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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION DEL TRABAJO
- LEGISLACION GENERAL
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 09/10/2012
- RIESGOS DEL TRABAJO
EXPEDIENTES
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de octubre de 2012, a la hora 12 y 25:
SR. PRESIDENTE RECALDE Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Legislación del Trabajo.
De acuerdo con el temario, nos abocaremos al estudio del proyecto de ley en revisión sobre régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.577 (expediente 0114-s-2012).
Han sido tenidos a la vista los proyectos de ley contenidos en los siguientes expedientes: 1151-d-2012, del señor diputado Recalde y otros; 2916-d-2012, de la señora diputada Stolbizer y otros; 6462-d-2012, del señor diputado De Gennaro y otros; 5526-d-2011, de la señora diputada Nebreda y otros; 1035-d-2012, de la señora diputada Ciciliani y otros; 1142-d-2012, del señor diputado Recalde y otros; 1187-d-2012, de la señora diputada Michetti y otros; 1714-d-2012, del señor diputado Germano y otros; 2256-d-2012, del señor diputado Amadeo, y 2352-d-2012, del señor diputado Yarade y otros.
Hemos invitado a esta reunión al señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada, y al señor superintendente de Riesgos del Trabajo, doctor Juan González Gaviola.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor ministro para fundamentar el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo al que hice referencia anteriormente.
De acuerdo con el temario, nos abocaremos al estudio del proyecto de ley en revisión sobre régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.577 (expediente 0114-s-2012).
Han sido tenidos a la vista los proyectos de ley contenidos en los siguientes expedientes: 1151-d-2012, del señor diputado Recalde y otros; 2916-d-2012, de la señora diputada Stolbizer y otros; 6462-d-2012, del señor diputado De Gennaro y otros; 5526-d-2011, de la señora diputada Nebreda y otros; 1035-d-2012, de la señora diputada Ciciliani y otros; 1142-d-2012, del señor diputado Recalde y otros; 1187-d-2012, de la señora diputada Michetti y otros; 1714-d-2012, del señor diputado Germano y otros; 2256-d-2012, del señor diputado Amadeo, y 2352-d-2012, del señor diputado Yarade y otros.
Hemos invitado a esta reunión al señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada, y al señor superintendente de Riesgos del Trabajo, doctor Juan González Gaviola.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor ministro para fundamentar el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo al que hice referencia anteriormente.
SR. GIUBERGIA Pido la palabra para plantear una cuestión previa, señor presidente.
SR. PRESIDENTE RECALDE Después de que expongan los funcionarios invitados lo escucharemos, señor diputado.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
SR. MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Señor presidente: es para mí un gusto estar presente en este ámbito, como todas las veces en que pude venir al Parlamento para presentar modificaciones a distintas leyes o bien las nuevas normas que enmarcaron la política laboral de nuestro gobierno, en la que no me detendré porque entiendo que es suficientemente clara.
Yendo al corazón del tema que ha motivado esta convocatoria, quiero decir que hemos venido a derogar el artículo 39 de la ley 24.557. Ese es uno de los ejes centrales para terminar con algunas disposiciones inconstitucionales que, de acuerdo con diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia, contiene la mencionada norma. Es decir que con este proyecto buscamos revertir algunos errores de una ley que nació con varios pecados originales.
La Ley de Riesgos del Trabajo sancionada en 1995 discriminaba negativamente al trabajador al fijar cifras indemnizatorias que, en un comienzo, equivalían aproximadamente a la mitad de la reparación que podía lograr un ciudadano común que recurría a la vía civil.
A esto debemos agregar que el sistema estaba blindado, ya que prohibía taxativamente la posibilidad de que el trabajador recurriese a la vía civil como cualquier ciudadano.
.2La reparación establecida en esta ley, además de ser mezquina, fijaba techos y los valores resarcitorios eran fijos. De este modo, no estaba cubriendo otros daños que no fueran la pérdida funcional; o sea que no tenía el carácter de reparación integral.
Por otro lado, estos montos indemnizatorios de base miserable o pequeña se encontraban fraccionados en forma de renta vitalicia, dando en la práctica -y sobre todo con el paso del tiempo- lugar a cifras mensuales realmente intolerables.
Recordemos que poco tiempo antes de 2003, la constitucionalidad de esta ley había sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces. Esta situación empezó a modificarse a partir de ese año, con un Estado más presente y una Corte independiente.
La renovación de la Corte, impulsada por el doctor Néstor Kirchner, no tardó en declarar inconstitucionales los artículos que vulneraban los derechos de los trabajadores. En aquel momento, estos justos fallos abrieron la vía civil y dieron lugar a la reparación integral.
Al mismo tiempo y a pesar de la ley, desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se comenzaron a desarrollar medidas de prevención. Luego, empezamos a buscar otras alternativas para salir de la lógica de lo que se llama el empobrecimiento de la víctima, que surgía del propio espíritu de la norma, que acarreaba salarios del accidentado sin actualizar, exclusión de algunos rubros salariales, topes congelados y no se establecía ningún tipo de piso.
En 2009, mientras pretendía alcanzar consenso para lograr una reforma integral de la ley, el gobierno dictó el decreto 1.694, que procedió a actualizar los valores indemnizatorios, quitando los techos, poniendo pisos mínimos como garantía, triplicando en términos generales las prestaciones de las incapacidades permanentes y mejorando las incapacidades transitorias por aplicación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sin embargo, el mayor foco de conflictividad de esta ley estaba y está centrado en el sistema indemnizatorio a los trabajadores, especialmente a quienes sufrieron pérdidas funcionales permanentes en ocasión del trabajo. Esto no podía resolverse por decreto.
La reparación integral no podía resolverse por este mecanismo normativo. Por ello, hemos avanzado y traído este proyecto a consideración del Parlamento. Ha sido aprobado en el Senado y hoy estamos presentándolo ante esta Cámara de Diputados.
Quiero decir que este proyecto es impulsado por un gobierno que ha enfrentado claramente la política de los años 90, derogando leyes emblemáticas de ese tiempo. Me refiero concretamente a la ley Banelco. Aquí me tocó presentar el pedido de derogación y reforma, que fue el único vínculo que he tenido con la ley Banelco. Asimismo, cabe mencionar la ley de las AFJP.
Además se desarrollaron otras propuestas de legislación laboral protectoria, como fue la movilidad jubilatoria, la ley de quiebras para los trabajadores de empresas recuperadas, la ley del peón rural y esperemos pronto sumar la ley de penalización del trabajo infantil y la ley de trabajadores y trabajadoras en casas particulares.
Estas normas han sido la antítesis de lo que vivió la Argentina en los últimos 35 años. El 25 de mayo de 2003 se dio vuelta la página de la exclusión sistemática como norma, de las políticas antisindicales y de las medidas desregulatorias que de una u otra manera, con escasas excepciones, se desplegaron en nuestro país. Es una respuesta dada desde la perspectiva de mejorar derechos frente a una situación injusta como es la actual, donde los trabajadores para percibir lo que realmente es una justa reparación tienen que ir a la Justicia. Así se apunta a resolver el tema: buscando modificar todo lo que perjudique o trabe la inmediata reparación del daño.
¿Cuáles son las medidas concretas en este sentido? Por un lado, se actualizan los mínimos para que todos, en especial los que cobran salarios más bajos, tengan una reparación adecuada al daño y, por otro, se hace un ajuste semestral mediante el RIPTE, que es un régimen que, como todos ustedes saben, sigue la evolución de los salarios. Esta actualización semestral persigue que no se pierda el carácter resarcitorio. Precisamente ésta es una de las claves que ha hecho fracasar cualquier otro sistema anterior.
También se van a computar los intereses desde el momento mismo del accidente. A su vez, se incorpora al ciento por ciento de la indemnización que corresponda un 20 por ciento con el objetivo de reparar el daño integral.
Corrigiendo lo que señalábamos antes sobre el fraccionamiento, se dispone el pago único e inmediato de la reparación del daño. O sea que se ha buscado claramente que al trabajador le llegue la mayor parte de su indemnización sin que sea afectado por gastos extraordinarios y de manera rápida.
Hay que señalar acá otro aspecto sustantivo que ha aparecido en el debate. La recuperación Argentina desde 2003 -y lo que esto ha significado desde el campo laboral, protectorio y sindical- ha hecho que junto con la mayoría de los Estados provinciales se bajara la siniestralidad, especialmente en momentos de gran actividad económica. Esto también hay que decirlo. Acompañando las políticas de creación y de registración del empleo -que ha ido creciendo en forma sistemática por primera vez después de muchos años- la cobertura del sistema se ha más que duplicado, llegando en la actualidad a 8.700.000 trabajadores.
Sin lugar a dudas el mayor desafío que enfrentamos es seguir profundizando las políticas de prevención para seguir disminuyendo la siniestralidad. Cabe destacar en este sentido el interés puesto por el Poder Ejecutivo, por la presidenta de la Nación, que decretó a 2011 como el año del trabajo decente, la salud y la seguridad de los trabajadores. Esto generó una respuesta por parte de todos los actores, tanto por la CGT, la CTA, la UIA y la CAME, que han firmado el documento sobre la estrategia quinquenal en materia de política de salud y seguridad en el trabajo. Este documento, que invito a consultar, es único en Latinoamérica y marca la dirección de las políticas que se dirigen a fortalecer la cultura de la prevención.
Está claro que lo importante es que el trabajador no se accidente ni se enferme. En esta cuestión estamos totalmente de acuerdo; no estamos discutiendo ese punto, no lo decimos solamente de palabra ni tampoco como retórica. A todos los que estamos aquí nos preocupa que no existan o que disminuyan fuertemente las posibilidades de la enfermedad o del accidente en ocasión del trabajo. De lo que hablamos es de la necesidad de devolver a los trabajadores la posibilidad de tener una reparación justa, adecuada, integral y rápida.
Luego de la Ley Federal del Trabajo de 1999, en las provincias argentinas se descentralizó la capacidad de fiscalizar y multar por transgresiones a la legislación laboral y a la seguridad social. La verdad es que las provincias no contaban con una infraestructura como para afrontar la tarea de esta descentralización, como sucedió con tantas otras.
En los últimos años, nos hemos abocado a fortalecer la capacidad inspectiva de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de las provincias, dotándolas de equipamiento informático, de movilidad y de conectividad electrónica entre los principales actores.
Las cifras de inspectores, comparadas con la cantidad de trabajadores, están cercanas a las sugeridas por los organismos internacionales, y si les sumamos el accionar de los preventores, las superan holgadamente. Las inspecciones se han multiplicado de 7 mil en 2007 a casi 30 mil en este año.
En cuando a las políticas sancionatorias, se ha ampliado el espectro de las sanciones y se intensificó la aplicación de multas. Todo esto se ha desarrollado en el marco de la mayor campaña de capacitación que se ha llevado adelante por todos los actores sociales.
Esta iniciativa también cuenta con un capítulo destinado a la actual situación de las alícuotas de las ART y a la necesidad de controlar y supervisar los gastos en que incurran las mismas, a fin de impedir que esta sustantiva modificación en el sistema indemnizatorio genere un mayor recargo en las alícuotas que se puedan establecer.
Al mismo tiempo -ustedes lo habrán percibido en la redacción de la norma- se establece un mecanismo por el cual aspiramos a que estas alícuotas estén regidas por otros principios diferentes a los del puro mercado, como sucedió hasta ahora, donde la alícuota esté vinculada con el mapa de riesgo al que esa empresa esté expuesta. Esto tiene que ver con el tamaño de la empresa. No puede ser que en muchas circunstancias las pymes tengan que pagar más que las grandes empresas.
Se ha presentado este proyecto de ley y simultáneamente se ha dictado el decreto de mutuas, con el que aspiramos que crezca un sector donde el objetivo no sea el lucro de las aseguradoras y donde el conocimiento por parte de los protagonistas -sean las cámaras o las organizaciones de los trabajadores- sirva para ir más a fondo en la cultura de la prevención y para atender los problemas específicos de cada una de las actividades exportadoras.
Asimismo, de esta manera esperamos introducir un elemento corrector dentro del esquema de funcionamiento de las aseguradoras de riesgos del trabajo.
Finalmente quiero señalar que hay otras medidas, otras políticas, que continuaremos desarrollando de la misma manera como lo hemos hecho hasta el presente a fin de resolver algunos problemas pendientes. Tal es el caso de las enfermedades y los accidentes; concretamente, vamos a convocar al comité consultivo creado por ley para que trabajadores y empleadores amplíen, junto con el Estado, el campo de las enfermedades comprendidas en la norma, a fin de terminar con ciertas discusiones alrededor del claro carácter de enfermedad laboral que tienen dolencias vinculadas con problemas de várices, lumbalgias, hernias, etcétera.
De esta manera he querido presentar el proyecto de ley en consideración. En caso de que se logre su sanción, seguramente -después de transcurrido un tiempo de su puesta en práctica- podremos recoger experiencias y analizar qué nuevos pasos corresponde dar. Sabemos que se trata de procesos complejos, y que hay una multiplicidad de miradas y de intereses que en ocasiones son compatibles con la protección del trabajador y en otras resultan ser claramente incompatibles.
Creemos que en este tipo de procesos es necesario dar pasos en forma sucesiva; ya lo hemos demostrado en oportunidad de tratarse otros temas. Debemos avanzar con pasos sucesivos en la desactivación de algunos instrumentos que fueron montados con finalidades antipopulares. No pensemos que éste es el último paso o que la opción es todo o nada. (Aplausos.)
Yendo al corazón del tema que ha motivado esta convocatoria, quiero decir que hemos venido a derogar el artículo 39 de la ley 24.557. Ese es uno de los ejes centrales para terminar con algunas disposiciones inconstitucionales que, de acuerdo con diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia, contiene la mencionada norma. Es decir que con este proyecto buscamos revertir algunos errores de una ley que nació con varios pecados originales.
La Ley de Riesgos del Trabajo sancionada en 1995 discriminaba negativamente al trabajador al fijar cifras indemnizatorias que, en un comienzo, equivalían aproximadamente a la mitad de la reparación que podía lograr un ciudadano común que recurría a la vía civil.
A esto debemos agregar que el sistema estaba blindado, ya que prohibía taxativamente la posibilidad de que el trabajador recurriese a la vía civil como cualquier ciudadano.
.2La reparación establecida en esta ley, además de ser mezquina, fijaba techos y los valores resarcitorios eran fijos. De este modo, no estaba cubriendo otros daños que no fueran la pérdida funcional; o sea que no tenía el carácter de reparación integral.
Por otro lado, estos montos indemnizatorios de base miserable o pequeña se encontraban fraccionados en forma de renta vitalicia, dando en la práctica -y sobre todo con el paso del tiempo- lugar a cifras mensuales realmente intolerables.
Recordemos que poco tiempo antes de 2003, la constitucionalidad de esta ley había sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces. Esta situación empezó a modificarse a partir de ese año, con un Estado más presente y una Corte independiente.
La renovación de la Corte, impulsada por el doctor Néstor Kirchner, no tardó en declarar inconstitucionales los artículos que vulneraban los derechos de los trabajadores. En aquel momento, estos justos fallos abrieron la vía civil y dieron lugar a la reparación integral.
Al mismo tiempo y a pesar de la ley, desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se comenzaron a desarrollar medidas de prevención. Luego, empezamos a buscar otras alternativas para salir de la lógica de lo que se llama el empobrecimiento de la víctima, que surgía del propio espíritu de la norma, que acarreaba salarios del accidentado sin actualizar, exclusión de algunos rubros salariales, topes congelados y no se establecía ningún tipo de piso.
En 2009, mientras pretendía alcanzar consenso para lograr una reforma integral de la ley, el gobierno dictó el decreto 1.694, que procedió a actualizar los valores indemnizatorios, quitando los techos, poniendo pisos mínimos como garantía, triplicando en términos generales las prestaciones de las incapacidades permanentes y mejorando las incapacidades transitorias por aplicación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sin embargo, el mayor foco de conflictividad de esta ley estaba y está centrado en el sistema indemnizatorio a los trabajadores, especialmente a quienes sufrieron pérdidas funcionales permanentes en ocasión del trabajo. Esto no podía resolverse por decreto.
La reparación integral no podía resolverse por este mecanismo normativo. Por ello, hemos avanzado y traído este proyecto a consideración del Parlamento. Ha sido aprobado en el Senado y hoy estamos presentándolo ante esta Cámara de Diputados.
Quiero decir que este proyecto es impulsado por un gobierno que ha enfrentado claramente la política de los años 90, derogando leyes emblemáticas de ese tiempo. Me refiero concretamente a la ley Banelco. Aquí me tocó presentar el pedido de derogación y reforma, que fue el único vínculo que he tenido con la ley Banelco. Asimismo, cabe mencionar la ley de las AFJP.
Además se desarrollaron otras propuestas de legislación laboral protectoria, como fue la movilidad jubilatoria, la ley de quiebras para los trabajadores de empresas recuperadas, la ley del peón rural y esperemos pronto sumar la ley de penalización del trabajo infantil y la ley de trabajadores y trabajadoras en casas particulares.
Estas normas han sido la antítesis de lo que vivió la Argentina en los últimos 35 años. El 25 de mayo de 2003 se dio vuelta la página de la exclusión sistemática como norma, de las políticas antisindicales y de las medidas desregulatorias que de una u otra manera, con escasas excepciones, se desplegaron en nuestro país. Es una respuesta dada desde la perspectiva de mejorar derechos frente a una situación injusta como es la actual, donde los trabajadores para percibir lo que realmente es una justa reparación tienen que ir a la Justicia. Así se apunta a resolver el tema: buscando modificar todo lo que perjudique o trabe la inmediata reparación del daño.
¿Cuáles son las medidas concretas en este sentido? Por un lado, se actualizan los mínimos para que todos, en especial los que cobran salarios más bajos, tengan una reparación adecuada al daño y, por otro, se hace un ajuste semestral mediante el RIPTE, que es un régimen que, como todos ustedes saben, sigue la evolución de los salarios. Esta actualización semestral persigue que no se pierda el carácter resarcitorio. Precisamente ésta es una de las claves que ha hecho fracasar cualquier otro sistema anterior.
También se van a computar los intereses desde el momento mismo del accidente. A su vez, se incorpora al ciento por ciento de la indemnización que corresponda un 20 por ciento con el objetivo de reparar el daño integral.
Corrigiendo lo que señalábamos antes sobre el fraccionamiento, se dispone el pago único e inmediato de la reparación del daño. O sea que se ha buscado claramente que al trabajador le llegue la mayor parte de su indemnización sin que sea afectado por gastos extraordinarios y de manera rápida.
Hay que señalar acá otro aspecto sustantivo que ha aparecido en el debate. La recuperación Argentina desde 2003 -y lo que esto ha significado desde el campo laboral, protectorio y sindical- ha hecho que junto con la mayoría de los Estados provinciales se bajara la siniestralidad, especialmente en momentos de gran actividad económica. Esto también hay que decirlo. Acompañando las políticas de creación y de registración del empleo -que ha ido creciendo en forma sistemática por primera vez después de muchos años- la cobertura del sistema se ha más que duplicado, llegando en la actualidad a 8.700.000 trabajadores.
Sin lugar a dudas el mayor desafío que enfrentamos es seguir profundizando las políticas de prevención para seguir disminuyendo la siniestralidad. Cabe destacar en este sentido el interés puesto por el Poder Ejecutivo, por la presidenta de la Nación, que decretó a 2011 como el año del trabajo decente, la salud y la seguridad de los trabajadores. Esto generó una respuesta por parte de todos los actores, tanto por la CGT, la CTA, la UIA y la CAME, que han firmado el documento sobre la estrategia quinquenal en materia de política de salud y seguridad en el trabajo. Este documento, que invito a consultar, es único en Latinoamérica y marca la dirección de las políticas que se dirigen a fortalecer la cultura de la prevención.
Está claro que lo importante es que el trabajador no se accidente ni se enferme. En esta cuestión estamos totalmente de acuerdo; no estamos discutiendo ese punto, no lo decimos solamente de palabra ni tampoco como retórica. A todos los que estamos aquí nos preocupa que no existan o que disminuyan fuertemente las posibilidades de la enfermedad o del accidente en ocasión del trabajo. De lo que hablamos es de la necesidad de devolver a los trabajadores la posibilidad de tener una reparación justa, adecuada, integral y rápida.
Luego de la Ley Federal del Trabajo de 1999, en las provincias argentinas se descentralizó la capacidad de fiscalizar y multar por transgresiones a la legislación laboral y a la seguridad social. La verdad es que las provincias no contaban con una infraestructura como para afrontar la tarea de esta descentralización, como sucedió con tantas otras.
En los últimos años, nos hemos abocado a fortalecer la capacidad inspectiva de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de las provincias, dotándolas de equipamiento informático, de movilidad y de conectividad electrónica entre los principales actores.
Las cifras de inspectores, comparadas con la cantidad de trabajadores, están cercanas a las sugeridas por los organismos internacionales, y si les sumamos el accionar de los preventores, las superan holgadamente. Las inspecciones se han multiplicado de 7 mil en 2007 a casi 30 mil en este año.
En cuando a las políticas sancionatorias, se ha ampliado el espectro de las sanciones y se intensificó la aplicación de multas. Todo esto se ha desarrollado en el marco de la mayor campaña de capacitación que se ha llevado adelante por todos los actores sociales.
Esta iniciativa también cuenta con un capítulo destinado a la actual situación de las alícuotas de las ART y a la necesidad de controlar y supervisar los gastos en que incurran las mismas, a fin de impedir que esta sustantiva modificación en el sistema indemnizatorio genere un mayor recargo en las alícuotas que se puedan establecer.
Al mismo tiempo -ustedes lo habrán percibido en la redacción de la norma- se establece un mecanismo por el cual aspiramos a que estas alícuotas estén regidas por otros principios diferentes a los del puro mercado, como sucedió hasta ahora, donde la alícuota esté vinculada con el mapa de riesgo al que esa empresa esté expuesta. Esto tiene que ver con el tamaño de la empresa. No puede ser que en muchas circunstancias las pymes tengan que pagar más que las grandes empresas.
Se ha presentado este proyecto de ley y simultáneamente se ha dictado el decreto de mutuas, con el que aspiramos que crezca un sector donde el objetivo no sea el lucro de las aseguradoras y donde el conocimiento por parte de los protagonistas -sean las cámaras o las organizaciones de los trabajadores- sirva para ir más a fondo en la cultura de la prevención y para atender los problemas específicos de cada una de las actividades exportadoras.
Asimismo, de esta manera esperamos introducir un elemento corrector dentro del esquema de funcionamiento de las aseguradoras de riesgos del trabajo.
