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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 27/09/2018
- PRESUPUESTO 2019-MAKON
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre de 2018, a la hora 10 y 31:
SR. PRESIDENTE LASPINA Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para el día de hoy. Es una reunión que yo la calificaría de histórica, sin temor a equivocarme, dado que por primera vez estamos reunidos con la flamante Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Como ustedes saben es una oficina técnica, apartidaria, compuesta por un grupo muy pequeño pero altamente especializado en materia fiscal, presupuestaria y tributaria.
La Oficina de Presupuesto del Congreso es un logro conjunto del trabajo entre oficialismo y oposición que se viene realizando desde 2016 en adelante, más allá que desde hace mucho tiempo había proyectos en la Cámara. Además de ser una necesidad institucional, es parte de los requisitos institucionales para el acceso a la OCDE. Por lo tanto, es una institución importante para el Congreso y para el país que hoy hace su debut en esta reunión.
Como toda institución va a ir creciendo, evolucionando y desarrollándose. Hoy cuenta con un staff todavía muy reducido, hace muy poco que se han mudado a sus oficinas y se ha hecho un enorme esfuerzo para que hoy esté aquí haciendo su presentación formal.
Me parece que esto debe contribuir a elevar el nivel del debate del presupuesto. Creo que esto tiene que ir creciendo en el tiempo en la medida que la oficina vaya consolidando su staff y sus sistemas. También tiene que hacer crecer la discusión dentro del Congreso. Una de las funciones de dicha oficina es que los que estamos aquí en el Congreso tengamos cada vez más herramientas para poder debatir las cuestiones presupuestarias importantes. Básicamente es cómo asignamos los escasos recursos que tenemos, que son los impuestos de los argentinos y que por otra parte son muy altos.
Los integrantes de dicha oficina son Marcos Makon, director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso; Carlos Guberman, director de Análisis Fiscal y Tributario; Mariano Ortiz Villafañe, director de Análisis de la Sostenibilidad de la Obra Pública, y Walter Agosto, director de Análisis Presupuestario, al que todos conocemos también por su paso por esta casa como diputado nacional.
A continuación de esta presentación vamos a tener al secretario de finanzas, Santiago Bausilli, que realizará una presentación técnica respecto de la modificación que se está proponiendo a la Ley de Administración Financiera en materia de administración de pasivos.
Aprovechemos este espacio para debatir, discutir y enriquecer el debate del Presupuesto.
Tiene la palabra el señor Makon.
La Oficina de Presupuesto del Congreso es un logro conjunto del trabajo entre oficialismo y oposición que se viene realizando desde 2016 en adelante, más allá que desde hace mucho tiempo había proyectos en la Cámara. Además de ser una necesidad institucional, es parte de los requisitos institucionales para el acceso a la OCDE. Por lo tanto, es una institución importante para el Congreso y para el país que hoy hace su debut en esta reunión.
Como toda institución va a ir creciendo, evolucionando y desarrollándose. Hoy cuenta con un staff todavía muy reducido, hace muy poco que se han mudado a sus oficinas y se ha hecho un enorme esfuerzo para que hoy esté aquí haciendo su presentación formal.
Me parece que esto debe contribuir a elevar el nivel del debate del presupuesto. Creo que esto tiene que ir creciendo en el tiempo en la medida que la oficina vaya consolidando su staff y sus sistemas. También tiene que hacer crecer la discusión dentro del Congreso. Una de las funciones de dicha oficina es que los que estamos aquí en el Congreso tengamos cada vez más herramientas para poder debatir las cuestiones presupuestarias importantes. Básicamente es cómo asignamos los escasos recursos que tenemos, que son los impuestos de los argentinos y que por otra parte son muy altos.
Los integrantes de dicha oficina son Marcos Makon, director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso; Carlos Guberman, director de Análisis Fiscal y Tributario; Mariano Ortiz Villafañe, director de Análisis de la Sostenibilidad de la Obra Pública, y Walter Agosto, director de Análisis Presupuestario, al que todos conocemos también por su paso por esta casa como diputado nacional.
A continuación de esta presentación vamos a tener al secretario de finanzas, Santiago Bausilli, que realizará una presentación técnica respecto de la modificación que se está proponiendo a la Ley de Administración Financiera en materia de administración de pasivos.
Aprovechemos este espacio para debatir, discutir y enriquecer el debate del Presupuesto.
Tiene la palabra el señor Makon.
SR. MAKON Señor presidente: buenos días a todos. Antes de esta exposición estuve pensando que normalmente cuando se trata el presupuesto en comisión, vienen representantes del Poder Ejecutivo a explicar y fundamentar el contenido del presupuesto.
En este caso, es la primera vez que en la Argentina se presenta la situación en la que no vienen representantes de una oficina del Poder Ejecutivo, sino una oficina del Congreso Nacional, a brindar elementos de juicio e información que permita enriquecer el debate parlamentario, tal como lo señaló el señor diputado Laspina.
En la filmina que estamos proyectando se especifica quiénes somos. El objetivo de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina es brindar soporte a los legisladores para profundizar la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones. Es una oficina técnica de análisis fiscal que produce informes abiertos a la ciudadanía.
En nuestro corto andar ya hemos publicado varios informes y el que vamos a presentar hoy ya está publicado en nuestra flamante página web, que fue inaugurada ayer. Allí, además del informe sobre el proyecto de ley de presupuesto general para la administración pública nacional 2019 también se incluyen informes ya presentados en su oportunidad en materia de tarifas, respecto de la cuenta de inversión de 2017 y sobre el avance del presupuesto para 2019.
Esto es un gran desafío para nosotros porque recién estamos iniciando las actividades, pero creo que es fundamental que logremos transmitir lo que hemos entendido como contenido del proyecto de ley de presupuesto general para la administración pública nacional 2019.
El informe que presentaremos hoy es de análisis general, pero ya tenemos en cartera preparar informes particulares. En pocos días, tendrán a su disposición los tres informes que estamos preparando. Me refiero a un informe sobre el gasto social, un informe sobre el plan de inversiones públicas y un informe sobre subsidios, donde brindaremos mayores detalles sobre estos temas.
Hoy abordaremos cuestiones generales que hacen a los aspectos globales del presupuesto, incluidos aspectos vinculados con el endeudamiento. Asimismo, realizaremos un análisis detallado -que no lo podremos presentar hoy porque es muy extenso, pero está disposición de ustedes- del contenido del articulado del proyecto de ley de presupuesto. En este sentido, señalaremos los artículos con sus características. Todo ese material se encuentra en el informe que está a disposición de ustedes.
Iniciando el análisis vamos a ver el tema de las ya conocidas proyecciones macroeconómicas o supuestos macroeconómicos. Quiero señalar que el análisis que realizamos en este informe se refiere al proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre en la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir que todo nuestro informe está basado en el análisis de las informaciones contenidas en el proyecto de ley que se presentó, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Administración Financiera.
Las proyecciones macroeconómicas son conocidas pero presentamos algunas informaciones adicionales que sirven para explicar las características de estas proyecciones macroeconómicas, que son una base fundamental para el cálculo de recursos y para el cálculo de determinadas variables del gasto público.
En primer lugar, lo que está previsto en el supuesto macroeconómico es una caída del 2,4 por ciento del producto bruto en el presente año. Teniendo en cuenta que la caída del primer semestre fue de 0,5 por ciento, nosotros estimamos que durante el segundo semestre la caída tendrá que llegar al alrededor del 4,3 por ciento para alcanzar el logro del -0,5 por ciento para 2019.
Analizando las proyecciones del producto bruto para el año 2019, está prevista una caída del 0,5 por ciento. Hay que tener en cuenta el arrastre estadístico de la caída durante el año 2018 del 3,7 por ciento. Por ello, consideramos que durante dicho año el producto bruto deberá crecer alrededor del 4,7 por ciento para poder pasar de un efecto negativo del 3,7 a un efecto negativo del 0,5 por ciento. Esto implicaría un alto crecimiento de la economía durante el año 2018 para eliminar el arrastre estadístico.
En materia de inflación se prevé una variación promedio del 32,6 por ciento y para el año que viene una cifra estimada en el 34,8, pero con una inflación de fin de período del 23 por ciento. El informe del Poder Ejecutivo no brinda detalles sobre la inflación para fin de este año.
En lo que se refiere al tipo de cambio, el promedio para este año es de 28,3 pesos y está previsto un promedio de 40,1 pesos para el próximo año.
Creo que este es un tema que será revisado. Concretamente, el tipo de cambio -al momento de presentar el presupuesto- era de 39,53, con lo cual, los análisis que se hicieran sobre la variación del tipo de cambio eran acotados teniendo en cuenta que el tipo de cambio del día 17 de septiembre era de 39,53 pesos y que ha bajado en el último tiempo.
Insisto: este será un tema para analizar. Si hay una inflación prevista del 23 por ciento y el tipo de cambio no sufre una variación significativa, eso puede afectar una de las proyecciones macroeconómicas fundamentales sobre las que se asienta este análisis, es decir, el crecimiento de las exportaciones. En la medida que se dé una variación del tipo de cambio que no siga el nivel inflacionario, entonces puede haber una depreciación del tipo de cambio. Pero ese es un tema que queda para analizar posteriormente. Cuando nos fijemos en el tema novedoso que incluyó el Poder Ejecutivo -que es el análisis de riesgo- entraremos a profundizar sobre esta cuestión.
Esto es lo que vemos en términos generales sobre las proyecciones macroeconómicas. Aclaro que nosotros no evaluamos las proyecciones macroeconómicas; no es nuestra función elaborar nuestras propias proyecciones macroeconómicas como otras oficinas de presupuesto del mundo. Lo que estamos haciendo es presentar un breve análisis de consistencia de esas variables macroeconómicas.
Puntualmente, esas variables macroeconómicas significan, desde el punto de vista del producto bruto, que el tema central de la caída durante este año está en la inversión. La inversión cae a un nivel de 9,7 por ciento. Esa es la mayor caída de los últimos trece años. Hay una caída del 0,5 por ciento en el producto general, y también decaen el consumo público y el privado. El consumo privado decae un 1,6 por ciento y el consumo público un 3,4 por ciento como consecuencia directa de la baja del gasto público que se da para llegar al resultado primario cero.
El eje central está dado por las exportaciones, que pasan, en el año 2018, de un crecimiento del 3,1 por ciento, a un incremento del 20,9 por ciento.
Esto es lo que está explicado en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.
Yendo al tema presupuestario propiamente dicho, debemos fijarnos en la cuenta ahorro-inversión-financiamiento. Se trata de una cuenta de resultados. Es la cuenta macro de resultados de la gestión pública. Allí están incluidos los ingresos corrientes, los gastos corrientes y los tres tipos de resultados tradicionales que se utilizan, es decir, económico, primario y financiero. Esos valores ustedes ya los tienen. Nosotros estamos presentando el grado de participación en relación al producto. Es decir, la variación en relación al producto bruto.
Por ejemplo, en ingresos corrientes observamos las proyecciones previstas del esquema ahorro, inversión, financiamiento. El presupuesto de la administración nacional muestra un crecimiento de la participación de los ingresos corrientes en el producto del 0,7 por ciento, compensado con una baja de los gastos corrientes del 0,6 por ciento. El resultado económico es igual al estado de pérdidas y ganancias de una empresa, o sea, son los ingresos corrientes contra los gastos corrientes. Es un resultado poco analizado, que consideramos que es muy importante, porque permite ver el nivel de capitalización o descapitalización desde el punto de vista del sector público. En la medida en que se utilizan recursos de capital o endeudamiento para financiar gastos corrientes, estamos frente a un proceso de descapitalización. El resultado económico para 2018 sería del 4,2 por ciento, y bajaría al 2,9 por ciento por el efecto combinado del aumento de ingresos corrientes y gastos corrientes. Los recursos de capital son mínimos y tienen una variación del 0,5 por ciento, mientras que los gastos de capital tienen una caída del 0,5 por ciento.
En síntesis, la participación de los ingresos totales en el producto crecen 1,2 por ciento, y los gastos totales caen 1,1 por ciento. Para llegar al gasto total debemos incluir los intereses, que suben su participación en el producto el 0,3 por ciento.
Los números que vemos en esta presentación tienen un solo decimal.
El resultado primario cero se refiere al sector público no financiero y no a la administración nacional, que presenta un déficit del 0,04 por ciento, que es compensado con un superávit del resto del sector público. Acá hay un problema con la presentación de los datos; lo vamos a ver más adelante. El déficit primario de la administración nacional es del 0,04 por ciento.
El resultado financiero sigue siendo deficitario porque del 5,5 por ciento baja al 3,3 por ciento negativo, o sea que la mejora es del 2,2 por ciento del producto. Estos son los tres resultados: económico, primario y financiero.
Tal como les decía, el resultado económico es la cuenta de pérdidas y ganancias que nos permite ver si nos estamos capitalizando o descapitalizando. El resultado primario es el total de gastos sin el pago de intereses de la deuda. El resultado financiero es el total de gastos para el cual se requiere financiamiento del presupuesto. Son tres resultados que tienen objetivos diferentes y que sirven para explicar la situación de las finanzas públicas.
El resultado primario proyectado para 2018 es deficitario en un 2,6 por ciento, mientras que el financiero se proyecta que será de 5,5 por ciento. El déficit de la administración nacional será del 0,04 por ciento y el financiero del 3,3 por ciento.
Quiero señalar lo siguiente: hemos hecho antes de presentarse el presupuesto un ejercicio de proyección de la ejecución de gastos para 2018. Para ello hemos tomado en cuenta un informe -que inclusive está subido a nuestra página web- sobre las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Poder Ejecutivo a fines de agosto del corriente año, incluido el decreto de necesidad y urgencia, y nuestras proyecciones están en línea con las del mensaje del presupuesto. Hasta esa fecha, prácticamente son similares.
Un tema novedoso que sirve para evaluar a nivel macro cuando se ejecute el presupuesto 2019, en cumplimiento de las políticas y las proyecciones, es la introducción del impacto de riesgos fiscales. ¿Qué pasa si varían las variables macroeconómicas? Con una variación de un 1 por ciento mayor de inflación, el resultado primario mejoraría en 0,05 por ciento. Esta es información que está en el mensaje de presupuesto 2019 enviado por el Poder Ejecutivo. No hemos analizado esta información, ya que para hacer un análisis en mayor profundidad requeriría mayor tiempo. Por lo tanto, no vimos la metodología de este estudio, aunque imagino que está sustentado en metodologías de tipo internacional sobre impacto de variables.
Por lo tanto, un 1 por ciento de incremento en la inflación tendría un impacto en el resultado primario de un 0,05 por ciento de aumento. Una variación del 1 por ciento en el tipo de cambio, daría un 0,01 por ciento positivo en el resultado primario. En los precios internacionales, un 1 por ciento de aumento daría un 0,01 por ciento.
En el tema de la actividad económica, un menor crecimiento de un 1 por ciento, deteriora el resultado primario en 0,04 por ciento. Esto es un análisis de sensibilidad, que pocos presupuestos en América Latina tienen, y creo que es un avance importante porque permite elaborar escenarios, que ante situaciones de volatilidad es importante poder plantearlos.
En el tema de intereses de la deuda pública, por ejemplo, teniendo en cuenta que en la composición de la deuda pública hay una parte importante en moneda extranjera, un incremento de un 1 por ciento en el valor del dólar, significarían 4.500 millones adicionales de intereses de la deuda.
Estos son elementos, como les decía, que permiten ver cómo están impactando realmente las modificaciones observadas de las variables macroeconómicas en función de las proyectadas. Por lo tanto, es un tema que será importante hacer un seguimiento, ya que permite ir haciendo proyecciones más afinadas de lo que es el resultado primario y también el resultado financiero del presupuesto.
Vuelvo a reiterar que en términos de lo que es actividad económica o tipo de cambio, la variable de ingresos impacta prácticamente en todos los elementos del ingreso. En el gasto no en todas, sino en aquellas que tienen vinculación con el comercio externo o que tienen relación con cláusulas de movilidad o ajuste establecidas por normas legales.
Entrando más en detalle, ahora vamos a analizar recursos, gastos, deuda pública y algunos otros elementos, para finalizar con el tema del articulado.
En los ingresos corrientes de la administración nacional está prevista una recaudación de 3.457.000.000.000 de pesos. Dentro de ellos están los ingresos tributarios, dónde ya está medido el impacto de la reforma tributaria. Quiero aclarar que también en este caso hemos hecho estimaciones propias de los ingresos tributarios. Estas estimaciones propias están en el documento y el desvío no es significativo, pero a efectos de no presentar distintos cuadros que podrían oscurecer el análisis, nos quedamos con la información que está presentada por el Poder Ejecutivo.
Quiero aclarar dos aspectos de la administración nacional que son interesantes para destacar.
En primer lugar, las rentas de la propiedad son 252.000 millones de pesos, que es la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Por otro lado, el tema que estamos analizando desde el punto de vista metodológico son los 73.661 millones de pesos que figuran como recursos de capital y aparecen como disminución de inversión financiera, que también proviene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Si tienen alguna pregunta sobre este tema, el doctor Carlos Guberman se la puede contestar, pero quiero precisar que se trata de una cuestión en la que todavía nos encontramos en proceso de análisis desde el punto de vista metodológico.
En este sentido, se estableció que la parte de las rentas provenientes del sinceramiento fiscal se había clasificado como recurso de capital y de inversión financiera. Por ello, sobre este tema nos encontramos en conversaciones con la Secretaría de Hacienda para analizar la metodología utilizada.
Hemos realizado un análisis de las variaciones -en términos de producto bruto- de los principales rubros de ingresos tributarios.
El total de ingresos tributarios crece un 0,9 por ciento, pero ese porcentaje tiene comportamientos diferenciados. Ese 0,9 por ciento del incremento en la participación del producto bruto está sustentado básicamente en el incremento de los derechos de exportación, como consecuencia del incremento de las exportaciones, de 1,3 por ciento.
Perdón, me equivoqué de placa. Vamos al sector público nacional donde el razonamiento es el mismo; solamente varían los números.
Hay un aumento de un 1 por ciento de participación en el producto bruto de la recaudación tributaria y aportes y contribuciones a la seguridad social, pero es un efecto mixto, combinado. Existe un aumento de los derechos de exportación del 1,22 por ciento y un aumento de los derechos de importación del 0,08 por ciento de participación del producto. Esos dos aumentos implican una baja en los demás casos. Por ejemplo, ganancias tiene una disminución del 0,33 por ciento de participación en el producto bruto, pues pasa del 5,23 al 4,90 por ciento. El impuesto interno baja un 0,03 por ciento, la ganancia mínima presunta 0,3 por ciento, y concretamente aportes y contribuciones a la seguridad social bajan un 0,13 por ciento.
Este efecto de sumas y restas hace que la participación sea positiva, pero básicamente se centra la positividad del incremento de la participación en el producto bruto en los derechos de exportación y marginalmente en los derechos de importación.
Todos nuestros análisis no son en valores monetarios sino que hemos tomado la decisión de ver la variación desde el punto de vista de la relación con el producto. En este informe no hemos trabajado a precios constantes sino a precios corrientes en base al producto y, por lo tanto, es el grado de participación en el producto.
Los gastos corrientes están previstos con una baja de un 0,6 por ciento del producto bruto, centrados básicamente en los gastos primarios, que bajan un 0,9 por ciento, y los intereses, que aumentan un 0,3 por ciento.
¿Qué sucede con los gastos primarios? ¿Dónde está el cambio en la participación? Excepto jubilaciones y pensiones -que tienen un aumento de participación del 0,3 por ciento en el producto bruto- podemos apreciar una baja de los subsidios económicos en un 0,6 por ciento y las transferencias a provincias en un 0,3 por ciento. Me refiero a la baja en la participación del producto; no estoy hablando de valores nominales ni de valores monetarios. Sube en jubilaciones y pensiones, en salarios se mantiene constante, baja en transferencias a las provincias el 0,3 por ciento y decrece en los subsidios económicos un 0,6 por ciento. Hay un efecto combinado: 0,6 por ciento de gasto primario y 0,3 por ciento de intereses.
En gastos de capital la baja es del 0,5 por ciento, tanto en inversión directa -las que lleva a cabo el propio Estado nacional-, que bajan un 0,3 por ciento en lo que respecta a participación, como en las transferencias de capital, que están destinadas para inversiones en provincias y que bajan un 0,2 por ciento.
Esto hace que la estructura económica del gasto para el año 2019 refleje que el gasto de capital está en un 4,4 por ciento del total del gasto de la administración pública nacional. El 95,6 por ciento restante es gasto corriente. No es un cambio muy grande, pero sí se nota una disminución de participación en relación a años anteriores. El gasto corriente es un gasto superior en valores absolutos y relativos con relación a los gastos de capital.
Desde el punto de vista de la composición económica de los gastos, vemos que las prestaciones de seguridad social -por eso mencionaba la suba de las jubilaciones y pensiones- pasa del 50,5 por ciento al 53,3 por ciento.
Estamos efectuando un análisis de la distribución de cargos, o sea, la planta de personal. ¿Qué es lo que sucede con las plantas de personal previstas en el presupuesto?
La filmina que vemos en pantalla muestra una planilla con la cantidad de cargos en el proyecto de presupuesto de 2019 comparado con el de 2018; hay una disminución de 5.075 cargos en el Poder Ejecutivo nacional, de 1.320 cargos en el Congreso de la Nación y de 260 cargos en el Poder Judicial, mientras que se registra un incremento de 77 cargos en el Ministerio Público.
En este caso, es la primera vez que en la Argentina se presenta la situación en la que no vienen representantes de una oficina del Poder Ejecutivo, sino una oficina del Congreso Nacional, a brindar elementos de juicio e información que permita enriquecer el debate parlamentario, tal como lo señaló el señor diputado Laspina.
En la filmina que estamos proyectando se especifica quiénes somos. El objetivo de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina es brindar soporte a los legisladores para profundizar la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones. Es una oficina técnica de análisis fiscal que produce informes abiertos a la ciudadanía.
En nuestro corto andar ya hemos publicado varios informes y el que vamos a presentar hoy ya está publicado en nuestra flamante página web, que fue inaugurada ayer. Allí, además del informe sobre el proyecto de ley de presupuesto general para la administración pública nacional 2019 también se incluyen informes ya presentados en su oportunidad en materia de tarifas, respecto de la cuenta de inversión de 2017 y sobre el avance del presupuesto para 2019.
Esto es un gran desafío para nosotros porque recién estamos iniciando las actividades, pero creo que es fundamental que logremos transmitir lo que hemos entendido como contenido del proyecto de ley de presupuesto general para la administración pública nacional 2019.
El informe que presentaremos hoy es de análisis general, pero ya tenemos en cartera preparar informes particulares. En pocos días, tendrán a su disposición los tres informes que estamos preparando. Me refiero a un informe sobre el gasto social, un informe sobre el plan de inversiones públicas y un informe sobre subsidios, donde brindaremos mayores detalles sobre estos temas.
Hoy abordaremos cuestiones generales que hacen a los aspectos globales del presupuesto, incluidos aspectos vinculados con el endeudamiento. Asimismo, realizaremos un análisis detallado -que no lo podremos presentar hoy porque es muy extenso, pero está disposición de ustedes- del contenido del articulado del proyecto de ley de presupuesto. En este sentido, señalaremos los artículos con sus características. Todo ese material se encuentra en el informe que está a disposición de ustedes.
Iniciando el análisis vamos a ver el tema de las ya conocidas proyecciones macroeconómicas o supuestos macroeconómicos. Quiero señalar que el análisis que realizamos en este informe se refiere al proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre en la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir que todo nuestro informe está basado en el análisis de las informaciones contenidas en el proyecto de ley que se presentó, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Administración Financiera.
Las proyecciones macroeconómicas son conocidas pero presentamos algunas informaciones adicionales que sirven para explicar las características de estas proyecciones macroeconómicas, que son una base fundamental para el cálculo de recursos y para el cálculo de determinadas variables del gasto público.
En primer lugar, lo que está previsto en el supuesto macroeconómico es una caída del 2,4 por ciento del producto bruto en el presente año. Teniendo en cuenta que la caída del primer semestre fue de 0,5 por ciento, nosotros estimamos que durante el segundo semestre la caída tendrá que llegar al alrededor del 4,3 por ciento para alcanzar el logro del -0,5 por ciento para 2019.
Analizando las proyecciones del producto bruto para el año 2019, está prevista una caída del 0,5 por ciento. Hay que tener en cuenta el arrastre estadístico de la caída durante el año 2018 del 3,7 por ciento. Por ello, consideramos que durante dicho año el producto bruto deberá crecer alrededor del 4,7 por ciento para poder pasar de un efecto negativo del 3,7 a un efecto negativo del 0,5 por ciento. Esto implicaría un alto crecimiento de la economía durante el año 2018 para eliminar el arrastre estadístico.
En materia de inflación se prevé una variación promedio del 32,6 por ciento y para el año que viene una cifra estimada en el 34,8, pero con una inflación de fin de período del 23 por ciento. El informe del Poder Ejecutivo no brinda detalles sobre la inflación para fin de este año.
En lo que se refiere al tipo de cambio, el promedio para este año es de 28,3 pesos y está previsto un promedio de 40,1 pesos para el próximo año.
Creo que este es un tema que será revisado. Concretamente, el tipo de cambio -al momento de presentar el presupuesto- era de 39,53, con lo cual, los análisis que se hicieran sobre la variación del tipo de cambio eran acotados teniendo en cuenta que el tipo de cambio del día 17 de septiembre era de 39,53 pesos y que ha bajado en el último tiempo.
Insisto: este será un tema para analizar. Si hay una inflación prevista del 23 por ciento y el tipo de cambio no sufre una variación significativa, eso puede afectar una de las proyecciones macroeconómicas fundamentales sobre las que se asienta este análisis, es decir, el crecimiento de las exportaciones. En la medida que se dé una variación del tipo de cambio que no siga el nivel inflacionario, entonces puede haber una depreciación del tipo de cambio. Pero ese es un tema que queda para analizar posteriormente. Cuando nos fijemos en el tema novedoso que incluyó el Poder Ejecutivo -que es el análisis de riesgo- entraremos a profundizar sobre esta cuestión.
Esto es lo que vemos en términos generales sobre las proyecciones macroeconómicas. Aclaro que nosotros no evaluamos las proyecciones macroeconómicas; no es nuestra función elaborar nuestras propias proyecciones macroeconómicas como otras oficinas de presupuesto del mundo. Lo que estamos haciendo es presentar un breve análisis de consistencia de esas variables macroeconómicas.
Puntualmente, esas variables macroeconómicas significan, desde el punto de vista del producto bruto, que el tema central de la caída durante este año está en la inversión. La inversión cae a un nivel de 9,7 por ciento. Esa es la mayor caída de los últimos trece años. Hay una caída del 0,5 por ciento en el producto general, y también decaen el consumo público y el privado. El consumo privado decae un 1,6 por ciento y el consumo público un 3,4 por ciento como consecuencia directa de la baja del gasto público que se da para llegar al resultado primario cero.
El eje central está dado por las exportaciones, que pasan, en el año 2018, de un crecimiento del 3,1 por ciento, a un incremento del 20,9 por ciento.
Esto es lo que está explicado en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.
Yendo al tema presupuestario propiamente dicho, debemos fijarnos en la cuenta ahorro-inversión-financiamiento. Se trata de una cuenta de resultados. Es la cuenta macro de resultados de la gestión pública. Allí están incluidos los ingresos corrientes, los gastos corrientes y los tres tipos de resultados tradicionales que se utilizan, es decir, económico, primario y financiero. Esos valores ustedes ya los tienen. Nosotros estamos presentando el grado de participación en relación al producto. Es decir, la variación en relación al producto bruto.
Por ejemplo, en ingresos corrientes observamos las proyecciones previstas del esquema ahorro, inversión, financiamiento. El presupuesto de la administración nacional muestra un crecimiento de la participación de los ingresos corrientes en el producto del 0,7 por ciento, compensado con una baja de los gastos corrientes del 0,6 por ciento. El resultado económico es igual al estado de pérdidas y ganancias de una empresa, o sea, son los ingresos corrientes contra los gastos corrientes. Es un resultado poco analizado, que consideramos que es muy importante, porque permite ver el nivel de capitalización o descapitalización desde el punto de vista del sector público. En la medida en que se utilizan recursos de capital o endeudamiento para financiar gastos corrientes, estamos frente a un proceso de descapitalización. El resultado económico para 2018 sería del 4,2 por ciento, y bajaría al 2,9 por ciento por el efecto combinado del aumento de ingresos corrientes y gastos corrientes. Los recursos de capital son mínimos y tienen una variación del 0,5 por ciento, mientras que los gastos de capital tienen una caída del 0,5 por ciento.
