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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
- LEGISLACION DEL TRABAJO
Reunión del día 13/02/2017
- REUNIÓN PLENARIA
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero de 2017, a la hora 17 y 24:
SR. PRESIDENTE ROBERTI Habiendo quórum, damos comienzo a la reunión plenaria convocada por la Comisión de Legislación del Trabajo conjuntamente con la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por el señor diputado Laspina.
En el temario de hoy se encuentra para su tratamiento el expediente 0323-s-2016, proyecto de ley en revisión por el que se establece un régimen complementario a la ley 24.557 sobre riesgos del trabajo.
Se encuentra abierto el registro para que las señoras y señores diputados que lo deseen puedan hacer uso de la palabra, podrán anotarse dirigiéndose a la Secretaría de la comisión.
Asimismo, quisiera hacer un comentario respecto de la situación establecida antes de que llegara esta modificación que nos convoca a reunirnos hoy, durante el período extraordinario de sesiones, habida cuenta de lo que fuera el decreto 54/2017 del Poder Ejecutivo, que no daba la posibilidad a la Cámara de Diputados de la Nación de emitir juicio de valor.
Asimismo había una disposición que a mi gusto no era la más adecuada y estimo que la mayoría de los legisladores acompañará mi posición. Creo que la Cámara de Diputados de la Nación, representada por señoras y señores diputados, está a la altura de las circunstancias y podrá dar el debate en todo momento, especialmente ahora, a fin de tratar un tema tan urticante, con tanta litigiosidad y que ocasiona tanto problema en el mundo laboral. Entendemos que la réplica de un proyecto dado en un decreto del Poder Ejecutivo no solo pone en demérito los valores del legislador sino que para nada ayuda a los trabajadores ni descontractura el régimen de litigiosidad. Todos sabemos que una ley tiene más valor que un decreto y efectivamente los trámites para declarar la inconstitucionalidad y los pedidos de los abogados para que esta iniciativa quedara fuera de carrera iban a multiplicarse.
Entendemos que la corrección realizada por el Poder Ejecutivo nacional convocando a sesiones extraordinarias a fin de que se trate este complemento a la ley de riesgos del trabajo pone las cosas en su justo lugar.
Aclaro que lo dicho recientemente no lo hago en mi condición de presidente de comisión sino simplemente como diputado de la Nación. Insisto que ningún tema debe ser obviado del trámite de la discusión parlamentaria y menos aún uno tan sensible. Como todos sabemos, el Congreso es el que legisla.
Dicho esto, ponemos en consideración el proyecto de ley en revisión por el cual se establece la posibilidad de implementar las comisiones médicas interjurisdiccionales para tratar con carácter excluyente la situación previa y que no siga ocurriendo que prácticamente todo es judiciable y atacable en esos términos.
Más allá del debate que seguramente se va a dar, -lo veo regularmente en mi mundo laboral-, entendemos que el trabajador, que es el más perjudicado, es el que menos está alcanzado por los valores y por los efectos positivos de la ley. Esto es, en sí mismo, una situación que queda planteada como un efecto de alto valor de litigio y de poca remuneración o de puesta en valor rápida para los trabajadores.
Por ello entendemos que este proyecto viene a reducir la litigiosidad, que es la causa principal del aumento de las cuotas de la ART al inicio del sistema -algo que conspira claramente con su sustentabilidad- y de esta manera se contribuye a tener un trabajo más decente y más digno en la República Argentina.
Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señor diputado Laspina.
En el temario de hoy se encuentra para su tratamiento el expediente 0323-s-2016, proyecto de ley en revisión por el que se establece un régimen complementario a la ley 24.557 sobre riesgos del trabajo.
Se encuentra abierto el registro para que las señoras y señores diputados que lo deseen puedan hacer uso de la palabra, podrán anotarse dirigiéndose a la Secretaría de la comisión.
Asimismo, quisiera hacer un comentario respecto de la situación establecida antes de que llegara esta modificación que nos convoca a reunirnos hoy, durante el período extraordinario de sesiones, habida cuenta de lo que fuera el decreto 54/2017 del Poder Ejecutivo, que no daba la posibilidad a la Cámara de Diputados de la Nación de emitir juicio de valor.
Asimismo había una disposición que a mi gusto no era la más adecuada y estimo que la mayoría de los legisladores acompañará mi posición. Creo que la Cámara de Diputados de la Nación, representada por señoras y señores diputados, está a la altura de las circunstancias y podrá dar el debate en todo momento, especialmente ahora, a fin de tratar un tema tan urticante, con tanta litigiosidad y que ocasiona tanto problema en el mundo laboral. Entendemos que la réplica de un proyecto dado en un decreto del Poder Ejecutivo no solo pone en demérito los valores del legislador sino que para nada ayuda a los trabajadores ni descontractura el régimen de litigiosidad. Todos sabemos que una ley tiene más valor que un decreto y efectivamente los trámites para declarar la inconstitucionalidad y los pedidos de los abogados para que esta iniciativa quedara fuera de carrera iban a multiplicarse.
Entendemos que la corrección realizada por el Poder Ejecutivo nacional convocando a sesiones extraordinarias a fin de que se trate este complemento a la ley de riesgos del trabajo pone las cosas en su justo lugar.
Aclaro que lo dicho recientemente no lo hago en mi condición de presidente de comisión sino simplemente como diputado de la Nación. Insisto que ningún tema debe ser obviado del trámite de la discusión parlamentaria y menos aún uno tan sensible. Como todos sabemos, el Congreso es el que legisla.
Dicho esto, ponemos en consideración el proyecto de ley en revisión por el cual se establece la posibilidad de implementar las comisiones médicas interjurisdiccionales para tratar con carácter excluyente la situación previa y que no siga ocurriendo que prácticamente todo es judiciable y atacable en esos términos.
Más allá del debate que seguramente se va a dar, -lo veo regularmente en mi mundo laboral-, entendemos que el trabajador, que es el más perjudicado, es el que menos está alcanzado por los valores y por los efectos positivos de la ley. Esto es, en sí mismo, una situación que queda planteada como un efecto de alto valor de litigio y de poca remuneración o de puesta en valor rápida para los trabajadores.
Por ello entendemos que este proyecto viene a reducir la litigiosidad, que es la causa principal del aumento de las cuotas de la ART al inicio del sistema -algo que conspira claramente con su sustentabilidad- y de esta manera se contribuye a tener un trabajo más decente y más digno en la República Argentina.
Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señor diputado Laspina.
SR. LASPINA Señor presidente, señores diputados: quería acotar que el Poder Ejecutivo nacional ha dado sus explicaciones en cuanto a la necesidad y urgencia de tener vigente esta ley en la Argentina antes de la finalización de la feria judicial de enero.
Según datos que me llegaron hoy de la ciudad de Rosario, el día 1° de febrero ingresaron a los tribunales de dicha ciudad 400 expedientes por accidentes laborales y en lo que va del mes, ingresaron más de 1.200.
Eso muestra algo que ya veníamos viendo. Me refiero a una caída en la siniestralidad, pero al mismo tiempo una aceleración muy marcada en la litigiosidad en materia de accidentes laborales.
Por ello, el Poder Ejecutivo entendió que esta ley debía regir cuanto antes, a partir de un decreto de necesidad y urgencia, pero por supuesto evaluó que debía ser refrendado por el Congreso de la Nación.
Ese fue el motivo por el cual se convocó a sesiones extraordinarias, con la esperanza de que podamos tener una reforma que pueda frenar, como decía recién, esta enorme litigiosidad que va en perjuicio fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas, que son las que no tienen espalda financiera para soportar la industria del juicio, que beneficia muchas veces a algunos abogados y peritos, más que a los propios trabajadores. Pero además, perjudica a los trabajadores en la medida en que las alícuotas o las primas de riesgo que se pagan son cada día más altas. Eso atenta contra el bolsillo del trabajador y contra la creación de empleos de calidad en el sector formal.
De modo tal que creo que está dado el marco para iniciar este debate en el Congreso de la Nación -como debe ser-, sabiendo que tenemos un mínimo resguardo de que podemos evitar la avalancha de juicios que se nos venía si se hubiese procedido de otra manera.
Con estas consideraciones, señor presidente, si a usted le parece damos inicio al debate.
