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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
- FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Reunión del día 06/10/2015
- CONJUNTA
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Contando con quórum reglamentario en las tres comisiones -Legislación General, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Presupuesto y Hacienda- damos comienzo a la reunión convocada a efectos de tratar como único punto el proyecto de ley contenido en el expediente
0008-pe-2015, sobre creación del Régimen de Promoción de las Juventudes.
Nos acompaña el subsecretario de Juventud de la Nación, compañero Facundo Tignanelli.
En primer término, quisiera anunciar las modificaciones que hemos introducido en función del aporte recibido de algunas organizaciones que se han acercado para contribuir con la redacción de esta iniciativa. Concretamente, se modifican los artículos 2°, 3°, 5°, 16, 17, 19 y 33.
Se han acercado, por ejemplo, diferentes organizaciones que son referentes en materia de discapacidad. En consecuencia, hemos agregado la palabra "discapacidad" porque es necesario que este proyecto tenga en cuenta expresamente a los jóvenes con discapacidades, desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. En otras palabras, estos cambios fueron efectuados sobre la base de observaciones formuladas por organizaciones no gubernamentales vinculadas con las personas con discapacidad.
Asimismo, como consecuencia del aporte de otras organizaciones, se modificó el artículo 10 en consonancia con las leyes laborales, los tratados internacionales y la ley 26.061 agregándose la expresión: "que haya cumplido la edad de admisión al empleo". En la redacción original existía un error, pues se establecía la edad de 15 años sin que ello estuviera en consonancia con la ley; por eso fue modificada la norma, que quedaría redactada de la siguiente manera: "Todo joven que haya cumplido la edad de admisión al empleo sin importar su sexo o su lugar de residencia...", y luego continúa la redacción original.
También se han modificado los tiempos verbales en varios artículos del título III, sección I, "Deberes del Estado", que estaban redactados en futuro y los hemos puesto en infinitivo. Son correcciones de la conjugación verbal que, si bien ya se realizaron en el texto del dictamen que haremos circular, las aclaro para que antes de comenzar la discusión todos sepan en qué hemos estado trabajando hasta el momento.
Vamos a escuchar entonces al responsable del área de Juventud de la Nación, Facundo Tignanelli, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia.
Nos acompaña el subsecretario de Juventud de la Nación, compañero Facundo Tignanelli.
En primer término, quisiera anunciar las modificaciones que hemos introducido en función del aporte recibido de algunas organizaciones que se han acercado para contribuir con la redacción de esta iniciativa. Concretamente, se modifican los artículos 2°, 3°, 5°, 16, 17, 19 y 33.
Se han acercado, por ejemplo, diferentes organizaciones que son referentes en materia de discapacidad. En consecuencia, hemos agregado la palabra "discapacidad" porque es necesario que este proyecto tenga en cuenta expresamente a los jóvenes con discapacidades, desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. En otras palabras, estos cambios fueron efectuados sobre la base de observaciones formuladas por organizaciones no gubernamentales vinculadas con las personas con discapacidad.
Asimismo, como consecuencia del aporte de otras organizaciones, se modificó el artículo 10 en consonancia con las leyes laborales, los tratados internacionales y la ley 26.061 agregándose la expresión: "que haya cumplido la edad de admisión al empleo". En la redacción original existía un error, pues se establecía la edad de 15 años sin que ello estuviera en consonancia con la ley; por eso fue modificada la norma, que quedaría redactada de la siguiente manera: "Todo joven que haya cumplido la edad de admisión al empleo sin importar su sexo o su lugar de residencia...", y luego continúa la redacción original.
También se han modificado los tiempos verbales en varios artículos del título III, sección I, "Deberes del Estado", que estaban redactados en futuro y los hemos puesto en infinitivo. Son correcciones de la conjugación verbal que, si bien ya se realizaron en el texto del dictamen que haremos circular, las aclaro para que antes de comenzar la discusión todos sepan en qué hemos estado trabajando hasta el momento.
Vamos a escuchar entonces al responsable del área de Juventud de la Nación, Facundo Tignanelli, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia.
SR. TIGNANELLI Señora presidenta, señores diputados: en primer lugar, quiero contar que esta es una iniciativa que viene a regular cuestiones que, según el último censo hecho en la Argentina, alcanzan a 9.972.725 jóvenes de la franja etaria que va de los 15 a los 29 años. Esto representa un 24,9 por ciento de la población total del país. El 38,1 por ciento de estos jóvenes reside en la provincia de Buenos Aires y el 19,2 en la región Centro, estando distribuidos equitativamente por géneros: 49,9 y 50,1 entre hombres y mujeres respectivamente.
Esta iniciativa fue discutida en todo el país por más de 25.000 jóvenes. Para nosotros es importante contextualizar que cada modelo de Estado tiene una política destinada a los jóvenes.
Si vemos la cuestión en retrospectiva, si analizamos lo ocurrido en los últimos cuarenta o cuarenta y cinco años y empezamos a pensar, década por década, cómo se fue comportando el Estado respecto de los jóvenes, encontraremos que en los años 70 la dictadura creó un departamento de cultura juvenil, donde se llevaban adelante actividades de campamento y turismo para los jóvenes. Esa era la política que tenía el Estado, aunque sabemos que la política desarrollada por el Estado durante la dictadura para los jóvenes fue otra: el 70 por ciento de los desaparecidos en la última dictadura militar tenía entre 16 y 30 años.
En los años 80 también hubo una discusión en el Estado sobre qué rol iban a tener los jóvenes o de qué manera se iban a institucionalizar. Naciones Unidas declaró a 1985 como Año Internacional de la Juventud. Esta declaración funcionó como motor para que los Estados nacionales crearan áreas institucionales. En la Argentina, el INDEC hizo el primer censo para la juventud ese año. En 1987 se creó la Subsecretaría de Juventud, dependiente del área de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Salud y Acción Social. En 1988 se creó la Comisión Interministerial de la Juventud, como un intento de generar un eje que actuara como coordinador de todas las políticas que ya existían para los jóvenes. Lamentablemente, el presupuesto asignado a estas áreas impidió que tuvieran el volumen de participación política de jóvenes correspondiente a esas épocas.
Después, curiosamente, en los años 90 la Subsecretaría de Juventud desciende al rango de dirección nacional; es decir, se le saca jerarquía institucional al lugar que ocupaban los jóvenes. La mayor política que siguió el menemismo en la materia consistió en la realización de seminarios dirigidos a los jóvenes en las provincias, mientras que las ONG estaban dedicadas a la drogadependencia. O sea que el principal programa del neoliberalismo para los jóvenes era mirarlos como drogadependientes y trabajar en ese sentido. Esa fue toda la política que el Estado en los 90 destinó a los jóvenes.
Voy a leer algunos nombres que quizás aquí no digan nada, pero que en los foros en los que debatimos dicen mucho y sustentan esta discusión: Miguel Pacini, 15 años; Romina Ituraín, 15 años; Julio Hernán Flores, 15 años; Ricardo Villalba, 16 años; Sergio Pedernera, 16 años; Walter Campos, 17 años; Yanina García, 18 años; José Vega, 19 años; Roberto Agustín Gramajo, 19 años; Rubén Pereyra, 20 años; Cristian Legembre, 20 años; Sergio Ferreira, 20 años; Juan Alberto Torres, 21 años; Víctor Enríquez, 21 años; Ramón Arapi, 22 años; Pablo Guías, 23 años; Ricardo Alvarez Villalba, 23 años; Diego Avila, 24 años; Rubén Aredes, 24 años; Carlos Almirón, 24 años; Carlos Spinelli, 25 años; Diego Lamagna, 26 años; Luis Alberto Fernández, 27 años; Mariela Rosales, 28 años, y Juan Delgado, 28 años. Todos estos nombres que acabo de mencionar son de jóvenes que murieron -mejor dicho, que fueron asesinados- los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Esta es otra de las maneras que el Estado tuvo de abordar las políticas para los jóvenes.
Desde el año 2003 se vienen sancionando distintas leyes que trabajan sobre esta franja etaria. Consecuencia de estas normas es el plan FINES, que promueve la finalización de los estudios secundarios de los mayores de 18 años; la ley sobre creación y funcionamiento de los centros de estudiantes, que promueve la participación de los alumnos en sus instituciones educativas; la ley que promueve el voto joven, para que los jóvenes de 16 años puedan elegir a sus representantes, y la ley que instaura el 16 de septiembre como Día Nacional de la Juventud en conmemoración de la Noche de los Lápices.
Hice este breve repaso para poner sobre la mesa lo que discutimos en cada uno de los foros que se llevaron a cabo en nuestro país: que el Estado y la política tienen una mirada sobre los jóvenes y que, dependiendo de esa mirada, se puede avanzar o retroceder en la materia.
La CEPAL y la OIJ -Organización Iberoamericana de Juventud- elaboraron en 2012 su último informe sobre juventud. Este documento, titulado Invertir para Trasformar. La Juventud como Protagonista del Desarrollo, destacaba que la Argentina se encontraba entre los países que mayor inversión hacía en la franja etaria de 15 a 29 años con el 3,3 por ciento de su PBI.
Este porcentaje, sólo superado por Cuba, Venezuela y Panamá, se encuentra por arriba de la media de América Latina, que es del 2,65 por ciento. Tengamos en cuenta que este informe no contemplaba la creación del Progresar, ya que fue hecho en el año 2012.
A pesar de lo expuesto, en nuestro país y en muchos otros de Sudamérica todavía faltan leyes integrales de juventud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que faltan leyes que contemplen todas las políticas en la materia.
Si uno analiza lo que se ha hecho desde el año 2003, encuentra más de sesenta políticas públicas destinadas a esta franja etaria. Algunas de ellas son: Juegos Nacionales "Evita"; Programa "Nuestro Lugar"; Danza por la Inclusión; Programa de Fortalecimiento de Centros de Estudiantes; Grupo "Sinfonía Popular"; Programa "Nuestro Club"; Programa de Cuidadores Domiciliarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Programa "La patria es el otro"; Programa "Yo, mamá"; Programa "Se sale seguro"; Programa de Voluntariado Juvenil; Foros por la Democratización Universitaria; Programa "Sin potreros no hay diez", entre otros.
Algunas de las iniciativas que encontramos dentro del Ministerio de Educación son: FINES, Programa Nacional de Becas Universitarias, Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras Científicas y Técnicas, y Parlamento Juvenil del Mercosur. El Ministerio de Economía cuenta, por ejemplo, con el Progresar y el Programa "Impulsores".
La ANSES, con el Programa "Conectar igualdad", la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
También está el Programa "Jóvenes con Más y Mejor Trabajo", del Ministerio de Trabajo, el Programa Social de Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles y el Programa "Maravillosa Música", estos dos últimos dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En fin, podría pasar un rato largo enumerando cada una de las políticas que se diseñaron en estos años para trabajar sobre la franja etaria de 15 a 29 años.
Al discutir sobre esta iniciativa en todo el país, escuché por ahí que algún político decía que esta ley venía a hablar de las migajas que habían obtenido los jóvenes en estos doce años. Siendo la inversión social en los principales programas de 59.204,9 millones de pesos -en forma de transferencia directa-, creo que a varios países de Sudamérica les gustaría recibir estas migajas.
Para nosotros fue importante discutir en cada foro qué pensaban los jóvenes sobre estos programas y de qué manera los veían. Es decir, si creían que había que modificarlos o actualizarlos, que no se estaban implementando efectivamente o que había situaciones que atrasaban y que era necesario mejorar.
En cada uno de esos foros descubrimos que los jóvenes deseaban poder establecer estos programas como un piso de derechos y en ese sentido trabajamos.
Sabemos que en nuestro país todavía quedan cosas por hacer, sobre todo en la franja etaria de 15 a 29 años. También sabemos que para discutir respecto de estas cuestiones no nos puede volver a pasar lo que pasó en los 90, época en que la Subsecretaría de Juventud pasó a ser una dirección.
Entonces, esta iniciativa pretende fijar un piso de derechos para todos los jóvenes de nuestro país que les permita discutir para adelante sobre aquello que falta. Luego, en el ámbito de ese debate, podemos estar más o menos de acuerdo con lo que creemos que resta hacer.
Nos hacemos cargo de que faltan cosas, pero también queremos dejar en claro todo lo que hicimos y que logramos derechos adquiridos para los jóvenes que nadie podrá arrebatarles.
Cuando la Argentina participa en diversos foros, y también hacia adentro de nuestro territorio, se plantea que es uno de los pocos países que no tienen una ley que garantice los derechos para los jóvenes. Es decir que tenemos muchos programas destinados a los jóvenes y una inversión superior a la de muchos países, pero no una ley integral que garantice esos derechos ni organismos que produzcan información sobre las políticas para la juventud. La OIJ plantea que hay que hacer una encuesta joven, dado que no contamos con organismos que centralicen las políticas dirigidas a los jóvenes.
Trabajamos sobre todas esas críticas y definimos que los objetivos principales de este proyecto de ley debían ser los siguientes: institucionalizar -como decía antes- el piso de derechos en materia de juventud, garantizando su promoción en un marco jurídico integral;
asegurar por ley la movilidad y la actualización del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, es decir, del Progresar; crear nuevos organismos para la promoción de las juventudes que garanticen el cumplimiento de los derechos señalados en la ley; favorecer la articulación interministerial y la coordinación federal de las políticas públicas entre los distintos niveles de gobierno.
Una de las principales valoraciones que se hicieron en los foros durante la evaluación posterior fue que este proyecto de ley no se discutió detrás de un escritorio en Buenos Aires sino en todo el país.
Otro de los objetivos es promover la participación y organización de las juventudes en nuestro país, y en este punto surge la siguiente pregunta. ¿Por qué hablamos de "juventudes"? Bien lo dijo la señora presidenta cuando envió este proyecto de ley al Congreso: hablamos de juventudes porque entendemos que esta norma promocionará los derechos de todos los jóvenes: los que están organizados, los que no lo están, los que participan en política, los que no participan, los que estudian, los que trabajan, los que estudian y trabajan, los que están en una condición socioeconómica mejor, etcétera. Nosotros entendemos que la futura ley promoverá el desarrollo de todas las juventudes de nuestro país.
Por otra parte, quiero hacer una breve introducción sobre uno de los puntos centrales de esta iniciativa: la actualización y movilidad del Progresar de la misma manera que otras asignaciones familiares.
El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos nos indica que no existe política similar en América Latina de transferencia directa de ingreso para los jóvenes. Esto es muy importante, porque muchas veces los programas contemplan transferencias directas hasta los 18 años. Nosotros entendimos, cuando se creó el Progresar, que el Estado debía acompañar sobre todo cuando el chico cumple 18 años. Por eso digo que es la única política en América Latina que hace una transferencia directa en forma posterior a los 18 años.
Como decía antes, existen 824.323 beneficiarios con liquidación vigente al mes de agosto, según el informe del Ministerio de Economía. Seis de cada diez beneficiarios son mujeres. Las tres cuartas partes de los jóvenes tienen entre 18 y 21 años. A medida que se incrementa la edad, la participación dentro del programa cae. El 14 por ciento de los beneficiarios tienen hijos; en este caso, el 85 por ciento de los beneficiarios son mujeres.
En muchos medios de comunicación y en distintos sectores de nuestra sociedad -debatimos sobre este tema en los foros con los jóvenes de nuestro país- hay una estigmatización cuando se habla de los pibes como de los "ni-ni".
Muchas veces, la madre está cuidando a su hijo y no puede terminar sus estudios o capacitarse en algún oficio. Con este programa demostramos que el Estado puede reparar esa situación, a través del Ministerio de Desarrollo Social, con la implementación de un sistema de cuidadores domiciliarios para aquellas madres que lo soliciten. Esto permite a todas las madres y padres terminar o avanzar en los estudios que eligieron.
Según el análisis que se hizo en el último año sobre los sujetos de derecho alcanzados por este programa, muchas familias del Progresar se convertirán en la primera generación que culmine la secundaria: ocho de cada diez titulares manifestaron que utilizan los recursos que proporciona el programa para la compra de materiales de estudio y el 41 por ciento mencionó los viáticos.
El 14 por ciento de los jóvenes beneficiarios del Progresar no se encontraban estudiando y retomaron sus estudios a partir de la posibilidad de acceder a este derecho. Más de la mitad, el 55 por ciento, está cursando estudios superiores. El 34 por ciento asiste a la secundaria y es poco significativa la participación de los que concurren a la primaria: 0,5 por ciento.
Es un programa que todos conocen. Luego de que la señora presidenta lo lanzó, se trabajó durante todo 2014 y se le hicieron modificaciones. Como es sabido, para que el sujeto de derecho pudiera percibir la asignación, su ingreso no debía superar el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil; ese requisito cambió, para adecuarse a la realidad de nuestro país. Como quedaban afuera del Progresar muchos pibes que nosotros entendíamos que necesitaban de ese respaldo, precisamente porque sus padres estaban cobrando más de un salario mínimo, vital y móvil, lo modificamos y establecimos el requisito en tres salarios mínimos, vitales y móviles. De esta manera, tenemos un programa que prácticamente universaliza el derecho de los estudiantes de cobrar una asignación por estudiar.
En líneas generales, lo que yo quería contarles en relación con el Progresar es que, como decía antes, para nosotros es fundamental que esto se garantice por ley. Como comentaba al principio, cada modelo de Estado tiene una política para los jóvenes. Nosotros estamos convencidos de que esta política los ayuda muchísimo y por eso la queremos regular por ley, para que nadie pueda venir a afectarla en los tiempos que vienen. Pretendemos, como decía antes, que sea un piso de derechos para todos los jóvenes a partir del cual sepan que se pueden plantar a discutir otras cosas y a propiciar los avances que consideren pertinentes.
Por otro lado, contemplamos la actualización y la movilidad del Progresar porque sabemos que ha habido prácticas tendientes a que determinados beneficios sociales o derechos que ha adquirido nuestro pueblo caigan en desuso por la mera voluntad de un Ejecutivo de no ir actualizándolos. En este caso, la actualización se prevé de la misma manera que ocurre con otras asignaciones, lo que permite que no quede a tiro de decreto. Recordemos que este programa ayuda a los jóvenes a llevar adelante estudios secundarios y universitarios, capacitación en oficios, etcétera.
Adentrándonos ya en el articulado del proyecto, mencionaré algunos de los deberes que esta ley propone para el Estado: asegurar la participación juvenil en las políticas públicas, garantizar la educación y los programas destinados a evitar la deserción estudiantil, y asegurar la inclusión digital, la promoción de valores y la educación en contexto de encierro. También se busca que garantice no sólo la implementación de programas que trabajen en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación en situaciones de adicción sino también el acceso al plan de vacunación, al empleo, a la formación laboral, a la participación política y a la libertad de expresión.
Asimismo, se establece que deberá trabajar en temáticas como discriminación, derechos humanos, deporte, cultura, y acceso a la tierra y la vivienda para todos los jóvenes de nuestro país.
¿De qué manera se propone instrumentar esto mediante una ley? A través de la creación de organismos de promoción de las juventudes: el Instituto Nacional de las Juventudes, la Secretaría Nacional de las Juventudes, el Consejo Federal de la Juventud, la Red de Consejos Municipales de la Juventud y el Defensor de los Derechos de las Juventudes.
En el caso de la Secretaría Nacional de las Juventudes, dependerá de la Jefatura de Gabinete de Ministros y su titular será designado por el Poder Ejecutivo con el rango de secretario de Estado. Garantizará el cumplimiento de las disposiciones legales, tratados y convenios internacionales ratificados por la República Argentina en materia de juventudes; implementará políticas públicas destinadas a los y las jóvenes con la finalidad de mejorar su calidad de vida, y promoverá sus derechos políticos y sociales a través de la defensa y protección integral en materia de salud, educación, empleo, cultura y derechos humanos; articulará y coordinará con los distintos niveles gubernamentales la ejecución de las políticas públicas de la juventud, etcétera.
Por su parte, el Instituto Nacional de las Juventudes es un órgano descentralizado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, compuesto por tres miembros designados por el Congreso de la Nación. Su presidente será electo por cuatro años y tendrá entre sus funciones presidir el funcionamiento del Consejo Federal de la Juventud creado por el artículo 1° de la ley 26.227. Tendrá como tareas coordinar con los organismos de investigación e institutos para producir información científica dirigida al diseño y desarrollo de nuevas políticas de juventud; diseñar, desarrollar, planificar y asesorar en materia de políticas destinadas a las juventudes, coordinando y articulando con los organismos de los distintos niveles de gobierno; realizar el seguimiento y evaluar el impacto de la implementación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos destinados a las juventudes, y monitorear la inversión pública en programas referidos a la juventud.
También se prevé la creación del Defensor de los Derechos de las Juventudes, que será designado por el Congreso de la Nación por un período de cinco años. Sus funciones serán favorecer el acceso igualitario a la Justicia; defender y promover el efectivo ejercicio de los derechos de los y las jóvenes; promover acciones para la protección de los derechos de las juventudes, interponer acciones para la protección de los derechos de las juventudes en cualquier juicio, instancia o tribunal, etcétera.
Por otro lado, se prevé la designación de dos defensores adjuntos, elegidos a propuesta del Defensor de los Derechos de las Juventudes, que podrán reemplazarlo según las causales que la norma establece: cese, renuncia, muerte o suspensión temporal, en el orden en que fueron designados.
El Consejo Federal de la Juventud, ya creado por ley nacional 26.227, reúne a todas las autoridades en la materia de las provincias y fortalece tanto el federalismo como las perspectivas regionales y locales, y el diseño y la implementación de las políticas de juventud. En la nueva reglamentación será presidido por el titular del Instituto Nacional de las Juventudes, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que lo preside la máxima autoridad de juventud designada por el Ejecutivo.
Se crea en el ámbito del mencionado instituto la Red de Consejos Municipales de la Juventud, cuya misión será colaborar en el diseño y coordinación intermunicipal de las políticas de juventud. La idea es que esta red trabaje -la propuesta surgió en los distintos foros- con todas las organizaciones en aquellos municipios donde no fueron creadas áreas de juventud o éstas no tienen representación institucional. Esta red articulará diversas temáticas vinculadas con los jóvenes. Es decir que el Instituto Nacional de las Juventudes, la instancia del Estado nacional, deberá coordinar con esas áreas municipales la forma de implementar los programas y las políticas destinadas a los jóvenes de manera eficiente en todo el territorio nacional.
Otra de las cuestiones era por qué se ha elegido la franja de 15 a 29 años. El piso de 15 años lo establecen la Organización Internacional del Trabajo, la ONU y la CEPAL cuando abordan políticas destinadas a los jóvenes. ¿Por qué nosotros, en la Argentina, entendemos que hay que llegar a los 29 años? Según lo expresado en cada uno de los foros y porque conocemos la realidad de nuestro territorio, sabemos que el Estado debe acompañar con políticas específicas a este sector de la población aun después de los 24 años. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, normativas anteriores han considerado a las personas como jóvenes adultos a partir de los 18 años, pero nosotros entendemos que tiene que haber una política pública que siga acompañando a los jóvenes de entre 18 y 29 años para que puedan desarrollar de la mejor manera posible y como ellos crean conveniente, el proyecto de vida con el que soñaron y por el que quieren seguir trabajando. Por eso pensamos que la franja etaria tiene que ir de 15 a 29 años.
Cabe también aclarar que, en nuestro país, el decreto por el que se crea la Subsecretaría de Juventud y se especifican sus misiones y funciones, se establece que esa franja etaria va de los 15 a los 29 años; es decir, la población sobre la que ya trabajamos en nuestro país.
Para finalizar, como dije al principio, este proyecto de ley se discutió durante todo el año en las distintas provincias, donde se realizaron paneles que contaron con la participación de los jóvenes para abordar diversas temáticas: ciudadanía, participación social y organización política; identidad, diversidad, igualdad y no discriminación; participación efectiva y ejercicio de la ciudadanía; prevención de todas las formas de violencia; seguridad, acceso a la Justicia y derechos humanos: a la educación, al trabajo, a una vivienda digna y de calidad, a una salud integral y de calidad orientada hacia las necesidades específicas de cada joven. Trabajamos también sobre temas tales como adicciones; educación sexual y reproductiva y protección integral contra los abusos sexuales; cultura y deporte; información, comunicación y acceso a los bienes culturales.
