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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
- RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
Reunión del día 18/08/2018
- RESERVA IBERÁ
EXPEDIENTES
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de agosto de 2018, a la hora 13 y 58:
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al plenario de las comisiones de Legislación General, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda, para tratar el proyecto que viene en revisión del Honorable Senado, contenido en el expediente
0026-s-2018, por el cual se acepta la cesión de tierras de la provincia de Corrientes al Estado nacional, destinadas a la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá.
En primer lugar, quiero agradecer al diputado Echegaray, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y al diputado Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por la organización de esta reunión.
También agradezco la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo como el doctor Mariano Sarmiento, director general de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales; la doctora Cecilia Ángeles Martin, directora de dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales; la doctora Rosario Espina, asesora del vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra, y la licenciada Paula Cichero, directora nacional de Conservación de Áreas Protegidas.
Asimismo, nos acompaña el senador provincial por Corrientes, Sergio Moisés Flinta, quien fuera el impulsor de la ley de cesión de las tierras que serán destinadas a la creación del Parque Nacional Iberá.
Tiene la palabra la señora diputada Brambilla.
En primer lugar, quiero agradecer al diputado Echegaray, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y al diputado Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por la organización de esta reunión.
También agradezco la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo como el doctor Mariano Sarmiento, director general de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales; la doctora Cecilia Ángeles Martin, directora de dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales; la doctora Rosario Espina, asesora del vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra, y la licenciada Paula Cichero, directora nacional de Conservación de Áreas Protegidas.
Asimismo, nos acompaña el senador provincial por Corrientes, Sergio Moisés Flinta, quien fuera el impulsor de la ley de cesión de las tierras que serán destinadas a la creación del Parque Nacional Iberá.
Tiene la palabra la señora diputada Brambilla.
SRA. BRAMBILLA Señor presidente: agradezco la presencia de los diputados pertenecientes a las tres comisiones intervinientes en el tratamiento de este tema, que ya venía siendo postergado pero que es tan necesario no solo para la provincia de Corrientes sino también para el resto del país.
Estamos analizando el cese de jurisdicción por parte del gobierno de la provincia de Corrientes a nuestro Estado nacional con el solo objetivo de crear nada más y nada menos que el Parque Nacional Iberá.
Es un hito histórico el hecho de que un privado done, sin costo alguno, 160.000 hectáreas para conformar un parque nacional y otras 23.000 hectáreas destinadas a la creación de una reserva nacional.
Por ello, confío que comparten la relevancia de este suceso. Gracias a la creación del parque nacional, 160.000 hectáreas se van a abrir al público. Nos referimos a un público que no es solamente correntino sino que proviene del resto del país sumado a turistas de todo el mundo que van a venir a conocer nuestro hermoso Iberá.
Las 160.000 hectáreas del parque nacional se van a sumar al parque provincial -que ya está establecido en Corrientes- con una extensión de casi 600.000 hectáreas. De esta forma, sumando Nación y provincia, tendremos un parque de 700.000 hectáreas, que dan refugio a más de 4000 especies de flora y fauna autóctona.
Además, es importante destacar el trabajo que se está haciendo para la reinserción y conservación de especies que estaban en peligro de extinción, tales como el yaguareté y el oso hormiguero.
Si bien hoy tenemos turismo en Corrientes, solo contábamos con una entrada a los Esteros del Iberá: la Colonia Carlos Pellegrini. Con la posibilidad de sumar el Parque Nacional Iberá vamos a tener tres portales más de acceso. ¿Qué significa esto? Que ciudadanos y habitantes de Loreto, Ituzaingó, Mercedes, San Miguel y Concepción van a poder explotar el turismo en sus ciudades y generar fuentes de trabajo. De esa forma, seguiremos explotando nuestras costumbres, nuestro arte culinario, textil, plástico y musical, generando así un futuro mejor para todos los correntinos.
Les pido por favor que acompañemos por unanimidad, como lo ha hecho el Senado de la Nación, este proyecto de relevancia, y de esta forma preservemos un patrimonio que no es solo de los correntinos sino de todos los argentinos. (Aplausos.)
Estamos analizando el cese de jurisdicción por parte del gobierno de la provincia de Corrientes a nuestro Estado nacional con el solo objetivo de crear nada más y nada menos que el Parque Nacional Iberá.
Es un hito histórico el hecho de que un privado done, sin costo alguno, 160.000 hectáreas para conformar un parque nacional y otras 23.000 hectáreas destinadas a la creación de una reserva nacional.
Por ello, confío que comparten la relevancia de este suceso. Gracias a la creación del parque nacional, 160.000 hectáreas se van a abrir al público. Nos referimos a un público que no es solamente correntino sino que proviene del resto del país sumado a turistas de todo el mundo que van a venir a conocer nuestro hermoso Iberá.
Las 160.000 hectáreas del parque nacional se van a sumar al parque provincial -que ya está establecido en Corrientes- con una extensión de casi 600.000 hectáreas. De esta forma, sumando Nación y provincia, tendremos un parque de 700.000 hectáreas, que dan refugio a más de 4000 especies de flora y fauna autóctona.
Además, es importante destacar el trabajo que se está haciendo para la reinserción y conservación de especies que estaban en peligro de extinción, tales como el yaguareté y el oso hormiguero.
Si bien hoy tenemos turismo en Corrientes, solo contábamos con una entrada a los Esteros del Iberá: la Colonia Carlos Pellegrini. Con la posibilidad de sumar el Parque Nacional Iberá vamos a tener tres portales más de acceso. ¿Qué significa esto? Que ciudadanos y habitantes de Loreto, Ituzaingó, Mercedes, San Miguel y Concepción van a poder explotar el turismo en sus ciudades y generar fuentes de trabajo. De esa forma, seguiremos explotando nuestras costumbres, nuestro arte culinario, textil, plástico y musical, generando así un futuro mejor para todos los correntinos.
Les pido por favor que acompañemos por unanimidad, como lo ha hecho el Senado de la Nación, este proyecto de relevancia, y de esta forma preservemos un patrimonio que no es solo de los correntinos sino de todos los argentinos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora diputada Pitiot.
SRA. PITIOT Señor presidente: vuelvo a pedir la palabra en este momento porque en la reunión pasada desde nuestro bloque teníamos algunas inquietudes, que debo reconocer que
fueron muy bien recepcionadas por parte de las autoridades de la Administración de Parques Nacionales. De hecho, tuvimos dos reuniones para charlar sobre este tema.
Concretamente, nuestras inquietudes partían de dos circunstancias. Una de ellas estaba relacionada con documentación que no había pasado por la Comisión de Legislación General. En realidad, el tema había sido analizado muy rápidamente por los distintos asesores, quienes sin embargo no habían podido tener contacto con dicha documentación.
Luego de las reuniones, coincidimos en que hay una ley provincial que ha pasado también por la Escribanía General de Gobierno, y más allá de todas las dudas que teníamos respecto de los títulos y demás, lo único que nos faltaba era ver todo el expediente y la documentación con los respectivos dictámenes.
Hay una circunstancia que transmití en forma personal al presidente de la Comisión de Legislación General -la cual integro-, que tiene que ver con los pueblos originarios. El inciso 17 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional indica que el Congreso Nacional debe preservar y defender la preexistencia de los pueblos originarios, la cultura étnica y demás. Sin embargo, vemos que esto no está contemplado explícitamente -y tal vez hay alguna razón que no entendemos- dado que no se respeta la redacción en este proyecto que viene con sanción del Senado y que sí está establecido en una redacción que nosotros de hecho aceptamos que el Senado corrigiera e incorporara en el proyecto de creación del Parque Nacional Aconquija. Esto lo manifesté en la reunión pasada. Es verdad que Aconquija es anterior a la sanción del Senado sobre Iberá, por lo que entiendo que tal vez haya habido alguna circunstancia que el Senado ha tenido en miras para incorporarlo en Aconquija.
Respetando la redacción del proyecto y entendiendo que con Aconquija omitimos hacer una salvedad respecto de la afectación, queremos incorporar al artículo 1°, sobre la aceptación de cesión de dominio y de jurisdicción, la exclusión de la superficie que resultara del relevamiento técnico, jurídico y catastral en el inmueble que está detallado en el Anexo 1, en virtud de la ley nacional 26.160 y todas sus prórrogas, y a partir de la resolución respectiva que dictare el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Insisto en que está bien lo que incorporó en su momento el Senado respecto de Aconquija, por lo que nosotros queremos que se respete esta situación.
Asimismo, en consonancia con esta incorporación, proponemos el siguiente texto: "La Administración de Parques Nacionales arbitrará los medios necesarios y asistirá al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en las tramitaciones que el INAE estime pertinentes relativas a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras de los pueblos originarios, cuya personería haya sido inscrita o se inscribiera en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas."
Tal vez no hay un relevamiento, pero podría haberlo a través de las sucesivas prórrogas. ¿Entonces por qué no ponerlo expresamente, si esto no modifica el espíritu ni de la donación que se hiciere ni de la cesión que hizo la provincia de Corrientes ni de la aceptación que nosotros estamos haciendo en tres etapas?
La realidad es que nosotros nos quedaríamos más tranquilos si se incorporara esta propuesta. Si hay alguna autoridad de Parques Nacionales, queremos brindar tranquilidad a las personas que están viviendo ahí y que tal vez no son pueblos originarios pero que manifiestan que están en lugar y están preocupados ante esta situación. Debemos conocer cómo será la reubicación de esa gente y si tienen un relevamiento de esas personas, más allá de los pueblos originarios. La verdad que es raro que en 160.000 hectáreas no haya una sola persona perteneciente a los pueblos originarios. Tal vez todavía no se inscribieron, pero sería mejor que quedara especificado en el proyecto de ley.
fueron muy bien recepcionadas por parte de las autoridades de la Administración de Parques Nacionales. De hecho, tuvimos dos reuniones para charlar sobre este tema.