Finalmente quiero señalar que hay otras medidas, otras políticas, que continuaremos desarrollando de la misma manera como lo hemos hecho hasta el presente a fin de resolver algunos problemas pendientes. Tal es el caso de las enfermedades y los accidentes; concretamente, vamos a convocar al comité consultivo creado por ley para que trabajadores y empleadores amplíen, junto con el Estado, el campo de las enfermedades comprendidas en la norma, a fin de terminar con ciertas discusiones alrededor del claro carácter de enfermedad laboral que tienen dolencias vinculadas con problemas de várices, lumbalgias, hernias, etcétera.
De esta manera he querido presentar el proyecto de ley en consideración. En caso de que se logre su sanción, seguramente -después de transcurrido un tiempo de su puesta en práctica- podremos recoger experiencias y analizar qué nuevos pasos corresponde dar. Sabemos que se trata de procesos complejos, y que hay una multiplicidad de miradas y de intereses que en ocasiones son compatibles con la protección del trabajador y en otras resultan ser claramente incompatibles.
Creemos que en este tipo de procesos es necesario dar pasos en forma sucesiva; ya lo hemos demostrado en oportunidad de tratarse otros temas. Debemos avanzar con pasos sucesivos en la desactivación de algunos instrumentos que fueron montados con finalidades antipopulares. No pensemos que éste es el último paso o que la opción es todo o nada. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor superintendente de Riesgos del Trabajo, doctor González Gaviola.
SR. GONZÁLEZ GAVIOLA Señor presidente: es para mí una alegría volver a estar en esta querida casa donde trabajé durante muchos años de mi vida y en la que ahora veo las caras de viejos compañeros, sobre todo en oportunidad de tratarse un tema tan particular.
Por segunda vez me toca vivir la reversión de un ciclo, de situaciones que en su momento criticamos. Como bien decía el señor ministro, hoy estamos en condiciones de revertir una realidad y de acercar un poco más de justicia a los trabajadores.
La primera fue la reestatización del régimen jubilatorio, al que oportunamente hicimos muchas críticas. Ahora se trata de modificar un sistema resarcitorio que nació mezquino y "antitrabajador", por decirlo de alguna manera.
De acuerdo con lo que me pidió el señor ministro, voy a contextualizar la situación en que se encuentra el régimen de riesgos del trabajo.
Presentamos este proyecto de ley porque el sistema que debe proveer distintos tipos de prestaciones a los trabajadores atraviesa por una crisis terminal. Primero, dicho sistema debe garantizar al trabajador un ambiente seguro, donde no se enferme ni sufra un accidente. Segundo, si fracasa ese plan -que sería el "A"-, es preciso contar con un sistema de atención médica que permita al trabajador recuperar su salud integralmente; es decir, sin incapacidades en forma permanente. Tercero, si este plan -que sería el "B"- falla, hay que procurar que el daño a la salud del trabajador pueda ser reparado monetariamente en forma integral. Todos sabemos que no hay dinero que pueda reparar integralmente a un trabajador que atravesó por una circunstancia de ese tipo, pero debemos lograr para él la situación más cercana a la justicia que sea posible.
Hablamos de un sistema que hoy brinda cobertura a 8.700.000 trabajadores, de los que afortunadamente más de 8 millones no se lesionan ni enferman durante el año.
Tenemos 650 mil trabajadores que se accidentan al año, quienes conforman una cifra que de ninguna manera nos deja conformes, pero esta cantidad de accidentes es menor que la que teníamos anteriormente con un número inferior de trabajadores. Entonces, no estamos bien pero vamos mejor.
Para darles una idea de la disminución de los índices en el trienio 2008-2010 quiero puntualizar que la Argentina bajó prácticamente un 30 por ciento la cantidad de muertos, muchos de ellos son in itinere y alrededor del 22 por ciento se producen en accidentes comunes.
En momentos en que la Argentina tiene un crecimiento económico superior al 8 por ciento, este índice resalta la importancia de las tareas preventivas. ¿Cómo se lograron estos indicadores? A partir de desarrollar una política nacional en materia de prevención.
Una de las críticas al proyecto fue la ausencia del tema de la prevención, que no es absoluta, como veremos en la iniciativa. Ello no quiere decir que no estemos haciendo nada en este sentido, porque estamos actuando y lo hacemos con la totalidad de las provincias, sin ninguna distinción de signos políticos.
El señor ministro hizo referencia a la cuadruplicación de inspectores que ha habido en estos últimos cuatro años y a la multiplicación por diez de las inspecciones. A ello le sumamos la obligación que tienen las ART de denunciar los incumplimientos de sus propios afiliados. Hemos intensificado una política sancionatoria, que provoca que los 1.600 preventores estén realizando casi un millón de denuncias, por parte de los empleadores.
En la actualidad, estos incumplimientos están conectados -por vía electrónica- con las autoridades de trabajo local, que de esta manera pueden emplazar, multar, clausurar y suspender tareas, de acuerdo con la información que tenemos en una base de datos poderosa. Estos elementos son los que nos han permitido seguir avanzando.
A la prevención secundaria -que es el eje de la prevención que estamos realizando ahora, es decir, correr detrás de aquellas empresas que hoy ya han demostrado tener mucha siniestralidad-, le estamos sumando un modelo de prevención primaria muy ambicioso, por el cual cada empresa debe tener su mapa de riesgo y su plan de mejoramiento. Además, se encuentra todo el entorno web, para hacer un seguimiento, a fin de eliminar o minimizar los riesgos a los cuales está sometido el trabajador, que son las teorías que hoy se imponen en la materia.
De manera tal que la Argentina, siguiendo los preceptos tanto de la OIT como de la OISS, hoy está a la cabeza del desarrollo de materias preventivas en toda Latinoamérica.
En relación con la reparación de salud, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar la calidad de las prestaciones que las ART tienen la obligación de dar a los trabajadores, a través de una intensificación del control.
En primer lugar, hoy hay un registro de prestadores médicos. A diferencia de otros años, la Superintendencia cuenta con un equipo de auditores propios que van a auditar este tipo de tareas y a partir de estas situaciones están surgiendo correcciones, estamos detectando quejas y estamos infraccionando a las ART. En algunos casos hemos llegado a sanciones tan grandes como la de hacer denuncias penales cuando -en casos excepcionales-hemos visto incumplimientos gravísimos.
De los 650 mil accidentes que en promedio tiene el sistema, aproximadamente 54 mil compañeros quedan con alguna lesión permanente y su daño tiene que ser determinado en el sistema administrativo.
Otra de las críticas a la iniciativa se centra en decir que las comisiones médicas son pro ART. Quiero decirles que las estadísticas demuestran que la Comisión Médica Central, que es ante quien se apela, en un 68 por ciento de los casos, cuando revierte un dictamen, lo hace a favor del trabajador. Es una cifra absolutamente clara, y en el 13 por ciento de los casos, cuando hay acuerdo del trabajador con la ART para homologar un daño, la Comisión se niega a homologarlo por considerar que es insuficiente la cifra ofrecida por la ART.
Respecto de las modificaciones de gestión, esta ley, que nació como prima hermana de las AFJP, abrevando en doctrinas de libre mercado, hoy tiene un gasto no prestacional que consideramos totalmente excesivo y al cual hay que limitar.
Limitamos las comisiones de la AFJP porque eran cercanas al 32 por ciento; en las ART pasa algo similar, gran parte del costo se lo lleva la comercialización que no agrega valor en salud ni en prevención ni en reparación al trabajador. Con todo respeto por el trabajo que realizan los productores, y como la misma ley lo prevé, hay que fijar un límite para que puedan seguir ganando dinero con su actividad pero que no sea a expensas de encarecer innecesariamente el sistema.
Por otro lado, la alícuota está muy vinculada a la prevención porque sabemos que es la víscera más sensible especialmente para el empresario. Si éste viene con responsabilidad social empresaria lo recibimos con los brazos abiertos, pero si además viene entendiendo que con prevención va a tener más productividad y a bajar sus costos, lo recibimos de la misma manera.
Hoy no hay una clara política de premios y castigos respecto a las alícuotas que se cobran. En muchos casos las empresas pequeñas que no tienen siniestralidad pagan alícuotas más caras que firmas más grandes donde sí hay siniestralidad. Este es otro tema que va a cambiar.
Por otro lado, terminamos concentrándonos en el elemento más problemático, el que ha generado más conflictividad, sobre el que nosotros hemos avanzado. Pero también un decreto de 2009 avanzó en esta situación, pero resultó insuficiente. Ese decreto dio un salto muy importante ya que triplicó prácticamente las indemnizaciones que se estaban dando en ese momento, pero también resultó insuficiente porque no atendía a la reparación integral.
Este proyecto tiende a ver de qué manera podemos lograr la reparación integral y cómo logramos que el trabajador acceda a un derecho que la jurisprudencia le ha dado. Hoy sólo puede acceder a ello por medio de un juicio. Queremos que el sistema administrativo se lo dé en forma rápida y generosa, transformando una ley mezquina, que discriminaba negativamente al trabajador, en una ley que le ofrezca una indemnización que hoy, si la comparamos con lo que está dando la Justicia Civil por daños, la duplica o triplica, y si la comparamos con otros países con los que nos hemos referenciado como España y Chile, son sumamente más generosas.
Creemos que de ninguna manera esta ley puede ser considerada como un retroceso; todo lo contrario, es un eslabón más en el tipo de mejoras que se han venido haciendo para generar empleo, registrar empleo, mejorar la partición en la renta, mejorar la seguridad social y mejorar la seguridad de los trabajadores, que tengan más accesibles mejores indemnizaciones cuando fallan los dos primeros planes -que no se enferme o que no recupere integralmente la salud-, y puedan tener más plata y más rápido.
Esta es la idea esencial del proyecto que hemos traído y, como decía el ministro, quedan otras cosas por hacer. Algunas las haremos por decreto a través del Consejo Consultivo, otras por resolución, tal como lo venimos haciendo.
No descartamos tener que venir nuevamente a pedir la atención del Congreso en el futuro cuando tengamos que sancionar un proyecto de ley para seguir mejorando lo que venimos mejorando. (Aplausos.)
Por segunda vez me toca vivir la reversión de un ciclo, de situaciones que en su momento criticamos. Como bien decía el señor ministro, hoy estamos en condiciones de revertir una realidad y de acercar un poco más de justicia a los trabajadores.
La primera fue la reestatización del régimen jubilatorio, al que oportunamente hicimos muchas críticas. Ahora se trata de modificar un sistema resarcitorio que nació mezquino y "antitrabajador", por decirlo de alguna manera.
De acuerdo con lo que me pidió el señor ministro, voy a contextualizar la situación en que se encuentra el régimen de riesgos del trabajo.
Presentamos este proyecto de ley porque el sistema que debe proveer distintos tipos de prestaciones a los trabajadores atraviesa por una crisis terminal. Primero, dicho sistema debe garantizar al trabajador un ambiente seguro, donde no se enferme ni sufra un accidente. Segundo, si fracasa ese plan -que sería el "A"-, es preciso contar con un sistema de atención médica que permita al trabajador recuperar su salud integralmente; es decir, sin incapacidades en forma permanente. Tercero, si este plan -que sería el "B"- falla, hay que procurar que el daño a la salud del trabajador pueda ser reparado monetariamente en forma integral. Todos sabemos que no hay dinero que pueda reparar integralmente a un trabajador que atravesó por una circunstancia de ese tipo, pero debemos lograr para él la situación más cercana a la justicia que sea posible.
Hablamos de un sistema que hoy brinda cobertura a 8.700.000 trabajadores, de los que afortunadamente más de 8 millones no se lesionan ni enferman durante el año.
Tenemos 650 mil trabajadores que se accidentan al año, quienes conforman una cifra que de ninguna manera nos deja conformes, pero esta cantidad de accidentes es menor que la que teníamos anteriormente con un número inferior de trabajadores. Entonces, no estamos bien pero vamos mejor.
Para darles una idea de la disminución de los índices en el trienio 2008-2010 quiero puntualizar que la Argentina bajó prácticamente un 30 por ciento la cantidad de muertos, muchos de ellos son in itinere y alrededor del 22 por ciento se producen en accidentes comunes.
En momentos en que la Argentina tiene un crecimiento económico superior al 8 por ciento, este índice resalta la importancia de las tareas preventivas. ¿Cómo se lograron estos indicadores? A partir de desarrollar una política nacional en materia de prevención.
Una de las críticas al proyecto fue la ausencia del tema de la prevención, que no es absoluta, como veremos en la iniciativa. Ello no quiere decir que no estemos haciendo nada en este sentido, porque estamos actuando y lo hacemos con la totalidad de las provincias, sin ninguna distinción de signos políticos.
El señor ministro hizo referencia a la cuadruplicación de inspectores que ha habido en estos últimos cuatro años y a la multiplicación por diez de las inspecciones. A ello le sumamos la obligación que tienen las ART de denunciar los incumplimientos de sus propios afiliados. Hemos intensificado una política sancionatoria, que provoca que los 1.600 preventores estén realizando casi un millón de denuncias, por parte de los empleadores.
En la actualidad, estos incumplimientos están conectados -por vía electrónica- con las autoridades de trabajo local, que de esta manera pueden emplazar, multar, clausurar y suspender tareas, de acuerdo con la información que tenemos en una base de datos poderosa. Estos elementos son los que nos han permitido seguir avanzando.
A la prevención secundaria -que es el eje de la prevención que estamos realizando ahora, es decir, correr detrás de aquellas empresas que hoy ya han demostrado tener mucha siniestralidad-, le estamos sumando un modelo de prevención primaria muy ambicioso, por el cual cada empresa debe tener su mapa de riesgo y su plan de mejoramiento. Además, se encuentra todo el entorno web, para hacer un seguimiento, a fin de eliminar o minimizar los riesgos a los cuales está sometido el trabajador, que son las teorías que hoy se imponen en la materia.
De manera tal que la Argentina, siguiendo los preceptos tanto de la OIT como de la OISS, hoy está a la cabeza del desarrollo de materias preventivas en toda Latinoamérica.
En relación con la reparación de salud, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar la calidad de las prestaciones que las ART tienen la obligación de dar a los trabajadores, a través de una intensificación del control.
En primer lugar, hoy hay un registro de prestadores médicos. A diferencia de otros años, la Superintendencia cuenta con un equipo de auditores propios que van a auditar este tipo de tareas y a partir de estas situaciones están surgiendo correcciones, estamos detectando quejas y estamos infraccionando a las ART. En algunos casos hemos llegado a sanciones tan grandes como la de hacer denuncias penales cuando -en casos excepcionales-hemos visto incumplimientos gravísimos.
De los 650 mil accidentes que en promedio tiene el sistema, aproximadamente 54 mil compañeros quedan con alguna lesión permanente y su daño tiene que ser determinado en el sistema administrativo.
Otra de las críticas a la iniciativa se centra en decir que las comisiones médicas son pro ART. Quiero decirles que las estadísticas demuestran que la Comisión Médica Central, que es ante quien se apela, en un 68 por ciento de los casos, cuando revierte un dictamen, lo hace a favor del trabajador. Es una cifra absolutamente clara, y en el 13 por ciento de los casos, cuando hay acuerdo del trabajador con la ART para homologar un daño, la Comisión se niega a homologarlo por considerar que es insuficiente la cifra ofrecida por la ART.
Respecto de las modificaciones de gestión, esta ley, que nació como prima hermana de las AFJP, abrevando en doctrinas de libre mercado, hoy tiene un gasto no prestacional que consideramos totalmente excesivo y al cual hay que limitar.
Limitamos las comisiones de la AFJP porque eran cercanas al 32 por ciento; en las ART pasa algo similar, gran parte del costo se lo lleva la comercialización que no agrega valor en salud ni en prevención ni en reparación al trabajador. Con todo respeto por el trabajo que realizan los productores, y como la misma ley lo prevé, hay que fijar un límite para que puedan seguir ganando dinero con su actividad pero que no sea a expensas de encarecer innecesariamente el sistema.
Por otro lado, la alícuota está muy vinculada a la prevención porque sabemos que es la víscera más sensible especialmente para el empresario. Si éste viene con responsabilidad social empresaria lo recibimos con los brazos abiertos, pero si además viene entendiendo que con prevención va a tener más productividad y a bajar sus costos, lo recibimos de la misma manera.
Hoy no hay una clara política de premios y castigos respecto a las alícuotas que se cobran. En muchos casos las empresas pequeñas que no tienen siniestralidad pagan alícuotas más caras que firmas más grandes donde sí hay siniestralidad. Este es otro tema que va a cambiar.
Por otro lado, terminamos concentrándonos en el elemento más problemático, el que ha generado más conflictividad, sobre el que nosotros hemos avanzado. Pero también un decreto de 2009 avanzó en esta situación, pero resultó insuficiente. Ese decreto dio un salto muy importante ya que triplicó prácticamente las indemnizaciones que se estaban dando en ese momento, pero también resultó insuficiente porque no atendía a la reparación integral.
Este proyecto tiende a ver de qué manera podemos lograr la reparación integral y cómo logramos que el trabajador acceda a un derecho que la jurisprudencia le ha dado. Hoy sólo puede acceder a ello por medio de un juicio. Queremos que el sistema administrativo se lo dé en forma rápida y generosa, transformando una ley mezquina, que discriminaba negativamente al trabajador, en una ley que le ofrezca una indemnización que hoy, si la comparamos con lo que está dando la Justicia Civil por daños, la duplica o triplica, y si la comparamos con otros países con los que nos hemos referenciado como España y Chile, son sumamente más generosas.
Creemos que de ninguna manera esta ley puede ser considerada como un retroceso; todo lo contrario, es un eslabón más en el tipo de mejoras que se han venido haciendo para generar empleo, registrar empleo, mejorar la partición en la renta, mejorar la seguridad social y mejorar la seguridad de los trabajadores, que tengan más accesibles mejores indemnizaciones cuando fallan los dos primeros planes -que no se enferme o que no recupere integralmente la salud-, y puedan tener más plata y más rápido.
Esta es la idea esencial del proyecto que hemos traído y, como decía el ministro, quedan otras cosas por hacer. Algunas las haremos por decreto a través del Consejo Consultivo, otras por resolución, tal como lo venimos haciendo.
No descartamos tener que venir nuevamente a pedir la atención del Congreso en el futuro cuando tengamos que sancionar un proyecto de ley para seguir mejorando lo que venimos mejorando. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE RECALDE A continuación cederé el uso de la palabra a las señoras y señores diputados para formular preguntas.
Se encuentran anotados en la lista de oradores los señores diputados Santín, Camaño, Stolbizer y Piemonte.
Se encuentran anotados en la lista de oradores los señores diputados Santín, Camaño, Stolbizer y Piemonte.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE RECALDE Reitero que se encuentran anotados los señores diputados Santín, Camaño, Stolbizer, Piemonte, Giubergia y De Gennaro. Hacemos un corte aquí en la lista de oradores, luego seguiremos anotando, así tanto el ministro como el superintendente pueden responder a las preguntas que les realicen.
Tiene la palabra el señor diputado Santín.
Tiene la palabra el señor diputado Santín.
SR. GIUBERGIA Señor presidente: le había solicitado hacer uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE RECALDE Usted planteó una cuestión previa y reglamentariamente no hay cuestiones previas. Está anotado...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. GIUBERGIA Me quiero referir, señor presidente, a lo que acordamos en la Comisión de Legislación del Trabajo el miércoles pasado.
SR. PRESIDENTE RECALDE ¿Tiene la palabra, señor diputado?
SR. GIUBERGIA No.
SR. PRESIDENTE RECALDE Señor diputado Giubergia: ya le voy a dar la palabra, ahora es el turno del señor diputado Santín, luego continuarán las señoras diputadas Camaño y Stolbizer. Usted también está anotado y posteriormente hará uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado Santín.
Tiene la palabra el señor diputado Santín.
SR. GIUBERGIA Solicito una interrupción al señor diputado Santín.
SR. PRESIDENTE RECALDE Señor diputado Santín: ¿le permite una interrupción al señor diputado Giubergia?
SR. SANTÍN Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE RECALDE La Presidencia admite la interrupción y le da la palabra al señor diputado Giubergia.
SR. GIUBERGIA Señor presidente: le quiero agradecer mucho al señor diputado Santín por permitirme esta interrupción.
Quiero decir que me alarma la actitud de la Presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo. Conozco al señor diputado Recalde desde que era asesor de quien presidía la Comisión de Legislación del Trabajo, que era Saúl Ubaldini, y lo conocí posteriormente, actuando al frente de esta comisión en donde siempre tuvo actitudes tolerantes y en donde jamás negó el uso de la palabra. No entiendo los motivos y las razones por las cuales hoy ha actuado de esta manera al comenzar esta reunión.
El miércoles pasado en la Comisión de Legislación del Trabajo -están presentes los señores diputados que integran esta comisión- planteé que el Senado de la Nación estaba tratando este tema y era necesario que la Comisión de Legislación del Trabajo, en forma individual o conjunta con las distintas comisiones a las que se girara este proyecto, invitara al señor ministro -a quien le agradezco su presencia-, a los representantes de las organizaciones gremiales -que hoy están divididas en cinco partes-, a los representantes de las organizaciones patronales y a los especialistas en materia laboral. Quedamos en esto y se aceptó.
Los señores diputados que integramos la Comisión de Legislación del Trabajo, inclusive los distintos diputados, queremos saber si existirá la posibilidad de que los referentes de las distintas organizaciones gremiales y patronales así como los especialistas puedan venir a este recinto, para explicar los motivos, razones y fundamentos de apoyo como de oposición a este proyecto, que no me cabe la menor duda es la inspiración de Cavallo nuevamente, porque hemos visto lo que ocurrió en el Senado de la Nación.
Esto es lo que queríamos solicitar, es decir, el cumplimiento de lo acordado en la Comisión de Legislación del Trabajo la semana pasada. (Aplausos.)
Quiero decir que me alarma la actitud de la Presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo. Conozco al señor diputado Recalde desde que era asesor de quien presidía la Comisión de Legislación del Trabajo, que era Saúl Ubaldini, y lo conocí posteriormente, actuando al frente de esta comisión en donde siempre tuvo actitudes tolerantes y en donde jamás negó el uso de la palabra. No entiendo los motivos y las razones por las cuales hoy ha actuado de esta manera al comenzar esta reunión.
El miércoles pasado en la Comisión de Legislación del Trabajo -están presentes los señores diputados que integran esta comisión- planteé que el Senado de la Nación estaba tratando este tema y era necesario que la Comisión de Legislación del Trabajo, en forma individual o conjunta con las distintas comisiones a las que se girara este proyecto, invitara al señor ministro -a quien le agradezco su presencia-, a los representantes de las organizaciones gremiales -que hoy están divididas en cinco partes-, a los representantes de las organizaciones patronales y a los especialistas en materia laboral. Quedamos en esto y se aceptó.
