, del índice que mide la variación de precios. Con lo cual, eso no se va a cumplir.
También quiero decir que fue un trámite exprés. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, no pasó por la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado, donde están los representantes de las provincias. Lamentablemente, no hubo ningún despacho de esa comisión, ni siquiera una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por supuesto que no estoy en contra del gobernador de mi provincia por haberlo firmado. Comparto los apuros del Ejecutivo nacional, que sin duda se instalaron en las provincias ante la novedad del reclamo de la provincia de Buenos Aires. Es un reclamo justo porque se congelaron los 600 millones del Fondo del Conurbano con una parte del impuesto a las ganancias. Obviamente, con la inflación creció el resto que iba a las provincias, y la provincia de Buenos Aires quedó firme ahí. Lo que tendría que haber pasado es que la Nación tendría que haberse hecho cargo de lo que reclamaba la provincia de Buenos Aires, en lugar de amenazar a las provincias y a los gobernadores con una decisión judicial les iba a quitar los miles de pesos que cobraban de ganancias y la consecuente pérdida para la provincia. De esa manera los tentaban para firmar dicho pacto.
Quiero que se entienda en qué condiciones se firmó. No estamos negando de ninguna manera la voluntad de los gobernadores, que soberanamente pueden firmarlo. Lo que sí digo es que hubo una composición de lugar y un contexto absolutamente artificial en el que si no se firmaba, se iba a la horca. Quien es gobernador de su provincia quiere que sus empleados cobren y que sus obras las financie la Nación, como corresponde, sin extorsión de quien gobierna la Nación. Un gobernador necesita un buen federalismo y que se aplique la coparticipación, en lugar de que se modifique mediante pactos fiscales.
Le voy a pedir que me escuche, señor presidente. Después mira sus papeles, pero es importante que nos metamos en el tema. En la década de los 90 -en la que yo también fui diputado nacional- Cavallo nos metió una zanahoria grandota: nos transfirió los servicios educativos y hospitalarios a las provincias. Estaban todos "chochos" porque los iban a manejar las provincias, pero nos engañó porque no mandó los fondos y las provincias tuvieron que hacerse. Ahí perdimos considerables sumas de dinero.
Cuando era senador, sancionamos un proyecto para que nos devolvieran esos recursos a las provincias. Por supuesto, cuando vino a Diputados no se sancionó. No importa quién estuvo, pero la crítica es que estuvo mal. Ahora Cavallo los asesora a ustedes muchachos, no jodamos. Los hombres que tenía Cavallo, están con ustedes. Si no, díganme quién era el presidente del Banco Central. Él los asesora y ustedes se quedan callados.
Nosotros rescatamos la inquietud de los gobernadores. Lo que condenamos es la especulación y el apriete que se hace desde la Nación para que estos pactos fiscales se firmen. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Bazze.
SR. BAZZE Señor presidente: con sinceridad y responsabilidad debo decir que estamos muy satisfechos al venir a tratar este proyecto que, sin dudas, creemos que que viene a reparar problemas graves de la Argentina, y particularmente -en mi caso- de la provincia de Buenos Aires.
No coincido con algunas de las cuestiones que se acaban de plantear. Primero, no coincido de ninguna manera con que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires haya presionado a la Corte o al resto de las provincias.
La verdad es que venimos haciendo desde hace muchos años este planteo de resolver la postergación que padecía la provincia de Buenos Aires a partir de la distribución de los fondos del impuesto a las ganancias, que todos sabemos que es absolutamente injusta.
Desde la oposición permanentemente veníamos planteando en distintos ámbitos -en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación y en particular en esta Cámara de Diputados-, que debía reformarse esa situación. Incluso lo hacíamos pensando en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pertenecía al mismo partido político del gobierno nacional, debía contar con más recursos para administrar de manera distinta la provincia de Buenos Aires.
Lamentablemente, los diputados oficialistas y el propio gobierno de Buenos Aires no acompañaron el pedido que desde la oposición hacíamos para favorecer al gobierno bonaerense, y se alinearon a los mandatos políticos del gobierno nacional, que les impuso determinadas condiciones, seguramente vinculadas a la interna política del entonces partido oficialista. Pero lo cierto es que con esta situación la provincia de Buenos Aires estaba postergada como Estado.
Pero el problema no es que simplemente se postergaba el Estado bonaerense, sino que esto significaba un importante agravio, un gran inconveniente para los habitantes que menos tienen en el Gran Buenos Aires.
Esta limitación económica que padecía la provincia implicaba -o implicó hasta acá- la imposibilidad de avanzar en cuestiones de infraestructura vinculadas a la cuestión social. Dicho de otra manera, esto significó la imposibilidad de avanzar en la resolución de la pobreza estructural que padecen millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires.
No se podía o no se pudo avanzar hasta acá en la solución, precisamente porque la provincia no contaba con los recursos que le correspondían. Aclaro que no contaba con esos fondos por decisión del gobierno nacional y del propio gobierno provincial, que acataba las órdenes recibidas del gobierno nacional.
En verdad no coincido de ninguna manera con lo que acaba de decir el señor diputado Gioja, a quien respeto mucho. Pienso que no es cierto -como él dice- que en la Argentina los gobernadores no necesitaban un acuerdo de esta naturaleza. Creo que todos los argentinos, y los gobernadores en particular, necesitábamos desde hace mucho tiempo un pacto de esta índole.
Precisábamos un acuerdo como este porque lo que pasaba era que el entonces señor ministro de Planificación de la Nación -actual diputado nacional hoy detenido por hechos de corrupción-, administraba como quería los recursos para cada una de las provincias en función de la sumisión política que cada gobernador le hiciera llegar al Poder Ejecutivo nacional.
Dicho de otra manera, distribuían las obras y los recursos en cada una de las provincias de acuerdo con la cara del gobernador. Así, incluso, lo seguían haciendo hasta con los municipios, porque desde ese ministerio se convocaba a los intendentes de cada una de las provincias para distribuir las obras como quería el ministro de Planificación de acuerdo con la posición política de cada uno de ellos.
¿Cuál era el resultado de esto? Que había poblaciones enteras postergadas por esta situación. Esto empieza a terminarse, precisamente, a partir de la existencia de un acuerdo de esta naturaleza, que va a distribuir los recursos como corresponde.
Este acuerdo fue firmado por los gobernadores, que en una muestra de responsabilidad junto con el gobierno nacional han decidido darle más transparencia, más lógica, más responsabilidad a la distribución de los esfuerzos de los argentinos. Por eso, me parece que es una excelente iniciativa que sin ningún lugar a dudas tiende a distribuir de mejor manera los recursos que el Estado nacional tiene para resolver los problemas de la sociedad. No estamos hablando solamente de la administración de fondos por parte de los Estados provinciales, sino que estamos hablando de los efectos de esa distribución de fondos. Estamos hablando, en definitiva, de que a partir de esta situación las distintas provincias pueden avanzar en la resolución de cuestiones estructurales que se han convertido en verdaderos problemas que durante mucho tiempo no se resolvieron.
Existe también un gran esfuerzo del gobierno nacional en el sentido de ninguna provincia pierda en esta nueva distribución de recursos y fondos. Por eso estamos absolutamente de acuerdo con este pacto entre las provincias y el Estado nacional. (Aplausos.)
No coincido con algunas de las cuestiones que se acaban de plantear. Primero, no coincido de ninguna manera con que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires haya presionado a la Corte o al resto de las provincias.
La verdad es que venimos haciendo desde hace muchos años este planteo de resolver la postergación que padecía la provincia de Buenos Aires a partir de la distribución de los fondos del impuesto a las ganancias, que todos sabemos que es absolutamente injusta.
Desde la oposición permanentemente veníamos planteando en distintos ámbitos -en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación y en particular en esta Cámara de Diputados-, que debía reformarse esa situación. Incluso lo hacíamos pensando en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pertenecía al mismo partido político del gobierno nacional, debía contar con más recursos para administrar de manera distinta la provincia de Buenos Aires.
Lamentablemente, los diputados oficialistas y el propio gobierno de Buenos Aires no acompañaron el pedido que desde la oposición hacíamos para favorecer al gobierno bonaerense, y se alinearon a los mandatos políticos del gobierno nacional, que les impuso determinadas condiciones, seguramente vinculadas a la interna política del entonces partido oficialista. Pero lo cierto es que con esta situación la provincia de Buenos Aires estaba postergada como Estado.
Pero el problema no es que simplemente se postergaba el Estado bonaerense, sino que esto significaba un importante agravio, un gran inconveniente para los habitantes que menos tienen en el Gran Buenos Aires.
Esta limitación económica que padecía la provincia implicaba -o implicó hasta acá- la imposibilidad de avanzar en cuestiones de infraestructura vinculadas a la cuestión social. Dicho de otra manera, esto significó la imposibilidad de avanzar en la resolución de la pobreza estructural que padecen millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires.
No se podía o no se pudo avanzar hasta acá en la solución, precisamente porque la provincia no contaba con los recursos que le correspondían. Aclaro que no contaba con esos fondos por decisión del gobierno nacional y del propio gobierno provincial, que acataba las órdenes recibidas del gobierno nacional.
En verdad no coincido de ninguna manera con lo que acaba de decir el señor diputado Gioja, a quien respeto mucho. Pienso que no es cierto -como él dice- que en la Argentina los gobernadores no necesitaban un acuerdo de esta naturaleza. Creo que todos los argentinos, y los gobernadores en particular, necesitábamos desde hace mucho tiempo un pacto de esta índole.
Precisábamos un acuerdo como este porque lo que pasaba era que el entonces señor ministro de Planificación de la Nación -actual diputado nacional hoy detenido por hechos de corrupción-, administraba como quería los recursos para cada una de las provincias en función de la sumisión política que cada gobernador le hiciera llegar al Poder Ejecutivo nacional.
Dicho de otra manera, distribuían las obras y los recursos en cada una de las provincias de acuerdo con la cara del gobernador. Así, incluso, lo seguían haciendo hasta con los municipios, porque desde ese ministerio se convocaba a los intendentes de cada una de las provincias para distribuir las obras como quería el ministro de Planificación de acuerdo con la posición política de cada uno de ellos.
¿Cuál era el resultado de esto? Que había poblaciones enteras postergadas por esta situación. Esto empieza a terminarse, precisamente, a partir de la existencia de un acuerdo de esta naturaleza, que va a distribuir los recursos como corresponde.
Este acuerdo fue firmado por los gobernadores, que en una muestra de responsabilidad junto con el gobierno nacional han decidido darle más transparencia, más lógica, más responsabilidad a la distribución de los esfuerzos de los argentinos. Por eso, me parece que es una excelente iniciativa que sin ningún lugar a dudas tiende a distribuir de mejor manera los recursos que el Estado nacional tiene para resolver los problemas de la sociedad. No estamos hablando solamente de la administración de fondos por parte de los Estados provinciales, sino que estamos hablando de los efectos de esa distribución de fondos. Estamos hablando, en definitiva, de que a partir de esta situación las distintas provincias pueden avanzar en la resolución de cuestiones estructurales que se han convertido en verdaderos problemas que durante mucho tiempo no se resolvieron.
Existe también un gran esfuerzo del gobierno nacional en el sentido de ninguna provincia pierda en esta nueva distribución de recursos y fondos. Por eso estamos absolutamente de acuerdo con este pacto entre las provincias y el Estado nacional. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tengo anotado a los señores diputados Franco y Cano para exponer sobre este tema.
Tiene la palabra el señor diputado Franco.
Tiene la palabra el señor diputado Franco.
SR. FRANCO Señor presidente: en nombre del Interbloque Federal vamos a acompañar con nuestra firma el proyecto de consenso fiscal que viene en revisión del Honorable Senado y todo lo que tenga que ver con la participación de nuestros gobernadores.
Nosotros hemos armado un espacio de discusión dentro de este cuerpo a fin de plantear la agenda de los gobernadores y de nuestras provincias. Vivimos en provincias chicas y postergadas que todavía padecen una ley de coparticipación injusta, que no asiste ni atiende nuestros reclamos.
Tenemos nuestras propias historias y diferencias, pero los gobernadores también vienen de sus luchas, sus políticas y su responsabilidad de gobernar. Los gobernadores no son ingenuos y saben que la gobernabilidad se paga con gobernabilidad. En ese sentido -y creyendo que este es el mejor esfuerzo que podemos hacer por las provincias argentinas-, todos los que representamos a esos ciudadanos provincianos vamos a acompañar este proyecto con fuerza.
Nosotros hemos armado un espacio de discusión dentro de este cuerpo a fin de plantear la agenda de los gobernadores y de nuestras provincias. Vivimos en provincias chicas y postergadas que todavía padecen una ley de coparticipación injusta, que no asiste ni atiende nuestros reclamos.
Tenemos nuestras propias historias y diferencias, pero los gobernadores también vienen de sus luchas, sus políticas y su responsabilidad de gobernar. Los gobernadores no son ingenuos y saben que la gobernabilidad se paga con gobernabilidad. En ese sentido -y creyendo que este es el mejor esfuerzo que podemos hacer por las provincias argentinas-, todos los que representamos a esos ciudadanos provincianos vamos a acompañar este proyecto con fuerza.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Cano.
SR. CANO Señor presidente: no puedo pasar por alto las apreciaciones de algunos señores diputados que darían la impresión de que empezaron en la política recién cuando asumieron su cargo.
Hay que hacer algunas consideraciones sobre lo que para nosotros significa el federalismo. El federalismo no es un valor que uno lo guarda en el placard cuando no le sirve y que luego lo enarbola como si fuese una bandera cuando cambia de opinión. Nosotros estamos convencidos de que la Argentina necesita construir un país federal.
Cuando en 1983 asumió Alfonsín, dijo que la Argentina era un país rico en el centro, despoblado en el sur y pobre en el norte. Después de haber gobernado doce años y de haber tenido más recursos que cualquier otro gobierno, con prácticamente mayoría absoluta en todas las Cámaras, la primera reflexión que uno necesariamente debe hacer es qué hicieron durante los doce años de gestión para resolver esa dependencia fiscal que tienen las provincias respecto del gobierno nacional. ¿Qué hicieron? No hicieron absolutamente nada.
Hay que hacer algunas consideraciones sobre lo que para nosotros significa el federalismo. El federalismo no es un valor que uno lo guarda en el placard cuando no le sirve y que luego lo enarbola como si fuese una bandera cuando cambia de opinión. Nosotros estamos convencidos de que la Argentina necesita construir un país federal.
Cuando en 1983 asumió Alfonsín, dijo que la Argentina era un país rico en el centro, despoblado en el sur y pobre en el norte. Después de haber gobernado doce años y de haber tenido más recursos que cualquier otro gobierno, con prácticamente mayoría absoluta en todas las Cámaras, la primera reflexión que uno necesariamente debe hacer es qué hicieron durante los doce años de gestión para resolver esa dependencia fiscal que tienen las provincias respecto del gobierno nacional. ¿Qué hicieron? No hicieron absolutamente nada.
SR. KICILLOF ¡El Plan Belgrano!
SR. CANO No hicieron absolutamente nada. Todo lo contario: profundizaron el unitarismo fiscal.
Tranquilo, diputado Kicillof, lo escuché. No hicieron absolutamente nada.
Como bien se dijo acá, les faltaba el respeto a los gobernadores de su propio signo político, reemplazando el rol de éstos con organizaciones sociales, sin que los gobernadores supieran los fondos que transferían.
Me tocó ver esto en el Senado de la Nación, y no los vi ni al diputado Kicillof ni al diputado Gioja. No sé dónde estaban. Tal vez en ese momento el federalismo estaba en el placard.
Tampoco los vi en diciembre de 2009, cuando era senador nacional, con los gobernadores de San Luis, de Santa Fe y de Córdoba, reclamando el 15 por ciento que legítimamente les correspondía a esas provincias, en una situación fiscal compleja.
Cuando asumió el presidente Macri convocó a los gobernadores, firmó el convenio y eso significó, entre otras cosas, que Tucumán dispusiera de más de 4.000 millones de pesos, fondos que antes manejaban discrecionalmente López y De Vido porque convocaban a los intendentes y les decían qué obras tenían que hacer, y además qué empresas debían realizarlas. De esto se trata para ustedes el federalismo; esta es la mirada que ustedes tienen sobre el federalismo.
Me hubiese gustado que los que hoy reclaman el federalismo hubiesen acompañado a esos tres gobernadores que legítimamente reclamaban lo que les correspondía. El presidente Macri, en un hecho casi histórico, al poco tiempo de haber asumido convocó a todos los gobernadores y empezamos a transitar un camino de federalismo en serio.
Tranquilo, diputado Kicillof, lo escuché. No hicieron absolutamente nada.
Como bien se dijo acá, les faltaba el respeto a los gobernadores de su propio signo político, reemplazando el rol de éstos con organizaciones sociales, sin que los gobernadores supieran los fondos que transferían.
Me tocó ver esto en el Senado de la Nación, y no los vi ni al diputado Kicillof ni al diputado Gioja. No sé dónde estaban. Tal vez en ese momento el federalismo estaba en el placard.
Tampoco los vi en diciembre de 2009, cuando era senador nacional, con los gobernadores de San Luis, de Santa Fe y de Córdoba, reclamando el 15 por ciento que legítimamente les correspondía a esas provincias, en una situación fiscal compleja.
Cuando asumió el presidente Macri convocó a los gobernadores, firmó el convenio y eso significó, entre otras cosas, que Tucumán dispusiera de más de 4.000 millones de pesos, fondos que antes manejaban discrecionalmente López y De Vido porque convocaban a los intendentes y les decían qué obras tenían que hacer, y además qué empresas debían realizarlas. De esto se trata para ustedes el federalismo; esta es la mirada que ustedes tienen sobre el federalismo.
Me hubiese gustado que los que hoy reclaman el federalismo hubiesen acompañado a esos tres gobernadores que legítimamente reclamaban lo que les correspondía. El presidente Macri, en un hecho casi histórico, al poco tiempo de haber asumido convocó a todos los gobernadores y empezamos a transitar un camino de federalismo en serio.
SR. KICILLOF ¡Derogó el 15!
SR. CANO El señor diputado Kicillof habla de una foto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con el presidente de la Corte. Pero puedo decirles que ustedes tenían un vocal de la Corte que militaba y que participaba en actos políticos con ustedes. Entonces, a partir de esa foto, el diputado Kicillof intuye que el fallo iba a ser favorable a la provincia de Buenos Aires.
Quiero aclararle al señor diputado que el actual gobernador de la provincia de Jujuy también le reclamó al gobierno -que es de su propio signo político- los fondos que Fellner no le reclamó en su momento al gobierno. En todo caso, si Fellner le reclamaba esos fondos a su gobierno, le intervenían la provincia. Ese es el federalismo que ustedes aplicaron durante doce años: látigo y billetera. También me tocó recibir a un exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a quien durante un año y medio no le dieron una sola audiencia. Ahora, ¿qué tiene eso de extraño en aquel contexto?
Obviamente que quienes dieron una mirada absolutamente unitaria de la Argentina porque pretendían la suma del poder político no entienden que el presidente se reúna con los gobernadores para hablar de cuestiones fiscales -que naturalmente son competencia del gobierno nacional y de las provincias- y para establecer otro vínculo.
No lo entienden porque el federalismo no forma parte de su concepción política, porque si efectivamente les hubiese interesado construir un país federal, lo habrían hecho ya que han tenido una enorme oportunidad: doce años de gestión de gobierno y mayoría absoluta en ambas Cámaras. Pero, reitero, no hicieron absolutamente nada. Así que me parece que hay que poner las cosas en su lugar y tratar de hacerse cargo mínimamente de lo que no hicieron.
Para terminar, quiero recordar que en 2012 en la provincia de Buenos Aires hubo una inundación en la que murieron muchos conciudadanos. Realmente creo que fue un cachetazo muy duro a la clase política que en pleno siglo XXI en la principal provincia de la Argentina mueran ciudadanos por obras que el Estado no hizo.
En ese momento planteamos con un grupo de senadores la necesidad de incorporar aquellas obras que hacen falta en toda la provincia y que independientemente de los cambios políticos, las obras se ejecuten. Obviamente, tampoco tuvimos eco en los que hoy hablan del federalismo.
Me parece que en estos 24 meses estamos viviendo en un país que tiende a ser federal y que necesariamente entiende que los gobernadores juegan un rol central en las discusiones fiscales, más allá del rol fundamental de los miembros del Congreso.
No hay que ser tan hipócrita, señor presidente, y no hay que venir a hablar acá como si no hubiesen tenido ninguna responsabilidad en estos doce años que gobernaron la Argentina. (Aplausos.)
Quiero aclararle al señor diputado que el actual gobernador de la provincia de Jujuy también le reclamó al gobierno -que es de su propio signo político- los fondos que Fellner no le reclamó en su momento al gobierno. En todo caso, si Fellner le reclamaba esos fondos a su gobierno, le intervenían la provincia. Ese es el federalismo que ustedes aplicaron durante doce años: látigo y billetera. También me tocó recibir a un exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a quien durante un año y medio no le dieron una sola audiencia. Ahora, ¿qué tiene eso de extraño en aquel contexto?
Obviamente que quienes dieron una mirada absolutamente unitaria de la Argentina porque pretendían la suma del poder político no entienden que el presidente se reúna con los gobernadores para hablar de cuestiones fiscales -que naturalmente son competencia del gobierno nacional y de las provincias- y para establecer otro vínculo.
No lo entienden porque el federalismo no forma parte de su concepción política, porque si efectivamente les hubiese interesado construir un país federal, lo habrían hecho ya que han tenido una enorme oportunidad: doce años de gestión de gobierno y mayoría absoluta en ambas Cámaras. Pero, reitero, no hicieron absolutamente nada. Así que me parece que hay que poner las cosas en su lugar y tratar de hacerse cargo mínimamente de lo que no hicieron.
Para terminar, quiero recordar que en 2012 en la provincia de Buenos Aires hubo una inundación en la que murieron muchos conciudadanos. Realmente creo que fue un cachetazo muy duro a la clase política que en pleno siglo XXI en la principal provincia de la Argentina mueran ciudadanos por obras que el Estado no hizo.
En ese momento planteamos con un grupo de senadores la necesidad de incorporar aquellas obras que hacen falta en toda la provincia y que independientemente de los cambios políticos, las obras se ejecuten. Obviamente, tampoco tuvimos eco en los que hoy hablan del federalismo.
Me parece que en estos 24 meses estamos viviendo en un país que tiende a ser federal y que necesariamente entiende que los gobernadores juegan un rol central en las discusiones fiscales, más allá del rol fundamental de los miembros del Congreso.
No hay que ser tan hipócrita, señor presidente, y no hay que venir a hablar acá como si no hubiesen tenido ninguna responsabilidad en estos doce años que gobernaron la Argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Señor presidente: quiero hacer una pequeña reflexión. En otras oportunidades he dicho que los errores del pasado los definieron las urnas, así que ustedes tienen que hacerse cargo de gobernar. Tal como dijeron varios diputados del bloque, de ninguna manera se hace un reproche a los gobernadores que tienen que gobernar sus provincias, ya que algunos aspectos del pacto podemos reconocerlos como beneficiosos. Lo que pasa es que, lamentablemente, en ese pacto se generó una cláusula que perjudicó a 17 millones de argentinos. También me pregunto con qué necesidad está establecido en el pacto que hay que descapitalizar el Banco Nación o mediante qué responsabilidad legal o institucional se le pide a los gobernadores que respalden esa descapitalización.
En otro de los puntos se pide a las provincias que se redefina el impuesto al cheque para que el 30 por ciento que iba a las provincias vaya a la ANSES. Dado que se descapitalizó a la ANSES de un modo escandaloso, uno acepta que esta sea una pequeña compensación. Ahora bien, lo que pierden las provincias por el impuesto a las ganancias de ninguna manera compensa lo que pierden por ese 30 por ciento. Por lo menos, estos son los cálculos a los que nosotros arribamos.
Cuando vinieron los ministros a hablar del pacto, les pedimos los papeles de trabajo, porque a nuestro juicio había un conjunto de cosas que podíamos presumir que perjudicaban a la provincia. En este mismo pacto hay un inciso o) por el cual se define un esquema de préstamos y compensaciones a las provincias para retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Si no se cumplieran las expectativas de crecimiento económico y de generación de empleo, y en función de historias que no queremos recordar, ¿dónde va a ir a trabajar la gente que se acoja al retiro voluntario? ¿Vamos a volver a los ingenieros manejando taxis y a los profesionales poniendo quioscos? ¿Con qué necesidad le hicieron asumir a los gobernadores un compromiso de achicar el Estado sin decir de qué manera se compensaban estas situaciones?
Señor presidente: podríamos marcar un conjunto de medidas, pero la más grave de todas es haberle hecho firmar a los gobernadores la necesidad de achicar la ANSES y salvar el déficit fiscal con esos 100.000 millones de pesos que se les sacó a los jubilados. Repito que vamos a suponer que hay un conjunto de cosas del pacto que pueden haber resultado beneficiosas, ¿pero por qué se hace asumir a los gobernadores semejante costos, incluso costos que no se aplican a los municipios?
Recién el señor diputado Gioja hablaba de un gran reproche en el sentido de que se le dio funciones a las provincias sin asignar recursos; hoy también los municipios y comunas tiene funciones adicionales al alumbrado, barrido y limpieza, y nada de esto que compensa la coparticipación a las provincias se exige para compensar a municipios y comunas.
Para hablar seriamente del pacto tendríamos que reflexionar también sobre estas cuestiones y sobre por qué se les pidió a los gobernadores -cuya función es gestionar- que asuman compromisos que comprometen el futuro de muchos argentinos. (Aplausos.)
En otro de los puntos se pide a las provincias que se redefina el impuesto al cheque para que el 30 por ciento que iba a las provincias vaya a la ANSES. Dado que se descapitalizó a la ANSES de un modo escandaloso, uno acepta que esta sea una pequeña compensación. Ahora bien, lo que pierden las provincias por el impuesto a las ganancias de ninguna manera compensa lo que pierden por ese 30 por ciento. Por lo menos, estos son los cálculos a los que nosotros arribamos.
Cuando vinieron los ministros a hablar del pacto, les pedimos los papeles de trabajo, porque a nuestro juicio había un conjunto de cosas que podíamos presumir que perjudicaban a la provincia. En este mismo pacto hay un inciso o) por el cual se define un esquema de préstamos y compensaciones a las provincias para retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Si no se cumplieran las expectativas de crecimiento económico y de generación de empleo, y en función de historias que no queremos recordar, ¿dónde va a ir a trabajar la gente que se acoja al retiro voluntario? ¿Vamos a volver a los ingenieros manejando taxis y a los profesionales poniendo quioscos? ¿Con qué necesidad le hicieron asumir a los gobernadores un compromiso de achicar el Estado sin decir de qué manera se compensaban estas situaciones?
Señor presidente: podríamos marcar un conjunto de medidas, pero la más grave de todas es haberle hecho firmar a los gobernadores la necesidad de achicar la ANSES y salvar el déficit fiscal con esos 100.000 millones de pesos que se les sacó a los jubilados. Repito que vamos a suponer que hay un conjunto de cosas del pacto que pueden haber resultado beneficiosas, ¿pero por qué se hace asumir a los gobernadores semejante costos, incluso costos que no se aplican a los municipios?
Recién el señor diputado Gioja hablaba de un gran reproche en el sentido de que se le dio funciones a las provincias sin asignar recursos; hoy también los municipios y comunas tiene funciones adicionales al alumbrado, barrido y limpieza, y nada de esto que compensa la coparticipación a las provincias se exige para compensar a municipios y comunas.
Para hablar seriamente del pacto tendríamos que reflexionar también sobre estas cuestiones y sobre por qué se les pidió a los gobernadores -cuya función es gestionar- que asuman compromisos que comprometen el futuro de muchos argentinos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Antes de dar la palabra al señor diputado Solanas, quisiera hacer algunas consideraciones respecto de esto que ese está planteando, simplemente para aportar algunos datos.
Creo que plantear hoy que los gobernadores firmaron un acuerdo bajo presión es hacer una lectura política, como mínimo, distorsionada.
Tenemos por primera vez en la Argentina operando el fallo de la Corte Suprema que en relación con ese 15 por ciento restablece una gran cantidad de recursos a las provincias. Esto lo veo en mi provincia, Santa Fe, que está hoy fiscalmente mejor que nunca y haciendo obras que jamás se hicieron porque los recursos se destinaban a gastos corrientes. Hoy, en virtud de este fallo, Santa Fe tiene plata para hacer obras.
Es cierto que en el caso de mi provincia ya opera de lleno el restablecimiento de ese 15 por ciento, pero también lo es que al resto de las provincias se les está transfiriendo.
Se han incrementado las transferencias en el presupuesto de la Nación y en varias leyes de responsabilidad fiscal, como también las transferencias por las cajas jubilatorias no transferidas a la Nación, que se han puesto en sucesivas leyes. Además, ahora se incluyen 17.000 millones en el presupuesto.
El acceso a los mercados de deuda, cerrados durante años para la Argentina y para las provincias en particular, en mi provincia -Santa Fe-, han emitido 500 millones de dólares de deuda para hacer obras de infraestructura.
Tenemos minoría en ambas Cámaras, particularmente en el Senado. El año pasado teníamos representación en un tercio de esa Cámara. De modo tal que yo creo que ningún analista político, politólogo o cualquier científico social puede decir que en este momento las provincias están relativamente débiles respecto de la Nación, porque yo diría que es exactamente al revés.
Como decía el señor diputado Cano, esto ilustra lo que sucedía antes y no lo que ocurre ahora. De hecho, he escuchado en esta misma comisión criticar el costo fiscal, es decir, el impacto en términos del bono que se les da a las provincias como compensación por los juicios que van a derogar en el pacto con la Nación. De modo tal que sinceramente no entiendo el análisis político.
Tampoco tengo intenciones de polemizar en esto, pero quería dar mi posición objetiva en cuanto a los factores fiscales, económicos y políticos que debieran tomarse en cuenta a la hora de entender la relación de fuerzas entre la Nación y las provincias.
Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
Creo que plantear hoy que los gobernadores firmaron un acuerdo bajo presión es hacer una lectura política, como mínimo, distorsionada.
Tenemos por primera vez en la Argentina operando el fallo de la Corte Suprema que en relación con ese 15 por ciento restablece una gran cantidad de recursos a las provincias. Esto lo veo en mi provincia, Santa Fe, que está hoy fiscalmente mejor que nunca y haciendo obras que jamás se hicieron porque los recursos se destinaban a gastos corrientes. Hoy, en virtud de este fallo, Santa Fe tiene plata para hacer obras.
Es cierto que en el caso de mi provincia ya opera de lleno el restablecimiento de ese 15 por ciento, pero también lo es que al resto de las provincias se les está transfiriendo.
Se han incrementado las transferencias en el presupuesto de la Nación y en varias leyes de responsabilidad fiscal, como también las transferencias por las cajas jubilatorias no transferidas a la Nación, que se han puesto en sucesivas leyes. Además, ahora se incluyen 17.000 millones en el presupuesto.
El acceso a los mercados de deuda, cerrados durante años para la Argentina y para las provincias en particular, en mi provincia -Santa Fe-, han emitido 500 millones de dólares de deuda para hacer obras de infraestructura.
Tenemos minoría en ambas Cámaras, particularmente en el Senado. El año pasado teníamos representación en un tercio de esa Cámara. De modo tal que yo creo que ningún analista político, politólogo o cualquier científico social puede decir que en este momento las provincias están relativamente débiles respecto de la Nación, porque yo diría que es exactamente al revés.
Como decía el señor diputado Cano, esto ilustra lo que sucedía antes y no lo que ocurre ahora. De hecho, he escuchado en esta misma comisión criticar el costo fiscal, es decir, el impacto en términos del bono que se les da a las provincias como compensación por los juicios que van a derogar en el pacto con la Nación. De modo tal que sinceramente no entiendo el análisis político.
Tampoco tengo intenciones de polemizar en esto, pero quería dar mi posición objetiva en cuanto a los factores fiscales, económicos y políticos que debieran tomarse en cuenta a la hora de entender la relación de fuerzas entre la Nación y las provincias.
Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Señor presidente: en verdad -y digo esto pensando en voz alta-, parecería que la historia comenzó cuando ustedes llegaron por las urnas al gobierno nacional en la Argentina y que nada se hizo antes. Es decir que ustedes contribuyen al relato de que nada se hizo en nuestro país, y no es así.
Se han hecho cientos de obras a lo largo y ancho de la República Argentina en doce años. Por ejemplo, en los municipios se han hecho obras de plantas de agua que tienen que ver con el desarrollo en todo lo que implica el saneamiento y una mejor calidad de vida. Sustituimos más de setenta pozos surgentes que daban mala calidad de agua, y así podría nombrar un sinfín de obras. Son obras sencillas en los municipios, como la ampliación de la base de la red de agua y la red cloacal. Eso fue una constante.
Usted de ninguna forma puede arrogarse que hace dos años en la Argentina se hicieron obras. Por el contrario, creo que hay un relato según el cual están en etapa de licitación muchas de ellas y ni siquiera se han comenzado.
Esto puede verse en la provincia de Entre Ríos con el caso de la 18, que se había comenzado en la gestión anterior. Pero ustedes todo lo hacen con PPP, y como no es conveniente porque -según ustedes- no hay transitabilidad suficiente, continuaron solo con el primero y el cuarto tramo. Pero para el segundo y el tercero dicen que no hay viabilidad en función de su menor transitabilidad.
Evidentemente hay un relato sesgado, y por eso quisiera hacerle una sugerencia: no es bueno no reconocer absolutamente nada en la historia argentina.
No se encendió la luz cuando ustedes llegaron. Además, hay cuestiones respecto de estos últimos dos años sobre las cuales ustedes también tendrán que rendir cuentas. Me refiero a una enormidad de frustraciones y muchísimas mentiras que ustedes dijeron al pueblo.
Señor presidente: ustedes decían que los trabajadores no iban a pagar impuesto a las ganancias. En 2015 pagaban ese tributo 1 millón de trabajadores. ¿Sabe cuántas personas pagan ganancias ahora? Son 2.200.000 trabajadores.
También manifestaban que a los seis meses iba a haber derrame, de modo de construir el relato para eliminar la pobreza. ¿Sabe qué dicen las estadísticas? Que tristemente aumentó la pobreza en la República Argentina y en nuestras provincias. ¿Cómo se verifica? Caminando en los barrios de nuestros pueblos en el interior del interior, donde cada vez hay más comedores comunitarios y ciudadanos y familias enteras comiendo allí al mediodía y a la noche. Se verifica cuando vemos a los "gurises" penando sábado y domingo porque el comedor de la escuela no los atiende esos días. Es una triste realidad y van a tenerse que hacerse cargo de esa situación, y no pueden echar un manto de dudas sobre el pasado.
El relato de ustedes parece que fuera como si recién estuvieran en campaña. Tienen dos años sobre los que deben rendir muchísimas cuentas, señor presidente. No quiero hablar de lo que ha sido la devaluación y de lo que fue 2016 para la población argentina, con más del 40 por ciento de la inflación. Con lo que depredaron en salarios en ese momento jamás se pudo llegar a un poder adquisitivo aceptable; más del 50 por ciento de los trabajadores de la República Argentina gana menos de 15.000 pesos y la canasta familiar es superior a ese monto.
Además, no conformes con esto, hablaron de una reforma previsional y le sacaron un plato de comida a nuestros mayores. Incluso, cercenaron derechos a las mujeres, y esto es muy grave. Cuando hablan de federalismo, tengan en cuenta que nuestros mayores, discapacitados, pensionados, nuestros veteranos de Malvinas y las familias de los AUH están diseminados por todo el país. El martes no se habló de federalismo sino que votaron una ley que perjudica y le pone la mano en el bolsillo a nuestros mayores con una actitud absolutamente canallesca. Es una cuestión de federalismo haber votado un sistema previsional que perjudique y desestabilice notablemente a las familias argentinas. No se habló de federalismo el martes, y estábamos perjudicando a cada uno de nuestros jubilados y pensionados a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. No lo escuché a usted defender esta posición federal, señor presidente.
En este escenario, además la Nación promete distribuir ingresos a las provincias, pero ahora dice que solamente que lo harán si cumplen con determinadas metas. Eso es extorsión y discrecionalidad. Bajo el título de "Compensación a las provincias", el pacto establece que va a compensar a las que adhieran y cumplan con el consenso.
No discuto los derechos de las provincias sino que los respeto. Ahora bien, no se sabía si la Corte iba a pronunciarse a favor del fallo de la provincia de Buenos Aires, y con ese pretexto también se firmó este pacto político donde las provincias notablemente pierden autonomía. Por ejemplo, el pacto determina que "a través de un organismo federal se determinará la valuación de los inmuebles". Las provincias pierden autonomía frente a la Nación y se entromete en los impuestos que deben recaudar las provincias, mediante sugerencia e imposiciones. Asimismo, se exige a las provincias que acuerden con los municipios en materia de tributos provinciales, lo cual viola la autonomía de las provincias. Además, se determina la alícuota de impuestos inmobiliarios y se establece qué destino deben darse en las sumas obtenidas por compensación. Esto avanza decididamente contra la autonomía de las provincias. Además, aporta una mirada respecto de lo que ustedes manifiestan, es decir, que es un acuerdo de las veintitrés provincias y la provincia de Buenos Aires.
En el caso de las provincias, se emitirá un bono a once años, que genera servicios por 5.000 millones para 2018, y 12.000 para 2019.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, existe una discrecionalidad absoluta, porque se determina que mediante aporte del Tesoro Nacional la provincia de Buenos Aires recibirá 21.000 millones de pesos para 2018 y 44.000 para 2019, a lo que se suma el ajuste por inflación.
Este acuerdo -entre comillas- político de las provincias con el gobierno nacional es absolutamente discriminatorio.
Valoro muchísimo a nuestros gobernadores; valoro muchísimo la posición del gobernador de la provincia de Entre Ríos, porque no le quedaba otra alternativa. Era esto o no pagar los sueldos, y el gobierno nacional lo sabía. Sin embargo, avanzó decididamente en este pacto que ustedes plantean como un acuerdo beneficioso, transparente, bueno. Pero está a la vista que no es así.
Con una mano en el corazón, les pregunto: ¿cuántos habrán escuchado o leído versiones públicas de legisladores que están de alguna forma alineados con el gobierno pero que no están en un todo de acuerdo con lo que van a hacer? Esto es así. Estamos en el presente, pero la historia los va a juzgar sobre esta cuestión que ustedes plantean como extraordinaria.
Sepan que ustedes no son los capos del federalismo, y eso está demostrado por muchísimas acciones que terminan en la Avenida General Paz y en forma permanente. Gobiernan el país como gobernaron la Capital Federal. Las provincias importan solamente para conseguir votos. Pienso que el tiempo juzgará lo que estoy diciendo, y no creo equivocarme.
Por eso valoro decididamente a los gobernadores, que vinieron y se expusieron a ustedes, junto con el presidente de la Cámara de Diputados.
La verdad es que esa situación constituyó una foto muy fea, que desvaloriza notable y totalmente a esos jefes territoriales de provincia. Es de mal gusto, y por en seguida quitaron esa imagen.
Abogo por una Nación federal. Reivindico que la historia no la comenzaron ustedes hace dos años.
Reitero: se hicieron cientos de obras a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y también quiero reivindicarlas en este acto, porque fueron hechas por un gobierno al que acusan permanentemente de corrupción.
Los hombres y mujeres que integramos este espacio político nos sentimos orgullosos de haber formado parte del equipo que gobernó a la Argentina durante doce años. Lo decimos desde la convicción de que siempre estuvimos junto al pueblo, porque hablamos como ustedes no lo hacen de derechos y de inclusión. Ustedes quitan derechos pero no generan inclusión. Es por eso que quería hacer estas apreciaciones.
Para finalizar, quiero decir que la soberbia es mala consejera. En este sentido, escuché a diputados preopinantes hablar con mucha soberbia y acusando permanentemente a nuestro espacio político. Pero yo les digo lo siguiente: háganse cargo de lo que hicieron en estos últimos dos años. El pueblo les está picando boleto, señor presidente. Ya no cree en el relato de Durán Barba que todos ustedes adquirieron. Por eso reivindico el hecho de pertenecer a un espacio político y destaco las miles de obras que se hicieron durante doce años en la República Argentina y en la provincia de Entre Ríos. (Aplausos.)
Se han hecho cientos de obras a lo largo y ancho de la República Argentina en doce años. Por ejemplo, en los municipios se han hecho obras de plantas de agua que tienen que ver con el desarrollo en todo lo que implica el saneamiento y una mejor calidad de vida. Sustituimos más de setenta pozos surgentes que daban mala calidad de agua, y así podría nombrar un sinfín de obras. Son obras sencillas en los municipios, como la ampliación de la base de la red de agua y la red cloacal. Eso fue una constante.
Usted de ninguna forma puede arrogarse que hace dos años en la Argentina se hicieron obras. Por el contrario, creo que hay un relato según el cual están en etapa de licitación muchas de ellas y ni siquiera se han comenzado.
Esto puede verse en la provincia de Entre Ríos con el caso de la 18, que se había comenzado en la gestión anterior. Pero ustedes todo lo hacen con PPP, y como no es conveniente porque -según ustedes- no hay transitabilidad suficiente, continuaron solo con el primero y el cuarto tramo. Pero para el segundo y el tercero dicen que no hay viabilidad en función de su menor transitabilidad.
Evidentemente hay un relato sesgado, y por eso quisiera hacerle una sugerencia: no es bueno no reconocer absolutamente nada en la historia argentina.
No se encendió la luz cuando ustedes llegaron. Además, hay cuestiones respecto de estos últimos dos años sobre las cuales ustedes también tendrán que rendir cuentas. Me refiero a una enormidad de frustraciones y muchísimas mentiras que ustedes dijeron al pueblo.
Señor presidente: ustedes decían que los trabajadores no iban a pagar impuesto a las ganancias. En 2015 pagaban ese tributo 1 millón de trabajadores. ¿Sabe cuántas personas pagan ganancias ahora? Son 2.200.000 trabajadores.
También manifestaban que a los seis meses iba a haber derrame, de modo de construir el relato para eliminar la pobreza. ¿Sabe qué dicen las estadísticas? Que tristemente aumentó la pobreza en la República Argentina y en nuestras provincias. ¿Cómo se verifica? Caminando en los barrios de nuestros pueblos en el interior del interior, donde cada vez hay más comedores comunitarios y ciudadanos y familias enteras comiendo allí al mediodía y a la noche. Se verifica cuando vemos a los "gurises" penando sábado y domingo porque el comedor de la escuela no los atiende esos días. Es una triste realidad y van a tenerse que hacerse cargo de esa situación, y no pueden echar un manto de dudas sobre el pasado.
El relato de ustedes parece que fuera como si recién estuvieran en campaña. Tienen dos años sobre los que deben rendir muchísimas cuentas, señor presidente. No quiero hablar de lo que ha sido la devaluación y de lo que fue 2016 para la población argentina, con más del 40 por ciento de la inflación. Con lo que depredaron en salarios en ese momento jamás se pudo llegar a un poder adquisitivo aceptable; más del 50 por ciento de los trabajadores de la República Argentina gana menos de 15.000 pesos y la canasta familiar es superior a ese monto.
Además, no conformes con esto, hablaron de una reforma previsional y le sacaron un plato de comida a nuestros mayores. Incluso, cercenaron derechos a las mujeres, y esto es muy grave. Cuando hablan de federalismo, tengan en cuenta que nuestros mayores, discapacitados, pensionados, nuestros veteranos de Malvinas y las familias de los AUH están diseminados por todo el país. El martes no se habló de federalismo sino que votaron una ley que perjudica y le pone la mano en el bolsillo a nuestros mayores con una actitud absolutamente canallesca. Es una cuestión de federalismo haber votado un sistema previsional que perjudique y desestabilice notablemente a las familias argentinas. No se habló de federalismo el martes, y estábamos perjudicando a cada uno de nuestros jubilados y pensionados a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. No lo escuché a usted defender esta posición federal, señor presidente.
En este escenario, además la Nación promete distribuir ingresos a las provincias, pero ahora dice que solamente que lo harán si cumplen con determinadas metas. Eso es extorsión y discrecionalidad. Bajo el título de "Compensación a las provincias", el pacto establece que va a compensar a las que adhieran y cumplan con el consenso.
No discuto los derechos de las provincias sino que los respeto. Ahora bien, no se sabía si la Corte iba a pronunciarse a favor del fallo de la provincia de Buenos Aires, y con ese pretexto también se firmó este pacto político donde las provincias notablemente pierden autonomía. Por ejemplo, el pacto determina que "a través de un organismo federal se determinará la valuación de los inmuebles". Las provincias pierden autonomía frente a la Nación y se entromete en los impuestos que deben recaudar las provincias, mediante sugerencia e imposiciones. Asimismo, se exige a las provincias que acuerden con los municipios en materia de tributos provinciales, lo cual viola la autonomía de las provincias. Además, se determina la alícuota de impuestos inmobiliarios y se establece qué destino deben darse en las sumas obtenidas por compensación. Esto avanza decididamente contra la autonomía de las provincias. Además, aporta una mirada respecto de lo que ustedes manifiestan, es decir, que es un acuerdo de las veintitrés provincias y la provincia de Buenos Aires.
En el caso de las provincias, se emitirá un bono a once años, que genera servicios por 5.000 millones para 2018, y 12.000 para 2019.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, existe una discrecionalidad absoluta, porque se determina que mediante aporte del Tesoro Nacional la provincia de Buenos Aires recibirá 21.000 millones de pesos para 2018 y 44.000 para 2019, a lo que se suma el ajuste por inflación.
Este acuerdo -entre comillas- político de las provincias con el gobierno nacional es absolutamente discriminatorio.
Valoro muchísimo a nuestros gobernadores; valoro muchísimo la posición del gobernador de la provincia de Entre Ríos, porque no le quedaba otra alternativa. Era esto o no pagar los sueldos, y el gobierno nacional lo sabía. Sin embargo, avanzó decididamente en este pacto que ustedes plantean como un acuerdo beneficioso, transparente, bueno. Pero está a la vista que no es así.
Con una mano en el corazón, les pregunto: ¿cuántos habrán escuchado o leído versiones públicas de legisladores que están de alguna forma alineados con el gobierno pero que no están en un todo de acuerdo con lo que van a hacer? Esto es así. Estamos en el presente, pero la historia los va a juzgar sobre esta cuestión que ustedes plantean como extraordinaria.
Sepan que ustedes no son los capos del federalismo, y eso está demostrado por muchísimas acciones que terminan en la Avenida General Paz y en forma permanente. Gobiernan el país como gobernaron la Capital Federal. Las provincias importan solamente para conseguir votos. Pienso que el tiempo juzgará lo que estoy diciendo, y no creo equivocarme.
Por eso valoro decididamente a los gobernadores, que vinieron y se expusieron a ustedes, junto con el presidente de la Cámara de Diputados.
La verdad es que esa situación constituyó una foto muy fea, que desvaloriza notable y totalmente a esos jefes territoriales de provincia. Es de mal gusto, y por en seguida quitaron esa imagen.
Abogo por una Nación federal. Reivindico que la historia no la comenzaron ustedes hace dos años.
Reitero: se hicieron cientos de obras a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y también quiero reivindicarlas en este acto, porque fueron hechas por un gobierno al que acusan permanentemente de corrupción.
Los hombres y mujeres que integramos este espacio político nos sentimos orgullosos de haber formado parte del equipo que gobernó a la Argentina durante doce años. Lo decimos desde la convicción de que siempre estuvimos junto al pueblo, porque hablamos como ustedes no lo hacen de derechos y de inclusión. Ustedes quitan derechos pero no generan inclusión. Es por eso que quería hacer estas apreciaciones.
Para finalizar, quiero decir que la soberbia es mala consejera. En este sentido, escuché a diputados preopinantes hablar con mucha soberbia y acusando permanentemente a nuestro espacio político. Pero yo les digo lo siguiente: háganse cargo de lo que hicieron en estos últimos dos años. El pueblo les está picando boleto, señor presidente. Ya no cree en el relato de Durán Barba que todos ustedes adquirieron. Por eso reivindico el hecho de pertenecer a un espacio político y destaco las miles de obras que se hicieron durante doce años en la República Argentina y en la provincia de Entre Ríos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Marcucci.
SR. MARCUCCI Señor presidente: indudablemente, por más que se quiera escribir de manera diferente o darle otro significado a este consenso, es un hecho histórico puesto que es un acuerdo entre gobernadores y el gobierno nacional que celebra el diálogo. Por supuesto, como en todo acuerdo, hay negociaciones, pero indudablemente que está en el centro de la escena el diálogo entre los gobernadores y el gobierno nacional. También es indiscutible que desde la ley de coparticipación de la democracia -allá en los inicios de la Presidencia de Raúl Alfonsín-, donde había una distribución prácticamente en partes iguales de los recursos nacionales, el reparto se fue agravando y desbalanceando en perjuicio de las provincias y a favor del Estado nacional.
El señor diputado Gioja decía claramente que esto también se agravó con los sucesivos pactos fiscales, el primero el Pacto Fiscal 1, en 1992, y así sucesivamente. Cuando llegó el kirchnerismo, tenía la opción de que este camino de declive hacia un federalismo real fuera indudablemente profundizado, pero no en el sentido de una mayor y una mejor distribución federal. Siempre tenemos la ilusión de que un gobernador del interior piensa las cuestiones de manera distinta desde la convicción y desde su creencia del federalismo, pero no profundizó un esquema, ni lo agravó. Todo esto llevó a la peor distribución de la historia de recursos por coparticipación entre Nación y provincia, en el orden del 75 por ciento para la Nación y 25 por ciento para las provincias. Recuerden de dónde habíamos partido en la democracia. Obviamente, esto merece un razonamiento político de la idea política del "vamos por todo".
Como siempre, cualquier gobierno tiene interpretaciones positivas o negativas de las cosas que se hicieron, pero habría que recordarle al señor diputado Kicillof que la Corte Suprema de Justicia de la Nación los sentenció por haberse quedado con la plata de las provincias de 2006 en adelante, y no devolvieron nada. Porque en esta Argentina parece que a veces no nos queda ni siquiera un espacio para cierta razonabilidad y decoro. Parece que a veces el cinismo nos gana. En realidad, lo hicieron después del plebiscito -ese famoso decreto-, violando la Constitución, como él bien sabe. Pero además luego le dijeron a Macri que tenía que devolver los recursos a las provincias con la plata de su gobierno. Es increíble que hoy además estemos aquí reivindicando esa situación, porque muchas de las provincias que no tuvieron las iniciativas de reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación perdieron para siempre parte de esos recursos. Eso no sé en qué cuenta la cargamos en la historia.
Otras provincias tuvieron la valentía de hacerlo, como Santa Fe, con Hermes Binner -a quien acompañé a la Corte Suprema de Justicia de la Nación-. Carlos Alberto Reutemann y Jorge Obeid también estaban presentes ese día para reclamar. Fue la primera provincia que hizo ese reclamo y, por supuesto, estamos contentos que en el consenso fiscal parte de esa deuda -que generó otro gobierno y tiene que asumir el actual- tenga el 31 de marzo como fecha límite o máxima para llegar a un acuerdo. No es casual que las provincias que tenían alguna espalda económico-financiera pudieran hacer ese reclamo, como Córdoba y San Luis. El resto, estuvo sometido a no poder llevar adelante ese tipo de demanda.
Ustedes piensan que a lo mejor después del reclamo que Santa Fe hizo a la Corte llovieron recursos. Bueno, al respecto se imaginarán cuál fue el trato federal, el abrazo federal que recibíamos los santafesinos de otros hombres del interior.
Creo que esta es la primera vez en largo tiempo que empezamos a revertir la construcción de una Argentina federal, porque además sabemos que las condiciones políticas están dadas para que esto sea posible.
Celebro que empecemos un camino diferente en esta Argentina, que también reclama ser más federal. (Aplausos.)
El señor diputado Gioja decía claramente que esto también se agravó con los sucesivos pactos fiscales, el primero el Pacto Fiscal 1, en 1992, y así sucesivamente. Cuando llegó el kirchnerismo, tenía la opción de que este camino de declive hacia un federalismo real fuera indudablemente profundizado, pero no en el sentido de una mayor y una mejor distribución federal. Siempre tenemos la ilusión de que un gobernador del interior piensa las cuestiones de manera distinta desde la convicción y desde su creencia del federalismo, pero no profundizó un esquema, ni lo agravó. Todo esto llevó a la peor distribución de la historia de recursos por coparticipación entre Nación y provincia, en el orden del 75 por ciento para la Nación y 25 por ciento para las provincias. Recuerden de dónde habíamos partido en la democracia. Obviamente, esto merece un razonamiento político de la idea política del "vamos por todo".
Como siempre, cualquier gobierno tiene interpretaciones positivas o negativas de las cosas que se hicieron, pero habría que recordarle al señor diputado Kicillof que la Corte Suprema de Justicia de la Nación los sentenció por haberse quedado con la plata de las provincias de 2006 en adelante, y no devolvieron nada. Porque en esta Argentina parece que a veces no nos queda ni siquiera un espacio para cierta razonabilidad y decoro. Parece que a veces el cinismo nos gana. En realidad, lo hicieron después del plebiscito -ese famoso decreto-, violando la Constitución, como él bien sabe. Pero además luego le dijeron a Macri que tenía que devolver los recursos a las provincias con la plata de su gobierno. Es increíble que hoy además estemos aquí reivindicando esa situación, porque muchas de las provincias que no tuvieron las iniciativas de reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación perdieron para siempre parte de esos recursos. Eso no sé en qué cuenta la cargamos en la historia.
Otras provincias tuvieron la valentía de hacerlo, como Santa Fe, con Hermes Binner -a quien acompañé a la Corte Suprema de Justicia de la Nación-. Carlos Alberto Reutemann y Jorge Obeid también estaban presentes ese día para reclamar. Fue la primera provincia que hizo ese reclamo y, por supuesto, estamos contentos que en el consenso fiscal parte de esa deuda -que generó otro gobierno y tiene que asumir el actual- tenga el 31 de marzo como fecha límite o máxima para llegar a un acuerdo. No es casual que las provincias que tenían alguna espalda económico-financiera pudieran hacer ese reclamo, como Córdoba y San Luis. El resto, estuvo sometido a no poder llevar adelante ese tipo de demanda.
Ustedes piensan que a lo mejor después del reclamo que Santa Fe hizo a la Corte llovieron recursos. Bueno, al respecto se imaginarán cuál fue el trato federal, el abrazo federal que recibíamos los santafesinos de otros hombres del interior.