En síntesis, la participación de los ingresos totales en el producto crecen 1,2 por ciento, y los gastos totales caen 1,1 por ciento. Para llegar al gasto total debemos incluir los intereses, que suben su participación en el producto el 0,3 por ciento.
Los números que vemos en esta presentación tienen un solo decimal.
El resultado primario cero se refiere al sector público no financiero y no a la administración nacional, que presenta un déficit del 0,04 por ciento, que es compensado con un superávit del resto del sector público. Acá hay un problema con la presentación de los datos; lo vamos a ver más adelante. El déficit primario de la administración nacional es del 0,04 por ciento.
El resultado financiero sigue siendo deficitario porque del 5,5 por ciento baja al 3,3 por ciento negativo, o sea que la mejora es del 2,2 por ciento del producto. Estos son los tres resultados: económico, primario y financiero.
Tal como les decía, el resultado económico es la cuenta de pérdidas y ganancias que nos permite ver si nos estamos capitalizando o descapitalizando. El resultado primario es el total de gastos sin el pago de intereses de la deuda. El resultado financiero es el total de gastos para el cual se requiere financiamiento del presupuesto. Son tres resultados que tienen objetivos diferentes y que sirven para explicar la situación de las finanzas públicas.
El resultado primario proyectado para 2018 es deficitario en un 2,6 por ciento, mientras que el financiero se proyecta que será de 5,5 por ciento. El déficit de la administración nacional será del 0,04 por ciento y el financiero del 3,3 por ciento.
Quiero señalar lo siguiente: hemos hecho antes de presentarse el presupuesto un ejercicio de proyección de la ejecución de gastos para 2018. Para ello hemos tomado en cuenta un informe -que inclusive está subido a nuestra página web- sobre las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Poder Ejecutivo a fines de agosto del corriente año, incluido el decreto de necesidad y urgencia, y nuestras proyecciones están en línea con las del mensaje del presupuesto. Hasta esa fecha, prácticamente son similares.
Un tema novedoso que sirve para evaluar a nivel macro cuando se ejecute el presupuesto 2019, en cumplimiento de las políticas y las proyecciones, es la introducción del impacto de riesgos fiscales. ¿Qué pasa si varían las variables macroeconómicas? Con una variación de un 1 por ciento mayor de inflación, el resultado primario mejoraría en 0,05 por ciento. Esta es información que está en el mensaje de presupuesto 2019 enviado por el Poder Ejecutivo. No hemos analizado esta información, ya que para hacer un análisis en mayor profundidad requeriría mayor tiempo. Por lo tanto, no vimos la metodología de este estudio, aunque imagino que está sustentado en metodologías de tipo internacional sobre impacto de variables.
Por lo tanto, un 1 por ciento de incremento en la inflación tendría un impacto en el resultado primario de un 0,05 por ciento de aumento. Una variación del 1 por ciento en el tipo de cambio, daría un 0,01 por ciento positivo en el resultado primario. En los precios internacionales, un 1 por ciento de aumento daría un 0,01 por ciento.
En el tema de la actividad económica, un menor crecimiento de un 1 por ciento, deteriora el resultado primario en 0,04 por ciento. Esto es un análisis de sensibilidad, que pocos presupuestos en América Latina tienen, y creo que es un avance importante porque permite elaborar escenarios, que ante situaciones de volatilidad es importante poder plantearlos.
En el tema de intereses de la deuda pública, por ejemplo, teniendo en cuenta que en la composición de la deuda pública hay una parte importante en moneda extranjera, un incremento de un 1 por ciento en el valor del dólar, significarían 4.500 millones adicionales de intereses de la deuda.
Estos son elementos, como les decía, que permiten ver cómo están impactando realmente las modificaciones observadas de las variables macroeconómicas en función de las proyectadas. Por lo tanto, es un tema que será importante hacer un seguimiento, ya que permite ir haciendo proyecciones más afinadas de lo que es el resultado primario y también el resultado financiero del presupuesto.
Vuelvo a reiterar que en términos de lo que es actividad económica o tipo de cambio, la variable de ingresos impacta prácticamente en todos los elementos del ingreso. En el gasto no en todas, sino en aquellas que tienen vinculación con el comercio externo o que tienen relación con cláusulas de movilidad o ajuste establecidas por normas legales.
Entrando más en detalle, ahora vamos a analizar recursos, gastos, deuda pública y algunos otros elementos, para finalizar con el tema del articulado.
En los ingresos corrientes de la administración nacional está prevista una recaudación de 3.457.000.000.000 de pesos. Dentro de ellos están los ingresos tributarios, dónde ya está medido el impacto de la reforma tributaria. Quiero aclarar que también en este caso hemos hecho estimaciones propias de los ingresos tributarios. Estas estimaciones propias están en el documento y el desvío no es significativo, pero a efectos de no presentar distintos cuadros que podrían oscurecer el análisis, nos quedamos con la información que está presentada por el Poder Ejecutivo.
Quiero aclarar dos aspectos de la administración nacional que son interesantes para destacar.
En primer lugar, las rentas de la propiedad son 252.000 millones de pesos, que es la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Por otro lado, el tema que estamos analizando desde el punto de vista metodológico son los 73.661 millones de pesos que figuran como recursos de capital y aparecen como disminución de inversión financiera, que también proviene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Si tienen alguna pregunta sobre este tema, el doctor Carlos Guberman se la puede contestar, pero quiero precisar que se trata de una cuestión en la que todavía nos encontramos en proceso de análisis desde el punto de vista metodológico.
En este sentido, se estableció que la parte de las rentas provenientes del sinceramiento fiscal se había clasificado como recurso de capital y de inversión financiera. Por ello, sobre este tema nos encontramos en conversaciones con la Secretaría de Hacienda para analizar la metodología utilizada.
Hemos realizado un análisis de las variaciones -en términos de producto bruto- de los principales rubros de ingresos tributarios.
El total de ingresos tributarios crece un 0,9 por ciento, pero ese porcentaje tiene comportamientos diferenciados. Ese 0,9 por ciento del incremento en la participación del producto bruto está sustentado básicamente en el incremento de los derechos de exportación, como consecuencia del incremento de las exportaciones, de 1,3 por ciento.
Perdón, me equivoqué de placa. Vamos al sector público nacional donde el razonamiento es el mismo; solamente varían los números.
Hay un aumento de un 1 por ciento de participación en el producto bruto de la recaudación tributaria y aportes y contribuciones a la seguridad social, pero es un efecto mixto, combinado. Existe un aumento de los derechos de exportación del 1,22 por ciento y un aumento de los derechos de importación del 0,08 por ciento de participación del producto. Esos dos aumentos implican una baja en los demás casos. Por ejemplo, ganancias tiene una disminución del 0,33 por ciento de participación en el producto bruto, pues pasa del 5,23 al 4,90 por ciento. El impuesto interno baja un 0,03 por ciento, la ganancia mínima presunta 0,3 por ciento, y concretamente aportes y contribuciones a la seguridad social bajan un 0,13 por ciento.
Este efecto de sumas y restas hace que la participación sea positiva, pero básicamente se centra la positividad del incremento de la participación en el producto bruto en los derechos de exportación y marginalmente en los derechos de importación.
Todos nuestros análisis no son en valores monetarios sino que hemos tomado la decisión de ver la variación desde el punto de vista de la relación con el producto. En este informe no hemos trabajado a precios constantes sino a precios corrientes en base al producto y, por lo tanto, es el grado de participación en el producto.
Los gastos corrientes están previstos con una baja de un 0,6 por ciento del producto bruto, centrados básicamente en los gastos primarios, que bajan un 0,9 por ciento, y los intereses, que aumentan un 0,3 por ciento.
¿Qué sucede con los gastos primarios? ¿Dónde está el cambio en la participación? Excepto jubilaciones y pensiones -que tienen un aumento de participación del 0,3 por ciento en el producto bruto- podemos apreciar una baja de los subsidios económicos en un 0,6 por ciento y las transferencias a provincias en un 0,3 por ciento. Me refiero a la baja en la participación del producto; no estoy hablando de valores nominales ni de valores monetarios. Sube en jubilaciones y pensiones, en salarios se mantiene constante, baja en transferencias a las provincias el 0,3 por ciento y decrece en los subsidios económicos un 0,6 por ciento. Hay un efecto combinado: 0,6 por ciento de gasto primario y 0,3 por ciento de intereses.
En gastos de capital la baja es del 0,5 por ciento, tanto en inversión directa -las que lleva a cabo el propio Estado nacional-, que bajan un 0,3 por ciento en lo que respecta a participación, como en las transferencias de capital, que están destinadas para inversiones en provincias y que bajan un 0,2 por ciento.
Esto hace que la estructura económica del gasto para el año 2019 refleje que el gasto de capital está en un 4,4 por ciento del total del gasto de la administración pública nacional. El 95,6 por ciento restante es gasto corriente. No es un cambio muy grande, pero sí se nota una disminución de participación en relación a años anteriores. El gasto corriente es un gasto superior en valores absolutos y relativos con relación a los gastos de capital.
Desde el punto de vista de la composición económica de los gastos, vemos que las prestaciones de seguridad social -por eso mencionaba la suba de las jubilaciones y pensiones- pasa del 50,5 por ciento al 53,3 por ciento.
Estamos efectuando un análisis de la distribución de cargos, o sea, la planta de personal. ¿Qué es lo que sucede con las plantas de personal previstas en el presupuesto?
La filmina que vemos en pantalla muestra una planilla con la cantidad de cargos en el proyecto de presupuesto de 2019 comparado con el de 2018; hay una disminución de 5.075 cargos en el Poder Ejecutivo nacional, de 1.320 cargos en el Congreso de la Nación y de 260 cargos en el Poder Judicial, mientras que se registra un incremento de 77 cargos en el Ministerio Público.
SR. PRESIDENTE LASPINA ¿Esto se debe a los retiros?
SR. MAKON No sé si se debe a los retiros o al congelamiento de vacantes.
SR. PRESIDENTE LASPINA Congelamiento de vacantes hay.
SR. MAKON Claro, congelamiento de vacantes hay, pero estamos hablando de los cargos que se dieron de baja en el presupuesto. Pueden ser cargos que estaban vacantes y se dieron de baja sin que haya habido despido de personal. Ese dato no lo tenemos. Tal vez se han eliminado vacantes porque bajan los cargos, pero no significa que se hayan producido despidos.
SR. PRESIDENTE LASPINA O retiros voluntarios o jubilaciones.
SR. MAKON Exactamente.
En el Poder Ejecutivo no bajan los cargos en todos los casos. Un caso muy particular se da en el Misterio de Justicia y Derechos Humanos, que registra un incremento de 2.063 cargos, dirigidos básicamente a la planta de personal del Servicio Penitenciario Nacional. El resto de los organismos registra una disminución en la cantidad de cargos. El Ministerio de Defensa registra 2.270 cargos menos, el de Producción y Trabajo 1.509 cargos menos y el de Salud y Desarrollo Social 1.776 cargos menos. Contamos con información sobre las áreas en las que disminuyen los cargos, por ejemplo, en el Misterio de Producción y Trabajo, hay 874 cargos menos para el INTA y 430 cargos menos para el Senasa; en las Fuerzas Armadas, hay una caída de 1.640 cargos en el Ejército y 998 en el Estado Mayor de la Armada. Reitero que estamos hablando de una disminución de cargos que puede ser debido a la eliminación de vacantes o a retiros voluntarios o a otra medida.
Esta es la planta de personal. Como vimos, desde el punto de vista del gasto no tiene modificaciones, pero cuantitativamente, sobre un total de 310.000 cargos hay 6.578 cargos menos de 2018 a 2019; 5.075 pertenecen al Poder Ejecutivo y 1.600 a los poderes Legislativo y Judicial.
En el Poder Ejecutivo no bajan los cargos en todos los casos. Un caso muy particular se da en el Misterio de Justicia y Derechos Humanos, que registra un incremento de 2.063 cargos, dirigidos básicamente a la planta de personal del Servicio Penitenciario Nacional. El resto de los organismos registra una disminución en la cantidad de cargos. El Ministerio de Defensa registra 2.270 cargos menos, el de Producción y Trabajo 1.509 cargos menos y el de Salud y Desarrollo Social 1.776 cargos menos. Contamos con información sobre las áreas en las que disminuyen los cargos, por ejemplo, en el Misterio de Producción y Trabajo, hay 874 cargos menos para el INTA y 430 cargos menos para el Senasa; en las Fuerzas Armadas, hay una caída de 1.640 cargos en el Ejército y 998 en el Estado Mayor de la Armada. Reitero que estamos hablando de una disminución de cargos que puede ser debido a la eliminación de vacantes o a retiros voluntarios o a otra medida.
Esta es la planta de personal. Como vimos, desde el punto de vista del gasto no tiene modificaciones, pero cuantitativamente, sobre un total de 310.000 cargos hay 6.578 cargos menos de 2018 a 2019; 5.075 pertenecen al Poder Ejecutivo y 1.600 a los poderes Legislativo y Judicial.
SR. PRESIDENTE LASPINA La tasa de retiro es del 1,6 por ciento.
SR. MAKON Otro punto considerado es el destino del gasto público, que muestra hacia dónde se dirigen las erogaciones.
La clasificación por finalidad y función es una clasificación agregada y financiera que permite definir a quién se destina el gasto público. Esta clasificación, medida en relación a la participación en el producto bruto, muestra una baja del 1,1 por ciento en el total del gasto público, incluyendo los intereses de la deuda que registran un aumento de 0,3 por ciento, una disminución del 1 por ciento de servicios económicos originados básicamente en los subsidios y una disminución de 0,2 por ciento en servicios sociales.
Vuelvo a reiterar para que quede claro: no estoy hablando en valores nominales, estoy hablando en materia de participación en el producto bruto interno. Es decir, que en el PBI, la administración gubernamental tiene una menor participación del 0,2 por ciento; servicios de seguridad y defensa un 0,1 por ciento; servicios sociales 0,1 por ciento; servicio económico un 1 por ciento y servicio de la deuda pública tiene un aumento del 0,3 por ciento. Eso permite componer el 1,1 por ciento de baja del gasto público desde el punto de vista del destino de gasto.
En la lámina siguiente está la composición donde lo que queda claro -y es un tema histórico-, es que dentro de las finalidades, los servicios sociales se llevan una parte importante y su participación pasa del 63 al 65 por ciento. En la clasificación por finalidad y funciones no hay cambios muy grandes y tampoco pueden darse de un año para el otro, pero hay un cambio de estructura, un cambio de participación en las finalidades.
Un tema que también es necesario señalar -es un análisis que hemos hecho nosotros y que está en el informe- es dónde está el gasto público, dónde está concentrado el total del gasto público: veinticinco programas presupuestarios insumen el 82,4 por ciento del total del gasto. El listado de esos programas está en el informe, donde el primero de ellos es el programa de jubilaciones y pensiones o las prestaciones previsionales a cargo de la ANSES. Es decir, el nivel alto del gasto público está concentrado en un rubro reducido de programas. Los programas de la administración pública deben ser alrededor de 200 y 250, no tengo el dato en este momento, pero 25 programas insumen el 82,4 por ciento del gasto.
Desde el punto de vista del financiamiento, ¿cómo se va a financiar este déficit de 3,3 por ciento? Cuando hablamos de financiamiento no podemos hablar de resultado primario; para hablar de financiamiento tenemos que hablar del resultado financiero. O sea, el total de ingresos versus el total de gastos, incluidos los intereses de la deuda. Están previstas necesidades de financiamiento por 3.217.000.000.000 de pesos y aplicaciones financieras por 2.600.000.000.000 de pesos.
¿Qué son las fuentes financieras? Básicamente son endeudamiento. Está previsto un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, con otros organismos internacionales, colocaciones de BOCONES y títulos por un 4,8 por ciento del producto bruto interno, por 877.000 millones de pesos, que serían los títulos nuevos que se colocarían en el mercado el año que viene.
Por otro lado, el uso de cajas y bancos que hay, tanto en la ANSES, como en otros organismos públicos, así como la devolución de préstamos que se han hecho a las provincias. Desde el punto de vista de las aplicaciones son básicamente las amortizaciones. Las amortizaciones para el 2019 están previstas en un 11 por ciento del producto bruto interno.
Después, con el cuadro financiero, vamos a ver cómo está previsto el financiamiento del déficit fiscal.
En valores absolutos -esta información no fue procesada por nosotros, sino que directamente fue tomada del mensaje de presupuesto 2019 enviado por el Poder Ejecutivo-, la deuda pública total pasa, en diciembre de 2017 de 320.000 millones de pesos, a 315.000 millones de pesos. Pero con la baja del producto bruto, el porcentaje sobre el PBI pasa del 57,1 al 87,0, para bajar en 2019 al 75,3 por ciento. Esto se tomó en cuenta con el tipo de cambio a diciembre de cada año.
Desde el punto de vista neto -también tomado a diciembre de cada año- la participación de la deuda pública en el producto pasa del 29,4 al 52 por ciento.
Quiero señalar otro aspecto novedoso. Así como aparecen por primera vez los riesgos fiscales, que se llama "análisis de sensibilidad del comportamiento de las variables macroeconómicas y su incidencia en el presupuesto", también aparece el programa financiero.
Quiero señalar que el programa financiero que estamos analizando en este informe es de septiembre, no es el programa financiero actual, sino el que fue presentado en oportunidad de presentarse el proyecto de ley de presupuesto al Congreso.
La clasificación por finalidad y función es una clasificación agregada y financiera que permite definir a quién se destina el gasto público. Esta clasificación, medida en relación a la participación en el producto bruto, muestra una baja del 1,1 por ciento en el total del gasto público, incluyendo los intereses de la deuda que registran un aumento de 0,3 por ciento, una disminución del 1 por ciento de servicios económicos originados básicamente en los subsidios y una disminución de 0,2 por ciento en servicios sociales.
Vuelvo a reiterar para que quede claro: no estoy hablando en valores nominales, estoy hablando en materia de participación en el producto bruto interno. Es decir, que en el PBI, la administración gubernamental tiene una menor participación del 0,2 por ciento; servicios de seguridad y defensa un 0,1 por ciento; servicios sociales 0,1 por ciento; servicio económico un 1 por ciento y servicio de la deuda pública tiene un aumento del 0,3 por ciento. Eso permite componer el 1,1 por ciento de baja del gasto público desde el punto de vista del destino de gasto.
En la lámina siguiente está la composición donde lo que queda claro -y es un tema histórico-, es que dentro de las finalidades, los servicios sociales se llevan una parte importante y su participación pasa del 63 al 65 por ciento. En la clasificación por finalidad y funciones no hay cambios muy grandes y tampoco pueden darse de un año para el otro, pero hay un cambio de estructura, un cambio de participación en las finalidades.
Un tema que también es necesario señalar -es un análisis que hemos hecho nosotros y que está en el informe- es dónde está el gasto público, dónde está concentrado el total del gasto público: veinticinco programas presupuestarios insumen el 82,4 por ciento del total del gasto. El listado de esos programas está en el informe, donde el primero de ellos es el programa de jubilaciones y pensiones o las prestaciones previsionales a cargo de la ANSES. Es decir, el nivel alto del gasto público está concentrado en un rubro reducido de programas. Los programas de la administración pública deben ser alrededor de 200 y 250, no tengo el dato en este momento, pero 25 programas insumen el 82,4 por ciento del gasto.
Desde el punto de vista del financiamiento, ¿cómo se va a financiar este déficit de 3,3 por ciento? Cuando hablamos de financiamiento no podemos hablar de resultado primario; para hablar de financiamiento tenemos que hablar del resultado financiero. O sea, el total de ingresos versus el total de gastos, incluidos los intereses de la deuda. Están previstas necesidades de financiamiento por 3.217.000.000.000 de pesos y aplicaciones financieras por 2.600.000.000.000 de pesos.
¿Qué son las fuentes financieras? Básicamente son endeudamiento. Está previsto un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, con otros organismos internacionales, colocaciones de BOCONES y títulos por un 4,8 por ciento del producto bruto interno, por 877.000 millones de pesos, que serían los títulos nuevos que se colocarían en el mercado el año que viene.
Por otro lado, el uso de cajas y bancos que hay, tanto en la ANSES, como en otros organismos públicos, así como la devolución de préstamos que se han hecho a las provincias. Desde el punto de vista de las aplicaciones son básicamente las amortizaciones. Las amortizaciones para el 2019 están previstas en un 11 por ciento del producto bruto interno.
Después, con el cuadro financiero, vamos a ver cómo está previsto el financiamiento del déficit fiscal.
En valores absolutos -esta información no fue procesada por nosotros, sino que directamente fue tomada del mensaje de presupuesto 2019 enviado por el Poder Ejecutivo-, la deuda pública total pasa, en diciembre de 2017 de 320.000 millones de pesos, a 315.000 millones de pesos. Pero con la baja del producto bruto, el porcentaje sobre el PBI pasa del 57,1 al 87,0, para bajar en 2019 al 75,3 por ciento. Esto se tomó en cuenta con el tipo de cambio a diciembre de cada año.
Desde el punto de vista neto -también tomado a diciembre de cada año- la participación de la deuda pública en el producto pasa del 29,4 al 52 por ciento.
Quiero señalar otro aspecto novedoso. Así como aparecen por primera vez los riesgos fiscales, que se llama "análisis de sensibilidad del comportamiento de las variables macroeconómicas y su incidencia en el presupuesto", también aparece el programa financiero.
Quiero señalar que el programa financiero que estamos analizando en este informe es de septiembre, no es el programa financiero actual, sino el que fue presentado en oportunidad de presentarse el proyecto de ley de presupuesto al Congreso.
SR. PRESIDENTE LASPINA El programa financiero actual lo presentará el secretario Bausili.
SR. MAKON Por eso. Es decir, la dinámica es tal, que la información de hace diez minutos puede ser obsoleta, pero esto es lo relativo al programa financiero.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA A fin de aprovechar bien esta exposición de la Oficina de Presupuesto, le solicité al secretario Bausili que concurra la semana próxima.
Entonces, además de explicar lo relativo a la Ley de Administración Financiera, le pediremos que nos presente el programa financiero actualizado con los nuevos desembolsos que se estiman del Fondo Monetario. Así despejamos ese punto.
Entonces, además de explicar lo relativo a la Ley de Administración Financiera, le pediremos que nos presente el programa financiero actualizado con los nuevos desembolsos que se estiman del Fondo Monetario. Así despejamos ese punto.
SR. MAKON Quiero hacer una aclaración. Nosotros somos una oficina técnica del Congreso al servicio de todos los legisladores y nuestro objetivo es mejorar el nivel de información para que ustedes tomen las decisiones políticas que correspondan. No somos una oficina del Poder Ejecutivo.
Esta situación es inédita aquí, porque en otros países en los que cuentan con esta oficina ya existe esta experiencia pero, en nuestro caso, es la primera vez que una oficina del Congreso está dando informaciones.
Por lo tanto, tenemos que plantearnos sobre la base de qué estamos brindando esa información. El programa financiero está en el proyecto de ley de presupuesto. Todo lo que hoy estamos presentando fue realizado sobre la base del proyecto de ley de presupuesto presentado el 17 de septiembre. Lógicamente, en la medida en que se produzcan cambios, realizaremos otros informes. Reitero que este es el primer informe vinculado con lo que se presentó el 17 de septiembre.
Para sintetizar, en el programa financiero están previstas necesidades financieras por 38.900 millones de pesos y las fuentes también son de 38.900 millones de pesos. Además, tiene el supuesto de que las Letras de Tesorería van a tener lo que se llama un roll over, es decir que se las van a renovar en un ciento por ciento. Los demás son aspectos de los desembolsos del Fondo, los bonos domésticos y los REPO.
Quiero aclarar un tema que es meramente operativo. La planilla que originalmente se envió al Congreso, en la parte de fuentes y aplicaciones financieras, tenía un error de imputaciones. Esa planilla fue corregida. Lo que figura en la página del Ministerio de Hacienda, y supongo que también en el Congreso, es la página corregida. En nuestro informe señalamos cuál es la diferencia respecto de lo que estaba en la planilla original. Se trata de un tema de imputación bajo la línea de algunos tipos de REPO donde había un error que fue corregido. Nuestro tema es basarnos en una información. Si luego la información va cambiando, entonces haremos otros informes. Nuestra información proviene del proyecto de presupuesto que se presentó el día 17 de septiembre.
Finalmente, quiero hacer referencia al tema del articulado. Es una parte muy importante del informe.
La legislación y la normativa jurídica argentina -lo puedo decir desde un punto de vista personal- tienen una particularidad. Se modifica un artículo, deroga una ley, incorpora otra norma, pero de la lectura simple del articulado de las leyes no surge cuál es el contenido de las disposiciones. Hay que hacer referencia a otras leyes, reglamentos y resoluciones.
Hemos logrado entender todos los artículos contenidos en este proyecto. Tiene 133 artículos, de los cuales hay 77 artículos nuevos -el 58 por ciento-, 45 artículos que se mantienen -34 por ciento- y 11 artículos que se modifican en relación al presupuesto aprobado en el año 2018.
El tema del articulado es complejo y es fundamental para analizar. Casi la mitad de nuestro informe está dedicado a definir cuál es el contenido de cada uno de esos artículos.
Les pido que se fijen en los capítulos que contienen el articulado. Esto no es nuevo, pero a nuestro entender se ha incrementado en este año.
El Capítulo I tiene como título "Del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional". Y los siguientes son "De las normas sobre gastos", "De las normas sobre recursos", "De los cupos fiscales", "De la cancelación de deudas de origen previsional". ¿Esto es presupuestario? Sí. En última instancia, todo tiene expresión presupuestaria, pero la deuda del sistema previsional tiene otra normativa. Luego están los capítulos "De las jubilaciones y pensiones", "De las operaciones de crédito público", "De los fondos fiduciarios" y su aprobación, "De los contratos de participación público privada" -¿es presupuestario?-, "De la política y administración tributarias", "Del programa de vivienda social" y "Otras disposiciones".
Este es un tema que se viene repitiendo desde que se planteó la Ley de Administración Financiera.
De acuerdo a nuestro análisis, hay 47 artículos -de los 133 que componen este proyecto- que no corresponden al presupuesto sino a otras leyes.
El artículo 20 de la Ley de Administración Financiera dice textualmente: "Las disposiciones generales..." -o sea, el articulado de la ley de presupuesto- "...constituyen las normas complementarias de la presente ley que regirán para cada ejercicio presupuestario". Esta es una primera característica; es decir, el articulado de la ley de presupuesto sólo rige para el ejercicio que va del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año y no son normas permanentes. Sigue diciendo: "Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos".
Desde que se sancionó la Ley de Administración Financiera -año 1992- se han ido incorporando sucesivamente disposiciones que no corresponden. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro régimen jurídico, todas las leyes tienen el mismo valor. No hay, como en otros países, tres tipos de normas legales: la Constitución, leyes orgánicas que requieren mayorías especiales para su cambio y leyes comunes. Entonces, una ley puede modificar a otra.
A través de la ley de presupuesto se ha ido modificando un conjunto de normas. La pregunta es: si termina el 31 de diciembre, ¿qué es lo que sucede con esa norma? Se incluyen normalmente disposiciones, que también se hace este año, para que un conjunto de artículos pasen a formar parte de la ley complementaria permanente de presupuesto. Se trata de una ley sancionada en la década del 30 con el objeto de incorporar normas que van más allá de un ejercicio presupuestario.
Reitero: se están planteando una serie de modificaciones, que no ocurre solo en este proyecto. Lo novedoso de esta iniciativa es el tema tributario que hasta ahora no había sido incluido. El asunto de la participación público-privada ya viene del año anterior.
Creo que es central despejar cualquier duda sobre qué es lo que consideramos que debería figurar en una ley de presupuesto y qué es lo que debería ser objeto de revisión de otras normas legales.
A continuación trataré cada uno los artículos específicamente. El informe que tienen en su poder, que lo subimos en nuestra página web hoy por la mañana, cuenta con información de cada uno de estos temas. Nosotros no hemos analizado todos los artículos de la iniciativa en tratamiento, sino que sólo estudiamos los nuevos artículos y los que se han modificado. Los artículos que siguen vigentes que ya fueron analizados y aprobados por el Congreso, los vamos a estudiar, pero no forman parte de este informe. Haremos un estudio en profundidad de todo el articulado del proyecto de ley, pero no para el tratamiento del presupuesto 2019, sino como un criterio de depuración normativa que consideramos imprescindible.