Los señores diputados que integramos la Comisión de Legislación del Trabajo, inclusive los distintos diputados, queremos saber si existirá la posibilidad de que los referentes de las distintas organizaciones gremiales y patronales así como los especialistas puedan venir a este recinto, para explicar los motivos, razones y fundamentos de apoyo como de oposición a este proyecto, que no me cabe la menor duda es la inspiración de Cavallo nuevamente, porque hemos visto lo que ocurrió en el Senado de la Nación.
Esto es lo que queríamos solicitar, es decir, el cumplimiento de lo acordado en la Comisión de Legislación del Trabajo la semana pasada. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE RECALDE Cuando llegue mi momento voy a contestar al señor diputado Giubergia, porque no es una cuestión de previo y especial pronunciamiento.
Tiene la palabra el señor diputado Santín.
Tiene la palabra el señor diputado Santín.
SR. SANTÍN Señor presidente: nos gustaría saber si lo que planteó el señor diputado Giubergia va a tener lugar, porque estoy viendo que están firmando el dictamen por la otra vía, a pesar de que...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE RECALDE ¿Me permite una interrupción, señor diputado, para no avanzar en este punto, aunque quería esperar a que terminaran las exposiciones de los invitados?
SR. DE GENNARO Para nosotros es muy importante saber eso.
SR. PRESIDENTE RECALDE Señor diputado De Gennaro: voy a aclararlo ahora y le pido por favor que pida la palabra.
SR. DE GENNARO Acabo de pedirla.
SR. PRESIDENTE RECALDE Cuando le llegue el turno va a hablar, señor diputado.
SR. PIEMONTE ¿Por qué tantas formalidades si están firmando el dictamen?
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE RECALDE El proceso de formación de leyes previsto en la Constitución Nacional no termina con la firma del dictamen.
Hoy me he reunido con los señores diputados Feletti y Cigogna, quienes presiden la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, respectivamente, y acordamos una reunión para el próximo martes a las 14.
He recibido pocas notas de invitación -que tengo aquí- de algunas cámaras empresarias; por ejemplo, de la Cámara Argentina de Comercio y de otras entidades especializadas en el tema.
Por supuesto, todas las organizaciones sindicales que quieran expresar su opinión tendrán un lugar en esta sala el próximo martes a las 14.
Hoy me he reunido con los señores diputados Feletti y Cigogna, quienes presiden la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, respectivamente, y acordamos una reunión para el próximo martes a las 14.
He recibido pocas notas de invitación -que tengo aquí- de algunas cámaras empresarias; por ejemplo, de la Cámara Argentina de Comercio y de otras entidades especializadas en el tema.
Por supuesto, todas las organizaciones sindicales que quieran expresar su opinión tendrán un lugar en esta sala el próximo martes a las 14.
SR. DE GENNARO ¡Pero parece que la víctima tiene la responsabilidad...!
SR. PRESIDENTE RECALDE ¡Usted no tiene la palabra, diputado De Gennaro! Le pido orden y cordura; oportunamente, le tocará el turno para expresarse.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Santín.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Santín.
SR. SANTÍN Señor presidente: como decía, en una de las dos vías se está firmando el dictamen. Estamos considerando un proyecto cuyo corazón es la eliminación de la doble vía, pero sin embargo se está procediendo a la firma del dictamen sin antes escuchar las razones que puedan exponer unos y otros. Se supone que el Parlamento es justamente el lugar donde cada uno tiene la oportunidad de ser escuchado antes de que se firme un dictamen.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. SANTÍN He venido a esta reunión a hacer un planteo desde el punto de vista de la seguridad social. No soy, como bien sabe el señor presidente, un especialista en temas laborales, pero me interesaría...
SR. ALFONSÍN ¿Podría pedir silencio, señor presidente? No podemos escuchar al orador.
SR. PRESIDENTE RECALDE Ya lo hice, señor diputado; de todas formas, reitero la solicitud y les pido que cada vez que sea necesario requerir silencio porque tienen dificultades para escuchar al orador, me lo hagan saber.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Santín.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Santín.
SR. SANTÍN Señor presidente: como decía, haré un planteo desde el punto de vista de la seguridad social porque entiendo que ésta constituye un derecho irrenunciable del Estado. En esta oportunidad hablamos de una de las patas de la seguridad social; concretamente, de aquella que tiene que ver no sólo con la prevención sino también con la protección de los trabajadores.
El modelo que se puso en marcha en los años noventa tenía por objeto dejar en manos del mercado el mecanismo y el control de la seguridad social. Por lo menos en lo que a mí atañe, la estatización de las AFJP ha sido un hecho de suma importancia porque vino a reparar uno de los valores fundamentales en la vida de los argentinos: el control de los recursos por parte del propio Estado.
En cambio, si hablamos de las ART, lo que ahora hace el gobierno es profundizar el modelo. El señor ministro y el señor superintendente han expresado con mucha claridad que esta nueva norma viene a reparar, ya que no contamos con una ley que subsane las situaciones que se dan cuando el trabajador se enferma o cuando a raíz de un accidente pierde un brazo o una pierna, porque tanto la prevención como el control están en manos del mercado.
¿Qué pasa cuando el mercado regula estas cuestiones? Imaginemos una ART dispuesta a perder a uno de sus contratantes porque éste le exige que cumpla con determinadas medidas de seguridad, frente a otra que no presenta ningún tipo de solicitud. Cuando la seguridad social pierde su razón de ser y es puesta al servicio de los sistemas economicistas, se profundiza el modelo de los años noventa.
El modelo que se puso en marcha en los años noventa tenía por objeto dejar en manos del mercado el mecanismo y el control de la seguridad social. Por lo menos en lo que a mí atañe, la estatización de las AFJP ha sido un hecho de suma importancia porque vino a reparar uno de los valores fundamentales en la vida de los argentinos: el control de los recursos por parte del propio Estado.
En cambio, si hablamos de las ART, lo que ahora hace el gobierno es profundizar el modelo. El señor ministro y el señor superintendente han expresado con mucha claridad que esta nueva norma viene a reparar, ya que no contamos con una ley que subsane las situaciones que se dan cuando el trabajador se enferma o cuando a raíz de un accidente pierde un brazo o una pierna, porque tanto la prevención como el control están en manos del mercado.
¿Qué pasa cuando el mercado regula estas cuestiones? Imaginemos una ART dispuesta a perder a uno de sus contratantes porque éste le exige que cumpla con determinadas medidas de seguridad, frente a otra que no presenta ningún tipo de solicitud. Cuando la seguridad social pierde su razón de ser y es puesta al servicio de los sistemas economicistas, se profundiza el modelo de los años noventa.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. SANTÍN Yo tenía la idea de que si durante este gobierno, durante esta etapa de la historia, comenzábamos a discutir sobre un régimen de riesgos del trabajo, íbamos a hablar de un sistema que en serio fuera de prevención; pero lo que se está buscando es reparar.
SR. PRESIDENTE RECALDE Pido a los señores diputados que guarden silencio.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Santín.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Santín.
SR. SANTÍN El objeto de la ley debe ser la prevención, para evitar que el trabajador se lesione. Pero aquí hemos comenzado al revés.
En realidad lo único que está buscando esta iniciativa es resolver el problema de los empresarios, que están contentos y la aplauden.
En la práctica elimina la posibilidad de la doble vía. ¿Cómo la elimina? De la forma más perversa, porque el trabajador de menos recursos recibe la oferta de rápido pago a partir de una ART. ¿Cómo ese trabajador va a ir a un juicio, que además lo sacan del ámbito laboral y se lo mandan al ámbito civil? ¿Va a estar dos, tres o cinco años esperando su propia reparación? Es decir que quien tiene menos posibilidades se queda atrapado por una ley que está regida por las condiciones propias del mercado.
Fíjense lo que nos pasa en la Argentina. El doctor González Gaviola mencionó nuestros índices de siniestralidad. En realidad, tenemos índices que son tres veces los europeos. Nuestros propios índices tienen que ver con los accidentes y no con las enfermedades. Además, teniendo en cuenta que un 35 por ciento de los trabajadores no son formales, realmente nos ubicamos en valores muchísimo más altos que los que hoy podemos medir.
¿Por qué tenemos esta diferencia de fondo? Porque la realidad es que mientras las legislaciones europeas están basadas en las recomendaciones de la OIT -a las cuales adhiere la Argentina-, que colocan como eje central la prevención, nosotros ponemos como eje central la reparación. Es mucho más barato pagar el brazo que le cortó la máquina que, en definitiva, generar las condiciones en la fábrica para que ese brazo no se corte, porque cuando esto está en manos del mercado, ésta es la perversión que termina haciendo la seguridad social.
Entre el año pasado y éste, la recaudación de las ART creció entre 12 mil y 20 mil millones de pesos, sin modificar las alícuotas que se pagan a la gente. La realidad es que lo único que importa aquí es lo que se cobra, es decir, tengo que cobrar para reparar el daño y no importa que aumentemos la siniestralidad.
Me parece que en vez de resolver el conflicto en el cual tenemos una fenomenal oportunidad, la Argentina pone el debate en la ley de las ART. Tenemos la posibilidad de reparar la destrucción que hizo de la seguridad social la década del 90, pero venimos a coartar específicamente la posibilidad de que un trabajador pueda tener la doble vía. En la práctica, esto atenta contra lo que creemos que deben ser los modelos de seguridad social.
Por lo tanto, desde el bloque de la Unión Cívica Radical entendemos que el objeto de una ley de este tipo es la prevención, con el Estado como único garante específico de los sistemas de seguridad social.
Este gobierno, que se viste -o se quiere vestir-, de seudo progresista y dice que cree que el Estado es un actor en serio, termina laudando una ley para los sectores empresarios, para resolver un conflicto, y repite la experiencia de las AFJP. En aquel momento se la dieron a los sindicatos para que adhieran y juntaran el quórum necesario en el momento que teníamos que votarlo. Hoy nuevamente con el caramelo de las mutuas están convocando -en definitiva- a los sindicatos, para ayudar a votar esta iniciativa.
No solamente estamos retrocediendo porque estamos eliminando la posibilidad de la doble vía a los trabajadores sino porque estamos consolidando el modelo que muchos de nosotros enfrentamos en los 90 y queremos enfrentar ahora. (Aplausos.)
En realidad lo único que está buscando esta iniciativa es resolver el problema de los empresarios, que están contentos y la aplauden.
En la práctica elimina la posibilidad de la doble vía. ¿Cómo la elimina? De la forma más perversa, porque el trabajador de menos recursos recibe la oferta de rápido pago a partir de una ART. ¿Cómo ese trabajador va a ir a un juicio, que además lo sacan del ámbito laboral y se lo mandan al ámbito civil? ¿Va a estar dos, tres o cinco años esperando su propia reparación? Es decir que quien tiene menos posibilidades se queda atrapado por una ley que está regida por las condiciones propias del mercado.
Fíjense lo que nos pasa en la Argentina. El doctor González Gaviola mencionó nuestros índices de siniestralidad. En realidad, tenemos índices que son tres veces los europeos. Nuestros propios índices tienen que ver con los accidentes y no con las enfermedades. Además, teniendo en cuenta que un 35 por ciento de los trabajadores no son formales, realmente nos ubicamos en valores muchísimo más altos que los que hoy podemos medir.
¿Por qué tenemos esta diferencia de fondo? Porque la realidad es que mientras las legislaciones europeas están basadas en las recomendaciones de la OIT -a las cuales adhiere la Argentina-, que colocan como eje central la prevención, nosotros ponemos como eje central la reparación. Es mucho más barato pagar el brazo que le cortó la máquina que, en definitiva, generar las condiciones en la fábrica para que ese brazo no se corte, porque cuando esto está en manos del mercado, ésta es la perversión que termina haciendo la seguridad social.
Entre el año pasado y éste, la recaudación de las ART creció entre 12 mil y 20 mil millones de pesos, sin modificar las alícuotas que se pagan a la gente. La realidad es que lo único que importa aquí es lo que se cobra, es decir, tengo que cobrar para reparar el daño y no importa que aumentemos la siniestralidad.
Me parece que en vez de resolver el conflicto en el cual tenemos una fenomenal oportunidad, la Argentina pone el debate en la ley de las ART. Tenemos la posibilidad de reparar la destrucción que hizo de la seguridad social la década del 90, pero venimos a coartar específicamente la posibilidad de que un trabajador pueda tener la doble vía. En la práctica, esto atenta contra lo que creemos que deben ser los modelos de seguridad social.
Por lo tanto, desde el bloque de la Unión Cívica Radical entendemos que el objeto de una ley de este tipo es la prevención, con el Estado como único garante específico de los sistemas de seguridad social.
Este gobierno, que se viste -o se quiere vestir-, de seudo progresista y dice que cree que el Estado es un actor en serio, termina laudando una ley para los sectores empresarios, para resolver un conflicto, y repite la experiencia de las AFJP. En aquel momento se la dieron a los sindicatos para que adhieran y juntaran el quórum necesario en el momento que teníamos que votarlo. Hoy nuevamente con el caramelo de las mutuas están convocando -en definitiva- a los sindicatos, para ayudar a votar esta iniciativa.
No solamente estamos retrocediendo porque estamos eliminando la posibilidad de la doble vía a los trabajadores sino porque estamos consolidando el modelo que muchos de nosotros enfrentamos en los 90 y queremos enfrentar ahora. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE RECALDE La Presidencia sugiere que las señoras diputados y los señores diputados les formulen las preguntas a nuestros invitados y después continuemos con el debate, para no demorarlos.
Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SR. BURYAILE ¿Me concede una interrupción, señora diputada, con la venia de la Presidencia?
SRA. CAMAÑO Sí, por supuesto, señor diputado.
SR. PRESIDENTE RECALDE Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Buryaile.
SR. BURYAILE Quiero saber hasta cuándo va a haber tiempo para presentar los dictámenes, señor presidente.
SR. PRESIDENTE RECALDE Hasta cuando lo deseen.
SR. BURYAILE ¿Cuándo es ese momento?
SR. PRESIDENTE RECALDE Hoy, mañana, pasado. Aparentemente, según me informan, el plenario en el recinto sería convocado para el miércoles 24 de octubre.
SR. BURYAILE Con lo cual, la reunión a la que hizo alusión la Presidencia del martes que viene carece de contenido y de validez.
SR. PRESIDENTE RECALDE Se ve que el señor diputado no ha escuchado. Esta Presidencia indicó que el proceso de formación de leyes no culmina con la firma del dictamen. Para tener la opinión de todos aquellos que quieran expresarse -noten que recién hoy nos pudimos reunir los tres presidentes de comisión- fijamos una reunión para el próximo martes. O sea que hay más de una semana para que en el recinto se puedan introducir modificaciones si es que son receptadas las críticas y los aportes de aquellos que quieran exponer.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Camaño.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Yo no voy a hacer preguntas al ministro porque la verdad me parece que es subestimar la inteligencia de los diputados pretender que sólo se hagan preguntas aquí. La verdad es que hay diputados que algo entendemos de la materia y sólo haré un par de reflexiones.
SR. PRESIDENTE RECALDE Después sigue el debate.
SRA. CAMAÑO Lo que estamos tratando con este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -justo es decir que la observación respecto a las prevenciones partió de la propia presidenta el día que presentó el proyecto- son las reparaciones. No estamos hablando de prevenciones ni de mejoramiento o un cambio sustancial de la ley sino exclusivamente de las reparaciones. Estamos haciendo esto -tal como decía el ministro- debido a los justos fallos producidos a partir de una Corte Suprema que tiene una equidistancia del poder político muy importante que han ido determinando un sendero en materia de riesgos del trabajo.
Si hay un tema en el que claramente la Justicia ha sentado jurisprudencia ha sido en el de las reparaciones. La Corte Suprema ha sido muy clara, y por eso me extraña sobremanera que pretendamos creer, o hacer creer, que este proyecto de ley viene a ajustarse a los fallos de la Corte. Bajo ningún punto de vista, y muy por el contrario, este proyecto viene a tomar algunos recaudos de la vieja ley 9.688 en el sentido de establecer una suerte de doble vía que yo lamentablemente con mucho conocimiento del tema debo decir que tendrá un final muy poco feliz.
No existen daños de primera para ciudadanos de primera y daños de segunda. Los daños son daños. No podemos pretender con una ley de riesgos del trabajo establecer que un ciudadano cualquiera ante un daño tiene un determinado mecanismo de reparación y un trabajador, por el sólo hecho de ser trabajador, tiene un mecanismo de reparación diferente. Esto es lo que dice la ley, en contraposición con lo que señala la Corte en los casos Aquino, Llosco y Arostegui.
La Corte es clara, ratifica el criterio de reparación plena y acumulación indemnizatoria de modo de que el damnificado pueda reclamar a la ART lo regulado por la ley especial y al empleador por los mayores daños y perjuicios sufridos y no satisfechos por la ART.
Esto será así muy a pesar de esta ley, porque no le vamos a poder poner el cascabel al gato. Los daños son daños. Lo que se reclama con una modificación de la ley es que se repare el daño cuando un trabajador tiene la contingencia del accidente.
La otra cuestión que tampoco prevé esta iniciativa, y ha sido abordada por la Corte Suprema de Justicia, está referenciada en la jurisdicción de las comisiones médicas, que no es un detalle ni un tema menor.
El propio ministro planteó una cuestión con la que coincido plenamente. Me refiero al tema de la descentralización de las jurisdicciones, que viene a hacer casi imposible una política laboral común en todo el territorio. No es posible porque hay provincias que tienen ministerios, otras tienen direcciones y otras tienen secretarías, para lo cual la única herramienta posible es el Consejo Federal del Trabajo, aunque es bastante endeble en función de las jurisdicciones que están determinadas claramente.
¿Por qué la Corte también plantea con justa razón que la ley es anticonstitucional en relación con el tema de la descentralización de jurisdicciones? Porque este tipo de organismo es de carácter federal, por lo cual las comisiones se deberían descentralizar en las jurisdicciones.
Es decir que hay dos cuestiones que este proyecto de ley no resuelve, por más que digan lo que digan y por más que los diputados del oficialismo -fieles al mandato de su gobierno-, vayan y voten, y que el ministro desesperadamente en el medio de un discurso trate de hacernos creer que esto viene a resolver algo.
Esto me recuerda mucho al tema de las AFJP, porque antes de la ley de modificación y estatización del régimen se vino a este Congreso con un proyecto que abría la opción.
En aquel momento, se escucharon muchísimos discursos de señores legisladores en torno a las bondades que tenía abrir la opción del sistema privatizado. Yo no lo voté, porque creo que el Estado tiene que ser garante en serio, y en materia de derechos laborales más que ninguno. Sí voté la estatización del régimen jubilatorio, porque me parecía que allí se encontraba el meollo de la cuestión y que el gobierno había encontrado la solución completa al problema.
En este caso se trata de una iniciativa que ha sido determinada de apuro y es un remiendo grotesco que no contempla los fallos de la Corte ni de los tribunales inferiores en materia de riesgos de trabajo y del tema que le compete, que es la justa reparación.
Nosotros no vamos a definir la justa reparación con una ley injusta. El Derecho la define no solamente con lo que hacemos nosotros sino también con lo que las propias jurisdicciones y la doctrina tienen sentado, por lo cual vamos a votar una ley innecesariamente. (Aplausos.)
Si hay un tema en el que claramente la Justicia ha sentado jurisprudencia ha sido en el de las reparaciones. La Corte Suprema ha sido muy clara, y por eso me extraña sobremanera que pretendamos creer, o hacer creer, que este proyecto de ley viene a ajustarse a los fallos de la Corte. Bajo ningún punto de vista, y muy por el contrario, este proyecto viene a tomar algunos recaudos de la vieja ley 9.688 en el sentido de establecer una suerte de doble vía que yo lamentablemente con mucho conocimiento del tema debo decir que tendrá un final muy poco feliz.
No existen daños de primera para ciudadanos de primera y daños de segunda. Los daños son daños. No podemos pretender con una ley de riesgos del trabajo establecer que un ciudadano cualquiera ante un daño tiene un determinado mecanismo de reparación y un trabajador, por el sólo hecho de ser trabajador, tiene un mecanismo de reparación diferente. Esto es lo que dice la ley, en contraposición con lo que señala la Corte en los casos Aquino, Llosco y Arostegui.
La Corte es clara, ratifica el criterio de reparación plena y acumulación indemnizatoria de modo de que el damnificado pueda reclamar a la ART lo regulado por la ley especial y al empleador por los mayores daños y perjuicios sufridos y no satisfechos por la ART.
Esto será así muy a pesar de esta ley, porque no le vamos a poder poner el cascabel al gato. Los daños son daños. Lo que se reclama con una modificación de la ley es que se repare el daño cuando un trabajador tiene la contingencia del accidente.
La otra cuestión que tampoco prevé esta iniciativa, y ha sido abordada por la Corte Suprema de Justicia, está referenciada en la jurisdicción de las comisiones médicas, que no es un detalle ni un tema menor.
El propio ministro planteó una cuestión con la que coincido plenamente. Me refiero al tema de la descentralización de las jurisdicciones, que viene a hacer casi imposible una política laboral común en todo el territorio. No es posible porque hay provincias que tienen ministerios, otras tienen direcciones y otras tienen secretarías, para lo cual la única herramienta posible es el Consejo Federal del Trabajo, aunque es bastante endeble en función de las jurisdicciones que están determinadas claramente.
¿Por qué la Corte también plantea con justa razón que la ley es anticonstitucional en relación con el tema de la descentralización de jurisdicciones? Porque este tipo de organismo es de carácter federal, por lo cual las comisiones se deberían descentralizar en las jurisdicciones.
Es decir que hay dos cuestiones que este proyecto de ley no resuelve, por más que digan lo que digan y por más que los diputados del oficialismo -fieles al mandato de su gobierno-, vayan y voten, y que el ministro desesperadamente en el medio de un discurso trate de hacernos creer que esto viene a resolver algo.
Esto me recuerda mucho al tema de las AFJP, porque antes de la ley de modificación y estatización del régimen se vino a este Congreso con un proyecto que abría la opción.
En aquel momento, se escucharon muchísimos discursos de señores legisladores en torno a las bondades que tenía abrir la opción del sistema privatizado. Yo no lo voté, porque creo que el Estado tiene que ser garante en serio, y en materia de derechos laborales más que ninguno. Sí voté la estatización del régimen jubilatorio, porque me parecía que allí se encontraba el meollo de la cuestión y que el gobierno había encontrado la solución completa al problema.
En este caso se trata de una iniciativa que ha sido determinada de apuro y es un remiendo grotesco que no contempla los fallos de la Corte ni de los tribunales inferiores en materia de riesgos de trabajo y del tema que le compete, que es la justa reparación.
Nosotros no vamos a definir la justa reparación con una ley injusta. El Derecho la define no solamente con lo que hacemos nosotros sino también con lo que las propias jurisdicciones y la doctrina tienen sentado, por lo cual vamos a votar una ley innecesariamente. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra la señora diputada Stolbizer.
