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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 26/09/2018
- PRESUPUESTO 2019-FRIGERIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de septiembre de 2018, a la hora 12 y 28:
SR. PRESIDENTE LASPINA Queda abierta la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Damos la bienvenida al señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, licenciado Rogelio Frigerio, a quien agradecemos su presencia. También nos acompañan el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Emilio Monzó; el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado de la Nación, Esteban José Bullrich; el señor secretario de Provincias y Municipios, licenciado Alejandro Caldarelli y el señor secretario de Interior, Sebastián García de Luca.
En la reunión anterior, en la que estuvo presente el señor ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adoptamos la metodología de dar la palabra, en primer lugar, a los señores diputados para que efectúen las preguntas pertinentes. En la jornada de hoy vamos a seguir con esa dinámica.
Antes de proseguir quiero informar que mañana a las 10 se hará presente en este recinto el señor secretario de Finanzas, licenciado Santiago Bausili, para brindar un informe relativo a la reforma que se propone a la Ley de Administración Financiera. Considero importante que podamos escuchar los distintos argumentos y discutirlos. A continuación, habrá un informe por parte del contador Marcos Makon, quién se referirá al desempeño de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La semana siguiente continuaremos con el trabajo de esta comisión. Todavía estamos diseñando y consensuado con la oposición el respectivo cronograma.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
Damos la bienvenida al señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, licenciado Rogelio Frigerio, a quien agradecemos su presencia. También nos acompañan el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Emilio Monzó; el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado de la Nación, Esteban José Bullrich; el señor secretario de Provincias y Municipios, licenciado Alejandro Caldarelli y el señor secretario de Interior, Sebastián García de Luca.
En la reunión anterior, en la que estuvo presente el señor ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adoptamos la metodología de dar la palabra, en primer lugar, a los señores diputados para que efectúen las preguntas pertinentes. En la jornada de hoy vamos a seguir con esa dinámica.
Antes de proseguir quiero informar que mañana a las 10 se hará presente en este recinto el señor secretario de Finanzas, licenciado Santiago Bausili, para brindar un informe relativo a la reforma que se propone a la Ley de Administración Financiera. Considero importante que podamos escuchar los distintos argumentos y discutirlos. A continuación, habrá un informe por parte del contador Marcos Makon, quién se referirá al desempeño de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La semana siguiente continuaremos con el trabajo de esta comisión. Todavía estamos diseñando y consensuado con la oposición el respectivo cronograma.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: en el marco de las formalidades de la comisión, quiero mencionar que la semana pasada presentamos una nota junto a otros diputados pidiendo una agenda para poder trabajar este proyecto de ley de presupuesto. Entre quienes sugerimos invitar se encuentra el ex presidente del Banco Central.
Creemos que es importante su presencia porque el dólar es una variable clave de la economía argentina. Por lo que hemos leído en estos días en los medios de comunicación, se está firmando un nuevo acuerdo con el FMI que evidentemente puede presentar o no nuevas variables macroeconómicas, como así también nuevos escenarios económicos, monetarios y cambiarios.
Como entendemos que incluso en el mensaje del proyecto de ley de presupuesto hay un análisis de sensibilidad, de inflación y de tipo de cambio, creo que esta comisión merece conocer cuál va a ser una de las grandes políticas que tiene la economía: la fiscal, la monetaria, cuáles son sus derivados y qué impacto tiene en materia presupuestaria.
Insistimos en esto porque mientras nosotros estamos debatiendo un presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre en esta Cámara, en otros ámbitos se están discutiendo cuestiones relacionadas con la economía argentina, la actividad económica, la inflación y la política monetaria. Entonces, nos gustaría tener precisión.
Sabemos que hay un nuevo presidente del Banco Central; creo que la semana pasada estuvo acompañando al ministro Dujovne -si mal no recuerdo-, pero no lo escuchamos. Me parece que como titular del Banco Central debe dar explicaciones a esta comisión de por qué se eligió ese tipo de cambio, cuáles son las principales variables económicas que tiene el Banco Central y, en función de eso, evaluar las características presupuestarias.
Por otro lado, si comenzamos con las preguntas al señor ministro, simplemente quisiera saber para qué crean el fondo fiduciario de obra y cómo lo van a financiar porque no está explicitado en el presupuesto. Nuestra duda es que no sabemos cuál es la finalidad de ese fondo, cómo lo van a financiar y cuáles son los recursos.
En síntesis, mis planteos son dos: el primero es formal y está dirigido al señor presidente de la comisión, y el segundo consiste en la pregunta al ministro Frigerio, a quien agradecemos su presencia.
Creemos que es importante su presencia porque el dólar es una variable clave de la economía argentina. Por lo que hemos leído en estos días en los medios de comunicación, se está firmando un nuevo acuerdo con el FMI que evidentemente puede presentar o no nuevas variables macroeconómicas, como así también nuevos escenarios económicos, monetarios y cambiarios.
Como entendemos que incluso en el mensaje del proyecto de ley de presupuesto hay un análisis de sensibilidad, de inflación y de tipo de cambio, creo que esta comisión merece conocer cuál va a ser una de las grandes políticas que tiene la economía: la fiscal, la monetaria, cuáles son sus derivados y qué impacto tiene en materia presupuestaria.
Insistimos en esto porque mientras nosotros estamos debatiendo un presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre en esta Cámara, en otros ámbitos se están discutiendo cuestiones relacionadas con la economía argentina, la actividad económica, la inflación y la política monetaria. Entonces, nos gustaría tener precisión.
Sabemos que hay un nuevo presidente del Banco Central; creo que la semana pasada estuvo acompañando al ministro Dujovne -si mal no recuerdo-, pero no lo escuchamos. Me parece que como titular del Banco Central debe dar explicaciones a esta comisión de por qué se eligió ese tipo de cambio, cuáles son las principales variables económicas que tiene el Banco Central y, en función de eso, evaluar las características presupuestarias.
Por otro lado, si comenzamos con las preguntas al señor ministro, simplemente quisiera saber para qué crean el fondo fiduciario de obra y cómo lo van a financiar porque no está explicitado en el presupuesto. Nuestra duda es que no sabemos cuál es la finalidad de ese fondo, cómo lo van a financiar y cuáles son los recursos.
En síntesis, mis planteos son dos: el primero es formal y está dirigido al señor presidente de la comisión, y el segundo consiste en la pregunta al ministro Frigerio, a quien agradecemos su presencia.
SR. PRESIDENTE LASPINA Evaluaremos una agenda de trabajo priorizando los temas más relevantes y tratando de limitarnos a lo estrictamente relativo al presupuesto.
Entiendo que los lineamientos macroeconómicos los presentó el ministro de Hacienda la semana pasada, pero eventualmente podrían volver a revisarse. Mañana también habrá una reunión con la Oficina de Presupuesto del Congreso y seguramente se harán comentarios en esa línea.
Propongo que nos sentemos a conversar y consensuar una agenda productiva para todos que encaje dentro de los tiempos con los que contamos.
La comisión no solo tiene por delante el tratamiento de la ley de presupuesto sino también normas complementarias o relativas a este presupuesto que estamos trabajando. Por ejemplo, la adenda al consenso fiscal, que no sabemos si va a ingresar por la Cámara de Senadores o por la de Diputados. También debemos trabajar en un proyecto sobre modificaciones del ajuste contable impositivo, además de otros, que seguramente vamos a tener que discutir en el marco del presupuesto.
Así que sujeto a esa agenda, que es muy exigente, coincido en que podemos sentarnos y estudiar si se necesita que concurran más funcionarios.
En cuanto al caso del Banco Central, tiene su propia normativa en la Carta Orgánica que creo que excede la discusión del presupuesto. Eventualmente podríamos estudiarlo y dejar al flamante presidente del Banco Central que se tome unos días para acomodarse en su función antes de venir a dar explicaciones al Congreso. Pero prefiero que lo conversemos entre todos en privado y armemos una agenda constructiva.
Tiene la palabra el señor diputado Gioja.
Entiendo que los lineamientos macroeconómicos los presentó el ministro de Hacienda la semana pasada, pero eventualmente podrían volver a revisarse. Mañana también habrá una reunión con la Oficina de Presupuesto del Congreso y seguramente se harán comentarios en esa línea.
Propongo que nos sentemos a conversar y consensuar una agenda productiva para todos que encaje dentro de los tiempos con los que contamos.
La comisión no solo tiene por delante el tratamiento de la ley de presupuesto sino también normas complementarias o relativas a este presupuesto que estamos trabajando. Por ejemplo, la adenda al consenso fiscal, que no sabemos si va a ingresar por la Cámara de Senadores o por la de Diputados. También debemos trabajar en un proyecto sobre modificaciones del ajuste contable impositivo, además de otros, que seguramente vamos a tener que discutir en el marco del presupuesto.
Así que sujeto a esa agenda, que es muy exigente, coincido en que podemos sentarnos y estudiar si se necesita que concurran más funcionarios.
En cuanto al caso del Banco Central, tiene su propia normativa en la Carta Orgánica que creo que excede la discusión del presupuesto. Eventualmente podríamos estudiarlo y dejar al flamante presidente del Banco Central que se tome unos días para acomodarse en su función antes de venir a dar explicaciones al Congreso. Pero prefiero que lo conversemos entre todos en privado y armemos una agenda constructiva.
Tiene la palabra el señor diputado Gioja.
SR. GIOJA Señor presidente: en la misma línea que el señor diputado Bossio, considero que sería más que importante la presencia del ministro de Transporte, ya que cuando vino el ministro Dujovne se habló muy poco sobre el tema de las PPP. Tres "p", que no queremos que sean cinco "p", como algún periodista definió y que tiene otro significado. Solicito esto por el cambio que han hecho en el presupuesto y por ser obra pública que tiene que ver con Vialidad Nacional.
SR. PRESIDENTE LASPINA Si las dudas que se puedan plantear hoy no son evacuadas, podría ser, señor diputado.
El hecho de que haya preguntas y podamos ir contestándolas con los ministros que ya vinieron, sería ideal para optimizar los tiempos de todos.
El hecho de que haya preguntas y podamos ir contestándolas con los ministros que ya vinieron, sería ideal para optimizar los tiempos de todos.
SR. GIOJA Entonces, ¿puede venir el ministro de Transporte?
SR. PRESIDENTE LASPINA Lo que estoy diciendo es que hoy tratemos de evacuar todas las dudas y que, si hay más inquietudes, trabajemos en una agenda ampliatoria. Pero tratemos de optimizar el tiempo.
El ministro ha venido preparado y con asesores para contestar sobre muchas áreas, incluyendo la de las PPP.
Así que, reitero, tratemos de aprovechar este tiempo para ir respondiendo dudas y consultas. Insisto: una vez que terminemos las reuniones de hoy y mañana nos sentaremos a diagramar la agenda para la próxima semana con las autoridades de la comisión.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
El ministro ha venido preparado y con asesores para contestar sobre muchas áreas, incluyendo la de las PPP.
Así que, reitero, tratemos de aprovechar este tiempo para ir respondiendo dudas y consultas. Insisto: una vez que terminemos las reuniones de hoy y mañana nos sentaremos a diagramar la agenda para la próxima semana con las autoridades de la comisión.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Señor presidente: agradezco que una vez más se me invite a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Si lo señores diputados prefieren contestaremos las preguntas de a una, como se sugirió, o bien en forma agrupada. Para mí es exactamente lo mismo; lo que determine la conducción de la comisión, estará bien.
Con respecto a la pregunta del señor diputado Bossio, el fondo fiduciario de obra que se plantea en el presupuesto es un instrumento más para fomentar la inversión en infraestructura.
En nuestro país, actualmente vemos muchas empresas dedicadas a la obra pública con problemas para obtener financiamiento por conocidas razones. En consecuencia, la creación de este fondo fiduciario de obra es un instrumento para facilitar el acceso al financiamiento a esas empresas que actualmente lo tienen muy complicado.
Si lo señores diputados prefieren contestaremos las preguntas de a una, como se sugirió, o bien en forma agrupada. Para mí es exactamente lo mismo; lo que determine la conducción de la comisión, estará bien.
Con respecto a la pregunta del señor diputado Bossio, el fondo fiduciario de obra que se plantea en el presupuesto es un instrumento más para fomentar la inversión en infraestructura.
En nuestro país, actualmente vemos muchas empresas dedicadas a la obra pública con problemas para obtener financiamiento por conocidas razones. En consecuencia, la creación de este fondo fiduciario de obra es un instrumento para facilitar el acceso al financiamiento a esas empresas que actualmente lo tienen muy complicado.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: quiero simplemente plantear una cuestión formal, no es para perder tiempo. Me parece que no es menor la cuestión planteada por el señor diputado Bossio; sería bueno tener en claro la tasa de interés que el Banco Central aplicará en su política monetaria porque se vincula con la tasa de financiamiento que tendrá el fondo de obra del que hablaba el ministro.
De ahí que sea importante la presencia del funcionario para explicar la política monetaria. Si el flamante presidente del Banco Central necesita unos días, nosotros no tenemos ningún problema en dárselos y tomar un tiempo adicional para seguir discutiendo el presupuesto. Así que me sumo al pedido del diputado Bossio.
Voy a ir concretamente a las preguntas para el ministro. La primera, relacionada con la adenda del pacto fiscal, es sobre transporte. En dicha adenda, la referencia es muy general; si la que tengo es la última versión, porque el proyecto no ingresó a la Cámara todavía, se menciona en distintos incisos la participación de la provincia de Buenos Aires, de las demás provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; pero en ningún momento queda en claro cuál es esa participación.
Mis preguntas son muy concretas. ¿Cómo quedará el marco normativo? ¿Van a mandar un proyecto de ley que lo modifique para que pueda adaptarse a esa participación de las provincias? ¿Cómo queda el esquema de subsidios y transferencias a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo será la determinación de las tarifas de transporte y a cargo de quién estará? ¿Ha tenido el ministerio -cuando tuvo conversaciones con las distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires- un marco de discusión sobre cuál va a ser el aumento tarifario? Porque no me gustaría que el año que viene la Nación se desentienda y terminemos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires con aumentos de más del ciento por ciento en el boleto de colectivo. ¿Cómo evitarán que se produzcan impactos? ¿Cómo aplicará los aumentos el jefe de gobierno, señor Rodríguez Larreta, o bien la gobernadora Vidal, quien está al frente de la jurisdicción donde mayor impacto tienen los subsidios?
En este sentido, con los colegas de las distintas provincias coincidimos en que debemos ir a un reparto federal de los subsidios. Pero también tenemos que medir cómo será el impacto, porque tendrá un efecto no solo sobre la inflación, que va a afectar a todo el país, sino también en la tasa de interés, algo de lo que hablamos recientemente.
Entonces, ¿cómo va a ser ese traspaso en la práctica? ¿Qué están pensando en términos de marco normativo y de fijación de tarifas? En definitiva, ¿qué significa esa participación? ¿Cómo quedan los entes de control? Por ejemplo, ¿traspasarán también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte? ¿Van a desintegrarla? ¿Cuál será la política en torno a eso cuando transfieran la parte de transporte?
Lo mismo, si se quiere, sucede con el traspaso de EDENOR y EDESUR. ¿Qué piensan con respecto al marco regulatorio? Además, en el caso de estas empresas, el contrato de concesión es firmado con la Nación. ¿Habrá entonces un traspaso del contrato de concesión? ¿Traspasarán bienes a las provincias? ¿Cómo van a ser la fijación de tarifas y las audiencias públicas? Es más que importante que haya una clarificación sobre todo eso porque, en definitiva, influirá en lo que el ciudadano abone en concepto de tarifas de luz, gas, transporte, etcétera.
Por otra parte, como el licenciado Frigerio es uno de los ministros más políticos de este gobierno, me gustaría conocer su opinión sobre una cuestión más institucional que no tiene que ver particularmente con su ministerio sino con todo el marco del presupuesto. A lo largo de este último se pide que el Congreso haga muchas delegaciones al Poder Ejecutivo. Esto va desde expropiaciones hasta una suerte de reimplantación de superpoderes. Un ejemplo muy claro de lo que yo llamo "reimplantación de superpoderes" es el artículo 8°, donde se permite tomar préstamos y utilizarlos para gastos corrientes. ¿Cuál es la lógica que está atrás del pedido político de delegación de atribuciones del Poder Ejecutivo?
En el caso de viviendas hay un recorte muy importante: del 55 por ciento en términos reales y 12 por ciento en términos nominales. ¿Cómo van a seguir las metas cuantitativas de entrega y construcción de viviendas, es decir, de soluciones habitacionales? ¿Será algo que terminarán abandonando o acaso reducirán mucho aquella promesa de un millón de soluciones habitacionales que discutimos desde el primer presupuesto? Eran créditos hipotecarios y soluciones habitacionales.
También vemos una disminución en la entrega de escrituras que hará el Poder Ejecutivo. Esto va en contra de la ley sobre regularización dominial y entrega de viviendas y títulos sancionada hace menos de tres meses, que contó con una fuerte participación de organizaciones sociales. Observo una contradicción entre la política que se venía promoviendo y que llevó a la aprobación de esa ley, que fue acompañada tanto por oficialismo como por oposición, y las metas cuantitativas que observamos en este proyecto de presupuesto.
Por último, en la adenda al pacto fiscal están yendo hacia modificaciones que competen a este Congreso, no a las provincias. Me refiero, por ejemplo, a cambios en el impuesto a las ganancias, ya que en la adenda se están firmando compromisos. La pregunta es qué pasa si este Congreso aprueba algo distinto. ¿Esa adenda se cae? Quien tiene que introducir modificaciones en el impuesto a las ganancias es el Congreso de la Nación, no se hace por adendas a pactos. ¿Qué pasa si esa parte no se cumple? ¿Se anula toda la adenda o solo esa queda sin efecto?
Existen muchas dudas acerca de los traspasos y compromisos que se asumen en la adenda. Por ello, sería bueno hacer una aclaración tanto en lo relativo al transporte como respecto de cuestiones impositivas y vivienda. Entonces, mi pregunta va en ese sentido: las respectivas implicancias de esta adenda y qué significará en la práctica.
Finalmente, quiero hacer una consulta sobre un tema vinculado con lo electoral. Me refiero concretamente tanto a la fijación del módulo electoral como a los fondos en general. En el año 2017, el módulo electoral estaba en 9,43 y ahora se encuentra en 8,50. Quisiera saber si esto trae implícito un cambio en el sistema de las PASO, tal como se habló en algún momento. ¿Qué hay detrás de esas modificaciones?
De ahí que sea importante la presencia del funcionario para explicar la política monetaria. Si el flamante presidente del Banco Central necesita unos días, nosotros no tenemos ningún problema en dárselos y tomar un tiempo adicional para seguir discutiendo el presupuesto. Así que me sumo al pedido del diputado Bossio.
Voy a ir concretamente a las preguntas para el ministro. La primera, relacionada con la adenda del pacto fiscal, es sobre transporte. En dicha adenda, la referencia es muy general; si la que tengo es la última versión, porque el proyecto no ingresó a la Cámara todavía, se menciona en distintos incisos la participación de la provincia de Buenos Aires, de las demás provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; pero en ningún momento queda en claro cuál es esa participación.
Mis preguntas son muy concretas. ¿Cómo quedará el marco normativo? ¿Van a mandar un proyecto de ley que lo modifique para que pueda adaptarse a esa participación de las provincias? ¿Cómo queda el esquema de subsidios y transferencias a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo será la determinación de las tarifas de transporte y a cargo de quién estará? ¿Ha tenido el ministerio -cuando tuvo conversaciones con las distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires- un marco de discusión sobre cuál va a ser el aumento tarifario? Porque no me gustaría que el año que viene la Nación se desentienda y terminemos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires con aumentos de más del ciento por ciento en el boleto de colectivo. ¿Cómo evitarán que se produzcan impactos? ¿Cómo aplicará los aumentos el jefe de gobierno, señor Rodríguez Larreta, o bien la gobernadora Vidal, quien está al frente de la jurisdicción donde mayor impacto tienen los subsidios?
En este sentido, con los colegas de las distintas provincias coincidimos en que debemos ir a un reparto federal de los subsidios. Pero también tenemos que medir cómo será el impacto, porque tendrá un efecto no solo sobre la inflación, que va a afectar a todo el país, sino también en la tasa de interés, algo de lo que hablamos recientemente.
Entonces, ¿cómo va a ser ese traspaso en la práctica? ¿Qué están pensando en términos de marco normativo y de fijación de tarifas? En definitiva, ¿qué significa esa participación? ¿Cómo quedan los entes de control? Por ejemplo, ¿traspasarán también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte? ¿Van a desintegrarla? ¿Cuál será la política en torno a eso cuando transfieran la parte de transporte?
Lo mismo, si se quiere, sucede con el traspaso de EDENOR y EDESUR. ¿Qué piensan con respecto al marco regulatorio? Además, en el caso de estas empresas, el contrato de concesión es firmado con la Nación. ¿Habrá entonces un traspaso del contrato de concesión? ¿Traspasarán bienes a las provincias? ¿Cómo van a ser la fijación de tarifas y las audiencias públicas? Es más que importante que haya una clarificación sobre todo eso porque, en definitiva, influirá en lo que el ciudadano abone en concepto de tarifas de luz, gas, transporte, etcétera.
Por otra parte, como el licenciado Frigerio es uno de los ministros más políticos de este gobierno, me gustaría conocer su opinión sobre una cuestión más institucional que no tiene que ver particularmente con su ministerio sino con todo el marco del presupuesto. A lo largo de este último se pide que el Congreso haga muchas delegaciones al Poder Ejecutivo. Esto va desde expropiaciones hasta una suerte de reimplantación de superpoderes. Un ejemplo muy claro de lo que yo llamo "reimplantación de superpoderes" es el artículo 8°, donde se permite tomar préstamos y utilizarlos para gastos corrientes. ¿Cuál es la lógica que está atrás del pedido político de delegación de atribuciones del Poder Ejecutivo?
En el caso de viviendas hay un recorte muy importante: del 55 por ciento en términos reales y 12 por ciento en términos nominales. ¿Cómo van a seguir las metas cuantitativas de entrega y construcción de viviendas, es decir, de soluciones habitacionales? ¿Será algo que terminarán abandonando o acaso reducirán mucho aquella promesa de un millón de soluciones habitacionales que discutimos desde el primer presupuesto? Eran créditos hipotecarios y soluciones habitacionales.
También vemos una disminución en la entrega de escrituras que hará el Poder Ejecutivo. Esto va en contra de la ley sobre regularización dominial y entrega de viviendas y títulos sancionada hace menos de tres meses, que contó con una fuerte participación de organizaciones sociales. Observo una contradicción entre la política que se venía promoviendo y que llevó a la aprobación de esa ley, que fue acompañada tanto por oficialismo como por oposición, y las metas cuantitativas que observamos en este proyecto de presupuesto.
Por último, en la adenda al pacto fiscal están yendo hacia modificaciones que competen a este Congreso, no a las provincias. Me refiero, por ejemplo, a cambios en el impuesto a las ganancias, ya que en la adenda se están firmando compromisos. La pregunta es qué pasa si este Congreso aprueba algo distinto. ¿Esa adenda se cae? Quien tiene que introducir modificaciones en el impuesto a las ganancias es el Congreso de la Nación, no se hace por adendas a pactos. ¿Qué pasa si esa parte no se cumple? ¿Se anula toda la adenda o solo esa queda sin efecto?
Existen muchas dudas acerca de los traspasos y compromisos que se asumen en la adenda. Por ello, sería bueno hacer una aclaración tanto en lo relativo al transporte como respecto de cuestiones impositivas y vivienda. Entonces, mi pregunta va en ese sentido: las respectivas implicancias de esta adenda y qué significará en la práctica.
Finalmente, quiero hacer una consulta sobre un tema vinculado con lo electoral. Me refiero concretamente tanto a la fijación del módulo electoral como a los fondos en general. En el año 2017, el módulo electoral estaba en 9,43 y ahora se encuentra en 8,50. Quisiera saber si esto trae implícito un cambio en el sistema de las PASO, tal como se habló en algún momento. ¿Qué hay detrás de esas modificaciones?
SR. PRESIDENTE LASPINA Antes de proseguir con la reunión, voy a leer el listado de los diputados que tengo anotados para hacer uso de la palabra: Agustín Rossi -presidente del bloque del Frente para la Victoria; Romina del Plá; Ariel Rauschenberger -quien había solicitado la palabra en la reunión anterior y me pidió prioridad para el día de hoy; José Luis Gioja y Fernando Espinoza.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Señor presidente: quisiera responder, en primer término, al señor diputado Lavagna.
En cuanto a la adenda al pacto fiscal, hay puntos que tienen que ver con la discusión presupuestaria y otros que no necesariamente guardan alguna relación. Debemos aclarar cuál fue la génesis de la adenda y cómo fuimos llegando a acuerdos con los distintos gobernadores. En todo momento siempre se planteó que no estábamos negociando el presupuesto. Es este Parlamento el ámbito en el cual hay que negociar, trabajar y llegar a acuerdos en torno a esta iniciativa.
Quiero rescatar un hecho, a mi juicio bastante inédito en la historia reciente de la política argentina: la casi absoluta coincidencia respecto de que este presupuesto debe tener un equilibrio entre lo que ingresa en el Estado y lo que se gasta. Eso es importante ponerlo en valor, porque hasta ahora no era políticamente correcto hablar de la necesidad de que el Estado tenga cuentas equilibradas, tal como en general está ocurriendo en las distintas jurisdicciones del país básicamente por dos razones. En primer lugar, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal por parte de todos los distritos, el esfuerzo y el manejo muy responsable de los recursos públicos de las provincias. Por otro lado, está el hecho no menos importante de que este gobierno, desde hace dos años y medio, incrementó sustancialmente y de manera exponencial los recursos automáticos de libre disponibilidad a las distintas jurisdicciones del país.
Esto se puede medir de dos formas. De la torta de recursos federales, las provincias recibían -hasta diciembre de 2015- el 25 por ciento; hoy perciben el 33 por ciento y el año que viene recibirán el 34 por ciento del total; es decir, un 9 por ciento más de esos recursos.
Cuando analizamos la participación de las provincias y de la Nación, excluyendo el sistema de seguridad social, nos encontramos con que las provincias cuentan con un 50 por ciento del total de los recursos, cuando hace dos años y medio recibían el 40 por ciento.
Esto claramente genera una nueva composición en términos de distribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno que, por supuesto, tiene un impacto en este presupuesto. Este año también empezamos a discutir con los gobernadores las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, de la mano de una mayor participación y de un mayor financiamiento de las arcas provinciales, cosa que no se hacía desde hace décadas. De hecho, lo que ocurrió en el pasado es que las provincias asumieron responsabilidades sin la contraparte de los recursos. Me estoy refiriendo a los últimos veinticinco años. Desde hace dos años y medio reciben más recursos, y recién ahora empezamos a discutir gradualmente las responsabilidades.
En ese contexto -y también, por supuesto, en el marco de la necesidad de hacer un esfuerzo fiscal para llegar al equilibrio de las cuentas públicas por parte del gobierno nacional-, está la política de subsidios para el transporte intraurbano y la tarifa social para la electricidad.
En ambos casos, hay cuestiones muy objetivas que explican la conveniencia de que esto se encuentre bajo la responsabilidad de los gobiernos locales. Además, la Constitución claramente hace referencia a que la Nación tiene competencia en lo interjurisdiccional; en el caso puntual del transporte, estamos planteando mayor competencia de las provincias en lo intrajurisdiccional.
En cuanto a lo que plantea el consenso fiscal, debo hacer algunas correcciones a lo mencionado por el señor diputado recién, que son el producto de las negociaciones que tuvimos con los gobernadores.
El consenso en el que se está trabajando quedaría de esta manera: en el marco de la reducción de subsidios nacionales destinados a servicios públicos que se prevé a partir del 1° de enero de 2019, y en función de sus posibilidades, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires participarán de la financiación de la tarifa social del servicio de agua y desagües cloacales prestados por AYSA, Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima. Este es un punto que formó parte de la negociación con las provincias. Hasta ahora, la tarifa social de agua solo se brindaba en el ámbito metropolitano; a partir de ahora, también va a ser competencia de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego, dice que cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales. Es decir, damos plena autonomía para que cada jurisdicción defina la mejor política de subsidios en este sentido. No hay imposición alguna; la Nación deja de brindar un servicio, en línea con esta nueva idea de distribución de responsabilidades -que acompaña aquel concepto de distribución de recursos que mencioné al principio- y cada jurisdicción, de manera autónoma, define, de acuerdo con su situación particular -porque este es un país claramente heterogéneo-, cuál es la forma más eficiente de fijar una tarifa eléctrica diferencial.
Más adelante dice que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires definirán las compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollados en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Algunos lo harán, si se quiere, en línea con lo que se venía haciendo: un subsidio vinculado con la oferta o una combinación de subsidios relacionados con la oferta y la demanda. Otros gobernadores plantearon claramente que prefieren ir directamente a un subsidio a la demanda, pero con total autonomía respecto del transporte urbano intrajurisdiccional; en un país federal con una recomposición de la distribución de la torta de recursos, esto es claramente competencia de los gobiernos locales.
La Nación queda con la responsabilidad interjurisdiccional que exige la Constitución; pero, por supuesto, también sigue existiendo un esquema de coordinación tarifaria con la participación del Ministerio de Transporte.
En cuanto a la adenda al pacto fiscal, hay puntos que tienen que ver con la discusión presupuestaria y otros que no necesariamente guardan alguna relación. Debemos aclarar cuál fue la génesis de la adenda y cómo fuimos llegando a acuerdos con los distintos gobernadores. En todo momento siempre se planteó que no estábamos negociando el presupuesto. Es este Parlamento el ámbito en el cual hay que negociar, trabajar y llegar a acuerdos en torno a esta iniciativa.
Quiero rescatar un hecho, a mi juicio bastante inédito en la historia reciente de la política argentina: la casi absoluta coincidencia respecto de que este presupuesto debe tener un equilibrio entre lo que ingresa en el Estado y lo que se gasta. Eso es importante ponerlo en valor, porque hasta ahora no era políticamente correcto hablar de la necesidad de que el Estado tenga cuentas equilibradas, tal como en general está ocurriendo en las distintas jurisdicciones del país básicamente por dos razones. En primer lugar, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal por parte de todos los distritos, el esfuerzo y el manejo muy responsable de los recursos públicos de las provincias. Por otro lado, está el hecho no menos importante de que este gobierno, desde hace dos años y medio, incrementó sustancialmente y de manera exponencial los recursos automáticos de libre disponibilidad a las distintas jurisdicciones del país.