Esto es lo que contiene en términos generales el proyecto de ley de presupuesto para el año 2019. Reitero, en pocos días someteremos a consideración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados este informe. De acuerdo a la ley, cualquier informe que produzca nuestra oficina deberá estar publicado en la página web. En principio serán tres informes: el de gasto social -es el que está más adelantado-, el del plan de inversiones públicas y el de los subsidios.
Esta situación es inédita aquí, porque en otros países en los que cuentan con esta oficina ya existe esta experiencia pero, en nuestro caso, es la primera vez que una oficina del Congreso está dando informaciones.
Por lo tanto, tenemos que plantearnos sobre la base de qué estamos brindando esa información. El programa financiero está en el proyecto de ley de presupuesto. Todo lo que hoy estamos presentando fue realizado sobre la base del proyecto de ley de presupuesto presentado el 17 de septiembre. Lógicamente, en la medida en que se produzcan cambios, realizaremos otros informes. Reitero que este es el primer informe vinculado con lo que se presentó el 17 de septiembre.
Para sintetizar, en el programa financiero están previstas necesidades financieras por 38.900 millones de pesos y las fuentes también son de 38.900 millones de pesos. Además, tiene el supuesto de que las Letras de Tesorería van a tener lo que se llama un roll over, es decir que se las van a renovar en un ciento por ciento. Los demás son aspectos de los desembolsos del Fondo, los bonos domésticos y los REPO.
Quiero aclarar un tema que es meramente operativo. La planilla que originalmente se envió al Congreso, en la parte de fuentes y aplicaciones financieras, tenía un error de imputaciones. Esa planilla fue corregida. Lo que figura en la página del Ministerio de Hacienda, y supongo que también en el Congreso, es la página corregida. En nuestro informe señalamos cuál es la diferencia respecto de lo que estaba en la planilla original. Se trata de un tema de imputación bajo la línea de algunos tipos de REPO donde había un error que fue corregido. Nuestro tema es basarnos en una información. Si luego la información va cambiando, entonces haremos otros informes. Nuestra información proviene del proyecto de presupuesto que se presentó el día 17 de septiembre.
Finalmente, quiero hacer referencia al tema del articulado. Es una parte muy importante del informe.
La legislación y la normativa jurídica argentina -lo puedo decir desde un punto de vista personal- tienen una particularidad. Se modifica un artículo, deroga una ley, incorpora otra norma, pero de la lectura simple del articulado de las leyes no surge cuál es el contenido de las disposiciones. Hay que hacer referencia a otras leyes, reglamentos y resoluciones.
Hemos logrado entender todos los artículos contenidos en este proyecto. Tiene 133 artículos, de los cuales hay 77 artículos nuevos -el 58 por ciento-, 45 artículos que se mantienen -34 por ciento- y 11 artículos que se modifican en relación al presupuesto aprobado en el año 2018.
El tema del articulado es complejo y es fundamental para analizar. Casi la mitad de nuestro informe está dedicado a definir cuál es el contenido de cada uno de esos artículos.
Les pido que se fijen en los capítulos que contienen el articulado. Esto no es nuevo, pero a nuestro entender se ha incrementado en este año.
El Capítulo I tiene como título "Del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional". Y los siguientes son "De las normas sobre gastos", "De las normas sobre recursos", "De los cupos fiscales", "De la cancelación de deudas de origen previsional". ¿Esto es presupuestario? Sí. En última instancia, todo tiene expresión presupuestaria, pero la deuda del sistema previsional tiene otra normativa. Luego están los capítulos "De las jubilaciones y pensiones", "De las operaciones de crédito público", "De los fondos fiduciarios" y su aprobación, "De los contratos de participación público privada" -¿es presupuestario?-, "De la política y administración tributarias", "Del programa de vivienda social" y "Otras disposiciones".
Este es un tema que se viene repitiendo desde que se planteó la Ley de Administración Financiera.
De acuerdo a nuestro análisis, hay 47 artículos -de los 133 que componen este proyecto- que no corresponden al presupuesto sino a otras leyes.
El artículo 20 de la Ley de Administración Financiera dice textualmente: "Las disposiciones generales..." -o sea, el articulado de la ley de presupuesto- "...constituyen las normas complementarias de la presente ley que regirán para cada ejercicio presupuestario". Esta es una primera característica; es decir, el articulado de la ley de presupuesto sólo rige para el ejercicio que va del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año y no son normas permanentes. Sigue diciendo: "Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos".
Desde que se sancionó la Ley de Administración Financiera -año 1992- se han ido incorporando sucesivamente disposiciones que no corresponden. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro régimen jurídico, todas las leyes tienen el mismo valor. No hay, como en otros países, tres tipos de normas legales: la Constitución, leyes orgánicas que requieren mayorías especiales para su cambio y leyes comunes. Entonces, una ley puede modificar a otra.
A través de la ley de presupuesto se ha ido modificando un conjunto de normas. La pregunta es: si termina el 31 de diciembre, ¿qué es lo que sucede con esa norma? Se incluyen normalmente disposiciones, que también se hace este año, para que un conjunto de artículos pasen a formar parte de la ley complementaria permanente de presupuesto. Se trata de una ley sancionada en la década del 30 con el objeto de incorporar normas que van más allá de un ejercicio presupuestario.
Reitero: se están planteando una serie de modificaciones, que no ocurre solo en este proyecto. Lo novedoso de esta iniciativa es el tema tributario que hasta ahora no había sido incluido. El asunto de la participación público-privada ya viene del año anterior.
Creo que es central despejar cualquier duda sobre qué es lo que consideramos que debería figurar en una ley de presupuesto y qué es lo que debería ser objeto de revisión de otras normas legales.
A continuación trataré cada uno los artículos específicamente. El informe que tienen en su poder, que lo subimos en nuestra página web hoy por la mañana, cuenta con información de cada uno de estos temas. Nosotros no hemos analizado todos los artículos de la iniciativa en tratamiento, sino que sólo estudiamos los nuevos artículos y los que se han modificado. Los artículos que siguen vigentes que ya fueron analizados y aprobados por el Congreso, los vamos a estudiar, pero no forman parte de este informe. Haremos un estudio en profundidad de todo el articulado del proyecto de ley, pero no para el tratamiento del presupuesto 2019, sino como un criterio de depuración normativa que consideramos imprescindible.
Esto es lo que contiene en términos generales el proyecto de ley de presupuesto para el año 2019. Reitero, en pocos días someteremos a consideración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados este informe. De acuerdo a la ley, cualquier informe que produzca nuestra oficina deberá estar publicado en la página web. En principio serán tres informes: el de gasto social -es el que está más adelantado-, el del plan de inversiones públicas y el de los subsidios.
SR. PRESIDENTE LASPINA Luego de haber escuchado la introducción realizada por el señor Marcos Makon, abrimos la ronda de preguntas. Se encuentran anotados en la lista oradores, entre otros, los diputados Bossio, Vallone, Frana y Lavagna.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: quiero agradecer a la Oficina de Presupuesto y a su titular por el informe que nos han brindado. Es un nuevo instituto que evidentemente nos permite sacar conclusiones que en principio son preliminares, que las analizaremos en el marco del informe que presentó y tendremos que compartir con el resto de los diputados. Lo cierto es que este informe pretende ser una opinión independiente del Congreso de la Nación. Luego cada uno hará la valoración política de esas opiniones. Igualmente hay elementos que son contundentes.
Haré un pedido formal con respecto al análisis macroeconómico. El señor Makon hizo una cuenta de sensibilidad sobre cómo mejoraría el superávit primario si aumentara el tipo de cambio; solicito si puede estimar cómo quedaría esa mejora al restarle el aumento de la deuda. Este tema lo introduzco porque tal como bien dijo el invitado este presupuesto fue presentado con anterioridad a la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea que fue presentado previamente a un cambio de política monetaria. Como fracasaron con las metas de inflación -como dijo el flamante presidente del Banco Central- y fracasaron con las expectativas inflacionarias que tenía el presidente Macri y su equipo, cambiaron la política monetaria que ahora toma en cuenta la cantidad de dinero, y modificaron la política cambiaria que ya no es administrada sino que incluye una zona de flotación -como llamó ayer el presidente del Banco Central- o una banda amplia o una banda ancha.
Además, tiene previsto una devaluación del 3 por ciento diario promedio mensual, con lo cual, si uno hace ese pequeño análisis la banda superior llega a fin de este año a 48,65 cuando el tipo de cambio promedio previsto en el presupuesto para el 2019 es de 40,1.
Con lo cual, tomando las palabras del doctor Makon, me parece que deberíamos hacer ese análisis de sensibilidad aunque está puesto en el presupuesto y es un avance de la oficina del Ministerio de Hacienda.
Pero vuelvo a reiterar la importancia de que venga a esta comisión el presidente del Banco Central. Lo vuelvo a decir porque no es neutral la política monetaria en la economía argentina. No es que no pasa nada si el tipo de cambio se mueve en la Argentina, no es que no pase nada con la inflación, con la tasa de interés y no es que no pasa nada con la actividad económica. Hay un cambio de política monetaria, y además hay una excepcionalidad en este año: desde abril hasta la fecha hay corridas bancarias y pérdidas de reservas del Banco Central. Además, hay una tutela por parte del FMI que va marcando la política monetaria y qué se puede hacer o no con los dólares disponibles.
Por estas razones, señor presidente, reitero que tiene que venir el presidente del Banco Central y explicarnos si el tipo de cambio va a ser 40 a 1 o va a ser un tipo de cambio distinto que cambie las proyecciones, tal como lo decía el doctor Makon.
Me parece que es importante porque las cosas se pueden cambiar y no sería la primera vez. El Poder Ejecutivo puede cambiar el proyecto de ley presentado. De hecho, firmaron un acuerdo con el FMI que fracasó, no lo cumplieron y lo cambiaron; con lo cual, se puede cambiar. Estoy hablando de esto porque cambian los recursos del Estado, y si cambian los recursos del Estado, cambian las disponibilidades.
Entonces, me quiero centrar no solamente en la invitación al presidente del Banco Central, sino en la necesidad de que la Oficina de Presupuesto del Congreso haga un análisis de sensibilidad de cuánto impactan las metas superiores e inferiores que ha planteado el presidente del Banco Central en la posible recaudación del año que viene.
Si tenemos más certezas de con qué recursos vamos a contar, es mucho más fácil discutir el presupuesto: recaudación y gastos. Porque como ponen en la nota al pie -a la que el diputado Massot me hacía referencia-, es cierto que aumentan los ingresos, pero también aumentan los gastos vía intereses de la deuda. Entonces, me parece que ese neto lo tenemos que calcular.
Celebro que podamos hacer un análisis del articulado. No hay que ser hipócritas, porque es cierto que quien tuvo responsabilidad de gobierno sabe que se necesitan artículos en el presupuesto para gobernar, no lo vamos a desconocer y dimos esa discusión incluso en otros años. Si hay herramientas que se requieren para la agilidad del gobierno, nosotros estamos dispuestos a discutirlas, no hay ningún problema, no vamos a ser hipócritas. Siempre hubo en el presupuesto nacional normas que no eran transitorias. Me parece que este año hay muchas más normas que no son transitorias. Me parece que este año hay normas que evidentemente, en materia tributaria, en materia de penalidades fiscales y en materia aduanera, requieren otro tipo de discusión.
Hay otro dato que no coincide con lo que nosotros vemos en la planilla y que llama novedad la Oficina de Presupuesto, que son las rentas del FGS. En algún momento quiero discutir el tema con mayor profundidad y saber si se pueden usar o no y cuáles son los límites. Porque si es como dijo el ministro Dujovne que se pueden usar porque es la ley, ¿por qué ponen un artículo en el presupuesto? No pongamos nada en el presupuesto y se usan. Y si quieren ponerlo en el presupuesto, ¿cuánto es? ¿Son 223.000 millones neto de lo que se le paga al Estado? Porque en esa planilla de la ANSES no aparecen 223.000 millones, como se hizo referencia, aparecen 74.000 millones.
Esta es una exigencia del FMI, vamos a ser sinceros. Es la primera vez, desde que se estatizó el sistema de seguridad social, que se utilizará parte de los intereses de los fondos del FGS, porque esos intereses siempre se capitalizaron.
Los procedimientos normativos de utilización de esos recursos son estrictos. Los decretos firmados por la administración anterior y por la propia administración de Macri, que los ratifico, son restrictivos, no son para usarlos como nada. Está claro que en algún momento se pueden utilizar porque puede haber una emergencia. Así fue concebida la ley.
La ley de reparación histórica incorporó ciertas cuestiones pero también con límites y me parece que tenemos que tener el detalle. ¿Se trata de 223.000 millones? ¿Son 74.000 millones? ¿Es neto de qué? ¿Hay un límite presupuestario a la utilización de esos recursos en el marco de los recursos de capital con los que puede contar la ANSES?
Quiero tener una discusión mucho más profunda, porque sepamos que ese fondo se va achicar, no solamente por los vaivenes de la economía, sino porque no se recapitaliza. Me parece que tenemos que ser cuidadosos, porque son recursos de capital con los que cuenta el Estado.
Finalmente, quiero mencionar la parte de la Ley de Administración Financiera sobre la que nos debemos una discusión. La Ley de Administración Financiera establece que no se pueden incorporar muchas normas que no sean transitorias, que es lo que se nos explicó recién. Hay normas sobre las cuales, evidentemente, tenemos que trabajar en esta comisión.
Lo que no entiendo -y no sé si nos pueden dar una explicación- es cómo computan en el presupuesto las planillas del Programa de Participación Pública Privada y los cierres financieros de ese tipo de instrumentos, porque evidentemente quizás requieran de otro tipo de normativa o de una ley aparte.
Independientemente del instrumento financiero que autoricemos o no en términos de financiamiento, hay en la planilla de PPP obras por 72.000 millones de dólares. ¿Eso es o no un pasivo contingente? ¿Es o no un compromiso futuro del Estado? ¿Cuándo se activa ese compromiso futuro del Estado? ¿En qué línea lo tenemos que incorporar? Independientemente del proceso de adjudicación, si tiene financiamiento privado o no, etcétera, esa es otra discusión.
Me refiero a que los paga el Estado. No vemos que haya recursos privados para repagar eso. Si los paga el Estado y vamos a incorporar 72.000 millones de nueva deuda, me parece que tenemos que estar muy atentos a este tipo de cuestiones.
Vamos a leer el informe y seguramente vamos a tener más dudas al respecto, pero lo que rescato de esta oficina es que puso en cuestionamiento los parámetros centrales de un presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo; y es esta Cámara -que puede ser en conjunto con el Poder Ejecutivo- quien puede revisar esos parámetros.
Las condiciones en la Argentina cambiaron día a día, minuto a minuto, pero cambiaron con respecto a la presentación del presupuesto. Hay un nuevo acuerdo con el FMI que tendrá que venir explicar el ministro Dujovne y hay una nueva política monetaria que -reitero- no es que no genera ningún cambio en la actividad económica.
La autoridad monetaria de la Argentina, el Banco Central de la República Argentina -no "Banco Central"-, tiene responsabilidades con el Congreso en materia constitucional, tiene responsabilidades de designación por parte del Senado de la Nación. Por ello, es importante que se presente ante esta comisión y explique cuál es la política monetaria respecto de la tasa de interés, de la inflación y del tipo de cambio. Eso no es neutral para saber que con qué recursos cuenta el presupuesto.
Muchas gracias, señor presidente, y esperamos que se puedan canalizar estas preguntas informales. Luego, formalizaremos algunas otras.
Haré un pedido formal con respecto al análisis macroeconómico. El señor Makon hizo una cuenta de sensibilidad sobre cómo mejoraría el superávit primario si aumentara el tipo de cambio; solicito si puede estimar cómo quedaría esa mejora al restarle el aumento de la deuda. Este tema lo introduzco porque tal como bien dijo el invitado este presupuesto fue presentado con anterioridad a la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea que fue presentado previamente a un cambio de política monetaria. Como fracasaron con las metas de inflación -como dijo el flamante presidente del Banco Central- y fracasaron con las expectativas inflacionarias que tenía el presidente Macri y su equipo, cambiaron la política monetaria que ahora toma en cuenta la cantidad de dinero, y modificaron la política cambiaria que ya no es administrada sino que incluye una zona de flotación -como llamó ayer el presidente del Banco Central- o una banda amplia o una banda ancha.
Además, tiene previsto una devaluación del 3 por ciento diario promedio mensual, con lo cual, si uno hace ese pequeño análisis la banda superior llega a fin de este año a 48,65 cuando el tipo de cambio promedio previsto en el presupuesto para el 2019 es de 40,1.
Con lo cual, tomando las palabras del doctor Makon, me parece que deberíamos hacer ese análisis de sensibilidad aunque está puesto en el presupuesto y es un avance de la oficina del Ministerio de Hacienda.
Pero vuelvo a reiterar la importancia de que venga a esta comisión el presidente del Banco Central. Lo vuelvo a decir porque no es neutral la política monetaria en la economía argentina. No es que no pasa nada si el tipo de cambio se mueve en la Argentina, no es que no pase nada con la inflación, con la tasa de interés y no es que no pasa nada con la actividad económica. Hay un cambio de política monetaria, y además hay una excepcionalidad en este año: desde abril hasta la fecha hay corridas bancarias y pérdidas de reservas del Banco Central. Además, hay una tutela por parte del FMI que va marcando la política monetaria y qué se puede hacer o no con los dólares disponibles.
Por estas razones, señor presidente, reitero que tiene que venir el presidente del Banco Central y explicarnos si el tipo de cambio va a ser 40 a 1 o va a ser un tipo de cambio distinto que cambie las proyecciones, tal como lo decía el doctor Makon.
Me parece que es importante porque las cosas se pueden cambiar y no sería la primera vez. El Poder Ejecutivo puede cambiar el proyecto de ley presentado. De hecho, firmaron un acuerdo con el FMI que fracasó, no lo cumplieron y lo cambiaron; con lo cual, se puede cambiar. Estoy hablando de esto porque cambian los recursos del Estado, y si cambian los recursos del Estado, cambian las disponibilidades.
Entonces, me quiero centrar no solamente en la invitación al presidente del Banco Central, sino en la necesidad de que la Oficina de Presupuesto del Congreso haga un análisis de sensibilidad de cuánto impactan las metas superiores e inferiores que ha planteado el presidente del Banco Central en la posible recaudación del año que viene.
Si tenemos más certezas de con qué recursos vamos a contar, es mucho más fácil discutir el presupuesto: recaudación y gastos. Porque como ponen en la nota al pie -a la que el diputado Massot me hacía referencia-, es cierto que aumentan los ingresos, pero también aumentan los gastos vía intereses de la deuda. Entonces, me parece que ese neto lo tenemos que calcular.
Celebro que podamos hacer un análisis del articulado. No hay que ser hipócritas, porque es cierto que quien tuvo responsabilidad de gobierno sabe que se necesitan artículos en el presupuesto para gobernar, no lo vamos a desconocer y dimos esa discusión incluso en otros años. Si hay herramientas que se requieren para la agilidad del gobierno, nosotros estamos dispuestos a discutirlas, no hay ningún problema, no vamos a ser hipócritas. Siempre hubo en el presupuesto nacional normas que no eran transitorias. Me parece que este año hay muchas más normas que no son transitorias. Me parece que este año hay normas que evidentemente, en materia tributaria, en materia de penalidades fiscales y en materia aduanera, requieren otro tipo de discusión.
Hay otro dato que no coincide con lo que nosotros vemos en la planilla y que llama novedad la Oficina de Presupuesto, que son las rentas del FGS. En algún momento quiero discutir el tema con mayor profundidad y saber si se pueden usar o no y cuáles son los límites. Porque si es como dijo el ministro Dujovne que se pueden usar porque es la ley, ¿por qué ponen un artículo en el presupuesto? No pongamos nada en el presupuesto y se usan. Y si quieren ponerlo en el presupuesto, ¿cuánto es? ¿Son 223.000 millones neto de lo que se le paga al Estado? Porque en esa planilla de la ANSES no aparecen 223.000 millones, como se hizo referencia, aparecen 74.000 millones.
Esta es una exigencia del FMI, vamos a ser sinceros. Es la primera vez, desde que se estatizó el sistema de seguridad social, que se utilizará parte de los intereses de los fondos del FGS, porque esos intereses siempre se capitalizaron.
Los procedimientos normativos de utilización de esos recursos son estrictos. Los decretos firmados por la administración anterior y por la propia administración de Macri, que los ratifico, son restrictivos, no son para usarlos como nada. Está claro que en algún momento se pueden utilizar porque puede haber una emergencia. Así fue concebida la ley.
La ley de reparación histórica incorporó ciertas cuestiones pero también con límites y me parece que tenemos que tener el detalle. ¿Se trata de 223.000 millones? ¿Son 74.000 millones? ¿Es neto de qué? ¿Hay un límite presupuestario a la utilización de esos recursos en el marco de los recursos de capital con los que puede contar la ANSES?
Quiero tener una discusión mucho más profunda, porque sepamos que ese fondo se va achicar, no solamente por los vaivenes de la economía, sino porque no se recapitaliza. Me parece que tenemos que ser cuidadosos, porque son recursos de capital con los que cuenta el Estado.
Finalmente, quiero mencionar la parte de la Ley de Administración Financiera sobre la que nos debemos una discusión. La Ley de Administración Financiera establece que no se pueden incorporar muchas normas que no sean transitorias, que es lo que se nos explicó recién. Hay normas sobre las cuales, evidentemente, tenemos que trabajar en esta comisión.
Lo que no entiendo -y no sé si nos pueden dar una explicación- es cómo computan en el presupuesto las planillas del Programa de Participación Pública Privada y los cierres financieros de ese tipo de instrumentos, porque evidentemente quizás requieran de otro tipo de normativa o de una ley aparte.
Independientemente del instrumento financiero que autoricemos o no en términos de financiamiento, hay en la planilla de PPP obras por 72.000 millones de dólares. ¿Eso es o no un pasivo contingente? ¿Es o no un compromiso futuro del Estado? ¿Cuándo se activa ese compromiso futuro del Estado? ¿En qué línea lo tenemos que incorporar? Independientemente del proceso de adjudicación, si tiene financiamiento privado o no, etcétera, esa es otra discusión.
Me refiero a que los paga el Estado. No vemos que haya recursos privados para repagar eso. Si los paga el Estado y vamos a incorporar 72.000 millones de nueva deuda, me parece que tenemos que estar muy atentos a este tipo de cuestiones.
Vamos a leer el informe y seguramente vamos a tener más dudas al respecto, pero lo que rescato de esta oficina es que puso en cuestionamiento los parámetros centrales de un presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo; y es esta Cámara -que puede ser en conjunto con el Poder Ejecutivo- quien puede revisar esos parámetros.
Las condiciones en la Argentina cambiaron día a día, minuto a minuto, pero cambiaron con respecto a la presentación del presupuesto. Hay un nuevo acuerdo con el FMI que tendrá que venir explicar el ministro Dujovne y hay una nueva política monetaria que -reitero- no es que no genera ningún cambio en la actividad económica.
La autoridad monetaria de la Argentina, el Banco Central de la República Argentina -no "Banco Central"-, tiene responsabilidades con el Congreso en materia constitucional, tiene responsabilidades de designación por parte del Senado de la Nación. Por ello, es importante que se presente ante esta comisión y explique cuál es la política monetaria respecto de la tasa de interés, de la inflación y del tipo de cambio. Eso no es neutral para saber que con qué recursos cuenta el presupuesto.
Muchas gracias, señor presidente, y esperamos que se puedan canalizar estas preguntas informales. Luego, formalizaremos algunas otras.
SR. PRESIDENTE LASPINA Puedo aclarar lo relativo al FGS. Esto ya fue explicado por el secretario Pena, pero me remito a ello. Tiene que ver con una cuestión contable de imputación de la forma en la cual se va a usar el FGS de acuerdo a lo que se estableció en la ley de reparación histórica. Concretamente, se mencionaba que uno debía agotar los recursos del impuesto especial y luego utilizar el FGS para pagar los cargos de la reparación histórica una vez agotado el impuesto especial. Más allá de que no daba una prelación, quedó implícito que la prelación era gastar el impuesto especial y después, en todo caso, utilizar los fondos del FGS.
Desde el punto de vista formal, lo que se hace es imputar contablemente esos fondos del FGS por arriba de la línea. Esto tiene que ver con una aclaración contable que se introduce. Ese 0,4 por ciento de ingreso por arriba de la línea responde básicamente al siguiente concepto. Cuando se estatizaron los fondos de pensiones, equivalían a 8 puntos del producto y no tuvieron ninguna registración contable. Lo mismo sucedió con los pasivos contingentes futuros que se registraron. Desde el punto de vista de la contabilidad pública, eso hubiera sido lo más prolijo.
Ahora, uno cuenta con los pasivos, entre ellos la reparación histórica -que es parte de nuestro sistema jubilatorio de reparto- y no tiene forma de imputar el ingreso de activos que tuvimos en su momento cuando fueron estatizados.
Lo que se acordó -tal como lo señaló el señor diputado Bossio, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional- es permitirle al gobierno, en la medida que vaya utilizando el FGS para cumplir con la ley de reparación histórica, que dichos recursos puedan ser contabilizados como un ingreso arriba de la línea.
¿Por qué el valor es del 0,4 por ciento? Porque se permitió que estos ocho puntos del PBI se ingresen y se amorticen a la contabilidad pública en veinte años. Eso da 0,4 por ciento del PIB por año de contabilizar como ingresos aquellos activos -que se incorporaron en su momento- para pagar pasivos que también fueron introducidos en su momento.
¿Cuál sería la consecuencia práctica de no avalar ese cambio contable? Para tener el presupuesto primario equilibrado deberíamos recortar un 0,4 por ciento más del PIB.
Desde el punto de vista financiero es equivalente. El FGS es el gran prestamista del Tesoro nacional desde hace mucho tiempo. Hay una relación paradójica entre la ANSES y la Tesorería. Concretamente, la Tesorería le financia el déficit enorme que tiene el ANSES, pero a su vez el FGS refinancia al propio Tesoro inicialmente con activos líquidos. Ahora es refinanciamiento de deuda que va venciendo. Al inicio había menos títulos públicos. Durante toda la historia del FGS podemos hablar de una renovación de títulos públicos. En la medida en que uno va utilizando esas rentas del FGS para ponerlas como ingresos por arriba de la línea, son menos recursos que tiene el FGS pero, al mismo tiempo, van a obligar al gobierno a financiar esa diferencia en los mercados, con el Fondo y con otras fuentes de recursos.
En definitiva, es un cambio neutral desde el punto de vista del programa financiero; desde el punto de vista de las metas de superávit primario no es neutral. Si elimináramos este cambio contable, a fin de tener el presupuesto equilibrado deberíamos tener 0,4 por ciento del PIB más de impuestos o menos de gastos.
El punto clave es entender que esto está en línea con la ley de reparación histórica que se aprobó. O sea, la utilización del FGS.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
Desde el punto de vista formal, lo que se hace es imputar contablemente esos fondos del FGS por arriba de la línea. Esto tiene que ver con una aclaración contable que se introduce. Ese 0,4 por ciento de ingreso por arriba de la línea responde básicamente al siguiente concepto. Cuando se estatizaron los fondos de pensiones, equivalían a 8 puntos del producto y no tuvieron ninguna registración contable. Lo mismo sucedió con los pasivos contingentes futuros que se registraron. Desde el punto de vista de la contabilidad pública, eso hubiera sido lo más prolijo.
Ahora, uno cuenta con los pasivos, entre ellos la reparación histórica -que es parte de nuestro sistema jubilatorio de reparto- y no tiene forma de imputar el ingreso de activos que tuvimos en su momento cuando fueron estatizados.
Lo que se acordó -tal como lo señaló el señor diputado Bossio, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional- es permitirle al gobierno, en la medida que vaya utilizando el FGS para cumplir con la ley de reparación histórica, que dichos recursos puedan ser contabilizados como un ingreso arriba de la línea.
¿Por qué el valor es del 0,4 por ciento? Porque se permitió que estos ocho puntos del PBI se ingresen y se amorticen a la contabilidad pública en veinte años. Eso da 0,4 por ciento del PIB por año de contabilizar como ingresos aquellos activos -que se incorporaron en su momento- para pagar pasivos que también fueron introducidos en su momento.
¿Cuál sería la consecuencia práctica de no avalar ese cambio contable? Para tener el presupuesto primario equilibrado deberíamos recortar un 0,4 por ciento más del PIB.