SRA. STOLBIZER Señor presidente: comparto el agradecimiento al superintendente y al señor ministro por haber venido a esta reunión.
Lamento que este plenario rompa en alguna medida los acuerdos que realizamos en la reunión de la semana pasada, tal cual lo expresara el señor diputado Giubergia.
La semana pasada quedó claramente planteado un compromiso dentro de la Comisión de Legislación del Trabajo, que consistía en dar un debate para que pudiéramos explicitar y escuchar los argumentos vinculados con el tratamiento de una norma, que es trascendente e importante, de cuestionada constitucionalidad, en la cual va la vida y la salud de muchísimos trabajadores y trabajadoras. Este plenario está rompiendo ese acuerdo pues se está procediendo a la firma del dictamen.
Frente a la propuesta que la Presidencia realizara para que en un nuevo plenario la semana próxima podamos escuchar a invitados o personas que están ofreciendo o solicitando venir a hablar, lisa y llanamente me parece que es una burla.
Que los esperemos con el dictamen firmado dentro de una carpeta, me parece una falta de respeto hacia todas aquellas personas que piden ser escuchadas.
Hace instantes, el señor ministro hizo una reivindicación -que nosotros compartimos- vinculada con la Corte Suprema de Justicia. Soy una de esas personas que, al igual que el doctor Tomada, en su momento reconoció aquel hecho tan trascendente que tuvo lugar durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner: el dictado del decreto que limita las atribuciones del Poder Ejecutivo en la designación de los miembros de la Corte.
Dicha norma establece un procedimiento innovador y prolijo realmente muy importante, que ha permitido terminar con aquella mayoría automática y tener la Corte prestigiosa que conocemos en la actualidad.
Lo que nunca pensamos quienes adherimos a ese mecanismo y a la vocación tan firme del ex presidente, fue que la intención era tener una buena Corte integrada por jueces prestigiosos para tener sus nombres colgados en un cuadro de honor; no para cumplir sus sentencias.
La Ley de Riesgos del Trabajo es solamente uno de los múltiples ejemplos que existen de la desobediencia lisa y llana que el Poder Ejecutivo hace de los fallos de esta Corte tan prestigiosa, que nos enorgullece a muchos argentinos y de la que muchas veces la propia presidenta hace gala y honor. Lo cierto es que los fallos de la Corte Suprema caen en el olvido a raíz de su no aplicación.
En un principio, sobre la Ley de Riesgos del Trabajo recayeron cientos de fallos de inconstitucionalidad de los tribunales inferiores. Desde entonces, en esta Cámara hemos intentado debatir muchas veces el tema; incluso presentamos varios proyectos tendientes a recuperar la constitucionalidad que no ofrece la ley 24.557. Lamentablemente, a lo largo de distintos gobiernos -vale la pena aclararlo- nunca llegamos a sancionar una norma que sustituyera el régimen impuesto por la mencionada ley.
Está claro que no será por la vía de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que vamos a resolver esos graves vicios de inconstitucionalidad; todo lo contrario.
La primera pregunta que quiero formular al señor ministro, o bien al señor superintendente, requiere de una apreciación o tal vez de una respuesta estadística. Quisiera saber si no creen que la baja de la siniestralidad a la que hicieron referencia es una consecuencia casi natural de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, a partir de los cuales se fue estableciendo un nuevo sistema de reparación. Las sentencias del máximo tribunal restablecieron los derechos de los trabajadores que habían sido vulnerados por la ley. Esta es mi impresión, y por eso pregunto a quienes hoy nos visitan si el nuevo sistema de reparación derivado de los fallos de la propia Corte Suprema no es el que trajo como consecuencia natural una baja de la siniestralidad.
Lógicamente quiero hacer referencia al artículo 4° del proyecto de ley, que establece la posibilidad de optar de manera excluyente. En verdad, comparto algo que se planteó durante el debate en el Senado; me refiero a calificar esa opción claramente como un mecanismo extorsivo. Establecer una opción excluyente para que los trabajadores decidan si van a juicio, renunciando a cobrar la indemnización tarifada que les corresponde de manera inmediata, constituye lisa y llanamente un mecanismo de extorsión. Se aprovecha la situación de indefensión en que se encuentran quien sufrió un accidente o bien su familia, en caso de que la persona haya fallecido, para ponerles prácticamente una soga al cuello y hacerlos optar entre si cobran en ese momento o van a juicio, elección con la que corren el riesgo de quedarse sin ninguna tutela o asistencia en lo inmediato.
Realmente creo que estamos ante una normativa que no sólo va a sostener sino que va a agravar los vicios de inconstitucionalidad que ya tiene el artículo 39 de la ley. Por eso llama tanto mi atención que el señor ministro haya comenzado su exposición diciendo que han venido a derogar el artículo 39.
¡Válgame! ¡Derogar el artículo 39 para reemplazarlo por el artículo 4° de esta nueva iniciativa! Sinceramente esto implica un retroceso gravísimo, porque nos remonta a las peores épocas del sistema de reparación.
La verdad es que hubiera sido más honesto que mandaran el proyecto y no vinieran a decir contentos que van a derogar el artículo 39.
Considero que para ningún gobierno nacional y popular ni para ningún representante de los sectores populares y trabajadores, hacer una propuesta de estas características -insisto, claramente extorsiva en las peores condiciones de un trabajador cuando ha sido víctima de un accidente- pueda ser motivo de satisfacción.
No voy a hacer referencia a los fallos de la Corte, pero quiero decir que han sido clarísimos en este sentido. Incluso en algunos fallos, los jueces se permitieron hablarnos a los legisladores dándonos las recomendaciones de cómo teníamos que actuar.
En uno de los fallos más importantes en materia de riesgos, el fallo Aquino, el voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni expresó textualmente: "Si se trata de establecer reglamentaciones legales en el ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral, el deber del Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita, y evitar la fijación de limitaciones que, en definitiva, implican alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional".
No cabe duda alguna que el artículo 4° de la norma arrasa lisa y llanamente con el principio de progresividad que debe tener el derecho del trabajo.
No me quiero extender sobre todos los artículos, pero considero que la totalidad de ellos son -me animo a decir- prácticamente una desvergüenza.
Hay dos situaciones que el proyecto de ley que somete el Poder Ejecutivo mantiene, pese a los reiterados fallos de la Corte que establecen la inconstitucionalidad de las comisiones médicas y de los listados taxativos de enfermedades. No solamente sostiene las comisiones médicas sino que el artículo 9° impone a los trabajadores ese listado de enfermedades.
Por un lado, se trata de una violación y un ataque directos al corazón de los trabajadores en cuanto al reclamo de su reparación. Por otro lado, implica además -y éstas fueron las razones de los fallos que declararon la inconstitucionalidad de esta norma- una limitación muy grande a la capacidad de los jueces para determinar cuándo se está frente a una incapacidad derivada de una enfermedad o cuándo se trata de una enfermedad que es derivada de la relación de trabajo o de la prestación de la función laboral. El decreto sostiene estos dos aspectos.
Además, se sostiene la fijación de la indemnización a partir de un ingreso que no contempla los no remunerativos que el trabajador recibe como parte de un ingreso y de la composición de su salario; siguen estando fuera del cálculo.
No quiero hacer más observaciones sobre esta cuestión. Si se firmara dictamen, adelanto que firmaremos como dictamen el proyecto que he presentado en varias oportunidades, que no cambia el sistema pero devuelve constitucionalidad a la ley y al sistema, porque toma los fallos de la Corte y los incorpora en la adaptación que debería tener la norma.
Quiero hacer una segunda pregunta, ya que el ministro hizo referencia al decreto 1.720, que autoriza la creación de las mutuas, porque esto me genera un conflicto y una duda muy grandes.
El hecho de que el sindicato pueda constituir una aseguradora de riesgo de trabajo implica necesariamente la existencia de un conflicto y de una tensión cuando tenga que decidir -en el momento del reclamo del trabajador a su aseguradora- si actúa representando el interés del trabajador o de la empresa aseguradora que ha constituido.
¿Qué es lo que se espera que haga una asociación gremial devenida en una mutua aseguradora de riesgos del trabajo? Quisiera tener alguna apreciación sobre este punto. (Aplausos.)
Lamento que este plenario rompa en alguna medida los acuerdos que realizamos en la reunión de la semana pasada, tal cual lo expresara el señor diputado Giubergia.
La semana pasada quedó claramente planteado un compromiso dentro de la Comisión de Legislación del Trabajo, que consistía en dar un debate para que pudiéramos explicitar y escuchar los argumentos vinculados con el tratamiento de una norma, que es trascendente e importante, de cuestionada constitucionalidad, en la cual va la vida y la salud de muchísimos trabajadores y trabajadoras. Este plenario está rompiendo ese acuerdo pues se está procediendo a la firma del dictamen.
Frente a la propuesta que la Presidencia realizara para que en un nuevo plenario la semana próxima podamos escuchar a invitados o personas que están ofreciendo o solicitando venir a hablar, lisa y llanamente me parece que es una burla.
Que los esperemos con el dictamen firmado dentro de una carpeta, me parece una falta de respeto hacia todas aquellas personas que piden ser escuchadas.
Hace instantes, el señor ministro hizo una reivindicación -que nosotros compartimos- vinculada con la Corte Suprema de Justicia. Soy una de esas personas que, al igual que el doctor Tomada, en su momento reconoció aquel hecho tan trascendente que tuvo lugar durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner: el dictado del decreto que limita las atribuciones del Poder Ejecutivo en la designación de los miembros de la Corte.
Dicha norma establece un procedimiento innovador y prolijo realmente muy importante, que ha permitido terminar con aquella mayoría automática y tener la Corte prestigiosa que conocemos en la actualidad.
Lo que nunca pensamos quienes adherimos a ese mecanismo y a la vocación tan firme del ex presidente, fue que la intención era tener una buena Corte integrada por jueces prestigiosos para tener sus nombres colgados en un cuadro de honor; no para cumplir sus sentencias.
La Ley de Riesgos del Trabajo es solamente uno de los múltiples ejemplos que existen de la desobediencia lisa y llana que el Poder Ejecutivo hace de los fallos de esta Corte tan prestigiosa, que nos enorgullece a muchos argentinos y de la que muchas veces la propia presidenta hace gala y honor. Lo cierto es que los fallos de la Corte Suprema caen en el olvido a raíz de su no aplicación.
En un principio, sobre la Ley de Riesgos del Trabajo recayeron cientos de fallos de inconstitucionalidad de los tribunales inferiores. Desde entonces, en esta Cámara hemos intentado debatir muchas veces el tema; incluso presentamos varios proyectos tendientes a recuperar la constitucionalidad que no ofrece la ley 24.557. Lamentablemente, a lo largo de distintos gobiernos -vale la pena aclararlo- nunca llegamos a sancionar una norma que sustituyera el régimen impuesto por la mencionada ley.
Está claro que no será por la vía de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que vamos a resolver esos graves vicios de inconstitucionalidad; todo lo contrario.
La primera pregunta que quiero formular al señor ministro, o bien al señor superintendente, requiere de una apreciación o tal vez de una respuesta estadística. Quisiera saber si no creen que la baja de la siniestralidad a la que hicieron referencia es una consecuencia casi natural de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, a partir de los cuales se fue estableciendo un nuevo sistema de reparación. Las sentencias del máximo tribunal restablecieron los derechos de los trabajadores que habían sido vulnerados por la ley. Esta es mi impresión, y por eso pregunto a quienes hoy nos visitan si el nuevo sistema de reparación derivado de los fallos de la propia Corte Suprema no es el que trajo como consecuencia natural una baja de la siniestralidad.
Lógicamente quiero hacer referencia al artículo 4° del proyecto de ley, que establece la posibilidad de optar de manera excluyente. En verdad, comparto algo que se planteó durante el debate en el Senado; me refiero a calificar esa opción claramente como un mecanismo extorsivo. Establecer una opción excluyente para que los trabajadores decidan si van a juicio, renunciando a cobrar la indemnización tarifada que les corresponde de manera inmediata, constituye lisa y llanamente un mecanismo de extorsión. Se aprovecha la situación de indefensión en que se encuentran quien sufrió un accidente o bien su familia, en caso de que la persona haya fallecido, para ponerles prácticamente una soga al cuello y hacerlos optar entre si cobran en ese momento o van a juicio, elección con la que corren el riesgo de quedarse sin ninguna tutela o asistencia en lo inmediato.
Realmente creo que estamos ante una normativa que no sólo va a sostener sino que va a agravar los vicios de inconstitucionalidad que ya tiene el artículo 39 de la ley. Por eso llama tanto mi atención que el señor ministro haya comenzado su exposición diciendo que han venido a derogar el artículo 39.
¡Válgame! ¡Derogar el artículo 39 para reemplazarlo por el artículo 4° de esta nueva iniciativa! Sinceramente esto implica un retroceso gravísimo, porque nos remonta a las peores épocas del sistema de reparación.
La verdad es que hubiera sido más honesto que mandaran el proyecto y no vinieran a decir contentos que van a derogar el artículo 39.
Considero que para ningún gobierno nacional y popular ni para ningún representante de los sectores populares y trabajadores, hacer una propuesta de estas características -insisto, claramente extorsiva en las peores condiciones de un trabajador cuando ha sido víctima de un accidente- pueda ser motivo de satisfacción.
No voy a hacer referencia a los fallos de la Corte, pero quiero decir que han sido clarísimos en este sentido. Incluso en algunos fallos, los jueces se permitieron hablarnos a los legisladores dándonos las recomendaciones de cómo teníamos que actuar.
En uno de los fallos más importantes en materia de riesgos, el fallo Aquino, el voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni expresó textualmente: "Si se trata de establecer reglamentaciones legales en el ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral, el deber del Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita, y evitar la fijación de limitaciones que, en definitiva, implican alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional".
No cabe duda alguna que el artículo 4° de la norma arrasa lisa y llanamente con el principio de progresividad que debe tener el derecho del trabajo.
No me quiero extender sobre todos los artículos, pero considero que la totalidad de ellos son -me animo a decir- prácticamente una desvergüenza.
Hay dos situaciones que el proyecto de ley que somete el Poder Ejecutivo mantiene, pese a los reiterados fallos de la Corte que establecen la inconstitucionalidad de las comisiones médicas y de los listados taxativos de enfermedades. No solamente sostiene las comisiones médicas sino que el artículo 9° impone a los trabajadores ese listado de enfermedades.
Por un lado, se trata de una violación y un ataque directos al corazón de los trabajadores en cuanto al reclamo de su reparación. Por otro lado, implica además -y éstas fueron las razones de los fallos que declararon la inconstitucionalidad de esta norma- una limitación muy grande a la capacidad de los jueces para determinar cuándo se está frente a una incapacidad derivada de una enfermedad o cuándo se trata de una enfermedad que es derivada de la relación de trabajo o de la prestación de la función laboral. El decreto sostiene estos dos aspectos.
Además, se sostiene la fijación de la indemnización a partir de un ingreso que no contempla los no remunerativos que el trabajador recibe como parte de un ingreso y de la composición de su salario; siguen estando fuera del cálculo.
No quiero hacer más observaciones sobre esta cuestión. Si se firmara dictamen, adelanto que firmaremos como dictamen el proyecto que he presentado en varias oportunidades, que no cambia el sistema pero devuelve constitucionalidad a la ley y al sistema, porque toma los fallos de la Corte y los incorpora en la adaptación que debería tener la norma.
Quiero hacer una segunda pregunta, ya que el ministro hizo referencia al decreto 1.720, que autoriza la creación de las mutuas, porque esto me genera un conflicto y una duda muy grandes.
El hecho de que el sindicato pueda constituir una aseguradora de riesgo de trabajo implica necesariamente la existencia de un conflicto y de una tensión cuando tenga que decidir -en el momento del reclamo del trabajador a su aseguradora- si actúa representando el interés del trabajador o de la empresa aseguradora que ha constituido.
¿Qué es lo que se espera que haga una asociación gremial devenida en una mutua aseguradora de riesgos del trabajo? Quisiera tener alguna apreciación sobre este punto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado Piemonte.
SR. PIEMONTE Quiero ratificar lo que dijeron los diputados preopinantes respecto a lo resuelto por la Comisión de Legislación del Trabajo.
SR. PRESIDENTE RECALDE ¿Me permite una interrupción, señor diputado?
SR. PIEMONTE Sí.
SR. PRESIDENTE RECALDE Hay un principio jurídico que dice que nadie está obligado a lo imposible. El miércoles por la mañana, cuando se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, el Senado no había aprobado el proyecto de ley. Uno tenía la intuición política, lo dije en estos términos, de que el tema podía venir como avalancha. Me solicitaron que hiciera las invitaciones a lo cual yo respondí que así lo haría. Me solicitaron también que la comisión no se reuniera el miércoles porque había una concentración de dos centrales de trabajadores, y por eso me comprometí a no hacer la convocatoria para mañana.
Luego de que llegó la sanción del Senado las otras dos comisiones plantearon la realización hoy de esta reunión. Yo no me comprometí a que hoy no hubiera reunión; mi compromiso únicamente fue a hacer la consulta el martes que viene, lo que le propuse a los dos presidentes de comisión y a lo cual ellos asintieron. Esto lo digo para salvar mi responsabilidad personal en una comisión donde realmente nos tratamos cordialmente, cumplimos con la palabra y con los compromisos.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Piemonte.
Luego de que llegó la sanción del Senado las otras dos comisiones plantearon la realización hoy de esta reunión. Yo no me comprometí a que hoy no hubiera reunión; mi compromiso únicamente fue a hacer la consulta el martes que viene, lo que le propuse a los dos presidentes de comisión y a lo cual ellos asintieron. Esto lo digo para salvar mi responsabilidad personal en una comisión donde realmente nos tratamos cordialmente, cumplimos con la palabra y con los compromisos.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Piemonte.
SR. PIEMONTE El miércoles precisamente, como dice el presidente de la comisión, cuando se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, el Senado todavía no había sancionado este proyecto. ¿Sabe cuántos días hábiles pasaron desde que el Senado sancionó el proyecto en consideración? Dos días hábiles, jueves y viernes, y hoy nos reunimos para tratar el proyecto.
¿A ustedes les parece que es serio realmente que una comisión del Congreso Nacional que tiene que tratar una modificación que implica parte del futuro para los trabajadores de este país analice en dos días hábiles, en un plenario de comisiones, semejante proyecto de ley con las serias inconstitucionalidades que han marcado los demás legisladores y que son ciertas? Convengamos en que esto es muy poco serio más allá de su responsabilidad de ser presidente de la comisión cabecera de este proyecto. Este tratamiento es muy poco serio, inclusive con el mamarracho de que mientras el ministro está presente, los diputados están firmando el dictamen. Es casi una falta de respeto al propio ministro. En verdad es un marco de poca seriedad.
Todos los que estamos acá coincidimos, me animo a decir que en forma mayoritaria, en que la década de los 90 fue el final de un proceso que se inició en la dictadura militar en el país y que trajo todas las consecuencias y los dolores que sufrió la Argentina. Esa década de los 90, que fue el final de ese proceso de destrucción del aparato productivo, de la instalación de la deuda externa, de la instalación del sistema de jubilaciones y pensiones de las AFJP, de la instalación de estas ART, tuvo como eje perjudicar dentro del aparato productivo centralmente a los trabajadores, y esta ley 24.557 fue parte de ese proceso.
Entonces, si a partir de esa situación lo único que venimos a hacer acá es a derogar el artículo 39 porque fue tildado repetidas veces de inconstitucional, es poco lo que estamos dando para revertir, como se dijo acá, el proceso que se inició con la dictadura militar y se coronó en la década del 90. Es muy poco y además lo estamos haciendo mal. Porque digamos lo que digamos, por más que nos llenemos la boca hablando de los trabajadores, recordemos que la presidenta anunció esta iniciativa el Día de la Industria, en el marco de una reunión con los empresarios y que estos la ovacionaron.
Creo que es el momento de rediscutir en serio una nueva ley que tenga como eje central lo que el ministro admitió que la ley vigente no tiene: el sistema de prevención de la siniestralidad que hoy viven los trabajadores en este país.
No me voy a extender en el uso de la palabra, porque la verdad es que a uno le dan pocas ganas de hablar sabiendo que habla al vacío, porque ya está todo resuelto, pero sí les voy a señalar dos puntos de esta norma que marcan la continuidad de los 90.
Fíjense que esta iniciativa transcribe casi textualmente una ley que impuso Menem en 1991. Se trata de la ley 24.028, que planteaba la obligación de tramitar todas las causas en el fuero civil, pero nunca entró en vigencia porque la ley 24.557 la reemplazó.
Esta iniciativa transcribe textualmente un párrafo de la ley de Menem sobre el tema de riesgos del trabajo, siendo que ese párrafo fue declarado inconstitucional en el caso Munilla.
El punto referido al listado de enfermedades también es transcripto de la época del menemismo. La norma remite en su artículo 9° al listado de enfermedades planteado en 1996. Se lo establece taxativamente y echa por tierra todas las recomendaciones posteriores, inclusive la recomendación de la OIT de 2002. También es inconstitucional porque no existe un régimen cerrado de enfermedades y accidentes de trabajo que se pueda circunscribir para los accidentes que sufren los trabajadores.
Me parece que estamos lejos de dar una respuesta a los trabajadores y además por más que le hagan firmar a los trabajadores que no pueden ir a la doble vía, nada va a evitar que los derechos laborales sean irrenunciables. Nada va a evitar la doble vía si el trabajador siente que sus derechos no están consagrados con la retribución administrativa. (Aplausos.)
¿A ustedes les parece que es serio realmente que una comisión del Congreso Nacional que tiene que tratar una modificación que implica parte del futuro para los trabajadores de este país analice en dos días hábiles, en un plenario de comisiones, semejante proyecto de ley con las serias inconstitucionalidades que han marcado los demás legisladores y que son ciertas? Convengamos en que esto es muy poco serio más allá de su responsabilidad de ser presidente de la comisión cabecera de este proyecto. Este tratamiento es muy poco serio, inclusive con el mamarracho de que mientras el ministro está presente, los diputados están firmando el dictamen. Es casi una falta de respeto al propio ministro. En verdad es un marco de poca seriedad.
Todos los que estamos acá coincidimos, me animo a decir que en forma mayoritaria, en que la década de los 90 fue el final de un proceso que se inició en la dictadura militar en el país y que trajo todas las consecuencias y los dolores que sufrió la Argentina. Esa década de los 90, que fue el final de ese proceso de destrucción del aparato productivo, de la instalación de la deuda externa, de la instalación del sistema de jubilaciones y pensiones de las AFJP, de la instalación de estas ART, tuvo como eje perjudicar dentro del aparato productivo centralmente a los trabajadores, y esta ley 24.557 fue parte de ese proceso.