Estas fueron las temáticas que propusimos en los foros y los jóvenes se pudieron inscribir libremente en aquellas en las que más les interesaba participar. Han hecho sus exposiciones, que están publicadas en la web de la Subsecretaría de Juventud para que todos puedan descargarlas y verlas. Insisto en que la premisa fue no discutir sobre el tema detrás de un escritorio en la Ciudad de Buenos Aires sino ir a escuchar las voces de todos los jóvenes de nuestro país.
El resultado es este proyecto de ley que la señora presidenta envió al Congreso hace pocos días. Esperamos que se debata y sea sancionado, para que de una buena vez exista en la Argentina una ley integral que garantice los derechos de todos los jóvenes. (Aplausos.)
Esta iniciativa fue discutida en todo el país por más de 25.000 jóvenes. Para nosotros es importante contextualizar que cada modelo de Estado tiene una política destinada a los jóvenes.
Si vemos la cuestión en retrospectiva, si analizamos lo ocurrido en los últimos cuarenta o cuarenta y cinco años y empezamos a pensar, década por década, cómo se fue comportando el Estado respecto de los jóvenes, encontraremos que en los años 70 la dictadura creó un departamento de cultura juvenil, donde se llevaban adelante actividades de campamento y turismo para los jóvenes. Esa era la política que tenía el Estado, aunque sabemos que la política desarrollada por el Estado durante la dictadura para los jóvenes fue otra: el 70 por ciento de los desaparecidos en la última dictadura militar tenía entre 16 y 30 años.
En los años 80 también hubo una discusión en el Estado sobre qué rol iban a tener los jóvenes o de qué manera se iban a institucionalizar. Naciones Unidas declaró a 1985 como Año Internacional de la Juventud. Esta declaración funcionó como motor para que los Estados nacionales crearan áreas institucionales. En la Argentina, el INDEC hizo el primer censo para la juventud ese año. En 1987 se creó la Subsecretaría de Juventud, dependiente del área de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Salud y Acción Social. En 1988 se creó la Comisión Interministerial de la Juventud, como un intento de generar un eje que actuara como coordinador de todas las políticas que ya existían para los jóvenes. Lamentablemente, el presupuesto asignado a estas áreas impidió que tuvieran el volumen de participación política de jóvenes correspondiente a esas épocas.
Después, curiosamente, en los años 90 la Subsecretaría de Juventud desciende al rango de dirección nacional; es decir, se le saca jerarquía institucional al lugar que ocupaban los jóvenes. La mayor política que siguió el menemismo en la materia consistió en la realización de seminarios dirigidos a los jóvenes en las provincias, mientras que las ONG estaban dedicadas a la drogadependencia. O sea que el principal programa del neoliberalismo para los jóvenes era mirarlos como drogadependientes y trabajar en ese sentido. Esa fue toda la política que el Estado en los 90 destinó a los jóvenes.
Voy a leer algunos nombres que quizás aquí no digan nada, pero que en los foros en los que debatimos dicen mucho y sustentan esta discusión: Miguel Pacini, 15 años; Romina Ituraín, 15 años; Julio Hernán Flores, 15 años; Ricardo Villalba, 16 años; Sergio Pedernera, 16 años; Walter Campos, 17 años; Yanina García, 18 años; José Vega, 19 años; Roberto Agustín Gramajo, 19 años; Rubén Pereyra, 20 años; Cristian Legembre, 20 años; Sergio Ferreira, 20 años; Juan Alberto Torres, 21 años; Víctor Enríquez, 21 años; Ramón Arapi, 22 años; Pablo Guías, 23 años; Ricardo Alvarez Villalba, 23 años; Diego Avila, 24 años; Rubén Aredes, 24 años; Carlos Almirón, 24 años; Carlos Spinelli, 25 años; Diego Lamagna, 26 años; Luis Alberto Fernández, 27 años; Mariela Rosales, 28 años, y Juan Delgado, 28 años. Todos estos nombres que acabo de mencionar son de jóvenes que murieron -mejor dicho, que fueron asesinados- los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Esta es otra de las maneras que el Estado tuvo de abordar las políticas para los jóvenes.
Desde el año 2003 se vienen sancionando distintas leyes que trabajan sobre esta franja etaria. Consecuencia de estas normas es el plan FINES, que promueve la finalización de los estudios secundarios de los mayores de 18 años; la ley sobre creación y funcionamiento de los centros de estudiantes, que promueve la participación de los alumnos en sus instituciones educativas; la ley que promueve el voto joven, para que los jóvenes de 16 años puedan elegir a sus representantes, y la ley que instaura el 16 de septiembre como Día Nacional de la Juventud en conmemoración de la Noche de los Lápices.
Hice este breve repaso para poner sobre la mesa lo que discutimos en cada uno de los foros que se llevaron a cabo en nuestro país: que el Estado y la política tienen una mirada sobre los jóvenes y que, dependiendo de esa mirada, se puede avanzar o retroceder en la materia.
La CEPAL y la OIJ -Organización Iberoamericana de Juventud- elaboraron en 2012 su último informe sobre juventud. Este documento, titulado Invertir para Trasformar. La Juventud como Protagonista del Desarrollo, destacaba que la Argentina se encontraba entre los países que mayor inversión hacía en la franja etaria de 15 a 29 años con el 3,3 por ciento de su PBI.
Este porcentaje, sólo superado por Cuba, Venezuela y Panamá, se encuentra por arriba de la media de América Latina, que es del 2,65 por ciento. Tengamos en cuenta que este informe no contemplaba la creación del Progresar, ya que fue hecho en el año 2012.
A pesar de lo expuesto, en nuestro país y en muchos otros de Sudamérica todavía faltan leyes integrales de juventud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que faltan leyes que contemplen todas las políticas en la materia.
Si uno analiza lo que se ha hecho desde el año 2003, encuentra más de sesenta políticas públicas destinadas a esta franja etaria. Algunas de ellas son: Juegos Nacionales "Evita"; Programa "Nuestro Lugar"; Danza por la Inclusión; Programa de Fortalecimiento de Centros de Estudiantes; Grupo "Sinfonía Popular"; Programa "Nuestro Club"; Programa de Cuidadores Domiciliarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Programa "La patria es el otro"; Programa "Yo, mamá"; Programa "Se sale seguro"; Programa de Voluntariado Juvenil; Foros por la Democratización Universitaria; Programa "Sin potreros no hay diez", entre otros.
Algunas de las iniciativas que encontramos dentro del Ministerio de Educación son: FINES, Programa Nacional de Becas Universitarias, Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras Científicas y Técnicas, y Parlamento Juvenil del Mercosur. El Ministerio de Economía cuenta, por ejemplo, con el Progresar y el Programa "Impulsores".
La ANSES, con el Programa "Conectar igualdad", la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
También está el Programa "Jóvenes con Más y Mejor Trabajo", del Ministerio de Trabajo, el Programa Social de Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles y el Programa "Maravillosa Música", estos dos últimos dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En fin, podría pasar un rato largo enumerando cada una de las políticas que se diseñaron en estos años para trabajar sobre la franja etaria de 15 a 29 años.
Al discutir sobre esta iniciativa en todo el país, escuché por ahí que algún político decía que esta ley venía a hablar de las migajas que habían obtenido los jóvenes en estos doce años. Siendo la inversión social en los principales programas de 59.204,9 millones de pesos -en forma de transferencia directa-, creo que a varios países de Sudamérica les gustaría recibir estas migajas.
Para nosotros fue importante discutir en cada foro qué pensaban los jóvenes sobre estos programas y de qué manera los veían. Es decir, si creían que había que modificarlos o actualizarlos, que no se estaban implementando efectivamente o que había situaciones que atrasaban y que era necesario mejorar.
En cada uno de esos foros descubrimos que los jóvenes deseaban poder establecer estos programas como un piso de derechos y en ese sentido trabajamos.
Sabemos que en nuestro país todavía quedan cosas por hacer, sobre todo en la franja etaria de 15 a 29 años. También sabemos que para discutir respecto de estas cuestiones no nos puede volver a pasar lo que pasó en los 90, época en que la Subsecretaría de Juventud pasó a ser una dirección.
Entonces, esta iniciativa pretende fijar un piso de derechos para todos los jóvenes de nuestro país que les permita discutir para adelante sobre aquello que falta. Luego, en el ámbito de ese debate, podemos estar más o menos de acuerdo con lo que creemos que resta hacer.
Nos hacemos cargo de que faltan cosas, pero también queremos dejar en claro todo lo que hicimos y que logramos derechos adquiridos para los jóvenes que nadie podrá arrebatarles.
Cuando la Argentina participa en diversos foros, y también hacia adentro de nuestro territorio, se plantea que es uno de los pocos países que no tienen una ley que garantice los derechos para los jóvenes. Es decir que tenemos muchos programas destinados a los jóvenes y una inversión superior a la de muchos países, pero no una ley integral que garantice esos derechos ni organismos que produzcan información sobre las políticas para la juventud. La OIJ plantea que hay que hacer una encuesta joven, dado que no contamos con organismos que centralicen las políticas dirigidas a los jóvenes.
Trabajamos sobre todas esas críticas y definimos que los objetivos principales de este proyecto de ley debían ser los siguientes: institucionalizar -como decía antes- el piso de derechos en materia de juventud, garantizando su promoción en un marco jurídico integral;
asegurar por ley la movilidad y la actualización del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, es decir, del Progresar; crear nuevos organismos para la promoción de las juventudes que garanticen el cumplimiento de los derechos señalados en la ley; favorecer la articulación interministerial y la coordinación federal de las políticas públicas entre los distintos niveles de gobierno.
Una de las principales valoraciones que se hicieron en los foros durante la evaluación posterior fue que este proyecto de ley no se discutió detrás de un escritorio en Buenos Aires sino en todo el país.
Otro de los objetivos es promover la participación y organización de las juventudes en nuestro país, y en este punto surge la siguiente pregunta. ¿Por qué hablamos de "juventudes"? Bien lo dijo la señora presidenta cuando envió este proyecto de ley al Congreso: hablamos de juventudes porque entendemos que esta norma promocionará los derechos de todos los jóvenes: los que están organizados, los que no lo están, los que participan en política, los que no participan, los que estudian, los que trabajan, los que estudian y trabajan, los que están en una condición socioeconómica mejor, etcétera. Nosotros entendemos que la futura ley promoverá el desarrollo de todas las juventudes de nuestro país.
Por otra parte, quiero hacer una breve introducción sobre uno de los puntos centrales de esta iniciativa: la actualización y movilidad del Progresar de la misma manera que otras asignaciones familiares.
El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos nos indica que no existe política similar en América Latina de transferencia directa de ingreso para los jóvenes. Esto es muy importante, porque muchas veces los programas contemplan transferencias directas hasta los 18 años. Nosotros entendimos, cuando se creó el Progresar, que el Estado debía acompañar sobre todo cuando el chico cumple 18 años. Por eso digo que es la única política en América Latina que hace una transferencia directa en forma posterior a los 18 años.
Como decía antes, existen 824.323 beneficiarios con liquidación vigente al mes de agosto, según el informe del Ministerio de Economía. Seis de cada diez beneficiarios son mujeres. Las tres cuartas partes de los jóvenes tienen entre 18 y 21 años. A medida que se incrementa la edad, la participación dentro del programa cae. El 14 por ciento de los beneficiarios tienen hijos; en este caso, el 85 por ciento de los beneficiarios son mujeres.
En muchos medios de comunicación y en distintos sectores de nuestra sociedad -debatimos sobre este tema en los foros con los jóvenes de nuestro país- hay una estigmatización cuando se habla de los pibes como de los "ni-ni".
Muchas veces, la madre está cuidando a su hijo y no puede terminar sus estudios o capacitarse en algún oficio. Con este programa demostramos que el Estado puede reparar esa situación, a través del Ministerio de Desarrollo Social, con la implementación de un sistema de cuidadores domiciliarios para aquellas madres que lo soliciten. Esto permite a todas las madres y padres terminar o avanzar en los estudios que eligieron.
Según el análisis que se hizo en el último año sobre los sujetos de derecho alcanzados por este programa, muchas familias del Progresar se convertirán en la primera generación que culmine la secundaria: ocho de cada diez titulares manifestaron que utilizan los recursos que proporciona el programa para la compra de materiales de estudio y el 41 por ciento mencionó los viáticos.
El 14 por ciento de los jóvenes beneficiarios del Progresar no se encontraban estudiando y retomaron sus estudios a partir de la posibilidad de acceder a este derecho. Más de la mitad, el 55 por ciento, está cursando estudios superiores. El 34 por ciento asiste a la secundaria y es poco significativa la participación de los que concurren a la primaria: 0,5 por ciento.
Es un programa que todos conocen. Luego de que la señora presidenta lo lanzó, se trabajó durante todo 2014 y se le hicieron modificaciones. Como es sabido, para que el sujeto de derecho pudiera percibir la asignación, su ingreso no debía superar el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil; ese requisito cambió, para adecuarse a la realidad de nuestro país. Como quedaban afuera del Progresar muchos pibes que nosotros entendíamos que necesitaban de ese respaldo, precisamente porque sus padres estaban cobrando más de un salario mínimo, vital y móvil, lo modificamos y establecimos el requisito en tres salarios mínimos, vitales y móviles. De esta manera, tenemos un programa que prácticamente universaliza el derecho de los estudiantes de cobrar una asignación por estudiar.
En líneas generales, lo que yo quería contarles en relación con el Progresar es que, como decía antes, para nosotros es fundamental que esto se garantice por ley. Como comentaba al principio, cada modelo de Estado tiene una política para los jóvenes. Nosotros estamos convencidos de que esta política los ayuda muchísimo y por eso la queremos regular por ley, para que nadie pueda venir a afectarla en los tiempos que vienen. Pretendemos, como decía antes, que sea un piso de derechos para todos los jóvenes a partir del cual sepan que se pueden plantar a discutir otras cosas y a propiciar los avances que consideren pertinentes.
Por otro lado, contemplamos la actualización y la movilidad del Progresar porque sabemos que ha habido prácticas tendientes a que determinados beneficios sociales o derechos que ha adquirido nuestro pueblo caigan en desuso por la mera voluntad de un Ejecutivo de no ir actualizándolos. En este caso, la actualización se prevé de la misma manera que ocurre con otras asignaciones, lo que permite que no quede a tiro de decreto. Recordemos que este programa ayuda a los jóvenes a llevar adelante estudios secundarios y universitarios, capacitación en oficios, etcétera.
Adentrándonos ya en el articulado del proyecto, mencionaré algunos de los deberes que esta ley propone para el Estado: asegurar la participación juvenil en las políticas públicas, garantizar la educación y los programas destinados a evitar la deserción estudiantil, y asegurar la inclusión digital, la promoción de valores y la educación en contexto de encierro. También se busca que garantice no sólo la implementación de programas que trabajen en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación en situaciones de adicción sino también el acceso al plan de vacunación, al empleo, a la formación laboral, a la participación política y a la libertad de expresión.
Asimismo, se establece que deberá trabajar en temáticas como discriminación, derechos humanos, deporte, cultura, y acceso a la tierra y la vivienda para todos los jóvenes de nuestro país.
¿De qué manera se propone instrumentar esto mediante una ley? A través de la creación de organismos de promoción de las juventudes: el Instituto Nacional de las Juventudes, la Secretaría Nacional de las Juventudes, el Consejo Federal de la Juventud, la Red de Consejos Municipales de la Juventud y el Defensor de los Derechos de las Juventudes.
En el caso de la Secretaría Nacional de las Juventudes, dependerá de la Jefatura de Gabinete de Ministros y su titular será designado por el Poder Ejecutivo con el rango de secretario de Estado. Garantizará el cumplimiento de las disposiciones legales, tratados y convenios internacionales ratificados por la República Argentina en materia de juventudes; implementará políticas públicas destinadas a los y las jóvenes con la finalidad de mejorar su calidad de vida, y promoverá sus derechos políticos y sociales a través de la defensa y protección integral en materia de salud, educación, empleo, cultura y derechos humanos; articulará y coordinará con los distintos niveles gubernamentales la ejecución de las políticas públicas de la juventud, etcétera.
Por su parte, el Instituto Nacional de las Juventudes es un órgano descentralizado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, compuesto por tres miembros designados por el Congreso de la Nación. Su presidente será electo por cuatro años y tendrá entre sus funciones presidir el funcionamiento del Consejo Federal de la Juventud creado por el artículo 1° de la ley 26.227. Tendrá como tareas coordinar con los organismos de investigación e institutos para producir información científica dirigida al diseño y desarrollo de nuevas políticas de juventud; diseñar, desarrollar, planificar y asesorar en materia de políticas destinadas a las juventudes, coordinando y articulando con los organismos de los distintos niveles de gobierno; realizar el seguimiento y evaluar el impacto de la implementación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos destinados a las juventudes, y monitorear la inversión pública en programas referidos a la juventud.
También se prevé la creación del Defensor de los Derechos de las Juventudes, que será designado por el Congreso de la Nación por un período de cinco años. Sus funciones serán favorecer el acceso igualitario a la Justicia; defender y promover el efectivo ejercicio de los derechos de los y las jóvenes; promover acciones para la protección de los derechos de las juventudes, interponer acciones para la protección de los derechos de las juventudes en cualquier juicio, instancia o tribunal, etcétera.
Por otro lado, se prevé la designación de dos defensores adjuntos, elegidos a propuesta del Defensor de los Derechos de las Juventudes, que podrán reemplazarlo según las causales que la norma establece: cese, renuncia, muerte o suspensión temporal, en el orden en que fueron designados.
El Consejo Federal de la Juventud, ya creado por ley nacional 26.227, reúne a todas las autoridades en la materia de las provincias y fortalece tanto el federalismo como las perspectivas regionales y locales, y el diseño y la implementación de las políticas de juventud. En la nueva reglamentación será presidido por el titular del Instituto Nacional de las Juventudes, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que lo preside la máxima autoridad de juventud designada por el Ejecutivo.
Se crea en el ámbito del mencionado instituto la Red de Consejos Municipales de la Juventud, cuya misión será colaborar en el diseño y coordinación intermunicipal de las políticas de juventud. La idea es que esta red trabaje -la propuesta surgió en los distintos foros- con todas las organizaciones en aquellos municipios donde no fueron creadas áreas de juventud o éstas no tienen representación institucional. Esta red articulará diversas temáticas vinculadas con los jóvenes. Es decir que el Instituto Nacional de las Juventudes, la instancia del Estado nacional, deberá coordinar con esas áreas municipales la forma de implementar los programas y las políticas destinadas a los jóvenes de manera eficiente en todo el territorio nacional.
Otra de las cuestiones era por qué se ha elegido la franja de 15 a 29 años. El piso de 15 años lo establecen la Organización Internacional del Trabajo, la ONU y la CEPAL cuando abordan políticas destinadas a los jóvenes. ¿Por qué nosotros, en la Argentina, entendemos que hay que llegar a los 29 años? Según lo expresado en cada uno de los foros y porque conocemos la realidad de nuestro territorio, sabemos que el Estado debe acompañar con políticas específicas a este sector de la población aun después de los 24 años. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, normativas anteriores han considerado a las personas como jóvenes adultos a partir de los 18 años, pero nosotros entendemos que tiene que haber una política pública que siga acompañando a los jóvenes de entre 18 y 29 años para que puedan desarrollar de la mejor manera posible y como ellos crean conveniente, el proyecto de vida con el que soñaron y por el que quieren seguir trabajando. Por eso pensamos que la franja etaria tiene que ir de 15 a 29 años.
Cabe también aclarar que, en nuestro país, el decreto por el que se crea la Subsecretaría de Juventud y se especifican sus misiones y funciones, se establece que esa franja etaria va de los 15 a los 29 años; es decir, la población sobre la que ya trabajamos en nuestro país.
Para finalizar, como dije al principio, este proyecto de ley se discutió durante todo el año en las distintas provincias, donde se realizaron paneles que contaron con la participación de los jóvenes para abordar diversas temáticas: ciudadanía, participación social y organización política; identidad, diversidad, igualdad y no discriminación; participación efectiva y ejercicio de la ciudadanía; prevención de todas las formas de violencia; seguridad, acceso a la Justicia y derechos humanos: a la educación, al trabajo, a una vivienda digna y de calidad, a una salud integral y de calidad orientada hacia las necesidades específicas de cada joven. Trabajamos también sobre temas tales como adicciones; educación sexual y reproductiva y protección integral contra los abusos sexuales; cultura y deporte; información, comunicación y acceso a los bienes culturales.
Estas fueron las temáticas que propusimos en los foros y los jóvenes se pudieron inscribir libremente en aquellas en las que más les interesaba participar. Han hecho sus exposiciones, que están publicadas en la web de la Subsecretaría de Juventud para que todos puedan descargarlas y verlas. Insisto en que la premisa fue no discutir sobre el tema detrás de un escritorio en la Ciudad de Buenos Aires sino ir a escuchar las voces de todos los jóvenes de nuestro país.
El resultado es este proyecto de ley que la señora presidenta envió al Congreso hace pocos días. Esperamos que se debata y sea sancionado, para que de una buena vez exista en la Argentina una ley integral que garantice los derechos de todos los jóvenes. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra el señor diputado Rogel.
SR. ROGEL Señora presidenta: dejaremos de lado -pero no de mencionar- algunas consideraciones que ha hecho uno de los responsables de los organismos de la juventud invitado a hacer uso de la palabra.
Como hemos escrito en nuestro despacho, está fuera de toda discusión lo que implica para nosotros, como partido de más de ciento veintitrés años en la vida institucional de nuestro país, la participación de la juventud. Insisto: no solo lo decimos sino que además lo escribimos, porque está fuera de discusión lo que implicó para la República Argentina la participación de la juventud en la creación de nuestro partido con las revoluciones de los años 1890, 1893 y 1905. También está fuera de discusión lo que influyó la participación de la juventud para que el pueblo argentino accediera a la universidad en 1918 y lo que fue su activa intervención en el Cordobazo, el Viborazo, el Rosariazo, la Noche de los Lápices y la guerra de Malvinas.
No es cuestión de discusión. De todas maneras -insisto por tercera vez para que no haya confusiones-, lo hemos explicitado en nuestro dictamen.
No me voy a extender demasiado. Me centraré en lo que consideramos es el inconveniente por el cual no vamos a acompañar este proyecto de ley.
Tenemos una experiencia bastante dilatada -desde 1916 en adelante- en el gobierno de las cosas en la República Argentina, ya sea en el ejercicio de la Presidencia de la Nación, en los municipios, etcétera. Por ejemplo, en la provincia que yo represento hemos sido gobierno once veces.
En ese ejercicio de la cosa pública nosotros creemos que los tiempos y las formas de la resolución de los actos de gobierno tienen una implicancia importantísima.
Para nosotros este proyecto, además de consagrar en una ley los programas que están en ejecución, tiene un eje central: la consolidación de estos organismos por la presencia de espacios políticos de poder concreto más allá del mandato constitucional que termina el 10 de diciembre.
Esta es una discusión importante, interesante, sana y republicana -en el mejor de los sentidos- que se deben dar los hombres públicos al votar un proyecto de ley. Los parámetros de esta iniciativa están absolutamente comprendidos, estudiados y establecidos, desde su constitucionalidad hasta otros como, por ejemplo, el que estoy aquí citando.
A nosotros nos parece que la implementación de las políticas públicas en un gobierno que ya lleva doce años debió darse desde su comienzo. Si hay determinadas políticas que merecen un análisis o un debate como el que ha explicado aquí el representante de la juventud, eso es atendible; pero no que luego de doce años de gobierno y faltando sesenta días para la finalización de ese mandato con el que se instalaron esos programas, se los convierta en ley o se incorporen representantes de la juventud en determinados organismos que hoy existen.
Para nosotros, por la historia que relaté al principio, el debate no reside en la concreción de estos programas por ley o en la incorporación de organismos de la juventud. Nos parece que eso es parte de los derechos a los que debe acceder cualquier juventud de cualquier país democrático. El problema es que se nos entorpece enormemente la posibilidad de acompañar esta iniciativa toda vez que faltan sesenta días para la culminación de este mandato y, como dice su artículo 67, la implementación se hará mediante la reglamentación respectiva que se dictará dentro de los treinta días de su publicación.