Según datos que me llegaron hoy de la ciudad de Rosario, el día 1° de febrero ingresaron a los tribunales de dicha ciudad 400 expedientes por accidentes laborales y en lo que va del mes, ingresaron más de 1.200.
Eso muestra algo que ya veníamos viendo. Me refiero a una caída en la siniestralidad, pero al mismo tiempo una aceleración muy marcada en la litigiosidad en materia de accidentes laborales.
Por ello, el Poder Ejecutivo entendió que esta ley debía regir cuanto antes, a partir de un decreto de necesidad y urgencia, pero por supuesto evaluó que debía ser refrendado por el Congreso de la Nación.
Ese fue el motivo por el cual se convocó a sesiones extraordinarias, con la esperanza de que podamos tener una reforma que pueda frenar, como decía recién, esta enorme litigiosidad que va en perjuicio fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas, que son las que no tienen espalda financiera para soportar la industria del juicio, que beneficia muchas veces a algunos abogados y peritos, más que a los propios trabajadores. Pero además, perjudica a los trabajadores en la medida en que las alícuotas o las primas de riesgo que se pagan son cada día más altas. Eso atenta contra el bolsillo del trabajador y contra la creación de empleos de calidad en el sector formal.
De modo tal que creo que está dado el marco para iniciar este debate en el Congreso de la Nación -como debe ser-, sabiendo que tenemos un mínimo resguardo de que podemos evitar la avalancha de juicios que se nos venía si se hubiese procedido de otra manera.
Con estas consideraciones, señor presidente, si a usted le parece damos inicio al debate.
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. AMADEO Señor presidente: por un defecto profesional voy a comenzar hablando de cifras, que son las que marcan claramente un problema ético, un problema de equidad y también un problema político.
Acá no estamos discutiendo, para nada, que se descuiden los derechos de los trabajadores. Las cifras que muestran cómo ha evolucionado el tema de los riesgos de trabajo, simplemente son escandalosas.
Entre 2004 y 2016, la cobertura aumentó en un 40 por ciento. Es decir que más trabajadores tuvieron cobertura de seguro.
La siniestralidad en la industria bajó un 26 por ciento. Esto quiere decir, que las empresas hicieron un mayor esfuerzo por reducir los accidentes de trabajo pero, dentro de ese número, se redujeron más aun los accidentes graves y los que causaban muertes. Sin embargo, la litigiosidad aumentó en estos doce años 2.600 por ciento. En los últimos 14 años, pasamos de 3.000 a 126.000 juicios anuales.
Se trata de un sistema absolutamente perverso que, además, se fue lubricando a sí mismo, porque seguramente los que estaban detrás de este sistema perverso encontraron nuevas vetas jurisprudenciales y procesales para generar este desastre.
Además, señor presidente, este tema tuvo un impacto clarísimo en la generación de empleo, sobre todo de las pymes.
No es gratis ni caprichoso que alrededor del mes de julio o agosto, citadas por el compañero De Mendiguren, más de doscientas pequeñas pymes -se traba de panaderos, carpinteros y herreros- se convocaran en la Cámara para pedir que por favor aprobáramos este proyecto de ley. Allí nos contaron que en 1996 la cuota de las ART estaba en promedio en el 1,9 por ciento de la masa salarial. Hoy se encuentra entre el 5 y el 12 por ciento, pero cuanto más chica es la empresa es peor la tasa; no sé por qué ocurre esto. Claramente este aumento del 2.600 por ciento en la siniestralidad no colaboró con la creación de trabajo ni con el trabajo en blanco. Así lo manifestaron estos empresarios pyme.
Un señor, dueño de una pequeña panadería, dijo que si él o su abogado laboralista se equivocaban con respecto a este tema, le costaba dos generaciones de trabajo.
Nosotros estamos convencidos de que la industria necesita competitividad para la empleabilidad. Si somos más eficientes y bajamos los costos, sobre todo los innecesarios, habrá más empleo en blanco. No habrá empleo en blanco si el sistema se dedica a alimentar caranchos.
Este proyecto tiene muchas cosas positivas, entre otras, además de establecer la entrada por el lado de los médicos, establece que estos deben pertenecer al cuerpo forense, para que no sean los amigos del sistema.
Me tocó estar presente por casualidad en una reunión en la que varias empresas de ART vinieron a pedir ayuda porque están quebradas, porque el monto de los juicios contingentes triplica el capital. En este momento no puedo decir de cuántos miles de millones estamos hablando. La solución a este problema era que el Tesoro aportara dinero. Esto significa inyectar plata para el sistema de ART para que saliera por el otro lado; tal como dijo el diputado Laspina recién, para que haya 400 juicios más en Rosario. La plata de los pobres, la usamos para lubricar el sistema a fin de que, cuando sale, engorde a los ricos.
El sistema está quebrado. Por lo tanto, señor presidente, si no aprobamos este proyecto de ley y todo sigue igual, dentro de poco tiempo los trabajadores no tendrán seguro, porque las empresas aseguradoras estarán quebradas. Entonces, quiero ser enfático en que con este proyecto de ley estamos protegiendo a los trabajadores.
Para finalizar, quiero hacer un planteo entre ético y político. Estamos discutiendo sobre la equidad, estamos discutiendo algo que los economistas llamamos las "rentas"; yo agregaría que se trata de las "rentas mafiosas". En nuestro país, está lleno de sectores que viven a costa de los otros que, casualmente no son los ricos sino los pobres. Los caranchos son oligarcas que prostituyen los derechos de las personas en beneficio propio; son los que subieron la litigiosidad, son los que roban al Estado amenazando con que van a cerrar la empresa si les quitamos las protecciones con las cuales se llenan los bolsillos, y vienen todo el tiempo a esta casa.
Son los que traen a esta Cámara proyectos de salud para enriquecer a una corporación médica, desfinanciando al sistema público de salud, que es el que usan los pobres; los que fabrican remedios basura y pretenden vendérselos al PAMI y cuando nosotros paramos la compra de esos remedios basura nos amenazan con que no van a entregar más remedios a las farmacias; los que generan precios escandalosos para proteger sus rentas y cuando se los queremos bajar o colocar un control amenazan con que van a echar trabajadores.
Es decir, se trata de un sistema de caranchos y de inequidad disfrazada de defensa de derechos, es decir, un "carancheo" de guante blanco.
Por eso, señor presidente, tenemos que cuidar a la gente, debemos cuidar a los trabajadores. La compañera Evita dijo: "Donde hay una necesidad, hay un derecho". Si estuviera viva estaría acá, tratando este tema y echando a patadas a los caranchos que se aprovechan de los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente.
Acá no estamos discutiendo, para nada, que se descuiden los derechos de los trabajadores. Las cifras que muestran cómo ha evolucionado el tema de los riesgos de trabajo, simplemente son escandalosas.
Entre 2004 y 2016, la cobertura aumentó en un 40 por ciento. Es decir que más trabajadores tuvieron cobertura de seguro.
La siniestralidad en la industria bajó un 26 por ciento. Esto quiere decir, que las empresas hicieron un mayor esfuerzo por reducir los accidentes de trabajo pero, dentro de ese número, se redujeron más aun los accidentes graves y los que causaban muertes. Sin embargo, la litigiosidad aumentó en estos doce años 2.600 por ciento. En los últimos 14 años, pasamos de 3.000 a 126.000 juicios anuales.
Se trata de un sistema absolutamente perverso que, además, se fue lubricando a sí mismo, porque seguramente los que estaban detrás de este sistema perverso encontraron nuevas vetas jurisprudenciales y procesales para generar este desastre.
Además, señor presidente, este tema tuvo un impacto clarísimo en la generación de empleo, sobre todo de las pymes.
No es gratis ni caprichoso que alrededor del mes de julio o agosto, citadas por el compañero De Mendiguren, más de doscientas pequeñas pymes -se traba de panaderos, carpinteros y herreros- se convocaran en la Cámara para pedir que por favor aprobáramos este proyecto de ley. Allí nos contaron que en 1996 la cuota de las ART estaba en promedio en el 1,9 por ciento de la masa salarial. Hoy se encuentra entre el 5 y el 12 por ciento, pero cuanto más chica es la empresa es peor la tasa; no sé por qué ocurre esto. Claramente este aumento del 2.600 por ciento en la siniestralidad no colaboró con la creación de trabajo ni con el trabajo en blanco. Así lo manifestaron estos empresarios pyme.