Entonces, si a partir de esa situación lo único que venimos a hacer acá es a derogar el artículo 39 porque fue tildado repetidas veces de inconstitucional, es poco lo que estamos dando para revertir, como se dijo acá, el proceso que se inició con la dictadura militar y se coronó en la década del 90. Es muy poco y además lo estamos haciendo mal. Porque digamos lo que digamos, por más que nos llenemos la boca hablando de los trabajadores, recordemos que la presidenta anunció esta iniciativa el Día de la Industria, en el marco de una reunión con los empresarios y que estos la ovacionaron.
Creo que es el momento de rediscutir en serio una nueva ley que tenga como eje central lo que el ministro admitió que la ley vigente no tiene: el sistema de prevención de la siniestralidad que hoy viven los trabajadores en este país.
No me voy a extender en el uso de la palabra, porque la verdad es que a uno le dan pocas ganas de hablar sabiendo que habla al vacío, porque ya está todo resuelto, pero sí les voy a señalar dos puntos de esta norma que marcan la continuidad de los 90.
Fíjense que esta iniciativa transcribe casi textualmente una ley que impuso Menem en 1991. Se trata de la ley 24.028, que planteaba la obligación de tramitar todas las causas en el fuero civil, pero nunca entró en vigencia porque la ley 24.557 la reemplazó.
Esta iniciativa transcribe textualmente un párrafo de la ley de Menem sobre el tema de riesgos del trabajo, siendo que ese párrafo fue declarado inconstitucional en el caso Munilla.
El punto referido al listado de enfermedades también es transcripto de la época del menemismo. La norma remite en su artículo 9° al listado de enfermedades planteado en 1996. Se lo establece taxativamente y echa por tierra todas las recomendaciones posteriores, inclusive la recomendación de la OIT de 2002. También es inconstitucional porque no existe un régimen cerrado de enfermedades y accidentes de trabajo que se pueda circunscribir para los accidentes que sufren los trabajadores.
Me parece que estamos lejos de dar una respuesta a los trabajadores y además por más que le hagan firmar a los trabajadores que no pueden ir a la doble vía, nada va a evitar que los derechos laborales sean irrenunciables. Nada va a evitar la doble vía si el trabajador siente que sus derechos no están consagrados con la retribución administrativa. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado De Gennaro.
SR. DE GENNARO Señor presidente: además de agradecer la presencia de las autoridades en esta reunión, quiero decir que estoy un poco confundido con respecto a los mecanismos reglamentarios y las actitudes que uno espera frente a temas de tamaña potencialidad, que merecerían una discusión más acorde con la realidad que vivimos los trabajadores y que creo afecta al conjunto de la comunidad.
Ante las confesiones que realizó el doctor González Gaviola respecto de que el sistema entraba en una crisis terminal y que merecía una solución de fondo, y lo que conocemos después de años de aplicación del modelo neoliberal, ratificado en los años 90 pero iniciado a partir del golpe militar de 1976 con la persecución fundamentalmente a la clase trabajadora, esperábamos una posibilidad cierta de profundizar esta cuestión.
Tal como señalaba el ministro, fue muy importante la derogación de todas las normas relacionadas con el tema de la Banelco así como también la derogación de las AFJP. No solamente porque fueron parte de nuestra lucha de los 90, cuando estuvimos en la calle, movilizados y cuestionando todo ese sistema permanentemente, sino porque además nos movilizamos para apoyarla en este tiempo. No tuve la oportunidad de darle mi voto porque no formaba parte del Parlamento; pero estuve movilizado en la calle. En cambio, sí tuve la oportunidad de apoyar con mi voto la derogación de aquella norma de la dictadura sobre régimen del peón rural.
Ahora tendré la posibilidad, que espero sea cierta, de votar de acuerdo con aquel compromiso que se asumió en una reunión de comisión tan concurrida como ésta -en verdad, tengo un problema con los compromisos que no se cumplen-, de aceptar camino al recinto modificaciones al proyecto sobre trabajo infantil. En su momento acompañamos la iniciativa con nuestra firma apostando a la confianza; entonces, esperemos que pueda ser aprobada.
Estas normas son importantes. No abarcan todo lo que quisiéramos, pero permiten dar un paso adelante en el proceso de recuperación de derechos.
Por eso es tan grave lo que ocurre hoy, porque la medida a implementar es la consagración de un sistema que renuncia a la seguridad social, a resolver los problemas de los trabajadores y a la prevención. Es la santificación del modelo de los años noventa, es una norma retrógrada. La actitud de los diputados de hoy es dar su voto a lo que aprobaron los diputados de los años noventa...
Ante las confesiones que realizó el doctor González Gaviola respecto de que el sistema entraba en una crisis terminal y que merecía una solución de fondo, y lo que conocemos después de años de aplicación del modelo neoliberal, ratificado en los años 90 pero iniciado a partir del golpe militar de 1976 con la persecución fundamentalmente a la clase trabajadora, esperábamos una posibilidad cierta de profundizar esta cuestión.
Tal como señalaba el ministro, fue muy importante la derogación de todas las normas relacionadas con el tema de la Banelco así como también la derogación de las AFJP. No solamente porque fueron parte de nuestra lucha de los 90, cuando estuvimos en la calle, movilizados y cuestionando todo ese sistema permanentemente, sino porque además nos movilizamos para apoyarla en este tiempo. No tuve la oportunidad de darle mi voto porque no formaba parte del Parlamento; pero estuve movilizado en la calle. En cambio, sí tuve la oportunidad de apoyar con mi voto la derogación de aquella norma de la dictadura sobre régimen del peón rural.
Ahora tendré la posibilidad, que espero sea cierta, de votar de acuerdo con aquel compromiso que se asumió en una reunión de comisión tan concurrida como ésta -en verdad, tengo un problema con los compromisos que no se cumplen-, de aceptar camino al recinto modificaciones al proyecto sobre trabajo infantil. En su momento acompañamos la iniciativa con nuestra firma apostando a la confianza; entonces, esperemos que pueda ser aprobada.
Estas normas son importantes. No abarcan todo lo que quisiéramos, pero permiten dar un paso adelante en el proceso de recuperación de derechos.
Por eso es tan grave lo que ocurre hoy, porque la medida a implementar es la consagración de un sistema que renuncia a la seguridad social, a resolver los problemas de los trabajadores y a la prevención. Es la santificación del modelo de los años noventa, es una norma retrógrada. La actitud de los diputados de hoy es dar su voto a lo que aprobaron los diputados de los años noventa...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. DE GENNARO La sanción de esta iniciativa es la ratificación de un sistema terminal de ART.
Hay situaciones que aquí no fueron mencionadas y eso me conmueve. Existen empresas que facturaron 12.700 millones de pesos el año pasado y 9.000 millones durante el primer semestre de 2012. O sea, casi 20.000 millones de pesos en total. De esto hay que hablar; hay un negocio basado en el deterioro de la vida de los trabajadores, que hasta pueden perder la vida por eso.
Tenía la expectativa de que con mis compañeros diputados, colegas diputados o como quieran llamarse, pudiéramos discutir seriamente esta cuestión para enfrentarla y transformarla, porque lo que trae como consecuencia este negocio es la muerte. Son 660.000 los accidentes reconocidos, pero debemos tener en cuenta que 8 millones de trabajadores -el 49 por ciento, según las cifras- no están registrados; o sea que la siniestralidad debería ser mayor. La cantidad de muertes por accidente, considerando uno y otro dato, asciende a cuatro por día, mientras que las muertes por enfermedad -según las cifras reconocidas a nivel internacional- son como mínimo dieciséis. Me refiero a enfermedades derivadas de problemas cardiovasculares, tumorales o infecto-contagiosos del ambiente laboral; ni hablar si consideramos otro tipo de dolencias. En total son veinte muertes por día; es decir, 7.300 por año.
Este negocio que trae muerte es el que va a ser ratificado por el Parlamento el próximo día 24, si no me equivoco.
Realmente aspiraba a la posibilidad de ir a fondo con este tema. Por mi realidad, por lo que conozco -ya no formo parte de ninguna representación sindical, pero ocupo este lugar porque provengo con orgullo de la militancia sindical-, no puedo estar de acuerdo con lo manifestado por la señora presidenta acerca de que los trabajadores sindicalizados están de acuerdo con esta nueva ley. Eso no es cierto; justamente, las marchas que se harán mañana a la Plaza de Mayo y en otras ciudades de todo el país, reclamarán entre otras cuestiones que no se sancione esta Ley de Riesgos del Trabajo.
Hay entidades sindicales que ya se pronunciaron en contra. Si se quiere llevar adelante un debate, creo que no habría inconveniente alguno en hacer una consulta popular entre los trabajadores. Si están tan convencidos de que los trabajadores sindicalizados están a favor de esta iniciativa, una buena medida podría ser abrir el debate.
Esto es a lo que aspiramos. Yo creí -lo digo sinceramente- que era posible discutir estas cuestiones. No me refiero solamente a las entidades sindicales, donde se hubiera demostrado lo que estoy diciendo, sino también a entidades reconocidas. La Asociación de Abogados Laboralistas emitió un pronunciamiento y a esta asociación no se la puede tildar de opositora.
No se puede evitar referir una clase magistral -para mí- del doctor Ricardo Cornaglia, una de las figuras más emblemáticas de la justicia laboral, quien planteó con toda claridad lo que significa esta norma siendo el director de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Tal como expresó la señora diputada Camaño y ratificó tan claramente la señora diputada Stolbizer, en realidad no se trata de la derogación de un artículo sino de su reafirmación de otra manera, que además es inconstitucional; o sea que también vamos a la inconstitucionalidad.
Sabemos que la Corte volverá a ratificar la inconstitucionalidad, pero van a pasar años en donde el negocio y la muerte van a seguir vigentes. Lo que se aprobará, si se aprueba esta iniciativa, es la vigencia del negocio y la muerte.
Me quedo con dudas sobre si hoy hay que presentar el dictamen, si lo están firmando o ya está firmado.
Hay situaciones que aquí no fueron mencionadas y eso me conmueve. Existen empresas que facturaron 12.700 millones de pesos el año pasado y 9.000 millones durante el primer semestre de 2012. O sea, casi 20.000 millones de pesos en total. De esto hay que hablar; hay un negocio basado en el deterioro de la vida de los trabajadores, que hasta pueden perder la vida por eso.
Tenía la expectativa de que con mis compañeros diputados, colegas diputados o como quieran llamarse, pudiéramos discutir seriamente esta cuestión para enfrentarla y transformarla, porque lo que trae como consecuencia este negocio es la muerte. Son 660.000 los accidentes reconocidos, pero debemos tener en cuenta que 8 millones de trabajadores -el 49 por ciento, según las cifras- no están registrados; o sea que la siniestralidad debería ser mayor. La cantidad de muertes por accidente, considerando uno y otro dato, asciende a cuatro por día, mientras que las muertes por enfermedad -según las cifras reconocidas a nivel internacional- son como mínimo dieciséis. Me refiero a enfermedades derivadas de problemas cardiovasculares, tumorales o infecto-contagiosos del ambiente laboral; ni hablar si consideramos otro tipo de dolencias. En total son veinte muertes por día; es decir, 7.300 por año.
Este negocio que trae muerte es el que va a ser ratificado por el Parlamento el próximo día 24, si no me equivoco.
Realmente aspiraba a la posibilidad de ir a fondo con este tema. Por mi realidad, por lo que conozco -ya no formo parte de ninguna representación sindical, pero ocupo este lugar porque provengo con orgullo de la militancia sindical-, no puedo estar de acuerdo con lo manifestado por la señora presidenta acerca de que los trabajadores sindicalizados están de acuerdo con esta nueva ley. Eso no es cierto; justamente, las marchas que se harán mañana a la Plaza de Mayo y en otras ciudades de todo el país, reclamarán entre otras cuestiones que no se sancione esta Ley de Riesgos del Trabajo.
Hay entidades sindicales que ya se pronunciaron en contra. Si se quiere llevar adelante un debate, creo que no habría inconveniente alguno en hacer una consulta popular entre los trabajadores. Si están tan convencidos de que los trabajadores sindicalizados están a favor de esta iniciativa, una buena medida podría ser abrir el debate.
Esto es a lo que aspiramos. Yo creí -lo digo sinceramente- que era posible discutir estas cuestiones. No me refiero solamente a las entidades sindicales, donde se hubiera demostrado lo que estoy diciendo, sino también a entidades reconocidas. La Asociación de Abogados Laboralistas emitió un pronunciamiento y a esta asociación no se la puede tildar de opositora.
No se puede evitar referir una clase magistral -para mí- del doctor Ricardo Cornaglia, una de las figuras más emblemáticas de la justicia laboral, quien planteó con toda claridad lo que significa esta norma siendo el director de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Tal como expresó la señora diputada Camaño y ratificó tan claramente la señora diputada Stolbizer, en realidad no se trata de la derogación de un artículo sino de su reafirmación de otra manera, que además es inconstitucional; o sea que también vamos a la inconstitucionalidad.
Sabemos que la Corte volverá a ratificar la inconstitucionalidad, pero van a pasar años en donde el negocio y la muerte van a seguir vigentes. Lo que se aprobará, si se aprueba esta iniciativa, es la vigencia del negocio y la muerte.
Me quedo con dudas sobre si hoy hay que presentar el dictamen, si lo están firmando o ya está firmado.
SR. PRESIDENTE RECALDE No.
SR. DE GENNARO La única cuestión por la cual me da vergüenza no presentarlo hoy, no es porque no lo tengamos sino por los compañeros, los profesionales y las distintas entidades que van a venir a hablar el martes próximo. Es decir, hacerlos hablar con un dictamen cerrado es un cachetazo y una falta de respeto para con todas las entidades y todos los trabajadores.
En el Senado pasó eso y por ese motivo lo convocaron desde otro lugar. Nosotros también podemos convocar a audiencias públicas, aunque aquí hay temores a las audiencias públicas y ahora hay que cambiarlas por conferencias de prensa. ¡Las convocamos igual, porque tenemos derecho a escuchar! ¡Ojalá el Parlamento abra las puertas para escuchar a todos los sectores!
No es porque no tengamos el dictamen, lo tenemos, pero puede ser mejorado. Se acaba este curro de las ART como fueron las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Como bien dijeron aquí, era el símil, su socia, son lo mismo, nada más que aquellas las eliminamos y a éstas no se animan a eliminarlas. Formamos una entidad financiera pública no estatal, con participación y control de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno. Decimos "pública no estatal" porque aprendimos de la experiencia lamentable de las AFJP.
Respecto de las AFJP, nos movilizamos para que se aprobaran y termina siendo una caja del gobierno, cuando tendría que ser la satisfacción de la jubilación digna para quienes aportaron toda una vida y para los que seguimos aportando para que se pague el 82 por ciento y no la vergüenza de tener un funcionario que gana más de 50 mil pesos dirigiendo la ANSES pero paga 1.639 pesos a los jubilados y encima les pide solidaridad.
Por eso decimos que la entidad financiera tiene que ser pública no estatal, controlada por los trabajadores, los empresarios y por supuesto el Estado. Habría que formar una comisión nacional de seguridad y salud laboral, una oficina que investigue en serio, que analice las enfermedades, que no promueva el curro de la formación sino realmente que capacite para prevenir.
Nosotros no le tenemos miedo a la democracia. Lamentablemente todavía el Ministerio de Trabajo aplica el dedo y reconoce a los que quiere, y no solamente a los que dice la Corte Suprema y las organizaciones internacionales, como la OIT, donde debería haber libertad y democracia sindical.
Queremos un delegado previsional por empresa, no importa a qué sindicato pertenece. Necesitamos que sea electo por todos los trabajadores o recuperar los comités mixtos de empresas que, como en la provincia de Santa Fe, existen y dan resultado. Hasta en la provincia de Buenos Aires ya están experimentando cosas importantes en algunas áreas.
Eso sí, necesitamos saber con toda claridad si por respeto no se van a presentar los dictámenes. De lo que no tenemos dudas es que entre el negocio y la muerte, nosotros tenemos un dictamen que discute la solidaridad y la vida. (Aplausos.)
En el Senado pasó eso y por ese motivo lo convocaron desde otro lugar. Nosotros también podemos convocar a audiencias públicas, aunque aquí hay temores a las audiencias públicas y ahora hay que cambiarlas por conferencias de prensa. ¡Las convocamos igual, porque tenemos derecho a escuchar! ¡Ojalá el Parlamento abra las puertas para escuchar a todos los sectores!
No es porque no tengamos el dictamen, lo tenemos, pero puede ser mejorado. Se acaba este curro de las ART como fueron las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Como bien dijeron aquí, era el símil, su socia, son lo mismo, nada más que aquellas las eliminamos y a éstas no se animan a eliminarlas. Formamos una entidad financiera pública no estatal, con participación y control de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno. Decimos "pública no estatal" porque aprendimos de la experiencia lamentable de las AFJP.
Respecto de las AFJP, nos movilizamos para que se aprobaran y termina siendo una caja del gobierno, cuando tendría que ser la satisfacción de la jubilación digna para quienes aportaron toda una vida y para los que seguimos aportando para que se pague el 82 por ciento y no la vergüenza de tener un funcionario que gana más de 50 mil pesos dirigiendo la ANSES pero paga 1.639 pesos a los jubilados y encima les pide solidaridad.
Por eso decimos que la entidad financiera tiene que ser pública no estatal, controlada por los trabajadores, los empresarios y por supuesto el Estado. Habría que formar una comisión nacional de seguridad y salud laboral, una oficina que investigue en serio, que analice las enfermedades, que no promueva el curro de la formación sino realmente que capacite para prevenir.
Nosotros no le tenemos miedo a la democracia. Lamentablemente todavía el Ministerio de Trabajo aplica el dedo y reconoce a los que quiere, y no solamente a los que dice la Corte Suprema y las organizaciones internacionales, como la OIT, donde debería haber libertad y democracia sindical.
Queremos un delegado previsional por empresa, no importa a qué sindicato pertenece. Necesitamos que sea electo por todos los trabajadores o recuperar los comités mixtos de empresas que, como en la provincia de Santa Fe, existen y dan resultado. Hasta en la provincia de Buenos Aires ya están experimentando cosas importantes en algunas áreas.
Eso sí, necesitamos saber con toda claridad si por respeto no se van a presentar los dictámenes. De lo que no tenemos dudas es que entre el negocio y la muerte, nosotros tenemos un dictamen que discute la solidaridad y la vida. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado Germano.
SR. GERMANO Agradezco al señor ministro por su visita.
Me parece que en todas las exposiciones todos tenemos la misma mirada sobre lo que está ocurriendo y me temo que el gobierno también, porque estamos ante una verdadera situación de desequilibrio.
En esta situación de desequilibrio en la que nos encontramos, bien lo dijo el ministro, van a seguir existiendo accidentes y enfermedades profesionales. La idea es que baje la siniestralidad y que tengamos correctivos de las enfermedades profesionales. Yo quiero en esto alentar la medida, entiendo por qué la han tomado. La medida fue tomada porque el sistema tiene un fuerte desequilibrio. En la provincia de Santa Fe hay muchas empresas que no saben de quién es la empresa por la espada de Damocles que tienen por los juicios laborales que penden sobre su cabeza.
El sistema ha venido funcionado de la siguiente manera. Se exige al empleador que tenga determinadas condiciones de salubridad e higiene, que están bajo la superintendencia de un organismo del Estado. Se le dice que tiene que contratar un seguro ante una empresa que reúna calidad y conocimiento científico y técnico y también se las pone el Estado. Uno no puede tener una ART alegremente.
En definitiva, el Estado no puede estar aislado de lo que está sucediendo en el sistema. Esto de la doble vía que se menciona, donde el empleado siempre cobra, funciona en tanto y en cuanto el empleador tenga la suficiente capacidad patrimonial.
Aquí hay una pregunta concreta para el ministro y yo soy autor de un proyecto. Quiero saber si no cree que el Estado está por encima de esta situación y si no debería haber un fondo que garantice en definitiva el reclamo por la doble vía. Tal como dijo la señora diputada Camaño, queremos resolver algo que no tiene solución, que será declarado inconstitucional nuevamente, a lo mejor con más tiempo.
También quiero preguntar al ministro si la solución que han encontrado con más pesos, con celeridad en los tiempo, con cambio de fuero no está en alguna medida acorralando -no quiero usar la palabra "extorsión" que utilizó algún señor diputado- la decisión del más débil de la cadena productiva que sin lugar a dudas es el trabajador.
Asimismo quiero marcar la foto de hoy, el desequilibrio de hoy, que si bien es cierto que está en la constitucionalidad del artículo 39 es injusto a mi manera de ver creer que a este desequilibrio se llega porque se declaró inconstitucional ese artículo. De ninguna manera, está bien que ese artículo se haya declarado inconstitucional.
La cantidad de casos que fueron en progreso, acá viene mi pregunta, viene a que las ART han venido pagando paupérrimas indemnizaciones. Esa idea de paupérrimas indemnizaciones es la que quizá ha llevado al Estado, representado por el ministro en este momento, a aumentar fuertemente las indemnizaciones respecto a las existentes.
Concretamente quiero preguntar, a la foto de hoy, a la situación que tienen un sinnúmero de empresas, hablo exclusivamente por mi provincia, en qué afecta o en qué beneficia este proyecto de ley. Yo no lo voy a votar pero estoy convencido de que este proyecto se va a transformar en ley.
Me parece que en todas las exposiciones todos tenemos la misma mirada sobre lo que está ocurriendo y me temo que el gobierno también, porque estamos ante una verdadera situación de desequilibrio.
En esta situación de desequilibrio en la que nos encontramos, bien lo dijo el ministro, van a seguir existiendo accidentes y enfermedades profesionales. La idea es que baje la siniestralidad y que tengamos correctivos de las enfermedades profesionales. Yo quiero en esto alentar la medida, entiendo por qué la han tomado. La medida fue tomada porque el sistema tiene un fuerte desequilibrio. En la provincia de Santa Fe hay muchas empresas que no saben de quién es la empresa por la espada de Damocles que tienen por los juicios laborales que penden sobre su cabeza.
El sistema ha venido funcionado de la siguiente manera. Se exige al empleador que tenga determinadas condiciones de salubridad e higiene, que están bajo la superintendencia de un organismo del Estado. Se le dice que tiene que contratar un seguro ante una empresa que reúna calidad y conocimiento científico y técnico y también se las pone el Estado. Uno no puede tener una ART alegremente.
En definitiva, el Estado no puede estar aislado de lo que está sucediendo en el sistema. Esto de la doble vía que se menciona, donde el empleado siempre cobra, funciona en tanto y en cuanto el empleador tenga la suficiente capacidad patrimonial.