Para ir cerrando, creemos que la legitimidad de los actos de gobierno debe darse en todo gobierno democrático hasta el último día.
Tampoco cuestionamos que el Poder Ejecutivo esté habilitado en términos democráticos para mandar un proyecto de ley de este tipo; pero dado que éste en particular implica la consolidación de estructuras que necesariamente, por nombre y apellido, significan la posibilidad de trasladar la presencia política de determinada fracción más allá del actual mandato, nos parece que vicia de manera importante el sujeto que ha querido motivar la concreción de esta política.
Por lo tanto, señora presidenta y señores legisladores, más allá de las decisiones que se persigan -claramente expresadas en el informe por escrito-, nosotros creemos que el tiempo de la resolución de las políticas activas era otro y no éste.
Como hemos escrito en nuestro despacho, está fuera de toda discusión lo que implica para nosotros, como partido de más de ciento veintitrés años en la vida institucional de nuestro país, la participación de la juventud. Insisto: no solo lo decimos sino que además lo escribimos, porque está fuera de discusión lo que implicó para la República Argentina la participación de la juventud en la creación de nuestro partido con las revoluciones de los años 1890, 1893 y 1905. También está fuera de discusión lo que influyó la participación de la juventud para que el pueblo argentino accediera a la universidad en 1918 y lo que fue su activa intervención en el Cordobazo, el Viborazo, el Rosariazo, la Noche de los Lápices y la guerra de Malvinas.
No es cuestión de discusión. De todas maneras -insisto por tercera vez para que no haya confusiones-, lo hemos explicitado en nuestro dictamen.
No me voy a extender demasiado. Me centraré en lo que consideramos es el inconveniente por el cual no vamos a acompañar este proyecto de ley.
Tenemos una experiencia bastante dilatada -desde 1916 en adelante- en el gobierno de las cosas en la República Argentina, ya sea en el ejercicio de la Presidencia de la Nación, en los municipios, etcétera. Por ejemplo, en la provincia que yo represento hemos sido gobierno once veces.
En ese ejercicio de la cosa pública nosotros creemos que los tiempos y las formas de la resolución de los actos de gobierno tienen una implicancia importantísima.
Para nosotros este proyecto, además de consagrar en una ley los programas que están en ejecución, tiene un eje central: la consolidación de estos organismos por la presencia de espacios políticos de poder concreto más allá del mandato constitucional que termina el 10 de diciembre.
Esta es una discusión importante, interesante, sana y republicana -en el mejor de los sentidos- que se deben dar los hombres públicos al votar un proyecto de ley. Los parámetros de esta iniciativa están absolutamente comprendidos, estudiados y establecidos, desde su constitucionalidad hasta otros como, por ejemplo, el que estoy aquí citando.
A nosotros nos parece que la implementación de las políticas públicas en un gobierno que ya lleva doce años debió darse desde su comienzo. Si hay determinadas políticas que merecen un análisis o un debate como el que ha explicado aquí el representante de la juventud, eso es atendible; pero no que luego de doce años de gobierno y faltando sesenta días para la finalización de ese mandato con el que se instalaron esos programas, se los convierta en ley o se incorporen representantes de la juventud en determinados organismos que hoy existen.
Para nosotros, por la historia que relaté al principio, el debate no reside en la concreción de estos programas por ley o en la incorporación de organismos de la juventud. Nos parece que eso es parte de los derechos a los que debe acceder cualquier juventud de cualquier país democrático. El problema es que se nos entorpece enormemente la posibilidad de acompañar esta iniciativa toda vez que faltan sesenta días para la culminación de este mandato y, como dice su artículo 67, la implementación se hará mediante la reglamentación respectiva que se dictará dentro de los treinta días de su publicación.
Para ir cerrando, creemos que la legitimidad de los actos de gobierno debe darse en todo gobierno democrático hasta el último día.
Tampoco cuestionamos que el Poder Ejecutivo esté habilitado en términos democráticos para mandar un proyecto de ley de este tipo; pero dado que éste en particular implica la consolidación de estructuras que necesariamente, por nombre y apellido, significan la posibilidad de trasladar la presencia política de determinada fracción más allá del actual mandato, nos parece que vicia de manera importante el sujeto que ha querido motivar la concreción de esta política.
Por lo tanto, señora presidenta y señores legisladores, más allá de las decisiones que se persigan -claramente expresadas en el informe por escrito-, nosotros creemos que el tiempo de la resolución de las políticas activas era otro y no éste.
SR. KUNKEL Pero Scioli está de acuerdo.
SR. ROGEL Una vez que gane las elecciones, convénzalo.
SR. KUNKEL Ustedes no van a ganar seguro.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra el señor diputado Buryaile.
SR. BURYAILE Señora presidenta: quiero hacer una pregunta al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Mañana vamos a tratar el proyecto de ley de presupuesto del año 2016 y los entes que estaríamos creando se encuentran en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Me gustaría saber qué asignación se prevé en el presupuesto, porque a la luz de esta información no aparece y nuestra preocupación es que, como estos organismos, seguramente luego se creen otros en el área de deportes.
Concretamente, quiero saber si el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicará mañana, como miembro informante, cuáles son las previsiones en el presupuesto para el año 2016.
Concretamente, quiero saber si el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicará mañana, como miembro informante, cuáles son las previsiones en el presupuesto para el año 2016.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra el señor diputado Feletti.
SR. FELETTI Señora presidenta: aclararé algunos aspectos que me parecen importantes.
Este proyecto de ley, como bien lo señalaba el subsecretario de Juventud, reúne programas e inversiones que significan aproximadamente 60.000 millones de pesos, que ya están desembolsados y ejecutados. O sea que la parte más importante de esta iniciativa sería rearticular estos programas que están vigentes y se encuentran contenidos en forma separada en el presupuesto del año 2016. Sería lo más pesado, por así decirlo, porque solo correspondería reasignar y reordenar programas e inversión pública.
Respecto a la creación de cargos, que debe ser el objeto de la pregunta, se están creando cuatro con rango de secretario de Estado y uno de defensor oficial. Estimativamente, reportan una erogación próxima a los 5 millones de pesos anuales. No es una partida excesivamente relevante como para que el jefe de Gabinete no pueda reasignarla en el marco de sus facultades. De todos modos, vale la consulta y quizás mañana podamos agregar un artículo a fin de que quede facultado para la creación de estos organismos; pero reitero que el impacto presupuestario por la creación de estos cargos con rango de secretario de Estado y de defensor oficial, está estimado en 5 millones de pesos anuales. El resto es rearticular lo que ya está vigente.
Este proyecto de ley, como bien lo señalaba el subsecretario de Juventud, reúne programas e inversiones que significan aproximadamente 60.000 millones de pesos, que ya están desembolsados y ejecutados. O sea que la parte más importante de esta iniciativa sería rearticular estos programas que están vigentes y se encuentran contenidos en forma separada en el presupuesto del año 2016. Sería lo más pesado, por así decirlo, porque solo correspondería reasignar y reordenar programas e inversión pública.
Respecto a la creación de cargos, que debe ser el objeto de la pregunta, se están creando cuatro con rango de secretario de Estado y uno de defensor oficial. Estimativamente, reportan una erogación próxima a los 5 millones de pesos anuales. No es una partida excesivamente relevante como para que el jefe de Gabinete no pueda reasignarla en el marco de sus facultades. De todos modos, vale la consulta y quizás mañana podamos agregar un artículo a fin de que quede facultado para la creación de estos organismos; pero reitero que el impacto presupuestario por la creación de estos cargos con rango de secretario de Estado y de defensor oficial, está estimado en 5 millones de pesos anuales. El resto es rearticular lo que ya está vigente.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra el señor diputado Tonelli.
SR. TONELLI Señora presidenta: el proyecto de ley en consideración tiene, desde mi punto de vista, tres partes muy diferenciadas. La primera comprende hasta el artículo 39, donde están enumerados los deberes y derechos del Estado respecto de la juventud.
En verdad, más allá de la coincidencia respecto del buen propósito que orienta a esta iniciativa y el objetivo que persigue, todo lo que contiene esa primera parte no tiene nada de novedoso. Es pura reiteración de derechos, en caso de los jóvenes, y de obligaciones, en caso del Estado, que ya están contemplados en la Constitución Nacional, en tratados internacionales y en leyes vigentes.
En verdad, más allá de la coincidencia respecto del buen propósito que orienta a esta iniciativa y el objetivo que persigue, todo lo que contiene esa primera parte no tiene nada de novedoso. Es pura reiteración de derechos, en caso de los jóvenes, y de obligaciones, en caso del Estado, que ya están contemplados en la Constitución Nacional, en tratados internacionales y en leyes vigentes.
SR. FELETTI Lo que abunda no daña.
SR. BURYAILE Ese es un buen reconocimiento. (Risas.)
SR. TONELLI Es un criterio de almacenero. Me parece que no deberíamos aplicarlo...
SR. HELLER Estamos hablando de derechos. ¿Cómo que es un criterio de almacenero?
-Varios señores diputados hablan a la vez.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. TONELLI ¿Puedo seguir, señora presidenta?
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Por supuesto, señor diputado. Continúa en el uso de la palabra.
SR. TONELLI Señora presidenta: de manera tal que desde el artículo 1° hasta el 39, insisto, el proyecto es una reiteración de derechos que ya están consagrados incluso en normas superiores, que tienen más valor que una ley, como es el caso de la Constitución Nacional o algún tratado internacional. Ejemplos de ello son el derecho a la salud, a la libertad de expresión, a trabajar, etcétera. Está clarísimo que los jóvenes hoy, antes de que se sancione esta ley, tienen esos derechos.
En otras palabras, hasta el artículo 39 esta iniciativa reitera derechos y deberes que ya existen en nuestro derecho positivo y tienen vigencia.
El artículo 39 es diferente, pues se refiere a la actualización automática de la prestación económica del Progresar y, a tal efecto, establece un mecanismo en función de la movilidad de las prestaciones del régimen de asignaciones familiares, del mismo modo que hace poco hemos resuelto respecto de la Asignación Universal por Hijo. Esa decisión sí nos parece conveniente y razonable y, en consecuencia, estamos de acuerdo con ella.
También coincidimos con lo que dijo el señor subsecretario en el sentido de lograr que esta cuestión deje de estar a tiro de decreto, aunque lo cierto es que estuvo doce años de esa manera, con el actual gobierno. Ahora que se están yendo se acuerdan de esto; pero, en definitiva, considero que la decisión es correcta y adecuada.
Ahora bien, a partir del artículo 40 el proyecto contiene una larga y frondosa creación o recreación de organismos burocráticos. La actual subsecretaría pasa a ser una secretaría, se contempla la creación del Instituto Nacional de las Juventudes, del Consejo Federal de la Juventud, de la Red de Consejos Municipales de la Juventud y del Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Francamente, esta multiplicación de organismos nos parece inconveniente. Inclusive, en los últimos tiempos hemos visto una cierta tendencia en los proyectos que envía el Poder Ejecutivo a la creación de organismos descentralizados o que actúan por fuera de la administración centralizada. Lo vimos hace poco con la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y también en algunas otras iniciativas que ya cuentan con dictamen de comisión referidas a entes reguladores del deporte.
Este criterio implica un cambio en la administración central de la Argentina, así como en la forma y conducción del Poder Ejecutivo. Se trata de un cambio trascendente e importante respecto de la organización que tradicionalmente ha tenido el Poder Ejecutivo en nuestro país basada en la existencia de ministerios, de los cuales -en teoría- dependen todos los organismos de la administración pública nacional.
Consideramos que, si vamos a apartarnos del modelo de ministerios para pasar a uno diferente, como por ejemplo un modelo de agencias, como rige en los Estados Unidos, deberíamos discutirlo de manera integral. No podemos poner con cada proyecto de ley un parche a la organización burocrática de la administración central sino que, en todo caso, deberíamos discutir un día una nueva ley de ministerios, una nueva norma sobre organización de la administración centralizada, para ver si conviene mantener el actual sistema de ministerios o pasar a uno diferente. Pero no nos parece razonable ni correcto ir haciéndolo mediante parches.
Incluso se propone la creación de algún organismo francamente sobreabundante, como sería el caso del Defensor de los Derechos de las Juventudes. Me pregunto qué diferencia habrá con el Defensor del Pueblo de la Nación, quien tiene exactamente las mismas atribuciones que se le otorgan al Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Además, me parece conveniente y necesario destacar que la experiencia en los últimos años en materia de defensores no ha sido la más fructífera. A propósito, recuerdo a los señores diputados que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación -quien podría cubrir perfectamente estas funciones del Defensor de los Derechos de las Juventudes- hace seis años que está vacante. Es más; el cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, creado hace diez años por ley 26.061, nunca fue cubierto.
Es decir que todavía no fueron designados el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ni el Defensor del Pueblo y ahora pretendemos crear un nuevo defensor que seguramente tampoco será nombrado, con lo cual habrá un organismo burocrático más.
En definitiva, estamos de acuerdo con el criterio de actualización periódica de la prestación del Progresar pero los primeros 39 artículos nos parecen innecesarios y abundantes. Más allá de que por un criterio poco jurídico, posiblemente estos artículos no hagan mal a nadie, estamos decididamente en contra de la creación de nuevos organismos y de la modificación tan importante que eso supone a nuestra organización ministerial, a la estructura del Poder Ejecutivo y a la administración central.
En otras palabras, hasta el artículo 39 esta iniciativa reitera derechos y deberes que ya existen en nuestro derecho positivo y tienen vigencia.
El artículo 39 es diferente, pues se refiere a la actualización automática de la prestación económica del Progresar y, a tal efecto, establece un mecanismo en función de la movilidad de las prestaciones del régimen de asignaciones familiares, del mismo modo que hace poco hemos resuelto respecto de la Asignación Universal por Hijo. Esa decisión sí nos parece conveniente y razonable y, en consecuencia, estamos de acuerdo con ella.
También coincidimos con lo que dijo el señor subsecretario en el sentido de lograr que esta cuestión deje de estar a tiro de decreto, aunque lo cierto es que estuvo doce años de esa manera, con el actual gobierno. Ahora que se están yendo se acuerdan de esto; pero, en definitiva, considero que la decisión es correcta y adecuada.
Ahora bien, a partir del artículo 40 el proyecto contiene una larga y frondosa creación o recreación de organismos burocráticos. La actual subsecretaría pasa a ser una secretaría, se contempla la creación del Instituto Nacional de las Juventudes, del Consejo Federal de la Juventud, de la Red de Consejos Municipales de la Juventud y del Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Francamente, esta multiplicación de organismos nos parece inconveniente. Inclusive, en los últimos tiempos hemos visto una cierta tendencia en los proyectos que envía el Poder Ejecutivo a la creación de organismos descentralizados o que actúan por fuera de la administración centralizada. Lo vimos hace poco con la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y también en algunas otras iniciativas que ya cuentan con dictamen de comisión referidas a entes reguladores del deporte.
Este criterio implica un cambio en la administración central de la Argentina, así como en la forma y conducción del Poder Ejecutivo. Se trata de un cambio trascendente e importante respecto de la organización que tradicionalmente ha tenido el Poder Ejecutivo en nuestro país basada en la existencia de ministerios, de los cuales -en teoría- dependen todos los organismos de la administración pública nacional.
Consideramos que, si vamos a apartarnos del modelo de ministerios para pasar a uno diferente, como por ejemplo un modelo de agencias, como rige en los Estados Unidos, deberíamos discutirlo de manera integral. No podemos poner con cada proyecto de ley un parche a la organización burocrática de la administración central sino que, en todo caso, deberíamos discutir un día una nueva ley de ministerios, una nueva norma sobre organización de la administración centralizada, para ver si conviene mantener el actual sistema de ministerios o pasar a uno diferente. Pero no nos parece razonable ni correcto ir haciéndolo mediante parches.
Incluso se propone la creación de algún organismo francamente sobreabundante, como sería el caso del Defensor de los Derechos de las Juventudes. Me pregunto qué diferencia habrá con el Defensor del Pueblo de la Nación, quien tiene exactamente las mismas atribuciones que se le otorgan al Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Además, me parece conveniente y necesario destacar que la experiencia en los últimos años en materia de defensores no ha sido la más fructífera. A propósito, recuerdo a los señores diputados que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación -quien podría cubrir perfectamente estas funciones del Defensor de los Derechos de las Juventudes- hace seis años que está vacante. Es más; el cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, creado hace diez años por ley 26.061, nunca fue cubierto.
Es decir que todavía no fueron designados el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ni el Defensor del Pueblo y ahora pretendemos crear un nuevo defensor que seguramente tampoco será nombrado, con lo cual habrá un organismo burocrático más.
En definitiva, estamos de acuerdo con el criterio de actualización periódica de la prestación del Progresar pero los primeros 39 artículos nos parecen innecesarios y abundantes. Más allá de que por un criterio poco jurídico, posiblemente estos artículos no hagan mal a nadie, estamos decididamente en contra de la creación de nuevos organismos y de la modificación tan importante que eso supone a nuestra organización ministerial, a la estructura del Poder Ejecutivo y a la administración central.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra el señor diputado Cabandié.
SR. BURYAILE Sería bueno que el señor subsecretario conteste, que nos saque estas dudas.
SR. CABANDIÉ Señora presidenta: en primer lugar, felicito al representante del Poder Ejecutivo en el área de juventud por su clara exposición. Creo que han sido vertidos con mucha claridad los conceptos relacionados con la articulación de este proyecto de ley.
Sin embargo, quiero plantear cierta preocupación. Que no se esté de acuerdo con este proyecto de ley y se utilicen argumentos vinculados con la burocracia de la burocracia misma para no apoyarlo, siendo que uno de los diputados preopinantes es representante de un partido centenario que pone siempre sobre la mesa la necesidad de fortalecer las instituciones y lo que está en juego, lo que estamos discutiendo y vamos a votar, es justamente dar mayor rango institucional a la implementación de las políticas de juventud -que necesitan de la acción que ha llevado a cabo este gobierno a diario, que es efectiva y cotidiana-, me parece raro.
Me parece raro que los argumentos de un radical sean los que se vertieron en la mesa. No sabemos por qué no lo van a apoyar; no lo entendemos, porque si nos basamos en lo que acaban de decir, pensamos: qué bien el partido radical, va a apoyar un proyecto de ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de un sector de la población, que es la franja etaria juvenil. Pero resulta que la opinión vertida al final de la alocución es: no lo vamos a acompañar con nuestro voto. Llama mucho la atención, pero en definitiva estos son los motivos por los cuales un partido centenario -que nació como un partido popular, que en los últimos años se lo regaló a un empresario mediocre y que no tiene representación en las elecciones- no dará su voto afirmativo a la iniciativa que estamos considerando.
Sin embargo, quiero plantear cierta preocupación. Que no se esté de acuerdo con este proyecto de ley y se utilicen argumentos vinculados con la burocracia de la burocracia misma para no apoyarlo, siendo que uno de los diputados preopinantes es representante de un partido centenario que pone siempre sobre la mesa la necesidad de fortalecer las instituciones y lo que está en juego, lo que estamos discutiendo y vamos a votar, es justamente dar mayor rango institucional a la implementación de las políticas de juventud -que necesitan de la acción que ha llevado a cabo este gobierno a diario, que es efectiva y cotidiana-, me parece raro.
Me parece raro que los argumentos de un radical sean los que se vertieron en la mesa. No sabemos por qué no lo van a apoyar; no lo entendemos, porque si nos basamos en lo que acaban de decir, pensamos: qué bien el partido radical, va a apoyar un proyecto de ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de un sector de la población, que es la franja etaria juvenil. Pero resulta que la opinión vertida al final de la alocución es: no lo vamos a acompañar con nuestro voto. Llama mucho la atención, pero en definitiva estos son los motivos por los cuales un partido centenario -que nació como un partido popular, que en los últimos años se lo regaló a un empresario mediocre y que no tiene representación en las elecciones- no dará su voto afirmativo a la iniciativa que estamos considerando.
SR. ROGEL No adelante cuál será mi voto.
SR. BURYAILE Scioli bajó de Sierra Maestra, señor diputado.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI La Presidencia solicita a los señores legisladores que no dialoguen.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Cabandié.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Cabandié.
SR. CABANDIÉ Señora presidenta: también llama la atención que el representante de un partido liberal diga que le parece menor este proyecto de ley.
No es magia llevar a cabo una política de Estado y tampoco es soplar y hacer botellas. La articulación de distintos organismos de la Juventud a lo largo y a lo ancho de la Argentina necesita no solamente de programas que se lleven a cabo desde la administración nacional, como el Progresar, que mencionamos anteriormente, sino que también es menester, para desarrollar con efectividad esos programas y que lleguen al conjunto de los jóvenes de todo el país, la articulación de los estados provinciales y municipales.
Bien sabemos que a lo largo y a lo ancho de la Argentina no existe en todos los que gobiernan los casi dos mil trescientos municipios que hay en el país una vocación de poner mayor atención a lo que es la franja etaria juvenil, a pesar de ser uno de los sectores vulnerables per se de acuerdo a estudios sociológicos y de distintas ciencias.
Por lo tanto, es necesario hacer hincapié en estas políticas y lograr esa articulación institucional para que éstas tengan mayor grado de efectividad.
Sin embargo, el diputado que acaba de decir que este proyecto le parece irrelevante es aquel que representa un gobierno que está sustentado en el esteticismo. No digo que éste sea un aspecto negativo ni que estemos en contra de las cuestiones que tienen que ver con lo bello y lo estético. De hecho, tenemos suficientes programas para demostrar que además de ser efectivos y de tener políticas con un anclaje muy profundo y estructural, también estamos preocupados por aquello que tiene que ver con el arte.
Cuando hablamos de arte podemos mencionar el Centro Cultural "Kirchner", que es bellísimo; entonces, no es que estemos en contra de lo estético. Pero, claro, alguien que representa un gobierno que solamente está parado sobre lo estético ve estas políticas como inservibles. Tienen menos profundidad que una Pelopincho porque sus políticas no apuntan a la estructura. (Risas.) Entonces, esto lo ven como inservible.
Este proyecto es muy importante porque va de la mano de algo que es estructural para nuestro gobierno y que tiene que ver con el nuevo Código Civil. El anterior código contemplaba a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes como personas sin capacidades. En cambio, el nuevo Código Civil establece que los niños y los jóvenes tienen capacidades progresivas. Pone a los jóvenes en el rango de sujetos de derecho.
Justamente, este proyecto de ley viene a acompañar ese cambio estructural que introdujimos nosotros con el nuevo Código Civil, ese plexo normativo que rige la vida de los argentinos desde lo civil y lo jurídico.
Por lo tanto, me parece que esta iniciativa es muy profunda, muy pertinente y muy necesaria para poder articular a lo largo y lo ancho de la Argentina la política de juventud que se está llevando a cabo desde hace doce años. (Aplausos.)
No es magia llevar a cabo una política de Estado y tampoco es soplar y hacer botellas. La articulación de distintos organismos de la Juventud a lo largo y a lo ancho de la Argentina necesita no solamente de programas que se lleven a cabo desde la administración nacional, como el Progresar, que mencionamos anteriormente, sino que también es menester, para desarrollar con efectividad esos programas y que lleguen al conjunto de los jóvenes de todo el país, la articulación de los estados provinciales y municipales.
Bien sabemos que a lo largo y a lo ancho de la Argentina no existe en todos los que gobiernan los casi dos mil trescientos municipios que hay en el país una vocación de poner mayor atención a lo que es la franja etaria juvenil, a pesar de ser uno de los sectores vulnerables per se de acuerdo a estudios sociológicos y de distintas ciencias.
Por lo tanto, es necesario hacer hincapié en estas políticas y lograr esa articulación institucional para que éstas tengan mayor grado de efectividad.