Creo que esta es la primera vez en largo tiempo que empezamos a revertir la construcción de una Argentina federal, porque además sabemos que las condiciones políticas están dadas para que esto sea posible.
Celebro que empecemos un camino diferente en esta Argentina, que también reclama ser más federal. (Aplausos.)
SR. KICILLOF Pido la palabra porque he sido aludido.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Hay muchas cuestiones a las que quiero referirme. La primera es la metodología del gobierno que comentaban los señores diputados Laspina y Cano.
Simplemente voy a leer un tuit de un colega, el señor diputado Beder Herrera. Como internet nunca es tan fidedigno, bien podría ser falso, pero creo que no lo es. Ese tuit dice lo siguiente: "Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos no nos bajan la plata; dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja". Esto lo dijo en el día de ayer.
Pero también tenemos el caso de otro gobernador, al que le aparece una nota y un audio en relación con este tema, en el que también se ve afectada la diputada Rosa Muñoz.
Señor presidente: como no me está escuchando, voy a repetir lo que estaba diciendo. El tuit de Beder Herrera da a entender no que los apretaron, sino que los recontra apretaron para que votaran ese proyecto.
En ese mismo sentido hay otro tuit de la diputada Rosa Muñoz -pido disculpas si es falso; creo que no lo es, pero también pienso que nadie va a poder desmentirlo-, donde cuenta que cuando se estaba armando el quórum de la última sesión, tan dificultoso -y tan legítimo, según ustedes-, al gobernador de la provincia de Chubut un ministro le mandó una foto de su banca vacía, y le dijo: "Tu diputada no da quórum". Y dice Rosa Muñoz en su tuit: "Hoy mi sentada valía que los chubutenses cobraran el sueldo, el aguinaldo, y todo lo que significa el pago de la administración pública".
Espero que todo esto sea información "trucha". Ruego que así lo sea porque, de lo contrario, ustedes -como lo vienen haciendo y como lo venimos denunciando- habrán hecho aprietes diputado por diputado para conseguir el quórum y que estos les voten leyes contra la gente.
Me da la impresión de que no puede haber más pruebas que estas de que ese es el método que utilizan. Conozco más casos como estos, pero no voy a citarlos porque no se hicieron públicos.
Es decir que hay diputados que votan leyes que no quieren, porque si no Macri no les da la plata para los sueldos en las provincias de las que provienen. Con lo cual, están votando con una pistola en la cabeza.
Creo que han venido generalizando ese método, el cual les resta legitimidad. Además, esto no solo ya es un escándalo, sino que va a ser objeto de investigaciones acerca de qué daño le hace a la democracia esta forma de actuar.
Simplemente voy a leer un tuit de un colega, el señor diputado Beder Herrera. Como internet nunca es tan fidedigno, bien podría ser falso, pero creo que no lo es. Ese tuit dice lo siguiente: "Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos no nos bajan la plata; dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja". Esto lo dijo en el día de ayer.
Pero también tenemos el caso de otro gobernador, al que le aparece una nota y un audio en relación con este tema, en el que también se ve afectada la diputada Rosa Muñoz.
Señor presidente: como no me está escuchando, voy a repetir lo que estaba diciendo. El tuit de Beder Herrera da a entender no que los apretaron, sino que los recontra apretaron para que votaran ese proyecto.
En ese mismo sentido hay otro tuit de la diputada Rosa Muñoz -pido disculpas si es falso; creo que no lo es, pero también pienso que nadie va a poder desmentirlo-, donde cuenta que cuando se estaba armando el quórum de la última sesión, tan dificultoso -y tan legítimo, según ustedes-, al gobernador de la provincia de Chubut un ministro le mandó una foto de su banca vacía, y le dijo: "Tu diputada no da quórum". Y dice Rosa Muñoz en su tuit: "Hoy mi sentada valía que los chubutenses cobraran el sueldo, el aguinaldo, y todo lo que significa el pago de la administración pública".
Espero que todo esto sea información "trucha". Ruego que así lo sea porque, de lo contrario, ustedes -como lo vienen haciendo y como lo venimos denunciando- habrán hecho aprietes diputado por diputado para conseguir el quórum y que estos les voten leyes contra la gente.
Me da la impresión de que no puede haber más pruebas que estas de que ese es el método que utilizan. Conozco más casos como estos, pero no voy a citarlos porque no se hicieron públicos.
Es decir que hay diputados que votan leyes que no quieren, porque si no Macri no les da la plata para los sueldos en las provincias de las que provienen. Con lo cual, están votando con una pistola en la cabeza.
Creo que han venido generalizando ese método, el cual les resta legitimidad. Además, esto no solo ya es un escándalo, sino que va a ser objeto de investigaciones acerca de qué daño le hace a la democracia esta forma de actuar.
SR. PRESIDENTE LASPINA Creo que el señor diputado Beder Herrera no estuvo en la sesión. Vamos a verificarlo.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Allende.
SR. ALLENDE Señor presidente: le agradezco que me permita hacer uso de la palabra. A pesar de que no integro esta comisión, estoy interesado en conocer los alcances del presupuesto nacional, y particularmente lo que tiene que ver con mi provincia, San Juan.
Estas manifestaciones que venimos escuchando involucran a los gobernadores de toda la Argentina. Muchos de ellos seguramente han formado parte de alguna de las Cámaras y han sido reelectos en sus provincias. Como se manifestó aquí y en el recinto, me acuerdo que una señora diputada llegó a utilizar el término "gobernadores prostituidos", y creo que esas cosas no nos hacen bien. Si esto fuera verdad, se manifiesta un gran daño que le estamos haciendo a la democracia. Creo que debemos tener un poco de respeto por las máximas autoridades de cada una de las provincias, que tienen enormes responsabilidades.
En cuanto al federalismo, esta lucha permanente con la provincia de Buenos Aires no comenzó con el gobierno anterior ni va a terminar con el actual. He compartido con muchos años de lucha en el Justicialismo de la provincia de San Juan con el ex gobernador -con "El Flaco" Gioja, como le decimos nosotros-, y he compartido también una intendencia por ocho años durante su gobernación. Ahora estamos en bloques distintos -estoy en el bloque federal-, pero nos siguen uniendo la misma pasión y las ganas de trabajar por la provincia de San Juan. Inclusive, hemos canalizado algunas inquietudes de la provincia a través del bloque.
Reitero que estas expresiones no hacen bien, y tampoco hace bien que haya gobernadores ausentes que no se manifiestan. Debemos tener mucho respeto por aquellas autoridades que rigen los destinos de la provincia y que están trabajando mucho para sostener su gobernabilidad.
Estas manifestaciones que venimos escuchando involucran a los gobernadores de toda la Argentina. Muchos de ellos seguramente han formado parte de alguna de las Cámaras y han sido reelectos en sus provincias. Como se manifestó aquí y en el recinto, me acuerdo que una señora diputada llegó a utilizar el término "gobernadores prostituidos", y creo que esas cosas no nos hacen bien. Si esto fuera verdad, se manifiesta un gran daño que le estamos haciendo a la democracia. Creo que debemos tener un poco de respeto por las máximas autoridades de cada una de las provincias, que tienen enormes responsabilidades.
En cuanto al federalismo, esta lucha permanente con la provincia de Buenos Aires no comenzó con el gobierno anterior ni va a terminar con el actual. He compartido con muchos años de lucha en el Justicialismo de la provincia de San Juan con el ex gobernador -con "El Flaco" Gioja, como le decimos nosotros-, y he compartido también una intendencia por ocho años durante su gobernación. Ahora estamos en bloques distintos -estoy en el bloque federal-, pero nos siguen uniendo la misma pasión y las ganas de trabajar por la provincia de San Juan. Inclusive, hemos canalizado algunas inquietudes de la provincia a través del bloque.
Reitero que estas expresiones no hacen bien, y tampoco hace bien que haya gobernadores ausentes que no se manifiestan. Debemos tener mucho respeto por aquellas autoridades que rigen los destinos de la provincia y que están trabajando mucho para sostener su gobernabilidad.
SR. PRESIDENTE LASPINA Antes de darle a la señora diputada Navarro, quiero decirles que el señor diputado Herrera ni dio quórum ni votó, por lo cual habría que revisar si esa cuenta no es un fake. Votó en contra y no dio quórum, lo cual refuta la teoría del Twitter.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA Señor diputado Kicillof: verifique si no es un falso Beder Herrera, porque se ve que la extorsión que sufrió no dio resultado.
SR. GIOJA Aclaremos eso, señor presidente. Vino, dio quórum y votó en contra...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. OCAÑA Señor presidente: es evidente que estas denuncias de aprietes y demás ha sido muy poco efectiva, porque -como usted bien lo informó- el señor diputado Herrera votó en contra y no dio quórum. La señora diputada Muñoz entiendo que estuvo ausente en la situación, y ella quizás lo pueda aclarar. Pero yo recuerdo haber visto a algunos señores diputados que fueron violentados en la sesión del jueves, y eso creo que también debe ponerse en la balanza.
Acá cada uno vota con la responsabilidad que tiene. Todos somos diputados y representamos al pueblo de la Nación que nos ha elegido para ocupar este lugar. Los respeto mucho a todos pero creo que ninguno de nosotros está en una situación de apriete.
Acá cada uno vota con la responsabilidad que tiene. Todos somos diputados y representamos al pueblo de la Nación que nos ha elegido para ocupar este lugar. Los respeto mucho a todos pero creo que ninguno de nosotros está en una situación de apriete.
SR. GIOJA Las únicas denuncias que valen son las que hace la diputada preopinante, señor presidente.
SR. PRESIDENTE LASPINA Continúa en la lista de oradores la señora diputada Navarro, pero daré la palabra al señor diputado Lavagna para hacer un breve comentario.
SR. LAVAGNA Señor presidente: simplemente pido que tratemos de reflexionar un poco y que intentemos bajar el grado de conflictividad, porque me parece que no nos estamos dando cuenta de que todo lo que pasa acá adentro después se magnifica en las calles.
Entonces, me parecería bueno que bajemos el nivel de confrontación. Si bien eso puede ser redituable desde lo político de un lado o de otro, creo que tenemos que dar el ejemplo. (Aplausos.)
Entonces, me parecería bueno que bajemos el nivel de confrontación. Si bien eso puede ser redituable desde lo político de un lado o de otro, creo que tenemos que dar el ejemplo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Muchas gracias por recordarlo, señor diputado.
Tiene la palabra la señora diputada Navarro.
Tiene la palabra la señora diputada Navarro.
SRA. NAVARRO Tiene razón el señor diputado Lavagna.
Había pedido la palabra porque iba a dar un ejemplo. Nosotros estamos como radicales de corazón, pero no de chapa, en medio de toda esta historia de los dos grandes partidos políticos que vienen manejando el gobierno.
Zamora, por haber hecho un convenio con la reparación histórica, fue expulsado de la Unión Cívica Radical...
Había pedido la palabra porque iba a dar un ejemplo. Nosotros estamos como radicales de corazón, pero no de chapa, en medio de toda esta historia de los dos grandes partidos políticos que vienen manejando el gobierno.
Zamora, por haber hecho un convenio con la reparación histórica, fue expulsado de la Unión Cívica Radical...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. NAVARRO Con respeto, por favor.
Nosotros asumimos el gobierno en 2005, cuando nadie pensaba que un radical podía llegar al gobierno provincial.
Mi provincia siempre estuvo gobernada por Juárez, incluso desde antes de que nosotros hayamos nacido. Su caballito de batalla siempre fue "luz, agua y caminos", y jamás los tuvimos, porque él tenía como meta la enemistad con el gobierno nacional, sea cual fuere.
Cuando Zamora vino al gobierno nacional y acordó, a los radicales nos echaron, nos intervinieron y no existimos más como radicales. Por eso hicimos un frente cívico.
No tiremos manteca al techo, amigos, por haber gobernado. Además, cada provincia gobierna como puede. Pero pido que no nos convirtamos en una escribanía del gobierno nacional, y esperamos que eso siempre se respete. (Aplausos.)
Hace diez días la doctora Zamora entregó el mando. Asumió como diputada nacional con un 70 por ciento de apoyo popular, y fue clara en decirles que el hecho de no querer aprobar una ley no significa que no vayamos a acompañar al gobierno.
Por otra parte, sabemos que Santiago del Estero siempre fue muy postergada. Y no crean que es solamente el gobierno el que mira a Buenos Aires, también el Papa lo hace. Pero yo les digo que Santiago del Estero también existe, y a nosotros cada cosa nos costó lágrimas. No sabíamos lo que era tener agua potable a mil metros de cualquier ciudad.
¿Pero qué pasa con esto? ¿Siempre tenemos que rebajarnos para que el gobierno nacional nos acomode? Kirchner nos dio vivienda, nos dio agua, acompañó la gestión.
Por otra parte, no hay una sola elección que Zamora no haya ganado con menos del 70 por ciento. Por eso me gustaría que aprendan de una sola cosa: nuestro bloque está integrado por peronistas y radicales, y no existe ninguna división por aspiración partidaria.
Hoy es mi primer día en esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, y vine con un mandato: acompañar al gobierno nacional. ¿Qué puede costarme eso, que también me expulsen?
Guardé mi escudo radical hace diecisiete años, amigos. Entonces, no nos llenemos la boca con tanto federalismo, porque cuando les toca gobernar se olvidan de él.
Esperamos que este gobierno respete a los gobiernos provinciales, porque son realidades distintas las que se viven en el interior. Nosotros estamos erradicando ranchos, lo que significa una mejora en la salud. También estamos luchando para erradicar la vinchuca. ¿Eso se nos regala? No, se está haciendo. Se le está haciendo un rancho de tratar de darle salud porque esta es la única manera en que se erradica la vinchuca, y los fondos son de la provincia. Hemos hecho muchísimas obras con fondos provinciales, y aquí el señor diputado Kicillof sabe que el gobierno nunca se arrodilló pidiendo un préstamo para pagar sueldos. En estos doce años de Zamora nunca estuvimos en rojo, y ahora entregamos un bono de 8.000 pesos a todos sin necesidad de pedírselo por favor al gobierno nacional.
Queremos que la coparticipación y lo que nos corresponda se dé por ley, pero por favor no hagamos política con palabras que se lleva el viento. Los santiagueños hemos sufrido cuando estaban los peronistas y cuando estuvieron los radicales. Hoy está Macri, y nosotros no lo apoyamos. Los santiagueños apoyaron a Scioli con el 70 por ciento, y sin embargo estoy aquí con el mandato de mi gobernador de acompañar este pacto, porque lo que sirve es la buena convivencia y la buena relación. Nos interesa que a este gobierno le vaya bien; nos interesa que todo lo que se asigne sea equitativo.
Así que les pido por favor que no manifestemos lo que después borramos con el codo. Para 2017 recibimos un presupuesto de 33.000 millones de pesos, y ahora nos aumentaron a 38.000 millones de pesos. La diferencia es solamente de un 13 por ciento de incremento para mi provincia en este presupuesto, y tengo el mandato de aprobarlo.
Pido a cada diputado que respete la independencia de cada provincia. No somos subordinados a ningún mandato político, pero sí respetamos la democracia en todos lados. No soy una diputada que en el recinto se va a pelear con ustedes, porque los respeto. En mi bloque hay peronistas y radicales, y votamos como corresponde. Ni siquiera espero que el radicalismo tome las cartas en el asunto, porque de los que mandaban en el Comité Nacional, hoy uno de ellos es gobernador gracias al peronismo y a la alianza con Macri. Pero cuando nosotros quisimos hacer eso, nos expulsaron y nos corrieron. Aun así, mi corazón sigue siendo radical. (Aplausos.)
Nosotros asumimos el gobierno en 2005, cuando nadie pensaba que un radical podía llegar al gobierno provincial.
Mi provincia siempre estuvo gobernada por Juárez, incluso desde antes de que nosotros hayamos nacido. Su caballito de batalla siempre fue "luz, agua y caminos", y jamás los tuvimos, porque él tenía como meta la enemistad con el gobierno nacional, sea cual fuere.
Cuando Zamora vino al gobierno nacional y acordó, a los radicales nos echaron, nos intervinieron y no existimos más como radicales. Por eso hicimos un frente cívico.
No tiremos manteca al techo, amigos, por haber gobernado. Además, cada provincia gobierna como puede. Pero pido que no nos convirtamos en una escribanía del gobierno nacional, y esperamos que eso siempre se respete. (Aplausos.)
Hace diez días la doctora Zamora entregó el mando. Asumió como diputada nacional con un 70 por ciento de apoyo popular, y fue clara en decirles que el hecho de no querer aprobar una ley no significa que no vayamos a acompañar al gobierno.
Por otra parte, sabemos que Santiago del Estero siempre fue muy postergada. Y no crean que es solamente el gobierno el que mira a Buenos Aires, también el Papa lo hace. Pero yo les digo que Santiago del Estero también existe, y a nosotros cada cosa nos costó lágrimas. No sabíamos lo que era tener agua potable a mil metros de cualquier ciudad.
¿Pero qué pasa con esto? ¿Siempre tenemos que rebajarnos para que el gobierno nacional nos acomode? Kirchner nos dio vivienda, nos dio agua, acompañó la gestión.
Por otra parte, no hay una sola elección que Zamora no haya ganado con menos del 70 por ciento. Por eso me gustaría que aprendan de una sola cosa: nuestro bloque está integrado por peronistas y radicales, y no existe ninguna división por aspiración partidaria.
Hoy es mi primer día en esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, y vine con un mandato: acompañar al gobierno nacional. ¿Qué puede costarme eso, que también me expulsen?
Guardé mi escudo radical hace diecisiete años, amigos. Entonces, no nos llenemos la boca con tanto federalismo, porque cuando les toca gobernar se olvidan de él.
Esperamos que este gobierno respete a los gobiernos provinciales, porque son realidades distintas las que se viven en el interior. Nosotros estamos erradicando ranchos, lo que significa una mejora en la salud. También estamos luchando para erradicar la vinchuca. ¿Eso se nos regala? No, se está haciendo. Se le está haciendo un rancho de tratar de darle salud porque esta es la única manera en que se erradica la vinchuca, y los fondos son de la provincia. Hemos hecho muchísimas obras con fondos provinciales, y aquí el señor diputado Kicillof sabe que el gobierno nunca se arrodilló pidiendo un préstamo para pagar sueldos. En estos doce años de Zamora nunca estuvimos en rojo, y ahora entregamos un bono de 8.000 pesos a todos sin necesidad de pedírselo por favor al gobierno nacional.
Queremos que la coparticipación y lo que nos corresponda se dé por ley, pero por favor no hagamos política con palabras que se lleva el viento. Los santiagueños hemos sufrido cuando estaban los peronistas y cuando estuvieron los radicales. Hoy está Macri, y nosotros no lo apoyamos. Los santiagueños apoyaron a Scioli con el 70 por ciento, y sin embargo estoy aquí con el mandato de mi gobernador de acompañar este pacto, porque lo que sirve es la buena convivencia y la buena relación. Nos interesa que a este gobierno le vaya bien; nos interesa que todo lo que se asigne sea equitativo.
Así que les pido por favor que no manifestemos lo que después borramos con el codo. Para 2017 recibimos un presupuesto de 33.000 millones de pesos, y ahora nos aumentaron a 38.000 millones de pesos. La diferencia es solamente de un 13 por ciento de incremento para mi provincia en este presupuesto, y tengo el mandato de aprobarlo.
Pido a cada diputado que respete la independencia de cada provincia. No somos subordinados a ningún mandato político, pero sí respetamos la democracia en todos lados. No soy una diputada que en el recinto se va a pelear con ustedes, porque los respeto. En mi bloque hay peronistas y radicales, y votamos como corresponde. Ni siquiera espero que el radicalismo tome las cartas en el asunto, porque de los que mandaban en el Comité Nacional, hoy uno de ellos es gobernador gracias al peronismo y a la alianza con Macri. Pero cuando nosotros quisimos hacer eso, nos expulsaron y nos corrieron. Aun así, mi corazón sigue siendo radical. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA En consideración el siguiente proyecto, el
0023-pe-2017, ley complementaria del consenso fiscal. Hay dos incorporaciones o modificaciones que se hacen respecto del proyecto del Poder Ejecutivo. La primera refiere a una mejor redacción de la prórroga de impuestos de asignación específica. Me refiero al artículo 4°, el cual voy a leer en unos instantes.
Concretamente, el CFI recomendó un desarrollo mayor y también nombrar taxativamente a la mayoría de estos impuestos relacionados con la asignación específica, de modo de darle más fortaleza a la ley.
El artículo 4° quedaría redactado de la siguiente forma: "Establécese que las asignaciones específicas que rigen a la fecha de entrada en vigencia de esta ley previstas en el marco de los tributos que se enumeran a continuación mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive: a) Impuesto al Valor Agregado previsto en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones; b) Gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos previsto en la ley número 20.630; c) Impuesto sobre el capital de cooperativas previsto en la ley número 23.427; d) Impuesto sobre los Bienes Personales previsto en el Título VI de la ley número 23.966; e) Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e Impuesto sobre los Videogramas previstos en la ley número 17.741; f) recursos al Fondo Especial del Tabaco previstos en la ley número 19.800; g) Impuestos a los pasajes al exterior previsto en la ley número 25.997; Impuesto Adicional de Emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos previsto en la ley número 24.625; i) Impuesto integrado del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes previsto en el Anexo de la ley número 24.977; j) Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual previsto en la ley número 26.522; k) Impuesto interno previsto en el Capítulo IV del Título II de la Ley de Impuestos Internos, Texto Ordenado en 1979 y sus modificaciones, o en aquella norma que lo incorpore a su texto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, toda asignación específica vigente de impuestos nacionales coparticipables mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive."
A través de este artículo estamos mencionando a la mayoría de los principales impuestos que tienen asignaciones específicas, darle la prórroga hasta el año 2022 -tal cual figura en el proyecto original- y prorrogar el resto sin detalle.
Asimismo, hemos incorporado -a pedido del señor diputado Brügge y del bloque justicialista- un nuevo artículo. Me refiero concretamente al artículo 7°. Se refiere a la atribución que tiene el Poder Ejecutivo nacional -para elevar el porcentaje que se toma como pago a cuenta del impuesto al cheque en relación con el pago del Impuesto a las Ganancias- a fin de establecer un techo para el cronograma de elevación de ese pago, que está previsto en la reforma tributaria. Es decir, llegar en un plazo de cinco años, al cien por ciento del impuesto al cheque como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Obviamente, la preocupación de las provincias se basa en que la (cesación) del cronograma pueda generar algún efecto distributivo entre Nación y provincia.
El artículo 7° quedará redactado de la siguiente forma: "El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer que el porcentaje del impuesto previsto en la ley número 25.413 y sus modificaciones que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no resulte computable como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, se reduzca progresivamente en hasta un 20 por ciento por año a partir del 1° de enero de 2018 pudiendo establecerse que, en 2022, se compute íntegramente el impuesto previsto en la ley número 25.413 y sus modificaciones como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias."
Estas son las únicas dos incorporaciones a las que quería hacer referencia. Se establece un cronograma máximo de aplicación del impuesto al cheque como pago a cuenta para que no se acelere o desacelere respecto a lo previsto. Lo ideal es que no se acelere.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Concretamente, el CFI recomendó un desarrollo mayor y también nombrar taxativamente a la mayoría de estos impuestos relacionados con la asignación específica, de modo de darle más fortaleza a la ley.
El artículo 4° quedaría redactado de la siguiente forma: "Establécese que las asignaciones específicas que rigen a la fecha de entrada en vigencia de esta ley previstas en el marco de los tributos que se enumeran a continuación mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive: a) Impuesto al Valor Agregado previsto en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones; b) Gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos previsto en la ley número 20.630; c) Impuesto sobre el capital de cooperativas previsto en la ley número 23.427; d) Impuesto sobre los Bienes Personales previsto en el Título VI de la ley número 23.966; e) Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e Impuesto sobre los Videogramas previstos en la ley número 17.741; f) recursos al Fondo Especial del Tabaco previstos en la ley número 19.800; g) Impuestos a los pasajes al exterior previsto en la ley número 25.997; Impuesto Adicional de Emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos previsto en la ley número 24.625; i) Impuesto integrado del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes previsto en el Anexo de la ley número 24.977; j) Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual previsto en la ley número 26.522; k) Impuesto interno previsto en el Capítulo IV del Título II de la Ley de Impuestos Internos, Texto Ordenado en 1979 y sus modificaciones, o en aquella norma que lo incorpore a su texto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, toda asignación específica vigente de impuestos nacionales coparticipables mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive."
A través de este artículo estamos mencionando a la mayoría de los principales impuestos que tienen asignaciones específicas, darle la prórroga hasta el año 2022 -tal cual figura en el proyecto original- y prorrogar el resto sin detalle.
Asimismo, hemos incorporado -a pedido del señor diputado Brügge y del bloque justicialista- un nuevo artículo. Me refiero concretamente al artículo 7°. Se refiere a la atribución que tiene el Poder Ejecutivo nacional -para elevar el porcentaje que se toma como pago a cuenta del impuesto al cheque en relación con el pago del Impuesto a las Ganancias- a fin de establecer un techo para el cronograma de elevación de ese pago, que está previsto en la reforma tributaria. Es decir, llegar en un plazo de cinco años, al cien por ciento del impuesto al cheque como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Obviamente, la preocupación de las provincias se basa en que la (cesación) del cronograma pueda generar algún efecto distributivo entre Nación y provincia.
El artículo 7° quedará redactado de la siguiente forma: "El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer que el porcentaje del impuesto previsto en la ley número 25.413 y sus modificaciones que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no resulte computable como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, se reduzca progresivamente en hasta un 20 por ciento por año a partir del 1° de enero de 2018 pudiendo establecerse que, en 2022, se compute íntegramente el impuesto previsto en la ley número 25.413 y sus modificaciones como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias."
Estas son las únicas dos incorporaciones a las que quería hacer referencia. Se establece un cronograma máximo de aplicación del impuesto al cheque como pago a cuenta para que no se acelere o desacelere respecto a lo previsto. Lo ideal es que no se acelere.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: es para sugerir que se agregue al artículo que leyó una leyenda que diga: "Lo establecido en la presente es sin perjuicio de otros regímenes que pudieran ser más beneficioso para las pequeñas y medianas empresas".
Esto es justamente para no ir en contra de lo que habíamos votado en la ley de pymes.
Esto es justamente para no ir en contra de lo que habíamos votado en la ley de pymes.
SR. PRESIDENTE LASPINA Lo vamos a estudiar, señor diputado, pero creo que es redundante porque esto no debería ir en contra, en ningún sentido, de otro beneficio otorgado por una norma. Pero lo vamos a estudiar y evaluar.
Tiene la palabra el señor diputado Snopek.
Tiene la palabra el señor diputado Snopek.
SR. SNOPEK Señor presidente: recién usted leyó todas las leyes que tenían vencimiento anual. Es decir que vencerían ahora el 31 de diciembre. Pero muchas de ellas se están prorrogando hasta el 2022. Sin embargo, hay algunos regímenes, como el Fondo Nacional del Tabaco, que no tiene vencimiento. Es un régimen permanente. Entonces, no sé por qué está incluido en el dictamen de estas normas.
SR. PRESIDENTE LASPINA Son impuestos a asignaciones específicas, cada uno tiene un plazo determinado y se destinan al Fondo Especial del Tabaco o a donde sea. Lo que se hace acá es prorrogar todos los impuestos hasta el 2022, pero no refiere a los regímenes que se financian a partir de esos impuestos. Simplemente, son impuestos que tienen asignaciones específicas. Por lo tanto, uno de los requisitos de las asignaciones específicas es que las mismas tengan plazos. Lo que se hace ahora es prorrogar todos los plazos hasta el año 2022. Generalmente, lo que sucedía, es que los vencimientos se iban superponiendo.
SR. SNOPEK Señor presidente: lo que sucede es que el régimen del Fondo Especial del Tabaco, precisamente, no es un impuesto. Es una contribución parafiscal. No es un impuesto y por eso no debería estar incluido. No sé por qué se lo incluyó.
No es un impuesto que tiene una asignación específica. Si bien lo recauda el Estado, técnicamente es una participación de los productores en el precio final del producto que se elabora con la materia prima que ellos aportan. Una parte del precio la reciben en los acopios y otra parte, diferida en el tiempo, una vez que se venden los cigarrillos. Por eso es que estaba excluida expresamente del presupuesto. Pero ahora, vemos que está incluido, como si fuera un régimen especial tributario. Pero no se trata de una asignación específica.
Como lo veo incluido dentro de todos los otros regímenes y como considero que no corresponde, es que le hago la consulta señor presidente.
No es un impuesto que tiene una asignación específica. Si bien lo recauda el Estado, técnicamente es una participación de los productores en el precio final del producto que se elabora con la materia prima que ellos aportan. Una parte del precio la reciben en los acopios y otra parte, diferida en el tiempo, una vez que se venden los cigarrillos. Por eso es que estaba excluida expresamente del presupuesto. Pero ahora, vemos que está incluido, como si fuera un régimen especial tributario. Pero no se trata de una asignación específica.
Como lo veo incluido dentro de todos los otros regímenes y como considero que no corresponde, es que le hago la consulta señor presidente.
SR. PRESIDENTE LASPINA Lo vamos a verificar, señor diputado. Yo entiendo que el Fondo Especial del Tabaco se nutre de parte de los impuestos internos a los cigarrillos.
SR. SNOPEK No, señor presidente. Es un régimen especial y está excluido del presupuesto.
SR. SOLANAS ¿Puedo hacer una pregunta sobre el proyecto de presupuesto?
SR. ROMERO Señor presidente: quiero trasladarle la inquietud y preocupación de varios intendentes de mi provincia con respecto al déficit que tienen las provincias y la compensación que van a recibir por parte de la Nación. Se estima que mi provincia va a tener una pérdida de 1.260 millones de pesos, que luego será compensada por la nación. Los municipios quieren saber si eso va como coparticipación o en forma directa a fin de que la provincia la pueda manejar discrecionalmente. En el caso de la provincia de Corrientes, se estima que va a tener una pérdida -repito- de 1.260 millones de pesos que van a ser compensadas por la nación.
SR. PRESIDENTE LASPINA Su pregunta es atinada. Cuando comencemos a analizar el proyecto de ley de presupuesto voy a hacer alusión a un párrafo que hace referencia a las compensaciones automáticas diarias a las que se refiere el pacto fiscal.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: le quiero aclarar que en el artículo 1° al final de la modificación del artículo 3° dice así: "...y no deberá ser considerado a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta por la ley 26.417." Eso ya no existe, con lo cual habría que modificarlo. Ahora, tiene otra fórmula de movilidad.
SR. PRESIDENTE LASPINA Gracias, señor diputado Lavagna. Lo vamos a chequear. No recuerdo si modificamos la movilidad del Estado sobre esa misma ley.
SR. LAVAGNA Igual no tiene sentido porque es para la fórmula.
SR. PRESIDENTE LASPINA Es cierto. Esto es redundante.
Con estas modificaciones, pasamos el proyecto a la firma.
Con estas modificaciones, pasamos el proyecto a la firma.
Se pasa a la firma.
SR. PRESIDENTE LASPINA Aclaro que también pasamos para la firma el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la ley 25.917, sobre Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
Se pasa a la firma.
SR. PRESIDENTE LASPINA A continuación, comenzamos con el análisis del mensaje número 0025/17 y proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2018.
En primer término, harán uso de la palabra dos oradores que fueron propuestos por el bloque del Frente para la Victoria. Se trata de dos invitados que querían hablar sobre el tema de las universidades, por un lado y, por el otro, acerca de aspectos de ciencia y técnica. Ambos, estaban preocupados por la cuestión presupuestaria.
Tiene la palabra la señora diputada Frana.
En primer término, harán uso de la palabra dos oradores que fueron propuestos por el bloque del Frente para la Victoria. Se trata de dos invitados que querían hablar sobre el tema de las universidades, por un lado y, por el otro, acerca de aspectos de ciencia y técnica. Ambos, estaban preocupados por la cuestión presupuestaria.
Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Señor presidente: están llegando. Enseguida van a hacerse presentes en la reunión.
SR. PRESIDENTE LASPINA Mientras llegan los invitados, voy a mencionarles los cambios al articulado respecto de lo que envió el Poder Ejecutivo nacional.
El artículo 4° se va a modificar pues tiene un error de forma en lo relativo al tratamiento de las aplicaciones financieras. Es un error contable que colocaba arriba a las aplicaciones financieras y las contaba dos veces. Eso se corrige. Simplemente es un error de forma.
Por otro lado, se corrigió el artículo 6° en la planilla anexa con respecto a las horas cátedra, Cancillería y el cargo de Defensoría General de la Nación.
También se modifica el texto del artículo 11 para agregar la planilla B, con las nuevas obras plurianuales. Esta es una práctica que se está convirtiendo en habitual.
Además, se modifica el artículo 19, a los fines de cumplir con el consenso fiscal, quedando redactado de la siguiente manera. "Artículo 19: Establécese la vigencia para el ejercicio fiscal 2018 del artículo 7° de la ley 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la ley 26.206, teniendo en mira los fines y objetivos de la política educativa nacional y asegurando la transferencia a municipios de acuerdo a los montos destinados efectivamente para cubrir gastos vinculados a la finalidad y función educación básica formal de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción". Esto fue incorporado en el pacto fiscal.
El artículo 20 modifica la asignación de contribución del Banco Central.
Por otro lado, se modificó la redacción del artículo 23, que ahora hace referencia a la última ley de energía renovable votada, es decir la ley 27.191, y se eliminó la referencia a beneficios fiscales que no están vigentes a partir del 2018.
Además, se mejoró la redacción del artículo 52 con respecto a algunas cuestiones sobre la creación del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de administración y financiero, en cuanto a la denominación del mismo, la fuente de financiamiento y su objetivo.
Ahora voy a pasar a leer los cambios realizados en el articulado vinculado al pacto fiscal.
El artículo 4° se va a modificar pues tiene un error de forma en lo relativo al tratamiento de las aplicaciones financieras. Es un error contable que colocaba arriba a las aplicaciones financieras y las contaba dos veces. Eso se corrige. Simplemente es un error de forma.
Por otro lado, se corrigió el artículo 6° en la planilla anexa con respecto a las horas cátedra, Cancillería y el cargo de Defensoría General de la Nación.
También se modifica el texto del artículo 11 para agregar la planilla B, con las nuevas obras plurianuales. Esta es una práctica que se está convirtiendo en habitual.
Además, se modifica el artículo 19, a los fines de cumplir con el consenso fiscal, quedando redactado de la siguiente manera. "Artículo 19: Establécese la vigencia para el ejercicio fiscal 2018 del artículo 7° de la ley 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la ley 26.206, teniendo en mira los fines y objetivos de la política educativa nacional y asegurando la transferencia a municipios de acuerdo a los montos destinados efectivamente para cubrir gastos vinculados a la finalidad y función educación básica formal de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción". Esto fue incorporado en el pacto fiscal.
El artículo 20 modifica la asignación de contribución del Banco Central.
Por otro lado, se modificó la redacción del artículo 23, que ahora hace referencia a la última ley de energía renovable votada, es decir la ley 27.191, y se eliminó la referencia a beneficios fiscales que no están vigentes a partir del 2018.
Además, se mejoró la redacción del artículo 52 con respecto a algunas cuestiones sobre la creación del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de administración y financiero, en cuanto a la denominación del mismo, la fuente de financiamiento y su objetivo.
Ahora voy a pasar a leer los cambios realizados en el articulado vinculado al pacto fiscal.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: acabamos de enterarnos que un colega nuestro -el señor diputado Lousteau- ha sido agredido en la calle. No tenemos en claro qué es lo que ha sucedido. Nuestro bloque, el del Frente para la Victoria, -seguramente el resto de las representaciones políticas también lo harán- expresamos el repudio a este hecho, más allá de las diferencias políticas.
Entendemos que esto hay que dirimirlo haciendo política. Por ello, queremos dejar expresado el repudio de parte del bloque del Frente para la Victoria.
Entendemos que esto hay que dirimirlo haciendo política. Por ello, queremos dejar expresado el repudio de parte del bloque del Frente para la Victoria.
SR. PRESIDENTE LASPINA Adherimos al repudio. ¡Qué desastre!
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: adhiero al repudio y también deseo reafirmar lo que manifesté anteriormente respecto de que nosotros tendríamos que bajar la conflictividad aquí dentro porque esto repercute afuera y luego suceden este tipo de incidentes que son muy negativos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
SR. BORSANI Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical adhiere a la preocupación y hará llegar al diputado Lousteau toda nuestra colaboración. Le mandamos un solidario abrazo. Estamos a disposición, es nuestro correligionario y afiliado, de modo tal que va a contar con nosotros en todo lo que esté a nuestro alcance.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Villavicencio.
SRA. VILLAVICENCIO Señor presidente: quería informarles que el hecho ocurrió antes de que el señor diputado llegue al Congreso. Esto sucedió en la avenida Callao y la policía de la Ciudad ha colaborado para ayudarlo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Brügge.
SR. BRÜGGE Señor presidente: compartimos la preocupación y la solidaridad respecto del diputado agredido.
Es hora de que toda la clase política dé un ejemplo de tranquilidad, paz y de transmitir que existe la posibilidad de diálogo y de consenso. La gente debe saber que aquí dentro se encuentran los representantes del pueblo; nosotros no estamos en contra del pueblo, más allá de las diferentes posiciones políticas. Nosotros representamos a la gente y ellos están esperando gestos de parte nuestra. Tenemos que dialogar y discutir en los niveles correspondientes. Nadie debe renunciar a sus ideas primitivas. Tenemos que contar con la firme convicción de que si nosotros no damos el ejemplo aquí, entonces no esperemos que quienes están afuera se calmen. Sé que hay violentos y malintencionados. Pero también sé que la inmensidad del pueblo argentino es pacífico y quiere transitar por los carriles de la normalidad, sobre todo a esta altura del año donde estamos cerca de fechas muy sensibles.
Es hora de que toda la clase política dé un ejemplo de tranquilidad, paz y de transmitir que existe la posibilidad de diálogo y de consenso. La gente debe saber que aquí dentro se encuentran los representantes del pueblo; nosotros no estamos en contra del pueblo, más allá de las diferentes posiciones políticas. Nosotros representamos a la gente y ellos están esperando gestos de parte nuestra. Tenemos que dialogar y discutir en los niveles correspondientes. Nadie debe renunciar a sus ideas primitivas. Tenemos que contar con la firme convicción de que si nosotros no damos el ejemplo aquí, entonces no esperemos que quienes están afuera se calmen. Sé que hay violentos y malintencionados. Pero también sé que la inmensidad del pueblo argentino es pacífico y quiere transitar por los carriles de la normalidad, sobre todo a esta altura del año donde estamos cerca de fechas muy sensibles.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
SR. LIPOVETZKY Señor presidente: en el mismo sentido, desde el bloque PRO-Cambiemos, nos solidarizamos con el señor diputado Lousteau y repudiamos toda forma de violencia. Hemos visto que todos los bloques coinciden con este repudio a la vez que sabemos que tenemos que dar el ejemplo en base a nuestro accionar dentro de la Cámara, tanto en el recinto como en las reuniones de comisión. También debemos señalar que los hechos que sucedieron esta semana no deben ocurrir nunca más. Me refiero a lo que sucedió en el marco de la reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
Por ello, creo que deberíamos dar una respuesta al margen de estas expresiones de solidaridad. Quizás podríamos hacer un pedido a los presidentes de los diferentes bloques para que se emita una inmediata declaración. Quizás mañana en el recinto podríamos tratarlo y aprobarlo, pero hoy -aprovechando las expresiones políticas que acabamos de escuchar- deberíamos repudiar esta acción. Porque es un precedente muy grave, que no podemos dejar pasar.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
Sr. Pastori.- Señor presidente: nos han informado que existen bloques -concretamente el Frente Para la Victoria y no sé si alguno más- que van a presentar dictámenes en minoría en algunos de los proyectos que estamos tratando esta tarde. En ese sentido, quería informarles a esos bloques que pueden presentarlos hasta las 20 horas del día de hoy.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
Sr. Contigiani.- Señor presidente: pedí la palabra solamente para adherir al repudio de los actos de violencia sufridos por el señor diputado Lousteau.
Quiero contribuir, desde este Parlamento, a que el debate apasionado de ideas tenga como límite fundamental las descalificaciones personales o políticas. Por ello, insto a que no tratemos de ir más allá de este legítimo debate de opiniones.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra la señora diputada Laura Alonso.
Por ello, creo que deberíamos dar una respuesta al margen de estas expresiones de solidaridad. Quizás podríamos hacer un pedido a los presidentes de los diferentes bloques para que se emita una inmediata declaración. Quizás mañana en el recinto podríamos tratarlo y aprobarlo, pero hoy -aprovechando las expresiones políticas que acabamos de escuchar- deberíamos repudiar esta acción. Porque es un precedente muy grave, que no podemos dejar pasar.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
Sr. Pastori.- Señor presidente: nos han informado que existen bloques -concretamente el Frente Para la Victoria y no sé si alguno más- que van a presentar dictámenes en minoría en algunos de los proyectos que estamos tratando esta tarde. En ese sentido, quería informarles a esos bloques que pueden presentarlos hasta las 20 horas del día de hoy.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
Sr. Contigiani.- Señor presidente: pedí la palabra solamente para adherir al repudio de los actos de violencia sufridos por el señor diputado Lousteau.
Quiero contribuir, desde este Parlamento, a que el debate apasionado de ideas tenga como límite fundamental las descalificaciones personales o políticas. Por ello, insto a que no tratemos de ir más allá de este legítimo debate de opiniones.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra la señora diputada Laura Alonso.
SRA. ALONSO Señor presidente: hace un rato concedió la posibilidad de que representantes del área de educación, universidad y ciencia puedan exponer la preocupación que tienen acerca del proyecto de presupuesto 2018. Por ello, quiero solicitarle que, por favor, permita la intervención de la señora Yamile Socolovsky, representante del CONADU, que es el gremio nacional de docentes universitarios; de Ana Franchi, investigadora del Conicet; y de Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora Ana Franchi.
SRA. FRANCHI Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de ser escuchada.
En segundo lugar, soy investigadora del Conicet y vengo a hablar con respecto al presupuesto en ciencia y tecnología que nuevamente ha sido disminuido con respecto al año anterior.
Sin embargo, antes de hablar de números, quiero decirles lo que significa para nosotros una política en ciencia y tecnología.
La política en ciencia y tecnología, a diferencia de los presupuestos, no se arma año a año. Hay una inversión muy grande en recursos humanos que hace el Estado todo, desde la educación universitaria, el postdoctorado y los investigadores en los distintos lugares de trabajo.
La ciencia y la tecnología tiene proyectos que necesitan continuidad. No podemos parar un proyecto y continuarlo a los dos años.
Para continuarlos, es indispensable el financiamiento, porque los lugares de trabajo necesitan ser renovados y el equipamiento necesita ser renovado.
Todos saben que, en los últimos años y gracias a la gran inversión realizada, el Conicet ha subido muchos puestos en el ranking de instituciones de la base de datos SCImago, siendo hoy la institución más importante de América Latina. Esto, que costó muchos años en ser concretado, puede perderse rápidamente si se sigue desfinanciando.
Este año han quedado fuera 500 jóvenes sobre los cuales hemos hecho una inversión durante doce años. Me refiero expresamente al Conicet. Ese financiamiento habría alcanzado, simplemente, con lo que representan un día de intereses de las Lebacs.
Esta decisión que ustedes van a tomar -hoy o mañana- va a implicar un retroceso en el desarrollo de la ciencia y tecnología en la Argentina. Tendremos que esperar muchos años para volver atrás.
Al hablar de números, si pretendemos funcionar como lo hicimos este año, necesitamos que se aplique la inflación que ustedes están presupuestando en este proyecto. Para ello, se necesitaría incrementar en 5.200 millones lo relativo a la función ciencia y tecnología.
Si quisiéramos estar en la situación de hace un año atrás necesitaríamos 8.200 millones más. Todos saben que este año se votó la media sanción de la ley de financiamiento en ciencia y tecnología. Para tener el porcentaje que propone dicha ley debemos pensar en aproximadamente 27 mil millones de pesos. Necesitamos como mínimo, para no retroceder más, esos 5.200 millones de pesos. Así seguiríamos trabajando como este año, que fue malo. Esperamos no tener un año malísimo. Recuerden que todo el Estado ha invertido en estos jóvenes y en los investigadores que desarrollan sus actividades en la Argentina. El desfinanciamiento genera la pérdida de proyectos y de jóvenes. La idea es que no volvamos a tener en Ezeiza una fuga de investigadores jóvenes. Esto ya se escucha en los laboratorios y de parte de los jóvenes -que han vuelto por el Plan Raíces- y que podrían volver a irse.
Les pedimos que piensen en todo eso. (Aplausos.)
En segundo lugar, soy investigadora del Conicet y vengo a hablar con respecto al presupuesto en ciencia y tecnología que nuevamente ha sido disminuido con respecto al año anterior.
Sin embargo, antes de hablar de números, quiero decirles lo que significa para nosotros una política en ciencia y tecnología.
La política en ciencia y tecnología, a diferencia de los presupuestos, no se arma año a año. Hay una inversión muy grande en recursos humanos que hace el Estado todo, desde la educación universitaria, el postdoctorado y los investigadores en los distintos lugares de trabajo.
La ciencia y la tecnología tiene proyectos que necesitan continuidad. No podemos parar un proyecto y continuarlo a los dos años.
Para continuarlos, es indispensable el financiamiento, porque los lugares de trabajo necesitan ser renovados y el equipamiento necesita ser renovado.
Todos saben que, en los últimos años y gracias a la gran inversión realizada, el Conicet ha subido muchos puestos en el ranking de instituciones de la base de datos SCImago, siendo hoy la institución más importante de América Latina. Esto, que costó muchos años en ser concretado, puede perderse rápidamente si se sigue desfinanciando.
Este año han quedado fuera 500 jóvenes sobre los cuales hemos hecho una inversión durante doce años. Me refiero expresamente al Conicet. Ese financiamiento habría alcanzado, simplemente, con lo que representan un día de intereses de las Lebacs.
Esta decisión que ustedes van a tomar -hoy o mañana- va a implicar un retroceso en el desarrollo de la ciencia y tecnología en la Argentina. Tendremos que esperar muchos años para volver atrás.
Al hablar de números, si pretendemos funcionar como lo hicimos este año, necesitamos que se aplique la inflación que ustedes están presupuestando en este proyecto. Para ello, se necesitaría incrementar en 5.200 millones lo relativo a la función ciencia y tecnología.
Si quisiéramos estar en la situación de hace un año atrás necesitaríamos 8.200 millones más. Todos saben que este año se votó la media sanción de la ley de financiamiento en ciencia y tecnología. Para tener el porcentaje que propone dicha ley debemos pensar en aproximadamente 27 mil millones de pesos. Necesitamos como mínimo, para no retroceder más, esos 5.200 millones de pesos. Así seguiríamos trabajando como este año, que fue malo. Esperamos no tener un año malísimo. Recuerden que todo el Estado ha invertido en estos jóvenes y en los investigadores que desarrollan sus actividades en la Argentina. El desfinanciamiento genera la pérdida de proyectos y de jóvenes. La idea es que no volvamos a tener en Ezeiza una fuga de investigadores jóvenes. Esto ya se escucha en los laboratorios y de parte de los jóvenes -que han vuelto por el Plan Raíces- y que podrían volver a irse.
Les pedimos que piensen en todo eso. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora Yamile Socolovsky.
SRA. SOCOLOVSKY Señor presidente: soy directora del Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU, es decir, la Federación Nacional de Docentes Universitarios.
En coincidencia con quien me precedió en el uso de la palabra, quería señalar cuál es el fondo de nuestra preocupación.
A partir del año 2016 se empieza a producir en el sistema universitario argentino un proceso sostenido de desfinanciamiento. Este sistema tuvo, en años anteriores, un desarrollo permanente centrado en la idea de que la universidad es un derecho. O sea, que existe un derecho humano fundamental a la educación dentro del nivel superior y, con la convicción de que las universidades cumplen un rol estratégico en las posibilidades de un desarrollo nacional autónomo, sustentable y que atienda a las necesidades de nuestro país.
En este sentido, el desarrollo y la profundización de la democratización universitaria es correlativo del fortalecimiento del sistema científico y tecnológico que se nutre de nuestros graduados. Además, es fundamental para acompañar el desarrollo de políticas de Estado que estén en condiciones de dar cuenta de las necesidades de nuestra población.
El sistema universitario se ha venido desfinanciando de manera clara. Hay una cuenta que lo muestra de manera contundente. Si en el año 2015, luego de un proceso continuo de expansión del presupuesto universitario en relación con el Producto Bruto Interno, ese porcentaje había llegado al 0,87 por ciento, a partir del año 2016 comenzó a caer hasta llegar este año a un 0,77 por ciento. Ese desfinanciamiento se traduce en la restricción de la capacidad del sistema universitario de desarrollar actividades que tienen que ver con la posibilidad de la inclusión universitaria y con la vinculación de la universidad junto al territorio. Además, genera la posibilidad de que la universidad contribuya al desarrollo de políticas públicas.
Tenemos una lectura del presupuesto 2018 que nos preocupa enormemente. Por ello, necesitamos frenar el proceso de desfinanciamiento del sistema universitario. Hemos hecho diversos cálculos de lo que representaría frenar ese proceso de desfinanciamiento y volver a llevar al sistema universitario a los niveles de financiamiento del año 2015. Aclaro que se trata de un cálculo conservador porque creemos que el sistema universitario debería seguir expandiéndose para que el Estado garantice el derecho a la universidad. Sin embargo, el cálculo que hacemos para frenar el desfinanciamiento, nos indica que en el presupuesto 2018 necesitamos que haya 9.700 millones de pesos más para las universidades que los que asigna el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
En este marco de situación, nos preocupa particularmente la necesidad de incorporar partidas adicionales de por lo menos 2.300 millones de pesos, para asegurar el nivel de gastos de funcionamiento.
Para los programas de desarrollo universitario, que son los programas que justamente permiten vincular a la universidad con el desarrollo de las actividades sociales, con las políticas de Estado y la expansión de las nuevas universidades y carreras que se han creado, se requeriría de por lo menos 1.450 millones de pesos adicionales.
Para sostener el financiamiento de las becas universitarias, que son fundamentales para garantizar la inclusión, necesitamos de al menos 765 millones de pesos adicionales.
Para garantizar el funcionamiento de los hospitales universitarios, necesitamos 333 millones de pesos adicionales.
Para la función ciencia y técnica dentro de las universidades, por lo menos debería haber 58 millones de pesos adicionales.
Por otra parte, para recuperar el poder adquisitivo del salario docente que se perdió en el año 2016, el proyecto de presupuesto para el 2018 debería incorporar 4.800 millones de pesos adicionales. Eso, sin contar de ninguna manera, lo que implicará la negociación paritaria del año 2018 que discutiremos a partir de febrero. El número del que hablo tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo del salario perdido en el período anterior.
Por lo tanto, globalmente, vemos que se necesitan 9.700 millones de pesos adicionales.
Por otro lado, queremos señalar tres cuestiones fundamentales que tienen que ver con las condiciones del trabajo docente en la universidad.
Necesitamos partidas adicionales para garantizar un programa especial de regularización de la situación de los docentes contratados por 500 millones de pesos. Y necesitamos de, por lo menos 250 millones de pesos, para financiar un programa de regularización de los docentes ad honorem. Esto es muy importante.
La situación de los docentes contratados y los docentes ad honorem -que debería ser una situación transitoria y excepcional en nuestras universidades-, se está convirtiendo en una situación estructural, por obra del desfinanciamiento y del ajuste presupuestario.
Finalmente, necesitamos o requerimos de una partida adicional de 125 millones de pesos para financiar un programa que permita avanzar en la implementación del convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria.
En el año 2015 se homologó el convenio colectivo de la docencia universitaria, que es el que rige para todas las universidades del sistema argentino, y es el primer convenio colectivo de trabajo nacional del sector en toda América latina.
El mismo fue un logro fundamental para garantizar condiciones básicas de trabajo digno en la docencia universitaria, que es la clave para garantizar la calidad de la enseñanza en nuestras universidades. No podemos hablar de calidad de la enseñanza si no hablamos de garantías de las condiciones de trabajo digno de la docencia, tanto en la universidad como en todos los niveles del sistema educativo.
Además, les pedimos que piensen que el año próximo se celebran 100 años de la reforma universitaria y que se va a celebrar en Córdoba la Conferencia Regional de Educación Superior, que en el año 2008 declaro que la educación superior es un derecho humano fundamental, un bien social y una responsabilidad de los Estados.
Esa definición fue fundamental para que las universidades de América Latina se plantaran frente al mundo para declarar que la educación superior no es y no puede ser considerada una mercancía. Sería muy importante que el Estado argentino no solamente reafirme de manera retórica esa declaración, sino que garantice efectivamente las condiciones para que el derecho a la universidad se realice en nuestro país y que nuestro sistema universitario pueda abrazar, cada día, a más y más argentinos y argentinas. (Aplausos.)
En coincidencia con quien me precedió en el uso de la palabra, quería señalar cuál es el fondo de nuestra preocupación.
A partir del año 2016 se empieza a producir en el sistema universitario argentino un proceso sostenido de desfinanciamiento. Este sistema tuvo, en años anteriores, un desarrollo permanente centrado en la idea de que la universidad es un derecho. O sea, que existe un derecho humano fundamental a la educación dentro del nivel superior y, con la convicción de que las universidades cumplen un rol estratégico en las posibilidades de un desarrollo nacional autónomo, sustentable y que atienda a las necesidades de nuestro país.
En este sentido, el desarrollo y la profundización de la democratización universitaria es correlativo del fortalecimiento del sistema científico y tecnológico que se nutre de nuestros graduados. Además, es fundamental para acompañar el desarrollo de políticas de Estado que estén en condiciones de dar cuenta de las necesidades de nuestra población.
El sistema universitario se ha venido desfinanciando de manera clara. Hay una cuenta que lo muestra de manera contundente. Si en el año 2015, luego de un proceso continuo de expansión del presupuesto universitario en relación con el Producto Bruto Interno, ese porcentaje había llegado al 0,87 por ciento, a partir del año 2016 comenzó a caer hasta llegar este año a un 0,77 por ciento. Ese desfinanciamiento se traduce en la restricción de la capacidad del sistema universitario de desarrollar actividades que tienen que ver con la posibilidad de la inclusión universitaria y con la vinculación de la universidad junto al territorio. Además, genera la posibilidad de que la universidad contribuya al desarrollo de políticas públicas.