Desde el punto de vista financiero es equivalente. El FGS es el gran prestamista del Tesoro nacional desde hace mucho tiempo. Hay una relación paradójica entre la ANSES y la Tesorería. Concretamente, la Tesorería le financia el déficit enorme que tiene el ANSES, pero a su vez el FGS refinancia al propio Tesoro inicialmente con activos líquidos. Ahora es refinanciamiento de deuda que va venciendo. Al inicio había menos títulos públicos. Durante toda la historia del FGS podemos hablar de una renovación de títulos públicos. En la medida en que uno va utilizando esas rentas del FGS para ponerlas como ingresos por arriba de la línea, son menos recursos que tiene el FGS pero, al mismo tiempo, van a obligar al gobierno a financiar esa diferencia en los mercados, con el Fondo y con otras fuentes de recursos.
En definitiva, es un cambio neutral desde el punto de vista del programa financiero; desde el punto de vista de las metas de superávit primario no es neutral. Si elimináramos este cambio contable, a fin de tener el presupuesto equilibrado deberíamos tener 0,4 por ciento del PIB más de impuestos o menos de gastos.
El punto clave es entender que esto está en línea con la ley de reparación histórica que se aprobó. O sea, la utilización del FGS.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO No quiero entrar en un debate. Si quiere, la cuestión contable la describimos. La descripción y el caminito parecen muy prolijos. Pero acá se discute otra cosa. Estoy preguntando algo muy concreto. ¿Cuántas son las rentas del FGS pensando en el año 2019 que están imputadas dentro de los recursos de capital en el programa de ANSES? Esa es la pregunta que le estoy haciendo al doctor Makon.
El segundo punto es una discusión política.
Históricamente los intereses y el producido de las ganancias -de dividendos, de intereses del capital, de dividendos de acciones, de intereses de obligaciones negociables, de dividendos de valores representativos de deuda y de todos los activos financieros que tiene la ANSES- siempre se capitalizaron, nunca se utilizaron. La novedad es que esos fondos se utilizarán contable y financieramente. Es una discusión política. La pregunta es si queremos o no utilizar esos fondos. Si, como dice el bloque oficialista, la ley de reparación histórica habilita la utilización de esos fondos, ¿por qué tenemos que innovar con esta iniciativa? Usen esos fondos y listo. Si ya está prevista la utilización de esos fondos en otra norma, úsenlos. Yo creo que la historia es distinta. No quiero discutir cómo se computa, podemos hacerlo después.
Ahora, quiero saber si el valor previsto de las rentas que se van a utilizar y no capitalizar del FGS es del 0,4 por ciento caprichoso del FMI para que cierren las cuentas, o efectivamente es para pagar la reparación histórica. ¿Cuánto cuesta la reparación histórica en 2019? Tal vez sólo representa el 0,2 por ciento en lugar del 0,4 por ciento. La pregunta es muy simple. Luego haremos las valoraciones del caso.
El segundo punto es una discusión política.
Históricamente los intereses y el producido de las ganancias -de dividendos, de intereses del capital, de dividendos de acciones, de intereses de obligaciones negociables, de dividendos de valores representativos de deuda y de todos los activos financieros que tiene la ANSES- siempre se capitalizaron, nunca se utilizaron. La novedad es que esos fondos se utilizarán contable y financieramente. Es una discusión política. La pregunta es si queremos o no utilizar esos fondos. Si, como dice el bloque oficialista, la ley de reparación histórica habilita la utilización de esos fondos, ¿por qué tenemos que innovar con esta iniciativa? Usen esos fondos y listo. Si ya está prevista la utilización de esos fondos en otra norma, úsenlos. Yo creo que la historia es distinta. No quiero discutir cómo se computa, podemos hacerlo después.
Ahora, quiero saber si el valor previsto de las rentas que se van a utilizar y no capitalizar del FGS es del 0,4 por ciento caprichoso del FMI para que cierren las cuentas, o efectivamente es para pagar la reparación histórica. ¿Cuánto cuesta la reparación histórica en 2019? Tal vez sólo representa el 0,2 por ciento en lugar del 0,4 por ciento. La pregunta es muy simple. Luego haremos las valoraciones del caso.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Massot.
SR. MASSOT Señor presidente: quiero agregar algo a la consulta formulada por el señor diputado Bossio. Comparto que este tema lo debemos entender todos. Pido una licencia porque para formular la pregunta haré una afirmación que tiene que ver con la manera en que lo entiendo, y en todo caso quiero saber si estoy en lo correcto o estoy equivocado.
Por medio de uno de los artículos de la ley de reparación histórica que se votó hace un par de años, primero, autorizamos la recaudación de los impuestos del blanqueo para afectarlos específicamente al gasto mencionado. Y, segundo, esto es algo que no quedó tan claro en la iniciativa pero creo que sí en el espíritu de la norma, se presentó un orden de prelación que básicamente estipulaba que en el momento en que se hubieran consumido todos los recursos producidos por el blanqueo de capitales se autorizaba, o sea que ya tiene fuerza de ley, la utilización del producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De manera que es cierto que la autorización para la utilización de esos fondos no está en este proyecto sino en la ley anterior.
Ahora bien, por medio de un artículo de esta iniciativa incorporamos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad la renta producida por el impuesto al blanqueo, que como no se utilizó en un solo día, tuvo aplicaciones financieras que no estaban contabilizadas en la anterior ley.
A través de otro artículo -esto creo que es contable-, se trabaja sobre aquello que ya estábamos autorizados a utilizar: el producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El secretario Pena nos dijo que, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, en el mes de abril se había consumido el ciento por ciento del producido del blanqueo en los pagos de la reparación histórica y, por lo tanto, deberíamos imputar al menos ocho meses del producido del FGS ya autorizado. Este segundo artículo nos habilita a registrar contablemente como ingresos -por arriba de la línea- esos gastos para los cuales ya teníamos autorización para utilizar.
Me parece importante aclarar si lo que he mencionado es correcto. En definitiva, lo único en lo que innova este proyecto de presupuesto es en la contabilización de los fondos que ya teníamos autorización para utilizar hace dos años.
Por medio de uno de los artículos de la ley de reparación histórica que se votó hace un par de años, primero, autorizamos la recaudación de los impuestos del blanqueo para afectarlos específicamente al gasto mencionado. Y, segundo, esto es algo que no quedó tan claro en la iniciativa pero creo que sí en el espíritu de la norma, se presentó un orden de prelación que básicamente estipulaba que en el momento en que se hubieran consumido todos los recursos producidos por el blanqueo de capitales se autorizaba, o sea que ya tiene fuerza de ley, la utilización del producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De manera que es cierto que la autorización para la utilización de esos fondos no está en este proyecto sino en la ley anterior.
Ahora bien, por medio de un artículo de esta iniciativa incorporamos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad la renta producida por el impuesto al blanqueo, que como no se utilizó en un solo día, tuvo aplicaciones financieras que no estaban contabilizadas en la anterior ley.
A través de otro artículo -esto creo que es contable-, se trabaja sobre aquello que ya estábamos autorizados a utilizar: el producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El secretario Pena nos dijo que, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, en el mes de abril se había consumido el ciento por ciento del producido del blanqueo en los pagos de la reparación histórica y, por lo tanto, deberíamos imputar al menos ocho meses del producido del FGS ya autorizado. Este segundo artículo nos habilita a registrar contablemente como ingresos -por arriba de la línea- esos gastos para los cuales ya teníamos autorización para utilizar.
Me parece importante aclarar si lo que he mencionado es correcto. En definitiva, lo único en lo que innova este proyecto de presupuesto es en la contabilización de los fondos que ya teníamos autorización para utilizar hace dos años.
SR. MAKON Con el tema del análisis de sensibilidad, efectivamente vamos a hacer un estudio. Primero vamos a investigar bien la metodología que se está utilizando, y en función de eso, en un próximo informe, vamos a hacer un estudio de cómo serían desde el punto de vista cuantitativo las modificaciones de las variables en un 1 por ciento o en equis porcentaje.
Con respecto al tema de PPP, nosotros tenemos previsto, dentro del plan de trabajo aprobado por la comisión supervisora, un estudio sobre los riesgos contingentes que se puedan originar por los PPP. Ese estudio está en proceso de elaboración, hemos tenido reuniones con autoridades de Hacienda y también vamos a solicitar una reunión con la comisión bicameral que trata el tema de PPP para tener información. En los próximos meses vamos a finalizar un estudio iniciado sobre el análisis de riesgo de la sostenibilidad de la obra pública.
Efectivamente, como usted dice, en el artículo 66 de la ley se aprueba la planilla anexa. Esa planilla anexa contiene una proyección de 72.900 millones de dólares para los próximos 30 años de endeudamiento. Efectivamente es necesario estudiar en profundidad esa planilla, porque si es una planilla presupuestaria tiene características particulares. Porque, por ejemplo, la planilla tradicional de compromisos para ejercicios futuros, que viene de la Ley de Administración Financiera, significa que son compromisos futuros en función de contratos vigentes que van a impactar. O sea, son compromisos y deudas que se pueden generar en el futuro. Ese es el concepto que está en la Ley de Administración Financiera.
Esta planilla anexa está en el marco de otra ley, pero está en el articulado de la ley de presupuesto. Entonces, habrá que hacer un análisis para ver si realmente esa planilla anexa son pasivos contingentes o son pasivos reales del Estado; es un tema que tenemos que trabajar e investigar.
Con respecto al tema de PPP, nosotros tenemos previsto, dentro del plan de trabajo aprobado por la comisión supervisora, un estudio sobre los riesgos contingentes que se puedan originar por los PPP. Ese estudio está en proceso de elaboración, hemos tenido reuniones con autoridades de Hacienda y también vamos a solicitar una reunión con la comisión bicameral que trata el tema de PPP para tener información. En los próximos meses vamos a finalizar un estudio iniciado sobre el análisis de riesgo de la sostenibilidad de la obra pública.
Efectivamente, como usted dice, en el artículo 66 de la ley se aprueba la planilla anexa. Esa planilla anexa contiene una proyección de 72.900 millones de dólares para los próximos 30 años de endeudamiento. Efectivamente es necesario estudiar en profundidad esa planilla, porque si es una planilla presupuestaria tiene características particulares. Porque, por ejemplo, la planilla tradicional de compromisos para ejercicios futuros, que viene de la Ley de Administración Financiera, significa que son compromisos futuros en función de contratos vigentes que van a impactar. O sea, son compromisos y deudas que se pueden generar en el futuro. Ese es el concepto que está en la Ley de Administración Financiera.
Esta planilla anexa está en el marco de otra ley, pero está en el articulado de la ley de presupuesto. Entonces, habrá que hacer un análisis para ver si realmente esa planilla anexa son pasivos contingentes o son pasivos reales del Estado; es un tema que tenemos que trabajar e investigar.
SR. GIOJA ¿Usted qué opina?
SR. MAKON No conozco el tema de PPP. Sinceramente todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Lo que está claro es que lo que está en el presupuesto es una obligación presupuestaria.
SR. BOSSIO Si es una obligación presupuestaria es un pasivo.
SR. MAKON Si es una obligación presupuestaria es un pasivo, efectivamente. Hay que ver la figura, y eso viene de la Ley de Administración Financiera, porque está la figura de los avales. Hay una planilla de aprobación de avales, pero no es deuda, es un pasivo contingente. Si se cae la deuda avalada, se transforma en deuda para el Estado. Es una planilla que está como anexo a la ley de presupuesto, y que en ese caso es un pasivo contingente. Está expresamente señalado. Los avales se transforman en pasivos cuando quien tiene que pagarlos no los paga y los paga el avalista, que sería el Estado. Entonces, habría que estudiar en profundidad ese tema.
SR. PRESIDENTE LASPINA Hago una aclaración al respecto.
El año pasado, además de aprobar la ley de PPP, y en ocasión de la aprobación de la ley de presupuesto, aprobamos justamente las autorizaciones al gobierno para comprometer recursos futuros en distintos contratos.
En nuestra contabilidad, y eso ocurre en la mayoría de los países que utilizan el sistema de PPP, estos compromisos futuros, asociados a cánones o a lo que sea de los contratos de PPP, no figuran dentro de la contabilización de la deuda pública tradicional porque refieren a otros conceptos.
No conformes con eso, cuando discutimos la ley de PPP introdujimos una cláusula que taxativamente decía que esos compromisos futuros no podían superar 7 puntos del PBI en materia de pasivos contingentes futuros. Es el mismo régimen que tiene Perú y otros países donde este sistema funciona muy bien. Precisamente para no crear pasivos contingentes excesivos que estuvieran fuera del radar del Congreso.
¿Con esto qué quiero decir? La planilla que está hoy en el presupuesto replica la del año pasado -que se había fijado en pesos, pero ahora se fija en dólares- y sigue los lineamientos establecidos en la ley de PPP, de acuerdo con los topes que tiene que revisar la bicameral de PPP en cuanto a no exceder los compromisos futuros que asuma el Estado nacional en los proyectos de participación público privada.
Quiero aclarar que esto no es nada nuevo, que no hayamos visto ni que esté fuera de la ley. Se trata de una continuidad de lo que venimos votando desde la ley de PPP para acá. Ojalá que se utilicen esos fondos, porque básicamente significará que las rutas, los caminos, los puentes, el puente Chaco-Corrientes y tantas cosas que se quieren hacer por PPP, estarán funcionando para los argentinos.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
El año pasado, además de aprobar la ley de PPP, y en ocasión de la aprobación de la ley de presupuesto, aprobamos justamente las autorizaciones al gobierno para comprometer recursos futuros en distintos contratos.
En nuestra contabilidad, y eso ocurre en la mayoría de los países que utilizan el sistema de PPP, estos compromisos futuros, asociados a cánones o a lo que sea de los contratos de PPP, no figuran dentro de la contabilización de la deuda pública tradicional porque refieren a otros conceptos.
No conformes con eso, cuando discutimos la ley de PPP introdujimos una cláusula que taxativamente decía que esos compromisos futuros no podían superar 7 puntos del PBI en materia de pasivos contingentes futuros. Es el mismo régimen que tiene Perú y otros países donde este sistema funciona muy bien. Precisamente para no crear pasivos contingentes excesivos que estuvieran fuera del radar del Congreso.
¿Con esto qué quiero decir? La planilla que está hoy en el presupuesto replica la del año pasado -que se había fijado en pesos, pero ahora se fija en dólares- y sigue los lineamientos establecidos en la ley de PPP, de acuerdo con los topes que tiene que revisar la bicameral de PPP en cuanto a no exceder los compromisos futuros que asuma el Estado nacional en los proyectos de participación público privada.
Quiero aclarar que esto no es nada nuevo, que no hayamos visto ni que esté fuera de la ley. Se trata de una continuidad de lo que venimos votando desde la ley de PPP para acá. Ojalá que se utilicen esos fondos, porque básicamente significará que las rutas, los caminos, los puentes, el puente Chaco-Corrientes y tantas cosas que se quieren hacer por PPP, estarán funcionando para los argentinos.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: en la ley de PPP no discutimos si era deuda pública o no. Lo relativo a la deuda pública se puso en el presupuesto del año pasado, donde explícitamente había un artículo que establecía que lo asumido por PPP no es deuda pública. Eso va en contra de lo que dice el Fondo Monetario Internacional porque señala que todo lo que tenga que ver con PPP es deuda pública. Entonces, creo que hay que tener esto en consideración con el tema de sustentabilidad de deuda, al que después me referiré pero quería hacer esa aclaración ahora.
Respecto de los PPP, el régimen se fue corrigiendo. Considero que con las actuales incorporaciones en este proyecto de presupuesto se termina de desvirtuar totalmente el régimen de PPP, y encima queda el contingente de deuda. A ello se suma que había que incorporar una planilla específica en el proyecto de presupuesto donde se pudiera contabilizar y se pudiese comprobar que no se pasaba el 7 por ciento. Eso no se cumplió el año pasado y este año en la planilla no termina de quedar claro tampoco.
Respecto de los PPP, el régimen se fue corrigiendo. Considero que con las actuales incorporaciones en este proyecto de presupuesto se termina de desvirtuar totalmente el régimen de PPP, y encima queda el contingente de deuda. A ello se suma que había que incorporar una planilla específica en el proyecto de presupuesto donde se pudiera contabilizar y se pudiese comprobar que no se pasaba el 7 por ciento. Eso no se cumplió el año pasado y este año en la planilla no termina de quedar claro tampoco.
SR. PRESIDENTE LASPINA Es esta planilla.
SR. MAKON Señor presidente: le solicito que permita que el contador Walter Agosto haga uso de la palabra para realizar una aclaración sobre el tema de PPP, y después continuaré con otras cuestiones.
SR. AGOSTO Está claro que este mecanismo, que de alguna manera es novedoso para nuestro país, no está terminado de reglamentar.
En mi opinión, es cierto que, hoy por hoy, como está la legislación, tal como decía el señor diputado Lavagna, estas obligaciones no constituyen deuda pública, pero también es cierto que no hay definido un esquema de contabilización alternativo basado en un concepto de prudencia fiscal.
Nosotros tenemos que tener en cuenta que el objetivo de este tipo de Programas de Participación Público Privada, desde el punto de vista presupuestario es diferir el impacto fiscal. Entonces, es necesario que esas obligaciones futuras estén bien documentadas, cualquiera sea el mecanismo que finalmente el Congreso termine resolviendo. La experiencia internacional nos muestra que hay algunos inconvenientes precisamente por la falta de contabilización adecuada.
En mi opinión, es cierto que, hoy por hoy, como está la legislación, tal como decía el señor diputado Lavagna, estas obligaciones no constituyen deuda pública, pero también es cierto que no hay definido un esquema de contabilización alternativo basado en un concepto de prudencia fiscal.
Nosotros tenemos que tener en cuenta que el objetivo de este tipo de Programas de Participación Público Privada, desde el punto de vista presupuestario es diferir el impacto fiscal. Entonces, es necesario que esas obligaciones futuras estén bien documentadas, cualquiera sea el mecanismo que finalmente el Congreso termine resolviendo. La experiencia internacional nos muestra que hay algunos inconvenientes precisamente por la falta de contabilización adecuada.
SR. MAKON Para finalizar este tema quiero mencionar el tema del articulado donde hay un capítulo referido a los fondos fiduciarios y su aprobación.
El fondo fiduciario de PPP, que está creado en el presupuesto 2018, no está incluido en la planilla anexa de aprobación de fondo fiduciario. Por ello, al no estar incluido, eso significa que no entró en operación.
Es decir, de acuerdo con la norma legal financiera, los flujos de los fondos fiduciarios tienen que ser aprobados por el Congreso a nivel global. En este sentido, existe un capítulo y varios artículos vinculados con los fondos fiduciarios. En ese listado de fondos fiduciarios hay cuatro fondos -uno de ellos aprobado por el Congreso en leyes anteriores- que no está incluido en su presupuesto de flujos, entre ellos, el de PPP.
El fondo fiduciario de PPP, que está creado en el presupuesto 2018, no está incluido en la planilla anexa de aprobación de fondo fiduciario. Por ello, al no estar incluido, eso significa que no entró en operación.
Es decir, de acuerdo con la norma legal financiera, los flujos de los fondos fiduciarios tienen que ser aprobados por el Congreso a nivel global. En este sentido, existe un capítulo y varios artículos vinculados con los fondos fiduciarios. En ese listado de fondos fiduciarios hay cuatro fondos -uno de ellos aprobado por el Congreso en leyes anteriores- que no está incluido en su presupuesto de flujos, entre ellos, el de PPP.
SR. BOSSIO Estamos hablando del blanqueo, que no es lo mismo.
SR. GUBERMAN Ese es el análisis que hicimos. Estimamos que los números son similares. Entablamos conversaciones con la Secretaría de Hacienda para terminar de definir a qué corresponde el ítem o si lo que se incorpora a la planilla es otro concepto.
SR. PRESIDENTE LASPINA La Presidencia saluda y agradece la presencia a la senadora Mirkin y al senador Bullrich, vicepresidente y presidente respectivamente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores.
Interpreto que se considera como un recurso de capital a ciertos ingresos que estén asociados justamente a activos que en su momento no se contabilizaron como ingresos al presupuesto, por ejemplo, los fondos de las AFJP. Se trata de un activo que se está utilizando en este caso a los fines que indica la ley de reparación histórica y no de otra ley marco. Por eso me parece que no está mal contabilizarlos como recursos de capital y no como una renta corriente o algo distinto.
Tiene la palabra el señor diputado Vallone.
Interpreto que se considera como un recurso de capital a ciertos ingresos que estén asociados justamente a activos que en su momento no se contabilizaron como ingresos al presupuesto, por ejemplo, los fondos de las AFJP. Se trata de un activo que se está utilizando en este caso a los fines que indica la ley de reparación histórica y no de otra ley marco. Por eso me parece que no está mal contabilizarlos como recursos de capital y no como una renta corriente o algo distinto.
Tiene la palabra el señor diputado Vallone.
SR. VALLONE Señor presidente: coincido con los aspectos técnicos mencionados por el señor diputado Bossio. También quiero destacar como positiva la presentación realizada por la Oficina de Presupuesto de la Cámara que, sin lugar a dudas, generará un aporte técnico muy interesante a fin de analizar un proyecto de ley de presupuesto sobre el cual yo hoy quiero fijar posición.
Me parece que en este escenario dinámico y volátil, tal como lo mencionó el propio Makon hace instantes, seguir discutiendo los términos técnicos del presupuesto es una sinrazón, no tiene sentido.
Ayer el ministro Dujovne firmó en Estados Unidos un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ampliándolo a 57.100 millones de dólares -13.400 millones los recibirán en 2018 y 22.800 millones en 2019- por medio del cual se adelantan los fondos previstos para 2020 y 2021. Por supuesto, el acuerdo salva a este gobierno y le permite administrar el default, pero endeuda profundamente al próximo gobierno. El ministro de Hacienda también planteó que estos fondos logrados ayer podrán usarlos como soporte presupuestario. Si sucede esto, sin lugar a dudas, el presupuesto será modificado. Por todo esto considero que debatir esta iniciativa es una sinrazón.
Ayer en una conferencia de prensa el presidente del Banco Central planteó que el dólar se movería en una banda ancha entre 34 y 44 pesos, que tampoco está en sintonía con lo que plantea el presupuesto que estamos debatiendo. Además, indicó que no habría intervención de parte de la entidad a su cargo mientras la divisa se encontrara en la franja mencionada. También entendemos que no habrá más emisión monetaria, lo que tal vez bajará la inflación pero también traerá aparejada una profunda recesión.
En esta Comisión de Presupuesto y Hacienda queremos hablar de los intereses de la deuda, sobre los que no se habla y que representan tres veces lo que tiene previsto invertir en obra pública el presupuesto.
A su vez, queremos hablar de las medidas que impedirán que la inflación supere el 23 por ciento, tal como indica el proyecto de ley de presupuesto para el 2019.
Además, queremos hablar del dólar. En una economía altamente dolarizada como la de nuestro país, es muy importante saber cómo se va a mover esa moneda.
Consideramos que se ha entregado la soberanía económica al Fondo Monetario Internacional y que no podemos seguir discutiendo en esta comisión si antes no viene el presidente del Banco Central recientemente designado.
Hace dos días que estamos planteando esto, también lo han hecho los diputados Bossio, Lavagna, Rossi y nosotros desde el bloque Unidad Justicialista. Aquí tengo la nota que certifica que hemos pedido formalmente a la comisión la presencia del nuevo presidente del Banco Central para poder seguir avanzando con pautas y metas ciertas en este presupuesto 2019.
No voy a hacer preguntas, porque creo que no tiene sentido hacerlas. Voy a proponer formalmente frenar el debate de esta comisión, hasta tanto venga el presidente del Banco Central y podamos conocer las metas reales para avanzar en un presupuesto real.
Me parece que en este escenario dinámico y volátil, tal como lo mencionó el propio Makon hace instantes, seguir discutiendo los términos técnicos del presupuesto es una sinrazón, no tiene sentido.
Ayer el ministro Dujovne firmó en Estados Unidos un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ampliándolo a 57.100 millones de dólares -13.400 millones los recibirán en 2018 y 22.800 millones en 2019- por medio del cual se adelantan los fondos previstos para 2020 y 2021. Por supuesto, el acuerdo salva a este gobierno y le permite administrar el default, pero endeuda profundamente al próximo gobierno. El ministro de Hacienda también planteó que estos fondos logrados ayer podrán usarlos como soporte presupuestario. Si sucede esto, sin lugar a dudas, el presupuesto será modificado. Por todo esto considero que debatir esta iniciativa es una sinrazón.
Ayer en una conferencia de prensa el presidente del Banco Central planteó que el dólar se movería en una banda ancha entre 34 y 44 pesos, que tampoco está en sintonía con lo que plantea el presupuesto que estamos debatiendo. Además, indicó que no habría intervención de parte de la entidad a su cargo mientras la divisa se encontrara en la franja mencionada. También entendemos que no habrá más emisión monetaria, lo que tal vez bajará la inflación pero también traerá aparejada una profunda recesión.
En esta Comisión de Presupuesto y Hacienda queremos hablar de los intereses de la deuda, sobre los que no se habla y que representan tres veces lo que tiene previsto invertir en obra pública el presupuesto.
A su vez, queremos hablar de las medidas que impedirán que la inflación supere el 23 por ciento, tal como indica el proyecto de ley de presupuesto para el 2019.
Además, queremos hablar del dólar. En una economía altamente dolarizada como la de nuestro país, es muy importante saber cómo se va a mover esa moneda.
Consideramos que se ha entregado la soberanía económica al Fondo Monetario Internacional y que no podemos seguir discutiendo en esta comisión si antes no viene el presidente del Banco Central recientemente designado.
Hace dos días que estamos planteando esto, también lo han hecho los diputados Bossio, Lavagna, Rossi y nosotros desde el bloque Unidad Justicialista. Aquí tengo la nota que certifica que hemos pedido formalmente a la comisión la presencia del nuevo presidente del Banco Central para poder seguir avanzando con pautas y metas ciertas en este presupuesto 2019.
No voy a hacer preguntas, porque creo que no tiene sentido hacerlas. Voy a proponer formalmente frenar el debate de esta comisión, hasta tanto venga el presidente del Banco Central y podamos conocer las metas reales para avanzar en un presupuesto real.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.
SR. CASTAGNETO Señor presidente: primero quiero felicitar al doctor Makon, que ha podido analizar un presupuesto totalmente inconsistente, y como bien lo dijo, le costó mucho poder definir algunos aspectos.
Considero que estamos tratando un presupuesto irreal. Apenas aprobamos el presupuesto 2018, se cambiaron las metas de inflación. Antes de llegar a tratar el presupuesto para este año ya no tiene validez, dado que estábamos hablando de un dólar a 40 pesos para fin del año que viene, y ayer el presidente del Banco Central habló de una oscilación entre 34 y 44 pesos. Además, en la hoja 133 del presupuesto se habla del fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, aguas limpias y saneamiento, pero no dice nada de la fuga de los 54.916 millones de dólares que hubo en los últimos años. Tampoco dice nada respecto de la disminución de todos los programas sociales y de salud y educación.
También, como decía Makon, hay muchos artículos que cambian la Ley de Administración Financiera. Hoy iba a venir el funcionario Bausilli a explicar un poco el artículo 53, que modifica al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, con el que creo que ninguno de nosotros estamos de acuerdo.
Por estas razones, estoy de acuerdo con el diputado preopinante en que se pare la discusión de este presupuesto. No sólo hasta que venga el presidente del Banco Central, sino también propongo que vengan los distintos sectores afectados por este presupuesto, llámense cooperativas -que las están incluyendo en el impuesto a las ganancias-, llámense cámaras de Defensa del Consumidor y otras cámaras, además de municipios y gobernadores por el fondo sojero.
Por lo tanto, ya que este presupuesto que entregaron y estamos debatiendo no tiene ninguna validez, y para no perder tiempo en el debate y escuchar la voz de los perjudicados, sería bueno planificar para las próximas reuniones de comisión que vengan los que realmente serán damnificados por este mal presupuesto.
Considero que estamos tratando un presupuesto irreal. Apenas aprobamos el presupuesto 2018, se cambiaron las metas de inflación. Antes de llegar a tratar el presupuesto para este año ya no tiene validez, dado que estábamos hablando de un dólar a 40 pesos para fin del año que viene, y ayer el presidente del Banco Central habló de una oscilación entre 34 y 44 pesos. Además, en la hoja 133 del presupuesto se habla del fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, aguas limpias y saneamiento, pero no dice nada de la fuga de los 54.916 millones de dólares que hubo en los últimos años. Tampoco dice nada respecto de la disminución de todos los programas sociales y de salud y educación.