Concretamente, nuestras inquietudes partían de dos circunstancias. Una de ellas estaba relacionada con documentación que no había pasado por la Comisión de Legislación General. En realidad, el tema había sido analizado muy rápidamente por los distintos asesores, quienes sin embargo no habían podido tener contacto con dicha documentación.
Luego de las reuniones, coincidimos en que hay una ley provincial que ha pasado también por la Escribanía General de Gobierno, y más allá de todas las dudas que teníamos respecto de los títulos y demás, lo único que nos faltaba era ver todo el expediente y la documentación con los respectivos dictámenes.
Hay una circunstancia que transmití en forma personal al presidente de la Comisión de Legislación General -la cual integro-, que tiene que ver con los pueblos originarios. El inciso 17 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional indica que el Congreso Nacional debe preservar y defender la preexistencia de los pueblos originarios, la cultura étnica y demás. Sin embargo, vemos que esto no está contemplado explícitamente -y tal vez hay alguna razón que no entendemos- dado que no se respeta la redacción en este proyecto que viene con sanción del Senado y que sí está establecido en una redacción que nosotros de hecho aceptamos que el Senado corrigiera e incorporara en el proyecto de creación del Parque Nacional Aconquija. Esto lo manifesté en la reunión pasada. Es verdad que Aconquija es anterior a la sanción del Senado sobre Iberá, por lo que entiendo que tal vez haya habido alguna circunstancia que el Senado ha tenido en miras para incorporarlo en Aconquija.
Respetando la redacción del proyecto y entendiendo que con Aconquija omitimos hacer una salvedad respecto de la afectación, queremos incorporar al artículo 1°, sobre la aceptación de cesión de dominio y de jurisdicción, la exclusión de la superficie que resultara del relevamiento técnico, jurídico y catastral en el inmueble que está detallado en el Anexo 1, en virtud de la ley nacional 26.160 y todas sus prórrogas, y a partir de la resolución respectiva que dictare el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Insisto en que está bien lo que incorporó en su momento el Senado respecto de Aconquija, por lo que nosotros queremos que se respete esta situación.
Asimismo, en consonancia con esta incorporación, proponemos el siguiente texto: "La Administración de Parques Nacionales arbitrará los medios necesarios y asistirá al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en las tramitaciones que el INAE estime pertinentes relativas a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras de los pueblos originarios, cuya personería haya sido inscrita o se inscribiera en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas."
Tal vez no hay un relevamiento, pero podría haberlo a través de las sucesivas prórrogas. ¿Entonces por qué no ponerlo expresamente, si esto no modifica el espíritu ni de la donación que se hiciere ni de la cesión que hizo la provincia de Corrientes ni de la aceptación que nosotros estamos haciendo en tres etapas?
La realidad es que nosotros nos quedaríamos más tranquilos si se incorporara esta propuesta. Si hay alguna autoridad de Parques Nacionales, queremos brindar tranquilidad a las personas que están viviendo ahí y que tal vez no son pueblos originarios pero que manifiestan que están en lugar y están preocupados ante esta situación. Debemos conocer cómo será la reubicación de esa gente y si tienen un relevamiento de esas personas, más allá de los pueblos originarios. La verdad que es raro que en 160.000 hectáreas no haya una sola persona perteneciente a los pueblos originarios. Tal vez todavía no se inscribieron, pero sería mejor que quedara especificado en el proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora diputada Brambilla.
SRA. BRAMBILLA Señor presidente: estas tierras pertenecen desde hace años a un privado, no al Estado, y por la documentación presentada está más que probado que no hay reclamos. Las 160.000 hectáreas pertenecían a Douglas Tompkins, solo habitadas por los empleados de la Fundación.
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Jelicié Lo que estamos tratando hoy es el cese de jurisdicción de solamente esas 160.000 hectáreas, que el gobierno de la provincia ya aceptó y pasó al Estado nacional. No creo que en este momento sea conveniente demorarnos en esa cláusula. Que haya tranquilidad: en la documentación consta que no hay personas viviendo, ya que se trata de un campo privado.
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Jelicié Lo que estamos tratando hoy es el cese de jurisdicción de solamente esas 160.000 hectáreas, que el gobierno de la provincia ya aceptó y pasó al Estado nacional. No creo que en este momento sea conveniente demorarnos en esa cláusula. Que haya tranquilidad: en la documentación consta que no hay personas viviendo, ya que se trata de un campo privado.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora Rosario Espina, que es la asesora de la Vicepresidencia de Parques Nacionales, para hacer algunas aclaraciones sobre el tema en tratamiento.
SRA. ESPINA Señor presidente: muchas gracias.
En línea con lo que decía la diputada preopinante, la diferencia que hay entre las experiencia de Aconquija y de Iberá es que en la primera se hizo una excepción al incluirse el artículo 3º, mientras que en la segunda no. En la zona de Quebrada del Portugués, que pertenece al Ejército -es decir, al Estado-, había comunidades que hicieron su reclamo, más allá de que estaban relevadas. Nosotros hicimos un proceso de consulta. Fue en ese momento que se incorporó el artículo que reconoce el derecho de las comunidades a quedarse dentro de un parque, si es que así lo desean, o al revés, a no estar si así es su decisión.
Como decía la diputada Brambilla, en este caso se trata de una cuestión de subdivisión de tierras de un privado. Históricamente, no existe reclamo ni presencia de ninguna comunidad, de manera que no surgió la necesidad de hacer ese tipo de excepción. Básicamente, fue por eso.
También es importante aclarar que de lo que se trata es de la cesión de la jurisdicción de las 160.000 hectáreas precisas de la Fundación.
No sé si los representantes de CLT quieren hacer alguna aclaración al respecto.
En línea con lo que decía la diputada preopinante, la diferencia que hay entre las experiencia de Aconquija y de Iberá es que en la primera se hizo una excepción al incluirse el artículo 3º, mientras que en la segunda no. En la zona de Quebrada del Portugués, que pertenece al Ejército -es decir, al Estado-, había comunidades que hicieron su reclamo, más allá de que estaban relevadas. Nosotros hicimos un proceso de consulta. Fue en ese momento que se incorporó el artículo que reconoce el derecho de las comunidades a quedarse dentro de un parque, si es que así lo desean, o al revés, a no estar si así es su decisión.
Como decía la diputada Brambilla, en este caso se trata de una cuestión de subdivisión de tierras de un privado. Históricamente, no existe reclamo ni presencia de ninguna comunidad, de manera que no surgió la necesidad de hacer ese tipo de excepción. Básicamente, fue por eso.
También es importante aclarar que de lo que se trata es de la cesión de la jurisdicción de las 160.000 hectáreas precisas de la Fundación.
No sé si los representantes de CLT quieren hacer alguna aclaración al respecto.
SRA. FERNÁNDEZ Señor presidente: soy Laura Fernández, representante del donante.
Nosotros trabajamos en las donaciones de Aconquija y de Iberá, y la situación en ambos lugares es completamente diferente. Tal como indicaron precedentemente, en el caso de Iberá se trata de campos privados que hace más de diez años están en dominio de sus dueños, que son CLT y Fundación Flora y Fauna. En todo este tiempo no hubo un solo reclamo de ningún pueblo originario ni nada que se le parezca porque allí únicamente hay empleados de la Fundación.
Solo quería decir eso: únicamente hay empleados de la Fundación.
Nosotros trabajamos en las donaciones de Aconquija y de Iberá, y la situación en ambos lugares es completamente diferente. Tal como indicaron precedentemente, en el caso de Iberá se trata de campos privados que hace más de diez años están en dominio de sus dueños, que son CLT y Fundación Flora y Fauna. En todo este tiempo no hubo un solo reclamo de ningún pueblo originario ni nada que se le parezca porque allí únicamente hay empleados de la Fundación.
Solo quería decir eso: únicamente hay empleados de la Fundación.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Ruiz Aragón.
SR. RUIZ ARAGÓN Señor presidente: buenas tardes a todos y todas.
Desde el bloque del Frente para la Victoria hemos manifestado en la última reunión los motivos por los cuales no podríamos acompañar este proyecto. Si bien no encierra discusión con respecto a la creación del parque, porque siempre es importante la conservación, nos resulta interesante resaltar algunos conflictos de origen. Por tanto, no acompañaríamos el dictamen de mayoría. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que dijimos en algún momento: el artículo 66 de la Constitución de la Provincia de Corrientes declara a Iberá patrimonio de los correntinos.
En segundo lugar, dejo abierta una duda importante respecto de si realmente no existen pueblos originarios allí. Probablemente, como dijo la diputada preopinante, no se pueda constatar que sean pueblos originarios, pero sí lugareños. De hecho, en instancia provincial existe judicialización respecto de algunas tierras que contempla el parque. Esto es fácilmente constatable si uno recorre la zona y habla con los lugareños. Incluso, está el viejo problema de cómo Tompkins adquirió algunas tierras, que por cierto no fue de la mejor manera.
Nosotros venimos sosteniendo eso.
Lo volvemos a decir: si no existieran conflictos no existirían organizaciones que hoy están manifestándolos en la provincia.
Nos parece interesante que se contemple esta situación a fin de ahorrarle algunos problemas al Estado nacional en el futuro.
No olvidemos que el capítulo V de la Ley de Parques Nacionales contempla el desalojo de aquellos que habiten tierras de parques nacionales. Tenemos incluso el caso no muy lejano de Rafael Nahuel, el chico que muere a instancias de un procedimiento solicitado por Parques Nacionales.
Por supuesto que no quiero generar grandes conflictos respecto a esto, pero me parece interesante resaltarlo para que esa situación se contemple y que todos los diputados tengan en cuenta este caso a la hora de firmar o de legislar sobre esto.
