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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 23/10/2018
- PRESUPUESTO 2019
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de octubre de 2018, a la hora 10 y 30:
SR. PRESIDENTE LASPINA Buenos días a todos. Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tenemos un orden del día bastante amplio, así que sugiero tratar los temas según el orden preestablecido.
En consideración el proyecto de ley contenido en el expediente 4784-d-2018 sobre modificaciones al Impuesto a las Ganancias, ley 20.628. Se trata de un proyecto del que soy coautor, junto con los diputados Massot y Pastori. Si no se formulan objeciones, podríamos pasar a la firma del dictamen.
En consideración el proyecto de ley contenido en el expediente 4784-d-2018 sobre modificaciones al Impuesto a las Ganancias, ley 20.628. Se trata de un proyecto del que soy coautor, junto con los diputados Massot y Pastori. Si no se formulan objeciones, podríamos pasar a la firma del dictamen.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: quería saber si ustedes tienen previsto aprobar el dictamen tal como estaba originalmente o si prevén introducirle algún tipo de modificación.
SR. PRESIDENTE LASPINA Precisamente ayer, aproximadamente a las 9 de la noche, distribuimos a todos los miembros de la comisión una última versión de los dictámenes que estamos proponiendo desde el oficialismo y que ponemos a consideración. Desde ya que cada uno de los bloques puede presentar dictámenes en disidencia.
En particular, el referido a ajuste por inflación básicamente introduce dos o tres cambios respecto del proyecto original que hemos presentado con los diputados Pastori y Massot.
El primero de los cambios consiste en corregir los gatillos a partir de los cuales se activa el ajuste impositivo por inflación en el artículo 3º. Ahí hemos modificado el orden de los tres años, respetando el criterio del ciento por ciento en tres años de inflación. Hemos modificado esos números; ustedes los tienen a disposición en el email que envió ayer la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Por otra parte, se incorporó un cambio en el artículo 7º, relativo a las facultades que tiene el Poder Ejecutivo en materia de aceptación de los balances contables ajustados por inflación en moneda constante. Como saben -y por eso es difícil de ver este proyecto-, hubo una serie de idas y vueltas en materia regulatoria en relación con el ajuste por inflación.
En realidad, ocurre que partimos de que el ajuste por inflación en los balances estaba prohibido por la Ley de Convertibilidad. Después, el decreto 316/1995 incluso instruyó a los órganos de contralor del Poder Ejecutivo nacional para que no acepten presentación de balances en moneda constante o, como decimos nosotros, ajustados por inflación.
Posteriormente, el decreto 1.269 del 16 de julio de 2002 -que data de la gestión del entonces presidente Duhalde y que fuera también firmado por Lavagna padre como ministro- permite nuevamente realizar ajustes por inflación en los estados contables a través de una serie de modificaciones.
Más tarde, se dictó el decreto 664 del 20 de marzo de 2003 -también durante la presidencia de Duhalde y con las firmas de Roberto Lavagna, Alfredo Atanasof, Aníbal Fernández, Graciela Camaño, Carlos Ruckauf, etcétera-, que precisamente derogó o dio marcha atrás a esta posibilidad de ajustar por inflación que se había establecido desde el año 2002. De esta manera, se dispuso la prohibición del ajuste por inflación contable e impositivo de los balances y se volvió al texto original de la Ley de Convertibilidad.
Por eso aquí, en nuestro proyecto, nosotros derogamos una serie de decretos, en particular el 1.269/2002, que es el que volvía a establecer la prohibición de ajuste por inflación.
La primera norma que mencioné que permitía el ajuste por inflación daba a los entes de contralor la potestad de dictar las reglamentaciones pertinentes a los fines de la recepción de los balances o estados contables confeccionados en moneda constante.
Entonces, lo que de alguna forma establecemos nosotros es lo siguiente. Dado que estamos derogando la prohibición -lo que nos remite a la ley de sociedades, que establece que los balances deben presentarse en moneda constante-; que en nuestro país la mayoría de los organismos de control han establecido como criterio general la convergencia a las normas NIIF -que son los mejores estándares de contabilidad internacional, son normas mundialmente aceptadas-, y que algunos organismos de contralor han establecido hojas de ruta en la convergencia de esas normas contables para, precisamente, permitir adaptar los sistemas y las regulaciones de capital a las nuevas normas, es que en el artículo 7º simplemente agregamos o repetimos aquella vieja facultad que tenía el Poder Ejecutivo -en realidad los órganos de contralor del Poder Ejecutivo y el Banco Central- en relación con los balances o estados contables que les sean presentados. Es decir, la potestad de regular precisamente la convergencia a normas NIIF o a ajuste contable por inflación.
Les pido disculpas si la explicación es un poco extensa, pero se trata de un tema bastante técnico y complejo. Pero lo que estamos diciendo básicamente es que en materia de estados contables los entes reguladores, los organismos de contralor del sector público -la IGJ, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la CNV-, van a poder establecer mecanismos o una hoja de ruta de convergencia a la presentación de balances ajustados por inflación. Esa es la segunda modificación que establecemos en el dictamen respecto del proyecto original.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
En particular, el referido a ajuste por inflación básicamente introduce dos o tres cambios respecto del proyecto original que hemos presentado con los diputados Pastori y Massot.
El primero de los cambios consiste en corregir los gatillos a partir de los cuales se activa el ajuste impositivo por inflación en el artículo 3º. Ahí hemos modificado el orden de los tres años, respetando el criterio del ciento por ciento en tres años de inflación. Hemos modificado esos números; ustedes los tienen a disposición en el email que envió ayer la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Por otra parte, se incorporó un cambio en el artículo 7º, relativo a las facultades que tiene el Poder Ejecutivo en materia de aceptación de los balances contables ajustados por inflación en moneda constante. Como saben -y por eso es difícil de ver este proyecto-, hubo una serie de idas y vueltas en materia regulatoria en relación con el ajuste por inflación.
En realidad, ocurre que partimos de que el ajuste por inflación en los balances estaba prohibido por la Ley de Convertibilidad. Después, el decreto 316/1995 incluso instruyó a los órganos de contralor del Poder Ejecutivo nacional para que no acepten presentación de balances en moneda constante o, como decimos nosotros, ajustados por inflación.
Posteriormente, el decreto 1.269 del 16 de julio de 2002 -que data de la gestión del entonces presidente Duhalde y que fuera también firmado por Lavagna padre como ministro- permite nuevamente realizar ajustes por inflación en los estados contables a través de una serie de modificaciones.
Más tarde, se dictó el decreto 664 del 20 de marzo de 2003 -también durante la presidencia de Duhalde y con las firmas de Roberto Lavagna, Alfredo Atanasof, Aníbal Fernández, Graciela Camaño, Carlos Ruckauf, etcétera-, que precisamente derogó o dio marcha atrás a esta posibilidad de ajustar por inflación que se había establecido desde el año 2002. De esta manera, se dispuso la prohibición del ajuste por inflación contable e impositivo de los balances y se volvió al texto original de la Ley de Convertibilidad.
Por eso aquí, en nuestro proyecto, nosotros derogamos una serie de decretos, en particular el 1.269/2002, que es el que volvía a establecer la prohibición de ajuste por inflación.
La primera norma que mencioné que permitía el ajuste por inflación daba a los entes de contralor la potestad de dictar las reglamentaciones pertinentes a los fines de la recepción de los balances o estados contables confeccionados en moneda constante.
Entonces, lo que de alguna forma establecemos nosotros es lo siguiente. Dado que estamos derogando la prohibición -lo que nos remite a la ley de sociedades, que establece que los balances deben presentarse en moneda constante-; que en nuestro país la mayoría de los organismos de control han establecido como criterio general la convergencia a las normas NIIF -que son los mejores estándares de contabilidad internacional, son normas mundialmente aceptadas-, y que algunos organismos de contralor han establecido hojas de ruta en la convergencia de esas normas contables para, precisamente, permitir adaptar los sistemas y las regulaciones de capital a las nuevas normas, es que en el artículo 7º simplemente agregamos o repetimos aquella vieja facultad que tenía el Poder Ejecutivo -en realidad los órganos de contralor del Poder Ejecutivo y el Banco Central- en relación con los balances o estados contables que les sean presentados. Es decir, la potestad de regular precisamente la convergencia a normas NIIF o a ajuste contable por inflación.
Les pido disculpas si la explicación es un poco extensa, pero se trata de un tema bastante técnico y complejo. Pero lo que estamos diciendo básicamente es que en materia de estados contables los entes reguladores, los organismos de contralor del sector público -la IGJ, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la CNV-, van a poder establecer mecanismos o una hoja de ruta de convergencia a la presentación de balances ajustados por inflación. Esa es la segunda modificación que establecemos en el dictamen respecto del proyecto original.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Este proyecto viene a remendar un problema que se da cuando la macroeconomía presenta las inestabilidades que se advierten en estos tiempos. Hay una demanda judicial; hay antecedentes judiciales. Por eso es preciso establecer la necesidad de que los balances ajusten por inflación para evitar que esas demandas se multipliquen.
En este sentido, encontramos una solución el año pasado a una discusión, que creo que se dio en el marco de la ley fiscal tributaria. Evidentemente, así como duró 24 horas el presupuesto, también duró 24 horas el 12 o 15 por ciento de inflación.
Pareciera que este año la inflación va a terminar en un valor cercano al 45 o 50 por ciento. De hecho, este proyecto ya tuvo modificaciones desde que fue presentado porque la inflación es mayor a la que se preveía originalmente, con lo cual esto viene a poner un parche a la inestabilidad macroeconómica que vive la Argentina.
La inflación que va a haber este año en nuestro país es la más alta que se ha registrado desde 1991. La midan como la midan -bien, mal, con un buen o un mal INDEC, o como quieran-, es la más alta. Reitero: desde 1991 a la fecha, este año vamos a terminar con la inflación más alta en la Argentina...
En este sentido, encontramos una solución el año pasado a una discusión, que creo que se dio en el marco de la ley fiscal tributaria. Evidentemente, así como duró 24 horas el presupuesto, también duró 24 horas el 12 o 15 por ciento de inflación.
Pareciera que este año la inflación va a terminar en un valor cercano al 45 o 50 por ciento. De hecho, este proyecto ya tuvo modificaciones desde que fue presentado porque la inflación es mayor a la que se preveía originalmente, con lo cual esto viene a poner un parche a la inestabilidad macroeconómica que vive la Argentina.
La inflación que va a haber este año en nuestro país es la más alta que se ha registrado desde 1991. La midan como la midan -bien, mal, con un buen o un mal INDEC, o como quieran-, es la más alta. Reitero: desde 1991 a la fecha, este año vamos a terminar con la inflación más alta en la Argentina...
SR. PRESIDENTE LASPINA Disculpe la interrupción, señor diputado. Pedimos a todos los presentes que guarden silencio para que podamos escuchar al orador.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bossio.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: creo que es bueno contextualizar los proyectos y decir las cosas como son. Está bien el proyecto, porque evidentemente el fisco necesita recursos. Son recursos coparticipables y las provincias y los municipios van a estar de acuerdo con recibir más recursos. Son ganancias; el impuesto a las ganancias tuvo una serie de modificaciones en la ley tributaria del año pasado.
Pero no quiero dejar de mencionar que esto viene a remendar un problema mucho más serio. El problema de la inflación, de una inflación mucho más elevada a la que previó el gobierno del 12 por ciento y que discutíamos en esta Cámara el año pasado. Después, a las 24 horas de haberse aprobado el presupuesto, fue de 15, 17 por ciento; hoy la inflación esperada para este año es de 45, 44, 43 o 48 por ciento. Evidentemente, todo eso altera la ecuación que se había previsto en un comienzo.
Estamos de acuerdo con avanzar en este proyecto porque se fortalecen las arcas tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del poder de las provincias que tienen muchas necesidades. Seguramente, aquellas grandes empresas que tengan ganancias van a tener que pagar más. Nos parece justo. Está bien la modificación. Quisiéramos ver en detalle la última modificación de la temporalidad y la presentación contable. Entendemos el punto, nos parece apropiado. Posiblemente, si nos da algo más de tiempo, podremos sugerir algunas modificaciones a ese artículo.
Pero no quiero dejar de mencionar que esto viene a remendar un problema mucho más serio. El problema de la inflación, de una inflación mucho más elevada a la que previó el gobierno del 12 por ciento y que discutíamos en esta Cámara el año pasado. Después, a las 24 horas de haberse aprobado el presupuesto, fue de 15, 17 por ciento; hoy la inflación esperada para este año es de 45, 44, 43 o 48 por ciento. Evidentemente, todo eso altera la ecuación que se había previsto en un comienzo.
Estamos de acuerdo con avanzar en este proyecto porque se fortalecen las arcas tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del poder de las provincias que tienen muchas necesidades. Seguramente, aquellas grandes empresas que tengan ganancias van a tener que pagar más. Nos parece justo. Está bien la modificación. Quisiéramos ver en detalle la última modificación de la temporalidad y la presentación contable. Entendemos el punto, nos parece apropiado. Posiblemente, si nos da algo más de tiempo, podremos sugerir algunas modificaciones a ese artículo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Escuchamos propuestas.
Tengo anotado al diputado Lavagna, pero no sé si su intervención es por este proyecto o por otro.
Tengo anotado al diputado Lavagna, pero no sé si su intervención es por este proyecto o por otro.
SR. LAVAGNA Es en general, por los distintos proyectos.
En línea con lo que expresado por el diputado Bossio, tengo una duda respecto a los momentos donde se está aplicando porque acá lo que se estable es que el ajuste contable, el ajuste por inflación, ya sabemos, el cambio es -básicamente- para que el Estado no pierda 100.000 millones de pesos al aplicar la norma que está vigente, para decirlo con números claritos. El tema es lo contable, que lo aplican a partir del 1º de enero de 2018. ¿Por qué de 2018 y no de 2019? ¿Porque hay balances que pueden haber cerrado o que pueden haber sido presentados, que van a estar con otra norma? No termino de entender por qué empezar a partir del 1º de enero de 2018 y no de 2019. Quizás no logre entenderlo por un desconocimiento técnico mío -ya que se trata de algo muy específico-, pero me gustaría entender el motivo por el cual lo hacemos retroactivo al 1º de enero de 2018 y no lo aplicamos desde 2019.
No es una objeción, si se quiere es más una duda técnica que no termino de entender. No sé si alguno de ustedes lo puede explicar; si no, le pediríamos un poquito de tiempo para analizar ese detalle y después poder firmarlo.
En línea con lo que expresado por el diputado Bossio, tengo una duda respecto a los momentos donde se está aplicando porque acá lo que se estable es que el ajuste contable, el ajuste por inflación, ya sabemos, el cambio es -básicamente- para que el Estado no pierda 100.000 millones de pesos al aplicar la norma que está vigente, para decirlo con números claritos. El tema es lo contable, que lo aplican a partir del 1º de enero de 2018. ¿Por qué de 2018 y no de 2019? ¿Porque hay balances que pueden haber cerrado o que pueden haber sido presentados, que van a estar con otra norma? No termino de entender por qué empezar a partir del 1º de enero de 2018 y no de 2019. Quizás no logre entenderlo por un desconocimiento técnico mío -ya que se trata de algo muy específico-, pero me gustaría entender el motivo por el cual lo hacemos retroactivo al 1º de enero de 2018 y no lo aplicamos desde 2019.
No es una objeción, si se quiere es más una duda técnica que no termino de entender. No sé si alguno de ustedes lo puede explicar; si no, le pediríamos un poquito de tiempo para analizar ese detalle y después poder firmarlo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Concretamente, respecto a esa cuestión, la mayoría de las modificaciones que hacemos en materia impositiva rigen para el ejercicio fiscal del que se trata. Por ejemplo, recuerdo la discusión de ganancias del año 2016.
En este caso, el artículo 283, de la ley Nº 27.430, precisamente, regía desde el 2018. De modo tal que se establece lo mismo. La única modificación es que se cambia el criterio de Índice de Precios Mayoristas a Índice de Precios al Consumidor. Parte del espíritu de este proyecto es ir -gradualmente- mudando todas las actualizaciones en materia impositiva desde el Índice de Precios Mayoristas -que si uno quiere en alguna medida es menos representativa del poder adquisitivo de la moneda- hacia el Índice de Precios al Consumidor, que ahora tenemos además Índice de Precio al Consumidor Nacional, realizado por el INDEC.
Lo único que hace es cambiar el índice pero no la fecha de impacto de ninguna de las leyes, ni de ganancias, ni de la ley de revalúo impositivo al cual se refiere el artículo 2º.
Tiene la palabra el diputado Lavagna.
En este caso, el artículo 283, de la ley Nº 27.430, precisamente, regía desde el 2018. De modo tal que se establece lo mismo. La única modificación es que se cambia el criterio de Índice de Precios Mayoristas a Índice de Precios al Consumidor. Parte del espíritu de este proyecto es ir -gradualmente- mudando todas las actualizaciones en materia impositiva desde el Índice de Precios Mayoristas -que si uno quiere en alguna medida es menos representativa del poder adquisitivo de la moneda- hacia el Índice de Precios al Consumidor, que ahora tenemos además Índice de Precio al Consumidor Nacional, realizado por el INDEC.
Lo único que hace es cambiar el índice pero no la fecha de impacto de ninguna de las leyes, ni de ganancias, ni de la ley de revalúo impositivo al cual se refiere el artículo 2º.
Tiene la palabra el diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA La parte impositiva la tengo clara. Estoy de acuerdo con eso. Me refería a la parte de los ajustes de balances contables. En esa parte me podría generar algún problema.
SR. PRESIDENTE LASPINA ¿En qué punto? Porque en términos de balances contables, solamente se hace referencia con este agregado del inciso c) del artículo 7º, que establece la entrada en vigencia de esta norma. Ahí refiere a que el ajuste contable en moneda constante va a regir a partir de la fecha que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su organismo de control.
Esto es básicamente lo que estoy diciendo. En determinados organismos de control hay más o menos apuro en aplicar las normas contables.
Tiene la palabra el señor diputado Lousteau.
Esto es básicamente lo que estoy diciendo. En determinados organismos de control hay más o menos apuro en aplicar las normas contables.
Tiene la palabra el señor diputado Lousteau.
SR. LOUSTEAU Sin ser contador, me parece que a lo que se refiere el diputado es que hay sociedades que inician y terminan ejercicio en otro momento que no es el año calendario. Igual, entiendo yo que está salvado porque una sociedad que empieza el ejercicio antes de esto no está alcanzada, es decir, no le corresponde el ajuste por inflación y una que empieza después, ya está alcanzada.
Entiendo que está contemplado en su totalidad. Me parece que era esa la duda.
Entiendo que está contemplado en su totalidad. Me parece que era esa la duda.
SR. LAVAGNA Sí, en realidad son dos dudas. Por un lado, esa, porque creo que puede haber alguna diferencia en materia impositiva que haya que salvar. Pero, de vuelta, es algo muy técnico, muy contable y por eso la pregunta es si no será necesario salvar aquellas que tengan finalización en el año para no tener una diferencia.
El segundo punto tiene que ver con el artículo 5º, donde creo que hay que ponerle fecha. ¿Por qué dejarle esa atribución al Ejecutivo?
Esas eran las dos dudas. Es cierto lo que dijo el diputado Lousteau en el sentido de que en cierta forma queda salvada, aunque igualmente tengo alguna duda. No obstante, sería bueno que pongamos una fecha en el artículo 5º. ¿Por qué no a partir de los balances del 18 o del 19 para dejar una fecha establecida?
El segundo punto tiene que ver con el artículo 5º, donde creo que hay que ponerle fecha. ¿Por qué dejarle esa atribución al Ejecutivo?
Esas eran las dos dudas. Es cierto lo que dijo el diputado Lousteau en el sentido de que en cierta forma queda salvada, aunque igualmente tengo alguna duda. No obstante, sería bueno que pongamos una fecha en el artículo 5º. ¿Por qué no a partir de los balances del 18 o del 19 para dejar una fecha establecida?
SR. PRESIDENTE LASPINA Justamente, el artículo 5º vuelve al espíritu original del segundo decreto del año 2003, que permite el ajuste contable en los balances, a contrario sensu de lo que decía la Ley de Convertibilidad. Lo que nosotros estamos diciendo de alguna forma es que tal como regía en los antecedentes de los varios decretos que se dictaron sobre esta norma, se le da a los organismos de contralor del Poder Ejecutivo Nacional la potestad de establecer los tiempos y las formas en las cuales las sociedades que regulan presentan los estados contables.
Esto tiene un montón de justificativos. Podría citar el caso del Banco Central, que tal vez es el que más conozco de cerca. Básicamente, el Banco Central estableció una hoja de ruta de convergencia a las normas NIIF, que establecen bajo determinadas condiciones la necesidad de presentar balances en moneda constante, que no necesariamente tiene una fecha de vigencia determinada. La IGJ podría hacer lo propio y la CNV lo hace de manera más acelerada.
Entonces, justamente, dependiendo del organismo de contralor de que se trate, habrá distintas fechas de entrada en vigencia de este proceso. En todos los casos a los que nos estamos refiriendo -fundamentalmente, en los casos de la CNV y del Banco Central-, esos organismos ya han adherido y expresado la necesidad de converger a normas NIIF, a normas internacionales en materia contable, que establecen la necesidad de ajuste por inflación bajo determinados extremos, que como todos sabemos, es básicamente supuesto que se supera el ciento por ciento de inflación acumulada en tres años.
Dado que eso ya está, permitimos a los organismos de contralor establecer una hoja de ruta adecuada de convergencia a normas NIIF. Eso es básicamente lo que estamos diciendo y no tiene ninguna implicancia impositiva ni recaudatoria; simplemente tiene que ver con darles a los mecanismos de contralor esta posibilidad de poder ir estableciendo las formas en las cuales van convergiendo.
Gracias, diputado Lousteau, por la aclaración.
Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
Esto tiene un montón de justificativos. Podría citar el caso del Banco Central, que tal vez es el que más conozco de cerca. Básicamente, el Banco Central estableció una hoja de ruta de convergencia a las normas NIIF, que establecen bajo determinadas condiciones la necesidad de presentar balances en moneda constante, que no necesariamente tiene una fecha de vigencia determinada. La IGJ podría hacer lo propio y la CNV lo hace de manera más acelerada.
Entonces, justamente, dependiendo del organismo de contralor de que se trate, habrá distintas fechas de entrada en vigencia de este proceso. En todos los casos a los que nos estamos refiriendo -fundamentalmente, en los casos de la CNV y del Banco Central-, esos organismos ya han adherido y expresado la necesidad de converger a normas NIIF, a normas internacionales en materia contable, que establecen la necesidad de ajuste por inflación bajo determinados extremos, que como todos sabemos, es básicamente supuesto que se supera el ciento por ciento de inflación acumulada en tres años.
Dado que eso ya está, permitimos a los organismos de contralor establecer una hoja de ruta adecuada de convergencia a normas NIIF. Eso es básicamente lo que estamos diciendo y no tiene ninguna implicancia impositiva ni recaudatoria; simplemente tiene que ver con darles a los mecanismos de contralor esta posibilidad de poder ir estableciendo las formas en las cuales van convergiendo.
Gracias, diputado Lousteau, por la aclaración.
Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: simplemente para hacer referencia a la duda que manifestó el señor diputado Lavagna.
Existe un parámetro internacional que habla del ciento por ciento acumulado en tres años. Cuando se supera ese plazo, el país ya está calificado como una economía inflacionaria. Es un disparador para que las empresas radicadas en el país puedan ajustar sus estados contables por inflación.
En nuestro país, el órgano rector es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que comenzó a analizar esta cuestión de manera urgente. Luego de varias reuniones y resoluciones a lo largo de estos años -que llevaron a prorrogar sucesivamente la exigencia de ajustar por inflación- se emitió un comunicado en el mes de julio del corriente año. Dicho comunicado se denomina Comunicación de FACPCE sobre el ajuste por inflación en los estados contables. Aclaro que no se trata de una resolución técnica, sino de un comunicado emitido por la autoridad que regula el ejercicio de la profesión contable en todo el país. En un tramo del mismo señala que al haberse comprobado el cumplimiento de la condición estipulada en las normas contables respecto de la necesidad de realizar el ajuste integral de los estados contables por los efectos de la inflación, se define que el mismo comenzará a aplicarse a partir de los cierres del 1° de julio del 2018. O sea, todos los estados contables que cierren a partir de dicha fecha. Pero la misma publicación suaviza la cuestión y permite que las empresas decidan o no aplicar el ajuste por inflación para los cierres al 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre. En cambio, deberían hacerlo a partir de los cierres que se produzcan el 1° de octubre.
Por otro lado, la IGJ -como organismo de contralor- también deberá hacer su propio análisis sobre esta cuestión. Existe un decreto vigente del Poder Ejecutivo que prohíbe expresamente la presentación de estados contables ajustados por inflación a las empresas que están reguladas o controladas por la IGJ.
La redacción de este proyecto de ley viene a salvar todas estas cuestiones en la medida que establece que se estipule en todos los ejercicios que cierren este año. Allí desaparece el problema de si es en julio, agosto, septiembre u octubre. Esto se da al no superar la pauta del 55 por ciento para el transcurso de este año y que está señalada en el proyecto.
Esta es la explicación más técnica acerca de por qué es importante que esto esté expresado en la ley.
Por otra parte, en el artículo 5° se aclara que la derogación del ajuste por inflación no comprende los estados contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de sociedades comerciales. Allí se hace alusión a los estados contables en moneda constante. Concretamente, las empresas no harán este año el ajuste por inflación. Sí lo harán el año que viene si no supera el 30 por ciento y, en el tercer año, si no supera el 15 por ciento.
Hay que recordar que en la reforma tributaria aprobamos que, en el plazo de tres años, hay que superar el ciento por ciento, contando a partir del 1° de enero de 2018.
Entonces, hay que tomar en cuenta la ley que mencionamos anteriormente, las normas contables que obligan a hacer ajuste por inflación -cuando en tres años se supere el ciento por ciento-, junto al decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe a los entes de contralor aceptar estados contables con ajuste por inflación. Todo esto quedaría solucionado a partir del presente proyecto.
Existe un parámetro internacional que habla del ciento por ciento acumulado en tres años. Cuando se supera ese plazo, el país ya está calificado como una economía inflacionaria. Es un disparador para que las empresas radicadas en el país puedan ajustar sus estados contables por inflación.
En nuestro país, el órgano rector es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que comenzó a analizar esta cuestión de manera urgente. Luego de varias reuniones y resoluciones a lo largo de estos años -que llevaron a prorrogar sucesivamente la exigencia de ajustar por inflación- se emitió un comunicado en el mes de julio del corriente año. Dicho comunicado se denomina Comunicación de FACPCE sobre el ajuste por inflación en los estados contables. Aclaro que no se trata de una resolución técnica, sino de un comunicado emitido por la autoridad que regula el ejercicio de la profesión contable en todo el país. En un tramo del mismo señala que al haberse comprobado el cumplimiento de la condición estipulada en las normas contables respecto de la necesidad de realizar el ajuste integral de los estados contables por los efectos de la inflación, se define que el mismo comenzará a aplicarse a partir de los cierres del 1° de julio del 2018. O sea, todos los estados contables que cierren a partir de dicha fecha. Pero la misma publicación suaviza la cuestión y permite que las empresas decidan o no aplicar el ajuste por inflación para los cierres al 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre. En cambio, deberían hacerlo a partir de los cierres que se produzcan el 1° de octubre.
Por otro lado, la IGJ -como organismo de contralor- también deberá hacer su propio análisis sobre esta cuestión. Existe un decreto vigente del Poder Ejecutivo que prohíbe expresamente la presentación de estados contables ajustados por inflación a las empresas que están reguladas o controladas por la IGJ.
La redacción de este proyecto de ley viene a salvar todas estas cuestiones en la medida que establece que se estipule en todos los ejercicios que cierren este año. Allí desaparece el problema de si es en julio, agosto, septiembre u octubre. Esto se da al no superar la pauta del 55 por ciento para el transcurso de este año y que está señalada en el proyecto.
Esta es la explicación más técnica acerca de por qué es importante que esto esté expresado en la ley.
Por otra parte, en el artículo 5° se aclara que la derogación del ajuste por inflación no comprende los estados contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de sociedades comerciales. Allí se hace alusión a los estados contables en moneda constante. Concretamente, las empresas no harán este año el ajuste por inflación. Sí lo harán el año que viene si no supera el 30 por ciento y, en el tercer año, si no supera el 15 por ciento.
Hay que recordar que en la reforma tributaria aprobamos que, en el plazo de tres años, hay que superar el ciento por ciento, contando a partir del 1° de enero de 2018.
Entonces, hay que tomar en cuenta la ley que mencionamos anteriormente, las normas contables que obligan a hacer ajuste por inflación -cuando en tres años se supere el ciento por ciento-, junto al decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe a los entes de contralor aceptar estados contables con ajuste por inflación. Todo esto quedaría solucionado a partir del presente proyecto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Quiero hacer una pregunta. Entiendo que el artículo 5º queda por fuera del 55, el 30 y el 15 por ciento, y quiero saber si no se puede aplicar a partir de ahora.
Este artículo surge por la situación de algunos estados contables de algunas empresas estilo banco, que tienen patrimonios mínimos. Me parece que este artículo va orientado a eso, con lo cual no tiene relación directa con el ciento por ciento que se establece en el artículo 3º, por lo que mi duda es a partir de los tiempos que se aplican. Nuevamente, es algo muy contable y por eso me han surgido estas dudas.