También, como decía Makon, hay muchos artículos que cambian la Ley de Administración Financiera. Hoy iba a venir el funcionario Bausilli a explicar un poco el artículo 53, que modifica al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, con el que creo que ninguno de nosotros estamos de acuerdo.
Por estas razones, estoy de acuerdo con el diputado preopinante en que se pare la discusión de este presupuesto. No sólo hasta que venga el presidente del Banco Central, sino también propongo que vengan los distintos sectores afectados por este presupuesto, llámense cooperativas -que las están incluyendo en el impuesto a las ganancias-, llámense cámaras de Defensa del Consumidor y otras cámaras, además de municipios y gobernadores por el fondo sojero.
Por lo tanto, ya que este presupuesto que entregaron y estamos debatiendo no tiene ninguna validez, y para no perder tiempo en el debate y escuchar la voz de los perjudicados, sería bueno planificar para las próximas reuniones de comisión que vengan los que realmente serán damnificados por este mal presupuesto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Señor presidente: agradezco la presencia de la Oficina de Presupuesto. Lo que ustedes hacen es un análisis técnico y después nosotros haremos las evaluaciones políticas.
De todas formas, señor Makon, me gustaría preguntarle, dada su indiscutible experiencia, si usted considera que los supuestos macroeconómicos sobre los cuales se elaboró el presupuesto realmente son sustentables. Es una pregunta que, obviamente, si usted quiere evitar contestarla lo vamos a respetar ya que es una pregunta más política.
En mi listado de preguntas tenía algunas cosas que ya se discutieron. De todas maneras quiero expresar una opinión sobre las respuestas. En lo que se refiere al esquema de participación público privada, ya cuando se debatió la ley nosotros dejamos asentada nuestra opinión de que a lo mejor no respondía a los esquemas habituales de deuda pública, pero claramente era un endeudamiento a futuro para nuestro país que no está registrado. Insistimos sobre este tema, aunque ya escuchamos su respuesta de que iban a analizar la metodología.
Con respecto a que una porción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad forme parte de los recursos de capital -lo dijo claramente el señor presidente la comisión-, hay una necesidad concreta de llegar a un déficit cero y una expectativa de que algún esquema legal respalde esa inclusión dentro del esquema de recursos de capital.
Pido disculpas, porque esta es una reunión teóricamente técnica pero daré una expresión política. A nosotros nos preocupa que, a lo largo de los distintos proyectos de ley de presupuesto para la administración nacional que votó este Parlamento, se viene poniendo en evidencia que se está atentando contra el sistema de reparto.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía un conjunto de normativas que implicaba que fuera una suerte de fondo anticíclico, no un fondo de recursos de capital. Entonces, por la respuesta que recibimos la semana pasada sumando las expresiones que escuchamos hoy, esto nos lleva a volver a plantearnos un tema de fondo: ¿qué va a pasar con el sistema de reparto?
También escuchamos que Rentas Generales financia parte de la ANSES, pero eso está previsto porque muchas de esas normas impositivas -tanto del impuesto a las ganancias como del IVA- implican que parte de esos recursos vayan a la ANSES, o sea que también hay una previsión legal; no es que tienen que ir a subsanar un déficit. Creo que es un debate político que debemos dar en otro lado.
Este proyecto de presupuesto, elaborado de acuerdo con las indicaciones que recibió la Argentina del Fondo Monetario Internacional, requiere un déficit cero, para el cual hubo necesidad de afectar estos fondos como recursos. Es una discusión política, pero claramente está reflejado en las cuestiones técnicas.
Quiero preguntar concretamente, dejando constancia de estas dos situaciones, si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado en el día de ayer, que toma 57.000 millones de dólares de deuda, debe considerarse incluido en la planilla anexa al artículo 40, que tiene autorización de endeudamiento sin especificar por 59.000 millones de dólares.
Otra pregunta que queremos formular es qué razón tiene la suspensión en su totalidad de los artículos 2° y 3° de la ley 24.152, dispuesta en el artículo 18 del proyecto de presupuesto. Algunas de sus disposiciones de administración financiera son razonables y conservan actualidad. Esta suspensión ya se realizó en 2017 y 2018. Queremos saber cuál es su opinión en este sentido.
También quiero preguntar si realicé una correcta interpretación en relación a la referencia realizada al artículo 53, que modifica el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Se trata de una preocupación de todos los sectores porque claramente este artículo, que le posibilita al Poder Ejecutivo renegociar deudas o canjes de deudas en condiciones de mercado, significa que hoy no podamos tener certezas de cuál será a futuro nuestra deuda, porque las condiciones del mercado son variables.
Ayer, mientras se anunciaba desde los Estados Unidos cuál iba a ser el acuerdo con la Argentina, ese mismo día, la tasa de interés subió en los Estados Unidos y claramente eso modifica nuestras condiciones de mercado.
Por eso, si no entendí mal, creo que se cuestionaba este artículo. Me gustaría que si es así, por favor, me lo ratifiquen porque claramente es una preocupación de todos los sectores.
Para finalizar, me quiero referir a la modificación en la redacción del artículo 8° del proyecto de ley de presupuesto para la administración nacional 2019. Allí se establece la autorización al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda, a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la ley de presupuesto, y establecer su distribución en la medida en que ellas sean financiadas con incrementos de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales y/o Estados extranjeros.
La pregunta es si se está evaluando tomar crédito con algún país del hemisferio norte, porque se eliminó el párrafo de ese mismo artículo 8° que estaba el año pasado y que decía "siempre que ellos estén destinados al financiamiento de bienes de capital". Entonces, la pregunta siguiente es: ¿se está pensando en cubrir gastos corrientes con créditos internacionales o de otros países?
De todas formas, señor Makon, me gustaría preguntarle, dada su indiscutible experiencia, si usted considera que los supuestos macroeconómicos sobre los cuales se elaboró el presupuesto realmente son sustentables. Es una pregunta que, obviamente, si usted quiere evitar contestarla lo vamos a respetar ya que es una pregunta más política.
En mi listado de preguntas tenía algunas cosas que ya se discutieron. De todas maneras quiero expresar una opinión sobre las respuestas. En lo que se refiere al esquema de participación público privada, ya cuando se debatió la ley nosotros dejamos asentada nuestra opinión de que a lo mejor no respondía a los esquemas habituales de deuda pública, pero claramente era un endeudamiento a futuro para nuestro país que no está registrado. Insistimos sobre este tema, aunque ya escuchamos su respuesta de que iban a analizar la metodología.
Con respecto a que una porción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad forme parte de los recursos de capital -lo dijo claramente el señor presidente la comisión-, hay una necesidad concreta de llegar a un déficit cero y una expectativa de que algún esquema legal respalde esa inclusión dentro del esquema de recursos de capital.
Pido disculpas, porque esta es una reunión teóricamente técnica pero daré una expresión política. A nosotros nos preocupa que, a lo largo de los distintos proyectos de ley de presupuesto para la administración nacional que votó este Parlamento, se viene poniendo en evidencia que se está atentando contra el sistema de reparto.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía un conjunto de normativas que implicaba que fuera una suerte de fondo anticíclico, no un fondo de recursos de capital. Entonces, por la respuesta que recibimos la semana pasada sumando las expresiones que escuchamos hoy, esto nos lleva a volver a plantearnos un tema de fondo: ¿qué va a pasar con el sistema de reparto?
También escuchamos que Rentas Generales financia parte de la ANSES, pero eso está previsto porque muchas de esas normas impositivas -tanto del impuesto a las ganancias como del IVA- implican que parte de esos recursos vayan a la ANSES, o sea que también hay una previsión legal; no es que tienen que ir a subsanar un déficit. Creo que es un debate político que debemos dar en otro lado.
Este proyecto de presupuesto, elaborado de acuerdo con las indicaciones que recibió la Argentina del Fondo Monetario Internacional, requiere un déficit cero, para el cual hubo necesidad de afectar estos fondos como recursos. Es una discusión política, pero claramente está reflejado en las cuestiones técnicas.
Quiero preguntar concretamente, dejando constancia de estas dos situaciones, si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado en el día de ayer, que toma 57.000 millones de dólares de deuda, debe considerarse incluido en la planilla anexa al artículo 40, que tiene autorización de endeudamiento sin especificar por 59.000 millones de dólares.
Otra pregunta que queremos formular es qué razón tiene la suspensión en su totalidad de los artículos 2° y 3° de la ley 24.152, dispuesta en el artículo 18 del proyecto de presupuesto. Algunas de sus disposiciones de administración financiera son razonables y conservan actualidad. Esta suspensión ya se realizó en 2017 y 2018. Queremos saber cuál es su opinión en este sentido.
También quiero preguntar si realicé una correcta interpretación en relación a la referencia realizada al artículo 53, que modifica el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Se trata de una preocupación de todos los sectores porque claramente este artículo, que le posibilita al Poder Ejecutivo renegociar deudas o canjes de deudas en condiciones de mercado, significa que hoy no podamos tener certezas de cuál será a futuro nuestra deuda, porque las condiciones del mercado son variables.
Ayer, mientras se anunciaba desde los Estados Unidos cuál iba a ser el acuerdo con la Argentina, ese mismo día, la tasa de interés subió en los Estados Unidos y claramente eso modifica nuestras condiciones de mercado.
Por eso, si no entendí mal, creo que se cuestionaba este artículo. Me gustaría que si es así, por favor, me lo ratifiquen porque claramente es una preocupación de todos los sectores.
Para finalizar, me quiero referir a la modificación en la redacción del artículo 8° del proyecto de ley de presupuesto para la administración nacional 2019. Allí se establece la autorización al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda, a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la ley de presupuesto, y establecer su distribución en la medida en que ellas sean financiadas con incrementos de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales y/o Estados extranjeros.
La pregunta es si se está evaluando tomar crédito con algún país del hemisferio norte, porque se eliminó el párrafo de ese mismo artículo 8° que estaba el año pasado y que decía "siempre que ellos estén destinados al financiamiento de bienes de capital". Entonces, la pregunta siguiente es: ¿se está pensando en cubrir gastos corrientes con créditos internacionales o de otros países?
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Álvarez Rodríguez.
SRA. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Señor presidente: quería pedirle si podíamos establecer, en función de las demandas de los distintos bloques, un mecanismo de funcionamiento respecto a las invitaciones que se proponen. Me refiero a convocar al señor presidente del Banco Central, al ministro Dietrich, al director de la ANSES y a los sectores sociales involucrados en este presupuesto -que nosotros creemos que tienen que ser escuchados- tal como lo mencionó hace unos instantes el señor diputado Castagneto. Sería interesante que cada bloque pudiera aportar la presencia de algún representante de estos sectores damnificados por el presupuesto a fin de pueda expresarse en este recinto.
Esto lo digo en función de trascendidos periodísticos que señalan el 24 de octubre como una fecha tentativa para el tratamiento de este proyecto en el recinto. Justamente, en la vocación que vemos en ustedes, pedimos que este no sea un trámite exprés. Solicitamos que se establezca una agenda a fin de que se posibilite la presencia, en esta comisión, de todos esos actores para que los diputados podamos hacerles las consultas pertinentes y, de ese modo, construir una mejor herramienta y con más certidumbre de la que hoy tenemos sobre determinados puntos.
Esto lo digo en función de trascendidos periodísticos que señalan el 24 de octubre como una fecha tentativa para el tratamiento de este proyecto en el recinto. Justamente, en la vocación que vemos en ustedes, pedimos que este no sea un trámite exprés. Solicitamos que se establezca una agenda a fin de que se posibilite la presencia, en esta comisión, de todos esos actores para que los diputados podamos hacerles las consultas pertinentes y, de ese modo, construir una mejor herramienta y con más certidumbre de la que hoy tenemos sobre determinados puntos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Vamos a evaluar el armado de una agenda productiva en función de lo que se necesite. Hablar de sectores damnificados me parece un concepto bastante amplio. Yo no veo que existan sectores damnificados a raíz de este proyecto de presupuesto. Creo que es una definición que habría que discutir.
Respecto de los funcionarios mencionados, trataremos de coordinar una agenda razonable en función de las circunstancias y de los tiempos. Vamos a tratar de consensuarlo entre todos los bloques.
El tema del tiempo dependerá de la voluntad política existente para avanzar o no en esa dirección. Cuando hablo de voluntad política me refiero a la que tiene que ver con las mayorías circunstanciales existentes para avanzar. No tengo mucho para decir al respecto más que seguir trabajando. Por lo pronto, en la próxima reunión contaremos con la presencia del señor secretario de Finanzas, Santiago Bausili. No podrá ser hoy, porque así podemos aprovechar la presencia de los miembros de la Oficina de Presupuesto.
Todo el tiempo estoy recibiendo a sectores que me piden audiencia y no necesito hacerlo públicamente. Si fuera así, en mi caso lo haría dos veces si fuera necesario.
Tiene la palabra el señor diputado Campos.
Respecto de los funcionarios mencionados, trataremos de coordinar una agenda razonable en función de las circunstancias y de los tiempos. Vamos a tratar de consensuarlo entre todos los bloques.
El tema del tiempo dependerá de la voluntad política existente para avanzar o no en esa dirección. Cuando hablo de voluntad política me refiero a la que tiene que ver con las mayorías circunstanciales existentes para avanzar. No tengo mucho para decir al respecto más que seguir trabajando. Por lo pronto, en la próxima reunión contaremos con la presencia del señor secretario de Finanzas, Santiago Bausili. No podrá ser hoy, porque así podemos aprovechar la presencia de los miembros de la Oficina de Presupuesto.
Todo el tiempo estoy recibiendo a sectores que me piden audiencia y no necesito hacerlo públicamente. Si fuera así, en mi caso lo haría dos veces si fuera necesario.
Tiene la palabra el señor diputado Campos.
SR. CAMPOS Señor presidente: evidentemente en el presupuesto puede haber algún sector que se sienta perjudicado. Cuando hay un déficit y se tienen que cortar partidas, eso es ajuste. Pero, si hablamos de perjudicados también debemos referirnos a los beneficiados. En el Congreso siempre estamos mirando quién pierde, pero pocas veces tomamos en cuenta quién gana. Tenemos que visibilizar aquello que el gobierno quiere llevar adelante. Por ejemplo, que se puedan pagar todas las jubilaciones. El presupuesto equilibrado busca dar sustentabilidad a un gasto social enorme. Entonces, si miramos a aquel que pudiese sentirse perjudicado, también debemos hacer hincapié en que un presupuesto equilibrado beneficia a mucha gente. Si no lo hacemos, esa gente sufre mucho.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: ya lo hemos repetido hasta el cansancio, pero parece que a algunos colegas diputados no les queda claro. Estamos ante un proyecto de presupuesto básicamente mentiroso. Desde el primer día que se presentó constituye una gran mentira. Su presentación dependía de quien maneja los destinos de la economía argentina, es decir, el Fondo Monetario Internacional. Y eso lo vimos ayer en el marco de la conferencia de prensa encabezada por la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y a su lado, la estaba asistiendo el ministro de Hacienda de nuestro país, Nicolás Dujovne.
El proyecto de ley de presupuesto para 2019 indica que en la Argentina el valor del dólar al 31 de diciembre será de 38 pesos. Cuando presentaron esta iniciativa, el dólar ya estaba más caro. Si se quiere, era una mirada auspiciosa y optimista porque decía que el dólar al 31 de diciembre costaría 38 pesos.
Ahora, el nuevo presidente del Banco Central dijo ayer que el dólar flotaría en una banda entre 34 y 44 pesos, con un ajuste mensual del 3 por ciento. Hoy estimamos que si todo sale bien, el dólar al 31 de diciembre costará 48 pesos. El presupuesto fija una inflación promedio del 36 por ciento para el próximo año, y una final de 23 por ciento. Bajo ningún punto de vista, ni con una lente liberal ortodoxa o liberal heterodoxa o marxista, nadie entiende cómo llegan a los números que plantea este presupuesto mentiroso.
Por eso decimos que tienen que estar aquí los sectores sociales afectados. Por más que se logre el déficit cero, no habrá gente beneficiada. Por más que cobren las jubilaciones en tiempo y forma, con la devaluación y la inflación galopante imperante, esa persona recibirá menos dinero porque solo le alcanzará para comprar menos cosas. Estamos discutiendo sobre una situación muy pero muy dolorosa para el conjunto del pueblo argentino.
Ayer -creo que algunos diputados lo habrán visto- se encadenaron en la puerta algunos enfermos de HIV porque la partida presupuestaria para sus medicamentos -todos sabemos lo que eso significa- se reduce en forma nominal de manera espantosa. Esto significa que a los precios actuales 15.000 personas infectadas con HIV el año que viene no tendrán su medicación; esto es igual a una condena a muerte. Hoy se harán presentes en esta Cámara los bomberos voluntarios. Ayer estuvieron los excombatientes de Malvinas y también vendrán los representantes del movimiento obrero y de los movimientos sociales. No vienen aquí porque no tengan otra cosa que hacer, sino porque a claras luces -coincido con el señor diputado preopinante en este aspecto- este presupuesto tiene muy pocos beneficiarios: aquellos a los que ayer se les garantizó que durante 2018 y 2019 se llevarán el dinero, o sea, los acreedores extranjeros que nos prestaron los 100.000 millones de dólares en los cuales ustedes nos endeudaron. El resto, los 40 millones de argentinos, perdemos. Esta es la gravedad de lo que estamos discutiendo. Los funcionarios de este gobierno se ponen contentos y bailan en Nueva York junto a Christine...
-Manifestaciones en la sala.
El proyecto de ley de presupuesto para 2019 indica que en la Argentina el valor del dólar al 31 de diciembre será de 38 pesos. Cuando presentaron esta iniciativa, el dólar ya estaba más caro. Si se quiere, era una mirada auspiciosa y optimista porque decía que el dólar al 31 de diciembre costaría 38 pesos.
Ahora, el nuevo presidente del Banco Central dijo ayer que el dólar flotaría en una banda entre 34 y 44 pesos, con un ajuste mensual del 3 por ciento. Hoy estimamos que si todo sale bien, el dólar al 31 de diciembre costará 48 pesos. El presupuesto fija una inflación promedio del 36 por ciento para el próximo año, y una final de 23 por ciento. Bajo ningún punto de vista, ni con una lente liberal ortodoxa o liberal heterodoxa o marxista, nadie entiende cómo llegan a los números que plantea este presupuesto mentiroso.
Por eso decimos que tienen que estar aquí los sectores sociales afectados. Por más que se logre el déficit cero, no habrá gente beneficiada. Por más que cobren las jubilaciones en tiempo y forma, con la devaluación y la inflación galopante imperante, esa persona recibirá menos dinero porque solo le alcanzará para comprar menos cosas. Estamos discutiendo sobre una situación muy pero muy dolorosa para el conjunto del pueblo argentino.
Ayer -creo que algunos diputados lo habrán visto- se encadenaron en la puerta algunos enfermos de HIV porque la partida presupuestaria para sus medicamentos -todos sabemos lo que eso significa- se reduce en forma nominal de manera espantosa. Esto significa que a los precios actuales 15.000 personas infectadas con HIV el año que viene no tendrán su medicación; esto es igual a una condena a muerte. Hoy se harán presentes en esta Cámara los bomberos voluntarios. Ayer estuvieron los excombatientes de Malvinas y también vendrán los representantes del movimiento obrero y de los movimientos sociales. No vienen aquí porque no tengan otra cosa que hacer, sino porque a claras luces -coincido con el señor diputado preopinante en este aspecto- este presupuesto tiene muy pocos beneficiarios: aquellos a los que ayer se les garantizó que durante 2018 y 2019 se llevarán el dinero, o sea, los acreedores extranjeros que nos prestaron los 100.000 millones de dólares en los cuales ustedes nos endeudaron. El resto, los 40 millones de argentinos, perdemos. Esta es la gravedad de lo que estamos discutiendo. Los funcionarios de este gobierno se ponen contentos y bailan en Nueva York junto a Christine...
-Manifestaciones en la sala.
SR. GRANA No, con Cristina no bailan, porque a ella la quieren meter presa nada más.
Lo que está ocurriendo en este presupuesto es una barbaridad. No sólo hay que traer al nuevo presidente del Banco Central, sino que hay que abrir este presupuesto y discutirlo profundamente. En estas condiciones esta iniciativa es invotable, porque los diputados y las diputadas que lo voten se convertirán en cómplices del terrible ajuste en el que nos están metiendo gracias a dos años y medio de impericia e insensibilidad en el manejo de la cosa pública.
Independientemente de que nosotros atendamos a las partes, debo decir que nosotros tenemos responsabilidades colectivas. Como comisión y cuerpo debemos indicar qué opinamos sobre lo que está sucediendo. Algunos pensamos de una manera y otros de una diferente, pero no podemos discutir este presupuesto a puertas cerradas con el Congreso militarizado, como lo han hecho cada vez que se hizo presente un funcionario. La gente no quiere venir a matar funcionarios, quiere venir a discutir y a exponer sus problemas, y el Congreso está haciendo oídos sordos.
Por lo tanto, lo invito a que reflexionemos, y que en el marco de la comisión, replanteemos el funcionamiento de la discusión de este presupuesto. Porque de esta manera, lo único que vamos a estar haciendo es generar que el día que estemos votando este presupuesto, haya cientos de miles de personas afuera que se van a querer hacer escuchar porque no fueron atendidas y escuchadas. (Aplausos.)
Lo que está ocurriendo en este presupuesto es una barbaridad. No sólo hay que traer al nuevo presidente del Banco Central, sino que hay que abrir este presupuesto y discutirlo profundamente. En estas condiciones esta iniciativa es invotable, porque los diputados y las diputadas que lo voten se convertirán en cómplices del terrible ajuste en el que nos están metiendo gracias a dos años y medio de impericia e insensibilidad en el manejo de la cosa pública.
Independientemente de que nosotros atendamos a las partes, debo decir que nosotros tenemos responsabilidades colectivas. Como comisión y cuerpo debemos indicar qué opinamos sobre lo que está sucediendo. Algunos pensamos de una manera y otros de una diferente, pero no podemos discutir este presupuesto a puertas cerradas con el Congreso militarizado, como lo han hecho cada vez que se hizo presente un funcionario. La gente no quiere venir a matar funcionarios, quiere venir a discutir y a exponer sus problemas, y el Congreso está haciendo oídos sordos.
Por lo tanto, lo invito a que reflexionemos, y que en el marco de la comisión, replanteemos el funcionamiento de la discusión de este presupuesto. Porque de esta manera, lo único que vamos a estar haciendo es generar que el día que estemos votando este presupuesto, haya cientos de miles de personas afuera que se van a querer hacer escuchar porque no fueron atendidas y escuchadas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Suárez Lastra.
SR. SUÁREZ LASTRA Señor presidente: quiero hacer una observación a través de la Presidencia y dirigida a los colegas, lamentando no haber participado de toda la reunión producto de que la agenda de funcionamiento este Congreso -a veces inapropiada-, nos obliga a asistir a distintas reuniones simultáneas, lo cual hizo que varios de los miembros de esta comisión no pudiéramos estar presentes en una reunión de tanto interés como esta.
Me parece que de alguna forma estamos desperdiciando una experiencia interesante al momento de presentarse el equipo de trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso en su debut en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, realizando el primer análisis de un presupuesto elaborado por un instituto público del Congreso de la Nación destinado a dotar de mejores herramientas a los diputados para ejercer nuestra función.
En vez de profundizar sobre los aspectos específicos que nos convocan a ver el objetivo de la reunión y el objetivo del instituto, que es el análisis del presupuesto, se está desarrollando una serie de discursos de carácter político, que tienen una caracterización absolutamente legítima y por supuesto digna de ser presentada en la oportunidad que sea conveniente, de la mirada que hay sobre los contenidos generales de la política del gobierno, que de alguna forma se reflejan en el presupuesto. Pero estamos desaprovechando una experiencia legislativa inédita que estamos estrenando, que es la interacción entre los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y los funcionarios técnicos que nos ayudan a desentrañar el carácter de la presentación efectuada en el presupuesto, para lo cual se plantea este instituto que todos hemos considerado como un avance.
Simplemente quería hacer esta reflexión, volviendo a pedir disculpas. Tengo la mejor impresión de la primera línea de la presentación y se me hubieran ocurrido algunas preguntas sobre algunos de los análisis que se hicieron, sobre cuál es la capacidad de proyección hacia adelante de los factores de corrección sobre las variaciones del presupuesto y cómo impactarían si fueran incrementales, porque no lo tengo en claro. Son temas que me parece que serían de interés para poder evaluar cuáles son las disonancias que pueden generarse a partir de las diferencias entre lo presupuestado y la realidad del desarrollo económico. Preguntas que tengan que ver con las inquietudes que podamos tener en relación con la presentación que se está haciendo.
No quiero coartar el ejercicio de la palabra de nadie, ni lo que cualquiera pueda decir con relación a la reunión, pero pido que por favor procuremos defender un instituto abocándonos a un debate que tenga que ver con el objetivo de la reunión de hoy, que es escuchar lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso hace con relación al presupuesto y sacarnos todas las dudas que tengamos con relación a este tema. Son de mucho interés las consideraciones políticas generales sobre la vigencia del imperialismo en el mundo y el dominio del Fondo Monetario Internacional sobre la autonomía de la voluntad de los distintos pueblos. Creo que no es el tema que tenemos que tratar hoy porque estamos desperdiciando el ejercicio de trabajo sobre una herramienta eficaz y valiosa del Congreso.
Me parece que de alguna forma estamos desperdiciando una experiencia interesante al momento de presentarse el equipo de trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso en su debut en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, realizando el primer análisis de un presupuesto elaborado por un instituto público del Congreso de la Nación destinado a dotar de mejores herramientas a los diputados para ejercer nuestra función.
En vez de profundizar sobre los aspectos específicos que nos convocan a ver el objetivo de la reunión y el objetivo del instituto, que es el análisis del presupuesto, se está desarrollando una serie de discursos de carácter político, que tienen una caracterización absolutamente legítima y por supuesto digna de ser presentada en la oportunidad que sea conveniente, de la mirada que hay sobre los contenidos generales de la política del gobierno, que de alguna forma se reflejan en el presupuesto. Pero estamos desaprovechando una experiencia legislativa inédita que estamos estrenando, que es la interacción entre los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y los funcionarios técnicos que nos ayudan a desentrañar el carácter de la presentación efectuada en el presupuesto, para lo cual se plantea este instituto que todos hemos considerado como un avance.
Simplemente quería hacer esta reflexión, volviendo a pedir disculpas. Tengo la mejor impresión de la primera línea de la presentación y se me hubieran ocurrido algunas preguntas sobre algunos de los análisis que se hicieron, sobre cuál es la capacidad de proyección hacia adelante de los factores de corrección sobre las variaciones del presupuesto y cómo impactarían si fueran incrementales, porque no lo tengo en claro. Son temas que me parece que serían de interés para poder evaluar cuáles son las disonancias que pueden generarse a partir de las diferencias entre lo presupuestado y la realidad del desarrollo económico. Preguntas que tengan que ver con las inquietudes que podamos tener en relación con la presentación que se está haciendo.
No quiero coartar el ejercicio de la palabra de nadie, ni lo que cualquiera pueda decir con relación a la reunión, pero pido que por favor procuremos defender un instituto abocándonos a un debate que tenga que ver con el objetivo de la reunión de hoy, que es escuchar lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso hace con relación al presupuesto y sacarnos todas las dudas que tengamos con relación a este tema. Son de mucho interés las consideraciones políticas generales sobre la vigencia del imperialismo en el mundo y el dominio del Fondo Monetario Internacional sobre la autonomía de la voluntad de los distintos pueblos. Creo que no es el tema que tenemos que tratar hoy porque estamos desperdiciando el ejercicio de trabajo sobre una herramienta eficaz y valiosa del Congreso.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Makon, que va a responder algunas preguntas técnicas que fueron realizadas.
SR. MAKON En relación a las preguntas realizadas por la señora diputada Frana, le digo que el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera -es un tema que va a su pregunta pero también va hacia otras preguntas- dice que todo endeudamiento que contraiga el Poder Ejecutivo tiene que ir al Congreso para su aprobación, pero en el último párrafo dice que se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente -o sea, enviar para la aprobación del Congreso la planilla anexa- a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte.
Entonces, los préstamos de organismos internacionales se tienen que incorporar al presupuesto, aumentan el financiamiento, pero no tiene que ir en la planilla anexa para la aprobación del Congreso de acuerdo con lo establecido por la ley 24.156.