Repito: la duda no está en la creación del parque, porque todos entendemos que ninguna provincia tiene los elementos necesarios como para realizar la conservación de la mejor manera como sí los tiene el Estado nacional. La duda tiene que ver con estos conflictos que acabo de mencionar.
Sostengo y digo nuevamente: hay tierras que están en instancia judicial en el ámbito provincial, y sí existen lugareños. Creo que ninguna verdad es absoluta. Si bien algunos dijeron que no existen, mi verdad relativa es que sí los hay y que de hecho están reclamando.
Por eso, vuelvo a repetir, el Frente para la Victoria no va a acompañar con su firma este dictamen.
Desde el bloque del Frente para la Victoria hemos manifestado en la última reunión los motivos por los cuales no podríamos acompañar este proyecto. Si bien no encierra discusión con respecto a la creación del parque, porque siempre es importante la conservación, nos resulta interesante resaltar algunos conflictos de origen. Por tanto, no acompañaríamos el dictamen de mayoría. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que dijimos en algún momento: el artículo 66 de la Constitución de la Provincia de Corrientes declara a Iberá patrimonio de los correntinos.
En segundo lugar, dejo abierta una duda importante respecto de si realmente no existen pueblos originarios allí. Probablemente, como dijo la diputada preopinante, no se pueda constatar que sean pueblos originarios, pero sí lugareños. De hecho, en instancia provincial existe judicialización respecto de algunas tierras que contempla el parque. Esto es fácilmente constatable si uno recorre la zona y habla con los lugareños. Incluso, está el viejo problema de cómo Tompkins adquirió algunas tierras, que por cierto no fue de la mejor manera.
Nosotros venimos sosteniendo eso.
Lo volvemos a decir: si no existieran conflictos no existirían organizaciones que hoy están manifestándolos en la provincia.
Nos parece interesante que se contemple esta situación a fin de ahorrarle algunos problemas al Estado nacional en el futuro.
No olvidemos que el capítulo V de la Ley de Parques Nacionales contempla el desalojo de aquellos que habiten tierras de parques nacionales. Tenemos incluso el caso no muy lejano de Rafael Nahuel, el chico que muere a instancias de un procedimiento solicitado por Parques Nacionales.
Por supuesto que no quiero generar grandes conflictos respecto a esto, pero me parece interesante resaltarlo para que esa situación se contemple y que todos los diputados tengan en cuenta este caso a la hora de firmar o de legislar sobre esto.
Repito: la duda no está en la creación del parque, porque todos entendemos que ninguna provincia tiene los elementos necesarios como para realizar la conservación de la mejor manera como sí los tiene el Estado nacional. La duda tiene que ver con estos conflictos que acabo de mencionar.
Sostengo y digo nuevamente: hay tierras que están en instancia judicial en el ámbito provincial, y sí existen lugareños. Creo que ninguna verdad es absoluta. Si bien algunos dijeron que no existen, mi verdad relativa es que sí los hay y que de hecho están reclamando.
Por eso, vuelvo a repetir, el Frente para la Victoria no va a acompañar con su firma este dictamen.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Javier David.
SR. DAVID Señor presidente: voy a ser muy breve. Está claro que todos estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar con el proyecto y en que hay una decisión que tomó la provincia a través de su Legislatura, que es lo que hoy por hoy estamos avalando.
Pero quiero hacer mención a lo que a veces pone en duda esta situación y que tiene que ver con que existan o no pueblos originarios o personas en el lugar.
Creo que no podemos nosotros transferir mejores derechos que los que existen hoy en poder de la provincia de Corrientes. Si hay un dominio originario por parte de una comunidad, o si hay una persona que tiene derechos civiles o de cualquier índole sobre el inmueble que estamos transfiriendo, el hecho de transferirlo no le va a dar más derechos ni le va a quitar tampoco los derechos que tiene.
Es decir, si el día de mañana la Justicia establece que hay un dominio originario o que hay alguien que tiene determinado derecho sobre alguna jurisdicción, el hecho de que nosotros transfiramos, con el objeto de realizar el parque, no va a cambiar esa realidad.
Con esta observación es que nosotros vamos a acompañar el proyecto y lo vamos a reiterar y ratificar en el momento de la sesión.
Pero quiero hacer mención a lo que a veces pone en duda esta situación y que tiene que ver con que existan o no pueblos originarios o personas en el lugar.
Creo que no podemos nosotros transferir mejores derechos que los que existen hoy en poder de la provincia de Corrientes. Si hay un dominio originario por parte de una comunidad, o si hay una persona que tiene derechos civiles o de cualquier índole sobre el inmueble que estamos transfiriendo, el hecho de transferirlo no le va a dar más derechos ni le va a quitar tampoco los derechos que tiene.
Es decir, si el día de mañana la Justicia establece que hay un dominio originario o que hay alguien que tiene determinado derecho sobre alguna jurisdicción, el hecho de que nosotros transfiramos, con el objeto de realizar el parque, no va a cambiar esa realidad.
Con esta observación es que nosotros vamos a acompañar el proyecto y lo vamos a reiterar y ratificar en el momento de la sesión.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Alume.
SR. ALUME Señor presidente: compartimos la posición que expresó la diputada Pitiot.
Ya hemos manifestado en otras oportunidades -inclusive lo dijimos en el recinto cuando votamos la ley que creó el Parque Nacional Aconquija-, que creemos que constituye un avance y un salto de calidad importante con respecto a otros antecedentes que el Congreso de la Nación tome la precaución de amparar los derechos de las comunidades originarias en cada proyecto de ley por el que se crea un parque nacional.
Cuando digo con respecto a otros antecedentes, soy de los que creen que la Constitución Nacional, en su inciso 17, artículo 75, se refiere solamente de la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero no cita registros. Eso se agregó después, con la ley que reglamentaba en parte este artículo, estableciéndole un condicionamiento más que, si queremos, hasta podría ser inconstitucional.
Lo digo como antecedente porque este Congreso de la Nación trató la creación de parques nacionales de una manera positiva, buena y sin saber si había un registro de la existencia de comunidades originarias. En ese momento, no tomamos la precaución que sí tuvimos en cuenta con el Parque Nacional Aconquija. Entonces, pasa lo que sí sucedió con la creación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas en la provincia de San Luis, en donde sí había miembros de la comunidad aborigen de los huarpes viviendo. Concretamente, dicha comunidad está litigando hace más de diez años en la Corte Suprema a fin de recuperar los derechos sobre esas tierras.
Por lo tanto, considero que no es una cuestión menor establecer una precaución para poder cumplir con lo que señala la Constitución Nacional, es decir, proteger los derechos de las comunidades originarias.
Por eso, desde el bloque Unidad Justicialista vamos a compartir y apoyar lo planteado por la señora diputada Pitiot. Este Congreso de la Nación debe mantener el salto de calidad que dimos con el Parque Nacional Aconquija.
Ya hemos manifestado en otras oportunidades -inclusive lo dijimos en el recinto cuando votamos la ley que creó el Parque Nacional Aconquija-, que creemos que constituye un avance y un salto de calidad importante con respecto a otros antecedentes que el Congreso de la Nación tome la precaución de amparar los derechos de las comunidades originarias en cada proyecto de ley por el que se crea un parque nacional.
Cuando digo con respecto a otros antecedentes, soy de los que creen que la Constitución Nacional, en su inciso 17, artículo 75, se refiere solamente de la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero no cita registros. Eso se agregó después, con la ley que reglamentaba en parte este artículo, estableciéndole un condicionamiento más que, si queremos, hasta podría ser inconstitucional.
Lo digo como antecedente porque este Congreso de la Nación trató la creación de parques nacionales de una manera positiva, buena y sin saber si había un registro de la existencia de comunidades originarias. En ese momento, no tomamos la precaución que sí tuvimos en cuenta con el Parque Nacional Aconquija. Entonces, pasa lo que sí sucedió con la creación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas en la provincia de San Luis, en donde sí había miembros de la comunidad aborigen de los huarpes viviendo. Concretamente, dicha comunidad está litigando hace más de diez años en la Corte Suprema a fin de recuperar los derechos sobre esas tierras.
Por lo tanto, considero que no es una cuestión menor establecer una precaución para poder cumplir con lo que señala la Constitución Nacional, es decir, proteger los derechos de las comunidades originarias.
Por eso, desde el bloque Unidad Justicialista vamos a compartir y apoyar lo planteado por la señora diputada Pitiot. Este Congreso de la Nación debe mantener el salto de calidad que dimos con el Parque Nacional Aconquija.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Quiero informarles que hemos recibido dos notas pertenecientes a dos municipios linderos al parque. Me refiero a la Municipalidad de Colonia Ecológica y Turística Carlos Pellegrini y la Municipalidad de San Miguel. Ambos intendentes apoyan y solicitan la aprobación de este proyecto de ley.
Para una aclaración en torno al tema en tratamiento voy a ceder el uso de la palabra al senador provincial Sergio Moisés Flinta, quien además de su función parlamentaria, es coordinador general del Comité Iberá.
Para una aclaración en torno al tema en tratamiento voy a ceder el uso de la palabra al senador provincial Sergio Moisés Flinta, quien además de su función parlamentaria, es coordinador general del Comité Iberá.
SR. FLINTA Señor presidente: en primer lugar, quiero presentarme. Soy senador perteneciente de la provincia de Corrientes, presido la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y ocupo el cargo de coordinador general del Comité Iberá. Se trata de una unidad ejecutora que se ha creado en la provincia en el marco del Ministerio de Turismo y que congrega a distintas instituciones que analizan temas atinentes a Iberá.
Quiero agradecer la posibilidad de expresarme en este recinto. Fui legislador hace tiempo, con lo cual conozco esta mecánica. Reitero el agradecimiento por la posibilidad que nos brindan de expresarnos en torno a un tema muy importante para la provincia de Corrientes.