Sin embargo, el diputado que acaba de decir que este proyecto le parece irrelevante es aquel que representa un gobierno que está sustentado en el esteticismo. No digo que éste sea un aspecto negativo ni que estemos en contra de las cuestiones que tienen que ver con lo bello y lo estético. De hecho, tenemos suficientes programas para demostrar que además de ser efectivos y de tener políticas con un anclaje muy profundo y estructural, también estamos preocupados por aquello que tiene que ver con el arte.
Cuando hablamos de arte podemos mencionar el Centro Cultural "Kirchner", que es bellísimo; entonces, no es que estemos en contra de lo estético. Pero, claro, alguien que representa un gobierno que solamente está parado sobre lo estético ve estas políticas como inservibles. Tienen menos profundidad que una Pelopincho porque sus políticas no apuntan a la estructura. (Risas.) Entonces, esto lo ven como inservible.
Este proyecto es muy importante porque va de la mano de algo que es estructural para nuestro gobierno y que tiene que ver con el nuevo Código Civil. El anterior código contemplaba a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes como personas sin capacidades. En cambio, el nuevo Código Civil establece que los niños y los jóvenes tienen capacidades progresivas. Pone a los jóvenes en el rango de sujetos de derecho.
Justamente, este proyecto de ley viene a acompañar ese cambio estructural que introdujimos nosotros con el nuevo Código Civil, ese plexo normativo que rige la vida de los argentinos desde lo civil y lo jurídico.
Por lo tanto, me parece que esta iniciativa es muy profunda, muy pertinente y muy necesaria para poder articular a lo largo y lo ancho de la Argentina la política de juventud que se está llevando a cabo desde hace doce años. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra la señora diputada Burgos.
SRA. BURGOS Señora presidenta: a lo largo y lo ancho de todo el país no se llevan adelante políticas públicas para la juventud; en mi provincia, por ejemplo, definitivamente no pasa eso.
Los chicos de la Puna se siguen muriendo de hambre y de frío, no tienen lugar en donde estar y deben recorrer distancias impresionantes para estudiar. O sea, por lo menos en Jujuy no hay políticas públicas para la juventud.
El Consejo Federal de la Juventud, como bien dijo el señor diputado Tonelli, ya fue creado en el año 2007, es decir, hace ocho años. Me pregunto cuántas veces se reunió, qué medidas o políticas públicas adoptó hasta la fecha y cuáles se concretaron.
El señor subsecretario mencionó que este proyecto fue elaborado de forma federal y no detrás de un escritorio. Discrepo con eso y voy a decir por qué.
Yo no hago chicanas políticas en medio de una campaña, simplemente me baso en lo que realmente es. No voy a menospreciar a los partidos políticos porque creo que somos legisladores y no venimos acá a hacer campaña política.
Si es tan federal este proyecto, ¿por qué cuando se realizó el foro en Jujuy no fueron invitados los chicos de Franja Morada ni los de la única escuela municipal de Jujuy -Escuela Municipal "Maestra Marina Vilte"- que fuera creada por el municipio capitalino que en ese momento respondía a la Unión Cívica Radical?
Estuvimos ahí y los chicos no sabían para qué iban; no tenían idea. Fueron los de La Cámpora y dijeron sus discursos. Incluso también fue la señora Milagro Sala a hablar sobre el tema, pero los chicos no sabían para qué iban.
Por eso digo que realmente discrepo con lo que afirmó el señor subsecretario. Con la sanción de este proyecto, se elevará el rango de la que en cierto momento fue una dirección a Secretaría Nacional de la Juventud. ¿Pero qué hicieron hasta ahora, tanto ese organismo como el Consejo Federal de la Juventud? ¿Qué medidas dispusieron? Seguimos con un régimen penal juvenil de la época de la dictadura y con organismos que fueron creados hace tiempo, y no hicieron nada. Ahora, a dos meses de terminar el mandato, se preocupan por los jóvenes.
En San Salvador de Jujuy se aplicaron políticas públicas para incorporar a los jóvenes a través del BEGU, Boleto Estudiantil Gratuito y Universal. Se entrega a todos los chicos que son estudsiantes sin preguntar sobre el partido político al que pertenecen. Simplemente se requiere que sean estudiantes. Esta sí es una política pública para protegerlos y ampararlos.
Me parece que esta iniciativa es una máquina de crear cargos, nada más. Si no es así, dejemos que la aplique después de las elecciones el nuevo gobierno. De esa manera, nadie pensará ni quedará sobrevolando la idea de que apunta a crear nuevos cargos.
Además, no debemos olvidar todos los cargos que estarán por debajo de los que se mencionaron. Habrá empleados y más empleados para ayudar a quienes serán designados en esos cargos.
Comparto lo expresado por el señor diputado Tonelli respecto del Defensor de los Derechos de las Juventudes. Hasta ahora no hubo voluntad política -a pesar de lo resuelto en la Cámara de Diputados y en el Senado- para la designación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y sin embargo vamos a sumar un defensor más. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que sea designado?
Con respecto al Centro Cultural "Kirchner", pareciera ser que a nosotros no nos importa la cultura. Por el contrario, creemos que es una herramienta que colabora con el desarrollo de todas las políticas dirigidas a los jóvenes, ya que ellos también se pueden sumar a través de la cultura y del arte. En Jujuy pasa mucho eso, pero creo que los millones y millones de dólares invertidos para la construcción de ese centro cultural se podrían haber destinado a cubrir necesidades sumamente urgentes de provincias muy alejadas como la mía.
Vuelvo a comentar que en Jujuy los chicos tienen que caminar distancias impresionantes para llegar a centros educativos. No hay calefacción en las escuelas, y cuando esos chicos regresan a sus hogares están sus padres que no tienen qué darles de comer.
Entonces, no hablemos con chicanas a estas alturas y preocupémonos realmente por los derechos de los jóvenes. Yo también pienso que estos derechos están incorporados en nuestra Constitución de forma general. Podemos especificarlos, no me parece mal. Simplemente, discrepo en los puntos que he mencionado.
Jujuy fue declarada Capital Nacional de la Juventud y la Primavera; entonces, no puedo estar en contra de todo lo que implique favorecer e integrar a los jóvenes. Pero me parece que la forma como se lo está haciendo no está directamente relacionada con favorecerlos. Solamente se está buscando crear más cargos; nada más.
Los chicos de la Puna se siguen muriendo de hambre y de frío, no tienen lugar en donde estar y deben recorrer distancias impresionantes para estudiar. O sea, por lo menos en Jujuy no hay políticas públicas para la juventud.
El Consejo Federal de la Juventud, como bien dijo el señor diputado Tonelli, ya fue creado en el año 2007, es decir, hace ocho años. Me pregunto cuántas veces se reunió, qué medidas o políticas públicas adoptó hasta la fecha y cuáles se concretaron.
El señor subsecretario mencionó que este proyecto fue elaborado de forma federal y no detrás de un escritorio. Discrepo con eso y voy a decir por qué.
Yo no hago chicanas políticas en medio de una campaña, simplemente me baso en lo que realmente es. No voy a menospreciar a los partidos políticos porque creo que somos legisladores y no venimos acá a hacer campaña política.
Si es tan federal este proyecto, ¿por qué cuando se realizó el foro en Jujuy no fueron invitados los chicos de Franja Morada ni los de la única escuela municipal de Jujuy -Escuela Municipal "Maestra Marina Vilte"- que fuera creada por el municipio capitalino que en ese momento respondía a la Unión Cívica Radical?
Estuvimos ahí y los chicos no sabían para qué iban; no tenían idea. Fueron los de La Cámpora y dijeron sus discursos. Incluso también fue la señora Milagro Sala a hablar sobre el tema, pero los chicos no sabían para qué iban.
Por eso digo que realmente discrepo con lo que afirmó el señor subsecretario. Con la sanción de este proyecto, se elevará el rango de la que en cierto momento fue una dirección a Secretaría Nacional de la Juventud. ¿Pero qué hicieron hasta ahora, tanto ese organismo como el Consejo Federal de la Juventud? ¿Qué medidas dispusieron? Seguimos con un régimen penal juvenil de la época de la dictadura y con organismos que fueron creados hace tiempo, y no hicieron nada. Ahora, a dos meses de terminar el mandato, se preocupan por los jóvenes.
En San Salvador de Jujuy se aplicaron políticas públicas para incorporar a los jóvenes a través del BEGU, Boleto Estudiantil Gratuito y Universal. Se entrega a todos los chicos que son estudsiantes sin preguntar sobre el partido político al que pertenecen. Simplemente se requiere que sean estudiantes. Esta sí es una política pública para protegerlos y ampararlos.
Me parece que esta iniciativa es una máquina de crear cargos, nada más. Si no es así, dejemos que la aplique después de las elecciones el nuevo gobierno. De esa manera, nadie pensará ni quedará sobrevolando la idea de que apunta a crear nuevos cargos.
Además, no debemos olvidar todos los cargos que estarán por debajo de los que se mencionaron. Habrá empleados y más empleados para ayudar a quienes serán designados en esos cargos.
Comparto lo expresado por el señor diputado Tonelli respecto del Defensor de los Derechos de las Juventudes. Hasta ahora no hubo voluntad política -a pesar de lo resuelto en la Cámara de Diputados y en el Senado- para la designación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y sin embargo vamos a sumar un defensor más. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que sea designado?
Con respecto al Centro Cultural "Kirchner", pareciera ser que a nosotros no nos importa la cultura. Por el contrario, creemos que es una herramienta que colabora con el desarrollo de todas las políticas dirigidas a los jóvenes, ya que ellos también se pueden sumar a través de la cultura y del arte. En Jujuy pasa mucho eso, pero creo que los millones y millones de dólares invertidos para la construcción de ese centro cultural se podrían haber destinado a cubrir necesidades sumamente urgentes de provincias muy alejadas como la mía.
Vuelvo a comentar que en Jujuy los chicos tienen que caminar distancias impresionantes para llegar a centros educativos. No hay calefacción en las escuelas, y cuando esos chicos regresan a sus hogares están sus padres que no tienen qué darles de comer.
Entonces, no hablemos con chicanas a estas alturas y preocupémonos realmente por los derechos de los jóvenes. Yo también pienso que estos derechos están incorporados en nuestra Constitución de forma general. Podemos especificarlos, no me parece mal. Simplemente, discrepo en los puntos que he mencionado.
Jujuy fue declarada Capital Nacional de la Juventud y la Primavera; entonces, no puedo estar en contra de todo lo que implique favorecer e integrar a los jóvenes. Pero me parece que la forma como se lo está haciendo no está directamente relacionada con favorecerlos. Solamente se está buscando crear más cargos; nada más.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani.
SRA. CICILIANI Señora presidenta: quiero transmitir en esta reunión el sentir de los jóvenes de la Juventud Socialista y del Movimiento Nacional Reformista, que nos enviaron un documento titulado: Al Fin Debatimos una Ley de Juventudes.
Para el Partido Socialista esto no es nuevo. Como consecuencia de la primera iniciativa presentada en la materia -en 1990, por parte del exdiputado Estévez Boero- tenemos responsabilidades de gestión, el Gabinete Joven y el Centro de la Juventud en la ciudad de Rosario, que son referencias de políticas públicas para jóvenes tanto a nivel nacional como internacional.
En el año 2008 tuvimos que pelear bastante con los compañeros del Partido Justicialista, en sus distintas versiones, por el tema del Gabinete Joven, pues nos acusaban de que estábamos creando cargos innecesarios.
Consideramos que los derechos de las juventudes, como los de cualquier otro sector, se garantizan cuando a las políticas públicas se les asigna presupuesto, se les dan las partidas y los espacios políticos para ejecutarlas. De lo contrario, esto pasa a ser una mera declaración de derechos.
Obviamente que en términos generales estamos de acuerdo con esta propuesta, pero creemos que nos quedamos cortos en la institucionalización y en las cuestiones concretas. Por eso es que hoy queremos hacer muchas propuestas, que ojalá pronto podamos discutir en el recinto.
Por ejemplo, cuando en el artículo 5° se dispone que el Estado tiene que garantizar la educación, consideramos que se debe hacer referencia a la educación laica, algo que para nosotros no es un dato menor. Creemos relevante que entre los principios de una educación pública y gratuita se contemple un sistema educativo laico garantizado por el Estado, para así asegurar a los jóvenes la libertad de culto.
Por otro lado, queremos incorporar un párrafo que establezca que se fomentarán prácticas de desarrollo social y comunitario y voluntariados juveniles para fomentar la solidaridad y el trabajo asociativo basado en criterios de educación y de construcción colectiva de conocimientos.
Para el Partido Socialista esto no es nuevo. Como consecuencia de la primera iniciativa presentada en la materia -en 1990, por parte del exdiputado Estévez Boero- tenemos responsabilidades de gestión, el Gabinete Joven y el Centro de la Juventud en la ciudad de Rosario, que son referencias de políticas públicas para jóvenes tanto a nivel nacional como internacional.
En el año 2008 tuvimos que pelear bastante con los compañeros del Partido Justicialista, en sus distintas versiones, por el tema del Gabinete Joven, pues nos acusaban de que estábamos creando cargos innecesarios.
Consideramos que los derechos de las juventudes, como los de cualquier otro sector, se garantizan cuando a las políticas públicas se les asigna presupuesto, se les dan las partidas y los espacios políticos para ejecutarlas. De lo contrario, esto pasa a ser una mera declaración de derechos.
Obviamente que en términos generales estamos de acuerdo con esta propuesta, pero creemos que nos quedamos cortos en la institucionalización y en las cuestiones concretas. Por eso es que hoy queremos hacer muchas propuestas, que ojalá pronto podamos discutir en el recinto.
Por ejemplo, cuando en el artículo 5° se dispone que el Estado tiene que garantizar la educación, consideramos que se debe hacer referencia a la educación laica, algo que para nosotros no es un dato menor. Creemos relevante que entre los principios de una educación pública y gratuita se contemple un sistema educativo laico garantizado por el Estado, para así asegurar a los jóvenes la libertad de culto.
Por otro lado, queremos incorporar un párrafo que establezca que se fomentarán prácticas de desarrollo social y comunitario y voluntariados juveniles para fomentar la solidaridad y el trabajo asociativo basado en criterios de educación y de construcción colectiva de conocimientos.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI ¿Ese agregado sería en el mismo artículo 5°?
SRA. CICILIANI No lo tenemos determinado; luego podemos analizar, desde el punto de vista técnico, dónde lo podríamos agregar.
Asimismo, cuando el proyecto de ley se refiere a un concepto tan amplio como garantizar el acceso a la cultura, sugerimos agregar: la promoción del estímulo a las industrias culturales que tiendan a generar escenarios alternativos a las propuestas de consumo cultural fuera de las impulsadas por la lógica del mercado.
Respecto del artículo que trata sobre el derecho a la salud, que también es muy importante, nos parece que la ley tiene que ser más taxativa cuando se refiere a las adicciones. Esta es una cuestión que hoy debemos abordar específicamente. Nosotros consideramos que el derecho de los jóvenes a la salud, frente a las adicciones, debe estar claramente contemplado como parte integrante de las políticas en materia de salud pública.
En cuanto a la organización institucional y gubernamental, insistimos en la creación de un Gabinete Joven como el que ya existe en las provincias de Santa Fe y de Tierra del Fuego, una estructura que ha recibido reconocimiento internacional por su carácter innovador y su capacidad de potenciar la gestión.
Para nosotros, el Gabinete Joven significa una bandera de total identificación con nuestra mirada de política pública. Cuando tuve la experiencia de formar parte del gabinete del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, dimos a un joven la responsabilidad de ser director provincial de Inspección del Trabajo.
Era una de las áreas más relevantes dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia y quedó a cargo un joven que, además de participar del gabinete ministerial con el titular de la cartera de Trabajo y Seguridad junto con sus compañeros del área de construcción de políticas públicas, se reunía con los integrantes del Gabinete Joven de los demás ministerios, con una planificación y una mirada trasversal de política pública y de gestión diaria en todos los ámbitos del gobierno provincial.
Por supuesto que debatíamos en forma pública y teníamos que lidiar contra las denuncias; por ejemplo, se decía que era caro fomentar desde el Estado políticas públicas juveniles con la participación institucional de los jóvenes. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que después de ocho años esto tiene que trascender a un gobierno o un proyecto político para transformarse en un derecho de todos los jóvenes, independientemente del partido político al cual pertenezcan.
En la Legislatura de Santa Fe -donde, por supuesto, tenemos minoría en ambas Cámaras-, está presentado un proyecto sobre Ley Provincial de Juventudes que no avanza, así que pido a los legisladores de nuestra provincia que pertenecen a su espacio político, señora presidenta, que contribuyan a que esta iniciativa prospere.
También creemos que hay otro déficit en el proyecto oficial y es la ausencia de un observatorio de juventudes. Existe en Brasil, por ejemplo, y es una buena experiencia. El objetivo de diagnóstico de la situación de los jóvenes y de las estadísticas oficiales es necesario. Con la idoneidad necesaria, es un complemento técnico para la definición de políticas juveniles. Por eso entendemos que un observatorio de estas características también debería estar particularmente explicitado en la norma.
Hechas estas observaciones, en representación de nuestros jóvenes agradezco la posibilidad de participar en este debate.
Asimismo, cuando el proyecto de ley se refiere a un concepto tan amplio como garantizar el acceso a la cultura, sugerimos agregar: la promoción del estímulo a las industrias culturales que tiendan a generar escenarios alternativos a las propuestas de consumo cultural fuera de las impulsadas por la lógica del mercado.
Respecto del artículo que trata sobre el derecho a la salud, que también es muy importante, nos parece que la ley tiene que ser más taxativa cuando se refiere a las adicciones. Esta es una cuestión que hoy debemos abordar específicamente. Nosotros consideramos que el derecho de los jóvenes a la salud, frente a las adicciones, debe estar claramente contemplado como parte integrante de las políticas en materia de salud pública.
En cuanto a la organización institucional y gubernamental, insistimos en la creación de un Gabinete Joven como el que ya existe en las provincias de Santa Fe y de Tierra del Fuego, una estructura que ha recibido reconocimiento internacional por su carácter innovador y su capacidad de potenciar la gestión.
Para nosotros, el Gabinete Joven significa una bandera de total identificación con nuestra mirada de política pública. Cuando tuve la experiencia de formar parte del gabinete del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, dimos a un joven la responsabilidad de ser director provincial de Inspección del Trabajo.
Era una de las áreas más relevantes dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia y quedó a cargo un joven que, además de participar del gabinete ministerial con el titular de la cartera de Trabajo y Seguridad junto con sus compañeros del área de construcción de políticas públicas, se reunía con los integrantes del Gabinete Joven de los demás ministerios, con una planificación y una mirada trasversal de política pública y de gestión diaria en todos los ámbitos del gobierno provincial.
Por supuesto que debatíamos en forma pública y teníamos que lidiar contra las denuncias; por ejemplo, se decía que era caro fomentar desde el Estado políticas públicas juveniles con la participación institucional de los jóvenes. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que después de ocho años esto tiene que trascender a un gobierno o un proyecto político para transformarse en un derecho de todos los jóvenes, independientemente del partido político al cual pertenezcan.
En la Legislatura de Santa Fe -donde, por supuesto, tenemos minoría en ambas Cámaras-, está presentado un proyecto sobre Ley Provincial de Juventudes que no avanza, así que pido a los legisladores de nuestra provincia que pertenecen a su espacio político, señora presidenta, que contribuyan a que esta iniciativa prospere.
También creemos que hay otro déficit en el proyecto oficial y es la ausencia de un observatorio de juventudes. Existe en Brasil, por ejemplo, y es una buena experiencia. El objetivo de diagnóstico de la situación de los jóvenes y de las estadísticas oficiales es necesario. Con la idoneidad necesaria, es un complemento técnico para la definición de políticas juveniles. Por eso entendemos que un observatorio de estas características también debería estar particularmente explicitado en la norma.
Hechas estas observaciones, en representación de nuestros jóvenes agradezco la posibilidad de participar en este debate.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI La Presidencia solicita a la señora diputada que nos haga llegar por escrito las propuestas de modificación a los diferentes artículos para que podamos evaluarlas.
Tiene la palabra el señor diputado Heller.
Tiene la palabra el señor diputado Heller.
SR. HELLER Señora presidenta: en primer lugar, agradezco al funcionario del Poder Ejecutivo por su información, dado que estamos tratando un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo.
En segundo término, pareciera que se vuelven a plantear en el debate algunas cuestiones que hemos discutido en las últimas reuniones de comisión respecto de la legitimidad o no que tienen este cuerpo y el gobierno nacional de seguir gobernando hasta el último día de mandato. Las mismas voces que plantean la necesidad de tener políticas de Estado que vayan más allá de este gobierno, extrañamente proponen dejar ciertas decisiones en manos de la próxima gestión, como si la mayoría parlamentaria que hoy existe no tuviera plena legitimidad para avanzar en el tratamiento de los proyectos que se encuentran en consideración.
Llama la atención tanta preocupación -incluso el señor diputado Feletti dijo que lo que abunda no daña- porque estamos frente a un proyecto que, en realidad, busca instituir un marco legal integral.
Es decir que reúne una cantidad de cuestiones que están dispersas y las pone en un único marco referencial.
No creo que sea un tema menor, porque aparecen bien planteados los derechos de los jóvenes y las obligaciones del Estado para promover y garantizar su ejercicio efectivo y darles estabilidad, articulación, institucionalidad y recursos porque, como bien se dijo aquí, sin recursos no hay políticas posibles.
Esta iniciativa no puede ser vista de otra manera que como un avance dentro de un proceso en el que no es menor ocuparse del tema de los jóvenes. A lo largo de la historia, las acciones del Estado en esta materia han ido desarrollando una tensión que aún persiste. Nadie puede decir que no es así; si no, prestemos atención a algunos discursos. Están los que tienen un enfoque represivo y los que se basan en la promoción de derechos. Permanentemente esta cuestión aparece cuando se analizan distintas situaciones: están los que quieren solucionar el problema endureciendo y sancionando, y los que creemos que hay que integrar, desarrollar, ayudar, formar e incluir, entre otras cosas.
También hay que tener en cuenta que no es casual que a lo largo de la historia los jóvenes han sido las principales víctimas de los principales horrores de la humanidad.
Si tomamos el caso de la Argentina, el 70 por ciento de los desaparecidos de la última dictadura tenían entre 16 y 30 años. No es un dato menor. Resulta obvio que también podríamos decir, porque inevitablemente es así, que las víctimas de la locura de Malvinas corresponden a la misma franja etaria. Asimismo, durante los 90 -y no por medios represivos- los jóvenes fueron las víctimas privilegiadas de las políticas de ajuste en materia de educación, de desempleo y de flexibilidad laboral.
Cuando uno mira los paraísos donde reinan las políticas neoliberales, observa que esto sigue pasando. España y Grecia, que están sacudidas por fuertes fenómenos de desempleo, tienen el doble de desempleo juvenil. Es decir que si el índice alcanza el 25 por ciento, en la franja de los jóvenes llega al 50 por ciento.
Entonces parece inevitable, imperioso y necesario que contemos con una normativa como la que se propone, con organismos y recursos para que todas estas cuestiones puedan ser efectivamente tratadas y los derechos particulares de los jóvenes estén debidamente protegidos e incluidos.
Por lo tanto, nosotros creemos que no hay ningún problema de inoportunidad. Por el contrario, nos parece absolutamente oportuna esta iniciativa. Creemos que prevé una articulación adecuada de los distintos organismos que plantea y que contiene un ordenamiento adecuado respecto de cómo se van a componer y de la manera como serán designados sus miembros. También nos parece que la existencia de recursos es una cuestión fundamental para garantizar su funcionamiento. En efecto, nos tiene que dejar satisfechos que se dote de recursos a organismos de esta naturaleza.
Obviamente, están los que adhieren a aquel principio de que achicar el Estado es agrandar la Nación; todos los días vemos con horror en los medios cómo se señala con sentido crítico el crecimiento de los cargos públicos. Evidentemente, los que quieren presentar esto como un fenómeno negativo lo encaran desde el punto de vista de su costo fiscal; pero, en realidad, están reivindicando la teoría de que achicar el Estado es agrandar la Nación y que cuanto menos Estado hay, cuanto menor es la participación reguladora y más libertad se da al mercado para que sea quien realmente articule, la cosa funciona mejor.