Esto se puede medir de dos formas. De la torta de recursos federales, las provincias recibían -hasta diciembre de 2015- el 25 por ciento; hoy perciben el 33 por ciento y el año que viene recibirán el 34 por ciento del total; es decir, un 9 por ciento más de esos recursos.
Cuando analizamos la participación de las provincias y de la Nación, excluyendo el sistema de seguridad social, nos encontramos con que las provincias cuentan con un 50 por ciento del total de los recursos, cuando hace dos años y medio recibían el 40 por ciento.
Esto claramente genera una nueva composición en términos de distribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno que, por supuesto, tiene un impacto en este presupuesto. Este año también empezamos a discutir con los gobernadores las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, de la mano de una mayor participación y de un mayor financiamiento de las arcas provinciales, cosa que no se hacía desde hace décadas. De hecho, lo que ocurrió en el pasado es que las provincias asumieron responsabilidades sin la contraparte de los recursos. Me estoy refiriendo a los últimos veinticinco años. Desde hace dos años y medio reciben más recursos, y recién ahora empezamos a discutir gradualmente las responsabilidades.
En ese contexto -y también, por supuesto, en el marco de la necesidad de hacer un esfuerzo fiscal para llegar al equilibrio de las cuentas públicas por parte del gobierno nacional-, está la política de subsidios para el transporte intraurbano y la tarifa social para la electricidad.
En ambos casos, hay cuestiones muy objetivas que explican la conveniencia de que esto se encuentre bajo la responsabilidad de los gobiernos locales. Además, la Constitución claramente hace referencia a que la Nación tiene competencia en lo interjurisdiccional; en el caso puntual del transporte, estamos planteando mayor competencia de las provincias en lo intrajurisdiccional.
En cuanto a lo que plantea el consenso fiscal, debo hacer algunas correcciones a lo mencionado por el señor diputado recién, que son el producto de las negociaciones que tuvimos con los gobernadores.
El consenso en el que se está trabajando quedaría de esta manera: en el marco de la reducción de subsidios nacionales destinados a servicios públicos que se prevé a partir del 1° de enero de 2019, y en función de sus posibilidades, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires participarán de la financiación de la tarifa social del servicio de agua y desagües cloacales prestados por AYSA, Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima. Este es un punto que formó parte de la negociación con las provincias. Hasta ahora, la tarifa social de agua solo se brindaba en el ámbito metropolitano; a partir de ahora, también va a ser competencia de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego, dice que cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales. Es decir, damos plena autonomía para que cada jurisdicción defina la mejor política de subsidios en este sentido. No hay imposición alguna; la Nación deja de brindar un servicio, en línea con esta nueva idea de distribución de responsabilidades -que acompaña aquel concepto de distribución de recursos que mencioné al principio- y cada jurisdicción, de manera autónoma, define, de acuerdo con su situación particular -porque este es un país claramente heterogéneo-, cuál es la forma más eficiente de fijar una tarifa eléctrica diferencial.
Más adelante dice que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires definirán las compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollados en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Algunos lo harán, si se quiere, en línea con lo que se venía haciendo: un subsidio vinculado con la oferta o una combinación de subsidios relacionados con la oferta y la demanda. Otros gobernadores plantearon claramente que prefieren ir directamente a un subsidio a la demanda, pero con total autonomía respecto del transporte urbano intrajurisdiccional; en un país federal con una recomposición de la distribución de la torta de recursos, esto es claramente competencia de los gobiernos locales.
La Nación queda con la responsabilidad interjurisdiccional que exige la Constitución; pero, por supuesto, también sigue existiendo un esquema de coordinación tarifaria con la participación del Ministerio de Transporte.
SR. LAVAGNA ¿Tienen autonomía pero participa...?
Sr. Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.- Simplemente participa, sobre todo en el área metropolitana, en la coordinación; pero no tiene definición. Entendemos -y coincido con la preocupación del señor diputado- que es necesaria una coordinación en este punto.
Además, como dije antes, la Nación mantiene responsabilidad sobre lo interjurisdiccional de acuerdo con la potestad o a la exigencia constitucional, y es lógico que exista por lo menos una coordinación o un ámbito de discusión entre las tarifas intrajurisdiccionales y las interjurisdiccionales.
Con respecto a los impuestos, que conforman otro capítulo de la adenda, está claramente acordado con las provincias el compromiso, en el ámbito de su competencia, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, de arbitrar los medios que estén a su alcance. Eso es lo que plantea respecto a los compromisos comunes vinculados con el tema impositivo.
Está claramente contemplado el tema del impuesto a las ganancias y algunas otras cuestiones vinculadas con otros tributos. No se plantea una injerencia sobre las decisiones impositivas, ya que claramente tienen su origen en la Cámara de Diputados. Este acuerdo, que está supeditado a su validación en el recinto, entre otras cosas elimina la exigencia que tenía el anterior consenso de sostener la rebaja de algunos impuestos o modificarlos. Libera la posibilidad de realizar reformas tributarias en este ámbito, y eso es lo que se va a hacer en el marco de la discusión presupuestaria que estamos llevando adelante.
En relación con la transferencia de EDENOR y EDESUR, que también se encuentra en los considerandos del consenso fiscal, está contemplado que las distribuidoras eléctricas, Empresa Distribuidora Norte S.A. -EDENOR- y Empresa Distribuidora Sur S.A. -EDESUR-, pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y de la CABA en línea con lo que ocurre con las distribuidoras eléctricas en las demás jurisdicciones. Esto también es un avance en el federalismo, en línea con que la Nación tiene la responsabilidad de la generación de electricidad y del transporte.
Existía solamente un ámbito en el cual la Nación tenía injerencia o responsabilidad sobre la distribución del servicio eléctrico, que era el área metropolitana. A partir del acuerdo con los gobernadores, esto deja de ser así desde el 1º de enero del año que viene. En este caso, como ocurre también en el resto de las jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires pasan a tener total responsabilidad sobre la distribución del servicio eléctrico y, por supuesto, también en cuanto al traspaso del ENRE, el organismo de control.
En cuanto al tema tarifario, no hay cambio alguno porque se mantiene el mismo contrato que tenían EDENOR y EDESUR. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, como el resto de las jurisdicciones, van a definir cuál es la mejor política de subsidios o de tarifa social en cuanto a este servicio.
En relación con los módulos electorales, también en función del esfuerzo fiscal que implica llegar al equilibrio de las cuentas públicas de un año para el otro, hay una mayor austeridad: se pasa de 9,4 a 8,5 como techo.
Sin embargo, es bueno aclarar y dar tranquilidad diciendo que en el pasado nunca se llegó siquiera al 50 por ciento de los techos establecidos, con lo cual es solamente una estimación de módulos máximos a sabiendas de que, en el pasado, por ejemplo, no se alcanzó siquiera a utilizar el 50 por ciento de ese módulo de 9,4.
En cuanto al tema vivienda, también entra en la discusión de las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno en un país federal. Durante estos dos años y medio avanzamos bastante en algunos sectores con responsabilidades compartidas respecto de organizarnos mejor en función del gasto a nivel nacional, provincial y municipal.
A su vez, acordamos con las distintas jurisdicciones, sobre todo en aquellas áreas de la obra pública donde es más discutible la responsabilidad exclusiva del gobierno nacional en un país federal -me refiero, por ejemplo, a la red fina de cloacas y agua potable, al asfalto de calles, etcétera-, una cofinanciación; es decir, avanzamos en una negociación sobre responsabilidades. Si bien esto no forma parte de la discusión presupuestaria, es bueno que los representantes del pueblo acá presentes conozcan que logramos muchos avances en este sentido en estos dos años y medio.
De la mano del mayor incremento de recursos a las provincias, en algunos lugares pasamos de financiar el ciento por ciento de las obras -que, en la totalidad de los países federales, me animaría a decir que están en manos de los gobiernos locales- a un esquema de cofinanciamiento. Arrancamos con un financiamiento setenta a treinta, es decir, 70 por ciento Nación y 30 por ciento, provincia o municipio -alguna vez, combinado en financiación nacional, provincial y municipal-, y en algunos casos avanzamos a un esquema cincuenta y cincuenta; o sea, un cofinanciamiento por mitades entre Nación y provincia.
En el caso de la vivienda, también hemos progresado en este sentido. Por supuesto, tenemos preocupación frente a la caída de los créditos hipotecarios. Habíamos llegado a un récord histórico en los primeros meses de este año, y producto, por supuesto, del cambio de los precios relativos de la economía, se produjo una caída importante de los créditos hipotecarios. Estamos trabajando en ello y próximamente anunciaremos algunas medidas en línea con la posibilidad de recuperarlos.
Creemos que el tremendo drama habitacional de la Argentina no se soluciona solamente con la construcción de viviendas por parte de los gobiernos nacional, provinciales o municipales. Por eso necesitamos recuperar el crédito hipotecario que logramos el año pasado y los primeros meses de este año.
También estamos trabajando con las provincias en la posibilidad de apalancar los recursos que ya les estamos transfiriendo de manera habitual y regular. Me estoy refiriendo, entre otros, al Fondo Nacional de la Vivienda -FONAVI. Establecido en la Ley de Coparticipación Federal, conlleva mucha previsibilidad y claramente está desaprovechado, ya que con cada peso del FONAVI podríamos estar financiando obras por tres o cuatro pesos, algo que hasta ahora no se hizo.
Hemos trabajado mucho el año pasado y en lo que va de éste con las provincias para lograr este trabajo de apalancamiento de esos recursos y poder hacer con cada peso más viviendas, sobre todo en una situación de estrechez presupuestaria como la que estamos atravesando. El FONAVI, por supuesto, viene creciendo de la mano del incremento de los recursos a las provincias.
Nosotros seguimos construyendo viviendas y haciendo convenios con provincias y municipios para colaborar con ellas en la búsqueda de una solución al claro problema habitacional que sufre la Argentina. Tenemos presupuesto suficiente para concluir todas las obras en marcha. Actualmente estamos construyendo muchas viviendas, cerca de setenta mil, y en el presupuesto están destinados los recursos para que todas ellas sean culminadas.
Venimos trabajando, de manera muy productiva, en el marco del Consejo Nacional de la Vivienda con la mayoría de las jurisdicciones con el objetivo de ser más eficientes en el uso de los recursos públicos, sobre todo en el contexto de la importante exigencia que nos determina un presupuesto con equilibrio -entre ingresos y egresos- como el que se está negociando y debatiendo en este Parlamento.
Sr. Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.- Simplemente participa, sobre todo en el área metropolitana, en la coordinación; pero no tiene definición. Entendemos -y coincido con la preocupación del señor diputado- que es necesaria una coordinación en este punto.
Además, como dije antes, la Nación mantiene responsabilidad sobre lo interjurisdiccional de acuerdo con la potestad o a la exigencia constitucional, y es lógico que exista por lo menos una coordinación o un ámbito de discusión entre las tarifas intrajurisdiccionales y las interjurisdiccionales.
Con respecto a los impuestos, que conforman otro capítulo de la adenda, está claramente acordado con las provincias el compromiso, en el ámbito de su competencia, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, de arbitrar los medios que estén a su alcance. Eso es lo que plantea respecto a los compromisos comunes vinculados con el tema impositivo.
Está claramente contemplado el tema del impuesto a las ganancias y algunas otras cuestiones vinculadas con otros tributos. No se plantea una injerencia sobre las decisiones impositivas, ya que claramente tienen su origen en la Cámara de Diputados. Este acuerdo, que está supeditado a su validación en el recinto, entre otras cosas elimina la exigencia que tenía el anterior consenso de sostener la rebaja de algunos impuestos o modificarlos. Libera la posibilidad de realizar reformas tributarias en este ámbito, y eso es lo que se va a hacer en el marco de la discusión presupuestaria que estamos llevando adelante.
En relación con la transferencia de EDENOR y EDESUR, que también se encuentra en los considerandos del consenso fiscal, está contemplado que las distribuidoras eléctricas, Empresa Distribuidora Norte S.A. -EDENOR- y Empresa Distribuidora Sur S.A. -EDESUR-, pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y de la CABA en línea con lo que ocurre con las distribuidoras eléctricas en las demás jurisdicciones. Esto también es un avance en el federalismo, en línea con que la Nación tiene la responsabilidad de la generación de electricidad y del transporte.
Existía solamente un ámbito en el cual la Nación tenía injerencia o responsabilidad sobre la distribución del servicio eléctrico, que era el área metropolitana. A partir del acuerdo con los gobernadores, esto deja de ser así desde el 1º de enero del año que viene. En este caso, como ocurre también en el resto de las jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires pasan a tener total responsabilidad sobre la distribución del servicio eléctrico y, por supuesto, también en cuanto al traspaso del ENRE, el organismo de control.
En cuanto al tema tarifario, no hay cambio alguno porque se mantiene el mismo contrato que tenían EDENOR y EDESUR. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, como el resto de las jurisdicciones, van a definir cuál es la mejor política de subsidios o de tarifa social en cuanto a este servicio.
En relación con los módulos electorales, también en función del esfuerzo fiscal que implica llegar al equilibrio de las cuentas públicas de un año para el otro, hay una mayor austeridad: se pasa de 9,4 a 8,5 como techo.
Sin embargo, es bueno aclarar y dar tranquilidad diciendo que en el pasado nunca se llegó siquiera al 50 por ciento de los techos establecidos, con lo cual es solamente una estimación de módulos máximos a sabiendas de que, en el pasado, por ejemplo, no se alcanzó siquiera a utilizar el 50 por ciento de ese módulo de 9,4.
En cuanto al tema vivienda, también entra en la discusión de las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno en un país federal. Durante estos dos años y medio avanzamos bastante en algunos sectores con responsabilidades compartidas respecto de organizarnos mejor en función del gasto a nivel nacional, provincial y municipal.
A su vez, acordamos con las distintas jurisdicciones, sobre todo en aquellas áreas de la obra pública donde es más discutible la responsabilidad exclusiva del gobierno nacional en un país federal -me refiero, por ejemplo, a la red fina de cloacas y agua potable, al asfalto de calles, etcétera-, una cofinanciación; es decir, avanzamos en una negociación sobre responsabilidades. Si bien esto no forma parte de la discusión presupuestaria, es bueno que los representantes del pueblo acá presentes conozcan que logramos muchos avances en este sentido en estos dos años y medio.
De la mano del mayor incremento de recursos a las provincias, en algunos lugares pasamos de financiar el ciento por ciento de las obras -que, en la totalidad de los países federales, me animaría a decir que están en manos de los gobiernos locales- a un esquema de cofinanciamiento. Arrancamos con un financiamiento setenta a treinta, es decir, 70 por ciento Nación y 30 por ciento, provincia o municipio -alguna vez, combinado en financiación nacional, provincial y municipal-, y en algunos casos avanzamos a un esquema cincuenta y cincuenta; o sea, un cofinanciamiento por mitades entre Nación y provincia.
En el caso de la vivienda, también hemos progresado en este sentido. Por supuesto, tenemos preocupación frente a la caída de los créditos hipotecarios. Habíamos llegado a un récord histórico en los primeros meses de este año, y producto, por supuesto, del cambio de los precios relativos de la economía, se produjo una caída importante de los créditos hipotecarios. Estamos trabajando en ello y próximamente anunciaremos algunas medidas en línea con la posibilidad de recuperarlos.
Creemos que el tremendo drama habitacional de la Argentina no se soluciona solamente con la construcción de viviendas por parte de los gobiernos nacional, provinciales o municipales. Por eso necesitamos recuperar el crédito hipotecario que logramos el año pasado y los primeros meses de este año.
También estamos trabajando con las provincias en la posibilidad de apalancar los recursos que ya les estamos transfiriendo de manera habitual y regular. Me estoy refiriendo, entre otros, al Fondo Nacional de la Vivienda -FONAVI. Establecido en la Ley de Coparticipación Federal, conlleva mucha previsibilidad y claramente está desaprovechado, ya que con cada peso del FONAVI podríamos estar financiando obras por tres o cuatro pesos, algo que hasta ahora no se hizo.
Hemos trabajado mucho el año pasado y en lo que va de éste con las provincias para lograr este trabajo de apalancamiento de esos recursos y poder hacer con cada peso más viviendas, sobre todo en una situación de estrechez presupuestaria como la que estamos atravesando. El FONAVI, por supuesto, viene creciendo de la mano del incremento de los recursos a las provincias.
Nosotros seguimos construyendo viviendas y haciendo convenios con provincias y municipios para colaborar con ellas en la búsqueda de una solución al claro problema habitacional que sufre la Argentina. Tenemos presupuesto suficiente para concluir todas las obras en marcha. Actualmente estamos construyendo muchas viviendas, cerca de setenta mil, y en el presupuesto están destinados los recursos para que todas ellas sean culminadas.
Venimos trabajando, de manera muy productiva, en el marco del Consejo Nacional de la Vivienda con la mayoría de las jurisdicciones con el objetivo de ser más eficientes en el uso de los recursos públicos, sobre todo en el contexto de la importante exigencia que nos determina un presupuesto con equilibrio -entre ingresos y egresos- como el que se está negociando y debatiendo en este Parlamento.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Rossi.
SR. ROSSI Señor presidente: agradezco al señor ministro por su presencia.
Voy a formularle algunas preguntas. Quizás, alguna de ellas exceda su función; pero como el autor de la frase "el Messi de las finanzas" desapareció antes que Messi, quizás el señor ministro tenga la posibilidad de contestarlas. Digo esto porque, en un escenario de crisis como el que está viviendo nuestro país, no sabemos dónde está el señor jefe de Gabinete.
Voy a formularle algunas preguntas. Quizás, alguna de ellas exceda su función; pero como el autor de la frase "el Messi de las finanzas" desapareció antes que Messi, quizás el señor ministro tenga la posibilidad de contestarlas. Digo esto porque, en un escenario de crisis como el que está viviendo nuestro país, no sabemos dónde está el señor jefe de Gabinete.
SR. IGLESIAS Estuvimos cuatro años sin ver un jefe de Gabinete.
Varios señores diputados hablan a la vez.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA Pido a los señores diputados que no dialoguen.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Rossi.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Rossi.
SR. ROSSI Señor presidente: voy a contextualizar el tema.
Nosotros venimos a esta reunión y el señor ministro tomó la decisión de participar también para tratar de brindarnos explicaciones en un marco de incertidumbre económica importante. Recién me avisaron que hoy por la tarde se va a anunciar un acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. No sabemos qué acordaron; no conocemos las implicancias de dicho acuerdo y tampoco si tendrá repercusiones en lo que estamos analizando. Es decir, si va a modificar presupuestariamente alguna de las pautas con las que fue elaborado este proyecto de ley de presupuesto.
Los señores diputados Bossio y Lavagna solicitaron que concurra a este Congreso el designado presidente del Banco Central. La semana pasada formulamos el mismo pedido: la presencia del renunciante presidente del Banco Central. Ustedes se han encargado de decir que la política antinflacionaria la fija dicha entidad. Si esto es así, significa que la tasa de inflación prevista en este presupuesto fue estipulada por el Banco Central con su anterior presidente.
Por ello, quisiéramos saber si el actual titular del Banco Central confirmará la tasa inflacionaria con la cual fue elaborado este presupuesto general de la Nación. Si la aumenta, significa que van a tener más recursos; si la disminuye, representará menos recursos disponibles.
Señor ministro: se lo voy a decir con mucho respeto, teniendo en cuenta su buena voluntad y predisposición a dar respuestas. Sentimos que estamos debatiendo en un escenario donde las cosas -el señor presidente diría "pasaron cosas"- sucedieron no acá sino afuera.
Concretamente, esta es la única crisis de la historia económica argentina que se lleva puesto a los presidentes del Banco Central y no a los ministros de Economía. El ministro de Economía sigue siendo el mismo. En cambio, en menos de tres meses cambiaron en dos oportunidades al presidente del Banco Central.
Además, lo que menciono acerca de la inflación no es solamente una deducción o un análisis. Debido a trascendidos periodísticos -no tenemos otra fuente de información- la presencia del designado presidente del Banco Central representará una política más laxa en torno al control del tipo de cambio. Si hay menos intervención del Banco Central y se produce un aumento del tipo de cambio, habrá más inflación. Por ello, mi pregunta es si, en un gesto de responsabilidad institucional, no tendrían que tomar el proyecto de presupuesto, llevarlo a la Casa Rosada, rearmarlo y diseñar otro sobre bases ciertas y realistas. Recién ahí nosotros lo podríamos discutir.
El señor ministro, seguramente hará un gran esfuerzo por darnos una gran cantidad de respuestas sobre este proyecto de ley de presupuesto; todos reconocemos su capacidad política. Pero también sabemos con certeza que no se puede afirmar con qué tasa de inflación se va a mover la economía argentina el año que viene.
Esto es importante para nosotros, para sentirnos considerados, pero también para el conjunto de la actividad económica del país, porque cuando aprobamos el presupuesto no lo hacemos solamente para el Poder Ejecutivo; con su sanción, también trazamos el escenario en el cual se va a mover la totalidad de la economía argentina durante el año próximo.
En verdad, no sabemos qué pauta inflacionaria tendremos el año que viene; no sabemos si la pauta de inflación fijada se va a mantener y tampoco qué implicancias tendrá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Para puntualizar, quiero preguntar al señor ministro -no sé si está dentro de sus posibilidades responder, pero es el funcionario que tengo enfrente- si la pauta de inflación se va a mantener. Esa es la primera pregunta.
La segunda es si conoce qué implicancias tendrá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Por otro lado, quiero ahondar en algunas cuestiones de las que escuché hablar estos días y también recién. Además, sobre el futuro del Fondo Federal Solidario. Oigo decir -recién venimos, con los diputados de Santa Fe, de una reunión con intendentes de nuestra provincia- que, en realidad, las provincias reciben mayores recursos en materia de coparticipación. Yo presupongo que eso tiene que ver con el 15 por ciento de precoparticipación de ganancias que antes se deducía; pero ese 15 por ciento iba imputado directamente al sistema previsional.
Hoy, ese porcentaje es transferido a las provincias; pero derogan el Fondo Federal Solidario y no lo imputan al sistema previsional, sino que permanece en el Tesoro. En otras palabras, cuando existía el 15 por ciento de precoparticipación, en lugar de quedar en el Tesoro pasaba a fortalecer el sistema previsional argentino. Ahora, con la excusa de que el 15 por ciento de precoparticipación ya no lo recibe el sistema previsional sino las provincias, les quitan a estas y a los municipios el Fondo Federal Solidario. Entonces, la realidad es que los recursos de este fondo no van al sistema previsional y tampoco a las provincias, sino que quedan en el Tesoro.
Quiero preguntar algo porque el ministro Dujovne, que estuvo la semana pasada, dijo que en materia de déficit fiscal el mayor problema era el sistema previsional argentino, y que casi no había problemas del Tesoro. Entonces, la pregunta es si tienen prevista alguna modificación en el sistema previsional argentino, además de la que hicieron en diciembre del año pasado. ¿Pensaron en alguna reforma en cuanto al cálculo de las jubilaciones? ¿Tienen previsto un aumento de la edad jubilatoria, además de lo que ya está en el presupuesto como es bajar un porcentaje del adicional que reciben las jubilaciones en la Patagonia?
Por lo tanto, la pregunta concreta es si el gobierno está estudiando cambios en el sistema previsional que signifiquen modificaciones al sistema de financiamiento, salir del sistema público que tenemos actualmente o bien un aumento de la edad jubilatoria.
Por otro lado, quiero hacer algunas preguntas sobre un tema que ya se mencionó. ¿Se acabó el Fondo Federal Solidario? ¿No lo restablecerán más? Fue un engañapichanga aquel intento de compensación consistente en dar a las distintas jurisdicciones el 40 por ciento de lo que tendrían que haber recibido, contra presentación de un presupuesto y en tres veces.
El año que viene, los municipios y las provincias argentinas no contarán más con el Fondo Federal Solidario. Aunque sé que lo derogaron, me gustaría saber si están pensando en restablecerlo debido al rechazo que ha generado esta medida en provincias y municipios.
Quiero hacer referencia a las PPP y el nuevo fondo fiduciario. A nuestro criterio, señor ministro, cambian las condiciones de licitación porque, aunque dijeron a las empresas que iban a participar que debían tener financiamiento propio, ahora resulta que éste lo dará el Estado.
Entonces, cualquiera que no se haya presentado a esas licitaciones porque consideraba que no estaba en condiciones de conseguir financiamiento propio, puede impugnar la creación de este fondo fiduciario; pero, por sobre todas las cosas, lo que puede impugnar es la licitación en sí misma porque sus condiciones fueron cambiadas con posterioridad.
Entonces, a nuestro criterio, lo lógico y razonable sería que si van a conformar el fondo fiduciario con el Banco Nación llamen nuevamente a licitación para saber, en este nuevo escenario, cuáles son las empresas que están en condiciones de presentarse. Creo que si siguen avanzando por este camino va a terminar judicializándose el tema, algo que cuesta poco en la Argentina; reconozcamos que cualquier cosa se termina judicializando.
Por otro lado, quiero hablar sobre el financiamiento de la política. Tenemos que tomar una decisión en este sentido: ¿cuál es el sistema de financiamiento de la política que la Argentina está dispuesta a sostener y llevar adelante? En el mundo hay distintos sistemas; en algunos países, el Estado no participa; en otros, hay sistemas mixtos, que es el caso de la Argentina; finalmente, existe el sistema donde el ciento por ciento del financiamiento de la política lo lleva adelante el Estado.
Hemos visto este año lo que ha sucedido con Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la justificación de la rendición de dinero.
Cuando nosotros modificamos la ley electoral en el año 2009 y creamos el sistema de las PASO -Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias-, lo que hicimos fue sacar la posibilidad de que las personas jurídicas aporten; solamente quedaron personas físicas. Entonces, hoy tenemos una ley por la que solamente pueden aportar las personas físicas.
Nuestro bloque ha presentado proyectos para eliminar el financiamiento privado y que el financiamiento sea estatal, transparente, como ocurre con la utilización de los espacios en radio y televisión, que se distribuyen equitativamente. Me parece que es muchísimo más democrático y que aleja las posibilidades de que exista financiamiento ilegal de la política a partir de que claramente está prohibido.
Entonces, quisiera hacer dos preguntas. La primera es concretamente si tienen previsto modificar la ley electoral en cuanto al financiamiento de la actividad de los partidos políticos. La segunda surge a partir de trascendidos; sé que en algún lado he escuchado, no sé si al licenciado Frigerio o a algún otro ministro, decir que no es así; por eso pregunto si van a mantener el sistema de las PASO en las elecciones del próximo año.
La última pregunta tiene relación con los subsidios al transporte y a la energía, sobre los que el señor ministro contestó recién.
Cuando el ministro Dujovne presentó el proyecto de presupuesto en el Salón "Delia Parodi" dijo que, en función del nuevo orden federal que estaban construyendo, las políticas de subsidio al transporte y a la energía iban a estar exclusivamente en las provincias. ¿En ningún caso el Estado nacional tiene contemplado participar en políticas de subsidio al transporte y a la energía en cualquiera de las modalidades?
Todos sabemos que, al menos en nuestra provincia, la Empresa Provincial de la Energía termina fijando la tarifa; pero le compra a un mayorista, que es Cammesa, donde el Estado claramente tiene posibilidades de subsidiar. ¿Hacia dónde va a converger el cuadro tarifario el próximo año?
Nosotros venimos a esta reunión y el señor ministro tomó la decisión de participar también para tratar de brindarnos explicaciones en un marco de incertidumbre económica importante. Recién me avisaron que hoy por la tarde se va a anunciar un acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. No sabemos qué acordaron; no conocemos las implicancias de dicho acuerdo y tampoco si tendrá repercusiones en lo que estamos analizando. Es decir, si va a modificar presupuestariamente alguna de las pautas con las que fue elaborado este proyecto de ley de presupuesto.
Los señores diputados Bossio y Lavagna solicitaron que concurra a este Congreso el designado presidente del Banco Central. La semana pasada formulamos el mismo pedido: la presencia del renunciante presidente del Banco Central. Ustedes se han encargado de decir que la política antinflacionaria la fija dicha entidad. Si esto es así, significa que la tasa de inflación prevista en este presupuesto fue estipulada por el Banco Central con su anterior presidente.
Por ello, quisiéramos saber si el actual titular del Banco Central confirmará la tasa inflacionaria con la cual fue elaborado este presupuesto general de la Nación. Si la aumenta, significa que van a tener más recursos; si la disminuye, representará menos recursos disponibles.
Señor ministro: se lo voy a decir con mucho respeto, teniendo en cuenta su buena voluntad y predisposición a dar respuestas. Sentimos que estamos debatiendo en un escenario donde las cosas -el señor presidente diría "pasaron cosas"- sucedieron no acá sino afuera.
Concretamente, esta es la única crisis de la historia económica argentina que se lleva puesto a los presidentes del Banco Central y no a los ministros de Economía. El ministro de Economía sigue siendo el mismo. En cambio, en menos de tres meses cambiaron en dos oportunidades al presidente del Banco Central.
Además, lo que menciono acerca de la inflación no es solamente una deducción o un análisis. Debido a trascendidos periodísticos -no tenemos otra fuente de información- la presencia del designado presidente del Banco Central representará una política más laxa en torno al control del tipo de cambio. Si hay menos intervención del Banco Central y se produce un aumento del tipo de cambio, habrá más inflación. Por ello, mi pregunta es si, en un gesto de responsabilidad institucional, no tendrían que tomar el proyecto de presupuesto, llevarlo a la Casa Rosada, rearmarlo y diseñar otro sobre bases ciertas y realistas. Recién ahí nosotros lo podríamos discutir.
El señor ministro, seguramente hará un gran esfuerzo por darnos una gran cantidad de respuestas sobre este proyecto de ley de presupuesto; todos reconocemos su capacidad política. Pero también sabemos con certeza que no se puede afirmar con qué tasa de inflación se va a mover la economía argentina el año que viene.
Esto es importante para nosotros, para sentirnos considerados, pero también para el conjunto de la actividad económica del país, porque cuando aprobamos el presupuesto no lo hacemos solamente para el Poder Ejecutivo; con su sanción, también trazamos el escenario en el cual se va a mover la totalidad de la economía argentina durante el año próximo.
En verdad, no sabemos qué pauta inflacionaria tendremos el año que viene; no sabemos si la pauta de inflación fijada se va a mantener y tampoco qué implicancias tendrá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Para puntualizar, quiero preguntar al señor ministro -no sé si está dentro de sus posibilidades responder, pero es el funcionario que tengo enfrente- si la pauta de inflación se va a mantener. Esa es la primera pregunta.