Este artículo surge por la situación de algunos estados contables de algunas empresas estilo banco, que tienen patrimonios mínimos. Me parece que este artículo va orientado a eso, con lo cual no tiene relación directa con el ciento por ciento que se establece en el artículo 3º, por lo que mi duda es a partir de los tiempos que se aplican. Nuevamente, es algo muy contable y por eso me han surgido estas dudas.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Solamente quiero hacer una pequeñísima aclaración. La verdad es que este artículo, así como está, viene a salvar una vieja discusión en la doctrina, en la que se discutía si los estados contables estaban o no alcanzados por la prohibición de actualización de la ley de convertibilidad.
O sea que algunos afirmaban que los estados contables estaban excluidos, y otros sostenían que no lo estaban, que la norma también los alcanzaba, y por eso el Poder Ejecutivo dictó un decreto prohibiendo a los organismos de contralor. Pero después están todas las demás empresas que no están sujetas a organismos de contralor.
De modo que lo que esto aclara es que la prohibición de actualización de la Ley de Convertibilidad no comprende a los estados contables de las empresas que se regirán por la ley de sociedades comerciales, que establece que deben hacerlo en moneda constante. Digamos que queda salvada esta discusión respecto de la deficiente redacción de la Ley de Convertibilidad, que daba cuenta de que unos podían opinar de una manera y otros de otra. De modo que esto zanja esa discusión diciendo que los estados contables están fuera de la prohibición de la actualización de la Ley de Convertibilidad.
De todos modos, estos valores no van a poder ser actualizados por la legislación anterior -donde establecemos una norma cuantitativa del 55 por ciento para este año-, ya que por la reforma tributaria dijimos que era a partir del 1º de enero de 2018, pero que cuando en el primer año se superara -creo que era el 33 por ciento-, entonces sí se habilitaba la actualización.
Ahora lo que estamos modificando es esa norma del 33 al 55 por ciento, con lo cual no van a estar sujetos los estados contables a actualización. Pero queda aclarado que los estados contables no están comprendidos en la prohibición de la Ley de Convertibilidad. Eso no estaba dicho así en la original Ley de Convertibilidad, lo que originó muchas dudas y cuestiones.
O sea que algunos afirmaban que los estados contables estaban excluidos, y otros sostenían que no lo estaban, que la norma también los alcanzaba, y por eso el Poder Ejecutivo dictó un decreto prohibiendo a los organismos de contralor. Pero después están todas las demás empresas que no están sujetas a organismos de contralor.
De modo que lo que esto aclara es que la prohibición de actualización de la Ley de Convertibilidad no comprende a los estados contables de las empresas que se regirán por la ley de sociedades comerciales, que establece que deben hacerlo en moneda constante. Digamos que queda salvada esta discusión respecto de la deficiente redacción de la Ley de Convertibilidad, que daba cuenta de que unos podían opinar de una manera y otros de otra. De modo que esto zanja esa discusión diciendo que los estados contables están fuera de la prohibición de la actualización de la Ley de Convertibilidad.
De todos modos, estos valores no van a poder ser actualizados por la legislación anterior -donde establecemos una norma cuantitativa del 55 por ciento para este año-, ya que por la reforma tributaria dijimos que era a partir del 1º de enero de 2018, pero que cuando en el primer año se superara -creo que era el 33 por ciento-, entonces sí se habilitaba la actualización.
Ahora lo que estamos modificando es esa norma del 33 al 55 por ciento, con lo cual no van a estar sujetos los estados contables a actualización. Pero queda aclarado que los estados contables no están comprendidos en la prohibición de la Ley de Convertibilidad. Eso no estaba dicho así en la original Ley de Convertibilidad, lo que originó muchas dudas y cuestiones.
SR. PRESIDENTE LASPINA Señor diputado Borsani: lo tengo anotado en la lista de oradores. ¿Usted quiere intervenir ahora o para otro tema?
SR. BORSANI Si el tema no está agotado, me parece que pueden seguir hablando otros señores diputados. Más tarde puedo hacer uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE LASPINA Perfecto, señor diputado.
En síntesis, estos son los cambios propuestos. Por supuesto, si a lo largo de esta reunión surgieran propuestas de modificaciones, podemos volver sobre ellas en algún momento. Pero si ese no fuera el caso, pasaremos el dictamen a la firma de quienes quieran acompañarlo.
En síntesis, estos son los cambios propuestos. Por supuesto, si a lo largo de esta reunión surgieran propuestas de modificaciones, podemos volver sobre ellas en algún momento. Pero si ese no fuera el caso, pasaremos el dictamen a la firma de quienes quieran acompañarlo.
No se formulan objeciones y se pasa a la firma del dictamen.
SR. PRESIDENTE LASPINA Pasamos al segundo asunto del temario de esta reunión.
En consideración el proyecto de ley del señor diputado Jorge Daniel Franco y de la señora diputada Silvia Alejandra Martínez, contenido en el expediente 6443-d-2018, por el que se establecen modificaciones en materia de exenciones y progresividad en el impuesto sobre los bienes personales, ley 23.966.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
En consideración el proyecto de ley del señor diputado Jorge Daniel Franco y de la señora diputada Silvia Alejandra Martínez, contenido en el expediente 6443-d-2018, por el que se establecen modificaciones en materia de exenciones y progresividad en el impuesto sobre los bienes personales, ley 23.966.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: nosotros votamos el año pasado una reforma impositiva, y una de las condiciones por las cuales se hizo fue para darle cierta estabilidad y previsibilidad al sistema tributario argentino. Pero resulta que leemos en los diarios y en algunos portales que "el peronismo acuerda subir bienes personales".
Ayer tuve la oportunidad de reunirme con muchos compañeros -diputados, senadores y gobernadores-, y por eso quiero preguntarle qué peronista dijo que íbamos aumentar los impuestos a los sectores medios de la Argentina.
Tuve oportunidad de hablar con el presidente del bloque Justicialista del Senado de la Nación, y me dijo que no está de acuerdo con aumentar las alícuotas del impuesto a los bienes personales. Hablé también con otros legisladores, que nos dijeron: "No es una propuesta nuestra aumentar el impuesto a los bienes personales". Del mismo modo, pude dialogar con el dirigente del Frente Renovador, concretamente con Sergio Massa: "¿Estás proponiendo aumentar los bienes personales?" "No", fue su respuesta. Por eso quiero preguntarle si hay una propuesta concreta por parte del gobierno para modificar nuevamente otro impuesto en la Argentina. De ser así, queremos que sea clara la propuesta.
Nosotros no estamos de acuerdo con que se aumenten los impuestos a los sectores medios en la Argentina. Creemos que es un retroceso, y en torno a esto tuve una discusión fuerte el año pasado en el marco de lo que ocurre en las provincias. En ellas muchas veces, para no aumentar las alícuotas del impuesto a los bienes personales -en razón de que es tan fuerte su impacto-, evitaban actualizar las valuaciones fiscales de sus activos, es decir, las partidas inmobiliarias y demás. Recuerdo incluso la postura que en su momento sostuvo el ministro Frigerio, a quien acompañamos. Sin embargo, veo que ahora estamos retrocediendo.
Señor presidente: cuando hablamos de peronistas, quiero que seamos más explícitos.
Como dije, no estamos de acuerdo con aumentar impuestos nuevamente a sectores que, además, empiezan a tener otros problemas: empiezan a tener problemas con el pago de los servicios; empiezan a tener problemas para llegar a fin de mes; empiezan a tener problemas en su vida cotidiana.
Creemos que imponer un nuevo gravamen en esta coyuntura no ayuda a los sectores medios en la Argentina. Quiero plantear esa reflexión, y aclaro que no se trata de un pensamiento individual sino de algo que hemos trabajado con otros colegas también en el Senado de la Nación. Queremos que se medite sobre esto y que podamos tener una visión un poquito más amplia teniendo en cuenta el momento que vive la Argentina.
Aquí no solamente tienen que cerrar las cuentas fiscales: necesitamos que los argentinos tengan estabilidad, previsibilidad y que fundamentalmente puedan encontrar una sustentabilidad en el día a día.
Creemos que una nueva carga impositiva no será buena para muchas familias argentinas. Queremos decir esto explícitamente y le pregunto a usted, señor presidente, qué peronistas quieren aumentar el impuesto a los bienes personales.
Ayer tuve la oportunidad de reunirme con muchos compañeros -diputados, senadores y gobernadores-, y por eso quiero preguntarle qué peronista dijo que íbamos aumentar los impuestos a los sectores medios de la Argentina.
Tuve oportunidad de hablar con el presidente del bloque Justicialista del Senado de la Nación, y me dijo que no está de acuerdo con aumentar las alícuotas del impuesto a los bienes personales. Hablé también con otros legisladores, que nos dijeron: "No es una propuesta nuestra aumentar el impuesto a los bienes personales". Del mismo modo, pude dialogar con el dirigente del Frente Renovador, concretamente con Sergio Massa: "¿Estás proponiendo aumentar los bienes personales?" "No", fue su respuesta. Por eso quiero preguntarle si hay una propuesta concreta por parte del gobierno para modificar nuevamente otro impuesto en la Argentina. De ser así, queremos que sea clara la propuesta.
Nosotros no estamos de acuerdo con que se aumenten los impuestos a los sectores medios en la Argentina. Creemos que es un retroceso, y en torno a esto tuve una discusión fuerte el año pasado en el marco de lo que ocurre en las provincias. En ellas muchas veces, para no aumentar las alícuotas del impuesto a los bienes personales -en razón de que es tan fuerte su impacto-, evitaban actualizar las valuaciones fiscales de sus activos, es decir, las partidas inmobiliarias y demás. Recuerdo incluso la postura que en su momento sostuvo el ministro Frigerio, a quien acompañamos. Sin embargo, veo que ahora estamos retrocediendo.
Señor presidente: cuando hablamos de peronistas, quiero que seamos más explícitos.
Como dije, no estamos de acuerdo con aumentar impuestos nuevamente a sectores que, además, empiezan a tener otros problemas: empiezan a tener problemas con el pago de los servicios; empiezan a tener problemas para llegar a fin de mes; empiezan a tener problemas en su vida cotidiana.
Creemos que imponer un nuevo gravamen en esta coyuntura no ayuda a los sectores medios en la Argentina. Quiero plantear esa reflexión, y aclaro que no se trata de un pensamiento individual sino de algo que hemos trabajado con otros colegas también en el Senado de la Nación. Queremos que se medite sobre esto y que podamos tener una visión un poquito más amplia teniendo en cuenta el momento que vive la Argentina.
Aquí no solamente tienen que cerrar las cuentas fiscales: necesitamos que los argentinos tengan estabilidad, previsibilidad y que fundamentalmente puedan encontrar una sustentabilidad en el día a día.
Creemos que una nueva carga impositiva no será buena para muchas familias argentinas. Queremos decir esto explícitamente y le pregunto a usted, señor presidente, qué peronistas quieren aumentar el impuesto a los bienes personales.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI La respuesta a la pregunta formulada por el señor diputado Bossio está en el Consenso Fiscal 2018, en uno de cuyos considerandos -el último que figura en la página 5- dice que se contempla, además, presentar en el Congreso Nacional un proyecto de ley por el que se aumente la alícuota del impuesto sobre los bienes personales.
Luego, cuando habla de los compromisos comunes que asumen Nación y provincias bajo el título "Impuesto sobre los Bienes Personales", el inciso e) habla de suspender la cláusula II.q del Consenso Fiscal, que justamente se refería a no aumentar las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales en lo sucesivo.
Esa cláusula se suspende por el Consenso Fiscal 2018, que está firmado por diecisiete gobernadores y por el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales cinco pertenecen a Cambiemos. El resto son peronistas o de algún partido provincial, pero en su mayoría se identifican con el peronismo. Así que ahí está la respuesta.
Es un acuerdo logrado por el gobierno nacional con dieciocho gobernadores que firmaron este acuerdo fiscal, que está contemplado también en el orden del día de esta reunión.
Luego, cuando habla de los compromisos comunes que asumen Nación y provincias bajo el título "Impuesto sobre los Bienes Personales", el inciso e) habla de suspender la cláusula II.q del Consenso Fiscal, que justamente se refería a no aumentar las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales en lo sucesivo.
Esa cláusula se suspende por el Consenso Fiscal 2018, que está firmado por diecisiete gobernadores y por el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales cinco pertenecen a Cambiemos. El resto son peronistas o de algún partido provincial, pero en su mayoría se identifican con el peronismo. Así que ahí está la respuesta.
Es un acuerdo logrado por el gobierno nacional con dieciocho gobernadores que firmaron este acuerdo fiscal, que está contemplado también en el orden del día de esta reunión.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Franco, autor del proyecto.
SR. FRANCO La verdad es que cuando se discutían estas cosas lo primero que se tuvo en cuenta fue la adenda fiscal firmada por los gobernadores, el acuerdo que ellos realizaron. En lo personal, y como representante de una provincia chica, esto va a permitir compensar en parte algunas decisiones que tomó el gobierno nacional de sacarnos el subsidio a las tarifas sociales y todo lo demás.
Podemos discutir sobre la leche derramada o podemos plantear soluciones para adelante.
La verdad es que el mínimo no imponible aumentado permite que queden afuera algunos sectores menores desde el punto de vista económico. No sé cómo es acá, pero en mi provincia, tener 18 millones o 20 millones de pesos es mucha plata. Son sectores cuasi altos para nosotros.
Cuando a veces hablamos de las cuestiones progresistas y de las cuestiones progresivas, en mi provincia lo hacemos así. La política impositiva en la provincia de Misiones es progresista y progresiva.
En esto de que tanto le metemos la mano en el bolsillo a la gente de clase media para abajo -por decisiones económicas del gobierno nacional-, a los sectores más postergados, seamos solidarios y que sea equitativo, que paguemos entre todos y que el que tenga un pesito más pague un poco más.
Sinceramente, la cabeza no me dio para ser contador, apenas soy médico, pero entendí una cuestión. Una de mis especialidades es la economía de la salud y entendí algunas cosas. Cuando se habla de las cuestiones solidarias, de financiamiento solidario en los esquemas de salud y en los esquemas previsionales, hay una norma que aprendí y que me gusta: dice que el rico pague por el pobre, el joven por el viejo y el sano por el enfermo.
Acá estamos metiendo la mano en los bolsillos continuamente a los sectores más postergados del país. Bueno, alguna vez seamos solidarios y que los de arriba coloquen un poquito más en esa canasta.
Ojalá que esto sirva, señor presidente, para que tengamos escuelas, hospitales y jardines de infantes y que no se vaya por ahí a terminar discutiendo alguna cuestión financiera o de los mercados.
Esa era la intención, señor presidente. Seguramente, algunos van a estar a favor y otros en contra, como debe ser y como se funciona en democracia. Lo que no podemos tener dudas es que en los momentos de crisis aquel que está un poquito mejor, tendría que poner por el que está un poquito peor.
Podemos discutir sobre la leche derramada o podemos plantear soluciones para adelante.
La verdad es que el mínimo no imponible aumentado permite que queden afuera algunos sectores menores desde el punto de vista económico. No sé cómo es acá, pero en mi provincia, tener 18 millones o 20 millones de pesos es mucha plata. Son sectores cuasi altos para nosotros.
Cuando a veces hablamos de las cuestiones progresistas y de las cuestiones progresivas, en mi provincia lo hacemos así. La política impositiva en la provincia de Misiones es progresista y progresiva.
En esto de que tanto le metemos la mano en el bolsillo a la gente de clase media para abajo -por decisiones económicas del gobierno nacional-, a los sectores más postergados, seamos solidarios y que sea equitativo, que paguemos entre todos y que el que tenga un pesito más pague un poco más.
Sinceramente, la cabeza no me dio para ser contador, apenas soy médico, pero entendí una cuestión. Una de mis especialidades es la economía de la salud y entendí algunas cosas. Cuando se habla de las cuestiones solidarias, de financiamiento solidario en los esquemas de salud y en los esquemas previsionales, hay una norma que aprendí y que me gusta: dice que el rico pague por el pobre, el joven por el viejo y el sano por el enfermo.
Acá estamos metiendo la mano en los bolsillos continuamente a los sectores más postergados del país. Bueno, alguna vez seamos solidarios y que los de arriba coloquen un poquito más en esa canasta.
Ojalá que esto sirva, señor presidente, para que tengamos escuelas, hospitales y jardines de infantes y que no se vaya por ahí a terminar discutiendo alguna cuestión financiera o de los mercados.
Esa era la intención, señor presidente. Seguramente, algunos van a estar a favor y otros en contra, como debe ser y como se funciona en democracia. Lo que no podemos tener dudas es que en los momentos de crisis aquel que está un poquito mejor, tendría que poner por el que está un poquito peor.
SR. PRESIDENTE LASPINA Feliz cumpleaños para el diputado Rossi. (Aplausos.)
Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Me sumo a la felicitación para el señor diputado Rossi.
Quiero hacer un comentario general sobre la batería de proyectos que estamos tratando en conjunto. Tengo entendido -aunque estuve consultándolo y todavía no obtuve certeza- que la idea sería tratar el presupuesto, o sea, discutir para firmar el dictamen de presupuesto el martes de la semana que viene. Nos hemos enterado a través de los diarios que de alguna manera -diagonal y no frontal- se han tomado en serio esta cuestión de rehacer el presupuesto, cosa que les solicitábamos desde la oposición. Lo que pasa es que lo han hecho a través de diferentes parches en diferentes puntos y de mecanismos que a nosotros nos cuesta mucho comprender hacia dónde van, nos cuesta mucho entender básicamente porque estarían sacando impuestos. La frase es "recular en ojotas" porque nos tuvieron un buen rato discutiendo la centralidad para que vengan las inversiones, la conveniencia y la importancia de bajar bienes personales -en correlato con ese blanqueo que terminó siendo el peor de los blanqueos porque incluyó por decreto a los familiares del presidente, que efectivamente blanquearon y después les bajaron el impuesto. Después, por los diarios nos enteramos de que bienes personales van a tener tasa diferencial para los que blanquearon bienes en el exterior y lo estamos discutiendo hoy.
Aquí el problema del arreglo impositivo es que ustedes van a un déficit cero, pero se han encontrado con dificultades con aliados y con opositores para juntar los votos. Ahora, el Ejecutivo inventa impuestos, incluso a contramano de toda su filosofía, de todo lo que nos han dicho acerca de que este era el error más grande de la historia de la humanidad, es decir, hacer justamente esto que ustedes ahora proponen desde el Ejecutivo. Lo que pasa es que no se sabe a qué lo van a aplicar.
Entonces, nosotros necesitamos conocer ese mapa completo. Yo caracterizo a este presupuesto como un presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de desindustrialización y antifederal. No cambia la caracterización porque ustedes muevan la alícuota de un impuesto. Es lo mismo, es el mismo presupuesto, solamente que ahora nos lo quieren hacer discutir en cuotas porque al principio venía todo dentro del presupuesto, no cerró y ahora están recurriendo a manotazos. Están manoteando recursos de diversos sectores para aplicar a vaya saber qué, aunque principalmente al pago de deuda.
Quiero decirlo y reitero nuestra posición. Este es un presupuesto de ajuste del gasto en todos sus renglones, menos el pago de intereses de deuda. ¡Es un disparate! Están juntando 750.000 millones de pesos en impuestos para pagar intereses de deuda contraída en su enorme mayoría durante los dos años y medio de gobierno. O sea que todo el discurso ya implotó, porque era: "Podemos vivir mejor", "revolución de la alegría", "vamos a bajar la inflación", "vamos a dar trabajo de calidad", "no vamos a ajustarle a nadie", "nadie va a perder ningún derecho". Bueno, con eso ganaron las elecciones de 2015. Avanzando sobre eso, han hecho todo lo contrario y han dicho: "vamos a hacer un ajuste con gradualismo". Para financiar ese gradualismo, tomamos 100.000 millones de dólares de deuda externa. Récord absoluto. Ya pasan a la historia por ser el gobierno que más deuda tomó y que más rápido la fugó, porque esa deuda no está en ningún lado.
Teóricamente era para financiar un gradualismo pero "pasaron cosas". Entonces, no hay más gradualismo, hay ajuste salvaje y feroz y no diría un ajuste, sino doble ajuste. El gran problema de este ajuste es que hay que hacerlo para pagar los intereses de la deuda que tomaron para no hacer el ajuste. Es el "cuento de la buena pipa".
Hoy estamos discutiendo un presupuesto de ajuste feroz para pagar los intereses de deudas que tomaron en dos años para no hacer el ajuste feroz. Se la "fumaron", se la liquidaron, no está más. Ahora, nos llevan por la vía del ajuste y nos dicen que es el único camino. "Es el único camino" lo dijeron siempre, como también dijeron "lo peor ya pasó". Ni es el único camino ni pasó lo peor.
No es el único camino porque si tomaron toda esa deuda para no hacer ese ajuste que ahora tiene que ser doble porque tomaron la deuda, no era el único camino, era una desgracia y un desastre.
Ahora viene un presupuesto donde nos vamos a enterar que quieren arreglar algo más y suben otro impuesto, vaya a saber a quién, vaya a saber con qué diseño. Es poco serio.
Como ahora venció la cuestión de los impuestos a los campos, ahora esto afectaría también a los campos, que el revalúo fue distinto, muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, y ya había un representante de la base electoral de Cambiemos diciendo: "le quieren hacer pagar todo al campo".
Sabemos que la cuestión impositiva es delicada. Nosotros necesitamos estudiar el paquete, pero no hay paquete, hay manotazo de ahogado.
Un presupuesto fracasado sobre un plan fracasado, que ahora busca aliados en base a darle o disminuirle el recorte. Me enteraba hoy por los diarios que va a haber partidas adicionales.
Quiero aclarar que no estamos en esa negociación. Estamos acompañando a los sectores perjudicados. No estamos en una negociación. Estamos levantando nuestras banderas históricas: no pueden ajustar más a los jubilados, ni a los sectores medios, ni a los sectores productivos, ni a la industria nacional, ni al comercio, ni a la salud, ni a la ciencia, ni a la tecnología, ni a la educación.
¿Qué es lo que hacen ustedes? Para ahorrarse algún conflicto, aumentan un impuesto y lo dirigen al sector que ustedes estiman les aprieta más el zapato. Es un mal método. El presupuesto no lo tienen que rehacer en cuotas o a manotazos. Se tienen que sentar de nuevo, tomar en cuenta las nuevas instrucciones que les ha dado el Fondo Monetario Internacional y reunirse en la oficina que aparentemente le quieren alquilar en el Banco Central. Capaz que esa oficina también la terminamos pagando con deuda. Tienen que reunirse con el representante jamaiquino o con el italiano, conseguir un buen intérprete y decirle lo siguiente: "Su organismo afirma que la economía argentina va a caer el año que viene un 1,6 por ciento". Esto no tiene nada que ver con la cifra del 0,5 por ciento que estiman ustedes. El año que viene vamos a tener una caída feroz -en el mejor escenario- porque se sabe que el Fondo no dice la verdad. El Fondo apoya políticamente a los países que están trabajando con ellos. Entonces, probablemente la caída sea mayor.
Creo que vamos hacia el último año de gobierno del presidente Macri con un ajuste feroz, una tasa de interés impagable y un endeudamiento que, teóricamente, esperan que autoricemos. Esto fue pedido antes del momento de la gestión con el Fondo, es decir, la relativa a los 57.100 millones, porque fracasó el primer acuerdo con ese organismo. Eso también es un récord mundial. Nunca un acuerdo con el Fondo fracasó en dos meses. Y van a un segundo acuerdo que es peor y de más guita. Además, está acelerado en estos años de gobierno. Al gobierno que viene le van a dejar una deuda y ninguna entrada.
Sinceramente este paquete de medidas es invotable. Ya están conformando un paquete con reformas impositivas, aumento de impuestos y distribución. Necesitamos que rearmen el presupuesto porque los recursos, en base a lo que están haciendo, ya están mal calculados. Este presupuesto está mal. Ese parche debería estar reflejado en la ley de presupuesto. Pero no hemos visto un proyecto de ley de presupuesto nuevo. Se niegan a abrir ese presupuesto que lo hicieron antes del fracaso del acuerdo con el Fondo. Fracasó el plan, el presupuesto y el acuerdo con el Fondo. Nos van a endeudar más y la economía va a caer más. ¿Qué dice este presupuesto?: ajuste y endeudamiento. ¿Cómo llegamos acá? A través del ajuste y el endeudamiento. No van a solucionar ningún problema a las personas que realmente sufren.
El gobierno no está para resolver los problemas de las grandes petroleras, de las exportadoras de granos o de las financieras; el gobierno está para resolver los problemas de la gente. Pero ustedes les generan más dificultades. Este es un presupuesto de más desgracia. Es invotable.
No sabemos si este paquete está terminado. Quizás el martes -como les faltó una guita- vienen y nos dicen que se subió otro impuesto o vaya a saber qué es lo que tocan. Esto fue discutido en una reforma tributaria que estaba toda mal. Ahora ustedes mismos van para atrás respecto de su propia reforma tributaria llevada a cabo hace un año y pico. Hicieron un pacto fiscal; todo mal. Apretaron a las provincias y ahora van detrás de ese pacto fiscal. ¿Cuánto duran los papeles que nos quieren hacer votar? Dos o tres días. El año pasado se votó un presupuesto que estimaba un 10 por ciento de inflación y eso duró 24 horas porque el mismo gobierno anunció que la inflación era del 15 por ciento. El diario "Clarín" dice que va a llegar al 50 por ciento, es decir, la más alta desde la hiperinflación del año 1991. También veo que el oficialismo se está sumando a mencionar el famoso dicho "Clarín miente". (Aplausos.) Pero el oficialismo me marca que "Clarín miente", es decir, ¿será 50 o 60? ¿Cómo viene la mano, muchachos?
Considero que es un maltrato muy grande hacia esta comisión y al resto del Parlamento. Les pedimos que se junten con el Fondo Monetario -en la oficina que abrieron acá y también en la de allá-, revean el presupuesto para que sea compatible con el acuerdo, tráiganlo acá para discutirlo y nosotros siempre les vamos a decir lo mismo: el presupuesto nacional no es para pagar deuda, no es para beneficiar a los que más tienen, sino para pagar la salud, la educación, el transporte y, de esa forma, darle rentabilidad a los sectores que más lo necesitan.
Así que vamos a esperar a ver este paquete entero y les diremos cuál es nuestro resultado, porque la verdad es que estamos ante la más grave y más grande de las improvisaciones. Esto así no se puede ni discutir. (Aplausos.)
Quiero hacer un comentario general sobre la batería de proyectos que estamos tratando en conjunto. Tengo entendido -aunque estuve consultándolo y todavía no obtuve certeza- que la idea sería tratar el presupuesto, o sea, discutir para firmar el dictamen de presupuesto el martes de la semana que viene. Nos hemos enterado a través de los diarios que de alguna manera -diagonal y no frontal- se han tomado en serio esta cuestión de rehacer el presupuesto, cosa que les solicitábamos desde la oposición. Lo que pasa es que lo han hecho a través de diferentes parches en diferentes puntos y de mecanismos que a nosotros nos cuesta mucho comprender hacia dónde van, nos cuesta mucho entender básicamente porque estarían sacando impuestos. La frase es "recular en ojotas" porque nos tuvieron un buen rato discutiendo la centralidad para que vengan las inversiones, la conveniencia y la importancia de bajar bienes personales -en correlato con ese blanqueo que terminó siendo el peor de los blanqueos porque incluyó por decreto a los familiares del presidente, que efectivamente blanquearon y después les bajaron el impuesto. Después, por los diarios nos enteramos de que bienes personales van a tener tasa diferencial para los que blanquearon bienes en el exterior y lo estamos discutiendo hoy.
Aquí el problema del arreglo impositivo es que ustedes van a un déficit cero, pero se han encontrado con dificultades con aliados y con opositores para juntar los votos. Ahora, el Ejecutivo inventa impuestos, incluso a contramano de toda su filosofía, de todo lo que nos han dicho acerca de que este era el error más grande de la historia de la humanidad, es decir, hacer justamente esto que ustedes ahora proponen desde el Ejecutivo. Lo que pasa es que no se sabe a qué lo van a aplicar.
Entonces, nosotros necesitamos conocer ese mapa completo. Yo caracterizo a este presupuesto como un presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de desindustrialización y antifederal. No cambia la caracterización porque ustedes muevan la alícuota de un impuesto. Es lo mismo, es el mismo presupuesto, solamente que ahora nos lo quieren hacer discutir en cuotas porque al principio venía todo dentro del presupuesto, no cerró y ahora están recurriendo a manotazos. Están manoteando recursos de diversos sectores para aplicar a vaya saber qué, aunque principalmente al pago de deuda.
Quiero decirlo y reitero nuestra posición. Este es un presupuesto de ajuste del gasto en todos sus renglones, menos el pago de intereses de deuda. ¡Es un disparate! Están juntando 750.000 millones de pesos en impuestos para pagar intereses de deuda contraída en su enorme mayoría durante los dos años y medio de gobierno. O sea que todo el discurso ya implotó, porque era: "Podemos vivir mejor", "revolución de la alegría", "vamos a bajar la inflación", "vamos a dar trabajo de calidad", "no vamos a ajustarle a nadie", "nadie va a perder ningún derecho". Bueno, con eso ganaron las elecciones de 2015. Avanzando sobre eso, han hecho todo lo contrario y han dicho: "vamos a hacer un ajuste con gradualismo". Para financiar ese gradualismo, tomamos 100.000 millones de dólares de deuda externa. Récord absoluto. Ya pasan a la historia por ser el gobierno que más deuda tomó y que más rápido la fugó, porque esa deuda no está en ningún lado.
Teóricamente era para financiar un gradualismo pero "pasaron cosas". Entonces, no hay más gradualismo, hay ajuste salvaje y feroz y no diría un ajuste, sino doble ajuste. El gran problema de este ajuste es que hay que hacerlo para pagar los intereses de la deuda que tomaron para no hacer el ajuste. Es el "cuento de la buena pipa".