Nada de eso es cierto. La vida ha demostrado que eso es una gran mentira y que cada vez que sucedió solo trajo pobreza, desempleo, exclusión y represión. Son cosas que siempre vienen de la mano: cuando hay pobreza y exclusión, la represión llega para poder ordenar lo que no se puede resolver ante la pérdida de derechos.
En el marco de esta valoración absolutamente positiva del proyecto en consideración, nosotros también queremos proponer unas pequeñas modificaciones que tienen un sentido único: la inclusión más explícita del cooperativismo.
Tengo en mis manos un documento que me ha hecho llegar la Cooperar. A propósito del tema, cumplo en informar que la organización mundial de cooperativas, la Alianza Cooperativa Internacional, tiene en la presidencia del Comité Ejecutivo de la Red de Jóvenes a una argentina. Creo que algunos deberían considerarlo; tenemos el orgullo de decir que este organismo mundial está presidido por Gabriela Buffa, una joven dirigente del movimiento cooperativo argentino.
Como decía, la Cooperar me ha hecho llegar una serie de propuestas; no creo que podamos tratarlas todas, pero algunas son realmente pequeños cambios. Por ejemplo, al final del artículo 22 se propone agregar: "El cooperativismo constituirá un recurso cultural, político y pedagógico, dado que promueve la conformación de una ética solidaria y provee herramientas para la gestión democrática desde una perspectiva transformadora de la sociedad."
En el artículo 23, en lugar de "valores solidarios" se sugiere la expresión: "Los principios y valores solidarios del cooperativismo y el mutualismo."
Al final del artículo 24, se sugiere agregar: "dándole prioridad al modelo cooperativo como herramienta enriquecedora de la articulación entre educación y trabajo."
Por último, en el artículo 29 la propuesta es que luego de "las organizaciones no gubernamentales" se agregue: "las confederaciones de cooperativas y mutuales". Asimismo, que después de "las representaciones estudiantiles" diga: "las representaciones de las juventudes vinculadas a sindicatos, cooperativas y mutuales."
Son pequeños cambios, pero nos parece que van en la dirección correcta y que respetan el sentido del proyecto a la vez que le dan valor a lo cooperativo. Por eso entendemos que estas modificaciones podrían ser incorporadas.
Por lo demás, está claro que damos nuestro apoyo a la iniciativa en tratamiento. (Aplausos.)
En segundo término, pareciera que se vuelven a plantear en el debate algunas cuestiones que hemos discutido en las últimas reuniones de comisión respecto de la legitimidad o no que tienen este cuerpo y el gobierno nacional de seguir gobernando hasta el último día de mandato. Las mismas voces que plantean la necesidad de tener políticas de Estado que vayan más allá de este gobierno, extrañamente proponen dejar ciertas decisiones en manos de la próxima gestión, como si la mayoría parlamentaria que hoy existe no tuviera plena legitimidad para avanzar en el tratamiento de los proyectos que se encuentran en consideración.
Llama la atención tanta preocupación -incluso el señor diputado Feletti dijo que lo que abunda no daña- porque estamos frente a un proyecto que, en realidad, busca instituir un marco legal integral.
Es decir que reúne una cantidad de cuestiones que están dispersas y las pone en un único marco referencial.
No creo que sea un tema menor, porque aparecen bien planteados los derechos de los jóvenes y las obligaciones del Estado para promover y garantizar su ejercicio efectivo y darles estabilidad, articulación, institucionalidad y recursos porque, como bien se dijo aquí, sin recursos no hay políticas posibles.
Esta iniciativa no puede ser vista de otra manera que como un avance dentro de un proceso en el que no es menor ocuparse del tema de los jóvenes. A lo largo de la historia, las acciones del Estado en esta materia han ido desarrollando una tensión que aún persiste. Nadie puede decir que no es así; si no, prestemos atención a algunos discursos. Están los que tienen un enfoque represivo y los que se basan en la promoción de derechos. Permanentemente esta cuestión aparece cuando se analizan distintas situaciones: están los que quieren solucionar el problema endureciendo y sancionando, y los que creemos que hay que integrar, desarrollar, ayudar, formar e incluir, entre otras cosas.
También hay que tener en cuenta que no es casual que a lo largo de la historia los jóvenes han sido las principales víctimas de los principales horrores de la humanidad.
Si tomamos el caso de la Argentina, el 70 por ciento de los desaparecidos de la última dictadura tenían entre 16 y 30 años. No es un dato menor. Resulta obvio que también podríamos decir, porque inevitablemente es así, que las víctimas de la locura de Malvinas corresponden a la misma franja etaria. Asimismo, durante los 90 -y no por medios represivos- los jóvenes fueron las víctimas privilegiadas de las políticas de ajuste en materia de educación, de desempleo y de flexibilidad laboral.
Cuando uno mira los paraísos donde reinan las políticas neoliberales, observa que esto sigue pasando. España y Grecia, que están sacudidas por fuertes fenómenos de desempleo, tienen el doble de desempleo juvenil. Es decir que si el índice alcanza el 25 por ciento, en la franja de los jóvenes llega al 50 por ciento.
Entonces parece inevitable, imperioso y necesario que contemos con una normativa como la que se propone, con organismos y recursos para que todas estas cuestiones puedan ser efectivamente tratadas y los derechos particulares de los jóvenes estén debidamente protegidos e incluidos.
Por lo tanto, nosotros creemos que no hay ningún problema de inoportunidad. Por el contrario, nos parece absolutamente oportuna esta iniciativa. Creemos que prevé una articulación adecuada de los distintos organismos que plantea y que contiene un ordenamiento adecuado respecto de cómo se van a componer y de la manera como serán designados sus miembros. También nos parece que la existencia de recursos es una cuestión fundamental para garantizar su funcionamiento. En efecto, nos tiene que dejar satisfechos que se dote de recursos a organismos de esta naturaleza.
Obviamente, están los que adhieren a aquel principio de que achicar el Estado es agrandar la Nación; todos los días vemos con horror en los medios cómo se señala con sentido crítico el crecimiento de los cargos públicos. Evidentemente, los que quieren presentar esto como un fenómeno negativo lo encaran desde el punto de vista de su costo fiscal; pero, en realidad, están reivindicando la teoría de que achicar el Estado es agrandar la Nación y que cuanto menos Estado hay, cuanto menor es la participación reguladora y más libertad se da al mercado para que sea quien realmente articule, la cosa funciona mejor.
Nada de eso es cierto. La vida ha demostrado que eso es una gran mentira y que cada vez que sucedió solo trajo pobreza, desempleo, exclusión y represión. Son cosas que siempre vienen de la mano: cuando hay pobreza y exclusión, la represión llega para poder ordenar lo que no se puede resolver ante la pérdida de derechos.
En el marco de esta valoración absolutamente positiva del proyecto en consideración, nosotros también queremos proponer unas pequeñas modificaciones que tienen un sentido único: la inclusión más explícita del cooperativismo.
Tengo en mis manos un documento que me ha hecho llegar la Cooperar. A propósito del tema, cumplo en informar que la organización mundial de cooperativas, la Alianza Cooperativa Internacional, tiene en la presidencia del Comité Ejecutivo de la Red de Jóvenes a una argentina. Creo que algunos deberían considerarlo; tenemos el orgullo de decir que este organismo mundial está presidido por Gabriela Buffa, una joven dirigente del movimiento cooperativo argentino.
Como decía, la Cooperar me ha hecho llegar una serie de propuestas; no creo que podamos tratarlas todas, pero algunas son realmente pequeños cambios. Por ejemplo, al final del artículo 22 se propone agregar: "El cooperativismo constituirá un recurso cultural, político y pedagógico, dado que promueve la conformación de una ética solidaria y provee herramientas para la gestión democrática desde una perspectiva transformadora de la sociedad."
En el artículo 23, en lugar de "valores solidarios" se sugiere la expresión: "Los principios y valores solidarios del cooperativismo y el mutualismo."
Al final del artículo 24, se sugiere agregar: "dándole prioridad al modelo cooperativo como herramienta enriquecedora de la articulación entre educación y trabajo."
Por último, en el artículo 29 la propuesta es que luego de "las organizaciones no gubernamentales" se agregue: "las confederaciones de cooperativas y mutuales". Asimismo, que después de "las representaciones estudiantiles" diga: "las representaciones de las juventudes vinculadas a sindicatos, cooperativas y mutuales."
Son pequeños cambios, pero nos parece que van en la dirección correcta y que respetan el sentido del proyecto a la vez que le dan valor a lo cooperativo. Por eso entendemos que estas modificaciones podrían ser incorporadas.
Por lo demás, está claro que damos nuestro apoyo a la iniciativa en tratamiento. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Si bien la Cooperar ya se comunicó con la comisión y estamos trabajando en las propuestas, ya que el señor diputado tiene el documento le pido que nos lo deje así lo evaluamos.
Tiene la palabra la señora diputada Carrizo.
Tiene la palabra la señora diputada Carrizo.
SRA. CARRIZO Señora presidenta: muy brevemente quiero decir que desde el interbloque integrado por Coalición Cívica y Suma+ECO apoyamos los objetivos generales del proyecto, pero tenemos disidencias que vamos a enumerar vinculadas con la construcción institucional de la juventud como actor colectivo.
Primero, no es banal en qué órbita estarán esos organismos porque una cosa es que estén en la administración pública y otra en el Poder Ejecutivo como institución. En definitiva, la articulación institucional no puede significar dependencia presidencial ni de la gestión actual ni de ninguna otra que haya en el futuro.
Creemos que el lugar donde estén garantizará o no la autonomía de los jóvenes como actores colectivos; como dice esa frase tan importante, durante la juventud el poder se ejerce, no se solicita.
Segundo, entendemos que la mayor burocracia no siempre mejora las políticas. No necesariamente nuestras críticas sobre la existencia de más burocracia tienen que ver con una cuestión fiscal sino con que, a veces, la burocracia marca una política. Por eso están las banderas de la burocracia partidaria o de la burocracia sindical, que no tienen que ver con cuánto cuesta sino con la manera como afectan la implementación de buenas y malas políticas.
Tercero, queremos hacer una propuesta que consiste en una pequeña modificación en el artículo 24. Concretamente, con incluir un universo de jóvenes vulnerables que no está mencionado: los jóvenes sin cuidados parentales en la Argentina.
La idea es incluir este universo como objetivo. Algo hablamos con la señora presidenta sobre nuestra propuesta, que consiste en que el artículo 24 -dentro del título III, sección I, "Deberes del Estado"- quede redactado así: "Educación en contexto de encierro. El Estado a través de sus dependencias promueve el acceso a la educación y al trabajo de los jóvenes sin cuidados parentales y de los jóvenes imputados, detenidos o condenados por la comisión de algún hecho punible."
Es claro que una cosa son los jóvenes en situación de encierro, que tienen problemas penales, y otra los jóvenes sin cuidados parentales que están a cargo de instituciones, hogares de tránsito, etcétera. Queremos priorizar ese universo como objetivo para el futuro.
Primero, no es banal en qué órbita estarán esos organismos porque una cosa es que estén en la administración pública y otra en el Poder Ejecutivo como institución. En definitiva, la articulación institucional no puede significar dependencia presidencial ni de la gestión actual ni de ninguna otra que haya en el futuro.
Creemos que el lugar donde estén garantizará o no la autonomía de los jóvenes como actores colectivos; como dice esa frase tan importante, durante la juventud el poder se ejerce, no se solicita.
Segundo, entendemos que la mayor burocracia no siempre mejora las políticas. No necesariamente nuestras críticas sobre la existencia de más burocracia tienen que ver con una cuestión fiscal sino con que, a veces, la burocracia marca una política. Por eso están las banderas de la burocracia partidaria o de la burocracia sindical, que no tienen que ver con cuánto cuesta sino con la manera como afectan la implementación de buenas y malas políticas.
Tercero, queremos hacer una propuesta que consiste en una pequeña modificación en el artículo 24. Concretamente, con incluir un universo de jóvenes vulnerables que no está mencionado: los jóvenes sin cuidados parentales en la Argentina.
La idea es incluir este universo como objetivo. Algo hablamos con la señora presidenta sobre nuestra propuesta, que consiste en que el artículo 24 -dentro del título III, sección I, "Deberes del Estado"- quede redactado así: "Educación en contexto de encierro. El Estado a través de sus dependencias promueve el acceso a la educación y al trabajo de los jóvenes sin cuidados parentales y de los jóvenes imputados, detenidos o condenados por la comisión de algún hecho punible."
Es claro que una cosa son los jóvenes en situación de encierro, que tienen problemas penales, y otra los jóvenes sin cuidados parentales que están a cargo de instituciones, hogares de tránsito, etcétera. Queremos priorizar ese universo como objetivo para el futuro.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Antes de dar la palabra al siguiente orador, quiero aclarar que estamos cerrado la lista. Quedan diez diputados por hacer uso de la palabra; son las 14 y a las 15 la Comisión de Legislación General tiene previsto realizar una nueva reunión conjunta. Entonces, solicito a los diputados que deseen hacer uso de la palabra que lo comuniquen ahora a la Presidencia para que puedan ser incorporados en la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor diputado López.
Tiene la palabra el señor diputado López.
SR. LÓPEZ Señora presidenta: en primer lugar, anuncio que están presenciando este debate Julián Asiner, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y Gabriel Solano, quien fue responsable de la Juventud del Partido Obrero durante más de quince años y hoy es primer candidato a diputado nacional en la lista del Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires.
Es claro que detrás de este proyecto, el objetivo que se plantea el gobierno es una mayor regimentación de las organizaciones juveniles mediante la cooptación y la creación de cargos. Además, ha dado un salto cualitativo, pues al crear el Registro de Organizaciones de Juventud, la regimentación que intenta generar con esta iniciativa pasa directamente a significar una estatización de las organizaciones juveniles.
Todo esto se coloca detrás de la defensa de los derechos de los jóvenes que ya están contemplados en la Constitución.
Asimismo, se propone la creación de diversos organismos cuyos funcionarios serán nombrados por un gobierno que en estos doce años ha sido incapaz de resolver los principales problemas que tiene la juventud de nuestro país.
Hoy los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral y de la tercerización. Hemos organizado varias audiencias en el Congreso con jóvenes trabajadores que son víctimas de esta situación. La tercerización fue consagrada en el nuevo Código Civil y Comercial, lo que constituye un verdadero fraude laboral. Asimismo, esa tercerización fue enfrentada por nuestro compañero Mariano Ferreyra, un militante de nuestra juventud que fue asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria con la complicidad de la Policía Federal, que en ese momento estaba bajo el mando de Aníbal Fernández.
Ya que aquí se mencionó a las víctimas de 2001, no quiero dejar de recordar a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pues muchos de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda siguen impunes y forman parte del actual gobierno.
Hoy la juventud está luchando en defensa de la educación y de la salud. Por ejemplo, mañana habrá una movilización de estudiantes y trabajadores por la crisis que existe en el Hospital de Clínicas, que muestra en forma aguda el vaciamiento de la educación y la salud que se produce en todo el país y que niega a la juventud el acceso a esos derechos.
Estamos peleando por los derechos de la salud reproductiva de las mujeres, principalmente de las mujeres jóvenes, así como por la legalización del derecho al aborto seguro y gratuito. Por ejemplo, en la provincia de Salta les es negado a las jóvenes abusadas el derecho al aborto no punible.
Asimismo, en la provincia de Salta estamos luchando por la educación laica, ya que tenemos un régimen que ha impuesto en las escuelas públicas la educación religiosa obligatoria.
Aquí se ha señalado que incluso este proyecto no contempla que la educación sea laica, y existe toda una maniobra -incluso a través del Digesto Legislativo- tendiente a excluirla para avanzar en la educación religiosa obligatoria en los establecimientos públicos.
La juventud hoy es víctima de una brutal violencia de las fuerzas de seguridad: represiones, detenciones arbitrarias, gatillo fácil. Tenemos un caso emblemático como el de Luciano Arruga, un joven que fue secuestrado y asesinado por las fuerzas de seguridad por negarse a formar parte de las bandas delictivas organizadas por las propias fuerzas de seguridad, que además son cómplices del narcotráfico que afecta principalmente a la juventud.
Pensamos que todos los organismos que se crean en este proyecto son completamente inocuos para la defensa de los derechos de la juventud. Para que verdaderamente exista un organismo capaz de defender todos y cada uno de esos derechos, sus miembros deben ser elegidos por los propios jóvenes, en quienes también tendría que recaer la facultad de revocar sus mandatos en caso de que no cumplan con su tarea. Esta es la base del dictamen que vamos a presentar.
Por último, quiero señalar un aspecto que no es menor para nosotros y que el señor subsecretario lo ha colocado como punto central del proyecto en consideración. Me refiero al Progresar. Creemos que cuestiones tales como su actualización, su mejora, su implementación o lo que fuere deberían formar parte de un proyecto separado. Este es un marco legal integral de la juventud y la incorporación de aquellas temáticas actúa como un chantaje, para que la iniciativa sea muy difícil de cuestionar y nos veamos obligados a aprobarla, porque lo que está en juego es la actualización de un programa que, sin lugar a dudas, muchos necesitan por la situación en que viven.
Es claro que detrás de este proyecto, el objetivo que se plantea el gobierno es una mayor regimentación de las organizaciones juveniles mediante la cooptación y la creación de cargos. Además, ha dado un salto cualitativo, pues al crear el Registro de Organizaciones de Juventud, la regimentación que intenta generar con esta iniciativa pasa directamente a significar una estatización de las organizaciones juveniles.
Todo esto se coloca detrás de la defensa de los derechos de los jóvenes que ya están contemplados en la Constitución.
Asimismo, se propone la creación de diversos organismos cuyos funcionarios serán nombrados por un gobierno que en estos doce años ha sido incapaz de resolver los principales problemas que tiene la juventud de nuestro país.
Hoy los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral y de la tercerización. Hemos organizado varias audiencias en el Congreso con jóvenes trabajadores que son víctimas de esta situación. La tercerización fue consagrada en el nuevo Código Civil y Comercial, lo que constituye un verdadero fraude laboral. Asimismo, esa tercerización fue enfrentada por nuestro compañero Mariano Ferreyra, un militante de nuestra juventud que fue asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria con la complicidad de la Policía Federal, que en ese momento estaba bajo el mando de Aníbal Fernández.
Ya que aquí se mencionó a las víctimas de 2001, no quiero dejar de recordar a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pues muchos de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda siguen impunes y forman parte del actual gobierno.
Hoy la juventud está luchando en defensa de la educación y de la salud. Por ejemplo, mañana habrá una movilización de estudiantes y trabajadores por la crisis que existe en el Hospital de Clínicas, que muestra en forma aguda el vaciamiento de la educación y la salud que se produce en todo el país y que niega a la juventud el acceso a esos derechos.
Estamos peleando por los derechos de la salud reproductiva de las mujeres, principalmente de las mujeres jóvenes, así como por la legalización del derecho al aborto seguro y gratuito. Por ejemplo, en la provincia de Salta les es negado a las jóvenes abusadas el derecho al aborto no punible.
Asimismo, en la provincia de Salta estamos luchando por la educación laica, ya que tenemos un régimen que ha impuesto en las escuelas públicas la educación religiosa obligatoria.
Aquí se ha señalado que incluso este proyecto no contempla que la educación sea laica, y existe toda una maniobra -incluso a través del Digesto Legislativo- tendiente a excluirla para avanzar en la educación religiosa obligatoria en los establecimientos públicos.
La juventud hoy es víctima de una brutal violencia de las fuerzas de seguridad: represiones, detenciones arbitrarias, gatillo fácil. Tenemos un caso emblemático como el de Luciano Arruga, un joven que fue secuestrado y asesinado por las fuerzas de seguridad por negarse a formar parte de las bandas delictivas organizadas por las propias fuerzas de seguridad, que además son cómplices del narcotráfico que afecta principalmente a la juventud.
Pensamos que todos los organismos que se crean en este proyecto son completamente inocuos para la defensa de los derechos de la juventud. Para que verdaderamente exista un organismo capaz de defender todos y cada uno de esos derechos, sus miembros deben ser elegidos por los propios jóvenes, en quienes también tendría que recaer la facultad de revocar sus mandatos en caso de que no cumplan con su tarea. Esta es la base del dictamen que vamos a presentar.
Por último, quiero señalar un aspecto que no es menor para nosotros y que el señor subsecretario lo ha colocado como punto central del proyecto en consideración. Me refiero al Progresar. Creemos que cuestiones tales como su actualización, su mejora, su implementación o lo que fuere deberían formar parte de un proyecto separado. Este es un marco legal integral de la juventud y la incorporación de aquellas temáticas actúa como un chantaje, para que la iniciativa sea muy difícil de cuestionar y nos veamos obligados a aprobarla, porque lo que está en juego es la actualización de un programa que, sin lugar a dudas, muchos necesitan por la situación en que viven.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra el señor Tignanelli.
SR. TIGNANELLI Señora presidenta: en primer lugar, un diputado preopinante planteó que no es necesario el Defensor de los Derechos de las Juventudes. No es casual, teniendo en cuenta que en la provincia de Tucumán el partido al que pertenece ese legislador presentó un recurso ante la Justicia para que no puedan votar los jóvenes de 16 a 18 años. La Justicia, lamentablemente ha hecho lugar a su petición, quitando esa posibilidad a los jóvenes.
Tampoco es casual si consideramos la enumeración del rol que ha tenido el Estado en distintas épocas respecto de la juventud. En la Ciudad de Buenos Aires, no bajo el gobierno del partido a que pertenece el diputado, pasó la tragedia no natural más grande que sufrieron los jóvenes -la sufrió todo el pueblo argentino, pero afectó principalmente a jóvenes-, que fue Cromagnon. Actualmente, la respuesta de la Ciudad de Buenos Aires a esos jóvenes es darles la espalda y no reglamentar la ley que se aprobó en la Legislatura. Es por ello que los chicos, permanentemente deben peregrinar por los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para atender todo aquello en lo que se vieron perjudicados como consecuencia de esa tragedia en la que no tuvieron responsabilidad alguna.
Segundo, alguien consultó por cuántas veces se reúne el Consejo Federal de la Juventud. Está previsto en la ley cuándo tiene que hacerlo para cumplir con sus disposiciones. La norma no solo está publicada en Internet sino que además, en este mismo Congreso alguien puede proveer el texto a quien hizo la pregunta para que lo lea, ya que allí está bastante claro cuántas veces debe reunirse y cuáles son sus misiones específicas.
Por ejemplo, este año el Consejo Federal discutió sobre la creación de un programa para vincular a la juventud con los municipios. Se hizo un registro, provincia por provincia, de la cantidad de municipios que tenían áreas de juventud y arrojó un total de 786.
El programa -que depende de la Subsecretaría de Juventud nacional y fue creado a instancias de una propuesta del Consejo Federal de la Juventud- finalmente fue creado y desde los inicios de este mes ya contamos con más de 85 áreas de juventud.
Esas son las cosas que, por ejemplo, hace el Consejo Federal de la Juventud cuando se reúnen todas las autoridades provinciales del área.
Por otro lado, quiero decir que la autoridad del área de juventud de la Ciudad de Buenos Aires no ha asistido a ninguna de las reuniones del Consejo que, como dije antes, son convocadas como la ley indica. Precisamente, hemos dado participación a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque nunca logramos que esté presente en el Consejo Federal de la Juventud la voz institucional de los jóvenes de este distrito.
Por otro lado, durante la reunión se dijo que en los foros no habían participado todas las organizaciones. La convocatoria se hizo por todos los medios de comunicación de Jujuy y de provincias de la región. La inscripción era libre y se realizó a través del sitio de Internet. A veces es difícil convocar a una organización cuando no se tiene en claro su institucionalidad, es decir, quién es la autoridad que la representa. Aquí me preguntaron acerca de Franja Morada y realmente no sé a quién tendría que haber mandado la invitación.
Asistieron todos los jóvenes que querían debatir en el foro, ya que el espíritu de la ley -como manifestaba antes- es promover a todas las juventudes, tanto a las que participan en política como a las que no. Por eso me preocupa que alguien diga que había muchos jóvenes que no sabían a qué iban, porque la mayoría participó.