La segunda es si conoce qué implicancias tendrá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Por otro lado, quiero ahondar en algunas cuestiones de las que escuché hablar estos días y también recién. Además, sobre el futuro del Fondo Federal Solidario. Oigo decir -recién venimos, con los diputados de Santa Fe, de una reunión con intendentes de nuestra provincia- que, en realidad, las provincias reciben mayores recursos en materia de coparticipación. Yo presupongo que eso tiene que ver con el 15 por ciento de precoparticipación de ganancias que antes se deducía; pero ese 15 por ciento iba imputado directamente al sistema previsional.
Hoy, ese porcentaje es transferido a las provincias; pero derogan el Fondo Federal Solidario y no lo imputan al sistema previsional, sino que permanece en el Tesoro. En otras palabras, cuando existía el 15 por ciento de precoparticipación, en lugar de quedar en el Tesoro pasaba a fortalecer el sistema previsional argentino. Ahora, con la excusa de que el 15 por ciento de precoparticipación ya no lo recibe el sistema previsional sino las provincias, les quitan a estas y a los municipios el Fondo Federal Solidario. Entonces, la realidad es que los recursos de este fondo no van al sistema previsional y tampoco a las provincias, sino que quedan en el Tesoro.
Quiero preguntar algo porque el ministro Dujovne, que estuvo la semana pasada, dijo que en materia de déficit fiscal el mayor problema era el sistema previsional argentino, y que casi no había problemas del Tesoro. Entonces, la pregunta es si tienen prevista alguna modificación en el sistema previsional argentino, además de la que hicieron en diciembre del año pasado. ¿Pensaron en alguna reforma en cuanto al cálculo de las jubilaciones? ¿Tienen previsto un aumento de la edad jubilatoria, además de lo que ya está en el presupuesto como es bajar un porcentaje del adicional que reciben las jubilaciones en la Patagonia?
Por lo tanto, la pregunta concreta es si el gobierno está estudiando cambios en el sistema previsional que signifiquen modificaciones al sistema de financiamiento, salir del sistema público que tenemos actualmente o bien un aumento de la edad jubilatoria.
Por otro lado, quiero hacer algunas preguntas sobre un tema que ya se mencionó. ¿Se acabó el Fondo Federal Solidario? ¿No lo restablecerán más? Fue un engañapichanga aquel intento de compensación consistente en dar a las distintas jurisdicciones el 40 por ciento de lo que tendrían que haber recibido, contra presentación de un presupuesto y en tres veces.
El año que viene, los municipios y las provincias argentinas no contarán más con el Fondo Federal Solidario. Aunque sé que lo derogaron, me gustaría saber si están pensando en restablecerlo debido al rechazo que ha generado esta medida en provincias y municipios.
Quiero hacer referencia a las PPP y el nuevo fondo fiduciario. A nuestro criterio, señor ministro, cambian las condiciones de licitación porque, aunque dijeron a las empresas que iban a participar que debían tener financiamiento propio, ahora resulta que éste lo dará el Estado.
Entonces, cualquiera que no se haya presentado a esas licitaciones porque consideraba que no estaba en condiciones de conseguir financiamiento propio, puede impugnar la creación de este fondo fiduciario; pero, por sobre todas las cosas, lo que puede impugnar es la licitación en sí misma porque sus condiciones fueron cambiadas con posterioridad.
Entonces, a nuestro criterio, lo lógico y razonable sería que si van a conformar el fondo fiduciario con el Banco Nación llamen nuevamente a licitación para saber, en este nuevo escenario, cuáles son las empresas que están en condiciones de presentarse. Creo que si siguen avanzando por este camino va a terminar judicializándose el tema, algo que cuesta poco en la Argentina; reconozcamos que cualquier cosa se termina judicializando.
Por otro lado, quiero hablar sobre el financiamiento de la política. Tenemos que tomar una decisión en este sentido: ¿cuál es el sistema de financiamiento de la política que la Argentina está dispuesta a sostener y llevar adelante? En el mundo hay distintos sistemas; en algunos países, el Estado no participa; en otros, hay sistemas mixtos, que es el caso de la Argentina; finalmente, existe el sistema donde el ciento por ciento del financiamiento de la política lo lleva adelante el Estado.
Hemos visto este año lo que ha sucedido con Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la justificación de la rendición de dinero.
Cuando nosotros modificamos la ley electoral en el año 2009 y creamos el sistema de las PASO -Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias-, lo que hicimos fue sacar la posibilidad de que las personas jurídicas aporten; solamente quedaron personas físicas. Entonces, hoy tenemos una ley por la que solamente pueden aportar las personas físicas.
Nuestro bloque ha presentado proyectos para eliminar el financiamiento privado y que el financiamiento sea estatal, transparente, como ocurre con la utilización de los espacios en radio y televisión, que se distribuyen equitativamente. Me parece que es muchísimo más democrático y que aleja las posibilidades de que exista financiamiento ilegal de la política a partir de que claramente está prohibido.
Entonces, quisiera hacer dos preguntas. La primera es concretamente si tienen previsto modificar la ley electoral en cuanto al financiamiento de la actividad de los partidos políticos. La segunda surge a partir de trascendidos; sé que en algún lado he escuchado, no sé si al licenciado Frigerio o a algún otro ministro, decir que no es así; por eso pregunto si van a mantener el sistema de las PASO en las elecciones del próximo año.
La última pregunta tiene relación con los subsidios al transporte y a la energía, sobre los que el señor ministro contestó recién.
Cuando el ministro Dujovne presentó el proyecto de presupuesto en el Salón "Delia Parodi" dijo que, en función del nuevo orden federal que estaban construyendo, las políticas de subsidio al transporte y a la energía iban a estar exclusivamente en las provincias. ¿En ningún caso el Estado nacional tiene contemplado participar en políticas de subsidio al transporte y a la energía en cualquiera de las modalidades?
Todos sabemos que, al menos en nuestra provincia, la Empresa Provincial de la Energía termina fijando la tarifa; pero le compra a un mayorista, que es Cammesa, donde el Estado claramente tiene posibilidades de subsidiar. ¿Hacia dónde va a converger el cuadro tarifario el próximo año?
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Señor presidente: responderé las preguntas del señor diputado Rossi.
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario no modifica las variables macroeconómicas que hoy están en discusión en el presupuesto en el Congreso de la Nación. No hay variación alguna de las variables.
Específicamente en cuanto a la preocupación respecto al cambio de autoridades en el Banco Central y la modificación de las metas inflacionarias, la independencia de esta entidad otorga a su presidente y directorio el grado de libertad necesario para utilizar los mecanismos e instrumentos para cumplir con las pautas que fija el Poder Ejecutivo de la Nación. No es que el Banco Central fije de manera independiente algunas de las variables o pautas macroeconómicas de nuestro país. Lo que tiene es independencia para cumplir con esos objetivos que fija siempre el presidente.
Así que, frente a esa preocupación, no hay modificación alguna en el presupuesto producto de lo que se va a anunciar esta tarde, que es el nuevo acuerdo con el Fondo, que básicamente eliminará incertidumbres respecto al financiamiento futuro de la Argentina. Nosotros fuimos al Fondo Monetario Internacional con nuestras pautas y proyecciones de la macroeconomía, y eso es lo que el organismo aceptó.
Respecto a la otra preocupación que planteó el señor diputado Rossi en términos del Fondo Federal Solidario, quiero efectuar algunas aclaraciones.
Precisamente, el origen de este fondo está muy vinculado -para aquellos que estamos en estos temas desde hace rato- con la detracción del famoso 15 por ciento por parte del gobierno nacional a las provincias. Es decir, hay una correlación o vinculación muy estrecha entre la decisión de implementar el FOFESO y la decisión política -adoptada por algún gobierno anterior- de quitar esos recursos a las provincias.
Cuando analizamos en el presupuesto un monto y el otro, las diferencias son abismales. El FOFESO representa 26.000 millones y la devolución del 15 por ciento a las provincias, en el año 2019, significará un monto de 136.094 millones de pesos. Lo que han recuperado las provincias de la mano de la restitución de los fondos -que por derecho corresponden a sus respectivos gobiernos- es varias veces superior al monto del FOFESO. De esta forma, estamos multiplicando por cinco los recursos a las provincias en relación con la detracción del FOFESO. Las provincias, producto de los acuerdos que fuimos alcanzando y que forman parte de la adenda fiscal, en 2019 contarán con recursos adicionales a estos 136.000 millones de pesos. Así, cada jurisdicción, de manera autónoma y respetando el federalismo, verá qué hace con las obras en sus municipios. Eso es lo que corresponde a un verdadero país federal como el que estamos construyendo.
Respecto al tema de la participación público-privada, quiero señalar que existe una confusión en torno al fondo fiduciario que, si no me equivoco, mencionó el señor diputado Bossio. Ese fondo no está destinado a garantizar financiamiento a las empresas; de hecho, en este caso, no es el Estado quien financia. La idea es facilitar el acceso al financiamiento a las empresas constructoras las cuales hoy, por razones de público conocimiento, se ven afectadas. Se trata de un fideicomiso que está contemplado en la ley original, en la estructura de los contratos PPP, y que en ningún caso modifica las condiciones de la licitación. Por eso, no se prevé problema legal alguno respecto de las licitaciones en marcha o de las obras terminadas bajo contratos PPP. No existe preocupación legal por alguna contingencia futura.
Finalmente, en lo que concierne al financiamiento de la política, si bien no es precisamente el tema que estamos discutiendo acá quiero precisar que nos importa y que lo consideramos relevante. De hecho, trabajamos con muchos señores diputados en la posibilidad de generar un consenso para sancionar una nueva ley de financiamiento de la política. Probablemente, dicho proyecto comience a ser analizado en el futuro mediato en este Congreso de la Nación.
No tenemos potestad alguna de imponer o de implementar algún tipo de cambio en la ley porque somos un gobierno con amplias minorías parlamentarias, tanto en esta Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Por ende, no podemos modificar ninguna de las leyes referidas al financiamiento de la política.
En el año 2016, se sancionó en esta Cámara de Diputados la reforma política electoral. Sin embargo, no pudimos avanzar en el Senado de la Nación. La razón es que somos minoría y dependemos de la búsqueda de consensos a través del diálogo, como lo estamos desarrollando hoy aquí.
Asimismo, no pensamos en modificar las PASO. Si tuviéramos la decisión de hacerlo, previamente necesitaríamos el consenso con otras fuerzas políticas. En la agenda de este gobierno no existe la intención de modificar las PASO.
Considero que es importante avanzar en una ley de financiamiento de la política y de las campañas electorales. Tenemos un proyecto que esperamos cuente con el mayor consenso posible.
Respecto de la última pregunta que hizo el señor diputado Rossi en términos de cuán involucrado está el gobierno nacional en los subsidios a los distintos servicios públicos, la respuesta es que hay que ver el presupuesto. Para el sector de la energía, en el presupuesto hay aproximadamente 213.000 millones de pesos destinados a subsidiar lo relativo a la competencia del gobierno nacional; es decir, la generación, el transporte y la distribución del gas, y solamente la generación y el transporte de la energía eléctrica. La distribución de la energía eléctrica está en manos de las provincias. En consecuencia, cada una definirá cuánto destinará -además de esos 213.675 millones de pesos- como subsidio adicional para el sector. Ahora con más recursos -como aclaré al principio- y en el marco de la autonomía de un país federal, cada provincia determinará cuánto destinará al financiamiento de este tipo de subsidio.
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario no modifica las variables macroeconómicas que hoy están en discusión en el presupuesto en el Congreso de la Nación. No hay variación alguna de las variables.
Específicamente en cuanto a la preocupación respecto al cambio de autoridades en el Banco Central y la modificación de las metas inflacionarias, la independencia de esta entidad otorga a su presidente y directorio el grado de libertad necesario para utilizar los mecanismos e instrumentos para cumplir con las pautas que fija el Poder Ejecutivo de la Nación. No es que el Banco Central fije de manera independiente algunas de las variables o pautas macroeconómicas de nuestro país. Lo que tiene es independencia para cumplir con esos objetivos que fija siempre el presidente.
Así que, frente a esa preocupación, no hay modificación alguna en el presupuesto producto de lo que se va a anunciar esta tarde, que es el nuevo acuerdo con el Fondo, que básicamente eliminará incertidumbres respecto al financiamiento futuro de la Argentina. Nosotros fuimos al Fondo Monetario Internacional con nuestras pautas y proyecciones de la macroeconomía, y eso es lo que el organismo aceptó.
Respecto a la otra preocupación que planteó el señor diputado Rossi en términos del Fondo Federal Solidario, quiero efectuar algunas aclaraciones.
Precisamente, el origen de este fondo está muy vinculado -para aquellos que estamos en estos temas desde hace rato- con la detracción del famoso 15 por ciento por parte del gobierno nacional a las provincias. Es decir, hay una correlación o vinculación muy estrecha entre la decisión de implementar el FOFESO y la decisión política -adoptada por algún gobierno anterior- de quitar esos recursos a las provincias.
Cuando analizamos en el presupuesto un monto y el otro, las diferencias son abismales. El FOFESO representa 26.000 millones y la devolución del 15 por ciento a las provincias, en el año 2019, significará un monto de 136.094 millones de pesos. Lo que han recuperado las provincias de la mano de la restitución de los fondos -que por derecho corresponden a sus respectivos gobiernos- es varias veces superior al monto del FOFESO. De esta forma, estamos multiplicando por cinco los recursos a las provincias en relación con la detracción del FOFESO. Las provincias, producto de los acuerdos que fuimos alcanzando y que forman parte de la adenda fiscal, en 2019 contarán con recursos adicionales a estos 136.000 millones de pesos. Así, cada jurisdicción, de manera autónoma y respetando el federalismo, verá qué hace con las obras en sus municipios. Eso es lo que corresponde a un verdadero país federal como el que estamos construyendo.
Respecto al tema de la participación público-privada, quiero señalar que existe una confusión en torno al fondo fiduciario que, si no me equivoco, mencionó el señor diputado Bossio. Ese fondo no está destinado a garantizar financiamiento a las empresas; de hecho, en este caso, no es el Estado quien financia. La idea es facilitar el acceso al financiamiento a las empresas constructoras las cuales hoy, por razones de público conocimiento, se ven afectadas. Se trata de un fideicomiso que está contemplado en la ley original, en la estructura de los contratos PPP, y que en ningún caso modifica las condiciones de la licitación. Por eso, no se prevé problema legal alguno respecto de las licitaciones en marcha o de las obras terminadas bajo contratos PPP. No existe preocupación legal por alguna contingencia futura.
Finalmente, en lo que concierne al financiamiento de la política, si bien no es precisamente el tema que estamos discutiendo acá quiero precisar que nos importa y que lo consideramos relevante. De hecho, trabajamos con muchos señores diputados en la posibilidad de generar un consenso para sancionar una nueva ley de financiamiento de la política. Probablemente, dicho proyecto comience a ser analizado en el futuro mediato en este Congreso de la Nación.
No tenemos potestad alguna de imponer o de implementar algún tipo de cambio en la ley porque somos un gobierno con amplias minorías parlamentarias, tanto en esta Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Por ende, no podemos modificar ninguna de las leyes referidas al financiamiento de la política.
En el año 2016, se sancionó en esta Cámara de Diputados la reforma política electoral. Sin embargo, no pudimos avanzar en el Senado de la Nación. La razón es que somos minoría y dependemos de la búsqueda de consensos a través del diálogo, como lo estamos desarrollando hoy aquí.
Asimismo, no pensamos en modificar las PASO. Si tuviéramos la decisión de hacerlo, previamente necesitaríamos el consenso con otras fuerzas políticas. En la agenda de este gobierno no existe la intención de modificar las PASO.
Considero que es importante avanzar en una ley de financiamiento de la política y de las campañas electorales. Tenemos un proyecto que esperamos cuente con el mayor consenso posible.
Respecto de la última pregunta que hizo el señor diputado Rossi en términos de cuán involucrado está el gobierno nacional en los subsidios a los distintos servicios públicos, la respuesta es que hay que ver el presupuesto. Para el sector de la energía, en el presupuesto hay aproximadamente 213.000 millones de pesos destinados a subsidiar lo relativo a la competencia del gobierno nacional; es decir, la generación, el transporte y la distribución del gas, y solamente la generación y el transporte de la energía eléctrica. La distribución de la energía eléctrica está en manos de las provincias. En consecuencia, cada una definirá cuánto destinará -además de esos 213.675 millones de pesos- como subsidio adicional para el sector. Ahora con más recursos -como aclaré al principio- y en el marco de la autonomía de un país federal, cada provincia determinará cuánto destinará al financiamiento de este tipo de subsidio.
SR. ROSSI Quedó pendiente la respuesta sobre el sistema previsional.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA No hay ningún proyecto vinculado con el sistema provisional.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Del Plá.
SRA. DEL PLÁ Señor presidente: hay varias cuestiones sobre las que me parece importante pedir precisiones.
Me parece difícil no comenzar marcando el enorme contraste entre este clima de normalidad que se intenta presentar en las respuestas del señor ministro con la situación real de la profunda crisis que está atravesando el país. Inclusive, esta idea de que no merece mayores explicaciones la renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, y su reemplazo por un funcionario que, a decir de todos los medios de comunicación, ha significado la algarabía de la titular del Fondo Monetario Internacional.
¿No es un tema para que discutamos justamente mientras estamos revisando este borrador de presupuesto que, como mencioné en la reunión anterior con el ministro Dujovne, dista enormemente de la realidad? La renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, no se dio en cualquier momento; se dio en medio de un paro nacional que no solo paralizó al país -valga la redundancia-, sino que expresó el enorme rechazo de la población trabajadora a la política que se está llevando adelante, y que este proyecto de presupuesto profundiza y agudiza.
Entonces, en ese punto me parece que es necesario que el ministro dé una explicación sobre cómo es posible que ni Congreso ni la población puedan tener una opinión sobre la designación del nuevo presidente del Banco Central, cuando su nombre es festejado por Christine Lagarde y otros funcionarios del FMI. ¿No es esto el anticipo, no es esto la evidencia de que estamos frente a un presupuesto que no tiene nada que ver con las necesidades de la población, sino que está hecho al servicio de las necesidades del FMI?
Además, el titular del Banco Central que renunció no fue cualquier presidente de esa entidad; es una persona denunciada por haber profundizado el endeudamiento y la entrega del país, no solo por el pago a los fondos "buitre" sino por todo lo ocurrido alrededor de las empresas offshore y el bono a cien años, que superó largamente el negociado de la Baring Brothers.
Por lo tanto, hay un tema muy importante que está acompañando esta reunión y que justamente tiene que ver con lo que aquí se ha mencionado. El señor ministro recién respondió que el nuevo acuerdo con el FMI -que, por supuesto, la mayoría de quienes estamos sentados acá no lo conocemos, así como tampoco la población- no altera las variables macroeconómicas de presupuesto.
Si un acuerdo donde seguramente se aumenta el endeudamiento, se modifican las condiciones de pago y se reclama mayor ajuste no altera las condiciones macroeconómicas, quiere decir que el presupuesto es un dibujo. Entonces, me parece que este es un tema que debemos abordar.
Luego, el señor ministro habló de la adenda que se está discutiendo con los gobernadores y cuyo contenido fino por lo menos acá tampoco conocemos; pero, por lo que se ha dicho, claramente refuerza las condiciones de traspaso de gastos a las provincias.
Dijo que, con la nueva modificación en relación con el anticipo del impuesto a las ganancias del 15 por ciento, se aumentan los recursos que van a recibir las provincias. Sin embargo, el nivel de gastos y obligaciones que se suma a las provincias va planteando que este ajuste a nivel nacional también se trasladará.
Además, quiero recordar que los mayores ingresos en las provincias pueden no significar absolutamente nada para la población. Yo soy docente de la provincia Buenos Aires; pese que la gobernadora Vidal ha recibido cuantiosos nuevos recursos con el presupuesto, el pacto fiscal y la reforma tributaria vigente este año, los docentes seguimos con los salarios congelados y sin firmar las paritarias. Esto quiere decir que el hecho de que una provincia reciba más fondos puede no significar absolutamente nada para la población trabajadora.
Entonces, creo que tenemos que discutir qué previsiones ha tomado el gobierno y el ministerio a cargo del licenciado Frigerio frente al impacto brutal que tendrá, por ejemplo, el aumento de las tarifas de transporte en las distintas provincias. Se calcula que en la provincia de Córdoba el boleto del transporte urbano va a superar largamente los 35 pesos. Esto, obviamente genera una presión muy importante sobre los salarios.
Lo mismo ocurre con la tarifa social; por las propias declaraciones del ministro, queda claro que la mayoría de las provincias va a eliminarla. Este será, por lo tanto, un nuevo problema para la población.
La otra cuestión tiene que ver con las PPP. El señor ministro mencionó recién que no habría cambio alguno en materia de obra pública respecto de las licitaciones y los contratos ya firmados. Sin embargo, a raíz de que todas esas patronales empresarias que serían las principales integrantes del esquema de participación público-privada están absolutamente cuestionadas, porque son las que se beneficiaron con las licitaciones de obra pública que les adjudicaron como resultado de las coimas, ahora sale el Banco Nación a sostener esas empresas. ¿Cómo que no hay un cambio en las condiciones licitatorias? ¿No era que esto servía para impulsar la obra pública y para que no tuviera que ser financiada cuando el Estado no contara con los recursos para hacerlo? Ahora resulta que es al revés: desde el Estado habrá que solventar las obras que después van a tener un índice de indexación.
Entonces, lo que necesitaríamos saber -porque no está precisado en el borrador del presupuesto- es a qué montos ascienden esos contratos que se han firmado, cuáles son las condiciones financieras del nuevo endeudamiento que habría con este fideicomiso y cuánto dinero pondrá el Estado para hacer posible esas obras.
Entonces, siendo que donde se ha creado este mecanismo de PPP, que es Gran Bretaña, están retrocediendo porque efectivamente llegaron a la conclusión de que el sobreprecio en la obra pública es enorme, ¿no se consideró que quizás la salida es otra? ¿No tendría que ser, por ejemplo, tomar medidas contra la desocupación brutal que claramente mostraron los indicadores la última semana, y contra el "parate" de la obra pública? ¿No sería desarrollar un gran plan de obras públicas en manos del Estado, que tome a todos esos trabajadores de la construcción desocupados, controlados por los trabajadores? Por supuesto, no se me escapa que estas medidas están en las antípodas de la orientación social del gobierno, pero la magnitud de la crisis hace que se deban tomar medidas de emergencia.
Para ir finalizando, en cuanto al rubro vivienda y urbanismo, en la introducción el ministro dijo que no había dificultad alguna en el desarrollo de los planes de vivienda. Nos preguntamos cómo puede ser posible si, en términos nominales, hay una reducción de lo que está pautado en el presupuesto de 34.000 millones a 28.000 millones de pesos. Si a valores nominales ya hay un retroceso de casi el 17 por ciento -no hablemos del 45 o 50 por ciento de inflación-, ¿cómo es posible que no vaya a haber ningún problema en el desarrollo de las obras de viviendas necesarias en cada una de las provincias?
Quiere decir que la vivienda continuará siendo un inconveniente muy serio para la mayoría de la población y que el problema de los alquileres, que suben brutalmente, persistirá.
También quiero preguntar si han pensado alguna medida frente a todos aquellos ciudadanos que han tomado créditos con el método de indexación UVA, ya que, efectivamente, con la disparada de la inflación, de la tasa de interés y demás, se están convirtiendo de inquilinos a inquilinos permanentes de los bancos. Esta situación nos anticipa una futura crisis. .
Podría seguir preguntando por el escaso tratamiento en el presupuesto y el retroceso, en términos inflacionarios, de los recursos destinados a agua potable y alcantarillado. Por lo tanto, no vamos a tener ni agua potable ni cloacas, como se había prometido.
Para concluir, creo que efectivamente estamos frente a un presupuesto que no solo anticipa una guerra contra los trabajadores, sino que además está hecho solo para garantizar el pago de la deuda a los usureros internacionales y a los especuladores; está hecho a la medida de Trump y de Lagarde.
Con respecto a ese punto, al comienzo mencioné que ayer hubo un gran paro. También debo decir que, en el marco de esas movilizaciones, hubo un enorme despliegue de las fuerzas represivas para tratar de impedir su desarrollo. A la par de que se refuerzan las medidas represivas contra la población, existe una situación gravísima de amenazas a dirigentes políticos y sindicales. Entre ellos el diputado Nicolás Del Caño -a quien tengo sentado a mi lado-, Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y Roberto Baradel. Estos hechos son muy graves, porque significan utilizar el método de la amenaza a los dirigentes políticos y sindicales para tratar de acallar la intervención de la población. Creo que desde el ministerio a cargo del licenciado Frigerio debe haber una respuesta urgente ante lo ocurrido, porque no se puede permitir que esto avance.
Por último, creo que este presupuesto plantea a trabajadoras y trabajadores la necesidad de intervenir fuertemente contra su aprobación. Por eso, pensamos en la necesidad de desarrollar una nueva movilización de rechazo y repudio, porque es claro que la solución no va a pasar por nuevos acuerdos que haga el gobierno ni por su intento de presentar una salida a la crisis; pasará por una cantidad de medidas de emergencia que podrán ser llevadas adelante solo por una asamblea constituyente, libre, soberana y con poder que reemplace a este gobierno.
Me parece difícil no comenzar marcando el enorme contraste entre este clima de normalidad que se intenta presentar en las respuestas del señor ministro con la situación real de la profunda crisis que está atravesando el país. Inclusive, esta idea de que no merece mayores explicaciones la renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, y su reemplazo por un funcionario que, a decir de todos los medios de comunicación, ha significado la algarabía de la titular del Fondo Monetario Internacional.
¿No es un tema para que discutamos justamente mientras estamos revisando este borrador de presupuesto que, como mencioné en la reunión anterior con el ministro Dujovne, dista enormemente de la realidad? La renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, no se dio en cualquier momento; se dio en medio de un paro nacional que no solo paralizó al país -valga la redundancia-, sino que expresó el enorme rechazo de la población trabajadora a la política que se está llevando adelante, y que este proyecto de presupuesto profundiza y agudiza.
Entonces, en ese punto me parece que es necesario que el ministro dé una explicación sobre cómo es posible que ni Congreso ni la población puedan tener una opinión sobre la designación del nuevo presidente del Banco Central, cuando su nombre es festejado por Christine Lagarde y otros funcionarios del FMI. ¿No es esto el anticipo, no es esto la evidencia de que estamos frente a un presupuesto que no tiene nada que ver con las necesidades de la población, sino que está hecho al servicio de las necesidades del FMI?
Además, el titular del Banco Central que renunció no fue cualquier presidente de esa entidad; es una persona denunciada por haber profundizado el endeudamiento y la entrega del país, no solo por el pago a los fondos "buitre" sino por todo lo ocurrido alrededor de las empresas offshore y el bono a cien años, que superó largamente el negociado de la Baring Brothers.
Por lo tanto, hay un tema muy importante que está acompañando esta reunión y que justamente tiene que ver con lo que aquí se ha mencionado. El señor ministro recién respondió que el nuevo acuerdo con el FMI -que, por supuesto, la mayoría de quienes estamos sentados acá no lo conocemos, así como tampoco la población- no altera las variables macroeconómicas de presupuesto.
Si un acuerdo donde seguramente se aumenta el endeudamiento, se modifican las condiciones de pago y se reclama mayor ajuste no altera las condiciones macroeconómicas, quiere decir que el presupuesto es un dibujo. Entonces, me parece que este es un tema que debemos abordar.
Luego, el señor ministro habló de la adenda que se está discutiendo con los gobernadores y cuyo contenido fino por lo menos acá tampoco conocemos; pero, por lo que se ha dicho, claramente refuerza las condiciones de traspaso de gastos a las provincias.
Dijo que, con la nueva modificación en relación con el anticipo del impuesto a las ganancias del 15 por ciento, se aumentan los recursos que van a recibir las provincias. Sin embargo, el nivel de gastos y obligaciones que se suma a las provincias va planteando que este ajuste a nivel nacional también se trasladará.
Además, quiero recordar que los mayores ingresos en las provincias pueden no significar absolutamente nada para la población. Yo soy docente de la provincia Buenos Aires; pese que la gobernadora Vidal ha recibido cuantiosos nuevos recursos con el presupuesto, el pacto fiscal y la reforma tributaria vigente este año, los docentes seguimos con los salarios congelados y sin firmar las paritarias. Esto quiere decir que el hecho de que una provincia reciba más fondos puede no significar absolutamente nada para la población trabajadora.
Entonces, creo que tenemos que discutir qué previsiones ha tomado el gobierno y el ministerio a cargo del licenciado Frigerio frente al impacto brutal que tendrá, por ejemplo, el aumento de las tarifas de transporte en las distintas provincias. Se calcula que en la provincia de Córdoba el boleto del transporte urbano va a superar largamente los 35 pesos. Esto, obviamente genera una presión muy importante sobre los salarios.
Lo mismo ocurre con la tarifa social; por las propias declaraciones del ministro, queda claro que la mayoría de las provincias va a eliminarla. Este será, por lo tanto, un nuevo problema para la población.
La otra cuestión tiene que ver con las PPP. El señor ministro mencionó recién que no habría cambio alguno en materia de obra pública respecto de las licitaciones y los contratos ya firmados. Sin embargo, a raíz de que todas esas patronales empresarias que serían las principales integrantes del esquema de participación público-privada están absolutamente cuestionadas, porque son las que se beneficiaron con las licitaciones de obra pública que les adjudicaron como resultado de las coimas, ahora sale el Banco Nación a sostener esas empresas. ¿Cómo que no hay un cambio en las condiciones licitatorias? ¿No era que esto servía para impulsar la obra pública y para que no tuviera que ser financiada cuando el Estado no contara con los recursos para hacerlo? Ahora resulta que es al revés: desde el Estado habrá que solventar las obras que después van a tener un índice de indexación.
Entonces, lo que necesitaríamos saber -porque no está precisado en el borrador del presupuesto- es a qué montos ascienden esos contratos que se han firmado, cuáles son las condiciones financieras del nuevo endeudamiento que habría con este fideicomiso y cuánto dinero pondrá el Estado para hacer posible esas obras.
Entonces, siendo que donde se ha creado este mecanismo de PPP, que es Gran Bretaña, están retrocediendo porque efectivamente llegaron a la conclusión de que el sobreprecio en la obra pública es enorme, ¿no se consideró que quizás la salida es otra? ¿No tendría que ser, por ejemplo, tomar medidas contra la desocupación brutal que claramente mostraron los indicadores la última semana, y contra el "parate" de la obra pública? ¿No sería desarrollar un gran plan de obras públicas en manos del Estado, que tome a todos esos trabajadores de la construcción desocupados, controlados por los trabajadores? Por supuesto, no se me escapa que estas medidas están en las antípodas de la orientación social del gobierno, pero la magnitud de la crisis hace que se deban tomar medidas de emergencia.