Tenemos una lectura del presupuesto 2018 que nos preocupa enormemente. Por ello, necesitamos frenar el proceso de desfinanciamiento del sistema universitario. Hemos hecho diversos cálculos de lo que representaría frenar ese proceso de desfinanciamiento y volver a llevar al sistema universitario a los niveles de financiamiento del año 2015. Aclaro que se trata de un cálculo conservador porque creemos que el sistema universitario debería seguir expandiéndose para que el Estado garantice el derecho a la universidad. Sin embargo, el cálculo que hacemos para frenar el desfinanciamiento, nos indica que en el presupuesto 2018 necesitamos que haya 9.700 millones de pesos más para las universidades que los que asigna el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
En este marco de situación, nos preocupa particularmente la necesidad de incorporar partidas adicionales de por lo menos 2.300 millones de pesos, para asegurar el nivel de gastos de funcionamiento.
Para los programas de desarrollo universitario, que son los programas que justamente permiten vincular a la universidad con el desarrollo de las actividades sociales, con las políticas de Estado y la expansión de las nuevas universidades y carreras que se han creado, se requeriría de por lo menos 1.450 millones de pesos adicionales.
Para sostener el financiamiento de las becas universitarias, que son fundamentales para garantizar la inclusión, necesitamos de al menos 765 millones de pesos adicionales.
Para garantizar el funcionamiento de los hospitales universitarios, necesitamos 333 millones de pesos adicionales.
Para la función ciencia y técnica dentro de las universidades, por lo menos debería haber 58 millones de pesos adicionales.
Por otra parte, para recuperar el poder adquisitivo del salario docente que se perdió en el año 2016, el proyecto de presupuesto para el 2018 debería incorporar 4.800 millones de pesos adicionales. Eso, sin contar de ninguna manera, lo que implicará la negociación paritaria del año 2018 que discutiremos a partir de febrero. El número del que hablo tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo del salario perdido en el período anterior.
Por lo tanto, globalmente, vemos que se necesitan 9.700 millones de pesos adicionales.
Por otro lado, queremos señalar tres cuestiones fundamentales que tienen que ver con las condiciones del trabajo docente en la universidad.
Necesitamos partidas adicionales para garantizar un programa especial de regularización de la situación de los docentes contratados por 500 millones de pesos. Y necesitamos de, por lo menos 250 millones de pesos, para financiar un programa de regularización de los docentes ad honorem. Esto es muy importante.
La situación de los docentes contratados y los docentes ad honorem -que debería ser una situación transitoria y excepcional en nuestras universidades-, se está convirtiendo en una situación estructural, por obra del desfinanciamiento y del ajuste presupuestario.
Finalmente, necesitamos o requerimos de una partida adicional de 125 millones de pesos para financiar un programa que permita avanzar en la implementación del convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria.
En el año 2015 se homologó el convenio colectivo de la docencia universitaria, que es el que rige para todas las universidades del sistema argentino, y es el primer convenio colectivo de trabajo nacional del sector en toda América latina.
El mismo fue un logro fundamental para garantizar condiciones básicas de trabajo digno en la docencia universitaria, que es la clave para garantizar la calidad de la enseñanza en nuestras universidades. No podemos hablar de calidad de la enseñanza si no hablamos de garantías de las condiciones de trabajo digno de la docencia, tanto en la universidad como en todos los niveles del sistema educativo.
Además, les pedimos que piensen que el año próximo se celebran 100 años de la reforma universitaria y que se va a celebrar en Córdoba la Conferencia Regional de Educación Superior, que en el año 2008 declaro que la educación superior es un derecho humano fundamental, un bien social y una responsabilidad de los Estados.
Esa definición fue fundamental para que las universidades de América Latina se plantaran frente al mundo para declarar que la educación superior no es y no puede ser considerada una mercancía. Sería muy importante que el Estado argentino no solamente reafirme de manera retórica esa declaración, sino que garantice efectivamente las condiciones para que el derecho a la universidad se realice en nuestro país y que nuestro sistema universitario pueda abrazar, cada día, a más y más argentinos y argentinas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Yasky.
SR. YASKY Señor presidente: quisiera hacerle una pregunta a la señora Yamile Socolovsky. ¿Ella es docente universitaria?
SR. PRESIDENTE LASPINA Sí, señor diputado.
SR. YASKY La reforma universitaria es algo trascendental, pues ya lleva cien años de continuidad y representa un hito para Argentina y el resto de América latina.
En función de este informe que han brindado las invitadas a esta reunión, se nota un retroceso en términos del financiamiento de una institución que nos enorgullece a los argentinos como lo es la universidad pública. Por ello, quisiera que me contesten si hay, en estos momentos, niveles institucionales de discusión con las autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología o con autoridades universitarias acerca de esta clara retracción en términos presupuestarios. A eso se le suma -también señalado por la señora Yamile Socolovksy- la discusión paritaria para el próximo año. Para el debate que vamos a tener mañana, querría saber si hay niveles de interlocución con las autoridades nacionales y cuál es la respuesta que tenemos hasta el momento. Esto lo digo porque el presupuesto puede modificarse en base a esas eventuales respuestas, si es que existen.
En función de este informe que han brindado las invitadas a esta reunión, se nota un retroceso en términos del financiamiento de una institución que nos enorgullece a los argentinos como lo es la universidad pública. Por ello, quisiera que me contesten si hay, en estos momentos, niveles institucionales de discusión con las autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología o con autoridades universitarias acerca de esta clara retracción en términos presupuestarios. A eso se le suma -también señalado por la señora Yamile Socolovksy- la discusión paritaria para el próximo año. Para el debate que vamos a tener mañana, querría saber si hay niveles de interlocución con las autoridades nacionales y cuál es la respuesta que tenemos hasta el momento. Esto lo digo porque el presupuesto puede modificarse en base a esas eventuales respuestas, si es que existen.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Yamile Socolovsky.
SRA. SOCOLOVSKY Nosotros, como sindicato, no tenemos en este momento una interlocución posible con las autoridades del gobierno nacional, excepto la que encontramos en la paritaria nacional. Respecto a esto último, en este momento se debería comenzar a discutir la necesidad de hacer efectiva la cláusula gatillo de actualización salarial que se acordó para este año.
En las universidades existe un enorme malestar respecto de la situación presupuestaria en la que se encuentran las instituciones. Muchas universidades han declarado la emergencia presupuestaria desde el año 2016. Tenemos una situación que repite una lógica que ya conocemos, a raíz de la experiencia que padecimos en la década del 90. Me refiero al hecho de que el ajuste presupuestario opera como condición material de posibilidad de la implementación de políticas de reforma, lo cual nos genera una gran preocupación pues no están siendo discutidas en ningún ámbito público representativo e informado como es el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico que ha llevado a convenio a la gran mayoría de las universidades bajo una lógica extorsiva. Según esta lógica, aquellas universidades que no logren un convenio en la participación en el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico no están en condiciones de recibir fondos para la mejora del desarrollo de la actividad universitaria.
Quiero alertar sobre la existencia de este programa como nueva nave de insignia de este flamante ciclo de reformas para las universidades argentinas que, de no mediar mayores precisiones y reaseguros, puede significar la flexibilización del sistema universitario argentino y la generación de condiciones para el avance de una política de mercantilización transnacional de nuestro sistema. Es sumamente preocupante que la no existencia de ámbitos adecuados de información y de discusión de estas políticas, esté implicando el avance de reformas que podrían significar cambios estructurales en el nivel superior de nuestro sistema educativo.
El secretismo con el que se implementan estas políticas, tiene que ser un llamado de atención para todos aquellos que queremos hacernos responsables -como decía hoy- de garantizar que la universidad pública argentina siga siendo un derecho para nuestra ciudadanía.
En las universidades existe un enorme malestar respecto de la situación presupuestaria en la que se encuentran las instituciones. Muchas universidades han declarado la emergencia presupuestaria desde el año 2016. Tenemos una situación que repite una lógica que ya conocemos, a raíz de la experiencia que padecimos en la década del 90. Me refiero al hecho de que el ajuste presupuestario opera como condición material de posibilidad de la implementación de políticas de reforma, lo cual nos genera una gran preocupación pues no están siendo discutidas en ningún ámbito público representativo e informado como es el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico que ha llevado a convenio a la gran mayoría de las universidades bajo una lógica extorsiva. Según esta lógica, aquellas universidades que no logren un convenio en la participación en el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico no están en condiciones de recibir fondos para la mejora del desarrollo de la actividad universitaria.
Quiero alertar sobre la existencia de este programa como nueva nave de insignia de este flamante ciclo de reformas para las universidades argentinas que, de no mediar mayores precisiones y reaseguros, puede significar la flexibilización del sistema universitario argentino y la generación de condiciones para el avance de una política de mercantilización transnacional de nuestro sistema. Es sumamente preocupante que la no existencia de ámbitos adecuados de información y de discusión de estas políticas, esté implicando el avance de reformas que podrían significar cambios estructurales en el nivel superior de nuestro sistema educativo.
El secretismo con el que se implementan estas políticas, tiene que ser un llamado de atención para todos aquellos que queremos hacernos responsables -como decía hoy- de garantizar que la universidad pública argentina siga siendo un derecho para nuestra ciudadanía.
SR. PRESIDENTE LASPINA Muchas gracias por las exposiciones. Los diputados vamos a seguir debatiendo y acá queda un informe a disposición de todos los bloques.
SRA. CASTRO Señor presidente: quería saber cómo va a continuar el orden para hacer uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE LASPINA Yo estaba comentando los cambios que se incorporan en la ley de presupuesto relativos a las modificaciones que surgen del consenso fiscal. Pero lo podemos dejar para más adelante. Si usted tiene algo que decir sobre este tema, podemos hacerlo ahora.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Salvarezza.
SR. SALVAREZZA Señor presidente: quería hacer algunas breves reflexiones sobre la función ciencia y técnica del presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo. Y me gustaría hacerlo en el marco de lo que anoche dijo el diputado Negri durante el cierre del debate de la reforma tributaria.
En ese sentido, el diputado comentaba que este gobierno estaba buscando, un poco a prueba y error, el camino correcto dentro del complejo panorama internacional que existe. Y mencionó que lo que era claro, es que la Argentina necesitaba insertarse en el mundo con innovación y tecnología.
Mi reflexión es que este es el segundo año que el Poder Ejecutivo envía un presupuesto para el área de ciencia y técnica, a la baja.
En el presupuesto nacional del año 2015, el porcentaje para ciencia y técnica, era el 1,58 por ciento. En el año 2016 era el 1,40 por ciento. Y en el año 2018 va a ser el 1,22 por ciento.
Es decir que es el segundo año consecutivo en el que se disminuye el porcentaje asignado al área de ciencia y técnica. Sin embargo, se dice que el país necesita apostar a la innovación.
Por otro lado, hemos escuchado a muchos colegas diputados del Pro comentar en programas televisivos que podríamos ser Israel o Australia.
La verdad es que, con este presupuesto de ciencia y técnica, nunca vamos a ser Israel o Australia.
Para que tengan en cuenta, señores diputados, esos países inviertan más del 1 por ciento de su PBI en ciencia y tecnología. Acá, la inversión está por debajo del 0,6 por ciento del PBI.
También quiero comentarles que Australia triplica e Israel cuadruplica el número de investigadores por cada 1.000 habitantes de población económicamente activa con respecto a nosotros.
Este gobierno debería haber cumplido el Plan Argentina Innovadora 2020, cuya meta era llevar al 4,6 el número de investigadores por 1.000 habitantes económicamente activos de la población. Eso significaba haber creado 20.000 cargos de dedicación exclusiva en este país. Sin embargo, lo que hemos hecho, es discutir el ingreso de 400 investigadores al Conicet.
Digo esto, para que tengan en cuenta el retroceso que se está planteando en cuanto a las perspectivas que tenía la Argentina en el desarrollo científico y tecnológico.
Entonces, señor presidente, lo que le estamos pidiendo al bloque y al Poder Ejecutivo es que por favor corrijan este presupuesto. Es un pésimo presupuesto de ciencia y técnica. Sigue dando el mensaje de que a la Argentina no le interesa la ciencia ni la tecnología ni la innovación. Esto nos va a llevar a seguir siendo un país dedicado a las actividades extractivas y sin desarrollos tecnológicos ni innovación.
A continuación, la señora diputada Castro les brindará algunos números acerca de lo que se está haciendo sobre los organismos de ciencia y técnica a raíz de este presupuesto.
En ese sentido, el diputado comentaba que este gobierno estaba buscando, un poco a prueba y error, el camino correcto dentro del complejo panorama internacional que existe. Y mencionó que lo que era claro, es que la Argentina necesitaba insertarse en el mundo con innovación y tecnología.
Mi reflexión es que este es el segundo año que el Poder Ejecutivo envía un presupuesto para el área de ciencia y técnica, a la baja.
En el presupuesto nacional del año 2015, el porcentaje para ciencia y técnica, era el 1,58 por ciento. En el año 2016 era el 1,40 por ciento. Y en el año 2018 va a ser el 1,22 por ciento.
Es decir que es el segundo año consecutivo en el que se disminuye el porcentaje asignado al área de ciencia y técnica. Sin embargo, se dice que el país necesita apostar a la innovación.
Por otro lado, hemos escuchado a muchos colegas diputados del Pro comentar en programas televisivos que podríamos ser Israel o Australia.
La verdad es que, con este presupuesto de ciencia y técnica, nunca vamos a ser Israel o Australia.
Para que tengan en cuenta, señores diputados, esos países inviertan más del 1 por ciento de su PBI en ciencia y tecnología. Acá, la inversión está por debajo del 0,6 por ciento del PBI.
También quiero comentarles que Australia triplica e Israel cuadruplica el número de investigadores por cada 1.000 habitantes de población económicamente activa con respecto a nosotros.
Este gobierno debería haber cumplido el Plan Argentina Innovadora 2020, cuya meta era llevar al 4,6 el número de investigadores por 1.000 habitantes económicamente activos de la población. Eso significaba haber creado 20.000 cargos de dedicación exclusiva en este país. Sin embargo, lo que hemos hecho, es discutir el ingreso de 400 investigadores al Conicet.
Digo esto, para que tengan en cuenta el retroceso que se está planteando en cuanto a las perspectivas que tenía la Argentina en el desarrollo científico y tecnológico.
Entonces, señor presidente, lo que le estamos pidiendo al bloque y al Poder Ejecutivo es que por favor corrijan este presupuesto. Es un pésimo presupuesto de ciencia y técnica. Sigue dando el mensaje de que a la Argentina no le interesa la ciencia ni la tecnología ni la innovación. Esto nos va a llevar a seguir siendo un país dedicado a las actividades extractivas y sin desarrollos tecnológicos ni innovación.
A continuación, la señora diputada Castro les brindará algunos números acerca de lo que se está haciendo sobre los organismos de ciencia y técnica a raíz de este presupuesto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Castro.
SRA. CASTRO Señor presidente: concretamente, le voy a suministrar detalles de lo que debería ser incorporado en el presupuesto y, además, algunas precisiones sobre artículos que deseamos que se modifiquen en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
Este presupuesto es el achique del achique. El año pasado quedó demostrado en el recorte en ciencia y tecnología. En el debate desarrollado en aquel momento se pudo lograr la concreción de algunas partidas presupuestarias extras que no fueron suficientes, pero que sirvieron para compensar ese recorte.
Asimismo, hay cuestiones de orden institucional en cuanto a congelamientos de cargos y las pautas de trabajo que establece el Ministerio de Modernización.
En primer término, vamos a solicitar una modificación del artículo 7° cuya redacción vamos a elevar a la secretaría de la comisión. Este artículo tiene que ver con el congelamiento de gastos. Desde hace varios presupuestos venimos solicitando que el sistema científico-tecnológico se exceptúe. Además, hay algunas discusiones respecto de la ley que crea el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, en torno a organismos que estaban creados antes de que la norma se sancionara pero que no quedaron enumerados. El año pasado hicimos alusión explícita a artículos e incisos para que no quede afuera ningún organismo de ciencia y tecnología. Recordemos que estos organismos están repartidos en ocho ministerios y por eso nuestro sistema es bastante complejo.
Repito: solicitamos la modificación del artículo 7° para enumerar expresamente todos los organismos y que ninguno quede afuera de la excepción del congelamiento de cargos para el ingreso a los organismos.
En segundo lugar, quería comentar que el año pasado logramos una modificación del artículo 16 donde se contemplaban esas partidas extras equivalentes a 800 millones más para el sistema científico. Asimismo, se enumeró, explícitamente, a qué organismos se destinaban esa cantidad de dinero. Eso lo propusimos en el artículo 16. Podemos conversar respecto de si lo incorporamos nuevamente en este proyecto en el citado artículo o si introducimos uno nuevo. En este sentido, le vamos a pedir al Ejecutivo nacional la suma de 5.300 millones de pesos extra, a los que hizo mención hace instantes el señor diputado Salvarezza. ¿De dónde sacamos estos 5.300 millones extra? Hemos hecho un análisis de todos los organismos del sistema científico tecnológico que, como mencioné recién, están distribuidos en distintos ministerios. Concretamente, tomamos el presupuesto ejecutado al 10 de diciembre de 2017. Quiero aclarar que el ministro Barañao siempre sostuvo que el presupuesto en ciencia se salvaba gracias a las reasignaciones presupuestarias. Recordemos que este Congreso, el año pasado, votó una ley para limitar las reasignaciones presupuestarias de la Jefatura de Gabinete. De esta forma, el próximo año, el Jefe de Gabinete va a poder reasignar una menor cantidad de partidas. Por eso es central la discusión de este presupuesto 2018.
Asimismo, señor presidente, espero que el tratamiento de este proyecto se de en el marco de lo que amerita una ley de esta naturaleza. La discusión sobre la reforma tributaria fue tremenda. Le pedimos que la discusión en particular del presupuesto sea con el tiempo necesario, revisando cada coma, punto y número.
Reitero, vamos a pasar todo esto por escrito, para que quede claro y se pueda discutir en serio. Porque lo concreto es queremos que el sector no se vea afectado.
Retomando el tema, nosotros hicimos un cálculo tomando el presupuesto ejecutado al 10 de diciembre de 2017, con los datos oficiales que tiene el Poder Ejecutivo. Para ese cálculo, tuvimos en cuenta los valores de la inflación y lo que se iba a requerir en 2018 para sostener lo que existe en el 2017. Si lo hiciéramos en función del presupuesto del 2015 el dinero que se necesitaría es mucho más, hablaríamos de casi 8.000 millones. Sin embargo, lo hemos hecho tomando los datos del 2017 y por eso decimos que se necesitan 5.300 millones.
En este presupuesto, hay organismos que se han visto más afectados. Uno es el INTA, que necesita 614 millones más para cubrir los salarios, pero además todos los bienes de uso.
El otro organismo altamente perjudicado ha sido la Comisión Nacional de Energía Atómica, que necesita 2.300 millones de pesos más, aproximadamente.
Cuando hablamos de ciencia tenemos en juego el futuro todo el país. En ese sentido, hay dos proyectos muy afectados por esta asignación presupuestaria. Uno, es el CAREM25, que es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en el país. Es decir que es cien por ciento industria nacional. El segundo proyecto es el RA-10, que es el reactor nuclear argentino multipropósito, que se está construyendo en el centro atómico de Ezeiza y que va a asegurar el cien por ciento del abastecimiento en materia de radioisótopos para el uso médico del mercado nacional. Como verán, estamos hablando de un tema sensible como es el uso de la ciencia y la tecnología aplicada a la salud.
Éstos son los dos principales proyectos que se ven afectados con este presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Nosotros vamos a presentar una tabla con la reasignación o la modificación presupuestaria que sería necesaria, por organismo científico-tecnológico.
La última modificación que proponemos es la del artículo 75, que tiene que ver con los distintos organismos y su jubilación.
Por otro lado, quiero marcar un punto especial en un organismo, el INPRES, que tiene muchísimo trabajo en mi provincia de San Juan. Lo que este organismo necesita para sostener el programa de monitoreo permanente es bastante escaso, con lo cual creo que sería bastante posible para el Poder Ejecutivo poder asignarle 5 millones de pesos más.
Finalmente, señor presidente, esta diputada junto a otros señores legisladores, presentamos en septiembre de este año el pedido expreso de tratamiento de dos leyes que están en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que podamos tener como país una ley de financiamiento del sistema científico y tecnológico. Me refiero al proyecto de ley del senador Perotti (expediente 0081-s-2017) que fue sancionado por la Cámara de Senadores y al proyecto de ley (expediente 0046-s-2016), que también fue sancionado por el Senado y que exime de impuestos a los materiales y productos que se utilizan para el sistema científico y tecnológico, no como competencia, sino que se requieren para investigaciones locales.
También hay una serie de proyectos que han tenido dictamen en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que fueron enviados a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que no fueron tratados durante este año parlamentario.
Por último, señor presidente, varios diputados de este bloque le dejamos firmada la semana pasada una nota, por la cual solicitábamos que en este debate estuviera el ministro de Educación y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Evidentemente hay un deseo de tratar en forma exprés este presupuesto y lógicamente no hemos podido contar con la presencia de todos los miembros del Poder Ejecutivo que hubiésemos deseado. (Aplausos.)
Este presupuesto es el achique del achique. El año pasado quedó demostrado en el recorte en ciencia y tecnología. En el debate desarrollado en aquel momento se pudo lograr la concreción de algunas partidas presupuestarias extras que no fueron suficientes, pero que sirvieron para compensar ese recorte.
Asimismo, hay cuestiones de orden institucional en cuanto a congelamientos de cargos y las pautas de trabajo que establece el Ministerio de Modernización.
En primer término, vamos a solicitar una modificación del artículo 7° cuya redacción vamos a elevar a la secretaría de la comisión. Este artículo tiene que ver con el congelamiento de gastos. Desde hace varios presupuestos venimos solicitando que el sistema científico-tecnológico se exceptúe. Además, hay algunas discusiones respecto de la ley que crea el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, en torno a organismos que estaban creados antes de que la norma se sancionara pero que no quedaron enumerados. El año pasado hicimos alusión explícita a artículos e incisos para que no quede afuera ningún organismo de ciencia y tecnología. Recordemos que estos organismos están repartidos en ocho ministerios y por eso nuestro sistema es bastante complejo.
Repito: solicitamos la modificación del artículo 7° para enumerar expresamente todos los organismos y que ninguno quede afuera de la excepción del congelamiento de cargos para el ingreso a los organismos.
En segundo lugar, quería comentar que el año pasado logramos una modificación del artículo 16 donde se contemplaban esas partidas extras equivalentes a 800 millones más para el sistema científico. Asimismo, se enumeró, explícitamente, a qué organismos se destinaban esa cantidad de dinero. Eso lo propusimos en el artículo 16. Podemos conversar respecto de si lo incorporamos nuevamente en este proyecto en el citado artículo o si introducimos uno nuevo. En este sentido, le vamos a pedir al Ejecutivo nacional la suma de 5.300 millones de pesos extra, a los que hizo mención hace instantes el señor diputado Salvarezza. ¿De dónde sacamos estos 5.300 millones extra? Hemos hecho un análisis de todos los organismos del sistema científico tecnológico que, como mencioné recién, están distribuidos en distintos ministerios. Concretamente, tomamos el presupuesto ejecutado al 10 de diciembre de 2017. Quiero aclarar que el ministro Barañao siempre sostuvo que el presupuesto en ciencia se salvaba gracias a las reasignaciones presupuestarias. Recordemos que este Congreso, el año pasado, votó una ley para limitar las reasignaciones presupuestarias de la Jefatura de Gabinete. De esta forma, el próximo año, el Jefe de Gabinete va a poder reasignar una menor cantidad de partidas. Por eso es central la discusión de este presupuesto 2018.
Asimismo, señor presidente, espero que el tratamiento de este proyecto se de en el marco de lo que amerita una ley de esta naturaleza. La discusión sobre la reforma tributaria fue tremenda. Le pedimos que la discusión en particular del presupuesto sea con el tiempo necesario, revisando cada coma, punto y número.
Reitero, vamos a pasar todo esto por escrito, para que quede claro y se pueda discutir en serio. Porque lo concreto es queremos que el sector no se vea afectado.
Retomando el tema, nosotros hicimos un cálculo tomando el presupuesto ejecutado al 10 de diciembre de 2017, con los datos oficiales que tiene el Poder Ejecutivo. Para ese cálculo, tuvimos en cuenta los valores de la inflación y lo que se iba a requerir en 2018 para sostener lo que existe en el 2017. Si lo hiciéramos en función del presupuesto del 2015 el dinero que se necesitaría es mucho más, hablaríamos de casi 8.000 millones. Sin embargo, lo hemos hecho tomando los datos del 2017 y por eso decimos que se necesitan 5.300 millones.
En este presupuesto, hay organismos que se han visto más afectados. Uno es el INTA, que necesita 614 millones más para cubrir los salarios, pero además todos los bienes de uso.
El otro organismo altamente perjudicado ha sido la Comisión Nacional de Energía Atómica, que necesita 2.300 millones de pesos más, aproximadamente.
Cuando hablamos de ciencia tenemos en juego el futuro todo el país. En ese sentido, hay dos proyectos muy afectados por esta asignación presupuestaria. Uno, es el CAREM25, que es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en el país. Es decir que es cien por ciento industria nacional. El segundo proyecto es el RA-10, que es el reactor nuclear argentino multipropósito, que se está construyendo en el centro atómico de Ezeiza y que va a asegurar el cien por ciento del abastecimiento en materia de radioisótopos para el uso médico del mercado nacional. Como verán, estamos hablando de un tema sensible como es el uso de la ciencia y la tecnología aplicada a la salud.
Éstos son los dos principales proyectos que se ven afectados con este presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Nosotros vamos a presentar una tabla con la reasignación o la modificación presupuestaria que sería necesaria, por organismo científico-tecnológico.
La última modificación que proponemos es la del artículo 75, que tiene que ver con los distintos organismos y su jubilación.
Por otro lado, quiero marcar un punto especial en un organismo, el INPRES, que tiene muchísimo trabajo en mi provincia de San Juan. Lo que este organismo necesita para sostener el programa de monitoreo permanente es bastante escaso, con lo cual creo que sería bastante posible para el Poder Ejecutivo poder asignarle 5 millones de pesos más.
Finalmente, señor presidente, esta diputada junto a otros señores legisladores, presentamos en septiembre de este año el pedido expreso de tratamiento de dos leyes que están en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que podamos tener como país una ley de financiamiento del sistema científico y tecnológico. Me refiero al proyecto de ley del senador Perotti (expediente 0081-s-2017) que fue sancionado por la Cámara de Senadores y al proyecto de ley (expediente 0046-s-2016), que también fue sancionado por el Senado y que exime de impuestos a los materiales y productos que se utilizan para el sistema científico y tecnológico, no como competencia, sino que se requieren para investigaciones locales.
También hay una serie de proyectos que han tenido dictamen en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que fueron enviados a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que no fueron tratados durante este año parlamentario.
Por último, señor presidente, varios diputados de este bloque le dejamos firmada la semana pasada una nota, por la cual solicitábamos que en este debate estuviera el ministro de Educación y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Evidentemente hay un deseo de tratar en forma exprés este presupuesto y lógicamente no hemos podido contar con la presencia de todos los miembros del Poder Ejecutivo que hubiésemos deseado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora Sonia Alesso, representante de CTERA.
SRA. ALESSO Señor presidente: quisiera exponer algunas cuestiones con respecto al presupuesto educativo.
En primer lugar, voy a formular un marco general acerca del contexto de la discusión de este presupuesto. Nosotros veníamos señalando en todo el año 2017 la sub-ejecución de las partidas de educación. Concretamente, marcamos cuáles son los rubros que nos preocupan y que fueron sub-ejecutados. Se trata de rubros que afectan al federalismo y a los fondos que se destinan a las provincias. Cada vez que tuvimos reuniones con legisladores de distintas bancadas puntualizamos dos aspectos. En primer término, afirmar que desde hace dos años el gobierno no habla de la ley de financiamiento educativo, ni en sus metas ni en sus objetivos. Quiero recordar que la ley de financiamiento educativo es una norma impulsada desde CTERA y, fundamentalmente, fue votada por unanimidad en este Congreso. Es decir, fue una ley respaldada, muy trabajada por los sindicatos docentes y por los pedagogos pero, a su vez, tuvo un gran consenso de los distintos actores de la vida política argentina. Esta ley se viene incumpliendo y tenemos problemas con los fondos del financiamiento nacional. Además, nos preocupa particularmente la disminución de alguna de las partidas. Eso ya viene siendo denunciado todo este año; sucedió con el anterior presupuesto y vuelve a pasar ahora con este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Es decir, incluye la sub-ejecución de partidas que están previstas por la ley de educación técnica profesional. Se trata de una norma que permite la derivación de fondos para las escuelas técnicas argentinas, que son coparticipables a todas las provincias y que se destinan a construcción, equipamiento y funcionamiento de las escuelas. La formación docente es parte de un acuerdo paritario muy importante y que preveía un financiamiento para todas las provincias argentinas pero que ahora está sub-ejecutado. Se trata del programa socioeducativo. Los programas socioeducativos -Plan Nacional de Lectura, provisión de libros de texto, manuales, colecciones literarias, programas específicos como Orquestas Infantiles y Kafka- fueron sub-ejecutados. Esto significó que en la mayoría de las provincias -pertenezco a Santa Fe pero esto también pasa en el Chaco y Santiago del Estero, entre otras- nuestros compañeros trabajadores no tienen cobertura ni reciben estos fondos. Dichos fondos se han enviado con un grado de precariedad y de tardanza muy importantes. En algunos casos, los tomaron las provincias. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos compañeros se quedaron sin trabajo. Además, hubo un grave perjuicio, porque tanto el Programa de Orquestas como el de Bibliotecas Escolares, eran de gran importancia para los trabajadores y para nuestras escuelas.
Por otro lado, quiero señalar que no es neutral ni inocente que no se hable de la ley de Financiamiento Educativo.
Nosotros venimos planteando que se están disminuyendo partidas importantes que van a las provincias. Por ejemplo, las provincias del NOA y del NEA, las siete provincias que recibían el fondo compensador, están recibiendo menos fondos de los fijados en la ley de Financiamiento Educativo.
Nosotros hemos denunciado públicamente esta situación. Lo hemos planteando en el marco de las paritarias -las pocas veces que hemos tenido- y en el marco de nuestros planes de lucha, cuando no hemos sido recibidos. Debo recordar que hemos tenido una sola paritaria desde que asumió primero, el ministro Bullrich, y luego, el ministro Finocchiaro.
Por lo tanto, es fundamental que se retome la paritaria porque los temas del financiamiento están afectando a las provincias, a los trabajadores y por ende a las escuelas.
Pensamos que se está aumentando de forma sideral lo que se paga por intereses de la deuda externa, pero se está disminuyendo lo que se invierte en educación.
Por algunas de las cosas que escuché en los debates de estos días, debo decir que, si no se invierte en educación, si no se sostiene a la educación pública y si no se plantea el fortalecimiento de la formación docente -programa que era muy importante y que está sufriendo también una gran disminución de fondos-, vamos a ir aumentando las brechas de desigualdad.
Hay dos o tres cosas que creo que los legisladores deben tener en cuenta, fundamentalmente los legisladores del NOA y del NEA. Me refiero a la disminución de los fondos que están llegando a sus provincias.
Hay una nueva forma de financiar a la educación a través de decretos de necesidad y urgencia que asignan fondos específicos a algunas provincias, en lugar de incrementar la ley de financiamiento educativo.
Primero, hay que cumplir con la ley, y luego hay que incrementarla. Lo contrario, da lugar a un uso político del financiamiento educativo, cuando la ley prevé claramente un fondo general para todas las provincias, sin importar de qué partido sea su gobernador. Pero también prevé un fondo especial para las provincias más pobres que necesitan más financiamiento para desarrollar y fortalecer la educación.
Además, junto con los programas, la educación técnica, la formación docente y los programas socioeducativos, hay una rebaja en los salarios docentes. Esto es producto de que no hubo paritaria nacional docente. La falta de esta paritaria, hizo que todos los salarios se achataran. El año pasado hubo serios problemas en los cierres provinciales, y avizoramos que, si este tema no se debate fuertemente y se incluye en el presupuesto para su revisión, vamos a volver a tener conflictos en febrero de 2018.
Por eso creo que sería muy saludable que el Congreso de la Nación instara al Poder Ejecutivo, intermediara o generara algún ámbito, para que se convoque a la paritaria nacional docente, ya que es un ámbito donde es posible resolver muchos conflictos.
Si este año no se cumple con el financiamiento, va a haber problemas para las provincias y para los docentes.
La meta de inflación planteada en este presupuesto es del 17,5. Sin embargo, en algunas provincias, se habla de un aumento salarial del 10 por ciento.
Este año tuvimos provincias con cierres escandalosos y la vuelta de las sumas en negro. También tuvimos conflictos con respecto a la inclusión de los aumentos salariales en forma de ítem aula -un mal llamado presentismo- como en el caso de la provincia de Mendoza. Es un tema que está trayendo graves problemas y creo que hay que tomarlo a tiempo porque aunque se presenta como un mérito, puede llegar a ser un gran problema. Además, estamos teniendo problemas en la zona de la Patagonia y fuertemente en el NOA y NEA.
En mi opinión los diputados y senadores deben tomar nota. En el Senado, donde ya perdió estado parlamentario una vez y esperamos que no lo pierda este año, tenemos planteado un proyecto de ley de financiamiento educativo que lo lleva del 6 al 10 por ciento de PBI, que prevé metas de calidad educativa para la educación general básica pero también para ciencia, tecnología y universidad. Lo hemos trabajado conjuntamente con un equipo de pedagogos de todo el país y también con nuestros compañeros del gremio hermano de SADOP y de la Conadu -trabajadores de la universidad. Se trata de un tema que debe ser tomado por el Congreso y que puede solucionar muchos de los conflictos por los que están atravesando nuestras provincias y la paritaria nacional en general.
En ese sentido, no sé si a todos les interesa porque escucho mucho ruido...
En primer lugar, voy a formular un marco general acerca del contexto de la discusión de este presupuesto. Nosotros veníamos señalando en todo el año 2017 la sub-ejecución de las partidas de educación. Concretamente, marcamos cuáles son los rubros que nos preocupan y que fueron sub-ejecutados. Se trata de rubros que afectan al federalismo y a los fondos que se destinan a las provincias. Cada vez que tuvimos reuniones con legisladores de distintas bancadas puntualizamos dos aspectos. En primer término, afirmar que desde hace dos años el gobierno no habla de la ley de financiamiento educativo, ni en sus metas ni en sus objetivos. Quiero recordar que la ley de financiamiento educativo es una norma impulsada desde CTERA y, fundamentalmente, fue votada por unanimidad en este Congreso. Es decir, fue una ley respaldada, muy trabajada por los sindicatos docentes y por los pedagogos pero, a su vez, tuvo un gran consenso de los distintos actores de la vida política argentina. Esta ley se viene incumpliendo y tenemos problemas con los fondos del financiamiento nacional. Además, nos preocupa particularmente la disminución de alguna de las partidas. Eso ya viene siendo denunciado todo este año; sucedió con el anterior presupuesto y vuelve a pasar ahora con este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Es decir, incluye la sub-ejecución de partidas que están previstas por la ley de educación técnica profesional. Se trata de una norma que permite la derivación de fondos para las escuelas técnicas argentinas, que son coparticipables a todas las provincias y que se destinan a construcción, equipamiento y funcionamiento de las escuelas. La formación docente es parte de un acuerdo paritario muy importante y que preveía un financiamiento para todas las provincias argentinas pero que ahora está sub-ejecutado. Se trata del programa socioeducativo. Los programas socioeducativos -Plan Nacional de Lectura, provisión de libros de texto, manuales, colecciones literarias, programas específicos como Orquestas Infantiles y Kafka- fueron sub-ejecutados. Esto significó que en la mayoría de las provincias -pertenezco a Santa Fe pero esto también pasa en el Chaco y Santiago del Estero, entre otras- nuestros compañeros trabajadores no tienen cobertura ni reciben estos fondos. Dichos fondos se han enviado con un grado de precariedad y de tardanza muy importantes. En algunos casos, los tomaron las provincias. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos compañeros se quedaron sin trabajo. Además, hubo un grave perjuicio, porque tanto el Programa de Orquestas como el de Bibliotecas Escolares, eran de gran importancia para los trabajadores y para nuestras escuelas.
Por otro lado, quiero señalar que no es neutral ni inocente que no se hable de la ley de Financiamiento Educativo.
Nosotros venimos planteando que se están disminuyendo partidas importantes que van a las provincias. Por ejemplo, las provincias del NOA y del NEA, las siete provincias que recibían el fondo compensador, están recibiendo menos fondos de los fijados en la ley de Financiamiento Educativo.
Nosotros hemos denunciado públicamente esta situación. Lo hemos planteando en el marco de las paritarias -las pocas veces que hemos tenido- y en el marco de nuestros planes de lucha, cuando no hemos sido recibidos. Debo recordar que hemos tenido una sola paritaria desde que asumió primero, el ministro Bullrich, y luego, el ministro Finocchiaro.
Por lo tanto, es fundamental que se retome la paritaria porque los temas del financiamiento están afectando a las provincias, a los trabajadores y por ende a las escuelas.
Pensamos que se está aumentando de forma sideral lo que se paga por intereses de la deuda externa, pero se está disminuyendo lo que se invierte en educación.
Por algunas de las cosas que escuché en los debates de estos días, debo decir que, si no se invierte en educación, si no se sostiene a la educación pública y si no se plantea el fortalecimiento de la formación docente -programa que era muy importante y que está sufriendo también una gran disminución de fondos-, vamos a ir aumentando las brechas de desigualdad.
Hay dos o tres cosas que creo que los legisladores deben tener en cuenta, fundamentalmente los legisladores del NOA y del NEA. Me refiero a la disminución de los fondos que están llegando a sus provincias.
Hay una nueva forma de financiar a la educación a través de decretos de necesidad y urgencia que asignan fondos específicos a algunas provincias, en lugar de incrementar la ley de financiamiento educativo.
Primero, hay que cumplir con la ley, y luego hay que incrementarla. Lo contrario, da lugar a un uso político del financiamiento educativo, cuando la ley prevé claramente un fondo general para todas las provincias, sin importar de qué partido sea su gobernador. Pero también prevé un fondo especial para las provincias más pobres que necesitan más financiamiento para desarrollar y fortalecer la educación.
Además, junto con los programas, la educación técnica, la formación docente y los programas socioeducativos, hay una rebaja en los salarios docentes. Esto es producto de que no hubo paritaria nacional docente. La falta de esta paritaria, hizo que todos los salarios se achataran. El año pasado hubo serios problemas en los cierres provinciales, y avizoramos que, si este tema no se debate fuertemente y se incluye en el presupuesto para su revisión, vamos a volver a tener conflictos en febrero de 2018.
Por eso creo que sería muy saludable que el Congreso de la Nación instara al Poder Ejecutivo, intermediara o generara algún ámbito, para que se convoque a la paritaria nacional docente, ya que es un ámbito donde es posible resolver muchos conflictos.
Si este año no se cumple con el financiamiento, va a haber problemas para las provincias y para los docentes.
La meta de inflación planteada en este presupuesto es del 17,5. Sin embargo, en algunas provincias, se habla de un aumento salarial del 10 por ciento.
Este año tuvimos provincias con cierres escandalosos y la vuelta de las sumas en negro. También tuvimos conflictos con respecto a la inclusión de los aumentos salariales en forma de ítem aula -un mal llamado presentismo- como en el caso de la provincia de Mendoza. Es un tema que está trayendo graves problemas y creo que hay que tomarlo a tiempo porque aunque se presenta como un mérito, puede llegar a ser un gran problema. Además, estamos teniendo problemas en la zona de la Patagonia y fuertemente en el NOA y NEA.
En mi opinión los diputados y senadores deben tomar nota. En el Senado, donde ya perdió estado parlamentario una vez y esperamos que no lo pierda este año, tenemos planteado un proyecto de ley de financiamiento educativo que lo lleva del 6 al 10 por ciento de PBI, que prevé metas de calidad educativa para la educación general básica pero también para ciencia, tecnología y universidad. Lo hemos trabajado conjuntamente con un equipo de pedagogos de todo el país y también con nuestros compañeros del gremio hermano de SADOP y de la Conadu -trabajadores de la universidad. Se trata de un tema que debe ser tomado por el Congreso y que puede solucionar muchos de los conflictos por los que están atravesando nuestras provincias y la paritaria nacional en general.
En ese sentido, no sé si a todos les interesa porque escucho mucho ruido...
SR. PRESIDENTE LASPINA Señores diputados: les pido que por favor hagan silencio.
SRA. ALESSO Me parece que si algo debiera interesar a los legisladores es el tema educativo.
Además, estuvimos revisando las campañas y todos hablaron de educación. Las promesas electorales de todos los bloques plantearon la mejora de la educación y del pago a los maestros. El otro día miraba un video sobre la educación que hizo el presidente de la Nación en el que hablaba de la importancia de los maestros, lo importante que es pagar buenos salarios y trabajar por la calidad educativa, pero esto no se está cumpliendo en la ley de financiamiento educativo. Los salarios docentes están bajando y si no hay inversión, no se puede hablar de educación de calidad.
El último punto que nos preocupa mucho, y que algunos de ustedes lo deben ver porque está pasando en sus provincias, es lo que se plantea en los tres niveles que hoy se atacan fuertemente: el nivel secundario -con la propuesta de escuela del futuro-; el nivel superior -con el intento del cierre de institutos de formación docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Jujuy, con un proyecto que avanza en otras provincias- y el nivel inicial -lo que se llama a nivel mundial "escuelas de bajo coste"-.
Estas escuelas para niños pequeños tienen edificios precarios, son muy baratas y forman parte de una iniciativa de multinacionales que comercian con la educación a cuyo cuidado no hay profesionales ni docentes ni personas que hayan estudiado. Estas escuelas fueron algunos de los anuncios de los jardines de infantes: primero iban a ser tres mil de acuerdo al presupuesto de 2017, luego pasaron a ser algunas salitas y ahora son algunos jardines. Advierto de esta situación porque sé que se están haciendo convenios con las provincias que van a poner en riesgo a la infancia en la Argentina.
Todo esto está trayendo un gran problema en América latina. Colombia fue el primer país en el que se probó y se está impulsando con la misma fuerza aquí en Argentina. En ese sentido, quiero decirles que van a dar a los niños y a la infancia una educación degradada y que no estará a cargo de profesionales.
Si miramos los proyectos de cierre de escuelas secundarias, de institutos terciarios y la precarización en el nivel inicial, hablamos de un proyecto educativo que no cuida la educación de calidad contrariamente a lo que se propagandiza.
Nosotros tenemos a disposición de todos los bloques -y los podemos dejar en Presidencia-, los números de cada una de las cuestiones que estamos planteando, tanto del presupuesto 2017 como del 2018.
Me parece que es un tema que los legisladores deben tomar en cuenta. (Aplausos.)
Además, estuvimos revisando las campañas y todos hablaron de educación. Las promesas electorales de todos los bloques plantearon la mejora de la educación y del pago a los maestros. El otro día miraba un video sobre la educación que hizo el presidente de la Nación en el que hablaba de la importancia de los maestros, lo importante que es pagar buenos salarios y trabajar por la calidad educativa, pero esto no se está cumpliendo en la ley de financiamiento educativo. Los salarios docentes están bajando y si no hay inversión, no se puede hablar de educación de calidad.
El último punto que nos preocupa mucho, y que algunos de ustedes lo deben ver porque está pasando en sus provincias, es lo que se plantea en los tres niveles que hoy se atacan fuertemente: el nivel secundario -con la propuesta de escuela del futuro-; el nivel superior -con el intento del cierre de institutos de formación docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Jujuy, con un proyecto que avanza en otras provincias- y el nivel inicial -lo que se llama a nivel mundial "escuelas de bajo coste"-.
Estas escuelas para niños pequeños tienen edificios precarios, son muy baratas y forman parte de una iniciativa de multinacionales que comercian con la educación a cuyo cuidado no hay profesionales ni docentes ni personas que hayan estudiado. Estas escuelas fueron algunos de los anuncios de los jardines de infantes: primero iban a ser tres mil de acuerdo al presupuesto de 2017, luego pasaron a ser algunas salitas y ahora son algunos jardines. Advierto de esta situación porque sé que se están haciendo convenios con las provincias que van a poner en riesgo a la infancia en la Argentina.
Todo esto está trayendo un gran problema en América latina. Colombia fue el primer país en el que se probó y se está impulsando con la misma fuerza aquí en Argentina. En ese sentido, quiero decirles que van a dar a los niños y a la infancia una educación degradada y que no estará a cargo de profesionales.
Si miramos los proyectos de cierre de escuelas secundarias, de institutos terciarios y la precarización en el nivel inicial, hablamos de un proyecto educativo que no cuida la educación de calidad contrariamente a lo que se propagandiza.
Nosotros tenemos a disposición de todos los bloques -y los podemos dejar en Presidencia-, los números de cada una de las cuestiones que estamos planteando, tanto del presupuesto 2017 como del 2018.
Me parece que es un tema que los legisladores deben tomar en cuenta. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Filmus.
SR. FILMUS Señor presidente: en primer lugar, agradezco la posibilidad que hemos tenido los diputados de escuchar a los científicos, a los docentes y a los universitarios.
Es un tema muy caro para nosotros y para mí en particular, no solo por haber desempeñado la tarea de ministro de Educación en momentos en que se aprobaron leyes muy importantes que todavía tienen vigencia y que casi todas fueron producto de profundos debates y de alto nivel de consenso. Casi todos los bloques que veo acá en su momento han votado la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la ley de educación técnica, la ley de educación sexual, que son normas que actualmente rigen nuestro sistema educativo.
También es muy caro porque junto con el doctor Salvarezza hasta hace 10 días trabajamos de esto, éramos investigadores del Conicet; estamos de licencia en este momento, pero seguimos siendo investigadores en la universidad, así que es parte de nuestra vida.
Decía que agradecemos mucho que se haya permitido intervenir a quienes han hablado precedentemente representando a las distintas instituciones porque estamos hablando, como decía Sonia Alesso, de uno de los ejes fundamentales en el que todas las fuerzas coincidimos que tiene que ser la educación, la ciencia y la tecnología.
Ayer discutíamos cómo iban a ser los ingresos y era interesante porque había un debate de modelo de país de acuerdo con los ingresos, pero también el presupuesto muestra un modelo de país.
Todos coincidimos respecto de la necesidad del aumento de la productividad y la competitividad como ejes fundamentales para el crecimiento del país, pero sabemos que hay dos tipos de productividad y competitividad: la que se genera de forma espuria, sobre la base del deterioro del medioambiente o del trabajo esclavo con muy bajo salario, y la competitividad que se genera por el esfuerzo de los argentinos, por la calidad de la educación o por la capacidad de innovación.
El presupuesto muestra las prioridades. Quería mostrar, señor presidente -no sé si la cámara lo podrá tomar-, que uno puede ver cómo el presupuesto argentino ha cambiado en estos años y también fija prioridades.
Se observa que el presupuesto en ciencia y tecnología y el presupuesto en general en educación han caído. La línea roja representa a la ciencia y tecnología, que es el que más ha caído; quiere decir que la ciencia y tecnología cayó proporcionalmente mucho más que la educación, y la educación también cayó como parte del presupuesto general, pero lo que uno ve es que se duplicó el gasto en pago de servicio de deuda.
Estas son las prioridades del país en este momento. Estamos priorizando el pago de servicios de deuda sobre las necesidades que tienen la educación, la ciencia y la tecnología, que es lo que nos permitiría no pedir más crédito afuera porque aumentamos la productividad adentro.
No es lo mismo fabricar acá que pagar royalties y patentes afuera; no es lo mismo inventar y crear acá que seguir comprando ciencia y tecnología afuera. No queremos ser un país -como viene siendo- que se va reprimarizando, que solamente vende productos primarios y compra, como se decía ayer en reiteradas ocasiones, trabajo de otros países.
Me voy a referir a un solo tema, señor presidente, y le pido a los colegas de las otras bancadas que presten mucha atención porque no tiene que ver con más recursos. Yo creo que lo podemos resolver si acertamos políticamente.
Hace unos años se votó una ley de financiamiento educativo prácticamente por unanimidad. Esa ley es la primera -y tengo que decir que quien me recomendó el mecanismo para hacerlo fue Juan Llach-, que entrega fondos coparticipables para fines específicos. Es la única que vez que se aplica en la Argentina ese artículo de la Constitución Nacional. Se pueden dar fondos coparticipables para fines específicos. Eso se hizo en la ley y este año vamos a renovarlo.
Esa ley venció en 2010 y se renovó todos los años por presupuesto. Esa ley tiene varios artículos, pero principalmente el 10 dice, de la mano de lo que planteaba recién Sonia Alezzo, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a las condiciones laborales, al calendario educativo, al salario mínimo docente y a la carrera docente. Esto es lo que se llama la paritaria nacional, que fue acordada.
El primer año, yo fui el primero el felicitar al gobierno de Mauricio Macri porque cumplió la paritaria nacional. El primer año -recordémoslo todos- el gobierno de Macri hizo una oferta a los gremios docentes, los gremios docentes aceptaron la oferta, incluso los universitarios pedimos la misma oferta que habían tenido los gremios docentes, y después de la lucha se aceptó esa propuesta. Fue el primer año, o fue un año en que, como venían haciéndolo, empezaron normalmente las clases prácticamente en todo el país, porque funcionó bien la paritaria.
La paritaria permitió, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, que son dos lugares que repercuten mucho, las clases empezaran normalmente. Y fue un éxito y -hay que decirlo- no me costó nada, porque hay que reconocer los méritos del gobierno cuando así lo son.
Nosotros felicitamos públicamente al gobierno por esa actitud. Hay un dicho en el fútbol que dice que "equipo que gana no se toca" y hay un dicho en el teatro que dice que "no hay que mejorar los éxitos", pero nadie sabe por qué razón el año pasado el gobierno no llamó a paritaria nacional.
No es concebible, había tenido un éxito enorme el año anterior y el año siguiente no llama a paritaria nacional, perdimos 18 días de clase en la Ciudad de Buenos Aires -que no tenía paros desde hacía quince años- se perdieron 16 días de clase en la provincia, y en las provincias del interior también porque no se cumplió con la paritaria.
¿Cuál es el llamado que quiero hacer que quizás lo podemos ver acá? El Ministerio de Educación tiene un presupuesto para salarios que se compone de dos partes: incentivo nacional docente, por un lado, y fondo de compensación salarial, por el otro.
El fondo de compensación salarial fue diseñado para las provincias más pobres, es decir, las doce provincias que tienen menores recursos tienen la compensación de la Nación. Hay que aclararlo: no es la Nación, como leí recién en el artículo de la ley; es la Nación y el Consejo Federal, son las 24 jurisdicciones las que deciden la paritaria nacional, pero la Nación ayuda a aquellas jurisdicciones que no llegan.
Lo que quiero decir es que este año, para que ustedes tengan un idea, para el incentivo salarial docente -que es en cierto sentido regresivo, porque le da lo mismo a todos los docentes de todo el país, sea director de escuela, sea maestro, tenga cincuenta años de antigüedad, tenga diez años de antigüedad o recién empiece, no hay una progresividad en ese sentido para los que más lo necesitan ni para las provincias que más lo necesitan, les da lo mismo a la Ciudad de Buenos Aires que a un docente de Salta, de Jujuy, de Misiones, de Chaco o de Formosa- el año que viene está previsto que lleve 20.900 millones de pesos y la compensación salarial solo 500 millones de pesos.
¿Qué quiero decir? Que el año que viene está previsto que ya no funcione la paritaria nacional, porque es la paritaria nacional -insisto- la que acuerdan todas las provincias, porque lo acuerda el Consejo Federal con los sindicatos. Es mentira que es una definición nacional y que las provincias no participan; son las provincias las que deciden el nivel de la paritaria nacional. No va a haber ninguna plata para compensar a las provincias que no lleguen a ese piso. Estoy hablando de agregar plata al presupuesto. Estoy hablando de una concepción política.
No podemos tener nosotros calidades educativas tan desiguales. Cuando uno paga de forma diferenciada -como dijo el presidente en algún momento en el sentido de que cada provincia pague lo que pueda-, vamos a tener maestros de distinta categoría, vamos a tener alumnos con distintas calidades educativas y después lo vamos a ver en las pruebas. Por lo tanto, nos vamos a asombrar por la calidad educativa de la Argentina, que es cada vez menor, si nosotros no mejoramos las condiciones salariales docentes.
Termino mi exposición diciendo que la principal condición de la calidad educativa -sepámoslo todos-, además del origen socioeconómico del alumno, es la condición de trabajo docente y su salario. Hay provincias que pueden pagar más y, por supuesto, lo hacen; pero tener un piso mínimo salarial para todo el país es tener un piso mínimo de dignidad.
Durante mucho tiempo hemos discutido acá con Hugo Yasky -es decir que estaban los dos lados del mostrador-, y logramos fijar un piso mínimo, porque eso es fundamental. No se trata de más dinero sino de que se destine a la compensación salarial de las provincias que atraviesan peores condiciones y no al incentivo, que lo distribuye en forma igualitaria. Insisto en que si aprobamos este presupuesto tal como está, vamos a estar definiendo que las clases empiecen con conflicto.
Quiero decir algo más. En 2003, la primera norma que votamos por unanimidad en el Congreso fue la que se conoce como la ley de los 180 días de clases, que en realidad es de garantía nacional del salario docente provincial. Entonces, en la Argentina, si una provincia no paga los sueldos, dado que el derecho a la educación del alumno es prioritario, la Nación tiene que acudir a solventar esos salarios para que el estudiante no pierda los días de clases. Quiero que recordemos que en aquel momento había siete provincias que no pagaban los sueldos. Se pagaban con bonos. La primera acción del presidente Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos y a las otras siete provincias para resolver ese tema.
Cabe mencionar que, asombrosamente, el calendario nacional que fijó el Ministerio de Educación de la Nación, es de 177 días de clases, según publicó la semana pasada el diario La Nación. Necesitamos un piso de 180 días y el Consejo Federal decidió extenderlo a 190 días, pero en qué están pensando las autoridades si antes de empezar las clases dicen que los alumnos de primaria tendrán 177 días de clase y los alumnos de secundaria tendrán 165 días de clases. De esta manera, ya estamos previendo que no se cumplirá una ley tan importante como la referida a la cantidad mínima de días de clases.