También se convocó al sistema educativo, y nos encontramos con que había muchos docentes a quienes no les gustaba que los jóvenes opinen; entonces hubo que limitarlos. Esto ocurrió bastante en la provincia de Jujuy. Había docentes que iban a hablar en representación de los jóvenes, y cuando un moderador les pedía que por favor dejen a los jóvenes expresarse, los hacían levantar y se iban con ellos del panel. Entonces, a veces hay que estar atentos a estas situaciones.
Sin lugar a dudas, como responsable del área que organizó los foros, me hubiera gustado que participe la diputada Burgos. La convocatoria fue pública, pero ella no participó y sabrá por qué.
En tercer lugar, agradezco la reivindicación que hizo el diputado preopinante del Progresar porque es un programa que requiere de mucho esfuerzo de todos los argentinos. Que alguien reconozca que es imposible no estar de acuerdo con él, contribuye a la salud de la democracia en los tiempos que estamos viviendo en la Argentina.
Tampoco es casual si consideramos la enumeración del rol que ha tenido el Estado en distintas épocas respecto de la juventud. En la Ciudad de Buenos Aires, no bajo el gobierno del partido a que pertenece el diputado, pasó la tragedia no natural más grande que sufrieron los jóvenes -la sufrió todo el pueblo argentino, pero afectó principalmente a jóvenes-, que fue Cromagnon. Actualmente, la respuesta de la Ciudad de Buenos Aires a esos jóvenes es darles la espalda y no reglamentar la ley que se aprobó en la Legislatura. Es por ello que los chicos, permanentemente deben peregrinar por los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para atender todo aquello en lo que se vieron perjudicados como consecuencia de esa tragedia en la que no tuvieron responsabilidad alguna.
Segundo, alguien consultó por cuántas veces se reúne el Consejo Federal de la Juventud. Está previsto en la ley cuándo tiene que hacerlo para cumplir con sus disposiciones. La norma no solo está publicada en Internet sino que además, en este mismo Congreso alguien puede proveer el texto a quien hizo la pregunta para que lo lea, ya que allí está bastante claro cuántas veces debe reunirse y cuáles son sus misiones específicas.
Por ejemplo, este año el Consejo Federal discutió sobre la creación de un programa para vincular a la juventud con los municipios. Se hizo un registro, provincia por provincia, de la cantidad de municipios que tenían áreas de juventud y arrojó un total de 786.
El programa -que depende de la Subsecretaría de Juventud nacional y fue creado a instancias de una propuesta del Consejo Federal de la Juventud- finalmente fue creado y desde los inicios de este mes ya contamos con más de 85 áreas de juventud.
Esas son las cosas que, por ejemplo, hace el Consejo Federal de la Juventud cuando se reúnen todas las autoridades provinciales del área.
Por otro lado, quiero decir que la autoridad del área de juventud de la Ciudad de Buenos Aires no ha asistido a ninguna de las reuniones del Consejo que, como dije antes, son convocadas como la ley indica. Precisamente, hemos dado participación a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque nunca logramos que esté presente en el Consejo Federal de la Juventud la voz institucional de los jóvenes de este distrito.
Por otro lado, durante la reunión se dijo que en los foros no habían participado todas las organizaciones. La convocatoria se hizo por todos los medios de comunicación de Jujuy y de provincias de la región. La inscripción era libre y se realizó a través del sitio de Internet. A veces es difícil convocar a una organización cuando no se tiene en claro su institucionalidad, es decir, quién es la autoridad que la representa. Aquí me preguntaron acerca de Franja Morada y realmente no sé a quién tendría que haber mandado la invitación.
Asistieron todos los jóvenes que querían debatir en el foro, ya que el espíritu de la ley -como manifestaba antes- es promover a todas las juventudes, tanto a las que participan en política como a las que no. Por eso me preocupa que alguien diga que había muchos jóvenes que no sabían a qué iban, porque la mayoría participó.
También se convocó al sistema educativo, y nos encontramos con que había muchos docentes a quienes no les gustaba que los jóvenes opinen; entonces hubo que limitarlos. Esto ocurrió bastante en la provincia de Jujuy. Había docentes que iban a hablar en representación de los jóvenes, y cuando un moderador les pedía que por favor dejen a los jóvenes expresarse, los hacían levantar y se iban con ellos del panel. Entonces, a veces hay que estar atentos a estas situaciones.
Sin lugar a dudas, como responsable del área que organizó los foros, me hubiera gustado que participe la diputada Burgos. La convocatoria fue pública, pero ella no participó y sabrá por qué.
En tercer lugar, agradezco la reivindicación que hizo el diputado preopinante del Progresar porque es un programa que requiere de mucho esfuerzo de todos los argentinos. Que alguien reconozca que es imposible no estar de acuerdo con él, contribuye a la salud de la democracia en los tiempos que estamos viviendo en la Argentina.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Como el tiempo apremia, la Presidencia pide a los señores diputados que hagan uso de la palabra que traten de ser lo más breves posible.
Tiene la palabra el señor diputado Cleri.
Tiene la palabra el señor diputado Cleri.
SR. CLERI Señora presidenta: han sido muy claras las explicaciones del subsecretario, no sólo en su exposición sino también en las respuestas que dio a las inquietudes de algunos diputados que nos hacen quedar mal porque ya se retiraron. Verdaderamente, el debate no sólo es en el recinto sino también en las reuniones de comisión.
Algunos diputados -ya sea del PRO o de la Unión Cívica Radical- plantearon con negatividad la posibilidad de institucionalizar de manera integral esta política pública que el gobierno nacional viene haciendo en todas las áreas y no sólo en la de juventud. Por ejemplo, dentro de un rato tendrá lugar una reunión conjunta con la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano en la que continuaremos avanzando en esas políticas; lo mismo hicimos con la unificación de los códigos Civil y Comercial.
Este debate no es nuevo; también lo tuvimos cuando se analizó la movilidad de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares. Cuando estábamos debatiendo la posibilidad de institucionalizar esa movilidad -que ya era ley porque el decreto fue ratificado por el Congreso- y se planteó que también debíamos disponer la movilidad del Progresar, dijimos que la estábamos estudiando, que era parte de la política integral que se estaba llevando adelante con la Subsecretaría de Juventud y el Ministerio de Economía.
Sabíamos que era una herramienta fundamental y que por eso el gobierno ya había tomado la decisión de trabajar en ese sentido. Ahora nos encontramos con esta iniciativa, que presentó ante el Congreso Nacional después de realizar foros durante varios meses a lo largo y ancho del país con la participación de los jóvenes, quienes tuvieron la posibilidad de expresar sus ideas.
Por eso, que hoy algunos diputados no hablen de la importancia del Progresar y de la actualización de la prestación o que reiteren muchas de las argumentaciones que en su momento fueron el eje de su decisión de no votar a favor de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares, demuestra que verdaderamente no sienten lo que dicen y tienen una mirada muy chica, muy cortita y preelectoral. La política no es vocación de servicio sino la posibilidad de buscar una rentabilidad económica para algunos como el pequeño empresario fracasado candidato a presidente.
Pese a todo, en el transcurso del debate me puse contento porque una diputada de mi provincia -con la que hemos tenido muchos desencuentros y los seguimos teniendo- planteó que los jóvenes de su sector político, concretamente del Partido Socialista y el Movimiento Nacional Reformista, le hicieron llegar una propuesta que tuvo en cuenta. Esto es muy valorable.
En cierto momento, al partido centenario sus jóvenes le dijeron que tenía que votar a favor de la elección optativa a partir de los 16 años. Muchos militantes radicales estuvieron presentes en el recinto el día que se debatió el tema y sintieron vergüenza al ver cómo sus dirigentes no apoyaban que un joven pudiera votar a partir de los 16 años. Les habían dado un documento donde argumentaban por qué estaban a favor e incluso les pidieron que vuelvan al recinto a votar; sin embargo, esos diputados radicales -o radicales PRO- decidieron no hacer caso a su juventud, pensar nuevamente en ellos y no avanzar en la posibilidad de dar participación a los jóvenes; es decir, participación política institucional en los comicios para elegir o renovar los mandatos de sus candidatos.
Todo esto tiene un porqué: cuando se fija una política pública se mira para adelante, se piensa en las decisiones del presente, de dónde se viene y, por supuesto, hacia dónde se va.
Los diputados elegidos en 2011 con mandato hasta el 10 de diciembre de 2015 están completamente legitimados para llevar adelante esta discusión. Lo mismo ocurre con los funcionarios que ocuparán sus cargos hasta ese día. Están las miradas de los diputados monetaristas, que quieren un Estado chico y no uno que pueda llevar adelante las políticas públicas, las de quienes no hacen caso a sus juventudes, no las escuchan y ni las dejan participar, y también las de aquellos que siguen argumentando posiciones que realmente no sienten. Ellos son los que se están quedando en el pasado, porque cuánta más juventud participe mayor participación democrática habrá y ya no volveremos al pasado. Así viene sucediendo desde el momento en que la juventud se puso en marcha. (Aplausos.)
Algunos diputados -ya sea del PRO o de la Unión Cívica Radical- plantearon con negatividad la posibilidad de institucionalizar de manera integral esta política pública que el gobierno nacional viene haciendo en todas las áreas y no sólo en la de juventud. Por ejemplo, dentro de un rato tendrá lugar una reunión conjunta con la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano en la que continuaremos avanzando en esas políticas; lo mismo hicimos con la unificación de los códigos Civil y Comercial.
Este debate no es nuevo; también lo tuvimos cuando se analizó la movilidad de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares. Cuando estábamos debatiendo la posibilidad de institucionalizar esa movilidad -que ya era ley porque el decreto fue ratificado por el Congreso- y se planteó que también debíamos disponer la movilidad del Progresar, dijimos que la estábamos estudiando, que era parte de la política integral que se estaba llevando adelante con la Subsecretaría de Juventud y el Ministerio de Economía.
Sabíamos que era una herramienta fundamental y que por eso el gobierno ya había tomado la decisión de trabajar en ese sentido. Ahora nos encontramos con esta iniciativa, que presentó ante el Congreso Nacional después de realizar foros durante varios meses a lo largo y ancho del país con la participación de los jóvenes, quienes tuvieron la posibilidad de expresar sus ideas.
Por eso, que hoy algunos diputados no hablen de la importancia del Progresar y de la actualización de la prestación o que reiteren muchas de las argumentaciones que en su momento fueron el eje de su decisión de no votar a favor de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares, demuestra que verdaderamente no sienten lo que dicen y tienen una mirada muy chica, muy cortita y preelectoral. La política no es vocación de servicio sino la posibilidad de buscar una rentabilidad económica para algunos como el pequeño empresario fracasado candidato a presidente.
Pese a todo, en el transcurso del debate me puse contento porque una diputada de mi provincia -con la que hemos tenido muchos desencuentros y los seguimos teniendo- planteó que los jóvenes de su sector político, concretamente del Partido Socialista y el Movimiento Nacional Reformista, le hicieron llegar una propuesta que tuvo en cuenta. Esto es muy valorable.
En cierto momento, al partido centenario sus jóvenes le dijeron que tenía que votar a favor de la elección optativa a partir de los 16 años. Muchos militantes radicales estuvieron presentes en el recinto el día que se debatió el tema y sintieron vergüenza al ver cómo sus dirigentes no apoyaban que un joven pudiera votar a partir de los 16 años. Les habían dado un documento donde argumentaban por qué estaban a favor e incluso les pidieron que vuelvan al recinto a votar; sin embargo, esos diputados radicales -o radicales PRO- decidieron no hacer caso a su juventud, pensar nuevamente en ellos y no avanzar en la posibilidad de dar participación a los jóvenes; es decir, participación política institucional en los comicios para elegir o renovar los mandatos de sus candidatos.
Todo esto tiene un porqué: cuando se fija una política pública se mira para adelante, se piensa en las decisiones del presente, de dónde se viene y, por supuesto, hacia dónde se va.
Los diputados elegidos en 2011 con mandato hasta el 10 de diciembre de 2015 están completamente legitimados para llevar adelante esta discusión. Lo mismo ocurre con los funcionarios que ocuparán sus cargos hasta ese día. Están las miradas de los diputados monetaristas, que quieren un Estado chico y no uno que pueda llevar adelante las políticas públicas, las de quienes no hacen caso a sus juventudes, no las escuchan y ni las dejan participar, y también las de aquellos que siguen argumentando posiciones que realmente no sienten. Ellos son los que se están quedando en el pasado, porque cuánta más juventud participe mayor participación democrática habrá y ya no volveremos al pasado. Así viene sucediendo desde el momento en que la juventud se puso en marcha. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra el señor diputado Duclós.
SR. DUCLÓS Señora presidenta: creemos que es interesante estar debatiendo sobre estos temas. No tenemos prejuicios respecto a la oportunidad y quienes venimos de la militancia juvenil nos sentimos especialmente motivados.
Es importante marcar que estamos ante una norma que reafirma derechos claramente reconocidos y que debemos sobredimensionar cuál es su alcance, porque esta ley poco va a transformar si no acordamos políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Es decir, políticas de Estado que vayan al hueso del problema.
Nuestros jóvenes tienen problemas serios. Si hablamos de derechos fundamentales como, por ejemplo, la educación, nos encontramos con serias dificultades para conseguir una inclusión plena. Porque la inclusión plena no solamente consiste en que los chicos ingresen a la escuela sino también en que permanezcan en ella, completen cada ciclo y hayan aprendido. En ese sentido, vemos que en el secundario existe una deserción de aproximadamente un 50 por ciento y se advierten muchas dificultades en los niveles de aprendizaje. Entonces, hace falta transformar la política educativa.
Si hablamos de salud, también existen muchos problemas para acceder a servicios de salud de calidad. Mi compañera de bancada, Alicia Ciciliani, señalaba hoy una preocupación especial por el tema de las adicciones. En la provincia de Buenos Aires, el sistema de salud está desmantelado. Los centros preventivos de adicciones no existen; están vaciados. Luego, los centros terapéuticos para atender a los chicos están totalmente desbordados; son absolutamente insuficientes.
Estos son los graves inconvenientes que hoy tiene gran parte de nuestra juventud. Entonces, es necesario definir políticas de salud y sostenerlas, y el verdadero compromiso consiste en priorizar las inversiones en esta materia. De lo contrario, nos quedamos solamente en una declaración de voluntad. Bienvenida sea la reafirmación, pero hace falta no solo priorizar las inversiones sino también contar con un diseño adecuado en el modelo de gestión y de aplicación de esas políticas públicas. Esta es una debilidad muy importante que tiene la iniciativa presentada por el oficialismo.
Recordemos que hay varios proyectos precedentes. La presidenta de nuestro bloque, diputada Stolbizer, es autora de uno de ellos, y el diputado Binner ha presentado otro. Se trata de proyectos claramente superadores, que lamentamos que no se hayan tenido en cuenta en varios aspectos.
Consideramos que los jóvenes tienen que participar activamente en la toma de decisiones, pero no solamente en las políticas que hacen a su segmento etario. En efecto, también tienen que aportar su mirada sobre los problemas de la realidad nacional, sobre el desarrollo del país.
En realidad, el proyecto en tratamiento reduce la participación más activa a los ámbitos municipales, ya que se crea un instituto nacional en el que los jóvenes no están presentes. No es un buen mensaje a los jóvenes que estemos creando un nuevo organismo a poco tiempo de irse un gobierno, y designando directores por cuatro años, donde no están los jóvenes. Creo que si cualquier joven se enterara en estos momentos de cómo se va a conformar ese instituto, diría: ahí están los políticos, repartiéndose cargos; el Congreso se va a distribuir, entre mayoría y minorías, los directores de ese instituto y nosotros con la ñata contra el vidrio.
Reivindicamos la necesidad de incorporar a los jóvenes en la toma de decisiones. Por eso nos parece una herramienta trascendente, innovadora y verdaderamente transformadora la creación del Gabinete Joven que plantea nuestro proyecto, que como bien se señaló es no ya una aspiración sino una aplicación concreta en la gestión de la provincia de Santa Fe. Entendemos que ahí es donde se materializa claramente, en la toma de decisiones, la mirada de los jóvenes.
Por lo tanto, me parece que tenemos que profundizar el tratamiento. Si realmente queremos generar una ley que no solo declame sino que aporte instrumentos para hacer efectivos los derechos que queremos asegurar, y si existe verdadera voluntad política de hacer algo claramente superador, sigamos discutiendo e incorporemos esta nueva figura; no nos quedemos a mitad de camino.
Es importante marcar que estamos ante una norma que reafirma derechos claramente reconocidos y que debemos sobredimensionar cuál es su alcance, porque esta ley poco va a transformar si no acordamos políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Es decir, políticas de Estado que vayan al hueso del problema.
Nuestros jóvenes tienen problemas serios. Si hablamos de derechos fundamentales como, por ejemplo, la educación, nos encontramos con serias dificultades para conseguir una inclusión plena. Porque la inclusión plena no solamente consiste en que los chicos ingresen a la escuela sino también en que permanezcan en ella, completen cada ciclo y hayan aprendido. En ese sentido, vemos que en el secundario existe una deserción de aproximadamente un 50 por ciento y se advierten muchas dificultades en los niveles de aprendizaje. Entonces, hace falta transformar la política educativa.
Si hablamos de salud, también existen muchos problemas para acceder a servicios de salud de calidad. Mi compañera de bancada, Alicia Ciciliani, señalaba hoy una preocupación especial por el tema de las adicciones. En la provincia de Buenos Aires, el sistema de salud está desmantelado. Los centros preventivos de adicciones no existen; están vaciados. Luego, los centros terapéuticos para atender a los chicos están totalmente desbordados; son absolutamente insuficientes.
Estos son los graves inconvenientes que hoy tiene gran parte de nuestra juventud. Entonces, es necesario definir políticas de salud y sostenerlas, y el verdadero compromiso consiste en priorizar las inversiones en esta materia. De lo contrario, nos quedamos solamente en una declaración de voluntad. Bienvenida sea la reafirmación, pero hace falta no solo priorizar las inversiones sino también contar con un diseño adecuado en el modelo de gestión y de aplicación de esas políticas públicas. Esta es una debilidad muy importante que tiene la iniciativa presentada por el oficialismo.
Recordemos que hay varios proyectos precedentes. La presidenta de nuestro bloque, diputada Stolbizer, es autora de uno de ellos, y el diputado Binner ha presentado otro. Se trata de proyectos claramente superadores, que lamentamos que no se hayan tenido en cuenta en varios aspectos.
Consideramos que los jóvenes tienen que participar activamente en la toma de decisiones, pero no solamente en las políticas que hacen a su segmento etario. En efecto, también tienen que aportar su mirada sobre los problemas de la realidad nacional, sobre el desarrollo del país.
En realidad, el proyecto en tratamiento reduce la participación más activa a los ámbitos municipales, ya que se crea un instituto nacional en el que los jóvenes no están presentes. No es un buen mensaje a los jóvenes que estemos creando un nuevo organismo a poco tiempo de irse un gobierno, y designando directores por cuatro años, donde no están los jóvenes. Creo que si cualquier joven se enterara en estos momentos de cómo se va a conformar ese instituto, diría: ahí están los políticos, repartiéndose cargos; el Congreso se va a distribuir, entre mayoría y minorías, los directores de ese instituto y nosotros con la ñata contra el vidrio.
Reivindicamos la necesidad de incorporar a los jóvenes en la toma de decisiones. Por eso nos parece una herramienta trascendente, innovadora y verdaderamente transformadora la creación del Gabinete Joven que plantea nuestro proyecto, que como bien se señaló es no ya una aspiración sino una aplicación concreta en la gestión de la provincia de Santa Fe. Entendemos que ahí es donde se materializa claramente, en la toma de decisiones, la mirada de los jóvenes.
Por lo tanto, me parece que tenemos que profundizar el tratamiento. Si realmente queremos generar una ley que no solo declame sino que aporte instrumentos para hacer efectivos los derechos que queremos asegurar, y si existe verdadera voluntad política de hacer algo claramente superador, sigamos discutiendo e incorporemos esta nueva figura; no nos quedemos a mitad de camino.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Está anotada para hacer uso de la palabra la señora diputada Ivana Bianchi, pero como no se encuentra presente tiene la palabra el señor diputado Kosiner.
SR. KOSINER Señora presidenta: comparto totalmente la afirmación que hacía el señor diputado preopinante en el sentido de que los jóvenes tienen que tomar decisiones y no solamente debatir las políticas sectoriales.
La comparto desde el orgullo de poder decir que nuestro bloque es el que tiene mayor porcentaje de diputados nacionales jóvenes, por lo cual, para nosotros es no solamente un eslogan de aspiración sino una realidad. La gran impronta que comenzó a dejar Néstor Kirchner en 2003 cuando dijo que los jóvenes debían ser la bisagra en esta Argentina que garantice siempre la profundización de las políticas públicas y nunca ir hacia atrás, nos ha permitido hacerlo. Si hoy estamos debatiendo sobre estas cuestiones es por eso, porque entendemos que los jóvenes deben ser protagonistas de las discusiones plenas sobre las políticas públicas en la Argentina y no solamente de los proyectos que los alcanzan.
Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta la composición de nuestro bloque y de nuestro gobierno -a pesar de que mucho se lo denuesta o se lo quiere descalificar por la participación de los jóvenes, como si fuese un elemento minimizador de capacidades que sean funcionarios de alta jerarquía y ocupen cargos de responsabilidad-, para nosotros es un orgullo decir a la sociedad que también la juventud está capacitada para dar respuesta a las problemáticas profundas que enfrenta un país. Así lo plantea este proyecto político.
Sentimos un poco de pena al ver cómo en la primera etapa del debate se discutieron cuestiones burocráticas, de esquemas y de costo-resultado en vez de debatir sobre la profundidad de las políticas. Sobre la base de esa discusión burocrática me pregunto por qué un joven no puede ser director; por qué nos tiene que dar vergüenza decir a la comunidad que estamos estructurando organismos del Estado para garantizar las políticas públicas, donde los jóvenes también serán funcionarios. Es decir que un joven no puede ser director, pero sí pudo ser calificado como sujeto peligroso a los 15 o 16 años por pelear por un boleto estudiantil; o no puede ser director, pero sí pudo ser mano de obra de una intencionalidad asesina que llevó jóvenes a Malvinas tratando de amparar una decisión política de perpetuidad y no, como tendría que haber sido, una gesta patriótica. Para eso sí sirvieron los jóvenes: pero para ser directores, secretarios o lo que fuere, no.
¿Cómo puede ser que los jóvenes solo estén calificados cuando se trata de situaciones que molestan, cuando se los denuesta o cuando son objeto de uso y hasta de silenciamiento por una manera de pensar? De vez en cuando es bueno traer a la memoria algunas imágenes y preguntarse por qué, si tan peligrosos pudieron haber sido para el pensamiento nacional aquellos jóvenes de 15 o 16 años que peleaban por un boleto estudiantil, ahora los jóvenes no pueden ser directores de un organismo y el argumento es que resulta muy burocrático y cuesta más.
Estamos ante una reivindicación que estamos obligados a hacer del movimiento juvenil argentino desde hace muchísimo tiempo. Si lo hacemos treinta o cuarenta y cinco días antes de la finalización de un mandato presidencial bienvenido sea; pero tampoco esto es fundamental.
Recién recordaba el señor diputado Cleri que, en el año 2012, cuando no faltaba ni un mes ni un año para la finalización del mandato presidencial, se discutió una de las políticas a mi criterio más importantes en materia de juventud, que fue el voto joven. No faltaba poco y, sin embargo, la oposición no nos acompañó y sancionamos la ley en total soledad. Ni siquiera dieron el debate; se fueron, como se fueron cuando se trató la reforma del Código Civil y otras iniciativas fundamentales. Cuando hace un año discutimos el nuevo Código Procesal Penal dijeron: no, porque falta un año; a los seis meses: no, porque faltan seis meses; a los tres meses: no, porque faltan tres meses. De la misma manera, ahora dicen: no, porque faltan cuarenta y cinco días. Entonces, tampoco es verdad que no den su apoyo "porque falta"; ahora entiendo por qué se iban del gobierno sin terminar su mandato: porque no querían gobernar nunca. (Aplausos.)