Hoy estamos discutiendo un presupuesto de ajuste feroz para pagar los intereses de deudas que tomaron en dos años para no hacer el ajuste feroz. Se la "fumaron", se la liquidaron, no está más. Ahora, nos llevan por la vía del ajuste y nos dicen que es el único camino. "Es el único camino" lo dijeron siempre, como también dijeron "lo peor ya pasó". Ni es el único camino ni pasó lo peor.
No es el único camino porque si tomaron toda esa deuda para no hacer ese ajuste que ahora tiene que ser doble porque tomaron la deuda, no era el único camino, era una desgracia y un desastre.
Ahora viene un presupuesto donde nos vamos a enterar que quieren arreglar algo más y suben otro impuesto, vaya a saber a quién, vaya a saber con qué diseño. Es poco serio.
Como ahora venció la cuestión de los impuestos a los campos, ahora esto afectaría también a los campos, que el revalúo fue distinto, muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, y ya había un representante de la base electoral de Cambiemos diciendo: "le quieren hacer pagar todo al campo".
Sabemos que la cuestión impositiva es delicada. Nosotros necesitamos estudiar el paquete, pero no hay paquete, hay manotazo de ahogado.
Un presupuesto fracasado sobre un plan fracasado, que ahora busca aliados en base a darle o disminuirle el recorte. Me enteraba hoy por los diarios que va a haber partidas adicionales.
Quiero aclarar que no estamos en esa negociación. Estamos acompañando a los sectores perjudicados. No estamos en una negociación. Estamos levantando nuestras banderas históricas: no pueden ajustar más a los jubilados, ni a los sectores medios, ni a los sectores productivos, ni a la industria nacional, ni al comercio, ni a la salud, ni a la ciencia, ni a la tecnología, ni a la educación.
¿Qué es lo que hacen ustedes? Para ahorrarse algún conflicto, aumentan un impuesto y lo dirigen al sector que ustedes estiman les aprieta más el zapato. Es un mal método. El presupuesto no lo tienen que rehacer en cuotas o a manotazos. Se tienen que sentar de nuevo, tomar en cuenta las nuevas instrucciones que les ha dado el Fondo Monetario Internacional y reunirse en la oficina que aparentemente le quieren alquilar en el Banco Central. Capaz que esa oficina también la terminamos pagando con deuda. Tienen que reunirse con el representante jamaiquino o con el italiano, conseguir un buen intérprete y decirle lo siguiente: "Su organismo afirma que la economía argentina va a caer el año que viene un 1,6 por ciento". Esto no tiene nada que ver con la cifra del 0,5 por ciento que estiman ustedes. El año que viene vamos a tener una caída feroz -en el mejor escenario- porque se sabe que el Fondo no dice la verdad. El Fondo apoya políticamente a los países que están trabajando con ellos. Entonces, probablemente la caída sea mayor.
Creo que vamos hacia el último año de gobierno del presidente Macri con un ajuste feroz, una tasa de interés impagable y un endeudamiento que, teóricamente, esperan que autoricemos. Esto fue pedido antes del momento de la gestión con el Fondo, es decir, la relativa a los 57.100 millones, porque fracasó el primer acuerdo con ese organismo. Eso también es un récord mundial. Nunca un acuerdo con el Fondo fracasó en dos meses. Y van a un segundo acuerdo que es peor y de más guita. Además, está acelerado en estos años de gobierno. Al gobierno que viene le van a dejar una deuda y ninguna entrada.
Sinceramente este paquete de medidas es invotable. Ya están conformando un paquete con reformas impositivas, aumento de impuestos y distribución. Necesitamos que rearmen el presupuesto porque los recursos, en base a lo que están haciendo, ya están mal calculados. Este presupuesto está mal. Ese parche debería estar reflejado en la ley de presupuesto. Pero no hemos visto un proyecto de ley de presupuesto nuevo. Se niegan a abrir ese presupuesto que lo hicieron antes del fracaso del acuerdo con el Fondo. Fracasó el plan, el presupuesto y el acuerdo con el Fondo. Nos van a endeudar más y la economía va a caer más. ¿Qué dice este presupuesto?: ajuste y endeudamiento. ¿Cómo llegamos acá? A través del ajuste y el endeudamiento. No van a solucionar ningún problema a las personas que realmente sufren.
El gobierno no está para resolver los problemas de las grandes petroleras, de las exportadoras de granos o de las financieras; el gobierno está para resolver los problemas de la gente. Pero ustedes les generan más dificultades. Este es un presupuesto de más desgracia. Es invotable.
No sabemos si este paquete está terminado. Quizás el martes -como les faltó una guita- vienen y nos dicen que se subió otro impuesto o vaya a saber qué es lo que tocan. Esto fue discutido en una reforma tributaria que estaba toda mal. Ahora ustedes mismos van para atrás respecto de su propia reforma tributaria llevada a cabo hace un año y pico. Hicieron un pacto fiscal; todo mal. Apretaron a las provincias y ahora van detrás de ese pacto fiscal. ¿Cuánto duran los papeles que nos quieren hacer votar? Dos o tres días. El año pasado se votó un presupuesto que estimaba un 10 por ciento de inflación y eso duró 24 horas porque el mismo gobierno anunció que la inflación era del 15 por ciento. El diario "Clarín" dice que va a llegar al 50 por ciento, es decir, la más alta desde la hiperinflación del año 1991. También veo que el oficialismo se está sumando a mencionar el famoso dicho "Clarín miente". (Aplausos.) Pero el oficialismo me marca que "Clarín miente", es decir, ¿será 50 o 60? ¿Cómo viene la mano, muchachos?
Considero que es un maltrato muy grande hacia esta comisión y al resto del Parlamento. Les pedimos que se junten con el Fondo Monetario -en la oficina que abrieron acá y también en la de allá-, revean el presupuesto para que sea compatible con el acuerdo, tráiganlo acá para discutirlo y nosotros siempre les vamos a decir lo mismo: el presupuesto nacional no es para pagar deuda, no es para beneficiar a los que más tienen, sino para pagar la salud, la educación, el transporte y, de esa forma, darle rentabilidad a los sectores que más lo necesitan.
Así que vamos a esperar a ver este paquete entero y les diremos cuál es nuestro resultado, porque la verdad es que estamos ante la más grave y más grande de las improvisaciones. Esto así no se puede ni discutir. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. AMADEO Señor presidente: de todas las picardías de la política la más cómoda es, sin duda, la memoria selectiva. Uno vive muy cómodo con la memoria selectiva: divide la vida según le conviene, no aprende, pone en el activo y en el pasivo lo que le da la gana, hace desaparecer las propias responsabilidades y se las echa al resto de la gente.
La semana pasada, en otra discusión como esta, recordaba el debate sobre el presupuesto 2014, en el que el señor diputado preopinante vino y nos habló de la economía de Chipre. (Risas.)
Lo hizo para darnos una lección y después se fue, mientras que con el entonces diputado Prat-Gay habíamos preparado con modestia un presupuesto alternativo. Por eso dije en ese momento que hay algunos señores diputados a los que les resulta más fácil agarrar el micrófono que el lápiz.
Digo esto porque en su crítica el señor diputado también incluye a algunos distinguidos miembros de la oposición, con quienes tenemos diferencias, pero que poseen el enorme mérito de agarrar el micrófono y el lápiz. Buena parte de las cosas que ellos han aportado a esta discusión tienen que ver con un trabajo honesto y comprometido para resolver el dificilísimo momento que estamos viviendo. Por lo tanto, les agradecemos mucho a los que agarran el micrófono y el lápiz, y rechazamos este tipo de planteos.
En segundo lugar, parte de la memoria selectiva del diputado preopinante podría traer la ventaja de que quizás uno se olvide de otras cosas que hizo, como por ejemplo la negociación con el Club de París. Es complicado cruzar el océano de rodillas, pero alguien lo hizo: él cruzó el océano de rodillas, llegó, bajó la cerviz y dijo: "¿Cuánto tengo que pagar, por favor?"
También tiene la mala memoria de no mencionar lo que está pasando con YPF, cuestión que en cualquier momento puede llegar a costarnos 3.000 millones de dólares, lo que va a empobrecer aun más a los argentinos. Esos 3.000 millones de dólares -que, Dios no lo permita, posiblemente tengamos que pagar- podrían destinarse a muchos hospitales, rutas, AUH, etcétera.
Señor presidente: reconocemos el difícil momento que estamos pasando. Sabemos y sentimos el aumento de la pobreza y de la inflación. Pero para superar esto ponemos lo mejor de nosotros mismos y agradecemos a quienes además de agarrar el micrófono agarraron el lápiz. Además, estamos convencidos de que vamos a superar este momento rápidamente porque no estamos haciendo lo mejor que podemos, sino que hacemos lo mejor que debemos hacer. (Aplausos.)
La semana pasada, en otra discusión como esta, recordaba el debate sobre el presupuesto 2014, en el que el señor diputado preopinante vino y nos habló de la economía de Chipre. (Risas.)
Lo hizo para darnos una lección y después se fue, mientras que con el entonces diputado Prat-Gay habíamos preparado con modestia un presupuesto alternativo. Por eso dije en ese momento que hay algunos señores diputados a los que les resulta más fácil agarrar el micrófono que el lápiz.
Digo esto porque en su crítica el señor diputado también incluye a algunos distinguidos miembros de la oposición, con quienes tenemos diferencias, pero que poseen el enorme mérito de agarrar el micrófono y el lápiz. Buena parte de las cosas que ellos han aportado a esta discusión tienen que ver con un trabajo honesto y comprometido para resolver el dificilísimo momento que estamos viviendo. Por lo tanto, les agradecemos mucho a los que agarran el micrófono y el lápiz, y rechazamos este tipo de planteos.
En segundo lugar, parte de la memoria selectiva del diputado preopinante podría traer la ventaja de que quizás uno se olvide de otras cosas que hizo, como por ejemplo la negociación con el Club de París. Es complicado cruzar el océano de rodillas, pero alguien lo hizo: él cruzó el océano de rodillas, llegó, bajó la cerviz y dijo: "¿Cuánto tengo que pagar, por favor?"
También tiene la mala memoria de no mencionar lo que está pasando con YPF, cuestión que en cualquier momento puede llegar a costarnos 3.000 millones de dólares, lo que va a empobrecer aun más a los argentinos. Esos 3.000 millones de dólares -que, Dios no lo permita, posiblemente tengamos que pagar- podrían destinarse a muchos hospitales, rutas, AUH, etcétera.
Señor presidente: reconocemos el difícil momento que estamos pasando. Sabemos y sentimos el aumento de la pobreza y de la inflación. Pero para superar esto ponemos lo mejor de nosotros mismos y agradecemos a quienes además de agarrar el micrófono agarraron el lápiz. Además, estamos convencidos de que vamos a superar este momento rápidamente porque no estamos haciendo lo mejor que podemos, sino que hacemos lo mejor que debemos hacer. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Quiero recordarles, para no desviar el debate, que estamos tratando el proyecto por el que se modifican las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales.
Se trata de un proyecto que venía siendo discutido desde la adenda fiscal que firmaron dieciocho gobernadores, motivo por el cual no es un parche. Sinceramente no lo calificaría como tal, porque hace bastantes meses que se ha suscripto. Esa iniciativa ha sido presentada por dos diputados que entienden el espíritu de la adenda fiscal, lo que significa que gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional se ponen de acuerdo para tomar las medidas que la Argentina necesita para ir en búsqueda del equilibrio fiscal.
Esta era una de las propuestas que se había discutido en esa mesa de negociación. Además, si bien esa adenda no es vinculante -la vamos a tratar en un minuto-, sí me parece un ejercicio de responsabilidad apoyar este proyecto, especialmente para los diputados que tienen muchos intereses en sus provincias y que los representan fielmente.
En segundo lugar, quisiera decir que esta medida implica una suba, es decir que se duplica el mínimo no imponible. O sea que justamente trata de generar más progresividad; saca a la clase media del alcance del gravamen sobre los bienes personales y genera una progresividad en la alícuota.
En otras palabras, a un impuesto que de por sí es progresivo -recuerdo en este sentido las discusiones que se dieron hace uno o dos años respecto de este impuesto-, se le genera aún más progresividad. De modo tal que quería recordar este tema.
Pido por favor a los señores diputados que guarden silencio, ya que estamos hablando de un tema muy técnico, y si hay mucho ruido uno puede decir pavadas.
Por otra parte, en relación con las valuaciones fiscales, el dictamen que distribuimos ayer a través de la dirección administrativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda incluía una serie de modificaciones al articulado.
Diría que la principal modificación, más allá de que hay un cambio de forma en la tabla con la cual se presentan las escalas de las alícuotas -recordemos que estamos convergiendo a una alícuota de 0,75 por ciento, que es menor a la que regía históricamente en bienes personales...
Se trata de un proyecto que venía siendo discutido desde la adenda fiscal que firmaron dieciocho gobernadores, motivo por el cual no es un parche. Sinceramente no lo calificaría como tal, porque hace bastantes meses que se ha suscripto. Esa iniciativa ha sido presentada por dos diputados que entienden el espíritu de la adenda fiscal, lo que significa que gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional se ponen de acuerdo para tomar las medidas que la Argentina necesita para ir en búsqueda del equilibrio fiscal.
Esta era una de las propuestas que se había discutido en esa mesa de negociación. Además, si bien esa adenda no es vinculante -la vamos a tratar en un minuto-, sí me parece un ejercicio de responsabilidad apoyar este proyecto, especialmente para los diputados que tienen muchos intereses en sus provincias y que los representan fielmente.
En segundo lugar, quisiera decir que esta medida implica una suba, es decir que se duplica el mínimo no imponible. O sea que justamente trata de generar más progresividad; saca a la clase media del alcance del gravamen sobre los bienes personales y genera una progresividad en la alícuota.
En otras palabras, a un impuesto que de por sí es progresivo -recuerdo en este sentido las discusiones que se dieron hace uno o dos años respecto de este impuesto-, se le genera aún más progresividad. De modo tal que quería recordar este tema.
Pido por favor a los señores diputados que guarden silencio, ya que estamos hablando de un tema muy técnico, y si hay mucho ruido uno puede decir pavadas.
Por otra parte, en relación con las valuaciones fiscales, el dictamen que distribuimos ayer a través de la dirección administrativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda incluía una serie de modificaciones al articulado.
Diría que la principal modificación, más allá de que hay un cambio de forma en la tabla con la cual se presentan las escalas de las alícuotas -recordemos que estamos convergiendo a una alícuota de 0,75 por ciento, que es menor a la que regía históricamente en bienes personales...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE LASPINA Reitero el pedido de que hagan silencio, por favor. Así no se puede trabajar.
Iré rápidamente. Como decía, esa alícuota es menor a la que regía históricamente; el 0,75 por ciento rige para patrimonios superiores a 20 millones de pesos. Entonces, ahí se presenta una modificación en la forma en la cual se presenta esa tabla progresiva respecto del proyecto original.
La segunda modificación refiere a la cuestión de las valuaciones fiscales a las cuales hizo referencia el señor diputado Kicillof. Precisamente para resolver esa inequidad que surge entre las provincias que hicieron revalúos fiscales y aquellas que no lo hicieron en los últimos ejercicios -sobre todo en los últimos dos años-, es que estamos proponiendo en este dictamen modificado que se tomen como parámetro para el pago de bienes personales las valuaciones fiscales de 2017 corregidas o ajustadas por inflación. De esta forma, equilibramos la cancha respecto de lo que pasaba en 2017.
Todos sabemos que las valuaciones fiscales en la Argentina están sumamente rezagadas. El Consenso Fiscal 2017 establecía la necesidad de crear una comisión -que ya está en marcha pero no está implementada en sus efectos-, que precisamente iba a generar un revalúo inmobiliario en todo el país, consensuado y homogeneizado entre las provincias, para que no tengamos estas distorsiones. Obviamente, cuando eso ocurra algunos deberán replantear algunas alícuotas impositivas.
Lo que establece esta modificación del dictamen es precisamente tomar las valuaciones fiscales de 2017 donde no habían operado revalúos fiscales como los que han habido recientemente -como por ejemplo la provincia de Buenos Aires; o la de Córdoba, que creo que está en curso a partir de este año-, ajustados por inflación. Ello, hasta tanto esta comisión que creó el Consenso Fiscal 2017 pueda terminar su trabajo, en cuyo caso van a regir las valuaciones fiscales que se establezcan de acuerdo con esta comisión en conjunto con todas las provincias.
Considero que es importante que hagamos esa aclaración, precisamente para corregir esa inequidad que surge entre las provincias que han hecho revalúos fiscales recientes y aquellas que no lo han hecho.
Quiero informarles que para referirse a este tema se han anotado varios señores diputados para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
Iré rápidamente. Como decía, esa alícuota es menor a la que regía históricamente; el 0,75 por ciento rige para patrimonios superiores a 20 millones de pesos. Entonces, ahí se presenta una modificación en la forma en la cual se presenta esa tabla progresiva respecto del proyecto original.
La segunda modificación refiere a la cuestión de las valuaciones fiscales a las cuales hizo referencia el señor diputado Kicillof. Precisamente para resolver esa inequidad que surge entre las provincias que hicieron revalúos fiscales y aquellas que no lo hicieron en los últimos ejercicios -sobre todo en los últimos dos años-, es que estamos proponiendo en este dictamen modificado que se tomen como parámetro para el pago de bienes personales las valuaciones fiscales de 2017 corregidas o ajustadas por inflación. De esta forma, equilibramos la cancha respecto de lo que pasaba en 2017.
Todos sabemos que las valuaciones fiscales en la Argentina están sumamente rezagadas. El Consenso Fiscal 2017 establecía la necesidad de crear una comisión -que ya está en marcha pero no está implementada en sus efectos-, que precisamente iba a generar un revalúo inmobiliario en todo el país, consensuado y homogeneizado entre las provincias, para que no tengamos estas distorsiones. Obviamente, cuando eso ocurra algunos deberán replantear algunas alícuotas impositivas.
Lo que establece esta modificación del dictamen es precisamente tomar las valuaciones fiscales de 2017 donde no habían operado revalúos fiscales como los que han habido recientemente -como por ejemplo la provincia de Buenos Aires; o la de Córdoba, que creo que está en curso a partir de este año-, ajustados por inflación. Ello, hasta tanto esta comisión que creó el Consenso Fiscal 2017 pueda terminar su trabajo, en cuyo caso van a regir las valuaciones fiscales que se establezcan de acuerdo con esta comisión en conjunto con todas las provincias.
Considero que es importante que hagamos esa aclaración, precisamente para corregir esa inequidad que surge entre las provincias que han hecho revalúos fiscales recientes y aquellas que no lo han hecho.
Quiero informarles que para referirse a este tema se han anotado varios señores diputados para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
SR. BORSANI Estamos de acuerdo con el tratamiento del proyecto de ley que tiene que ver con este paquete fiscal, que complementa al proyecto de presupuesto.
Vemos que la Presidencia ha incluido diversos proyectos en el orden del día de esta reunión, y que en el último punto se encuentra el proyecto de ley de presupuesto como marco final que analiza y globaliza todo este análisis que venimos realizando en esta comisión desde que a mediados de septiembre se presentara dicho proyecto en esta Cámara. Hemos contado en esta comisión con la comparecencia de ministros y funcionarios que han ido paulatinamente aclarando los interrogantes e inquietudes de los señores diputados de todos los bloques aquí representados.
Creo que esta es la oportunidad para analizar estos proyectos de impuestos, además de otros sobre los que se ha venido conversando justamente en el ámbito de esta comisión, concomitantemente con el presupuesto, respecto de diversas visiones para incorporar modificaciones. Algunas de ellas han sido sugeridas para el presupuesto, porque estamos viendo que muchos de sus artículos tienen que ver con la reforma de leyes de impuestos.
Por otro lado -como observamos aquí-, tenemos normas autónomas o proyectos de leyes autónomas que también tienen que ver justamente con este paquete fiscal.
Quiero remitirme, por ejemplo, a la adenda, que es una modificación del pacto fiscal que han firmado los señores gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional, a la actualización -en el caso del impuesto a las ganancias- por ajuste por inflación, al impuesto a los bienes personales.
También quisiera referirme a propuestas que, como en el día de ayer, con mucha energía hemos planteado aquí, en el Congreso de la Nación, que tienen que ver con modificar el impuesto a las ganancias en el artículo 79, inciso a), para que además de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, incluyamos también a los del Poder Judicial.
Hemos tenido una primera aproximación hacia fines de 2016, cuando aprobamos la ley que nos indicaba que a partir de enero de 2017 los magistrados que ingresaran al Poder Judicial iban a pagar el impuesto a las ganancias.
Entendemos que frente a las dificultades que tenemos desde el punto de vista fiscal y al esfuerzo que están haciendo todos los argentinos es necesario que haya igualdad, como indica la Constitución en su artículo 16 cuando dice que la igualdad es la base de los impuestos, de los tributos y de las cargas públicas.
También debemos tener presente aquel principio constitucional que nos indica que por igual tarea debemos tener igual remuneración, cuando tenemos jueces que ya están cobrando un ingreso inferior para pagar impuesto a las ganancias, respecto de aquellos que no lo hacen.
Esta iniciativa impulsada desde el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical fue reflejada por el impulso dado desde el bloque Cambiemos, porque no solamente están esas firmas sino que se siguen incorporando; son ya 38 firmas de diputados radicales, del PRO y de la Coalición Cívica que están mostrando su apoyo, sin perjuicio de que entendemos y sabemos que esta no es una cuestión original ni un planteo de hoy. Es un planteo de siempre de las diversas fuerzas políticas y sociales del país.
La gente está de acuerdo con este planteo. Entendemos que esto le va a hacer muy bien al Poder Judicial. Le va a hacer muy bien porque los iguala, porque los acerca a la gente, porque los legitima.
Entendemos que además de la importancia que tiene este tema respecto de igualar, como la Constitución lo indica, también tiene su peso y su repercusión desde el punto de vista fiscal y tributario. Estamos hablando de que estimaciones del Ministerio de Hacienda indican que si estuviera en vigencia el impuesto, durante 2018 se podrían recaudar 7.300 millones de pesos, inclusive, un poco más, por supuesto, en el ejercicio 2019.
Por lo tanto, señor presidente, atento a la importancia que tiene el tema, atento al impulso y las características que tiene este proyecto que estamos poniendo a consideración es que solicito, en primer lugar, que se lo incorpore en el orden del día para el tratamiento de estos temas del paquete fiscal, de aquí a que saquemos el presupuesto en las reuniones que sigan, sea la de hoy, mañana, el lunes, el martes o cuando pueda seguir la comisión. Se trata del expediente 6515-d-2018, que fue girado a esta comisión, ya sea para que se incluya como un artículo del presupuesto para dotarlo de condiciones adicionales invaluables -que sería realmente ideal- o para que sea analizado en su defecto como uno de estos proyectos que como hoy estamos analizando de adenda fiscal, ajuste por inflación o bienes personales. De esta manera, nosotros también podremos incorporar esta iniciativa que, como dije, no es solamente de la Unión Cívica Radical sino de la mayoría de los legisladores que componen esta Cámara. No he consultado con otros bloques que no pertenecen a Cambiemos, pero estoy absolutamente seguro de que miran con simpatía una medida de esta naturaleza y de que estarían dispuestos a acompañarla.
Otro punto que queremos analizar respecto del que debemos ver la posibilidad de incorporarlo como un artículo en el presupuesto es un viejo anhelo que se impulsa desde las provincias vitivinícolas de la República Argentina, desde Salta hasta Chubut. Me refiero a los impuestos internos que tienen que ver con los espumantes.
Allá por 2004, sancionamos una ley que fue vetada por el presidente Kirchner que eximía de impuestos internos a los vinos espumantes, que como el resto de los vinos tiene tasa cero en impuestos internos. En ese caso, el presidente Kirchner si bien vetó la ley, lo que hizo fue exceptuar por decreto y es así que desde el año 2005 a la fecha se viene exceptuando por decreto.
Entendemos que cuando llevamos ya 13 o 14 años exceptuando por decreto, se hace necesaria esta ley y queda a las claras que corresponde una norma que definitivamente imponga una tasa cero a este producto.
Es muy importante para nuestras economías regionales andinas, especialmente la vitivinicultura, porque es una actividad muy dinámica y le haríamos un grave daño en la medida en que este producto vuelva a tener impuesto interno.
De manera que dejo así planteadas algunas de las medidas que son necesarias impulsar, como también otras que a lo largo del tratamiento del presupuesto vamos a analizar en cuanto a modificaciones que tienen que ver justamente con la PPP y la modificación de alícuotas de impuesto a las ganancias, especialmente en aquellos subproductos de la agroindustria que tienen como destino la alimentación forrajera en el caso de bovinos, cerdos y aves. Se trata de bajar la alícuota del 21 por ciento al 10,5 por ciento a los efectos de dotar de competitividad a la cadena de producción de carnes en el país.
Alcanzaremos a la mesa de la comisión el texto definitivo que proponemos.
Vemos que la Presidencia ha incluido diversos proyectos en el orden del día de esta reunión, y que en el último punto se encuentra el proyecto de ley de presupuesto como marco final que analiza y globaliza todo este análisis que venimos realizando en esta comisión desde que a mediados de septiembre se presentara dicho proyecto en esta Cámara. Hemos contado en esta comisión con la comparecencia de ministros y funcionarios que han ido paulatinamente aclarando los interrogantes e inquietudes de los señores diputados de todos los bloques aquí representados.
Creo que esta es la oportunidad para analizar estos proyectos de impuestos, además de otros sobre los que se ha venido conversando justamente en el ámbito de esta comisión, concomitantemente con el presupuesto, respecto de diversas visiones para incorporar modificaciones. Algunas de ellas han sido sugeridas para el presupuesto, porque estamos viendo que muchos de sus artículos tienen que ver con la reforma de leyes de impuestos.
Por otro lado -como observamos aquí-, tenemos normas autónomas o proyectos de leyes autónomas que también tienen que ver justamente con este paquete fiscal.
Quiero remitirme, por ejemplo, a la adenda, que es una modificación del pacto fiscal que han firmado los señores gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional, a la actualización -en el caso del impuesto a las ganancias- por ajuste por inflación, al impuesto a los bienes personales.
También quisiera referirme a propuestas que, como en el día de ayer, con mucha energía hemos planteado aquí, en el Congreso de la Nación, que tienen que ver con modificar el impuesto a las ganancias en el artículo 79, inciso a), para que además de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, incluyamos también a los del Poder Judicial.
Hemos tenido una primera aproximación hacia fines de 2016, cuando aprobamos la ley que nos indicaba que a partir de enero de 2017 los magistrados que ingresaran al Poder Judicial iban a pagar el impuesto a las ganancias.
Entendemos que frente a las dificultades que tenemos desde el punto de vista fiscal y al esfuerzo que están haciendo todos los argentinos es necesario que haya igualdad, como indica la Constitución en su artículo 16 cuando dice que la igualdad es la base de los impuestos, de los tributos y de las cargas públicas.
También debemos tener presente aquel principio constitucional que nos indica que por igual tarea debemos tener igual remuneración, cuando tenemos jueces que ya están cobrando un ingreso inferior para pagar impuesto a las ganancias, respecto de aquellos que no lo hacen.
Esta iniciativa impulsada desde el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical fue reflejada por el impulso dado desde el bloque Cambiemos, porque no solamente están esas firmas sino que se siguen incorporando; son ya 38 firmas de diputados radicales, del PRO y de la Coalición Cívica que están mostrando su apoyo, sin perjuicio de que entendemos y sabemos que esta no es una cuestión original ni un planteo de hoy. Es un planteo de siempre de las diversas fuerzas políticas y sociales del país.
La gente está de acuerdo con este planteo. Entendemos que esto le va a hacer muy bien al Poder Judicial. Le va a hacer muy bien porque los iguala, porque los acerca a la gente, porque los legitima.
Entendemos que además de la importancia que tiene este tema respecto de igualar, como la Constitución lo indica, también tiene su peso y su repercusión desde el punto de vista fiscal y tributario. Estamos hablando de que estimaciones del Ministerio de Hacienda indican que si estuviera en vigencia el impuesto, durante 2018 se podrían recaudar 7.300 millones de pesos, inclusive, un poco más, por supuesto, en el ejercicio 2019.
Por lo tanto, señor presidente, atento a la importancia que tiene el tema, atento al impulso y las características que tiene este proyecto que estamos poniendo a consideración es que solicito, en primer lugar, que se lo incorpore en el orden del día para el tratamiento de estos temas del paquete fiscal, de aquí a que saquemos el presupuesto en las reuniones que sigan, sea la de hoy, mañana, el lunes, el martes o cuando pueda seguir la comisión. Se trata del expediente 6515-d-2018, que fue girado a esta comisión, ya sea para que se incluya como un artículo del presupuesto para dotarlo de condiciones adicionales invaluables -que sería realmente ideal- o para que sea analizado en su defecto como uno de estos proyectos que como hoy estamos analizando de adenda fiscal, ajuste por inflación o bienes personales. De esta manera, nosotros también podremos incorporar esta iniciativa que, como dije, no es solamente de la Unión Cívica Radical sino de la mayoría de los legisladores que componen esta Cámara. No he consultado con otros bloques que no pertenecen a Cambiemos, pero estoy absolutamente seguro de que miran con simpatía una medida de esta naturaleza y de que estarían dispuestos a acompañarla.