Aquí hay una pregunta concreta para el ministro y yo soy autor de un proyecto. Quiero saber si no cree que el Estado está por encima de esta situación y si no debería haber un fondo que garantice en definitiva el reclamo por la doble vía. Tal como dijo la señora diputada Camaño, queremos resolver algo que no tiene solución, que será declarado inconstitucional nuevamente, a lo mejor con más tiempo.
También quiero preguntar al ministro si la solución que han encontrado con más pesos, con celeridad en los tiempo, con cambio de fuero no está en alguna medida acorralando -no quiero usar la palabra "extorsión" que utilizó algún señor diputado- la decisión del más débil de la cadena productiva que sin lugar a dudas es el trabajador.
Asimismo quiero marcar la foto de hoy, el desequilibrio de hoy, que si bien es cierto que está en la constitucionalidad del artículo 39 es injusto a mi manera de ver creer que a este desequilibrio se llega porque se declaró inconstitucional ese artículo. De ninguna manera, está bien que ese artículo se haya declarado inconstitucional.
La cantidad de casos que fueron en progreso, acá viene mi pregunta, viene a que las ART han venido pagando paupérrimas indemnizaciones. Esa idea de paupérrimas indemnizaciones es la que quizá ha llevado al Estado, representado por el ministro en este momento, a aumentar fuertemente las indemnizaciones respecto a las existentes.
Concretamente quiero preguntar, a la foto de hoy, a la situación que tienen un sinnúmero de empresas, hablo exclusivamente por mi provincia, en qué afecta o en qué beneficia este proyecto de ley. Yo no lo voy a votar pero estoy convencido de que este proyecto se va a transformar en ley.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado Moyano.
SR. MOYANO Creo que no tiene mucho sentido abordar la discusión desde el punto de vista técnico. Creo que ya se han esgrimido los diferentes argumentos y coincido con la mayoría de ellos. Como se dijo, es un proyecto de ley -va a ser ley seguramente- que está en la agenda empresarial, pero ese no sería un problema. No sería un problema resolver los problemas a los empresarios; la cuestión es que perjudica a los trabajadores.
En ese sentido quiero hacer una pregunta y quiero que todos nos la hagamos.
Se habló mucho de profundización, fundamentalmente en la campaña -de la cual fui parte- de 2011, y luego se habló de sintonía fina. Creo que para profundizar no hay que cuidar los intereses de los empresarios sancionando una iniciativa de este tipo sino afectar los intereses.
En la agenda gremial hay una cuestión fundamental -no me voy a cansar de repetirlo y lo dije hace poco en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo-, que es la tercerización. Ese tema está en la agenda gremial y no hace falta otra cosa que voluntad política para solucionar los problemas a los trabajadores que están más precarizados. En este sentido no nos van a poder decir que somos parte de la aristocracia gremial porque nos estamos fijando en los trabajadores que tienen menos posibilidades.
La tercerización es un tema que está en la agenda gremial, que se tiene que tratar, y regular el artículo 30 -que fue modificado por la dictadura militar, después del 24 de marzo del 76- que claramente posibilita a los empresarios, que hoy vamos a favorecer con esta ley, explotar a los trabajadores. Esto derivó, entre otras cosas, en la muerte de un militante político en 2010.
Más allá de que la mayoría de las cuestiones ya se han dicho en relación con hacer optar al trabajador entre lo justo y lo urgente, considero que en las condiciones de indefensión y de desigualdad, el trabajador optará por lo urgente.
También quiero remarcar algunas pequeñas contradicciones que encontré con mi asesor. En este sentido quiero señalar un dicho de Héctor Verón, ex superintendente de Riesgos del Trabajo y funcionario del doctor Tomada en el Ministerio de Trabajo hasta 2008.
Dice Héctor Verón, según el diario El Cronista, del 26 de marzo del año 2006: "El artículo 39 fue siempre anticonstitucional y por eso se discutió tanto cuando se trató la ley en su momento. Así que ahora sería inútil sacar una norma que diga lo mismo". Fíjense la coherencia en esto.
Continúa diciendo: "Después del carnaval liberal de los 90, los empresarios se tienen que dar cuenta de que no pueden presionar para sacar una ley que va a ser anticonstitucional desde el principio."
También opinó que si la nueva norma toma ambas opciones como excluyentes, su constitucionalidad sería cuestionada, tal como ocurrió; estaban adivinando el futuro. Lo que me llama más la atención es que el ministro Tomada decía lo mismo. El funcionario decía lo que hoy se está concretando y el ministro Tomada manifestaba lo mismo.
Creo que no existen las casualidades. El diputado De Gennaro recién hizo referencia a lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a que los trabajadores sindicalizados están a favor de esta norma que se va a sancionar.
En realidad, los que están a favor son los mismos que avalaron la inconstitucionalidad de la otra norma en el proyecto neoliberal del cual fueron cómplices. Lo llamativo y lo que tampoco es casualidad es que son estos mismos sindicalistas, que llamaban a Cristina en 2008, cuando del Ejecutivo nacional se mandó votar la ley de Erman González, de reforma laboral, y son lo que hoy aplauden esta iniciativa.
Los mismos que llamaban a la presidenta para que no diera quórum con la ley Erman González hoy la aplauden con de Mendiguren, con Funes de Rioja y con todos los empresarios, que están muy contentos ante la sanción de esta norma.
Quiero hacer un llamado a la reflexión, más allá de que la orden está y, como se sabe del disciplinamiento de la mayoría de los diputados del bloque al cual pertenezco, seguramente se va a votar.
Me gustaría hacer un desafío en el sentido de que algún diputado de extracción gremial que pertenezca al bloque del Frente para la Victoria defienda con argumentos sólidos este proyecto de ley que se va a votar.
En ese sentido quiero hacer una pregunta y quiero que todos nos la hagamos.
Se habló mucho de profundización, fundamentalmente en la campaña -de la cual fui parte- de 2011, y luego se habló de sintonía fina. Creo que para profundizar no hay que cuidar los intereses de los empresarios sancionando una iniciativa de este tipo sino afectar los intereses.
En la agenda gremial hay una cuestión fundamental -no me voy a cansar de repetirlo y lo dije hace poco en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo-, que es la tercerización. Ese tema está en la agenda gremial y no hace falta otra cosa que voluntad política para solucionar los problemas a los trabajadores que están más precarizados. En este sentido no nos van a poder decir que somos parte de la aristocracia gremial porque nos estamos fijando en los trabajadores que tienen menos posibilidades.
La tercerización es un tema que está en la agenda gremial, que se tiene que tratar, y regular el artículo 30 -que fue modificado por la dictadura militar, después del 24 de marzo del 76- que claramente posibilita a los empresarios, que hoy vamos a favorecer con esta ley, explotar a los trabajadores. Esto derivó, entre otras cosas, en la muerte de un militante político en 2010.
Más allá de que la mayoría de las cuestiones ya se han dicho en relación con hacer optar al trabajador entre lo justo y lo urgente, considero que en las condiciones de indefensión y de desigualdad, el trabajador optará por lo urgente.
También quiero remarcar algunas pequeñas contradicciones que encontré con mi asesor. En este sentido quiero señalar un dicho de Héctor Verón, ex superintendente de Riesgos del Trabajo y funcionario del doctor Tomada en el Ministerio de Trabajo hasta 2008.
Dice Héctor Verón, según el diario El Cronista, del 26 de marzo del año 2006: "El artículo 39 fue siempre anticonstitucional y por eso se discutió tanto cuando se trató la ley en su momento. Así que ahora sería inútil sacar una norma que diga lo mismo". Fíjense la coherencia en esto.
Continúa diciendo: "Después del carnaval liberal de los 90, los empresarios se tienen que dar cuenta de que no pueden presionar para sacar una ley que va a ser anticonstitucional desde el principio."
También opinó que si la nueva norma toma ambas opciones como excluyentes, su constitucionalidad sería cuestionada, tal como ocurrió; estaban adivinando el futuro. Lo que me llama más la atención es que el ministro Tomada decía lo mismo. El funcionario decía lo que hoy se está concretando y el ministro Tomada manifestaba lo mismo.
Creo que no existen las casualidades. El diputado De Gennaro recién hizo referencia a lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a que los trabajadores sindicalizados están a favor de esta norma que se va a sancionar.
En realidad, los que están a favor son los mismos que avalaron la inconstitucionalidad de la otra norma en el proyecto neoliberal del cual fueron cómplices. Lo llamativo y lo que tampoco es casualidad es que son estos mismos sindicalistas, que llamaban a Cristina en 2008, cuando del Ejecutivo nacional se mandó votar la ley de Erman González, de reforma laboral, y son lo que hoy aplauden esta iniciativa.
Los mismos que llamaban a la presidenta para que no diera quórum con la ley Erman González hoy la aplauden con de Mendiguren, con Funes de Rioja y con todos los empresarios, que están muy contentos ante la sanción de esta norma.
Quiero hacer un llamado a la reflexión, más allá de que la orden está y, como se sabe del disciplinamiento de la mayoría de los diputados del bloque al cual pertenezco, seguramente se va a votar.
Me gustaría hacer un desafío en el sentido de que algún diputado de extracción gremial que pertenezca al bloque del Frente para la Victoria defienda con argumentos sólidos este proyecto de ley que se va a votar.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. GERMANO Que lo discuta conmigo en cualquier lado. Que lo discuta con Héctor Recalde, que claramente...
SRA. SOTO Es una cuestión de interna.
SR. GERMANO No; esto no se trata de una cuestión de interna ni de centrales sindicales ni de sindicalismo. Acá no se está provocando sino que se está diciendo algo puntual y por eso leo las contradicciones existentes en los mismos funcionarios del gobierno, porque esto es indefendible e inconstitucional.
Seguramente, dentro de unos años -después de 2015- esta norma será declarada inconstitucional.
Creo que deberíamos imitar a nuestra presidenta, quien en 2008 fue fiel a sus convicciones y no dio quórum para que se pudiera votar una ley que iba en contra de los intereses de los trabajadores.
Seguramente, dentro de unos años -después de 2015- esta norma será declarada inconstitucional.
Creo que deberíamos imitar a nuestra presidenta, quien en 2008 fue fiel a sus convicciones y no dio quórum para que se pudiera votar una ley que iba en contra de los intereses de los trabajadores.
SR. PRESIDENTE RECALDE Fue en 1998, señor diputado.
SR. MOYANO ¿No dije 1998?
SR. ROSSI ¡Usted es diputado por Cristina!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE RECALDE Usted se refiere a la ley 25.013.
SR. MOYANO ¿Pero no dije 1998?
SR. PRESIDENTE RECALDE No; 2008.
SR. MOYANO Hablo de la que se sancionó en la época del ex ministro Erman González.
SR. PRESIDENTE RECALDE Fue en 1998.
SR. MOYANO Sí; si dije 2008, me equivoqué.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE RECALDE Antes de dar la palabra al próximo orador, la Presidencia informa a los señores diputados que si quieren discutir tienen toda la libertad de hacerlo, pero fuera de esta sala. Si quieren exponer en la reunión, deben solicitar el uso de la palabra.
Pido concretamente a los señores diputados Depetri y Moyano que si quieren discutir, lo hagan fuera de esta sala. De lo contrario, tendrán que pedir el uso de la palabra.
Restablecido el orden, tiene la palabra el señor diputado Tunessi.
Pido concretamente a los señores diputados Depetri y Moyano que si quieren discutir, lo hagan fuera de esta sala. De lo contrario, tendrán que pedir el uso de la palabra.
Restablecido el orden, tiene la palabra el señor diputado Tunessi.
SR. TUNESSI Señor presidente: si los señores diputados quieren seguir resolviendo sus conflictos, puedo esperar. (Risas.)
SR. PRESIDENTE RECALDE Si hacemos eso, con las internas que hay se vacía la sala.
SR. TUNESSI Tenemos paciencia, señor presidente. Que el Frente para la Victoria resuelva sus conflictos y luego continuamos.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE RECALDE Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Tunessi.
SR. TUNESSI Señor presidente: quiero preguntar al señor ministro -porque está presente y debemos hacerle preguntas- si comparte los fundamentos expuestos por el bloque de la mayoría en el Senado para explicar su apoyo al proyecto de ley en consideración.
Me permito recordar que el presidente de ese bloque, el señor senador Pichetto, puso el eje de la iniciativa básicamente en la necesidad de crear empleo, de combatir el trabajo en negro y de generar mayores puestos laborales en la Argentina.
Esta tarde se habló mucho de los años noventa. Como a mi modo de ver, en el horizonte empezó a delinearse con mayor nitidez la comparación con aquella década, quiero preguntar al señor ministro si el tipo de cambio real, alto y competitivo -uno de los pilares y fundamentos de este modelo económico hasta hace un tiempo- no tiene nada que ver con la falta de competitividad. ¿O acaso vamos a replicar el problema de competitividad de la economía argentina reduciendo los costos laborales? De acuerdo con las palabras del señor senador Pichetto, pareciera ser que es necesario reducir los costos laborales -que en nuestro país son muy caros y rígidos- para tener competitividad. Por eso pregunto si no tiene nada que ver el retraso cambiario, que no sólo ha dejado fuera de competitividad a casi toda la industria sino que ha hecho caer el componente industrial en el PBI hasta ubicarlo casi por debajo del registrado en la década del noventa.
Que se hable de tabular, de tarifar, me hace pensar que la mano de un trabajador vale menos que la de un empresario; o que el dedo de un trabajador tiene menos valor que el de una persona que se accidenta en la calle.
¿Por qué volvemos a tarifar y a tabular si no es para reducir costos laborales? Si fuera así, me pregunto: ¿no es mejor para aportar al crecimiento del empleo, antes que atentar contra la integridad de la indemnización -del derecho del trabajador a la reparación integral- pensar en un régimen especial para la pequeña y mediana empresa? ¿No es mejor diferenciar los aportes y tener un régimen especial que promueva el empleo en la pequeña y mediana empresa con condiciones especiales?
¿Saben qué? Esto no fue planteado por Pichetto, lo planteamos desde la oposición. Si quieren puedo leer el planteo del señor senador Pichetto.
Me permito recordar que el presidente de ese bloque, el señor senador Pichetto, puso el eje de la iniciativa básicamente en la necesidad de crear empleo, de combatir el trabajo en negro y de generar mayores puestos laborales en la Argentina.
Esta tarde se habló mucho de los años noventa. Como a mi modo de ver, en el horizonte empezó a delinearse con mayor nitidez la comparación con aquella década, quiero preguntar al señor ministro si el tipo de cambio real, alto y competitivo -uno de los pilares y fundamentos de este modelo económico hasta hace un tiempo- no tiene nada que ver con la falta de competitividad. ¿O acaso vamos a replicar el problema de competitividad de la economía argentina reduciendo los costos laborales? De acuerdo con las palabras del señor senador Pichetto, pareciera ser que es necesario reducir los costos laborales -que en nuestro país son muy caros y rígidos- para tener competitividad. Por eso pregunto si no tiene nada que ver el retraso cambiario, que no sólo ha dejado fuera de competitividad a casi toda la industria sino que ha hecho caer el componente industrial en el PBI hasta ubicarlo casi por debajo del registrado en la década del noventa.
Que se hable de tabular, de tarifar, me hace pensar que la mano de un trabajador vale menos que la de un empresario; o que el dedo de un trabajador tiene menos valor que el de una persona que se accidenta en la calle.
¿Por qué volvemos a tarifar y a tabular si no es para reducir costos laborales? Si fuera así, me pregunto: ¿no es mejor para aportar al crecimiento del empleo, antes que atentar contra la integridad de la indemnización -del derecho del trabajador a la reparación integral- pensar en un régimen especial para la pequeña y mediana empresa? ¿No es mejor diferenciar los aportes y tener un régimen especial que promueva el empleo en la pequeña y mediana empresa con condiciones especiales?
¿Saben qué? Esto no fue planteado por Pichetto, lo planteamos desde la oposición. Si quieren puedo leer el planteo del señor senador Pichetto.
SR. MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL No hace falta.
SR. TUNESSI Si no hace falta, muy bien. No lo planteó Pichetto.
Este régimen especial fue planteado por nosotros y consideramos que se debe flexibilizar el costo laboral de las pymes o su costo de funcionamiento. Ello sin perjuicio de la situación que apunté respecto del tipo de cambio, la pérdida de competitividad, la falta de la generación de empleo y la reducción de importaciones, que implica una caída en la actividad económica e impacta negativamente en la generación del empleo.
Este régimen especial fue planteado por nosotros y consideramos que se debe flexibilizar el costo laboral de las pymes o su costo de funcionamiento. Ello sin perjuicio de la situación que apunté respecto del tipo de cambio, la pérdida de competitividad, la falta de la generación de empleo y la reducción de importaciones, que implica una caída en la actividad económica e impacta negativamente en la generación del empleo.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra la señora diputada Nebreda.
SR. FELETTI Señora diputada, ¿me permite una interrupción?
SR. PRESIDENTE RECALDE El señor diputado Feletti le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
SRA. NEBREDA Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado Feletti.
SR. FELETTI Sólo quisiera aclarar algunas cosas.
Aquí escuchamos que la economía argentina pierde competitividad. Sin embargo, exportamos cada vez más; este es el primer dato. Nuestras exportaciones son crecientes, con fuerte volumen exportado no sólo en productos primarios sino también en productos industriales.
Es un orgullo de este modelo el que podamos exportar industria con salarios altos. Ha sido una de las condiciones más importantes de este modelo ser competitivos y con salarios altos porque extraemos competitividad de otras cuestiones.
Por esa razón discutimos la política energética, la logística, el conocimiento y la capacitación. Hay ciento cincuenta mil autos y SMATA es uno de los gremios mejor pagos. Por lo tanto, no ha sido la política de este gobierno; sólo quería hacer esta aclaración.
Aquí escuchamos que la economía argentina pierde competitividad. Sin embargo, exportamos cada vez más; este es el primer dato. Nuestras exportaciones son crecientes, con fuerte volumen exportado no sólo en productos primarios sino también en productos industriales.
Es un orgullo de este modelo el que podamos exportar industria con salarios altos. Ha sido una de las condiciones más importantes de este modelo ser competitivos y con salarios altos porque extraemos competitividad de otras cuestiones.
Por esa razón discutimos la política energética, la logística, el conocimiento y la capacitación. Hay ciento cincuenta mil autos y SMATA es uno de los gremios mejor pagos. Por lo tanto, no ha sido la política de este gobierno; sólo quería hacer esta aclaración.
SR. PRESIDENTE RECALDE Gracias, señor diputado.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Nebreda.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Nebreda.
SRA. NEBREDA Gracias, señor presidente, señor ministro y señor González Gaviola.
Quiero hablar como una trabajadora que pasó cuarenta años en la calle defendiendo los derechos de los trabajadores y que continúa haciéndolo.
He estado en contra de todas las manifestaciones de la década del 90 y quisiera aclarar que los procesos de ese período no terminaron en 1999 sino que continuaron hasta 2002 y tuvieron incluso al mismo ministro de Economía que había hecho todo lo que se planteó en los 90.
Hoy no vengo aquí a defender una ley. Seguramente este proyecto es perfectible y hay cosas que no me gustaría que estuvieran. Sin embargo, paga más al trabajador, acelera los pagos, considera una serie de cuestiones y es un proceso.
De todas formas, no puedo permitir que quienes votaron en contra de todas las leyes laborales que este proyecto mantiene -como es el caso del peón rural, las AFJP y las nacionalizaciones- hoy se apropien de la defensa de los trabajadores. Aquellos que fueron funcionarios previsionales hoy hablan y nos dicen qué tenemos que hacer.
Me enorgullece estar en este proyecto porque en todas las sesiones de a poco, paso a paso, vamos dando respuesta a los sectores de los trabajadores; fundamentalmente, a los más pequeños, los más humildes y a los que carecen de un sindicato fuerte que los sostenga.
Creo que esta iniciativa es perfectible, pero que aquellos que no se animaron a firmar una declaración en conjunto en defensa de la democracia hoy vengan a hablar de democracia, de defensa de los trabajadores, de proyectos superadores, realmente es difícil de sostener. Este proyecto es perfectible; se puede mejorar, señor ministro, pero estamos en un proyecto general que avanza siempre en beneficio de los trabajadores. (Aplausos.)
Quiero hablar como una trabajadora que pasó cuarenta años en la calle defendiendo los derechos de los trabajadores y que continúa haciéndolo.
He estado en contra de todas las manifestaciones de la década del 90 y quisiera aclarar que los procesos de ese período no terminaron en 1999 sino que continuaron hasta 2002 y tuvieron incluso al mismo ministro de Economía que había hecho todo lo que se planteó en los 90.
Hoy no vengo aquí a defender una ley. Seguramente este proyecto es perfectible y hay cosas que no me gustaría que estuvieran. Sin embargo, paga más al trabajador, acelera los pagos, considera una serie de cuestiones y es un proceso.
De todas formas, no puedo permitir que quienes votaron en contra de todas las leyes laborales que este proyecto mantiene -como es el caso del peón rural, las AFJP y las nacionalizaciones- hoy se apropien de la defensa de los trabajadores. Aquellos que fueron funcionarios previsionales hoy hablan y nos dicen qué tenemos que hacer.
Me enorgullece estar en este proyecto porque en todas las sesiones de a poco, paso a paso, vamos dando respuesta a los sectores de los trabajadores; fundamentalmente, a los más pequeños, los más humildes y a los que carecen de un sindicato fuerte que los sostenga.
Creo que esta iniciativa es perfectible, pero que aquellos que no se animaron a firmar una declaración en conjunto en defensa de la democracia hoy vengan a hablar de democracia, de defensa de los trabajadores, de proyectos superadores, realmente es difícil de sostener. Este proyecto es perfectible; se puede mejorar, señor ministro, pero estamos en un proyecto general que avanza siempre en beneficio de los trabajadores. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor superintendente de Riesgos del Trabajo, señor González Gaviola.
SR. GONZÁLEZ GAVIOLA Quisiera ir sintetizando algunas cosas porque tal vez por la discusión en particular perdemos perder la noción global.
La compañera diputada que viene del sector sindical hacía referencia a la noción global. Venimos de un país que destruyó un montón de cosas. Muchos de los que están acá de distintos partidos fueron partícipes de esas políticas; algunos han revertido su criterio y otros tal vez no.
Lo cierto es que en la Argentina veníamos de una situación, tal como decía Néstor Kirchner, en la que tuvo menos votos que gente ocupada y generamos más empleo. Teníamos menos gente registrada y la registramos. Teníamos menor participación, y esto tiene que ver con lo que decía el señor diputado recién sobre la competitividad. Acabamos de salir de un proceso paritario donde los trabajadores pudieron discutir libremente y hoy tienen salarios superiores. A eso sumamos que en la búsqueda del trabajo decente hoy hay menos accidentes.