En relación con este proyecto de presupuesto, que lo podemos discutir, no estoy pidiendo más dinero sino que se redistribuya; sentémonos con el ministro y planteemos que la paritaria nacional y el Fondo de Compensación Salarial generan igualdad de calidad y eso permitirá que empecemos sin conflictos. De lo contrario, como las clases comenzarán en la primera semana de marzo, si no comienzan con motivo de los conflictos docentes, sepamos que la decisión la tomaremos nosotros, probablemente, entre hoy y mañana, cuando aprobemos este presupuesto.
Considero que estamos a tiempo: pueden empezar las clases sin conflicto, puede haber paritaria nacional, se puede compensar a las provincias más pobres y podemos tener maestros en condiciones dignas en todo el país para garantizar el crecimiento y la calidad de nuestra educación. (Aplausos.)
Es un tema muy caro para nosotros y para mí en particular, no solo por haber desempeñado la tarea de ministro de Educación en momentos en que se aprobaron leyes muy importantes que todavía tienen vigencia y que casi todas fueron producto de profundos debates y de alto nivel de consenso. Casi todos los bloques que veo acá en su momento han votado la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la ley de educación técnica, la ley de educación sexual, que son normas que actualmente rigen nuestro sistema educativo.
También es muy caro porque junto con el doctor Salvarezza hasta hace 10 días trabajamos de esto, éramos investigadores del Conicet; estamos de licencia en este momento, pero seguimos siendo investigadores en la universidad, así que es parte de nuestra vida.
Decía que agradecemos mucho que se haya permitido intervenir a quienes han hablado precedentemente representando a las distintas instituciones porque estamos hablando, como decía Sonia Alesso, de uno de los ejes fundamentales en el que todas las fuerzas coincidimos que tiene que ser la educación, la ciencia y la tecnología.
Ayer discutíamos cómo iban a ser los ingresos y era interesante porque había un debate de modelo de país de acuerdo con los ingresos, pero también el presupuesto muestra un modelo de país.
Todos coincidimos respecto de la necesidad del aumento de la productividad y la competitividad como ejes fundamentales para el crecimiento del país, pero sabemos que hay dos tipos de productividad y competitividad: la que se genera de forma espuria, sobre la base del deterioro del medioambiente o del trabajo esclavo con muy bajo salario, y la competitividad que se genera por el esfuerzo de los argentinos, por la calidad de la educación o por la capacidad de innovación.
El presupuesto muestra las prioridades. Quería mostrar, señor presidente -no sé si la cámara lo podrá tomar-, que uno puede ver cómo el presupuesto argentino ha cambiado en estos años y también fija prioridades.
Se observa que el presupuesto en ciencia y tecnología y el presupuesto en general en educación han caído. La línea roja representa a la ciencia y tecnología, que es el que más ha caído; quiere decir que la ciencia y tecnología cayó proporcionalmente mucho más que la educación, y la educación también cayó como parte del presupuesto general, pero lo que uno ve es que se duplicó el gasto en pago de servicio de deuda.
Estas son las prioridades del país en este momento. Estamos priorizando el pago de servicios de deuda sobre las necesidades que tienen la educación, la ciencia y la tecnología, que es lo que nos permitiría no pedir más crédito afuera porque aumentamos la productividad adentro.
No es lo mismo fabricar acá que pagar royalties y patentes afuera; no es lo mismo inventar y crear acá que seguir comprando ciencia y tecnología afuera. No queremos ser un país -como viene siendo- que se va reprimarizando, que solamente vende productos primarios y compra, como se decía ayer en reiteradas ocasiones, trabajo de otros países.
Me voy a referir a un solo tema, señor presidente, y le pido a los colegas de las otras bancadas que presten mucha atención porque no tiene que ver con más recursos. Yo creo que lo podemos resolver si acertamos políticamente.
Hace unos años se votó una ley de financiamiento educativo prácticamente por unanimidad. Esa ley es la primera -y tengo que decir que quien me recomendó el mecanismo para hacerlo fue Juan Llach-, que entrega fondos coparticipables para fines específicos. Es la única que vez que se aplica en la Argentina ese artículo de la Constitución Nacional. Se pueden dar fondos coparticipables para fines específicos. Eso se hizo en la ley y este año vamos a renovarlo.
Esa ley venció en 2010 y se renovó todos los años por presupuesto. Esa ley tiene varios artículos, pero principalmente el 10 dice, de la mano de lo que planteaba recién Sonia Alezzo, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a las condiciones laborales, al calendario educativo, al salario mínimo docente y a la carrera docente. Esto es lo que se llama la paritaria nacional, que fue acordada.
El primer año, yo fui el primero el felicitar al gobierno de Mauricio Macri porque cumplió la paritaria nacional. El primer año -recordémoslo todos- el gobierno de Macri hizo una oferta a los gremios docentes, los gremios docentes aceptaron la oferta, incluso los universitarios pedimos la misma oferta que habían tenido los gremios docentes, y después de la lucha se aceptó esa propuesta. Fue el primer año, o fue un año en que, como venían haciéndolo, empezaron normalmente las clases prácticamente en todo el país, porque funcionó bien la paritaria.
La paritaria permitió, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, que son dos lugares que repercuten mucho, las clases empezaran normalmente. Y fue un éxito y -hay que decirlo- no me costó nada, porque hay que reconocer los méritos del gobierno cuando así lo son.
Nosotros felicitamos públicamente al gobierno por esa actitud. Hay un dicho en el fútbol que dice que "equipo que gana no se toca" y hay un dicho en el teatro que dice que "no hay que mejorar los éxitos", pero nadie sabe por qué razón el año pasado el gobierno no llamó a paritaria nacional.
No es concebible, había tenido un éxito enorme el año anterior y el año siguiente no llama a paritaria nacional, perdimos 18 días de clase en la Ciudad de Buenos Aires -que no tenía paros desde hacía quince años- se perdieron 16 días de clase en la provincia, y en las provincias del interior también porque no se cumplió con la paritaria.
¿Cuál es el llamado que quiero hacer que quizás lo podemos ver acá? El Ministerio de Educación tiene un presupuesto para salarios que se compone de dos partes: incentivo nacional docente, por un lado, y fondo de compensación salarial, por el otro.
El fondo de compensación salarial fue diseñado para las provincias más pobres, es decir, las doce provincias que tienen menores recursos tienen la compensación de la Nación. Hay que aclararlo: no es la Nación, como leí recién en el artículo de la ley; es la Nación y el Consejo Federal, son las 24 jurisdicciones las que deciden la paritaria nacional, pero la Nación ayuda a aquellas jurisdicciones que no llegan.
Lo que quiero decir es que este año, para que ustedes tengan un idea, para el incentivo salarial docente -que es en cierto sentido regresivo, porque le da lo mismo a todos los docentes de todo el país, sea director de escuela, sea maestro, tenga cincuenta años de antigüedad, tenga diez años de antigüedad o recién empiece, no hay una progresividad en ese sentido para los que más lo necesitan ni para las provincias que más lo necesitan, les da lo mismo a la Ciudad de Buenos Aires que a un docente de Salta, de Jujuy, de Misiones, de Chaco o de Formosa- el año que viene está previsto que lleve 20.900 millones de pesos y la compensación salarial solo 500 millones de pesos.
¿Qué quiero decir? Que el año que viene está previsto que ya no funcione la paritaria nacional, porque es la paritaria nacional -insisto- la que acuerdan todas las provincias, porque lo acuerda el Consejo Federal con los sindicatos. Es mentira que es una definición nacional y que las provincias no participan; son las provincias las que deciden el nivel de la paritaria nacional. No va a haber ninguna plata para compensar a las provincias que no lleguen a ese piso. Estoy hablando de agregar plata al presupuesto. Estoy hablando de una concepción política.
No podemos tener nosotros calidades educativas tan desiguales. Cuando uno paga de forma diferenciada -como dijo el presidente en algún momento en el sentido de que cada provincia pague lo que pueda-, vamos a tener maestros de distinta categoría, vamos a tener alumnos con distintas calidades educativas y después lo vamos a ver en las pruebas. Por lo tanto, nos vamos a asombrar por la calidad educativa de la Argentina, que es cada vez menor, si nosotros no mejoramos las condiciones salariales docentes.
Termino mi exposición diciendo que la principal condición de la calidad educativa -sepámoslo todos-, además del origen socioeconómico del alumno, es la condición de trabajo docente y su salario. Hay provincias que pueden pagar más y, por supuesto, lo hacen; pero tener un piso mínimo salarial para todo el país es tener un piso mínimo de dignidad.
Durante mucho tiempo hemos discutido acá con Hugo Yasky -es decir que estaban los dos lados del mostrador-, y logramos fijar un piso mínimo, porque eso es fundamental. No se trata de más dinero sino de que se destine a la compensación salarial de las provincias que atraviesan peores condiciones y no al incentivo, que lo distribuye en forma igualitaria. Insisto en que si aprobamos este presupuesto tal como está, vamos a estar definiendo que las clases empiecen con conflicto.
Quiero decir algo más. En 2003, la primera norma que votamos por unanimidad en el Congreso fue la que se conoce como la ley de los 180 días de clases, que en realidad es de garantía nacional del salario docente provincial. Entonces, en la Argentina, si una provincia no paga los sueldos, dado que el derecho a la educación del alumno es prioritario, la Nación tiene que acudir a solventar esos salarios para que el estudiante no pierda los días de clases. Quiero que recordemos que en aquel momento había siete provincias que no pagaban los sueldos. Se pagaban con bonos. La primera acción del presidente Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos y a las otras siete provincias para resolver ese tema.
Cabe mencionar que, asombrosamente, el calendario nacional que fijó el Ministerio de Educación de la Nación, es de 177 días de clases, según publicó la semana pasada el diario La Nación. Necesitamos un piso de 180 días y el Consejo Federal decidió extenderlo a 190 días, pero en qué están pensando las autoridades si antes de empezar las clases dicen que los alumnos de primaria tendrán 177 días de clase y los alumnos de secundaria tendrán 165 días de clases. De esta manera, ya estamos previendo que no se cumplirá una ley tan importante como la referida a la cantidad mínima de días de clases.
En relación con este proyecto de presupuesto, que lo podemos discutir, no estoy pidiendo más dinero sino que se redistribuya; sentémonos con el ministro y planteemos que la paritaria nacional y el Fondo de Compensación Salarial generan igualdad de calidad y eso permitirá que empecemos sin conflictos. De lo contrario, como las clases comenzarán en la primera semana de marzo, si no comienzan con motivo de los conflictos docentes, sepamos que la decisión la tomaremos nosotros, probablemente, entre hoy y mañana, cuando aprobemos este presupuesto.
Considero que estamos a tiempo: pueden empezar las clases sin conflicto, puede haber paritaria nacional, se puede compensar a las provincias más pobres y podemos tener maestros en condiciones dignas en todo el país para garantizar el crecimiento y la calidad de nuestra educación. (Aplausos.)
Ocupa la Presidencia el diputado Pastori.
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el señor diputado Espinoza.
SR. ESPINOZA Señor presidente: quiero manifestarme respecto de lo mismo que veníamos exponiendo desde el bloque del Frente para la Victoria-PJ.
Considero que todo lo relativo a la educación a nivel nacional es un tema emblemático. En La Matanza tenemos la universidad nacional que más creció en todo el país, porque en los últimos años su capacidad se incrementó en un 600 por ciento. En 2003 teníamos 10.000 alumnos y hoy tenemos 64.000 estudiantes. El 86 por ciento de estos alumnos son el primer miembro de la familia que llega a tener un título universitario.
Para que ustedes se den una idea, en la inscripción actual para ingresar a la universidad se anotaron 24 mil chicos. Por supuesto que luego de los exámenes de ingreso, van a quedar 5 mil o 4 mil chicos con suerte.
Para no hacerles perder tiempo a mis colegas diputados nacionales, rápidamente les pido que nos acompañen en este punto relacionado con la nueva sede de la Universidad Nacional de La Matanza que ya hemos construido en González Catán con fondos municipales. Para los que no son de esta provincia, les cuento que esa localidad se encuentra ubicada en el tercer cordón del Conurbano.
Esta nueva sede se empezó a construir en el año 2014 y se terminó hace más de un año. Está totalmente equipada con nuevas tecnologías, el mobiliario y todo lo que se necesita para hacerla funcionar. Todo el pueblo de La Matanza está muy orgulloso de ella ya que fue terminada con recursos municipales.
Repito: 152 millones de pesos para un municipio como La Matanza, que tiene 2.200.000 habitantes y que para el 2017 tuvo un presupuesto de 5.500 millones de pesos. Para que tengan una idea, por ejemplo, la Capital Federal tuvo 182.000 millones de pesos previstos en el presupuesto para el año 2017. Esto demuestra que todos los vecinos y todo el pueblo de La Matanza hizo un esfuerzo enorme para poder construir esta universidad, justamente en un lugar -como es el tercer cordón del Conurbano- en donde más hace falta que el Estado brinde igualdad de posibilidades para así sacar a los chicos de la calle.
Es necesario darles a todos los chicos de la Argentina -independientemente del hogar en el que hayan nacido, desde el punto de vista socioeconómico- las mismas posibilidades de progresar en la vida a través del estudio y del sacrificio.
Este edificio -que hoy es fantasma- hace más de un año que está totalmente terminado y listo para empezar a funcionar. Para ello, lo único que falta es que el ministro de Educación de la Nación designe los profesores, docentes, auxiliares y personal para que pueda empezar a funcionar.
Entonces, hoy estamos pidiendo que se nombre este personal para poder hacer funcionar esta sede de la universidad ubicada en González Catán. Ya es el segundo año que este punto no figura en el presupuesto.
Aproximadamente se necesitan 100 millones de pesos para una matrícula con 4 mil alumnos más, o sea que igual quedarían 20 mil alumnos afuera, quienes no van a poder ingresar este año. A pesar de esto, nos parece un gran despropósito no poder abrir la universidad y que empiecen las clases en marzo próximo.
Por eso, les pido desde el fondo de mi corazón a todos mis colegas diputados nacionales de las distintas bancadas que nos acompañen en esta petición para que la sede de la Universidad Nacional de La Matanza construida en González Catán pueda empezar a funcionar después de dos años de encontrarse terminado el edificio. (Aplausos.)
Considero que todo lo relativo a la educación a nivel nacional es un tema emblemático. En La Matanza tenemos la universidad nacional que más creció en todo el país, porque en los últimos años su capacidad se incrementó en un 600 por ciento. En 2003 teníamos 10.000 alumnos y hoy tenemos 64.000 estudiantes. El 86 por ciento de estos alumnos son el primer miembro de la familia que llega a tener un título universitario.
Para que ustedes se den una idea, en la inscripción actual para ingresar a la universidad se anotaron 24 mil chicos. Por supuesto que luego de los exámenes de ingreso, van a quedar 5 mil o 4 mil chicos con suerte.
Para no hacerles perder tiempo a mis colegas diputados nacionales, rápidamente les pido que nos acompañen en este punto relacionado con la nueva sede de la Universidad Nacional de La Matanza que ya hemos construido en González Catán con fondos municipales. Para los que no son de esta provincia, les cuento que esa localidad se encuentra ubicada en el tercer cordón del Conurbano.
Esta nueva sede se empezó a construir en el año 2014 y se terminó hace más de un año. Está totalmente equipada con nuevas tecnologías, el mobiliario y todo lo que se necesita para hacerla funcionar. Todo el pueblo de La Matanza está muy orgulloso de ella ya que fue terminada con recursos municipales.
Repito: 152 millones de pesos para un municipio como La Matanza, que tiene 2.200.000 habitantes y que para el 2017 tuvo un presupuesto de 5.500 millones de pesos. Para que tengan una idea, por ejemplo, la Capital Federal tuvo 182.000 millones de pesos previstos en el presupuesto para el año 2017. Esto demuestra que todos los vecinos y todo el pueblo de La Matanza hizo un esfuerzo enorme para poder construir esta universidad, justamente en un lugar -como es el tercer cordón del Conurbano- en donde más hace falta que el Estado brinde igualdad de posibilidades para así sacar a los chicos de la calle.
Es necesario darles a todos los chicos de la Argentina -independientemente del hogar en el que hayan nacido, desde el punto de vista socioeconómico- las mismas posibilidades de progresar en la vida a través del estudio y del sacrificio.
Este edificio -que hoy es fantasma- hace más de un año que está totalmente terminado y listo para empezar a funcionar. Para ello, lo único que falta es que el ministro de Educación de la Nación designe los profesores, docentes, auxiliares y personal para que pueda empezar a funcionar.
Entonces, hoy estamos pidiendo que se nombre este personal para poder hacer funcionar esta sede de la universidad ubicada en González Catán. Ya es el segundo año que este punto no figura en el presupuesto.
Aproximadamente se necesitan 100 millones de pesos para una matrícula con 4 mil alumnos más, o sea que igual quedarían 20 mil alumnos afuera, quienes no van a poder ingresar este año. A pesar de esto, nos parece un gran despropósito no poder abrir la universidad y que empiecen las clases en marzo próximo.
Por eso, les pido desde el fondo de mi corazón a todos mis colegas diputados nacionales de las distintas bancadas que nos acompañen en esta petición para que la sede de la Universidad Nacional de La Matanza construida en González Catán pueda empezar a funcionar después de dos años de encontrarse terminado el edificio. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Tengo anotada en la lista de oradores a la diputada Mendoza. Voy a agregar a los diputados Yasky y Solanas.
Con el fin de ordenar el debate, informo que tengo anotados para hacer uso de la palabra a varios señores diputados. Voy a mencionar a aquellos que están anotados para la discusión del presupuesto en general y no para este tema en particular sobre la cuestión educativa. Estos diputados son: Josefina Mendoza, Alejandra Martínez, Romina del Pla, Albor Cantard, Hugo Yasky, Julio Solanas y Alejandro Snopek. A la diputada Carrizo la anoto para el tema que estamos discutiendo ahora.
Una vez terminada esta discusión, continuaremos con la consideración en general del presupuesto.
Tiene la palabra la señora diputada Josefina Mendoza.
Con el fin de ordenar el debate, informo que tengo anotados para hacer uso de la palabra a varios señores diputados. Voy a mencionar a aquellos que están anotados para la discusión del presupuesto en general y no para este tema en particular sobre la cuestión educativa. Estos diputados son: Josefina Mendoza, Alejandra Martínez, Romina del Pla, Albor Cantard, Hugo Yasky, Julio Solanas y Alejandro Snopek. A la diputada Carrizo la anoto para el tema que estamos discutiendo ahora.
Una vez terminada esta discusión, continuaremos con la consideración en general del presupuesto.
Tiene la palabra la señora diputada Josefina Mendoza.
SRA. MENDOZA (J.) Señor presidente: para los que no me conocen, soy Josefina Mendoza, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. También soy presidenta de la Federación Universitaria Argentina.
Mi intervención tiene que ver fundamentalmente con el presupuesto universitario proyectado para el año 2018.
Voy a hacer referencia a una presentación que hicimos a la secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, la señora Danya Tavella, en conjunto con las fuerzas que componemos la Junta Ejecutiva de la FUBA, el pasado 9 de octubre, a colación de la proyección que presentó el Ejecutivo nacional a esta Cámara de Diputados.
Entre los puntos que debía tener en cuenta la Cámara de Diputados para tratar el presupuesto está, en primera instancia, el de la distribución equitativa de los fondos al sistema universitario. Esto es algo que siempre nos preocupó, sobre todo al movimiento estudiantil, ya que entendíamos que se priorizaba el crecimiento de algunas universidades en detrimento de otras y esto no hacía más que profundizar las desigualdades al interior del sistema universitario.
Por otro lado, aportábamos a la discusión la necesidad de generar mayor cantidad de políticas de ingreso, progreso y graduación. Esto es algo que se ha dicho, con otras palabras, en las intervenciones de los diputados preopinantes. En concreto, reclamábamos la profundización del programa Argentina Beca que se lanzó el año pasado. La Federación había sido parte de esto porque lo había trabajado en conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias. El año pasado significó un aumento del 57 por ciento para el sistema de becas universitarias. Entendemos que esto es a causa de los niveles de deserción en la universidad, como consecuencia de las discusiones que tendremos que dar respecto de la situación del sistema educativo en general. Era importante profundizarlo, así como también incrementar las políticas de bienestar estudiantil en lo que atañe a los comedores universitarios, residencias estudiantiles y becas de transporte y apuntes, que por supuesto también tienen que ver con los reclamos estudiantiles.
Las becas de transporte y apuntes desde ya están relacionadas con nuestro reclamo histórico por un boleto estudiantil gratuito y universal a nivel nacional, entre otras demandas.
También habíamos referido en esta presentación al aumento del presupuesto para impulsar el desarrollo científico-tecnológico de las universidades y fortalecer la autonomía universitaria. Acá quisiera hacer un punto y aparte, más allá de que el diputado Cantard lo va a explicar mejor.
Habíamos considerado como un gran avance que se fortaleciera la función de la producción científica-tecnológica de las universidades. Entendíamos que en años anteriores las universidades no habían podido desarrollar autónomamente esa función debido al aumento del presupuesto, pero sólo a los fines del Ministerio de Ciencia y Tecnología y para que la universidad lo desarrollara de manera autónoma y no depender de la voluntad del gobierno de turno.
Por otra parte, incluíamos la necesidad de que se contuviera a los becarios del Conicet que no habían renovado su beca a través del MINCyT como investigadores en las universidades.
En otro punto agregábamos el fortalecimiento e impulso a la generación de políticas tendientes a la construcción de una universidad con perspectiva de género. Asimismo, una preocupación que nos unía en el reclamo a todo el movimiento estudiantil tenía que ver con la situación de los hospitales universitarios que fue mencionada anteriormente.
Para no extenderme, quiero decir que nunca el movimiento estudiantil y la comunidad universitaria en general van a conformarse con uno u otro presupuesto, discusión que siempre se da a fin de año fecha en la que se habla de números y proyecciones y que, en definitiva, está relacionada con qué sistema universitario queremos. Hemos hecho estas presentaciones a la Secretaría de Políticas Universitarias y también lo hice como diputada nacional por la unión Cívica Radical por Cambiemos de la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, a pesar de que muchas veces pueden existir diferencias de criterio y disidencias respecto de cómo se proyecta o genera y conforma el presupuesto universitario, no estoy de acuerdo con que se diga que existe un desfinanciamiento o un ajuste en la universidad pública. Digo esto porque en la proyección para 2018 el presupuesto universitario estaría aumentando más del 26 por ciento, pero además de todos los puntos que mencionamos -exceptuando la situación de los hospitales escuela, que seguramente será planteado por algún otro señor diputado- se está contemplando un 25 por ciento de aumento para las necesidades y crecimiento de las nuevas universidades, que fueron creadas no hace tantos años y que están en pleno desarrollo de su vida institucional.
En ese sentido, la proyección para 2018 también incluye un plan de infraestructura que contemple las necesidades de cada una de las universidades.
Además, un dato no menor es la diferencia que existe entre la proyección del Consejo Interuniversitario Nacional y la que elaboró la Secretaría de Políticas Universitarias, en la que vemos que año a año se reduce esa brecha. Para la proyección 2018 estaría en aproximadamente el 7 por ciento, a diferencia de años anteriores -como desde 2011 a la fecha- que a veces llegó a significar una diferencia del 22 por ciento en la proyección que hacían los rectores y la que hacía el Poder Ejecutivo nacional.
Por otro lado, se mencionó la necesidad de profundizar el trabajo desde la Secretaría de Políticas Universitarias y desde el presupuesto para 2018 en la extensión universitaria, en la inclusión y el trabajo mancomunado de la universidad con la sociedad. En este sentido, por el trabajo conjunto de la Federación Universitaria Argentina y de la Secretaría de Políticas Universitarias, se está trabajando en un programa de articulación entre la escuela secundaria y la universidad -creo que algunos diputados lo mencionaron. Ello se relaciona con que en algunos años hemos visto cómo descendió la matrícula, que por supuesto es una realidad que cambia año a año, a veces crece y otras baja, y tiene que ver con la realidad que atraviesa el sistema educativo argentino en general y la falta de herramientas con las que los jóvenes llegan a la universidad. Por lo tanto, creo que además de hablar del presupuesto nacional, debemos dar una discusión seria sobre la realidad del sistema educativo en nuestro país.
Quisiera agregar otro punto positivo en la proyección presupuestaria 2018 para nuestras universidades que está relacionado con el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Escuché algunos comentarios -no en esta oportunidad pero sí en algunos ámbitos de discusión del sistema universitario- por los que se criticaba el accionar de la Secretaría de Políticas Universitarias y del gobierno nacional respecto a lo que conocemos como el Programa FUNDAR. Para explicarlo en líneas generales, se trata de la proyección que hace el Poder Ejecutivo para estas convocatorias y programas que se hacen desde la Secretaría de Políticas Universitarias y se trabaja en conjunto con las universidades.
Creo que esto y el fortalecimiento de la autonomía de las universidades van de la mano porque se fortalece cada una de las funciones específicas de la universidad, tales como el desarrollo científico tecnológico, la extensión universitaria y, por supuesto, el bienestar estudiantil, así como la columna de salud.
Para ir finalizando, por supuesto celebro el espacio que se genera donde se da la posibilidad a que representantes de la comunidad universitaria se acerquen a dar su opinión respecto de este debate que estamos dando.
Lo celebro también porque en nombre de la Federación Universitaria Argentina debo decir que estuvimos muchos años sin ser convocados a dar las discusiones que tenían que ver con la educación; fueron muchos años en los que incluso se llegó a reformar la ley de educación superior y la Federación Universitaria Argentina no fue convocada.
Por supuesto quiero decir que nos falta mucho para fortalecer el sistema universitario y construir un sistema en el cual todas las universidades en conjunto tengan las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo, pero también creo que vamos por el buen camino.
Lo digo también a colación de esa reunión que tuvimos desde la FUA con la Secretaría de Políticas Universitarias donde asistimos todas las fuerzas de diferentes pertenencias políticas partidarias, pero todas reconocimos que de cara al 2018 el presupuesto cubre varias de las falencias que veníamos reclamando.
Por mi parte celebro nuevamente estos espacios de debate y espero que podamos llegar a un buen resultado. (Aplausos.)
Mi intervención tiene que ver fundamentalmente con el presupuesto universitario proyectado para el año 2018.
Voy a hacer referencia a una presentación que hicimos a la secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, la señora Danya Tavella, en conjunto con las fuerzas que componemos la Junta Ejecutiva de la FUBA, el pasado 9 de octubre, a colación de la proyección que presentó el Ejecutivo nacional a esta Cámara de Diputados.
Entre los puntos que debía tener en cuenta la Cámara de Diputados para tratar el presupuesto está, en primera instancia, el de la distribución equitativa de los fondos al sistema universitario. Esto es algo que siempre nos preocupó, sobre todo al movimiento estudiantil, ya que entendíamos que se priorizaba el crecimiento de algunas universidades en detrimento de otras y esto no hacía más que profundizar las desigualdades al interior del sistema universitario.
Por otro lado, aportábamos a la discusión la necesidad de generar mayor cantidad de políticas de ingreso, progreso y graduación. Esto es algo que se ha dicho, con otras palabras, en las intervenciones de los diputados preopinantes. En concreto, reclamábamos la profundización del programa Argentina Beca que se lanzó el año pasado. La Federación había sido parte de esto porque lo había trabajado en conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias. El año pasado significó un aumento del 57 por ciento para el sistema de becas universitarias. Entendemos que esto es a causa de los niveles de deserción en la universidad, como consecuencia de las discusiones que tendremos que dar respecto de la situación del sistema educativo en general. Era importante profundizarlo, así como también incrementar las políticas de bienestar estudiantil en lo que atañe a los comedores universitarios, residencias estudiantiles y becas de transporte y apuntes, que por supuesto también tienen que ver con los reclamos estudiantiles.
Las becas de transporte y apuntes desde ya están relacionadas con nuestro reclamo histórico por un boleto estudiantil gratuito y universal a nivel nacional, entre otras demandas.
También habíamos referido en esta presentación al aumento del presupuesto para impulsar el desarrollo científico-tecnológico de las universidades y fortalecer la autonomía universitaria. Acá quisiera hacer un punto y aparte, más allá de que el diputado Cantard lo va a explicar mejor.
Habíamos considerado como un gran avance que se fortaleciera la función de la producción científica-tecnológica de las universidades. Entendíamos que en años anteriores las universidades no habían podido desarrollar autónomamente esa función debido al aumento del presupuesto, pero sólo a los fines del Ministerio de Ciencia y Tecnología y para que la universidad lo desarrollara de manera autónoma y no depender de la voluntad del gobierno de turno.
Por otra parte, incluíamos la necesidad de que se contuviera a los becarios del Conicet que no habían renovado su beca a través del MINCyT como investigadores en las universidades.
En otro punto agregábamos el fortalecimiento e impulso a la generación de políticas tendientes a la construcción de una universidad con perspectiva de género. Asimismo, una preocupación que nos unía en el reclamo a todo el movimiento estudiantil tenía que ver con la situación de los hospitales universitarios que fue mencionada anteriormente.
Para no extenderme, quiero decir que nunca el movimiento estudiantil y la comunidad universitaria en general van a conformarse con uno u otro presupuesto, discusión que siempre se da a fin de año fecha en la que se habla de números y proyecciones y que, en definitiva, está relacionada con qué sistema universitario queremos. Hemos hecho estas presentaciones a la Secretaría de Políticas Universitarias y también lo hice como diputada nacional por la unión Cívica Radical por Cambiemos de la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, a pesar de que muchas veces pueden existir diferencias de criterio y disidencias respecto de cómo se proyecta o genera y conforma el presupuesto universitario, no estoy de acuerdo con que se diga que existe un desfinanciamiento o un ajuste en la universidad pública. Digo esto porque en la proyección para 2018 el presupuesto universitario estaría aumentando más del 26 por ciento, pero además de todos los puntos que mencionamos -exceptuando la situación de los hospitales escuela, que seguramente será planteado por algún otro señor diputado- se está contemplando un 25 por ciento de aumento para las necesidades y crecimiento de las nuevas universidades, que fueron creadas no hace tantos años y que están en pleno desarrollo de su vida institucional.
En ese sentido, la proyección para 2018 también incluye un plan de infraestructura que contemple las necesidades de cada una de las universidades.
Además, un dato no menor es la diferencia que existe entre la proyección del Consejo Interuniversitario Nacional y la que elaboró la Secretaría de Políticas Universitarias, en la que vemos que año a año se reduce esa brecha. Para la proyección 2018 estaría en aproximadamente el 7 por ciento, a diferencia de años anteriores -como desde 2011 a la fecha- que a veces llegó a significar una diferencia del 22 por ciento en la proyección que hacían los rectores y la que hacía el Poder Ejecutivo nacional.
Por otro lado, se mencionó la necesidad de profundizar el trabajo desde la Secretaría de Políticas Universitarias y desde el presupuesto para 2018 en la extensión universitaria, en la inclusión y el trabajo mancomunado de la universidad con la sociedad. En este sentido, por el trabajo conjunto de la Federación Universitaria Argentina y de la Secretaría de Políticas Universitarias, se está trabajando en un programa de articulación entre la escuela secundaria y la universidad -creo que algunos diputados lo mencionaron. Ello se relaciona con que en algunos años hemos visto cómo descendió la matrícula, que por supuesto es una realidad que cambia año a año, a veces crece y otras baja, y tiene que ver con la realidad que atraviesa el sistema educativo argentino en general y la falta de herramientas con las que los jóvenes llegan a la universidad. Por lo tanto, creo que además de hablar del presupuesto nacional, debemos dar una discusión seria sobre la realidad del sistema educativo en nuestro país.
Quisiera agregar otro punto positivo en la proyección presupuestaria 2018 para nuestras universidades que está relacionado con el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Escuché algunos comentarios -no en esta oportunidad pero sí en algunos ámbitos de discusión del sistema universitario- por los que se criticaba el accionar de la Secretaría de Políticas Universitarias y del gobierno nacional respecto a lo que conocemos como el Programa FUNDAR. Para explicarlo en líneas generales, se trata de la proyección que hace el Poder Ejecutivo para estas convocatorias y programas que se hacen desde la Secretaría de Políticas Universitarias y se trabaja en conjunto con las universidades.
Creo que esto y el fortalecimiento de la autonomía de las universidades van de la mano porque se fortalece cada una de las funciones específicas de la universidad, tales como el desarrollo científico tecnológico, la extensión universitaria y, por supuesto, el bienestar estudiantil, así como la columna de salud.
Para ir finalizando, por supuesto celebro el espacio que se genera donde se da la posibilidad a que representantes de la comunidad universitaria se acerquen a dar su opinión respecto de este debate que estamos dando.
Lo celebro también porque en nombre de la Federación Universitaria Argentina debo decir que estuvimos muchos años sin ser convocados a dar las discusiones que tenían que ver con la educación; fueron muchos años en los que incluso se llegó a reformar la ley de educación superior y la Federación Universitaria Argentina no fue convocada.
Por supuesto quiero decir que nos falta mucho para fortalecer el sistema universitario y construir un sistema en el cual todas las universidades en conjunto tengan las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo, pero también creo que vamos por el buen camino.
Lo digo también a colación de esa reunión que tuvimos desde la FUA con la Secretaría de Políticas Universitarias donde asistimos todas las fuerzas de diferentes pertenencias políticas partidarias, pero todas reconocimos que de cara al 2018 el presupuesto cubre varias de las falencias que veníamos reclamando.
Por mi parte celebro nuevamente estos espacios de debate y espero que podamos llegar a un buen resultado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra señor diputado Cantard.
SR. CANTARD Señor presidente: voy a ser muy breve.
Complementando lo que decía la señora diputada Mendoza, en primer lugar, me permito recordar que durante 8 años he sido rector de la Universidad Nacional del Litoral en mi ciudad, Santa Fe, desde el 2007 hasta el 2015, y ocupé el cargo de secretario de Políticas Universitarias hasta el pasado mes de julio.
Hago esta referencia porque conozco muy bien el sistema universitario y lo primero que debemos tener claro los diputados para tratar específicamente este presupuesto es que desde hace muchos años el sistema universitario público argentino viene analizando la evolución de su presupuesto en el ámbito institucional del Consejo de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional.
Esto ha llevado a que año tras año desde hace más de una década los rectores universitarios -hoy de 56 universidades públicas argentinas-, elaboren su presupuesto modelo a través de un sistema de pautas que contempla absolutamente todas las necesidades que tiene el sistema universitario para funcionar. Entonces por supuesto se contemplan cargos docentes, investigadores, no docentes, personal de gestión, pero también infraestructura, metros cuadrados, es decir, qué se necesita para cada uno de estos rubros. Y año tras año elaboran, como decía, este proyecto que elevan al Ministerio de Educación de la Nación. Esto no es nuevo, tiene una continuidad de dos décadas si no más.
En este proyecto que los rectores envían al sistema universitario año a año plantean las necesidades mínimas indispensables, a su criterio, para el normal funcionamiento de sus universidades.
En este sentido quiero remarcar específicamente que justamente ha tenido una importante evolución de reducción la brecha entre lo que solicita el sistema universitario y sus propios rectores, y lo que ha aprobado este Congreso de la Nación.
Para dar algunos ejemplos les comento que en el año 2011 este Parlamento aprobó un presupuesto del 85,44 por ciento de lo solicitado por los rectores; en el 2012, fue del 86; en el 2013, volvió a bajar al 85; luego subió y bajó. Y hago referencia al último presupuesto aprobado por este Congreso durante el gobierno anterior, es decir, para el presupuesto del 2016 que fue del 83,04 por ciento, mientras que el presupuesto que aprobó este Congreso el año pasado fue del 90,33 por ciento de lo solicitado por los rectores. Asimismo, el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo para el tratamiento de este cuerpo para el próximo año 2018 es el que más se acerca a la solicitud de los rectores, siendo del 93,61 por ciento.
Con esto quiero reflejar claramente que el presupuesto universitario argentino, particularmente en los dos últimos años, ha tenido un acercamiento sustancial al cumplimiento de las necesidades requeridas por el sistema universitario a través del pedido elevado por el Consejo Universitario Nacional.
Por otra parte, quiero resaltar también el tema particular de Ciencia y Técnica. Es importante señalar que en el sistema universitario argentino público se lleva especialmente adelante más del 60 por ciento de la investigación que se hace en el país. Esto ha llevado a que el sistema universitario reclamara periódicamente que se actualizaran los fondos para Ciencia y Técnica destinados a las universidades nacionales.
También es importante destacar que estos fondos que habitualmente se aprobaron en los distintos presupuestos nacionales a partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología -cosa que valoro como uno de los aciertos más importantes del gobierno nacional anterior-, específicamente los fondos para el sistema universitario en el rubro Ciencia y Técnica, quedaron congelados en una suma que no recuerdo precisamente, pero estaban entre los 23 y los 26 millones de pesos.
El año pasado, por iniciativa del Poder Ejecutivo, por el reclamo al que me refería anteriormente de los rectores, se agregó una partida para Ciencia y Técnica de 500 millones de pesos destinada al sistema universitario. Pasamos de 23 o 26 millones de pesos a 500 millones de pesos, presupuesto que se vuelve a reiterar en el proyecto de presupuesto que vamos a tratar en los próximos días en este Congreso de la Nación, con lo cual también me parece importante señalar este aspecto como un aspecto positivo en el presupuesto del sistema universitario.
Quiero referirme, por último, a lo manifestado por el señor diputado Espinoza con respecto a la creación del anexo de la Universidad de La Matanza. Es un proyecto que tuve oportunidad de conocer en mi función de secretario de Políticas Universitarias pero que requiere un financiamiento muy especial. Una de las cuestiones que tenemos que afrontar, que no lo vamos a resolver de un año para el otro -pero lo tenemos que empezar a resolver paulatinamente a mediano y largo plazo en el sistema universitario- es la de terminar con las fuertes heterogeneidades que hay dentro del sistema.
Por mi función prácticamente he visitado el 85 por ciento de todas las universidades nacionales y puedo asegurarles que hay universidades que tienen que hacer un esfuerzo terrible para poder sostener el mínimo de la atención de calidad y el cumplimiento de sus funciones sustanciales de docencia, investigación y extensión.
Doy algunos ejemplos solamente de la dificultades que tenemos en algunas regiones del interior del país, que tienen muchas necesidades, como es el caso de la Universidad Nacional de Catamarca y su anexo en Belén; el de la Universidad Nacional de Jujuy y sus anexos en Humahuaca o en La Quiaca y el caso de la Universidad del Alto Uruguay, en la ciudad de San Vicente, provincia de Misiones, de donde proviene quien está presidiendo en este momento la comisión.
Todas ellas tienen necesidades muy urgentes y tenemos que tener esto muy presente al momento de evaluar dónde poder sumar los esfuerzos que todos los argentinos hacemos para poder sostener el sistema universitario.
Complementando lo que decía la señora diputada Mendoza, en primer lugar, me permito recordar que durante 8 años he sido rector de la Universidad Nacional del Litoral en mi ciudad, Santa Fe, desde el 2007 hasta el 2015, y ocupé el cargo de secretario de Políticas Universitarias hasta el pasado mes de julio.
Hago esta referencia porque conozco muy bien el sistema universitario y lo primero que debemos tener claro los diputados para tratar específicamente este presupuesto es que desde hace muchos años el sistema universitario público argentino viene analizando la evolución de su presupuesto en el ámbito institucional del Consejo de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional.
Esto ha llevado a que año tras año desde hace más de una década los rectores universitarios -hoy de 56 universidades públicas argentinas-, elaboren su presupuesto modelo a través de un sistema de pautas que contempla absolutamente todas las necesidades que tiene el sistema universitario para funcionar. Entonces por supuesto se contemplan cargos docentes, investigadores, no docentes, personal de gestión, pero también infraestructura, metros cuadrados, es decir, qué se necesita para cada uno de estos rubros. Y año tras año elaboran, como decía, este proyecto que elevan al Ministerio de Educación de la Nación. Esto no es nuevo, tiene una continuidad de dos décadas si no más.
En este proyecto que los rectores envían al sistema universitario año a año plantean las necesidades mínimas indispensables, a su criterio, para el normal funcionamiento de sus universidades.
En este sentido quiero remarcar específicamente que justamente ha tenido una importante evolución de reducción la brecha entre lo que solicita el sistema universitario y sus propios rectores, y lo que ha aprobado este Congreso de la Nación.
Para dar algunos ejemplos les comento que en el año 2011 este Parlamento aprobó un presupuesto del 85,44 por ciento de lo solicitado por los rectores; en el 2012, fue del 86; en el 2013, volvió a bajar al 85; luego subió y bajó. Y hago referencia al último presupuesto aprobado por este Congreso durante el gobierno anterior, es decir, para el presupuesto del 2016 que fue del 83,04 por ciento, mientras que el presupuesto que aprobó este Congreso el año pasado fue del 90,33 por ciento de lo solicitado por los rectores. Asimismo, el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo para el tratamiento de este cuerpo para el próximo año 2018 es el que más se acerca a la solicitud de los rectores, siendo del 93,61 por ciento.
Con esto quiero reflejar claramente que el presupuesto universitario argentino, particularmente en los dos últimos años, ha tenido un acercamiento sustancial al cumplimiento de las necesidades requeridas por el sistema universitario a través del pedido elevado por el Consejo Universitario Nacional.
Por otra parte, quiero resaltar también el tema particular de Ciencia y Técnica. Es importante señalar que en el sistema universitario argentino público se lleva especialmente adelante más del 60 por ciento de la investigación que se hace en el país. Esto ha llevado a que el sistema universitario reclamara periódicamente que se actualizaran los fondos para Ciencia y Técnica destinados a las universidades nacionales.
También es importante destacar que estos fondos que habitualmente se aprobaron en los distintos presupuestos nacionales a partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología -cosa que valoro como uno de los aciertos más importantes del gobierno nacional anterior-, específicamente los fondos para el sistema universitario en el rubro Ciencia y Técnica, quedaron congelados en una suma que no recuerdo precisamente, pero estaban entre los 23 y los 26 millones de pesos.
El año pasado, por iniciativa del Poder Ejecutivo, por el reclamo al que me refería anteriormente de los rectores, se agregó una partida para Ciencia y Técnica de 500 millones de pesos destinada al sistema universitario. Pasamos de 23 o 26 millones de pesos a 500 millones de pesos, presupuesto que se vuelve a reiterar en el proyecto de presupuesto que vamos a tratar en los próximos días en este Congreso de la Nación, con lo cual también me parece importante señalar este aspecto como un aspecto positivo en el presupuesto del sistema universitario.
Quiero referirme, por último, a lo manifestado por el señor diputado Espinoza con respecto a la creación del anexo de la Universidad de La Matanza. Es un proyecto que tuve oportunidad de conocer en mi función de secretario de Políticas Universitarias pero que requiere un financiamiento muy especial. Una de las cuestiones que tenemos que afrontar, que no lo vamos a resolver de un año para el otro -pero lo tenemos que empezar a resolver paulatinamente a mediano y largo plazo en el sistema universitario- es la de terminar con las fuertes heterogeneidades que hay dentro del sistema.
Por mi función prácticamente he visitado el 85 por ciento de todas las universidades nacionales y puedo asegurarles que hay universidades que tienen que hacer un esfuerzo terrible para poder sostener el mínimo de la atención de calidad y el cumplimiento de sus funciones sustanciales de docencia, investigación y extensión.
Doy algunos ejemplos solamente de la dificultades que tenemos en algunas regiones del interior del país, que tienen muchas necesidades, como es el caso de la Universidad Nacional de Catamarca y su anexo en Belén; el de la Universidad Nacional de Jujuy y sus anexos en Humahuaca o en La Quiaca y el caso de la Universidad del Alto Uruguay, en la ciudad de San Vicente, provincia de Misiones, de donde proviene quien está presidiendo en este momento la comisión.
Todas ellas tienen necesidades muy urgentes y tenemos que tener esto muy presente al momento de evaluar dónde poder sumar los esfuerzos que todos los argentinos hacemos para poder sostener el sistema universitario.
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra la señora diputada Del Pla, pero está solicitando una interrupción el señor diputado Espinoza. ¿Se la concede?
SRA. DEL PLA Señor presidente: le doy la interrupción.
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el señor diputado Espinoza.
SR. ESPINOZA Señor presidente: lo que yo le puedo contar al diputado Cantard -nunca he tenido el gusto de hablar con él personalmente pero sé de su trayectoria- es que la diputada Romina del Pla conoce exactamente cuál es la realidad de la educación de La Matanza y cuál es la gran desigualdad que tiene La Matanza con respecto a este tema.
Claramente lo que decimos nosotros es la Universidad Nacional de La Matanza es la universidad que menos presupuesto tiene por alumno y el diputado Cantar eso lo sabe. La Universidad de La Matanza es la universidad en la que más matriculados se reciben por inscripción final, o sea en la República Argentina la Universidad Nacional de La Matanza se destaca no solamente -como en general es todo en La Matanza- en que tenemos los menores recursos por habitante de este país. Tenemos menores recursos que cualquiera de los municipios de la Argentina por empleado municipal; con 2.200.000 habitantes tenemos 8.500 empleados municipales, mientras que la Capital Federal para 2.800.000 tiene 124 mil empleados municipales. En comparación de un caso y otro son 8.000 empleados municipales contra 124.000.
Para terminar mi exposición -y ser respetuoso con el tiempo de mis colegas diputados-, quiero puntualizar que si somos la universidad que menos presupuesto tiene por habitante, si somos la universidad que más promoción tiene según la matrícula inicial, si somos una universidad que construyó esta nueva sede hace dos años y empezó en 2014 con los recursos del pueblo de La Matanza, realmente nos parece que no podemos dejar a 24.000 chicos de La Matanza en la calle, sin darles la posibilidad de ser el día de mañana, alguien en la vida. Me parece que todos los diputados nacionales que estamos acá, abogamos por una Argentina más justa y más equitativa con justicia social. (Aplausos.)
Claramente lo que decimos nosotros es la Universidad Nacional de La Matanza es la universidad que menos presupuesto tiene por alumno y el diputado Cantar eso lo sabe. La Universidad de La Matanza es la universidad en la que más matriculados se reciben por inscripción final, o sea en la República Argentina la Universidad Nacional de La Matanza se destaca no solamente -como en general es todo en La Matanza- en que tenemos los menores recursos por habitante de este país. Tenemos menores recursos que cualquiera de los municipios de la Argentina por empleado municipal; con 2.200.000 habitantes tenemos 8.500 empleados municipales, mientras que la Capital Federal para 2.800.000 tiene 124 mil empleados municipales. En comparación de un caso y otro son 8.000 empleados municipales contra 124.000.
Para terminar mi exposición -y ser respetuoso con el tiempo de mis colegas diputados-, quiero puntualizar que si somos la universidad que menos presupuesto tiene por habitante, si somos la universidad que más promoción tiene según la matrícula inicial, si somos una universidad que construyó esta nueva sede hace dos años y empezó en 2014 con los recursos del pueblo de La Matanza, realmente nos parece que no podemos dejar a 24.000 chicos de La Matanza en la calle, sin darles la posibilidad de ser el día de mañana, alguien en la vida. Me parece que todos los diputados nacionales que estamos acá, abogamos por una Argentina más justa y más equitativa con justicia social. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra la señora diputada Del Pla.
SRA. DEL PLA Señoras diputadas, señores diputados, señor presidente: hay varias cuestiones que me interesa abordar. Ya me voy a referir al tema educativo pero, en primer lugar, quiero decir que me resulta muy llamativa la forma en la cual se está discutiendo el presupuesto nacional. No me voy a engañar respecto de que existe una enorme preocupación en esta Cámara por el tema de la educación, pero todo el tiempo que se le está dedicando me parece que es una gran excusa para no discutir otras cuestiones del proyecto de presupuesto.
No creo que en general cambien ni una coma del vaciamiento educativo que trae este presupuesto como criterio y si bien después me voy a referir más específicamente a esta cuestión, no creo que los 20.000 docentes universitarios que trabajan ad honorem, o sea, sin cobrar, consideren correctas las afirmaciones que aquí se han realizado respecto de que hay un presupuesto universitario en pleno desarrollo. Muchísimo menos creo que lo compartan los trabajadores de los hospitales universitarios ni tampoco los estudiantes que cada vez pueden acceder a menos becas.
Quiero decir que ese presupuesto, que es el que está ampliado, tampoco tiene pauta salarial para los docentes universitarios, con lo cual no se sabe qué le van a ofrecer. Además, tal como ya se dijo muy bien aquí, no están contemplados los fondos para aplicar el convenio colectivo de trabajo de la universidad. Por lo tanto, como para arrancar, tenemos una realidad distinta a la que algunos diputados del oficialismo han marcado.
Antes de continuar con el tema educativo quiero decir que, efectivamente, este tratamiento rápido del presupuesto -mañana lo quieren llevar al reciento para su aprobación e indudablemente no será con debate exhaustivo- forma parte de un paquetazo más general que nosotros caracterizamos como de ajuste y de ataque a las condiciones de los trabajadores. Asimismo, está integrado por la reforma tributaria y la reforma previsional que se ha aprobado ayer y, por supuesto, forma parte del proyecto de reforma laboral que se suma al robo que ya se ha consumado a los jubilados y al mantenimiento del impuesto al salario, entre otras cuestiones que ha traído estas resoluciones.
Mientras aquí se debate de un modo un tanto artificial, lo que está ocurriendo en la población es todo lo contrario. No sé si todos se dieron cuenta pero ayer mientras sesionábamos el Congreso estuvo durante varias horas rodeado por miles de manifestantes con sus cacerolas. Esta situación se reprodujo en una enorme cantidad de localidades del Gran Buenos Aires, del interior, etcétera, que expresa un rechazo de la población -a la resolución que le ha producido este saqueo a los jubilados y a todos los afectados por la ley de reforma previsional- así como también de repudio por la represión a las decenas de miles de trabajadores que se movilizaron en rechazo a este robo.
Quiero denunciar que en este mismo momento, mientras acá discutimos el proyecto de ley de presupuesto, se acaba de producir una feroz represión en el ingenio La Esperanza, de la provincia de Jujuy, con al menos cincuenta detenidos y doce heridos. El gobierno de Morales está pidiendo la detención de quienes dirigen el sindicato azucarero de La Esperanza con la intención de que quede acéfalo para poder intervenirlo. Los trabajadores azucareros estaban reclamando que les paguen el salario de noviembre y el aguinaldo, y estaban rechazando los cuatrocientos despidos.
Esto forma parte de este ajustazo contra el pueblo que, a su vez, en el presupuesto trae aparejado un endeudamiento explosivo. Creo que hasta el propio diputado Negri dijo que si seguíamos así esto iba por muy mal camino.
En ese sentido, quiero decir que este proyecto de ley de presupuesto es un gran dibujo para después reasignar partidas y subejecutarlas.
Además, no veo que en este proyecto se dé cuenta de cómo se van a resolver situaciones muy claras de la realidad que son reflejadas en informes que no fueron confeccionados por la Izquierda ni publicados por Prensa Obrera sino que fueron dados a conocer por la Universidad Católica Argentina.
Estos informes retratan la situación del país: 13 millones y medio de pobres, 48,4 por ciento de los niños en situación de pobreza y el 36 por ciento de esta pobreza está en el Conurbano. Asimismo, según esos informes, la situación de las mujeres es muy grave ya que figuramos muy arriba en el índice de pobreza: 36,7 por ciento contra el 27 por ciento de los hombres. Esto demuestra que las mujeres tenemos un serio problema que no es sólo de género. En efecto, ayer se habló de la perspectiva de género pero, en realidad, tenemos un serio problema de explotación de clase. Las mujeres trabajadoras nos llevamos la peor parte.
Por otro lado, quiero decir que este proyecto de ley de presupuesto también incluye un virulento ataque contra los trabajadores del Estado. El Ministerio de Modernización ha planteado que 35 mil trabajadores podrían ser prescindibles; es decir, el 18 por ciento de los puestos de trabajo del Estado Nacional. Esto está especialmente graficado.
Aquí hemos escuchado a varios exponentes de los trabajadores de los organismos de Ciencia y Tecnología, en donde se calcula que unos 18 mil trabajadores podrían ser despedidos. De hecho, una de las primeras tareas que me tocó como diputada electa fue la de participar en una audiencia pública celebrada en esta Cámara con los representantes de organismos tales como el INTA, el INTI, el Conicet y la CONEA, entre otros.
Justamente, ellos denunciaron lo que se está realizando para argumentar esta supuesta situación de prescindibilidad o de no tareas en estos organismos. Por ejemplo, los compañeros del INTI contaron cómo todas las áreas de investigación que son rentables, rápidamente se están derivando al ámbito privado, quitándole a los organismos estatales no solo la potestad del desarrollo de la investigación y la tecnología sino también la posibilidad de obtener ingresos por esos servicios de primer nivel que pueden prestar.
En ese punto, quiero decir que hoy ha habido una gran movilización y una permanencia en el Ministerio de Energía y Minería en donde se han producido 150 despidos.
O sea, estamos frente a un ataque en regla a todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollo nacional de nuestra ciencia y tecnología.
En ese punto, nuestro bloque del Frente de Izquierda ha presentado dos proyectos de resolución, uno de ellos en julio, justamente contra el desmantelamiento del Conicet. Aquí se ha mencionado que desde hace más de un año y medio estamos siendo testigos del vaciamiento de una gran cantidad de espacios para que los investigadores puedan seguir la carrera, y no hablemos de la incorporación a la carrera sino de las becas para el inicio.
El otro proyecto de resolución que hemos presentado consistía en un pedido de informes a los ministerios de Hacienda, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Modernización acerca de la situación de los trabajadores de todos estos organismos. Este proyecto ha sido girado e invito a los diputados presentes a que lo acompañen con su firma. Justamente tiene que ver con ir a la realidad de las cosas, y no a las fantasías.
En este sentido, me parece que el presupuesto debería discutirse con todos los trabajadores de los organismos y de los sectores que realmente van a tener una influencia en este punto.
Otro aspecto muy serio de este presupuesto, cuando hablamos de la transferencia de los trabajadores hacia las empresas, las patronales y los especuladores, tiene que ver con la reducción de los subsidios estatales a las tarifas de los servicios públicos -que por supuesto están privatizados-, que ha sido sustituido por enormes aumentos que tienen que pagar los trabajadores de su bolsillo. Esto es notable, porque si bien la pauta de inflación es del 10 por ciento -y por lo tanto, ese es el techo a las paritarias-; sin embargo, se han autorizado aumentos del 54 por ciento en el caso del gas y del 70 por ciento, en dos tramos, en el caso de la luz.