El superior gobierno provincial tomó hace tres o cuatro años la decisión de convertir a Iberá en un destino ecoturístico de jerarquía y envergadura. Precisamente, para tal fin, la posibilidad de contar con un parque nacional, que se agrega al parque provincial de 550.000 hectáreas,
-de acuerdo a lo señalado por la señora diputada Brambilla- convierte a Corrientes en una provincia con un área protegida de más de 700.000 hectáreas.
Esto no solamente es importante en lo relativo a la conservación del medio ambiente y la reposición y restauración del hábitat, sino que tiene como objetivo convertir a Iberá en un destino ecoturístico que permite el desarrollo local de pueblos. Estos pueblos, ubicados a la vera del paraíso terrenal, -tal como lo califican los correntinos- cuentan con indicadores socioeconómicos lamentables.
La señora diputada Brambilla se refirió a cuatro accesos nuevos. Concretamente, once pueblos serán beneficiados con esta posibilidad y cerca de 200.000 habitantes podrán cambiar su matriz económica convirtiendo una matriz productiva tradicional
-hoy agotada- en una actividad económica como lo es el ecoturismo. Esto va a generar una nueva posibilidad para muchos pobladores, algo que de hecho ya está ocurriendo.
Por otro lado, quiero aclarar que soy autor de la ley provincial y vengo trabajando sobre el tema desde hace mucho tiempo. Quiero dar fe ante ustedes que en la jurisdicción que donan The Conservation Land Trust y la Fundación Flora y Fauna, no hay un solo poblador, ni usurpador, ni okupa, ni como ustedes quieran llamarlo. No existen.
Ellos se encargaron de comprar esas tierras libres de pobladores. En la provincia de Corrientes tenemos una figura ancestral que es la del poblador. En aquel entonces, mucha gente vivía en campos ajenos. En estas tierras eso no sucede. Por eso, señor diputado Aragón, como conocedor del Iberá palmo a palmo le puedo dar absoluta seguridad de que no existe nadie que no sea representante de la CLT o trabajadores que están ocupando esta área ya cedida al Estado provincial. Es importante saber que la provincia hoy tiene un enorme inconveniente para su conservación y manejo, porque son tierras del Estado nacional, pero no son áreas protegidas. Ese es un tema que hay que resolver con urgencia porque se genera una precariedad en el tema ambiental. Quienes trabajan hoy allí son guardaparques pertenecientes al Parque Nacional Mburucuyá y no tienen pleno poder sobre la jurisdicción de estas 160.000 hectáreas.
Existió una situación con pueblos originarios de la comunidad aborigen guaraní yahaveré, pero es un campo lindero aparte. Esa cuestión se resolvió con la donación de la estancia San Eugenio -de 1.400 hectáreas- que se escrituró a nombre de la comunidad. Esa comunidad no reclama sobre las tierras de Conservation Land Trust Argentina o de Fundación Flora y Fauna Argentina.
Estas son las cosas que quería hacerles saber. Vuelvo a señalar nuestra responsabilidad política: este proyecto es realmente muy importante para Corrientes porque puede cambiar la matriz económica de la provincia y puede ser un aporte a una actividad económica nueva y distinta que genere bienestar y permita que muchos jóvenes se queden en la provincia sin tener que venir al conurbano y a otros lugares de desarrollo industrial. Creo que el Congreso Nacional -así como lo hizo la Legislatura Provincial- puede hacer un enorme aporte a esto que ya no es un proyecto sino una realidad tangible. (Aplausos.)
Quiero agradecer la posibilidad de expresarme en este recinto. Fui legislador hace tiempo, con lo cual conozco esta mecánica. Reitero el agradecimiento por la posibilidad que nos brindan de expresarnos en torno a un tema muy importante para la provincia de Corrientes.
El superior gobierno provincial tomó hace tres o cuatro años la decisión de convertir a Iberá en un destino ecoturístico de jerarquía y envergadura. Precisamente, para tal fin, la posibilidad de contar con un parque nacional, que se agrega al parque provincial de 550.000 hectáreas,
-de acuerdo a lo señalado por la señora diputada Brambilla- convierte a Corrientes en una provincia con un área protegida de más de 700.000 hectáreas.
Esto no solamente es importante en lo relativo a la conservación del medio ambiente y la reposición y restauración del hábitat, sino que tiene como objetivo convertir a Iberá en un destino ecoturístico que permite el desarrollo local de pueblos. Estos pueblos, ubicados a la vera del paraíso terrenal, -tal como lo califican los correntinos- cuentan con indicadores socioeconómicos lamentables.
La señora diputada Brambilla se refirió a cuatro accesos nuevos. Concretamente, once pueblos serán beneficiados con esta posibilidad y cerca de 200.000 habitantes podrán cambiar su matriz económica convirtiendo una matriz productiva tradicional
-hoy agotada- en una actividad económica como lo es el ecoturismo. Esto va a generar una nueva posibilidad para muchos pobladores, algo que de hecho ya está ocurriendo.
Por otro lado, quiero aclarar que soy autor de la ley provincial y vengo trabajando sobre el tema desde hace mucho tiempo. Quiero dar fe ante ustedes que en la jurisdicción que donan The Conservation Land Trust y la Fundación Flora y Fauna, no hay un solo poblador, ni usurpador, ni okupa, ni como ustedes quieran llamarlo. No existen.
Ellos se encargaron de comprar esas tierras libres de pobladores. En la provincia de Corrientes tenemos una figura ancestral que es la del poblador. En aquel entonces, mucha gente vivía en campos ajenos. En estas tierras eso no sucede. Por eso, señor diputado Aragón, como conocedor del Iberá palmo a palmo le puedo dar absoluta seguridad de que no existe nadie que no sea representante de la CLT o trabajadores que están ocupando esta área ya cedida al Estado provincial. Es importante saber que la provincia hoy tiene un enorme inconveniente para su conservación y manejo, porque son tierras del Estado nacional, pero no son áreas protegidas. Ese es un tema que hay que resolver con urgencia porque se genera una precariedad en el tema ambiental. Quienes trabajan hoy allí son guardaparques pertenecientes al Parque Nacional Mburucuyá y no tienen pleno poder sobre la jurisdicción de estas 160.000 hectáreas.
Existió una situación con pueblos originarios de la comunidad aborigen guaraní yahaveré, pero es un campo lindero aparte. Esa cuestión se resolvió con la donación de la estancia San Eugenio -de 1.400 hectáreas- que se escrituró a nombre de la comunidad. Esa comunidad no reclama sobre las tierras de Conservation Land Trust Argentina o de Fundación Flora y Fauna Argentina.
Estas son las cosas que quería hacerles saber. Vuelvo a señalar nuestra responsabilidad política: este proyecto es realmente muy importante para Corrientes porque puede cambiar la matriz económica de la provincia y puede ser un aporte a una actividad económica nueva y distinta que genere bienestar y permita que muchos jóvenes se queden en la provincia sin tener que venir al conurbano y a otros lugares de desarrollo industrial. Creo que el Congreso Nacional -así como lo hizo la Legislatura Provincial- puede hacer un enorme aporte a esto que ya no es un proyecto sino una realidad tangible. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Hago una aclaración respecto del tema del Parque Aconquija, porque en definitiva la atinente modificación que hizo el Senado incluso identificaba las comunidades relevadas que habíamos omitido cuando impulsamos el proyecto originalmente. Pareciera que este no es el mismo caso; si las hubiera, sería conveniente hacer la modificación. Por la información que tenemos, además de lo que nos ha informado recién el senador, no sería el mismo caso que el de Aconquija.
Como técnica legislativa, para los casos futuros de creación de parques nacionales con relevamiento de existencia de pueblos originarios vamos a tener que hacer la misma salvedad que hizo el Senado, que provocó que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados, como en el caso de Aconquija. Este no parece ser el mismo caso; por eso creo que sería importante emitir dictamen para llevarlo al recinto y convertirlo en ley. Cuanto antes lo hagamos, será mejor para toda la provincia de Corrientes, como han coincidido aquí en las exposiciones.
Tiene la palabra el señor diputado De Mendiguren.
Como técnica legislativa, para los casos futuros de creación de parques nacionales con relevamiento de existencia de pueblos originarios vamos a tener que hacer la misma salvedad que hizo el Senado, que provocó que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados, como en el caso de Aconquija. Este no parece ser el mismo caso; por eso creo que sería importante emitir dictamen para llevarlo al recinto y convertirlo en ley. Cuanto antes lo hagamos, será mejor para toda la provincia de Corrientes, como han coincidido aquí en las exposiciones.
Tiene la palabra el señor diputado De Mendiguren.
SR. DE MENDIGUREN Señor presidente: a través de la explicación de la señora diputada Pitiot, y por todo lo que se ha expresado, no está en duda la importancia de sancionar el proyecto, pero debemos hacerlo bien. Hasta ahora pensamos o suponemos que no hay allí habitantes pertenecientes a pueblos originarios. Entonces nos parece importante sentar este precedente de que siempre que se actúe de esta forma posiblemente vamos a tener en cuenta la posibilidad de que existan pueblos originarios. De no prosperar, acompañaremos y votaremos en disidencia.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY El precedente que sentó Aconquija creo que es correcto: cuando tengamos alguna información de que existen pueblos originarios, debemos incorporar la redacción, y por eso que es muy atinente lo planteado por la señora diputada Pitiot.
Por toda la información que hay en este caso en particular, podemos concluir que no existen pueblos originarios. Además, se trata de tierras que compró un privado sin la existencia de pueblos originarios.
Por lo tanto, en ese marco, el precedente que fijó Aconquija -con la correcta modificación del Senado- lo tendremos en cuenta en otras situaciones, pero este no parece ser el caso, más allá de que es atinente lo que planteó la señora diputada Pitiot y debemos tenerlo en consideración cada vez que tratemos un proyecto de creación de un parque nacional.
Tiene la palabra el señor diputado Brügge.