Un señor, dueño de una pequeña panadería, dijo que si él o su abogado laboralista se equivocaban con respecto a este tema, le costaba dos generaciones de trabajo.
Nosotros estamos convencidos de que la industria necesita competitividad para la empleabilidad. Si somos más eficientes y bajamos los costos, sobre todo los innecesarios, habrá más empleo en blanco. No habrá empleo en blanco si el sistema se dedica a alimentar caranchos.
Este proyecto tiene muchas cosas positivas, entre otras, además de establecer la entrada por el lado de los médicos, establece que estos deben pertenecer al cuerpo forense, para que no sean los amigos del sistema.
Me tocó estar presente por casualidad en una reunión en la que varias empresas de ART vinieron a pedir ayuda porque están quebradas, porque el monto de los juicios contingentes triplica el capital. En este momento no puedo decir de cuántos miles de millones estamos hablando. La solución a este problema era que el Tesoro aportara dinero. Esto significa inyectar plata para el sistema de ART para que saliera por el otro lado; tal como dijo el diputado Laspina recién, para que haya 400 juicios más en Rosario. La plata de los pobres, la usamos para lubricar el sistema a fin de que, cuando sale, engorde a los ricos.
El sistema está quebrado. Por lo tanto, señor presidente, si no aprobamos este proyecto de ley y todo sigue igual, dentro de poco tiempo los trabajadores no tendrán seguro, porque las empresas aseguradoras estarán quebradas. Entonces, quiero ser enfático en que con este proyecto de ley estamos protegiendo a los trabajadores.
Para finalizar, quiero hacer un planteo entre ético y político. Estamos discutiendo sobre la equidad, estamos discutiendo algo que los economistas llamamos las "rentas"; yo agregaría que se trata de las "rentas mafiosas". En nuestro país, está lleno de sectores que viven a costa de los otros que, casualmente no son los ricos sino los pobres. Los caranchos son oligarcas que prostituyen los derechos de las personas en beneficio propio; son los que subieron la litigiosidad, son los que roban al Estado amenazando con que van a cerrar la empresa si les quitamos las protecciones con las cuales se llenan los bolsillos, y vienen todo el tiempo a esta casa.
Son los que traen a esta Cámara proyectos de salud para enriquecer a una corporación médica, desfinanciando al sistema público de salud, que es el que usan los pobres; los que fabrican remedios basura y pretenden vendérselos al PAMI y cuando nosotros paramos la compra de esos remedios basura nos amenazan con que no van a entregar más remedios a las farmacias; los que generan precios escandalosos para proteger sus rentas y cuando se los queremos bajar o colocar un control amenazan con que van a echar trabajadores.
Es decir, se trata de un sistema de caranchos y de inequidad disfrazada de defensa de derechos, es decir, un "carancheo" de guante blanco.
Por eso, señor presidente, tenemos que cuidar a la gente, debemos cuidar a los trabajadores. La compañera Evita dijo: "Donde hay una necesidad, hay un derecho". Si estuviera viva estaría acá, tratando este tema y echando a patadas a los caranchos que se aprovechan de los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente.
Manifestaciones en la sala.
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Raffo.
SR. RAFFO Señor presidente: no quiero discutir porque carezco de datos y creo en la sinceridad del señor diputado Amadeo cuando describe un problema. He practicado la abogacía durante cuarenta años, nunca en el ámbito del derecho laboral, pero sé que muchas de las cosas que él dice son así y lo mismo sucede con los juicios por accidentes de tránsito como puede verse en la película "Carancho" de Pablo Trapero. Caranchos hay muchos y los conozco.
Vamos a ver si esta ley sirve o desnaturaliza los derechos del trabajador y quisiera hacer algunas observaciones breves. El artículo 1° dice: "Dispónese que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención...". El término excluyente quiere decir que el trabajador al que le duele la espalda, va a un médico que le dice que es una enfermedad profesional y le hace un dictamen, no lo puede presentar porque es excluyente y solo la comisión puede conocer sobre la enfermedad del trabajador.
Es decir, el médico -de la obra social o de donde fuere- quien primero atiende al trabajador y hace el dictamen, lo motiva a decir que tiene una enfermedad profesional, pero cuando el trabajador va a reclamar no lo puede demostrar. Me pregunto por qué "excluyente", señor presidente.
En cuanto al artículo 3° establece: "La comisión médica jurisdiccional deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días hábiles administrativos..." y luego agrega: "Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo...", etcétera. Sesenta días hábiles administrativos son tres meses y no se sabe por cuánto tiempo prorrogables, sin límite, no dice prorrogable por una única vez.
Por lo tanto, deja abierta una incertidumbre con respecto al plazo que el trabajador debe esperar para ver si puede o no concurrir a la Justicia por una enfermedad profesional. ¿Está bien esto? Está mal, señor presidente.
Además, nótese una situación que en mi opinión es kafkiana. El artículo 3° entre otras cosas dice: "Todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía prevista en el artículo 2° de la presente ley." Debo decir que el único plazo es para la comisión médica, no para la Comisión Médica Central que debe conocer el recurso de lo que haga la primera comisión, la junta médica. Entonces, la segunda no tiene plazo y si el trabajador recurre no hay plazo para resolver su recurso; pueden ser seis meses, dos o tres años, porque sabemos como son las cuestiones administrativas y hay reclamos que duran ese tiempo.
Sin embargo, lo más curioso es la revisión a que queda expedita la vía prevista en el artículo 2°. Si observamos dicho artículo en él se establece que "las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central". Pero si se venció un plazo y no hay resolución ¿cómo va a objetarse dicha resolución?
Va a decir: "Bueno, yo quiero ejercer la acción que prevé el artículo 2°." Y se le responderá: "Sí, pero el artículo 2° autoriza a objetar una resolución". Y esa misma persona agregará: "Yo vengo porque se venció el plazo y no hay ninguna resolución." A lo que se le señalará: "Espere que la dicte." Y ahí entramos en un círculo en el que el trabajador se ve privado del derecho de recurrir y de la ventaja de que haya un plazo, el que a mi juicio es excesivo pero es un plazo al fin. Entonces desaparece el plazo y el derecho de recurrir.
Por lo expuesto, señor presidente, considero que este proyecto merece una revisión técnica y un análisis para determinar si realmente es el instrumento adecuado para resolver el problema, aclarando que no voy a discutir ahora lo que explicó el diputado Amadeo porque no tengo los datos.
Vamos a ver si esta ley sirve o desnaturaliza los derechos del trabajador y quisiera hacer algunas observaciones breves. El artículo 1° dice: "Dispónese que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención...". El término excluyente quiere decir que el trabajador al que le duele la espalda, va a un médico que le dice que es una enfermedad profesional y le hace un dictamen, no lo puede presentar porque es excluyente y solo la comisión puede conocer sobre la enfermedad del trabajador.
Es decir, el médico -de la obra social o de donde fuere- quien primero atiende al trabajador y hace el dictamen, lo motiva a decir que tiene una enfermedad profesional, pero cuando el trabajador va a reclamar no lo puede demostrar. Me pregunto por qué "excluyente", señor presidente.
En cuanto al artículo 3° establece: "La comisión médica jurisdiccional deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días hábiles administrativos..." y luego agrega: "Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo...", etcétera. Sesenta días hábiles administrativos son tres meses y no se sabe por cuánto tiempo prorrogables, sin límite, no dice prorrogable por una única vez.
Por lo tanto, deja abierta una incertidumbre con respecto al plazo que el trabajador debe esperar para ver si puede o no concurrir a la Justicia por una enfermedad profesional. ¿Está bien esto? Está mal, señor presidente.
Además, nótese una situación que en mi opinión es kafkiana. El artículo 3° entre otras cosas dice: "Todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía prevista en el artículo 2° de la presente ley." Debo decir que el único plazo es para la comisión médica, no para la Comisión Médica Central que debe conocer el recurso de lo que haga la primera comisión, la junta médica. Entonces, la segunda no tiene plazo y si el trabajador recurre no hay plazo para resolver su recurso; pueden ser seis meses, dos o tres años, porque sabemos como son las cuestiones administrativas y hay reclamos que duran ese tiempo.