Para ir finalizando, en cuanto al rubro vivienda y urbanismo, en la introducción el ministro dijo que no había dificultad alguna en el desarrollo de los planes de vivienda. Nos preguntamos cómo puede ser posible si, en términos nominales, hay una reducción de lo que está pautado en el presupuesto de 34.000 millones a 28.000 millones de pesos. Si a valores nominales ya hay un retroceso de casi el 17 por ciento -no hablemos del 45 o 50 por ciento de inflación-, ¿cómo es posible que no vaya a haber ningún problema en el desarrollo de las obras de viviendas necesarias en cada una de las provincias?
Quiere decir que la vivienda continuará siendo un inconveniente muy serio para la mayoría de la población y que el problema de los alquileres, que suben brutalmente, persistirá.
También quiero preguntar si han pensado alguna medida frente a todos aquellos ciudadanos que han tomado créditos con el método de indexación UVA, ya que, efectivamente, con la disparada de la inflación, de la tasa de interés y demás, se están convirtiendo de inquilinos a inquilinos permanentes de los bancos. Esta situación nos anticipa una futura crisis. .
Podría seguir preguntando por el escaso tratamiento en el presupuesto y el retroceso, en términos inflacionarios, de los recursos destinados a agua potable y alcantarillado. Por lo tanto, no vamos a tener ni agua potable ni cloacas, como se había prometido.
Para concluir, creo que efectivamente estamos frente a un presupuesto que no solo anticipa una guerra contra los trabajadores, sino que además está hecho solo para garantizar el pago de la deuda a los usureros internacionales y a los especuladores; está hecho a la medida de Trump y de Lagarde.
Con respecto a ese punto, al comienzo mencioné que ayer hubo un gran paro. También debo decir que, en el marco de esas movilizaciones, hubo un enorme despliegue de las fuerzas represivas para tratar de impedir su desarrollo. A la par de que se refuerzan las medidas represivas contra la población, existe una situación gravísima de amenazas a dirigentes políticos y sindicales. Entre ellos el diputado Nicolás Del Caño -a quien tengo sentado a mi lado-, Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y Roberto Baradel. Estos hechos son muy graves, porque significan utilizar el método de la amenaza a los dirigentes políticos y sindicales para tratar de acallar la intervención de la población. Creo que desde el ministerio a cargo del licenciado Frigerio debe haber una respuesta urgente ante lo ocurrido, porque no se puede permitir que esto avance.
Por último, creo que este presupuesto plantea a trabajadoras y trabajadores la necesidad de intervenir fuertemente contra su aprobación. Por eso, pensamos en la necesidad de desarrollar una nueva movilización de rechazo y repudio, porque es claro que la solución no va a pasar por nuevos acuerdos que haga el gobierno ni por su intento de presentar una salida a la crisis; pasará por una cantidad de medidas de emergencia que podrán ser llevadas adelante solo por una asamblea constituyente, libre, soberana y con poder que reemplace a este gobierno.
SR. PRESIDENTE LASPINA La Presidencia pide a los señores diputados brevedad, a la vez que procederá a dar la palabra a grupos de oradores, porque de lo contrario no habrá tiempo para que hablen todos los anotados.
Tiene la palabra el señor diputado Rauschenberger.
Tiene la palabra el señor diputado Rauschenberger.
SR. RAUSCHENBERGER Señor presidente, señor ministro: en el presupuesto, en la Jurisdicción 30 -correspondiente al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda-, figura el programa 37, de infraestructura urbana, conocido como Promeba, que comprende acciones de mejoramiento barrial, por la suma de 28.686.720 pesos. Si uno analiza dónde se aplican esos fondos, ve que en la única jurisdicción que se prevé la misma suma es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el caso de la provincia de La Pampa, se encuentra en ejecución una obra en la ciudad de General Acha, en el Barrio del Oeste. Esto viene ya de la gestión anterior y se le ha dado continuidad institucional en este gobierno. Para el próximo año se necesita una suma de más de 51 millones de pesos, que no vemos que esté reflejada en la planilla 18 donde se plasman los fondos que recibe la provincia.
Entonces, quisiera saber si, el año próximo, el Promeba se va a ejecutar solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por qué no están incluidos los fondos que la provincia de La Pampa necesita, atento a que se trata de una obra en ejecución y con financiamiento del BID.
Otra obra que tiene gran importancia para nuestra ciudad capital y sobre la que el señor ministro tiene conocimiento es el Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, acordado entre el señor gobernador, el ENOHSA y el intendente de la ciudad de Santa Rosa. El objetivo era llevar adelante, por parte de la provincia, un plan de mitigación con obras. En ese contexto, la provincia ya ejecutó más de 300 millones de pesos, mientras que el gobierno nacional financiará con crédito externo parte del plan director.
En el mes de noviembre del año 2016 se llevó a cabo una reunión entre el gobernador, el intendente de la ciudad de Santa Rosa y representantes de ENOHSA donde se efectúo el anuncio de la licitación respectiva para el mes de abril del 2017. La citada licitación se produjo en noviembre de dicho año, que fue para cuando el ministerio a cargo del licenciado Frigerio la convocó.
Hasta la fecha, no tenemos conocimiento sobre la situación. El intendente de la ciudad de Santa Rosa concurre al ENHOSA y, según sus propias palabras, no saben contestarle. La provincia, a través de la Administración Provincial del Agua, tampoco tiene información al respecto.
Quiero saber por qué no se ha firmado todavía el contrato con la consultora que va a llevar adelante el proyecto. En caso de haberse firmado, desearía que me informe en qué condiciones se encuentra y de qué forma se va a llevar adelante dicha obra.
Por otro lado, dentro de su ministerio figura un ítem relacionado con el programa de ayuda para el desarrollo de infraestructura en municipios. Desearía saber en qué consiste este programa, cuáles son las condiciones y criterios de distribución y de qué manera se va a hacer operativo.
Yendo al articulado del proyecto, quiero mencionar lo siguiente. El artículo 56 habilita la emisión de instrumentos de deuda pública con un plazo de amortización mínimo de treinta días y por un monto de hasta 1.600 millones de dólares, que se agregan al endeudamiento previsto en el artículo 40. En este caso, está relacionado con la resolución 97/18 del entonces Ministerio de Energía. Quisiera saber cuál es el universo de empresas beneficiarias a las que se les piensa destinar este volumen de endeudamiento.
Por otro lado, el señor ministro se refirió a los créditos hipotecarios. Respecto a los tomadores de créditos UVA, desearía que me informe acerca de las medidas que se adoptarían para atenuar el impacto inflacionario que sufren quienes están involucrados en esa situación.
En el caso de la provincia de La Pampa, se encuentra en ejecución una obra en la ciudad de General Acha, en el Barrio del Oeste. Esto viene ya de la gestión anterior y se le ha dado continuidad institucional en este gobierno. Para el próximo año se necesita una suma de más de 51 millones de pesos, que no vemos que esté reflejada en la planilla 18 donde se plasman los fondos que recibe la provincia.
Entonces, quisiera saber si, el año próximo, el Promeba se va a ejecutar solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por qué no están incluidos los fondos que la provincia de La Pampa necesita, atento a que se trata de una obra en ejecución y con financiamiento del BID.
Otra obra que tiene gran importancia para nuestra ciudad capital y sobre la que el señor ministro tiene conocimiento es el Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, acordado entre el señor gobernador, el ENOHSA y el intendente de la ciudad de Santa Rosa. El objetivo era llevar adelante, por parte de la provincia, un plan de mitigación con obras. En ese contexto, la provincia ya ejecutó más de 300 millones de pesos, mientras que el gobierno nacional financiará con crédito externo parte del plan director.
En el mes de noviembre del año 2016 se llevó a cabo una reunión entre el gobernador, el intendente de la ciudad de Santa Rosa y representantes de ENOHSA donde se efectúo el anuncio de la licitación respectiva para el mes de abril del 2017. La citada licitación se produjo en noviembre de dicho año, que fue para cuando el ministerio a cargo del licenciado Frigerio la convocó.
Hasta la fecha, no tenemos conocimiento sobre la situación. El intendente de la ciudad de Santa Rosa concurre al ENHOSA y, según sus propias palabras, no saben contestarle. La provincia, a través de la Administración Provincial del Agua, tampoco tiene información al respecto.
Quiero saber por qué no se ha firmado todavía el contrato con la consultora que va a llevar adelante el proyecto. En caso de haberse firmado, desearía que me informe en qué condiciones se encuentra y de qué forma se va a llevar adelante dicha obra.
Por otro lado, dentro de su ministerio figura un ítem relacionado con el programa de ayuda para el desarrollo de infraestructura en municipios. Desearía saber en qué consiste este programa, cuáles son las condiciones y criterios de distribución y de qué manera se va a hacer operativo.
Yendo al articulado del proyecto, quiero mencionar lo siguiente. El artículo 56 habilita la emisión de instrumentos de deuda pública con un plazo de amortización mínimo de treinta días y por un monto de hasta 1.600 millones de dólares, que se agregan al endeudamiento previsto en el artículo 40. En este caso, está relacionado con la resolución 97/18 del entonces Ministerio de Energía. Quisiera saber cuál es el universo de empresas beneficiarias a las que se les piensa destinar este volumen de endeudamiento.
Por otro lado, el señor ministro se refirió a los créditos hipotecarios. Respecto a los tomadores de créditos UVA, desearía que me informe acerca de las medidas que se adoptarían para atenuar el impacto inflacionario que sufren quienes están involucrados en esa situación.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Gioja.
SR. GIOJA Señor presidente: agradezco la presencia del señor ministro en esta reunión.
Debo ratificar mucho de lo que se ha mencionado en cuanto al contenido de este proyecto, dado que estamos convencidos de que se trata de un presupuesto de ajuste y endeudamiento. Además, a pesar de lo que dice el señor ministro, es un presupuesto que afecta al federalismo.
Si miramos las planillas en las que se asienta el gasto público por jurisdicción notamos que, por ejemplo, las transferencias corrientes a provincias tienen una disminución del 17,5 por ciento a valores constantes y sin contar la inflación.
Puntualmente, respecto de la inflación, el gobierno afirma que va a ser del 23 por ciento; pero ustedes reconocen que la inflación media será del 34,8 por ciento. Esto también se encuentra asentado en las planillas de este proyecto. Reitero que es un presupuesto de ajuste y que complica a las provincias.
Un ejemplo lo aclara todo, como decía el general Perón. Coincido con todo lo que se ha dicho respecto de la problemática de la vivienda.
Justamente, en el caso de vivienda y urbanismo, la partida general es de 28.800 millones de pesos. Suponiendo que el metro cuadrado cuesta entre 30.000 y 35.000 pesos, se podrán hacer no más de quince mil o dieciséis mil viviendas en el país.
Lo que más me preocupa es lo que pasa en el mismo rubro en mi provincia, San Juan. Pido al señor ministro que lo mire y me diga que se han equivocado al hacerlo, porque las cifras no tienen nada que ver con la realidad. Cuando hablan de acciones para construir viviendas sociales -que me parece que es la tarea central del Estado- promueven créditos hipotecarios, lo cual está bien para los sectores medios. Pero hay sectores mayoritarios de la población que no pueden pasar por la puerta de un banco porque no tienen capacidad alguna para tomar crédito. Ahí es donde tiene que estar la mano solidaria del Estado para evitar que la gente duerma en la calle, algo que vemos todos los días, y cuestiones sociales gravísimas que no se pueden transferir graciosamente a las provincias.
En relación con la construcción de viviendas sociales, en el presupuesto de 2018 a San Juan se le asignaron 386 millones de pesos, mientras que para el año próximo tiene 85 millones; es decir el 73,25 por ciento menos, sin considerar la inflación media de más del 34 por ciento calculada por el gobierno y que para mí va a ser mayor. La realidad nos dirá a cuánto asciende. Estos datos demuestran que se están despreocupando de cuestiones sociales centrales como la vivienda social y el déficit habitacional.
Un diputado preopinante recordó que este año aprobamos una ley de regularización de dominio y promoción de vivienda social que se trabajó con los movimientos sociales. En ese debate dijimos que, en función de los datos de barrios precarios a lo largo y a lo ancho del país, había que declarar una suerte de emergencia habitacional. La Secretaría de Vivienda depende del Ministerio del Interior, pero en el proyecto de ley de presupuesto pareciera que éste es un problema menor. Tenga la seguridad de que no lo es, señor ministro; es un problema que vemos todos los días.
En el último año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prácticamente se duplicó la cantidad de gente que duerme en la calle porque no tiene dónde vivir. El señor ministro seguramente ve que en cada cuadra hay dos casos de personas durmiendo a la intemperie.
Mi pregunta concreta es si estos números son correctos, porque bajar un 73 por ciento los recursos destinados a viviendas sociales debe ser un error. Espero que así sea...
Debo ratificar mucho de lo que se ha mencionado en cuanto al contenido de este proyecto, dado que estamos convencidos de que se trata de un presupuesto de ajuste y endeudamiento. Además, a pesar de lo que dice el señor ministro, es un presupuesto que afecta al federalismo.
Si miramos las planillas en las que se asienta el gasto público por jurisdicción notamos que, por ejemplo, las transferencias corrientes a provincias tienen una disminución del 17,5 por ciento a valores constantes y sin contar la inflación.
Puntualmente, respecto de la inflación, el gobierno afirma que va a ser del 23 por ciento; pero ustedes reconocen que la inflación media será del 34,8 por ciento. Esto también se encuentra asentado en las planillas de este proyecto. Reitero que es un presupuesto de ajuste y que complica a las provincias.
Un ejemplo lo aclara todo, como decía el general Perón. Coincido con todo lo que se ha dicho respecto de la problemática de la vivienda.
Justamente, en el caso de vivienda y urbanismo, la partida general es de 28.800 millones de pesos. Suponiendo que el metro cuadrado cuesta entre 30.000 y 35.000 pesos, se podrán hacer no más de quince mil o dieciséis mil viviendas en el país.
Lo que más me preocupa es lo que pasa en el mismo rubro en mi provincia, San Juan. Pido al señor ministro que lo mire y me diga que se han equivocado al hacerlo, porque las cifras no tienen nada que ver con la realidad. Cuando hablan de acciones para construir viviendas sociales -que me parece que es la tarea central del Estado- promueven créditos hipotecarios, lo cual está bien para los sectores medios. Pero hay sectores mayoritarios de la población que no pueden pasar por la puerta de un banco porque no tienen capacidad alguna para tomar crédito. Ahí es donde tiene que estar la mano solidaria del Estado para evitar que la gente duerma en la calle, algo que vemos todos los días, y cuestiones sociales gravísimas que no se pueden transferir graciosamente a las provincias.
En relación con la construcción de viviendas sociales, en el presupuesto de 2018 a San Juan se le asignaron 386 millones de pesos, mientras que para el año próximo tiene 85 millones; es decir el 73,25 por ciento menos, sin considerar la inflación media de más del 34 por ciento calculada por el gobierno y que para mí va a ser mayor. La realidad nos dirá a cuánto asciende. Estos datos demuestran que se están despreocupando de cuestiones sociales centrales como la vivienda social y el déficit habitacional.
Un diputado preopinante recordó que este año aprobamos una ley de regularización de dominio y promoción de vivienda social que se trabajó con los movimientos sociales. En ese debate dijimos que, en función de los datos de barrios precarios a lo largo y a lo ancho del país, había que declarar una suerte de emergencia habitacional. La Secretaría de Vivienda depende del Ministerio del Interior, pero en el proyecto de ley de presupuesto pareciera que éste es un problema menor. Tenga la seguridad de que no lo es, señor ministro; es un problema que vemos todos los días.
En el último año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prácticamente se duplicó la cantidad de gente que duerme en la calle porque no tiene dónde vivir. El señor ministro seguramente ve que en cada cuadra hay dos casos de personas durmiendo a la intemperie.
Mi pregunta concreta es si estos números son correctos, porque bajar un 73 por ciento los recursos destinados a viviendas sociales debe ser un error. Espero que así sea...
SR. IGLESIAS ¡Pregúntele a Moreno!
SR. GIOJA No lo escuché. Hable fuerte y no se esconda cuando habla, señor diputado.
SR. PRESIDENTE LASPINA No dialoguen, señores diputados.
SR. GIOJA En cuanto a esa adenda que se está discutiendo, tenemos la siguiente impresión: el gobierno promueve el diálogo con los gobernadores, los compromete -porque debe haber algunas cosas que los gobernadores necesitan- y así llega a la firma del pacto, lo que trae aparejado el compromiso de aprobar el presupuesto. Eso no hay que hacerlo, señor ministro. El proyecto de ley presupuesto hay que discutirlo acá, a cara descubierta.
Cuando vino el señor ministro Dujovne dijimos que ese artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a reformular y a hacer lo que quiera con la deuda externa no servía y había que modificarlo. Todos creímos que era así y que eso no podía pasar.
Asimismo, se han hecho algunas referencias al Fideicomiso PPP. La parte final del artículo 65 dice que, de conformidad con la ley 27.328, de contratos de participación público-privada, sus obligaciones no serán consideradas deuda pública en los términos del Título III de la ley 24.156. Si son obligaciones derivadas de los fideicomisos, ¿cómo no van a ser deuda pública? Me gustaría que el señor ministro lo explique, porque a lo mejor se está escondiendo algo o el Fondo no quiere que se vea esta deuda. En verdad, no sabemos cómo es, pero entendemos que es un tema complicado.
Señor ministro: recordará que con usted vivimos alguna experiencia en la década del 90 cuando se transfirieron los servicios de salud y educación a las provincias. Había mucha recaudación y un día el ministro de Economía de ese entonces se levantó, armó un pacto fiscal y transfirió a las provincias todas las escuelas nacionales, los centros de salud y los dispensarios. Recuerdo que en mi pueblo había un dispensario, que era nacional. Graciosamente transfirieron los servicios, pero no el dinero.
Ahora se está haciendo algo parecido. Hablan de federalismo, pero pasan a las provincias la obligación de subsidios al transporte. ¿O quieren que la gente pague 40 pesos un boleto que hoy vale 15 o 16? Porque ése será el precio si se elimina el subsidio. El subsidio al transporte, como el que se aplica a la tarifa eléctrica, para las familias más necesitadas es una cuestión de solidaridad social; no un regalo o una actitud demagógica. Es necesario porque la Argentina no está bien, porque falta el trabajo y porque la producción va para atrás. ¡Estas cosas están pasando en la Argentina!
Se quita a las provincias el Fondo Sojero y hay recursos que ya no irán al sistema previsional; entonces, como va a faltar, tomarán dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es de todos los jubilados y que tenemos que cuidar mucho.
Me gustaría saber si el señor ministro está manejando la famosa adenda al pacto fiscal y si puede decirnos por dónde va a ingresar, si por la Cámara de Diputados o por el Senado. No sé si ya lo tienen definido y ni siquiera si me está escuchando para contestar...
Cuando vino el señor ministro Dujovne dijimos que ese artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a reformular y a hacer lo que quiera con la deuda externa no servía y había que modificarlo. Todos creímos que era así y que eso no podía pasar.
Asimismo, se han hecho algunas referencias al Fideicomiso PPP. La parte final del artículo 65 dice que, de conformidad con la ley 27.328, de contratos de participación público-privada, sus obligaciones no serán consideradas deuda pública en los términos del Título III de la ley 24.156. Si son obligaciones derivadas de los fideicomisos, ¿cómo no van a ser deuda pública? Me gustaría que el señor ministro lo explique, porque a lo mejor se está escondiendo algo o el Fondo no quiere que se vea esta deuda. En verdad, no sabemos cómo es, pero entendemos que es un tema complicado.
Señor ministro: recordará que con usted vivimos alguna experiencia en la década del 90 cuando se transfirieron los servicios de salud y educación a las provincias. Había mucha recaudación y un día el ministro de Economía de ese entonces se levantó, armó un pacto fiscal y transfirió a las provincias todas las escuelas nacionales, los centros de salud y los dispensarios. Recuerdo que en mi pueblo había un dispensario, que era nacional. Graciosamente transfirieron los servicios, pero no el dinero.
Ahora se está haciendo algo parecido. Hablan de federalismo, pero pasan a las provincias la obligación de subsidios al transporte. ¿O quieren que la gente pague 40 pesos un boleto que hoy vale 15 o 16? Porque ése será el precio si se elimina el subsidio. El subsidio al transporte, como el que se aplica a la tarifa eléctrica, para las familias más necesitadas es una cuestión de solidaridad social; no un regalo o una actitud demagógica. Es necesario porque la Argentina no está bien, porque falta el trabajo y porque la producción va para atrás. ¡Estas cosas están pasando en la Argentina!
Se quita a las provincias el Fondo Sojero y hay recursos que ya no irán al sistema previsional; entonces, como va a faltar, tomarán dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es de todos los jubilados y que tenemos que cuidar mucho.
Me gustaría saber si el señor ministro está manejando la famosa adenda al pacto fiscal y si puede decirnos por dónde va a ingresar, si por la Cámara de Diputados o por el Senado. No sé si ya lo tienen definido y ni siquiera si me está escuchando para contestar...
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Escucho y anoto, señor diputado.
SR. GIOJA Otra duda es si la Nación va a seguir pagando los subsidios al transporte de pasajeros del AMBA; es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. No lo veo claro en el presupuesto, y la versión que tenemos es que las provincias se van a hacer cargo del subsidio al transporte automotor de pasajeros, pero que en el AMBA la Nación va a seguir cubriéndolo. El artículo 111 dice que se faculta al Poder Ejecutivo a intervenir. Si lo hacen para AMBA, háganlo para todas las provincias o al menos en un porcentaje.
Quiero hacer dos preguntas finales, esta vez sobre mi provincia. Sobre uno de los temas hablé anteriormente con el señor ministro, no solo durante el tratamiento del presupuesto el año pasado sino también en 2017; apoyé con mi voto ese presupuesto para que la obra se hiciera y me arrepiento. Me refiero al aprovechamiento multipropósito del río San Juan y a la construcción del dique El Tambolar.
En el presupuesto del año pasado se le asignó una partida, pero no pasó nada. Luego, se le destinó otra en el de este año. La situación cambió y se armó un fideicomiso con los recursos provenientes de la generación de energía de otros diques que pudimos construir en la década no sé si ganada o perdida, depende de quién la vea; para nosotros, en la provincia de San Juan, fue ganada. Esos diques están generando energía y, supuestamente, los recursos de la venta de esa energía servirán para construir el dique El Tambolar. Ahora bien, según los números que tengo, en función de la precipitación nívea y del agua disponible no habrá caudal suficiente para generar la energía que necesitamos.
Después de que se construyó el dique Los Caracoles, para hacer el dique Punta Negra se creó un fideicomiso, con la diferencia de que se pagaba no la energía consumida sino la potencia instalada del dique y había un precio promocional del megawatt, de manera que pudiese construirse la obra. Esto ahora no está pasando y sin duda se verá perjudicada la provincia, que tendrá que poner recursos para una obra comprometida en tres presupuestos por esta gestión.
Quiero hacer dos preguntas finales, esta vez sobre mi provincia. Sobre uno de los temas hablé anteriormente con el señor ministro, no solo durante el tratamiento del presupuesto el año pasado sino también en 2017; apoyé con mi voto ese presupuesto para que la obra se hiciera y me arrepiento. Me refiero al aprovechamiento multipropósito del río San Juan y a la construcción del dique El Tambolar.
En el presupuesto del año pasado se le asignó una partida, pero no pasó nada. Luego, se le destinó otra en el de este año. La situación cambió y se armó un fideicomiso con los recursos provenientes de la generación de energía de otros diques que pudimos construir en la década no sé si ganada o perdida, depende de quién la vea; para nosotros, en la provincia de San Juan, fue ganada. Esos diques están generando energía y, supuestamente, los recursos de la venta de esa energía servirán para construir el dique El Tambolar. Ahora bien, según los números que tengo, en función de la precipitación nívea y del agua disponible no habrá caudal suficiente para generar la energía que necesitamos.
Después de que se construyó el dique Los Caracoles, para hacer el dique Punta Negra se creó un fideicomiso, con la diferencia de que se pagaba no la energía consumida sino la potencia instalada del dique y había un precio promocional del megawatt, de manera que pudiese construirse la obra. Esto ahora no está pasando y sin duda se verá perjudicada la provincia, que tendrá que poner recursos para una obra comprometida en tres presupuestos por esta gestión.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Señor presidente: voy a empezar por este tema.
Coincido con el señor diputado Gioja sobre el principio de los problemas fiscales de las provincias, que duraron muchos años. De hecho, recuerdo que cuando asumimos en diciembre de 2015 había diez provincias que no podían pagar los sueldos ni los aguinaldos.
Esto tiene su origen, en gran medida, en el traspaso de funciones como la educación media y de la mayor parte de los hospitales a las provincias a principios de la década del 90. Yo era muy joven; tenía 22 años cuando esto ocurrió, así que no tomé parte de esa medida. Pero la critiqué siempre porque me pareció que fue una decisión que, de alguna manera, condicionó por varias décadas la situación fiscal subnacional.
Desde el 10 de diciembre de 2015 transferimos recursos sin que las provincias asumieran más responsabilidades. Es decir, hicimos exactamente lo contrario de lo que se hizo a principios de la década del 90 y que de algún modo determinó que las provincias convivan con déficit durante muchos años. No es el caso de todas; su provincia, señor diputado, es una de las que...
Coincido con el señor diputado Gioja sobre el principio de los problemas fiscales de las provincias, que duraron muchos años. De hecho, recuerdo que cuando asumimos en diciembre de 2015 había diez provincias que no podían pagar los sueldos ni los aguinaldos.
Esto tiene su origen, en gran medida, en el traspaso de funciones como la educación media y de la mayor parte de los hospitales a las provincias a principios de la década del 90. Yo era muy joven; tenía 22 años cuando esto ocurrió, así que no tomé parte de esa medida. Pero la critiqué siempre porque me pareció que fue una decisión que, de alguna manera, condicionó por varias décadas la situación fiscal subnacional.
Desde el 10 de diciembre de 2015 transferimos recursos sin que las provincias asumieran más responsabilidades. Es decir, hicimos exactamente lo contrario de lo que se hizo a principios de la década del 90 y que de algún modo determinó que las provincias convivan con déficit durante muchos años. No es el caso de todas; su provincia, señor diputado, es una de las que...
SR. GIOJA Fue por orden judicial, ministro. Había que cumplir con el 15 por ciento.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA No, señor diputado. La decisión judicial...
SR. GIOJA El que no firmaba...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Estoy yo en el uso de la palabra, señor diputado. La decisión judicial fue para tres provincias, no para la suya, y fue decisión del presidente de la Nación transferirle ese 15 por ciento.
SR. GIOJA ¿Me permite una aclaración, señor ministro? Porque vale la pena hacerla.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Yo lo escuché durante veinte minutos.
SR. GIOJA Pero quiero aclarar que las provincias habían demandado a la Nación por ese motivo y que decidieron renunciar a esa demanda.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Las provincias la habían demandado y la Justicia no determinó nada.
Lo que es cierto, y el señor diputado vivió esos años de dificultades para las provincias a partir de esa decisión errada de un gobierno nacional a principios de la década del 90, es que de transferir a las provincias servicios y responsabilidades sin los recursos pasamos a una situación totalmente al revés: les transferimos recursos.
Reitero que el año que viene, el 15 por ciento representará para las provincias la cifra de 136.000 millones de pesos, mientras que el FOFESO asciende a 26.000 millones. Esto lo digo para poner las cosas en su lugar y en su respectivo nivel de importancia. (Aplausos.)
Insisto en lo siguiente: en la idea del FOFESO estaba la intención del gobierno de compensar ese 15 por ciento que se había quitado a las provincias. Recordemos que a principios de los 90 se les transfirieron más responsabilidades sin recursos, lo que fue el origen de los problemas que luego tuvimos que enfrentar. Me refiero al déficit de las provincias, que ahora comenzó a corregirse. En la actualidad, todas están en camino hacia el superávit fiscal producto de la combinación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de mayores recursos automáticos a las distintas jurisdicciones.
Alrededor de los años 2007 y 2008 el problema se agravó, porque a lo que venía de la década del 90 se sumó la quita del 15 por ciento a las provincias. Una forma de compensar esta situación fue el FOFESO. Como revertimos el tema del 15 por ciento, además por una cuestión de magnitudes -reitero que estamos hablando de 26.000 millones contra 136.000 millones de pesos- entendemos que el Fondo Federal Solidario pierde sentido.
El artículo 53 del proyecto -sobre el que me preguntaron varios señores diputados- está en revisión por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Considero que vamos a llegar a una redacción que conforme a todos y quite la preocupación que puede haber respecto del tema. Se modificará en línea con lo que se acuerde, tal como sucede con todos los puntos de este proyecto de presupuesto. Aquí hay un error conceptual: nosotros no resolvimos con los gobernadores la aprobación del proyecto de presupuesto. El presupuesto se debate y se vota en este ámbito, empezando por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Los gobernadores no asumieron ese compromiso. El único que tomaron fue tener, por primera vez y luego de muchos años, un presupuesto equilibrado. La idea es contar con un presupuesto donde los recursos alcancen para cubrir los gastos, tal como sucede en la mayoría de las provincias, sobre todo a partir de la descentralización de recursos que antes retenía el gobierno central. No hay un compromiso de voto. Considero que el compromiso surgirá luego del debate y la discusión de cada uno de los puntos del presupuesto, tal como están haciendo los legisladores de esta comisión.
El señor diputado expresó su preocupación por la caída de las transferencias corrientes. Concretamente, las transferencias corrientes per cápita a las provincias pasan de 29.755 en 2018 a un promedio de 38.151 pesos en 2019.
En el caso de la vivienda, para la provincia de San Juan el monto alcanza los 330.492.000 pesos. La distribución entre lo que es Procrear y vivienda social no está bien asignada. Ese tema lo estamos hablando con los funcionarios de la provincia que representa el señor diputado.
Dicho sea de paso, tengo entendido que han avanzado mucho en línea con el Plan Nacional de Vivienda. Están debatiendo un proyecto muy interesante en la legislatura provincial que pone el foco en el cobro de la cuota. Hay muchos argentinos que carecen de vivienda social. Estas cuotas no se cobran en muchas provincias.
La ley que se aprobó en San Juan atiende este punto y garantiza el cobro de esas viviendas sociales, y también permite usar el sistema UVA como mecanismo de indexación de esas cuotas y del pago de los certificados. Así que aprovecho para decir que es una muy buena iniciativa.