Por toda la información que hay en este caso en particular, podemos concluir que no existen pueblos originarios. Además, se trata de tierras que compró un privado sin la existencia de pueblos originarios.
Por lo tanto, en ese marco, el precedente que fijó Aconquija -con la correcta modificación del Senado- lo tendremos en cuenta en otras situaciones, pero este no parece ser el caso, más allá de que es atinente lo que planteó la señora diputada Pitiot y debemos tenerlo en consideración cada vez que tratemos un proyecto de creación de un parque nacional.
Tiene la palabra el señor diputado Brügge.
SR. BRÜGGE Señor presidente: por lo que han manifestado la señora diputada Pitiot y el señor diputado David, queda una situación de duda respecto de que no existan pueblos originarios en 160.000 hectáreas, un área privilegiada en el mundo, con muchas especies y un ámbito natural y lógico para que los pueblos originarios puedan haber desarrollado una actividad. Es una duda que queda del sentido común.
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Jelicié
Pero, por otro lado, la Constitución de la Provincia de Corrientes -quisiera decirle al senador presente que yo también la conozco, y bien, porque es mi especialidad- establece concretamente en el último párrafo del artículo 2º lo relativo a la cesión de territorios. No es que el privado le esté dando algo alegremente al gobierno nacional, sino que es la provincia de Corrientes la que está haciendo la cesión correspondiente. Para ello, exige un procedimiento de sanción que lleva, por un lado, una mayoría calificada de dos tercios y, por el otro, el mecanismo de la doble lectura en ambas Cámaras, ya que al ser una provincia bicameral tendría que pasar cuatro veces: dos veces por Diputados y dos veces por Senadores.
Sería ilustrativo ver -es una propuesta- si en ese trámite hubo alguna presentación o alguna audiencia pública. Esto no está previsto en la Constitución de Corrientes, como sí lo está en la legislación de la provincia de Córdoba, por ejemplo, en lo que hace al derecho municipal. Asimismo, la Constitución de la Provincia de Córdoba prevé la audiencia pública en los casos de doble lectura, ya que ese es el momento justo en el que realmente pueden hacerse observaciones.
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Jelicié
Pero, por otro lado, la Constitución de la Provincia de Corrientes -quisiera decirle al senador presente que yo también la conozco, y bien, porque es mi especialidad- establece concretamente en el último párrafo del artículo 2º lo relativo a la cesión de territorios. No es que el privado le esté dando algo alegremente al gobierno nacional, sino que es la provincia de Corrientes la que está haciendo la cesión correspondiente. Para ello, exige un procedimiento de sanción que lleva, por un lado, una mayoría calificada de dos tercios y, por el otro, el mecanismo de la doble lectura en ambas Cámaras, ya que al ser una provincia bicameral tendría que pasar cuatro veces: dos veces por Diputados y dos veces por Senadores.
Sería ilustrativo ver -es una propuesta- si en ese trámite hubo alguna presentación o alguna audiencia pública. Esto no está previsto en la Constitución de Corrientes, como sí lo está en la legislación de la provincia de Córdoba, por ejemplo, en lo que hace al derecho municipal. Asimismo, la Constitución de la Provincia de Córdoba prevé la audiencia pública en los casos de doble lectura, ya que ese es el momento justo en el que realmente pueden hacerse observaciones.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY La Ciudad de Buenos Aires también lo prevé.
SR. BRÜGGE Claro, así como otras provincias.
En definitiva, sería interesante poder contar con algún tipo de documentación en el caso de que se hayan hecho presentaciones. ¿Por qué? Primero, porque no sé si la Administración de Parques Nacionales recorrió las 160.000 hectáreas para hacer el relevamiento y saber si existe o no población. Recorrer esa extensión es bastante complicado, pero si ustedes lo dicen es porque quizás lo hayan podido hacer.
El otro aspecto es que pueden existir reclamos que no necesariamente signifiquen que haya gente habitando el lugar. Los reclamos de pueblos originarios pueden darse en cualquier momento y circunstancia. Esto es así: está previsto por la Constitución Nacional y las leyes respectivas. Cuando estas normas hablan de esos lugares originarios no necesariamente tiene que haber un antecedente de reclamo.
Todos estos aspectos nos traen dudas. Reitero que, por más que nosotros no lo pongamos acá, aunque no les guste, los reclamos se pueden hacer a posteriori. Lo que pasa es que el problema lo va a tener el gobierno nacional, ya no la provincia de Corrientes ni quien ha hecho la donación, como bien expresó el diputado David. Existe un derecho que surge de la propia Constitución. Por más que se avance sin tener en cuenta este elemento, el problema puede surgir, y el gobierno nacional tendría las herramientas para poder cumplirlo en el caso de que así lo determine.
Igualmente, el procedimiento que se va a seguir con respecto a los lugareños -que es el término que se ha estado usando aquí para referirse a aquellos que habitan en esas tierras pero no pertenecen a los pueblos originarios- está establecido en la ley de parques nacionales. Dicha norma ofrece un mecanismo bastante ágil para avanzar en la línea de desalojo del lugar.
También es interesante ver qué plan tienen pensado en ese sentido. Esto lo digo partiendo del presupuesto de que efectivamente es necesario un parque y de que ese territorio esté en condiciones para que el gobierno nacional lo pueda desarrollar. A nosotros nos parece muy importante que se reserven zonas geográficas que se consideran únicas en el mundo. En eso coincidimos ciento por ciento. Pero los temas que he planteado, que no son menores, nos dejan dudas.
Ha habido un proceso interesante dentro del derecho público provincial de Corrientes, ya que es uno de los más exigentes del país, más allá de que los constituyentes correntinos lamentablemente no han incorporado la figura de la audiencia pública. Creo que han pasado dos años desde que se sancionó la ley y, si se han presentado reclamos, sería interesante conocerlos.
En definitiva, sería interesante poder contar con algún tipo de documentación en el caso de que se hayan hecho presentaciones. ¿Por qué? Primero, porque no sé si la Administración de Parques Nacionales recorrió las 160.000 hectáreas para hacer el relevamiento y saber si existe o no población. Recorrer esa extensión es bastante complicado, pero si ustedes lo dicen es porque quizás lo hayan podido hacer.
El otro aspecto es que pueden existir reclamos que no necesariamente signifiquen que haya gente habitando el lugar. Los reclamos de pueblos originarios pueden darse en cualquier momento y circunstancia. Esto es así: está previsto por la Constitución Nacional y las leyes respectivas. Cuando estas normas hablan de esos lugares originarios no necesariamente tiene que haber un antecedente de reclamo.
Todos estos aspectos nos traen dudas. Reitero que, por más que nosotros no lo pongamos acá, aunque no les guste, los reclamos se pueden hacer a posteriori. Lo que pasa es que el problema lo va a tener el gobierno nacional, ya no la provincia de Corrientes ni quien ha hecho la donación, como bien expresó el diputado David. Existe un derecho que surge de la propia Constitución. Por más que se avance sin tener en cuenta este elemento, el problema puede surgir, y el gobierno nacional tendría las herramientas para poder cumplirlo en el caso de que así lo determine.
Igualmente, el procedimiento que se va a seguir con respecto a los lugareños -que es el término que se ha estado usando aquí para referirse a aquellos que habitan en esas tierras pero no pertenecen a los pueblos originarios- está establecido en la ley de parques nacionales. Dicha norma ofrece un mecanismo bastante ágil para avanzar en la línea de desalojo del lugar.
También es interesante ver qué plan tienen pensado en ese sentido. Esto lo digo partiendo del presupuesto de que efectivamente es necesario un parque y de que ese territorio esté en condiciones para que el gobierno nacional lo pueda desarrollar. A nosotros nos parece muy importante que se reserven zonas geográficas que se consideran únicas en el mundo. En eso coincidimos ciento por ciento. Pero los temas que he planteado, que no son menores, nos dejan dudas.
Ha habido un proceso interesante dentro del derecho público provincial de Corrientes, ya que es uno de los más exigentes del país, más allá de que los constituyentes correntinos lamentablemente no han incorporado la figura de la audiencia pública. Creo que han pasado dos años desde que se sancionó la ley y, si se han presentado reclamos, sería interesante conocerlos.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Aquí tenemos al autor de la ley, quien seguramente va a poder aclarar esos puntos.
Tiene la palabra el señor senador Sergio Flinta.
Tiene la palabra el señor senador Sergio Flinta.
SR. FLINTA Señor presidente: muchas gracias.
El diputado Brügge planteó diversas dudas que voy a intentar evacuar.
Indudablemente, tiene que generarse un ámbito de buena fe, porque no tengo más que contar lo que pasó.
Con respecto a la cuestión de la jurisdicción, diputado Brügge, en Corrientes se aplicó el criterio de la cesión de la jurisdicción ambiental. La cesión de la jurisdicción territorial ya no se aplica más en este tipo de acontecimientos legislativos. Eso no es territorio nacional. Es territorio provincial. Nosotros le otorgamos la potestad a parques provinciales para que vele por las cuestiones referidas al ambiente, la flora y la fauna, que por Constitución provincial es potestad exclusiva de la provincia de Corrientes. Por eso tiene su cuerpo de guardaparques y de flora y fauna.
Esos territorios van a seguir pagando impuestos provinciales y la fuerza que se va a ocupar de cualquier tipo de incidentes es la policía de la provincia. Esta es una circunstancia que lamentablemente se viene aplicando en otros parques nacionales del sur del país.
Recuerdo que antes de llevar el proceso legislativo consultamos al cuerpo jurídico de Parques Nacionales, quienes nos dieron la razón en algunos aspectos para que procediéramos de esa manera. De manera que no hace falta aplicar la doble lectura.
El diputado Brügge planteó diversas dudas que voy a intentar evacuar.
Indudablemente, tiene que generarse un ámbito de buena fe, porque no tengo más que contar lo que pasó.