Sin embargo, lo más curioso es la revisión a que queda expedita la vía prevista en el artículo 2°. Si observamos dicho artículo en él se establece que "las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central". Pero si se venció un plazo y no hay resolución ¿cómo va a objetarse dicha resolución?
Va a decir: "Bueno, yo quiero ejercer la acción que prevé el artículo 2°." Y se le responderá: "Sí, pero el artículo 2° autoriza a objetar una resolución". Y esa misma persona agregará: "Yo vengo porque se venció el plazo y no hay ninguna resolución." A lo que se le señalará: "Espere que la dicte." Y ahí entramos en un círculo en el que el trabajador se ve privado del derecho de recurrir y de la ventaja de que haya un plazo, el que a mi juicio es excesivo pero es un plazo al fin. Entonces desaparece el plazo y el derecho de recurrir.
Por lo expuesto, señor presidente, considero que este proyecto merece una revisión técnica y un análisis para determinar si realmente es el instrumento adecuado para resolver el problema, aclarando que no voy a discutir ahora lo que explicó el diputado Amadeo porque no tengo los datos.
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
SR. LIPOVETZKY Señor presidente: en primer lugar quiero hablar sobre algo muy mencionado en estos tiempos en los que se ha discutido esta ley. Me refiero específicamente a la industria del juicio, que creo que no es el término más adecuado para enmarcar la situación que genera la aplicación de la ley sobre riesgos del trabajo.
Conozco una situación como la que vivimos hoy con este sistema en la que se reduce estadísticamente la cantidad de casos denunciados o muertes por accidente de trabajo y paralelamente aumentan superlativamente los juicios. Esto da la señal de que hay muchas violaciones a la ley o que la ley tiene defectos. En este caso, habiendo visto que se redujo la cantidad de accidentes denunciados, está claro que el problema es que la ley tiene defectos y hay que corregirla.
Si uno analiza las estadísticas y ve que por ejemplo en 1997 hubo 61 siniestros cada mil trabajadores cubiertos y en 2015 hubo 45 siniestros cada mil trabajadores cubiertos y paralelamente los juicios por aplicación de la ley casi se duplicaron en los últimos cuatro años, nota que en realidad el problema no es la cantidad de juicios iniciados sino que es necesario corregir la ley.
¿Por qué es necesario corregir la ley? Justamente porque con las últimas modificaciones realizadas de alguna manera se originó un incentivo legislativo a la iniciación de juicios. En definitiva, esto es un problema sobre todo en lo que tiene que ver con una de las partes fundamentales del sistema de riesgos del trabajo que son las aseguradoras. Este sistema cerrado creado en 1997 justamente establece la obligatoriedad de contar con seguros de accidentes de trabajo, algo que -si hacemos un poco de historia- vemos que antes no ocurría.
Seguramente muchos abogados presentes recordamos la vieja ley 9688 de accidentes de trabajo que fue la primera ley sancionada. Originalmente la norma no preveía la posibilidad de que los empleadores pudieran asegurarse. En la práctica lo que ocurría era que cuando los juicios eran ganados por los trabajadores, ellos no podían percibir las indemnizaciones porque quizás eran impagables para el empleador, por ejemplo cuando se trataba de una pyme.
Así comenzó la necesidad de asegurarse por parte de las empresas. Sin embargo, muchas veces los seguros no eran obligatorios o no cubrían la totalidad de la indemnización, surgió la necesidad de otorgar una cobertura más integral a través de las compañías de seguro contemplando no solamente la cobertura indemnizatoria. Consecuentemente en 1995 se sancionó la ley 24.557 que fue muy polémica y declarada inconstitucional en algunos aspectos de forma correcta. Me refiero por ejemplo al famoso artículo 39 que hablaba de la imposibilidad de que el trabajador pudiera accionar a través de la vía de la acción civil, del viejo artículo 1113 del Código Civil, discriminando al trabajador del resto de los ciudadanos. Esto sucedía porque ley establecía que cualquier ciudadano que sufriera un accidente podía reclamar por esa vía mientras que el trabajador no tenía acceso. Por ello en definitiva el artículo fue declarado inconstitucional por la Justicia, incluida la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Posteriormente a partir de las diferentes modificaciones se fue generando la posibilidad de que el trabajador recurriera a otro sistema. Así llegamos a la última reforma -creo que fue en 2012- que permitió el mayor crecimiento de la litigiosidad.
Por eso la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Senado entiendo que mantiene la lógica de que el trabajador pueda tener la opción de reclamar a través de otro sistema indemnizatorio y no la ley, aunque establece una etapa previa que es la intervención de las comisiones médicas.
De la misma manera, en su momento, se creó una etapa previa para los juicios laborales que no eran por accidentes. Me refiero a cuando se creó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), sobre todo para lo que tiene que ver con los juicios iniciados ante la Justicia Nacional del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como una instancia de conciliación obligatoria previa. Esto, en definitiva, ayudó a bajar la litigiosidad y a que muchos trabajadores pudieran cobrar sus juicios sin la demora de esperar a llegar a una sentencia.
No nos olvidemos que, lamentablemente, en un fuero laboral como el de la Ciudad de Buenos Aires, que está colapsado, muchas veces los juicios de los trabajadores duran muchos años y mientras tanto, ese trabajador, no puede percibir las indemnizaciones. Por eso es que se creó el sistema de conciliación laboral, SECLO, que ayudó a que muchos trabajadores pudieran arreglar sus juicios y cobraran antes de llegar a la instancia judicial.
En el caso de la ley de accidentes de trabajo, eso no ocurría. Por eso, con el sistema que estamos modificando ahora -que es el proyecto de ley que tiene sanción del Senado-, de alguna manera estamos introduciendo una etapa donde el trabajador interviene ante la comisión médica, con algo que se agrega y que nunca hubo, que fue la obligatoriedad de que el trabajador esté acompañado por su abogado, lo cual le da la garantía de estar asesorado suficientemente en ese proceso. Pero además, en caso de que el trabajador no esté de acuerdo con lo resuelto por la comisión médica, tiene la posibilidad de apelar o también, una vez agotado ese procedimiento, poder acceder al otro sistema indemnizatorio si es que no percibió la indemnización correspondiente a través de la ley de riesgos de trabajo.
En definitiva, creo que este proyecto de ley va ayudar a los trabajadores a que tengan expeditos los dos sistemas, reducirá de alguna manera la litigiosidad y también bajará los costos de los seguros.
En ese sentido, cuando hablamos de los empleadores, a veces pareciera que fuera una mala palabra, pero no nos olvidemos que muchos empleadores son pequeñas y medianas empresas y tienen que pagar costos de seguros altísimos. Esto obviamente afecta su desarrollo productivo y, en definitiva, termina afectando no solamente al empleo de la Argentina sino también a los propios trabajadores que trabajan en las pequeñas y medianas empresas.
Por lo tanto, me parece que esta modificación va a ayudar a bajar las alícuotas que cobran las aseguradoras de riesgo de trabajo, que han crecido muchísimo. Al bajar la litigiosidad, seguramente nos vamos a encontrar con una baja en las alícuotas, lo cual va a ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son realmente quienes tienen más problemas para pagar estos seguros.
Más allá de eso, me gustaría agregar el tema de la prevención. Porque acá falta la otra pata. Una pata del asunto es trabajar para sancionar una ley que cubra las necesidades indemnizatorias de los trabajadores en caso de un accidente laboral o alguna enfermedad profesional. Pero también está la pata de la prevención.
En ese sentido la ley es muy clara. Establece un plazo de tres meses para dictar una nueva ley de prevención.
Si bien actualmente hay leyes vigentes, que han ayudado a disminuir la cantidad de accidentes, todavía nos debemos trabajar en una ley que proteja aun más y otorgue más seguridad a los trabajadores. Tenemos una ley antigua de higiene y seguridad. Por eso tenemos que proponernos como Parlamento y cumplir con la manda legislativa del proyecto que estamos aprobando, trabajar en una nueva ley que mejore la prevención, para que cada vez haya menos trabajadores accidentados o fallecidos como consecuencia de su trabajo.