Respecto del transporte, a partir de este presupuesto el gobierno nacional solo va a atender lo que está obligado por la Constitución, es decir el ámbito interjurisdiccional. Todo lo intrajurisdiccional de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del resto de las jurisdicciones del país pasará a ser responsabilidad de cada una de ellas, como ocurre en todos los países federales del mundo.
Respecto de El Tambolar, para nosotros es una obra clave, muchas veces prometida y no puesta en marcha. El 23 de noviembre se abrirán las ofertas. Esta obra está perfectamente financiada por el gobierno nacional a través de un fideicomiso.
En cuanto a la evaluación de los montos que ingresan al fideicomiso y repagan la obra, el secretario Bereciartua estuvo trabajando a la par de técnicos muy preparados de la empresa EPSE, y ellos han hecho con nosotros el cálculo de recursos y determinaron que alcanzarán para cubrir perfectamente las erogaciones. Así que no tenemos ninguna preocupación en ese sentido, sobre todo en línea con el trabajo conjunto que venimos haciendo con los funcionarios provinciales.
En relación con la consulta del señor diputado Rauschenberger, hay un error en la lectura de los datos del presupuesto. Para infraestructura urbana -concretamente para el Promeba, Programa 37- se destinan casi 6.500 millones de pesos; no 28 millones. Este monto permite cubrir todas las obras en marcha, por lo que en el próximo ejercicio están garantizadas las obras de Promeba en La Pampa.
En cuanto al tema de las cloacas en Santa Rosa -que me ocupa y preocupa desde mi primer día de gestión-, lamentablemente hubo problemas con la licitación y la elaboración del plan director, que ni siquiera tenemos. Si ese plan se hubiera hecho, esa obra ya estaría terminada. No lo tenemos y debemos hacerlo. Ya lo estamos financiando; hubo un problema con el municipio durante la licitación, pero ya está corregido y en marcha.
Respecto de su consulta sobre el área de energía y la resolución 97/18, debo decir que se trata de créditos previstos para pagar deudas del Plan Gas de 2011 o 2012.
En cuanto a los créditos UVA, tema que también planteó la señora diputada Del Plá, tenemos ciento treinta mil créditos UVA en esta gestión y no estamos registrando moras. Por supuesto que hay dificultades e incertidumbre respecto de la posibilidad de sostener el pago de cuotas, pero hoy la realidad fáctica es que el sistema no está registrando mora con los créditos de UVA. Es un dato público que los señores diputados pueden comprobar. Independientemente de ello, estamos trabajando y dentro de este paquete de medidas que vamos a presentar en los próximos días, trataremos de llevar tranquilidad y mayor certidumbre a aquellos que tomaron esos créditos. Con los acuerdos que se van a anunciar esta tarde, no se modificará ninguna de las variables macroeconómicas que están planteadas en proyecto de ley de presupuesto.
Volviendo al tema de las viviendas sociales, en los artículos 92 a 95 del proyecto se implementan exenciones impositivas de IVA y del denominado impuesto al cheque. Además, invitamos a las provincias a adherir a la exención de ingresos brutos para la construcción de viviendas sociales.
Otra noticia importante, en términos de este trabajo arduo que tenemos que hacer para ir reduciendo el déficit habitacional, es lo que determinamos en acuerdo con las provincias hace pocos meses: que las partidas del Fondo Nacional de la Vivienda se usen -paradójicamente- para hacer viviendas, porque no es lo que sucede en la mayoría de las jurisdicciones. A partir de que las provincias asumen la responsabilidad de usar esos fondos para construir viviendas -estaban liberadas de esta exigencia después de la crisis de 2001-, pueden destinar más recursos subnacionales de transferencias automáticas del gobierno nacional a la construcción de mayor cantidad de viviendas sociales, lo cual claramente es una buena noticia.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Espinoza.
Lo que es cierto, y el señor diputado vivió esos años de dificultades para las provincias a partir de esa decisión errada de un gobierno nacional a principios de la década del 90, es que de transferir a las provincias servicios y responsabilidades sin los recursos pasamos a una situación totalmente al revés: les transferimos recursos.
Reitero que el año que viene, el 15 por ciento representará para las provincias la cifra de 136.000 millones de pesos, mientras que el FOFESO asciende a 26.000 millones. Esto lo digo para poner las cosas en su lugar y en su respectivo nivel de importancia. (Aplausos.)
Insisto en lo siguiente: en la idea del FOFESO estaba la intención del gobierno de compensar ese 15 por ciento que se había quitado a las provincias. Recordemos que a principios de los 90 se les transfirieron más responsabilidades sin recursos, lo que fue el origen de los problemas que luego tuvimos que enfrentar. Me refiero al déficit de las provincias, que ahora comenzó a corregirse. En la actualidad, todas están en camino hacia el superávit fiscal producto de la combinación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de mayores recursos automáticos a las distintas jurisdicciones.
Alrededor de los años 2007 y 2008 el problema se agravó, porque a lo que venía de la década del 90 se sumó la quita del 15 por ciento a las provincias. Una forma de compensar esta situación fue el FOFESO. Como revertimos el tema del 15 por ciento, además por una cuestión de magnitudes -reitero que estamos hablando de 26.000 millones contra 136.000 millones de pesos- entendemos que el Fondo Federal Solidario pierde sentido.
El artículo 53 del proyecto -sobre el que me preguntaron varios señores diputados- está en revisión por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Considero que vamos a llegar a una redacción que conforme a todos y quite la preocupación que puede haber respecto del tema. Se modificará en línea con lo que se acuerde, tal como sucede con todos los puntos de este proyecto de presupuesto. Aquí hay un error conceptual: nosotros no resolvimos con los gobernadores la aprobación del proyecto de presupuesto. El presupuesto se debate y se vota en este ámbito, empezando por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Los gobernadores no asumieron ese compromiso. El único que tomaron fue tener, por primera vez y luego de muchos años, un presupuesto equilibrado. La idea es contar con un presupuesto donde los recursos alcancen para cubrir los gastos, tal como sucede en la mayoría de las provincias, sobre todo a partir de la descentralización de recursos que antes retenía el gobierno central. No hay un compromiso de voto. Considero que el compromiso surgirá luego del debate y la discusión de cada uno de los puntos del presupuesto, tal como están haciendo los legisladores de esta comisión.
El señor diputado expresó su preocupación por la caída de las transferencias corrientes. Concretamente, las transferencias corrientes per cápita a las provincias pasan de 29.755 en 2018 a un promedio de 38.151 pesos en 2019.
En el caso de la vivienda, para la provincia de San Juan el monto alcanza los 330.492.000 pesos. La distribución entre lo que es Procrear y vivienda social no está bien asignada. Ese tema lo estamos hablando con los funcionarios de la provincia que representa el señor diputado.
Dicho sea de paso, tengo entendido que han avanzado mucho en línea con el Plan Nacional de Vivienda. Están debatiendo un proyecto muy interesante en la legislatura provincial que pone el foco en el cobro de la cuota. Hay muchos argentinos que carecen de vivienda social. Estas cuotas no se cobran en muchas provincias.
La ley que se aprobó en San Juan atiende este punto y garantiza el cobro de esas viviendas sociales, y también permite usar el sistema UVA como mecanismo de indexación de esas cuotas y del pago de los certificados. Así que aprovecho para decir que es una muy buena iniciativa.
Respecto del transporte, a partir de este presupuesto el gobierno nacional solo va a atender lo que está obligado por la Constitución, es decir el ámbito interjurisdiccional. Todo lo intrajurisdiccional de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del resto de las jurisdicciones del país pasará a ser responsabilidad de cada una de ellas, como ocurre en todos los países federales del mundo.
Respecto de El Tambolar, para nosotros es una obra clave, muchas veces prometida y no puesta en marcha. El 23 de noviembre se abrirán las ofertas. Esta obra está perfectamente financiada por el gobierno nacional a través de un fideicomiso.
En cuanto a la evaluación de los montos que ingresan al fideicomiso y repagan la obra, el secretario Bereciartua estuvo trabajando a la par de técnicos muy preparados de la empresa EPSE, y ellos han hecho con nosotros el cálculo de recursos y determinaron que alcanzarán para cubrir perfectamente las erogaciones. Así que no tenemos ninguna preocupación en ese sentido, sobre todo en línea con el trabajo conjunto que venimos haciendo con los funcionarios provinciales.
En relación con la consulta del señor diputado Rauschenberger, hay un error en la lectura de los datos del presupuesto. Para infraestructura urbana -concretamente para el Promeba, Programa 37- se destinan casi 6.500 millones de pesos; no 28 millones. Este monto permite cubrir todas las obras en marcha, por lo que en el próximo ejercicio están garantizadas las obras de Promeba en La Pampa.
En cuanto al tema de las cloacas en Santa Rosa -que me ocupa y preocupa desde mi primer día de gestión-, lamentablemente hubo problemas con la licitación y la elaboración del plan director, que ni siquiera tenemos. Si ese plan se hubiera hecho, esa obra ya estaría terminada. No lo tenemos y debemos hacerlo. Ya lo estamos financiando; hubo un problema con el municipio durante la licitación, pero ya está corregido y en marcha.
Respecto de su consulta sobre el área de energía y la resolución 97/18, debo decir que se trata de créditos previstos para pagar deudas del Plan Gas de 2011 o 2012.
En cuanto a los créditos UVA, tema que también planteó la señora diputada Del Plá, tenemos ciento treinta mil créditos UVA en esta gestión y no estamos registrando moras. Por supuesto que hay dificultades e incertidumbre respecto de la posibilidad de sostener el pago de cuotas, pero hoy la realidad fáctica es que el sistema no está registrando mora con los créditos de UVA. Es un dato público que los señores diputados pueden comprobar. Independientemente de ello, estamos trabajando y dentro de este paquete de medidas que vamos a presentar en los próximos días, trataremos de llevar tranquilidad y mayor certidumbre a aquellos que tomaron esos créditos. Con los acuerdos que se van a anunciar esta tarde, no se modificará ninguna de las variables macroeconómicas que están planteadas en proyecto de ley de presupuesto.
Volviendo al tema de las viviendas sociales, en los artículos 92 a 95 del proyecto se implementan exenciones impositivas de IVA y del denominado impuesto al cheque. Además, invitamos a las provincias a adherir a la exención de ingresos brutos para la construcción de viviendas sociales.
Otra noticia importante, en términos de este trabajo arduo que tenemos que hacer para ir reduciendo el déficit habitacional, es lo que determinamos en acuerdo con las provincias hace pocos meses: que las partidas del Fondo Nacional de la Vivienda se usen -paradójicamente- para hacer viviendas, porque no es lo que sucede en la mayoría de las jurisdicciones. A partir de que las provincias asumen la responsabilidad de usar esos fondos para construir viviendas -estaban liberadas de esta exigencia después de la crisis de 2001-, pueden destinar más recursos subnacionales de transferencias automáticas del gobierno nacional a la construcción de mayor cantidad de viviendas sociales, lo cual claramente es una buena noticia.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Espinoza.
SR. ESPINOZA Señor presidente: agradezco al señor ministro por su presencia.
Nosotros no podemos entender lo que está pasando en esta reunión de comisión. Pareciera que estamos en los mejores momentos de la historia de la Argentina y que acá no pasa nada. Estamos hablando de la ley madre, la ley general de presupuesto, que encaminará la vida de los argentinos el año que viene o nos hará seguir en un proceso de recesión. Tanto las encuestas del gobierno como las contratadas por otros sectores arrojan que al 75 por ciento de los argentinos le va muy mal económicamente y que el año próximo le irá peor.
Estamos hablando de números, pero también tenemos que hablar de personas. Debemos hablar de lo que estos números y este presupuesto representan en el día a día de la vida de los 40 millones de argentinos. Cuando uno recorre las ciudades de la provincia de Buenos Aires -que yo represento- u otras del país, lo que ve es muy distinto de lo que el señor ministro nos cuenta.
En las grandes ciudades industriales del país, todos los días vemos que cierran industrias y se pierden miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, cientos de miles de familias quedan sin trabajo y a la deriva.
Nosotros no podemos entender lo que está pasando en esta reunión de comisión. Pareciera que estamos en los mejores momentos de la historia de la Argentina y que acá no pasa nada. Estamos hablando de la ley madre, la ley general de presupuesto, que encaminará la vida de los argentinos el año que viene o nos hará seguir en un proceso de recesión. Tanto las encuestas del gobierno como las contratadas por otros sectores arrojan que al 75 por ciento de los argentinos le va muy mal económicamente y que el año próximo le irá peor.
Estamos hablando de números, pero también tenemos que hablar de personas. Debemos hablar de lo que estos números y este presupuesto representan en el día a día de la vida de los 40 millones de argentinos. Cuando uno recorre las ciudades de la provincia de Buenos Aires -que yo represento- u otras del país, lo que ve es muy distinto de lo que el señor ministro nos cuenta.
En las grandes ciudades industriales del país, todos los días vemos que cierran industrias y se pierden miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, cientos de miles de familias quedan sin trabajo y a la deriva.
SR. PRESIDENTE LASPINA Realice la pregunta específica, señor diputado.
SR. ESPINOZA La última vez que miré personalmente a los ojos al señor ministro fue el 8 de junio de 2016. (Risas y aplausos.) No voy a olvidarlo nunca; hacía seis meses que habían asumido y yo me acerqué a transmitirle la inquietud de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, quienes veían cómo el tarifazo de ese momento -junio de 2016- generaría el comienzo del camino de esta triste realidad que hoy vivimos, donde las pequeñas y medianas industrias del conurbano industrial no podrían aguantar.
También le llevé la boleta de luz de una familia de jubilados de la provincia de Buenos Aires, que de 200 pesos pasó a abonar 1.900. Recuerdo los casos de pequeñas empresas textiles, que antes pagaban boletas de 20.000 pesos y luego de 200.000. Si no me falla la memoria, aquel 8 de junio de 2016 también mostré al señor ministro la boleta de luz del frigorífico Yaguané, que pagaba 50.000 pesos y pasó a abonar medio millón.
Fui acompañado de otros intendentes de la provincia, con quienes tratamos de explicarle lo que se venía. Cuando le acercamos las boletas, no sé si recuerda que me dijo: Fernando, traéme la boleta de cada municipio porque esto no es lo que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, nos dice. A los tres días se las hice llegar; como justo me habían operado, recuerdo muy bien la fecha.
También le llevé la boleta de luz de una familia de jubilados de la provincia de Buenos Aires, que de 200 pesos pasó a abonar 1.900. Recuerdo los casos de pequeñas empresas textiles, que antes pagaban boletas de 20.000 pesos y luego de 200.000. Si no me falla la memoria, aquel 8 de junio de 2016 también mostré al señor ministro la boleta de luz del frigorífico Yaguané, que pagaba 50.000 pesos y pasó a abonar medio millón.
Fui acompañado de otros intendentes de la provincia, con quienes tratamos de explicarle lo que se venía. Cuando le acercamos las boletas, no sé si recuerda que me dijo: Fernando, traéme la boleta de cada municipio porque esto no es lo que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, nos dice. A los tres días se las hice llegar; como justo me habían operado, recuerdo muy bien la fecha.
Manifestaciones en la sala.
SR. ESPINOZA El señor ministro dijo: déjenmelo; vamos a tratar de que Aranguren entienda, pero no nos escucha. Esas fueron sus palabras; no sé si se acuerda. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Vayamos a las preguntas, señor diputado.
SR. ESPINOZA Como se recordará, el presidente se comprometió a terminar cien mil viviendas. ¿Cuántas concretaron y cuántas piensan completar para el año que viene, cuando finalice el mandato del presidente?
Por otra parte, quiero formular al señor ministro una pregunta que quizás no tenga que ver con su área; pero hace un tiempo solicitamos una reunión al señor ministro de Educación y todavía no nos respondió.
El presidente de la Nación se comprometió a hacer tres mil nuevos jardines de infantes. Quisiera saber cuántos pudieron terminar y cuántos habrán finalizado para el año 2019.
Con respecto a las universidades, quiero precisar algún concepto. Hace dos años, en La Matanza construimos un edificio con fondos municipales. Sin embargo, todavía no pudimos conseguir que los docentes sean nombrados para que las clases puedan comenzar. Me refiero al anexo de la Universidad Nacional de la Matanza ubicado en González Catán. Hoy, la Universidad Nacional de La Matanza cuenta con cincuenta mil alumnos; quieren ingresar quince mil todos los años, pero solamente lo pueden hacer cuatro mil. Este edificio podría albergar aproximadamente a cuatro mil alumnos más. Hace dos años que estamos esperando que se produzca su apertura. Si es necesario, pido que transmita al señor ministro de Educación y al señor Jefe de Gabinete que el municipio de La Matanza se podría hacer cargo de la mitad del presupuesto -concretamente, del equipamiento- que se necesita para que el edificio pueda funcionar. En ese caso, la Nación solamente debería hacerse cargo de los sueldos docentes.
Señor ministro: no entendí la explicación sobre el Fondo Sojero. Estamos hablando del fondo federal más revolucionario de toda la historia argentina. Desde el Tesoro nacional, los fondos iban directamente a cada una de las provincias y a los intendentes de las ciudades del país, tanto las más importantes como las demográficamente más pequeñas. Esto tiene que ver con qué Argentina queremos: una Argentina donde volvamos a refrendar esa vieja pelea entre unitarios y federales, con un gobierno central y elitista que cuida y defiende los intereses de una clase social, o una Argentina para los 40 millones de habitantes.
Señor ministro: este fondo no estaba destinado a pagar los intereses de la deuda externa. Se lo digo con todo respeto. Era un fondo para crear trabajo, pues iban directamente al vecino. Estaba destinado a la generación de cientos de miles de puestos de trabajo, a infraestructura y al arreglo de escuelas. Además, en el interior del país se iban a hacer los caminos de la cosecha. En definitiva, este año se pierden 20.000 millones y solo se otorgarán 4.000 millones a las provincias. Para el año que viene, con las previsiones de lo que será la cosecha, debemos hablar de 85.000 millones.
Esta es una cuestión que hay que revisar, no solamente porque genera más desocupación sino también porque la recesión hará que cientos de familias entren en la indigencia.
El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina -no el Frente para la Victoria- afirma que la pobreza aumentará y que en junio -antes de la devaluación- se registró un 33 por ciento de pobreza y un 38 por ciento de chicos que no comen en su hogar, sino que asisten a comedores escolares, parroquiales o comunitarios. Además, en la Argentina hay más de un millón de jubilados que no cena, que no tiene un plato de comida en su hogar.
Entonces, ¿cómo puede ser que este presupuesto no prevea un aumento de las partidas del área social acorde con la inflación que vamos a tener? ¿Cómo puede ser que sí comprenda un aumento del 49 por ciento en los recursos para el pago de intereses de la deuda externa? Todos sabemos en manos de quién termina esto y lo que pasará en la Argentina con todas estas medidas.
Por otra parte, quiero formular al señor ministro una pregunta que quizás no tenga que ver con su área; pero hace un tiempo solicitamos una reunión al señor ministro de Educación y todavía no nos respondió.
El presidente de la Nación se comprometió a hacer tres mil nuevos jardines de infantes. Quisiera saber cuántos pudieron terminar y cuántos habrán finalizado para el año 2019.
Con respecto a las universidades, quiero precisar algún concepto. Hace dos años, en La Matanza construimos un edificio con fondos municipales. Sin embargo, todavía no pudimos conseguir que los docentes sean nombrados para que las clases puedan comenzar. Me refiero al anexo de la Universidad Nacional de la Matanza ubicado en González Catán. Hoy, la Universidad Nacional de La Matanza cuenta con cincuenta mil alumnos; quieren ingresar quince mil todos los años, pero solamente lo pueden hacer cuatro mil. Este edificio podría albergar aproximadamente a cuatro mil alumnos más. Hace dos años que estamos esperando que se produzca su apertura. Si es necesario, pido que transmita al señor ministro de Educación y al señor Jefe de Gabinete que el municipio de La Matanza se podría hacer cargo de la mitad del presupuesto -concretamente, del equipamiento- que se necesita para que el edificio pueda funcionar. En ese caso, la Nación solamente debería hacerse cargo de los sueldos docentes.
Señor ministro: no entendí la explicación sobre el Fondo Sojero. Estamos hablando del fondo federal más revolucionario de toda la historia argentina. Desde el Tesoro nacional, los fondos iban directamente a cada una de las provincias y a los intendentes de las ciudades del país, tanto las más importantes como las demográficamente más pequeñas. Esto tiene que ver con qué Argentina queremos: una Argentina donde volvamos a refrendar esa vieja pelea entre unitarios y federales, con un gobierno central y elitista que cuida y defiende los intereses de una clase social, o una Argentina para los 40 millones de habitantes.
Señor ministro: este fondo no estaba destinado a pagar los intereses de la deuda externa. Se lo digo con todo respeto. Era un fondo para crear trabajo, pues iban directamente al vecino. Estaba destinado a la generación de cientos de miles de puestos de trabajo, a infraestructura y al arreglo de escuelas. Además, en el interior del país se iban a hacer los caminos de la cosecha. En definitiva, este año se pierden 20.000 millones y solo se otorgarán 4.000 millones a las provincias. Para el año que viene, con las previsiones de lo que será la cosecha, debemos hablar de 85.000 millones.
Esta es una cuestión que hay que revisar, no solamente porque genera más desocupación sino también porque la recesión hará que cientos de familias entren en la indigencia.
El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina -no el Frente para la Victoria- afirma que la pobreza aumentará y que en junio -antes de la devaluación- se registró un 33 por ciento de pobreza y un 38 por ciento de chicos que no comen en su hogar, sino que asisten a comedores escolares, parroquiales o comunitarios. Además, en la Argentina hay más de un millón de jubilados que no cena, que no tiene un plato de comida en su hogar.
Entonces, ¿cómo puede ser que este presupuesto no prevea un aumento de las partidas del área social acorde con la inflación que vamos a tener? ¿Cómo puede ser que sí comprenda un aumento del 49 por ciento en los recursos para el pago de intereses de la deuda externa? Todos sabemos en manos de quién termina esto y lo que pasará en la Argentina con todas estas medidas.
SR. PRESIDENTE LASPINA Vaya redondeando, señor diputado.
SR. ESPINOZA Señor presidente: ya cierro.
Con el pago de intereses de esta deuda los argentinos ya perdimos 15.000 millones de dólares en los últimos tres meses. Eso es culpa de las decisiones del actual gobierno. Para que se den una idea, según lo previsto se perderán 5.500.000 pesos por hora en el pago de intereses de la deuda.
El señor ministro dijo que es un presupuesto por primera vez equilibrado, donde lo que ingresa guarda relación con lo que se gasta o, mejor dicho, se invierte. Si necesitamos plata para generar una Argentina sin inflación, sin recesión, sin hambre y sin desocupación, ¿por qué no cobramos a los argentinos que blanquearon más de 100.000 millones de pesos en el exterior? Sabemos que ese dinero tiene una procedencia non sancta, que viene de quién sabe dónde. Son 100.000 millones de dólares; solamente cobrando una alícuota del 2,5 por ciento sobre los bienes personales estaríamos recaudando alrededor de 100.000 millones de pesos. Esto hubiera evitado el aumento de tarifas este año y podríamos haber hecho realidad el sueño de retrotraerlas a los valores de 2017.
Con el pago de intereses de esta deuda los argentinos ya perdimos 15.000 millones de dólares en los últimos tres meses. Eso es culpa de las decisiones del actual gobierno. Para que se den una idea, según lo previsto se perderán 5.500.000 pesos por hora en el pago de intereses de la deuda.
El señor ministro dijo que es un presupuesto por primera vez equilibrado, donde lo que ingresa guarda relación con lo que se gasta o, mejor dicho, se invierte. Si necesitamos plata para generar una Argentina sin inflación, sin recesión, sin hambre y sin desocupación, ¿por qué no cobramos a los argentinos que blanquearon más de 100.000 millones de pesos en el exterior? Sabemos que ese dinero tiene una procedencia non sancta, que viene de quién sabe dónde. Son 100.000 millones de dólares; solamente cobrando una alícuota del 2,5 por ciento sobre los bienes personales estaríamos recaudando alrededor de 100.000 millones de pesos. Esto hubiera evitado el aumento de tarifas este año y podríamos haber hecho realidad el sueño de retrotraerlas a los valores de 2017.
SR. PRESIDENTE LASPINA Redondee, señor diputado.
SR. ESPINOZA Otra propuesta para que ingrese dinero es hacer que los agroexportadores vuelvan a liquidar las divisas en la Argentina -como se hacía hasta hace dos años y medio- en lugar de hacerlo en el exterior, lo cual representaría 28.000 millones de dólares. Este año fueron al Fondo Monetario a pedir 30.000 millones de dólares, cuando podrían haberlos tenido con una medida de ese tipo.
Sr. Presidente (Laspina).- Señor diputado: le pido que haga preguntas concretas.
Sr. Presidente (Laspina).- Señor diputado: le pido que haga preguntas concretas.
SR. ESPINOZA Aunque tengo varias más, por respeto a los demás colegas haré la última pregunta: ¿por qué no se hace algo urgente con las tasas de financiación de las tarjetas de crédito? Hoy están dando un golpe al corazón de las clases media y trabajadora con ese 120 por ciento de interés anual, cuando todos sabemos que el problema se puede solucionar.
Para terminar, quiero revisar los números de agua y cloacas. Voy a hablar de mi ciudad treinta segundos, si el señor presidente me permite.
Para terminar, quiero revisar los números de agua y cloacas. Voy a hablar de mi ciudad treinta segundos, si el señor presidente me permite.
SR. PRESIDENTE LASPINA Hace veinte minutos que está haciendo uso de la palabra, señor diputado.
SR. ESPINOZA En La Matanza generamos agua potable para un millón de personas, mientras que en dos años y medio este gobierno proveyó agua potable para cuatrocientas familias. En cuanto a cloacas, hicimos para setecientos mil vecinos, mientras que el gobierno tendió el servicio para cuatro mil. La pregunta es cuántas instalaciones de agua potable y cloacas van a generar en La Matanza para el año que viene. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA La Presidencia quiere hacer una aclaración metodológica, dado que no podemos disciplinarnos entre nosotros.
Hay una lista de oradores acordada entre todos los bloques. El señor ministro se tiene que retirar a las 15 y 30, y puede volver en otro momento. Al ritmo del señor diputado Espinoza tendríamos siete horas solo de discursos y preguntas, por lo que terminaríamos a las 21 con la lista de oradores.
Entonces, por una cuestión de respeto no solo hacia el señor ministro y su equipo sino a todos los presentes, aprovechemos el tiempo. Podemos debatir entre nosotros todo lo que queramos y dar opiniones, pero debemos aprovechar el tiempo del ministro para responder las preguntas.
Voy a leer el orden de los oradores y reitero que a las 15 y 30 el ministro tiene que retirarse. Si no lo aprovechamos, no podrá contestar las preguntas del resto de los diputados. Como acordamos al principio, los oradores están distribuidos por bloque. No es cuestión de que un diputado haga un discurso de una hora sobre un tema que no guarda relación con el presupuesto y tengamos al señor ministro escuchando discursos políticos. (Aplausos.) Haremos todas las reuniones de comisión que quieran y yo me quedaré hasta las 3 de la mañana, pero quiero aprovechar el valioso tiempo del señor ministro para que responda a preguntas concretas y puntuales sobre el proyecto de ley de presupuesto.
A continuación, voy a leer el orden de los diputados y las diputadas que harán uso de la palabra. Lamento si alguno queda afuera, pero a las 15 y 30 termina la reunión. Son los siguientes: Nicolás Del Caño, Mónica Macha, Axel Kicillof, María Carolina Moisés, Carlos Castagneto, Andrés Vallone, Fernanda Vallejos, Silvina Frana, Julio Solanas, Juan Cabandié, Sandra Castro, Luis Contigiani y Rosa Muñoz. A las 15 y 30, quien no llegó a hablar por la falta de solidaridad de sus compañeros diputados, quedará sin hacer sus preguntas al señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. (Aplausos.)
Tiene la palabra el señor diputado Del Caño.
Hay una lista de oradores acordada entre todos los bloques. El señor ministro se tiene que retirar a las 15 y 30, y puede volver en otro momento. Al ritmo del señor diputado Espinoza tendríamos siete horas solo de discursos y preguntas, por lo que terminaríamos a las 21 con la lista de oradores.
Entonces, por una cuestión de respeto no solo hacia el señor ministro y su equipo sino a todos los presentes, aprovechemos el tiempo. Podemos debatir entre nosotros todo lo que queramos y dar opiniones, pero debemos aprovechar el tiempo del ministro para responder las preguntas.
Voy a leer el orden de los oradores y reitero que a las 15 y 30 el ministro tiene que retirarse. Si no lo aprovechamos, no podrá contestar las preguntas del resto de los diputados. Como acordamos al principio, los oradores están distribuidos por bloque. No es cuestión de que un diputado haga un discurso de una hora sobre un tema que no guarda relación con el presupuesto y tengamos al señor ministro escuchando discursos políticos. (Aplausos.) Haremos todas las reuniones de comisión que quieran y yo me quedaré hasta las 3 de la mañana, pero quiero aprovechar el valioso tiempo del señor ministro para que responda a preguntas concretas y puntuales sobre el proyecto de ley de presupuesto.
A continuación, voy a leer el orden de los diputados y las diputadas que harán uso de la palabra. Lamento si alguno queda afuera, pero a las 15 y 30 termina la reunión. Son los siguientes: Nicolás Del Caño, Mónica Macha, Axel Kicillof, María Carolina Moisés, Carlos Castagneto, Andrés Vallone, Fernanda Vallejos, Silvina Frana, Julio Solanas, Juan Cabandié, Sandra Castro, Luis Contigiani y Rosa Muñoz. A las 15 y 30, quien no llegó a hablar por la falta de solidaridad de sus compañeros diputados, quedará sin hacer sus preguntas al señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. (Aplausos.)
Tiene la palabra el señor diputado Del Caño.
SR. DEL CAÑO Señor presidente, señor ministro: ya en la reunión anterior con el ministro Dujovne señalamos algunas cuestiones que, con lo que vimos el día de ayer, se han reforzado. Que el ministro Frigerio diga que no están intentando acordar con los gobernadores es como hacernos creer que este presupuesto no fue escrito según los parámetros, las necesidades y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Creer que el presupuesto no tiene que ver con eso es un insulto a la inteligencia de todo el pueblo argentino.
Es cierto que ese presupuesto digitado por el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso. Por eso el gobierno está buscando, a espaldas del pueblo, pactar con aquellos sectores y con los gobernadores -muchos del PJ- que les han dado los votos para aprobar absolutamente todas las leyes de ajuste y de entrega que necesitó hasta este momento. Aprobar este presupuesto para 2019 significaría aceptar el presupuesto del Fondo Monetario Internacional; sería como firmar el presupuesto de Lagarde.