Otro punto que queremos analizar respecto del que debemos ver la posibilidad de incorporarlo como un artículo en el presupuesto es un viejo anhelo que se impulsa desde las provincias vitivinícolas de la República Argentina, desde Salta hasta Chubut. Me refiero a los impuestos internos que tienen que ver con los espumantes.
Allá por 2004, sancionamos una ley que fue vetada por el presidente Kirchner que eximía de impuestos internos a los vinos espumantes, que como el resto de los vinos tiene tasa cero en impuestos internos. En ese caso, el presidente Kirchner si bien vetó la ley, lo que hizo fue exceptuar por decreto y es así que desde el año 2005 a la fecha se viene exceptuando por decreto.
Entendemos que cuando llevamos ya 13 o 14 años exceptuando por decreto, se hace necesaria esta ley y queda a las claras que corresponde una norma que definitivamente imponga una tasa cero a este producto.
Es muy importante para nuestras economías regionales andinas, especialmente la vitivinicultura, porque es una actividad muy dinámica y le haríamos un grave daño en la medida en que este producto vuelva a tener impuesto interno.
De manera que dejo así planteadas algunas de las medidas que son necesarias impulsar, como también otras que a lo largo del tratamiento del presupuesto vamos a analizar en cuanto a modificaciones que tienen que ver justamente con la PPP y la modificación de alícuotas de impuesto a las ganancias, especialmente en aquellos subproductos de la agroindustria que tienen como destino la alimentación forrajera en el caso de bovinos, cerdos y aves. Se trata de bajar la alícuota del 21 por ciento al 10,5 por ciento a los efectos de dotar de competitividad a la cadena de producción de carnes en el país.
Alcanzaremos a la mesa de la comisión el texto definitivo que proponemos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tengo anotada para hacer uso de la palabra a la diputada Del Plá y previamente tenía anotado al diputado Lavagna.
Recuerden que estamos en la discusión de bienes personales; debemos enfocarnos en eso para poder seguir avanzando en el temario.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Recuerden que estamos en la discusión de bienes personales; debemos enfocarnos en eso para poder seguir avanzando en el temario.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA En primer lugar, quiero formular una aclaración sobre el tema porque en distintos referentes se mencionó que esto cumplía la adenda que habían firmado los gobernadores. Yo les voy a decir lo mismo que dije la vez pasada. Los poderes ejecutivos no son los que fijan los impuestos, quien fija los impuestos es el Poder Legislativo.
En consecuencia, no podemos utilizar la firma de una adenda fiscal para tratar de imponer la suba de un impuesto o no, porque después también sabemos que esto depende de los aprietes que se pueden hacer para un lado o para el otro. Los impuestos se discuten en el Congreso tengan o no una adenda fiscal.
Anticipo que no acompaño la adenda fiscal porque creo que avasalla las atribuciones del Poder Legislativo. Estamos en un país donde tenemos independencia de poderes.
Sobre el caso específico de bienes personales, el primer punto, que es el primer artículo, creo que es un retroceso muy importante, ya que se elimina la excepción a inmuebles rurales del pago de bienes personales; se elimina el inciso f).
Anteriormente el argumento era que había una doble imposición entre ganancia mínima presunta y bienes personales. Entonces, se eliminó la ganancia mínima presunta y se permitió hacer el revalúo tal como estaba previsto. Por eso en ese momento no se eliminó la excepción a los inmuebles rurales, porque iba a tener un impacto impositivo muy negativo que iba a ser doble. Es decir, el impacto del revalúo más el impacto de la suba de bienes personales. Aquí estamos dejando el revalúo -que va a tener un fuerte impacto cuando se termine de conformar- pero encima estaremos subiendo los impuestos. Esto no es lo que discutimos como reforma tributaria. Esto no tiene nada que ver con lo que discutimos acerca de cómo hacemos para promover la producción en los distintos sectores como, por ejemplo, el del campo. Creo que es un retroceso importante.
El segundo punto vinculado con este cambio tiene que ver con que no estamos hablando solo de los grandes patrimonios. Le estamos pegando a la clase media. Es decir, 2 millones de pesos equivalen a 50.000 dólares. Eso representa casi un departamento de un ambiente en la Capital Federal. Igualmente, invito a quienes sepan cuánto es el valor de un inmueble en las distintas provincias a que me lo digan. ¿Será de tres ambientes en algún otro lado, más un autito? A partir de ahí empezamos a aumentarle. Acá aumentamos bienes personales para todos.
En consecuencia, no podemos utilizar la firma de una adenda fiscal para tratar de imponer la suba de un impuesto o no, porque después también sabemos que esto depende de los aprietes que se pueden hacer para un lado o para el otro. Los impuestos se discuten en el Congreso tengan o no una adenda fiscal.
Anticipo que no acompaño la adenda fiscal porque creo que avasalla las atribuciones del Poder Legislativo. Estamos en un país donde tenemos independencia de poderes.
Sobre el caso específico de bienes personales, el primer punto, que es el primer artículo, creo que es un retroceso muy importante, ya que se elimina la excepción a inmuebles rurales del pago de bienes personales; se elimina el inciso f).
Anteriormente el argumento era que había una doble imposición entre ganancia mínima presunta y bienes personales. Entonces, se eliminó la ganancia mínima presunta y se permitió hacer el revalúo tal como estaba previsto. Por eso en ese momento no se eliminó la excepción a los inmuebles rurales, porque iba a tener un impacto impositivo muy negativo que iba a ser doble. Es decir, el impacto del revalúo más el impacto de la suba de bienes personales. Aquí estamos dejando el revalúo -que va a tener un fuerte impacto cuando se termine de conformar- pero encima estaremos subiendo los impuestos. Esto no es lo que discutimos como reforma tributaria. Esto no tiene nada que ver con lo que discutimos acerca de cómo hacemos para promover la producción en los distintos sectores como, por ejemplo, el del campo. Creo que es un retroceso importante.
El segundo punto vinculado con este cambio tiene que ver con que no estamos hablando solo de los grandes patrimonios. Le estamos pegando a la clase media. Es decir, 2 millones de pesos equivalen a 50.000 dólares. Eso representa casi un departamento de un ambiente en la Capital Federal. Igualmente, invito a quienes sepan cuánto es el valor de un inmueble en las distintas provincias a que me lo digan. ¿Será de tres ambientes en algún otro lado, más un autito? A partir de ahí empezamos a aumentarle. Acá aumentamos bienes personales para todos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Eso se llama progresividad.
SR. LAVAGNA Pero antes ya habíamos discutido algo relativo a los bienes personales. Colocamos una alícuota bien distinta. No estamos discutiendo aumentarle a los grandes patrimonios. Estamos debatiendo acerca de aumentarle bienes personales a todos, es decir, progresivo y no progresivo. Pero no nos tenemos que mentir: se trata de un aumento de bienes personales que le va a pegar a todos, incluso a la clase media.
Los sectores de mayores ingresos, que tienen la posibilidad de hacer fideicomisos en el exterior -donde se ceden los bienes a favor del fideicomiso-, quedan exentos del pago de bienes personales. ¿A quién le estamos cobrando bienes personales? ¿A quién le estamos subiendo los impuestos? ¿Se los subimos a los que más tienen o le pegamos a la clase media? Sinceramente considero que tal como está el proyecto le pega muy fuerte a la clase media y, a su vez, al sector de la producción del campo. Esto se refleja en el artículo 1°.
Por ello, nosotros no vamos a acompañar este proyecto pues se trata de un error muy importante.
Señor presidente: sinceramente considero que el proyecto debe ser modificado.
Además, esto lo voy a transformar en una pregunta, más allá de no estar de acuerdo con el proyecto. Aquí están actualizando el mínimo en forma automática, pero no me queda claro que estén actualizando también los montos de las escalas y los pagos correspondientes. Queda claro el mínimo, pero no lo relativo a las cuotas sobre los excedentes. Me gustaría que este punto sea aclarado.
Los sectores de mayores ingresos, que tienen la posibilidad de hacer fideicomisos en el exterior -donde se ceden los bienes a favor del fideicomiso-, quedan exentos del pago de bienes personales. ¿A quién le estamos cobrando bienes personales? ¿A quién le estamos subiendo los impuestos? ¿Se los subimos a los que más tienen o le pegamos a la clase media? Sinceramente considero que tal como está el proyecto le pega muy fuerte a la clase media y, a su vez, al sector de la producción del campo. Esto se refleja en el artículo 1°.
Por ello, nosotros no vamos a acompañar este proyecto pues se trata de un error muy importante.
Señor presidente: sinceramente considero que el proyecto debe ser modificado.
Además, esto lo voy a transformar en una pregunta, más allá de no estar de acuerdo con el proyecto. Aquí están actualizando el mínimo en forma automática, pero no me queda claro que estén actualizando también los montos de las escalas y los pagos correspondientes. Queda claro el mínimo, pero no lo relativo a las cuotas sobre los excedentes. Me gustaría que este punto sea aclarado.
SR. PRESIDENTE LASPINA En cuanto a los fideicomisos irrevocables creo que hay muy pocos casos. Esto se debe a que se refieren a un esquema muy particular que ya regía en la ley de bienes personales. Creo que no es objetivo hacer aquí una discusión de fondo respecto a un impuesto que rige desde hace muchos años. De hecho, en este Parlamento, las alícuotas han subido y bajado a lo largo de los años pero nunca cambió la naturaleza del impuesto. Algunas excepciones de los fideicomisos irrevocables refieren a un tipo muy particular de anticipo de herencia, etcétera, pero no están alcanzados porque no se conoce al beneficiario final. Es una especie de limbo jurídico. El proyecto no modifica en nada esto que estamos hablando.
El mínimo no imponible de hoy está en 1 millón y no tenía escalas. Ahora se genera una duplicación del mínimo no imponible, lo cual baja sustancialmente a la clase media el monto de lo que pagaba por bienes personales. Aclaro que alcanza a una porción pequeña de esa clase media debido a las valuaciones fiscales.
Ahora se genera una escala progresiva que se va a ir ajustando de acuerdo con la unidad de valor tributaria. Se trata de un proyecto que debemos tratar y que fue establecido en la reforma tributaria. Quizás lo debamos debatir este año. El proyecto de ley de presupuesto prorroga la presentación de dicha ley por un año pero creo que en algún momento podríamos discutirla para generar mecanismos automáticos de actualización en muchas de las cuestiones tributarias no ajustables.
Tiene la palabra la señora diputada Del Plá.
El mínimo no imponible de hoy está en 1 millón y no tenía escalas. Ahora se genera una duplicación del mínimo no imponible, lo cual baja sustancialmente a la clase media el monto de lo que pagaba por bienes personales. Aclaro que alcanza a una porción pequeña de esa clase media debido a las valuaciones fiscales.
Ahora se genera una escala progresiva que se va a ir ajustando de acuerdo con la unidad de valor tributaria. Se trata de un proyecto que debemos tratar y que fue establecido en la reforma tributaria. Quizás lo debamos debatir este año. El proyecto de ley de presupuesto prorroga la presentación de dicha ley por un año pero creo que en algún momento podríamos discutirla para generar mecanismos automáticos de actualización en muchas de las cuestiones tributarias no ajustables.
Tiene la palabra la señora diputada Del Plá.
SRA. DEL PLÁ Señor presidente: este es un debate un poco desordenado porque no se sabe bien el punto en discusión ni a dónde debemos enfocarnos. En realidad, aunque el objetivo es que parezca que estamos discutiendo modificaciones o arreglos parciales al presupuesto en tratamiento, no estamos discutiendo las medidas de fondo.
Siendo sinceros, se está ocultando que no tenemos gobierno ni Banco Central. Nos gobierna el FMI, Wall Street y la Casa Blanca. En esta comisión hoy aparece un proyecto y mañana otro contrario. Tal como dije en la reunión pasada, en lugar de un presupuesto, una adenda y una serie de modificaciones, estamos discutiendo un conjunto de pactos secretos volcados en los acuerdos con el FMI. Asimismo, estamos otorgando una carta blanca al oficialismo para resolver cómo acomoda los números de este presupuesto de ajuste.
Es inevitable el debate integral. A pesar de ello, el oficialismo macrista avanza e incluso comenta la realización de una nueva reunión el martes para firmar el dictamen y tratarlo el miércoles en el recinto, sin cumplirse los siete días reglamentarios. Las cosas no están muy claras. Nos enteramos de la dinámica por los diarios y no por esta comisión.
El problema de fondo es que estamos discutiendo un presupuesto criminal de ajuste puesto al servicio del FMI y en contra del pueblo trabajador. En este punto debemos tener claro que una vez más en la dramática historia argentina, el gobierno está habilitando un endeudamiento feroz que lleva al país a la quiebra. Nuevamente el verdadero debate es la reestructuración de la deuda. La realidad es que como muy probablemente vamos al default, se insiste mucho en la reestructuración general, dejando las manos libres con el artículo 53 y demás. Estamos frente a un ataque contra los derechos e ingresos de la población trabajadora.
Hay tres o cuatro puntos anunciados durante los últimos días que debemos analizar. En primer lugar, el gobierno dijo que producto de la devaluación, se hará cargo del resarcimiento a las empresas de gas. ¿Cómo es eso? ¿No teníamos que lograr déficit cero? En nombre del déficit cero se seca la plaza, se habilitan los despidos y se hacen ajustes no solo en el ámbito nacional, sino también provincial y municipal. La adenda traslada parte del ajuste a las provincias y transfiere gastos a las provincias y a los municipios. ¿Dónde está el déficit cero si el Estado resarcirá a las empresas de gas, pero no procederá igual con los trabajadores y los jubilados?
Por otro lado, ayer el presidente Macri dijo que el problema es que los trabajadores no deben pretender cobrar salarios por encima de lo que les corresponde. Esto es una afrenta a los millones de trabajadores, como somos los docentes, que cobramos salarios que no solo están por debajo del precio de la canasta familiar, sino en muchos casos también por debajo de la línea de pobreza. Es un ataque contra los millones de trabajadores que aún no cerraron las paritarias o no se las reabren. A ellos les impusieron aumentos del 15 por ciento cuando la inflación llegará al 50 por ciento. Esto es lo que de verdad tenemos que discutir.
Asimismo, ayer el presidente también dijo que quienes obstaculizan el desarrollo económico son los trabajadores a partir de nuestros salarios. De ninguna manera. El único costo que hunde al país es el patronal, la deuda usuraria que el gobierno sostiene y la oposición "pejotista" avala. No he escuchado decir en esta reunión que haya que romper definitivamente con el FMI, investigar y no pagar la deuda fraudulenta y usuraria.
Efectivamente, solo deberíamos hablar del costo patronal y de los bancos que embolsaron ganancias por 26.500 millones de pesos solo durante agosto, cifra un 200 por ciento mayor que la correspondiente al mismo mes del año pasado. Mientras tanto, los trabajadores y los jubilados tienen los salarios congelados y las paritarias cierran con un porcentaje menor a la inflación, lo que lleva a un clima de descontento cada vez mayor.
Los docentes y los empleados estatales están parando por 48 horas en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el 24 habrá un paro y una gran movilización a la puerta del Congreso Nacional, como así también en todo el país. Desde el Frente de Izquierda impulsamos masivamente esa movilización porque es la única forma de enfrentar este presupuesto de ajuste.
El gobierno sabe que hay un sector del peronismo que protesta en un lado, pero negocia la firma del presupuesto en otro. El gobierno quiere convencer a los trabajadores de que habiendo eliminado las exenciones al impuesto a las ganancias sobre los salarios o no avanzando en la disminución del porcentaje de jubilaciones y asignaciones familiares cuando se trata de una zona desfavorable ya está todo resuelto.
No, no está resuelto. Queda en pie el conjunto del impuesto a las ganancias sobre los salarios y toda la política de ajuste general que lleva no solo a los despidos de los trabajadores y a mantener intactas las exenciones y las disminuciones de los aportes patronales, sino que sistemáticamente sigue vaciando la ANSES. Consecuentemente, nuevamente atacarán a las jubilaciones.
También quiero comentar que durante los últimos días se anunció el aumento del presupuesto de defensa a partir de una medida administrativa de reasignación de partidas de Seguridad Interior. Otra vez le dieron más recursos a la ministra Bullrich para reprimir a la población. ¿De dónde salieron esos recursos? De la ANSES. O sea que en vez de destinar el dinero al aumento de las jubilaciones a quienes cobran 8 mil y pico de pesos, lo aplican al sostenimiento de un aparato represivo contra la movilización popular.
Notamos la existencia de una oposición entre los derechos de la mayoría de la población y los intereses que defiende el gobierno y la oposición que los acompaña. En ese punto creo que cada vez más llegamos a la conclusión de que efectivamente la continuidad de este gobierno va en contra de los intereses de la mayoría de la población. Por eso nos movilizaremos masivamente el 24, porque entendemos que es la única forma de rechazar este presupuesto. Debemos empezar a discutir los trabajadores, la juventud y los jubilados acerca de la necesidad de poner en pie una Asamblea Constituyente. Esa Asamblea debe tomar medidas de emergencia que nos saquen de este vaciamiento de las riquezas del país y de sus gravísimas consecuencias para los trabajadores y la juventud, donde nos está llevando este gobierno que está agotado.
Siendo sinceros, se está ocultando que no tenemos gobierno ni Banco Central. Nos gobierna el FMI, Wall Street y la Casa Blanca. En esta comisión hoy aparece un proyecto y mañana otro contrario. Tal como dije en la reunión pasada, en lugar de un presupuesto, una adenda y una serie de modificaciones, estamos discutiendo un conjunto de pactos secretos volcados en los acuerdos con el FMI. Asimismo, estamos otorgando una carta blanca al oficialismo para resolver cómo acomoda los números de este presupuesto de ajuste.
Es inevitable el debate integral. A pesar de ello, el oficialismo macrista avanza e incluso comenta la realización de una nueva reunión el martes para firmar el dictamen y tratarlo el miércoles en el recinto, sin cumplirse los siete días reglamentarios. Las cosas no están muy claras. Nos enteramos de la dinámica por los diarios y no por esta comisión.
El problema de fondo es que estamos discutiendo un presupuesto criminal de ajuste puesto al servicio del FMI y en contra del pueblo trabajador. En este punto debemos tener claro que una vez más en la dramática historia argentina, el gobierno está habilitando un endeudamiento feroz que lleva al país a la quiebra. Nuevamente el verdadero debate es la reestructuración de la deuda. La realidad es que como muy probablemente vamos al default, se insiste mucho en la reestructuración general, dejando las manos libres con el artículo 53 y demás. Estamos frente a un ataque contra los derechos e ingresos de la población trabajadora.
Hay tres o cuatro puntos anunciados durante los últimos días que debemos analizar. En primer lugar, el gobierno dijo que producto de la devaluación, se hará cargo del resarcimiento a las empresas de gas. ¿Cómo es eso? ¿No teníamos que lograr déficit cero? En nombre del déficit cero se seca la plaza, se habilitan los despidos y se hacen ajustes no solo en el ámbito nacional, sino también provincial y municipal. La adenda traslada parte del ajuste a las provincias y transfiere gastos a las provincias y a los municipios. ¿Dónde está el déficit cero si el Estado resarcirá a las empresas de gas, pero no procederá igual con los trabajadores y los jubilados?
Por otro lado, ayer el presidente Macri dijo que el problema es que los trabajadores no deben pretender cobrar salarios por encima de lo que les corresponde. Esto es una afrenta a los millones de trabajadores, como somos los docentes, que cobramos salarios que no solo están por debajo del precio de la canasta familiar, sino en muchos casos también por debajo de la línea de pobreza. Es un ataque contra los millones de trabajadores que aún no cerraron las paritarias o no se las reabren. A ellos les impusieron aumentos del 15 por ciento cuando la inflación llegará al 50 por ciento. Esto es lo que de verdad tenemos que discutir.
Asimismo, ayer el presidente también dijo que quienes obstaculizan el desarrollo económico son los trabajadores a partir de nuestros salarios. De ninguna manera. El único costo que hunde al país es el patronal, la deuda usuraria que el gobierno sostiene y la oposición "pejotista" avala. No he escuchado decir en esta reunión que haya que romper definitivamente con el FMI, investigar y no pagar la deuda fraudulenta y usuraria.
Efectivamente, solo deberíamos hablar del costo patronal y de los bancos que embolsaron ganancias por 26.500 millones de pesos solo durante agosto, cifra un 200 por ciento mayor que la correspondiente al mismo mes del año pasado. Mientras tanto, los trabajadores y los jubilados tienen los salarios congelados y las paritarias cierran con un porcentaje menor a la inflación, lo que lleva a un clima de descontento cada vez mayor.
Los docentes y los empleados estatales están parando por 48 horas en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el 24 habrá un paro y una gran movilización a la puerta del Congreso Nacional, como así también en todo el país. Desde el Frente de Izquierda impulsamos masivamente esa movilización porque es la única forma de enfrentar este presupuesto de ajuste.
El gobierno sabe que hay un sector del peronismo que protesta en un lado, pero negocia la firma del presupuesto en otro. El gobierno quiere convencer a los trabajadores de que habiendo eliminado las exenciones al impuesto a las ganancias sobre los salarios o no avanzando en la disminución del porcentaje de jubilaciones y asignaciones familiares cuando se trata de una zona desfavorable ya está todo resuelto.
No, no está resuelto. Queda en pie el conjunto del impuesto a las ganancias sobre los salarios y toda la política de ajuste general que lleva no solo a los despidos de los trabajadores y a mantener intactas las exenciones y las disminuciones de los aportes patronales, sino que sistemáticamente sigue vaciando la ANSES. Consecuentemente, nuevamente atacarán a las jubilaciones.
También quiero comentar que durante los últimos días se anunció el aumento del presupuesto de defensa a partir de una medida administrativa de reasignación de partidas de Seguridad Interior. Otra vez le dieron más recursos a la ministra Bullrich para reprimir a la población. ¿De dónde salieron esos recursos? De la ANSES. O sea que en vez de destinar el dinero al aumento de las jubilaciones a quienes cobran 8 mil y pico de pesos, lo aplican al sostenimiento de un aparato represivo contra la movilización popular.
Notamos la existencia de una oposición entre los derechos de la mayoría de la población y los intereses que defiende el gobierno y la oposición que los acompaña. En ese punto creo que cada vez más llegamos a la conclusión de que efectivamente la continuidad de este gobierno va en contra de los intereses de la mayoría de la población. Por eso nos movilizaremos masivamente el 24, porque entendemos que es la única forma de rechazar este presupuesto. Debemos empezar a discutir los trabajadores, la juventud y los jubilados acerca de la necesidad de poner en pie una Asamblea Constituyente. Esa Asamblea debe tomar medidas de emergencia que nos saquen de este vaciamiento de las riquezas del país y de sus gravísimas consecuencias para los trabajadores y la juventud, donde nos está llevando este gobierno que está agotado.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Soria.
SRA. SORIA Señor presidente: no sé si quiere que me anote después porque están hablando de bienes personales y en realidad me abocaré al presupuesto, último punto del temario.
SR. PRESIDENTE LASPINA Entonces, agotemos el tema de bienes personales. Está anotado el diputado Torello y no sé si también el diputado Vallone. Luego, continuaremos repasando el presupuesto.
Tiene la palabra el señor diputado Torello.
Tiene la palabra el señor diputado Torello.
SR. TORELLO Solamente es una consulta. Bienes personales se vuelve a imponer al sector agropecuario, que es de capital intensivo de baja renta y con la renta que estamos viendo que ponen, quería saber si había alguna posibilidad de rever esa alícuota, para que sea una alícuota reducida como era antes.
SR. PRESIDENTE LASPINA Es un buen punto porque si bien es cierto que la exención que tenían los inmuebles rurales en bienes personales refería a ganancia mínima presunta que ahora se elimina, también es cierto que en el actual esquema de bienes personales, si uno tiene una sociedad anónima tributa 0,25 por ciento de alícuota; una sociedad anónima en cabeza de un individuo tributa 0,25. Si esa sociedad es del exterior, tributa de acuerdo con la tablita, con lo cual genera -precisamente- el incentivo que de alguna manera se buscaba al principio cuando comenzamos la discusión con los gobernadores por la adenda fiscal para darle incentivo a las inversiones locales.
Recordemos que se mantiene la exención para los depósitos en la Argentina y la exención para la tenencia de títulos públicos. Son dos formas de atraer inversión y repatriar capitales.
En el caso de las sociedades anónimas opera el 0,25. Es un buen punto lo que usted plantea. Deberíamos buscar una equidad entre aquella persona que decide, por ejemplo, su campo en la forma de una sociedad anónima y va a tributar 0,25 y aquél que lo tiene inscripto como un bien rural a su nombre. No veo ningún motivo para discriminar un caso del otro, con lo cual creo que acepto la modificación que propone el diputado Torello de establecer el tope de 0,25 en la alícuota para el caso de los bienes rurales.
El diputado Lavagna también planteó esta observación, que quede registro de ello.
Tiene la palabra el señor diputado Vallone.
Recordemos que se mantiene la exención para los depósitos en la Argentina y la exención para la tenencia de títulos públicos. Son dos formas de atraer inversión y repatriar capitales.
En el caso de las sociedades anónimas opera el 0,25. Es un buen punto lo que usted plantea. Deberíamos buscar una equidad entre aquella persona que decide, por ejemplo, su campo en la forma de una sociedad anónima y va a tributar 0,25 y aquél que lo tiene inscripto como un bien rural a su nombre. No veo ningún motivo para discriminar un caso del otro, con lo cual creo que acepto la modificación que propone el diputado Torello de establecer el tope de 0,25 en la alícuota para el caso de los bienes rurales.
El diputado Lavagna también planteó esta observación, que quede registro de ello.
Tiene la palabra el señor diputado Vallone.
SR. VALLONE Voy a solicitar que me anote también para hablar cuando se trate el presupuesto.
En cuanto al proyecto de bienes personales, se modifica el artículo 25, pero nada dice sobre el artículo agregado a continuación. El artículo 25 que se intenta modificar contiene un artículo sin número a continuación, que no se modifica y que establece un pago único y definitivo del 0,25 para bienes en el país de personas radicadas en el exterior. De acuerdo con lo que yo veo, para los argentinos el impuesto crece y para los extranjeros nada se modifica. Si esto fuera así, me parece que es bastante injusto. ¿Podrían aclararlo? Gracias.
En cuanto al proyecto de bienes personales, se modifica el artículo 25, pero nada dice sobre el artículo agregado a continuación. El artículo 25 que se intenta modificar contiene un artículo sin número a continuación, que no se modifica y que establece un pago único y definitivo del 0,25 para bienes en el país de personas radicadas en el exterior. De acuerdo con lo que yo veo, para los argentinos el impuesto crece y para los extranjeros nada se modifica. Si esto fuera así, me parece que es bastante injusto. ¿Podrían aclararlo? Gracias.
SR. PRESIDENTE LASPINA Este tema se discutió en la reunión de asesores cuando vieron el proyecto. En realidad, vamos a decirlo con todas las letras: hoy la recaudación efectiva de esa retención es prácticamente es cero, porque requeriría la retención, por ejemplo, en el caso de si uno alquila un departamento de un extranjero que tiene una inversión inmobiliaria acá habría que hacer una retención sobre ese alquiler, pero en la práctica no se realiza. También tiene que ver con que en un mapa global de inversiones inmobiliarias, la Argentina compite con otros muchos países.
Esta discusión fue parecida a la que tuvimos en su momento cuando se pedía establecer un impuesto a la renta financiera para extranjeros que invirtieran en títulos públicos. Era como pegarse un tiro en el pie, porque en el fondo si uno quiere atraer para que compren bonos argentinos y además le cobran un impuesto o encarece la tasa, se van y compran un bono en Brasil.
Esto tendría la misma lógica, sinceramente. Como no tiene un impacto efectivo podemos discutirlo y establecer los mismos criterios de la tablita sabiendo cuál es el impacto, porque -en definitiva- cuando haya algún extranjero que quiera hacer una inversión inmobiliaria en Puerto Madero, comprando un edificio de pozo o de lo que sea, lo va a pensar un poco más porque después le queda un costo más elevado y eso compite con inversiones inmobiliarias en otras partes del mundo, a diferencia de los argentinos que vivimos y tenemos nuestros activos acá.
Esta es un poco la filosofía. Lo dejo abierto al debate, no tengo una posición dogmática respecto a eso. Solo advierto que contra una recaudación que es prácticamente muy baja, puede pegar en el cash flow de algún proyecto de inversión de algún extranjero que quiera venir a hacer inversiones de algún tipo en la Argentina. Así que esta es un poco la filosofía pero lo dejo abierto a la discusión.
Sobre el tema de bienes personales, tiene la palabra la señora diputada Vallejos.
Esta discusión fue parecida a la que tuvimos en su momento cuando se pedía establecer un impuesto a la renta financiera para extranjeros que invirtieran en títulos públicos. Era como pegarse un tiro en el pie, porque en el fondo si uno quiere atraer para que compren bonos argentinos y además le cobran un impuesto o encarece la tasa, se van y compran un bono en Brasil.
Esto tendría la misma lógica, sinceramente. Como no tiene un impacto efectivo podemos discutirlo y establecer los mismos criterios de la tablita sabiendo cuál es el impacto, porque -en definitiva- cuando haya algún extranjero que quiera hacer una inversión inmobiliaria en Puerto Madero, comprando un edificio de pozo o de lo que sea, lo va a pensar un poco más porque después le queda un costo más elevado y eso compite con inversiones inmobiliarias en otras partes del mundo, a diferencia de los argentinos que vivimos y tenemos nuestros activos acá.
Esta es un poco la filosofía. Lo dejo abierto al debate, no tengo una posición dogmática respecto a eso. Solo advierto que contra una recaudación que es prácticamente muy baja, puede pegar en el cash flow de algún proyecto de inversión de algún extranjero que quiera venir a hacer inversiones de algún tipo en la Argentina. Así que esta es un poco la filosofía pero lo dejo abierto a la discusión.