Por lo tanto, señor presidente, creo que estamos aprobando un proyecto que va a ayudar a que los trabajadores puedan percibir las prestaciones establecidas en la ley. Cabe aclarar aquí que las prestaciones no son solamente indemnizaciones, sino que también tienen que ver con las prestaciones médicas -una gran introducción que se hizo en su momento en el sistema de riesgo de trabajo- y en este marco, se ha incorporado en la redacción del proyecto, la posibilidad de que se compensen las coberturas que muchas veces las obras sociales otorgan a los trabajadores accidentados, cuando debería ser una obligación de la aseguradora del riesgo de trabajo. Este es un tema que vienen reclamando muchas obras sociales sindicales y que justamente estamos resolviendo a través de esta ley.
Por lo tanto, señor presidente, creo que estamos frente a un proyecto muy importante. Vamos a avanzar en la cuestión de reducir la litigiosidad, vamos a mejorar las alícuotas de seguros de riesgos de trabajo que pagan las empresas en la Argentina y vamos a reforzar la posibilidad del trabajador de tener dos vías.
Por un lado, a través de la vía administrativa de las comisiones médicas -a fin de lograr en un corto plazo percibir la indemnización que le corresponda- y, por otro lado, por medio de la vía judicial. Si decide optar por ésta última, queremos que la tenga en forma expedita o sea, lo más rápidamente posible.
De alguna manera, queremos fortalecer el sistema, a fin de que continúe funcionando y no tengamos un colapso, tal como hoy describió el diputado Amadeo.
Conozco una situación como la que vivimos hoy con este sistema en la que se reduce estadísticamente la cantidad de casos denunciados o muertes por accidente de trabajo y paralelamente aumentan superlativamente los juicios. Esto da la señal de que hay muchas violaciones a la ley o que la ley tiene defectos. En este caso, habiendo visto que se redujo la cantidad de accidentes denunciados, está claro que el problema es que la ley tiene defectos y hay que corregirla.
Si uno analiza las estadísticas y ve que por ejemplo en 1997 hubo 61 siniestros cada mil trabajadores cubiertos y en 2015 hubo 45 siniestros cada mil trabajadores cubiertos y paralelamente los juicios por aplicación de la ley casi se duplicaron en los últimos cuatro años, nota que en realidad el problema no es la cantidad de juicios iniciados sino que es necesario corregir la ley.
¿Por qué es necesario corregir la ley? Justamente porque con las últimas modificaciones realizadas de alguna manera se originó un incentivo legislativo a la iniciación de juicios. En definitiva, esto es un problema sobre todo en lo que tiene que ver con una de las partes fundamentales del sistema de riesgos del trabajo que son las aseguradoras. Este sistema cerrado creado en 1997 justamente establece la obligatoriedad de contar con seguros de accidentes de trabajo, algo que -si hacemos un poco de historia- vemos que antes no ocurría.
Seguramente muchos abogados presentes recordamos la vieja ley 9688 de accidentes de trabajo que fue la primera ley sancionada. Originalmente la norma no preveía la posibilidad de que los empleadores pudieran asegurarse. En la práctica lo que ocurría era que cuando los juicios eran ganados por los trabajadores, ellos no podían percibir las indemnizaciones porque quizás eran impagables para el empleador, por ejemplo cuando se trataba de una pyme.
Así comenzó la necesidad de asegurarse por parte de las empresas. Sin embargo, muchas veces los seguros no eran obligatorios o no cubrían la totalidad de la indemnización, surgió la necesidad de otorgar una cobertura más integral a través de las compañías de seguro contemplando no solamente la cobertura indemnizatoria. Consecuentemente en 1995 se sancionó la ley 24.557 que fue muy polémica y declarada inconstitucional en algunos aspectos de forma correcta. Me refiero por ejemplo al famoso artículo 39 que hablaba de la imposibilidad de que el trabajador pudiera accionar a través de la vía de la acción civil, del viejo artículo 1113 del Código Civil, discriminando al trabajador del resto de los ciudadanos. Esto sucedía porque ley establecía que cualquier ciudadano que sufriera un accidente podía reclamar por esa vía mientras que el trabajador no tenía acceso. Por ello en definitiva el artículo fue declarado inconstitucional por la Justicia, incluida la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Posteriormente a partir de las diferentes modificaciones se fue generando la posibilidad de que el trabajador recurriera a otro sistema. Así llegamos a la última reforma -creo que fue en 2012- que permitió el mayor crecimiento de la litigiosidad.
Por eso la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Senado entiendo que mantiene la lógica de que el trabajador pueda tener la opción de reclamar a través de otro sistema indemnizatorio y no la ley, aunque establece una etapa previa que es la intervención de las comisiones médicas.
De la misma manera, en su momento, se creó una etapa previa para los juicios laborales que no eran por accidentes. Me refiero a cuando se creó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), sobre todo para lo que tiene que ver con los juicios iniciados ante la Justicia Nacional del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como una instancia de conciliación obligatoria previa. Esto, en definitiva, ayudó a bajar la litigiosidad y a que muchos trabajadores pudieran cobrar sus juicios sin la demora de esperar a llegar a una sentencia.
No nos olvidemos que, lamentablemente, en un fuero laboral como el de la Ciudad de Buenos Aires, que está colapsado, muchas veces los juicios de los trabajadores duran muchos años y mientras tanto, ese trabajador, no puede percibir las indemnizaciones. Por eso es que se creó el sistema de conciliación laboral, SECLO, que ayudó a que muchos trabajadores pudieran arreglar sus juicios y cobraran antes de llegar a la instancia judicial.
En el caso de la ley de accidentes de trabajo, eso no ocurría. Por eso, con el sistema que estamos modificando ahora -que es el proyecto de ley que tiene sanción del Senado-, de alguna manera estamos introduciendo una etapa donde el trabajador interviene ante la comisión médica, con algo que se agrega y que nunca hubo, que fue la obligatoriedad de que el trabajador esté acompañado por su abogado, lo cual le da la garantía de estar asesorado suficientemente en ese proceso. Pero además, en caso de que el trabajador no esté de acuerdo con lo resuelto por la comisión médica, tiene la posibilidad de apelar o también, una vez agotado ese procedimiento, poder acceder al otro sistema indemnizatorio si es que no percibió la indemnización correspondiente a través de la ley de riesgos de trabajo.
En definitiva, creo que este proyecto de ley va ayudar a los trabajadores a que tengan expeditos los dos sistemas, reducirá de alguna manera la litigiosidad y también bajará los costos de los seguros.
En ese sentido, cuando hablamos de los empleadores, a veces pareciera que fuera una mala palabra, pero no nos olvidemos que muchos empleadores son pequeñas y medianas empresas y tienen que pagar costos de seguros altísimos. Esto obviamente afecta su desarrollo productivo y, en definitiva, termina afectando no solamente al empleo de la Argentina sino también a los propios trabajadores que trabajan en las pequeñas y medianas empresas.
Por lo tanto, me parece que esta modificación va a ayudar a bajar las alícuotas que cobran las aseguradoras de riesgo de trabajo, que han crecido muchísimo. Al bajar la litigiosidad, seguramente nos vamos a encontrar con una baja en las alícuotas, lo cual va a ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son realmente quienes tienen más problemas para pagar estos seguros.
Más allá de eso, me gustaría agregar el tema de la prevención. Porque acá falta la otra pata. Una pata del asunto es trabajar para sancionar una ley que cubra las necesidades indemnizatorias de los trabajadores en caso de un accidente laboral o alguna enfermedad profesional. Pero también está la pata de la prevención.
En ese sentido la ley es muy clara. Establece un plazo de tres meses para dictar una nueva ley de prevención.
Si bien actualmente hay leyes vigentes, que han ayudado a disminuir la cantidad de accidentes, todavía nos debemos trabajar en una ley que proteja aun más y otorgue más seguridad a los trabajadores. Tenemos una ley antigua de higiene y seguridad. Por eso tenemos que proponernos como Parlamento y cumplir con la manda legislativa del proyecto que estamos aprobando, trabajar en una nueva ley que mejore la prevención, para que cada vez haya menos trabajadores accidentados o fallecidos como consecuencia de su trabajo.