Funcionan como la gata Flora: por un lado, reclaman una y otra vez que las políticas públicas sean establecidas por ley. Entonces, sancionamos las leyes sobre actualización y movilidad de las jubilaciones, de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares. Por el otro, se preguntan: ¿por qué ahora, cuando se están yendo del gobierno?
Es muy difícil tener un debate cuando las posiciones son tan variables en tan poco margen de tiempo.
Durante la reunión se dijo que lo importante son los resultados. Entonces, hablemos de resultados. ¿Está este gobierno legitimado para plantear, profundizar e institucionalizar políticas para los jóvenes generando organismos que debatan y tengan responsables?
Cuando los organismos son conocidos, está a la vista quiénes son sus responsables; eso es lo importante. No es lo mismo debatir desde lo totalmente invisible a que existan organismos o entes visibles que se hacen cargo de debatir y de informar a la sociedad los resultados de la gestión. Todo tiende a generar derechos con responsabilidades.
Voy a tomar una sola variable, quizás la más contundente, que es la desocupación juvenil. Como aquí se preguntó por qué no debatimos las cosas importantes, entonces debatamos sobre el índice de desocupación entre los jóvenes.
En el año 2014 la Argentina registró una tasa de desocupación del 17,7 por ciento de la población joven económicamente activa. De las grandes economías del mundo, el Reino Unido tiene el 21 por ciento; la Unión Europea, el 22,8; Francia, el 24,6; Italia, el 35,3; Portugal, el 37,7; España, el 53,2 y Estados Unidos -país que les gusta tomar como parámetro-, el 16,2. La Argentina está cerquita -a un punto- del liderazgo.
No voy a hablar de gestiones anteriores sino de nuestra gestión, porque si no dicen que siempre citamos la década del 90. Nos evaluaremos nosotros mismos.
En el año 2006 -bajo nuestra gestión-, la Argentina tenía el 25,2 por ciento de tasa de desocupación juvenil. En 2014, el 17,7 por ciento. Es decir, bajamos un 7,5 por ciento la tasa de desocupación juvenil. En la región, la Argentina es el país que más achicó la brecha. En segundo lugar se encuentra Uruguay con el 7,3 por ciento y después Bolivia con el 3,9 por ciento.
Si hay alguien que está legitimado para discutir de qué manera se profundizan las políticas de juventud, es nuestro proyecto político. Esto tiene que ver no solo con las políticas que algunos llaman de tipo asistencialista, pero que para nosotros son inversiones sociales -me refiero al Progresar, al Procrear o al FINES- porque llevaron a que la Argentina tenga cubierta la contención social desde el niño que nace hasta los 25 años con continuidad plena, sino también con que la generación de este modelo industrial, de desarrollo productivo y de sustitución de importaciones influyó en la baja de la desocupación juvenil. Nosotros queremos debatir y que nos digan -porque quizás nos estamos equivocando- qué otro modelo generó una disminución en la tasa de desocupación juvenil como la que tuvo lugar en la Argentina desde el año 2003.
Sabemos que no toda la oposición tiene la misma postura y destacamos otros proyectos que ha habido en la materia. Nosotros sabemos que hay sectores de la oposición que están compenetrados con esta temática; con ellos podemos tener diferencias instrumentales, pero compartimos el mismo espíritu. Sin embargo, hay otros que realmente no terminan de salir de la discusión económica.
Está claro que esa es la discusión que tendrá lugar el 25 de octubre, es decir, entre los que creen que la economía debe dominar la discusión política y nosotros que creemos que la política es la que tiene que mandar claras señales sobre el devenir económico y los modelos de estructuración de una sociedad. (Aplausos.)
La comparto desde el orgullo de poder decir que nuestro bloque es el que tiene mayor porcentaje de diputados nacionales jóvenes, por lo cual, para nosotros es no solamente un eslogan de aspiración sino una realidad. La gran impronta que comenzó a dejar Néstor Kirchner en 2003 cuando dijo que los jóvenes debían ser la bisagra en esta Argentina que garantice siempre la profundización de las políticas públicas y nunca ir hacia atrás, nos ha permitido hacerlo. Si hoy estamos debatiendo sobre estas cuestiones es por eso, porque entendemos que los jóvenes deben ser protagonistas de las discusiones plenas sobre las políticas públicas en la Argentina y no solamente de los proyectos que los alcanzan.
Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta la composición de nuestro bloque y de nuestro gobierno -a pesar de que mucho se lo denuesta o se lo quiere descalificar por la participación de los jóvenes, como si fuese un elemento minimizador de capacidades que sean funcionarios de alta jerarquía y ocupen cargos de responsabilidad-, para nosotros es un orgullo decir a la sociedad que también la juventud está capacitada para dar respuesta a las problemáticas profundas que enfrenta un país. Así lo plantea este proyecto político.
Sentimos un poco de pena al ver cómo en la primera etapa del debate se discutieron cuestiones burocráticas, de esquemas y de costo-resultado en vez de debatir sobre la profundidad de las políticas. Sobre la base de esa discusión burocrática me pregunto por qué un joven no puede ser director; por qué nos tiene que dar vergüenza decir a la comunidad que estamos estructurando organismos del Estado para garantizar las políticas públicas, donde los jóvenes también serán funcionarios. Es decir que un joven no puede ser director, pero sí pudo ser calificado como sujeto peligroso a los 15 o 16 años por pelear por un boleto estudiantil; o no puede ser director, pero sí pudo ser mano de obra de una intencionalidad asesina que llevó jóvenes a Malvinas tratando de amparar una decisión política de perpetuidad y no, como tendría que haber sido, una gesta patriótica. Para eso sí sirvieron los jóvenes: pero para ser directores, secretarios o lo que fuere, no.
¿Cómo puede ser que los jóvenes solo estén calificados cuando se trata de situaciones que molestan, cuando se los denuesta o cuando son objeto de uso y hasta de silenciamiento por una manera de pensar? De vez en cuando es bueno traer a la memoria algunas imágenes y preguntarse por qué, si tan peligrosos pudieron haber sido para el pensamiento nacional aquellos jóvenes de 15 o 16 años que peleaban por un boleto estudiantil, ahora los jóvenes no pueden ser directores de un organismo y el argumento es que resulta muy burocrático y cuesta más.
Estamos ante una reivindicación que estamos obligados a hacer del movimiento juvenil argentino desde hace muchísimo tiempo. Si lo hacemos treinta o cuarenta y cinco días antes de la finalización de un mandato presidencial bienvenido sea; pero tampoco esto es fundamental.
Recién recordaba el señor diputado Cleri que, en el año 2012, cuando no faltaba ni un mes ni un año para la finalización del mandato presidencial, se discutió una de las políticas a mi criterio más importantes en materia de juventud, que fue el voto joven. No faltaba poco y, sin embargo, la oposición no nos acompañó y sancionamos la ley en total soledad. Ni siquiera dieron el debate; se fueron, como se fueron cuando se trató la reforma del Código Civil y otras iniciativas fundamentales. Cuando hace un año discutimos el nuevo Código Procesal Penal dijeron: no, porque falta un año; a los seis meses: no, porque faltan seis meses; a los tres meses: no, porque faltan tres meses. De la misma manera, ahora dicen: no, porque faltan cuarenta y cinco días. Entonces, tampoco es verdad que no den su apoyo "porque falta"; ahora entiendo por qué se iban del gobierno sin terminar su mandato: porque no querían gobernar nunca. (Aplausos.)
Funcionan como la gata Flora: por un lado, reclaman una y otra vez que las políticas públicas sean establecidas por ley. Entonces, sancionamos las leyes sobre actualización y movilidad de las jubilaciones, de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares. Por el otro, se preguntan: ¿por qué ahora, cuando se están yendo del gobierno?
Es muy difícil tener un debate cuando las posiciones son tan variables en tan poco margen de tiempo.
Durante la reunión se dijo que lo importante son los resultados. Entonces, hablemos de resultados. ¿Está este gobierno legitimado para plantear, profundizar e institucionalizar políticas para los jóvenes generando organismos que debatan y tengan responsables?
Cuando los organismos son conocidos, está a la vista quiénes son sus responsables; eso es lo importante. No es lo mismo debatir desde lo totalmente invisible a que existan organismos o entes visibles que se hacen cargo de debatir y de informar a la sociedad los resultados de la gestión. Todo tiende a generar derechos con responsabilidades.
Voy a tomar una sola variable, quizás la más contundente, que es la desocupación juvenil. Como aquí se preguntó por qué no debatimos las cosas importantes, entonces debatamos sobre el índice de desocupación entre los jóvenes.
En el año 2014 la Argentina registró una tasa de desocupación del 17,7 por ciento de la población joven económicamente activa. De las grandes economías del mundo, el Reino Unido tiene el 21 por ciento; la Unión Europea, el 22,8; Francia, el 24,6; Italia, el 35,3; Portugal, el 37,7; España, el 53,2 y Estados Unidos -país que les gusta tomar como parámetro-, el 16,2. La Argentina está cerquita -a un punto- del liderazgo.
No voy a hablar de gestiones anteriores sino de nuestra gestión, porque si no dicen que siempre citamos la década del 90. Nos evaluaremos nosotros mismos.
En el año 2006 -bajo nuestra gestión-, la Argentina tenía el 25,2 por ciento de tasa de desocupación juvenil. En 2014, el 17,7 por ciento. Es decir, bajamos un 7,5 por ciento la tasa de desocupación juvenil. En la región, la Argentina es el país que más achicó la brecha. En segundo lugar se encuentra Uruguay con el 7,3 por ciento y después Bolivia con el 3,9 por ciento.
Si hay alguien que está legitimado para discutir de qué manera se profundizan las políticas de juventud, es nuestro proyecto político. Esto tiene que ver no solo con las políticas que algunos llaman de tipo asistencialista, pero que para nosotros son inversiones sociales -me refiero al Progresar, al Procrear o al FINES- porque llevaron a que la Argentina tenga cubierta la contención social desde el niño que nace hasta los 25 años con continuidad plena, sino también con que la generación de este modelo industrial, de desarrollo productivo y de sustitución de importaciones influyó en la baja de la desocupación juvenil. Nosotros queremos debatir y que nos digan -porque quizás nos estamos equivocando- qué otro modelo generó una disminución en la tasa de desocupación juvenil como la que tuvo lugar en la Argentina desde el año 2003.
Sabemos que no toda la oposición tiene la misma postura y destacamos otros proyectos que ha habido en la materia. Nosotros sabemos que hay sectores de la oposición que están compenetrados con esta temática; con ellos podemos tener diferencias instrumentales, pero compartimos el mismo espíritu. Sin embargo, hay otros que realmente no terminan de salir de la discusión económica.
Está claro que esa es la discusión que tendrá lugar el 25 de octubre, es decir, entre los que creen que la economía debe dominar la discusión política y nosotros que creemos que la política es la que tiene que mandar claras señales sobre el devenir económico y los modelos de estructuración de una sociedad. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra la señora diputada María del Carmen Bianchi.
SRA. BIANCHI (M.C.) Señora presidenta: es enormemente satisfactorio que en este país el resultado de la movilización política de los jóvenes en apoyo de esta iniciativa no sean el exilio y la desaparición sino un proyecto de ley que institucionaliza todas aquellas políticas que motivaron tal movilización.
Me parece que el tema requiere de una consideración política. Aquí se pidió que no traigamos a este ámbito la campaña electoral. Es una pena que la señora diputada Burgos no esté presente, porque me gustaría decirle que reducir este proyecto a una creación de cargos para funcionarios que de otro modo serían salientes es mucho más degradante que traer a esta reunión la campaña electoral: es convertirnos en repetidoras de los medios de comunicación que titulan con los condicionales y generan, una y otra vez, el mismo estado de sospecha que la dictadura y los peores gobiernos crearon alrededor de los jóvenes.
Este proyecto -que espero sea sancionado- va en contra de ese pensamiento, de esa lógica que debería ser sepultada para siempre en la República Argentina aun en los sectores de derecha. Esa sería la confirmación de que efectivamente la democracia ha dado un paso irreversible al respecto.
Además de la señora diputada Burgos, lamento que no esté presente el señor diputado Tonelli, quien esgrimió el argumento de que no se puede instituir ningún otro cargo de defensor porque la ley 26.061 creó la figura de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que no ha sido designado todavía. Pero éste no tiene nada que ver con el Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Por razones de economía legislativa, por negociaciones del último minuto y por las condiciones en las que finalmente se sancionó la ley 26.061, la figura de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se transformó en un engendro. Primero, porque la norma dispone que una comisión bicameral debe designarlo; segundo, porque no tiene funciones claras y tercero, porque parece hecho para un país central y no para un país federal.
Ese engendro motivó, por un lado, un proyecto de una diputada de la oposición que modifica las funciones de la comisión bicameral para que al menos ese defensor informe al Congreso y, por el otro, una iniciativa en la que estamos trabajando con distintos diputados de la oposición para modificar la ley 26.061 a fin de tener un defensor con funciones muy claras.
Simplemente he querido explicar esta cuestión que, aunque es técnica, es usada políticamente, para que se entienda que ambas situaciones no son comparables sino absolutamente distintas.
Me parece que el tema requiere de una consideración política. Aquí se pidió que no traigamos a este ámbito la campaña electoral. Es una pena que la señora diputada Burgos no esté presente, porque me gustaría decirle que reducir este proyecto a una creación de cargos para funcionarios que de otro modo serían salientes es mucho más degradante que traer a esta reunión la campaña electoral: es convertirnos en repetidoras de los medios de comunicación que titulan con los condicionales y generan, una y otra vez, el mismo estado de sospecha que la dictadura y los peores gobiernos crearon alrededor de los jóvenes.
Este proyecto -que espero sea sancionado- va en contra de ese pensamiento, de esa lógica que debería ser sepultada para siempre en la República Argentina aun en los sectores de derecha. Esa sería la confirmación de que efectivamente la democracia ha dado un paso irreversible al respecto.
Además de la señora diputada Burgos, lamento que no esté presente el señor diputado Tonelli, quien esgrimió el argumento de que no se puede instituir ningún otro cargo de defensor porque la ley 26.061 creó la figura de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que no ha sido designado todavía. Pero éste no tiene nada que ver con el Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Por razones de economía legislativa, por negociaciones del último minuto y por las condiciones en las que finalmente se sancionó la ley 26.061, la figura de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se transformó en un engendro. Primero, porque la norma dispone que una comisión bicameral debe designarlo; segundo, porque no tiene funciones claras y tercero, porque parece hecho para un país central y no para un país federal.
Ese engendro motivó, por un lado, un proyecto de una diputada de la oposición que modifica las funciones de la comisión bicameral para que al menos ese defensor informe al Congreso y, por el otro, una iniciativa en la que estamos trabajando con distintos diputados de la oposición para modificar la ley 26.061 a fin de tener un defensor con funciones muy claras.
Simplemente he querido explicar esta cuestión que, aunque es técnica, es usada políticamente, para que se entienda que ambas situaciones no son comparables sino absolutamente distintas.
SRA. SCAGLIA Señora presidenta: quiero manifestar algunas observaciones puntuales porque sé que estamos acotados de tiempo. No voy a hablar de lo que ya mencionó el señor diputado Tonelli, pero sí quiero hacer referencia a algunas cuestiones que me parecen que tendríamos que mejorar en el articulado.
Como autora del proyecto de Ley Nacional de Juventud desde el bloque PRO, creo que no debemos perder la gran oportunidad de incorporar muchas cuestiones que atañen a nuestros jóvenes. Por ejemplo, me parece que deberíamos incorporar un artículo -no un inciso más en el artículo 12- que diga lo siguiente: "La Argentina considera a los/las jóvenes como actores estratégicos, garantizando la protección de los derechos y promoviendo el desarrollo personal, psíquico, moral y social."
El objetivo es que los jóvenes sean no solo sujetos que tienen derecho sino también actores estratégicos de derecho. Ya que al principio se dijo que lo que abunda no daña, estaría muy bien incorporar esta disposición en el cuerpo del proyecto como un artículo más.
Otro artículo que a mi juicio tendríamos que mejorar, sobre todo en cuanto a su redacción, es el referido a la salud pública; concretamente, pienso que habría que contemplar su gratuidad. En efecto, cuando se habla de salud pública no se incorpora el término "gratuita", algo que me parece fundamental para nuestros jóvenes.
Además, agregaría un inciso en el que se contemple que los jóvenes tienen derecho a la confidencialidad y al respeto personal de los servicios de salud, en particular en lo relativo a su salud sexual y reproductiva. Me parece importante hablar de la confidencialidad en materia de salud.
Estas disposiciones que podríamos incorporar, contribuirían a que esta norma garantice más derechos para nuestros jóvenes.
También me parece importante agregar un artículo que se refiera a la protección social de nuestros jóvenes frente a situaciones de invalidez, discapacidad y orfandad, y otro vinculado con el derecho a la Justicia. Al decir esto pienso no solo en los derechos humanos sino también a la importancia de agregar un inciso que diga lo siguiente: "El Estado tomará medida para que los/las jóvenes que cumplan pena de prisión, cuenten con un espacio y las condiciones humanas dignas en el establecimiento a tales efectos."
Finalmente, en el artículo 33, que se refiere a la no discriminación, el proyecto establece: "El Estado vela por la eliminación de estereotipos que operan en el ámbito social, en función de la edad...", etcétera. Me parece que hablar de eliminación de estereotipos en una ley dirigida a los jóvenes no es lo mejor. Quizás, la redacción podría ser la siguiente: "Derecho a la no discriminación. El goce de los derechos y libertades reconocidos a los/las jóvenes no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, la discapacidad, el lugar donde viven, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce de los mismos."
Contestándole al señor diputado Cabandié -con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo, ya que ambos militamos en distintos espacios en materia de juventud-, quiero señalar que desde el bloque del PRO tenemos muchos proyectos que establecen y pretenden garantizar a nuestros jóvenes muchas condiciones. Por ejemplo, elaboramos distintas iniciativas que crean respectivamente la Encuesta Nacional de Juventud de la República Argentina, el Observatorio Nacional de la Juventud y el Régimen de Comunicación Unificada y Difusión de Políticas Referidas a Juventud, que sería bueno que también fueran tratadas como para avanzar en la misma dirección.
Por otro lado -y creo que el señor diputado Cabandié coincidirá conmigo-, sería muy bueno que el subsecretario de Juventud impulse la firma de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Esa convención necesita ser suscripta por nuestro país, pues se refiere a estos derechos. Me parece muy importante que la Argentina suscriba esta convención, sobre todo teniendo en cuenta que la iniciativa en consideración plantea el respeto a todos los tratados internacionales.
Como autora del proyecto de Ley Nacional de Juventud desde el bloque PRO, creo que no debemos perder la gran oportunidad de incorporar muchas cuestiones que atañen a nuestros jóvenes. Por ejemplo, me parece que deberíamos incorporar un artículo -no un inciso más en el artículo 12- que diga lo siguiente: "La Argentina considera a los/las jóvenes como actores estratégicos, garantizando la protección de los derechos y promoviendo el desarrollo personal, psíquico, moral y social."
El objetivo es que los jóvenes sean no solo sujetos que tienen derecho sino también actores estratégicos de derecho. Ya que al principio se dijo que lo que abunda no daña, estaría muy bien incorporar esta disposición en el cuerpo del proyecto como un artículo más.
Otro artículo que a mi juicio tendríamos que mejorar, sobre todo en cuanto a su redacción, es el referido a la salud pública; concretamente, pienso que habría que contemplar su gratuidad. En efecto, cuando se habla de salud pública no se incorpora el término "gratuita", algo que me parece fundamental para nuestros jóvenes.
Además, agregaría un inciso en el que se contemple que los jóvenes tienen derecho a la confidencialidad y al respeto personal de los servicios de salud, en particular en lo relativo a su salud sexual y reproductiva. Me parece importante hablar de la confidencialidad en materia de salud.
Estas disposiciones que podríamos incorporar, contribuirían a que esta norma garantice más derechos para nuestros jóvenes.
También me parece importante agregar un artículo que se refiera a la protección social de nuestros jóvenes frente a situaciones de invalidez, discapacidad y orfandad, y otro vinculado con el derecho a la Justicia. Al decir esto pienso no solo en los derechos humanos sino también a la importancia de agregar un inciso que diga lo siguiente: "El Estado tomará medida para que los/las jóvenes que cumplan pena de prisión, cuenten con un espacio y las condiciones humanas dignas en el establecimiento a tales efectos."
Finalmente, en el artículo 33, que se refiere a la no discriminación, el proyecto establece: "El Estado vela por la eliminación de estereotipos que operan en el ámbito social, en función de la edad...", etcétera. Me parece que hablar de eliminación de estereotipos en una ley dirigida a los jóvenes no es lo mejor. Quizás, la redacción podría ser la siguiente: "Derecho a la no discriminación. El goce de los derechos y libertades reconocidos a los/las jóvenes no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, la discapacidad, el lugar donde viven, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce de los mismos."
Contestándole al señor diputado Cabandié -con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo, ya que ambos militamos en distintos espacios en materia de juventud-, quiero señalar que desde el bloque del PRO tenemos muchos proyectos que establecen y pretenden garantizar a nuestros jóvenes muchas condiciones. Por ejemplo, elaboramos distintas iniciativas que crean respectivamente la Encuesta Nacional de Juventud de la República Argentina, el Observatorio Nacional de la Juventud y el Régimen de Comunicación Unificada y Difusión de Políticas Referidas a Juventud, que sería bueno que también fueran tratadas como para avanzar en la misma dirección.
Por otro lado -y creo que el señor diputado Cabandié coincidirá conmigo-, sería muy bueno que el subsecretario de Juventud impulse la firma de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Esa convención necesita ser suscripta por nuestro país, pues se refiere a estos derechos. Me parece muy importante que la Argentina suscriba esta convención, sobre todo teniendo en cuenta que la iniciativa en consideración plantea el respeto a todos los tratados internacionales.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI La Presidencia pide a la señora diputada que luego haga llegar a la comisión sus propuestas por escrito, para que podamos evaluarlas.
Tiene la palabra el señor diputado Petri.
Tiene la palabra el señor diputado Petri.
SR. PETRI Señora presidenta: en primer lugar, siempre es importante discutir políticas de juventud. Quizás, lo que se cuestiona desde mi bloque es que, en el marco de la discusión y el debate de esas políticas, se generan superestructuras sin una probada eficacia a la hora de dar respuestas a los grandes y graves problemas que los jóvenes tienen en la República Argentina.
Coincido en que los jóvenes son la población etaria más vulnerable a la hora de acceder a un empleo de calidad; por lo general, están precarizados. Además, el sector registra altas tasas de desempleo, más allá de que un diputado preopinante afirme que la República Argentina ostenta niveles de empleo muy superiores a los de otros países. Todos sabemos que las estadísticas públicas en la República Argentina están fuertemente cuestionadas, pero aun si no las cuestionáramos sabemos que la población joven duplica, en materia de desempleo, a la población económicamente activa.
También sabemos que tienen graves problemas a la hora de acceder a una vivienda y a las prestaciones de salud, y de permanecer en el sistema educativo. Todos somos conscientes de los gravísimos problemas de deserción escolar que tienen fundamentalmente los jóvenes en la República Argentina.
Más allá de los primeros 38 artículos, que algunos -como el señor diputado Duclós- dicen que es una reafirmación y yo creo que reescriben con menor intensidad derechos ya reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales -la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados que declaman, declaran, garantizan y protegen derechos que ahora reedita este proyecto de ley-, me hubiese gustado encontrar cláusulas operativas que garanticen un piso de derechos. Por ejemplo, si hablamos del derecho de acceso a la vivienda, que establezca porcentajes y formas de financiación. Lo dejo como inquietud, porque no son aspectos que encontremos en esta iniciativa.