Respecto a la suspensión de los artículos 1° y 2° de la ley 25.152 -que es una norma precursora de los años 90 respecto de responsabilidad fiscal- debo señalar que se suspende porque ahora está sancionada la Ley de Responsabilidad Fiscal. Creo que en realidad más que suspenderse debiera anularse, porque ya existe una nueva ley de responsabilidad fiscal, que inclusive ha sido modificada a través del Consenso Fiscal Federal.
Por eso, las normas de reglas cuantitativas, de gastos y endeudamiento han sido reemplazadas por las nuevas normas legales.
A continuación, el contador Agosto realizará una aclaración.
Entonces, los préstamos de organismos internacionales se tienen que incorporar al presupuesto, aumentan el financiamiento, pero no tiene que ir en la planilla anexa para la aprobación del Congreso de acuerdo con lo establecido por la ley 24.156.
Respecto a la suspensión de los artículos 1° y 2° de la ley 25.152 -que es una norma precursora de los años 90 respecto de responsabilidad fiscal- debo señalar que se suspende porque ahora está sancionada la Ley de Responsabilidad Fiscal. Creo que en realidad más que suspenderse debiera anularse, porque ya existe una nueva ley de responsabilidad fiscal, que inclusive ha sido modificada a través del Consenso Fiscal Federal.
Por eso, las normas de reglas cuantitativas, de gastos y endeudamiento han sido reemplazadas por las nuevas normas legales.
A continuación, el contador Agosto realizará una aclaración.
SR. AGOSTO Esa ley sancionada en 1999 fijaba reglas fiscales que, como bien dice Makon, fueron superadas por otras, aunque esa legislación nunca fue derogada.
En el informe de análisis del articulado del proyecto de presupuesto no está contemplado eso, porque es un artículo que, como bien decía la diputada, está incluido en el proyecto de presupuesto del año pasado. Para no incluirlo habría que pasarlo a la ley permanente complementaría de presupuesto.
En el informe de análisis del articulado del proyecto de presupuesto no está contemplado eso, porque es un artículo que, como bien decía la diputada, está incluido en el proyecto de presupuesto del año pasado. Para no incluirlo habría que pasarlo a la ley permanente complementaría de presupuesto.
SR. MAKON Con respecto a la modificación del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que se refiere al tema de reestructuración de la deuda, cuando se sancionó esa ley en 1992 se establecieron tres condiciones relativas a toda restructuración de deuda: plazo, monto y tasa de interés.
En ese momento, la estructura de la deuda era básicamente con el sistema bancario y no tenía que venir a aprobación del Congreso. Sin embargo, la ley establecía que si el Congreso aprobaba un endeudamiento, toda restructuración de ese endeudamiento tenía que mejorar las condiciones de ese momento. Ese era el objetivo de la ley 24.156 en 1992.
Evidentemente, toda reestructuración de deuda tiene que lógicamente significar mejoras; hay que definir qué tipo de mejoras. Se presenta hasta como una cuestión tautológica, porque si es una reestructuración es para mejorar.
En ese momento, la estructura de la deuda era básicamente con el sistema bancario y no tenía que venir a aprobación del Congreso. Sin embargo, la ley establecía que si el Congreso aprobaba un endeudamiento, toda restructuración de ese endeudamiento tenía que mejorar las condiciones de ese momento. Ese era el objetivo de la ley 24.156 en 1992.
Evidentemente, toda reestructuración de deuda tiene que lógicamente significar mejoras; hay que definir qué tipo de mejoras. Se presenta hasta como una cuestión tautológica, porque si es una reestructuración es para mejorar.
SRA. FRANA Sería fantástico que lo diga porque las normas legales deben ser claras y explícitas. No podemos suponerlo. Días atrás, frente a una pregunta similar formulada al titular del Ministerio de Hacienda, nos dijo que esto era para créditos pequeños, y eso no está escrito. Y si no está escrito...
SR. MAKON Con respecto al artículo 8° de la ley, efectivamente, cambian dos aspectos. En primer lugar, el endeudamiento con organismos internacionales estaba previsto en la Ley de Administración Financiera única y exclusivamente para dos conceptos: gastos de capital o restructuraciones administrativas. Entonces, evidentemente, hay un destino prefijado.
Es decir que la ley 24.156 permitía la posibilidad de endeudarse con organismos internacionales -no países- de los cuales el país formaba parte, especificando el destino del gasto. Entonces es un artículo que en el artículo 8° se cambia.
Es decir que la ley 24.156 permitía la posibilidad de endeudarse con organismos internacionales -no países- de los cuales el país formaba parte, especificando el destino del gasto. Entonces es un artículo que en el artículo 8° se cambia.
SR. PRESIDENTE LASPINA Creo que es un buen punto. El artículo que hace referencia a la suba de créditos de organismos internacionales es un artículo histórico. Tal como señaló la señora diputada Frana, en esta ocasión se sacó el tema de los gastos de capital. Se eliminó el destino. Esto tiene que ver con que el gobierno -si ustedes recuerdan- anunció que iba a tomar líneas con el BID y el Banco Mundial. Se trata de líneas de financiamiento al Tesoro que no son las tradicionalmente utilizadas por los organismos de crédito -BID y Banco Mundial- para financiar proyectos. Son líneas contingentes de carácter macroeconómico de asistencia a los Tesoros. Al ser una asistencia al Tesoro, por definición se puede utilizar para gastos corrientes o de capital, pero no está asociada a proyectos de capital específicos. Entiendo que tiene que ver con eso, pero lo voy a aclarar.
Respecto a la cuestión relacionada con los bilaterales, coincido con el comentario acerca de que conviene precisar de cuáles se trata, para no dejarlo demasiado abierto. Estamos hablando de acuerdos país-país, tal como se lo denominaba antes en los presupuestos. Me refiero a los acuerdos con China. En ese caso, se hablaba de acuerdo país-país. Coincido con el comentario de la señora diputada Frana y lo expresado por el señor Makon en cuanto a darle una mayor precisión al artículo 8°.
Respecto a la cuestión relacionada con los bilaterales, coincido con el comentario acerca de que conviene precisar de cuáles se trata, para no dejarlo demasiado abierto. Estamos hablando de acuerdos país-país, tal como se lo denominaba antes en los presupuestos. Me refiero a los acuerdos con China. En ese caso, se hablaba de acuerdo país-país. Coincido con el comentario de la señora diputada Frana y lo expresado por el señor Makon en cuanto a darle una mayor precisión al artículo 8°.
SR. MAKON Hay un aspecto que quedó pendiente de una consulta formulada por el señor diputado Bossio. La planilla de recursos de la administración nacional incluye el total de los recursos: administración central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. En el caso de las instituciones de la seguridad social -básicamente ANSES- está previsto como utilidades -rubro rentas de la propiedad- 252.222 millones de pesos, y en disminución de la inversión financiera la suma de 73.661 millones de pesos. Esos son los montos vinculados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Están en la planilla anexa número 8 del proyecto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Señor presidente: omití una pregunta. Quisiera saber si puedo formularla.
SR. PRESIDENTE LASPINA Sí, señora diputada.
SRA. FRANA Quería que se me informe cómo considera que deben contabilizarse las compensaciones que dispone el artículo 17: como parte de la administración nacional o de las provincias. El artículo dice que conforme lo previsto en las cláusulas 2 A y 2 B del consenso fiscal aprobado por la ley 27.429, la compensación allí prevista se actualizará trimestralmente en el año 2019 y siguiente con base a la inflación. Estas compensaciones -señala el artículo- no forman parte del presupuesto general. Por ello, querría saber cómo tienen que contabilizarse.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Walter Agosto.
SR. AGOSTO Se trata de dos compensaciones a las provincias. Una, dirigida a la provincia de Buenos Aires, y la otra al resto de las provincias. Esto se encuentra contemplado en la ley de consenso fiscal.
Lo que se está haciendo con estas transferencias -independientemente de la modalidad de actualización de una de ellas- es darle el mismo tratamiento que la coparticipación federal de impuestos. Como son recursos que no entran al Tesoro sino que directamente lo distribuye el agente financiero del gobierno -es decir, el Banco Nación-, se le da el mismo tratamiento y por eso no forman parte del presupuesto.
Lo que se está haciendo con estas transferencias -independientemente de la modalidad de actualización de una de ellas- es darle el mismo tratamiento que la coparticipación federal de impuestos. Como son recursos que no entran al Tesoro sino que directamente lo distribuye el agente financiero del gobierno -es decir, el Banco Nación-, se le da el mismo tratamiento y por eso no forman parte del presupuesto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Si quiere no hablo de la deuda, señor presidente.
SR. PRESIDENTE LASPINA Puede hablar de lo que usted quiera, señor diputado.
SR. LAVAGNA Me alegra mucho que la Oficina de Presupuesto se encuentre en funcionamiento, lo cual nos ayuda a tener esta discusión que nos enriquece, más allá de las posturas que tengamos cada uno de nosotros.
Quisiera saber si ya tienen acceso a los sistemas, es decir, si éstos ya están operativos, sobre los cuales están haciendo los informes.
El segundo punto es para el señor presidente. Hace un tiempo presenté un proyecto a fin de que se pueda modificar la Oficina de Presupuesto para darle acceso al sistema de los fondos fiduciarios. Sería bueno que tratemos el proyecto y podamos incorporarlo.
Si no me equivoco estamos hablando del SIGEP. El tema surgió en las reuniones que mantuvimos en la selección de uno de los directores y nos pareció pertinente incorporarlo. Me parece muy importante algo que mencionó el señor Makon: la parte de los fondos no está bien analizada dado que falta información.
Es más, este presupuesto crea un fondo medio fantasma que no sabemos cómo se va a financiar ni para qué se va a utilizar. Teóricamente es para asegurar las obras de los PPP, pero no tiene ninguna especificación. Por medio del presupuesto se crea el fondo mencionado pero no hace ninguna otra mención al respecto. Si hay alguna explicación mejor, deberíamos incluirla en el articulado y no dejarlo abierto.
Más allá de este fondo, creo que deberíamos considerar el acceso a los sistemas de control por parte de la Oficina de Presupuesto al igual que cualquier otro medio de la administración que sirva para el propósito de dicha oficina.
Quiero hacer algunas preguntas específicas sobre el presupuesto. Leyendo el articulado, ¿ustedes creen que se vulneran las atribuciones de este Congreso con las delegaciones que hace este proyecto? ¿Con las incorporaciones que se han realizado, estamos fortaleciendo o debilitando la figura del presupuesto nacional?
Sinceramente creo que estamos reimplantando superpoderes, mezclados en distintos artículos que son un retroceso frente al avance que habíamos logrado en años anteriores, pero me gustaría conocer cuál es la opinión de los invitados más allá de la mía.
El artículo 8°, ya lo hemos conversado recién cuando lo mencionó la diputada Frana, no sólo abre la puerta a los gastos corrientes sino a cualquier tipo de crédito. Por lo tanto, el acuerdo que se firmó ayer con el Fondo Monetario Internacional podría generar cualquier cambio en el presupuesto de gastos corrientes. Por lo tanto, hoy podríamos aprobar un presupuesto que mañana será mentira, porque la atribución del artículo 8° permite utilizar esos fondos para cambiar cualquier gasto corriente, no sólo los específicos.
El cambio del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera también es un ejemplo de lo mismo. Es por esto que quiero conocer su opinión profesional sobre los cambios institucionales que se hacen por medio de esta iniciativa y cómo afectan esas modificaciones a la ley de leyes, uno de los principales instrumentos que tiene este Congreso. ¿Esto fortalece o debilita al Congreso?
El doctor Makon hizo mención a tres informes. Solicito que agregue dos informes más; uno creo que se va a tratar. Entiendo que debe haber un informe respecto a la sustentabilidad de deuda porque sinceramente debo repetir la reflexión que hice hace algunos meses cuando el entonces secretario de Finanzas, Caputo, se hizo presente en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. En esa oportunidad, le consulté cuál era el plan B ante los efectos de una devaluación para el pago de la deuda. Quiero conocer si ahora tienen alguna apreciación al respecto y luego quiero un informe claro sobre los riesgos en la sustentabilidad de la deuda.
Cuando el país está frente a un buen escenario, bienvenido; pero si pasa algo, ¿en qué situación quedamos? ¿Qué tan frágiles estamos en términos de deuda? ¿Cuál es el ratio de deuda-PBI? Usted hablaba de que el ratio de deuda-PBI es del 76 por ciento para 2019. ¿A qué tipo de cambio se ha realizado esta formulación? Veo que la deuda está aumentando, que el producto bruto interno está disminuyendo y por lo tanto el ratio deuda-PBI está cayendo. Supongo que tenemos un atraso cambiario que compensa el aumento fenomenal de deuda.
Otra pregunta referida a deuda es cuáles son las necesidades financieras luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. He leído el tercer programa financiero que presentaron en el mes de septiembre -porque ya vamos por el tercer programa, con cambios obviamente-, con lo cual tengo bastantes dudas sobre cuál es el programa financiero que tenemos. Si en el lapso de un mes cambiamos tres veces el programa financiero, entonces alguna duda me queda, por lo cual me lleva a pedirles que hagan un informe de sustentabilidad de la deuda.
En las necesidades de financiamiento que están en el presupuesto hasta ahora, que con el acuerdo de ayer son más bajas todavía, se habla de 38.000 millones -que es lo que está- y ahora va a bajar un poco otra vez. La pregunta es por qué se piden 60.000 millones de endeudamiento, sólo de la parte de títulos; no estoy poniendo la parte de LETES y de PPP, que para mí es deuda pública y además lo dice el mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Perdón, no el acuerdo, lo dice el Fondo Monetario en el artículo 4°. Entonces, me pregunto para qué se necesitan 60.000 millones de dólares de endeudamiento. En todo caso cómo afecta eso al ratio de deuda-PBI y a la sustentabilidad de la deuda hacia adelante. Son 59.000 millones la parte de títulos, después se le suman las LETES y ahora se le suma el adicional del acuerdo con el Fondo, entonces me parece que estamos armando una bola de nieve grande, más la que ya se viene armando. Me parece que en este presupuesto estamos terminando de hacerla más grande para que en algún momento reviente contra algo. Vuelvo a repetir que el objetivo debe ser tener claridad de cuál es el sendero de sustentabilidad de la deuda, y si lo tienen ahora, sería bueno saberlo.
Cuál es el crecimiento del peso de pago de intereses sobre los recursos tributarios. Porque lo que estamos viendo acá es que cada vez se ajusta más el déficit o el gasto primario, y cada vez suben más los intereses de deuda. ¿Hasta cuándo llega eso, cuándo se revierte esa tendencia? Me parece que no es un dato menor porque nos habla de los ajustes futuros que eventualmente va a pretender el Ejecutivo, si se logra seguir con la política de déficit cero.
Me alegro que en el día de hoy la Oficina de Presupuesto haya aclarado que no estamos en un presupuesto de equilibrio, sino que estamos en un presupuesto con un déficit de 3,3 por ciento, porque los intereses también hay que pagarlos, los intereses también son gastos y hay que contabilizarlos. Siempre digo lo mismo: cuando yo pago la tarjeta de crédito no digo que los intereses no los pago porque también se pagan. Entonces, saquémonos de la cabeza esta gran mentira, si se quiere, o linda frase de marketing, de los presupuestos equilibrados; no hay un presupuesto equilibrado.
Cuando uno mira hacia adelante el peso de los intereses y el peso de la deuda me preocupan sustancialmente. Con lo cual, me gustaría tener un informe bien detallado del tema de sustentabilidad de la deuda, con los distintos escenarios. Un escenario optimista, que todos esperamos que se logre, pero también sabiendo cuáles son los escenarios pesimistas, con lo cual podamos tomar medidas para cubrirnos y evitar que nos agarre una sorpresa como la que nos pasó este año. En realidad no era ninguna sorpresa porque sabíamos que iba a pasar, pero parece que muchos se desayunaron este año.
Me gustaría tener un comparativo, que no sé si esto lo han hecho, porque han hecho el comparativo respecto de las bajas y subas de gastos en relación con el producto bruto interno. ¿Cuánto es el ajuste real que tiene el presupuesto en términos de pesos? Porque, en definitiva, cuando vamos a discutir salarios, por ejemplo -que me gustaría tener cuál es el salario implícito que tiene el presupuesto-, no veo si sube o no sube en relación con el producto, sino que lo que importa es cuál va a ser la variación. Entonces, más allá de la importancia macroeconómica de tener la relación con el PBI, tenemos que entender bien si sube o baja en términos reales y cuáles son los sectores o las partidas que más caen y las que más suben.
Les pongo un dato de color, que creo que surgió en algunas de las reuniones la otra vez. Uno de los sectores que más sube en el presupuesto -les diría de los pocos, además de los intereses de la deuda- es la Secretaria General de la Presidencia. ¿Por qué sube? ¿Por qué el resto de los sectores de las partidas caen y la Secretaría de la Presidencia sube? Quizás haya un motivo concreto y válido, pero estaría bueno poder analizar en detalle estas cuestiones.
Hay algunas cuestiones vinculadas con la variación de las unidades físicas, que no solo tienen que ver con el tema de los gastos sino que hay que analizar los parámetros de la ejecución física y cómo viene. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto, las vacunas tienen un aumento muy significativo. Ese incremento es producto del valor del tipo de cambio, porque están cotizadas en dólares, según me explicó un funcionario de Desarrollo Social. La unidad física sigue siendo la misma, pero cuando uno habla con gente como, por ejemplo, del Instituto Malbrán -como pasó ayer-, manifiestan un gran problema de prevención en materia de salud y que existe la posibilidad de que volvamos a tener brotes de meningitis o tuberculosis. Entonces, también es importante analizar las unidades físicas que tenemos en el proyecto de presupuesto.
Me gustaría saber cuánto es el aumento implícito de los recortes de subsidios, por lo menos la parte que le compete a la Nación. Hay un recorte de subsidios porque hay transferencias a las provincias, pero también existe recorte de subsidios por cuestiones que le competen a la Nación. Me gustaría saber cuál es el aumento de tarifas en los distintos servicios implícitos en el proyecto de presupuesto.
Por otro lado, quisiera recibir una mayor especificación respecto del tema de los fondos fiduciarios, porque considero que son un gran agujero negro y no sabemos qué hay atrás. Me parece que deberíamos empezar a controlarlo.
En este sentido, debo reconocer al Poder Ejecutivo que en el presupuesto del año pasado se realizó un avance respecto de las herramientas de control de los fondos fiduciarios. El tema es que no tenemos ningún seguimiento de ese control, cómo están, en qué se está gastando, para qué, etcétera. Me gustaría tener una precisión sobre este tema.
En relación con toda la discusión sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, si algo me queda claro es que cuanto menos tenemos que modificar el articulado, más allá de la discusión respecto de si lo dejamos o no. El presidente de la comisión tiene una interpretación, el diputado Bossio tiene otra interpretación, yo tengo otra interpretación ¿y que interpretamos al final?
Considero que es necesario un artículo bien claro, con lo cual, sería importante tener un detalle de cuál es el análisis de los recursos que se van a destinar, cuánto vamos a utilizar o no, etcétera. Es decir, saber claramente de qué estamos hablando con este artículo. Después, cuando llegue el momento de la votación, vendrá la decisión política de cada uno de nosotros respecto de si lo dejamos o no, pero no podemos tener ambigüedad sobre lo que se está votando, que me parece que es lo que nos está pasando aquí, como sucede con algunos otros artículos.
En este sentido quiero mencionar la modificación del Código Aduanero en la parte relacionada con las prescripciones, que bajan de cinco a tres años. Lo felicito al director Makon y a todo su equipo por nombrar la cuestión. ¿Qué tiene que ver eso con el presupuesto? ¿Qué tiene que ver la modificación de la Unidad de Información Financiera con el presupuesto?
Se trata de cuestiones que hay que discutir seriamente. Entonces, habrá que analizar de esos cuarenta y siete artículos cuál es necesario dejar, y los que no tienen nada que ver con el presupuesto habrá que eliminarlos y dejar el presupuesto como debería ser.
Quisiera saber si ya tienen acceso a los sistemas, es decir, si éstos ya están operativos, sobre los cuales están haciendo los informes.
El segundo punto es para el señor presidente. Hace un tiempo presenté un proyecto a fin de que se pueda modificar la Oficina de Presupuesto para darle acceso al sistema de los fondos fiduciarios. Sería bueno que tratemos el proyecto y podamos incorporarlo.
Si no me equivoco estamos hablando del SIGEP. El tema surgió en las reuniones que mantuvimos en la selección de uno de los directores y nos pareció pertinente incorporarlo. Me parece muy importante algo que mencionó el señor Makon: la parte de los fondos no está bien analizada dado que falta información.
Es más, este presupuesto crea un fondo medio fantasma que no sabemos cómo se va a financiar ni para qué se va a utilizar. Teóricamente es para asegurar las obras de los PPP, pero no tiene ninguna especificación. Por medio del presupuesto se crea el fondo mencionado pero no hace ninguna otra mención al respecto. Si hay alguna explicación mejor, deberíamos incluirla en el articulado y no dejarlo abierto.
Más allá de este fondo, creo que deberíamos considerar el acceso a los sistemas de control por parte de la Oficina de Presupuesto al igual que cualquier otro medio de la administración que sirva para el propósito de dicha oficina.
Quiero hacer algunas preguntas específicas sobre el presupuesto. Leyendo el articulado, ¿ustedes creen que se vulneran las atribuciones de este Congreso con las delegaciones que hace este proyecto? ¿Con las incorporaciones que se han realizado, estamos fortaleciendo o debilitando la figura del presupuesto nacional?
Sinceramente creo que estamos reimplantando superpoderes, mezclados en distintos artículos que son un retroceso frente al avance que habíamos logrado en años anteriores, pero me gustaría conocer cuál es la opinión de los invitados más allá de la mía.
El artículo 8°, ya lo hemos conversado recién cuando lo mencionó la diputada Frana, no sólo abre la puerta a los gastos corrientes sino a cualquier tipo de crédito. Por lo tanto, el acuerdo que se firmó ayer con el Fondo Monetario Internacional podría generar cualquier cambio en el presupuesto de gastos corrientes. Por lo tanto, hoy podríamos aprobar un presupuesto que mañana será mentira, porque la atribución del artículo 8° permite utilizar esos fondos para cambiar cualquier gasto corriente, no sólo los específicos.
El cambio del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera también es un ejemplo de lo mismo. Es por esto que quiero conocer su opinión profesional sobre los cambios institucionales que se hacen por medio de esta iniciativa y cómo afectan esas modificaciones a la ley de leyes, uno de los principales instrumentos que tiene este Congreso. ¿Esto fortalece o debilita al Congreso?
El doctor Makon hizo mención a tres informes. Solicito que agregue dos informes más; uno creo que se va a tratar. Entiendo que debe haber un informe respecto a la sustentabilidad de deuda porque sinceramente debo repetir la reflexión que hice hace algunos meses cuando el entonces secretario de Finanzas, Caputo, se hizo presente en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. En esa oportunidad, le consulté cuál era el plan B ante los efectos de una devaluación para el pago de la deuda. Quiero conocer si ahora tienen alguna apreciación al respecto y luego quiero un informe claro sobre los riesgos en la sustentabilidad de la deuda.
Cuando el país está frente a un buen escenario, bienvenido; pero si pasa algo, ¿en qué situación quedamos? ¿Qué tan frágiles estamos en términos de deuda? ¿Cuál es el ratio de deuda-PBI? Usted hablaba de que el ratio de deuda-PBI es del 76 por ciento para 2019. ¿A qué tipo de cambio se ha realizado esta formulación? Veo que la deuda está aumentando, que el producto bruto interno está disminuyendo y por lo tanto el ratio deuda-PBI está cayendo. Supongo que tenemos un atraso cambiario que compensa el aumento fenomenal de deuda.
Otra pregunta referida a deuda es cuáles son las necesidades financieras luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. He leído el tercer programa financiero que presentaron en el mes de septiembre -porque ya vamos por el tercer programa, con cambios obviamente-, con lo cual tengo bastantes dudas sobre cuál es el programa financiero que tenemos. Si en el lapso de un mes cambiamos tres veces el programa financiero, entonces alguna duda me queda, por lo cual me lleva a pedirles que hagan un informe de sustentabilidad de la deuda.
En las necesidades de financiamiento que están en el presupuesto hasta ahora, que con el acuerdo de ayer son más bajas todavía, se habla de 38.000 millones -que es lo que está- y ahora va a bajar un poco otra vez. La pregunta es por qué se piden 60.000 millones de endeudamiento, sólo de la parte de títulos; no estoy poniendo la parte de LETES y de PPP, que para mí es deuda pública y además lo dice el mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Perdón, no el acuerdo, lo dice el Fondo Monetario en el artículo 4°. Entonces, me pregunto para qué se necesitan 60.000 millones de dólares de endeudamiento. En todo caso cómo afecta eso al ratio de deuda-PBI y a la sustentabilidad de la deuda hacia adelante. Son 59.000 millones la parte de títulos, después se le suman las LETES y ahora se le suma el adicional del acuerdo con el Fondo, entonces me parece que estamos armando una bola de nieve grande, más la que ya se viene armando. Me parece que en este presupuesto estamos terminando de hacerla más grande para que en algún momento reviente contra algo. Vuelvo a repetir que el objetivo debe ser tener claridad de cuál es el sendero de sustentabilidad de la deuda, y si lo tienen ahora, sería bueno saberlo.
Cuál es el crecimiento del peso de pago de intereses sobre los recursos tributarios. Porque lo que estamos viendo acá es que cada vez se ajusta más el déficit o el gasto primario, y cada vez suben más los intereses de deuda. ¿Hasta cuándo llega eso, cuándo se revierte esa tendencia? Me parece que no es un dato menor porque nos habla de los ajustes futuros que eventualmente va a pretender el Ejecutivo, si se logra seguir con la política de déficit cero.
Me alegro que en el día de hoy la Oficina de Presupuesto haya aclarado que no estamos en un presupuesto de equilibrio, sino que estamos en un presupuesto con un déficit de 3,3 por ciento, porque los intereses también hay que pagarlos, los intereses también son gastos y hay que contabilizarlos. Siempre digo lo mismo: cuando yo pago la tarjeta de crédito no digo que los intereses no los pago porque también se pagan. Entonces, saquémonos de la cabeza esta gran mentira, si se quiere, o linda frase de marketing, de los presupuestos equilibrados; no hay un presupuesto equilibrado.
Cuando uno mira hacia adelante el peso de los intereses y el peso de la deuda me preocupan sustancialmente. Con lo cual, me gustaría tener un informe bien detallado del tema de sustentabilidad de la deuda, con los distintos escenarios. Un escenario optimista, que todos esperamos que se logre, pero también sabiendo cuáles son los escenarios pesimistas, con lo cual podamos tomar medidas para cubrirnos y evitar que nos agarre una sorpresa como la que nos pasó este año. En realidad no era ninguna sorpresa porque sabíamos que iba a pasar, pero parece que muchos se desayunaron este año.
Me gustaría tener un comparativo, que no sé si esto lo han hecho, porque han hecho el comparativo respecto de las bajas y subas de gastos en relación con el producto bruto interno. ¿Cuánto es el ajuste real que tiene el presupuesto en términos de pesos? Porque, en definitiva, cuando vamos a discutir salarios, por ejemplo -que me gustaría tener cuál es el salario implícito que tiene el presupuesto-, no veo si sube o no sube en relación con el producto, sino que lo que importa es cuál va a ser la variación. Entonces, más allá de la importancia macroeconómica de tener la relación con el PBI, tenemos que entender bien si sube o baja en términos reales y cuáles son los sectores o las partidas que más caen y las que más suben.
Les pongo un dato de color, que creo que surgió en algunas de las reuniones la otra vez. Uno de los sectores que más sube en el presupuesto -les diría de los pocos, además de los intereses de la deuda- es la Secretaria General de la Presidencia. ¿Por qué sube? ¿Por qué el resto de los sectores de las partidas caen y la Secretaría de la Presidencia sube? Quizás haya un motivo concreto y válido, pero estaría bueno poder analizar en detalle estas cuestiones.