Sobre el tema de bienes personales, tiene la palabra la señora diputada Vallejos.
SRA. VALLEJOS Por el presupuesto también quiero hablar, pero ahora comienzo con el tema de bienes personales, señor presidente.
Algunas consideraciones generales sobre lo que venimos discutiendo en relación con estas modificaciones que se están proponiendo. La verdad es que suena complejo poder debatir esta parcialidad en relación con la cuestión de bienes personales, como el resto de las parcialidades que aquí se están planteando en lo referido a las modificaciones en ganancias, que tratamos anteriormente, y al resto de los proyectos que están planteados en el temario de esta reunión.
La realidad es que este Cuerpo está absolutamente imbuido y debería estar concentrando todas sus energías en el debate global que hoy nos conmueve y nos compromete, que tiene que ver con el último punto de este temario. Me refiero al proyecto de ley de presupuesto 2019 respecto del cual, por cierto, cada una de estas partes que estamos considerando en este momento vendrían además a significar mayores inconsistencias. Este proyecto de presupuesto, que ya fue presentado -como bien sabemos-, ha perdido cualquier grado de racionalidad -si acaso lo tuvo en algún momento- desde el momento en que el gobierno nacional acuerda un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional tras caer el primero, que se había firmado en junio, sin haber cumplido una sola de las pautas y las metas previstas con el organismo internacional en aquel momento.
Esa ampliación del endeudamiento que la administración del presidente Macri ha acordado con el Fondo Monetario Internacional no está expresada en el proyecto de presupuesto, como tampoco lo están las modificaciones en la política monetaria, con los cambios en las reglas monetarias a partir del cambio de autoridades en el Banco Central. Por cierto, hemos insistido sobradamente y volvemos a insistir en la posibilidad de que las autoridades del Banco Central se hagan presentes en el seno de esta comisión para este debate porque es además obligación -y usted lo sabe- que le sea presentado el programa monetario a este Cuerpo en el marco del debate del presupuesto.
Este programa monetario que está expresado en la ley de presupuesto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de las políticas que hoy se están aplicando y que se van a aplicar el año que viene.
Por lo tanto, deja completamente extemporáneas todas las previsiones que están contempladas en el presupuesto. De manera que realmente es muy difícil -por utilizar alguna expresión- considerar cuál es la consistencia y la racionalidad de cada una de estas propuestas, que de manera aislada y atomizada estamos intentando debatir esta mañana en esta sala, cuando en realidad tendríamos que estar discutiendo el paquete completo en el marco del debate de la ley de presupuesto.
No obstante eso, quisiéramos hacer algunas consideraciones puntuales sobre la cuestión de bienes personales que estamos discutiendo. Entre otras cosas, porque hemos sufrido una devaluación muy importante en nuestro país en los últimos meses a partir de la corrida cambiaria que comenzó en el mes de abril y que desencadenó la profundísima crisis económica y social cuyos impactos todavía no terminamos de ver en la Argentina.
La verdad es que solo considerando eso, cuando uno observa los parámetros que se están planteando en el proyecto para gravar los bienes personales, no podemos menos que interpretar que esto significa -a pesar de que se trata de un impuesto progresivo, que nosotros en espíritu acompañamos pero no de esta manera- una nueva afectación sobre los sectores medios y le diría, incluso, sobre aquellos argentinos que perteneciendo a sectores populares pudieran, tal vez, con el esfuerzo de toda una vida o habiéndolo heredado como un patrimonio familiar, disponer de un bien.
Con estos montos -patrimonios de dos millones de pesos-, si los proyectamos a valor dólar tomando en cuenta lo que valen las propiedades, nos damos cuenta de que no hay nadie que pueda tener un inmueble -aunque sea un monoambiente- que no entre a ser gravado por bienes personales. Además, hay una escala en las alícuotas que dice muy poco de la progresividad que necesitaríamos en la Argentina. Me refiero a una Argentina por la que estamos atravesando -sobre todo a partir de 2016- cuando lamentablemente los avances obtenidos en los años previos en materia de mejoras en la distribución se han perdido en su totalidad.
Hoy tenemos un país con grandes niveles de concentración, donde los que más tienen vuelven a ganar y a apropiarse de mayores porciones de los ingresos y patrimonios. Por otro lado, los que menos tienen y los sectores medios están volviendo a perder posiciones. Entonces, no suena lógico que estemos pensando en seguir afectando siempre a los mismos sectores. Nos parecería que esto merece un debate muchísimo más profundo. Hace un año fue aprobada una reforma tributaria en este Congreso. El año anterior se había aprobado otra reforma en tal sentido que introdujo modificaciones sobre el tema que consideramos. Entonces, venimos poniendo parche sobre parche y haciendo modificaciones en base a necesidades coyunturales que se le presentan al gobierno, pero no estamos atendiendo a las necesidades estructurales que tiene la sociedad argentina. Muchas de estas necesidades están profundizadas por el rumbo de la política económica que lleva adelante el gobierno nacional.
Consideramos que, en primer término, tenemos que discutir en la Argentina, en esta comisión y en el momento en que estemos en el recinto, el rumbo general de la política económica. Todos los desequilibrios y dificultades -incluso las que tiene la propia administración del presidente Macri para articular su ecuación de ingresos y gastos- están relacionadas con el rumbo equivocado de la política económica. Esto se agudizará el año que viene. Con esta propuesta que están planteando cristalizada en este proyecto de ley de presupuesto, tendremos una recesión mucho mayor que la planteada por el Fondo Monetario Internacional basada en una caída del 1,6 por ciento para el 2019. Más allá de los parches que se puedan intentar imponer con estas distintas propuestas, esto significa que la recaudación va a caer el año que viene. Esto nos hace preguntarnos si los argentinos van a tener que ser víctimas de un ajuste todavía mayor que el cristalizado en el presupuesto.
Primero, tendríamos que estar discutiendo el rumbo de la política económica que es la que engendra todos los males a los cuales están siendo sometidos los ciudadanos.
En segundo lugar, si queremos discutir sobre la cuestión tributaria, hagámoslo. Pero tenemos que hacerlo seriamente y no con parches ni enmiendas que son discutidas en un año, son modificadas en el siguiente y se vuelven a discutir. De esta forma, no estamos solucionando absolutamente nada.
En tercer término, no vamos a resolver nada si esas modificaciones tienen que ver con afectar a los mismos sectores que hace casi tres años vienen soportando los ataques permanentes de esta política económica.
Considero que hay que discutir una reforma tributaria en serio. Por eso, traigan un proyecto de reforma para poder debatirlo junto al tema de bienes personales y los impuestos progresivos que necesitan ser mejorados en el marco de nuestra matriz tributaria. Además, debemos discutir sobre los impuestos regresivos que necesitamos corregir en nuestro marco tributario, pero hagámoslo en serio y no con parches que son modificados todos los años y que no solucionan nada.
Cuando lo discutamos, que sirva para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de hombres y mujeres que habitan esta patria, proteja a los sectores populares y medios tan afectados en los últimos años, y grave a quien corresponda, que es lo que omite hacer la estructura que viene configurando el gobierno durante los últimos años con sus distintas reformas. (Aplausos.)
Algunas consideraciones generales sobre lo que venimos discutiendo en relación con estas modificaciones que se están proponiendo. La verdad es que suena complejo poder debatir esta parcialidad en relación con la cuestión de bienes personales, como el resto de las parcialidades que aquí se están planteando en lo referido a las modificaciones en ganancias, que tratamos anteriormente, y al resto de los proyectos que están planteados en el temario de esta reunión.
La realidad es que este Cuerpo está absolutamente imbuido y debería estar concentrando todas sus energías en el debate global que hoy nos conmueve y nos compromete, que tiene que ver con el último punto de este temario. Me refiero al proyecto de ley de presupuesto 2019 respecto del cual, por cierto, cada una de estas partes que estamos considerando en este momento vendrían además a significar mayores inconsistencias. Este proyecto de presupuesto, que ya fue presentado -como bien sabemos-, ha perdido cualquier grado de racionalidad -si acaso lo tuvo en algún momento- desde el momento en que el gobierno nacional acuerda un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional tras caer el primero, que se había firmado en junio, sin haber cumplido una sola de las pautas y las metas previstas con el organismo internacional en aquel momento.
Esa ampliación del endeudamiento que la administración del presidente Macri ha acordado con el Fondo Monetario Internacional no está expresada en el proyecto de presupuesto, como tampoco lo están las modificaciones en la política monetaria, con los cambios en las reglas monetarias a partir del cambio de autoridades en el Banco Central. Por cierto, hemos insistido sobradamente y volvemos a insistir en la posibilidad de que las autoridades del Banco Central se hagan presentes en el seno de esta comisión para este debate porque es además obligación -y usted lo sabe- que le sea presentado el programa monetario a este Cuerpo en el marco del debate del presupuesto.
Este programa monetario que está expresado en la ley de presupuesto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de las políticas que hoy se están aplicando y que se van a aplicar el año que viene.
Por lo tanto, deja completamente extemporáneas todas las previsiones que están contempladas en el presupuesto. De manera que realmente es muy difícil -por utilizar alguna expresión- considerar cuál es la consistencia y la racionalidad de cada una de estas propuestas, que de manera aislada y atomizada estamos intentando debatir esta mañana en esta sala, cuando en realidad tendríamos que estar discutiendo el paquete completo en el marco del debate de la ley de presupuesto.
No obstante eso, quisiéramos hacer algunas consideraciones puntuales sobre la cuestión de bienes personales que estamos discutiendo. Entre otras cosas, porque hemos sufrido una devaluación muy importante en nuestro país en los últimos meses a partir de la corrida cambiaria que comenzó en el mes de abril y que desencadenó la profundísima crisis económica y social cuyos impactos todavía no terminamos de ver en la Argentina.
La verdad es que solo considerando eso, cuando uno observa los parámetros que se están planteando en el proyecto para gravar los bienes personales, no podemos menos que interpretar que esto significa -a pesar de que se trata de un impuesto progresivo, que nosotros en espíritu acompañamos pero no de esta manera- una nueva afectación sobre los sectores medios y le diría, incluso, sobre aquellos argentinos que perteneciendo a sectores populares pudieran, tal vez, con el esfuerzo de toda una vida o habiéndolo heredado como un patrimonio familiar, disponer de un bien.
Con estos montos -patrimonios de dos millones de pesos-, si los proyectamos a valor dólar tomando en cuenta lo que valen las propiedades, nos damos cuenta de que no hay nadie que pueda tener un inmueble -aunque sea un monoambiente- que no entre a ser gravado por bienes personales. Además, hay una escala en las alícuotas que dice muy poco de la progresividad que necesitaríamos en la Argentina. Me refiero a una Argentina por la que estamos atravesando -sobre todo a partir de 2016- cuando lamentablemente los avances obtenidos en los años previos en materia de mejoras en la distribución se han perdido en su totalidad.
Hoy tenemos un país con grandes niveles de concentración, donde los que más tienen vuelven a ganar y a apropiarse de mayores porciones de los ingresos y patrimonios. Por otro lado, los que menos tienen y los sectores medios están volviendo a perder posiciones. Entonces, no suena lógico que estemos pensando en seguir afectando siempre a los mismos sectores. Nos parecería que esto merece un debate muchísimo más profundo. Hace un año fue aprobada una reforma tributaria en este Congreso. El año anterior se había aprobado otra reforma en tal sentido que introdujo modificaciones sobre el tema que consideramos. Entonces, venimos poniendo parche sobre parche y haciendo modificaciones en base a necesidades coyunturales que se le presentan al gobierno, pero no estamos atendiendo a las necesidades estructurales que tiene la sociedad argentina. Muchas de estas necesidades están profundizadas por el rumbo de la política económica que lleva adelante el gobierno nacional.
Consideramos que, en primer término, tenemos que discutir en la Argentina, en esta comisión y en el momento en que estemos en el recinto, el rumbo general de la política económica. Todos los desequilibrios y dificultades -incluso las que tiene la propia administración del presidente Macri para articular su ecuación de ingresos y gastos- están relacionadas con el rumbo equivocado de la política económica. Esto se agudizará el año que viene. Con esta propuesta que están planteando cristalizada en este proyecto de ley de presupuesto, tendremos una recesión mucho mayor que la planteada por el Fondo Monetario Internacional basada en una caída del 1,6 por ciento para el 2019. Más allá de los parches que se puedan intentar imponer con estas distintas propuestas, esto significa que la recaudación va a caer el año que viene. Esto nos hace preguntarnos si los argentinos van a tener que ser víctimas de un ajuste todavía mayor que el cristalizado en el presupuesto.
Primero, tendríamos que estar discutiendo el rumbo de la política económica que es la que engendra todos los males a los cuales están siendo sometidos los ciudadanos.
En segundo lugar, si queremos discutir sobre la cuestión tributaria, hagámoslo. Pero tenemos que hacerlo seriamente y no con parches ni enmiendas que son discutidas en un año, son modificadas en el siguiente y se vuelven a discutir. De esta forma, no estamos solucionando absolutamente nada.
En tercer término, no vamos a resolver nada si esas modificaciones tienen que ver con afectar a los mismos sectores que hace casi tres años vienen soportando los ataques permanentes de esta política económica.
Considero que hay que discutir una reforma tributaria en serio. Por eso, traigan un proyecto de reforma para poder debatirlo junto al tema de bienes personales y los impuestos progresivos que necesitan ser mejorados en el marco de nuestra matriz tributaria. Además, debemos discutir sobre los impuestos regresivos que necesitamos corregir en nuestro marco tributario, pero hagámoslo en serio y no con parches que son modificados todos los años y que no solucionan nada.
Cuando lo discutamos, que sirva para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de hombres y mujeres que habitan esta patria, proteja a los sectores populares y medios tan afectados en los últimos años, y grave a quien corresponda, que es lo que omite hacer la estructura que viene configurando el gobierno durante los últimos años con sus distintas reformas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
SR. CONTIGIANI Señor presidente: una simple pregunta en línea con lo planteado por los diputados Torello y Lavagna en relación con el artículo 1° del proyecto de ley de impuesto sobre los bienes personales. ¿Cómo quedaría redactado teniendo en cuenta su comentario?
SR. PRESIDENTE LASPINA Si hay consenso, mi propuesta es que tributen lo mismo que una sociedad anónima, es decir, el 0,25 por ciento. Esa sería una alícuota plana básicamente para no generar distinciones entre una sociedad anónima que entre sus activos tiene, por ejemplo, bienes rurales y tributaría bienes personales siendo sociedad anónima. Sin embargo, si consta como un bien rural, no tributaría, siendo que ambas son actividades productivas. Esa sería la propuesta que pongo sobre la mesa.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: aclaro que el dictamen está siendo firmado. O se cambia el dictamen o hay que plantear la modificación en el recinto. Más allá de que yo no lo firmé, veo que lo están pasando a la firma.
Por otro lado, por qué la objeción a que figure directamente este artículo. Esto tenía que ver con la adenda fiscal -de la que tanto les gusta hablar- que se firmó el año pasado. El revalúo iba a tener un impacto en las valuaciones fiscales de muchos campos. En ese sentido, se eliminó la ganancia mínima presunta, con la excepción de la aplicada a bienes personales para que al hacerse el revalúo solo impactara la correspondiente a la parte provincial. En definitiva, era una iniciativa más federal que otorgaba a las provincias la potestad de regular los patrimonios de quienes viven en las provincias. Esa era la lógica del cambio.
Con este proceder impedimos que el revalúo fiscal se lleve adelante, o se haga más chico, o se elimine la potestad de las provincias de regular y tributar sobre los patrimonios.
Por otro lado, por qué la objeción a que figure directamente este artículo. Esto tenía que ver con la adenda fiscal -de la que tanto les gusta hablar- que se firmó el año pasado. El revalúo iba a tener un impacto en las valuaciones fiscales de muchos campos. En ese sentido, se eliminó la ganancia mínima presunta, con la excepción de la aplicada a bienes personales para que al hacerse el revalúo solo impactara la correspondiente a la parte provincial. En definitiva, era una iniciativa más federal que otorgaba a las provincias la potestad de regular los patrimonios de quienes viven en las provincias. Esa era la lógica del cambio.
Con este proceder impedimos que el revalúo fiscal se lleve adelante, o se haga más chico, o se elimine la potestad de las provincias de regular y tributar sobre los patrimonios.
SR. PRESIDENTE LASPINA Como dijo el señor diputado Lavagna, los impuestos nacionales se votan en el Congreso de la Nación. La base política de la discusión es que tenemos una adenda fiscal que modifica el compromiso asumido por la Nación mediante el pacto fiscal 2017, relativo a no subir impuestos al patrimonio. Tal como aclaró el diputado Lavagna, esto no es vinculante para el Congreso de la Nación, sino que es una decisión que nosotros debemos tomar, contando con la base política no solo del gobierno nacional, sino también de dieciocho provincias que firmaron la adenda y consideraron que lo mejor ante estas circunstancias es avanzar con este impuesto directo. Eventualmente, debemos esperar que la comisión que creó el consenso fiscal establezca un mecanismo para generar actualizaciones de las valuaciones fiscales que sean homogéneas para todo el país. Cuando tengamos esas nuevas valuaciones, creo que será el momento adecuado de revisar muchas cuestiones atinentes a la distribución entre la Nación y las provincias, especialmente, los impuestos al patrimonio.
Hoy nos corresponde evaluar si estamos de acuerdo en avanzar hacia lo aceptado por muchas provincias sobre el equilibrio de los poderes políticos y las representaciones territoriales.
Tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
Hoy nos corresponde evaluar si estamos de acuerdo en avanzar hacia lo aceptado por muchas provincias sobre el equilibrio de los poderes políticos y las representaciones territoriales.
Tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
SR. CONTIGIANI Señor presidente: sin entrar en la última consideración de su reflexión, tengo una pregunta concreta.
Si el dictamen está firmado, entiendo que en la discusión en particular tendremos que rever la situación. ¿O hay alguna posibilidad de que se haga ahora y se modifique el dictamen?
Si el dictamen está firmado, entiendo que en la discusión en particular tendremos que rever la situación. ¿O hay alguna posibilidad de que se haga ahora y se modifique el dictamen?
SR. PRESIDENTE LASPINA Sí, cambiamos el dictamen. No sé si se firmaron todos los dictámenes o algunos. No lo tengo claro. En todo caso, de acuerdo con el reglamento, el dictamen de mayoría puede modificarse y luego ser firmado por los diputados que estén de acuerdo con el cambio. En esa oportunidad nuevamente contaremos las firmas. No hay ningún problema en modificarlo.
Tiene la palabra el señor diputado Martínez.
Tiene la palabra el señor diputado Martínez.
SR. MARTÍNEZ Señor presidente: seré breve. Acerca de los bienes personales, abonando un poco lo señalado por mi compañera de bloque y siendo coherente con un proyecto de ley que presenté cuando planteamos el error que estaban cometiendo, entiendo que es un tributo que debe sostenerse y no reducirse.
En primer lugar, si la base imponible discutida en esta comisión se fija en 2 millones de pesos, es decir 50 mil dólares al día de hoy, nuevamente caemos con todo el peso en la clase media. Creo que podríamos lograr igual o mayor recaudación aumentando la alícuota a los bienes declarados en el exterior. Tenemos datos del blanqueo y si la alícuota se eleva al 2,5 por ciento, lograríamos la misma recaudación sin tener que caer sobre quienes tienen un bien que apenas supera los 50.000 dólares.
En segundo término, considero que el valor de una propiedad promedio en el país, sumado al valor del auto más barato del mercado, puede ayudarnos a establecer una base imponible más coherente que la actual, sin gravarse a nadie que tenga bienes por debajo de ese importe. Si aspiramos a un pueblo que por lo menos tenga una propiedad y un auto, aunque fuera muy poco, sería lo mínimo para no gravar. De ahí para arriba podríamos establecer la base imponible. Es muy fácil. Hemos presentado un proyecto de ley al respecto y es muy sencillo hacer el cálculo. Además, al igual que en el impuesto a las ganancias, se puede tener un índice de actualización o cualquier otro. Reitero que sería un error garrafal que tribute una persona perteneciente al sector de la sociedad que tiene un bien inmueble promedio además del auto más barato del mercado.
También reitero que llevando la alícuota de los bienes declarados en el exterior a 2,5 puntos, podremos no solo conseguir la recaudación estipulada, sino también superarla. Esa sería una buena definición de un impuesto progresivo.
En primer lugar, si la base imponible discutida en esta comisión se fija en 2 millones de pesos, es decir 50 mil dólares al día de hoy, nuevamente caemos con todo el peso en la clase media. Creo que podríamos lograr igual o mayor recaudación aumentando la alícuota a los bienes declarados en el exterior. Tenemos datos del blanqueo y si la alícuota se eleva al 2,5 por ciento, lograríamos la misma recaudación sin tener que caer sobre quienes tienen un bien que apenas supera los 50.000 dólares.
En segundo término, considero que el valor de una propiedad promedio en el país, sumado al valor del auto más barato del mercado, puede ayudarnos a establecer una base imponible más coherente que la actual, sin gravarse a nadie que tenga bienes por debajo de ese importe. Si aspiramos a un pueblo que por lo menos tenga una propiedad y un auto, aunque fuera muy poco, sería lo mínimo para no gravar. De ahí para arriba podríamos establecer la base imponible. Es muy fácil. Hemos presentado un proyecto de ley al respecto y es muy sencillo hacer el cálculo. Además, al igual que en el impuesto a las ganancias, se puede tener un índice de actualización o cualquier otro. Reitero que sería un error garrafal que tribute una persona perteneciente al sector de la sociedad que tiene un bien inmueble promedio además del auto más barato del mercado.
También reitero que llevando la alícuota de los bienes declarados en el exterior a 2,5 puntos, podremos no solo conseguir la recaudación estipulada, sino también superarla. Esa sería una buena definición de un impuesto progresivo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: quiero hacer una moción.
Entiendo que hemos debatido lo suficiente y hay un consenso mayoritario sobre tres de los cuatro temas incluidos en el orden del día. Me refiero al ajuste por inflación de los estados contables por motivos impositivos, al impuesto sobre los bienes personales y a la adenda al consenso fiscal.
Sugiero tratar ahora el monotributo especial para cañeros y tabacaleros, y luego pasar al proyecto de presupuesto porque es muy amplio, tiene muchas aristas y creo que hay muchos diputados anotados para hablar.
Entonces, si terminamos con estos cuatro puntos, pasamos al proyecto de ley de presupuesto. Esta es mi propuesta para dar continuidad de la reunión.
Entiendo que hemos debatido lo suficiente y hay un consenso mayoritario sobre tres de los cuatro temas incluidos en el orden del día. Me refiero al ajuste por inflación de los estados contables por motivos impositivos, al impuesto sobre los bienes personales y a la adenda al consenso fiscal.
Sugiero tratar ahora el monotributo especial para cañeros y tabacaleros, y luego pasar al proyecto de presupuesto porque es muy amplio, tiene muchas aristas y creo que hay muchos diputados anotados para hablar.
Entonces, si terminamos con estos cuatro puntos, pasamos al proyecto de ley de presupuesto. Esta es mi propuesta para dar continuidad de la reunión.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Comparto ordenar los temas de la reunión y hablar sobre temas concretos, porque muchas veces se quieren abordar grandes reformas y las grandes cosas no se resuelven. Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que trabajar sobre el temario.
Mi pregunta concreta es la siguiente, señor presidente: ¿usted piensa emitir hoy el dictamen de presupuesto o simplemente este es un paso más en la discusión que venimos dando desde hace unas semanas en esta comisión?
Mi pregunta concreta es la siguiente, señor presidente: ¿usted piensa emitir hoy el dictamen de presupuesto o simplemente este es un paso más en la discusión que venimos dando desde hace unas semanas en esta comisión?
SR. PRESIDENTE LASPINA Concretamente, sugiero que agotemos los temas que tenemos previstos en el temario y posterguemos el tratamiento y el dictamen del presupuesto para la semana próxima. Esa es mi sugerencia, más allá de que la diputada Soria, por ejemplo, haga algunas consideraciones, pero probablemente nos movamos a la semana que viene para dictaminar.
En tal sentido, sugiero abocarnos -siguiendo la propuesta del diputado Pastori- a la cuestión de los compañeros cañeros y tabacaleros. Después, más allá de que intervengan los diputados que ya están anotados, tratar de pasar para la semana que viene la agenda pendiente de presupuesto.
En cuanto al tema que ahora nos ocupa voy a hacer una pequeña aclaración metodológica. Hubo un proyecto devenido del Senado relativo a un régimen de pequeños productores cañeros. Como todos sabemos, la Constitución Nacional, en sus artículos 52 y 75, inciso 2), establece que la Cámara de origen para las cuestiones impositivas es la Cámara de Diputados. Nosotros, en honor al respeto que nos merecen los senadores, hemos puesto hoy en consideración la sanción del Senado respecto de este tema y hemos incorporado otros proyectos presentados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda relativos a monotributos o regímenes especiales de monotributo para cañeros y tabacaleros.
En el caso de cañeros, el diputado José Cano había presentado un proyecto, y en el caso de tabacaleros, los diputados Franco y Pastori, de Misiones, otro proyecto. Entre ellos han trabajado sobre un dictamen -que es el que ayer distribuimos a todos los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- que unifica un régimen especial para estos dos sectores que tienen características especiales, tanto el de pequeños productores cañeros como el de tabacaleros.
Con esta pequeña introducción de orden administrativo, hasta constitucional, la idea es trabajar con el dictamen a la vista.
Tiene la palabra el diputado Lavagna.
En tal sentido, sugiero abocarnos -siguiendo la propuesta del diputado Pastori- a la cuestión de los compañeros cañeros y tabacaleros. Después, más allá de que intervengan los diputados que ya están anotados, tratar de pasar para la semana que viene la agenda pendiente de presupuesto.
En cuanto al tema que ahora nos ocupa voy a hacer una pequeña aclaración metodológica. Hubo un proyecto devenido del Senado relativo a un régimen de pequeños productores cañeros. Como todos sabemos, la Constitución Nacional, en sus artículos 52 y 75, inciso 2), establece que la Cámara de origen para las cuestiones impositivas es la Cámara de Diputados. Nosotros, en honor al respeto que nos merecen los senadores, hemos puesto hoy en consideración la sanción del Senado respecto de este tema y hemos incorporado otros proyectos presentados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda relativos a monotributos o regímenes especiales de monotributo para cañeros y tabacaleros.
En el caso de cañeros, el diputado José Cano había presentado un proyecto, y en el caso de tabacaleros, los diputados Franco y Pastori, de Misiones, otro proyecto. Entre ellos han trabajado sobre un dictamen -que es el que ayer distribuimos a todos los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- que unifica un régimen especial para estos dos sectores que tienen características especiales, tanto el de pequeños productores cañeros como el de tabacaleros.
Con esta pequeña introducción de orden administrativo, hasta constitucional, la idea es trabajar con el dictamen a la vista.
Tiene la palabra el diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Una aclaración respecto de la parte institucional a la que usted hizo referencia. Si bien la Cámara de origen es la de Diputados, nada le impide a cualquier senador presentar un proyecto, que se apruebe y que después sea girado a esta Cámara. No es necesario que ese proyecto solo ingrese por acá. Por eso se está tratando la sanción de los proyectos de los senadores Alperovich y Mirkin, que presentaron el proyecto original.
SR. PRESIDENTE LASPINA Efectivamente, es así. Por eso lo ponemos a consideración. Esto volverá al Senado, donde será nuevamente tratado.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Hay una discusión de fondo acerca de cuál es la Cámara de origen en materia tributaria. Me parece que lo que se está discutiendo acá es una modificación de un impuesto existente y hay una interpretación de hace unos veinte años atrás, de la Comisión de Asuntos Constitucionales en conjunto con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que establece que las modificaciones a los tributos pueden tener como origen la Cámara de Senadores, pero no la creación de nuevos tributos.
Esta es una discusión que no está saldada, no sé cuántos antecedentes hay de modificaciones tributarias que hayan tenido origen en la Cámara de Senadores.
Creo que hay que cuidar los aspectos institucionales. La Constitución Nacional es clara al respecto: todas las cuestiones que tangan que ver con presupuesto o con cuestiones tributarias tienen su origen en la Cámara de Diputados y tienen su origen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Quizás el cuerpo más estable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda pueda ilustrarnos un poco más acerca de la historia de estas cosas, pero es un tema controvertido respecto del que en algún momento el Senado tomó atribuciones, que entiendo muy en límite.
Esta es una discusión que no está saldada, no sé cuántos antecedentes hay de modificaciones tributarias que hayan tenido origen en la Cámara de Senadores.
Creo que hay que cuidar los aspectos institucionales. La Constitución Nacional es clara al respecto: todas las cuestiones que tangan que ver con presupuesto o con cuestiones tributarias tienen su origen en la Cámara de Diputados y tienen su origen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Quizás el cuerpo más estable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda pueda ilustrarnos un poco más acerca de la historia de estas cosas, pero es un tema controvertido respecto del que en algún momento el Senado tomó atribuciones, que entiendo muy en límite.
SR. PRESIDENTE LASPINA No es el espíritu de mi comentario generar un debate constitucional. Creo que la Constitución es clara respecto a esto y en aras de no ahondar en ese debate, justamente, se han unificado los dictámenes y se ha considerado generar un dictamen nuevo que será remitido al Senado. No es la idea saldarla acá y nos excede a nosotros esa discusión. Sí quiero dejar en claro que estamos dictaminando un proyecto que tiene como base los proyectos de los diputados Cano, Pastori y Franco.