Con respecto a la cuestión de la jurisdicción, diputado Brügge, en Corrientes se aplicó el criterio de la cesión de la jurisdicción ambiental. La cesión de la jurisdicción territorial ya no se aplica más en este tipo de acontecimientos legislativos. Eso no es territorio nacional. Es territorio provincial. Nosotros le otorgamos la potestad a parques provinciales para que vele por las cuestiones referidas al ambiente, la flora y la fauna, que por Constitución provincial es potestad exclusiva de la provincia de Corrientes. Por eso tiene su cuerpo de guardaparques y de flora y fauna.
Esos territorios van a seguir pagando impuestos provinciales y la fuerza que se va a ocupar de cualquier tipo de incidentes es la policía de la provincia. Esta es una circunstancia que lamentablemente se viene aplicando en otros parques nacionales del sur del país.
Recuerdo que antes de llevar el proceso legislativo consultamos al cuerpo jurídico de Parques Nacionales, quienes nos dieron la razón en algunos aspectos para que procediéramos de esa manera. De manera que no hace falta aplicar la doble lectura.
SR. BRÜGGE La mayoría de los diputados teníamos un error de concepto porque pensábamos que se había cumplido con la doble lectura.
SR. FLINTA No hace falta, señor diputado. Tanto es así que en los últimos dos años no hubo ningún tipo de cuestionamiento con respecto al tema, porque ya han sido aceptados este procedimiento y esta metodología en todo el país.
Quería dejar en claro esto porque es el criterio que se aplicó en Corrientes, que fue avalado por la justicia provincial y por las fuerzas políticas.
Con respecto al otro tema al que usted hacía referencia, señor diputado, no solamente no hay pueblos originarios dentro del territorio cedido, sino que tampoco hay lugareños ni pobladores. Eso está constatado por los que ceden el territorio, por Parques Nacionales y por la provincia de Corrientes. No hay ninguna persona ajena a la institución donante o a la institución estatal que hoy está, de alguna manera, custodiando la flora y la fauna de esos territorios.
Quería dejar en claro esto porque es el criterio que se aplicó en Corrientes, que fue avalado por la justicia provincial y por las fuerzas políticas.
Con respecto al otro tema al que usted hacía referencia, señor diputado, no solamente no hay pueblos originarios dentro del territorio cedido, sino que tampoco hay lugareños ni pobladores. Eso está constatado por los que ceden el territorio, por Parques Nacionales y por la provincia de Corrientes. No hay ninguna persona ajena a la institución donante o a la institución estatal que hoy está, de alguna manera, custodiando la flora y la fauna de esos territorios.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora Rosario Espina.
SRA. ESPINA Señor presidente: quiero aclarar una cosa porque me parece importante con respecto a Parques, los desalojos y esa imagen que se está presentando.
SR. BRÜGGE Es una pregunta nada más.
SRA. ESPINA Quería responder a esa pregunta, entonces.
La ley de parques nacionales tiene tres categorías: monumento natural, parque nacional y reserva nacional. En los primeros años se creaban directamente parques nacionales.
Las zonas catalogadas como reserva nacional son aquellas de jurisdicción de parques nacionales en las cuales el dominio puede ser privado o de comunidades. Además, puede haber varios usos, como por ejemplo, turismo o incluso las comunidades pueden tener sus usos tradicionales.
Por su parte, la categoría de parques nacionales, como lo establece la ley, es mucho más restrictiva.
En los últimos años, cuando se crean parques nacionales, se hace una revisión muy exhaustiva de la presencia de comunidades en los territorios que las provincias van a ceder para la creación de los parques. De hecho, muchos de los parques o los proyectos de los nuevos parques tienen una diferencia de dos categorías: parque nacional y reserva nacional, según la existencia de comunidades o también, según los usos que tiene. Esto es importante.
En el caso de Corrientes, es un parque nacional porque no hay existencia de comunidades ni de usos que vayan en contra de lo que establece la categoría.
Por otra parte, en cuanto al Parque Nacional Huechulafquen, se está haciendo una revisión y ya se ha presentado un proyecto para cambiar la categoría de parque nacional a reserva nacional, debido a la existencia de comunidades.
Estamos trabajando mucho en eso, siempre en línea con el INAI cuando se trata de comunidades indígenas. Por eso es importante que se sepa que esto es algo que se contempla y que es parte de la política de la Dirección de Parques Nacionales.
En el caso de San Luis, aclaro que la comunidad de los huarpes no es la que está haciendo la demanda. La consulta la hacemos directamente al INAI. Se trata de seis comunidades que están registradas en esta zona. El INAI nos ha dado una respuesta oficial porque somos el Estado nacional y apelamos al instituto que está a cargo de esos temas. En general, si no hay un registro, nosotros esperamos su formalización. Aclaro que nuestra política no es la de crear parques nacionales donde hay gente y después desalojarla. Esto es importante manifestarlo porque no es verdad.
La ley de parques nacionales tiene tres categorías: monumento natural, parque nacional y reserva nacional. En los primeros años se creaban directamente parques nacionales.
Las zonas catalogadas como reserva nacional son aquellas de jurisdicción de parques nacionales en las cuales el dominio puede ser privado o de comunidades. Además, puede haber varios usos, como por ejemplo, turismo o incluso las comunidades pueden tener sus usos tradicionales.
Por su parte, la categoría de parques nacionales, como lo establece la ley, es mucho más restrictiva.
En los últimos años, cuando se crean parques nacionales, se hace una revisión muy exhaustiva de la presencia de comunidades en los territorios que las provincias van a ceder para la creación de los parques. De hecho, muchos de los parques o los proyectos de los nuevos parques tienen una diferencia de dos categorías: parque nacional y reserva nacional, según la existencia de comunidades o también, según los usos que tiene. Esto es importante.
En el caso de Corrientes, es un parque nacional porque no hay existencia de comunidades ni de usos que vayan en contra de lo que establece la categoría.
Por otra parte, en cuanto al Parque Nacional Huechulafquen, se está haciendo una revisión y ya se ha presentado un proyecto para cambiar la categoría de parque nacional a reserva nacional, debido a la existencia de comunidades.
Estamos trabajando mucho en eso, siempre en línea con el INAI cuando se trata de comunidades indígenas. Por eso es importante que se sepa que esto es algo que se contempla y que es parte de la política de la Dirección de Parques Nacionales.
En el caso de San Luis, aclaro que la comunidad de los huarpes no es la que está haciendo la demanda. La consulta la hacemos directamente al INAI. Se trata de seis comunidades que están registradas en esta zona. El INAI nos ha dado una respuesta oficial porque somos el Estado nacional y apelamos al instituto que está a cargo de esos temas. En general, si no hay un registro, nosotros esperamos su formalización. Aclaro que nuestra política no es la de crear parques nacionales donde hay gente y después desalojarla. Esto es importante manifestarlo porque no es verdad.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Cabe aclarar también que no solamente se trata de una política sostenida por Parques Nacionales sino también por los gobiernos y el Poder Legislativo. Hace unos días hemos prorrogado la ley 26.160 que ayudará al INAI a complementar su tarea de relevamiento. Por ello, destaco el respeto hacia los pueblos originarios. Más allá de cualquier disposición establecida en la ley, se trata de un derecho constitucional. Es un hecho innegable y ninguna ley lo va a poder modificar.
Tiene la palabra el señor diputado Aragón.
Tiene la palabra el señor diputado Aragón.
SR. ARAGÓN Señor presidente: en primer lugar quiero manifestar que no todas las fuerzas políticas han estado de acuerdo pues existen algunas disidencias. Lo digo desde mi lugar de diputado nacional intentando hacer lo mejor para la provincia de Corrientes y sus habitantes. Reitero que considero que los elementos con los que cuenta el Estado nacional son mucho mejores que los que posee el Estado provincial para realizar la conservación.
Por otro lado, le quiero señalar al señor senador Flinta que no alcanza con la buena fe para decir que no existen lugareños. Hay que remitirse a las pruebas concretas.
Se debe salvaguardar la decisión de todos los legisladores, del Estado nacional e incluso del mismo senador que promueve la creación de este parque. Pero hay que recordar que en las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner el gobierno provincial no estaba de acuerdo con la creación del parque. Yo no era diputado, pero participaba en política y recuerdo perfectamente el hecho. Estoy hablando de algo que sucedió hace cinco o seis años.
Sería interesante -tal como sucede en otras comisiones- que los legisladores nos constituyamos en el lugar y así poder escuchar a los vecinos para ver si están de acuerdo o no con la creación del parque.
Señor presidente: hay que decir que no hemos escuchado en este recinto a los intendentes de las localidades afectadas. Recién usted leyó las notas que llegaron a esta comisión de parte de dos intendentes. Sin embargo, se habló de once localidades, con lo cual hay nueve intendentes que no sabemos lo que piensan. Todos entendemos los argumentos que sostienen la creación del parque y la importancia de su conservación, y sabemos que el Estado nacional cuenta con los correspondientes elementos para tal fin. Lo que ocurre es que no se les ha dicho a los intendentes de la zona cuáles serián las obras o beneficios que tendrían ellos en lo que respecta al turismo.
Asimismo, en la provincia se habla -esto no lo saben ustedes porque no viven allí- de un plan maestro del Iberá pero nunca se ha dado a conocer en detalle y términos concretos. Se lo presenta como algo taquillero pero nadie conoce bien cómo son los términos.
Por eso me parece interesante que podamos asistir al lugar, que es el mecanismo que se ha utilizado en otras comisiones. Vayamos al lugar y aprovechemos la oportunidad para que todos ustedes conozcan ese paraíso terrenal, como dice el senador Flinta -conocido como "Checho" por todos nosotros en la provincia-, para que sepan ustedes mismos, con sus propios ojos y oídos, lo que opina la gente del lugar.