Hay algunas cuestiones vinculadas con la variación de las unidades físicas, que no solo tienen que ver con el tema de los gastos sino que hay que analizar los parámetros de la ejecución física y cómo viene. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto, las vacunas tienen un aumento muy significativo. Ese incremento es producto del valor del tipo de cambio, porque están cotizadas en dólares, según me explicó un funcionario de Desarrollo Social. La unidad física sigue siendo la misma, pero cuando uno habla con gente como, por ejemplo, del Instituto Malbrán -como pasó ayer-, manifiestan un gran problema de prevención en materia de salud y que existe la posibilidad de que volvamos a tener brotes de meningitis o tuberculosis. Entonces, también es importante analizar las unidades físicas que tenemos en el proyecto de presupuesto.
Me gustaría saber cuánto es el aumento implícito de los recortes de subsidios, por lo menos la parte que le compete a la Nación. Hay un recorte de subsidios porque hay transferencias a las provincias, pero también existe recorte de subsidios por cuestiones que le competen a la Nación. Me gustaría saber cuál es el aumento de tarifas en los distintos servicios implícitos en el proyecto de presupuesto.
Por otro lado, quisiera recibir una mayor especificación respecto del tema de los fondos fiduciarios, porque considero que son un gran agujero negro y no sabemos qué hay atrás. Me parece que deberíamos empezar a controlarlo.
En este sentido, debo reconocer al Poder Ejecutivo que en el presupuesto del año pasado se realizó un avance respecto de las herramientas de control de los fondos fiduciarios. El tema es que no tenemos ningún seguimiento de ese control, cómo están, en qué se está gastando, para qué, etcétera. Me gustaría tener una precisión sobre este tema.
En relación con toda la discusión sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, si algo me queda claro es que cuanto menos tenemos que modificar el articulado, más allá de la discusión respecto de si lo dejamos o no. El presidente de la comisión tiene una interpretación, el diputado Bossio tiene otra interpretación, yo tengo otra interpretación ¿y que interpretamos al final?
Considero que es necesario un artículo bien claro, con lo cual, sería importante tener un detalle de cuál es el análisis de los recursos que se van a destinar, cuánto vamos a utilizar o no, etcétera. Es decir, saber claramente de qué estamos hablando con este artículo. Después, cuando llegue el momento de la votación, vendrá la decisión política de cada uno de nosotros respecto de si lo dejamos o no, pero no podemos tener ambigüedad sobre lo que se está votando, que me parece que es lo que nos está pasando aquí, como sucede con algunos otros artículos.
En este sentido quiero mencionar la modificación del Código Aduanero en la parte relacionada con las prescripciones, que bajan de cinco a tres años. Lo felicito al director Makon y a todo su equipo por nombrar la cuestión. ¿Qué tiene que ver eso con el presupuesto? ¿Qué tiene que ver la modificación de la Unidad de Información Financiera con el presupuesto?
Se trata de cuestiones que hay que discutir seriamente. Entonces, habrá que analizar de esos cuarenta y siete artículos cuál es necesario dejar, y los que no tienen nada que ver con el presupuesto habrá que eliminarlos y dejar el presupuesto como debería ser.
SR. PRESIDENTE LASPINA Quiero hacer una aclaración respecto del tema de las vacunas. La información que tengo del Ministerio de Salud es que, en primer lugar, las dosis fueron las recomendadas por los técnicos especialistas de ese ministerio. No existe restricción presupuestaria alguna ni la habrá en materia de vacunación, y la comparación respecto a este año responde a un programa de inmunización a grupos vulnerables que ha habido este año, que ha sido extraordinario y por eso surge la variación.
Desde el punto de vista presupuestario no existe ninguna restricción en relación con el tema de la vacunación, más allá de que aumenta el ciento por ciento. El tema de las dosis se vincula con lo que han recomendado los técnicos de carrera del Ministerio de Salud. Esto es lo que quiero dejar aclarado.
Tiene la palabra el señor Makon.
Desde el punto de vista presupuestario no existe ninguna restricción en relación con el tema de la vacunación, más allá de que aumenta el ciento por ciento. El tema de las dosis se vincula con lo que han recomendado los técnicos de carrera del Ministerio de Salud. Esto es lo que quiero dejar aclarado.
Tiene la palabra el señor Makon.
SR. MAKON Señor presidente: acerca de los sistemas, efectivamente tenemos acceso y estamos en línea con el Sistema Integrado de Información Financiera, SIDIF. Asimismo, es posible que a la tarde mantengamos una reunión para lograr el acceso al SIGADE, ya que todavía no lo hemos concretado.
A la vez, a partir de la Jefatura de Gabinete, estamos canalizando un pedido de informes a la ANSES, tal como lo dispone la ley. Igualmente, en materia de administración financiera, la información está en línea.
Pasando a los fondos fiduciarios, el avance se produjo el año anterior y ahora solamente se convalida que tiene que sujetarse a las normas de la ley de administración financiera.
No sé cuál es la modificación a la que se refiere el señor diputado pero entiendo que, de acuerdo con lo establecido en la ley, nada impide a nuestra oficina tener acceso a toda la información del sector público, aunque no tiene a su cargo el control. Incluso en el futuro contaremos con la posibilidad de acceder a los presupuestos provinciales, aunque eso actualmente no está en nuestro plan de trabajo.
Olvidé señalar que también tenemos acceso al Banco de Proyectos de Inversión Pública, BAPIN. O sea que ya accedemos al BAPIN y al SIDIF; y estamos negociando con los restantes.
Concentrándonos en el fondo fiduciario de obra pública, hay una diferencia con respecto a otros fondos fiduciarios aprobados en años anteriores, en los que se señalaba cómo y para qué se financiaban. Pero como este caso es más genérico y diferente a la aprobación de otro fondo fiduciario, habrá que evaluarlo.
Por otro lado, acerca de si se fortalece o debilita el rol del Congreso, habría que estudiar cada medida. En general, como las delegaciones vienen de años anteriores, hay que discutirlas en profundidad. De todos modos, hay dos cambios que ya fueron detectados y discutidos en esta comisión. Me refiero específicamente al artículo 65 sobre retribución de la deuda y al 8° relativo al incremento de gastos con los organismos internacionales.
A la vez, a partir de la Jefatura de Gabinete, estamos canalizando un pedido de informes a la ANSES, tal como lo dispone la ley. Igualmente, en materia de administración financiera, la información está en línea.
Pasando a los fondos fiduciarios, el avance se produjo el año anterior y ahora solamente se convalida que tiene que sujetarse a las normas de la ley de administración financiera.
No sé cuál es la modificación a la que se refiere el señor diputado pero entiendo que, de acuerdo con lo establecido en la ley, nada impide a nuestra oficina tener acceso a toda la información del sector público, aunque no tiene a su cargo el control. Incluso en el futuro contaremos con la posibilidad de acceder a los presupuestos provinciales, aunque eso actualmente no está en nuestro plan de trabajo.
Olvidé señalar que también tenemos acceso al Banco de Proyectos de Inversión Pública, BAPIN. O sea que ya accedemos al BAPIN y al SIDIF; y estamos negociando con los restantes.
Concentrándonos en el fondo fiduciario de obra pública, hay una diferencia con respecto a otros fondos fiduciarios aprobados en años anteriores, en los que se señalaba cómo y para qué se financiaban. Pero como este caso es más genérico y diferente a la aprobación de otro fondo fiduciario, habrá que evaluarlo.
Por otro lado, acerca de si se fortalece o debilita el rol del Congreso, habría que estudiar cada medida. En general, como las delegaciones vienen de años anteriores, hay que discutirlas en profundidad. De todos modos, hay dos cambios que ya fueron detectados y discutidos en esta comisión. Me refiero específicamente al artículo 65 sobre retribución de la deuda y al 8° relativo al incremento de gastos con los organismos internacionales.
SR. LAVAGNA También la expropiación.
SR. MAKON Para mí ese tema no compete al proyecto de ley de presupuesto.
Para aclarar el famoso tema de las facultades delegadas y solidarias, algo que el Congreso nunca delegó es el incremento de gastos con recursos tributarios. Esa facultad sigue siendo del Congreso.
Para aclarar el famoso tema de las facultades delegadas y solidarias, algo que el Congreso nunca delegó es el incremento de gastos con recursos tributarios. Esa facultad sigue siendo del Congreso.
SR. LAVAGNA Hay un DNU.
SR. MAKON Justamente se trata de un DNU porque es una facultad del Congreso. Si no, no sería un DNU.
Ahora hablaré a título personal y no como director. Este es un tema jurídico ya que la Constitución no contempla ninguna prohibición para dictar un DNU modificatorio del presupuesto, cuando sí lo explicita en el caso de la reforma de la ley de los partidos políticos, la penal o la tributaria.
Hay dos facultades que nunca fueron delegadas al Poder Ejecutivo y que originan un decreto de necesidad y urgencia: el incremento de la deuda no con un organismo internacional sino como un título de deuda y el incremento del gasto con recursos tributarios. Esas facultades nunca fueron delegadas.
En relación con el informe de sustentabilidad de la deuda, estamos trabajando en ese proyecto. A continuación, el doctor Mariano Ortiz Villafañe explicará el trabajo que estamos realizando. No creo que podamos tenerlo terminado en el corto plazo, pero estamos trabajando en un informe de sustentabilidad de la deuda de la administración nacional para los próximos cinco años. La idea es que el año que viene podamos contar con un informe de sustentabilidad de la deuda del sector público.
Ahora hablaré a título personal y no como director. Este es un tema jurídico ya que la Constitución no contempla ninguna prohibición para dictar un DNU modificatorio del presupuesto, cuando sí lo explicita en el caso de la reforma de la ley de los partidos políticos, la penal o la tributaria.
Hay dos facultades que nunca fueron delegadas al Poder Ejecutivo y que originan un decreto de necesidad y urgencia: el incremento de la deuda no con un organismo internacional sino como un título de deuda y el incremento del gasto con recursos tributarios. Esas facultades nunca fueron delegadas.
En relación con el informe de sustentabilidad de la deuda, estamos trabajando en ese proyecto. A continuación, el doctor Mariano Ortiz Villafañe explicará el trabajo que estamos realizando. No creo que podamos tenerlo terminado en el corto plazo, pero estamos trabajando en un informe de sustentabilidad de la deuda de la administración nacional para los próximos cinco años. La idea es que el año que viene podamos contar con un informe de sustentabilidad de la deuda del sector público.
SR. ORTIZ VILLAFAÑE Estamos trabajando en ese informe, con un par de escenarios alternativos para que se sientan cómodos; esperamos tenerlo terminado antes de fin de año.
Quiero contestar también la pregunta sobre las autorizaciones de deuda que hacían referencia, de 60.000 millones. Me imagino que se refieren al monto del artículo 40 del proyecto, relacionado con títulos. Les comento que hay una diferencia metodológica con los números que están en el programa financiero porque es solo con privados y organismos internacionales. Entonces se precisa también la autorización para las emisiones de deuda que se hacen intrasector público. Esa es una de las explicaciones de por qué el número de autorizados podría ser más alto que las necesidades del programa financiero.
Quiero contestar también la pregunta sobre las autorizaciones de deuda que hacían referencia, de 60.000 millones. Me imagino que se refieren al monto del artículo 40 del proyecto, relacionado con títulos. Les comento que hay una diferencia metodológica con los números que están en el programa financiero porque es solo con privados y organismos internacionales. Entonces se precisa también la autorización para las emisiones de deuda que se hacen intrasector público. Esa es una de las explicaciones de por qué el número de autorizados podría ser más alto que las necesidades del programa financiero.
No se alcanzan a percibir las palabras del señor diputado Lavagna.
SR. ORTIZ VILLAFAÑE En el programa financiero está presentado deuda con privados y con organismos internacionales. Por eso los números tampoco son perfectamente comparables con el cuadro de fuentes y aplicaciones, donde se incluyen operaciones intrasector público. Esa es la diferencia principal.
Más allá de eso, todos los años el monto de autorizaciones de emisiones suele ser más grande que las necesidades que se calculan por un tema de que dentro del monto autorizado hay diferentes conceptos de plazo o destino, por ejemplo. Entonces, para tener flexibilidad de emitir más a un plazo o a otro, por lo general el monto total de autorizaciones es más alto que las necesidades calculadas.
Más allá de eso, todos los años el monto de autorizaciones de emisiones suele ser más grande que las necesidades que se calculan por un tema de que dentro del monto autorizado hay diferentes conceptos de plazo o destino, por ejemplo. Entonces, para tener flexibilidad de emitir más a un plazo o a otro, por lo general el monto total de autorizaciones es más alto que las necesidades calculadas.
SR. MAKON Para referirse a las cuestiones del peso de los intereses sobre los recursos tributarios y a la política salarial y subsidios, le voy a pasar la palabra al doctor Walter Agosto.
SR. AGOSTO En cuanto al peso de los intereses para la administración nacional, que es el análisis que nosotros hacemos, los intereses netos -es decir que se excluyen los intereses pagados intrasector público-, ascienden para el próximo año a 593.000 millones de pesos. Y la relación que tiene ese monto con los ingresos corrientes asciende a 16,6. Es prácticamente igual al que se estima en el mensaje del presupuesto para el cierre del año 2018. Es decir, la relación de intereses de deuda-ingresos corrientes no variaría en el año 2019. Todos sabemos que esta participación del 16,6 viene creciendo paulatinamente de años anteriores.
La segunda pregunta está vinculada con el tema de los subsidios. Los subsidios económicos, como ustedes habrán visto, constituyen uno de los rubros que aportan a la reducción del gasto primario y por ende a la reducción del resultado primario.
En la administración nacional se establece una reducción de 0,6 por ciento del PBI, de los cuales 0,3 corresponde a los subsidios al transporte y 0,4 -aunque da 0,7 porque hay un resto que aumenta un poquito-, corresponde a energía eléctrica.
Dentro de ese 0,3 por ciento la economía está explicada por la transferencia de funciones en materia de subsidios del transporte automotor a las provincias. Eso representa aproximadamente 50.000 millones de pesos estimados para el año próximo. En relación con el 0,4 por ciento correspondiente a la energía, hay dos componentes que explican esa reducción. Uno es el vinculado con la función de la tarifa social, que también sería una función que se pasaría a las provincias. Eso representa el 0,1 por ciento del producto; y los 0,3 restantes obedecen a la política tarifaria.
Si bien con los datos que están planteados en el mensaje es complejo estimar la política tarifaria implícita, lo que sí se dice es que el objetivo es cubrir el 70 por ciento del precio. Eso es lo que dice el mensaje. Actualmente representa aproximadamente algo menos del 60 -55 o 58, no recuerdo bien. De manera que llevar ese porcentaje al 70 podríamos decir que es compatible con un aumento del orden del 25 por ciento. Pero estos datos son provisorios y requieren de mayor información.
El punto acá es que esta economía planteada es altamente sensible a la evolución del tipo de cambio. Entonces, debemos tener en cuenta que variaciones del tipo de cambio inciden fuertemente en la posibilidad de alcanzar este ahorro planteado en materia de subsidios.
En relación con la política salarial, en el caso de la administración nacional el mensaje no establece explícitamente cuál es la pauta salarial. Lo que hay proyectado es un incremento del orden del 31 por ciento para el año próximo. De manera que se puede comparar con la inflación contemplada en el proyecto de presupuesto y obtener referencias.
Hay que decir que esta proyección de incremento no es solamente ocupable por la política salarial porque tiene un efecto de esa política que ya viene de este año y eventualmente el pago de otras cuestiones como, por ejemplo, los retiros voluntarios; pero no hay explicitada una política salarial en el presupuesto de este año.
La segunda pregunta está vinculada con el tema de los subsidios. Los subsidios económicos, como ustedes habrán visto, constituyen uno de los rubros que aportan a la reducción del gasto primario y por ende a la reducción del resultado primario.
En la administración nacional se establece una reducción de 0,6 por ciento del PBI, de los cuales 0,3 corresponde a los subsidios al transporte y 0,4 -aunque da 0,7 porque hay un resto que aumenta un poquito-, corresponde a energía eléctrica.
Dentro de ese 0,3 por ciento la economía está explicada por la transferencia de funciones en materia de subsidios del transporte automotor a las provincias. Eso representa aproximadamente 50.000 millones de pesos estimados para el año próximo. En relación con el 0,4 por ciento correspondiente a la energía, hay dos componentes que explican esa reducción. Uno es el vinculado con la función de la tarifa social, que también sería una función que se pasaría a las provincias. Eso representa el 0,1 por ciento del producto; y los 0,3 restantes obedecen a la política tarifaria.
Si bien con los datos que están planteados en el mensaje es complejo estimar la política tarifaria implícita, lo que sí se dice es que el objetivo es cubrir el 70 por ciento del precio. Eso es lo que dice el mensaje. Actualmente representa aproximadamente algo menos del 60 -55 o 58, no recuerdo bien. De manera que llevar ese porcentaje al 70 podríamos decir que es compatible con un aumento del orden del 25 por ciento. Pero estos datos son provisorios y requieren de mayor información.
El punto acá es que esta economía planteada es altamente sensible a la evolución del tipo de cambio. Entonces, debemos tener en cuenta que variaciones del tipo de cambio inciden fuertemente en la posibilidad de alcanzar este ahorro planteado en materia de subsidios.
En relación con la política salarial, en el caso de la administración nacional el mensaje no establece explícitamente cuál es la pauta salarial. Lo que hay proyectado es un incremento del orden del 31 por ciento para el año próximo. De manera que se puede comparar con la inflación contemplada en el proyecto de presupuesto y obtener referencias.
Hay que decir que esta proyección de incremento no es solamente ocupable por la política salarial porque tiene un efecto de esa política que ya viene de este año y eventualmente el pago de otras cuestiones como, por ejemplo, los retiros voluntarios; pero no hay explicitada una política salarial en el presupuesto de este año.
SR. LAVAGNA A mí me da 17.
SR. AGOSTO Tendríamos que ver cómo hizo el cálculo, diputado.
SR. MAKON Creo que ya están respondidas todas las preguntas.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Castro.
SRA. CASTRO Señor presidente: quisiera plantear dos cuestiones. La primera es una aclaración con respecto al comentario que hice hace un rato de para qué discutíamos el presupuesto, pero no era en detrimento del trabajo que viene haciendo la Oficina de Presupuesto, sino del funcionamiento de esta Cámara. Todos los días cambian las variables económicas y además los decisores que operan sobre esas variables, y la verdad es que no sabemos cómo vamos a llegar al día de la votación del presupuesto con variables importantes como el valor del dólar.
En segundo lugar, quiero plantear una cuestión bastante técnica para el equipo de la Oficina que tiene que ver con el artículo 29 -incluido en el Capítulo IV: De los cupos fiscales-, porque allí se habla de créditos fiscales para I+D+I en áreas prioritarias a través de crédito fiscal. Es decir, empresas que pueden no pagar sus impuestos nacionales -que hay algunos de ellos que se coparticipan- para destinar esos recursos a investigación, desarrollo e innovación. Quisiera saber si podemos tener algunas precisiones al respecto.
También, nos encantaría que el actual secretario -exministro- de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva pudiese venir, pero sabemos que es probable que a esta comisión no lo haga. Lo que sí quiero comunicar es que desde la Presidencia de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva citaremos a los sectores científicos-tecnológicos, porque necesitamos conocer el impacto de este presupuesto en este sector que es tan importante para el desarrollo del país. Eso será el próximo martes a las 17.
Por otra parte, quiero mencionar algunas cuestiones para usted como presidente, señor diputado Laspina. Los días en que esta comisión está más concurrida cuesta mucho tener la palabra y finalmente no podemos hacer preguntas. Por eso, voy a aprovechar que hoy quizás estamos más tranquilos para hacer varias consultas.
Recién dijo "de los sectores damnificados"; estos sectores abarcan toda la Argentina. La pobreza se ve claramente en las calles de nuestro país. Pero yo quiero puntualizar en el sector de las universidades. Si uno mira los presupuestos de 2017, 2018 y 2019, vemos cómo año a año fue cayendo el destino de fondos y de recursos para el sector universitario: del 0,79 al 0,67 como porcentaje del producto bruto, y también fue cayendo como porcentaje del presupuesto.
Señor presidente: quisiera que usted me confirme si le ha llegado una comunicación del CIN que por resolución está pidiendo una nueva redacción del artículo 12 del proyecto de ley de presupuesto. Quiero dejar planteado este asunto hoy, porque de la previsión que hicieron las universidades desde junio de este año a la fecha el precio del dólar varió. Al respecto, pensemos que hay insumos de las universidades que están cotizados en dólares.
El 21 de septiembre, el CIN -insisto, quisiera que me confirme si le ha llegado oficialmente esta comunicación- elaboró una resolución en la que sostiene que necesita 144.000 millones de pesos para funcionar el próximo año.
El presupuesto que ha ingresado para ese sector es de 123.000 millones de pesos. Pero, visto y considerando la mala experiencia del año pasado, en que la planilla B que consistía en asignar fondos extras a las universidades este año no ha sido ejecutada -no ha habido ni un solo peso transferido de la planilla B-, el CIN plantea hacer una redistribución de lo que ya está presupuestado, es decir, propone distribuir fondos de estos 123.000.
Por ejemplo, sugieren distribuir en la función ciencia y técnica de cada universidad los 500 millones que están destinados para la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva como monto para el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Por supuesto nosotros haremos la propuesta formal de redacción del artículo, donde también sugeriremos redistribuir otros montos para el sistema SIU.
Esto es básicamente lo que hoy quiero dejar planteado con respecto a universidades. El CIN tiene una propuesta que como diputados elevaremos, que se refiere a partidas que están destinadas al ministerio y que vemos que podría ser muy importante que directamente se destinen a cada universidad o a funciones específicas de cada una de ellas.
En cuanto al tema de PPP, que nos preocupa a todos los diputados y diputadas, recuerdo bien que, en la discusión del presupuesto del año pasado, en la que hicimos consultas respecto de algunas obras para nuestros municipios y nuestras provincias, nos dijeron: "Eso va en el marco de PPP."
Este año las obras no están en el presupuesto ni tampoco en el esquema de PPP. Lo cierto es que cuando uno mira sus ciudades, esas obran no están. Entonces, me parece que debemos darnos un debate muy serio respecto de qué tipo de cuestiones se van a incluir y cómo se contabilizarán y registrarán.
Después, solicito al equipo de la Oficina de Presupuesto si por favor me pueden repetir la cantidad de cargos que se reducirían para el SENASA, porque entendemos que este año es uno de los organismos perjudicados con la asignación de recursos; qué datos existen y si realmente esta reducción no va a implicar despidos. Desde 2015 venimos con una seguidilla de altos porcentajes de despidos en toda la administración nacional. Particularmente, los sectores de ciencia y tecnología se vieron muy perjudicados, entre ellos, la Secretaría de Agricultura Familiar, que cumple una tarea netamente federal en cada rincón de la Argentina.
Paso en limpio las preguntas: primero, si podemos contar con algún informe sobre el artículo 29 del proyecto de ley de presupuesto; segundo, si llegó la comunicación del CIN, a la que añadiremos un pedido expreso de modificación del artículo 12; y, por último, si realmente esta reducción de cargos, por decirlo de algún modo, no implicará despidos.
En segundo lugar, quiero plantear una cuestión bastante técnica para el equipo de la Oficina que tiene que ver con el artículo 29 -incluido en el Capítulo IV: De los cupos fiscales-, porque allí se habla de créditos fiscales para I+D+I en áreas prioritarias a través de crédito fiscal. Es decir, empresas que pueden no pagar sus impuestos nacionales -que hay algunos de ellos que se coparticipan- para destinar esos recursos a investigación, desarrollo e innovación. Quisiera saber si podemos tener algunas precisiones al respecto.
También, nos encantaría que el actual secretario -exministro- de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva pudiese venir, pero sabemos que es probable que a esta comisión no lo haga. Lo que sí quiero comunicar es que desde la Presidencia de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva citaremos a los sectores científicos-tecnológicos, porque necesitamos conocer el impacto de este presupuesto en este sector que es tan importante para el desarrollo del país. Eso será el próximo martes a las 17.
Por otra parte, quiero mencionar algunas cuestiones para usted como presidente, señor diputado Laspina. Los días en que esta comisión está más concurrida cuesta mucho tener la palabra y finalmente no podemos hacer preguntas. Por eso, voy a aprovechar que hoy quizás estamos más tranquilos para hacer varias consultas.
Recién dijo "de los sectores damnificados"; estos sectores abarcan toda la Argentina. La pobreza se ve claramente en las calles de nuestro país. Pero yo quiero puntualizar en el sector de las universidades. Si uno mira los presupuestos de 2017, 2018 y 2019, vemos cómo año a año fue cayendo el destino de fondos y de recursos para el sector universitario: del 0,79 al 0,67 como porcentaje del producto bruto, y también fue cayendo como porcentaje del presupuesto.
Señor presidente: quisiera que usted me confirme si le ha llegado una comunicación del CIN que por resolución está pidiendo una nueva redacción del artículo 12 del proyecto de ley de presupuesto. Quiero dejar planteado este asunto hoy, porque de la previsión que hicieron las universidades desde junio de este año a la fecha el precio del dólar varió. Al respecto, pensemos que hay insumos de las universidades que están cotizados en dólares.
El 21 de septiembre, el CIN -insisto, quisiera que me confirme si le ha llegado oficialmente esta comunicación- elaboró una resolución en la que sostiene que necesita 144.000 millones de pesos para funcionar el próximo año.
El presupuesto que ha ingresado para ese sector es de 123.000 millones de pesos. Pero, visto y considerando la mala experiencia del año pasado, en que la planilla B que consistía en asignar fondos extras a las universidades este año no ha sido ejecutada -no ha habido ni un solo peso transferido de la planilla B-, el CIN plantea hacer una redistribución de lo que ya está presupuestado, es decir, propone distribuir fondos de estos 123.000.
Por ejemplo, sugieren distribuir en la función ciencia y técnica de cada universidad los 500 millones que están destinados para la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva como monto para el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Por supuesto nosotros haremos la propuesta formal de redacción del artículo, donde también sugeriremos redistribuir otros montos para el sistema SIU.
Esto es básicamente lo que hoy quiero dejar planteado con respecto a universidades. El CIN tiene una propuesta que como diputados elevaremos, que se refiere a partidas que están destinadas al ministerio y que vemos que podría ser muy importante que directamente se destinen a cada universidad o a funciones específicas de cada una de ellas.
En cuanto al tema de PPP, que nos preocupa a todos los diputados y diputadas, recuerdo bien que, en la discusión del presupuesto del año pasado, en la que hicimos consultas respecto de algunas obras para nuestros municipios y nuestras provincias, nos dijeron: "Eso va en el marco de PPP."
Este año las obras no están en el presupuesto ni tampoco en el esquema de PPP. Lo cierto es que cuando uno mira sus ciudades, esas obran no están. Entonces, me parece que debemos darnos un debate muy serio respecto de qué tipo de cuestiones se van a incluir y cómo se contabilizarán y registrarán.
Después, solicito al equipo de la Oficina de Presupuesto si por favor me pueden repetir la cantidad de cargos que se reducirían para el SENASA, porque entendemos que este año es uno de los organismos perjudicados con la asignación de recursos; qué datos existen y si realmente esta reducción no va a implicar despidos. Desde 2015 venimos con una seguidilla de altos porcentajes de despidos en toda la administración nacional. Particularmente, los sectores de ciencia y tecnología se vieron muy perjudicados, entre ellos, la Secretaría de Agricultura Familiar, que cumple una tarea netamente federal en cada rincón de la Argentina.
Paso en limpio las preguntas: primero, si podemos contar con algún informe sobre el artículo 29 del proyecto de ley de presupuesto; segundo, si llegó la comunicación del CIN, a la que añadiremos un pedido expreso de modificación del artículo 12; y, por último, si realmente esta reducción de cargos, por decirlo de algún modo, no implicará despidos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Makon.
SR. MAKON Como expliqué al inicio, analizamos los artículos nuevos o los que se modificaron. Entonces, como este artículo es igual al contenido en el presupuesto del año pasado, no lo consideramos.
SRA. CASTRO Señor presidente: estuvimos charlando con parte del equipo de la agencia porque el año pasado también hicimos una modificación, si mal no recuerdo en el artículo 14 de la ley de fomento productivo relativo a créditos fiscales para investigación. Tengo entendido que iba a presentarse un proyecto modificatorio de la ley, pero no se sabía si iba a incluirse en el proyecto de ley de presupuesto o por separado. Por eso este año ponemos mayor atención en el artículo 29.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Makon.
SR. MAKON Sobre el particular, no tenemos una respuesta porque no lo analizamos. En aras del tiempo, solamente consideramos los artículos nuevos y los modificados.
SR. PRESIDENTE LASPINA Básicamente ese artículo se refiere a las desgravaciones impositivas por inversión en I+D, investigación más desarrollo. Generalmente eso se subejecuta. Ojalá se usara todo, pero se ejecuta menos.