Por lo tanto, señor presidente, creo que estamos aprobando un proyecto que va a ayudar a que los trabajadores puedan percibir las prestaciones establecidas en la ley. Cabe aclarar aquí que las prestaciones no son solamente indemnizaciones, sino que también tienen que ver con las prestaciones médicas -una gran introducción que se hizo en su momento en el sistema de riesgo de trabajo- y en este marco, se ha incorporado en la redacción del proyecto, la posibilidad de que se compensen las coberturas que muchas veces las obras sociales otorgan a los trabajadores accidentados, cuando debería ser una obligación de la aseguradora del riesgo de trabajo. Este es un tema que vienen reclamando muchas obras sociales sindicales y que justamente estamos resolviendo a través de esta ley.
Por lo tanto, señor presidente, creo que estamos frente a un proyecto muy importante. Vamos a avanzar en la cuestión de reducir la litigiosidad, vamos a mejorar las alícuotas de seguros de riesgos de trabajo que pagan las empresas en la Argentina y vamos a reforzar la posibilidad del trabajador de tener dos vías.
Por un lado, a través de la vía administrativa de las comisiones médicas -a fin de lograr en un corto plazo percibir la indemnización que le corresponda- y, por otro lado, por medio de la vía judicial. Si decide optar por ésta última, queremos que la tenga en forma expedita o sea, lo más rápidamente posible.
De alguna manera, queremos fortalecer el sistema, a fin de que continúe funcionando y no tengamos un colapso, tal como hoy describió el diputado Amadeo.
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra la señora diputada Stolbizer.
SRA. STOLBIZER Señor presidente: hace unos minutos dejé en Secretaría un dictamen por el que rechazo el proyecto del Poder Ejecutivo. Voy a fundar mi rechazo sobre algunas cuestiones de fondo. No voy a referirme a las de forma que, por supuesto, merecen críticas sobre cuál ha sido el tratamiento que se ha decidido dar al tema y además a la decisión del Poder Ejecutivo después de haber intentado de hacer esta reforma a través de un decreto de necesidad y urgencia. Allí, el Poder Ejecutivo redefine la urgencia citando a sesiones extraordinarias. Quiero preguntar si en el Congreso no existen suficientes proyectos que realmente demandarían una atención de urgencia, mucha más grande que la del proyecto en tratamiento.
Siento que voy a repetir muchas cosas que he planteado reiteradas veces en los diversos debates parlamentarios donde este tema estuvo en tratamiento. Ciertamente, la ley 24.557 sancionada en 1995 fue severamente criticada por muchos de nosotros entre otras cosas porque lo que buscaba era crear un mercado de capitales que fue ofrecido a grupos económicos empresarios que iban a hacer negocios con el tratamiento de la salud de los trabajadores. Dicha ley se trataba de esto, nada más y nada menos.
Pese a todo ellos y a lo regresiva que fue la ley, los distintos gobiernos que se sucedieron, de diferente signo político -incluyendo el que yo he integrado-, cada vez que intentaron avanzar sobre esta iniciativa, lo hicieron de manera más regresiva. Nunca hubo una oportunidad donde realmente los trabajadores pudieran tener el reconocimiento íntegro a todos los derechos que esa norma, la original de 1995, estaba cercenando.
Hoy nos volvemos a encontrar con un proyecto que, por supuesto, establece un sistema absolutamente regresivo respecto de los trabajadores.
Nosotros hemos leído -también escuchamos decir esto de parte del miembro informante- que el único objetivo de la norma es bajar la litigiosidad. Entonces, los juicios que hacen los trabajadores para obtener una indemnización por haber sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad en razón del trabajo, espantan. El hecho de que tengamos muchos juicios y de que los trabajadores vayan a los tribunales, parece prácticamente horrible y se demoniza al trabajador que va a los tribunales.
Por lo tanto, el único objetivo de este proyecto en consideración -así ha sido planteado- es bajar la litigiosidad. Me animo a decir que el objetivo es cercenar, obstruir, condicionar, limitar e impedir el ejercicio del derecho de un trabajador.
El problema es que la decisión de bajar la litigiosidad a través de esta norma, pone al desnudo algo que nunca se ha planteado realmente: que la disminución de la cantidad de juicios que hay porque los trabajadores concurren para reclamar, se puede lograr por otra vía tan sencilla como es disminuir los accidentes de trabajo. La verdad, sería mucho más efectivo que en lugar de prohibirle al trabajador que vaya a hacer el reclamo, no le diéramos motivo para hacer ese reclamo, evitando los accidentes y las enfermedades laborales que, en la mayoría de los casos, son evitables.
Se utiliza a la Justicia y a la relación con la Justicia como un mecanismo renovador de lo que ha sido cuestionado en múltiples oportunidades y con extrema severidad por parte de la Justicia, incluida la Corte Suprema, declarando la inconstitucionalidad de aquella ley como de las sucesivas reformas.
El diputado Lipovetzky dijo muy bien que el cuestionamiento central siempre se lo llevó el artículo 39, pero la verdad, faltó decir que el segundo artículo que mayor número de declaraciones de inconstitucionalidad tuvo durante todos estos años es el de las comisiones médicas.
Este proyecto restaura un sistema de comisiones médicas a las que caprichosamente agrega el calificativo de jurisdiccionales, como si en realidad una comisión médica de tipo administrativo pudiera de la noche a la mañana tener funciones jurisdiccionales porque la ley así lo establece.
Realmente esto es casi un capricho y un injerto en la norma que es inconcebible desde todo punto de vista.
Inclusive me llama la atención que se haya destacado como positivo el artículo 18 que establece: "La Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá remitir al Comité Consultivo Permanente creado por el artículo 40..." "...dentro del plazo de tres meses..." pero lo que no establece el proyecto es la obligación que dentro de tres meses nosotros vamos a sancionar la ley. De ninguna manera, ni siquiera estamos cerca de eso.
Lo que dice el proyecto de ley es que en tres meses, contados a partir de la vigencia de la presente, se va a elevar al Comité Consultivo un anteproyecto de ley de protección y prevención laboral -hay que saber qué se entiende por eso. ¿Ustedes se imaginan el tiempo que va demorar que pueda realmente haber una ley?
En este punto quiero volver a enfatizar la decisión del Poder Ejecutivo de convocar a una sesión extraordinaria para resolver el problema de los juicios -dígase, de los empresarios y las aseguradoras-, sin ninguna urgencia en realidad, para apurar una norma que realmente pueda establecer un sistema de protección y prevención, tomando las palabras que ellos han utilizado.
Esta norma vuelve a incurrir en defectos tan graves que me animo a decir que llega viciada de inconstitucionalidad desde su origen. Va a ser muy difícil que puedan impedir que nuevamente las comisiones administrativas, que cercenan el derecho de los trabajadores, no sean declaradas inconstitucionales entre otras cosas porque viola un principio elemental de igualdad ante la ley, por el que ninguna persona puede ser dañada y si lo es, debe ser compensada.
Muchas veces hemos citado el ejemplo del taxi, del colectivo o del avión en el que viajan en conjunto quien está trabajando y quien está de paseo. Sin embargo, lo cierto es que, al momento de ir a reclamar por el accidente que se produjo, el trabajador que sufre la misma lesión que quien va de paseo tendrá muchos menos derechos en el acceso a la Justicia para reclamar por lo que le corresponde.
Sinceramente considero que son cuestiones inconcebibles y me parece exactamente igual de inconcebible que este Congreso con urgencia resuelva bajar los juicios. Además, me preocupan mucho más las expresiones en defensa de esto intentando poner como cuco el problema de los juicios.
En mi opinión, por este camino y con los mismos argumentos -el miedo que nos dan los juicios-, mañana van a mandar un proyecto de ley que diga que los trabajadores despedidos antes de ir a los tribunales a hacer un juicio por despido necesitarán pasar por una comisión administrativa que diga si efectivamente tienen derecho o no. Entonces, se volverá a utilizar a un órgano estrictamente administrativo al que, de manera caprichosa, se le quieren asignar funciones jurisdiccionales cuando no las tiene ni las va a tener por más que lo pongan en la ley.
En mi opinión no están claramente definidas las prioridades. Me corrijo, tal vez para este gobierno estén claramente definidas cuáles son sus prioridades, que no son las nuestras.
Por lo tanto, nuestro interbloque no va a acompañar de ninguna manera este dictamen porque con el pretexto y el argumento de bajar la litigiosidad, sin cuidar a los trabajadores, se vuelve a otorgar un beneficio en los sectores económicos más poderosos en perjuicio de la protección constitucional que los trabajadores tienen. De ahí que esta norma vuelva a ser susceptible de una sanción constitucional.