No sé si los autores de este dictamen unificado quieren hacer algún comentario respecto a los proyectos originales o al nuevo que están estableciendo.
Tiene la palabra el señor diputado Franco.
No sé si los autores de este dictamen unificado quieren hacer algún comentario respecto a los proyectos originales o al nuevo que están estableciendo.
Tiene la palabra el señor diputado Franco.
SR. FRANCO Simplemente, para poner en conocimiento el origen de por qué se da este proyecto de monotributo social. Allá cuando en agosto de este año se empezó a discutir una reforma que tenía que ver con el monotributo y con la baja del monotributo social, más de 15.000 familias misioneras tabacaleras se sintieron afectadas porque no podrían cumplir en tiempo ni formalizar una situación laboral o productiva en relación con su posición impositiva. También pasaba con algunos otros sectores, como el cañero y otros sectores productivos menores de nuestras provincias. Esto hay que decirlo.
Este proyecto va a beneficiar a muchas provincias tabacaleras y cañeras. Desde el Senado se tuvo una iniciativa y acá, varios diputados también hemos presentado diversas propuestas.
En realidad, esto tiende a dar un orden a aquellos productores que sus cultivos les permiten subsistir, tener su núcleo familiar y su propia economía familiar. Estamos hablando de productores que poseen una hectárea o una hectárea y media, que viven del tabaco agregado a otros productos como podría ser algo de yerba, algo de té o vender una cabeza de ganado. El tema es que estas personas -generalmente- no tienen cultura tributaria y por eso tenemos que estar presentes nosotros, generándoles las condiciones para que puedan formalizar su producción.
Pero más allá de eso, también quiero decirles que muchas veces estas cuestiones les complica la vida, por decirlo en términos simples y comunes. Esta gente va a un lugar a resolver su situación y no anda el sistema o no tiene quién la atienda, van a otro lado y tampoco, van al banco a hacer un trámite y no lo pueden hacer porque no tienen regularizada su situación fiscal. Muchas veces tienen que resolver otras cosas y tampoco pueden hacerlo por este mismo motivo.
Era necesario generar una situación o una mirada especial sobre estos sectores productivos que, insisto, en mi provincia la mayoría son casi de subsistencia, para que tengan regularizada su situación. Además, son argentinos que en los últimos años tuvieron la posibilidad de acceder a una pensión y de obtener un beneficio social que mejore su pequeña economía doméstica y, de esa forma, contar con una mejor calidad de vida.
Es bueno que se consideren en este proyecto las excepciones al respecto. En el caso del monotributo, es positivo que se llegue hasta la escala D para agregarle otro tipo de componentes como, en este punto, el relativo al Fondo Especial del Tabaco que ayudará seguramente a esa pequeña economía.
Asimismo, desearía que en algún momento estemos discutiendo en esta comisión el tema vinculado al Fondo Especial de la Yerba Mate para que los pequeños productores de este rubro también puedan tener un beneficio, lo cual los ayudará a estar mejor en su economía.
En definitiva, deseamos mejorarles su calidad de vida, su situación fiscal, darles la posibilidad de que puedan resolverla por sí solos y de esa forma no tener que andar dando vueltas para solucionar algún tema específico. Muchas veces estas personas no tienen acceso ni conocimiento de Internet para resolver dicha situación.
Queremos mejorar la calidad de vida de miles de productores yerbateros y cañeros. Ojalá que también discutamos la accesibilidad a este beneficio para otros pequeños productores en otras áreas de la producción argentina.
Este proyecto va a beneficiar a muchas provincias tabacaleras y cañeras. Desde el Senado se tuvo una iniciativa y acá, varios diputados también hemos presentado diversas propuestas.
En realidad, esto tiende a dar un orden a aquellos productores que sus cultivos les permiten subsistir, tener su núcleo familiar y su propia economía familiar. Estamos hablando de productores que poseen una hectárea o una hectárea y media, que viven del tabaco agregado a otros productos como podría ser algo de yerba, algo de té o vender una cabeza de ganado. El tema es que estas personas -generalmente- no tienen cultura tributaria y por eso tenemos que estar presentes nosotros, generándoles las condiciones para que puedan formalizar su producción.
Pero más allá de eso, también quiero decirles que muchas veces estas cuestiones les complica la vida, por decirlo en términos simples y comunes. Esta gente va a un lugar a resolver su situación y no anda el sistema o no tiene quién la atienda, van a otro lado y tampoco, van al banco a hacer un trámite y no lo pueden hacer porque no tienen regularizada su situación fiscal. Muchas veces tienen que resolver otras cosas y tampoco pueden hacerlo por este mismo motivo.
Era necesario generar una situación o una mirada especial sobre estos sectores productivos que, insisto, en mi provincia la mayoría son casi de subsistencia, para que tengan regularizada su situación. Además, son argentinos que en los últimos años tuvieron la posibilidad de acceder a una pensión y de obtener un beneficio social que mejore su pequeña economía doméstica y, de esa forma, contar con una mejor calidad de vida.
Es bueno que se consideren en este proyecto las excepciones al respecto. En el caso del monotributo, es positivo que se llegue hasta la escala D para agregarle otro tipo de componentes como, en este punto, el relativo al Fondo Especial del Tabaco que ayudará seguramente a esa pequeña economía.
Asimismo, desearía que en algún momento estemos discutiendo en esta comisión el tema vinculado al Fondo Especial de la Yerba Mate para que los pequeños productores de este rubro también puedan tener un beneficio, lo cual los ayudará a estar mejor en su economía.
En definitiva, deseamos mejorarles su calidad de vida, su situación fiscal, darles la posibilidad de que puedan resolverla por sí solos y de esa forma no tener que andar dando vueltas para solucionar algún tema específico. Muchas veces estas personas no tienen acceso ni conocimiento de Internet para resolver dicha situación.
Queremos mejorar la calidad de vida de miles de productores yerbateros y cañeros. Ojalá que también discutamos la accesibilidad a este beneficio para otros pequeños productores en otras áreas de la producción argentina.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: para complementar la exposición de argumentos que acaba de realizar el señor diputado Franco que, obviamente, comparto, quería realizar alguna precisión más. Estamos hablando de atender en forma especial a pequeños productores tabacaleros y de caña de azúcar que tienen la característica -en el caso del tabaco- de entregar su producción una vez al año, momento en el que pueden contar con cierto dinero para hacer frente a sus obligaciones tributarias.
En esto no incluimos el pago mensual que muchas veces se les dificulta. Esto se acrecienta ahora pues la AFIP ha dispuesto que los pagos tienen que ser hechos en forma electrónica. Estamos hablando de ciudadanos que muchas veces no tienen la posibilidad material de hacer esos pagos en forma electrónica. Por ello, existe esta opción para que se les descuente el total del año al momento de entregar la producción. Es decir, hacen un pago con carácter único y definitivo que les cubre los compromisos de todo el año. De esa manera queda resguardada la obligación tributaria e ingresan dentro de los beneficios del sistema previsional -SIPA- y del Seguro Nacional de Salud.
Simplemente quería agregar un ejemplo numérico para que tengamos en cuenta la dimensión del tema que estamos analizando. Sabemos que el monotributo comprende el impuesto integrado. En este caso, se exime a los productores -al igual que lo hacía el monotributo social- de los impuestos integrados. Se coloca como tope la categoría D. Actualmente, sus ingresos anuales no deben superar los 322.575 pesos. Ese sería el tope de ingresos brutos anuales. Me refiero a los tabacaleros, incluido lo que perciben en concepto de Fondo Especial del Tabaco. Entonces, quedan exentos de IVA más ganancias del impuesto integrado al igual que con el monotributo social.
En cuanto a los aportes de la seguridad social, sabemos que el SIPA -para el monotributista- arranca en 384 pesos por mes para la categoría A y se va incrementando a razón de un 10 por ciento sobre la categoría anterior a medida que va creciendo la categoría. El sistema nacional del seguro de salud tiene un aporte de 536,35 pesos para el titular del monotributo. El mismo monto está estipulado en forma optativa por cada integrante del grupo familiar primario que incluya en el sistema de salud.
Tomando en cuenta el SIPA y el concepto de salud
-ambos son obligatorios- nos da un monto que, si tuvieran que pagar la totalidad en el régimen del monotributo, en la categoría A alcanzaría los 920 pesos. Aquí se los exime del 50 por ciento, con lo cual van a pagar 460 pesos. Esto permitiría cubrir todos los conceptos del monotributo. Al acopiador, al comprador y a la cooperativa, hay que descontarles 460 pesos durante doce meses en concepto de impuesto a las ganancias. Es decir que exactamente los 5.522 pesos cubren todos los componentes del monotributo. Para la categoría A implica aproximadamente el 5 por ciento del total de ingresos brutos.
Se trata de un descuento que se mantiene razonable en las demás categorías; siendo la D la más alta. Reitero que es un índice razonable y que las distintas asociaciones que agrupan a los tabacaleros prestaron su absoluta conformidad por tratarse de un sistema más práctico que permitirá al pequeño productor cumplir con el fisco. De ese modo, no tendrá que estar todos los meses analizando si puede o no pagar, sino que puede hacerlo de una sola vez al momento de cobrar la venta de la producción, que es cuando tiene plata. Ocurre que muchas veces el productor no tiene dinero el resto del año para cumplir regularmente con el pago de los aportes.
Con estas consideraciones, avalamos el proyecto de ley en consideración y acompañamos su respectivo dictamen.
En esto no incluimos el pago mensual que muchas veces se les dificulta. Esto se acrecienta ahora pues la AFIP ha dispuesto que los pagos tienen que ser hechos en forma electrónica. Estamos hablando de ciudadanos que muchas veces no tienen la posibilidad material de hacer esos pagos en forma electrónica. Por ello, existe esta opción para que se les descuente el total del año al momento de entregar la producción. Es decir, hacen un pago con carácter único y definitivo que les cubre los compromisos de todo el año. De esa manera queda resguardada la obligación tributaria e ingresan dentro de los beneficios del sistema previsional -SIPA- y del Seguro Nacional de Salud.
Simplemente quería agregar un ejemplo numérico para que tengamos en cuenta la dimensión del tema que estamos analizando. Sabemos que el monotributo comprende el impuesto integrado. En este caso, se exime a los productores -al igual que lo hacía el monotributo social- de los impuestos integrados. Se coloca como tope la categoría D. Actualmente, sus ingresos anuales no deben superar los 322.575 pesos. Ese sería el tope de ingresos brutos anuales. Me refiero a los tabacaleros, incluido lo que perciben en concepto de Fondo Especial del Tabaco. Entonces, quedan exentos de IVA más ganancias del impuesto integrado al igual que con el monotributo social.
En cuanto a los aportes de la seguridad social, sabemos que el SIPA -para el monotributista- arranca en 384 pesos por mes para la categoría A y se va incrementando a razón de un 10 por ciento sobre la categoría anterior a medida que va creciendo la categoría. El sistema nacional del seguro de salud tiene un aporte de 536,35 pesos para el titular del monotributo. El mismo monto está estipulado en forma optativa por cada integrante del grupo familiar primario que incluya en el sistema de salud.
Tomando en cuenta el SIPA y el concepto de salud
-ambos son obligatorios- nos da un monto que, si tuvieran que pagar la totalidad en el régimen del monotributo, en la categoría A alcanzaría los 920 pesos. Aquí se los exime del 50 por ciento, con lo cual van a pagar 460 pesos. Esto permitiría cubrir todos los conceptos del monotributo. Al acopiador, al comprador y a la cooperativa, hay que descontarles 460 pesos durante doce meses en concepto de impuesto a las ganancias. Es decir que exactamente los 5.522 pesos cubren todos los componentes del monotributo. Para la categoría A implica aproximadamente el 5 por ciento del total de ingresos brutos.
Se trata de un descuento que se mantiene razonable en las demás categorías; siendo la D la más alta. Reitero que es un índice razonable y que las distintas asociaciones que agrupan a los tabacaleros prestaron su absoluta conformidad por tratarse de un sistema más práctico que permitirá al pequeño productor cumplir con el fisco. De ese modo, no tendrá que estar todos los meses analizando si puede o no pagar, sino que puede hacerlo de una sola vez al momento de cobrar la venta de la producción, que es cuando tiene plata. Ocurre que muchas veces el productor no tiene dinero el resto del año para cumplir regularmente con el pago de los aportes.
Con estas consideraciones, avalamos el proyecto de ley en consideración y acompañamos su respectivo dictamen.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Soria.
SRA. SORIA Señor presidente: cambiaré de tema. Obviamente acompañamos el proyecto de ley de monotributo social para los tabacaleros.
Agradezco la posibilidad brindada de expresarme en esta comisión, a pesar de no integrarla. Vengo con una agenda propia, que es la patagónica. Esta comisión es muy numerosa, pero representando a la Patagonia solamente está la diputada Llanos Massa por Chubut, a quien le agradezco poner a nuestra tierra en el mapa de la Argentina, ubicación que perdimos cuando asumió Mauricio Macri.
No es casualidad que nada más y nada menos que en esta comisión se acallaran las voces del sur. Una vez más hay que poner a la Patagonia en el mapa, porque desde la asunción de Macri se empeñan en socavarla para luego obviamente rifarla.
A pesar de todo, sigue la resistencia. Hace poco se hizo el tercer "patagonazo" en Tierra del Fuego. Antes se celebró en Neuquén y en Bariloche, y próximamente se hará en El Calafate. En esas reuniones pudieron modificarse algunas cosas, entre ellas, las jubilaciones patagónicas. Agradezco que hayan escuchado al "patagonazo" y tomado debida nota.
Igualmente, como a los patagónicos nos queda un sabor amargo, venimos por más.
Antes de comenzar con la discusión específica del proyecto de ley del presupuesto, me referiré a los bomberos voluntarios que están en las puertas del Congreso pidiendo la sanción de la ley de ART.
Ayer nos enteramos de la ampliación del temario, incorporándose cuatro temas más, por eso pido especial consideración a esa iniciativa sancionada por el Senado que en pocos días perderá estado parlamentario.
El señor presidente se reunió con los autores del proyecto. Es importante tratar el tema junto con el proyecto de ley de presupuesto porque lógicamente se nutre del presupuesto nacional. Imagínense que es la actividad más riesgosa. En el país hay 43.000 bomberas y bomberos que salen diariamente a trabajar, a defendernos y a cuidarnos a todos sin tener una ART que les preste cobertura. La verdad, es llamativo. He presentado un sinnúmero de notas, exactamente 109, para que el proyecto de ley fuera incorporado al temario de la reunión.
Dicho esto, paso a referirme al proyecto de ley de presupuesto. En mi primer lugar, es mi obligación hacerlo porque soy la voz de las cooperativas y de las mutuales. El artículo 85 del proyecto de ley de presupuesto pretende derribar el concepto de cooperativismo. Quizás el gobierno nacional considere subversivo o peligroso que un conjunto de personas ante la necesidad haga esfuerzos mancomunados. Claro que el gobierno incurre en un grave error al considerar que la actividad cooperativa genera ganancias. Ese concepto es falso, al igual que todo el presupuesto. Las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro fundadas con esfuerzo propio y se prestan ayuda mutua para garantizar la prestación de un servicio.
Doy fe de que en muchos casos se instalaron antes que el Estado nacional. Por ejemplo, la primera cooperativa de mi ciudad, General Roca, tiene 80 años y exporta peras y manzanas a todo el mundo. Sin embargo, a partir del retroceso para las cooperativas establecido en el proyecto de ley, lo único que ocurrirá es que definitivamente cerrarán sus puertas.
Recién hablaba con un compañero de Santa Fe y en todo el país las cooperativas y las mutuales tienen una presencia muy fuerte.
Señor presidente: cuando las cooperativas cierren sus puertas y dejen de prestar servicios, ustedes serán los responsables. ¿Quién se hará cargo? ¿El Estado ausente de Mauricio Macri? No creo, señor presidente. Por eso espero que tomen especial nota de mi solicitud.
En otro aspecto, alzo la voz de los usuarios del transporte público, particularmente de los patagónicos. Acerca de la quita de los subsidios y del traspaso a las provincias, honestamente la situación no impacta de igual manera en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires que en el sur del país donde las distancias son largas. En muchos casos son zonas rurales donde transportan uno o dos pasajeros únicamente a quienes no se puede negar el transporte. En ese caso, las empresas tienen que cerrar porque los usuarios no pueden asumir ese costo adicional. La gente ya asumió el tarifazo, la inflación, la paritaria a la baja, la devaluación de la moneda, y encima tiene que hacerse cargo de la suba de un boleto de transporte. Por ejemplo, en el caso del Alto Valle de Río Negro, el boleto pasará de 17 a 47 pesos y el gobernador dijo que no se hará cargo del subsidio al transporte. Eso es seguir aniquilando y aplastando al trabajador. Me duele que no puedan verlo así. Los municipios no podrán hacerse cargo. Ya les quitaron el fondo sojero. ¿Qué quieren? ¿Que también desaparezcan los municipios? La verdad, me llama la atención que lamentablemente no escuchen estas voces que se están alzando. Todo esto está coronado con el consenso fiscal que hasta hace unos días era un misterio para todos nosotros. Aunque en realidad veo que era un misterio para algunos y no para otros. El gobernador Weretilneck fue pionero en aplaudir y festejar, otra vez sin escuchar al pueblo de Río Negro que está en contra.
Asimismo, el consenso fiscal viene a consolidar el ajuste en cada provincia y en cada economía regional. No hay nada positivo para las provincias. Si estos pedidos de modificación no son escuchados ni atendidos, es inviable acompañar el proyecto de ley de presupuesto.
Pido a todos los diputados que tengan en especial consideración que la Patagonia no es tierra arrasada.
Reitero el pedido de que en la próxima reunión de la Comisión de Presupuesto sea incorporada el proyecto de ley de ART para los bomberos a fin de que no pierda estado parlamentario. (Aplausos.)
Agradezco la posibilidad brindada de expresarme en esta comisión, a pesar de no integrarla. Vengo con una agenda propia, que es la patagónica. Esta comisión es muy numerosa, pero representando a la Patagonia solamente está la diputada Llanos Massa por Chubut, a quien le agradezco poner a nuestra tierra en el mapa de la Argentina, ubicación que perdimos cuando asumió Mauricio Macri.
No es casualidad que nada más y nada menos que en esta comisión se acallaran las voces del sur. Una vez más hay que poner a la Patagonia en el mapa, porque desde la asunción de Macri se empeñan en socavarla para luego obviamente rifarla.
A pesar de todo, sigue la resistencia. Hace poco se hizo el tercer "patagonazo" en Tierra del Fuego. Antes se celebró en Neuquén y en Bariloche, y próximamente se hará en El Calafate. En esas reuniones pudieron modificarse algunas cosas, entre ellas, las jubilaciones patagónicas. Agradezco que hayan escuchado al "patagonazo" y tomado debida nota.
Igualmente, como a los patagónicos nos queda un sabor amargo, venimos por más.
Antes de comenzar con la discusión específica del proyecto de ley del presupuesto, me referiré a los bomberos voluntarios que están en las puertas del Congreso pidiendo la sanción de la ley de ART.
Ayer nos enteramos de la ampliación del temario, incorporándose cuatro temas más, por eso pido especial consideración a esa iniciativa sancionada por el Senado que en pocos días perderá estado parlamentario.
El señor presidente se reunió con los autores del proyecto. Es importante tratar el tema junto con el proyecto de ley de presupuesto porque lógicamente se nutre del presupuesto nacional. Imagínense que es la actividad más riesgosa. En el país hay 43.000 bomberas y bomberos que salen diariamente a trabajar, a defendernos y a cuidarnos a todos sin tener una ART que les preste cobertura. La verdad, es llamativo. He presentado un sinnúmero de notas, exactamente 109, para que el proyecto de ley fuera incorporado al temario de la reunión.
Dicho esto, paso a referirme al proyecto de ley de presupuesto. En mi primer lugar, es mi obligación hacerlo porque soy la voz de las cooperativas y de las mutuales. El artículo 85 del proyecto de ley de presupuesto pretende derribar el concepto de cooperativismo. Quizás el gobierno nacional considere subversivo o peligroso que un conjunto de personas ante la necesidad haga esfuerzos mancomunados. Claro que el gobierno incurre en un grave error al considerar que la actividad cooperativa genera ganancias. Ese concepto es falso, al igual que todo el presupuesto. Las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro fundadas con esfuerzo propio y se prestan ayuda mutua para garantizar la prestación de un servicio.
Doy fe de que en muchos casos se instalaron antes que el Estado nacional. Por ejemplo, la primera cooperativa de mi ciudad, General Roca, tiene 80 años y exporta peras y manzanas a todo el mundo. Sin embargo, a partir del retroceso para las cooperativas establecido en el proyecto de ley, lo único que ocurrirá es que definitivamente cerrarán sus puertas.
Recién hablaba con un compañero de Santa Fe y en todo el país las cooperativas y las mutuales tienen una presencia muy fuerte.
Señor presidente: cuando las cooperativas cierren sus puertas y dejen de prestar servicios, ustedes serán los responsables. ¿Quién se hará cargo? ¿El Estado ausente de Mauricio Macri? No creo, señor presidente. Por eso espero que tomen especial nota de mi solicitud.
En otro aspecto, alzo la voz de los usuarios del transporte público, particularmente de los patagónicos. Acerca de la quita de los subsidios y del traspaso a las provincias, honestamente la situación no impacta de igual manera en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires que en el sur del país donde las distancias son largas. En muchos casos son zonas rurales donde transportan uno o dos pasajeros únicamente a quienes no se puede negar el transporte. En ese caso, las empresas tienen que cerrar porque los usuarios no pueden asumir ese costo adicional. La gente ya asumió el tarifazo, la inflación, la paritaria a la baja, la devaluación de la moneda, y encima tiene que hacerse cargo de la suba de un boleto de transporte. Por ejemplo, en el caso del Alto Valle de Río Negro, el boleto pasará de 17 a 47 pesos y el gobernador dijo que no se hará cargo del subsidio al transporte. Eso es seguir aniquilando y aplastando al trabajador. Me duele que no puedan verlo así. Los municipios no podrán hacerse cargo. Ya les quitaron el fondo sojero. ¿Qué quieren? ¿Que también desaparezcan los municipios? La verdad, me llama la atención que lamentablemente no escuchen estas voces que se están alzando. Todo esto está coronado con el consenso fiscal que hasta hace unos días era un misterio para todos nosotros. Aunque en realidad veo que era un misterio para algunos y no para otros. El gobernador Weretilneck fue pionero en aplaudir y festejar, otra vez sin escuchar al pueblo de Río Negro que está en contra.
Asimismo, el consenso fiscal viene a consolidar el ajuste en cada provincia y en cada economía regional. No hay nada positivo para las provincias. Si estos pedidos de modificación no son escuchados ni atendidos, es inviable acompañar el proyecto de ley de presupuesto.
Pido a todos los diputados que tengan en especial consideración que la Patagonia no es tierra arrasada.
Reitero el pedido de que en la próxima reunión de la Comisión de Presupuesto sea incorporada el proyecto de ley de ART para los bomberos a fin de que no pierda estado parlamentario. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Cano.
SR. CANO Señor presidente: seré muy breve.
En línea con el planteo del señor diputado Bossio, mi primera reflexión es que la sanción del Senado surge de un proyecto de los senadores Alperovich y Mirkin.
En Tucumán trabajamos con las cuatro entidades cañeras. En nuestra provincia el sector tiene una matriz productiva distinta de la existente en Salta y Jujuy, ya que el 80 por ciento de la tierra está en manos de pequeños productores que tienen menos de 50 hectáreas.
Acompañamos el proyecto, pero entendemos que siendo facultad de la Cámara de Diputados, no tendría que tratarse de una modificación para que vuelva al Senado.
Acompañamos íntegramente la sanción del Senado porque es un proyecto que lo trabajamos. También aclaro que el proyecto que presentamos lleva la firma del diputado Hernández, de la provincia de Formosa, y del diputado Kosiner, de la provincia de Salta.
Se trata de un proyecto que pretende resolver la situación de vulnerabilidad en la que están los pequeños productores que normalmente tienen que vender su producción en negro, cayendo en manos de inescrupulosos. Esto resolvería en parte la posibilidad de estar blanqueados y de acceder a beneficios que tienen que ver con los pequeños productores, porque muchas veces al estar en economías marginales no tienen posibilidad de hacerlo.
En línea con el planteo del señor diputado Bossio, mi primera reflexión es que la sanción del Senado surge de un proyecto de los senadores Alperovich y Mirkin.
En Tucumán trabajamos con las cuatro entidades cañeras. En nuestra provincia el sector tiene una matriz productiva distinta de la existente en Salta y Jujuy, ya que el 80 por ciento de la tierra está en manos de pequeños productores que tienen menos de 50 hectáreas.
Acompañamos el proyecto, pero entendemos que siendo facultad de la Cámara de Diputados, no tendría que tratarse de una modificación para que vuelva al Senado.
Acompañamos íntegramente la sanción del Senado porque es un proyecto que lo trabajamos. También aclaro que el proyecto que presentamos lleva la firma del diputado Hernández, de la provincia de Formosa, y del diputado Kosiner, de la provincia de Salta.
Se trata de un proyecto que pretende resolver la situación de vulnerabilidad en la que están los pequeños productores que normalmente tienen que vender su producción en negro, cayendo en manos de inescrupulosos. Esto resolvería en parte la posibilidad de estar blanqueados y de acceder a beneficios que tienen que ver con los pequeños productores, porque muchas veces al estar en economías marginales no tienen posibilidad de hacerlo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Quiero hacer algunas reflexiones que seguramente seguirán con respecto al tema presupuestario. Me parece que no está terminada la discusión acerca de la evolución macroeconómica del año que viene. Eventualmente, podríamos encontrar algún tipo de mecanismo en el presupuesto que ante eventuales modificaciones de variables de forma significativa -estoy hablando concretamente del tipo de cambio-, podamos encontrar un paliativo en términos de distribución de recursos que permita ese tipo de eventos o circunstancias y canalizar recursos.
Pero quiero centrarme en dos o tres puntos concretos. En primer lugar, concuerdo con el diputado Cano en el sentido de que debe quedar clara la posición de la Cámara de Diputados respecto de quién modifica impuestos y quién no lo puede hacer. Si damos vista al proyecto de la Cámara de Senadores, entendiendo su iniciativa política, pero surgiendo un proyecto de origen de la Cámara de Diputados, creo que podemos salvaguardar esta cuestión y me parece que sería un avance institucional. No es menor porque me parece que la prudencia institucional y el respeto por los aspectos constitucionales, por lo menos, para nosotros tienen cierta importancia.
En segundo lugar, el tema del transporte. Acabo de leer en los medios de comunicación que la solución sería que el ministro Dietrich maneje un fondo, que se va a resolver en términos de atribuciones particulares del ministro...
Pero quiero centrarme en dos o tres puntos concretos. En primer lugar, concuerdo con el diputado Cano en el sentido de que debe quedar clara la posición de la Cámara de Diputados respecto de quién modifica impuestos y quién no lo puede hacer. Si damos vista al proyecto de la Cámara de Senadores, entendiendo su iniciativa política, pero surgiendo un proyecto de origen de la Cámara de Diputados, creo que podemos salvaguardar esta cuestión y me parece que sería un avance institucional. No es menor porque me parece que la prudencia institucional y el respeto por los aspectos constitucionales, por lo menos, para nosotros tienen cierta importancia.
En segundo lugar, el tema del transporte. Acabo de leer en los medios de comunicación que la solución sería que el ministro Dietrich maneje un fondo, que se va a resolver en términos de atribuciones particulares del ministro...
SR. PRESIDENTE LASPINA Perdón, señor diputado. La diputada Ocaña le solicita una interrupción, ¿se la concede?
SR. BOSSIO Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE LASPINA Para una interrupción, tiene la palabra la señora diputada Ocaña.
SRA. OCAÑA Para profundizar sobre el tema, quiero agregar que el riesgo que tenemos de sancionar el proyecto que viene del Senado es que algunas de las partes o alguien pudiera argumentar que la ley es inconstitucional por no haber cumplido el mecanismo que establece la Constitución, fijando como Cámara de origen a la Cámara de Diputados.
Por tal motivo, le solicito, señor presidente, que analicemos estos aspectos porque son cuestiones formales que pueden costar la inhabilidad de esta ley -en el caso de que se sancione-, que como ya varios de los diputados han explicado, sería muy beneficiosa para los pequeños productores de economías regionales.
Por tal motivo, le solicito, señor presidente, que analicemos estos aspectos porque son cuestiones formales que pueden costar la inhabilidad de esta ley -en el caso de que se sancione-, que como ya varios de los diputados han explicado, sería muy beneficiosa para los pequeños productores de economías regionales.
SR. PRESIDENTE LASPINA Gracias, señora diputada.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bossio.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Estamos de acuerdo con el fondo de la norma. Hemos tenido un gobernador en Tucumán que era de origen cañero y que reivindicó la historia de las economías regionales y de aquellos que siempre están sujetos a la informalidad, tratando de encontrar una respuesta impositiva de fácil solución. Los convenios de corresponsabilidad gremial iban en esa línea de solución concreta de la informalidad. Muchos se pudieron hacer, pero otros no. No obstante, me parece que hay que encontrar una solución a una cuestión técnica, quizás entre las dos cámaras.
SR. PRESIDENTE LASPINA Señor diputado Bossio, el señor diputado Lavagna solicita una interrupción sobre este tema, ¿se la concede?
SR. BOSSIO Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE LASPINA Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Simplemente, en línea con lo que decía la señora diputada Ocaña, me parece que no es menor que aclaremos esto. Creo que todos sabemos que cuando hablamos de un nuevo impuesto, sí o sí tiene que originarse en la Cámara de Diputados; la discusión acá es que estamos modificando algo que ya existe, que es el monotributo.