Cuando los jóvenes nos pregunten en qué les modificará la vida esta ley o cómo podrán, a partir de su sanción, acceder a una vivienda, ¿qué les vamos a decir? Que contiene un artículo, que reiteran la Constitución Nacional y los tratados internacionales, donde se establece que el Estado tiene la obligación indelegable de proporcionar una vivienda; pero, en definitiva, no estaremos sumando a la discusión la posibilidad cierta, concreta y real de que un joven en la República Argentina pueda acceder a una vivienda o un empleo de calidad, o tenga la posibilidad de terminar el colegio.
Me parece que es importante agregar estos aspectos al debate: que se establezcan pisos, porcentajes y formas de financiamiento que garanticen realmente a los jóvenes que estarán un poquito mejor. Entonces, cuando los jóvenes pregunten al señor subsecretario o a nosotros mismos cómo les cambiamos la vida, podremos contestarles no con referencias a cláusulas que ya estaban escritas o generando estructuras que no sabemos bien cómo van a funcionar sino con hechos concretos.
No quiero extenderme porque ya se dijo mucho y sería reiterativo, pero como se hicieron cuestionamientos a la superestructura que se crea a partir del proyecto de ley -que con el tiempo veremos si tenían validez o no, en caso de que dicha superestructura arroje los resultados esperados y podamos jerarquizar a los jóvenes, mejorar su calidad de vida e incluirlos en la discusión de las políticas públicas- no quiero dejar de señalar un tema central que, por lo menos yo, no escuché que se mencionara. Me refiero al Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Me parece que está mal planteada la figura. Todos saben que el Defensor de los Derechos de las Juventudes tendrá que cuestionar, fiscalizar y controlar al propio Poder Ejecutivo, que es justamente quien no cumple con los tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes que garantizan pisos mínimos. Va a depender económicamente del Poder Ejecutivo y, en definitiva, esa dependencia económica condicionará su accionar.
En la arquitectura institucional, reglamentando el artículo 86 de la Constitución Nacional que instaura la figura de Defensor del Pueblo -en este punto el Congreso está en mora, ya que debe designarlo-, donde tiene que ubicarse el Defensor de los Derechos de las Juventudes es inmediatamente debajo del Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Porque la figura de Defensor del Pueblo no solamente tiene rango constitucional sino que además -según lo establece la propia Constitución- no recibe instrucciones de ninguna autoridad.
Esto es importante y trascendental, porque si así fuere no habría un solo miembro de cualquiera de los poderes del Estado que pudiera, en definitiva, condicionar el accionar del Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Entonces, si realmente queremos que una persona vele por los derechos de la juventud, que la proteja, que pueda cuestionar al Estado sin ningún tipo de mordaza, que defienda los derechos de los jóvenes sea quien fuere la persona que gobierne este país y se pueda plantar frente al presidente de la Nación o cualquier funcionario de turno, cuestionarlo e ir a la Justicia para reclamar por los derechos de los jóvenes, hay que reglamentar la figura del Defensor de los Derechos de las Juventudes en el marco de la Defensoría del Pueblo de la Nación y, claro está, nombrar a quien la dirigirá.
Dejo planteada esta sugerencia porque ya hay un defensor del Pueblo que todavía no fue nombrado por el Congreso; desde 2009 el cargo se encuentra vacante. Entonces, si estamos buscando mejorar los derechos de los jóvenes, es allí donde debemos institucionalizar la figura del Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Coincido en que los jóvenes son la población etaria más vulnerable a la hora de acceder a un empleo de calidad; por lo general, están precarizados. Además, el sector registra altas tasas de desempleo, más allá de que un diputado preopinante afirme que la República Argentina ostenta niveles de empleo muy superiores a los de otros países. Todos sabemos que las estadísticas públicas en la República Argentina están fuertemente cuestionadas, pero aun si no las cuestionáramos sabemos que la población joven duplica, en materia de desempleo, a la población económicamente activa.
También sabemos que tienen graves problemas a la hora de acceder a una vivienda y a las prestaciones de salud, y de permanecer en el sistema educativo. Todos somos conscientes de los gravísimos problemas de deserción escolar que tienen fundamentalmente los jóvenes en la República Argentina.
Más allá de los primeros 38 artículos, que algunos -como el señor diputado Duclós- dicen que es una reafirmación y yo creo que reescriben con menor intensidad derechos ya reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales -la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados que declaman, declaran, garantizan y protegen derechos que ahora reedita este proyecto de ley-, me hubiese gustado encontrar cláusulas operativas que garanticen un piso de derechos. Por ejemplo, si hablamos del derecho de acceso a la vivienda, que establezca porcentajes y formas de financiación. Lo dejo como inquietud, porque no son aspectos que encontremos en esta iniciativa.
Cuando los jóvenes nos pregunten en qué les modificará la vida esta ley o cómo podrán, a partir de su sanción, acceder a una vivienda, ¿qué les vamos a decir? Que contiene un artículo, que reiteran la Constitución Nacional y los tratados internacionales, donde se establece que el Estado tiene la obligación indelegable de proporcionar una vivienda; pero, en definitiva, no estaremos sumando a la discusión la posibilidad cierta, concreta y real de que un joven en la República Argentina pueda acceder a una vivienda o un empleo de calidad, o tenga la posibilidad de terminar el colegio.
Me parece que es importante agregar estos aspectos al debate: que se establezcan pisos, porcentajes y formas de financiamiento que garanticen realmente a los jóvenes que estarán un poquito mejor. Entonces, cuando los jóvenes pregunten al señor subsecretario o a nosotros mismos cómo les cambiamos la vida, podremos contestarles no con referencias a cláusulas que ya estaban escritas o generando estructuras que no sabemos bien cómo van a funcionar sino con hechos concretos.
No quiero extenderme porque ya se dijo mucho y sería reiterativo, pero como se hicieron cuestionamientos a la superestructura que se crea a partir del proyecto de ley -que con el tiempo veremos si tenían validez o no, en caso de que dicha superestructura arroje los resultados esperados y podamos jerarquizar a los jóvenes, mejorar su calidad de vida e incluirlos en la discusión de las políticas públicas- no quiero dejar de señalar un tema central que, por lo menos yo, no escuché que se mencionara. Me refiero al Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Me parece que está mal planteada la figura. Todos saben que el Defensor de los Derechos de las Juventudes tendrá que cuestionar, fiscalizar y controlar al propio Poder Ejecutivo, que es justamente quien no cumple con los tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes que garantizan pisos mínimos. Va a depender económicamente del Poder Ejecutivo y, en definitiva, esa dependencia económica condicionará su accionar.
En la arquitectura institucional, reglamentando el artículo 86 de la Constitución Nacional que instaura la figura de Defensor del Pueblo -en este punto el Congreso está en mora, ya que debe designarlo-, donde tiene que ubicarse el Defensor de los Derechos de las Juventudes es inmediatamente debajo del Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Porque la figura de Defensor del Pueblo no solamente tiene rango constitucional sino que además -según lo establece la propia Constitución- no recibe instrucciones de ninguna autoridad.
Esto es importante y trascendental, porque si así fuere no habría un solo miembro de cualquiera de los poderes del Estado que pudiera, en definitiva, condicionar el accionar del Defensor de los Derechos de las Juventudes.
Entonces, si realmente queremos que una persona vele por los derechos de la juventud, que la proteja, que pueda cuestionar al Estado sin ningún tipo de mordaza, que defienda los derechos de los jóvenes sea quien fuere la persona que gobierne este país y se pueda plantar frente al presidente de la Nación o cualquier funcionario de turno, cuestionarlo e ir a la Justicia para reclamar por los derechos de los jóvenes, hay que reglamentar la figura del Defensor de los Derechos de las Juventudes en el marco de la Defensoría del Pueblo de la Nación y, claro está, nombrar a quien la dirigirá.
Dejo planteada esta sugerencia porque ya hay un defensor del Pueblo que todavía no fue nombrado por el Congreso; desde 2009 el cargo se encuentra vacante. Entonces, si estamos buscando mejorar los derechos de los jóvenes, es allí donde debemos institucionalizar la figura del Defensor de los Derechos de las Juventudes.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Kosiner.
SR. KOSINER Señora presidenta: quiero decir que las estadísticas que cité no son nuestras sino de la Organización Internacional del Trabajo.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Respecto al Defensor de los Derechos de las Juventudes, el artículo 56 dispone lo siguiente: "El Defensor de los Derechos de las Juventudes es propuesto y designado por el Honorable Congreso de la Nación, de acuerdo al procedimiento que dicho Cuerpo determine." O sea, será designado por este Congreso de la Nación.
SR. PETRI Pero va a depender económicamente del Poder Ejecutivo. Lo dice el artículo 63 del proyecto.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI La Justicia es financiada por el Poder Ejecutivo; el Tesoro Nacional y el Congreso de la Nación también, y eso no significa que exista una dependencia. Simplemente, se generan partidas presupuestarias para su funcionamiento.
SR. KUNKEL Él quiere que dependa de Magnetto. (Risas.)
SR. PETRI Advertimos que el Defensor de los Derechos de las Juventudes no tendría una ubicación institucional.
Nosotros sabemos que el Defensor del Pueblo está ubicado institucionalmente en el ámbito del Congreso de la Nación y no depende ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. Por eso propongo que incluyamos o encastremos al Defensor de los Derechos de las Juventudes en el marco de este organigrama, porque así tendrá la debida independencia para poder accionar, defender y proteger los derechos de los jóvenes; claro está, si ésa es la idea que motivó esta iniciativa.
Nosotros sabemos que el Defensor del Pueblo está ubicado institucionalmente en el ámbito del Congreso de la Nación y no depende ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. Por eso propongo que incluyamos o encastremos al Defensor de los Derechos de las Juventudes en el marco de este organigrama, porque así tendrá la debida independencia para poder accionar, defender y proteger los derechos de los jóvenes; claro está, si ésa es la idea que motivó esta iniciativa.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra el señor diputado Cabandié.
SR. CABANDIÉ Señora presidenta: si la semana que viene nosotros, junto con los senadores del Frente para la Victoria, traemos una propuesta para la designación del Defensor del Pueblo, los legisladores de la oposición van a argumentar que como faltan cuarenta y cinco días para la culminación de este gobierno, no se debería tratar.
La designación de un defensor del Pueblo es a partir de un acuerdo entre las dos Cámaras. No fueron pocas las conversaciones al respecto, pero a ese acuerdo no se llegó. Por lo tanto, tratar de opacar esta iniciativa a partir de esa falta de definición, me parece que no tiene lugar.
Por otro lado, en la misma Constitución Nacional ya están consagrados los derechos a la vivienda y a la educación. Sin embargo, en estos doce años tuvimos que construir miles de viviendas -otorgamos cerca de doscientos mil créditos en el marco del Procrear- porque los gobiernos anteriores no lo hicieron a pesar de que el derecho a la vivienda está plasmado en nuestra Constitución.
La designación de un defensor del Pueblo es a partir de un acuerdo entre las dos Cámaras. No fueron pocas las conversaciones al respecto, pero a ese acuerdo no se llegó. Por lo tanto, tratar de opacar esta iniciativa a partir de esa falta de definición, me parece que no tiene lugar.
Por otro lado, en la misma Constitución Nacional ya están consagrados los derechos a la vivienda y a la educación. Sin embargo, en estos doce años tuvimos que construir miles de viviendas -otorgamos cerca de doscientos mil créditos en el marco del Procrear- porque los gobiernos anteriores no lo hicieron a pesar de que el derecho a la vivienda está plasmado en nuestra Constitución.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra la señora diputada Parrilli.
SRA. PARRILLI Señora presidenta: seré breve en virtud de la hora.
En primer lugar, adhiero a las consideraciones que han hecho mis compañeros de bloque.
En segundo término, en la sección III del título III, "Modificaciones al Comité Ejecutivo y al Comité Consultivo del Progresar", el artículo 41 dispone sustituir el artículo 14 del decreto 84/14 y su modificatorio en lo que se refiere a la conformación del Comité Consultivo. Concretamente, establece que estará conformado por representantes de la Secretaría Nacional de las Juventudes de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de distintos ministerios.
Me parece que el Consejo Consultivo también debería contar con un representante del Consejo Federal de la Juventud, quien podría aportar una mayor visión federal.
Como no lo vi en otros artículos vinculados específicamente en este tema, sugiero que se lo incluya.
En primer lugar, adhiero a las consideraciones que han hecho mis compañeros de bloque.
En segundo término, en la sección III del título III, "Modificaciones al Comité Ejecutivo y al Comité Consultivo del Progresar", el artículo 41 dispone sustituir el artículo 14 del decreto 84/14 y su modificatorio en lo que se refiere a la conformación del Comité Consultivo. Concretamente, establece que estará conformado por representantes de la Secretaría Nacional de las Juventudes de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de distintos ministerios.
Me parece que el Consejo Consultivo también debería contar con un representante del Consejo Federal de la Juventud, quien podría aportar una mayor visión federal.
Como no lo vi en otros artículos vinculados específicamente en este tema, sugiero que se lo incluya.
SR. TIGNANELLI Estará presidido por quien tiene a su cargo el Instituto Nacional de las Juventudes, que es además el titular del Consejo Federal de la Juventud.
SRA. PARRILLI Justamente, creo que además tiene que haber un representante del Consejo Federal de la Juventud que represente a las provincias porque esta organización se basa, a mi juicio, en una visión de centralismo porteño. Discúlpenme, señora presidenta, pero pienso que también debe haber alguien elegido en el seno del Consejo Federal de la Juventud que represente a las provincias.
SR. TIGNANELLI Lo evaluaremos, señora diputada. De todas maneras, le aclaro que no soy porteño sino bonaerense y actualmente presido el Consejo Federal de la Juventud.
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Tiene la palabra la diputada "Luchi" Alonso.
SRA. ALONSO Señora presidenta: agradezco al señor subsecretario por su presencia.
Cuando venía hacia la Cámara para participar en esta reunión, me sentía contenta porque pensaba en que íbamos a tratar este proyecto de Ley de Promoción de las Juventudes en el que hemos trabajado tanto. También pensaba en que habría un consenso masivo con todas las fuerzas políticas y me preguntaba a quién podría no interesarle la juventud o qué diferencias trascendentales o de fondo podría haber como para que alguien crea que debe votar en contra de un proyecto de esta naturaleza.
Lo cierto es que venía con toda esa euforia, con toda esa alegría y con todo ese entusiasmo, y al llegar me cae un balde de agua fría.
En el transcurso de la reunión escuché dos argumentos reiterados, repetitivos, para oponerse a esta Ley de Promoción de las Juventudes. Palabras más, palabras menos, se dijo que el proyecto apuntaba a la creación de cargos.
Entonces comencé a preguntarme si estaba equivocada o qué pasaba, porque tenía entendido que este proyecto fue discutido con jóvenes en distintos foros del país, que no había salido de un repollo. No es que un día al subsecretario Tignanelli se le ocurrió preguntarse: ¿Qué hago? ¿Una ley para la juventud?
Pensé que quizás yo había soñado con esos foros. Entonces me acerqué a una colaboradora de la Subsecretaría de Juventud y le dije: disculpame, yo me acuerdo que el 18 de mayo hubo un foro en mi provincia, del que participaron más de mil quinientos jóvenes, y que luego del debate la pregunta que circulaba era cuándo se presentaba el proyecto. ¿Acaso esto pasó solo en mi provincia? ¿Lo soñé? ¿O fue en todo el país?
La colaboradora, con muy buena predisposición, me contesta que los foros se hicieron en todo el país. En el NEA, con las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, el 27 de mayo; en el NOA, el 17 de abril; en Patagonia norte, el 18 de mayo; en Patagonia sur, el 3 de junio; en Cuyo, el 30 de junio y en la región Centro, el 28 de agosto. Es decir que estaban representadas todas las regiones de nuestra patria.
¿Qué pasó entonces? ¿Cómo puede ser que algunos diputados se opongan a algo que debatieron los jóvenes de sus propias provincias? Participaron veinticinco mil jóvenes en los foros. Ahí fue cuando me dije: una vez más, queda demostrado que hay ciertos sectores que no tienen diálogo con la juventud; entonces, no saben lo que piensan y cuando vienen acá agarran el argumento más rápido, o sea, el que escribió otro. Es mucho más fácil, en lugar de sentarse a hablar con los jóvenes, leer el diario de la mañana y ver qué opinan otros. Entonces dicen: ah, este proyecto es para crear cargos; pero no es así.
Es una falta de respeto hacia los veinticinco mil jóvenes que debatieron sobre este proyecto, hacia los argentinos y las argentinas que estuvimos en cada uno de los foros para llevar nuestras opiniones. Esta iniciativa no salió de un repollo; viene del seno de la juventud de nuestra patria y así la tenemos que respetar.
Yo tengo 30 años, así que no me alcanza esta norma; pero quiero decir que no puede haber diferencias tan profundas que lleven a algunos diputados a votar en contra. Además, esas diferencias de fondo son personales. No son de la juventud, porque la juventud fue la que generó este proyecto de ley.
Un comentario que me llamó enormemente la atención fue el que hizo uno de los primeros diputados preopinantes, quien manifestó que este proyecto era poco novedoso. Dijo que, si hablamos de igualdad de derechos y de libertad de expresión, es poco novedoso. Otra vez me pregunté qué pasó. El señor subsecretario ha explicado fielmente que tratamos que los sesenta programas destinados a la juventud -a los que se destina el 3,3 por ciento del PBI- tengan un lugar de concentración, que se aumente el rango de la subsecretaría, transformándola en una secretaría, para darle la jerarquía que los jóvenes necesitamos, y que la actualización de la prestación económica de un programa como el Progresar, que acercó a tantos jóvenes a la escuelas, quede establecida por ley; sin embargo, un diputado afirmó que el proyecto es poco novedoso.
Entonces me pregunté quién lo decía, y vi que se trataba de un diputado de un partido liberal para quien lo novedoso quizás sea facturar 20 millones desde una empresa a la Ciudad de Buenos Aires y venderla luego por 20.000 pesos. (Aplausos.) Tal vez para él lo novedoso sea eso. Yo prefiero seguir siendo poco novedosa y continuar garantizando derechos a la juventud de nuestra patria.
Por último, quiero señalar que voy a acompañar este proyecto con muchísimo orgullo. Me he sentido parte de la concreción de esta iniciativa porque mi provincia ha sido sede del foro, donde nos han acompañado otras provincias de la región. Lo voy a apoyar porque es un proyecto federal que fue debatido y pensado por los jóvenes de nuestra patria; como corresponde a un proyecto de juventudes, fue hecho por jóvenes de la Argentina. (Aplausos.)
Cuando venía hacia la Cámara para participar en esta reunión, me sentía contenta porque pensaba en que íbamos a tratar este proyecto de Ley de Promoción de las Juventudes en el que hemos trabajado tanto. También pensaba en que habría un consenso masivo con todas las fuerzas políticas y me preguntaba a quién podría no interesarle la juventud o qué diferencias trascendentales o de fondo podría haber como para que alguien crea que debe votar en contra de un proyecto de esta naturaleza.
Lo cierto es que venía con toda esa euforia, con toda esa alegría y con todo ese entusiasmo, y al llegar me cae un balde de agua fría.
En el transcurso de la reunión escuché dos argumentos reiterados, repetitivos, para oponerse a esta Ley de Promoción de las Juventudes. Palabras más, palabras menos, se dijo que el proyecto apuntaba a la creación de cargos.
Entonces comencé a preguntarme si estaba equivocada o qué pasaba, porque tenía entendido que este proyecto fue discutido con jóvenes en distintos foros del país, que no había salido de un repollo. No es que un día al subsecretario Tignanelli se le ocurrió preguntarse: ¿Qué hago? ¿Una ley para la juventud?
Pensé que quizás yo había soñado con esos foros. Entonces me acerqué a una colaboradora de la Subsecretaría de Juventud y le dije: disculpame, yo me acuerdo que el 18 de mayo hubo un foro en mi provincia, del que participaron más de mil quinientos jóvenes, y que luego del debate la pregunta que circulaba era cuándo se presentaba el proyecto. ¿Acaso esto pasó solo en mi provincia? ¿Lo soñé? ¿O fue en todo el país?
La colaboradora, con muy buena predisposición, me contesta que los foros se hicieron en todo el país. En el NEA, con las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, el 27 de mayo; en el NOA, el 17 de abril; en Patagonia norte, el 18 de mayo; en Patagonia sur, el 3 de junio; en Cuyo, el 30 de junio y en la región Centro, el 28 de agosto. Es decir que estaban representadas todas las regiones de nuestra patria.
¿Qué pasó entonces? ¿Cómo puede ser que algunos diputados se opongan a algo que debatieron los jóvenes de sus propias provincias? Participaron veinticinco mil jóvenes en los foros. Ahí fue cuando me dije: una vez más, queda demostrado que hay ciertos sectores que no tienen diálogo con la juventud; entonces, no saben lo que piensan y cuando vienen acá agarran el argumento más rápido, o sea, el que escribió otro. Es mucho más fácil, en lugar de sentarse a hablar con los jóvenes, leer el diario de la mañana y ver qué opinan otros. Entonces dicen: ah, este proyecto es para crear cargos; pero no es así.
Es una falta de respeto hacia los veinticinco mil jóvenes que debatieron sobre este proyecto, hacia los argentinos y las argentinas que estuvimos en cada uno de los foros para llevar nuestras opiniones. Esta iniciativa no salió de un repollo; viene del seno de la juventud de nuestra patria y así la tenemos que respetar.
Yo tengo 30 años, así que no me alcanza esta norma; pero quiero decir que no puede haber diferencias tan profundas que lleven a algunos diputados a votar en contra. Además, esas diferencias de fondo son personales. No son de la juventud, porque la juventud fue la que generó este proyecto de ley.
Un comentario que me llamó enormemente la atención fue el que hizo uno de los primeros diputados preopinantes, quien manifestó que este proyecto era poco novedoso. Dijo que, si hablamos de igualdad de derechos y de libertad de expresión, es poco novedoso. Otra vez me pregunté qué pasó. El señor subsecretario ha explicado fielmente que tratamos que los sesenta programas destinados a la juventud -a los que se destina el 3,3 por ciento del PBI- tengan un lugar de concentración, que se aumente el rango de la subsecretaría, transformándola en una secretaría, para darle la jerarquía que los jóvenes necesitamos, y que la actualización de la prestación económica de un programa como el Progresar, que acercó a tantos jóvenes a la escuelas, quede establecida por ley; sin embargo, un diputado afirmó que el proyecto es poco novedoso.
Entonces me pregunté quién lo decía, y vi que se trataba de un diputado de un partido liberal para quien lo novedoso quizás sea facturar 20 millones desde una empresa a la Ciudad de Buenos Aires y venderla luego por 20.000 pesos. (Aplausos.) Tal vez para él lo novedoso sea eso. Yo prefiero seguir siendo poco novedosa y continuar garantizando derechos a la juventud de nuestra patria.
Por último, quiero señalar que voy a acompañar este proyecto con muchísimo orgullo. Me he sentido parte de la concreción de esta iniciativa porque mi provincia ha sido sede del foro, donde nos han acompañado otras provincias de la región. Lo voy a apoyar porque es un proyecto federal que fue debatido y pensado por los jóvenes de nuestra patria; como corresponde a un proyecto de juventudes, fue hecho por jóvenes de la Argentina. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA FERNÁNDEZ SAGASTI Habiéndose agotado la lista de oradores, la Presidencia recuerda a los diputados que hicieron sugerencias respecto del articulado, que las recibiremos en la Presidencia de la Comisión de Legislación General.
Agradecemos al señor subsecretario de Juventud de la Nación, Facundo Tignanelli, por su predisposición al quedarse a escuchar las opiniones de los legisladores y sus sugerencias para enriquecer el proyecto.
La Presidencia informa a los miembros de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda que volvemos a encontrarnos a las 15 en esta misma sala para una reunión conjunta con la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano.
No habiendo otros asuntos que tratar, declaro finalizada la reunión.
Agradecemos al señor subsecretario de Juventud de la Nación, Facundo Tignanelli, por su predisposición al quedarse a escuchar las opiniones de los legisladores y sus sugerencias para enriquecer el proyecto.
La Presidencia informa a los miembros de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda que volvemos a encontrarnos a las 15 en esta misma sala para una reunión conjunta con la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano.
No habiendo otros asuntos que tratar, declaro finalizada la reunión.