No entiendo cómo un trabajador que tiene un salario que van a aumentar en apenas el 10 por ciento va a poder hacer frente en comodísimas cuotas a semejantes confiscaciones. Por supuesto que hay una política de techo a las paritarias.
Como bien dijimos, hay un proceso de endeudamiento cada vez más feroz. Entonces, todo lo que el gobierno se ahorra metiendo el tarifazo permanente, la baja de salarios, la disminución de las partidas sociales, se utiliza para pagar más y más intereses de deuda, sosteniendo efectivamente no sólo una confiscación general de la población sino también el aumento del déficit. Como hemos denunciado ayer, no tienen ningún problema en seguir dando exenciones de todo tipo a las patronales.
Quiero volver unos minutos sobre el tema educativo. Ya hemos denunciado la problemática universitaria. Pero quiero mencionar la situación más general del sistema educativo. Ya se mencionó la eliminación de la paritaria nacional en los hechos por parte del gobierno nacional.
Quiero decir también que este año el Fondo de Incentivo Docente ha estado congelado. En el proyecto de presupuesto no se menciona ninguna modificación. Esta cifra que debería estar incorporada a los salarios básicos y no estar en negro -porque si bien figura en el recibo luego no se considera para las jubilaciones ni para ninguna otra cuestión-, en realidad forma parte de una reducción paulatina de los salarios. Lo que las autoridades de CTERA denunciaban acá era la reducción del Fondo Compensador hasta eliminarlo totalmente. El objetivo es dejarnos librados al azar y que cada provincia se arregle como pueda.
Es una lástima que no haya venido el ministro Finocchiaro. Le habríamos podido hacer unas cuantas preguntas, sobre todo sobre la subejecución de las partidas del presupuesto 2017. Infraestructura escolar: no sabe y no contesta. No está en ningún lado. Lo cierto es que la obra en infraestructura escolar está paralizada en todos lados. Ni hablar de los jardines de infantes, como ya se denunció.
Pero en todos los aspectos ocurren cosas así. Estamos frente a una debacle. Por si no se dieron cuenta, este año hubo una gran cantidad de conflictos educativos en las provincias. Hubo provincias enteras que han atravesado meses de conflicto. Sin paritaria nacional y sin colocar en perspectiva la nacionalización del sistema educativo, seguramente vamos hacia situaciones conflictivas.
Para que los señores diputados tengan una idea, porque probablemente no lo tienen en consideración ¿cuánto gana un docente, ese que ustedes piensan que en su tarea debe dar una educación de enormísima calidad? En la provincia de Buenos Aires el salario básico de un maestro de grado es de 5.256 pesos y 10.940 pesos de bolsillo.
¿Alguien piensa que esas son cifras que permiten desarrollar plenamente una tarea? ¿Alguien cree que estas son cifras que aguantan una pauta de aumento salarial del 10 por ciento en cuotas o los tarifazos del 70 por ciento de la electricidad? Claramente, no.
Estamos frente a un desfinanciamiento del sistema educativo nacional y provincial de características brutales. Contrariamente a esta tendencia, desde el Frente de Izquierda consideramos que tendríamos que estar discutiendo cómo renacionalizamos el sistema educativo y no cómo seguimos y que cada provincia se arregle como pueda.
Para ir concluyendo, quiero plantear lo siguiente: estamos frente a una política integral de ataque a los trabajadores, a los jubilados, a las mujeres, a los sectores de consumidores, es decir, a la población laboriosa. Aquí, al igual que ayer, rápidamente se pretende decir que se discute el presupuesto para las necesidades nacionales. De ninguna manera es así. Aquí se discute cómo se mantiene una orientación económica y social de confiscación de los trabajadores al servicio de las grandes empresas, de los banqueros y de los especuladores nacionales; en definitiva, al servicio de los que viven del trabajo ajeno.
Nosotros rechazamos este presupuesto. No podemos presentar un dictamen en minoría porque nos han dejado afuera de la comisión pero sí luchamos por una reorganización integral, económica y social al servicio de los trabajadores. (Aplausos.)
No creo que en general cambien ni una coma del vaciamiento educativo que trae este presupuesto como criterio y si bien después me voy a referir más específicamente a esta cuestión, no creo que los 20.000 docentes universitarios que trabajan ad honorem, o sea, sin cobrar, consideren correctas las afirmaciones que aquí se han realizado respecto de que hay un presupuesto universitario en pleno desarrollo. Muchísimo menos creo que lo compartan los trabajadores de los hospitales universitarios ni tampoco los estudiantes que cada vez pueden acceder a menos becas.
Quiero decir que ese presupuesto, que es el que está ampliado, tampoco tiene pauta salarial para los docentes universitarios, con lo cual no se sabe qué le van a ofrecer. Además, tal como ya se dijo muy bien aquí, no están contemplados los fondos para aplicar el convenio colectivo de trabajo de la universidad. Por lo tanto, como para arrancar, tenemos una realidad distinta a la que algunos diputados del oficialismo han marcado.
Antes de continuar con el tema educativo quiero decir que, efectivamente, este tratamiento rápido del presupuesto -mañana lo quieren llevar al reciento para su aprobación e indudablemente no será con debate exhaustivo- forma parte de un paquetazo más general que nosotros caracterizamos como de ajuste y de ataque a las condiciones de los trabajadores. Asimismo, está integrado por la reforma tributaria y la reforma previsional que se ha aprobado ayer y, por supuesto, forma parte del proyecto de reforma laboral que se suma al robo que ya se ha consumado a los jubilados y al mantenimiento del impuesto al salario, entre otras cuestiones que ha traído estas resoluciones.
Mientras aquí se debate de un modo un tanto artificial, lo que está ocurriendo en la población es todo lo contrario. No sé si todos se dieron cuenta pero ayer mientras sesionábamos el Congreso estuvo durante varias horas rodeado por miles de manifestantes con sus cacerolas. Esta situación se reprodujo en una enorme cantidad de localidades del Gran Buenos Aires, del interior, etcétera, que expresa un rechazo de la población -a la resolución que le ha producido este saqueo a los jubilados y a todos los afectados por la ley de reforma previsional- así como también de repudio por la represión a las decenas de miles de trabajadores que se movilizaron en rechazo a este robo.
Quiero denunciar que en este mismo momento, mientras acá discutimos el proyecto de ley de presupuesto, se acaba de producir una feroz represión en el ingenio La Esperanza, de la provincia de Jujuy, con al menos cincuenta detenidos y doce heridos. El gobierno de Morales está pidiendo la detención de quienes dirigen el sindicato azucarero de La Esperanza con la intención de que quede acéfalo para poder intervenirlo. Los trabajadores azucareros estaban reclamando que les paguen el salario de noviembre y el aguinaldo, y estaban rechazando los cuatrocientos despidos.
Esto forma parte de este ajustazo contra el pueblo que, a su vez, en el presupuesto trae aparejado un endeudamiento explosivo. Creo que hasta el propio diputado Negri dijo que si seguíamos así esto iba por muy mal camino.
En ese sentido, quiero decir que este proyecto de ley de presupuesto es un gran dibujo para después reasignar partidas y subejecutarlas.
Además, no veo que en este proyecto se dé cuenta de cómo se van a resolver situaciones muy claras de la realidad que son reflejadas en informes que no fueron confeccionados por la Izquierda ni publicados por Prensa Obrera sino que fueron dados a conocer por la Universidad Católica Argentina.
Estos informes retratan la situación del país: 13 millones y medio de pobres, 48,4 por ciento de los niños en situación de pobreza y el 36 por ciento de esta pobreza está en el Conurbano. Asimismo, según esos informes, la situación de las mujeres es muy grave ya que figuramos muy arriba en el índice de pobreza: 36,7 por ciento contra el 27 por ciento de los hombres. Esto demuestra que las mujeres tenemos un serio problema que no es sólo de género. En efecto, ayer se habló de la perspectiva de género pero, en realidad, tenemos un serio problema de explotación de clase. Las mujeres trabajadoras nos llevamos la peor parte.
Por otro lado, quiero decir que este proyecto de ley de presupuesto también incluye un virulento ataque contra los trabajadores del Estado. El Ministerio de Modernización ha planteado que 35 mil trabajadores podrían ser prescindibles; es decir, el 18 por ciento de los puestos de trabajo del Estado Nacional. Esto está especialmente graficado.
Aquí hemos escuchado a varios exponentes de los trabajadores de los organismos de Ciencia y Tecnología, en donde se calcula que unos 18 mil trabajadores podrían ser despedidos. De hecho, una de las primeras tareas que me tocó como diputada electa fue la de participar en una audiencia pública celebrada en esta Cámara con los representantes de organismos tales como el INTA, el INTI, el Conicet y la CONEA, entre otros.
Justamente, ellos denunciaron lo que se está realizando para argumentar esta supuesta situación de prescindibilidad o de no tareas en estos organismos. Por ejemplo, los compañeros del INTI contaron cómo todas las áreas de investigación que son rentables, rápidamente se están derivando al ámbito privado, quitándole a los organismos estatales no solo la potestad del desarrollo de la investigación y la tecnología sino también la posibilidad de obtener ingresos por esos servicios de primer nivel que pueden prestar.
En ese punto, quiero decir que hoy ha habido una gran movilización y una permanencia en el Ministerio de Energía y Minería en donde se han producido 150 despidos.
O sea, estamos frente a un ataque en regla a todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollo nacional de nuestra ciencia y tecnología.
En ese punto, nuestro bloque del Frente de Izquierda ha presentado dos proyectos de resolución, uno de ellos en julio, justamente contra el desmantelamiento del Conicet. Aquí se ha mencionado que desde hace más de un año y medio estamos siendo testigos del vaciamiento de una gran cantidad de espacios para que los investigadores puedan seguir la carrera, y no hablemos de la incorporación a la carrera sino de las becas para el inicio.
El otro proyecto de resolución que hemos presentado consistía en un pedido de informes a los ministerios de Hacienda, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Modernización acerca de la situación de los trabajadores de todos estos organismos. Este proyecto ha sido girado e invito a los diputados presentes a que lo acompañen con su firma. Justamente tiene que ver con ir a la realidad de las cosas, y no a las fantasías.
En este sentido, me parece que el presupuesto debería discutirse con todos los trabajadores de los organismos y de los sectores que realmente van a tener una influencia en este punto.
Otro aspecto muy serio de este presupuesto, cuando hablamos de la transferencia de los trabajadores hacia las empresas, las patronales y los especuladores, tiene que ver con la reducción de los subsidios estatales a las tarifas de los servicios públicos -que por supuesto están privatizados-, que ha sido sustituido por enormes aumentos que tienen que pagar los trabajadores de su bolsillo. Esto es notable, porque si bien la pauta de inflación es del 10 por ciento -y por lo tanto, ese es el techo a las paritarias-; sin embargo, se han autorizado aumentos del 54 por ciento en el caso del gas y del 70 por ciento, en dos tramos, en el caso de la luz.
No entiendo cómo un trabajador que tiene un salario que van a aumentar en apenas el 10 por ciento va a poder hacer frente en comodísimas cuotas a semejantes confiscaciones. Por supuesto que hay una política de techo a las paritarias.
Como bien dijimos, hay un proceso de endeudamiento cada vez más feroz. Entonces, todo lo que el gobierno se ahorra metiendo el tarifazo permanente, la baja de salarios, la disminución de las partidas sociales, se utiliza para pagar más y más intereses de deuda, sosteniendo efectivamente no sólo una confiscación general de la población sino también el aumento del déficit. Como hemos denunciado ayer, no tienen ningún problema en seguir dando exenciones de todo tipo a las patronales.
Quiero volver unos minutos sobre el tema educativo. Ya hemos denunciado la problemática universitaria. Pero quiero mencionar la situación más general del sistema educativo. Ya se mencionó la eliminación de la paritaria nacional en los hechos por parte del gobierno nacional.
Quiero decir también que este año el Fondo de Incentivo Docente ha estado congelado. En el proyecto de presupuesto no se menciona ninguna modificación. Esta cifra que debería estar incorporada a los salarios básicos y no estar en negro -porque si bien figura en el recibo luego no se considera para las jubilaciones ni para ninguna otra cuestión-, en realidad forma parte de una reducción paulatina de los salarios. Lo que las autoridades de CTERA denunciaban acá era la reducción del Fondo Compensador hasta eliminarlo totalmente. El objetivo es dejarnos librados al azar y que cada provincia se arregle como pueda.
Es una lástima que no haya venido el ministro Finocchiaro. Le habríamos podido hacer unas cuantas preguntas, sobre todo sobre la subejecución de las partidas del presupuesto 2017. Infraestructura escolar: no sabe y no contesta. No está en ningún lado. Lo cierto es que la obra en infraestructura escolar está paralizada en todos lados. Ni hablar de los jardines de infantes, como ya se denunció.
Pero en todos los aspectos ocurren cosas así. Estamos frente a una debacle. Por si no se dieron cuenta, este año hubo una gran cantidad de conflictos educativos en las provincias. Hubo provincias enteras que han atravesado meses de conflicto. Sin paritaria nacional y sin colocar en perspectiva la nacionalización del sistema educativo, seguramente vamos hacia situaciones conflictivas.
Para que los señores diputados tengan una idea, porque probablemente no lo tienen en consideración ¿cuánto gana un docente, ese que ustedes piensan que en su tarea debe dar una educación de enormísima calidad? En la provincia de Buenos Aires el salario básico de un maestro de grado es de 5.256 pesos y 10.940 pesos de bolsillo.
¿Alguien piensa que esas son cifras que permiten desarrollar plenamente una tarea? ¿Alguien cree que estas son cifras que aguantan una pauta de aumento salarial del 10 por ciento en cuotas o los tarifazos del 70 por ciento de la electricidad? Claramente, no.
Estamos frente a un desfinanciamiento del sistema educativo nacional y provincial de características brutales. Contrariamente a esta tendencia, desde el Frente de Izquierda consideramos que tendríamos que estar discutiendo cómo renacionalizamos el sistema educativo y no cómo seguimos y que cada provincia se arregle como pueda.
Para ir concluyendo, quiero plantear lo siguiente: estamos frente a una política integral de ataque a los trabajadores, a los jubilados, a las mujeres, a los sectores de consumidores, es decir, a la población laboriosa. Aquí, al igual que ayer, rápidamente se pretende decir que se discute el presupuesto para las necesidades nacionales. De ninguna manera es así. Aquí se discute cómo se mantiene una orientación económica y social de confiscación de los trabajadores al servicio de las grandes empresas, de los banqueros y de los especuladores nacionales; en definitiva, al servicio de los que viven del trabajo ajeno.
Nosotros rechazamos este presupuesto. No podemos presentar un dictamen en minoría porque nos han dejado afuera de la comisión pero sí luchamos por una reorganización integral, económica y social al servicio de los trabajadores. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el señor diputado Yasky. Luego continúa la lista de oradores con Carrizo, Kicillof y apelo a la capacidad de síntesis de los señores legisladores ya que restan aproximadamente una docena para hacer uso de la palabra.
SR. YASKY Señor presidente: voy a circunscribirme al tema de la educación y luego los compañeros de bloque plantearán otras cuestiones.
Creo que después del testimonio que han dado las compañeras de la Conadu, del sector de Ciencia y Técnica y Sonia Alesso por el de los docentes, es evidente que 2018 es un año en el que deberíamos pensar que el presupuesto educativo tal como está escrito hasta hoy será aún más insuficiente que el del año anterior.
Tuvimos un primer año en el que la decisión política del gobierno fue sostener la inversión educativa en un nivel similar al que se venía registrando hasta 2015. Quiero subrayar que hubo paritaria nacional docente, se cumplió la ley de financiamiento educativo y no hubo conflicto nacional.
Quienes quieren vincular la conflictividad docente con una supuesta adhesión de los gremios docentes a una posición política determinada, se equivocan. El año en el que el gobierno de Mauricio Macri cumplió con la ley de financiamiento educativo, convocó a paritarias docentes y hubo inversiones en educación, no hubo conflictos.
Estamos hablando de sostener la inversión educativa para garantizar no solamente el salario de los docentes sino que estamos hablando de garantizar un derecho fundamental de los hijos y las hijas de los ciudadanos de nuestro país que, a diferencia del resto del mundo, sus dos terceras partes todavía concurren a la educación pública.
Si estuviéramos en otro país quizás la inversión en el sistema público sería un tema menor. En Argentina las dos terceras partes de los hijos de los ciudadanos van a la escuela pública.
Para poner un ejemplo muy concreto: es la relación exactamente inversa a la que existe en Chile, donde las dos terceras partes van a la educación privada. Entonces, no es un tema menor.
Creo que estamos a tiempo de modificar cifras que hoy están por lo menos en el borrador del dictamen y que nos van a llevar derecho a un conflicto de proporciones extraordinarias. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.
En muchos países del mundo -y esto lo aconseja la Organización Internacional del Trabajo- primero se discute el presupuesto y después las paritarias del sector público: docentes, empleados administrativos, etcétera. Es lógico. Primero uno define cuántos recursos va a destinar al pago de los salarios, cuánto a sostener la educación y el sector público y, en función de eso, se define el presupuesto. Es lo que normalmente un ciudadano común hace en su casa.
Acá hacemos al revés: primero cerramos los números del presupuesto y después, por ejemplo, vamos a discutir el tema de la asignación salarial, con lo cual entramos en conflictos que casi siempre terminan siendo salvajes porque acaban rompiendo un cuello de botella a fuerza del escándalo por el desarreglo que se provoca en la sociedad, como fue el del año pasado, que la paritaria con los docentes se resolvió después de 17 o 20 días de conflicto. Entonces creo que estamos a tiempo de resolver este tema.
Uruguay, por ejemplo, primero resuelve el presupuesto y después la paritaria. En Europa ocurre lo mismo, así como en muchos países de América Latina.
Acá también era así. ¿Por qué? Porque teníamos la ley de financiamiento educativo. Y el estar vigente esa ley sabíamos, en función del aumento del producto bruto interno, cuánto era lo que se destinaba a educación y sabíamos -números más, números menos- cuál iba a ser el nivel de los salarios, y funcionó.
Entonces, pido que revisemos los números que estamos asignando al presupuesto, lo estamos asignando al FONID o lo que estamos destinando para la ejecución de los planes que tienen que ver con educación inicial y formación docente, y que revisemos la decisión de no convocar a la paritaria nacional docente.
La paritaria nacional docente tiene una razón de ser en un país que en el año 1992, cuando Domingo Cavallo firmó una carta de intención para obtener un perdón, el Fondo Monetario Internacional, se comprometió a provincializar el sistema educativo. Antes de 1992, en CTERA, lo que pedíamos para establecer un parámetro nacional del salario era la equiparación con los docentes nacionales. Y el gobierno de Menem eliminó ese parámetro porque las escuelas nacionales que existían en las provincias, que eran tan costosas y brindaron tantos servicios a las provincias, desaparecieron o las provincias tuvieron que hacerse cargo de ellas.
Este es el origen de la crisis que tenemos. No es que después del año 1992 los docentes entraron en una suerte de histeria. No. El Estado nacional dejó de financiar. Cuando pusimos la carpa blanca en 1997 ni nos imaginábamos que Néstor Kirchner iba a terminar siendo presidente en 2003. La primera consigna de la carpa blanca era la ley de financiamiento educativo para paliar esta situación.
Hoy el gobierno nacional está ignorando que existe esa ley, está ignorando la convocatoria a paritaria y está subejecutando. ¿Cómo puede ser? Porque cuando en la casa, en la vida doméstica, si yo subejecuto el gasto es porque hay cosas que no necesité gastar; me sobró plata. ¿Ahora, cómo puede ser que me haya sobrado plata en formación docente si no cumplí con la formación docente? ¿Cómo me sobró plata del FONIB si no pagué el FONIB? ¿Cómo me sobró plata con el tema del aporte para los salarios docentes si no puse a las provincias la posibilidad de aportes para salarios docentes y lo mismo con educación inicial y la educación especial? Sobró plata en todos los rubros y hubo falencias y conflictos en todos los sectores.
Pido por favor que se sincere esto porque, de lo contrario, nos vamos a encontrar -como en "Crónica de una muerte anunciada"- en el mes de marzo con un conflicto de proporciones nacionales y tendremos que recordar entonces que no tuvimos la capacidad de resolver en este mes, en diciembre, lo que después va a pasar en marzo. No es que se olvidan, no es que no saben, no es que no tienen tiempo, que son negligentes; el problema de la no convocatoria a paritaria docente por parte de los ministros de Educación de muchas provincias y de la Nación es que no tienen respuesta para darle a los docentes y van pateando el tema hasta que empieza el ciclo lectivo, y después resulta que la culpa la tenemos los docentes, que cuando empieza el ciclo lectivo planteamos el conflicto, que es el único momento en que lo podemos hacer.
Hago un llamamiento para que encontremos la manera de que esta historia con voluntad, con esfuerzos, se pueda enmendar antes de que caigamos en una situación en la que después los ministros claman al cielo, culpabilizan a los docentes.
En la década del 90 el Banco Mundial decía que mejores salarios docentes no significan calidad educativa, y 15 años después el Banco Mundial -después de Finlandia- insiste en todos los documentos que emite que mejores salarios docentes es calidad educativa.
Entonces, me parece que no tenemos que mirar con desdén ni separar salario docente de calidad de trabajo pedagógico. Creo que es un tema que lo tiene que tomar no solamente el ministro de Economía; también el ministro de Educación. No es un tema solamente del ministro de Economía. Les pido por favor que se trasmita esto. (Aplausos.)
Creo que después del testimonio que han dado las compañeras de la Conadu, del sector de Ciencia y Técnica y Sonia Alesso por el de los docentes, es evidente que 2018 es un año en el que deberíamos pensar que el presupuesto educativo tal como está escrito hasta hoy será aún más insuficiente que el del año anterior.
Tuvimos un primer año en el que la decisión política del gobierno fue sostener la inversión educativa en un nivel similar al que se venía registrando hasta 2015. Quiero subrayar que hubo paritaria nacional docente, se cumplió la ley de financiamiento educativo y no hubo conflicto nacional.
Quienes quieren vincular la conflictividad docente con una supuesta adhesión de los gremios docentes a una posición política determinada, se equivocan. El año en el que el gobierno de Mauricio Macri cumplió con la ley de financiamiento educativo, convocó a paritarias docentes y hubo inversiones en educación, no hubo conflictos.
Estamos hablando de sostener la inversión educativa para garantizar no solamente el salario de los docentes sino que estamos hablando de garantizar un derecho fundamental de los hijos y las hijas de los ciudadanos de nuestro país que, a diferencia del resto del mundo, sus dos terceras partes todavía concurren a la educación pública.
Si estuviéramos en otro país quizás la inversión en el sistema público sería un tema menor. En Argentina las dos terceras partes de los hijos de los ciudadanos van a la escuela pública.
Para poner un ejemplo muy concreto: es la relación exactamente inversa a la que existe en Chile, donde las dos terceras partes van a la educación privada. Entonces, no es un tema menor.
Creo que estamos a tiempo de modificar cifras que hoy están por lo menos en el borrador del dictamen y que nos van a llevar derecho a un conflicto de proporciones extraordinarias. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.
En muchos países del mundo -y esto lo aconseja la Organización Internacional del Trabajo- primero se discute el presupuesto y después las paritarias del sector público: docentes, empleados administrativos, etcétera. Es lógico. Primero uno define cuántos recursos va a destinar al pago de los salarios, cuánto a sostener la educación y el sector público y, en función de eso, se define el presupuesto. Es lo que normalmente un ciudadano común hace en su casa.
Acá hacemos al revés: primero cerramos los números del presupuesto y después, por ejemplo, vamos a discutir el tema de la asignación salarial, con lo cual entramos en conflictos que casi siempre terminan siendo salvajes porque acaban rompiendo un cuello de botella a fuerza del escándalo por el desarreglo que se provoca en la sociedad, como fue el del año pasado, que la paritaria con los docentes se resolvió después de 17 o 20 días de conflicto. Entonces creo que estamos a tiempo de resolver este tema.
Uruguay, por ejemplo, primero resuelve el presupuesto y después la paritaria. En Europa ocurre lo mismo, así como en muchos países de América Latina.
Acá también era así. ¿Por qué? Porque teníamos la ley de financiamiento educativo. Y el estar vigente esa ley sabíamos, en función del aumento del producto bruto interno, cuánto era lo que se destinaba a educación y sabíamos -números más, números menos- cuál iba a ser el nivel de los salarios, y funcionó.
Entonces, pido que revisemos los números que estamos asignando al presupuesto, lo estamos asignando al FONID o lo que estamos destinando para la ejecución de los planes que tienen que ver con educación inicial y formación docente, y que revisemos la decisión de no convocar a la paritaria nacional docente.
La paritaria nacional docente tiene una razón de ser en un país que en el año 1992, cuando Domingo Cavallo firmó una carta de intención para obtener un perdón, el Fondo Monetario Internacional, se comprometió a provincializar el sistema educativo. Antes de 1992, en CTERA, lo que pedíamos para establecer un parámetro nacional del salario era la equiparación con los docentes nacionales. Y el gobierno de Menem eliminó ese parámetro porque las escuelas nacionales que existían en las provincias, que eran tan costosas y brindaron tantos servicios a las provincias, desaparecieron o las provincias tuvieron que hacerse cargo de ellas.
Este es el origen de la crisis que tenemos. No es que después del año 1992 los docentes entraron en una suerte de histeria. No. El Estado nacional dejó de financiar. Cuando pusimos la carpa blanca en 1997 ni nos imaginábamos que Néstor Kirchner iba a terminar siendo presidente en 2003. La primera consigna de la carpa blanca era la ley de financiamiento educativo para paliar esta situación.
Hoy el gobierno nacional está ignorando que existe esa ley, está ignorando la convocatoria a paritaria y está subejecutando. ¿Cómo puede ser? Porque cuando en la casa, en la vida doméstica, si yo subejecuto el gasto es porque hay cosas que no necesité gastar; me sobró plata. ¿Ahora, cómo puede ser que me haya sobrado plata en formación docente si no cumplí con la formación docente? ¿Cómo me sobró plata del FONIB si no pagué el FONIB? ¿Cómo me sobró plata con el tema del aporte para los salarios docentes si no puse a las provincias la posibilidad de aportes para salarios docentes y lo mismo con educación inicial y la educación especial? Sobró plata en todos los rubros y hubo falencias y conflictos en todos los sectores.
Pido por favor que se sincere esto porque, de lo contrario, nos vamos a encontrar -como en "Crónica de una muerte anunciada"- en el mes de marzo con un conflicto de proporciones nacionales y tendremos que recordar entonces que no tuvimos la capacidad de resolver en este mes, en diciembre, lo que después va a pasar en marzo. No es que se olvidan, no es que no saben, no es que no tienen tiempo, que son negligentes; el problema de la no convocatoria a paritaria docente por parte de los ministros de Educación de muchas provincias y de la Nación es que no tienen respuesta para darle a los docentes y van pateando el tema hasta que empieza el ciclo lectivo, y después resulta que la culpa la tenemos los docentes, que cuando empieza el ciclo lectivo planteamos el conflicto, que es el único momento en que lo podemos hacer.
Hago un llamamiento para que encontremos la manera de que esta historia con voluntad, con esfuerzos, se pueda enmendar antes de que caigamos en una situación en la que después los ministros claman al cielo, culpabilizan a los docentes.
En la década del 90 el Banco Mundial decía que mejores salarios docentes no significan calidad educativa, y 15 años después el Banco Mundial -después de Finlandia- insiste en todos los documentos que emite que mejores salarios docentes es calidad educativa.
Entonces, me parece que no tenemos que mirar con desdén ni separar salario docente de calidad de trabajo pedagógico. Creo que es un tema que lo tiene que tomar no solamente el ministro de Economía; también el ministro de Educación. No es un tema solamente del ministro de Economía. Les pido por favor que se trasmita esto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Señor presidente: voy a hacer algunas consideraciones de nuestro bloque sobre el proyecto de ley de presupuesto en algunos aspectos generales.
Lo primero que quiero decir es que se da una situación un poco confusa y también en algún punto paradójica, que tiene que ver con que las estimaciones del proyecto de presupuesto que estamos discutiendo hoy fueron todas presentadas en septiembre, antes de las elecciones; o sea antes de que el neoliberalismo del presidente Macri saliera definitivamente del placard.
Esto ocurrió después, cuando presentó esta batería de leyes, a las que hemos denominado paquetazo: que abarca la rebaja de las jubilaciones -llamada con un eufemismo, "reforma previsional"-; la rebaja de los sueldos y el deterioro de las condiciones de trabajo -llamada con otro eufemismo, "reforma laboral"-; la que ayer votó el oficialismo con algunos otros diputados, que llama "reforma tributaria" -que es una profundización de la regresividad del sistema tributario argentino- y, obviamente, lo que también discutiremos mañana, que es el "pacto fiscal" y las demás leyes vinculadas.
La paradoja de todo esto es que nos trajeron un proyecto de presupuesto con estimaciones basadas en un escenario que consistía en ocultar lo que pensaban hacer, pero ahora lo han mostrado. Voy a mencionar una actividad que se hace en la escuela, ya que estuvimos rodeados de gremios y representantes del movimiento docente.
Me refiero a que cuando se manda a rehacer alguna tarea, considero que mínimamente deberían rehacer este presupuesto, para adecuarlo en los puntos en lo que se produce una modificación según las leyes que están queriendo aprobar con un trámite exprés. Es una especie de trámite "flash", porque en un par de días quieren que discutamos leyes de muchísima complejidad que tenían guardadas, dado que no las quisieron mostrar antes de las elecciones.
Entonces, hoy disponemos de un presupuesto desactualizado, viejo, obsoleto, diría, un poco tonto, no solamente respecto de lo que entendemos que va a pasar cuando les saquen la plata del bolsillo a los jubilados. Les sugiero que no la gasten, para cuando no haya demanda, por no haber consumo, y haya menos venta, ingresos y rentabilidad; y tengamos más problemas en los comercios -a lo largo y ancho del país- así como también en las pequeñas empresas. Siguen abriendo la economía, entonces también se va a presentar el problema de la entrada de las importaciones.
Nuestra estimación es que estas leyes son sumamente regresivas y van a generar más problemas económicos. Si todo es como ustedes dicen, que es la otra hipótesis sobre la base de su modelo económico, estas leyes deberían mejorar la situación del año próximo.
Por lo tanto, sea por los motivos que nosotros vemos -es decir, el desastre que están armando- o por lo que han presentado como los hermosos resultados de la batería de leyes que presentan, en los dos casos, lo que nos quieren hacer votar no sirve para nada, en particular, las estimaciones.
Todo esto lo digo simplemente por el orden en que han presentado todo esto, vinculado -obviamente- con el marketing electoral y con el engaño y la estafa sistemáticos a sus votantes y a la población en general, a la que le juraron y perjuraron que no iban a tocar las jubilaciones, que no tenían una reforma laboral. Fueron a pedir el voto y tenían el cuchillo debajo del poncho, que lo están mostrando ahora, y que han usado para sacar dinero a los jubilados -por ahora-, porque tienen un par de novedades más, tal como hemos visto también en la reforma tributaria.
Inclusive quitando todo esto, señor presidente, me preguntó algunos puntos. Aquí han venido autoridades, ministros, etcétera, diciendo que las estimaciones que hacían eran muy buenas y creíbles. Han sido dos años muy intensos y un poco vertiginosos en términos de los cambios discursivos permanentes, las justificaciones, los malabares y las echadas de culpa. Tienen manifestaciones de 500.000 personas -o incluso más-, como ha ocurrido varias veces, en protesta por las decisiones que va tomando el gobierno, y en los medios no aparece todo eso. En el Congreso no lo quieren tratar, ustedes lo ignoran y después plantan otra noticia y otra, y otra, que nada tienen que ver con esa realidad. Afortunadamente los argentinos ya perciben estas situaciones, pero porque las están sufriendo.
Veamos qué es lo que estimó el gobierno y qué es lo que pasó.
En el 2016 Prat-Gay, el entonces wing derecho del mejor equipo de los últimos cincuenta años -hoy lamentablemente expulsado por el técnico o vayamos a saber por quién-, nos dijo que la economía iba a crecer un 1 por ciento. ¿Sabe que pasó, señor presidente? La economía cayó 2,3 por ciento.
Pero el ex ministro también dijo -al igual que el presidente, que sigue en funciones hasta el fin de su mandato- que ese año la inflación iba a ser de entre el 20 al 25 por ciento. No dijo esto simplemente porque se lo indicó Durán Barba o porque era algo que caía simpático; lo dijo porque quería usar esa vara y ese rasero para cerrar las paritarias en alrededor del 20 por ciento. Y cuando las paritarias superaban ese porcentaje, arremetía contra los convenios, los dirigentes y los jueces.
Como hemos visto, todo el que se opone a este gobierno es chorro, terrorista, delincuente o mafioso. Miren que desde la ONU para atrás ya se ha opuesto todo el mundo.
Entonces, el gobierno dijo que la inflación iba a ser del 20 por ciento con el propósito de cerrar paritarias en esa cifra. Menos mal que como en ese momento ya tenían baja credibilidad, nadie les hizo caso y las paritarias se terminaron cerrando en alrededor del 30 por ciento. Pero lo que no se sabía en ese entonces -y ustedes menos aún- es que iban a batir el récord de inflación de los últimos veinte años alcanzando el 40 por ciento. O sea, el gobierno le hizo perder a todo el mundo de 6 a 12 puntos de sus ingresos. Eso fue en el año 2016.
Sus previsiones para ese período fueron: crecimiento del 1 por ciento e inflación del 20 por ciento. En cambio, los datos de la realidad son: caída del 2,3 del producto e inflación del 40 por ciento.
En el segundo año de gobierno y ya con presupuesto propio, se fijó una meta de inflación del 12 por ciento pero diciendo que si la cosa andaba muy mal se podía estirar al 17 por ciento. Estamos terminando el año y la inflación interanual última que tenemos es del 24,5 por ciento. Es decir, le pifiaron por 8 puntos a la inflación.
Quiero decir que la inflación de la famosa "pesada herencia", de acuerdo al mismo índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue del 23,9 por ciento en 2015; es decir, casi la mitad que la del 2016 y más baja que la del 2017.
Hoy ocurre esto mismo con el proyecto de ley de presupuesto que estamos discutiendo. Como ya se ha denunciado aquí, la inflación que se estima en este proyecto se usa para tratar de ponerle un techo a las paritarias y, de esta forma, robarle poder adquisitivo a los asalariados.
Habían dicho que el crecimiento de este año iba a ser de un 3,5 por ciento. Sin embargo, algunas estimaciones dicen que fue de un 2,5 por ciento mientras que las mejores dicen que fue de un 3 por ciento.
En este marco leo la capacidad predictiva que tienen las autoridades actuales, a pesar de que ha cambiado nuevamente buena parte del staff que se ocupa de estos temas. Hace poco echaron a Cynthia Pok del INDEC, quien se fue con una denuncia.
Quiero permitirme decir algo más sobre lo que ustedes planteaban en términos de balanza comercial y que considero que es importante.
Las exportaciones eran uno de los caballitos de batalla del gobierno para entrar al mundo y buscar nuevos acuerdos. Decían que no había que mirar a los países del sur sino a los del norte, que ahí está la posta; que había que negociar con ellos de una forma ridícula y muy peculiar en la que uno les entrega todo a cambio de nada. El resultado de esto son las supuestas negociaciones con los Estados Unidos y con la Unión Europea.
Para ustedes, las exportaciones realmente eran el motor de crecimiento de este año. Iban a crecer en un 7,7 por ciento gracias a la apertura, a sus acuerdos comerciales y a la situación de la moneda. Sin embargo, cayeron 2,1 por ciento. Es decir, tenemos una performance exportadora espantosa.
El crecimiento todavía no llega a los niveles del 2015, la inflación está peor que en ese año y en materia de exportaciones han hecho un agujero a la balanza comercial porque no solo no exportan sino que, además, abrieron las importaciones. Esto es cierto.
Yo quiero ser sincero: no hay que hacer leña del árbol caído con estos temas. Todos sabemos que han pifiado y no pegaron ninguna, pero es un presupuesto. Se trata de previsiones. Así creen que pueden salir las cosas. Hasta son objetivos de gobierno, y está muy bien que tengan objetivos nuevos, pero está mal que no se cumplan. Tampoco podemos ponernos en preciosistas y pensar que le pifiaron por el doble. No es ese el problema. El problema es la causa, que el gobierno no explica. Pasan las cosas y el gobierno nunca explica por qué pasan.
Fíjense aquello de la lluvia de inversiones; hicieron votar leyes espantosas, tan espantosas como cuando decían que había que apretarse el cinturón, pasar el invierno y hacer todo tipo de sacrificios porque ya venía la tierra prometida. La tierra prometida no es ni tierra ni prometida. Es lluvia de inversiones extranjeras que van a llegar y catapultar nuestro producto bruto interno.
¿Cuántas veces en el país nos dijeron que las soluciones venían de afuera? Miles. Nunca llegaron. Me animo a decir que eso no pasó en ningún lugar del mundo, excepto en situaciones especiales que ustedes ven a veces cuando se ponen los anteojos oscuros de noche. Miran a Australia y dicen: "La Argentina tiene que ser Australia". Pues bien, entonces deberíamos ser colonia de Inglaterra, miembros del Commonwealth y estar muy cerca de China. No sé si han pensado en algún motor fuera de borda para correr la Argentina. Podríamos ponernos a enseñar inglés a los chinos, que es una de las industrias más pujantes de Australia. Pero lo veo difícil en la Argentina.
Han propuesto cosas muy peregrinas también, como cuando cerraron comercios e industrias para convertirlas en industria nacional.
¿Cuál es la causa de todo esto que pasó? La causa y el problema no es que le pifien o que no cumplan: es que esconden las causas o no las estudian, y por tanto no quieren cambiarlas. Una prueba de esto tiene que ver con el tema de jubilaciones. Dicen: "Somos fiscalistas. El gasto público está muy alto. Entonces, recortémoslo". De esta manera, le meten la mano en el bolsillo a los jubilados, los pibes y la población vulnerable. Y no se dan cuenta que eso no sólo no trae exportaciones, porque no sé cómo sería, sino que tampoco trae inversiones extranjeras, menos aún con el conflicto social que genera atacar a los sectores más vulnerables. Yo creo que parte de la famosa estabilidad macroeconómica también tiene que ser la estabilidad política del país. Si no, ¿qué inversor va a venir?
Pero el problema es que, cuando ustedes hacen eso, en lugar de lograr el objetivo que se plantean, que es crecer -que nos gusta-, distribuir y determinar la riqueza, se van para el otro lado. No distribuyen porque cortan ingresos a los que menos tienen y no se crece porque no hay consumo ni demanda, y la economía no camina. Ahora lo vamos a ver. Después inventan cosas vinculadas al crédito, a las devoluciones de IVA con tarjeta, y tampoco anda.
¿Cuál es el problema de todo esto? Me parece que el presupuesto -no me refiero sólo a las estimaciones sino a todo el presupuesto- es una buena radiografía, si bien lateral, de cuál es la política económica que ustedes han planteado, no en la publicidad donde se llenan la boca con buenas intenciones, sino en la realidad, en el pensamiento íntimo que no terminan de asumir.
Ya hemos pasado por gobiernos neoliberales. Quisieron destruir la industria nacional, porque supuestamente no sirve para nada. Teníamos la propaganda de la silla. Sinceramente, creo que les haría bien reconocer que la industria nacional les resulta ineficiente e improductiva. Me han dicho que hay planes del Ministerio de Producción que plantean eso: que no es sustentable o que es una fantasía. Nosotros creemos que, si bien falta un montón, el camino es fortalecer la industria nacional. Para eso hay que dar posibilidad de compra no a los extranjeros, que hoy nos venden la manteca o los juguetes, sino a nuestro pueblo. Así, matamos dos pájaros de un tiro: distribuimos la riqueza, generamos demanda y consumo, y crecemos. De ese modo el país se desarrolla. Después podemos discutir el grado de protección y las medidas para incentivar el desarrollo tecnológico.
Todos queremos que nuestra industria sea más tecnificada y de avanzada, y para eso tengo una idea que me parece buena. No rompan también nuestro entramado científico tecnológico como están haciendo porque algunos pibes han hecho el doctorado, iban a entrar al Conicet, no pueden trabajar de cerveceros y no se van a reconvertir en guías de turismo o en pilotos de drones. No sé en qué están pensando. Denles un trabajo estable en el Conicet porque para eso estudiaron. Después, si quieren charlamos si la ciencia debe ser más básica o más aplicada pero no la rompan porque ya rompieron la industria, el consumo y el bienestar.
Con respecto a la campaña, ustedes prometieron un punto y medio, estábamos en uno y bajaron a 0,77. Caminando para atrás, si queda lejos, nunca van a acercarse al objetivo. Esto es un poco lo que expresa este presupuesto, que es un programa neoliberal, no hay ni una sola medida -como sucede en todas las leyes que estamos votando- que sea para el bienestar de la gente.
Desde Adam Smith existe la idea de "jódanse hoy porque mañana viene un mundo mejor", lo que viene acompañado de "démosles infinitas ganancias a los ricos" -aunque sean financieras- porque las van a invertir y es mejor para el conjunto. No, señor. Esto no funciona aquí ni en ningún lugar del mundo.
Si hay derrame, en economía no funciona la ley de la gravedad. El único derrame que ha funcionado en la historia de la economía es de abajo para arriba, de los que no tienen hacia el sistema productivo, sobre todo de pymes y de pequeños comercios; funciona así. Eso es neoliberalismo, sumado al monetarismo del Banco Central.
Sobre este punto quiero hacer una acotación. Se han cansado de decir que tienen unas tasas del 38 por ciento y ahora del 28 por ciento con el propósito de bajar la inflación pero hace dos años nos tienen con unas tasas que están fundiendo todo. Los resultados indican que hoy tienen más inflación que en 2015, solamente que ahora no hay crédito ni empleo ni industria. No ganamos nada y vamos perdiendo.
Para que los diputados no se engañen, ese monetarismo no tiene nada que ver con la inflación. Por eso no funciona. Hasta el más ocultador de los integrantes del Banco Central sabe que tienen alta la tasa de interés para no tener una corrida cambiaria. Es un tema de dólar y no de inflación.
Cada día el Banco Central pulsea un poquito con el mercado, que tampoco lo es en el sentido de una vasta, amplia y libre competencia de pequeños productores ya que ninguno tiene capacidad para influir en el precio ni en las condiciones. Acá hay cinco o seis que manejan el mercado financiero y que si no les dan las tasas que les piden, los corren con el dólar. Esto pasó ayer, no renovaron 180.000 millones de pesos...
Lo primero que quiero decir es que se da una situación un poco confusa y también en algún punto paradójica, que tiene que ver con que las estimaciones del proyecto de presupuesto que estamos discutiendo hoy fueron todas presentadas en septiembre, antes de las elecciones; o sea antes de que el neoliberalismo del presidente Macri saliera definitivamente del placard.
Esto ocurrió después, cuando presentó esta batería de leyes, a las que hemos denominado paquetazo: que abarca la rebaja de las jubilaciones -llamada con un eufemismo, "reforma previsional"-; la rebaja de los sueldos y el deterioro de las condiciones de trabajo -llamada con otro eufemismo, "reforma laboral"-; la que ayer votó el oficialismo con algunos otros diputados, que llama "reforma tributaria" -que es una profundización de la regresividad del sistema tributario argentino- y, obviamente, lo que también discutiremos mañana, que es el "pacto fiscal" y las demás leyes vinculadas.
La paradoja de todo esto es que nos trajeron un proyecto de presupuesto con estimaciones basadas en un escenario que consistía en ocultar lo que pensaban hacer, pero ahora lo han mostrado. Voy a mencionar una actividad que se hace en la escuela, ya que estuvimos rodeados de gremios y representantes del movimiento docente.
Me refiero a que cuando se manda a rehacer alguna tarea, considero que mínimamente deberían rehacer este presupuesto, para adecuarlo en los puntos en lo que se produce una modificación según las leyes que están queriendo aprobar con un trámite exprés. Es una especie de trámite "flash", porque en un par de días quieren que discutamos leyes de muchísima complejidad que tenían guardadas, dado que no las quisieron mostrar antes de las elecciones.
Entonces, hoy disponemos de un presupuesto desactualizado, viejo, obsoleto, diría, un poco tonto, no solamente respecto de lo que entendemos que va a pasar cuando les saquen la plata del bolsillo a los jubilados. Les sugiero que no la gasten, para cuando no haya demanda, por no haber consumo, y haya menos venta, ingresos y rentabilidad; y tengamos más problemas en los comercios -a lo largo y ancho del país- así como también en las pequeñas empresas. Siguen abriendo la economía, entonces también se va a presentar el problema de la entrada de las importaciones.
Nuestra estimación es que estas leyes son sumamente regresivas y van a generar más problemas económicos. Si todo es como ustedes dicen, que es la otra hipótesis sobre la base de su modelo económico, estas leyes deberían mejorar la situación del año próximo.
Por lo tanto, sea por los motivos que nosotros vemos -es decir, el desastre que están armando- o por lo que han presentado como los hermosos resultados de la batería de leyes que presentan, en los dos casos, lo que nos quieren hacer votar no sirve para nada, en particular, las estimaciones.
Todo esto lo digo simplemente por el orden en que han presentado todo esto, vinculado -obviamente- con el marketing electoral y con el engaño y la estafa sistemáticos a sus votantes y a la población en general, a la que le juraron y perjuraron que no iban a tocar las jubilaciones, que no tenían una reforma laboral. Fueron a pedir el voto y tenían el cuchillo debajo del poncho, que lo están mostrando ahora, y que han usado para sacar dinero a los jubilados -por ahora-, porque tienen un par de novedades más, tal como hemos visto también en la reforma tributaria.
Inclusive quitando todo esto, señor presidente, me preguntó algunos puntos. Aquí han venido autoridades, ministros, etcétera, diciendo que las estimaciones que hacían eran muy buenas y creíbles. Han sido dos años muy intensos y un poco vertiginosos en términos de los cambios discursivos permanentes, las justificaciones, los malabares y las echadas de culpa. Tienen manifestaciones de 500.000 personas -o incluso más-, como ha ocurrido varias veces, en protesta por las decisiones que va tomando el gobierno, y en los medios no aparece todo eso. En el Congreso no lo quieren tratar, ustedes lo ignoran y después plantan otra noticia y otra, y otra, que nada tienen que ver con esa realidad. Afortunadamente los argentinos ya perciben estas situaciones, pero porque las están sufriendo.
Veamos qué es lo que estimó el gobierno y qué es lo que pasó.
En el 2016 Prat-Gay, el entonces wing derecho del mejor equipo de los últimos cincuenta años -hoy lamentablemente expulsado por el técnico o vayamos a saber por quién-, nos dijo que la economía iba a crecer un 1 por ciento. ¿Sabe que pasó, señor presidente? La economía cayó 2,3 por ciento.
Pero el ex ministro también dijo -al igual que el presidente, que sigue en funciones hasta el fin de su mandato- que ese año la inflación iba a ser de entre el 20 al 25 por ciento. No dijo esto simplemente porque se lo indicó Durán Barba o porque era algo que caía simpático; lo dijo porque quería usar esa vara y ese rasero para cerrar las paritarias en alrededor del 20 por ciento. Y cuando las paritarias superaban ese porcentaje, arremetía contra los convenios, los dirigentes y los jueces.
Como hemos visto, todo el que se opone a este gobierno es chorro, terrorista, delincuente o mafioso. Miren que desde la ONU para atrás ya se ha opuesto todo el mundo.
Entonces, el gobierno dijo que la inflación iba a ser del 20 por ciento con el propósito de cerrar paritarias en esa cifra. Menos mal que como en ese momento ya tenían baja credibilidad, nadie les hizo caso y las paritarias se terminaron cerrando en alrededor del 30 por ciento. Pero lo que no se sabía en ese entonces -y ustedes menos aún- es que iban a batir el récord de inflación de los últimos veinte años alcanzando el 40 por ciento. O sea, el gobierno le hizo perder a todo el mundo de 6 a 12 puntos de sus ingresos. Eso fue en el año 2016.
Sus previsiones para ese período fueron: crecimiento del 1 por ciento e inflación del 20 por ciento. En cambio, los datos de la realidad son: caída del 2,3 del producto e inflación del 40 por ciento.
En el segundo año de gobierno y ya con presupuesto propio, se fijó una meta de inflación del 12 por ciento pero diciendo que si la cosa andaba muy mal se podía estirar al 17 por ciento. Estamos terminando el año y la inflación interanual última que tenemos es del 24,5 por ciento. Es decir, le pifiaron por 8 puntos a la inflación.
Quiero decir que la inflación de la famosa "pesada herencia", de acuerdo al mismo índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue del 23,9 por ciento en 2015; es decir, casi la mitad que la del 2016 y más baja que la del 2017.
Hoy ocurre esto mismo con el proyecto de ley de presupuesto que estamos discutiendo. Como ya se ha denunciado aquí, la inflación que se estima en este proyecto se usa para tratar de ponerle un techo a las paritarias y, de esta forma, robarle poder adquisitivo a los asalariados.
Habían dicho que el crecimiento de este año iba a ser de un 3,5 por ciento. Sin embargo, algunas estimaciones dicen que fue de un 2,5 por ciento mientras que las mejores dicen que fue de un 3 por ciento.
En este marco leo la capacidad predictiva que tienen las autoridades actuales, a pesar de que ha cambiado nuevamente buena parte del staff que se ocupa de estos temas. Hace poco echaron a Cynthia Pok del INDEC, quien se fue con una denuncia.
Quiero permitirme decir algo más sobre lo que ustedes planteaban en términos de balanza comercial y que considero que es importante.
Las exportaciones eran uno de los caballitos de batalla del gobierno para entrar al mundo y buscar nuevos acuerdos. Decían que no había que mirar a los países del sur sino a los del norte, que ahí está la posta; que había que negociar con ellos de una forma ridícula y muy peculiar en la que uno les entrega todo a cambio de nada. El resultado de esto son las supuestas negociaciones con los Estados Unidos y con la Unión Europea.
Para ustedes, las exportaciones realmente eran el motor de crecimiento de este año. Iban a crecer en un 7,7 por ciento gracias a la apertura, a sus acuerdos comerciales y a la situación de la moneda. Sin embargo, cayeron 2,1 por ciento. Es decir, tenemos una performance exportadora espantosa.
El crecimiento todavía no llega a los niveles del 2015, la inflación está peor que en ese año y en materia de exportaciones han hecho un agujero a la balanza comercial porque no solo no exportan sino que, además, abrieron las importaciones. Esto es cierto.
Yo quiero ser sincero: no hay que hacer leña del árbol caído con estos temas. Todos sabemos que han pifiado y no pegaron ninguna, pero es un presupuesto. Se trata de previsiones. Así creen que pueden salir las cosas. Hasta son objetivos de gobierno, y está muy bien que tengan objetivos nuevos, pero está mal que no se cumplan. Tampoco podemos ponernos en preciosistas y pensar que le pifiaron por el doble. No es ese el problema. El problema es la causa, que el gobierno no explica. Pasan las cosas y el gobierno nunca explica por qué pasan.
Fíjense aquello de la lluvia de inversiones; hicieron votar leyes espantosas, tan espantosas como cuando decían que había que apretarse el cinturón, pasar el invierno y hacer todo tipo de sacrificios porque ya venía la tierra prometida. La tierra prometida no es ni tierra ni prometida. Es lluvia de inversiones extranjeras que van a llegar y catapultar nuestro producto bruto interno.
¿Cuántas veces en el país nos dijeron que las soluciones venían de afuera? Miles. Nunca llegaron. Me animo a decir que eso no pasó en ningún lugar del mundo, excepto en situaciones especiales que ustedes ven a veces cuando se ponen los anteojos oscuros de noche. Miran a Australia y dicen: "La Argentina tiene que ser Australia". Pues bien, entonces deberíamos ser colonia de Inglaterra, miembros del Commonwealth y estar muy cerca de China. No sé si han pensado en algún motor fuera de borda para correr la Argentina. Podríamos ponernos a enseñar inglés a los chinos, que es una de las industrias más pujantes de Australia. Pero lo veo difícil en la Argentina.
Han propuesto cosas muy peregrinas también, como cuando cerraron comercios e industrias para convertirlas en industria nacional.
¿Cuál es la causa de todo esto que pasó? La causa y el problema no es que le pifien o que no cumplan: es que esconden las causas o no las estudian, y por tanto no quieren cambiarlas. Una prueba de esto tiene que ver con el tema de jubilaciones. Dicen: "Somos fiscalistas. El gasto público está muy alto. Entonces, recortémoslo". De esta manera, le meten la mano en el bolsillo a los jubilados, los pibes y la población vulnerable. Y no se dan cuenta que eso no sólo no trae exportaciones, porque no sé cómo sería, sino que tampoco trae inversiones extranjeras, menos aún con el conflicto social que genera atacar a los sectores más vulnerables. Yo creo que parte de la famosa estabilidad macroeconómica también tiene que ser la estabilidad política del país. Si no, ¿qué inversor va a venir?
Pero el problema es que, cuando ustedes hacen eso, en lugar de lograr el objetivo que se plantean, que es crecer -que nos gusta-, distribuir y determinar la riqueza, se van para el otro lado. No distribuyen porque cortan ingresos a los que menos tienen y no se crece porque no hay consumo ni demanda, y la economía no camina. Ahora lo vamos a ver. Después inventan cosas vinculadas al crédito, a las devoluciones de IVA con tarjeta, y tampoco anda.
¿Cuál es el problema de todo esto? Me parece que el presupuesto -no me refiero sólo a las estimaciones sino a todo el presupuesto- es una buena radiografía, si bien lateral, de cuál es la política económica que ustedes han planteado, no en la publicidad donde se llenan la boca con buenas intenciones, sino en la realidad, en el pensamiento íntimo que no terminan de asumir.