Por eso, sería bueno aclarar cómo tiene que ser la parte institucional para no tener problemas hacia adelante.
Por eso, sería bueno aclarar cómo tiene que ser la parte institucional para no tener problemas hacia adelante.
SR. PRESIDENTE LASPINA Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO En materia presupuestaria, hace pocas horas estábamos mirando que el ministro Dietrich va a disponer de un fondo para las grandes capitales por el tema transporte.
Otra vez hay una concepción casi unitaria de las cosas en la Argentina. Las grandes capitales contra los pequeños pueblos. Cuánto más dificultades tenés, menos presencia del Estado. Acá han encontrado una solución, supuestamente: que hay 8.000 líneas o vehículos que como son interjurisdiccionales entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano van a tener subsidio. ¿Qué pasa con el transporte en el interior profundo o en el corazón de la Argentina?
Creo que este es un tema que requiere al menos que tomemos un capítulo y que podamos ponerlo en discusión. Nadie discute o por lo menos nosotros no discutimos que la Argentina tiene que ir a un camino de prudencia fiscal. Sí discutimos cómo se llega a la prudencia fiscal.
Ahora bien, en el marco de la prudencia fiscal y de la distribución de los recursos, ¿por qué siempre tenemos que ir en contra de las pequeñas localidades o de los sectores del interior del país? ¿Por qué tiene que ser un ministro el que discrecionalmente ahora diga que le encuentra la solución a las grandes capitales?
Creo que es un tema que tenemos que discutir con absoluta profundidad, señor presidente. No puede pasar que haya colectivos, micros, "bondis", como quieran llamarlos, que tengan un valor, otros que tengan otro valor y que la gente vaya viendo cuál se toma en función del valor que tiene. Además, no entiendo cómo -operativamente- lo van a poner en la práctica. Me parece que es una discusión que requiere cierta reflexión.
Hay una determinada cantidad de recursos; discutamos de qué manera podemos asignar mejor esos recursos.
El segundo punto -y lo digo como diputado de la provincia de Buenos Aires- es el siguiente: la Argentina tiene un problema con el conurbano. El conurbano tiene más de mil basureros clandestinos, miles de asentamientos urbanos no precarios sino sumamente precarios, invisibilizados en muchos casos.
Quizás no me vaya a llevar la sonrisa del espectro federal, pero en el conurbano viven compatriotas de todas las provincias argentinas y esto tiene que ver con el desarrollo argentino. Hace pocos meses discutimos acerca del Fondo del Conurbano Bonaerense, pero no escucho a nadie hablar de lo que se desvalorizó dicho Fondo producto de la inflación ni de qué va a hacer el gobierno al respecto. Millones de argentinos viven en el conurbano bonaerense.
Avanzamos y retrocedemos con una inflación del 45 por ciento y no hay una solución a los problemas estructurales en materia de vivienda, de seguridad y de salud; yo quiero poner esto sobre la mesa, señor presidente. Le pregunté al secretario, al ministro Dujovne -no sé ministro de cuántas carteras es porque cambian permanentemente- si pensaban que uno de los artículos estaba asociado a la modificación y a la indexación del Fondo del Conurbano Bonaerense. Me respondió tajantemente que no. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver?
Es un tema complejo que requiere de una mirada federal y generosa para un sector importante de compatriotas que viven en esa zona de la Argentina. Me parece que no podemos agotar este tema en una sola discusión.
Hay muchas cosas del presupuesto que podemos discutir y considero que deberíamos tener un cronograma con una agenda de discusión un poco más amplia para poder llegar al recinto y, por lo menos, poder decir que todos los sectores políticos plantearon las diferencias que tenían.
Comparto lo manifestado por el señor diputado Borsani acerca de la idea de la economía regional, tanto de Cuyo, Salta, Neuquén y Río Negro. Me refiero a las dificultades que tienen con respecto a las exportaciones. No alcanza con tener un dólar competitivo. Uno puede o no estar de acuerdo con la existencia de retenciones en base a lo que está viviendo la Argentina en estos momentos. Pero el artículo relacionado con este tema no puede dejar de considerar las diferencias regionales. No es lo mismo la Pampa Húmeda que el norte argentino; no es lo mismo el Cuyo o Neuquén que los sectores más productivos. Incluso, no es lo mismo el sur de la provincia de Buenos Aires respecto del centro de dicha provincia. En igual sentido, no es igual lo que sucede con determinados productos industriales respecto de otros. Tenemos que hacer sintonía fina en ese artículo.
Lo peor que puede pasar es que el Congreso de la Nación, a iniciativa del Poder Ejecutivo, coloque impuestos y que luego no se puedan cobrar porque las actividades productivas están ahogadas. Además, lo peor que puede pasar es que bajo la altísima presión impositiva existente en la Argentina, sigamos incorporando impuestos y que luego la actividad productiva no funcione.
Creo que el tema de las cooperativas es algo muy discutido. Posiblemente hablar del tema impuesto a las ganancias suene como algo anti-cooperativo y quizás existan otras figuras impositivas que nos permitan brindar una solución, sobre todo a aquellos que se dedican a cuestiones no vinculadas a los orígenes del cooperativismo sino a aspectos financieros. Tenemos que encontrar una solución distinta.
Planteo estos temas para que los discutamos con algo más de reflexión en esta comisión la semana próxima.
Otra vez hay una concepción casi unitaria de las cosas en la Argentina. Las grandes capitales contra los pequeños pueblos. Cuánto más dificultades tenés, menos presencia del Estado. Acá han encontrado una solución, supuestamente: que hay 8.000 líneas o vehículos que como son interjurisdiccionales entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano van a tener subsidio. ¿Qué pasa con el transporte en el interior profundo o en el corazón de la Argentina?
Creo que este es un tema que requiere al menos que tomemos un capítulo y que podamos ponerlo en discusión. Nadie discute o por lo menos nosotros no discutimos que la Argentina tiene que ir a un camino de prudencia fiscal. Sí discutimos cómo se llega a la prudencia fiscal.
Ahora bien, en el marco de la prudencia fiscal y de la distribución de los recursos, ¿por qué siempre tenemos que ir en contra de las pequeñas localidades o de los sectores del interior del país? ¿Por qué tiene que ser un ministro el que discrecionalmente ahora diga que le encuentra la solución a las grandes capitales?
Creo que es un tema que tenemos que discutir con absoluta profundidad, señor presidente. No puede pasar que haya colectivos, micros, "bondis", como quieran llamarlos, que tengan un valor, otros que tengan otro valor y que la gente vaya viendo cuál se toma en función del valor que tiene. Además, no entiendo cómo -operativamente- lo van a poner en la práctica. Me parece que es una discusión que requiere cierta reflexión.
Hay una determinada cantidad de recursos; discutamos de qué manera podemos asignar mejor esos recursos.
El segundo punto -y lo digo como diputado de la provincia de Buenos Aires- es el siguiente: la Argentina tiene un problema con el conurbano. El conurbano tiene más de mil basureros clandestinos, miles de asentamientos urbanos no precarios sino sumamente precarios, invisibilizados en muchos casos.
Quizás no me vaya a llevar la sonrisa del espectro federal, pero en el conurbano viven compatriotas de todas las provincias argentinas y esto tiene que ver con el desarrollo argentino. Hace pocos meses discutimos acerca del Fondo del Conurbano Bonaerense, pero no escucho a nadie hablar de lo que se desvalorizó dicho Fondo producto de la inflación ni de qué va a hacer el gobierno al respecto. Millones de argentinos viven en el conurbano bonaerense.
Avanzamos y retrocedemos con una inflación del 45 por ciento y no hay una solución a los problemas estructurales en materia de vivienda, de seguridad y de salud; yo quiero poner esto sobre la mesa, señor presidente. Le pregunté al secretario, al ministro Dujovne -no sé ministro de cuántas carteras es porque cambian permanentemente- si pensaban que uno de los artículos estaba asociado a la modificación y a la indexación del Fondo del Conurbano Bonaerense. Me respondió tajantemente que no. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver?
Es un tema complejo que requiere de una mirada federal y generosa para un sector importante de compatriotas que viven en esa zona de la Argentina. Me parece que no podemos agotar este tema en una sola discusión.
Hay muchas cosas del presupuesto que podemos discutir y considero que deberíamos tener un cronograma con una agenda de discusión un poco más amplia para poder llegar al recinto y, por lo menos, poder decir que todos los sectores políticos plantearon las diferencias que tenían.
Comparto lo manifestado por el señor diputado Borsani acerca de la idea de la economía regional, tanto de Cuyo, Salta, Neuquén y Río Negro. Me refiero a las dificultades que tienen con respecto a las exportaciones. No alcanza con tener un dólar competitivo. Uno puede o no estar de acuerdo con la existencia de retenciones en base a lo que está viviendo la Argentina en estos momentos. Pero el artículo relacionado con este tema no puede dejar de considerar las diferencias regionales. No es lo mismo la Pampa Húmeda que el norte argentino; no es lo mismo el Cuyo o Neuquén que los sectores más productivos. Incluso, no es lo mismo el sur de la provincia de Buenos Aires respecto del centro de dicha provincia. En igual sentido, no es igual lo que sucede con determinados productos industriales respecto de otros. Tenemos que hacer sintonía fina en ese artículo.
Lo peor que puede pasar es que el Congreso de la Nación, a iniciativa del Poder Ejecutivo, coloque impuestos y que luego no se puedan cobrar porque las actividades productivas están ahogadas. Además, lo peor que puede pasar es que bajo la altísima presión impositiva existente en la Argentina, sigamos incorporando impuestos y que luego la actividad productiva no funcione.
Creo que el tema de las cooperativas es algo muy discutido. Posiblemente hablar del tema impuesto a las ganancias suene como algo anti-cooperativo y quizás existan otras figuras impositivas que nos permitan brindar una solución, sobre todo a aquellos que se dedican a cuestiones no vinculadas a los orígenes del cooperativismo sino a aspectos financieros. Tenemos que encontrar una solución distinta.
Planteo estos temas para que los discutamos con algo más de reflexión en esta comisión la semana próxima.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Franco.
SR. FRANCO Señor presidente: quiero hacer una aclaración respecto de lo que expresaron los señores diputados Bossio, Lavagna y Ocaña en torno al proyecto vinculado con el monotributo a los trabajadores cañeros y, sobre todo, a cuál es la Cámara de origen.
En el informe presentado en el dictamen está la explicación para zanjar la discusión que se ha planteado. En un tramo del informe se menciona que el tratamiento acordado permite conciliar adecuada y armónicamente las prescripciones de los artículos 52 y 75, inciso 2), de nuestra Carta Magna y, por la equidad y fines perseguidos en el mismo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda requiere la sanción del mencionado proyecto.
De esta forma, sentamos un precedente por si se da alguna discusión al respecto.
En el informe presentado en el dictamen está la explicación para zanjar la discusión que se ha planteado. En un tramo del informe se menciona que el tratamiento acordado permite conciliar adecuada y armónicamente las prescripciones de los artículos 52 y 75, inciso 2), de nuestra Carta Magna y, por la equidad y fines perseguidos en el mismo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda requiere la sanción del mencionado proyecto.
De esta forma, sentamos un precedente por si se da alguna discusión al respecto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
SR. CONTIGIANI Señor presidente: no me voy a referir a las facultades constitucionales. Voy a hacer mención al tema del monotributo y a las propuestas que los diputados argumentaron en favor de este proyecto.
En primer lugar, se trata de un avance muy importante el hecho de plantear el monotributo para pequeños productores de economías regionales, en este caso de los tabacaleros y los cañeros.
Quienes conocemos lo que sucede en estos rubros sabemos que eso resolvería muchos problemas. Por ello, lo considero positivo y un gran avance. Pero, a la vez, planteo dos situaciones.
En primer lugar, si lo planteamos solamente para los productores cañeros y tabacaleros podría generar una desigualdad frente a otras economías regionales que padecen las mismas dificultades objetivas. Me refiero a los productores de frutillas, citrus, peras, manzanas y algodoneros. Todos están viviendo un problema estructural que la Argentina no resolvió en relación con las cadenas de valor de las economías regionales.
Por un lado, valoro el hecho de poder introducir esta figura que permite resolver problemas a una gran cantidad de pequeños productores. Sin embargo, me preocupa la desigualdad frente al resto de los productores.
En este punto me parece que tendríamos que pensar en una figura que abarque a la totalidad de los pequeños productores de economías regionales de la Argentina y no solo a algunos. Propongo esto como un ámbito para trabajar a los fines de evitar esta desigualdad que sé que sufrirán en una misma provincia o región diferentes productores de economías regionales.
En segundo lugar, considero que la Argentina debe discutir -y todavía no lo ha hecho- un programa de desarrollo de la economía regional en este país, que tenga en cuenta los aspectos comerciales, de agregado de valor e innovación y que evite las posiciones dominantes en cada una de las cadenas de valor. Esto lo planteo con el objetivo de salir del monotributo y entrar en cadenas de valor donde podamos empoderar a los pequeños productores; además, para que lo podamos hacer en verdaderas explotaciones de producción, sobre todo en economías regionales que en términos de cadena de valor -como en el caso de la caña de azúcar- no tienen límite ni techo en cuanto a lo que pueden dar.
Sin embargo, está faltando una política integral de desarrollo -no solo ahora, sino hace muchísimas décadas- que nos permita desplegar todo el potencial que tiene la Argentina en sus economías regionales.
Dicho esto, señor presidente, quiero preguntarle qué avances hay en términos del artículo 85 del proyecto de ley de presupuesto en relación con las cooperativas y mutuales, como así también en cuanto a los diálogos que son de público conocimiento, especialmente en relación con la propuesta que están acercando los sectores representativos de las mutuales y cooperativas.
Considero que una gran parte de los integrantes de esta comisión -inclusive del bloque oficialista y de las diferentes bancadas de la oposición- estamos convencidos de que el artículo 85 del proyecto de ley de presupuesto no es ni puede ser legalmente el camino para cumplir los objetivos que ustedes se han planteado en este punto. Además, estaría afectando una situación que todos queremos proteger, que es la importancia de la economía social en la Argentina.
En relación con esto, quisiera saber si está abierta la posibilidad -ya que estamos cerca de emitir dictamen- de que lleguemos a un nuevo artículo de consenso, diferente de como está redactado en este momento en el proyecto que ustedes presentaron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En primer lugar, se trata de un avance muy importante el hecho de plantear el monotributo para pequeños productores de economías regionales, en este caso de los tabacaleros y los cañeros.
Quienes conocemos lo que sucede en estos rubros sabemos que eso resolvería muchos problemas. Por ello, lo considero positivo y un gran avance. Pero, a la vez, planteo dos situaciones.
En primer lugar, si lo planteamos solamente para los productores cañeros y tabacaleros podría generar una desigualdad frente a otras economías regionales que padecen las mismas dificultades objetivas. Me refiero a los productores de frutillas, citrus, peras, manzanas y algodoneros. Todos están viviendo un problema estructural que la Argentina no resolvió en relación con las cadenas de valor de las economías regionales.
Por un lado, valoro el hecho de poder introducir esta figura que permite resolver problemas a una gran cantidad de pequeños productores. Sin embargo, me preocupa la desigualdad frente al resto de los productores.
En este punto me parece que tendríamos que pensar en una figura que abarque a la totalidad de los pequeños productores de economías regionales de la Argentina y no solo a algunos. Propongo esto como un ámbito para trabajar a los fines de evitar esta desigualdad que sé que sufrirán en una misma provincia o región diferentes productores de economías regionales.
En segundo lugar, considero que la Argentina debe discutir -y todavía no lo ha hecho- un programa de desarrollo de la economía regional en este país, que tenga en cuenta los aspectos comerciales, de agregado de valor e innovación y que evite las posiciones dominantes en cada una de las cadenas de valor. Esto lo planteo con el objetivo de salir del monotributo y entrar en cadenas de valor donde podamos empoderar a los pequeños productores; además, para que lo podamos hacer en verdaderas explotaciones de producción, sobre todo en economías regionales que en términos de cadena de valor -como en el caso de la caña de azúcar- no tienen límite ni techo en cuanto a lo que pueden dar.
Sin embargo, está faltando una política integral de desarrollo -no solo ahora, sino hace muchísimas décadas- que nos permita desplegar todo el potencial que tiene la Argentina en sus economías regionales.
Dicho esto, señor presidente, quiero preguntarle qué avances hay en términos del artículo 85 del proyecto de ley de presupuesto en relación con las cooperativas y mutuales, como así también en cuanto a los diálogos que son de público conocimiento, especialmente en relación con la propuesta que están acercando los sectores representativos de las mutuales y cooperativas.
Considero que una gran parte de los integrantes de esta comisión -inclusive del bloque oficialista y de las diferentes bancadas de la oposición- estamos convencidos de que el artículo 85 del proyecto de ley de presupuesto no es ni puede ser legalmente el camino para cumplir los objetivos que ustedes se han planteado en este punto. Además, estaría afectando una situación que todos queremos proteger, que es la importancia de la economía social en la Argentina.
En relación con esto, quisiera saber si está abierta la posibilidad -ya que estamos cerca de emitir dictamen- de que lleguemos a un nuevo artículo de consenso, diferente de como está redactado en este momento en el proyecto que ustedes presentaron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. PRESIDENTE LASPINA Sí, concretamente, respecto del artículo 85 estamos evaluando alternativas.
Existe una propuesta de la Confederación Argentina de Mutualidades que estamos analizando; también estamos considerando un equilibrio entre el planteo -de alguna manera filosófico- que ha hecho este sector en cuanto a que las ganancias que tienen por las actividades financieras puedan o no ser consideradas como tales de acuerdo con el alcance del impuesto a las ganancias. Se trata, a mi entender, de una discusión más filosófica que tributaria. Dado que no hay acuerdo en este punto y para no entrar en esta discusión filosófica es que estamos considerando alternativas que busquen un equilibrio.
Existen importantes compañías, como las grandes mutuales de préstamo y cooperativas de seguro, que cuentan con espaldas fuertes y compiten con otras de igual a igual en el mercado privado, e incluso con algunas empresas públicas. Estas últimas -que son de todos los argentinos- pagan impuesto a las ganancias, mientras que estas cooperativas que en algunos casos son muy grandes, no lo hacen.
Todos los argentinos estamos haciendo un aporte en este difícil momento. Acabamos de aprobar una suba en relación con el impuesto sobre los bienes personales, que será afrontada en mayor medida por los sectores que tienen una mayor riqueza patrimonial. Estamos haciendo un esfuerzo en materia de ahorro de gastos. Asimismo, además del sector del campo -que ya venía aportando con retenciones-, todos los sectores exportadores de la Argentina están haciendo un sacrificio.
Por este motivo buscaremos un equilibrio entre la necesidad de que el sector de las cooperativas haga un aporte recaudatorio ante esta situación, sin vulnerar lo que parecen ser sus principios filosóficos respecto de la cuestión de las ganancias.
De manera tal que estamos trabajando sobre la base de esa propuesta que ha hecho la Confederación Argentina de Mutualidades. Y por supuesto, estamos abiertos a recibir las nuevas propuestas que haya; si las tienen, les pido que me las hagan llegar.
Aun restan hacer uso de la palabra los señores diputados Lavagna y Vallone. Sugiero que luego de sus exposiciones se pase a cuarto intermedio hasta el próximo martes a las diez de la mañana, oportunidad en que seguiremos tratando el proyecto de ley de presupuesto para 2019.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Existe una propuesta de la Confederación Argentina de Mutualidades que estamos analizando; también estamos considerando un equilibrio entre el planteo -de alguna manera filosófico- que ha hecho este sector en cuanto a que las ganancias que tienen por las actividades financieras puedan o no ser consideradas como tales de acuerdo con el alcance del impuesto a las ganancias. Se trata, a mi entender, de una discusión más filosófica que tributaria. Dado que no hay acuerdo en este punto y para no entrar en esta discusión filosófica es que estamos considerando alternativas que busquen un equilibrio.
Existen importantes compañías, como las grandes mutuales de préstamo y cooperativas de seguro, que cuentan con espaldas fuertes y compiten con otras de igual a igual en el mercado privado, e incluso con algunas empresas públicas. Estas últimas -que son de todos los argentinos- pagan impuesto a las ganancias, mientras que estas cooperativas que en algunos casos son muy grandes, no lo hacen.
Todos los argentinos estamos haciendo un aporte en este difícil momento. Acabamos de aprobar una suba en relación con el impuesto sobre los bienes personales, que será afrontada en mayor medida por los sectores que tienen una mayor riqueza patrimonial. Estamos haciendo un esfuerzo en materia de ahorro de gastos. Asimismo, además del sector del campo -que ya venía aportando con retenciones-, todos los sectores exportadores de la Argentina están haciendo un sacrificio.
Por este motivo buscaremos un equilibrio entre la necesidad de que el sector de las cooperativas haga un aporte recaudatorio ante esta situación, sin vulnerar lo que parecen ser sus principios filosóficos respecto de la cuestión de las ganancias.
De manera tal que estamos trabajando sobre la base de esa propuesta que ha hecho la Confederación Argentina de Mutualidades. Y por supuesto, estamos abiertos a recibir las nuevas propuestas que haya; si las tienen, les pido que me las hagan llegar.
Aun restan hacer uso de la palabra los señores diputados Lavagna y Vallone. Sugiero que luego de sus exposiciones se pase a cuarto intermedio hasta el próximo martes a las diez de la mañana, oportunidad en que seguiremos tratando el proyecto de ley de presupuesto para 2019.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: tomo algunas cosas que recién dijo el señor diputado Contigiani.
En primer término voy a hacer una aclaración: creo que él fue políticamente correcto diciendo que a su juicio está faltando una política de desarrollo, pero le puedo asegurar que no hay una política de desarrollo. Esto es lo que hay que discutir en serio, es decir, cómo hacemos para lograr desarrollo.
Me parece que el proyecto para los tabacaleros y cañeros es muy bueno porque busca algo que deberíamos estar extendiendo a todos los sectores y que básicamente es la simplificación y el hecho de darle posibilidades al que hoy no está dentro del sistema, o no está formalizado, para que lo pueda estar. Estar dentro del sistema le traerá un montón de beneficios en términos de acceso a la salud o al financiamiento. Es muy bueno que avancemos en esta línea.
Coincido con lo que han expresado varios señores diputados en el día de hoy, en el sentido de que tenemos que ver cómo hacemos para expandir esto. Debemos hacer que el sistema tributario sea simple, fácil de pagar y, si se quiere, amigable para que cada uno de los pequeños productores, sobre todo los que están en la informalidad, puedan tener acceso muy rápido. Con lo cual, es muy bueno que estemos tratando este proyecto y se esté firmando el correspondiente dictamen.
En relación con el proyecto de ley de presupuesto, tengo casi ochenta modificaciones para proponer respecto de su articulado, pero las voy a dejar para el martes.
En primer término voy a hacer una aclaración: creo que él fue políticamente correcto diciendo que a su juicio está faltando una política de desarrollo, pero le puedo asegurar que no hay una política de desarrollo. Esto es lo que hay que discutir en serio, es decir, cómo hacemos para lograr desarrollo.
Me parece que el proyecto para los tabacaleros y cañeros es muy bueno porque busca algo que deberíamos estar extendiendo a todos los sectores y que básicamente es la simplificación y el hecho de darle posibilidades al que hoy no está dentro del sistema, o no está formalizado, para que lo pueda estar. Estar dentro del sistema le traerá un montón de beneficios en términos de acceso a la salud o al financiamiento. Es muy bueno que avancemos en esta línea.
Coincido con lo que han expresado varios señores diputados en el día de hoy, en el sentido de que tenemos que ver cómo hacemos para expandir esto. Debemos hacer que el sistema tributario sea simple, fácil de pagar y, si se quiere, amigable para que cada uno de los pequeños productores, sobre todo los que están en la informalidad, puedan tener acceso muy rápido. Con lo cual, es muy bueno que estemos tratando este proyecto y se esté firmando el correspondiente dictamen.
En relación con el proyecto de ley de presupuesto, tengo casi ochenta modificaciones para proponer respecto de su articulado, pero las voy a dejar para el martes.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Vallone.
SR. VALLONE Señor presidente: sabiendo que el próximo martes, luego del cuarto intermedio, va a continuar esta reunión, ese día también vamos a presentar formalmente nuestros cuestionamientos acerca del articulado del proyecto de ley de presupuesto.
También me parece muy positivo el planteo que hizo el señor diputado Contigiani en relación con el artículo 85 del proyecto de ley de presupuesto. En este sentido, queremos solicitar lo mismo, es decir, que se contemple la posición que ha generado la Confederación Argentina de Mutualidades.
Estamos analizando el proyecto de ley de presupuesto, respecto del cual entendemos que es el plan que tiene el gobierno para el año que viene. Cada día y hora que leemos esa iniciativa tratando en encontrar sus aspectos positivos, vamos entendiendo que el plan del gobierno para el año que viene es generar impuestos sin achicar el gasto del Estado, pero sobre todo, con una fuerte recesión.
El plan es ajuste, endeudamiento, más deuda pública y desfinanciamiento de las universidades, de la salud y de la ciencia.
El plan de gobierno, que entendemos que es el plan del Fondo Monetario Internacional, no se resuelve con parches, como en el caso de algunos proyectos que hemos estado analizando en el día de hoy. Debemos comprender que somos el país con mayor deterioro del poder adquisitivo.
Tenemos el quinto peor índice de inflación del mundo y estamos en un momento muy delicado donde todos, sin importar la ideología, debemos ser absolutamente responsables.
Hemos entregado la soberanía económica -y entiendo que también la soberanía política- al peor usurero del planeta.
Analizando el proyecto de ley de presupuesto desde el punto de vista político y económico encontramos, en primer término, que esta iniciativa tiene 47 artículos que están en contra de lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera. No se relacionan ni directa ni indirectamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. En más de un artículo se afectan disposiciones de otras leyes vigentes, buscando en algunos casos la modificación, creación o supresión de tributos, cuando en realidad tales reformas deberían realizarse mediante el dictado de otras normas legales.
También quiero sumarme al reclamo de la señora diputada Soria, en relación con la introducción en este proyecto de ley de presupuesto de la discusión sobre las ART de los bomberos voluntarios. Este tema ya fue tratado en comisión y creemos que es justo considerarlo.
A su vez, deseo unirme a lo peticionado por el señor diputado Bossio sobre el transporte. La transferencia del servicio a las provincias sin los recursos correspondientes ha hecho que los intendentes salieran corriendo a exigirles aportes a los gobernadores.
Luego nos enteramos por los medios de comunicación -la fuente de información más fehaciente que tiene el gobierno para con los sectores opositores- que ayer hubo una reunión entre el ministro del Interior y varios intendentes de distintas capitales de provincia donde les informaron que el ministro de Transporte cuenta con fondos específicos guardados para subsidiar el transporte de esas ciudades. Esta es la visión federal de este gobierno.
La cantidad de usuarios del sistema de transporte de Villa Mercedes, la segunda ciudad más importante de San Luis, es mucho mayor que la del sistema de transporte urbano de la Capital Federal. No obstante, en esta última el transporte está subsidiado, mientras que la segunda ciudad de San Luis no contará con este beneficio. Quiero entender o autoconvencerme de que no están mirando el color político de quien gobierna.
Este proyecto de ley de presupuesto para 2019 y la iniciativa relacionada con el consenso fiscal son el fiel reflejo de la mirada federal selectiva de este gobierno: "Si te arrodillás, te doy; si no pensás como yo, no existís".
La posición de nuestro bloque siempre ha sido muy clara y sobre todo consecuente con lo que pensamos. Acompañaremos la iniciativa si es beneficiosa para la Argentina y la provincia de San Luis.
Hasta ahora entendemos que este proyecto de ley de presupuesto para 2019 no es beneficioso para la Argentina y mucho menos para la provincia de San Luis. (Aplausos.)
También me parece muy positivo el planteo que hizo el señor diputado Contigiani en relación con el artículo 85 del proyecto de ley de presupuesto. En este sentido, queremos solicitar lo mismo, es decir, que se contemple la posición que ha generado la Confederación Argentina de Mutualidades.
Estamos analizando el proyecto de ley de presupuesto, respecto del cual entendemos que es el plan que tiene el gobierno para el año que viene. Cada día y hora que leemos esa iniciativa tratando en encontrar sus aspectos positivos, vamos entendiendo que el plan del gobierno para el año que viene es generar impuestos sin achicar el gasto del Estado, pero sobre todo, con una fuerte recesión.
El plan es ajuste, endeudamiento, más deuda pública y desfinanciamiento de las universidades, de la salud y de la ciencia.
El plan de gobierno, que entendemos que es el plan del Fondo Monetario Internacional, no se resuelve con parches, como en el caso de algunos proyectos que hemos estado analizando en el día de hoy. Debemos comprender que somos el país con mayor deterioro del poder adquisitivo.
Tenemos el quinto peor índice de inflación del mundo y estamos en un momento muy delicado donde todos, sin importar la ideología, debemos ser absolutamente responsables.
Hemos entregado la soberanía económica -y entiendo que también la soberanía política- al peor usurero del planeta.
Analizando el proyecto de ley de presupuesto desde el punto de vista político y económico encontramos, en primer término, que esta iniciativa tiene 47 artículos que están en contra de lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera. No se relacionan ni directa ni indirectamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. En más de un artículo se afectan disposiciones de otras leyes vigentes, buscando en algunos casos la modificación, creación o supresión de tributos, cuando en realidad tales reformas deberían realizarse mediante el dictado de otras normas legales.