Finalmente, se habla de la competitividad y es una discusión de fondo para la Argentina respecto de cuál es modelo económico, productivo, social y humano que necesitamos los argentinos. No se puede alardear de competitividad a costa de la explotación de los trabajadores y esta norma va estrictamente en ese camino; por eso nuestro rechazo.
Siento que voy a repetir muchas cosas que he planteado reiteradas veces en los diversos debates parlamentarios donde este tema estuvo en tratamiento. Ciertamente, la ley 24.557 sancionada en 1995 fue severamente criticada por muchos de nosotros entre otras cosas porque lo que buscaba era crear un mercado de capitales que fue ofrecido a grupos económicos empresarios que iban a hacer negocios con el tratamiento de la salud de los trabajadores. Dicha ley se trataba de esto, nada más y nada menos.
Pese a todo ellos y a lo regresiva que fue la ley, los distintos gobiernos que se sucedieron, de diferente signo político -incluyendo el que yo he integrado-, cada vez que intentaron avanzar sobre esta iniciativa, lo hicieron de manera más regresiva. Nunca hubo una oportunidad donde realmente los trabajadores pudieran tener el reconocimiento íntegro a todos los derechos que esa norma, la original de 1995, estaba cercenando.
Hoy nos volvemos a encontrar con un proyecto que, por supuesto, establece un sistema absolutamente regresivo respecto de los trabajadores.
Nosotros hemos leído -también escuchamos decir esto de parte del miembro informante- que el único objetivo de la norma es bajar la litigiosidad. Entonces, los juicios que hacen los trabajadores para obtener una indemnización por haber sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad en razón del trabajo, espantan. El hecho de que tengamos muchos juicios y de que los trabajadores vayan a los tribunales, parece prácticamente horrible y se demoniza al trabajador que va a los tribunales.
Por lo tanto, el único objetivo de este proyecto en consideración -así ha sido planteado- es bajar la litigiosidad. Me animo a decir que el objetivo es cercenar, obstruir, condicionar, limitar e impedir el ejercicio del derecho de un trabajador.
El problema es que la decisión de bajar la litigiosidad a través de esta norma, pone al desnudo algo que nunca se ha planteado realmente: que la disminución de la cantidad de juicios que hay porque los trabajadores concurren para reclamar, se puede lograr por otra vía tan sencilla como es disminuir los accidentes de trabajo. La verdad, sería mucho más efectivo que en lugar de prohibirle al trabajador que vaya a hacer el reclamo, no le diéramos motivo para hacer ese reclamo, evitando los accidentes y las enfermedades laborales que, en la mayoría de los casos, son evitables.
Se utiliza a la Justicia y a la relación con la Justicia como un mecanismo renovador de lo que ha sido cuestionado en múltiples oportunidades y con extrema severidad por parte de la Justicia, incluida la Corte Suprema, declarando la inconstitucionalidad de aquella ley como de las sucesivas reformas.
El diputado Lipovetzky dijo muy bien que el cuestionamiento central siempre se lo llevó el artículo 39, pero la verdad, faltó decir que el segundo artículo que mayor número de declaraciones de inconstitucionalidad tuvo durante todos estos años es el de las comisiones médicas.
Este proyecto restaura un sistema de comisiones médicas a las que caprichosamente agrega el calificativo de jurisdiccionales, como si en realidad una comisión médica de tipo administrativo pudiera de la noche a la mañana tener funciones jurisdiccionales porque la ley así lo establece.
Realmente esto es casi un capricho y un injerto en la norma que es inconcebible desde todo punto de vista.
Inclusive me llama la atención que se haya destacado como positivo el artículo 18 que establece: "La Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá remitir al Comité Consultivo Permanente creado por el artículo 40..." "...dentro del plazo de tres meses..." pero lo que no establece el proyecto es la obligación que dentro de tres meses nosotros vamos a sancionar la ley. De ninguna manera, ni siquiera estamos cerca de eso.
Lo que dice el proyecto de ley es que en tres meses, contados a partir de la vigencia de la presente, se va a elevar al Comité Consultivo un anteproyecto de ley de protección y prevención laboral -hay que saber qué se entiende por eso. ¿Ustedes se imaginan el tiempo que va demorar que pueda realmente haber una ley?
En este punto quiero volver a enfatizar la decisión del Poder Ejecutivo de convocar a una sesión extraordinaria para resolver el problema de los juicios -dígase, de los empresarios y las aseguradoras-, sin ninguna urgencia en realidad, para apurar una norma que realmente pueda establecer un sistema de protección y prevención, tomando las palabras que ellos han utilizado.
Esta norma vuelve a incurrir en defectos tan graves que me animo a decir que llega viciada de inconstitucionalidad desde su origen. Va a ser muy difícil que puedan impedir que nuevamente las comisiones administrativas, que cercenan el derecho de los trabajadores, no sean declaradas inconstitucionales entre otras cosas porque viola un principio elemental de igualdad ante la ley, por el que ninguna persona puede ser dañada y si lo es, debe ser compensada.
Muchas veces hemos citado el ejemplo del taxi, del colectivo o del avión en el que viajan en conjunto quien está trabajando y quien está de paseo. Sin embargo, lo cierto es que, al momento de ir a reclamar por el accidente que se produjo, el trabajador que sufre la misma lesión que quien va de paseo tendrá muchos menos derechos en el acceso a la Justicia para reclamar por lo que le corresponde.
Sinceramente considero que son cuestiones inconcebibles y me parece exactamente igual de inconcebible que este Congreso con urgencia resuelva bajar los juicios. Además, me preocupan mucho más las expresiones en defensa de esto intentando poner como cuco el problema de los juicios.
En mi opinión, por este camino y con los mismos argumentos -el miedo que nos dan los juicios-, mañana van a mandar un proyecto de ley que diga que los trabajadores despedidos antes de ir a los tribunales a hacer un juicio por despido necesitarán pasar por una comisión administrativa que diga si efectivamente tienen derecho o no. Entonces, se volverá a utilizar a un órgano estrictamente administrativo al que, de manera caprichosa, se le quieren asignar funciones jurisdiccionales cuando no las tiene ni las va a tener por más que lo pongan en la ley.
En mi opinión no están claramente definidas las prioridades. Me corrijo, tal vez para este gobierno estén claramente definidas cuáles son sus prioridades, que no son las nuestras.
Por lo tanto, nuestro interbloque no va a acompañar de ninguna manera este dictamen porque con el pretexto y el argumento de bajar la litigiosidad, sin cuidar a los trabajadores, se vuelve a otorgar un beneficio en los sectores económicos más poderosos en perjuicio de la protección constitucional que los trabajadores tienen. De ahí que esta norma vuelva a ser susceptible de una sanción constitucional.
Finalmente, se habla de la competitividad y es una discusión de fondo para la Argentina respecto de cuál es modelo económico, productivo, social y humano que necesitamos los argentinos. No se puede alardear de competitividad a costa de la explotación de los trabajadores y esta norma va estrictamente en ese camino; por eso nuestro rechazo.
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Troiano.
SRA. TROIANO Sexo femenino, diputada por ahora.
SR. PRESIDENTE ROBERTI Le pido disculpas, señora diputada.
SRA. TROIANO También podríamos incorporar la cuestión de género, que no figura dentro de esta nueva legislación.
Personalmente quiero sumarme a este reclamo a más de treinta y tres años de vigencia de la democracia, de la labor de nuestro Parlamento y de quienes integramos esta Cámara de Diputados, que nos reunamos a debatir esta legislación y muchas otras que quedan pendientes, que efectivamente están centradas en el pueblo argentino.
Nos parece lamentable el doble mensaje de decir que no iban a aplicarse más los decretos de necesidad y urgencia y volver a dictarlos en función de las conveniencias. En ese aspecto me sumo a lo planteado por la señora diputada Stolbizer.
Con respecto al motivo de la ley que nos convoca, creo que los diputados de la Nación tenemos que tener en cuenta una situación fundamental: la salud del pueblo argentino en su conjunto y específicamente la de los trabajadores, establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ese es el punto prioritario. No se trata de un artículo más de una legislación. No es el artículo 19 que después de pasar por la Cámara de Senadores redujo el plazo a tres meses.