Ya hemos pasado por gobiernos neoliberales. Quisieron destruir la industria nacional, porque supuestamente no sirve para nada. Teníamos la propaganda de la silla. Sinceramente, creo que les haría bien reconocer que la industria nacional les resulta ineficiente e improductiva. Me han dicho que hay planes del Ministerio de Producción que plantean eso: que no es sustentable o que es una fantasía. Nosotros creemos que, si bien falta un montón, el camino es fortalecer la industria nacional. Para eso hay que dar posibilidad de compra no a los extranjeros, que hoy nos venden la manteca o los juguetes, sino a nuestro pueblo. Así, matamos dos pájaros de un tiro: distribuimos la riqueza, generamos demanda y consumo, y crecemos. De ese modo el país se desarrolla. Después podemos discutir el grado de protección y las medidas para incentivar el desarrollo tecnológico.
Todos queremos que nuestra industria sea más tecnificada y de avanzada, y para eso tengo una idea que me parece buena. No rompan también nuestro entramado científico tecnológico como están haciendo porque algunos pibes han hecho el doctorado, iban a entrar al Conicet, no pueden trabajar de cerveceros y no se van a reconvertir en guías de turismo o en pilotos de drones. No sé en qué están pensando. Denles un trabajo estable en el Conicet porque para eso estudiaron. Después, si quieren charlamos si la ciencia debe ser más básica o más aplicada pero no la rompan porque ya rompieron la industria, el consumo y el bienestar.
Con respecto a la campaña, ustedes prometieron un punto y medio, estábamos en uno y bajaron a 0,77. Caminando para atrás, si queda lejos, nunca van a acercarse al objetivo. Esto es un poco lo que expresa este presupuesto, que es un programa neoliberal, no hay ni una sola medida -como sucede en todas las leyes que estamos votando- que sea para el bienestar de la gente.
Desde Adam Smith existe la idea de "jódanse hoy porque mañana viene un mundo mejor", lo que viene acompañado de "démosles infinitas ganancias a los ricos" -aunque sean financieras- porque las van a invertir y es mejor para el conjunto. No, señor. Esto no funciona aquí ni en ningún lugar del mundo.
Si hay derrame, en economía no funciona la ley de la gravedad. El único derrame que ha funcionado en la historia de la economía es de abajo para arriba, de los que no tienen hacia el sistema productivo, sobre todo de pymes y de pequeños comercios; funciona así. Eso es neoliberalismo, sumado al monetarismo del Banco Central.
Sobre este punto quiero hacer una acotación. Se han cansado de decir que tienen unas tasas del 38 por ciento y ahora del 28 por ciento con el propósito de bajar la inflación pero hace dos años nos tienen con unas tasas que están fundiendo todo. Los resultados indican que hoy tienen más inflación que en 2015, solamente que ahora no hay crédito ni empleo ni industria. No ganamos nada y vamos perdiendo.
Para que los diputados no se engañen, ese monetarismo no tiene nada que ver con la inflación. Por eso no funciona. Hasta el más ocultador de los integrantes del Banco Central sabe que tienen alta la tasa de interés para no tener una corrida cambiaria. Es un tema de dólar y no de inflación.
Cada día el Banco Central pulsea un poquito con el mercado, que tampoco lo es en el sentido de una vasta, amplia y libre competencia de pequeños productores ya que ninguno tiene capacidad para influir en el precio ni en las condiciones. Acá hay cinco o seis que manejan el mercado financiero y que si no les dan las tasas que les piden, los corren con el dólar. Esto pasó ayer, no renovaron 180.000 millones de pesos...
SR. PRESIDENTE PASTORI Señor diputado, ¿puede redondear su exposición, por favor?
SR. KICILLOF Por supuesto, señor presidente.
Este es un presupuesto neoliberal pero además, es un presupuesto de ajuste y lo veremos en el recinto, porque con este tratamiento exprés nos vemos todos los días para hablar de las mismas cosas sin poder discutirlas.
Este es un presupuesto de ajuste aun teniendo en cuenta la inflación que mencionan. El Banco Central dice entre 10 más menos 2 y ustedes dicen 15,7. Sin embargo, si se toman las partidas y se calcula la variación real, lo que se encuentra es que la administración gubernamental cae 13 puntos en términos reales. Esos son los poderes, por finalidad y función; servicio de defensa y seguridad, también cae en términos reales; servicios sociales es el único que sube en los mismos términos, suponiendo que se cumpla la inflación que ustedes dicen -que hasta ahora no se cumplió.
Si me permiten, quiero hacer una nota al pie sobre esta idea que tienen ustedes de "nosotros cumplimos el presupuesto y ustedes no lo cumplían". Pero, ¿saben qué? En los dos años de gobierno tuvieron más inflación que en 2015 y cumplen el presupuesto porque ajustan. Presentan un presupuesto y en lugar de ampliar las partidas cuando se les va de las manos el proceso de aumento de precios, las congelan.
Entonces es un presupuesto que cumplen, ¿pero saben qué cumplen? Cumplen ese presupuesto en tanto es para ajustar partidas y para ajustar salarios públicos, que ha sido uno de los sectores que más sufrió y nos dicen: "Pero ustedes le pifiaban por 20 puntos"; y lo han dicho 20 veces. ¡Basta con eso! Porque nosotros no poníamos la paritaria en el presupuesto y ustedes sí. Después además la hacen cumplir, y si se les va la inflación no elevan las partidas, ni siquiera para pagar más salario. Así que no es un mérito, digamos las cosas como son.
Cumplir el presupuesto que habla de una inflación como el año pasado de máximo 17 puntos y la inflación es del 24 y congelan las partidas no es un mérito; es un desastre. Es disimular y camuflar el ajuste que están haciendo. No es: "¡Qué bien que estimamos!"; estimaron mal, pero lo usaron para ajustar.
Nosotros, si teníamos un desajuste en la inflación, aumentábamos el presupuesto. Y si teníamos que negociar las paritarias, lo hacíamos en paritarias libres, no con el número puesto como hacen ustedes.
Es un presupuesto de ajuste y es un presupuesto de elevadísimo endeudamiento. Miento cuando digo que las partidas no las amplían, porque la de deuda, sí. ¡Qué generosos son con los acreedores!
Les comento brevemente los intereses de deuda: 2014, 71.000 millones de pesos; 2015, 120.000 millones de pesos; 2016, 185.000 millones de pesos -53 por ciento de aumento, partida que más aumentó; y 2017, el aumento de los intereses de deudas fue del 72 por ciento. Ya estamos en 320.000 millones de pesos y les sacan 100.000 a los jubilados.
Pero, ¿saben qué decía el presupuesto? Que el aumento iba a ser del 30 por ciento; eso lo sabíamos todos. De la misma manera que para el año que viene uno de los pocos aumentos que prevén por encima de la inflación es el 30 por ciento de los intereses de deuda. Pero también está mal, lo van a ampliar. La ampliaron con un DNU.
¿Saben, señores diputados, que esas cuestiones son atribuciones de este Congreso? Y el presidente Macri en su descarriada carrera del endeudamiento externo lo que hizo fue ampliar el presupuesto para tener más deuda mientras, a una semana de diferencia, les reducía presupuesto a los jubilados.
Para terminar, la deuda del Tesoro Nacional creció en 82.000 millones de dólares, batieron todos los récords. Y lo pudieron hacer porque encontraron un país con una relación deuda-producto que no teníamos desde hacía décadas, porque desendeudamos el país.
Y esto es lo que creció, pero lo que emitió fue de 150.000 millones de dólares, es el país que más deuda emitió de todo el mundo. Esa es la situación.
Tenemos un presupuesto neoliberal de ajuste y endeudamiento en la parte que muestra ya que cuando van ocurriendo los acontecimientos es más endeudamiento y más ajuste que el que confiesan.
Nuestro bloque reconoce que Argentina -podríamos hablar de las épocas iniciales de nuestro país- siempre tiene problemas y temas por resolver. No éramos un país hiperdesarrollado, no andábamos genial, no estábamos en el tope, no habíamos cumplido los objetivos de industrialización ni los de inclusión social que nos habíamos propuesto. Faltaban cosas. Lo tomamos como una autocrítica: nos faltó industrializar, nos faltó incluir.
Y ustedes, ¿qué hicieron? Partieron de esa autocrítica cuando eran oposición y cuando son oficialismo desindustrializan y excluyen, hacen todo lo contrario.
Entonces, me parece que estamos hablando de modelos muy distintos. Estamos hablando de un presupuesto que confiesa cosas que ustedes no dicen cuando están adelante de la cámara cuando periodistas amigos únicamente les hacen preguntas y las veces que las hace un periodista que no es amigo, patinan, resbalan y caen.
Lo único que quiero decir es que nuestro bloque no puede acompañar un presupuesto neoliberal. No puede acompañar más endeudamiento, que ya está a niveles peligrosos -confesado por el propio Macri, Melconián y ayer por el diputado Negri- y no puede evidentemente convalidarse el ajuste, la reducción de jubilaciones, la pérdida del poder adquisitivo de los que menos tienen. En fin, no podemos ir hacia el país tan distinto que ustedes mismos prometieron y al que todos los días dicen estar apuntando. (Aplausos.)
Este es un presupuesto neoliberal pero además, es un presupuesto de ajuste y lo veremos en el recinto, porque con este tratamiento exprés nos vemos todos los días para hablar de las mismas cosas sin poder discutirlas.
Este es un presupuesto de ajuste aun teniendo en cuenta la inflación que mencionan. El Banco Central dice entre 10 más menos 2 y ustedes dicen 15,7. Sin embargo, si se toman las partidas y se calcula la variación real, lo que se encuentra es que la administración gubernamental cae 13 puntos en términos reales. Esos son los poderes, por finalidad y función; servicio de defensa y seguridad, también cae en términos reales; servicios sociales es el único que sube en los mismos términos, suponiendo que se cumpla la inflación que ustedes dicen -que hasta ahora no se cumplió.
Si me permiten, quiero hacer una nota al pie sobre esta idea que tienen ustedes de "nosotros cumplimos el presupuesto y ustedes no lo cumplían". Pero, ¿saben qué? En los dos años de gobierno tuvieron más inflación que en 2015 y cumplen el presupuesto porque ajustan. Presentan un presupuesto y en lugar de ampliar las partidas cuando se les va de las manos el proceso de aumento de precios, las congelan.
Entonces es un presupuesto que cumplen, ¿pero saben qué cumplen? Cumplen ese presupuesto en tanto es para ajustar partidas y para ajustar salarios públicos, que ha sido uno de los sectores que más sufrió y nos dicen: "Pero ustedes le pifiaban por 20 puntos"; y lo han dicho 20 veces. ¡Basta con eso! Porque nosotros no poníamos la paritaria en el presupuesto y ustedes sí. Después además la hacen cumplir, y si se les va la inflación no elevan las partidas, ni siquiera para pagar más salario. Así que no es un mérito, digamos las cosas como son.
Cumplir el presupuesto que habla de una inflación como el año pasado de máximo 17 puntos y la inflación es del 24 y congelan las partidas no es un mérito; es un desastre. Es disimular y camuflar el ajuste que están haciendo. No es: "¡Qué bien que estimamos!"; estimaron mal, pero lo usaron para ajustar.
Nosotros, si teníamos un desajuste en la inflación, aumentábamos el presupuesto. Y si teníamos que negociar las paritarias, lo hacíamos en paritarias libres, no con el número puesto como hacen ustedes.
Es un presupuesto de ajuste y es un presupuesto de elevadísimo endeudamiento. Miento cuando digo que las partidas no las amplían, porque la de deuda, sí. ¡Qué generosos son con los acreedores!
Les comento brevemente los intereses de deuda: 2014, 71.000 millones de pesos; 2015, 120.000 millones de pesos; 2016, 185.000 millones de pesos -53 por ciento de aumento, partida que más aumentó; y 2017, el aumento de los intereses de deudas fue del 72 por ciento. Ya estamos en 320.000 millones de pesos y les sacan 100.000 a los jubilados.
Pero, ¿saben qué decía el presupuesto? Que el aumento iba a ser del 30 por ciento; eso lo sabíamos todos. De la misma manera que para el año que viene uno de los pocos aumentos que prevén por encima de la inflación es el 30 por ciento de los intereses de deuda. Pero también está mal, lo van a ampliar. La ampliaron con un DNU.
¿Saben, señores diputados, que esas cuestiones son atribuciones de este Congreso? Y el presidente Macri en su descarriada carrera del endeudamiento externo lo que hizo fue ampliar el presupuesto para tener más deuda mientras, a una semana de diferencia, les reducía presupuesto a los jubilados.
Para terminar, la deuda del Tesoro Nacional creció en 82.000 millones de dólares, batieron todos los récords. Y lo pudieron hacer porque encontraron un país con una relación deuda-producto que no teníamos desde hacía décadas, porque desendeudamos el país.
Y esto es lo que creció, pero lo que emitió fue de 150.000 millones de dólares, es el país que más deuda emitió de todo el mundo. Esa es la situación.
Tenemos un presupuesto neoliberal de ajuste y endeudamiento en la parte que muestra ya que cuando van ocurriendo los acontecimientos es más endeudamiento y más ajuste que el que confiesan.
Nuestro bloque reconoce que Argentina -podríamos hablar de las épocas iniciales de nuestro país- siempre tiene problemas y temas por resolver. No éramos un país hiperdesarrollado, no andábamos genial, no estábamos en el tope, no habíamos cumplido los objetivos de industrialización ni los de inclusión social que nos habíamos propuesto. Faltaban cosas. Lo tomamos como una autocrítica: nos faltó industrializar, nos faltó incluir.
Y ustedes, ¿qué hicieron? Partieron de esa autocrítica cuando eran oposición y cuando son oficialismo desindustrializan y excluyen, hacen todo lo contrario.
Entonces, me parece que estamos hablando de modelos muy distintos. Estamos hablando de un presupuesto que confiesa cosas que ustedes no dicen cuando están adelante de la cámara cuando periodistas amigos únicamente les hacen preguntas y las veces que las hace un periodista que no es amigo, patinan, resbalan y caen.
Lo único que quiero decir es que nuestro bloque no puede acompañar un presupuesto neoliberal. No puede acompañar más endeudamiento, que ya está a niveles peligrosos -confesado por el propio Macri, Melconián y ayer por el diputado Negri- y no puede evidentemente convalidarse el ajuste, la reducción de jubilaciones, la pérdida del poder adquisitivo de los que menos tienen. En fin, no podemos ir hacia el país tan distinto que ustedes mismos prometieron y al que todos los días dicen estar apuntando. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra la señora diputada Martínez.
SRA. MARTÍNEZ Señor presidente: tengo la intención de presentar un requerimiento, un pedido de que se contemple una serie de cuestiones presupuestarias para la provincia de Jujuy.
Hemos trabajado junto al diputado Snopek, al diputado Monaldi y a la diputada Burgos. Quiero comentar que este presupuesto está siendo trabajado en línea con la Nación porque necesitamos sacar a nuestra provincia de la situación en la que la encontramos en 2015.
Después de 18 años de gobierno del kirchnerismo la provincia de Jujuy tenía 110 mil planes sociales, 55 mil empleos privados y 85 mil empleados públicos, lo que convertía, lógicamente, a la provincia de Jujuy en absolutamente inviable.
Con la intención de cambiar esa matriz por una matriz productiva se definieron obras que son para nosotros muy importantes y queremos que estén contempladas en el presupuesto.
Por ese motivo, nuestra solicitud apunta a las obras que tienen que ver con infraestructura energética. Fundamentalmente, con el presidente de la Nación se trabajó en un objetivo para todo el país, que es lo relativo a la energía fotovoltaica. Estamos trabajando en una planta de 300 megavatios de energía fotovoltaica, que es la planta más grande de Latinoamérica. Además, necesitamos nada más que el aval, porque nosotros con esa garantía vamos a hacernos cargo de una obra que va a ser absolutamente rentable.
Estoy hablando de Cauchari en sus tres etapas, pero también ya estamos planteando seriamente otros proyectos aparte Cauchari Solar VIII y IX, aparte de las I, II y III, que son plantas con capacidad de 200 megawatts cada una y necesitamos el aval por 200 millones de dólares, al igual que el parque fotovoltaico El Pongo, que es otra obra de la misma naturaleza que no requiere de fondos de la Nación sino nada más del aval de Tesoro nacional.
Los jujeños nos vamos a encargar de pagar esas obras, como la línea de trasporte de 500 kilovoltios, que es una obra para interconectar las diferentes estaciones trasformadoras que son muy importantes.
Quiero concentrarme en esto, en lo concreto, y no en el discurso que no nos trajo ningún resultado. Queremos ir directamente a estas cuestiones que nos parece que son centrales, que se están concretando en Jujuy y que nos permiten avizorar otro futuro.
Hay una cuestión también que es fundamental. Me refiero al programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -GIRSU- para el tratamiento, saneamiento de los residuos, para la eliminación de los basurales. Es una obra que estaba prevista en el presupuesto de este año 2017 y requiere nada más que el aval del Tesoro nacional.
Hay una serie de obras de infraestructura vial que tenían un enorme abandono, que generaban un gran riesgo para nuestra población, que tienen altos índices de accidentes también y por ello resulta indispensable que estas obras se logren.
En relación con la ruta 34, están los montos en la nota que le acerqué al presidente de la comisión. Figuran cada una de las obras con sus respectivos importes y la ruta 1 que tiene, ya con un remanente del Banco Mundial, un financiamiento que es de carácter internacional.
Respecto de las obras de infraestructura para la provincia, hay una serie de puentes que son vitales.
También quiero mencionar la obra ferroviaria, de 283 kilómetros, del ramal San Salvador de Jujuy-La Quiaca. Esto forma parte de la planilla anexa del artículo 59 dentro del programa de participación público-privada, contratación de obras, con incidencia en ejercicios futuros.
Por otro lado, quiero mencionar la construcción de la unidad penitenciaria en la ciudad de Yuto, que está contemplada en el presupuesto 2017, con un monto de 528 millones de pesos, pero para el proyecto de presupuesto 2018 se le asignaron 450 millones de pesos. Nuestra solicitud es que mantenga el monto que estaba previsto para este año.
Cabe destacar la puesta en valor del cabildo de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es una obra muy importante desde el punto de vista histórico-cultural.
Además, está prevista una serie de obras de vivienda. En la provincia de Jujuy, el 30 por ciento de la población -es decir, 1 de cada 3 jujeños- tenía problemas habitaciones, de manera tal que encaramos un ambicioso programa de construcción de viviendas, que resuelvan los problemas habitaciones en su conjunto, que no son solamente la vivienda. En síntesis, pretendemos que dentro del presupuesto 2018 se tengan en cuenta las partidas previstas para 2017 más una actualización del 23 por ciento. Se trata de obras que se encuentran dentro del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que oportunamente fueron conversadas, comprometidas y también anunciadas.
Por último, necesitamos y creemos que son fundamentales un par de normas que cabe puntualizar. En este sentido, dentro del Capítulo XI, "Otras Disposiciones2, consideramos que tiene que incluirse un artículo que exprese: "Las jurisdicciones provinciales que contraigan deuda destinada al desarrollo de proyectos de inversión, que garantizan el repago en base a su propia rentabilidad, quedarán exceptuadas a este fin de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 21 y 25 de la ley 25.917", que es la ley de régimen de responsabilidad fiscal. Ni más ni menos para el caso en que se define una obra y se puede asegurar con el margen de rentabilidad que asegure el repago que nos permita evitar todas las situaciones que pueden ser de índole burocráticas o que pueden resultar una limitación para que se puedan concretar.
El artículo 21 propone un límite al endeudamiento. Consideramos que hay que hacer una excepción en el caso de esas obras.
Respecto de las autorizaciones de los ministerios de Hacienda y de Producción consideramos que son innecesarias cuando se puede probar que el proyecto es de tanta viabilidad.
Por último, dentro de "Otras Disposiciones", podría incorporarse el artículo 87 bis que establecería: "Prorrógase los plazos previstos en la ley 26.190 y la ley 27.191, y sus modificatorias, cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre de 2017". Queremos que esa prórroga se extienda hasta el 31 de diciembre 2019. ¿Por qué? ¿De qué se tratan estas leyes? Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables, de energía destinada a la producción de energía eléctrica.
Tal como mencioné anteriormente, estamos ante un ambicioso proyecto provincial relativo a las energías renovables, que es lo mismo que pretende el presidente Macri para todo el país.
Este régimen -que tiene un esquema escalonado de beneficios impositivos- vencería en uno de sus tramos en diciembre. Nosotros pretendemos su prórroga. Lógicamente esperamos que la comisión lo contemple, porque nos parece muy importante. Adjuntamos las planillas con cada uno de los datos.
Es un trabajo muy serio que pretende darle viabilidad, productividad y competitividad a la provincia de Jujuy.
Hemos trabajado junto al diputado Snopek, al diputado Monaldi y a la diputada Burgos. Quiero comentar que este presupuesto está siendo trabajado en línea con la Nación porque necesitamos sacar a nuestra provincia de la situación en la que la encontramos en 2015.
Después de 18 años de gobierno del kirchnerismo la provincia de Jujuy tenía 110 mil planes sociales, 55 mil empleos privados y 85 mil empleados públicos, lo que convertía, lógicamente, a la provincia de Jujuy en absolutamente inviable.
Con la intención de cambiar esa matriz por una matriz productiva se definieron obras que son para nosotros muy importantes y queremos que estén contempladas en el presupuesto.
Por ese motivo, nuestra solicitud apunta a las obras que tienen que ver con infraestructura energética. Fundamentalmente, con el presidente de la Nación se trabajó en un objetivo para todo el país, que es lo relativo a la energía fotovoltaica. Estamos trabajando en una planta de 300 megavatios de energía fotovoltaica, que es la planta más grande de Latinoamérica. Además, necesitamos nada más que el aval, porque nosotros con esa garantía vamos a hacernos cargo de una obra que va a ser absolutamente rentable.
Estoy hablando de Cauchari en sus tres etapas, pero también ya estamos planteando seriamente otros proyectos aparte Cauchari Solar VIII y IX, aparte de las I, II y III, que son plantas con capacidad de 200 megawatts cada una y necesitamos el aval por 200 millones de dólares, al igual que el parque fotovoltaico El Pongo, que es otra obra de la misma naturaleza que no requiere de fondos de la Nación sino nada más del aval de Tesoro nacional.
Los jujeños nos vamos a encargar de pagar esas obras, como la línea de trasporte de 500 kilovoltios, que es una obra para interconectar las diferentes estaciones trasformadoras que son muy importantes.
Quiero concentrarme en esto, en lo concreto, y no en el discurso que no nos trajo ningún resultado. Queremos ir directamente a estas cuestiones que nos parece que son centrales, que se están concretando en Jujuy y que nos permiten avizorar otro futuro.
Hay una cuestión también que es fundamental. Me refiero al programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -GIRSU- para el tratamiento, saneamiento de los residuos, para la eliminación de los basurales. Es una obra que estaba prevista en el presupuesto de este año 2017 y requiere nada más que el aval del Tesoro nacional.
Hay una serie de obras de infraestructura vial que tenían un enorme abandono, que generaban un gran riesgo para nuestra población, que tienen altos índices de accidentes también y por ello resulta indispensable que estas obras se logren.
En relación con la ruta 34, están los montos en la nota que le acerqué al presidente de la comisión. Figuran cada una de las obras con sus respectivos importes y la ruta 1 que tiene, ya con un remanente del Banco Mundial, un financiamiento que es de carácter internacional.
Respecto de las obras de infraestructura para la provincia, hay una serie de puentes que son vitales.
También quiero mencionar la obra ferroviaria, de 283 kilómetros, del ramal San Salvador de Jujuy-La Quiaca. Esto forma parte de la planilla anexa del artículo 59 dentro del programa de participación público-privada, contratación de obras, con incidencia en ejercicios futuros.
Por otro lado, quiero mencionar la construcción de la unidad penitenciaria en la ciudad de Yuto, que está contemplada en el presupuesto 2017, con un monto de 528 millones de pesos, pero para el proyecto de presupuesto 2018 se le asignaron 450 millones de pesos. Nuestra solicitud es que mantenga el monto que estaba previsto para este año.
Cabe destacar la puesta en valor del cabildo de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es una obra muy importante desde el punto de vista histórico-cultural.
Además, está prevista una serie de obras de vivienda. En la provincia de Jujuy, el 30 por ciento de la población -es decir, 1 de cada 3 jujeños- tenía problemas habitaciones, de manera tal que encaramos un ambicioso programa de construcción de viviendas, que resuelvan los problemas habitaciones en su conjunto, que no son solamente la vivienda. En síntesis, pretendemos que dentro del presupuesto 2018 se tengan en cuenta las partidas previstas para 2017 más una actualización del 23 por ciento. Se trata de obras que se encuentran dentro del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que oportunamente fueron conversadas, comprometidas y también anunciadas.
Por último, necesitamos y creemos que son fundamentales un par de normas que cabe puntualizar. En este sentido, dentro del Capítulo XI, "Otras Disposiciones2, consideramos que tiene que incluirse un artículo que exprese: "Las jurisdicciones provinciales que contraigan deuda destinada al desarrollo de proyectos de inversión, que garantizan el repago en base a su propia rentabilidad, quedarán exceptuadas a este fin de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 21 y 25 de la ley 25.917", que es la ley de régimen de responsabilidad fiscal. Ni más ni menos para el caso en que se define una obra y se puede asegurar con el margen de rentabilidad que asegure el repago que nos permita evitar todas las situaciones que pueden ser de índole burocráticas o que pueden resultar una limitación para que se puedan concretar.
El artículo 21 propone un límite al endeudamiento. Consideramos que hay que hacer una excepción en el caso de esas obras.
Respecto de las autorizaciones de los ministerios de Hacienda y de Producción consideramos que son innecesarias cuando se puede probar que el proyecto es de tanta viabilidad.
Por último, dentro de "Otras Disposiciones", podría incorporarse el artículo 87 bis que establecería: "Prorrógase los plazos previstos en la ley 26.190 y la ley 27.191, y sus modificatorias, cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre de 2017". Queremos que esa prórroga se extienda hasta el 31 de diciembre 2019. ¿Por qué? ¿De qué se tratan estas leyes? Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables, de energía destinada a la producción de energía eléctrica.
Tal como mencioné anteriormente, estamos ante un ambicioso proyecto provincial relativo a las energías renovables, que es lo mismo que pretende el presidente Macri para todo el país.
Este régimen -que tiene un esquema escalonado de beneficios impositivos- vencería en uno de sus tramos en diciembre. Nosotros pretendemos su prórroga. Lógicamente esperamos que la comisión lo contemple, porque nos parece muy importante. Adjuntamos las planillas con cada uno de los datos.
Es un trabajo muy serio que pretende darle viabilidad, productividad y competitividad a la provincia de Jujuy.
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: no voy a referirme en profundidad al proyecto de ley de presupuesto porque ya el compañero Kicillof y otros colegas hicieron consideraciones muy precisas. Pero sí me voy a detener en la parte vinculada con la obra pública y sus modalidades. En especial, me voy a referir a la nueva modalidad que han implementado para llevar esta obra adelante.
En el presupuesto del año 2017 se fijó un gasto de capital para el sector público nacional de 236.000 millones de pesos; sin embargo, la ejecución de ese año no llega al 80 por ciento de ese presupuesto. Ahora, para el año 2018 se está planteando un gasto de 237.000 millones. Es decir, sólo 1.000 millones de pesos más destinados a la obra pública que en el año 2017. Teniendo en cuenta el 24 por ciento de inflación y otras cuestiones que siempre son interesantes de ver en términos presupuestarios, percibimos es una merma en este rubro.
Ahora pareciera ser que con esta nueva modalidad -los PPP- lo que se hace es trasladar supuestas obras e inversiones para que sean tomadas de esta manera. Según la planilla que consta en el proyecto, se habla de una supuesta inversión bajo el sistema de PPP -aunque en realidad se está haciendo una reserva- por 2,1 billones de pesos. Esto es casi lo mismo que el presupuesto que estamos discutiendo y un 20 por ciento que representa un 20 por ciento del Producto Bruto Interno.
Ahora pareciera ser que hay una gran intención de hacer una inversión fuerte en este sentido. Bajo esta modalidad se pueden hacer viviendas, alumbrado público, líneas de alta tensión, rutas, hospitales, autopistas y cárceles, pero cuando revisamos la planilla que se adjunta encontramos que para el año del 2018 no hay erogación, y tampoco para los años 2019 ni 2020. No hay ninguna erogación, pero en la columna de resto sí hay dinero que no se sabe básicamente cuándo se va a pagar ni de dónde sale.
Uno podría intuir que muchos empresarios van a venir con 2,1 billones de pesos -quizá esta sea la lluvia de inversiones de la que hablan desde hace dos años- y van a ponerse a hacer obras. Por ejemplo, van a construir una cárcel, pero nadie sabe cuál va a ser la contraprestación que van a recibir. Ellos vienen, invierten y hacen una cárcel.
¿Quién va a pagar esa obra después? ¿Los presos? Lo cierto es que este es un capítulo bastante oscuro en este presupuesto. Entre otras cosas, porque ni siquiera sabemos a dónde hay que recurrir para solucionar esto. Ni siquiera se ha constituido la comisión bicameral que, de alguna manera, regularía estas cuestiones. Por estos motivos, además, uno podría creer que esto sería parte de deuda a tomar.
Ahora bien, si va a ser deuda, no estaría autorizada. No está dentro del paquete de deuda que este Congreso está discutiendo.
Se hace muy difícil comprender este texto. Ni el Ministerio de Economía, que lo redactó, entiende cómo es, ya que no lo puede explicar. En ninguna de las reuniones que hemos tenido cuando discutimos este tema ha habido una explicación razonable. Y lo que más me preocupa es que esta falta de explicación tenga que ver con lo que nosotros entendemos que es la marca de origen de este gobierno, que es que cree que puede hacer cualquier cosa. Es decir que se pueden mover como se mueven en sus empresas. De repente agarran y dicen: "Vamos a hacer tal cosa". Y ni quisiera tienen la preocupación de ver cómo va eso en los balances. Podría ser una cosa parecida, si se quiere, a lo que es el presupuesto: la mayor parte de la plata la tienen en negro porque no la declaran. La tienen en Panamá o en otros paraísos fiscales.
Así no se puede manejar el Estado. No se lo puede manejar como una empresa. Mucho menos bajo la ilegalidad, ya que gran cantidad de funcionarios que son parte de este gobierno -inclusive el presidente de la Nación- está acostumbrado a manejar las empresas ilegalmente.
Estamos discutiendo sobre la base de 2,1 billones de pesos del presupuesto. Hay un 20 por ciento del PBI que no se explica de dónde sale, a dónde va ni cuándo. Encima uno tiene que tolerar que se digan una cantidad enorme de barbaridades. Hoy un diputado hablaba de Julio De Vido -nuestro ex ministro de Planificación que está preso de manera ilegal por culpa del régimen macrista- y decía que acá no se hizo nada.
Yo no me voy a poner a discutir si se hacía o no se hacía algo. Podemos recorrer el país -como decía una colega de Santiago del Estero- y ver cada provincia y municipio. Cada uno sabe la cantidad de obra pública que se hizo desde 2003 a la fecha. No quiero discutir eso.
Ahora bien, entiendo que ustedes mientan; lo que me preocupa es que se crean esa mentira. Ustedes nos hablaron del relato, de que nosotros no hicimos nada, de que el país estaba en la ruina, de la pesada herencia, etcétera. Está bien, me parece lícito. Uno entiende: mienten para hacer política. Lo que me preocupa es que se crean esas mentiras. Que se crean la mentira de que le están haciendo un bien a los jubilados. Teníamos cacerolazos en toda la Argentina y ustedes seguían insistiendo en que los jubilados perdían plata pero no poder adquisitivo. No se crean su propia mentira, colegas del oficialismo, porque van a cometer muchos más errores de este tipo. Lo único que dejan en claro es que hay un montón de empresarios que están esperando ver qué parte de estos 2,1 billones de pesos van a quedar en sus bolsillos. Esto nos parece una barbaridad.
Todavía no hay un listado claro de obras, y no se sabe cuándo se van a ejecutar. Tampoco se sabe cuándo se van a licitar. Ni siquiera hay pliegos de licitación. Con los compañeros de bloque pensábamos que tal vez haya una licitación donde se pida que se compita con proyectos enteros. Pero es una incógnita absoluta.
Creo sinceramente que se oculta una gran trampa para decirnos que hay una planificación que no existe, que van armando de acá hasta 2019 y se va a invertir una cantidad de plata que no hay manera de llevar adelante.
Además, no sabemos de dónde vienen ni hacia dónde van estos 2.1 billones de pesos. No sabemos cómo va a ser la forma de pago, si ese resto se va a pagar en 2020, o en treinta años, si se hará en efectivo, emitiendo deuda, bonos del Tesoro o si van a tener un interés determinado; no tenemos ni idea.
Según el Poder Ejecutivo hay que firmar un cheque en blanco para hacer lo que quieran con estos 2.1 billones de pesos. Se trata de un despropósito, de una barbaridad y de un atropello más del Poder Ejecutivo, no solamente contra el pueblo argentino sino también contra el conjunto de las instituciones y del Parlamento.
Menciono el atropello porque hace un rato, señor presidente, usted pedía a algún señor diputado que fuera redondeando porque estamos todos cansados, apurados y mañana tenemos una sesión larguísima. Entre otras cosas es así porque estamos discutiendo arriba de una bicicleta el presupuesto, la reforma tributaria, la reforma previsional, el pacto fiscal y una cantidad de proyectos más. Estamos corriendo una maratón, nos están llevando a las patadas a discusiones exprés de proyectos de ley que son sumamente importantes y que ni siquiera hay tiempo para discutir. Es decir, están vulnerando hasta lo que ustedes impusieron como mecanismo de discusión.
Para el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto anterior vinieron todos los ministros, estuvimos semanas discutiéndolo, podíamos ponernos de acuerdo o no pero por medio de ese mecanismo cada funcionario venía a explicar el presupuesto de su área y después se quedaban los secretarios. Nosotros no estábamos de acuerdo con lo que planificaban, pero podíamos discutir y de alguna manera fundamentar mejor nuestro voto.
Hoy no podemos discutir con nadie y no sabemos de dónde van a sacar estos 2.1 billones de pesos que representan casi un quinto del producto bruto interno de la Argentina.
Considero que es una locura y, como bien decía el compañero Axel Kicillof, aquí posiblemente haya endeudamiento encubierto y más deuda. Siguen achicando el Estado de todas las maneras posibles y también aquí puede haber privatizaciones encubiertas. Por ejemplo, en relación con las cárceles: viene un señor, construye una cárcel, se la alquila al Estado y brinda el servicio carcelario con su propia forma. También podría suceder con una escuela: la construye y se la alquila al Estado por cientos de años. Tal vez eso lo financiamos nosotros con un crédito del Banco Nación o del Banco Central, y digo "tal vez" porque no hay manera de saberlo. Damos un crédito a un señor para que construya una escuela, una cárcel, una ruta o un puente, él lo gestiona, se lo alquila al Estado y nos paga como puede o como quiere. Eso es lo que figura en esta planillita. Esto es el PPP. Es un mamarracho, señor presidente.
Por estas razones y otras tantas, no vamos a votar favorablemente este presupuesto, porque significa la destrucción del Estado en su capacidad de planificación y de desarrollo.
Durante once años con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner arrancábamos por un lugar, se planificaba y se hacían cosas que podían no tener gran rentabilidad pero que debían hacerse. Por ejemplo, llevar energía a lugares donde no había, trazar rutas que tal vez no eran las más importantes en términos comerciales pero que vinculaban pueblos incomunicados, llevar la televisión digital para que la gente pudiera estar comunicada, la interconexión de la Patagonia, las represas, el satélite ARSAT, lo relativo a ciencia y técnica; es decir, cosas que generaban capacidad de desarrollo.
Ustedes quieren hacer cárceles que pueden ser de un privado y que se la alquile al Estado de una manera que no sabemos cómo se financian ni se pagan.
Nos parece una locura, una barbaridad y un nuevo atropello. Por eso no vamos a acompañar este proyecto de presupuesto. (Aplausos.)
En el presupuesto del año 2017 se fijó un gasto de capital para el sector público nacional de 236.000 millones de pesos; sin embargo, la ejecución de ese año no llega al 80 por ciento de ese presupuesto. Ahora, para el año 2018 se está planteando un gasto de 237.000 millones. Es decir, sólo 1.000 millones de pesos más destinados a la obra pública que en el año 2017. Teniendo en cuenta el 24 por ciento de inflación y otras cuestiones que siempre son interesantes de ver en términos presupuestarios, percibimos es una merma en este rubro.
Ahora pareciera ser que con esta nueva modalidad -los PPP- lo que se hace es trasladar supuestas obras e inversiones para que sean tomadas de esta manera. Según la planilla que consta en el proyecto, se habla de una supuesta inversión bajo el sistema de PPP -aunque en realidad se está haciendo una reserva- por 2,1 billones de pesos. Esto es casi lo mismo que el presupuesto que estamos discutiendo y un 20 por ciento que representa un 20 por ciento del Producto Bruto Interno.
Ahora pareciera ser que hay una gran intención de hacer una inversión fuerte en este sentido. Bajo esta modalidad se pueden hacer viviendas, alumbrado público, líneas de alta tensión, rutas, hospitales, autopistas y cárceles, pero cuando revisamos la planilla que se adjunta encontramos que para el año del 2018 no hay erogación, y tampoco para los años 2019 ni 2020. No hay ninguna erogación, pero en la columna de resto sí hay dinero que no se sabe básicamente cuándo se va a pagar ni de dónde sale.
Uno podría intuir que muchos empresarios van a venir con 2,1 billones de pesos -quizá esta sea la lluvia de inversiones de la que hablan desde hace dos años- y van a ponerse a hacer obras. Por ejemplo, van a construir una cárcel, pero nadie sabe cuál va a ser la contraprestación que van a recibir. Ellos vienen, invierten y hacen una cárcel.
¿Quién va a pagar esa obra después? ¿Los presos? Lo cierto es que este es un capítulo bastante oscuro en este presupuesto. Entre otras cosas, porque ni siquiera sabemos a dónde hay que recurrir para solucionar esto. Ni siquiera se ha constituido la comisión bicameral que, de alguna manera, regularía estas cuestiones. Por estos motivos, además, uno podría creer que esto sería parte de deuda a tomar.
Ahora bien, si va a ser deuda, no estaría autorizada. No está dentro del paquete de deuda que este Congreso está discutiendo.
Se hace muy difícil comprender este texto. Ni el Ministerio de Economía, que lo redactó, entiende cómo es, ya que no lo puede explicar. En ninguna de las reuniones que hemos tenido cuando discutimos este tema ha habido una explicación razonable. Y lo que más me preocupa es que esta falta de explicación tenga que ver con lo que nosotros entendemos que es la marca de origen de este gobierno, que es que cree que puede hacer cualquier cosa. Es decir que se pueden mover como se mueven en sus empresas. De repente agarran y dicen: "Vamos a hacer tal cosa". Y ni quisiera tienen la preocupación de ver cómo va eso en los balances. Podría ser una cosa parecida, si se quiere, a lo que es el presupuesto: la mayor parte de la plata la tienen en negro porque no la declaran. La tienen en Panamá o en otros paraísos fiscales.
Así no se puede manejar el Estado. No se lo puede manejar como una empresa. Mucho menos bajo la ilegalidad, ya que gran cantidad de funcionarios que son parte de este gobierno -inclusive el presidente de la Nación- está acostumbrado a manejar las empresas ilegalmente.
Estamos discutiendo sobre la base de 2,1 billones de pesos del presupuesto. Hay un 20 por ciento del PBI que no se explica de dónde sale, a dónde va ni cuándo. Encima uno tiene que tolerar que se digan una cantidad enorme de barbaridades. Hoy un diputado hablaba de Julio De Vido -nuestro ex ministro de Planificación que está preso de manera ilegal por culpa del régimen macrista- y decía que acá no se hizo nada.
Yo no me voy a poner a discutir si se hacía o no se hacía algo. Podemos recorrer el país -como decía una colega de Santiago del Estero- y ver cada provincia y municipio. Cada uno sabe la cantidad de obra pública que se hizo desde 2003 a la fecha. No quiero discutir eso.
Ahora bien, entiendo que ustedes mientan; lo que me preocupa es que se crean esa mentira. Ustedes nos hablaron del relato, de que nosotros no hicimos nada, de que el país estaba en la ruina, de la pesada herencia, etcétera. Está bien, me parece lícito. Uno entiende: mienten para hacer política. Lo que me preocupa es que se crean esas mentiras. Que se crean la mentira de que le están haciendo un bien a los jubilados. Teníamos cacerolazos en toda la Argentina y ustedes seguían insistiendo en que los jubilados perdían plata pero no poder adquisitivo. No se crean su propia mentira, colegas del oficialismo, porque van a cometer muchos más errores de este tipo. Lo único que dejan en claro es que hay un montón de empresarios que están esperando ver qué parte de estos 2,1 billones de pesos van a quedar en sus bolsillos. Esto nos parece una barbaridad.
Todavía no hay un listado claro de obras, y no se sabe cuándo se van a ejecutar. Tampoco se sabe cuándo se van a licitar. Ni siquiera hay pliegos de licitación. Con los compañeros de bloque pensábamos que tal vez haya una licitación donde se pida que se compita con proyectos enteros. Pero es una incógnita absoluta.
Creo sinceramente que se oculta una gran trampa para decirnos que hay una planificación que no existe, que van armando de acá hasta 2019 y se va a invertir una cantidad de plata que no hay manera de llevar adelante.
Además, no sabemos de dónde vienen ni hacia dónde van estos 2.1 billones de pesos. No sabemos cómo va a ser la forma de pago, si ese resto se va a pagar en 2020, o en treinta años, si se hará en efectivo, emitiendo deuda, bonos del Tesoro o si van a tener un interés determinado; no tenemos ni idea.
Según el Poder Ejecutivo hay que firmar un cheque en blanco para hacer lo que quieran con estos 2.1 billones de pesos. Se trata de un despropósito, de una barbaridad y de un atropello más del Poder Ejecutivo, no solamente contra el pueblo argentino sino también contra el conjunto de las instituciones y del Parlamento.
Menciono el atropello porque hace un rato, señor presidente, usted pedía a algún señor diputado que fuera redondeando porque estamos todos cansados, apurados y mañana tenemos una sesión larguísima. Entre otras cosas es así porque estamos discutiendo arriba de una bicicleta el presupuesto, la reforma tributaria, la reforma previsional, el pacto fiscal y una cantidad de proyectos más. Estamos corriendo una maratón, nos están llevando a las patadas a discusiones exprés de proyectos de ley que son sumamente importantes y que ni siquiera hay tiempo para discutir. Es decir, están vulnerando hasta lo que ustedes impusieron como mecanismo de discusión.
Para el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto anterior vinieron todos los ministros, estuvimos semanas discutiéndolo, podíamos ponernos de acuerdo o no pero por medio de ese mecanismo cada funcionario venía a explicar el presupuesto de su área y después se quedaban los secretarios. Nosotros no estábamos de acuerdo con lo que planificaban, pero podíamos discutir y de alguna manera fundamentar mejor nuestro voto.
Hoy no podemos discutir con nadie y no sabemos de dónde van a sacar estos 2.1 billones de pesos que representan casi un quinto del producto bruto interno de la Argentina.
Considero que es una locura y, como bien decía el compañero Axel Kicillof, aquí posiblemente haya endeudamiento encubierto y más deuda. Siguen achicando el Estado de todas las maneras posibles y también aquí puede haber privatizaciones encubiertas. Por ejemplo, en relación con las cárceles: viene un señor, construye una cárcel, se la alquila al Estado y brinda el servicio carcelario con su propia forma. También podría suceder con una escuela: la construye y se la alquila al Estado por cientos de años. Tal vez eso lo financiamos nosotros con un crédito del Banco Nación o del Banco Central, y digo "tal vez" porque no hay manera de saberlo. Damos un crédito a un señor para que construya una escuela, una cárcel, una ruta o un puente, él lo gestiona, se lo alquila al Estado y nos paga como puede o como quiere. Eso es lo que figura en esta planillita. Esto es el PPP. Es un mamarracho, señor presidente.
Por estas razones y otras tantas, no vamos a votar favorablemente este presupuesto, porque significa la destrucción del Estado en su capacidad de planificación y de desarrollo.
Durante once años con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner arrancábamos por un lugar, se planificaba y se hacían cosas que podían no tener gran rentabilidad pero que debían hacerse. Por ejemplo, llevar energía a lugares donde no había, trazar rutas que tal vez no eran las más importantes en términos comerciales pero que vinculaban pueblos incomunicados, llevar la televisión digital para que la gente pudiera estar comunicada, la interconexión de la Patagonia, las represas, el satélite ARSAT, lo relativo a ciencia y técnica; es decir, cosas que generaban capacidad de desarrollo.
Ustedes quieren hacer cárceles que pueden ser de un privado y que se la alquile al Estado de una manera que no sabemos cómo se financian ni se pagan.
Nos parece una locura, una barbaridad y un nuevo atropello. Por eso no vamos a acompañar este proyecto de presupuesto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra señor diputado Olivares.
SR. OLIVARES Señor presidente: voy a tratar de ser lo más sintético posible debido a la hora.
Primero, quiero recalcar lo que hemos hecho la semana pasada cuando el ministro del Interior Rogelio Frigerio visitó esta sala, fundamentalmente honrando el compromiso del gobierno nacional para con cada uno de los riojanos, que es fundamentalmente incorporar en el presupuesto nacional los fondos extracoparticipables que necesita nuestra provincia. Se trata de 2.800 millones de pesos que han acordado el gobierno nacional con el gobierno de la provincia. Los riojanos necesitamos que sean incorporados en el presupuesto nacional.
Más allá de las situaciones que nos ha tocado pasar en estos días, creo que las circunstancias ameritan que ningún riojano, y fundamentalmente los empleados públicos de nuestra provincia, se vea amenazado con falta de incrementos salariales y todo lo que conlleva a veces esta situación.
Por eso queremos darles la tranquilidad desde el gobierno nacional por la incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Nación, como así también la realización de obras que son importantes para nuestra provincia y fundamentalmente para la comunidad universitaria, tanto para la Universidad Nacional de La Rioja como para la Universidad Nacional de Chilecito. Se trata de obras emblemáticas que necesitamos para nuestros jóvenes, para que cursen sus carreras y que por supuesto podamos volcar a la comunidad riojana y devolver a través de profesionales que se gradúen en estas universidades un mejor pasar y por supuesto profesionales para el futuro.
Queremos que esté dentro del presupuesto nacional y que de esta forma aseguremos que ningún riojano se vea perjudicado.
Primero, quiero recalcar lo que hemos hecho la semana pasada cuando el ministro del Interior Rogelio Frigerio visitó esta sala, fundamentalmente honrando el compromiso del gobierno nacional para con cada uno de los riojanos, que es fundamentalmente incorporar en el presupuesto nacional los fondos extracoparticipables que necesita nuestra provincia. Se trata de 2.800 millones de pesos que han acordado el gobierno nacional con el gobierno de la provincia. Los riojanos necesitamos que sean incorporados en el presupuesto nacional.
Más allá de las situaciones que nos ha tocado pasar en estos días, creo que las circunstancias ameritan que ningún riojano, y fundamentalmente los empleados públicos de nuestra provincia, se vea amenazado con falta de incrementos salariales y todo lo que conlleva a veces esta situación.
Por eso queremos darles la tranquilidad desde el gobierno nacional por la incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Nación, como así también la realización de obras que son importantes para nuestra provincia y fundamentalmente para la comunidad universitaria, tanto para la Universidad Nacional de La Rioja como para la Universidad Nacional de Chilecito. Se trata de obras emblemáticas que necesitamos para nuestros jóvenes, para que cursen sus carreras y que por supuesto podamos volcar a la comunidad riojana y devolver a través de profesionales que se gradúen en estas universidades un mejor pasar y por supuesto profesionales para el futuro.
Queremos que esté dentro del presupuesto nacional y que de esta forma aseguremos que ningún riojano se vea perjudicado.
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Señor presidente: la verdad es que tengo algunas preocupaciones sobre los proyectos que estamos considerando en forma exprés en el mes de diciembre que pusieron en vilo a la población argentina que se vio reflejado en cacerolazos en todo el país donde salieron ciudadanos comunes, que muchos de ellos inclusive habían votado a Cambiemos, por la reforma previsional.
Quisiera saber por qué se considera primero la reforma provisional y no el presupuesto o estas leyes económicas que estamos intentando dar despacho de comisión -que creo que ustedes ya firmaron y que llega al recinto.
Me preocupa la idea de modernización del Estado. He estado con trabajadores del INTA, del INTI, del CONICET y tienen mucha preocupación. Muchos de ellos creen que con la modernización pueden perder su empleo. Obviamente, tienen sobrada razón de pensarlo porque este gobierno, que ungió el voto popular, en 2016 denostó a los trabajadores del Estado. Los hirió hasta en su dignidad, diciendo que eran grasa militante, que no trabajaban. Estoy citando algunas instituciones que conoce, porque usted es de Misiones, que son modelo, como el INTA, que es una institución modelo, y me preocupa.
No queremos que haya más despidos en la República Argentina. Sería encubierto plantear la modernización despidiendo trabajadores. Nosotros le decimos "no" a los despidos de trabajadores de la República Argentina, y este Congreso le dijo que no en 2016 cuando salió una ley de consenso para que no haya más despidos.
Quiero recordar que el presidente Macri vetó esa ley, que fue una ley que votaron todos los diputados y diputadas de este Congreso de la Nación, aunque habrá habido algunas excepciones.
Yendo al presupuesto, son metas. El pueblo manifiesta que los presupuestos no sirven para nada porque, por lo general, se miente, se dibuja; pero hay un presupuesto que quiero compartirlo con ustedes y con colegas de la obra pública en la provincia de Entre Ríos.
Uno es muy ambicioso, que nosotros compartimos, y es el puente -la unión física- Paraná-Santa Fe, que va a complementar lo que es una obra magnífica, profundamente federal, que es el túnel subfluvial. ¿Sabe cómo surgió el túnel subfluvial? La Nación quería imponerle a las dos provincias un puente y, con el apoyo del peronismo, los ex gobernadores -desarrollistas los dos- Sylvestre Begnis y Uranga -a quienes quiero rendir homenaje- se pelearon con la Nación y decidieron una unión física por debajo del lecho del río. Se trata de un ente biprovincial. Aclaro que estamos hablando de las décadas del 60 y del 70.
Quiero reivindicar ese hecho absolutamente federal y patriótico de dos provincias y dos pueblos que comprendieron y apoyaron esa idea loca de la unión física de 3,2 kilómetros por debajo del lecho del río. Era una locura, pero se realizó y hoy gozamos de esta obra.
Se lo quise comentar el otro día al ministro Dietrich y se enojó. Sé que a usted no, pero a su gobierno no le interesa la historia de nada. Creen que la historia empieza con ellos, y esto es muy grave.
Y para una nueva unión física, que es el nuevo puente, no se consultó de ninguna manera a las fuerzas vivas. El ministro aquí me dijo que habían decidido los dos intendentes de Santa Fe y Paraná. Yo fui intendente de Paraná y había un estudio que lo hicimos con personal del Estado provincial de ambas provincias y los Estados municipales por el que la unión física estaba en otra localización que la que ha decidido el gobierno nacional obcecadamente. Estaba al suroeste de la ciudad. Era un puente metropolitano que unía Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, Diamante, Oro Verde y la ciudad de Paraná. Es absolutamente distinto al planteo centralista que me dio el otro día el ministro Dietrich en su explicación o, mejor dicho, que no me dio, en todo caso.
Y para 2018también tiene un monto de un millón de pesos; para 2019, otro millón de pesos; para el 2020, 1.282 y otro dice 3.800 millones. La verdad que me descoloca, porque para 2018 y 2019 habla de un millón de pesos. Quisiera saber con qué dinero se va a hacer. En realidad, parecería hasta una burla.
Quiero decir que comparto la unión física porque tiene que ser una alternativa por la obsolescencia posible del túnel. En ningún momento en la planilla de la obra pública están especificadas las obras que se realizarán, porque puntualiza vagamente algunas obras. Solicito, por lo menos para la provincia de Entre Ríos, la posibilidad de que se detallen las obras que se realizarán. Aquí hay diputados entrerrianos y, aunque no estemos en el mismo espacio político, sería bueno que todos sepamos cuáles son las obras diseminadas a lo ancho y largo de la provincia de Entre Ríos para informar a nuestro pueblo.
Quiero señalar un hecho significativo vinculado con el PPP. Hay una obra que se está ejecutando desde la gestión anterior. Me refiero a la ruta 18, que recorre Concordia-Paraná. Se trata de la unión física del sueño del Atlántico con el Pacífico. Esto es muy importante. Se están construyendo la primera y la cuarta etapas, pero la segunda y la tercera etapa todavía no se construyeron.
El ministro me señaló que no se construían porque en ese tramo hay poca transitabilidad, aunque les conviene a las empresas que las podrían hacer. Me queda absolutamente claro: no es viable porque no es rentable. Considero que ahí es donde tiene que estar el Estado, para garantizar toda la traza de la ruta y no solamente el primer y el cuarto tramos, porque en el segundo y el tercer tramos quedan muchas localidades de desarrollo de la provincia.
Por lo tanto, solicito que se nos informe a las provincias cuáles son las obras que están dadas, en este caso, para la provincia Entre Ríos.
En el proyecto de presupuesto 2018 hay un listado de programas y categorías equivalentes. Encontré un rubro que es muy interesante recorrer, porque en realidad estamos en un plan aparentemente de ajuste, realmente de ajuste, de hacer eficiente el Estado, pero hay un monto de la unidad ejecutora de prensa y difusión de los actos de gobierno que es de 2.396 millones de pesos. Son empresas de difusión para los actos de gobierno del Estado nacional. ¡La verdad que es una cifra vergonzosa!
Ustedes se refieren al esfuerzo de resignar derechos adquiridos y ponemos 2.390 millones de pesos para prensa y difusión de los actos de gobierno. ¡Es escandaloso! Hay una gran contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. No hay dudas. No tengo más datos sobre esto, pero se pueden buscar.
No voy a extenderme en mi exposición. Considero que todos los diputados y las diputadas necesitamos ayuda en ese sentido. Todos reivindicamos a los bomberos voluntarios de nuestro país, más todavía quienes fuimos intendentes, porque se reivindica ese hecho de enorme de coraje, de decisión, de ayuda, en función no solamente de la siniestralidades, sino de las inundaciones, de personas que pueden perder su casa por incendios, etcétera.
En la República Argentina hay alrededor de 900 bomberos y en la provincia de Entre Ríos son menos de 50. Nosotros estamos muy preocupados, porque de aprobarse tal como está este presupuesto les recortarán a los bomberos lo que les corresponde por ley. La ley de bomberos voluntarios se financia con el 0,45 del total de las pólizas de seguro.