También quiero sumarme al reclamo de la señora diputada Soria, en relación con la introducción en este proyecto de ley de presupuesto de la discusión sobre las ART de los bomberos voluntarios. Este tema ya fue tratado en comisión y creemos que es justo considerarlo.
A su vez, deseo unirme a lo peticionado por el señor diputado Bossio sobre el transporte. La transferencia del servicio a las provincias sin los recursos correspondientes ha hecho que los intendentes salieran corriendo a exigirles aportes a los gobernadores.
Luego nos enteramos por los medios de comunicación -la fuente de información más fehaciente que tiene el gobierno para con los sectores opositores- que ayer hubo una reunión entre el ministro del Interior y varios intendentes de distintas capitales de provincia donde les informaron que el ministro de Transporte cuenta con fondos específicos guardados para subsidiar el transporte de esas ciudades. Esta es la visión federal de este gobierno.
La cantidad de usuarios del sistema de transporte de Villa Mercedes, la segunda ciudad más importante de San Luis, es mucho mayor que la del sistema de transporte urbano de la Capital Federal. No obstante, en esta última el transporte está subsidiado, mientras que la segunda ciudad de San Luis no contará con este beneficio. Quiero entender o autoconvencerme de que no están mirando el color político de quien gobierna.
Este proyecto de ley de presupuesto para 2019 y la iniciativa relacionada con el consenso fiscal son el fiel reflejo de la mirada federal selectiva de este gobierno: "Si te arrodillás, te doy; si no pensás como yo, no existís".
La posición de nuestro bloque siempre ha sido muy clara y sobre todo consecuente con lo que pensamos. Acompañaremos la iniciativa si es beneficiosa para la Argentina y la provincia de San Luis.
Hasta ahora entendemos que este proyecto de ley de presupuesto para 2019 no es beneficioso para la Argentina y mucho menos para la provincia de San Luis. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Quiero efectuar algunas aclaraciones en relación con lo manifestado por el señor diputado preopinante. En el proyecto de ley de presupuesto para 2019 no existen fondos ocultos ni nada parecido.
Algunos señores diputados realizaron un pedido en el sentido de que existe la necesidad de generar un fondo de compensación durante la transición hacia el nuevo esquema. Firmamos la adenda fiscal con esta visión y establecimos una serie de medidas que implicaban realizar transferencias de potestades a las jurisdicciones correspondientes. En el caso del transporte, las potestades corresponden a las provincias o a los municipios. El gobierno nacional, a través de esta medida, no se ocupa del financiamiento de esas estructuras básicamente porque no las controla. Este tema es jurisdiccional. Poco puede decir la Nación sobre el sistema de transporte de una determinada localidad, los costos del servicio, la forma o los mecanismos de licitación o si corresponde adherirse al sistema de la tarjeta SUBE.
Por lo tanto, la Nación no tiene potestades ante esa situación. Es por todo esto que entendimos que lo más justo de alguna manera es transferir las potestades sobre el sector del transporte a las provincias con los recursos correspondientes. Como nosotros consideramos que es lo correcto, es lo que estamos haciendo.
Esa decisión incluía darle más recursos a las provincias y a los municipios por medio de una serie de modificaciones como la suba del impuesto sobre los bienes personales y el cambio en la situación del impuesto a las ganancias de las mutuales y las cooperativas. Así figura en la adenda impositiva.
Tal como dijo el señor diputado Lavagna la adenda no es vinculante en términos de trámite legislativo, sino que es parte del compromiso que había asumido la Nación para compensar con mayores recursos las transferencias de gastos que implicaban el sostenimiento de la tarifa social energética y del subsidio al transporte, como así también la eliminación del Fondo Solidario de la Soja.
En ese esquema de compensaciones, de varias cosas que se habían tomado la mayoría de las provincias decidieron suscribir la adenda fiscal bajo la hipótesis de que, efectivamente, estaban siendo compensadas.
Por supuesto que eso genera otro conflicto, que es la diferencia entre las provincias y los municipios, que tienen sistemas diferenciados de trasporte. El mismo problema jurisdiccional que opera entre la Nación y la provincia opera dentro de una provincia, entre la provincia y un municipio. Consecuentemente, allí sí hay una necesidad política de ponerse de acuerdo con los municipios para distribuir esas mayores transferencias que las provincias van a recibir. Esos mayores ingresos compensarán en buena parte. Hay provincias que dicen que no compensamos totalmente, otras que falta poco y algunas que les sobra.
Entonces, hubo un reclamo de algunos diputados y entendemos que hay un período de transición en el cual hay que navegar de un sistema al otro. En esa transición, algunos municipios no necesariamente se van a poner de acuerdo con las provincias de un día para el otro en cuanto a la forma de establecer el subsidio, es decir, si subsidiar la oferta o la demanda, o bien, si el subsidio debe ser generalizado a todos los usuarios o a determinados sectores sociales más vulnerables que necesitan una tarifa diferenciada. Eso es algo que, justamente en un sistema federal como el que tenemos en la Argentina, van a decidir las provincias y los municipios, que a nuestro criterio ahora van a tener más recursos.
Aun así, para tener esa transición estamos evaluando la creación de un fondo -que va a salir del proyecto de ley de presupuesto sobre la base de una reasignación de partidas, lo que significa que no va a salir de la nada, sino que seguramente habrá que recortar en algún lado- que pueda asistir en esta etapa, estableciendo un esquema que pueda ayudar a las provincias y los municipios a ponerse de acuerdo, mejorar la eficiencia del trasporte y ver si entre todos podemos hacer que esta transición sea más gradual y no tenga un impacto fuerte sobre las tarifas.
En principio, a nuestro juicio, no debería tener un fuerte impacto sobre las tarifas porque en nuestros cálculos hemos trasferido a las provincias los recursos para poder afrontar el mismo costo que hoy afronta la Nación en materia de subsidios al trasporte.
Aun así, y ante la duda de que pueda quedar algún bache en esos costos o pueda haber un problema de transición financiera de un esquema a otro, estamos tratando de diseñar un fondo -no es un fondo de asignación específica, sino simplemente una partida específica- para asistir en esta transición, sobre lo cual está trabajado el Ministerio de Transporte. Cuando tengamos alguna alternativa la someteremos a la consideración de los señores diputados.
Por lo tanto, no hay una asignación especial del impuesto sobre los bienes personales. Tampoco habrá nada que implique la aplicación de un criterio discrecional por parte del ministro acerca de quién debe ser asistido. Finalmente, no creo que haya una discriminación entre capitales y ciudades del interior de las provincias; yo, por lo menos, no conozco ninguna.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Algunos señores diputados realizaron un pedido en el sentido de que existe la necesidad de generar un fondo de compensación durante la transición hacia el nuevo esquema. Firmamos la adenda fiscal con esta visión y establecimos una serie de medidas que implicaban realizar transferencias de potestades a las jurisdicciones correspondientes. En el caso del transporte, las potestades corresponden a las provincias o a los municipios. El gobierno nacional, a través de esta medida, no se ocupa del financiamiento de esas estructuras básicamente porque no las controla. Este tema es jurisdiccional. Poco puede decir la Nación sobre el sistema de transporte de una determinada localidad, los costos del servicio, la forma o los mecanismos de licitación o si corresponde adherirse al sistema de la tarjeta SUBE.
Por lo tanto, la Nación no tiene potestades ante esa situación. Es por todo esto que entendimos que lo más justo de alguna manera es transferir las potestades sobre el sector del transporte a las provincias con los recursos correspondientes. Como nosotros consideramos que es lo correcto, es lo que estamos haciendo.
Esa decisión incluía darle más recursos a las provincias y a los municipios por medio de una serie de modificaciones como la suba del impuesto sobre los bienes personales y el cambio en la situación del impuesto a las ganancias de las mutuales y las cooperativas. Así figura en la adenda impositiva.
Tal como dijo el señor diputado Lavagna la adenda no es vinculante en términos de trámite legislativo, sino que es parte del compromiso que había asumido la Nación para compensar con mayores recursos las transferencias de gastos que implicaban el sostenimiento de la tarifa social energética y del subsidio al transporte, como así también la eliminación del Fondo Solidario de la Soja.
En ese esquema de compensaciones, de varias cosas que se habían tomado la mayoría de las provincias decidieron suscribir la adenda fiscal bajo la hipótesis de que, efectivamente, estaban siendo compensadas.
Por supuesto que eso genera otro conflicto, que es la diferencia entre las provincias y los municipios, que tienen sistemas diferenciados de trasporte. El mismo problema jurisdiccional que opera entre la Nación y la provincia opera dentro de una provincia, entre la provincia y un municipio. Consecuentemente, allí sí hay una necesidad política de ponerse de acuerdo con los municipios para distribuir esas mayores transferencias que las provincias van a recibir. Esos mayores ingresos compensarán en buena parte. Hay provincias que dicen que no compensamos totalmente, otras que falta poco y algunas que les sobra.
Entonces, hubo un reclamo de algunos diputados y entendemos que hay un período de transición en el cual hay que navegar de un sistema al otro. En esa transición, algunos municipios no necesariamente se van a poner de acuerdo con las provincias de un día para el otro en cuanto a la forma de establecer el subsidio, es decir, si subsidiar la oferta o la demanda, o bien, si el subsidio debe ser generalizado a todos los usuarios o a determinados sectores sociales más vulnerables que necesitan una tarifa diferenciada. Eso es algo que, justamente en un sistema federal como el que tenemos en la Argentina, van a decidir las provincias y los municipios, que a nuestro criterio ahora van a tener más recursos.
Aun así, para tener esa transición estamos evaluando la creación de un fondo -que va a salir del proyecto de ley de presupuesto sobre la base de una reasignación de partidas, lo que significa que no va a salir de la nada, sino que seguramente habrá que recortar en algún lado- que pueda asistir en esta etapa, estableciendo un esquema que pueda ayudar a las provincias y los municipios a ponerse de acuerdo, mejorar la eficiencia del trasporte y ver si entre todos podemos hacer que esta transición sea más gradual y no tenga un impacto fuerte sobre las tarifas.
En principio, a nuestro juicio, no debería tener un fuerte impacto sobre las tarifas porque en nuestros cálculos hemos trasferido a las provincias los recursos para poder afrontar el mismo costo que hoy afronta la Nación en materia de subsidios al trasporte.
Aun así, y ante la duda de que pueda quedar algún bache en esos costos o pueda haber un problema de transición financiera de un esquema a otro, estamos tratando de diseñar un fondo -no es un fondo de asignación específica, sino simplemente una partida específica- para asistir en esta transición, sobre lo cual está trabajado el Ministerio de Transporte. Cuando tengamos alguna alternativa la someteremos a la consideración de los señores diputados.
Por lo tanto, no hay una asignación especial del impuesto sobre los bienes personales. Tampoco habrá nada que implique la aplicación de un criterio discrecional por parte del ministro acerca de quién debe ser asistido. Finalmente, no creo que haya una discriminación entre capitales y ciudades del interior de las provincias; yo, por lo menos, no conozco ninguna.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: no quiero salir de la discusión del martes, cuando vamos a hablar más en detalle, pero creo que parte de lo que hay detrás del trasporte es que todavía no queda claro cómo es el sistema que se está previendo.
Le voy a dar un ejemplo. La línea 60, que va de la Capital Federal a la provincia de Buenos Aires, ¿mantiene el subsidio de la Nación? Me da la sensación de que es parte de la discusión que plantean varios colegas de distintas provincias. ¿Por qué en esa línea se mantiene el subsidio de la Nación y por qué en otras no?
Entonces, parte de esa discusión es la que me parece que tenemos que dar en profundidad, porque en definitiva lo que termina habiendo acá es si el boleto salta quince pesos o no salta quince pesos, que es el costo que debería subir el boleto si no hay ningún tipo de compensación, ya sea que la aporte la Nación, la provincia o el municipio. Estamos hablando de un aumento del boleto de colectivo de quince pesos, que no es menor, con un impacto muy fuerte.
De manera tal que parte de la discusión acá tiene que ver con qué líneas paga y qué líneas no paga la Nación y cómo se trasfieren los distintos recursos en función de los subsidios o el fondo compensador que se pueda crear. Me parece que falta darle mucha más claridad de la que hoy tenemos, sobre todo en el capítulo de transporte. Creo que parte de eso es lo que hay en la discusión hoy.
Le voy a dar un ejemplo. La línea 60, que va de la Capital Federal a la provincia de Buenos Aires, ¿mantiene el subsidio de la Nación? Me da la sensación de que es parte de la discusión que plantean varios colegas de distintas provincias. ¿Por qué en esa línea se mantiene el subsidio de la Nación y por qué en otras no?
Entonces, parte de esa discusión es la que me parece que tenemos que dar en profundidad, porque en definitiva lo que termina habiendo acá es si el boleto salta quince pesos o no salta quince pesos, que es el costo que debería subir el boleto si no hay ningún tipo de compensación, ya sea que la aporte la Nación, la provincia o el municipio. Estamos hablando de un aumento del boleto de colectivo de quince pesos, que no es menor, con un impacto muy fuerte.
De manera tal que parte de la discusión acá tiene que ver con qué líneas paga y qué líneas no paga la Nación y cómo se trasfieren los distintos recursos en función de los subsidios o el fondo compensador que se pueda crear. Me parece que falta darle mucha más claridad de la que hoy tenemos, sobre todo en el capítulo de transporte. Creo que parte de eso es lo que hay en la discusión hoy.
SR. PRESIDENTE LASPINA Respondo puntualmente eso. Justamente acá, como estamos clarificando las potestades jurisdiccionales en materia de trasporte y porque está bueno ser un país federal en todo y no a medias, hemos trasferido más recursos que nunca a las provincias y éstas tienen más potestades, en este tema también.
Ahora, a diferencia de lo que se hizo en otras épocas, le estamos trasfiriendo la responsabilidad, pero, a nuestro criterio -en la cuenta que hacemos nosotros y la que hicimos con todos los ministros de Hacienda provinciales antes de firmar la adenda fiscal, donde se buscó un mecanismo para compensar los recursos- también los recursos.
Efectivamente, el nuevo esquema establece que la provincia es la que define la tarifa de transporte dentro de sus localidades, de común acuerdo con las ciudades que tengan sistemas independientes en materia de regulación del transporte. Por ejemplo, el sistema de transporte de la ciudad de Salta es financiada y, de alguna forma, administrada por la provincia. Entonces, no hay diferencia entre ciudad y provincia.
Por otra parte, hay provincias como Córdoba donde el sistema de transporte lo maneja Córdoba capital y la provincia administra el transporte interjurisdiccional, es decir, dentro de su propia provincia entre las distintas localidades.
La Nación se hace cargo del área de su competencia, que históricamente ha sido el AMBA. Hoy el transporte en el AMBA -trenes urbanos, etcétera- es regulado por el ministro Dietrich. Se estableció que la regulación del transporte la hacía la Nación por su enorme integración y porque el AMBA es casi una zona que por definición es multijurisdiccional. Obviamente, se tiene que hacer cargo con su presupuesto de los subsidios interjurisdiccionales. También lo va a hacer en todas las provincias respecto del transporte interjurisdiccional, es decir, entre todas las provincias. La Nación sigue regulando eventualmente el transporte interjurisdiccional entre las provincias.
En este sentido, lo que hizo fue darle a las provincias todo el manejo del transporte intrajurisdiccional dentro de esas provincias incluyendo el transporte urbano. Obviamente, dentro de esas provincias -insisto- hay diferencias entre ellas y los municipios. La idea es que se plantee un sistema de transporte, pero el Ministerio de Transporte tratará de colaborar en las provincias. Considero que este fondo implicaría una gran oportunidad para mejorar la eficiencia del transporte público, como así también en materia de asignación de los subsidios sociales de transportes, entre otras cuestiones.
Esta es la filosofía: que las provincias puedan administrar de manera autónoma sus regímenes de transportes, sus estructuras de subsidios según la característica propia del lugar, de la conformación social de cada ciudad y pueblo y el incentivo regional que pueda tener -eventualmente- un gobernador. En este sentido, un gobernador puede decir que tratará de integrar más a la provincia, para que una ciudad que se está cayendo pueda tener un subsidio al transporte a fin de que haya más conectividad y empleo y para que la gente tenga más incentivo de mudarse, etcétera. Eso es parte del federalismo que ahora van a tener las provincias.
Consideramos que hemos compensado a las provincias, pero algunas dicen que todavía falta. Nosotros estamos dando una mano para que la transición sea lo menos traumática posible, a fin de llevar tranquilidad a la gente en cuanto a que los recursos están para que el boleto no aumente esos quince pesos que usted, señor diputado Lavagna, ha mencionado. La idea es que pueda lograrse la transición a un esquema sin generar un salto en la tarifa.
Para eso vamos a estar ayudando y garantizando que este fondo pueda asistir en situaciones de emergencia en los lugares donde no lleguen los recursos. Esa es la filosofía. He querido poner el marco general a la cuestión porque la letra chica la tendremos en los próximos días, dado que se sigue trabajando en el tema.
Tiene la palabra el señor diputado Alume Sbodio.
Ahora, a diferencia de lo que se hizo en otras épocas, le estamos trasfiriendo la responsabilidad, pero, a nuestro criterio -en la cuenta que hacemos nosotros y la que hicimos con todos los ministros de Hacienda provinciales antes de firmar la adenda fiscal, donde se buscó un mecanismo para compensar los recursos- también los recursos.
Efectivamente, el nuevo esquema establece que la provincia es la que define la tarifa de transporte dentro de sus localidades, de común acuerdo con las ciudades que tengan sistemas independientes en materia de regulación del transporte. Por ejemplo, el sistema de transporte de la ciudad de Salta es financiada y, de alguna forma, administrada por la provincia. Entonces, no hay diferencia entre ciudad y provincia.
Por otra parte, hay provincias como Córdoba donde el sistema de transporte lo maneja Córdoba capital y la provincia administra el transporte interjurisdiccional, es decir, dentro de su propia provincia entre las distintas localidades.
La Nación se hace cargo del área de su competencia, que históricamente ha sido el AMBA. Hoy el transporte en el AMBA -trenes urbanos, etcétera- es regulado por el ministro Dietrich. Se estableció que la regulación del transporte la hacía la Nación por su enorme integración y porque el AMBA es casi una zona que por definición es multijurisdiccional. Obviamente, se tiene que hacer cargo con su presupuesto de los subsidios interjurisdiccionales. También lo va a hacer en todas las provincias respecto del transporte interjurisdiccional, es decir, entre todas las provincias. La Nación sigue regulando eventualmente el transporte interjurisdiccional entre las provincias.
En este sentido, lo que hizo fue darle a las provincias todo el manejo del transporte intrajurisdiccional dentro de esas provincias incluyendo el transporte urbano. Obviamente, dentro de esas provincias -insisto- hay diferencias entre ellas y los municipios. La idea es que se plantee un sistema de transporte, pero el Ministerio de Transporte tratará de colaborar en las provincias. Considero que este fondo implicaría una gran oportunidad para mejorar la eficiencia del transporte público, como así también en materia de asignación de los subsidios sociales de transportes, entre otras cuestiones.
Esta es la filosofía: que las provincias puedan administrar de manera autónoma sus regímenes de transportes, sus estructuras de subsidios según la característica propia del lugar, de la conformación social de cada ciudad y pueblo y el incentivo regional que pueda tener -eventualmente- un gobernador. En este sentido, un gobernador puede decir que tratará de integrar más a la provincia, para que una ciudad que se está cayendo pueda tener un subsidio al transporte a fin de que haya más conectividad y empleo y para que la gente tenga más incentivo de mudarse, etcétera. Eso es parte del federalismo que ahora van a tener las provincias.
Consideramos que hemos compensado a las provincias, pero algunas dicen que todavía falta. Nosotros estamos dando una mano para que la transición sea lo menos traumática posible, a fin de llevar tranquilidad a la gente en cuanto a que los recursos están para que el boleto no aumente esos quince pesos que usted, señor diputado Lavagna, ha mencionado. La idea es que pueda lograrse la transición a un esquema sin generar un salto en la tarifa.
Para eso vamos a estar ayudando y garantizando que este fondo pueda asistir en situaciones de emergencia en los lugares donde no lleguen los recursos. Esa es la filosofía. He querido poner el marco general a la cuestión porque la letra chica la tendremos en los próximos días, dado que se sigue trabajando en el tema.
Tiene la palabra el señor diputado Alume Sbodio.
SR. ALUME SBODIO Señor presidente: no soy integrante de esta comisión y agradezco que me haya dado la posibilidad de hacer uso de la palabra.
Quiero señalar dos cuestiones. En reiteradas oportunidades hemos venido a esta comisión y observamos que se cita al pacto fiscal como si fuera una ley convenio o un plan maestro donde las provincias acordaron con el gobierno nacional cuáles van a ser las políticas a llevar adelante en materia económica. Por supuesto que a muchos gobernadores los termina perjudicando lo que han firmado. El consenso fiscal no lo firmaron todas las provincias y no lo aprobaron todas las legislaturas de los gobernadores que lo firmaron.
Entonces, se trata de un documento con bastantes vicisitudes criticables que no genera un compromiso para la Nación Argentina e impacta negativamente en el federalismo. En esta comisión, donde decidimos el plan de gobierno que significan los presupuestos nacionales, permanentemente se lo cita como si fuera una ley convenio o un Pacto de la Moncloa. No tiene esa característica ni ese efecto y perdemos muchísimo federalismo.
Por ello, solicito que cada vez que citemos el consenso fiscal sepamos que es un acuerdo entre partes, con intereses particulares al igual que la adenda fiscal.
Después, y como ya lo dijimos en su momento, de consenso no tiene nada. Cuando faltan recursos en las provincias y los gobernadores firman lo que les traen porque necesitan esos fondos, el consenso no existe; tal vez pueda llamarse pacto.
Por otra parte, con respecto al armado discursivo sobre los subsidios a las tarifas, estos no son destinados a las provincias ni a los municipios sino a los usuarios. El usuario que viaja desde el conurbano bonaerense hacia la Capital Federal para laburar es tan argentino como el que va desde Juana Koslay o el barrio 9 de Julio al centro de la ciudad de San Luis.
Entonces, ustedes arman un discurso donde pretenden hablarnos de jurisdicciones y sobre quién debe hacerse cargo cuando en realidad debemos hablar de usuarios. Por supuesto que su discurso desfavorece la posibilidad de seguir subsidiando a algunos sectores de la población argentina. Pero nosotros no compartimos el criterio jurisdiccional sobre la materia de transporte; si no también deberíamos hablar de criterios jurisdiccionales en materia de gas y energía.
El sistema de subsidios al transporte debe ser una de las maneras más eficientes de redistribuir riqueza como una política del Estado nacional; sin embargo, no lo es. ¿Por qué sería el modo más eficiente? Porque el transporte público solamente lo usan aquellas personas que no tienen los recursos para manejarse en un transporte propio.
Por eso, pido dos cosas: primero, que dejemos de hablar de consenso fiscal como si fuera una herramienta de consenso y que tiene vinculación con el presupuesto nacional; y segundo, que con respecto al tema del transporte empecemos a pensar realmente en el destinatario y no en las jurisdicciones.
Quiero señalar dos cuestiones. En reiteradas oportunidades hemos venido a esta comisión y observamos que se cita al pacto fiscal como si fuera una ley convenio o un plan maestro donde las provincias acordaron con el gobierno nacional cuáles van a ser las políticas a llevar adelante en materia económica. Por supuesto que a muchos gobernadores los termina perjudicando lo que han firmado. El consenso fiscal no lo firmaron todas las provincias y no lo aprobaron todas las legislaturas de los gobernadores que lo firmaron.
Entonces, se trata de un documento con bastantes vicisitudes criticables que no genera un compromiso para la Nación Argentina e impacta negativamente en el federalismo. En esta comisión, donde decidimos el plan de gobierno que significan los presupuestos nacionales, permanentemente se lo cita como si fuera una ley convenio o un Pacto de la Moncloa. No tiene esa característica ni ese efecto y perdemos muchísimo federalismo.
Por ello, solicito que cada vez que citemos el consenso fiscal sepamos que es un acuerdo entre partes, con intereses particulares al igual que la adenda fiscal.
Después, y como ya lo dijimos en su momento, de consenso no tiene nada. Cuando faltan recursos en las provincias y los gobernadores firman lo que les traen porque necesitan esos fondos, el consenso no existe; tal vez pueda llamarse pacto.
Por otra parte, con respecto al armado discursivo sobre los subsidios a las tarifas, estos no son destinados a las provincias ni a los municipios sino a los usuarios. El usuario que viaja desde el conurbano bonaerense hacia la Capital Federal para laburar es tan argentino como el que va desde Juana Koslay o el barrio 9 de Julio al centro de la ciudad de San Luis.
Entonces, ustedes arman un discurso donde pretenden hablarnos de jurisdicciones y sobre quién debe hacerse cargo cuando en realidad debemos hablar de usuarios. Por supuesto que su discurso desfavorece la posibilidad de seguir subsidiando a algunos sectores de la población argentina. Pero nosotros no compartimos el criterio jurisdiccional sobre la materia de transporte; si no también deberíamos hablar de criterios jurisdiccionales en materia de gas y energía.
El sistema de subsidios al transporte debe ser una de las maneras más eficientes de redistribuir riqueza como una política del Estado nacional; sin embargo, no lo es. ¿Por qué sería el modo más eficiente? Porque el transporte público solamente lo usan aquellas personas que no tienen los recursos para manejarse en un transporte propio.
Por eso, pido dos cosas: primero, que dejemos de hablar de consenso fiscal como si fuera una herramienta de consenso y que tiene vinculación con el presupuesto nacional; y segundo, que con respecto al tema del transporte empecemos a pensar realmente en el destinatario y no en las jurisdicciones.
SR. PRESIDENTE LASPINA Cuando me referí a las jurisdicciones fue en el sentido de que el Estado nacional no tiene capacidad alguna de opinar y regular sobre el transporte de colectivos, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Entonces, obviamente uno no puede establecer criterios sobre algo que no regula; este es básicamente el principio. Pero coincido en que quizás se pueda poner.
El transporte se diferencia del gas, por ejemplo, donde existe un marco regulatorio nacional y el gobierno regula toda la administración del sistema nacional de producción, transporte y distribución de gas. Por ello, obviamente allí hay subsidios que se afrontan con el presupuesto nacional.
A lo mejor quizás podamos discutir si conviene tener un sistema federal de transporte, donde las ciudades y las provincias le otorguen toda la potestad a la Nación para regular todo el transporte urbano e interurbano de pasajeros. En ese caso nos haríamos cargo de los subsidios, de la regulación y de las licitaciones. Habría que preguntar al ministro Dietrich qué opina sobre si eso es o no eficiente para la Argentina.
Sin embargo, uno no puede regular ni subsidiar lo que no controla, porque esto genera mecanismos que a veces no son los mejores. Sí promovemos el compromiso de asistir en la transición, y por eso lo hemos hecho equilibrando recursos con transferencia de gastos en este acuerdo con las provincias que -insisto-, más allá de lo que cada uno opine sobre el acuerdo, buscó en materia de transferencia de gastos compensar el lado de los recursos. Eso incluyó el propio Fondo Solidario de la Soja. Así lo entendemos nosotros.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
El transporte se diferencia del gas, por ejemplo, donde existe un marco regulatorio nacional y el gobierno regula toda la administración del sistema nacional de producción, transporte y distribución de gas. Por ello, obviamente allí hay subsidios que se afrontan con el presupuesto nacional.
A lo mejor quizás podamos discutir si conviene tener un sistema federal de transporte, donde las ciudades y las provincias le otorguen toda la potestad a la Nación para regular todo el transporte urbano e interurbano de pasajeros. En ese caso nos haríamos cargo de los subsidios, de la regulación y de las licitaciones. Habría que preguntar al ministro Dietrich qué opina sobre si eso es o no eficiente para la Argentina.
Sin embargo, uno no puede regular ni subsidiar lo que no controla, porque esto genera mecanismos que a veces no son los mejores. Sí promovemos el compromiso de asistir en la transición, y por eso lo hemos hecho equilibrando recursos con transferencia de gastos en este acuerdo con las provincias que -insisto-, más allá de lo que cada uno opine sobre el acuerdo, buscó en materia de transferencia de gastos compensar el lado de los recursos. Eso incluyó el propio Fondo Solidario de la Soja. Así lo entendemos nosotros.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: quiero realizar solamente una sugerencia. A ese fondo que están pensando -sobre el cual no conocemos mucho más que la idea que usted expresa- traten de ponerle alguna especificación de cómo y en qué circunstancias se reparte, para evitar lo que recién refirió el señor diputado preopinante sobre los colores políticos y que no importe el gobierno de turno; que no haya dudas. Además, sobre todo teniendo cuidado de que no termine pasando algo que si no se aclara bien puede pasar, que es que cuando uno se toma un colectivo en la ciudad de Rosario le cobren una tarifa y cuando cruce a San Lorenzo le cobren otra.
Hay que ver cómo hacemos un sistema en la transición -como usted lo llamó-, pero que trate de equiparar y que empecemos a tener claridad de cuál es el boleto. Que no suceda que si me tomo la línea 1, me van a cobrar 10 pesos, y si me tomo la línea 2, me van a cobrar 40 pesos. Eso es lo que tenemos que evitar.
Hay que ver cómo hacemos un sistema en la transición -como usted lo llamó-, pero que trate de equiparar y que empecemos a tener claridad de cuál es el boleto. Que no suceda que si me tomo la línea 1, me van a cobrar 10 pesos, y si me tomo la línea 2, me van a cobrar 40 pesos. Eso es lo que tenemos que evitar.
SR. PRESIDENTE LASPINA Sí, coincido.
Invito a la comisión a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo martes a la hora 10.
Invito a la comisión a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo martes a la hora 10.