Es muy importante tener esto en cuenta porque el ministro Dujovne contestó a mi señalamiento diciendo que significarían un aumento del déficit los planteos que hacemos desde el Frente de Izquierda: incrementar los presupuestos de salud, de educación y de vivienda para cubrir las principales necesidades del pueblo trabajador. Es decir, todo lo contrario de lo que dice este presupuesto y de lo que sucedió con el de 2018; en educación, por ejemplo, si tomamos los dos años juntos, se verifica una caída real del 30 por ciento.
Por supuesto, nosotros repudiamos la deuda externa. Aquí se explicó recién lo que significa el pago de intereses que, como bien se dijo, en este presupuesto es lo que más aumenta: el 50 por ciento. Es la "paritaria de los especuladores", como le llamamos. Obviamente decimos que hay que repudiar esta deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, y que es preciso dejar de pagarla.
Un dato importante es que, de la dictadura a esta parte, se pagaron 546.000 millones de dólares. Todos los gobiernos pagaron una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que cada vez aumenta más, porque este es el gobierno del endeudamiento fenomenal y monumental. Ya perdimos la cuenta, pero todavía debemos alrededor de 350.000 millones de dólares.
Nosotros creemos que esos recursos tienen que ser destinados a los intereses del pueblo trabajador, y se nos dice como argumento a este presupuesto que todos tienen que hacer un esfuerzo. Entonces, hablan de las provincias; pero, en realidad, se refieren a los trabajadores porque es el pueblo de cada una de ellas el que se tendrá que ajustar. En todo el país son los trabajadores, el pueblo, los que van a tener que ajustarse. Entonces, lo que significa un esfuerzo o, como ustedes dicen, un ahorro de 358.000 millones de pesos con este presupuesto, es íntegramente un ajuste para pagar los intereses de la deuda. Por supuesto, no alcanza para pagar todo lo que estipula este presupuesto, que son 600.000 millones de pesos, sino que ese ajuste es para pagar los intereses de la deuda.
Nosotros rechazamos este pacto con el Fondo Monetario Internacional. Lo que vimos ayer con el presidente Macri y lo sucedido con el anterior presidente del Banco Central representa un coloniaje. El Fondo Monetario Internacional está festejando la asunción del nuevo presidente de la entidad. Para nosotros, el especialista en el delito de los ricos de fugar capitales, Luis Caputo, no planteaba ninguna alternativa favorable al pueblo trabajador; tampoco la plantea el nuevo presidente del Banco Central.
El solo hecho de que el titular de dicha entidad deba contar con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional representa un grado de coloniaje extraordinario. Es un salto de este gobierno, que nos llevó a un Fondo Monetario Internacional que no votó absolutamente nadie. ¿Quién votó a Christine Lagarde?
Nosotros podemos decir que este gobierno hizo muchas promesas que incumplió. Una de ellas -todo el pueblo argentino la recuerda- fue que no iban a hacer una reforma previsional; pero eso fue justamente lo que hicieron en diciembre del año pasado cuando llevaron adelante un ajuste brutal contra los jubilados. Todo esto fue acordado con los gobernadores, los mismos con los que el señor ministro está intentando concertar ahora, o aquellos sectores del PJ que firmaron ese pacto y votaron aquel robo a los jubilados.
No podemos más que decir que este es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional y denunciar este pacto con los gobernadores del PJ, que se está realizando a espaldas del pueblo con el objeto de sancionar un nuevo presupuesto de ajuste.
Por otro lado, este mecanismo donde cada nuevo endeudamiento conlleva mayores ajustes impactará en las provincias. ¿Cuál es el estado de endeudamiento de las provincias? Sabemos que muchas de ellas tienen un fuerte endeudamiento en dólares. Nadie puede creer que el valor del dólar será de 40 pesos durante 2019. Si hay una devaluación, nuevos recursos deberán ser destinados al pago de la deuda. Lo mismo sucede en las provincias. Por ello, quería que el señor ministro me informe cuál es el grado de endeudamiento en las distintas jurisdicciones.
El señor ministro señaló que cada distrito va a tomar una decisión respecto de los subsidios a la tarifa social de electricidad y de transporte. ¿Puede afirmar entonces que no habrá ningún ajuste o tarifazo respecto de la electricidad y el transporte como producto de esa quita de subsidios que hará la Nación y que se transfiere a las provincias? Lo consulto porque en la provincia de Córdoba, por ejemplo, el boleto del transporte público de pasajeros podría pasar de 17,30 a 30 o 40 pesos, tal como lo señaló la señora diputada Romina Del Plá. Esto es lo que se está votando en este presupuesto. Concretamente, que el boleto de transporte público de pasajeros en la provincia de Córdoba pase a costar 30 o 40 pesos.
En otro orden de cosas, quiero insistir en el tema de los jubilados. Este gobierno se ensañó con ellos, al contrario de lo que prometió en la campaña electoral. Al leer el presupuesto, notamos que pretenden tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ello, queremos saber si en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se plantea liquidar dicho fondo. La lectura de este proyecto de presupuesto nos hace pensar que eso podría llegar a darse.
Respecto de la quita del denominado Fondo Sojero, queremos que nos responda cuál será el impacto que tendrá en el empleo y en la obra pública.
Para finalizar, pido al señor ministro una respuesta ante la situación que está atravesando el país. Mientras sucede este viaje del presidente y se anuncia un nuevo acuerdo con el FMI, las mayorías populares vamos más a fondo. Ayer, por ejemplo, se dio un hecho muy importante: un paro general. Se paralizó el país; los trabajadores fueron a la huelga y mostraron el rechazo contundente y masivo a estas políticas.
Recién, un señor diputado mencionaba encuestas efectuadas por empresas que incluso contrata el propio gobierno, que muestran el rechazo a esta gestión. Además, estas encuestas dicen que el 75 por ciento de la población rechaza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ante esta grave situación de crisis, desde algunos sectores se plantea que debemos esperar hasta 2019, mientras hoy se está realizando un saqueo brutal que se va a profundizar con este proyecto de ley de presupuesto.
Nosotros creemos que hay que desarrollar una movilización popular con un verdadero plan de lucha. El día que se trate el presupuesto tiene que haber una movilización y un paro general contundente. Quienes luchamos por un gobierno de los trabajadores con un planteo opuesto al oficial, creemos que la salida más democrática es que los recursos del país estén en función de los intereses de las grandes mayorías y no del pequeño puñado de parásitos especuladores, grandes capitalistas y exportadores que manejan el dólar. El salario de los trabajadores, que ha quedado pulverizado, está en manos de los grandes bancos.
Nosotros queremos una salida favorable al pueblo trabajador, y por eso planteamos la necesidad de una asamblea constituyente libre y soberana que pueda decidir sobre el no pago de la deuda externa, y la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Me parece que es la salida más democrática ante esta crisis en la que está el país.
Con este proyecto de ley, el gobierno muestra la voluntad de seguir pactando un presupuesto digitado por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, en cambio, planteamos algo mucho más democrático: que el pueblo decida si quiere un pacto con el Fondo Monetario Internacional. Mediante una asamblea constituyente libre y soberana debe decidirse si la plata es para los especuladores o para los hospitales que esta misma gestión destruyó, como el Hospital Posadas.
Es cierto que ese presupuesto digitado por el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso. Por eso el gobierno está buscando, a espaldas del pueblo, pactar con aquellos sectores y con los gobernadores -muchos del PJ- que les han dado los votos para aprobar absolutamente todas las leyes de ajuste y de entrega que necesitó hasta este momento. Aprobar este presupuesto para 2019 significaría aceptar el presupuesto del Fondo Monetario Internacional; sería como firmar el presupuesto de Lagarde.
Es muy importante tener esto en cuenta porque el ministro Dujovne contestó a mi señalamiento diciendo que significarían un aumento del déficit los planteos que hacemos desde el Frente de Izquierda: incrementar los presupuestos de salud, de educación y de vivienda para cubrir las principales necesidades del pueblo trabajador. Es decir, todo lo contrario de lo que dice este presupuesto y de lo que sucedió con el de 2018; en educación, por ejemplo, si tomamos los dos años juntos, se verifica una caída real del 30 por ciento.
Por supuesto, nosotros repudiamos la deuda externa. Aquí se explicó recién lo que significa el pago de intereses que, como bien se dijo, en este presupuesto es lo que más aumenta: el 50 por ciento. Es la "paritaria de los especuladores", como le llamamos. Obviamente decimos que hay que repudiar esta deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, y que es preciso dejar de pagarla.
Un dato importante es que, de la dictadura a esta parte, se pagaron 546.000 millones de dólares. Todos los gobiernos pagaron una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que cada vez aumenta más, porque este es el gobierno del endeudamiento fenomenal y monumental. Ya perdimos la cuenta, pero todavía debemos alrededor de 350.000 millones de dólares.
Nosotros creemos que esos recursos tienen que ser destinados a los intereses del pueblo trabajador, y se nos dice como argumento a este presupuesto que todos tienen que hacer un esfuerzo. Entonces, hablan de las provincias; pero, en realidad, se refieren a los trabajadores porque es el pueblo de cada una de ellas el que se tendrá que ajustar. En todo el país son los trabajadores, el pueblo, los que van a tener que ajustarse. Entonces, lo que significa un esfuerzo o, como ustedes dicen, un ahorro de 358.000 millones de pesos con este presupuesto, es íntegramente un ajuste para pagar los intereses de la deuda. Por supuesto, no alcanza para pagar todo lo que estipula este presupuesto, que son 600.000 millones de pesos, sino que ese ajuste es para pagar los intereses de la deuda.
Nosotros rechazamos este pacto con el Fondo Monetario Internacional. Lo que vimos ayer con el presidente Macri y lo sucedido con el anterior presidente del Banco Central representa un coloniaje. El Fondo Monetario Internacional está festejando la asunción del nuevo presidente de la entidad. Para nosotros, el especialista en el delito de los ricos de fugar capitales, Luis Caputo, no planteaba ninguna alternativa favorable al pueblo trabajador; tampoco la plantea el nuevo presidente del Banco Central.
El solo hecho de que el titular de dicha entidad deba contar con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional representa un grado de coloniaje extraordinario. Es un salto de este gobierno, que nos llevó a un Fondo Monetario Internacional que no votó absolutamente nadie. ¿Quién votó a Christine Lagarde?
Nosotros podemos decir que este gobierno hizo muchas promesas que incumplió. Una de ellas -todo el pueblo argentino la recuerda- fue que no iban a hacer una reforma previsional; pero eso fue justamente lo que hicieron en diciembre del año pasado cuando llevaron adelante un ajuste brutal contra los jubilados. Todo esto fue acordado con los gobernadores, los mismos con los que el señor ministro está intentando concertar ahora, o aquellos sectores del PJ que firmaron ese pacto y votaron aquel robo a los jubilados.
No podemos más que decir que este es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional y denunciar este pacto con los gobernadores del PJ, que se está realizando a espaldas del pueblo con el objeto de sancionar un nuevo presupuesto de ajuste.
Por otro lado, este mecanismo donde cada nuevo endeudamiento conlleva mayores ajustes impactará en las provincias. ¿Cuál es el estado de endeudamiento de las provincias? Sabemos que muchas de ellas tienen un fuerte endeudamiento en dólares. Nadie puede creer que el valor del dólar será de 40 pesos durante 2019. Si hay una devaluación, nuevos recursos deberán ser destinados al pago de la deuda. Lo mismo sucede en las provincias. Por ello, quería que el señor ministro me informe cuál es el grado de endeudamiento en las distintas jurisdicciones.
El señor ministro señaló que cada distrito va a tomar una decisión respecto de los subsidios a la tarifa social de electricidad y de transporte. ¿Puede afirmar entonces que no habrá ningún ajuste o tarifazo respecto de la electricidad y el transporte como producto de esa quita de subsidios que hará la Nación y que se transfiere a las provincias? Lo consulto porque en la provincia de Córdoba, por ejemplo, el boleto del transporte público de pasajeros podría pasar de 17,30 a 30 o 40 pesos, tal como lo señaló la señora diputada Romina Del Plá. Esto es lo que se está votando en este presupuesto. Concretamente, que el boleto de transporte público de pasajeros en la provincia de Córdoba pase a costar 30 o 40 pesos.
En otro orden de cosas, quiero insistir en el tema de los jubilados. Este gobierno se ensañó con ellos, al contrario de lo que prometió en la campaña electoral. Al leer el presupuesto, notamos que pretenden tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ello, queremos saber si en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se plantea liquidar dicho fondo. La lectura de este proyecto de presupuesto nos hace pensar que eso podría llegar a darse.
Respecto de la quita del denominado Fondo Sojero, queremos que nos responda cuál será el impacto que tendrá en el empleo y en la obra pública.
Para finalizar, pido al señor ministro una respuesta ante la situación que está atravesando el país. Mientras sucede este viaje del presidente y se anuncia un nuevo acuerdo con el FMI, las mayorías populares vamos más a fondo. Ayer, por ejemplo, se dio un hecho muy importante: un paro general. Se paralizó el país; los trabajadores fueron a la huelga y mostraron el rechazo contundente y masivo a estas políticas.
Recién, un señor diputado mencionaba encuestas efectuadas por empresas que incluso contrata el propio gobierno, que muestran el rechazo a esta gestión. Además, estas encuestas dicen que el 75 por ciento de la población rechaza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ante esta grave situación de crisis, desde algunos sectores se plantea que debemos esperar hasta 2019, mientras hoy se está realizando un saqueo brutal que se va a profundizar con este proyecto de ley de presupuesto.
Nosotros creemos que hay que desarrollar una movilización popular con un verdadero plan de lucha. El día que se trate el presupuesto tiene que haber una movilización y un paro general contundente. Quienes luchamos por un gobierno de los trabajadores con un planteo opuesto al oficial, creemos que la salida más democrática es que los recursos del país estén en función de los intereses de las grandes mayorías y no del pequeño puñado de parásitos especuladores, grandes capitalistas y exportadores que manejan el dólar. El salario de los trabajadores, que ha quedado pulverizado, está en manos de los grandes bancos.
Nosotros queremos una salida favorable al pueblo trabajador, y por eso planteamos la necesidad de una asamblea constituyente libre y soberana que pueda decidir sobre el no pago de la deuda externa, y la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Me parece que es la salida más democrática ante esta crisis en la que está el país.
Con este proyecto de ley, el gobierno muestra la voluntad de seguir pactando un presupuesto digitado por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, en cambio, planteamos algo mucho más democrático: que el pueblo decida si quiere un pacto con el Fondo Monetario Internacional. Mediante una asamblea constituyente libre y soberana debe decidirse si la plata es para los especuladores o para los hospitales que esta misma gestión destruyó, como el Hospital Posadas.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA Haga preguntas, señor diputado.
SR. IGLESIAS ¡Armá un partido, Del Caño!
SR. DEL CAÑO Justamente, quieren una salida reaccionaria con represión de la protesta social y militarización. Por eso se niegan a discutir esta salida que estamos planteando, que es mucho más democrática que la que nos dicen de esperar a 2019 porque hoy se está realizando este saqueo y tenemos que frenarlo.
Dejo estas consultas al señor ministro y, por último, quiero agradecer a todas las diputadas, a todos los diputados y a todos los sectores que se solidarizaron ante las amenazas de muerte que hemos recibido. Hemos hecho las denuncias correspondientes y esperamos que esto se esclarezca. También han sido amenazados mi compañera Myriam Bregman y la familia de Roberto Baradel; con ellos nos solidarizamos. Esperamos que prontamente esto tenga una resolución para terminar con esta situación de persecución y de amenazas. (Aplausos.)
Dejo estas consultas al señor ministro y, por último, quiero agradecer a todas las diputadas, a todos los diputados y a todos los sectores que se solidarizaron ante las amenazas de muerte que hemos recibido. Hemos hecho las denuncias correspondientes y esperamos que esto se esclarezca. También han sido amenazados mi compañera Myriam Bregman y la familia de Roberto Baradel; con ellos nos solidarizamos. Esperamos que prontamente esto tenga una resolución para terminar con esta situación de persecución y de amenazas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Adhiero a las palabras de solidaridad del señor diputado Del Caño respecto de las personas que han sido amenazadas.
Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Señor presidente: intentaré abordar este presupuesto desde el ciudadano común, el vecino, el compueblano. No encontré ni un solo ciudadano que no me dijera que este presupuesto es de ajuste y endeudamiento. Y esto no lo digo yo, que soy diputado, sino los vecinos de a pie, que se informan y entienden claramente su situación y lo que les toca vivir.
Sin duda alguna, señor ministro, este proyecto de presupuesto es un fracaso de su gobierno. Si se habla de ajuste y de mayor endeudamiento, es porque se ha fracasado.
Quisiera hacer algunas preguntas.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
Sin duda alguna, señor ministro, este proyecto de presupuesto es un fracaso de su gobierno. Si se habla de ajuste y de mayor endeudamiento, es porque se ha fracasado.
Quisiera hacer algunas preguntas.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. SOLANAS Por supuesto, diputada: transparencia; puedo demostrar mi trasparencia, y puedo caminar por mi ciudad y por mi provincia con tranquilidad y sin custodia, absolutamente solo. Estoy hablando del proyecto, y yo represento un proyecto político, del que no me avergüenzo. Pero eso no importa. La respeto profundamente, diputada.
Quiero referirme a algunas cuestiones concretas. ¿Este proyecto de presupuesto contempla un monto para indemnizaciones por nuevos despidos en el sector público? Por otra parte, ¿se intenta derogar la exención impositiva que tienen las mutuales y cooperativas?
Y quiero formular una pregunta sobre la que tengo una posición tomada. El presidente de la República, con muy buen tino a mi criterio, manifestó que se iban a hacer tres mil jardines maternales en la República Argentina, y hubo una licitación pública, que ganó una UTE, para promover la construcción de jardines maternales en Buenos Aires, en Entre Ríos, y creo que también en Santa Fe.
En Entre Ríos comenzaron las obras, pero hace un tiempo la UTE se fue y las obras quedaron inconclusas. Quisiera saber cuál fue el motivo. Este fue un anuncio que nosotros compartimos y que tenía que ver con la educación y la promoción de nuevos jardines maternales para nuestros gurises.
He asistido a algunas asambleas en mi provincia -que usted conoce, ya que vive en Entre Ríos- y, en este sentido, me gustaría saber qué evaluación hace el gobierno al que usted pertenece de los institutos provinciales de la vivienda.
Usted recién mencionó el plan FONAVI. Hay mucho temor en ese sentido. Tengo una planilla que dice: Prodevi, construcción de viviendas bajo ley de Participación Público Privada en Paraná. ¿Saben qué piensan los empleados y muchos ciudadanos? Que este segmento, destinado a lo social, hoy iría a los bancos, los que darían préstamos para construir esas viviendas sociales, inspiradas además en el derecho constitucional a la vivienda.
Tengo aquí también el dato de lo que le correspondería a la provincia de Entre Ríos en concepto de viviendas. Hay una diferencia de prácticamente 77 millones de pesos de un año al otro.
Este año se están subejecutando casi todos los presupuestos. Si bien nosotros no acompañamos la aprobación del presupuesto, se votó sobre la base de un 11 por ciento de inflación, a los dos días los ministros dijeron que sería del 15 por ciento, hoy ya es más del 30 y se presume que en diciembre llegará al 42 por ciento.
Entonces, si tenemos casi el mismo dinero para este año que transcurre que para el próximo, quisiera saber cuál es el plan de viviendas para la provincia de Entre Ríos. Según entiendo, las viviendas que usted ha inaugurado, junto al gobernador -lo que me parece muy bien-, son de la gestión anterior; según mi información, no hay viviendas nuevas en la provincia de Entre Ríos.
En su momento, el presidente Macri manifestó claramente que en su gobierno los trabajadores no pagarían impuesto a las ganancias. Lo cierto es que, según un informe que no es personal sino de la Dirección General Impositiva, en mayo de 2015 pagaban impuesto a las ganancias 1.050.482 trabajadores en relación de dependencia, mientras que, en mayo de 2018, eran 1.725.476. En mayo de 2015, pagaban ese impuesto 119.527 jubilados y, en mayo de 2018, 306.687. En total, en mayo de 2015 1.170.009 ciudadanos pagaban el impuesto y, en mayo de 2018, 2.032.163. Es decir que en la Argentina, desde 2015 a esta parte, hay 862.154 personas más que pagan el impuesto a las ganancias. Queda en aguas de borrajas entonces lo dicho por el presiente; evidentemente, es algo que no cumplió, ya que durante la campaña para las elecciones, como candidato, manifestó que nadie pagaría impuestos a las ganancias en la República Argentina.
Por otra parte, en la provincia de Entre Ríos compartimos la obra del enlace físico Paraná-Santa Fe. Compartimos la obra, no el lugar, pero esa es una cuestión secundaria. En este sentido, quiero consultarle al ministro cómo va a garantizar el Poder Ejecutivo nacional el financiamiento del sistema PPP, que ha sido puesto en jaque por una caída de más de un 60 por ciento de la inversión estatal en la obra pública y una inflación del 40 por ciento.
Deseo ahora referirme a una cuestión puntual, señor ministro. El otro día leía que usted en Mendoza le manifestó al gobernador de dicha provincia que ninguna obra comenzada quedaría inconclusa, lo que considero una postura muy atinada.
Si bien hay varias obras, quiero puntualmente referirme a una que se había comenzado en Concepción del Uruguay. Me refiero a la defensa Norte y entubamiento del arroyo "El Gato". Se trata de una inversión de más de 200 millones de pesos. Hoy se desmanteló el obrador, y el adjudicatario abandonó esta obra tan importante, que tenía un porcentaje de avance relevante. Incluso se testimonia que, camino a Banco Pelay -que conoce el ministro-, se estaba entubando el arroyo "El Gato", y también se estaba avanzando con la defensa Norte para que no se inundara el barrio Cantera 25, en Concepción del Uruguay. Lo lamentable es que ya no está el obrador y que la obra no se concluyó.
Tengo dos temas puntuales. El subsidio al transporte va destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad; va destinado a los trabajadores, a los estudiantes, a los ciudadanos con alguna discapacidad. Por eso me manifiesto en contra de quitar estos subsidios y tirarles todo el fardo a las provincias y a los municipios, porque si bien tiene un costo para la Nación, tiene un enorme componente social del que la Nación no se puede desembarazar. Abogo decididamente para que no se quiten estos subsidios y que sean la palanca para no generar mayor vulnerabilidad en las personas que hoy no tienen ni siquiera para el trasporte público en nuestras ciudades.
Es muy importante que esto se tome con absoluta responsabilidad -como creo que usted, señor ministro, lo va a tomar- para no perjudicar a los sectores más vulnerables, y no solamente pienso en las empresas sino también en el usuario más vulnerable, que es quien fundamentalmente se perjudica.
Hay algo que ya se mencionó y que no está de más repetir; por lo menos siento que lo tengo que decir. En mi provincia se está informando mal con respecto del fondo de solidaridad de la soja, porque se dice que es una compensación. En realidad no la hubo. Se falta a la verdad con eso porque, en realidad, los 4.300 millones se van a distribuir en cuatro meses, hasta diciembre, y después el decreto queda sin efecto.
Yo fui intendente y sé lo que lograron los intendentes con esos recursos tan importantes. Tal vez no sea la obra maravillosa de un puente o un paso ferroviario en la gran urbe, sino las cuestiones sencillas de los pueblos, como la ampliación de la red de agua potable o de la red de cloacas, estas cuestiones tan sencillas que viven nuestros pueblos.
Estoy haciendo preguntas y no me he extendido en ninguna cuestión porque quise hacer preguntas.
Decididamente, señor ministro, su gobierno tiene que rever esta situación. El decreto del año 2009 tiene un principio absolutamente federal, un principio necesario, que debate la historia de los recursos de las exportaciones de la República Argentina. Nosotros suscribimos a esa promoción federal; es más, la defendemos, e insto a usted a que, como ministro del Interior, también defienda estos recursos de las provincias y de los municipios de tierra adentro.
Termino con dos cosas más. Tendría otras preguntas, pero no quiero ser extenso por respeto a los demás colegas.
Se habla de austeridad y vemos que en la Jefatura de Gabinete, en el ítem Prensa y difusión de actos de gobierno, de 2.396 millones se sube a 3.034 millones. Son 637 millones de pesos más para prensa y difusión de los actos de gobierno. Es una vergüenza que les quiten recursos a los municipios y se engrose en más de 700 millones de pesos la partida de prensa y difusión de actos de gobierno. No es austeridad. Se compromete decididamente lo que ustedes dicen que es el principio de austeridad.
Tenía aquí anotado un dato muy simple, señor ministro. El 3 de septiembre de este año la bolsa de portland costaba 250 pesos -tal vez a los diputados no les interesa el tema- y el 20 de septiembre pasó a costar 310 pesos: ¡el 20 por ciento en menos de un mes! El tema es la inflación, que está atacando decididamente los intereses de los trabajadores y asalariados en la Argentina, y ha pauperizado decididamente el salario.
Yo no solicito un cambio económico como dijo la CGT porque ustedes obstinadamente están diciendo que es el único camino; nosotros creemos que no es el único camino.
También me parece que cuando faltan platos de comida en la mesa de los argentinos no es bueno que demos una imagen de frivolidad bailando y entregando nuestro patrimonio -en este caso- a los organismos externos de crédito. Me parece que no es un buen mensaje. Tampoco es un buen mensaje la falta de austeridad y la frivolidad.
Frente a este mensaje que dieron los trabajadores el martes, recuerdo que el presidente Macri decía hace unos años, en algunos tips, que la presidenta tenía que prestar atención a la movilización de aquel momento de los trabajadores. Hoy pasa absolutamente lo mismo.
Le agradezco su atención, señor ministro. En ningún momento mis palabras fueron para chicanear; sí demuestran mi preocupación por un pueblo que está sufriendo, que tiene enormes dificultades para llegar a fin de mes. Fundamentalmente han pauperizado decididamente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, porque han cerrado muchas de ellas.
Por eso creo que no hay que sostener obstinadamente que existe un solo camino; existen otros caminos que hay que recorrer. (Aplausos.)
Quiero referirme a algunas cuestiones concretas. ¿Este proyecto de presupuesto contempla un monto para indemnizaciones por nuevos despidos en el sector público? Por otra parte, ¿se intenta derogar la exención impositiva que tienen las mutuales y cooperativas?
Y quiero formular una pregunta sobre la que tengo una posición tomada. El presidente de la República, con muy buen tino a mi criterio, manifestó que se iban a hacer tres mil jardines maternales en la República Argentina, y hubo una licitación pública, que ganó una UTE, para promover la construcción de jardines maternales en Buenos Aires, en Entre Ríos, y creo que también en Santa Fe.
En Entre Ríos comenzaron las obras, pero hace un tiempo la UTE se fue y las obras quedaron inconclusas. Quisiera saber cuál fue el motivo. Este fue un anuncio que nosotros compartimos y que tenía que ver con la educación y la promoción de nuevos jardines maternales para nuestros gurises.
He asistido a algunas asambleas en mi provincia -que usted conoce, ya que vive en Entre Ríos- y, en este sentido, me gustaría saber qué evaluación hace el gobierno al que usted pertenece de los institutos provinciales de la vivienda.
Usted recién mencionó el plan FONAVI. Hay mucho temor en ese sentido. Tengo una planilla que dice: Prodevi, construcción de viviendas bajo ley de Participación Público Privada en Paraná. ¿Saben qué piensan los empleados y muchos ciudadanos? Que este segmento, destinado a lo social, hoy iría a los bancos, los que darían préstamos para construir esas viviendas sociales, inspiradas además en el derecho constitucional a la vivienda.
Tengo aquí también el dato de lo que le correspondería a la provincia de Entre Ríos en concepto de viviendas. Hay una diferencia de prácticamente 77 millones de pesos de un año al otro.
Este año se están subejecutando casi todos los presupuestos. Si bien nosotros no acompañamos la aprobación del presupuesto, se votó sobre la base de un 11 por ciento de inflación, a los dos días los ministros dijeron que sería del 15 por ciento, hoy ya es más del 30 y se presume que en diciembre llegará al 42 por ciento.
Entonces, si tenemos casi el mismo dinero para este año que transcurre que para el próximo, quisiera saber cuál es el plan de viviendas para la provincia de Entre Ríos. Según entiendo, las viviendas que usted ha inaugurado, junto al gobernador -lo que me parece muy bien-, son de la gestión anterior; según mi información, no hay viviendas nuevas en la provincia de Entre Ríos.
En su momento, el presidente Macri manifestó claramente que en su gobierno los trabajadores no pagarían impuesto a las ganancias. Lo cierto es que, según un informe que no es personal sino de la Dirección General Impositiva, en mayo de 2015 pagaban impuesto a las ganancias 1.050.482 trabajadores en relación de dependencia, mientras que, en mayo de 2018, eran 1.725.476. En mayo de 2015, pagaban ese impuesto 119.527 jubilados y, en mayo de 2018, 306.687. En total, en mayo de 2015 1.170.009 ciudadanos pagaban el impuesto y, en mayo de 2018, 2.032.163. Es decir que en la Argentina, desde 2015 a esta parte, hay 862.154 personas más que pagan el impuesto a las ganancias. Queda en aguas de borrajas entonces lo dicho por el presiente; evidentemente, es algo que no cumplió, ya que durante la campaña para las elecciones, como candidato, manifestó que nadie pagaría impuestos a las ganancias en la República Argentina.
Por otra parte, en la provincia de Entre Ríos compartimos la obra del enlace físico Paraná-Santa Fe. Compartimos la obra, no el lugar, pero esa es una cuestión secundaria. En este sentido, quiero consultarle al ministro cómo va a garantizar el Poder Ejecutivo nacional el financiamiento del sistema PPP, que ha sido puesto en jaque por una caída de más de un 60 por ciento de la inversión estatal en la obra pública y una inflación del 40 por ciento.
Deseo ahora referirme a una cuestión puntual, señor ministro. El otro día leía que usted en Mendoza le manifestó al gobernador de dicha provincia que ninguna obra comenzada quedaría inconclusa, lo que considero una postura muy atinada.
Si bien hay varias obras, quiero puntualmente referirme a una que se había comenzado en Concepción del Uruguay. Me refiero a la defensa Norte y entubamiento del arroyo "El Gato". Se trata de una inversión de más de 200 millones de pesos. Hoy se desmanteló el obrador, y el adjudicatario abandonó esta obra tan importante, que tenía un porcentaje de avance relevante. Incluso se testimonia que, camino a Banco Pelay -que conoce el ministro-, se estaba entubando el arroyo "El Gato", y también se estaba avanzando con la defensa Norte para que no se inundara el barrio Cantera 25, en Concepción del Uruguay. Lo lamentable es que ya no está el obrador y que la obra no se concluyó.