Tiene la palabra el señor Makon.
Tiene la palabra el señor Makon.
SR. MAKON N relación con la segunda pregunta sobre los cargos, de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto, están previstos cuatrocientos treinta cargos menos en el SENASA. Reitero que ello no significa cuatrocientos treinta despidos, sino que pueden ser vacantes. No tenemos la información precisa, pero el comparativo muestra cuatrocientos treinta cargos menos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Soria.
SRA. SORIA Señor presidente: me llama la atención que algunos diputados nos pidan consideraciones técnicas en la casa del pueblo. Espero que no les moleste que hablemos de política que, en definitiva, es lo que venimos a hacer.
Espero no cansarlos, pero la realidad es que este es el presupuesto del Fondo Monetario y del ajuste. Lo seguiremos diciendo porque es la verdad, por más que a algunos les moleste o les duela. El apego al manual del Fondo Monetario es patente en este proyecto de ley.
Insisto en que no podemos llevar esta discusión a aspectos técnicos. De todos modos, podría preguntar cómo se calculó el porcentaje de la inflación y se consideró un dólar a 40 pesos para el próximo año, teniendo en cuenta que hace dos años vienen pifiando ampliamente las metas. Entonces, para qué vamos a preguntar cuestiones técnicas si sabemos que saldrán con frases célebres como la de Mauricio Macri hace un año de que la Argentina está disfrutando un crecimiento invisible, o la de Dujovne el lunes pasado cuando tuvo la desfachatez de decir que vamos a tener un crecimiento negativo. Me parece que no tienen vergüenza.
Creo que no hace falta ser economista para darse cuenta de que el problema está en el consumo. Consulto: ¿creen que, recortando las jubilaciones y las pensiones patagónicas previstas en los artículos 125 y 126, además de los recortes en las asignaciones familiares fijadas en los artículos 127 y 128, se producirá una mejora en la matriz macroeconómica nacional que ayudará a sacarnos de la recesión en la que nos metieron? ¿Puede decirnos en cifras cuánto ahorrará el Estado nacional con ese recorte?
Me consta que al presidente Mauricio Macri no le importa la Patagonia, pero es mi deber advertirle que este recorte será devastador para la Patagonia, y para mi provincia, Río Negro.
Los jubilados como también la primera infancia -que son a quienes corresponden las asignaciones familiares-, pero también nuestras economías locales, que es donde va a dejar de entrar esta liquidez de dinero que cobran los jubilados y que quieren recortar, no corren a comprar dólares; ellos gastan el mango en su pueblo, en su ciudad. Lamento que una vez más vayan a contramano del pueblo.
A esto debemos sumar el recorte a las universidades al que recién hizo referencia la diputada Castro. Debemos tener en cuenta que venimos de un año muy intenso, con muchas marchas y reclamos de la comunidad educativa justamente por el incumplimiento de la ley de presupuesto del año pasado. No alcanzó ni siquiera para hacer frente a las funciones básicas, al mantenimiento de las universidades.
Por ejemplo, la Universidad Nacional del Comahue, una de las dos universidades de mi provincia -la otra es la Universidad Nacional de Río Negro-, tuvo una variación presupuestaria del 22,86 por ciento. Para llevarlo a valores absolutos hay un faltante de 1.152 millones de pesos en esa universidad.
Está claro que estamos en presencia de un conflicto en puerta porque los recursos groseramente no alcanzan. Si lo comparamos con lo que su gobierno va a gastar el año que viene en servicios de deuda -lo dijo usted recién-, que es una cifra muy abultada, en detrimento de cortar la calidad de vida y las necesidades básicas de nuestra gente, es muy poco. Para nosotros, el gasto en educación es una verdadera inversión. Así lo vemos.
Entonces la pregunta es qué valor le asigna su gobierno a la educación pública, aunque algunos lamentan caer en ella, y si tienen previsto realizar alguna asignación presupuestaria adicional a este ajuste.
Por último, quisiera focalizarme también a la obra pública de mi provincia, Río Negro, porque resulta un verdadero insulto. No solamente hay una caída del 2,86 por ciento en lo que hace a términos nominales, lo que se traduce en un brutal ajuste, sino además hay por lo menos una tercera parte de las obras repetidas del año pasado, obras que no se ejecutaron o que se discontinuaron. Ya intenté preguntarles a los ministros Dujovne y Frigerio, pero no me respondieron cuáles fueron los motivos por los cuales no se ejecutó esa obra presupuestada el año pasado y cuál fue el destino de esos recursos. No me respondieron, pero quizás ustedes puedan hacerlo.
Sin más, quiero adelantar que esta diputada no va a acompañar este presupuesto de ajuste hasta tanto no contemple al pueblo. Por los antecedentes y los intereses que mueven a su gobierno, descreo que eso suceda.
Espero no cansarlos, pero la realidad es que este es el presupuesto del Fondo Monetario y del ajuste. Lo seguiremos diciendo porque es la verdad, por más que a algunos les moleste o les duela. El apego al manual del Fondo Monetario es patente en este proyecto de ley.
Insisto en que no podemos llevar esta discusión a aspectos técnicos. De todos modos, podría preguntar cómo se calculó el porcentaje de la inflación y se consideró un dólar a 40 pesos para el próximo año, teniendo en cuenta que hace dos años vienen pifiando ampliamente las metas. Entonces, para qué vamos a preguntar cuestiones técnicas si sabemos que saldrán con frases célebres como la de Mauricio Macri hace un año de que la Argentina está disfrutando un crecimiento invisible, o la de Dujovne el lunes pasado cuando tuvo la desfachatez de decir que vamos a tener un crecimiento negativo. Me parece que no tienen vergüenza.
Creo que no hace falta ser economista para darse cuenta de que el problema está en el consumo. Consulto: ¿creen que, recortando las jubilaciones y las pensiones patagónicas previstas en los artículos 125 y 126, además de los recortes en las asignaciones familiares fijadas en los artículos 127 y 128, se producirá una mejora en la matriz macroeconómica nacional que ayudará a sacarnos de la recesión en la que nos metieron? ¿Puede decirnos en cifras cuánto ahorrará el Estado nacional con ese recorte?
Me consta que al presidente Mauricio Macri no le importa la Patagonia, pero es mi deber advertirle que este recorte será devastador para la Patagonia, y para mi provincia, Río Negro.
Los jubilados como también la primera infancia -que son a quienes corresponden las asignaciones familiares-, pero también nuestras economías locales, que es donde va a dejar de entrar esta liquidez de dinero que cobran los jubilados y que quieren recortar, no corren a comprar dólares; ellos gastan el mango en su pueblo, en su ciudad. Lamento que una vez más vayan a contramano del pueblo.
A esto debemos sumar el recorte a las universidades al que recién hizo referencia la diputada Castro. Debemos tener en cuenta que venimos de un año muy intenso, con muchas marchas y reclamos de la comunidad educativa justamente por el incumplimiento de la ley de presupuesto del año pasado. No alcanzó ni siquiera para hacer frente a las funciones básicas, al mantenimiento de las universidades.
Por ejemplo, la Universidad Nacional del Comahue, una de las dos universidades de mi provincia -la otra es la Universidad Nacional de Río Negro-, tuvo una variación presupuestaria del 22,86 por ciento. Para llevarlo a valores absolutos hay un faltante de 1.152 millones de pesos en esa universidad.
Está claro que estamos en presencia de un conflicto en puerta porque los recursos groseramente no alcanzan. Si lo comparamos con lo que su gobierno va a gastar el año que viene en servicios de deuda -lo dijo usted recién-, que es una cifra muy abultada, en detrimento de cortar la calidad de vida y las necesidades básicas de nuestra gente, es muy poco. Para nosotros, el gasto en educación es una verdadera inversión. Así lo vemos.
Entonces la pregunta es qué valor le asigna su gobierno a la educación pública, aunque algunos lamentan caer en ella, y si tienen previsto realizar alguna asignación presupuestaria adicional a este ajuste.
Por último, quisiera focalizarme también a la obra pública de mi provincia, Río Negro, porque resulta un verdadero insulto. No solamente hay una caída del 2,86 por ciento en lo que hace a términos nominales, lo que se traduce en un brutal ajuste, sino además hay por lo menos una tercera parte de las obras repetidas del año pasado, obras que no se ejecutaron o que se discontinuaron. Ya intenté preguntarles a los ministros Dujovne y Frigerio, pero no me respondieron cuáles fueron los motivos por los cuales no se ejecutó esa obra presupuestada el año pasado y cuál fue el destino de esos recursos. No me respondieron, pero quizás ustedes puedan hacerlo.
Sin más, quiero adelantar que esta diputada no va a acompañar este presupuesto de ajuste hasta tanto no contemple al pueblo. Por los antecedentes y los intereses que mueven a su gobierno, descreo que eso suceda.
SR. PRESIDENTE LASPINA Simplemente quiero aclarar que no habrá recortes a las actuales jubilaciones en la Patagonia.
SRA. CASTRO El decreto se frenó, pero cómo va a funcionar esto el año próximo.
SR. PRESIDENTE LASPINA El decreto está frenado; y ahora tenemos un artículo en la ley.
SRA. SORIA ¿Esos artículos no corren?
SR. PRESIDENTE LASPINA No habrá recortes a las actuales jubilaciones en la Patagonia.
SRA. SORIA ¿Al plus por zona desfavorable tampoco?
SR. PRESIDENTE LASPINA Al plus por zona desfavorable de las actuales jubilaciones en la Patagonia, exactamente.
SRA. SORIA ¿Y a las futuras jubilaciones?
SR. PRESIDENTE LASPINA Estamos debatiéndolo.
SRA. CASTRO Ayer el ministro Frigerio dijo que no se iba a tocar nada del sistema previsional.
SRA. SORIA Pero también dijeron que íbamos a tener una inflación del 17 o 18 por ciento...
SR. PRESIDENTE LASPINA Recordemos que el plus patagónico es un adicional que no tiene que ver con la jubilación sino con una decisión que creo que remite a un gobierno militar. Antiguamente era de un 20 por ciento, y después el kirchnerismo lo subió al 40. Pero es una disposición de carácter administrativo, no tiene que ver con una cuestión estrictamente previsional sino de beneficiar a las zonas desfavorables.
SRA. SORIA Señor presidente: usted sabe que esos trabajadores en su actividad tributaron más porque siendo trabajadores activos cobraron un diferencial.
Nosotros, los trabajadores activos, cobramos un plus por zona desfavorable y después vuelve en ese diferencial jubilatorio. Entonces, hay algo que no va a tener su correlato.
Nosotros, los trabajadores activos, cobramos un plus por zona desfavorable y después vuelve en ese diferencial jubilatorio. Entonces, hay algo que no va a tener su correlato.
SR. PRESIDENTE LASPINA La jubilaciones se computan respecto a lo que gana en su vida activa; sobre eso uno se jubila. Voy a decir un ejemplo obvio porque hizo una aseveración obvia. Un docente de la Capital Federal cobra 40 por ciento menos que un docente que tiene plus por zona favorable. Cuando ese docente se jubila cobra 40 por ciento más, asumiendo que no toca el techo contemplado en la ley. Con lo cual la jubilación tiene ese 40 por ciento. Sobre ese porcentaje además se computa otro 40 por ciento, cuando el diferencial de precios entre la Patagonia y la Capital Federal o el promedio del país es del 20 por ciento. El diferencial jubilatorio no se modifica -aunque en realidad no se modifica nada. Tampoco vamos a cambiar las actuales jubilaciones en ningún caso para no afectar ningún derecho adquirido.
SRA. CASTRO Eso queríamos saber.
SRA. SORIA Pero en las futuras, sí.
SR. PRESIDENTE LASPINA Esa es nuestra posición. Después se votará. Habrá alguien que pueda votar de manera contraria.
Esa es la posición de nuestro bloque y de otros también.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
Esa es la posición de nuestro bloque y de otros también.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
SR. RAMÓN Señor presidente: a hasta altura del desarrollo de la reunión trataré de ser lo más concreto que pueda. Quiero hacer una pregunta que ya hemos formulado al jefe de Gabinete en las oportunidades que vino al recinto a brindar su informe.
Ante tantos especialistas en economía, espero sepan disculpar que lo que vaya a expresar no sea tan técnico desde el punto de vista económico. Pero es muy técnico desde el punto de vista de la política que debe regir en relación con el derecho que tiene la sociedad civil de proteger uno de los aspectos de la economía de mercado que está plasmada en nuestra Constitución y en nuestra forma de vida.
Hay tres reglas que regulan el libre comercio: la que tiene que ver la protección de una ley relacionada con la lealtad comercial -es decir, que las empresas no se hagan trampa-, la defensa de la competencia y la defensa del derecho de los consumidores. Son tres reglas que de alguna manera pueden dar equilibrio a esa consecuencia catastrófica que tiene el libre comercio, que es la concentración de los distintos actores de la economía en muy pocos, que es lo que viene ocurriendo en nuestro país.
¿Por qué hago referencia al libre comercio y el control que debe tener el Estado? Porque la pregunta que voy a hacer es muy concreta y está relacionada con la asignación presupuestaria al Ministerio de Producción y Trabajo, a la Secretaría de Comercio y específicamente a la Dirección Nacional que defiende a los consumidores.
Esto tiene que ver con un aspecto constitucional operativo del artículo 42 que se modificó y se agregó a la Constitución de la Argentina en el año 94 con las directrices que provienen de las Naciones Unidas en relación con la participación y desarrollo de las asociaciones civiles que defienden a los consumidores como una imposición. Además, nuestro país tiene serio interés en ingresar en esta organización del comercio mundial.
Necesitamos que el Estado argentino fortalezca estas instituciones de la sociedad civil. ¿Qué ocurre? No quiero hacer tan extensa la justificación de la pregunta que formularé. Estas asociaciones de consumidores defienden la lealtad comercial y oportunamente, con la vigencia de la ley de defensa de la competencia, la sociedad civil puede participar en el control del libre mercado y la concentración de la riqueza en muy pocas empresas que generalmente se atan a la teta del Estado. Pero para poder hacerlo, estas instituciones de la sociedad civil, asociaciones de defensa del consumidor, deben tener un sostenimiento económico. ¿Por qué? Porque en la creación de este tipo de asociaciones desde el artículo 42 de la Constitución se establece una serie de prohibiciones como, por ejemplo, no pueden tener donaciones, no pueden hacer publicidad y cobrar por las investigaciones, o no pueden tener aportes que provengan de la política. Es decir, son verdaderas instituciones de la sociedad civil. El único aporte con el que pueden contar es con el que se debe hacer por imposición internacional de las directrices de Naciones Unidas, nuestro futuro ingreso a la OCDE, nuestro artículo 42 y la ley de asociaciones de defensa de consumidores.
¿Qué es lo que ocurre? En el año 2016 comienza una hecatombe de estas asociaciones. ¿Por qué? Quiero dar algunos números, ahora sí, para plantear la pregunta al director Makon y a su equipo.
Resulta que en el presupuesto de 2017 se estimaron 8 millones de pesos para el total de cuarenta y dos asociaciones de consumidores en todo el país, de las cuales treinta y cinco están en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En provincias como Mendoza, una sola asociación defiende el derecho de los consumidores, la lealtad comercial y la defensa de la competencia.
Menciono esto para que se entienda la idea y el tenor de la pregunta que quiero hacer. Ocho millones de pesos divididos en cuarenta y dos asociaciones da 200.000 pesos por ese año, lo que dividido en doce meses son 16.666 pesos para mantener la secretaría, el alquiler de local, la contratación de la cuenta de Internet y todos los aspectos que hacen al funcionamiento, sobre todo, de un abogado que lleve adelante las acciones individuales y colectivas. Ese dinero se repartió.
En 2018, el presupuesto estableció esta misma cantidad sin tener en cuenta el ajuste por inflación. Pedido el informe al jefe de Gabinete de Ministros, al día de hoy esa partida presupuestaria no se ejecutó para ninguna de las cuarenta y dos asociaciones.
Para este presupuesto 2019 -acá está mi pregunta y es necesario que la Oficina de Presupuesto lo tome en cuenta- se asignaron cero pesos para distribuir entre cuarenta y dos asociaciones de todo el país que defienden la lealtad comercial, el derecho de los consumidores y la defensa de la competencia. Estos son temas centrales en el control del libre mercado que rige en nuestro país.
Entonces, esto es técnico, y políticamente yo diría que con no menos de 50 millones de pesos se deberían sostener estas instituciones de la sociedad civil, para que de alguna manera puedan mantener el pago de un abogado, de un alquiler, de la secretaria, del sistema de Internet y todo aquello que exige el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. Esa es la pregunta para usted, señor director.
Ante tantos especialistas en economía, espero sepan disculpar que lo que vaya a expresar no sea tan técnico desde el punto de vista económico. Pero es muy técnico desde el punto de vista de la política que debe regir en relación con el derecho que tiene la sociedad civil de proteger uno de los aspectos de la economía de mercado que está plasmada en nuestra Constitución y en nuestra forma de vida.
Hay tres reglas que regulan el libre comercio: la que tiene que ver la protección de una ley relacionada con la lealtad comercial -es decir, que las empresas no se hagan trampa-, la defensa de la competencia y la defensa del derecho de los consumidores. Son tres reglas que de alguna manera pueden dar equilibrio a esa consecuencia catastrófica que tiene el libre comercio, que es la concentración de los distintos actores de la economía en muy pocos, que es lo que viene ocurriendo en nuestro país.
¿Por qué hago referencia al libre comercio y el control que debe tener el Estado? Porque la pregunta que voy a hacer es muy concreta y está relacionada con la asignación presupuestaria al Ministerio de Producción y Trabajo, a la Secretaría de Comercio y específicamente a la Dirección Nacional que defiende a los consumidores.
Esto tiene que ver con un aspecto constitucional operativo del artículo 42 que se modificó y se agregó a la Constitución de la Argentina en el año 94 con las directrices que provienen de las Naciones Unidas en relación con la participación y desarrollo de las asociaciones civiles que defienden a los consumidores como una imposición. Además, nuestro país tiene serio interés en ingresar en esta organización del comercio mundial.
Necesitamos que el Estado argentino fortalezca estas instituciones de la sociedad civil. ¿Qué ocurre? No quiero hacer tan extensa la justificación de la pregunta que formularé. Estas asociaciones de consumidores defienden la lealtad comercial y oportunamente, con la vigencia de la ley de defensa de la competencia, la sociedad civil puede participar en el control del libre mercado y la concentración de la riqueza en muy pocas empresas que generalmente se atan a la teta del Estado. Pero para poder hacerlo, estas instituciones de la sociedad civil, asociaciones de defensa del consumidor, deben tener un sostenimiento económico. ¿Por qué? Porque en la creación de este tipo de asociaciones desde el artículo 42 de la Constitución se establece una serie de prohibiciones como, por ejemplo, no pueden tener donaciones, no pueden hacer publicidad y cobrar por las investigaciones, o no pueden tener aportes que provengan de la política. Es decir, son verdaderas instituciones de la sociedad civil. El único aporte con el que pueden contar es con el que se debe hacer por imposición internacional de las directrices de Naciones Unidas, nuestro futuro ingreso a la OCDE, nuestro artículo 42 y la ley de asociaciones de defensa de consumidores.
¿Qué es lo que ocurre? En el año 2016 comienza una hecatombe de estas asociaciones. ¿Por qué? Quiero dar algunos números, ahora sí, para plantear la pregunta al director Makon y a su equipo.
Resulta que en el presupuesto de 2017 se estimaron 8 millones de pesos para el total de cuarenta y dos asociaciones de consumidores en todo el país, de las cuales treinta y cinco están en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En provincias como Mendoza, una sola asociación defiende el derecho de los consumidores, la lealtad comercial y la defensa de la competencia.
Menciono esto para que se entienda la idea y el tenor de la pregunta que quiero hacer. Ocho millones de pesos divididos en cuarenta y dos asociaciones da 200.000 pesos por ese año, lo que dividido en doce meses son 16.666 pesos para mantener la secretaría, el alquiler de local, la contratación de la cuenta de Internet y todos los aspectos que hacen al funcionamiento, sobre todo, de un abogado que lleve adelante las acciones individuales y colectivas. Ese dinero se repartió.
En 2018, el presupuesto estableció esta misma cantidad sin tener en cuenta el ajuste por inflación. Pedido el informe al jefe de Gabinete de Ministros, al día de hoy esa partida presupuestaria no se ejecutó para ninguna de las cuarenta y dos asociaciones.
Para este presupuesto 2019 -acá está mi pregunta y es necesario que la Oficina de Presupuesto lo tome en cuenta- se asignaron cero pesos para distribuir entre cuarenta y dos asociaciones de todo el país que defienden la lealtad comercial, el derecho de los consumidores y la defensa de la competencia. Estos son temas centrales en el control del libre mercado que rige en nuestro país.
Entonces, esto es técnico, y políticamente yo diría que con no menos de 50 millones de pesos se deberían sostener estas instituciones de la sociedad civil, para que de alguna manera puedan mantener el pago de un abogado, de un alquiler, de la secretaria, del sistema de Internet y todo aquello que exige el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. Esa es la pregunta para usted, señor director.
SR. PRESIDENTE LASPINA Antes de dar la palabra al director Makon, quiero decir que nosotros como bloque apoyamos todo lo relacionado con la defensa del consumidor, la lealtad comercial y, en particular, la defensa de la competencia. Así que, tomamos el punto y vamos a evaluar ese requerimiento para poder incorporarlo.
Tiene la palabra el señor Makon.
Tiene la palabra el señor Makon.
SR. MAKON Nosotros no hemos llegado a ese nivel de detalle en el presupuesto, así que no tenemos conocimiento de esa cuestión. Tomaremos nota, lo vamos a analizar y a ver su evolución. Como les dije previamente, este primer informe es más global; después entraremos en mayores detalles.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Simplemente quiero hacer una consideración. Miembros de varios bloques queremos proponerle un cronograma concreto para recibir a aquellas personas que quisiéramos que participen, de manera tal de escuchar todas las voces. Hay varios pedidos presentados; incluso, creo que en forma unánime hemos pedido que venga a esta comisión el nuevo presidente del Banco Central. Así que, nos gustaría saber cómo podríamos resolver en forma concreta ese cronograma.
Por otro lado, ¿qué posibilidades hay de que nuestros asesores tomen contacto con los miembros de la Oficina de Presupuesto para resolver dudas o avanzar en aquellas cosas que quisiéramos aclarar?
Por otro lado, ¿qué posibilidades hay de que nuestros asesores tomen contacto con los miembros de la Oficina de Presupuesto para resolver dudas o avanzar en aquellas cosas que quisiéramos aclarar?
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Makon.
SR. MAKON Con respecto a ese tema, como ustedes saben, recién estamos organizándonos. La próxima semana todos los diputados recibirán una documentación del marco legal que rige el funcionamiento de nuestra oficina y también de las normas vinculadas con el sistema presupuestario.
De acuerdo con la ley, nuestras relaciones son con las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras. Por lo tanto, a través de los pedidos de las comisiones estamos a disposición de todos los legisladores: de los 257 diputados y de los 72 senadores.
De acuerdo con la ley, nuestras relaciones son con las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras. Por lo tanto, a través de los pedidos de las comisiones estamos a disposición de todos los legisladores: de los 257 diputados y de los 72 senadores.
SR. PRESIDENTE LASPINA Respecto al cronograma, si me quieren acercar propuestas, por supuesto las voy a evaluar y puedo proponer e intentar consensuar algunas alternativas del cronograma para la próxima semana.
Hasta el momento, tenemos prevista la presencia del secretario de Finanzas, licenciado Bausili, aunque deberíamos plantear otras alternativas.
Respecto de si abriremos las reuniones a todos los sectores que quieran participar, a mi juicio eso excede la discusión del presupuesto. Nosotros leemos los diarios y tenemos información suficiente para representar legítimamente en este espacio al pueblo y a los diversos sectores a los que escuchamos. Consecuentemente, podemos evaluar un cronograma que, en la medida de lo posible, intentaríamos acordar entre todos o la mayoría.
Acerca del presidente del Banco Central, la Carta Orgánica establece un régimen específico para su presencia en el Congreso de la Nación. Podríamos evaluar sacarlo de ese marco, pero me parece que eso sería violentar las normas previstas en la Carta Orgánica del Banco Central en materia de su funcionamiento y la relación con el Congreso. Por lo tanto, necesito un tiempo para evaluarlo e incluso conversarlo con el Senado porque la Carta Orgánica establece que los informes se brindan en las dos Cámaras, ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, la de Economía Nacional e Inversión del Senado y la de Finanzas de Diputados. No sé si me olvido de alguna comisión, pero al menos son cuatro las comisiones que deben estar presentes. O sea que es un tema bien complejo y no recuerdo antecedentes cercanos. Estoy seguro de que este caso no se dio en los últimos quince años. Por eso, hay que evaluarlo.
Desde el punto de vista legal, de la oportunidad mérito y conveniencia, en la transición a un nuevo régimen monetario y con un nuevo presidente del Banco Central, las variables financieras son muy sensibles y tenemos que pensar en sentido patriótico qué es lo más conveniente.
Eventualmente podríamos hacer una reunión cerrada y reservada de la Comisión de Presupuesto, aunque la Carta Orgánica establece su carácter público. Entonces, no podríamos hacer lo mismo que en 2001 cuando se estaba en plena negociación del "megacanje". En esa ocasión, el secretario de Finanzas vino a informar y los taquígrafos registraron la reunión, que no fue pública. Como este no sería el caso, deberíamos evaluar alternativas, la necesidad y el marco de ejecución.
Tiene la palabra la señora diputada Frana.
Hasta el momento, tenemos prevista la presencia del secretario de Finanzas, licenciado Bausili, aunque deberíamos plantear otras alternativas.
Respecto de si abriremos las reuniones a todos los sectores que quieran participar, a mi juicio eso excede la discusión del presupuesto. Nosotros leemos los diarios y tenemos información suficiente para representar legítimamente en este espacio al pueblo y a los diversos sectores a los que escuchamos. Consecuentemente, podemos evaluar un cronograma que, en la medida de lo posible, intentaríamos acordar entre todos o la mayoría.
Acerca del presidente del Banco Central, la Carta Orgánica establece un régimen específico para su presencia en el Congreso de la Nación. Podríamos evaluar sacarlo de ese marco, pero me parece que eso sería violentar las normas previstas en la Carta Orgánica del Banco Central en materia de su funcionamiento y la relación con el Congreso. Por lo tanto, necesito un tiempo para evaluarlo e incluso conversarlo con el Senado porque la Carta Orgánica establece que los informes se brindan en las dos Cámaras, ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, la de Economía Nacional e Inversión del Senado y la de Finanzas de Diputados. No sé si me olvido de alguna comisión, pero al menos son cuatro las comisiones que deben estar presentes. O sea que es un tema bien complejo y no recuerdo antecedentes cercanos. Estoy seguro de que este caso no se dio en los últimos quince años. Por eso, hay que evaluarlo.
Desde el punto de vista legal, de la oportunidad mérito y conveniencia, en la transición a un nuevo régimen monetario y con un nuevo presidente del Banco Central, las variables financieras son muy sensibles y tenemos que pensar en sentido patriótico qué es lo más conveniente.
Eventualmente podríamos hacer una reunión cerrada y reservada de la Comisión de Presupuesto, aunque la Carta Orgánica establece su carácter público. Entonces, no podríamos hacer lo mismo que en 2001 cuando se estaba en plena negociación del "megacanje". En esa ocasión, el secretario de Finanzas vino a informar y los taquígrafos registraron la reunión, que no fue pública. Como este no sería el caso, deberíamos evaluar alternativas, la necesidad y el marco de ejecución.
Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SR. FRANA Señor presidente: considero que se trata de una situación excepcional. Desconozco los detalles de lo establecido en la Carta Orgánica, pero no creo que esté prohibido. Además, es un reclamo que están haciendo todos los sectores durante los últimos días. Me parece que se trata de una situación excepcional.
El señor presidente dijo que no recuerda un antecedente durante los últimos quince años. Me parece que en ese plazo no hubo pedidos de asistencia financiera al Fondo Monetario, ni esta suerte de cambio de reglas de juego que nos preocupan a todos.
El señor presidente dijo que no recuerda un antecedente durante los últimos quince años. Me parece que en ese plazo no hubo pedidos de asistencia financiera al Fondo Monetario, ni esta suerte de cambio de reglas de juego que nos preocupan a todos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Sin más asuntos que tratar, damos por finalizada la reunión.
Es la hora 13 y 43.