Coincido con lo que dijo Víctor De Gennaro, en el sentido de que tal vez nuestro sistema de registro no es lo suficientemente perfecto, pero le puedo asegurar que cuando empecé como superintendente el trabajo en negro era del 40 por ciento y hoy es del 35 por ciento. Además en el trabajo formal se morían tres compañeros por día y hoy se mueren dos. No estamos en una situación perfecta, no me gusta que se mueran dos trabajadores por día ni que haya un 35 por ciento de trabajo no registrado, pero vamos mejorando.
Así como vamos mejorando en la prevención -esto en relación con lo que decía la diputada Stolbizer-, yo no negaría que algún empresario haga las cosas mejor por miedo. Si nosotros buscamos en el mundo capitalista de las grandes corporaciones, veremos que quienes han maximizado las ventajas del capitalismo, las grandes multinacionales, tienen poderosísimos sistemas de salud y seguridad porque se han dado cuenta de que hacer seguridad y cuidar el patrimonio humano de su fuerza de trabajo, les hace ganar plata.
Tal vez en las pymes, que son mayoría en el país, no tengamos incorporado este tema, y tenemos que ir avanzando en un sistema de persuasión y capacitación.
Tanto la OIT como la (INSHT) han hecho infinidad de trabajos que demuestran que la tasa de retorno por cada peso que se invierte en prevención es por lo menos del 1,6 por ciento. El año pasado tuve oportunidad de participar en un seminario organizado por la (INSHT) donde, tomando elementos agregados, se llegaba al 3,4 por ciento de tasa de retorno de la plata destinada a inversión.
Esto también tiene que ver con lo que se mencionaba sobre el negocio de la muerte. Hoy tenemos ART sindicales, y yo no creo que Caminos Protegidos esté en el negocio de la muerte. Creo que dentro del sistema que existe están tratando de dar la mejor cobertura a sus trabajadores. Si no, sería muy difícil que mañana marchen juntas la vida y la muerte.
También cabe señalar que las mutuas pueden participar en una entidad que tiene como objetivo común cuidar el patrimonio más importante que tiene una firma que es el recurso humano, porque cuando en una empresa no se hace mantenimiento a una máquina, el gerente no dura dos minutos. Sin embargo, no nos damos cuenta de que es mucho más importante el recurso humano que una máquina.
Aquellas empresas que han implementado sistemas de gestión, como Peugeot y Citroën, han mejorado su productividad, han bajado su ausentismo laboral, están teniendo mejor clima laboral, mejores remuneraciones para sus trabajadores y más competitividad.
No lo digo yo sino que fue Paolo Rocca, quien dijo que la Argentina es el país que ha crecido en industrialización de su PBI en un porcentaje mayor. No creo que ese señor sea del Frente para la Victoria. Ha sido muy crítico...
La compañera diputada que viene del sector sindical hacía referencia a la noción global. Venimos de un país que destruyó un montón de cosas. Muchos de los que están acá de distintos partidos fueron partícipes de esas políticas; algunos han revertido su criterio y otros tal vez no.
Lo cierto es que en la Argentina veníamos de una situación, tal como decía Néstor Kirchner, en la que tuvo menos votos que gente ocupada y generamos más empleo. Teníamos menos gente registrada y la registramos. Teníamos menor participación, y esto tiene que ver con lo que decía el señor diputado recién sobre la competitividad. Acabamos de salir de un proceso paritario donde los trabajadores pudieron discutir libremente y hoy tienen salarios superiores. A eso sumamos que en la búsqueda del trabajo decente hoy hay menos accidentes.
Coincido con lo que dijo Víctor De Gennaro, en el sentido de que tal vez nuestro sistema de registro no es lo suficientemente perfecto, pero le puedo asegurar que cuando empecé como superintendente el trabajo en negro era del 40 por ciento y hoy es del 35 por ciento. Además en el trabajo formal se morían tres compañeros por día y hoy se mueren dos. No estamos en una situación perfecta, no me gusta que se mueran dos trabajadores por día ni que haya un 35 por ciento de trabajo no registrado, pero vamos mejorando.
Así como vamos mejorando en la prevención -esto en relación con lo que decía la diputada Stolbizer-, yo no negaría que algún empresario haga las cosas mejor por miedo. Si nosotros buscamos en el mundo capitalista de las grandes corporaciones, veremos que quienes han maximizado las ventajas del capitalismo, las grandes multinacionales, tienen poderosísimos sistemas de salud y seguridad porque se han dado cuenta de que hacer seguridad y cuidar el patrimonio humano de su fuerza de trabajo, les hace ganar plata.
Tal vez en las pymes, que son mayoría en el país, no tengamos incorporado este tema, y tenemos que ir avanzando en un sistema de persuasión y capacitación.
Tanto la OIT como la (INSHT) han hecho infinidad de trabajos que demuestran que la tasa de retorno por cada peso que se invierte en prevención es por lo menos del 1,6 por ciento. El año pasado tuve oportunidad de participar en un seminario organizado por la (INSHT) donde, tomando elementos agregados, se llegaba al 3,4 por ciento de tasa de retorno de la plata destinada a inversión.
Esto también tiene que ver con lo que se mencionaba sobre el negocio de la muerte. Hoy tenemos ART sindicales, y yo no creo que Caminos Protegidos esté en el negocio de la muerte. Creo que dentro del sistema que existe están tratando de dar la mejor cobertura a sus trabajadores. Si no, sería muy difícil que mañana marchen juntas la vida y la muerte.
También cabe señalar que las mutuas pueden participar en una entidad que tiene como objetivo común cuidar el patrimonio más importante que tiene una firma que es el recurso humano, porque cuando en una empresa no se hace mantenimiento a una máquina, el gerente no dura dos minutos. Sin embargo, no nos damos cuenta de que es mucho más importante el recurso humano que una máquina.
Aquellas empresas que han implementado sistemas de gestión, como Peugeot y Citroën, han mejorado su productividad, han bajado su ausentismo laboral, están teniendo mejor clima laboral, mejores remuneraciones para sus trabajadores y más competitividad.
No lo digo yo sino que fue Paolo Rocca, quien dijo que la Argentina es el país que ha crecido en industrialización de su PBI en un porcentaje mayor. No creo que ese señor sea del Frente para la Victoria. Ha sido muy crítico...
SR. TUNESSI Los números no dicen eso. Lea los números, están más abajo que en los 90.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. GONZÁLEZ GAVIOLA El hecho es que creo que hoy no existe incompatibilidad para que en una mutua puedan sentarse trabajadores y empresarios.
El tema del antagonismo entre el capital y el trabajo es discutido en Argentina desde hace mucho tiempo. Creo que en los últimos diez años el crecimiento de nuestro país no ha sido el resultado del antagonismo entre capital y trabajo sino que se logró potenciándolo, como decía el señor diputado Feletti.
De todas formas, hay un tema práctico del que no se ha hablado. Esta ley fue declarada inconstitucional porque las indemnizaciones eran miserables y discriminaban negativamente al trabajador. Hoy estamos hablando...
El tema del antagonismo entre el capital y el trabajo es discutido en Argentina desde hace mucho tiempo. Creo que en los últimos diez años el crecimiento de nuestro país no ha sido el resultado del antagonismo entre capital y trabajo sino que se logró potenciándolo, como decía el señor diputado Feletti.
De todas formas, hay un tema práctico del que no se ha hablado. Esta ley fue declarada inconstitucional porque las indemnizaciones eran miserables y discriminaban negativamente al trabajador. Hoy estamos hablando...
SR. GIUBERGIA ¿Me permite una interrupción?
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. GIUBERGIA Lea lo que dice la Corte.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. GONZÁLEZ GAVIOLA Hoy estamos hablando de una indemnización que es comparable mundialmente y no sobre la base de achicar los derechos del trabajador sino de lograr una fácil accesibilidad.
Nuestro país no es el primer lugar donde en el mundo del trabajo se logran acuerdos entre el trabajador y la contraparte, se cobra lo acordado o de lo contrario se va a juicio. Si bien no soy abogado, tengo entendido que en el SECLO todos los días hay acuerdos.
¿Cuál es la función reguladora del Estado? Controlar que el sector más fuerte, el empleador, no se aproveche de esta asimetría; para eso queremos un Estado fuerte que fije una buena indemnización.
Dicha indemnización está duplicando el piso de mil ochocientos pesos. Aquí alguien habló de los trabajadores más carenciados y son ellos los más favorecidos ya que en las cifras únicas, prácticamente en todos los casos, son un 200 por ciento mayores que las fijadas en 2009 y un 500 por ciento mayores que las posteriores a ese año.
Así como en política jubilatoria, mientras muchos se rasgaban las vestiduras pero les quitaron el 13 por ciento a los jubilados y mantuvieron en 140 pesos...
Nuestro país no es el primer lugar donde en el mundo del trabajo se logran acuerdos entre el trabajador y la contraparte, se cobra lo acordado o de lo contrario se va a juicio. Si bien no soy abogado, tengo entendido que en el SECLO todos los días hay acuerdos.
¿Cuál es la función reguladora del Estado? Controlar que el sector más fuerte, el empleador, no se aproveche de esta asimetría; para eso queremos un Estado fuerte que fije una buena indemnización.
Dicha indemnización está duplicando el piso de mil ochocientos pesos. Aquí alguien habló de los trabajadores más carenciados y son ellos los más favorecidos ya que en las cifras únicas, prácticamente en todos los casos, son un 200 por ciento mayores que las fijadas en 2009 y un 500 por ciento mayores que las posteriores a ese año.
Así como en política jubilatoria, mientras muchos se rasgaban las vestiduras pero les quitaron el 13 por ciento a los jubilados y mantuvieron en 140 pesos...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. GONZÁLEZ GAVIOLA Ciento cincuenta pesos la mínima durante trece años...
SR. TUNESSI ¡Usted era funcionario de la Alianza! ¿Cómo puede hablar? ¡Caradura! ¡Chanta!
SR. GONZÁLEZ GAVIOLA ¡Sí, y me avergüenzo de eso! ¿No quería discutir? Venga y quédese a discutir.
SR. TUNESSI ¡Sos un chanta!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE RECALDE Continúa en el uso la palabra el señor superintendente de Riesgo del Trabajo.
SR. GONZÁLEZ GAVIOLA Lejos de sentirnos avergonzados creemos que podemos generar una opción excluyente porque desde el Estado, que se viene preocupando por los trabajadores, estamos garantizando un piso indemnizatorio absolutamente generoso.
Con respecto al tema de la tercerización, al que hacía referencia el señor diputado Moyano, es una preocupación común y estamos totalmente de acuerdo con su posición. Estamos trabajando en ese tema y tal vez sea uno de los próximos que traigamos al Congreso porque nos parece absolutamente preocupante; en algunas cosas ya estamos avanzando.
Con respecto al tema de la tercerización, al que hacía referencia el señor diputado Moyano, es una preocupación común y estamos totalmente de acuerdo con su posición. Estamos trabajando en ese tema y tal vez sea uno de los próximos que traigamos al Congreso porque nos parece absolutamente preocupante; en algunas cosas ya estamos avanzando.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
SR. MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL En realidad, no hay mucho para decir y agradezco todas las expresiones que he escuchado. Sólo me gustaría hacer algunas aclaraciones menores respecto de los fundamentos, y lamento que se haya retirado el señor diputado Tunessi.
Los fundamentos de este proyecto de ley van más allá de la simplicidad de contar con una norma para atender cuestiones vinculadas con la competitividad. Jamás se pensó en eso. Resulta claro que no forma parte del pensamiento de este gobierno que se pueda mejorar la competitividad de la economía a través de la rebaja de los costos laborales. Lo hemos sostenido y demostrado claramente, y así lo seguiremos haciendo.
En todo caso, y en este punto debo reiterar algunos conceptos, estamos dando una vuelta de página en la manera de encarar este tema. Varias veces se dijo que esta ley de riesgos del trabajo requiere de todo un debate... Pero esta no es "la" Ley de Riesgos del Trabajo; nadie la presentó de esa manera y en ningún momento se dijo que esta norma incluya políticas de prevención.
Empecemos por reconocer -esto lo digo pensando en quienes fueron funcionarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y en quienes lo son hoy-, que en 2003 se rompe un paradigma y que la SRT, que era un órgano al servicio de las ART, se convierte en un órgano de contralor de las ART. A partir de allí, como entidad rectora de las políticas dictadas en la materia, participó en muchos cambios de conducta y de normas vinculados con la prevención.
Esta no es una ley de prevención; es algo diferente. Es una norma que, fundamentalmente, facilitará al trabajador el acceso a componentes indemnizatorios que hoy sólo puede lograr recurriendo a la Justicia. Esta es la idea: el resarcimiento o la reparación justa y adecuada, tal como lo establece la Corte Suprema.
Con este proyecto se rompe el blindaje de la ley vigente que ha originado tantos fallos y coloca al sistema tarifado -que jamás ha sido cuestionado por la Corte Suprema- en niveles justos.
De esto trata la iniciativa en consideración, y pido a los señores diputados que la vean desde esa perspectiva. Acota al mercado; no lo favorece. Le pone límites a las ART y piensa en las pequeñas empresas. No sigue la lógica y el espíritu de la ley 24.557; por el contrario, procura salir de la lógica del empobrecimiento de la víctima con medidas concretas.
Por otro lado, también cuestiona el artículo 39 de la ley vigente y sostiene las declaraciones que se pudieron haber hecho en otro momento. Ya que se ha hablado del llamado "decreto de mutuas", no hay incompatibilidad entre un sindicato que trabaja en acuerdo con una cámara y un sindicato que lo hace solo. Lo han pedido muchas organizaciones sindicales, algunas de las cuales están presentes. ¿Qué incompatibilidad hay entre trabajar por mejorar la salud y la seguridad en el ámbito laboral, y el funcionamiento de una mutua? ¿Qué incompatibilidad hay en que un sindicato, que conoce los verdaderos riesgos y características de la actividad, sea el encargado de dictar las normas en materia de prevención?
Finalmente, tal como lo comenté hoy en el bloque porque es un tema que me preocupa, el listado de enfermedades no es cerrado. Por el contrario, seguramente será abierto en forma tripartita -como corresponde- para dar cabida a enfermedades que tanto la Justicia como nosotros mismos consideramos que deben estar incluidas.
Se seguirán incluyendo aquellas que vayan teniendo habitualidad y presencia clara como enfermedad.
Aquí se ha usado la palabra "extorsión". En realidad, nosotros hemos buscado expresamente salirnos de la situación de extorsión. Durante muchísimos años, casi todo el siglo XX, estuvo vigente una ley que fijaba la opción en otro momento. Nosotros hemos buscado que el trabajador esté en condiciones al momento de tomar la opción.
Por esa razón, el momento de la opción del trabajador se da al finalizar su proceso de recuperación, una vez que queda fijada su incapacidad y conoce cuál es el monto que le corresponde. En ese caso, podrá buscar otra vía que le satisfaga más plenamente si eso es lo que piensa.
Finalmente, los fundamentos de este proyecto de ley no son la mera cuestión del empleo y la búsqueda de la competitividad. Con todas las imperfecciones, con todo lo que se puede mejorar y avanzar, no solamente a través de leyes sino de políticas públicas de compromiso de las organizaciones sindicales y empleadoras en el camino a la prevención, el fundamento sigue siendo la protección de los trabajadores. El principio protectorio sigue estando en la base de esta norma. (Aplausos.)
Los fundamentos de este proyecto de ley van más allá de la simplicidad de contar con una norma para atender cuestiones vinculadas con la competitividad. Jamás se pensó en eso. Resulta claro que no forma parte del pensamiento de este gobierno que se pueda mejorar la competitividad de la economía a través de la rebaja de los costos laborales. Lo hemos sostenido y demostrado claramente, y así lo seguiremos haciendo.
En todo caso, y en este punto debo reiterar algunos conceptos, estamos dando una vuelta de página en la manera de encarar este tema. Varias veces se dijo que esta ley de riesgos del trabajo requiere de todo un debate... Pero esta no es "la" Ley de Riesgos del Trabajo; nadie la presentó de esa manera y en ningún momento se dijo que esta norma incluya políticas de prevención.
Empecemos por reconocer -esto lo digo pensando en quienes fueron funcionarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y en quienes lo son hoy-, que en 2003 se rompe un paradigma y que la SRT, que era un órgano al servicio de las ART, se convierte en un órgano de contralor de las ART. A partir de allí, como entidad rectora de las políticas dictadas en la materia, participó en muchos cambios de conducta y de normas vinculados con la prevención.
Esta no es una ley de prevención; es algo diferente. Es una norma que, fundamentalmente, facilitará al trabajador el acceso a componentes indemnizatorios que hoy sólo puede lograr recurriendo a la Justicia. Esta es la idea: el resarcimiento o la reparación justa y adecuada, tal como lo establece la Corte Suprema.
Con este proyecto se rompe el blindaje de la ley vigente que ha originado tantos fallos y coloca al sistema tarifado -que jamás ha sido cuestionado por la Corte Suprema- en niveles justos.
De esto trata la iniciativa en consideración, y pido a los señores diputados que la vean desde esa perspectiva. Acota al mercado; no lo favorece. Le pone límites a las ART y piensa en las pequeñas empresas. No sigue la lógica y el espíritu de la ley 24.557; por el contrario, procura salir de la lógica del empobrecimiento de la víctima con medidas concretas.
Por otro lado, también cuestiona el artículo 39 de la ley vigente y sostiene las declaraciones que se pudieron haber hecho en otro momento. Ya que se ha hablado del llamado "decreto de mutuas", no hay incompatibilidad entre un sindicato que trabaja en acuerdo con una cámara y un sindicato que lo hace solo. Lo han pedido muchas organizaciones sindicales, algunas de las cuales están presentes. ¿Qué incompatibilidad hay entre trabajar por mejorar la salud y la seguridad en el ámbito laboral, y el funcionamiento de una mutua? ¿Qué incompatibilidad hay en que un sindicato, que conoce los verdaderos riesgos y características de la actividad, sea el encargado de dictar las normas en materia de prevención?
Finalmente, tal como lo comenté hoy en el bloque porque es un tema que me preocupa, el listado de enfermedades no es cerrado. Por el contrario, seguramente será abierto en forma tripartita -como corresponde- para dar cabida a enfermedades que tanto la Justicia como nosotros mismos consideramos que deben estar incluidas.
Se seguirán incluyendo aquellas que vayan teniendo habitualidad y presencia clara como enfermedad.
Aquí se ha usado la palabra "extorsión". En realidad, nosotros hemos buscado expresamente salirnos de la situación de extorsión. Durante muchísimos años, casi todo el siglo XX, estuvo vigente una ley que fijaba la opción en otro momento. Nosotros hemos buscado que el trabajador esté en condiciones al momento de tomar la opción.
Por esa razón, el momento de la opción del trabajador se da al finalizar su proceso de recuperación, una vez que queda fijada su incapacidad y conoce cuál es el monto que le corresponde. En ese caso, podrá buscar otra vía que le satisfaga más plenamente si eso es lo que piensa.
Finalmente, los fundamentos de este proyecto de ley no son la mera cuestión del empleo y la búsqueda de la competitividad. Con todas las imperfecciones, con todo lo que se puede mejorar y avanzar, no solamente a través de leyes sino de políticas públicas de compromiso de las organizaciones sindicales y empleadoras en el camino a la prevención, el fundamento sigue siendo la protección de los trabajadores. El principio protectorio sigue estando en la base de esta norma. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE RECALDE Agradecemos la presencia del señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada, y del señor superintendente de Riesgos del Trabajo, doctor Juan González Gaviola.
- El señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada, y el señor superintendente de Riesgos del Trabajo, doctor Juan González Gaviola, se retiran de la sala de reunión.
SR. PRESIDENTE RECALDE Continuamos sesionando.
SR. DE GENNARO Quisiera formular una pregunta.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado De Gennaro.
SRA. DI TULLIO El señor diputado Giubergia se quedó solo...
SR. GIUBERGIA No pude hablar.
SR. DE GENNARO No sé si la señora diputada quiere hacer uso de la palabra. No tengo problema en cedérsela.
SRA. DI TULLIO ¿Usted también se va, diputado Giubergia?
SR. GIUBERGIA No quiere otorgarme la palabra. ¿Qué quiere que haga?
SRA. DI TULLIO Entonces, ¿también se va?
SR. GIUBERGIA Por supuesto.
SR. DE GENNARO Antes de presentar dictamen hemos escuchado al señor ministro de Salud y al señor González Gaviola y quisiera saber si el próximo martes haremos un plenario de las comisiones para escuchar a todos los invitados.
En segundo lugar, para tomar una decisión me interesa saber si presentarán el dictamen antes del martes, si lo harán hoy y nosotros presentamos otro, o si directamente se escuchará a la gente y luego se hacen las presentaciones; no vaya a ser que a esta altura algunos presenten dictamen y otros no lo hagan. Creo que frente al tema que estamos tratando es importante saberlo.
En segundo lugar, para tomar una decisión me interesa saber si presentarán el dictamen antes del martes, si lo harán hoy y nosotros presentamos otro, o si directamente se escuchará a la gente y luego se hacen las presentaciones; no vaya a ser que a esta altura algunos presenten dictamen y otros no lo hagan. Creo que frente al tema que estamos tratando es importante saberlo.
SR. PRESIDENTE RECALDE Voy a expresar mi opinión al respecto.
Personalmente mañana voy a presentar un dictamen de minoría y por una cuestión práctica -para que se pueda efectuar la impresión-, ya que tanto la señora diputada Stolbizer como al señor diputado De Gennaro tienen proyectos generales, sugeriría que cuanto antes presenten el dictamen de minoría, mejor.
Les voy a decir hasta ahora quiénes concretamente me pidieron reunión para el martes...
Personalmente mañana voy a presentar un dictamen de minoría y por una cuestión práctica -para que se pueda efectuar la impresión-, ya que tanto la señora diputada Stolbizer como al señor diputado De Gennaro tienen proyectos generales, sugeriría que cuanto antes presenten el dictamen de minoría, mejor.
Les voy a decir hasta ahora quiénes concretamente me pidieron reunión para el martes...
SRA. STOLBIZER ¿Mañana presentamos los dictámenes?
SR. PRESIDENTE RECALDE Me parece que es lo mejor.
Han solicitado hacerse presentes la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, la Organización 14 bis y la Cámara Argentina de Comercio. Calculo que todas las organizaciones sindicales van a querer venir. Menciono las que tengo anotadas para que formalmente lo sepan las compañeras y compañeros diputados presentes. Como hay varios dirigentes sindicales, me parece oportuno que lo antes posible hagan saber en sus respectivas organizaciones que el martes a las 14 en esta sala, las tres comisiones se van a reunir para escucharlos.
Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
Han solicitado hacerse presentes la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, la Organización 14 bis y la Cámara Argentina de Comercio. Calculo que todas las organizaciones sindicales van a querer venir. Menciono las que tengo anotadas para que formalmente lo sepan las compañeras y compañeros diputados presentes. Como hay varios dirigentes sindicales, me parece oportuno que lo antes posible hagan saber en sus respectivas organizaciones que el martes a las 14 en esta sala, las tres comisiones se van a reunir para escucharlos.
Tiene la palabra el señor diputado Giubergia.
SR. PRESIDENTE RECALDE No encontrándose presente, tiene la palabra el señor diputado Obiglio.
SR. OBIGLIO El señor diputado Giubergia se ha retirado recién.
Quiero hacer una pequeña reflexión, señor presidente. Creo que hace falta que nos escuchemos un poco más. El ministro y la diputada que habló por el Frente por la Victoria dijeron que este proyecto era perfectible. Si es así, y todos los que estamos acá estamos buscando un muy buen proyecto, que sea aprobado por unanimidad, ¿por qué aceleramos tanto los plazos? ¿Quién nos está corriendo? ¿Qué necesidad hay de sesionar el otro miércoles para tratar el asunto? ¿Por qué no podemos hacer un par de reuniones de comisión adicionales para debatir, estudiar el proyecto y escuchar a las entidades? ¿Para qué vamos a hacer venir a la gente a hablar si los dictámenes ya han sido firmados? La verdad es que yo no le encuentro sentido a esto. Yo voy a firmar hoy o mañana un proyecto y si viene alguien hoy o mañana y me dice algo que realmente cambia mi opinión, no lo puedo introducir en el dictamen y lo debo cambiar durante la sesión. Todos sabemos que cuando se modifican los dictámenes sobre tablas, se cometen errores.
No hay nadie que nos esté apurando. El ministro no vino aquí en representación del Poder Ejecutivo diciendo que necesita contar con este proyecto sancionado en 15 días. Por favor, trabajemos como corresponde, como usualmente trabajamos en la Comisión de Legislación del Trabajo.
Quiero hacer una pequeña reflexión, señor presidente. Creo que hace falta que nos escuchemos un poco más. El ministro y la diputada que habló por el Frente por la Victoria dijeron que este proyecto era perfectible. Si es así, y todos los que estamos acá estamos buscando un muy buen proyecto, que sea aprobado por unanimidad, ¿por qué aceleramos tanto los plazos? ¿Quién nos está corriendo? ¿Qué necesidad hay de sesionar el otro miércoles para tratar el asunto? ¿Por qué no podemos hacer un par de reuniones de comisión adicionales para debatir, estudiar el proyecto y escuchar a las entidades? ¿Para qué vamos a hacer venir a la gente a hablar si los dictámenes ya han sido firmados? La verdad es que yo no le encuentro sentido a esto. Yo voy a firmar hoy o mañana un proyecto y si viene alguien hoy o mañana y me dice algo que realmente cambia mi opinión, no lo puedo introducir en el dictamen y lo debo cambiar durante la sesión. Todos sabemos que cuando se modifican los dictámenes sobre tablas, se cometen errores.
No hay nadie que nos esté apurando. El ministro no vino aquí en representación del Poder Ejecutivo diciendo que necesita contar con este proyecto sancionado en 15 días. Por favor, trabajemos como corresponde, como usualmente trabajamos en la Comisión de Legislación del Trabajo.
SR. PRESIDENTE RECALDE Son tres las comisiones que están reunidas.
SR. OBIGLIO La Comisión de Legislación del Trabajo es cabecera, la que va marcando el ritmo. En esta comisión siempre buscamos el consenso, los asesores trabajan los textos artículo por artículo. Nadie nos corre. Es un tema crucial. Hay soluciones intermedias, no todo es malo o bueno.
Tomo lo que dijeron el ministro y la diputada por el Frente para la Victoria en el sentido de que es un proyecto perfectible. Mi propuesta es que lo hagamos perfecto.
Tomo lo que dijeron el ministro y la diputada por el Frente para la Victoria en el sentido de que es un proyecto perfectible. Mi propuesta es que lo hagamos perfecto.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado De Gennaro.
SR. DE GENNARO Me parece que estamos alabando a la Comisión de Legislación del Trabajo, pero esto no va en desmedro de las otras comisiones.
SR. FELETTI Les quería agradecer. (Risas.)
SR. DE GENNARO No integro las otras comisiones, por lo que me eximo de opinar cómo funcionan.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. DE GENNARO No vamos a cuestionar a las otras comisiones, pero me parece que hay que tomar una decisión. El sentido común daría razón a que nadie presente dictamen, que escuchemos todas las voces y que después presentemos los dictámenes, por respecto a los invitados que van a venir.
Si hiciéramos esto, haría falta hacer un listado mínimo de organizaciones, y me animo a decírselo a quienes se quieran anotar ante la Comisión de Legislación del Trabajo porque me parece importante. Ahora si todos saben que todo está resuelto es venir a aullar a la luna. Me parece que por respeto, en vez de aullar a la luna acá, lo van a hacer enfrente. En ese sentido creo que hay que tomar una decisión.
Por la sanidad de todos los que estamos discutiendo, me gustaría que se tomara la decisión de no presentar dictámenes para que después no haya algunos que ingresan a la Imprenta y otros no.
Escuchemos a todas las autoridades, que son importantes, y después discutamos.
Ahora, si ya está tomada la decisión, digan claramente que el martes venga quien quiera porque, por lo menos el oficialismo, no va a dar importancia a lo que se plantee.
Por otro lado, sería bueno que garanticen la impresión a quienes no presentemos el dictamen porque tal vez modifiquemos alguna cosa en función de lo que escuchemos. Si la impresión no es posible, hay que presentarlo igual con todos los problemas planteados por el señor diputado, que me parecen que son de sentido común.
Si hiciéramos esto, haría falta hacer un listado mínimo de organizaciones, y me animo a decírselo a quienes se quieran anotar ante la Comisión de Legislación del Trabajo porque me parece importante. Ahora si todos saben que todo está resuelto es venir a aullar a la luna. Me parece que por respeto, en vez de aullar a la luna acá, lo van a hacer enfrente. En ese sentido creo que hay que tomar una decisión.
Por la sanidad de todos los que estamos discutiendo, me gustaría que se tomara la decisión de no presentar dictámenes para que después no haya algunos que ingresan a la Imprenta y otros no.
Escuchemos a todas las autoridades, que son importantes, y después discutamos.
Ahora, si ya está tomada la decisión, digan claramente que el martes venga quien quiera porque, por lo menos el oficialismo, no va a dar importancia a lo que se plantee.
Por otro lado, sería bueno que garanticen la impresión a quienes no presentemos el dictamen porque tal vez modifiquemos alguna cosa en función de lo que escuchemos. Si la impresión no es posible, hay que presentarlo igual con todos los problemas planteados por el señor diputado, que me parecen que son de sentido común.
SR. PRESIDENTE RECALDE Existe un principio jurídico que dice: Nemo dat quod non habet y significa que uno no puede dar lo que no tiene.
Creo que este es un tema de la Comisión de Labor Parlamentaria pero mi experiencia como legislador en estos años me indica que en el recinto muchas veces hemos logrado incorporar alguna modificación.
Recuerdo una discusión entre dos diputados mandato cumplido, Guillermo Pereyra por la provincia de Mendoza y el inolvidable Fernando Iglesias de la Coalición Cívica. A pesar de los denuestos que hizo en esa discusión recuerdo yendo de banca en banca para tratar de buscar una solución en la que se armonizaron dos posiciones contradictorias.
Personalmente creo que "París bien vale una misa" y que por más que haya una resolución si escuchamos, si hay otros dictámenes en minoría y se advierte que existe una alternativa, debemos agotar todas las posibilidades.
Como suelo decir -y el señor diputado De Gennaro lo tiene muy en claro- me comprometo a esfuerzos, no a resultados.
Creo que este es un tema de la Comisión de Labor Parlamentaria pero mi experiencia como legislador en estos años me indica que en el recinto muchas veces hemos logrado incorporar alguna modificación.
Recuerdo una discusión entre dos diputados mandato cumplido, Guillermo Pereyra por la provincia de Mendoza y el inolvidable Fernando Iglesias de la Coalición Cívica. A pesar de los denuestos que hizo en esa discusión recuerdo yendo de banca en banca para tratar de buscar una solución en la que se armonizaron dos posiciones contradictorias.
Personalmente creo que "París bien vale una misa" y que por más que haya una resolución si escuchamos, si hay otros dictámenes en minoría y se advierte que existe una alternativa, debemos agotar todas las posibilidades.
Como suelo decir -y el señor diputado De Gennaro lo tiene muy en claro- me comprometo a esfuerzos, no a resultados.
SR. DE GENNARO No solamente lo sé, lo he sufrido.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado Feletti y luego el señor diputado Mouillerón.
SR. FELETTI Por una cuestión de orden práctico aconsejo a la oposición que presenten los dictámenes de minoría dentro de las veinticuatro horas.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. MOUILLERÓN No voy a agregar mucho más de lo que ya se ha dicho, sólo una expresión de tipo personal que tiene más que ver con el funcionamiento de la Cámara.
Considero que un proyecto de ley de la significación del que estamos tratando merece que nos demos un poco más de tiempo y con esto reitero algo de lo que ya mencionó el señor diputado Obiglio.
La modificación de esta norma estuvo cajoneada durante mucho tiempo y sobre ella existen muchos proyectos, pero en verdad éramos respetuosos de no tratarla porque hablábamos de su envergadura y de que el Poder Ejecutivo estaba trabajando en un proyecto de ley, sobre el que pedimos información pero que no se nos puso en conocimiento. Fuimos pacientes porque sabemos que se trata de una ley muy importante.
En mi opinión no podemos tratar estas cosas de manera atropellada ni con celeridad. Hasta ahora esta ley no tenía patrones ni dueños, nadie quería hacerse cargo de ella por lo que había traído como consecuencia para los trabajadores. Me temo que ahora van a empezar a aparecer algunos dueños y estoy seguro de que no están de acuerdo con ella.
Estoy convencido de que muchos compañeros del Frente para la Victoria que votaron esta norma no están de acuerdo con ella porque vieron cómo fracasó.
¿Qué es lo que nos apura? ¿Un compromiso con algún sector patronal? No creo que la señora presidenta haya hecho un pacto de maldad para con los trabajadores.
Por el contrario, creo que quiere corregir el rumbo seriamente porque de esto conoce; recordemos que en su momento se negó a dar su voto a la ley vigente. ¿Entonces ahora la va a dejar en pie?
¿En verdad piensan que con el artículo 4° o la derogación del artículo 39 de la ley se va a solucionar el problema? Sólo un ingenuo puede creer eso.
Fui ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires y vi las consecuencias que traen medidas de esta naturaleza; incluso recuerdo que manteníamos discusiones sobre el tema con casi todos los dirigentes gremiales.
Pienso que nos estamos apurando y que nos vamos a equivocar. Sinceramente les digo que no quiero ser el dueño de esta ley y que hago esfuerzos por entenderla. Conozco al señor ministro Tomada y al señor superintendente González Gaviola, y sé que no proponen esta iniciativa para perjudicar a alguien. Pero van a perjudicar.
Hay proyectos muy importantes que hoy están en tratamiento en las comisiones. Entonces, si estamos hablando de una norma tan significativa, ¿por qué no nos tomamos, no digo un mes, pero sí quince días seguidos para analizarlos? Las tres comisiones cuentan con gente muy capacitada. ¿Por qué apurarnos? ¿Porque el Senado ya dio su sanción? Estoy seguro de que si hablo con algunos senadores que votaron a favor, me dirán que ya no están tan de acuerdo. Lo digo porque he escuchado y leído algunos comentarios.
Todos coincidimos en que la ley vigente debe ser corregida. Entonces, ¿por qué nos apuramos? Si me preguntan si en general estoy de acuerdo con el texto del proyecto en consideración, mi respuesta es que sí. ¡Claro que estoy de acuerdo, porque hay que corregir la ley vigente! ¿Pero ésta es la corrección? Nos vamos a equivocar, y me temo que deberemos pagar las consecuencias por haber sancionado esta iniciativa.
El señor ministro hizo referencia al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre servicio doméstico. ¿Sabe cuánto trabajamos sobre esa iniciativa? ¡Años! La sancionamos por unanimidad y ahora está parada en el Senado.
¿Qué nos pasa con las cuestiones laborales? La Comisión de Legislación del Trabajo se reúne todas las semanas, y entiendo que las otras también. Entonces, ¿no podemos tomarnos quince días para debatir el tema y escuchar las distintas opiniones?
Se ha dicho que no es significativa la reducción de algunas comisiones; sin embargo, advierto que algunas situaciones que se están viviendo en el país son consecuencia de la disminución de las comisiones y sueldos a algunos trabajadores. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Acaso quienes venden seguros o realizan tareas de control en empresas productivas no son trabajadores? ¿Entonces por qué se rebajan sus comisiones? ¿Por qué se nos ocurre que de esa manera es posible achicar el costo laboral?
Hay situaciones en esta materia que sinceramente me parecen rayanas con la locura. El hecho de que el reclamo deba hacerse ante la Justicia civil y se elimine para el trabajador la posibilidad de la doble vía, ¿no les hace pensar en algo? ¿Por qué sacarla de ese ámbito? Formo parte de la Comisión de Legislación del Trabajo; sé lo mucho que se hizo y también lo que sostiene la Corte al respecto. Entonces me pregunto: ¿por qué cambiar este procedimiento, así porque sí?
Pienso que el tema requiere de una reflexión mucho mayor. Las chicanas -si hiciste esto o lo otro, si votaste a favor o en contra, si antes ocupabas el mismo cargo que hoy y lo dejaste pasar, etcétera-, sinceramente no tienen sentido. La norma servirá si con ella se puede defender a los trabajadores y, sobre todo, si realmente apunta a la prevención, un aspecto que advierto se está soslayando.
Estoy seguro de que tanto el doctor Tomada como el doctor González Gaviola están preocupados por lo preventivo. No es el tema de este proyecto, que apunta a atender sólo una parte de las consecuencias que trajo una pésima ley que sigue en pie.
Espero que el próximo martes escuchemos a todos. Quien quiera presentar su propio dictamen, que lo haga; no hay problema. Un dictamen se puede cambiar por otro. Yo he firmado un despacho de comisión, pero no tendría inconveniente alguno en modificar mi actitud en pos de lograr un texto con un consenso mayor, que se traduzca en una ley apoyada por toda la Cámara.
Conozco la paciencia que el señor diputado Recalde ha tenido respecto de este tema, y recuerdo además que la discusión sobre otros proyectos ha llevado mucho tiempo porque había dudas. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo ahora? Sinceramente, no encuentro explicación.
Tampoco creo, reitero, que haya un compromiso de maldad para perjudicar a los trabajadores. No soy tan tonto; simplemente creo que se actúa en forma apresurada y que estamos en una suerte de gata parida -pido disculpas por la expresión-, donde aquello que no se hizo durante esta gestión no sirve y quien no está de acuerdo con algo es un "contreras", un "gorila" o un neoliberal.
La verdad es que la cosa pasa por otro lado, no por ese tipo de discusión.
Espero que prime la sensatez y que el martes próximo las tres comisiones estén predispuestas a escuchar a quienes vengan a opinar sobre este tema. Y si algo tenemos que modificar, que lo hagamos, más allá de que entiendo cuál es el procedimiento político de la mayoría; en mi opinión, se equivocan, no sirve.
Del mismo modo que no sirvió lo que se hizo con la modificación del Renatre, y si no vean los números. Ese fue un gravísimo error, sé que muchos lo votaron y no estaban de acuerdo. Hoy estamos pagando las consecuencias y pueden preguntar a los propios trabajadores.
De todas maneras, reconozco que a veces las necesidades hacen que surjan leyes que no son las queridas.
Considero que un proyecto de ley de la significación del que estamos tratando merece que nos demos un poco más de tiempo y con esto reitero algo de lo que ya mencionó el señor diputado Obiglio.
La modificación de esta norma estuvo cajoneada durante mucho tiempo y sobre ella existen muchos proyectos, pero en verdad éramos respetuosos de no tratarla porque hablábamos de su envergadura y de que el Poder Ejecutivo estaba trabajando en un proyecto de ley, sobre el que pedimos información pero que no se nos puso en conocimiento. Fuimos pacientes porque sabemos que se trata de una ley muy importante.
En mi opinión no podemos tratar estas cosas de manera atropellada ni con celeridad. Hasta ahora esta ley no tenía patrones ni dueños, nadie quería hacerse cargo de ella por lo que había traído como consecuencia para los trabajadores. Me temo que ahora van a empezar a aparecer algunos dueños y estoy seguro de que no están de acuerdo con ella.
Estoy convencido de que muchos compañeros del Frente para la Victoria que votaron esta norma no están de acuerdo con ella porque vieron cómo fracasó.
¿Qué es lo que nos apura? ¿Un compromiso con algún sector patronal? No creo que la señora presidenta haya hecho un pacto de maldad para con los trabajadores.
Por el contrario, creo que quiere corregir el rumbo seriamente porque de esto conoce; recordemos que en su momento se negó a dar su voto a la ley vigente. ¿Entonces ahora la va a dejar en pie?
¿En verdad piensan que con el artículo 4° o la derogación del artículo 39 de la ley se va a solucionar el problema? Sólo un ingenuo puede creer eso.
Fui ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires y vi las consecuencias que traen medidas de esta naturaleza; incluso recuerdo que manteníamos discusiones sobre el tema con casi todos los dirigentes gremiales.
Pienso que nos estamos apurando y que nos vamos a equivocar. Sinceramente les digo que no quiero ser el dueño de esta ley y que hago esfuerzos por entenderla. Conozco al señor ministro Tomada y al señor superintendente González Gaviola, y sé que no proponen esta iniciativa para perjudicar a alguien. Pero van a perjudicar.
Hay proyectos muy importantes que hoy están en tratamiento en las comisiones. Entonces, si estamos hablando de una norma tan significativa, ¿por qué no nos tomamos, no digo un mes, pero sí quince días seguidos para analizarlos? Las tres comisiones cuentan con gente muy capacitada. ¿Por qué apurarnos? ¿Porque el Senado ya dio su sanción? Estoy seguro de que si hablo con algunos senadores que votaron a favor, me dirán que ya no están tan de acuerdo. Lo digo porque he escuchado y leído algunos comentarios.
Todos coincidimos en que la ley vigente debe ser corregida. Entonces, ¿por qué nos apuramos? Si me preguntan si en general estoy de acuerdo con el texto del proyecto en consideración, mi respuesta es que sí. ¡Claro que estoy de acuerdo, porque hay que corregir la ley vigente! ¿Pero ésta es la corrección? Nos vamos a equivocar, y me temo que deberemos pagar las consecuencias por haber sancionado esta iniciativa.
El señor ministro hizo referencia al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre servicio doméstico. ¿Sabe cuánto trabajamos sobre esa iniciativa? ¡Años! La sancionamos por unanimidad y ahora está parada en el Senado.
¿Qué nos pasa con las cuestiones laborales? La Comisión de Legislación del Trabajo se reúne todas las semanas, y entiendo que las otras también. Entonces, ¿no podemos tomarnos quince días para debatir el tema y escuchar las distintas opiniones?
Se ha dicho que no es significativa la reducción de algunas comisiones; sin embargo, advierto que algunas situaciones que se están viviendo en el país son consecuencia de la disminución de las comisiones y sueldos a algunos trabajadores. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Acaso quienes venden seguros o realizan tareas de control en empresas productivas no son trabajadores? ¿Entonces por qué se rebajan sus comisiones? ¿Por qué se nos ocurre que de esa manera es posible achicar el costo laboral?
Hay situaciones en esta materia que sinceramente me parecen rayanas con la locura. El hecho de que el reclamo deba hacerse ante la Justicia civil y se elimine para el trabajador la posibilidad de la doble vía, ¿no les hace pensar en algo? ¿Por qué sacarla de ese ámbito? Formo parte de la Comisión de Legislación del Trabajo; sé lo mucho que se hizo y también lo que sostiene la Corte al respecto. Entonces me pregunto: ¿por qué cambiar este procedimiento, así porque sí?
Pienso que el tema requiere de una reflexión mucho mayor. Las chicanas -si hiciste esto o lo otro, si votaste a favor o en contra, si antes ocupabas el mismo cargo que hoy y lo dejaste pasar, etcétera-, sinceramente no tienen sentido. La norma servirá si con ella se puede defender a los trabajadores y, sobre todo, si realmente apunta a la prevención, un aspecto que advierto se está soslayando.
Estoy seguro de que tanto el doctor Tomada como el doctor González Gaviola están preocupados por lo preventivo. No es el tema de este proyecto, que apunta a atender sólo una parte de las consecuencias que trajo una pésima ley que sigue en pie.
Espero que el próximo martes escuchemos a todos. Quien quiera presentar su propio dictamen, que lo haga; no hay problema. Un dictamen se puede cambiar por otro. Yo he firmado un despacho de comisión, pero no tendría inconveniente alguno en modificar mi actitud en pos de lograr un texto con un consenso mayor, que se traduzca en una ley apoyada por toda la Cámara.
Conozco la paciencia que el señor diputado Recalde ha tenido respecto de este tema, y recuerdo además que la discusión sobre otros proyectos ha llevado mucho tiempo porque había dudas. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo ahora? Sinceramente, no encuentro explicación.
Tampoco creo, reitero, que haya un compromiso de maldad para perjudicar a los trabajadores. No soy tan tonto; simplemente creo que se actúa en forma apresurada y que estamos en una suerte de gata parida -pido disculpas por la expresión-, donde aquello que no se hizo durante esta gestión no sirve y quien no está de acuerdo con algo es un "contreras", un "gorila" o un neoliberal.
La verdad es que la cosa pasa por otro lado, no por ese tipo de discusión.
Espero que prime la sensatez y que el martes próximo las tres comisiones estén predispuestas a escuchar a quienes vengan a opinar sobre este tema. Y si algo tenemos que modificar, que lo hagamos, más allá de que entiendo cuál es el procedimiento político de la mayoría; en mi opinión, se equivocan, no sirve.
Del mismo modo que no sirvió lo que se hizo con la modificación del Renatre, y si no vean los números. Ese fue un gravísimo error, sé que muchos lo votaron y no estaban de acuerdo. Hoy estamos pagando las consecuencias y pueden preguntar a los propios trabajadores.
De todas maneras, reconozco que a veces las necesidades hacen que surjan leyes que no son las queridas.
SR. PRESIDENTE RECALDE Si ningún otro señor diputado quiere hacer uso de la palabra, damos por finalizada la reunión. Nos reencontramos el próximo martes a las 14.
- Es la hora 16 y 51.