Tengo dos temas puntuales. El subsidio al transporte va destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad; va destinado a los trabajadores, a los estudiantes, a los ciudadanos con alguna discapacidad. Por eso me manifiesto en contra de quitar estos subsidios y tirarles todo el fardo a las provincias y a los municipios, porque si bien tiene un costo para la Nación, tiene un enorme componente social del que la Nación no se puede desembarazar. Abogo decididamente para que no se quiten estos subsidios y que sean la palanca para no generar mayor vulnerabilidad en las personas que hoy no tienen ni siquiera para el trasporte público en nuestras ciudades.
Es muy importante que esto se tome con absoluta responsabilidad -como creo que usted, señor ministro, lo va a tomar- para no perjudicar a los sectores más vulnerables, y no solamente pienso en las empresas sino también en el usuario más vulnerable, que es quien fundamentalmente se perjudica.
Hay algo que ya se mencionó y que no está de más repetir; por lo menos siento que lo tengo que decir. En mi provincia se está informando mal con respecto del fondo de solidaridad de la soja, porque se dice que es una compensación. En realidad no la hubo. Se falta a la verdad con eso porque, en realidad, los 4.300 millones se van a distribuir en cuatro meses, hasta diciembre, y después el decreto queda sin efecto.
Yo fui intendente y sé lo que lograron los intendentes con esos recursos tan importantes. Tal vez no sea la obra maravillosa de un puente o un paso ferroviario en la gran urbe, sino las cuestiones sencillas de los pueblos, como la ampliación de la red de agua potable o de la red de cloacas, estas cuestiones tan sencillas que viven nuestros pueblos.
Estoy haciendo preguntas y no me he extendido en ninguna cuestión porque quise hacer preguntas.
Decididamente, señor ministro, su gobierno tiene que rever esta situación. El decreto del año 2009 tiene un principio absolutamente federal, un principio necesario, que debate la historia de los recursos de las exportaciones de la República Argentina. Nosotros suscribimos a esa promoción federal; es más, la defendemos, e insto a usted a que, como ministro del Interior, también defienda estos recursos de las provincias y de los municipios de tierra adentro.
Termino con dos cosas más. Tendría otras preguntas, pero no quiero ser extenso por respeto a los demás colegas.
Se habla de austeridad y vemos que en la Jefatura de Gabinete, en el ítem Prensa y difusión de actos de gobierno, de 2.396 millones se sube a 3.034 millones. Son 637 millones de pesos más para prensa y difusión de los actos de gobierno. Es una vergüenza que les quiten recursos a los municipios y se engrose en más de 700 millones de pesos la partida de prensa y difusión de actos de gobierno. No es austeridad. Se compromete decididamente lo que ustedes dicen que es el principio de austeridad.
Tenía aquí anotado un dato muy simple, señor ministro. El 3 de septiembre de este año la bolsa de portland costaba 250 pesos -tal vez a los diputados no les interesa el tema- y el 20 de septiembre pasó a costar 310 pesos: ¡el 20 por ciento en menos de un mes! El tema es la inflación, que está atacando decididamente los intereses de los trabajadores y asalariados en la Argentina, y ha pauperizado decididamente el salario.
Yo no solicito un cambio económico como dijo la CGT porque ustedes obstinadamente están diciendo que es el único camino; nosotros creemos que no es el único camino.
También me parece que cuando faltan platos de comida en la mesa de los argentinos no es bueno que demos una imagen de frivolidad bailando y entregando nuestro patrimonio -en este caso- a los organismos externos de crédito. Me parece que no es un buen mensaje. Tampoco es un buen mensaje la falta de austeridad y la frivolidad.
Frente a este mensaje que dieron los trabajadores el martes, recuerdo que el presidente Macri decía hace unos años, en algunos tips, que la presidenta tenía que prestar atención a la movilización de aquel momento de los trabajadores. Hoy pasa absolutamente lo mismo.
Le agradezco su atención, señor ministro. En ningún momento mis palabras fueron para chicanear; sí demuestran mi preocupación por un pueblo que está sufriendo, que tiene enormes dificultades para llegar a fin de mes. Fundamentalmente han pauperizado decididamente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, porque han cerrado muchas de ellas.
Por eso creo que no hay que sostener obstinadamente que existe un solo camino; existen otros caminos que hay que recorrer. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Moisés.
SRA. MOISÉS Señor presidente, señor ministro, colegas diputados: voy a tratar de circunscribir a un contexto cada pregunta.
En primer lugar, y en términos generales, creo que las variables macroeconómicas que están expuestas en este presupuesto nos generan a todos una gran incertidumbre por la falta de credibilidad que tiene el gobierno. Creo que hay una inconsistencia muy importante entre los deseos que pueda tener el gobierno y la realidad con la que convivimos todos los argentinos.
Usted acaba de decir que esas variables macroeconómicas no van a modificarse como están establecidas en el presupuesto que estamos estudiando. Creemos que hay una inconsistencia porque pensar que el dólar se va a manejar en un promedio de 40,10, que la inflación proyectada va a ser del 23 por ciento y que el aumento de las exportaciones se puede prever en un 21 por ciento expresa voluntarismo por parte del gobierno y entendemos que ese voluntarismo, señor ministro, ha sido la base de muchos de los errores cometidos económicamente por este gobierno y nos ha llevado a esta situación.
Entonces, como legisladores tenemos la responsabilidad de cuestionarnos por qué razón en el presupuesto aprobado el año pasado se plantearon algunas variables macroeconómicas y al muy poquito tiempo cambiaron totalmente, afectando así, por supuesto, la totalidad de este presupuesto.
Entonces, realmente queremos hacer una tarea responsable, queremos tratar de buscar una solución en conjunto a través del diálogo, pero ese diálogo debe ser serio y debe ser creíble, porque nosotros tenemos responsabilidades con la gente de nuestras provincias y en este caso no consideramos que sea muy serio y creíble, especialmente en el contexto de las últimas 24 horas, donde sabemos que se ha cambiado al presidente del Banco Central porque el Fondo Monetario pone una cláusula de flotación del dólar sin intervención, sin techo. Ahí está la cuestión.
Si la decisión del gobierno es mantener la pauta que exige el FMI, de flotación del dólar sin intervención, ¿de qué valor estamos hablando? Según las proyecciones de los analistas, el dólar se puede ir a 45, a 50, a 53 pesos, y no en 2019 sino en diciembre de este año. Por supuesto que si esa variable se modifica y la postura económica es sostener la decisión del Fondo, se van a modificar todos los valores de este proyecto de presupuesto que estamos analizando. Esto también impactará en la tasa de interés, que hoy está en un 60 por ciento. Ello quita cualquier posibilidad de inversión o reinversión de las industrias y de las pymes.
Entonces, si la tasa de interés va a seguir en un 60 por ciento, no entendemos por qué se sigue financiando al sector financiero, que se beneficia enormemente por encima de la economía real y, a su vez, la destroza.
La pregunta puntual es si se va a seguir con la pauta del FMI, con un dólar sin techo, o se va a generar una intervención. Sabemos también que esta no es la solución, y en cierto modo es razonable, ya que no podemos pedir un préstamo al Fondo para dilapidar las reservas y los dólares recibidos tratando de controlar un dólar que nunca se termina de controlar, con lo que de alguna manera el préstamo termina en la nada. La pregunta es qué políticas se van a tomar respecto de las medidas cambiarias.
Más allá de que nosotros tenemos que analizar las variables macroeconómicas, debemos considerar que todas esas variables afectan la microeconomía real de las familias, de los comercios, de las pymes y de los ciudadanos en general. Muchas veces la gente ve en la televisión que aumenta el dólar, pero no entiende exactamente cómo eso afecta su día a día. Todos sabemos cómo le afecta; el problema de la gente, en su incertidumbre, en su angustia, en su desesperación, no es cuánto vale el dólar sino cómo llega a fin de mes. ¿Y cómo llega a fin de mes si este dólar genera un dominó en el que, cuanto más aumenta, más inflación hay y más se disparan los precios y el costo de vida, mientras el salario se devalúa cada vez más?
Ahí tenemos la respuesta de qué le pasa a la gente y por qué nosotros, los diputados del interior, que la representamos, tenemos que incorporar en nuestro análisis, en nuestra decisión, la variable social y la repercusión de estas decisiones en los ciudadanos y ciudadanas argentinas que hoy no saben cómo llegar a fin de mes.
Los ciudadanos están endeudados con las tarjetas de crédito que usaron para pagar en cuotas consumos de alimentos, por ejemplo, y hoy, por la tasa de interés que cobran las tarjetas, no las pueden pagar. Si el sueldo del año pasado no les alcanzaba y por eso pagaban en cuotas con la tarjeta, hoy les alcanza todavía menos y, por supuesto, no pueden pagar lo que deben ni lo que necesitan consumir, ya que la inflación será de más de un 40 por ciento.
Entonces, quisiera saber qué le podemos decir a la gente con respecto a ese impacto en su microeconomía.
Y creo que ahí también hay otra clave, que es hacia dónde vamos. Señor ministro: usted ocupa un cargo político, y la política debe incorporar estas variables. Quisiera saber hacia dónde vamos, porque la gente tiene una terrible incertidumbre.
Los comercios del interior -no me refiero a las grandes cadenas-, de Entre Ríos, de Salta, de La Rioja, que tenían dos o tres empleados, hoy son atendidos por sus propios dueños, que se quedaron sin empleados debido al impacto de las tarifas y a los terribles aumentos. También hay muchas familias endeudadas.
Entonces, la otra pregunta que quiero hacerle se refiere a la variable social. Y le voy a dar un solo ejemplo, ya que con esto podemos avanzar en distintos ítems del proyecto de presupuesto, donde no se ha incluido la variable social, la de la gente.
Yo he elegido un solo ejemplo que afecta un servicio público. Me refiero al transporte. Ese servicio público, que hoy está subsidiado, tiene un sentido.
Entonces, si el gobierno, cuando eliminó los subsidios a las tarifas de los servicios públicos de luz, agua y gas, no pensó en cómo esa decisión afectaría la vida real de los comercios, de las pymes y de las familias argentinas, que hoy están agobiadas por esa carga, me pregunto si ahora, que decide eliminar el subsidio al transporte, ha hecho algún estudio.
¿El gobierno ha analizado cuál sería el impacto en la tarifa puntual si se elimina este subsidio? Porque transferirlo a las provincias no es una solución, señor ministro, ya que, en todo caso, Entre Ríos resolverá una cosa, La Pampa otra, La Rioja otra y Salta -que tiene otro sistema de transporte- otra. En definitiva, ¿cuál es el criterio de justicia y de igualdad que compete a todos los ciudadanos argentinos, dentro de lo que es la representación federal, respecto de una medida tomada por un gobierno nacional que no está tomando en cuenta ese aspecto? La solución no es trasladar el costo de ese subsidio a las provincias. ¿Hicieron esa evaluación?
En el caso de que las provincias no asuman el costo de ese subsidio, ¿a cuánto se iría la tarifa de un colectivo urbano? En la ciudad de Jujuy, hoy el boleto está en 12,80 pesos; he hablado con los empresarios y me dijeron que, si les eliminaran el subsidio, el boleto se iría a 40 o 42 pesos. Les aclaro que en las provincias se usa cuatro veces por día el colectivo, ya que la gente va al trabajo a la mañana, corta la jornada al mediodía para la siesta, y regresa por la tarde. Entonces, gastaría unos 180 pesos por día. Esto me preocupa.
Estimo que no han hecho esas evaluaciones, aunque tal vez sí, en cuyo caso podría recibir una buena respuesta sobre lo que le podemos decir a la gente. Si se elimina el subsidio, el colectivo pasará a costar 42 pesos. También podrían hablar con los gobernadores -en mi caso, con Gerardo Morales- para ver qué van a hacer.
No solo no se tiene en cuenta el impacto social en cuanto a lo que significará para la gente el aumento del costo de vida, sino que en casi todos los casos estamos hablando de pequeñas y medianas empresas de transporte del interior, que generalmente son un multiplicador económico, ya que, por ejemplo, trabajan con las repuesteras y generan empleo.
Le aviso, señor ministro, que hoy hay menos salarios, ya que las empresas están suspendiendo servicios durante los fines de semana o en algunas localidades que no son rentables. Sin embargo, en lugares como La Rioja o Jujuy, donde las distancias son largas, nosotros tenemos la obligación de responder en el servicio interjurisdiccional, no en el intrajurisdiccional, pero resulta que no es rentable. ¿Entonces qué vamos a hacer con la gente? ¿La vamos a dejar sin transporte?
¿Qué vamos a hacer respecto de la renovación de las unidades? Porque todas las unidades en este rubro están valuadas en dólares, por lo que todo el proyecto de inversión y reinversión que tienen las empresas de transporte urbano se modificó sustancialmente.
No sé cuánto costará un colectivo, quizás dos millones de pesos. Por la variación del dólar, en menos de un mes aumentó un 30 por ciento y hoy se torna inaccesible la compra de un colectivo, al igual que su mantenimiento.
Entonces, como consecuencia de la toma de una decisión económica, se genera otro efecto dominó. Se corta, se ajusta, se elimina un subsidio, pero no se consideran los efectos sociales, económicos, políticos de la microeconomía de la gente. Yo creo que nuestra gente no está en condiciones de resistir ni un solo aumento más, y menos en un rubro tan sensible y vital como es el transporte.
Por último, respecto de las universidades, nuestro bloque, Argentina Federal, recibió al Consejo Interuniversitario Nacional. Hemos hablado en profundidad con todos los rectores universitarios. Ellos hicieron un informe en el que le solicitaron al gobierno un presupuesto de 144.000 millones de pesos. Eso suma sueldo y funcionamiento; es más, en el presupuesto le agregaron una distribución. Allí aparecen los 144.000 millones, pero resulta que 123.000 millones están distribuidos en estas partidas y hay 21.000 millones que quedan a discrecionalidad, en rubros dispuestos por el gobierno que no son los rubros de distribución que solicitan todos los rectores de las universidades nacionales.
Por lo tanto, la pregunta es por qué razón no se respeta la distribución que pide el CIN, y si esa diferencia de 21.000 millones queda a discrecionalidad o cuál será el criterio.
Una pregunta muy puntual que nos pidieron los rectores es la siguiente: hay 4.000 millones de pesos presupuestados en 2018 para ejecución de obras en las universidades. Ahora bien, de esos 4.000 millones no se les ha dado nada. El gobierno declaró que no se los va a dar, y además, en la partida 2019 no figura ni un solo peso para invertir en obras en ninguna de las universidades del país. Con lo cual estamos hablando que ahí hay un ajuste real, donde se elimina la partida de obras para las universidades nacionales en 2019, mientras que del año 2018 se les debe 4.000 millones para obras y tampoco hay una respuesta. Muchas gracias por su atención, señor ministro.
En primer lugar, y en términos generales, creo que las variables macroeconómicas que están expuestas en este presupuesto nos generan a todos una gran incertidumbre por la falta de credibilidad que tiene el gobierno. Creo que hay una inconsistencia muy importante entre los deseos que pueda tener el gobierno y la realidad con la que convivimos todos los argentinos.
Usted acaba de decir que esas variables macroeconómicas no van a modificarse como están establecidas en el presupuesto que estamos estudiando. Creemos que hay una inconsistencia porque pensar que el dólar se va a manejar en un promedio de 40,10, que la inflación proyectada va a ser del 23 por ciento y que el aumento de las exportaciones se puede prever en un 21 por ciento expresa voluntarismo por parte del gobierno y entendemos que ese voluntarismo, señor ministro, ha sido la base de muchos de los errores cometidos económicamente por este gobierno y nos ha llevado a esta situación.
Entonces, como legisladores tenemos la responsabilidad de cuestionarnos por qué razón en el presupuesto aprobado el año pasado se plantearon algunas variables macroeconómicas y al muy poquito tiempo cambiaron totalmente, afectando así, por supuesto, la totalidad de este presupuesto.
Entonces, realmente queremos hacer una tarea responsable, queremos tratar de buscar una solución en conjunto a través del diálogo, pero ese diálogo debe ser serio y debe ser creíble, porque nosotros tenemos responsabilidades con la gente de nuestras provincias y en este caso no consideramos que sea muy serio y creíble, especialmente en el contexto de las últimas 24 horas, donde sabemos que se ha cambiado al presidente del Banco Central porque el Fondo Monetario pone una cláusula de flotación del dólar sin intervención, sin techo. Ahí está la cuestión.
Si la decisión del gobierno es mantener la pauta que exige el FMI, de flotación del dólar sin intervención, ¿de qué valor estamos hablando? Según las proyecciones de los analistas, el dólar se puede ir a 45, a 50, a 53 pesos, y no en 2019 sino en diciembre de este año. Por supuesto que si esa variable se modifica y la postura económica es sostener la decisión del Fondo, se van a modificar todos los valores de este proyecto de presupuesto que estamos analizando. Esto también impactará en la tasa de interés, que hoy está en un 60 por ciento. Ello quita cualquier posibilidad de inversión o reinversión de las industrias y de las pymes.
Entonces, si la tasa de interés va a seguir en un 60 por ciento, no entendemos por qué se sigue financiando al sector financiero, que se beneficia enormemente por encima de la economía real y, a su vez, la destroza.
La pregunta puntual es si se va a seguir con la pauta del FMI, con un dólar sin techo, o se va a generar una intervención. Sabemos también que esta no es la solución, y en cierto modo es razonable, ya que no podemos pedir un préstamo al Fondo para dilapidar las reservas y los dólares recibidos tratando de controlar un dólar que nunca se termina de controlar, con lo que de alguna manera el préstamo termina en la nada. La pregunta es qué políticas se van a tomar respecto de las medidas cambiarias.
Más allá de que nosotros tenemos que analizar las variables macroeconómicas, debemos considerar que todas esas variables afectan la microeconomía real de las familias, de los comercios, de las pymes y de los ciudadanos en general. Muchas veces la gente ve en la televisión que aumenta el dólar, pero no entiende exactamente cómo eso afecta su día a día. Todos sabemos cómo le afecta; el problema de la gente, en su incertidumbre, en su angustia, en su desesperación, no es cuánto vale el dólar sino cómo llega a fin de mes. ¿Y cómo llega a fin de mes si este dólar genera un dominó en el que, cuanto más aumenta, más inflación hay y más se disparan los precios y el costo de vida, mientras el salario se devalúa cada vez más?
Ahí tenemos la respuesta de qué le pasa a la gente y por qué nosotros, los diputados del interior, que la representamos, tenemos que incorporar en nuestro análisis, en nuestra decisión, la variable social y la repercusión de estas decisiones en los ciudadanos y ciudadanas argentinas que hoy no saben cómo llegar a fin de mes.
Los ciudadanos están endeudados con las tarjetas de crédito que usaron para pagar en cuotas consumos de alimentos, por ejemplo, y hoy, por la tasa de interés que cobran las tarjetas, no las pueden pagar. Si el sueldo del año pasado no les alcanzaba y por eso pagaban en cuotas con la tarjeta, hoy les alcanza todavía menos y, por supuesto, no pueden pagar lo que deben ni lo que necesitan consumir, ya que la inflación será de más de un 40 por ciento.
Entonces, quisiera saber qué le podemos decir a la gente con respecto a ese impacto en su microeconomía.
Y creo que ahí también hay otra clave, que es hacia dónde vamos. Señor ministro: usted ocupa un cargo político, y la política debe incorporar estas variables. Quisiera saber hacia dónde vamos, porque la gente tiene una terrible incertidumbre.
Los comercios del interior -no me refiero a las grandes cadenas-, de Entre Ríos, de Salta, de La Rioja, que tenían dos o tres empleados, hoy son atendidos por sus propios dueños, que se quedaron sin empleados debido al impacto de las tarifas y a los terribles aumentos. También hay muchas familias endeudadas.
Entonces, la otra pregunta que quiero hacerle se refiere a la variable social. Y le voy a dar un solo ejemplo, ya que con esto podemos avanzar en distintos ítems del proyecto de presupuesto, donde no se ha incluido la variable social, la de la gente.
Yo he elegido un solo ejemplo que afecta un servicio público. Me refiero al transporte. Ese servicio público, que hoy está subsidiado, tiene un sentido.
Entonces, si el gobierno, cuando eliminó los subsidios a las tarifas de los servicios públicos de luz, agua y gas, no pensó en cómo esa decisión afectaría la vida real de los comercios, de las pymes y de las familias argentinas, que hoy están agobiadas por esa carga, me pregunto si ahora, que decide eliminar el subsidio al transporte, ha hecho algún estudio.
¿El gobierno ha analizado cuál sería el impacto en la tarifa puntual si se elimina este subsidio? Porque transferirlo a las provincias no es una solución, señor ministro, ya que, en todo caso, Entre Ríos resolverá una cosa, La Pampa otra, La Rioja otra y Salta -que tiene otro sistema de transporte- otra. En definitiva, ¿cuál es el criterio de justicia y de igualdad que compete a todos los ciudadanos argentinos, dentro de lo que es la representación federal, respecto de una medida tomada por un gobierno nacional que no está tomando en cuenta ese aspecto? La solución no es trasladar el costo de ese subsidio a las provincias. ¿Hicieron esa evaluación?
En el caso de que las provincias no asuman el costo de ese subsidio, ¿a cuánto se iría la tarifa de un colectivo urbano? En la ciudad de Jujuy, hoy el boleto está en 12,80 pesos; he hablado con los empresarios y me dijeron que, si les eliminaran el subsidio, el boleto se iría a 40 o 42 pesos. Les aclaro que en las provincias se usa cuatro veces por día el colectivo, ya que la gente va al trabajo a la mañana, corta la jornada al mediodía para la siesta, y regresa por la tarde. Entonces, gastaría unos 180 pesos por día. Esto me preocupa.
Estimo que no han hecho esas evaluaciones, aunque tal vez sí, en cuyo caso podría recibir una buena respuesta sobre lo que le podemos decir a la gente. Si se elimina el subsidio, el colectivo pasará a costar 42 pesos. También podrían hablar con los gobernadores -en mi caso, con Gerardo Morales- para ver qué van a hacer.
No solo no se tiene en cuenta el impacto social en cuanto a lo que significará para la gente el aumento del costo de vida, sino que en casi todos los casos estamos hablando de pequeñas y medianas empresas de transporte del interior, que generalmente son un multiplicador económico, ya que, por ejemplo, trabajan con las repuesteras y generan empleo.
Le aviso, señor ministro, que hoy hay menos salarios, ya que las empresas están suspendiendo servicios durante los fines de semana o en algunas localidades que no son rentables. Sin embargo, en lugares como La Rioja o Jujuy, donde las distancias son largas, nosotros tenemos la obligación de responder en el servicio interjurisdiccional, no en el intrajurisdiccional, pero resulta que no es rentable. ¿Entonces qué vamos a hacer con la gente? ¿La vamos a dejar sin transporte?
¿Qué vamos a hacer respecto de la renovación de las unidades? Porque todas las unidades en este rubro están valuadas en dólares, por lo que todo el proyecto de inversión y reinversión que tienen las empresas de transporte urbano se modificó sustancialmente.
No sé cuánto costará un colectivo, quizás dos millones de pesos. Por la variación del dólar, en menos de un mes aumentó un 30 por ciento y hoy se torna inaccesible la compra de un colectivo, al igual que su mantenimiento.
Entonces, como consecuencia de la toma de una decisión económica, se genera otro efecto dominó. Se corta, se ajusta, se elimina un subsidio, pero no se consideran los efectos sociales, económicos, políticos de la microeconomía de la gente. Yo creo que nuestra gente no está en condiciones de resistir ni un solo aumento más, y menos en un rubro tan sensible y vital como es el transporte.
Por último, respecto de las universidades, nuestro bloque, Argentina Federal, recibió al Consejo Interuniversitario Nacional. Hemos hablado en profundidad con todos los rectores universitarios. Ellos hicieron un informe en el que le solicitaron al gobierno un presupuesto de 144.000 millones de pesos. Eso suma sueldo y funcionamiento; es más, en el presupuesto le agregaron una distribución. Allí aparecen los 144.000 millones, pero resulta que 123.000 millones están distribuidos en estas partidas y hay 21.000 millones que quedan a discrecionalidad, en rubros dispuestos por el gobierno que no son los rubros de distribución que solicitan todos los rectores de las universidades nacionales.
Por lo tanto, la pregunta es por qué razón no se respeta la distribución que pide el CIN, y si esa diferencia de 21.000 millones queda a discrecionalidad o cuál será el criterio.
Una pregunta muy puntual que nos pidieron los rectores es la siguiente: hay 4.000 millones de pesos presupuestados en 2018 para ejecución de obras en las universidades. Ahora bien, de esos 4.000 millones no se les ha dado nada. El gobierno declaró que no se los va a dar, y además, en la partida 2019 no figura ni un solo peso para invertir en obras en ninguna de las universidades del país. Con lo cual estamos hablando que ahí hay un ajuste real, donde se elimina la partida de obras para las universidades nacionales en 2019, mientras que del año 2018 se les debe 4.000 millones para obras y tampoco hay una respuesta. Muchas gracias por su atención, señor ministro.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor ministro.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Perdón pero me tengo que acordar, hace una hora que empezamos con las preguntas.
SRA. MOISÉS Empiece por la última, señor ministro. (Risas.)
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Sí, es lo más fácil.
Había una preocupación del diputado Espinoza respecto a obras de agua potable y cloacas en el AMBA. Nosotros estamos terminando obras de agua potable en AYSA -solamente AYSA- para 300.000 habitantes y cloacas para 600.000. La verdad es que uno de los déficits más importantes que tiene la Argentina, y que encontramos al asumir, tiene que ver con agua potable y cloacas. Hay más de 7 millones de argentinos sin agua potable y más de 20 millones de argentinos sin cloacas.
Estamos haciendo las obras para que de acá a cinco años podamos cumplir con el ciento por ciento de agua potable para la zona urbana y el 70 o 75 por ciento de cloacas. Para eso se están haciendo obras como, por ejemplo, el colector margen izquierdo. Se trata de una red troncal de cloacas de una magnitud que no se hace en la Argentina desde hace setenta años.
Además, en AYSA estamos incorporando ocho nuevos distritos que antes eran de ABSA, y también estamos haciendo obras para mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua potable y cloacas.
En La Matanza también estamos haciendo una de las 45 plantas depuradoras que estamos construyendo en el país. Hasta el año 2015, el 80 por ciento de los residuos cloacales se vertían en nuestros ríos, arroyos y en el Mar Argentino así como venían. Estamos mejorando ese indicador entre un 30 y un 40 por ciento en estos cuatro años de gestión a partir de -entre otras cosas- estas 45 plantas depuradoras, de las cuales una de las más importantes está en La Matanza.
Estamos haciendo también, por supuesto, las obras de la ACUMAR. Ahí tenemos un problema con alguna falta del proyecto de vivienda del municipio, que esperemos corregir, y estamos teniendo también obras de hábitat en tres barrios de ese municipio.
El tema de la Universidad de La Matanza corresponde a la autonomía universitaria, porque por más que para el municipio sea una prioridad que se generen recursos para dotar de docentes a esas obras, no es esa la prioridad de la universidad, con la cual el Ministerio está teniendo contacto. Entonces ahí tenemos que respetar la autonomía universitaria. Esta no es una decisión del municipio, pero podemos hacer una reunión entre el municipio, la universidad y el Ministerio de Educación para aclarar este punto. No hay problema, al contrario.
Después se mencionó al FOFESO como la más revolucionaria de las decisiones en términos del federalismo. El FOFESO es una respuesta a un retroceso en el federalismo. A fines de 2008 se saca el 15 por ciento a las provincias y tres meses después -en respuesta a esto, en gran medida- se genera el FOFESO. Ya planteé la diferencia entre lo que significa el 15 por ciento para las provincias y la magnitud cinco veces menor del FOFESO.
Lo revolucionario es que las provincias hoy pasaron del 25 por ciento de participación en la torta de recursos al 34. Eso es revolucionario porque esos son fondos que les generan autonomía a las provincias, son de libre disponibilidad, y que después, cada provincia utilizará de acuerdo con su coparticipación municipal. Acá también hay grandes diferencias entre lo que significa el federalismo para cada una de las jurisdicciones del país. No es homogéneo; hay provincias que son más federales con sus municipios que otras.
Nosotros estamos tratando de que este federalismo, en términos de transferir recursos de libre disponibilidad en lugar de recursos discrecionales, también permee y vaya hacia las provincias. Porque nosotros realmente creemos que los municipios merecen más recursos de libre disponibilidad porque creemos en la autonomía de las decisiones de los intendentes. Y ojalá que todas las provincias asuman y de alguna manera copien este espíritu federal de transferir más recursos de libre disponibilidad en lugar de recursos discrecionales. Ojalá que esto vaya ocurriendo.
De hecho, hay algunas provincias que no tenían coparticipación a municipios y que ahora la tienen, como en el caso de la provincia de San Juan -ya no está más el diputado Gioja-, y esa es una buena noticia. Este año tienen ley de coparticipación; antes no la tenían, hoy la tienen y es una buena noticia. Este tema lo hemos conversado mucho con el gobernador.
Respecto al tema del presupuesto para el área social, al cual también hizo referencia el diputado Espinoza, hoy el presupuesto, el gasto social o la inversión social, en términos relativos, es la más importante de la historia. Nunca antes un presupuesto tuvo tanto énfasis en los sectores sociales. Y de 2015 a esta parte tenemos más de un punto adicional en términos del producto de asignación presupuestaria a la inversión social, lo que es también muy representativo para este presupuesto.
El diputado Del Caño, me cuesta un poco más acá...
Había una preocupación del diputado Espinoza respecto a obras de agua potable y cloacas en el AMBA. Nosotros estamos terminando obras de agua potable en AYSA -solamente AYSA- para 300.000 habitantes y cloacas para 600.000. La verdad es que uno de los déficits más importantes que tiene la Argentina, y que encontramos al asumir, tiene que ver con agua potable y cloacas. Hay más de 7 millones de argentinos sin agua potable y más de 20 millones de argentinos sin cloacas.
Estamos haciendo las obras para que de acá a cinco años podamos cumplir con el ciento por ciento de agua potable para la zona urbana y el 70 o 75 por ciento de cloacas. Para eso se están haciendo obras como, por ejemplo, el colector margen izquierdo. Se trata de una red troncal de cloacas de una magnitud que no se hace en la Argentina desde hace setenta años.