De ese modo, en pocas horas estaríamos resolviendo una cuestión que genera muchas dudas a varios de los legisladores presentes. Quien les habla no tiene ningún inconveniente en mediar lo necesario junto con el gobierno de la provincia -con el cual nunca he hablado, pero no tendría problema en hacerlo- para que todos escuchen de sus propios oídos lo que manifiestan los lugareños.
Por otro lado, le quiero señalar al señor senador Flinta que no alcanza con la buena fe para decir que no existen lugareños. Hay que remitirse a las pruebas concretas.
Se debe salvaguardar la decisión de todos los legisladores, del Estado nacional e incluso del mismo senador que promueve la creación de este parque. Pero hay que recordar que en las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner el gobierno provincial no estaba de acuerdo con la creación del parque. Yo no era diputado, pero participaba en política y recuerdo perfectamente el hecho. Estoy hablando de algo que sucedió hace cinco o seis años.
Sería interesante -tal como sucede en otras comisiones- que los legisladores nos constituyamos en el lugar y así poder escuchar a los vecinos para ver si están de acuerdo o no con la creación del parque.
Señor presidente: hay que decir que no hemos escuchado en este recinto a los intendentes de las localidades afectadas. Recién usted leyó las notas que llegaron a esta comisión de parte de dos intendentes. Sin embargo, se habló de once localidades, con lo cual hay nueve intendentes que no sabemos lo que piensan. Todos entendemos los argumentos que sostienen la creación del parque y la importancia de su conservación, y sabemos que el Estado nacional cuenta con los correspondientes elementos para tal fin. Lo que ocurre es que no se les ha dicho a los intendentes de la zona cuáles serián las obras o beneficios que tendrían ellos en lo que respecta al turismo.
Asimismo, en la provincia se habla -esto no lo saben ustedes porque no viven allí- de un plan maestro del Iberá pero nunca se ha dado a conocer en detalle y términos concretos. Se lo presenta como algo taquillero pero nadie conoce bien cómo son los términos.
Por eso me parece interesante que podamos asistir al lugar, que es el mecanismo que se ha utilizado en otras comisiones. Vayamos al lugar y aprovechemos la oportunidad para que todos ustedes conozcan ese paraíso terrenal, como dice el senador Flinta -conocido como "Checho" por todos nosotros en la provincia-, para que sepan ustedes mismos, con sus propios ojos y oídos, lo que opina la gente del lugar.
De ese modo, en pocas horas estaríamos resolviendo una cuestión que genera muchas dudas a varios de los legisladores presentes. Quien les habla no tiene ningún inconveniente en mediar lo necesario junto con el gobierno de la provincia -con el cual nunca he hablado, pero no tendría problema en hacerlo- para que todos escuchen de sus propios oídos lo que manifiestan los lugareños.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Antes de dar nuevamente la palabra al senador provincial Flinta, quiero decirles que además de las notas que recibí hay una nota más general firmada por seis intendentes de las localidades de Carlos Pellegrini, Mburucuyá, San Miguel, Loreto, Concepción del Yaguareté e Ituzaingó, municipios que rodean al Parque del Iberá, apoyando la creación del parque nacional. Es difícil no apoyarlo. Se trata de una donación de tierras al Estado para que se cree un parque nacional, por lo que es difícil que los municipios no apoyen esta propuesta, considerando que no se trata de otro tipo de emprendimiento.
Tiene la palabra el señor senador provincial Flinta.
Tiene la palabra el señor senador provincial Flinta.
SR. FLINTA Les prometo que es la última vez que hago uso de la palabra. No he sido mencionado tangencialmente sino nominalmente por mi apodo, "Checho", por el diputado "Pitín". (Risas.) Señor diputado: quiero decirle en este ámbito de informalidad -donde está muy bueno el debate y la discusión- que no existe ningún lugareño o persona ajena a la institución donante, al Estado nacional o al Estado provincial que habite el suelo cedido.
Respecto de mi postura anterior, quiero hacerle saber que la idea del ministro de aquel entonces, Carlos Meyer, era convertir el Parque Provincial Iberá en un parque nacional. Esto es otra cosa; acá lo que se acordó fue que el Parque Provincial siga siendo de jurisdicción provincial en 550.000 hectáreas, y el parque nacional se convierte a partir de la donación de Douglas Tompkins y la Fundación Flora y Fauna. Es otro criterio y otra idea, y ustedes saben perfectamente que para los correntinos el Iberá es un lugar cultural y ancestral.
Creo que ni siquiera usted estaría dispuesto a votar la cesión del Parque Provincial Iberá a la jurisdicción nacional. A eso nos oponíamos. Hoy el tiempo nos dio la razón y convertimos al Iberá en una gran área protegida de 700.000 hectáreas con una enorme biodiversidad. Ha dejado de ser un territorio que dividía la provincia para convertirse en un territorio inteligente por su posibilidad de aplicar prácticas de conservación y actividades sustentables como el ecoturismo. Eso es lo que van a desarrollar los pueblos que colindan.
Es una tarea enorme que se ha llevado a cabo en dos planes maestros que se han presentado públicamente, uno en presencia del ministro Gustavo Santos en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, y el segundo, el Plan de Infraestructura -también de este año- que entre Nación, provincia y municipios, Entidad Binacional Yacyretá y el Banco Interamericano de Desarrollo ya lleva una inversión de más de 1.700 millones de pesos en asfaltado e infraestructura vial, eléctrica, cultural y turística, así como en el acondicionamiento de los pueblos para recibir a los turistas.
Simplemente, pido a los señores diputados que acompañen este proyecto, que es muy bueno para la provincia y para el país.
Respecto de mi postura anterior, quiero hacerle saber que la idea del ministro de aquel entonces, Carlos Meyer, era convertir el Parque Provincial Iberá en un parque nacional. Esto es otra cosa; acá lo que se acordó fue que el Parque Provincial siga siendo de jurisdicción provincial en 550.000 hectáreas, y el parque nacional se convierte a partir de la donación de Douglas Tompkins y la Fundación Flora y Fauna. Es otro criterio y otra idea, y ustedes saben perfectamente que para los correntinos el Iberá es un lugar cultural y ancestral.
Creo que ni siquiera usted estaría dispuesto a votar la cesión del Parque Provincial Iberá a la jurisdicción nacional. A eso nos oponíamos. Hoy el tiempo nos dio la razón y convertimos al Iberá en una gran área protegida de 700.000 hectáreas con una enorme biodiversidad. Ha dejado de ser un territorio que dividía la provincia para convertirse en un territorio inteligente por su posibilidad de aplicar prácticas de conservación y actividades sustentables como el ecoturismo. Eso es lo que van a desarrollar los pueblos que colindan.
Es una tarea enorme que se ha llevado a cabo en dos planes maestros que se han presentado públicamente, uno en presencia del ministro Gustavo Santos en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, y el segundo, el Plan de Infraestructura -también de este año- que entre Nación, provincia y municipios, Entidad Binacional Yacyretá y el Banco Interamericano de Desarrollo ya lleva una inversión de más de 1.700 millones de pesos en asfaltado e infraestructura vial, eléctrica, cultural y turística, así como en el acondicionamiento de los pueblos para recibir a los turistas.
Simplemente, pido a los señores diputados que acompañen este proyecto, que es muy bueno para la provincia y para el país.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Llaryora.
SR. LLARYORA Señor presidente: después de escuchar las posiciones vertidas en esta reunión, veo que la mayor parte de nosotros está a favor de la existencia de un parque de estas características. La mayoría de los planteos está orientada a garantizar los derechos de los pueblos originarios, si es que allí existen. Lo que nosotros estamos planteando es la creación de una comisión que supla a las comisiones de la Cámara y vaya al lugar de los hechos. Esta comisión debería estar compuesta pluralmente, con representantes de los diversos bloques intervinientes. Ya lo hemos hecho en otras circunstancias, y nos ha dejado a todos tranquilos.
Para los que hablan de la buena fe, no veo por qué habría que ponerla en duda. No hay que poner en duda la buena fe de nadie. Pero teniendo en cuenta que está el planteo de si hay o no comunidades viviendo en la zona, y al mismo tiempo la mayoría tiene la predisposición de acompañar el proyecto, una buena forma de sacarnos la duda es haciendo una audiencia pública con el fin de escuchar a todos, tal como planteaba un diputado preopinante. Creo que es una cuestión de sentido común.
Los que venimos de las provincias sabemos que la audiencia pública es un elemento básico de cualquier trámite. Nos ahorra tiempo a todos, agrega confianza y suma legitimidad a la legalidad. No veo por qué generaría alguna dificultad. Propongo que una comisión integrada por los distintos bloques asista al lugar, se convoque a una audiencia pública, se escuche a todos y después se eleven las conclusiones para que quienes no hayan podido estar las conozcan.
Podría haber muchos más planteos, pero el único que existe es el que acabo de mencionar, que se podría evacuar tranquilamente con un sencillo mecanismo. ¿Por qué impedirlo? Cada uno de los bloques puede designar a los miembros que quiera para asistir. Reitero que me parece algo de sentido de común. De hecho, ya nos hemos reunido en comisión en otros lugares. La duda que tiene la mayoría, y por eso el planteo, es si existen o no pueblos originarios. También escuché otros planteos como los que interrogan sobre cuál va a ser la utilización del parque, si existen determinadas actividades de ecoturismo, etcétera. En la audiencia se podrían explayar al respecto.
Imagino que los intendentes van a estar en su mayoría de acuerdo con el hecho de que se los pueda escuchar. En vez de decirles que vengan, habría que ir al lugar; esto es hablar también de federalismo y es ponerlo en práctica.
Para los que hablan de la buena fe, no veo por qué habría que ponerla en duda. No hay que poner en duda la buena fe de nadie. Pero teniendo en cuenta que está el planteo de si hay o no comunidades viviendo en la zona, y al mismo tiempo la mayoría tiene la predisposición de acompañar el proyecto, una buena forma de sacarnos la duda es haciendo una audiencia pública con el fin de escuchar a todos, tal como planteaba un diputado preopinante. Creo que es una cuestión de sentido común.