Pido ayuda a todos los diputados y las diputadas -en especial a los diputados entrerrianos que han sido intendentes, igual que yo- para que no se toque en absoluto lo que dispone la ley acerca de que los bomberos voluntarios cobren el 0,45 por ciento del total de las pólizas de seguros. Es injusto que se les saque esto y, además, no corresponde porque lo avala una ley. Estaríamos dejando una ley de lado, no solamente de forma injusta sino también cometiendo un grave error.
Señor presidente: como lo conozco, le pido que haga carne la posibilidad de que no se le saque un peso a los bomberos voluntarios de todo el país.
Soy de la provincia de Entre Ríos y sé el servicio que brindan los bomberos voluntarios de pueblos chicos como, por ejemplo, María Grande o Hasenkamp. Son modelos de organización y de administración, y para ellos estos 600 mil pesos por año es todo ya que pueden comprar autobombas y mejorar su tecnología, vestimenta y demás recursos que utilizan cuando les toca actuar.
Por eso, solicito encarecidamente que no se les toque un peso a los bomberos voluntarios del país, en este caso de la provincia de Entre Ríos, y que respetemos la ley de financiamiento que les asigna el 0,45 por ciento del total de las pólizas de seguro. (Aplausos.)
Quisiera saber por qué se considera primero la reforma provisional y no el presupuesto o estas leyes económicas que estamos intentando dar despacho de comisión -que creo que ustedes ya firmaron y que llega al recinto.
Me preocupa la idea de modernización del Estado. He estado con trabajadores del INTA, del INTI, del CONICET y tienen mucha preocupación. Muchos de ellos creen que con la modernización pueden perder su empleo. Obviamente, tienen sobrada razón de pensarlo porque este gobierno, que ungió el voto popular, en 2016 denostó a los trabajadores del Estado. Los hirió hasta en su dignidad, diciendo que eran grasa militante, que no trabajaban. Estoy citando algunas instituciones que conoce, porque usted es de Misiones, que son modelo, como el INTA, que es una institución modelo, y me preocupa.
No queremos que haya más despidos en la República Argentina. Sería encubierto plantear la modernización despidiendo trabajadores. Nosotros le decimos "no" a los despidos de trabajadores de la República Argentina, y este Congreso le dijo que no en 2016 cuando salió una ley de consenso para que no haya más despidos.
Quiero recordar que el presidente Macri vetó esa ley, que fue una ley que votaron todos los diputados y diputadas de este Congreso de la Nación, aunque habrá habido algunas excepciones.
Yendo al presupuesto, son metas. El pueblo manifiesta que los presupuestos no sirven para nada porque, por lo general, se miente, se dibuja; pero hay un presupuesto que quiero compartirlo con ustedes y con colegas de la obra pública en la provincia de Entre Ríos.
Uno es muy ambicioso, que nosotros compartimos, y es el puente -la unión física- Paraná-Santa Fe, que va a complementar lo que es una obra magnífica, profundamente federal, que es el túnel subfluvial. ¿Sabe cómo surgió el túnel subfluvial? La Nación quería imponerle a las dos provincias un puente y, con el apoyo del peronismo, los ex gobernadores -desarrollistas los dos- Sylvestre Begnis y Uranga -a quienes quiero rendir homenaje- se pelearon con la Nación y decidieron una unión física por debajo del lecho del río. Se trata de un ente biprovincial. Aclaro que estamos hablando de las décadas del 60 y del 70.
Quiero reivindicar ese hecho absolutamente federal y patriótico de dos provincias y dos pueblos que comprendieron y apoyaron esa idea loca de la unión física de 3,2 kilómetros por debajo del lecho del río. Era una locura, pero se realizó y hoy gozamos de esta obra.
Se lo quise comentar el otro día al ministro Dietrich y se enojó. Sé que a usted no, pero a su gobierno no le interesa la historia de nada. Creen que la historia empieza con ellos, y esto es muy grave.
Y para una nueva unión física, que es el nuevo puente, no se consultó de ninguna manera a las fuerzas vivas. El ministro aquí me dijo que habían decidido los dos intendentes de Santa Fe y Paraná. Yo fui intendente de Paraná y había un estudio que lo hicimos con personal del Estado provincial de ambas provincias y los Estados municipales por el que la unión física estaba en otra localización que la que ha decidido el gobierno nacional obcecadamente. Estaba al suroeste de la ciudad. Era un puente metropolitano que unía Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, Diamante, Oro Verde y la ciudad de Paraná. Es absolutamente distinto al planteo centralista que me dio el otro día el ministro Dietrich en su explicación o, mejor dicho, que no me dio, en todo caso.
Y para 2018también tiene un monto de un millón de pesos; para 2019, otro millón de pesos; para el 2020, 1.282 y otro dice 3.800 millones. La verdad que me descoloca, porque para 2018 y 2019 habla de un millón de pesos. Quisiera saber con qué dinero se va a hacer. En realidad, parecería hasta una burla.
Quiero decir que comparto la unión física porque tiene que ser una alternativa por la obsolescencia posible del túnel. En ningún momento en la planilla de la obra pública están especificadas las obras que se realizarán, porque puntualiza vagamente algunas obras. Solicito, por lo menos para la provincia de Entre Ríos, la posibilidad de que se detallen las obras que se realizarán. Aquí hay diputados entrerrianos y, aunque no estemos en el mismo espacio político, sería bueno que todos sepamos cuáles son las obras diseminadas a lo ancho y largo de la provincia de Entre Ríos para informar a nuestro pueblo.
Quiero señalar un hecho significativo vinculado con el PPP. Hay una obra que se está ejecutando desde la gestión anterior. Me refiero a la ruta 18, que recorre Concordia-Paraná. Se trata de la unión física del sueño del Atlántico con el Pacífico. Esto es muy importante. Se están construyendo la primera y la cuarta etapas, pero la segunda y la tercera etapa todavía no se construyeron.
El ministro me señaló que no se construían porque en ese tramo hay poca transitabilidad, aunque les conviene a las empresas que las podrían hacer. Me queda absolutamente claro: no es viable porque no es rentable. Considero que ahí es donde tiene que estar el Estado, para garantizar toda la traza de la ruta y no solamente el primer y el cuarto tramos, porque en el segundo y el tercer tramos quedan muchas localidades de desarrollo de la provincia.
Por lo tanto, solicito que se nos informe a las provincias cuáles son las obras que están dadas, en este caso, para la provincia Entre Ríos.
En el proyecto de presupuesto 2018 hay un listado de programas y categorías equivalentes. Encontré un rubro que es muy interesante recorrer, porque en realidad estamos en un plan aparentemente de ajuste, realmente de ajuste, de hacer eficiente el Estado, pero hay un monto de la unidad ejecutora de prensa y difusión de los actos de gobierno que es de 2.396 millones de pesos. Son empresas de difusión para los actos de gobierno del Estado nacional. ¡La verdad que es una cifra vergonzosa!
Ustedes se refieren al esfuerzo de resignar derechos adquiridos y ponemos 2.390 millones de pesos para prensa y difusión de los actos de gobierno. ¡Es escandaloso! Hay una gran contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. No hay dudas. No tengo más datos sobre esto, pero se pueden buscar.
No voy a extenderme en mi exposición. Considero que todos los diputados y las diputadas necesitamos ayuda en ese sentido. Todos reivindicamos a los bomberos voluntarios de nuestro país, más todavía quienes fuimos intendentes, porque se reivindica ese hecho de enorme de coraje, de decisión, de ayuda, en función no solamente de la siniestralidades, sino de las inundaciones, de personas que pueden perder su casa por incendios, etcétera.
En la República Argentina hay alrededor de 900 bomberos y en la provincia de Entre Ríos son menos de 50. Nosotros estamos muy preocupados, porque de aprobarse tal como está este presupuesto les recortarán a los bomberos lo que les corresponde por ley. La ley de bomberos voluntarios se financia con el 0,45 del total de las pólizas de seguro.
Pido ayuda a todos los diputados y las diputadas -en especial a los diputados entrerrianos que han sido intendentes, igual que yo- para que no se toque en absoluto lo que dispone la ley acerca de que los bomberos voluntarios cobren el 0,45 por ciento del total de las pólizas de seguros. Es injusto que se les saque esto y, además, no corresponde porque lo avala una ley. Estaríamos dejando una ley de lado, no solamente de forma injusta sino también cometiendo un grave error.
Señor presidente: como lo conozco, le pido que haga carne la posibilidad de que no se le saque un peso a los bomberos voluntarios de todo el país.
Soy de la provincia de Entre Ríos y sé el servicio que brindan los bomberos voluntarios de pueblos chicos como, por ejemplo, María Grande o Hasenkamp. Son modelos de organización y de administración, y para ellos estos 600 mil pesos por año es todo ya que pueden comprar autobombas y mejorar su tecnología, vestimenta y demás recursos que utilizan cuando les toca actuar.
Por eso, solicito encarecidamente que no se les toque un peso a los bomberos voluntarios del país, en este caso de la provincia de Entre Ríos, y que respetemos la ley de financiamiento que les asigna el 0,45 por ciento del total de las pólizas de seguro. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Les consulto a los señores diputados si están de acuerdo en que cerremos la lista de oradores; quedan nueve diputados anotados.
Asentimiento.
SR. PRESIDENTE PASTORI No habiendo oposición, queda cerrada la lista de oradores.
Quiero hacer un par de aclaraciones muy breves.
El presidente Laspina me ha informado que están absolutamente garantizados los aportes a los bomberos voluntarios. No se ha modificado la parte de la ley de impuestos internos que destina ese porcentaje al financiamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios. O sea, está absolutamente garantizado el dinero a los bomberos tal cual lo marca la ley.
En relación con lo manifestado por el diputado Grana, cuando en el presupuesto nacional del 2018, 2019 y 2020 no figura ninguna inversión por parte del Estado es porque esos años los privados harán las inversiones. A partir del 2021 comenzará el reintegro según la modalidad que corresponda y que se haya pactado en los contratos celebrados con cada empresa y en relación con cada obra en particular. Esto será controlado por la comisión bicameral que se constituya a tal efecto -seguramente será en el mes de febrero como es habitual- junto con las demás comisiones bicamerales, permanentes y especiales de la Cámara.
Entonces, repito, no hay inversión prevista porque el Estado no va a invertir nada y los pocos más de dos billones de pesos son a pagar en varios años, depende del tiempo que dure el contrato de cada obra.
Tiene la palabra el diputado Snopek.
Quiero hacer un par de aclaraciones muy breves.
El presidente Laspina me ha informado que están absolutamente garantizados los aportes a los bomberos voluntarios. No se ha modificado la parte de la ley de impuestos internos que destina ese porcentaje al financiamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios. O sea, está absolutamente garantizado el dinero a los bomberos tal cual lo marca la ley.
En relación con lo manifestado por el diputado Grana, cuando en el presupuesto nacional del 2018, 2019 y 2020 no figura ninguna inversión por parte del Estado es porque esos años los privados harán las inversiones. A partir del 2021 comenzará el reintegro según la modalidad que corresponda y que se haya pactado en los contratos celebrados con cada empresa y en relación con cada obra en particular. Esto será controlado por la comisión bicameral que se constituya a tal efecto -seguramente será en el mes de febrero como es habitual- junto con las demás comisiones bicamerales, permanentes y especiales de la Cámara.
Entonces, repito, no hay inversión prevista porque el Estado no va a invertir nada y los pocos más de dos billones de pesos son a pagar en varios años, depende del tiempo que dure el contrato de cada obra.
Tiene la palabra el diputado Snopek.
SR. SNOPEK Señor presidente: en primer lugar, quiero ratificar todo lo expresado por la diputada Martínez, quien describió aquellas obras, proyectos y programas que desde la provincia de Jujuy necesitamos que se incorporen al presupuesto nacional.
Ese es un trabajo que hemos desarrollado los diputados nacionales que representamos a esa provincia en conjunto con el gobernador, y que en muchos casos responde a aquellos acuerdos que se han realizado con los representantes del Ejecutivo nacional en sus distintas visitas a nuestro territorio.
En ese sentido, quiero hacer foco en una cuestión particular que tiene que ver con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En el presupuesto que corresponde a la provincia de Jujuy observamos una merma del 38,1 por ciento para el programa Hábitat en relación con los fondos previstos en el ejercicio 2017. Nosotros consideramos que es necesario que se refleje y que se disponga, por lo menos, los mismos fondos que hemos tenido en el ejercicio 2017. Si no, tendríamos que pedir al menos el incremento promedio del impacto inflacionario en este ejercicio, es decir, un 23 por ciento adicional, para que en definitiva se realice la misma cantidad de obras que se van ejecutando. Por ejemplo, por el problema que tuvimos del aluvión en Volcán en enero del año pasado, hay obras comprometidas del Plan Hábitat que claramente van a resultar insuficientes si las partidas presupuestarias son las que originalmente contempla el proyecto de presupuesto. Queremos que esto se corrija y se pongan los fondos suficientes para poder llevar adelante estos compromisos.
Quiero advertir algunas cuestiones del presupuesto en términos más generales. Quienes representamos a las provincias -en mi caso como una oposición constructiva al gobierno nacional- vemos un cierto sesgo centralista en el presupuesto nacional. Esto lo vemos a partir de hacer la ecuación más simple, que es dividir los fondos destinados a cada una de las provincias argentinas y compararlos con los fondos destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí evidentemente está la mayor parte de la erogación del gasto público nacional. Si se divide por la cantidad de habitantes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 250.000 pesos promedio per cápita, mientras que el promedio de las provincias es de 38.000. La que más tiene es 40.000 pesos y pico per cápita. Es decir que el gasto público destinado a Buenos Aires es casi cinco veces mayor que el destinado a las provincias.
Por otro lado, las obras de infraestructura estaban ubicadas históricamente en las regiones más apartadas de la Argentina, donde los accesos y vías de comunicación son más difíciles. Sin embargo, advertimos que se incorporan en el presupuesto cuantiosas obras en la Capital Federal y en el conurbano de Buenos Aires. Pero ocurre una cosa respecto de obras como el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento o en el megaproyecto de la estación debajo del Obelisco.
Resulta que como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pleno empleo, y para una obra como la del soterramiento harían falta, según palabras del ministro, alrededor de 20.000 personas, van a migrar muchos trabajadores de nuestras provincias. De lo contrario, no habría quién trabaje. Muchos de ellos seguramente no vuelvan a sus provincias. Así, vamos a seguir centralizando la Argentina, cuando en verdad deberíamos hacer un país amplio, que se desarrolle armónicamente a lo largo y ancho de su territorio. En definitiva, eso es lo que nos va a permitir ser un país desarrollado; al menos, es lo que hicieron otros países del mundo como los Estados Unidos. Después de la década del 30 los Estados Unidos tejieron una red de autopistas que unieron el país entero, poniendo peaje en las zonas más ricas y eximiendo del mismo a las zonas más postergados. Nosotros nos copiamos de algunas cosas pero de las políticas diferenciales no nos copiamos. O hacemos lo contrario: como ocurrió ayer con la derogación de la parte diferencial, que era la única política activa que había en materia tributaria para compensar las asimetrías que existen en la Argentina.
En el mismo orden, advertimos un recorte en aquellas áreas del gobierno nacional que se ejecutan a lo largo y ancho de la Argentina. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se observa un recorte. El INTA está presente en todo el territorio argentino, ayudando a la producción para que, en definitiva, se pueda pensar que las áreas apartadas de la Argentina pueden desarrollarse.
Lo mismo digo respecto del Senasa o del Fondo Federal Solidario. Este fondo financia obras de infraestructura para los pequeños municipios a lo largo y ancho de la Argentina, pero va a sufrir un recorte importante al disminuirse las retenciones a la soja.
Insisto, lo mismo sucede con el fondo del Medio Ambiente. Es evidente que aquí no hay medio ambiente para proteger pero sí en mi provincia o en aquellas que tienen bosques nativos, como es el caso de Chaco y Formosa. En ese sentido, advertimos un recorte en relación con los fondos del medio ambiente y también el incumplimiento respecto de lo que marca la ley en relación con cuánto deberían contemplar las partidas presupuestarias en cada momento.
Lo mismo sucede con el tema de los bomberos voluntarios. Recién escuchaba que decían que no se van a recortar las partidas pero en principio había un recorte previsto.
¿Dónde no se recorta? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Por supuesto, queremos que haya salud en la Argentina pero dicho ministerio tiene una enorme estructura burocrática a nivel nacional y solo tiene un hospital a cargo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que hace tiempo se ha transferido a las provincias la responsabilidad sobre los hospitales, las escuelas primarias y los colegios secundarios.
En el mismo sentido, en relación con el Ministerio de Educación, compartimos que los fondos son necesarios. De hecho, respecto de lo que tenía presupuestado el Consejo Interuniversitario Nacional para las universidades, vemos cuantiosos recursos en los fondos nacionales para educación cuando en definitiva, el Ministerio de Educación no tiene a su cargo escuelas ni colegios secundarios sino que están a cargo de las provincias.
Por otra parte, sí quisiéramos que se gaste en educación en un proyecto que el Frente Renovador ha presentado en 2016 para llevar adelante un largo reclamo, me refiero al boleto estudiantil gratuito. Varias provincias lo están haciendo a su propio costo, pero hay muchos estudiantes que migran de una provincia a otra, o que tienen un tramo interprovincial que deben costear de su propio bolsillo y en muchos casos no les alcanza. Para unificar en toda la Argentina pedíamos el boleto universal gratuito y que aquellas provincias que ya tienen el sistema pudieran tener algún mecanismo de compensación con la Nación. En el caso de Jujuy lo solventa la propia provincia.
Otro tema que quiero considerar en relación con el presupuesto se refiere a las obras por el sistema de PPP. He escuchado atentamente a los señores diputados pero considero que el nivel de detalle que tienen las planillas complementarias es, por lo menos, inadecuado.
Personalmente, he consultado respecto de una obra particular que estaba incluida en el presupuesto 2017 para la provincia de Jujuy. Quise buscar las partidas presupuestarias para 2018 de la obra de doble trocha de la Ruta 34, desde Torzalito en la provincia se Salta hasta San Pedro de Jujuy y se me ha dicho que estaba dentro de las obras del programa PIP, Programa de Infraestructura Prioritaria. Me dijeron que figuraba en el artículo 15 pero no se refiere a ese tema. Luego me dijeron que era el artículo 19, pero tampoco figura y no hay ninguna planilla anexa que haya podido encontrar. He buscado con gente que trabaja y trabajó durante muchos años en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta casa pero no encuentro planillas complementarias que digan que está allí.
Si miramos las planillas del PPP, que son insuficientes, sí hay allí una referencia a la obra de la Ruta 34 pero incluye todo lo que se va a hacer en ella por un valor de más de 80.000 millones de pesos. Antes estaba dentro de las partidas de obras plurianuales y ahora la pasaron a PPP. No sé bien cuál será la modalidad de contrato o cómo funciona, ya se licitaron algunos tramos e imagino que está dentro de los 80.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora no he podido encontrar respuestas si es así o no y supuestamente mañana trataremos el proyecto de presupuesto nacional.
En tal sentido, el año pasado he presentado un proyecto de ley relacionado con la ley de administración financiera por el que se propone la corrección del artículo 15 de dicha ley, de tal manera que las planillas de obras plurianuales tengan un grado de detalle en el que se pueda visualizar con claridad la jurisdicción geográfica de las obras y lo mismo se debería hacer respecto del PPP.
Vamos a incluir esa parte en este proyecto porque en realidad, teniendo en cuenta el nivel de detalle que hay actualmente, no se puede corregir.
Pido entonces que se pueda tratar, ya que no lo hemos hecho y se ha presentado el artículo 15 en el 2016. Cuando vinieron los ministros Obras Públicas, de Hacienda y Dietrich les hemos pedido el nivel de detalle de las obras. Nos han dicho que sí pero, en definitiva, los diputados seguimos sin tener ese nivel de detalle de las obras.
En cuanto a la macroeconomía no quiero dejar de señalar que nos aflige el nivel de inflación que, en definitiva, es el impuesto a los pobres, y quienes terminan pagando el peso del impuesto inflacionario son quienes reciben los menores recursos en la Argentina.
Nos preocupa sensiblemente el nivel de la deuda y su devolución. No se ha constituido y creemos que es oportuno que, así como decían que en el mes de febrero se iba a constituir la Comisión Bicameral por el tema de los PPP, se constituya antes de comenzar las sesiones ordinarias del próximo año la Comisión Bicameral de seguimiento y de tratamiento de la deuda.
Hace tiempo hay un proyecto del Senado que vino a esta Cámara que no se trata y que tiene que considerar esta comisión relacionado con la autorización expresa del Congreso de la Nación -es decir que el Congreso recupere las facultades que le son propias por Constitución Nacional- en cada una de las partidas de la deuda, teniendo los detalles de para qué se va a descontar la deuda, el importe, por qué plazos y bajo qué condiciones. En definitiva, es uno de los proyectos que tiene que tratar esta Comisión. Si eso no ocurre por lo menos que se constituya la Comisión Bicameral correspondiente.
Ese es un trabajo que hemos desarrollado los diputados nacionales que representamos a esa provincia en conjunto con el gobernador, y que en muchos casos responde a aquellos acuerdos que se han realizado con los representantes del Ejecutivo nacional en sus distintas visitas a nuestro territorio.
En ese sentido, quiero hacer foco en una cuestión particular que tiene que ver con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En el presupuesto que corresponde a la provincia de Jujuy observamos una merma del 38,1 por ciento para el programa Hábitat en relación con los fondos previstos en el ejercicio 2017. Nosotros consideramos que es necesario que se refleje y que se disponga, por lo menos, los mismos fondos que hemos tenido en el ejercicio 2017. Si no, tendríamos que pedir al menos el incremento promedio del impacto inflacionario en este ejercicio, es decir, un 23 por ciento adicional, para que en definitiva se realice la misma cantidad de obras que se van ejecutando. Por ejemplo, por el problema que tuvimos del aluvión en Volcán en enero del año pasado, hay obras comprometidas del Plan Hábitat que claramente van a resultar insuficientes si las partidas presupuestarias son las que originalmente contempla el proyecto de presupuesto. Queremos que esto se corrija y se pongan los fondos suficientes para poder llevar adelante estos compromisos.
Quiero advertir algunas cuestiones del presupuesto en términos más generales. Quienes representamos a las provincias -en mi caso como una oposición constructiva al gobierno nacional- vemos un cierto sesgo centralista en el presupuesto nacional. Esto lo vemos a partir de hacer la ecuación más simple, que es dividir los fondos destinados a cada una de las provincias argentinas y compararlos con los fondos destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí evidentemente está la mayor parte de la erogación del gasto público nacional. Si se divide por la cantidad de habitantes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 250.000 pesos promedio per cápita, mientras que el promedio de las provincias es de 38.000. La que más tiene es 40.000 pesos y pico per cápita. Es decir que el gasto público destinado a Buenos Aires es casi cinco veces mayor que el destinado a las provincias.
Por otro lado, las obras de infraestructura estaban ubicadas históricamente en las regiones más apartadas de la Argentina, donde los accesos y vías de comunicación son más difíciles. Sin embargo, advertimos que se incorporan en el presupuesto cuantiosas obras en la Capital Federal y en el conurbano de Buenos Aires. Pero ocurre una cosa respecto de obras como el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento o en el megaproyecto de la estación debajo del Obelisco.
Resulta que como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pleno empleo, y para una obra como la del soterramiento harían falta, según palabras del ministro, alrededor de 20.000 personas, van a migrar muchos trabajadores de nuestras provincias. De lo contrario, no habría quién trabaje. Muchos de ellos seguramente no vuelvan a sus provincias. Así, vamos a seguir centralizando la Argentina, cuando en verdad deberíamos hacer un país amplio, que se desarrolle armónicamente a lo largo y ancho de su territorio. En definitiva, eso es lo que nos va a permitir ser un país desarrollado; al menos, es lo que hicieron otros países del mundo como los Estados Unidos. Después de la década del 30 los Estados Unidos tejieron una red de autopistas que unieron el país entero, poniendo peaje en las zonas más ricas y eximiendo del mismo a las zonas más postergados. Nosotros nos copiamos de algunas cosas pero de las políticas diferenciales no nos copiamos. O hacemos lo contrario: como ocurrió ayer con la derogación de la parte diferencial, que era la única política activa que había en materia tributaria para compensar las asimetrías que existen en la Argentina.
En el mismo orden, advertimos un recorte en aquellas áreas del gobierno nacional que se ejecutan a lo largo y ancho de la Argentina. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se observa un recorte. El INTA está presente en todo el territorio argentino, ayudando a la producción para que, en definitiva, se pueda pensar que las áreas apartadas de la Argentina pueden desarrollarse.
Lo mismo digo respecto del Senasa o del Fondo Federal Solidario. Este fondo financia obras de infraestructura para los pequeños municipios a lo largo y ancho de la Argentina, pero va a sufrir un recorte importante al disminuirse las retenciones a la soja.
Insisto, lo mismo sucede con el fondo del Medio Ambiente. Es evidente que aquí no hay medio ambiente para proteger pero sí en mi provincia o en aquellas que tienen bosques nativos, como es el caso de Chaco y Formosa. En ese sentido, advertimos un recorte en relación con los fondos del medio ambiente y también el incumplimiento respecto de lo que marca la ley en relación con cuánto deberían contemplar las partidas presupuestarias en cada momento.
Lo mismo sucede con el tema de los bomberos voluntarios. Recién escuchaba que decían que no se van a recortar las partidas pero en principio había un recorte previsto.
¿Dónde no se recorta? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Por supuesto, queremos que haya salud en la Argentina pero dicho ministerio tiene una enorme estructura burocrática a nivel nacional y solo tiene un hospital a cargo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que hace tiempo se ha transferido a las provincias la responsabilidad sobre los hospitales, las escuelas primarias y los colegios secundarios.
En el mismo sentido, en relación con el Ministerio de Educación, compartimos que los fondos son necesarios. De hecho, respecto de lo que tenía presupuestado el Consejo Interuniversitario Nacional para las universidades, vemos cuantiosos recursos en los fondos nacionales para educación cuando en definitiva, el Ministerio de Educación no tiene a su cargo escuelas ni colegios secundarios sino que están a cargo de las provincias.
Por otra parte, sí quisiéramos que se gaste en educación en un proyecto que el Frente Renovador ha presentado en 2016 para llevar adelante un largo reclamo, me refiero al boleto estudiantil gratuito. Varias provincias lo están haciendo a su propio costo, pero hay muchos estudiantes que migran de una provincia a otra, o que tienen un tramo interprovincial que deben costear de su propio bolsillo y en muchos casos no les alcanza. Para unificar en toda la Argentina pedíamos el boleto universal gratuito y que aquellas provincias que ya tienen el sistema pudieran tener algún mecanismo de compensación con la Nación. En el caso de Jujuy lo solventa la propia provincia.
Otro tema que quiero considerar en relación con el presupuesto se refiere a las obras por el sistema de PPP. He escuchado atentamente a los señores diputados pero considero que el nivel de detalle que tienen las planillas complementarias es, por lo menos, inadecuado.
Personalmente, he consultado respecto de una obra particular que estaba incluida en el presupuesto 2017 para la provincia de Jujuy. Quise buscar las partidas presupuestarias para 2018 de la obra de doble trocha de la Ruta 34, desde Torzalito en la provincia se Salta hasta San Pedro de Jujuy y se me ha dicho que estaba dentro de las obras del programa PIP, Programa de Infraestructura Prioritaria. Me dijeron que figuraba en el artículo 15 pero no se refiere a ese tema. Luego me dijeron que era el artículo 19, pero tampoco figura y no hay ninguna planilla anexa que haya podido encontrar. He buscado con gente que trabaja y trabajó durante muchos años en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta casa pero no encuentro planillas complementarias que digan que está allí.
Si miramos las planillas del PPP, que son insuficientes, sí hay allí una referencia a la obra de la Ruta 34 pero incluye todo lo que se va a hacer en ella por un valor de más de 80.000 millones de pesos. Antes estaba dentro de las partidas de obras plurianuales y ahora la pasaron a PPP. No sé bien cuál será la modalidad de contrato o cómo funciona, ya se licitaron algunos tramos e imagino que está dentro de los 80.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora no he podido encontrar respuestas si es así o no y supuestamente mañana trataremos el proyecto de presupuesto nacional.
En tal sentido, el año pasado he presentado un proyecto de ley relacionado con la ley de administración financiera por el que se propone la corrección del artículo 15 de dicha ley, de tal manera que las planillas de obras plurianuales tengan un grado de detalle en el que se pueda visualizar con claridad la jurisdicción geográfica de las obras y lo mismo se debería hacer respecto del PPP.
Vamos a incluir esa parte en este proyecto porque en realidad, teniendo en cuenta el nivel de detalle que hay actualmente, no se puede corregir.
Pido entonces que se pueda tratar, ya que no lo hemos hecho y se ha presentado el artículo 15 en el 2016. Cuando vinieron los ministros Obras Públicas, de Hacienda y Dietrich les hemos pedido el nivel de detalle de las obras. Nos han dicho que sí pero, en definitiva, los diputados seguimos sin tener ese nivel de detalle de las obras.
En cuanto a la macroeconomía no quiero dejar de señalar que nos aflige el nivel de inflación que, en definitiva, es el impuesto a los pobres, y quienes terminan pagando el peso del impuesto inflacionario son quienes reciben los menores recursos en la Argentina.
Nos preocupa sensiblemente el nivel de la deuda y su devolución. No se ha constituido y creemos que es oportuno que, así como decían que en el mes de febrero se iba a constituir la Comisión Bicameral por el tema de los PPP, se constituya antes de comenzar las sesiones ordinarias del próximo año la Comisión Bicameral de seguimiento y de tratamiento de la deuda.
Hace tiempo hay un proyecto del Senado que vino a esta Cámara que no se trata y que tiene que considerar esta comisión relacionado con la autorización expresa del Congreso de la Nación -es decir que el Congreso recupere las facultades que le son propias por Constitución Nacional- en cada una de las partidas de la deuda, teniendo los detalles de para qué se va a descontar la deuda, el importe, por qué plazos y bajo qué condiciones. En definitiva, es uno de los proyectos que tiene que tratar esta Comisión. Si eso no ocurre por lo menos que se constituya la Comisión Bicameral correspondiente.
SR. PRESIDENTE PASTORI Estaba tratando de encontrar dentro de los artículos lo que mencionaba el diputado. Cuando estuvieron las autoridades del área de transporte anunciaron que hay un artículo que establece las obligaciones del PIP sin el detalle, que es el mismo detalle de lo que había sido autorizado en ejercicios anteriores.
Después lo chequeamos, pero en el presupuesto 2017 vigente son las mismas obras que continúan con el mismo régimen de PIP, si es que está incluida la obra que está señalando en este presupuesto actualmente vigente, aprobado el año pasado.
Tiene la palabra la señora diputada Russo.
Después lo chequeamos, pero en el presupuesto 2017 vigente son las mismas obras que continúan con el mismo régimen de PIP, si es que está incluida la obra que está señalando en este presupuesto actualmente vigente, aprobado el año pasado.
Tiene la palabra la señora diputada Russo.
SRA. RUSSO Señor Presidente: voy a intentar ser breve atento a su pedido y a la hora.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer una solicitud. Se trata de un pedido que tengo presente todos los días y que tiene que ver con la imperiosa necesidad de acceso a la salud de más de 3 millones de personas que vivimos en la región sanitaria quinta de la provincia de Buenos Aires.
Falta infraestructura para resolver el segundo nivel de atención sanitaria de toda la región y como les decía somos más de 3 millones de personas. Es por eso que en los últimos años durante el gobierno anterior, se había comenzado la construcción de los Hospitales del Bicentenario. Estos hospitales estaban planificados en zonas densamente pobladas como la región quinta. Para diciembre de 2015 existían siete hospitales de alta complejidad y numerosos centros de medicina nuclear en muy avanzado estado de obra. Además, de las obras físicas los proyectos sanitarios y la adquisición de gran parte de los equipamientos se encontraban completados.
En los dos últimos años, en ocasión del cambio de gobierno nacional y provincial, estos proyectos están paralizados o abandonados, afectando la capacidad de respuesta del sistema de salud.
La paralización de las obras de estos siete hospitales cuando están avanzadas en un 90 o 95 por ciento no parece ser meramente una falta de recursos. Esta paralización deja a más de 3 millones de personas a una decisión política de distancia del acceso a la salud.
Le voy a mostrar por qué: estas son fotos del Hospital del Bicentenario de Garín. El edificio está en pie, se han invertido 400 millones de pesos del Estado nacional y si hoy el Estado no le dedica el 5 o 7 por ciento que le falta a la obra, son 400 millones de pesos que hoy están en franco deterioro.
Puntualmente, este hospital de Garín está avanzado en un 90 o 95 por ciento y toda la aparatología médica está comprada, es por eso que pido encarecidamente la culminación de estos hospitales del bicentenario para que sea incorporado nuevamente al presupuesto que desde hace dos años que ya no lo está.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer una solicitud. Se trata de un pedido que tengo presente todos los días y que tiene que ver con la imperiosa necesidad de acceso a la salud de más de 3 millones de personas que vivimos en la región sanitaria quinta de la provincia de Buenos Aires.
Falta infraestructura para resolver el segundo nivel de atención sanitaria de toda la región y como les decía somos más de 3 millones de personas. Es por eso que en los últimos años durante el gobierno anterior, se había comenzado la construcción de los Hospitales del Bicentenario. Estos hospitales estaban planificados en zonas densamente pobladas como la región quinta. Para diciembre de 2015 existían siete hospitales de alta complejidad y numerosos centros de medicina nuclear en muy avanzado estado de obra. Además, de las obras físicas los proyectos sanitarios y la adquisición de gran parte de los equipamientos se encontraban completados.
En los dos últimos años, en ocasión del cambio de gobierno nacional y provincial, estos proyectos están paralizados o abandonados, afectando la capacidad de respuesta del sistema de salud.
La paralización de las obras de estos siete hospitales cuando están avanzadas en un 90 o 95 por ciento no parece ser meramente una falta de recursos. Esta paralización deja a más de 3 millones de personas a una decisión política de distancia del acceso a la salud.
Le voy a mostrar por qué: estas son fotos del Hospital del Bicentenario de Garín. El edificio está en pie, se han invertido 400 millones de pesos del Estado nacional y si hoy el Estado no le dedica el 5 o 7 por ciento que le falta a la obra, son 400 millones de pesos que hoy están en franco deterioro.
Puntualmente, este hospital de Garín está avanzado en un 90 o 95 por ciento y toda la aparatología médica está comprada, es por eso que pido encarecidamente la culminación de estos hospitales del bicentenario para que sea incorporado nuevamente al presupuesto que desde hace dos años que ya no lo está.
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el señor diputado Rauschenberger.
SR. RAUSCHENBERGER Señor presidente: en el mismo sentido que otros diputados preopinantes, queremos manifestar nuestra preocupación por los fondos asignados en el presupuesto al sistema de cuerpos de bomberos voluntarios de nuestro país.
Del total de 886 que existen a nivel nacional, en la provincia de La Pampa tenemos 35 cuerpos de bomberos. Agradecemos la preocupación y la respuesta en el sentido de que se garantizan los fondos que van a recibir los cuerpos de bomberos para el año que viene. Atento a la preocupación que nos han manifestado, no solamente en nuestra provincia sino desde el consejo nacional de bomberos voluntarios, aceptamos las explicaciones en cuanto a que se van a garantizar los fondos, pero creemos que hay una subestimación en la recaudación de las primas de seguros que financian al sistema de bomberos voluntarios y que sería razonable, como gesto político, incrementar la partida atento a esa estimación incrementando recursos, incrementando el gasto de tal manera que esto no va a afectar el resultado del presupuesto, pero sí le va a dar la tranquilidad que nuestros bomberos están necesitando.
También quiero manifestar mi preocupación por los fondos que tiene asignados el INTA, donde de los fondos solicitados -los recursos para investigación, extensión y servicios- se han reducido 227 millones de pesos. El INTA desarrolla actualmente 340 programas y proyectos de investigación sobre cereales, oleaginosas, producción, salud animal, forestación, recursos genéticos vegetales y animales, biotecnología, conservación y manejo de recursos naturales, y se llevan adelante tareas de extensión y transferencia en programas como el programa Profeder, con 10 mil productores asistidos, y Prohuerta, con más de 3 millones de beneficiarios, además de las miles de consultas que se realizan en todas las agencias de extensión rural.
Esta diversidad de áreas de trabajo abarca a medianas empresas y pequeñas empresas agropecuarias, pymes, pequeños productores minifundistas y familiares, familias rurales y las comunidades que integran, así como sectores urbanos y periurbanos relacionados a la producción de huertas.
Para poder desarrollar estas actividades se necesitan recursos y vemos que esos recursos se han disminuido en alrededor de 230 millones de pesos, lo que significará en una inevitable baja de las actividades y de los servicios que el INTA presta, afectando no solamente bienes y servicios sino también el rubro de becas institucionales.
Si bien no hay precisiones sobre cómo afectaría la disminución, acá queremos alertar sobre la posibilidad de que la cantidad de becarios se vea reducida, con lo negativo que esto sería para su carrera profesional y el futuro institucional. Teniendo en cuenta las expresiones del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, que afirmó que en el INTA y en el INTI no están previstos despidos y mucho menos su vaciamiento; al contrario, se está trabajando para fortalecer al INTI y al INTA y que solicitamos se contemple la ampliación de partidas de bienes de consumo, de servicios no personales y de becas por 300 millones de pesos y las partidas de inversiones también en 300 millones de pesos.
De esta manera, el INTA contará con un presupuesto acorde a las necesidades para desarrollar su accionar en beneficio de los pequeños y medianos productores de nuestro país.
Del total de 886 que existen a nivel nacional, en la provincia de La Pampa tenemos 35 cuerpos de bomberos. Agradecemos la preocupación y la respuesta en el sentido de que se garantizan los fondos que van a recibir los cuerpos de bomberos para el año que viene. Atento a la preocupación que nos han manifestado, no solamente en nuestra provincia sino desde el consejo nacional de bomberos voluntarios, aceptamos las explicaciones en cuanto a que se van a garantizar los fondos, pero creemos que hay una subestimación en la recaudación de las primas de seguros que financian al sistema de bomberos voluntarios y que sería razonable, como gesto político, incrementar la partida atento a esa estimación incrementando recursos, incrementando el gasto de tal manera que esto no va a afectar el resultado del presupuesto, pero sí le va a dar la tranquilidad que nuestros bomberos están necesitando.
También quiero manifestar mi preocupación por los fondos que tiene asignados el INTA, donde de los fondos solicitados -los recursos para investigación, extensión y servicios- se han reducido 227 millones de pesos. El INTA desarrolla actualmente 340 programas y proyectos de investigación sobre cereales, oleaginosas, producción, salud animal, forestación, recursos genéticos vegetales y animales, biotecnología, conservación y manejo de recursos naturales, y se llevan adelante tareas de extensión y transferencia en programas como el programa Profeder, con 10 mil productores asistidos, y Prohuerta, con más de 3 millones de beneficiarios, además de las miles de consultas que se realizan en todas las agencias de extensión rural.
Esta diversidad de áreas de trabajo abarca a medianas empresas y pequeñas empresas agropecuarias, pymes, pequeños productores minifundistas y familiares, familias rurales y las comunidades que integran, así como sectores urbanos y periurbanos relacionados a la producción de huertas.
Para poder desarrollar estas actividades se necesitan recursos y vemos que esos recursos se han disminuido en alrededor de 230 millones de pesos, lo que significará en una inevitable baja de las actividades y de los servicios que el INTA presta, afectando no solamente bienes y servicios sino también el rubro de becas institucionales.
Si bien no hay precisiones sobre cómo afectaría la disminución, acá queremos alertar sobre la posibilidad de que la cantidad de becarios se vea reducida, con lo negativo que esto sería para su carrera profesional y el futuro institucional. Teniendo en cuenta las expresiones del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, que afirmó que en el INTA y en el INTI no están previstos despidos y mucho menos su vaciamiento; al contrario, se está trabajando para fortalecer al INTI y al INTA y que solicitamos se contemple la ampliación de partidas de bienes de consumo, de servicios no personales y de becas por 300 millones de pesos y las partidas de inversiones también en 300 millones de pesos.
De esta manera, el INTA contará con un presupuesto acorde a las necesidades para desarrollar su accionar en beneficio de los pequeños y medianos productores de nuestro país.
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el señor diputado Fernández Patri.
SR. FERNÁNDEZ PATRI Señor presidente: soy diputado por la provincia de Formosa. Quiero manifestar nuestra preocupación y deseo de incorporar en el proyecto de presupuesto algunas obras estratégicas para el desarrollo de la provincia.
En el debate del proyecto sobre la reforma tributaria escuchamos sobre los impactos que podrían tener los impuestos en la generación de empleo y en la economía, pero entendemos que hay condiciones previas que se deben cumplir en los territorios para que haya inversión y competitividad.
En ese sentido, en los últimos 15 años, nuestra provincia ha podido triplicar la cantidad de kilómetros asfaltados de rutas -hoy tenemos 2.500 kilómetros- y hemos podido tener energía en extra-alta tensión, cuestión que para la zona de la Pampa Húmeda puede ser algo normal, pero nosotros no la teníamos.
Un tema central para provincias como la de Formosa es el manejo del agua. En nuestra provincia tenemos 1.200 milímetros de lluvia en la zona Este y va disminuyendo al Oeste hasta llegar hasta los 600 milímetros de agua anuales. Esta situación provoca que suframos los excesos hídricos de inundaciones y de sequías. Para esto ha sido fundamental el manejo de las aguas con defensas, con canales y con represas.
En ese sentido, existe una obra que ya había sido incluida en el presupuesto 2016 pero que no ha sido licitada y mucho menos realizada, que se vincula con el proyecto de acueductos de aguas sociales y productivas del Río Paraguay. Se pretende llevar aguas del Río Paraguay hasta el extremo de mi provincia, en el límite con la provincia de Salta, por más de 450 kilómetros, a fin de hacer realidad la Formosa productiva y autosustentable que todos deseamos.
La provincia de Formosa ha cambiado su matriz productiva, de ser monoproductora del algodón, de tener ganadería en forma extensiva y extraer las maderas del monte, a ser una provincia que tiene más de 40 o 50 productos de la economía primaria, de la agricultura y de la ganadería. Se trata de una ganadería que ha mejorado mucho en genética y en cantidad.
En la Argentina hay 50 millones de cabezas de ganado y, comparado con los 40 millones de argentinos que somos, significa que por habitante hay 1,2 cabezas de ganado. Formosa tiene 2 millones de cabezas de ganado por unos 500.000 habitantes. Quiere decir que por cada habitante hay cuatro cabezas de ganado frente al 1,2 que hay en el país. Nuestra provincia necesita de agua para el consumo humano y para la producción, para seguir creciendo.
Nosotros hemos considerado a esta obra como la obra del siglo del acueducto de Formosa. Queremos solicitar que sea incluida, porque en el cuadro del PPP que se estaba debatiendo no estaba incorporada, siendo que en años anteriores había formado parte del presupuesto. Incluso, hemos entrado a la página de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y allí figura el proyecto ejecutivo de esta obra.
Consideramos vital para nuestra provincia incorporarla en el presupuesto 2018 y por ello dejaremos la nota con la solicitud correspondiente.
El segundo pedido tiene que ver con las obras de vivienda. En nuestra provincia teníamos un ritmo de crecimiento importante respecto de las viviendas sociales. Cabe señalar que es una provincia que tiene una tasa de crecimiento poblacional por encima de la media, pues el 52 por ciento de la población tiene menos de 24 años, con lo cual hay muchos niños y jóvenes que demandan cada vez más viviendas.
En Formosa hay muchas obras paralizadas y otras que están proyectadas. Por eso, pedimos que en la partida de la jurisdicción 30, en los programas 37 y 38, se incluyan obras para acciones del Plan Nacional de Hábitat, por 333 millones de pesos, y para el Programa Vivienda y Desarrollo Urbano por 1.198 millones de pesos. Las viviendas tienen sin duda un impacto en el círculo virtuoso de la economía, porque son altas tomadoras de mano de obra. En nuestra provincia, incluso las aberturas las realizan madereros formoseños y los ladrillos se obtienen de cooperativas de ladrilleros provinciales.
De modo que estas obras sin duda tienen un alto impacto económico pero, principalmente, tienen un alto impacto social en la provincia y por eso las consideramos de vital importancia.
Señor presidente: vamos a acercarle las notas para que puedan ser incorporadas en el presupuesto del año 2018. (Aplausos.)
En el debate del proyecto sobre la reforma tributaria escuchamos sobre los impactos que podrían tener los impuestos en la generación de empleo y en la economía, pero entendemos que hay condiciones previas que se deben cumplir en los territorios para que haya inversión y competitividad.
En ese sentido, en los últimos 15 años, nuestra provincia ha podido triplicar la cantidad de kilómetros asfaltados de rutas -hoy tenemos 2.500 kilómetros- y hemos podido tener energía en extra-alta tensión, cuestión que para la zona de la Pampa Húmeda puede ser algo normal, pero nosotros no la teníamos.
Un tema central para provincias como la de Formosa es el manejo del agua. En nuestra provincia tenemos 1.200 milímetros de lluvia en la zona Este y va disminuyendo al Oeste hasta llegar hasta los 600 milímetros de agua anuales. Esta situación provoca que suframos los excesos hídricos de inundaciones y de sequías. Para esto ha sido fundamental el manejo de las aguas con defensas, con canales y con represas.
En ese sentido, existe una obra que ya había sido incluida en el presupuesto 2016 pero que no ha sido licitada y mucho menos realizada, que se vincula con el proyecto de acueductos de aguas sociales y productivas del Río Paraguay. Se pretende llevar aguas del Río Paraguay hasta el extremo de mi provincia, en el límite con la provincia de Salta, por más de 450 kilómetros, a fin de hacer realidad la Formosa productiva y autosustentable que todos deseamos.
La provincia de Formosa ha cambiado su matriz productiva, de ser monoproductora del algodón, de tener ganadería en forma extensiva y extraer las maderas del monte, a ser una provincia que tiene más de 40 o 50 productos de la economía primaria, de la agricultura y de la ganadería. Se trata de una ganadería que ha mejorado mucho en genética y en cantidad.
En la Argentina hay 50 millones de cabezas de ganado y, comparado con los 40 millones de argentinos que somos, significa que por habitante hay 1,2 cabezas de ganado. Formosa tiene 2 millones de cabezas de ganado por unos 500.000 habitantes. Quiere decir que por cada habitante hay cuatro cabezas de ganado frente al 1,2 que hay en el país. Nuestra provincia necesita de agua para el consumo humano y para la producción, para seguir creciendo.
Nosotros hemos considerado a esta obra como la obra del siglo del acueducto de Formosa. Queremos solicitar que sea incluida, porque en el cuadro del PPP que se estaba debatiendo no estaba incorporada, siendo que en años anteriores había formado parte del presupuesto. Incluso, hemos entrado a la página de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y allí figura el proyecto ejecutivo de esta obra.
Consideramos vital para nuestra provincia incorporarla en el presupuesto 2018 y por ello dejaremos la nota con la solicitud correspondiente.
El segundo pedido tiene que ver con las obras de vivienda. En nuestra provincia teníamos un ritmo de crecimiento importante respecto de las viviendas sociales. Cabe señalar que es una provincia que tiene una tasa de crecimiento poblacional por encima de la media, pues el 52 por ciento de la población tiene menos de 24 años, con lo cual hay muchos niños y jóvenes que demandan cada vez más viviendas.
En Formosa hay muchas obras paralizadas y otras que están proyectadas. Por eso, pedimos que en la partida de la jurisdicción 30, en los programas 37 y 38, se incluyan obras para acciones del Plan Nacional de Hábitat, por 333 millones de pesos, y para el Programa Vivienda y Desarrollo Urbano por 1.198 millones de pesos. Las viviendas tienen sin duda un impacto en el círculo virtuoso de la economía, porque son altas tomadoras de mano de obra. En nuestra provincia, incluso las aberturas las realizan madereros formoseños y los ladrillos se obtienen de cooperativas de ladrilleros provinciales.
De modo que estas obras sin duda tienen un alto impacto económico pero, principalmente, tienen un alto impacto social en la provincia y por eso las consideramos de vital importancia.
Señor presidente: vamos a acercarle las notas para que puedan ser incorporadas en el presupuesto del año 2018. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Le haré llegar sus notas a la Presidencia de esta comisión pero le puedo anticipar que en relación con el acueducto, ya había un pedido también escrito del diputado Martín Hernández. Ese acueducto es una obra importante y grande. Por la información que me dio ese diputado, este pedido se habría también trasladado al ministro del Interior, quien habría dado el visto bueno para que el acueducto vuelva a ser incorporado en el presupuesto del 2018.
Entonces, si la información es correcta y no me falla la memoria, creo que la estimación de la inversión total -no solo para el 2018- alcanza los 10.000 millones de pesos a valores del año pasado, y estaría siendo incorporado en el dictamen de comisión.
Entonces, si la información es correcta y no me falla la memoria, creo que la estimación de la inversión total -no solo para el 2018- alcanza los 10.000 millones de pesos a valores del año pasado, y estaría siendo incorporado en el dictamen de comisión.
SR. FERNÁNDEZ PATRI Gracias, señor presidente.
En cuanto a las sumas que usted menciona, se ha quedado un poco corto ya que el presupuesto total de la obra es de 1.200 millones de dólares. Y en relación con la otra información que usted nos da, nosotros también la manejábamos extraoficialmente.
Celebro que mi colega y diputado por Cambiemos también haya hecho gestiones en ese sentido porque se trata de una obra que está esperando el conjunto de los formoseños.
En cuanto a las sumas que usted menciona, se ha quedado un poco corto ya que el presupuesto total de la obra es de 1.200 millones de dólares. Y en relación con la otra información que usted nos da, nosotros también la manejábamos extraoficialmente.
Celebro que mi colega y diputado por Cambiemos también haya hecho gestiones en ese sentido porque se trata de una obra que está esperando el conjunto de los formoseños.
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el diputado Ramón. Luego harán uso de la palabra los diputados Contigiani y Benedetti.
SR. RAMÓN Señor presidente: no me voy a referir en detalle a los temas que figuran en la agenda programada para esta reunión de comisión -entre ellos el consenso fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, las buenas prácticas de gobierno y la ley sobre los impuestos y débitos- porque es algo que ya fue resuelto por los gobernadores y así nos llega a nosotros.
En cambio, quiero hacer algunas consideraciones en relación con el proyecto de ley de presupuesto que se está tratando.
Mi primera inquietud está relacionada con una obra que es muy cara y que afecta al desarrollo entre dos provincias vecinas: Mendoza -provincia que me toca representar- y San Juan. Me refiero a la obra de la doble vía entre ambas provincias.
Esa obra fue ampliamente publicitada en época de campaña electoral por el propio presidente de la Nación; sin embargo, la he buscado a lo largo de todo este proyecto de ley de presupuesto para el año 2018 pero no he encontrado ningún dato relacionado con la imputación de presupuesto para el desarrollo de la misma.
No sé si me está escuchando, señor presidente...
En cambio, quiero hacer algunas consideraciones en relación con el proyecto de ley de presupuesto que se está tratando.
Mi primera inquietud está relacionada con una obra que es muy cara y que afecta al desarrollo entre dos provincias vecinas: Mendoza -provincia que me toca representar- y San Juan. Me refiero a la obra de la doble vía entre ambas provincias.
Esa obra fue ampliamente publicitada en época de campaña electoral por el propio presidente de la Nación; sin embargo, la he buscado a lo largo de todo este proyecto de ley de presupuesto para el año 2018 pero no he encontrado ningún dato relacionado con la imputación de presupuesto para el desarrollo de la misma.
No sé si me está escuchando, señor presidente...
SR. PRESIDENTE PASTORI Lo escucho perfectamente.
SR. RAMÓN Esa es mi primera inquietud.
En segundo lugar, adhiero al planteo hecho por quienes me antecedieron en el uso de la palabra en torno a la asignación presupuestaria para los bomberos voluntarios.
En la provincia de Mendoza son muchos los destacamentos y son muchas las personas que se dedican a esta noble actividad y vemos que en el proyecto en debate hay una sensible reducción del aporte presupuestario para este sector de bomberos voluntarios.
Especialmente quiero hacer referencia a los ciudadanos comunes, ya que en todas mis intervenciones hablo permanentemente de ellos. En el año 94 se modificó la Constitución Nacional y, entre otras cosas, se incorporó el artículo 42 consagrando los derechos que tenemos los usuarios y los consumidores.
Esta disposición es una clausula operativa que está en el capítulo sobre Nuevos Derechos y Garantías de la Constitución Nacional y habla del medio ambiente, de los derechos políticos y, específicamente, de los derechos de los usuarios y consumidores. Pero me encuentro con que en el presupuesto, en el ámbito del Ministerio de Producción y de la Secretaría de Comercio, está la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Allí están inscriptas para su funcionamiento 42 asociaciones de consumidores a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Me ha tocado presidir una asociación en la provincia de Mendoza que tiene alcance nacional con una actividad tremenda, pero siempre desde lo amateur y el ciudadano común.
Al participar en asociaciones de consumidores he tenido la posibilidad incluso de ser miembro de la Federación Argentina de Asociaciones de Consumidores, desde su creación. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué me quiero referir a las razones por las cuales es necesario que hablemos de la asignación presupuestaria a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor? Porque resulta que para el año 2018 el presupuesto total para esta dirección es de 14.000.0000 de pesos. Este monto se divide en dos ítems importantes. Hay 8.400.000 pesos que el Estado nacional distribuye a 42 asociaciones del registro nacional. Cada asociación de ese registro -y quiero hacer esta aclaración entre paréntesis- necesita de una secretaría administrativa y de un ámbito de organización, así como de un sistema de educación al consumidor que supera ampliamente lo que le toca a cada uno mensualmente. Los 8.400.000 pesos los divido por 42 -me tomé el tiempo de hacer la cuenta- y dan 200.000 pesos para cada asociación en 2018. Dividido por los doce meses del año, nos da la suma de 16.000 pesos por mes. Este es el monto que se otorga para que una asociación de defensa del consumidor funcione.