Además, en AYSA estamos incorporando ocho nuevos distritos que antes eran de ABSA, y también estamos haciendo obras para mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua potable y cloacas.
En La Matanza también estamos haciendo una de las 45 plantas depuradoras que estamos construyendo en el país. Hasta el año 2015, el 80 por ciento de los residuos cloacales se vertían en nuestros ríos, arroyos y en el Mar Argentino así como venían. Estamos mejorando ese indicador entre un 30 y un 40 por ciento en estos cuatro años de gestión a partir de -entre otras cosas- estas 45 plantas depuradoras, de las cuales una de las más importantes está en La Matanza.
Estamos haciendo también, por supuesto, las obras de la ACUMAR. Ahí tenemos un problema con alguna falta del proyecto de vivienda del municipio, que esperemos corregir, y estamos teniendo también obras de hábitat en tres barrios de ese municipio.
El tema de la Universidad de La Matanza corresponde a la autonomía universitaria, porque por más que para el municipio sea una prioridad que se generen recursos para dotar de docentes a esas obras, no es esa la prioridad de la universidad, con la cual el Ministerio está teniendo contacto. Entonces ahí tenemos que respetar la autonomía universitaria. Esta no es una decisión del municipio, pero podemos hacer una reunión entre el municipio, la universidad y el Ministerio de Educación para aclarar este punto. No hay problema, al contrario.
Después se mencionó al FOFESO como la más revolucionaria de las decisiones en términos del federalismo. El FOFESO es una respuesta a un retroceso en el federalismo. A fines de 2008 se saca el 15 por ciento a las provincias y tres meses después -en respuesta a esto, en gran medida- se genera el FOFESO. Ya planteé la diferencia entre lo que significa el 15 por ciento para las provincias y la magnitud cinco veces menor del FOFESO.
Lo revolucionario es que las provincias hoy pasaron del 25 por ciento de participación en la torta de recursos al 34. Eso es revolucionario porque esos son fondos que les generan autonomía a las provincias, son de libre disponibilidad, y que después, cada provincia utilizará de acuerdo con su coparticipación municipal. Acá también hay grandes diferencias entre lo que significa el federalismo para cada una de las jurisdicciones del país. No es homogéneo; hay provincias que son más federales con sus municipios que otras.
Nosotros estamos tratando de que este federalismo, en términos de transferir recursos de libre disponibilidad en lugar de recursos discrecionales, también permee y vaya hacia las provincias. Porque nosotros realmente creemos que los municipios merecen más recursos de libre disponibilidad porque creemos en la autonomía de las decisiones de los intendentes. Y ojalá que todas las provincias asuman y de alguna manera copien este espíritu federal de transferir más recursos de libre disponibilidad en lugar de recursos discrecionales. Ojalá que esto vaya ocurriendo.
De hecho, hay algunas provincias que no tenían coparticipación a municipios y que ahora la tienen, como en el caso de la provincia de San Juan -ya no está más el diputado Gioja-, y esa es una buena noticia. Este año tienen ley de coparticipación; antes no la tenían, hoy la tienen y es una buena noticia. Este tema lo hemos conversado mucho con el gobernador.
Respecto al tema del presupuesto para el área social, al cual también hizo referencia el diputado Espinoza, hoy el presupuesto, el gasto social o la inversión social, en términos relativos, es la más importante de la historia. Nunca antes un presupuesto tuvo tanto énfasis en los sectores sociales. Y de 2015 a esta parte tenemos más de un punto adicional en términos del producto de asignación presupuestaria a la inversión social, lo que es también muy representativo para este presupuesto.
El diputado Del Caño, me cuesta un poco más acá...
SR. ESPINOZA Una pregunta puntual, ¿cuántos jardines de infantes se van a hacer?
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Sí, sí lo de los jardines de infantes, tengo otra respuesta porque hubo otra...
SR. ESPINOZA Y en cuanto a la reunión, cuando usted quiera.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Sé que me extraña, así que vamos a hacer una reunión próximamente. (Risas.)
El diputado Del Caño hizo una referencia al FGS. El FGS no forma parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que se circunscriben básicamente en el camino que necesita el Estado nacional hacia el equilibrio de las cuentas públicas, en línea con lo que está ocurriendo con las distintas provincias. La pauta de incremento de tarifas públicas en el presupuesto está por debajo del incremento de la inflación.
El diputado Solanas, quien sí hizo varias preguntas, me preguntó sobre las mutuales y cooperativas. Este tema forma parte de la adenda del consenso fiscal y también se está discutiendo -obviamente, como todos los puntos- en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Había cierto consenso en que las cooperativas financieras de cierto tamaño empezaran a tributar ganancias como lo hacen las empresas con las cuales ellas compiten. Esa es un poco la idea y el consenso que había entre los gobernadores.
Respecto de los jardines, hay un problema no solo en la provincia de Entre Ríos, como usted planteó, sino con varias provincias. Hubo problemas con la empresa, que finalmente era insolvente, así que se rescindió el contrato. Se está licitando nuevamente y en pocos meses estimamos concluir con este proceso y retomar las obras de los jardines a lo largo y a lo ancho del país.
Respecto de los institutos provinciales de vivienda, me preguntó cuál era nuestra visión. Es muy dispar. Hubo provincias que destinaron los recursos de vivienda a hacer viviendas y otras provincias -la mayoría, lamentablemente- que los destinaron a otra cosa, no a hacer viviendas. Independientemente de ello, venimos trabajando con la provincia en situaciones irregulares que encontramos, para tratar de solucionarlas. En el caso de Entre Ríos, podemos mencionar los famosos consorcios donde, después de un largo trabajo de más un año y medio, pudimos ordenar una situación que estaba bastante desordenada, por decirlo de alguna manera. En este proceso tuvimos la colaboración del gobierno provincial.
Hoy hay casi 4.000 viviendas en ejecución, y la provincia tiene otras tantas. Claramente, el problema de la vivienda es de gran magnitud en la Argentina, y se ha ido acrecentando a lo largo de muchos años de carencia de una política nacional de vivienda.
Precisamente creo que el diputado Gioja se refirió a la necesidad de tener una solución para los distintos niveles de problemas.
La vivienda social debe destinarse estrictamente a aquellos sectores que no tienen ninguna capacidad de gestionar un crédito hipotecario. Y esto antes no ocurría. Como no había un plan, terminábamos entregando viviendas sociales -nos ha pasado, y seguramente a usted también- a sectores medios y medios altos, y esa no es la forma de solucionar el problema de la vivienda en la Argentina. La vivienda social se debe destinar realmente a los sectores de menores recursos. Nosotros, de alguna manera, redireccionamos el plan Procrear a los sectores medios y medios bajos y, de ahí en más, debemos retomar lo que teníamos hasta hace cuatro meses, que era un crecimiento sostenido de los créditos hipotecarios. Si mantenemos ese plan de viviendas, podemos llegar a tener éxito después de décadas de fracasos en la resolución del problema de la vivienda en nuestro país.
En cuanto al puente Paraná-Santa Fe, está en la segunda etapa de los PPP; ya avanzó la primera etapa, y la segunda, en principio, sería para financiar, entre otras cosas, la conexión vial entre Paraná y Santa Fe.
En términos de las obras más importantes que estamos haciendo en Entre Ríos, las de defensa contra las inundaciones, hemos avanzado mucho en Concordia, también en Villa Paranacito y en Concepción del Uruguay. Nos queda Colón como una de las grandes obras pendientes; se trata de un pedido de vecinos que no se ha cumplido a lo largo de las décadas.
En el caso de la defensa de Concepción, es un esquema de cofinanciación 70-30; el 70 por ciento que le corresponde a la Nación, según el convenio que firmamos con la provincia, está garantizado en el presupuesto. Se va a hacer, eso es seguro, ya que hemos priorizado las obras contra las inundaciones.
Ya di la cifra pero, como me volvieron a preguntar, lo voy a aclarar. No es que el gobierno se desentienda de los subsidios -hay más de 200.000 millones de pesos del presupuesto nacional destinados a subsidios del transporte y energía eléctrica-; lo que hace es ordenar las responsabilidades un poco más entre los distintos niveles de gobierno.
Como aclaré antes, después de décadas en las cuales a las provincias les transferían las responsabilidades y no los recursos, desde hace dos años y medio estamos transfiriendo más recursos y, recién ahora, estamos sentándonos a discutir cómo ordenar las distintas responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno en un país federal. En todos los países federales del mundo, el transporte urbano intrajurisdiccional es responsabilidad de los gobiernos locales. No existe caso en el mundo de un país federal donde el transporte intrajurisdiccional urbano sea competencia del gobierno central. Independientemente de eso, insisto, prevemos un subsidio de más de 200.000 millones de pesos para el transporte y la energía.
Respecto del tema de prensa y difusión -que creo que también era una preocupación del diputado Solanas-, entre 2018 y 2019 hay un incremento de la pauta de 100 millones de pesos. Es decir que la pauta pasa de 1.800 millones de pesos a 1.900 millones de pesos, muy por debajo de la inflación.
La diputada Moisés comparte con nosotros su preocupación por la volatilidad del tipo de cambio. Las tasas de interés altas están de alguna manera vinculadas con la crisis cambiaria por la que atravesó la Argentina a partir del mes de abril, cuando prácticamente se cortó el ingreso de divisas a la región. Para nosotros eso fue mucho más duro de afrontar que para los países vecinos. La razón es que nosotros somos un país más vulnerable, con más déficit fiscal, menos mercado financiero interno y más dependencia del financiamiento internacional. Por supuesto que la sequedad del ingreso de divisas genera más problemas para la Argentina que para otros países.
No me quiero adelantar a lo que se va a anunciar respecto del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero sí le puedo decir que está vinculado con su preocupación, señora diputada. En pocos minutos vamos a tener una respuesta, entiendo que en línea favorable con lo que usted está planteando.
Se hace referencia otra vez al tema de la eliminación de subsidios. Reitero que nosotros no estamos eliminando los subsidios, sino que estamos informando de qué áreas específicas se va a ocupar el gobierno central. Asimismo, estamos generando los recursos para que cada provincia decida de manera autónoma cómo alocar de mejor manera esos subsidios. La Argentina es un país profundamente heterogéneo. Aquellos que lo transitamos conocemos esas diferencias profundas. Muchas veces intentar una política homogénea para todas las jurisdicciones del país es un error, porque hay muchísimas diferencias. Lo mejor para un país federal es darles recursos y autonomía a los gobiernos locales con el objeto de que ellos lleven adelante las mejores políticas posibles. En este caso estamos hablando de políticas de subsidios al transporte. Todos los países del mundo subsidian el transporte. Se trata de un área muy delicada. Esperemos que, con más recursos, cada provincia tome la mejor decisión. Esto tiene que ver también con el país federal que estamos construyendo.
También se me preguntó si este esfuerzo está contabilizado. Sí, está contabilizado. Son 45.000 millones los pesos que se han destinado al subsidio al transporte. La mitad de ese monto lo absorbe el área metropolitana. La otra mitad se divide entre las veintidós provincias restantes. A partir del Acuerdo por el Consenso Fiscal -insisto con esto- se generan más recursos para las provincias con el fin de que luego, de manera autónoma, cada una decida cómo va a alocar esos recursos en función de su realidad específica.
Por último, en cuanto al tema universitario, lo que ocurrió este año -y va a ocurrir el año que viene- es que en el presupuesto se decidió priorizar la paritaria de los profesores universitarios frente a otros gastos. Evidentemente, estamos ante una situación que obliga a hacer un esfuerzo fiscal. Eso es lo que estamos planteando y discutiendo en este ámbito de cara a la sociedad. En ese sentido, frente a la restricción de recursos, lo que se hace es dar algún tipo de prioridad. En el caso del presupuesto universitario, se decidió cumplir con lo que se acordó en la paritaria docente. Eso es lo que se refleja en el presupuesto.
El diputado Del Caño hizo una referencia al FGS. El FGS no forma parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que se circunscriben básicamente en el camino que necesita el Estado nacional hacia el equilibrio de las cuentas públicas, en línea con lo que está ocurriendo con las distintas provincias. La pauta de incremento de tarifas públicas en el presupuesto está por debajo del incremento de la inflación.
El diputado Solanas, quien sí hizo varias preguntas, me preguntó sobre las mutuales y cooperativas. Este tema forma parte de la adenda del consenso fiscal y también se está discutiendo -obviamente, como todos los puntos- en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Había cierto consenso en que las cooperativas financieras de cierto tamaño empezaran a tributar ganancias como lo hacen las empresas con las cuales ellas compiten. Esa es un poco la idea y el consenso que había entre los gobernadores.
Respecto de los jardines, hay un problema no solo en la provincia de Entre Ríos, como usted planteó, sino con varias provincias. Hubo problemas con la empresa, que finalmente era insolvente, así que se rescindió el contrato. Se está licitando nuevamente y en pocos meses estimamos concluir con este proceso y retomar las obras de los jardines a lo largo y a lo ancho del país.
Respecto de los institutos provinciales de vivienda, me preguntó cuál era nuestra visión. Es muy dispar. Hubo provincias que destinaron los recursos de vivienda a hacer viviendas y otras provincias -la mayoría, lamentablemente- que los destinaron a otra cosa, no a hacer viviendas. Independientemente de ello, venimos trabajando con la provincia en situaciones irregulares que encontramos, para tratar de solucionarlas. En el caso de Entre Ríos, podemos mencionar los famosos consorcios donde, después de un largo trabajo de más un año y medio, pudimos ordenar una situación que estaba bastante desordenada, por decirlo de alguna manera. En este proceso tuvimos la colaboración del gobierno provincial.
Hoy hay casi 4.000 viviendas en ejecución, y la provincia tiene otras tantas. Claramente, el problema de la vivienda es de gran magnitud en la Argentina, y se ha ido acrecentando a lo largo de muchos años de carencia de una política nacional de vivienda.
Precisamente creo que el diputado Gioja se refirió a la necesidad de tener una solución para los distintos niveles de problemas.
La vivienda social debe destinarse estrictamente a aquellos sectores que no tienen ninguna capacidad de gestionar un crédito hipotecario. Y esto antes no ocurría. Como no había un plan, terminábamos entregando viviendas sociales -nos ha pasado, y seguramente a usted también- a sectores medios y medios altos, y esa no es la forma de solucionar el problema de la vivienda en la Argentina. La vivienda social se debe destinar realmente a los sectores de menores recursos. Nosotros, de alguna manera, redireccionamos el plan Procrear a los sectores medios y medios bajos y, de ahí en más, debemos retomar lo que teníamos hasta hace cuatro meses, que era un crecimiento sostenido de los créditos hipotecarios. Si mantenemos ese plan de viviendas, podemos llegar a tener éxito después de décadas de fracasos en la resolución del problema de la vivienda en nuestro país.
En cuanto al puente Paraná-Santa Fe, está en la segunda etapa de los PPP; ya avanzó la primera etapa, y la segunda, en principio, sería para financiar, entre otras cosas, la conexión vial entre Paraná y Santa Fe.
En términos de las obras más importantes que estamos haciendo en Entre Ríos, las de defensa contra las inundaciones, hemos avanzado mucho en Concordia, también en Villa Paranacito y en Concepción del Uruguay. Nos queda Colón como una de las grandes obras pendientes; se trata de un pedido de vecinos que no se ha cumplido a lo largo de las décadas.
En el caso de la defensa de Concepción, es un esquema de cofinanciación 70-30; el 70 por ciento que le corresponde a la Nación, según el convenio que firmamos con la provincia, está garantizado en el presupuesto. Se va a hacer, eso es seguro, ya que hemos priorizado las obras contra las inundaciones.
Ya di la cifra pero, como me volvieron a preguntar, lo voy a aclarar. No es que el gobierno se desentienda de los subsidios -hay más de 200.000 millones de pesos del presupuesto nacional destinados a subsidios del transporte y energía eléctrica-; lo que hace es ordenar las responsabilidades un poco más entre los distintos niveles de gobierno.
Como aclaré antes, después de décadas en las cuales a las provincias les transferían las responsabilidades y no los recursos, desde hace dos años y medio estamos transfiriendo más recursos y, recién ahora, estamos sentándonos a discutir cómo ordenar las distintas responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno en un país federal. En todos los países federales del mundo, el transporte urbano intrajurisdiccional es responsabilidad de los gobiernos locales. No existe caso en el mundo de un país federal donde el transporte intrajurisdiccional urbano sea competencia del gobierno central. Independientemente de eso, insisto, prevemos un subsidio de más de 200.000 millones de pesos para el transporte y la energía.
Respecto del tema de prensa y difusión -que creo que también era una preocupación del diputado Solanas-, entre 2018 y 2019 hay un incremento de la pauta de 100 millones de pesos. Es decir que la pauta pasa de 1.800 millones de pesos a 1.900 millones de pesos, muy por debajo de la inflación.
La diputada Moisés comparte con nosotros su preocupación por la volatilidad del tipo de cambio. Las tasas de interés altas están de alguna manera vinculadas con la crisis cambiaria por la que atravesó la Argentina a partir del mes de abril, cuando prácticamente se cortó el ingreso de divisas a la región. Para nosotros eso fue mucho más duro de afrontar que para los países vecinos. La razón es que nosotros somos un país más vulnerable, con más déficit fiscal, menos mercado financiero interno y más dependencia del financiamiento internacional. Por supuesto que la sequedad del ingreso de divisas genera más problemas para la Argentina que para otros países.
No me quiero adelantar a lo que se va a anunciar respecto del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero sí le puedo decir que está vinculado con su preocupación, señora diputada. En pocos minutos vamos a tener una respuesta, entiendo que en línea favorable con lo que usted está planteando.
Se hace referencia otra vez al tema de la eliminación de subsidios. Reitero que nosotros no estamos eliminando los subsidios, sino que estamos informando de qué áreas específicas se va a ocupar el gobierno central. Asimismo, estamos generando los recursos para que cada provincia decida de manera autónoma cómo alocar de mejor manera esos subsidios. La Argentina es un país profundamente heterogéneo. Aquellos que lo transitamos conocemos esas diferencias profundas. Muchas veces intentar una política homogénea para todas las jurisdicciones del país es un error, porque hay muchísimas diferencias. Lo mejor para un país federal es darles recursos y autonomía a los gobiernos locales con el objeto de que ellos lleven adelante las mejores políticas posibles. En este caso estamos hablando de políticas de subsidios al transporte. Todos los países del mundo subsidian el transporte. Se trata de un área muy delicada. Esperemos que, con más recursos, cada provincia tome la mejor decisión. Esto tiene que ver también con el país federal que estamos construyendo.
También se me preguntó si este esfuerzo está contabilizado. Sí, está contabilizado. Son 45.000 millones los pesos que se han destinado al subsidio al transporte. La mitad de ese monto lo absorbe el área metropolitana. La otra mitad se divide entre las veintidós provincias restantes. A partir del Acuerdo por el Consenso Fiscal -insisto con esto- se generan más recursos para las provincias con el fin de que luego, de manera autónoma, cada una decida cómo va a alocar esos recursos en función de su realidad específica.
Por último, en cuanto al tema universitario, lo que ocurrió este año -y va a ocurrir el año que viene- es que en el presupuesto se decidió priorizar la paritaria de los profesores universitarios frente a otros gastos. Evidentemente, estamos ante una situación que obliga a hacer un esfuerzo fiscal. Eso es lo que estamos planteando y discutiendo en este ámbito de cara a la sociedad. En ese sentido, frente a la restricción de recursos, lo que se hace es dar algún tipo de prioridad. En el caso del presupuesto universitario, se decidió cumplir con lo que se acordó en la paritaria docente. Eso es lo que se refleja en el presupuesto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Vallone.
SR. VALLONE Gracias, señor presidente.
Señor ministro: lo escucho muy optimista, así como lo escuchamos optimista al ministro Dujovne la semana pasada.
Señor ministro: lo escucho muy optimista, así como lo escuchamos optimista al ministro Dujovne la semana pasada.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA ¿En qué sentido lo dice?
SR. VALLONE En la explicación de un presupuesto que entiendo que ustedes creen que les cierran los números. Ojalá les cierren los números, pero nosotros entendemos que los números cierran -si cierran- con la gente afuera. Esto es lo que nos preocupa. Cuando vivimos una crisis que no solamente es financiera sino que también es social, nos preocupa que los números cierren pero con la gente afuera.
Al diputado Iglesias, si quiere ver cómo vive la gente, lo invito esta noche a caminar por Congreso, por las calles cercanas al Congreso.
Al diputado Iglesias, si quiere ver cómo vive la gente, lo invito esta noche a caminar por Congreso, por las calles cercanas al Congreso.
SR. IGLESIAS No hace falta, vivo en La Boca. ¿Usted dónde vive?
SR. VALLONE Venga, Iglesias, lo invito.
Yo vivo en San Luis, gracias a Dios.
Yo vivo en San Luis, gracias a Dios.
SR. IGLESIAS Yo vivo en La Boca. No vivo en Recoleta ni Puerto Madero.
SR. VALLONE Señor presidente: voy a sumarme a los diputados Bossio y Lavagna en la solicitud de que el nuevo presidente del Banco Central venga aquí a ratificar o rectificar las metas y si cree que el tipo de cambio que está pesificado en este presupuesto nos va a sacar de esta crisis. El pedido lo hemos hecho ya efectivo a través de una nota que hemos presentado en la comisión.
Voy a tratar de ser breve, señor ministro. Valoro mucho su presencia hoy aquí y quiero hacerle una pregunta, porque tengo una duda sobre el pago de la deuda relacionada al pago de las jubilaciones. El pago de intereses de la deuda, según lo que hemos estudiado nosotros, crecerá un 10 por ciento, mientras que el importe destinado a las jubilaciones y pensiones aumentaría un 1 por ciento. Si la inversión pública sube un 5 por ciento, lo corregido por inflación estaría siendo equivalente a una caída del 22 por ciento. Necesito que me confirme o no este tema, señor ministro.
La segunda pregunta tiene que ver con la preocupación que tienen los dueños de esta banca, de nuestras bancas, que son los puntanos, los habitantes de San Luis. No estamos de acuerdo en las transferencias de las funciones a las provincias sin los recursos. Estoy hablando específicamente del tema del trasporte, que va a tener un fuerte impacto en los habitantes, con un costo que va a estar cercano a los 30 pesos en el sistema de transporte urbano e interurbano.
No estamos de acuerdo en que la provincia de San Luis haya quedado afuera de la compensación, de ese acuerdo que hicieron tras el decreto que se conoció como un certificado de defunción de los aportes de la soja. Estamos acostumbrados a que se discrimine a la provincia de San Luis. Prácticamente San Luis ha sido ignorada en este presupuesto.
Pero hay otro tema, señor ministro, que sé que usted lo ha estado trabajando y lo ha estado negociando, que tiene que ver con la deuda que tiene la Nación con la provincia de San Luis y que tampoco la vemos reflejado en este presupuesto. No se advierte ninguna actitud que valore que tengan pensado pagar al menos parte de esa deuda.
En el marco de las definiciones políticas y en el marco de la incertidumbre que se vive hoy en la economía argentina y que tiene, nos guste o no nos guste, derivaciones en la incertidumbre de los presupuestos provinciales y municipales, deben asumir que han fracasado en materia económica; se fracasó con el plan, por eso acuden al Fondo Monetario Internacional, se fracasó con el primer acuerdo con el Fondo y por eso hoy están por anunciar un nuevo acuerdo.
Esto ha traído como consecuencia una falta de credibilidad, que ese sí es un logro que pueden mostrar, la falta de credibilidad que tiene el gobierno argentino hoy. Cada vez que hacen un anuncio se produce una disparada del dólar porque no creen los mercados, pero tampoco cree la gente común.
Cuando alguien fracasa y sigue haciendo lo mismo con los mismos actores -como ustedes están pretendiendo hacer, lo ha ratificado el presidente en Nueva York-, difícilmente el resultado sea diferente.
Le quiero pedir, señor ministro, que tengan en cuenta el reclamo de los sectores sindicales, sociales, el reclamo que ayer ha hecho parar contundentemente a todo el pueblo argentino, que es rever el plan económico.
Voy a tratar de ser breve, señor ministro. Valoro mucho su presencia hoy aquí y quiero hacerle una pregunta, porque tengo una duda sobre el pago de la deuda relacionada al pago de las jubilaciones. El pago de intereses de la deuda, según lo que hemos estudiado nosotros, crecerá un 10 por ciento, mientras que el importe destinado a las jubilaciones y pensiones aumentaría un 1 por ciento. Si la inversión pública sube un 5 por ciento, lo corregido por inflación estaría siendo equivalente a una caída del 22 por ciento. Necesito que me confirme o no este tema, señor ministro.
La segunda pregunta tiene que ver con la preocupación que tienen los dueños de esta banca, de nuestras bancas, que son los puntanos, los habitantes de San Luis. No estamos de acuerdo en las transferencias de las funciones a las provincias sin los recursos. Estoy hablando específicamente del tema del trasporte, que va a tener un fuerte impacto en los habitantes, con un costo que va a estar cercano a los 30 pesos en el sistema de transporte urbano e interurbano.
No estamos de acuerdo en que la provincia de San Luis haya quedado afuera de la compensación, de ese acuerdo que hicieron tras el decreto que se conoció como un certificado de defunción de los aportes de la soja. Estamos acostumbrados a que se discrimine a la provincia de San Luis. Prácticamente San Luis ha sido ignorada en este presupuesto.
Pero hay otro tema, señor ministro, que sé que usted lo ha estado trabajando y lo ha estado negociando, que tiene que ver con la deuda que tiene la Nación con la provincia de San Luis y que tampoco la vemos reflejado en este presupuesto. No se advierte ninguna actitud que valore que tengan pensado pagar al menos parte de esa deuda.
En el marco de las definiciones políticas y en el marco de la incertidumbre que se vive hoy en la economía argentina y que tiene, nos guste o no nos guste, derivaciones en la incertidumbre de los presupuestos provinciales y municipales, deben asumir que han fracasado en materia económica; se fracasó con el plan, por eso acuden al Fondo Monetario Internacional, se fracasó con el primer acuerdo con el Fondo y por eso hoy están por anunciar un nuevo acuerdo.
Esto ha traído como consecuencia una falta de credibilidad, que ese sí es un logro que pueden mostrar, la falta de credibilidad que tiene el gobierno argentino hoy. Cada vez que hacen un anuncio se produce una disparada del dólar porque no creen los mercados, pero tampoco cree la gente común.
Cuando alguien fracasa y sigue haciendo lo mismo con los mismos actores -como ustedes están pretendiendo hacer, lo ha ratificado el presidente en Nueva York-, difícilmente el resultado sea diferente.
Le quiero pedir, señor ministro, que tengan en cuenta el reclamo de los sectores sindicales, sociales, el reclamo que ayer ha hecho parar contundentemente a todo el pueblo argentino, que es rever el plan económico.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor ministro.
SR. MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Rescato una pregunta del diputado Vallone respecto al incremento de las prestaciones sociales de los jubilados. El rubro jubilaciones y pensiones contributivas, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, etcétera, aumenta básicamente un 34,4 por ciento en el presupuesto 2019 respecto del presupuesto 2018.
Con respecto a San Luis y el consenso fiscal, San Luis fue la única que no firmó el consenso o pacto fiscal, y por eso queda afuera de la compensación.
San Luis sí firmó otros pactos fiscales; firmó en el año 1992 o 1993 los pactos fiscales que de alguna manera cristalizaron precisamente la génesis de los problemas fiscales del grueso de las provincias, cuando se transfirieron los servicios sin el correspondiente financiamiento.
Es cierto que este último no lo firmó. Yo creo que lo firmaron todas las demás provincias porque, entre otras cosas, no fue un consenso fiscal que implicaba un deterioro para las finanzas públicas provinciales sino todo lo contrario: resolver problemas de litigiosidad entre los distintos niveles de gobierno y avanzar en una reforma tributaria que fuera reduciendo la carga de impuestos distorsivos sobre la producción. Pero la provincia no lo firmó, es la única que no lo firmó y, en consecuencia, es la única que termina quedándose afuera de la compensación, precisamente por la decisión autónoma y soberana del gobernador de no firmarlo.
Y respecto a la deuda, nosotros estamos trabajando para cumplir con ese fallo de la Corte, que acatamos. Es un fallo que nos sorprendió a los pocos días de asumir, a partir del cual la provincia de San Luis tuvo un incremento exponencial de los recursos de libre disponibilidad provenientes de los recursos federales. Y estamos trabajando, así como también lo estamos haciendo en el caso de la provincia de Santa Fe, para resolver este tema. Y ojalá que lo hagamos porque tenemos que dejar atrás problemas de muchísimos años -de más de veinte o treinta años- entre la Nación y las provincias. Ojalá que lo que nos queda de la gestión podamos resolver este problema también.
Con respecto a San Luis y el consenso fiscal, San Luis fue la única que no firmó el consenso o pacto fiscal, y por eso queda afuera de la compensación.
San Luis sí firmó otros pactos fiscales; firmó en el año 1992 o 1993 los pactos fiscales que de alguna manera cristalizaron precisamente la génesis de los problemas fiscales del grueso de las provincias, cuando se transfirieron los servicios sin el correspondiente financiamiento.
Es cierto que este último no lo firmó. Yo creo que lo firmaron todas las demás provincias porque, entre otras cosas, no fue un consenso fiscal que implicaba un deterioro para las finanzas públicas provinciales sino todo lo contrario: resolver problemas de litigiosidad entre los distintos niveles de gobierno y avanzar en una reforma tributaria que fuera reduciendo la carga de impuestos distorsivos sobre la producción. Pero la provincia no lo firmó, es la única que no lo firmó y, en consecuencia, es la única que termina quedándose afuera de la compensación, precisamente por la decisión autónoma y soberana del gobernador de no firmarlo.
Y respecto a la deuda, nosotros estamos trabajando para cumplir con ese fallo de la Corte, que acatamos. Es un fallo que nos sorprendió a los pocos días de asumir, a partir del cual la provincia de San Luis tuvo un incremento exponencial de los recursos de libre disponibilidad provenientes de los recursos federales. Y estamos trabajando, así como también lo estamos haciendo en el caso de la provincia de Santa Fe, para resolver este tema. Y ojalá que lo hagamos porque tenemos que dejar atrás problemas de muchísimos años -de más de veinte o treinta años- entre la Nación y las provincias. Ojalá que lo que nos queda de la gestión podamos resolver este problema también.
SR. PRESIDENTE LASPINA Muchas gracias al ministro y a su equipo por estas cuatro horas de intercambio. Mañana seguimos a las diez de la mañana. Muchas gracias. (Aplausos.)
Es la hora 15 y 53.