Los que venimos de las provincias sabemos que la audiencia pública es un elemento básico de cualquier trámite. Nos ahorra tiempo a todos, agrega confianza y suma legitimidad a la legalidad. No veo por qué generaría alguna dificultad. Propongo que una comisión integrada por los distintos bloques asista al lugar, se convoque a una audiencia pública, se escuche a todos y después se eleven las conclusiones para que quienes no hayan podido estar las conozcan.
Podría haber muchos más planteos, pero el único que existe es el que acabo de mencionar, que se podría evacuar tranquilamente con un sencillo mecanismo. ¿Por qué impedirlo? Cada uno de los bloques puede designar a los miembros que quiera para asistir. Reitero que me parece algo de sentido de común. De hecho, ya nos hemos reunido en comisión en otros lugares. La duda que tiene la mayoría, y por eso el planteo, es si existen o no pueblos originarios. También escuché otros planteos como los que interrogan sobre cuál va a ser la utilización del parque, si existen determinadas actividades de ecoturismo, etcétera. En la audiencia se podrían explayar al respecto.
Imagino que los intendentes van a estar en su mayoría de acuerdo con el hecho de que se los pueda escuchar. En vez de decirles que vengan, habría que ir al lugar; esto es hablar también de federalismo y es ponerlo en práctica.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tengo dos pedidos más para hacer uso de la palabra, correspondientes a los diputados Brügge y Brambilla. Con ellos vamos a cerrar el listado de oradores.
Tiene la palabra el señor diputado Brügge.
Tiene la palabra el señor diputado Brügge.
SR. BRÜGGE Señor presidente: los antecedentes no son buenos. Me refiero a cómo se trataron los proyectos de parques nacionales en esta comisión en el último tiempo. Hay antecedentes históricos que nos dicen que este Congreso debe tener la precaución de incorporar cláusulas como las que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada del otro mundo, sino que se cumpla con la Constitución. ¿Por qué digo esto? Sierra de las Quijadas se creó hace 10 millones de años por arte de la naturaleza, pero como parque nacional existe desde 1991. En ese momento todavía no se había reformado la Constitución, que da rango constitucional a la necesidad de protección de las comunidades originarias. ¿Qué nos enseña esto? Que los registros que tanto alabamos, donde están los antecedentes de la existencia o no de comunidades originarias, es falible. Las comunidades originarias que vivían allí, tal como consta en la causa que se está llevando a cabo en la Corte Suprema, fueron desalojadas por la Administración de Parques Nacionales una vez creado el parque nacional. La Corte, por su parte, incorporó a las comunidades Huarpe en el proceso de discusión del Parque Nacional Sierra de las Quijadas.
Los antecedentes más cercanos en el tiempo tampoco son buenos. Esta Cámara de Diputados aprobó la creación del Parque Nacional Aconquija sin tener noción de que en ese territorio existían comunidades originarias, tal como después lo demostró el Senado. Esa es la realidad. Hay que ver qué habría pasado si el Senado planteaba la premura de votar este proyecto ley tal como estaba redactado, con el argumento de evitar que volviera a la Cámara de Diputados para que, de ese modo, no se perdiera más tiempo.
Nosotros estamos pidiendo la incorporación de una cláusula que garantice. Ni siquiera estamos aseverando que existan o no pueblos originarios. Decimos que en la creación de cada parque nacional debemos poner una cláusula que tome en cuenta lo que manda la Constitución sobre las comunidades originarias. La Constitución no pide la existencia de la inscripción del registro, como ya demostró el caso de la comunidad Huarpe en San Luis, donde el registro es válido. La Constitución establece una protección mucho más amplia para los derechos de las comunidades originarias.
Lo único que pedimos es que establezcamos un artículo que siga manteniendo ese nivel que fijó este Congreso para mantener en custodia los derechos de las comunidades originarias, haya constancia o no. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con la creación del Parque Nacional. Pero es importante la demora para tratar de evitar un proceso que lesione derechos fundamentales. Hay una comunidad originaria cerca del parque. Esto es algo que, por lo menos, nos tiene que llamar un poquito la atención como para poner esta cláusula por si existieran o hubieran existido comunidades originarias. Creo que las comunidades originarias también tienen derecho a las tierras que alguna vez ocuparon, aunque no las ocupen.
Es una cuestión que este Congreso ya definió. Lo único que pedimos es que se mantenga la misma vara para la creación de todos los parques. Esto, repito, para evitar cuestiones como las que pasan en San Luis, donde desde hace más de diez años la comunidad Huarpe hace reclamos. Como muchas veces esa gente no tiene los recursos para poder llevar adelante una contienda, la realiza la provincia de San Luis en conjunto con la comunidad Huarpe.
Por eso es necesario que este Congreso establezca las garantías que son las que manda la Constitución.
Los antecedentes más cercanos en el tiempo tampoco son buenos. Esta Cámara de Diputados aprobó la creación del Parque Nacional Aconquija sin tener noción de que en ese territorio existían comunidades originarias, tal como después lo demostró el Senado. Esa es la realidad. Hay que ver qué habría pasado si el Senado planteaba la premura de votar este proyecto ley tal como estaba redactado, con el argumento de evitar que volviera a la Cámara de Diputados para que, de ese modo, no se perdiera más tiempo.
Nosotros estamos pidiendo la incorporación de una cláusula que garantice. Ni siquiera estamos aseverando que existan o no pueblos originarios. Decimos que en la creación de cada parque nacional debemos poner una cláusula que tome en cuenta lo que manda la Constitución sobre las comunidades originarias. La Constitución no pide la existencia de la inscripción del registro, como ya demostró el caso de la comunidad Huarpe en San Luis, donde el registro es válido. La Constitución establece una protección mucho más amplia para los derechos de las comunidades originarias.
Lo único que pedimos es que establezcamos un artículo que siga manteniendo ese nivel que fijó este Congreso para mantener en custodia los derechos de las comunidades originarias, haya constancia o no. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con la creación del Parque Nacional. Pero es importante la demora para tratar de evitar un proceso que lesione derechos fundamentales. Hay una comunidad originaria cerca del parque. Esto es algo que, por lo menos, nos tiene que llamar un poquito la atención como para poner esta cláusula por si existieran o hubieran existido comunidades originarias. Creo que las comunidades originarias también tienen derecho a las tierras que alguna vez ocuparon, aunque no las ocupen.
Es una cuestión que este Congreso ya definió. Lo único que pedimos es que se mantenga la misma vara para la creación de todos los parques. Esto, repito, para evitar cuestiones como las que pasan en San Luis, donde desde hace más de diez años la comunidad Huarpe hace reclamos. Como muchas veces esa gente no tiene los recursos para poder llevar adelante una contienda, la realiza la provincia de San Luis en conjunto con la comunidad Huarpe.
Por eso es necesario que este Congreso establezca las garantías que son las que manda la Constitución.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora diputada Brambilla.
SRA. BRAMBILLA Para ir finalizando y no quitarles más tiempo, como dijo el señor diputado Lipovetzky, seguramente para los próximos parques nacionales que tengamos que tratar se va a incorporar esta cláusula si hay reclamos sobre comunidades o pueblos originarios que estén reclamando actualmente sobre el territorio o que estén en duda.
Pero quiero que les quede claro que, desde hace más de quince años, cuando Douglas Tompkins compró estas tierras, nunca hubo reclamos judiciales al respecto.
Esto no quita que quizás puedan surgir. Pero, como también dijo la encargada de Parques Nacionales acá, ellos toman en consideración esta situación y podrían revisar, en todo caso, la categoría de parque nacional.
¿Por qué nos urge a los correntinos? Porque Douglas Tompkins empezó este traspaso hace más de dos años. Porque ya tenemos más de 60 mil hectáreas donadas al Estado nacional que no son parque nacional, porque lo que estamos tratando acá es justamente eso, que sean parque nacional.
Las tierras ya han sido transferidas a nuestro gobierno nacional, pero ¿qué nos pasa? No tenemos recursos para mantener la flora y fauna que está hoy en el parque. Estamos utilizando recursos del parque Mburucuyá, que es un parque muy pequeño, para poder preservar y cuidar la flora y la fauna que tenemos en Iberá.
La premura de convertir estas hectáreas en parque nacional es para poder darle el presupuesto y los recursos necesarios que un privado le está cediendo al Estado Nacional. Me parece importante tener en cuenta esto.
Pero quiero que les quede claro que, desde hace más de quince años, cuando Douglas Tompkins compró estas tierras, nunca hubo reclamos judiciales al respecto.
Esto no quita que quizás puedan surgir. Pero, como también dijo la encargada de Parques Nacionales acá, ellos toman en consideración esta situación y podrían revisar, en todo caso, la categoría de parque nacional.
¿Por qué nos urge a los correntinos? Porque Douglas Tompkins empezó este traspaso hace más de dos años. Porque ya tenemos más de 60 mil hectáreas donadas al Estado nacional que no son parque nacional, porque lo que estamos tratando acá es justamente eso, que sean parque nacional.
Las tierras ya han sido transferidas a nuestro gobierno nacional, pero ¿qué nos pasa? No tenemos recursos para mantener la flora y fauna que está hoy en el parque. Estamos utilizando recursos del parque Mburucuyá, que es un parque muy pequeño, para poder preservar y cuidar la flora y la fauna que tenemos en Iberá.
La premura de convertir estas hectáreas en parque nacional es para poder darle el presupuesto y los recursos necesarios que un privado le está cediendo al Estado Nacional. Me parece importante tener en cuenta esto.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Agradezco a todos su presencia y seguramente, cuando se concrete la creación del Parque Nacional Iberá, vamos a ir a conocerlo.
Es la hora 14 y 58.