Para que puedan entenderlo claramente, una asociación de defensa del consumidor tiene como objetivo la prospección de la salud, la seguridad y el interés económico no sólo del que consume o utiliza un servicio público sino también del ejido familiar. Esto significa que tiene que haber un programa de educación al consumidor y éste tiene que ser nacional.
Fíjese, señor presidente, que a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que tiene bajo su responsabilidad la escuela, que prepara a los educadores en defensa del consumidor para todo el país, tiene que sustentar la dirección a quien le toque por un valor de 3.600.000 pesos. O sea que con 200.000 pesos mensuales, la Dirección nacional que defiende el derecho de los consumidores tiene que sustentar la totalidad del programa de educación. Imagínense que durante el año que viene la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor en la Argentina va a ser la anfitriona del G-20. Van a venir los entes gubernamentales de todo el planeta desarrollado a participar y, sin embargo, hay un presupuesto asignado de 350.000 pesos para recibirlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante revisar este ítem, que está relacionado con otros gastos del Estado.
Quiero hacer una breve referencia sobre lo que se gasta en algunas unidades de servicios del Estado. En servicios personales se gastan 964.000.000 de pesos; en servicios básicos, 11.000.000; en alquileres, 22.000.000; en mantenimiento, reparación y limpieza, 300.000.000; en servicios técnicos, 400.000.000; en la Biblioteca Nacional, 651.000.000 de pesos. Este último está destinado en un 90 por ciento a gastos de personal, cuando hoy no sólo en la Argentina sino en el mundo entero las bibliotecas ya no son sólo con libros -aunque un porcentaje siempre hay que resguardar- sino que incluyen los formatos digitales. ¿Se va a gastar 651.000.000 de pesos en una biblioteca que hoy ya debería tener sus contenidos en formato digital? Esto quiere decir que necesitamos reasignar algunas partidas.
Hay otras partidas presupuestarias y no puedo dejar de referirme a ello. En la Presidencia de la Nación se gastan 3.589.539 pesos para el mantenimiento del personal. Por otro lado, si vemos la Dirección del Defensa del Consumidor, para todo el año 2018 la partida es de 14 millones de pesos y para todas las asociaciones de consumidores, 8 millones de pesos.
Es decir, se destinan 16.000 pesos por mes para una asociación que defiende a las personas de aquello por lo que luchamos hace muchísimo tiempo porque se han apoderado de los distintos sectores económicos de la Argentina, como por ejemplo, del comercio minorista. Frente a cinco dueños, ¿quiénes se pueden defender? Los consumidores educados, que saben cómo hacer su denuncia y cómo dejar de consumir aquellas cosas que no son saludables.
Desde el Estado y desde aquellos pequeños grupos de grandes proveedores de servicios de gas, de electricidad y de agua y saneamiento, hacen barrabasadas con los derechos de los usuarios de servicios públicos si partimos de la base de considerarlos como un derecho humano.
Se destinan 16.000 pesos por mes para que una asociación de consumidores proteja y eduque desde el ámbito civil, que es donde el Estado no trabaja. En todo este proyecto de presupuesto se nota que la asignación de los gastos es para atender personal que no sabemos si está, o para atender determinados sectores del Estado que no son parte del 90 por ciento de la población, que somos los usuarios y consumidores, que nos despertamos a las 6 y 30 de la mañana cuando suena el despertador y nos levantamos para ir a ser parte del proceso productivo de la Argentina.
Se trata de una parte del Estado que está olvidada.
En 1994 el artículo 42 de la Constitución establece que de manera operativa el Estado debe proveer a la educación del consumidor. Para esas asociaciones se destinan 8.400.000 pesos, lo que arroja un total de 16.000 pesos por mes para cada una de esas cuarenta y dos asociaciones que, de no mantenerse administrativamente con el objetivo de educar -y no pueden hacerlo porque no tienen recursos-, se les da de baja del registro nacional.
Señor presidente: pido disculpas al resto de los colegas por haberme tomado todo este tiempo para mi exposición. Necesitamos que se incorpore en el presupuesto mi propuesta y que al menos se dupliquen esos 14 millones de pesos o esos 8 millones que se asignan a las asociaciones de defensa del consumidor, al ciudadano común. No estoy hablando de empresas ni de asistencia ni de nada que tenga que ver con los grandes temas que indican dónde debe asignarse el presupuesto de la Nación.
Solicito en concreto que se duplique la partida presupuestaria destinada al Ministerio de la Producción, Secretaría de Comercio, Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. En realidad digo que se duplique porque de lo contrario tendría que ser muy serio y decir exactamente cuánto es lo que necesitamos. En mi opinión en este presupuesto 2018 esa partida presupuestaria debe duplicarse si pretendemos que al menos esas asociaciones, distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país, puedan seguir subsistiendo y defendiendo el derecho de un porcentaje muy alto de nuestra sociedad representado por usuarios y consumidores. (Aplausos.)
En segundo lugar, adhiero al planteo hecho por quienes me antecedieron en el uso de la palabra en torno a la asignación presupuestaria para los bomberos voluntarios.
En la provincia de Mendoza son muchos los destacamentos y son muchas las personas que se dedican a esta noble actividad y vemos que en el proyecto en debate hay una sensible reducción del aporte presupuestario para este sector de bomberos voluntarios.
Especialmente quiero hacer referencia a los ciudadanos comunes, ya que en todas mis intervenciones hablo permanentemente de ellos. En el año 94 se modificó la Constitución Nacional y, entre otras cosas, se incorporó el artículo 42 consagrando los derechos que tenemos los usuarios y los consumidores.
Esta disposición es una clausula operativa que está en el capítulo sobre Nuevos Derechos y Garantías de la Constitución Nacional y habla del medio ambiente, de los derechos políticos y, específicamente, de los derechos de los usuarios y consumidores. Pero me encuentro con que en el presupuesto, en el ámbito del Ministerio de Producción y de la Secretaría de Comercio, está la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Allí están inscriptas para su funcionamiento 42 asociaciones de consumidores a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Me ha tocado presidir una asociación en la provincia de Mendoza que tiene alcance nacional con una actividad tremenda, pero siempre desde lo amateur y el ciudadano común.
Al participar en asociaciones de consumidores he tenido la posibilidad incluso de ser miembro de la Federación Argentina de Asociaciones de Consumidores, desde su creación. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué me quiero referir a las razones por las cuales es necesario que hablemos de la asignación presupuestaria a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor? Porque resulta que para el año 2018 el presupuesto total para esta dirección es de 14.000.0000 de pesos. Este monto se divide en dos ítems importantes. Hay 8.400.000 pesos que el Estado nacional distribuye a 42 asociaciones del registro nacional. Cada asociación de ese registro -y quiero hacer esta aclaración entre paréntesis- necesita de una secretaría administrativa y de un ámbito de organización, así como de un sistema de educación al consumidor que supera ampliamente lo que le toca a cada uno mensualmente. Los 8.400.000 pesos los divido por 42 -me tomé el tiempo de hacer la cuenta- y dan 200.000 pesos para cada asociación en 2018. Dividido por los doce meses del año, nos da la suma de 16.000 pesos por mes. Este es el monto que se otorga para que una asociación de defensa del consumidor funcione.
Para que puedan entenderlo claramente, una asociación de defensa del consumidor tiene como objetivo la prospección de la salud, la seguridad y el interés económico no sólo del que consume o utiliza un servicio público sino también del ejido familiar. Esto significa que tiene que haber un programa de educación al consumidor y éste tiene que ser nacional.
Fíjese, señor presidente, que a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que tiene bajo su responsabilidad la escuela, que prepara a los educadores en defensa del consumidor para todo el país, tiene que sustentar la dirección a quien le toque por un valor de 3.600.000 pesos. O sea que con 200.000 pesos mensuales, la Dirección nacional que defiende el derecho de los consumidores tiene que sustentar la totalidad del programa de educación. Imagínense que durante el año que viene la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor en la Argentina va a ser la anfitriona del G-20. Van a venir los entes gubernamentales de todo el planeta desarrollado a participar y, sin embargo, hay un presupuesto asignado de 350.000 pesos para recibirlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante revisar este ítem, que está relacionado con otros gastos del Estado.
Quiero hacer una breve referencia sobre lo que se gasta en algunas unidades de servicios del Estado. En servicios personales se gastan 964.000.000 de pesos; en servicios básicos, 11.000.000; en alquileres, 22.000.000; en mantenimiento, reparación y limpieza, 300.000.000; en servicios técnicos, 400.000.000; en la Biblioteca Nacional, 651.000.000 de pesos. Este último está destinado en un 90 por ciento a gastos de personal, cuando hoy no sólo en la Argentina sino en el mundo entero las bibliotecas ya no son sólo con libros -aunque un porcentaje siempre hay que resguardar- sino que incluyen los formatos digitales. ¿Se va a gastar 651.000.000 de pesos en una biblioteca que hoy ya debería tener sus contenidos en formato digital? Esto quiere decir que necesitamos reasignar algunas partidas.
Hay otras partidas presupuestarias y no puedo dejar de referirme a ello. En la Presidencia de la Nación se gastan 3.589.539 pesos para el mantenimiento del personal. Por otro lado, si vemos la Dirección del Defensa del Consumidor, para todo el año 2018 la partida es de 14 millones de pesos y para todas las asociaciones de consumidores, 8 millones de pesos.
Es decir, se destinan 16.000 pesos por mes para una asociación que defiende a las personas de aquello por lo que luchamos hace muchísimo tiempo porque se han apoderado de los distintos sectores económicos de la Argentina, como por ejemplo, del comercio minorista. Frente a cinco dueños, ¿quiénes se pueden defender? Los consumidores educados, que saben cómo hacer su denuncia y cómo dejar de consumir aquellas cosas que no son saludables.
Desde el Estado y desde aquellos pequeños grupos de grandes proveedores de servicios de gas, de electricidad y de agua y saneamiento, hacen barrabasadas con los derechos de los usuarios de servicios públicos si partimos de la base de considerarlos como un derecho humano.
Se destinan 16.000 pesos por mes para que una asociación de consumidores proteja y eduque desde el ámbito civil, que es donde el Estado no trabaja. En todo este proyecto de presupuesto se nota que la asignación de los gastos es para atender personal que no sabemos si está, o para atender determinados sectores del Estado que no son parte del 90 por ciento de la población, que somos los usuarios y consumidores, que nos despertamos a las 6 y 30 de la mañana cuando suena el despertador y nos levantamos para ir a ser parte del proceso productivo de la Argentina.
Se trata de una parte del Estado que está olvidada.
En 1994 el artículo 42 de la Constitución establece que de manera operativa el Estado debe proveer a la educación del consumidor. Para esas asociaciones se destinan 8.400.000 pesos, lo que arroja un total de 16.000 pesos por mes para cada una de esas cuarenta y dos asociaciones que, de no mantenerse administrativamente con el objetivo de educar -y no pueden hacerlo porque no tienen recursos-, se les da de baja del registro nacional.
Señor presidente: pido disculpas al resto de los colegas por haberme tomado todo este tiempo para mi exposición. Necesitamos que se incorpore en el presupuesto mi propuesta y que al menos se dupliquen esos 14 millones de pesos o esos 8 millones que se asignan a las asociaciones de defensa del consumidor, al ciudadano común. No estoy hablando de empresas ni de asistencia ni de nada que tenga que ver con los grandes temas que indican dónde debe asignarse el presupuesto de la Nación.
Solicito en concreto que se duplique la partida presupuestaria destinada al Ministerio de la Producción, Secretaría de Comercio, Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. En realidad digo que se duplique porque de lo contrario tendría que ser muy serio y decir exactamente cuánto es lo que necesitamos. En mi opinión en este presupuesto 2018 esa partida presupuestaria debe duplicarse si pretendemos que al menos esas asociaciones, distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país, puedan seguir subsistiendo y defendiendo el derecho de un porcentaje muy alto de nuestra sociedad representado por usuarios y consumidores. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Tomamos nota de su requerimiento, señor diputado.
A continuación tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
A continuación tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
SR. CONTIGIANI Señor presidente: acabo de escuchar una muy buena intervención del señor diputado que me precedió en el uso de la palabra y quiero acompañar su petición porque también entiendo que el capitalismo moderno tiene dos leyes fundamentales para ser moderno y no devorador. Una de ellas, es la ley de defensa de la competencia, que cuando es bien aplicada y resuelve problemas de oligopolio y monopolios funciona para construir una economía equilibrada. La otra, es la ley de defensa del consumidor, que incluye todo planteado por el señor diputado recientemente y que considero de mucha importancia tener en cuenta.
Quiero introducir un punto de vista particular y concreto relacionado con mi provincia, Santa Fe, y que es muy importante. Usted sabe que los primeros borradores del presupuesto que estamos discutiendo no contemplaban la autorización a las provincias y organismos para que nos podamos endeudar en proyectos que comenzaban desde cero o que estaban en la ejecución.
En su momento hicimos los reclamos correspondientes y se logró que el artículo 44 del actual presupuesto en ejecución pasara a ser el artículo 39 del proyecto borrador del presupuesto que estamos discutiendo y debatiendo.
En ese artículo que faculta al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a otorgar avales del Tesoro Nacional para las operaciones de crédito público con el detalle obrante en la planilla anexa, logramos que aparezca esta autorización que le corresponde al gobierno nacional y a este organismo en particular.
Pero la preocupación está fundada en que en la planilla anexa del artículo 39 del Capítulo VII aparece solamente el otorgamiento de avales para organismos nacionales y empresas del Estado: Aerolíneas Argentinas y INVAP, ARSAT, Aguas y Saneamiento, etcétera, y no aparece ninguna obra de las que Santa Fe venía pidiendo que se incorpore en esa planilla.
Por tal motivo, y antes de hacer una descripción de la obra concreta, le comento que he mandado un correo electrónico a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y recientemente al presidente de la Comisión, el diputado Luciano Laspina, le entregado personalmente un escrito donde acompaño el anexo y una nota solicitando que se incorpore esta planilla anexa con las obras que Santa Fe necesita que se incorpore como autorización de endeudamiento. Y ahora lo hago a través suyo, señor presidente, para que pueda tomar expresamente esta solicitud y pedido.
Es muy importante que las obras que estamos planteando estén en el anexo, y seguramente todos los diputados de los diferentes bloques de Santa Fe saben muy bien de lo que estamos hablando, inclusive el presidente de la Comisión, el diputado Laspina. Dentro de lo que estamos planteando que aparezca en la planilla anexa del artículo 39 está el Acueducto Desvío Arijón, Rafaela, con un presupuesto de endeudamiento 150 millones de dólares. Ahora voy a explicar esto. Hay otro préstamo de 200 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura energética y productiva de la provincia y otro endeudamiento de 200 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura social de la provincia.
Especialmente me quiero detener en el Acueducto Desvío Arijón, porque es una obra que está en ejecución en la provincia de Santa Fe. Con recursos propios del gobierno provincial hemos desarrollado la etapa 1 de este ambicioso proyecto que tiene por finalidad asegurar el derecho al agua de cientos de miles de santafesinos. Hicimos las tomas de agua, las redes primarias, etcétera.
Recientemente hemos licitado la segunda etapa en la ciudad de Rafaela con el intendente de esa ciudad y con la presencia del gobernador, que va a permitir asegurar este derecho al agua a más de 300.000 santafesinos alrededor de lo que se conoce como el nodo o la ciudad de Rafaela, y resolver uno de los problemas estructurales que tiene esa ciudad.
Esta segunda etapa que hemos licitado tiene una particularidad -que me gustaría que conste en esta intervención y que quede registrada: se realizaría con un préstamo aprobado y otorgado por el fondo Abu Dhabi para este objetivo de 150 millones de dólares. Si no logramos que aparezca en el anexo del artículo 39 del Capítulo VII esa licitación se paraliza y por ende la posibilidad de continuar desarrollando esta importante obra que reclaman cientos de miles de santafesinos.
Así que, por este medio, como lo hice por escrito y personalmente con el presidente de la comisión, solicito expresamente la incorporación de estas obras en el anexo del artículo 39. Se lo pido con el mayor cuidado posible. También hago una solicitud muy especial, por el acueducto del río Arejón, que es lo que nos preocupa.
Con respecto a las consideraciones generales del presupuesto, permítame hacerlas mañana en el recinto, porque tenemos ya varias horas de trabajo en comisión. Tengo temas para plantear y temas para reflexionar. (Aplausos.)
Quiero introducir un punto de vista particular y concreto relacionado con mi provincia, Santa Fe, y que es muy importante. Usted sabe que los primeros borradores del presupuesto que estamos discutiendo no contemplaban la autorización a las provincias y organismos para que nos podamos endeudar en proyectos que comenzaban desde cero o que estaban en la ejecución.
En su momento hicimos los reclamos correspondientes y se logró que el artículo 44 del actual presupuesto en ejecución pasara a ser el artículo 39 del proyecto borrador del presupuesto que estamos discutiendo y debatiendo.
En ese artículo que faculta al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a otorgar avales del Tesoro Nacional para las operaciones de crédito público con el detalle obrante en la planilla anexa, logramos que aparezca esta autorización que le corresponde al gobierno nacional y a este organismo en particular.
Pero la preocupación está fundada en que en la planilla anexa del artículo 39 del Capítulo VII aparece solamente el otorgamiento de avales para organismos nacionales y empresas del Estado: Aerolíneas Argentinas y INVAP, ARSAT, Aguas y Saneamiento, etcétera, y no aparece ninguna obra de las que Santa Fe venía pidiendo que se incorpore en esa planilla.
Por tal motivo, y antes de hacer una descripción de la obra concreta, le comento que he mandado un correo electrónico a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y recientemente al presidente de la Comisión, el diputado Luciano Laspina, le entregado personalmente un escrito donde acompaño el anexo y una nota solicitando que se incorpore esta planilla anexa con las obras que Santa Fe necesita que se incorpore como autorización de endeudamiento. Y ahora lo hago a través suyo, señor presidente, para que pueda tomar expresamente esta solicitud y pedido.
Es muy importante que las obras que estamos planteando estén en el anexo, y seguramente todos los diputados de los diferentes bloques de Santa Fe saben muy bien de lo que estamos hablando, inclusive el presidente de la Comisión, el diputado Laspina. Dentro de lo que estamos planteando que aparezca en la planilla anexa del artículo 39 está el Acueducto Desvío Arijón, Rafaela, con un presupuesto de endeudamiento 150 millones de dólares. Ahora voy a explicar esto. Hay otro préstamo de 200 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura energética y productiva de la provincia y otro endeudamiento de 200 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura social de la provincia.
Especialmente me quiero detener en el Acueducto Desvío Arijón, porque es una obra que está en ejecución en la provincia de Santa Fe. Con recursos propios del gobierno provincial hemos desarrollado la etapa 1 de este ambicioso proyecto que tiene por finalidad asegurar el derecho al agua de cientos de miles de santafesinos. Hicimos las tomas de agua, las redes primarias, etcétera.
Recientemente hemos licitado la segunda etapa en la ciudad de Rafaela con el intendente de esa ciudad y con la presencia del gobernador, que va a permitir asegurar este derecho al agua a más de 300.000 santafesinos alrededor de lo que se conoce como el nodo o la ciudad de Rafaela, y resolver uno de los problemas estructurales que tiene esa ciudad.
Esta segunda etapa que hemos licitado tiene una particularidad -que me gustaría que conste en esta intervención y que quede registrada: se realizaría con un préstamo aprobado y otorgado por el fondo Abu Dhabi para este objetivo de 150 millones de dólares. Si no logramos que aparezca en el anexo del artículo 39 del Capítulo VII esa licitación se paraliza y por ende la posibilidad de continuar desarrollando esta importante obra que reclaman cientos de miles de santafesinos.
Así que, por este medio, como lo hice por escrito y personalmente con el presidente de la comisión, solicito expresamente la incorporación de estas obras en el anexo del artículo 39. Se lo pido con el mayor cuidado posible. También hago una solicitud muy especial, por el acueducto del río Arejón, que es lo que nos preocupa.
Con respecto a las consideraciones generales del presupuesto, permítame hacerlas mañana en el recinto, porque tenemos ya varias horas de trabajo en comisión. Tengo temas para plantear y temas para reflexionar. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el señor diputado Benedetti.
SR. BENEDETTI Señor presidente: voy a tratar de ser muy breve y circunscribirme a lo local. Soy diputado por Entre Ríos. Algunas consideraciones generales sobre el presupuesto también me reservo para hacerlas mañana en el recinto.
Lamento si anda por ahí algún diputado de mi provincia que yo lo he escuchado haciendo algunas consideraciones con las cuales hemos coincidido y en otras no, pero de cualquier manera voy a dejar dos o tres reflexiones nada más.
El diputado entrerriano había planteado que la historia no comienza cuando uno llega -y esto es cierto- y plantea la preocupación por el riesgo de federalismo que conlleva el Consenso Fiscal. Yo solamente quiero decir que reivindico el Consenso Fiscal y creo realmente que es el camino que ha emprendido este gobierno. Yo estoy convencido de que nos va a llevar a ir recuperando paulatinamente la cuestión federal que todos anhelamos.
La cuestión federal tiene que ver con la posibilidad de la autonomía política y la autarquía económica. La autarquía económica de las provincias implicaría no mirar la realidad, no reconocer el fuerte deterioro que tuvo sobre todo en los dos últimos períodos del gobierno de la familia Kirchner, fundamentalmente del 2007 al 2015.
Quería haberle dicho al diputado Solanas que fui honrado por el presidente Macri para integrar el directorio del Banco de la Nación y en la primera sesión tuvimos que otorgar un préstamo a la provincia de Entre Ríos para poder pagar aguinaldos y sueldos, con lo cual quiero dejar a salvo que la historia no comienza cuando uno llega y esta historia de dificultades del federalismo venimos arrastrándola desde hace mucho tiempo y entendemos que las medidas propuestas en el Consenso Fiscal van llevando a liberar de alguna manera este lastre que tienen las provincias que es la inviabilidad económica.
Ayer el diputado Kicillof decía que las provincias tienen derecho a crear mejores condiciones impositivas para el desarrollo de sus pymes. Yo comparto esta idea; lo que pasa es que en esta estrechez fiscal lo que han hecho las provincias es ir creando barreras y sobretasas con respecto a otras jurisdicciones.
Este tema también lo viene a resolver este consenso fiscal, por lo cual, no siendo de mi partido, reivindico el camino tomado por el actual gobernador de la provincia de Entre Ríos.
En segundo lugar, quiero hacer referencia a las obras que fueron explicadas en oportunidad de la visita del ministro Dietrich con sus funcionarios.
Se trata de obras centrales para la provincia de Entre Ríos, como es la unión entre Paraná y Santa Fe, para reemplazar el túnel subfluvial que ya está con su vida útil agotada. La traza de esta obra fue consensuada con las distintas autoridades locales y provinciales de las dos provincias. También quiero hacer la salvedad de que no figura el desembolso de más de 1 millón de pesos, porque es una obra que está contemplada por un financiamiento internacional del BID o del Banco Mundial.
Finalmente, quiero mencionar otro tema puntual planteado por el señor diputado Solanas, quien lamentablemente se retiró de la reunión. Se manifestó la preocupación por la ralentización de la doble vía de la ruta 18, que une la costa del Paraná con la costa del Uruguay, en la provincia entre Ríos. Esta obra es importante para la provincia, pero no es prioritaria.
Quizás esta falta de tránsito que señalaron las autoridades de Vialidad es lo que hace postergar su realización. Esto no tiene que ver con una cuestión de rentabilidad económica, sobre todo en una obra que está invirtiendo el Estado. En todo caso, es un problema de rentabilidad social y se genera porque es una obra que nunca estuvo como prioritaria en los vastos foros para definir las infraestructuras en la provincia Entre Ríos. Fue una obra que se decidió en la época de la señora Cristina Kirchner desde la Casa Rosada. Quizás por esto hoy no tiene la significación que tiene que tener para colocarla como una prioridad en el avance de la doble vía.
Lamento si anda por ahí algún diputado de mi provincia que yo lo he escuchado haciendo algunas consideraciones con las cuales hemos coincidido y en otras no, pero de cualquier manera voy a dejar dos o tres reflexiones nada más.
El diputado entrerriano había planteado que la historia no comienza cuando uno llega -y esto es cierto- y plantea la preocupación por el riesgo de federalismo que conlleva el Consenso Fiscal. Yo solamente quiero decir que reivindico el Consenso Fiscal y creo realmente que es el camino que ha emprendido este gobierno. Yo estoy convencido de que nos va a llevar a ir recuperando paulatinamente la cuestión federal que todos anhelamos.
La cuestión federal tiene que ver con la posibilidad de la autonomía política y la autarquía económica. La autarquía económica de las provincias implicaría no mirar la realidad, no reconocer el fuerte deterioro que tuvo sobre todo en los dos últimos períodos del gobierno de la familia Kirchner, fundamentalmente del 2007 al 2015.
Quería haberle dicho al diputado Solanas que fui honrado por el presidente Macri para integrar el directorio del Banco de la Nación y en la primera sesión tuvimos que otorgar un préstamo a la provincia de Entre Ríos para poder pagar aguinaldos y sueldos, con lo cual quiero dejar a salvo que la historia no comienza cuando uno llega y esta historia de dificultades del federalismo venimos arrastrándola desde hace mucho tiempo y entendemos que las medidas propuestas en el Consenso Fiscal van llevando a liberar de alguna manera este lastre que tienen las provincias que es la inviabilidad económica.
Ayer el diputado Kicillof decía que las provincias tienen derecho a crear mejores condiciones impositivas para el desarrollo de sus pymes. Yo comparto esta idea; lo que pasa es que en esta estrechez fiscal lo que han hecho las provincias es ir creando barreras y sobretasas con respecto a otras jurisdicciones.
Este tema también lo viene a resolver este consenso fiscal, por lo cual, no siendo de mi partido, reivindico el camino tomado por el actual gobernador de la provincia de Entre Ríos.
En segundo lugar, quiero hacer referencia a las obras que fueron explicadas en oportunidad de la visita del ministro Dietrich con sus funcionarios.
Se trata de obras centrales para la provincia de Entre Ríos, como es la unión entre Paraná y Santa Fe, para reemplazar el túnel subfluvial que ya está con su vida útil agotada. La traza de esta obra fue consensuada con las distintas autoridades locales y provinciales de las dos provincias. También quiero hacer la salvedad de que no figura el desembolso de más de 1 millón de pesos, porque es una obra que está contemplada por un financiamiento internacional del BID o del Banco Mundial.
Finalmente, quiero mencionar otro tema puntual planteado por el señor diputado Solanas, quien lamentablemente se retiró de la reunión. Se manifestó la preocupación por la ralentización de la doble vía de la ruta 18, que une la costa del Paraná con la costa del Uruguay, en la provincia entre Ríos. Esta obra es importante para la provincia, pero no es prioritaria.
Quizás esta falta de tránsito que señalaron las autoridades de Vialidad es lo que hace postergar su realización. Esto no tiene que ver con una cuestión de rentabilidad económica, sobre todo en una obra que está invirtiendo el Estado. En todo caso, es un problema de rentabilidad social y se genera porque es una obra que nunca estuvo como prioritaria en los vastos foros para definir las infraestructuras en la provincia Entre Ríos. Fue una obra que se decidió en la época de la señora Cristina Kirchner desde la Casa Rosada. Quizás por esto hoy no tiene la significación que tiene que tener para colocarla como una prioridad en el avance de la doble vía.
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el señor diputado Carmona.
SR. CARMONA Señor presidente: en primer lugar, me referiré al tema de los bomberos voluntarios. Se dijo que se había resuelto la situación. Es evidente que las asociaciones y federaciones de bomberos voluntarios de todas las provincias se han movilizado frente a este recorte que se les ha estado aplicando.
En este contexto, quiero pedir al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda si puede decirnos cuál es el monto que quedará finalmente en el presupuesto a los efectos de tenerlo en claro.
Voy a avanzar con mi exposición, pero agradecería contar con ese dato. Nosotros vamos a pedir que sea el monto que corresponde de acuerdo con el porcentaje que fija la ley en relación con la participación que tienen las asociaciones de bomberos voluntarios, que es el 3,25 por ciento en relación con los seguros.
Vamos a acompañar el pedido de los bomberos voluntarios de todo el país y esperamos que se haya contemplado la cifra total que correspondería de acuerdo con la ley.
En segundo lugar, quiero comentar que el 27 de septiembre de este año le remití al gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, una nota en donde le manifestaba las preocupaciones que me surgieron como mendocino, interesado sobre todo en las obras que se van a concretar en nuestra provincia durante 2018. Lamentablemente, no he tenido ninguna respuesta del gobernador en relación con esto que le solicitaba.
Le solicité al gobernador Cornejo que peleáramos juntos por las obras de Mendoza pero es probable que ya desde entonces haya estado muy ocupado en "rosquear" su cargo como presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.
Me resulta preocupante e insólito que no estemos aquí, en conjunto, todos los diputados por Mendoza peleando por aquellas obras de nuestra provincia que no figuran en este proyecto de ley de presupuesto a pesar de que fueron prometidas durante la campaña electoral.
Esta situación no es sólo la de Mendoza sino que puede hacerse extensiva a la mayoría de las provincias, con excepción de la de Buenos Aires y de la Capital Federal ya que sus gobiernos son los mimados de la Presidencia. Es decir, se trata de una situación generalizada.
Incluso, hay provincias oficialistas que están siendo maltratadas en distintos aspectos con este proyecto de ley de presupuesto.
Particularmente, me voy a referir a las obras públicas. En Mendoza el presidente Macri se comprometió a realizar la obra de Portezuelo del Viento; incluso fue hasta el lugar en donde se debía emplazar. Se trata de una obra de infraestructura muy importante. Es un embalse con una obra hidroeléctrica muy importante.
Cuando leímos el proyecto de ley de presupuesto y sus planillas anexas, nos encontramos con que esta obra no aparecía. Insistimos y planteamos el tema incluso al gobernador de la provincia pero no obtuvimos respuesta. Luego, apareció un monto insignificante -no recuerdo bien si eran 60 millones- para una obra que supera los 1.000 millones de dólares. Ese monto que pusieron no significaría ningún avance concreto para el año próximo.
También el presidente de la Nación y el gobernador Cornejo han anunciado con bombos y platillos desde fines del 2015 y en el 2016 la concreción del Paso Las Leñas. Incluso, se anunció que se dejaba sin efecto el túnel de baja altura del Ferrocarril Trasandino entre Las Cuevas -del lado mendocino- y Los Andes -en Chile- porque se iba a priorizar el proyecto del Paso Las Leñas.
Cuando leímos este proyecto de ley de presupuesto que estamos discutiendo y vimos sus planillas, nos dimos cuenta de que el Paso Las Leñas tampoco aparece. Pero esto no es todo.
El diputado José Luis Ramón hizo referencia a que la obra de la doble vía Mendoza-San Juan no está en la planilla anexa del artículo 11. Hay un ítem que quizás tenga algo que ver con esta obra -aunque no es precisa la planilla de Participación Público Privada- pero figura con monto cero. Es decir, no está presupuestada la obra de la doble vía Mendoza-San Juan pese a que, como dijo el diputado Ramón, ha sido publicitada ampliamente por el gobernador y por el presidente.
Por otro lado, en el presupuesto 2017 estaban previstas once obras de inversión específica para la provincia de Mendoza; sin embargo, solamente tres de ellas son contempladas en este proyecto de ley de presupuesto y se eliminan otras ocho.
Nos prometieron el Metrobus en la ciudad de Mendoza, importando esta significativa obra que se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires. En el presupuesto del año pasado esa obra tenía asignados 300 millones, pero ahora ha sido eliminada y la ejecución que hemos visto hasta el momento no representa aquel monto; por el contrario, es insignificante lo que se ha hecho. Por lo tanto, le aviso a los mendocinos que no vamos a tener Metrobus en el 2018.
Además, se eliminó la ampliación del sistema de recolección y tratamiento de efluentes de la cuenca El Paramillo, que es una obra muy importante.
La autopista nacional 7 es la variante de Palmira que conocemos en Mendoza. Se trata de una obra muy significativa que fue muy anunciada y sin embargo se eliminó. También se eliminó la ruta nacional 40, Mendoza-San Juan, que es lo que les comentaba recién. Se eliminaron a su vez los dos tramos en alta montaña de la autopista ruta nacional 7, Potrerillos-Uspallata, y Uspallata-Las Cuevas. Además, se eliminó la culminación de una obra estratégica en cuanto a la vinculación de Mendoza con la Patagonia, que es la pavimentación de la ruta nacional 40 en el tramo Malargüe-Neuqén.
Señor presidente: todo esto nos sorprende. Vemos cómo obras fundamentales para nuestra provincia han sido eliminadas. En otros casos, se han reducido los montos presupuestarios. Algunos nos han dicho: "Lo que pasa es que estaban en la planilla de 2017 del presupuesto plurianual, y por eso no se ven en la de 2018". Pero hay otras obras que sí están como, por ejemplo, una importante como la de Los blancos. Hay obras de 2017 y de 2018, como corresponde a las obras compartidas del presupuesto plurianual.
A Mendoza esto le cuesta 6.000.000.000 de pesos menos en relación con que habían prometido el presidente y el gobernador en tiempos de campaña.
Por último, a la provincia de Mendoza le produce un daño enorme lo que están haciendo con el Banco Nación. Hay 20.000.000.000 de pesos distraídos del Banco Nación para que vayan al Tesoro Nacional. Es una situación que nos genera enorme preocupación en términos de la sustentabilidad de dicha institución. Si el Banco Nación se descapitaliza, las posibilidades de que siga siendo un instrumento de acompañamiento financiero para la producción -en mi provincia se destina sobre todo a la vitivinicultura, la floricultura y la metalmecánica- va a ser cada vez menor. Esto nos parece enormemente preocupante.
No vamos a acompañar esta situación, que puede significa el comienzo del fin del Banco Nación. El gobernador de la provincia tampoco ha hecho nada al respecto. Uno de los directores del Banco Nación mendocino en su momento pretendió defender esta medida absolutamente contraria a los intereses de los argentinos, y por lo tanto a los intereses de los comprovincianos de Mendoza.
Nos preocupa esta actitud. Este gobierno transfiere recursos en cada una de sus decisiones. Esta transferencia se hace desde abajo hacia arriba, como hemos visto hace pocos días con la sanción de la ley de ajuste previsional, y como lo están haciendo con tantas otras medidas antipopulares y contrarias a los intereses de los sectores medios. Se trata de una transferencia que va también de la periferia al centro, y de las provincias al corazón de la Argentina -así lo consideran-, que lo constituye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Yo no tengo otra cosa que reconocimiento por los compatriotas porteños y bonaerenses, pero me molesta que se saque a las provincias y a los jubilados para dar fondos de campaña a la gobernadora Vidal y al jefe de gobierno porteño. Es lo que están haciendo: tratar de mejorar las chances de Cambiemos en los principales distritos electorales del país.
Finalmente, con lo que he mencionado, Mendoza pasa a estar última en el ranking de coparticipación provincial per cápita.
Pareciera que el gobernador Alfredo Cornejo, actualmente al frente de la presidencia del Comité Nacional del radicalismo, de mucho no nos ha servido a los mendocinos. (Aplausos.)
En este contexto, quiero pedir al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda si puede decirnos cuál es el monto que quedará finalmente en el presupuesto a los efectos de tenerlo en claro.
Voy a avanzar con mi exposición, pero agradecería contar con ese dato. Nosotros vamos a pedir que sea el monto que corresponde de acuerdo con el porcentaje que fija la ley en relación con la participación que tienen las asociaciones de bomberos voluntarios, que es el 3,25 por ciento en relación con los seguros.
Vamos a acompañar el pedido de los bomberos voluntarios de todo el país y esperamos que se haya contemplado la cifra total que correspondería de acuerdo con la ley.
En segundo lugar, quiero comentar que el 27 de septiembre de este año le remití al gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, una nota en donde le manifestaba las preocupaciones que me surgieron como mendocino, interesado sobre todo en las obras que se van a concretar en nuestra provincia durante 2018. Lamentablemente, no he tenido ninguna respuesta del gobernador en relación con esto que le solicitaba.
Le solicité al gobernador Cornejo que peleáramos juntos por las obras de Mendoza pero es probable que ya desde entonces haya estado muy ocupado en "rosquear" su cargo como presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.
Me resulta preocupante e insólito que no estemos aquí, en conjunto, todos los diputados por Mendoza peleando por aquellas obras de nuestra provincia que no figuran en este proyecto de ley de presupuesto a pesar de que fueron prometidas durante la campaña electoral.
Esta situación no es sólo la de Mendoza sino que puede hacerse extensiva a la mayoría de las provincias, con excepción de la de Buenos Aires y de la Capital Federal ya que sus gobiernos son los mimados de la Presidencia. Es decir, se trata de una situación generalizada.
Incluso, hay provincias oficialistas que están siendo maltratadas en distintos aspectos con este proyecto de ley de presupuesto.
Particularmente, me voy a referir a las obras públicas. En Mendoza el presidente Macri se comprometió a realizar la obra de Portezuelo del Viento; incluso fue hasta el lugar en donde se debía emplazar. Se trata de una obra de infraestructura muy importante. Es un embalse con una obra hidroeléctrica muy importante.
Cuando leímos el proyecto de ley de presupuesto y sus planillas anexas, nos encontramos con que esta obra no aparecía. Insistimos y planteamos el tema incluso al gobernador de la provincia pero no obtuvimos respuesta. Luego, apareció un monto insignificante -no recuerdo bien si eran 60 millones- para una obra que supera los 1.000 millones de dólares. Ese monto que pusieron no significaría ningún avance concreto para el año próximo.
También el presidente de la Nación y el gobernador Cornejo han anunciado con bombos y platillos desde fines del 2015 y en el 2016 la concreción del Paso Las Leñas. Incluso, se anunció que se dejaba sin efecto el túnel de baja altura del Ferrocarril Trasandino entre Las Cuevas -del lado mendocino- y Los Andes -en Chile- porque se iba a priorizar el proyecto del Paso Las Leñas.
Cuando leímos este proyecto de ley de presupuesto que estamos discutiendo y vimos sus planillas, nos dimos cuenta de que el Paso Las Leñas tampoco aparece. Pero esto no es todo.
El diputado José Luis Ramón hizo referencia a que la obra de la doble vía Mendoza-San Juan no está en la planilla anexa del artículo 11. Hay un ítem que quizás tenga algo que ver con esta obra -aunque no es precisa la planilla de Participación Público Privada- pero figura con monto cero. Es decir, no está presupuestada la obra de la doble vía Mendoza-San Juan pese a que, como dijo el diputado Ramón, ha sido publicitada ampliamente por el gobernador y por el presidente.
Por otro lado, en el presupuesto 2017 estaban previstas once obras de inversión específica para la provincia de Mendoza; sin embargo, solamente tres de ellas son contempladas en este proyecto de ley de presupuesto y se eliminan otras ocho.
Nos prometieron el Metrobus en la ciudad de Mendoza, importando esta significativa obra que se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires. En el presupuesto del año pasado esa obra tenía asignados 300 millones, pero ahora ha sido eliminada y la ejecución que hemos visto hasta el momento no representa aquel monto; por el contrario, es insignificante lo que se ha hecho. Por lo tanto, le aviso a los mendocinos que no vamos a tener Metrobus en el 2018.
Además, se eliminó la ampliación del sistema de recolección y tratamiento de efluentes de la cuenca El Paramillo, que es una obra muy importante.
La autopista nacional 7 es la variante de Palmira que conocemos en Mendoza. Se trata de una obra muy significativa que fue muy anunciada y sin embargo se eliminó. También se eliminó la ruta nacional 40, Mendoza-San Juan, que es lo que les comentaba recién. Se eliminaron a su vez los dos tramos en alta montaña de la autopista ruta nacional 7, Potrerillos-Uspallata, y Uspallata-Las Cuevas. Además, se eliminó la culminación de una obra estratégica en cuanto a la vinculación de Mendoza con la Patagonia, que es la pavimentación de la ruta nacional 40 en el tramo Malargüe-Neuqén.
Señor presidente: todo esto nos sorprende. Vemos cómo obras fundamentales para nuestra provincia han sido eliminadas. En otros casos, se han reducido los montos presupuestarios. Algunos nos han dicho: "Lo que pasa es que estaban en la planilla de 2017 del presupuesto plurianual, y por eso no se ven en la de 2018". Pero hay otras obras que sí están como, por ejemplo, una importante como la de Los blancos. Hay obras de 2017 y de 2018, como corresponde a las obras compartidas del presupuesto plurianual.
A Mendoza esto le cuesta 6.000.000.000 de pesos menos en relación con que habían prometido el presidente y el gobernador en tiempos de campaña.
Por último, a la provincia de Mendoza le produce un daño enorme lo que están haciendo con el Banco Nación. Hay 20.000.000.000 de pesos distraídos del Banco Nación para que vayan al Tesoro Nacional. Es una situación que nos genera enorme preocupación en términos de la sustentabilidad de dicha institución. Si el Banco Nación se descapitaliza, las posibilidades de que siga siendo un instrumento de acompañamiento financiero para la producción -en mi provincia se destina sobre todo a la vitivinicultura, la floricultura y la metalmecánica- va a ser cada vez menor. Esto nos parece enormemente preocupante.
No vamos a acompañar esta situación, que puede significa el comienzo del fin del Banco Nación. El gobernador de la provincia tampoco ha hecho nada al respecto. Uno de los directores del Banco Nación mendocino en su momento pretendió defender esta medida absolutamente contraria a los intereses de los argentinos, y por lo tanto a los intereses de los comprovincianos de Mendoza.
Nos preocupa esta actitud. Este gobierno transfiere recursos en cada una de sus decisiones. Esta transferencia se hace desde abajo hacia arriba, como hemos visto hace pocos días con la sanción de la ley de ajuste previsional, y como lo están haciendo con tantas otras medidas antipopulares y contrarias a los intereses de los sectores medios. Se trata de una transferencia que va también de la periferia al centro, y de las provincias al corazón de la Argentina -así lo consideran-, que lo constituye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Yo no tengo otra cosa que reconocimiento por los compatriotas porteños y bonaerenses, pero me molesta que se saque a las provincias y a los jubilados para dar fondos de campaña a la gobernadora Vidal y al jefe de gobierno porteño. Es lo que están haciendo: tratar de mejorar las chances de Cambiemos en los principales distritos electorales del país.
Finalmente, con lo que he mencionado, Mendoza pasa a estar última en el ranking de coparticipación provincial per cápita.
Pareciera que el gobernador Alfredo Cornejo, actualmente al frente de la presidencia del Comité Nacional del radicalismo, de mucho no nos ha servido a los mendocinos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Señor diputado Carmona: el diputado Laspina va a darle el dato que había solicitado.
SR. LASPINA Son 900 millones de pesos de gastos previstos arriba de la línea y aproximadamente 600 millones que se aplican por debajo de la línea, como aplicaciones financieras que se irán acreditando como gastos a medida que vayan aumentando los recursos.
Al no variar los recursos que destina la ley, esto es simplemente un cambio contable en la manera en la que se presenta la estimación de recursos de ingresos y gastos. Diría que es casi una cuestión de contabilidad y de cómo se presentan los recursos, pero en la medida que a lo largo del año se estima va a haber 600 millones de pesos más -que aquí están estimados como aplicaciones financieras- y a medida que vayan devengándose o llegando los recursos del fondo, irán subiendo arriba de la línea para ampliación de gastos. Esta es la explicación que brinda el Ministerio de Hacienda respecto de cómo está confeccionado el presupuesto de este año.
Por otra parte, al no cambiar la asignación de recursos para los bomberos tampoco debería cambiar la ejecución del gasto. Esto es un poco lo que explicamos a los compañeros bomberos quienes nos han llamado varias veces.
Al no variar los recursos que destina la ley, esto es simplemente un cambio contable en la manera en la que se presenta la estimación de recursos de ingresos y gastos. Diría que es casi una cuestión de contabilidad y de cómo se presentan los recursos, pero en la medida que a lo largo del año se estima va a haber 600 millones de pesos más -que aquí están estimados como aplicaciones financieras- y a medida que vayan devengándose o llegando los recursos del fondo, irán subiendo arriba de la línea para ampliación de gastos. Esta es la explicación que brinda el Ministerio de Hacienda respecto de cómo está confeccionado el presupuesto de este año.
Por otra parte, al no cambiar la asignación de recursos para los bomberos tampoco debería cambiar la ejecución del gasto. Esto es un poco lo que explicamos a los compañeros bomberos quienes nos han llamado varias veces.
SR. CARMONA ¿Dijo 900 millones de pesos sobre la línea?
SR. LASPINA Sí, como gasto. El faltante que se reclama está aplicado en 600 millones de pesos debajo de la línea como aplicaciones financieras que luego, a lo largo de la ejecución del presupuesto, irán llegando arriba como gasto. Se trata de un tema meramente contable.
SR. PRESIDENTE PASTORI Para mayor claridad, la ley 25.054 establece que el 5 por mil de lo recaudado en materia de impuestos de seguros, excepto la rama seguros de vida, se destina al financiamiento del sistema de bomberos voluntarios y es exactamente lo que se va a ejecutar.
Quisiera aclarar que no estoy usurpando ningún título sino que el señor presidente de la comisión me pidió que continuara y concluyera con la lista de oradores. Hago esta aclaración porque mañana no quiero ser objeto de ninguna cuestión de privilegio durante la sesión.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Romero.
Quisiera aclarar que no estoy usurpando ningún título sino que el señor presidente de la comisión me pidió que continuara y concluyera con la lista de oradores. Hago esta aclaración porque mañana no quiero ser objeto de ninguna cuestión de privilegio durante la sesión.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Romero.
SR. ROMERO Trataré de ser breve dado lo avanzado de la hora.
Hoy temprano transmití al presidente Laspina una inquietud de los intendentes de varios municipios de la provincia de Corrientes en cuanto a la compensación que el Estado nacional iba a hacer a las provincias que van a tener déficit con la modificación del impuesto a las ganancias y del impuesto al cheque.
En ese sentido, la provincia de Corrientes estima tener un déficit de 1.260 millones de pesos y la preocupación de los intendentes es si esa compensación se hará en forma de coparticipación, o si será trasladada directamente a la provincia y ella podrá hacer uso discrecional de esos fondos. Ellos interpretan que esta compensación debería llegar en forma de coparticipación para que el goteo llegue diariamente a los municipios, tal como ocurre con la coparticipación federal. Esta es una de las inquietudes.
La segunda está relacionada con la participación de la Argentina en el Parlamento del Mercosur. Nuestro país es uno de los fundadores del Mercosur y del Parlasur, que comenzó a funcionar en 2007 y desde hace dos años, por primera vez, sus representantes fueron elegidos democráticamente. Sin embargo, la Argentina no está cumpliendo con su obligación de hacer los aportes necesarios para solventar los gastos de participación de sus legisladores dentro del Parlamento del Mercosur.
El Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur establece en el inciso 1° del artículo 20 que el Parlamento elaborará y aprobará su presupuesto, el que será solventado por aportes de los Estados partes.
Hasta ahora Argentina nunca ha aportado nada. Y si somos un país que queremos integrarnos al mundo, que quiere ser confiable, ¡¿Cómo vamos a hacerlo si no cumplimos con nuestras obligaciones con nuestros socios hermanos de Latinoamérica y del Mercosur?!
Es más, hay un fallo de la Justicia argentina que obliga a nuestro país a hacer los aportes necesarios. Creo que ese fallo está comunicado a la Cámara de Diputados de la Nación para que incluya esta cuestión en su presupuesto nacional.
Esa es la inquietud que quiero transmitir y solicitar que se incorpore la partida pertinente para solventar los gastos del Parlasur. (Aplausos.)
Hoy temprano transmití al presidente Laspina una inquietud de los intendentes de varios municipios de la provincia de Corrientes en cuanto a la compensación que el Estado nacional iba a hacer a las provincias que van a tener déficit con la modificación del impuesto a las ganancias y del impuesto al cheque.
En ese sentido, la provincia de Corrientes estima tener un déficit de 1.260 millones de pesos y la preocupación de los intendentes es si esa compensación se hará en forma de coparticipación, o si será trasladada directamente a la provincia y ella podrá hacer uso discrecional de esos fondos. Ellos interpretan que esta compensación debería llegar en forma de coparticipación para que el goteo llegue diariamente a los municipios, tal como ocurre con la coparticipación federal. Esta es una de las inquietudes.
La segunda está relacionada con la participación de la Argentina en el Parlamento del Mercosur. Nuestro país es uno de los fundadores del Mercosur y del Parlasur, que comenzó a funcionar en 2007 y desde hace dos años, por primera vez, sus representantes fueron elegidos democráticamente. Sin embargo, la Argentina no está cumpliendo con su obligación de hacer los aportes necesarios para solventar los gastos de participación de sus legisladores dentro del Parlamento del Mercosur.
El Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur establece en el inciso 1° del artículo 20 que el Parlamento elaborará y aprobará su presupuesto, el que será solventado por aportes de los Estados partes.
Hasta ahora Argentina nunca ha aportado nada. Y si somos un país que queremos integrarnos al mundo, que quiere ser confiable, ¡¿Cómo vamos a hacerlo si no cumplimos con nuestras obligaciones con nuestros socios hermanos de Latinoamérica y del Mercosur?!
Es más, hay un fallo de la Justicia argentina que obliga a nuestro país a hacer los aportes necesarios. Creo que ese fallo está comunicado a la Cámara de Diputados de la Nación para que incluya esta cuestión en su presupuesto nacional.
Esa es la inquietud que quiero transmitir y solicitar que se incorpore la partida pertinente para solventar los gastos del Parlasur. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PASTORI Con respecto al primer punto, el consenso fiscal, hay dos impuestos que van a jugar en sentido contrario. Por un lado, las provincias pierden, entre comillas, en cuanto al impuesto a los débitos y créditos que pasan a ser 100 por ciento afectados al Tesoro Nacional con destino específico a la ANSES, para financiar el sistema de Seguridad Social. En la sumatoria de estos dos hay una diferencia que la Nación tendrá que compensar. Esa compensación se hará en forma diaria, tal cual el mecanismo de la coparticipación.
SR. ROMERO Va a tener el mismo tratamiento que la coparticipación.
SR. PRESIDENTE PASTORI Sí, eso está perfectamente establecido. En el dictamen de mayoría -desconozco si hay algún dictamen de minoría-, en el artículo 116, va a estar establecido este mecanismo para que quede perfectamente claro.
Ahora bien, yendo al punto concreto que usted consulta, le puedo comentar la experiencia de la provincia de Misiones. Mi provincia fue la primera o la segunda en adherir al consenso fiscal por ley de la Legislatura provincial. Se aprobó el día lunes, y en un artículo de la ley provincial se establece que el dinero que reciba en concepto de compensación será coparticipando a los municipios en función de la ley de coparticipación que rige en Misiones, ya que en principio esto no viene como impuestos recaudados sino como una compensación.
De modo que cada legislatura provincial tendría que hacer exactamente lo mismo si es que el gobierno provincial, o si las autoridades políticas, así lo consideran.
En principio no figura la obligación porque no es un dinero que va en concepto de recaudación tributaria, no integra la masa coparticipable, sino que es un concepto de compensación que recibe la provincia. La provincia libremente puede decidir coparticipar a sus municipios, que es lo que hizo Misiones.
Ahora bien, yendo al punto concreto que usted consulta, le puedo comentar la experiencia de la provincia de Misiones. Mi provincia fue la primera o la segunda en adherir al consenso fiscal por ley de la Legislatura provincial. Se aprobó el día lunes, y en un artículo de la ley provincial se establece que el dinero que reciba en concepto de compensación será coparticipando a los municipios en función de la ley de coparticipación que rige en Misiones, ya que en principio esto no viene como impuestos recaudados sino como una compensación.
De modo que cada legislatura provincial tendría que hacer exactamente lo mismo si es que el gobierno provincial, o si las autoridades políticas, así lo consideran.
En principio no figura la obligación porque no es un dinero que va en concepto de recaudación tributaria, no integra la masa coparticipable, sino que es un concepto de compensación que recibe la provincia. La provincia libremente puede decidir coparticipar a sus municipios, que es lo que hizo Misiones.
SR. ROMERO Justamente esa era la preocupación de los intendentes porque ese dinero que se pierde antes iba como participación tributaria. Es decir, se saca coparticipación a cambio de una compensación.
En cuanto al otro tema, el del Mercosur, no sé si están en condiciones de definirlo.
En cuanto al otro tema, el del Mercosur, no sé si están en condiciones de definirlo.
SR. LASPINA Señor diputado: esto se debatió mucho el año pasado. Como usted sabe hay posiciones encontradas respecto a cuándo deberían comenzar a cumplir funciones, dado que actualmente el Parlasur todavía no funciona al 100 por ciento.
Se debatió mucho el año pasado y hoy por hoy -y el año pasado también- la postura del bloque de Cambiemos es que hasta que no esté plenamente en funciones el Parlasur, con todos sus integrantes, se mantenga obviamente una asignación que le permita a los parlamentarios asistir, eventualmente los viáticos, pero no el régimen de dietas similar al de los diputados de la Nación, básicamente porque no está funcionando eso en su totalidad.
Es una discusión que tuvimos fuerte el año pasado y se mantiene la misma posición, al menos desde nuestro bloque, pero se puede eventualmente plantear en el recinto y ver si hay consenso para tratarlo. En principio nuestra posición es seguir como está ahora hasta tanto haya un pleno funcionamiento del Parlasur.
Se debatió mucho el año pasado y hoy por hoy -y el año pasado también- la postura del bloque de Cambiemos es que hasta que no esté plenamente en funciones el Parlasur, con todos sus integrantes, se mantenga obviamente una asignación que le permita a los parlamentarios asistir, eventualmente los viáticos, pero no el régimen de dietas similar al de los diputados de la Nación, básicamente porque no está funcionando eso en su totalidad.
Es una discusión que tuvimos fuerte el año pasado y se mantiene la misma posición, al menos desde nuestro bloque, pero se puede eventualmente plantear en el recinto y ver si hay consenso para tratarlo. En principio nuestra posición es seguir como está ahora hasta tanto haya un pleno funcionamiento del Parlasur.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la comisión, licenciado Luciano Andrés Laspina.
SR. ROMERO Está bien, señor presidente, lo que pasa es que hay un hecho nuevo, hay un fallo de la Justicia. De todas maneras, lo vamos a plantear mañana.
SR. CARMONA Hay una ley que votó la Cámara de Diputados. Solamente hay que cumplirla.
SR. PRESIDENTE LASPINA Finalizamos la reunión y seguimos mañana en el recinto.
- Es la hora 21 y 37.