Señores diputados, los socialistas nos negamos a plantear el tema de la litigiosidad en el trabajo cuando está en juego el derecho a la salud de los trabajadores. No hay persona ni familiar de un trabajador en este país que tenga como prioridad el cobro de una indemnización. No queremos enfermarnos.
Quienes tal vez sufrimos una discapacidad adquirida, y no por voluntad, vemos que la prevención es esencial. No hay trabajador en la Argentina, no hay familia que prefiera una indemnización a tener a su padre o familiar íntegro, sin discapacidad. Por eso es fundamental tratar primero la prevención y no la litigiosidad.
¿A dónde está el problema de la litigiosidad? Bien decía la diputada Stolbizer que si reducimos los accidentes de trabajo y la fuente de la litigiosidad, vamos a disminuirla.
Debemos preguntarnos qué es lo que nos interesa en esta legislación. Digo esto porque tanto la ley sobre las ART como esta norma consideran la necesidad de la existencia de comisiones tripartitas en las que participen los distintos sectores. De todos modos todas las partes no fueron consultadas. Parece que estamos muy interesados en que todos participen, pero cuando tenemos la oportunidad de que ello ocurra, no les damos la posibilidad. Esto es preocupante.
Asimismo, quiero comentarles que hace muchísimos años hay proyectos relativos a la prevención en el ámbito laboral presentados en la Cámara de Diputados de la Nación que ya podríamos haber debatido el año pasado. Sin embargo, lo que en noviembre se desató como un problema clave a resolver en poco tiempo, no tiene q ver con la salud de los trabajadores sino con la litigiosidad y no estamos de acuerdo con ello.
Debemos tener en cuenta que hay dos convenios internacionales -las resoluciones 155 y 187 de la OIT- que no se aplican.
Las comisiones médicas que se están formando no consideran la actualización de las enfermedades profesionales. Por eso existe una gran diferencia entre el planteo de la comisión médica y el procedimiento por vía judicial. La Comisión Médica no considera todas las enfermedades profesionales, lo que sí hace la OIT y el mundo en general. Pensamos que de este modo se quiere obstaculizar el acceso a los derechos del trabajador.
Desearíamos que en lugar de mencionar los aumentos de litigiosidad se hiciera un estudio profundo acerca de dónde ha bajado la cantidad de accidentes laborales en nuestro país.
Estos datos están en la Superintendencia.
Fíjense ¡qué casualidad! En la provincia de Santa Fe, los accidentes de trabajo se redujeron en un 16 por ciento. ¿Por qué? Porque en el año 2008 se crea una subsecretaría de accidentes de trabajo y prevención y porque se empiezan a establecer legislaciones modelo. Eso es lo que hizo que este año no hubiera un solo accidentado o muerte fatal en la construcción en la ciudad de Rosario. Sin embargo, eso no lo mencionamos porque aparentemente no es lo esencial o no es un buen ejemplo.
Por supuesto, implementar estas medidas, requiere mucho trabajo, mucha capacitación y formación, no solamente del grupo profesional sino también de los equipos de trabajo y del trabajador mismo. Además, es una función que tiene que cumplir no solamente el gobierno sino también los sindicatos y los empresarios.
Entonces, hay cuestiones a tener en cuenta. Cuantos menos accidentes de trabajo tengamos, menos personal con incapacidades vamos a tener; cuanto menos personal con incapacidades, vamos a tener una producción más alta -esto lo pueden corroborar- producto de que la empresa no va a tener que estar capacitando permanentemente a sus trabajadores porque son víctimas de accidentes trabajo.
Estas son las cuestiones que este Congreso de la Nación necesita debatir profundamente para dar respuesta a los trabajadores, más aún teniendo en cuenta la cantidad de despidos que se vienen produciendo en nuestro país. Sin embargo, parece que hay temas de los que no se habla.
Por lo expuesto y apelando a la buena voluntad, creo que en primer lugar deberíamos tratar en este recinto una ley de prevención de accidentes de trabajo y actualizar las enfermedades profesionales conforme al último listado de la Organización Internacional del Trabajo.
Personalmente quiero sumarme a este reclamo a más de treinta y tres años de vigencia de la democracia, de la labor de nuestro Parlamento y de quienes integramos esta Cámara de Diputados, que nos reunamos a debatir esta legislación y muchas otras que quedan pendientes, que efectivamente están centradas en el pueblo argentino.
Nos parece lamentable el doble mensaje de decir que no iban a aplicarse más los decretos de necesidad y urgencia y volver a dictarlos en función de las conveniencias. En ese aspecto me sumo a lo planteado por la señora diputada Stolbizer.
Con respecto al motivo de la ley que nos convoca, creo que los diputados de la Nación tenemos que tener en cuenta una situación fundamental: la salud del pueblo argentino en su conjunto y específicamente la de los trabajadores, establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ese es el punto prioritario. No se trata de un artículo más de una legislación. No es el artículo 19 que después de pasar por la Cámara de Senadores redujo el plazo a tres meses.
Señores diputados, los socialistas nos negamos a plantear el tema de la litigiosidad en el trabajo cuando está en juego el derecho a la salud de los trabajadores. No hay persona ni familiar de un trabajador en este país que tenga como prioridad el cobro de una indemnización. No queremos enfermarnos.
Quienes tal vez sufrimos una discapacidad adquirida, y no por voluntad, vemos que la prevención es esencial. No hay trabajador en la Argentina, no hay familia que prefiera una indemnización a tener a su padre o familiar íntegro, sin discapacidad. Por eso es fundamental tratar primero la prevención y no la litigiosidad.
¿A dónde está el problema de la litigiosidad? Bien decía la diputada Stolbizer que si reducimos los accidentes de trabajo y la fuente de la litigiosidad, vamos a disminuirla.
Debemos preguntarnos qué es lo que nos interesa en esta legislación. Digo esto porque tanto la ley sobre las ART como esta norma consideran la necesidad de la existencia de comisiones tripartitas en las que participen los distintos sectores. De todos modos todas las partes no fueron consultadas. Parece que estamos muy interesados en que todos participen, pero cuando tenemos la oportunidad de que ello ocurra, no les damos la posibilidad. Esto es preocupante.
Asimismo, quiero comentarles que hace muchísimos años hay proyectos relativos a la prevención en el ámbito laboral presentados en la Cámara de Diputados de la Nación que ya podríamos haber debatido el año pasado. Sin embargo, lo que en noviembre se desató como un problema clave a resolver en poco tiempo, no tiene q ver con la salud de los trabajadores sino con la litigiosidad y no estamos de acuerdo con ello.
Debemos tener en cuenta que hay dos convenios internacionales -las resoluciones 155 y 187 de la OIT- que no se aplican.
Las comisiones médicas que se están formando no consideran la actualización de las enfermedades profesionales. Por eso existe una gran diferencia entre el planteo de la comisión médica y el procedimiento por vía judicial. La Comisión Médica no considera todas las enfermedades profesionales, lo que sí hace la OIT y el mundo en general. Pensamos que de este modo se quiere obstaculizar el acceso a los derechos del trabajador.
Desearíamos que en lugar de mencionar los aumentos de litigiosidad se hiciera un estudio profundo acerca de dónde ha bajado la cantidad de accidentes laborales en nuestro país.
Estos datos están en la Superintendencia.
Fíjense ¡qué casualidad! En la provincia de Santa Fe, los accidentes de trabajo se redujeron en un 16 por ciento. ¿Por qué? Porque en el año 2008 se crea una subsecretaría de accidentes de trabajo y prevención y porque se empiezan a establecer legislaciones modelo. Eso es lo que hizo que este año no hubiera un solo accidentado o muerte fatal en la construcción en la ciudad de Rosario. Sin embargo, eso no lo mencionamos porque aparentemente no es lo esencial o no es un buen ejemplo.
Por supuesto, implementar estas medidas, requiere mucho trabajo, mucha capacitación y formación, no solamente del grupo profesional sino también de los equipos de trabajo y del trabajador mismo. Además, es una función que tiene que cumplir no solamente el gobierno sino también los sindicatos y los empresarios.
Entonces, hay cuestiones a tener en cuenta. Cuantos menos accidentes de trabajo tengamos, menos personal con incapacidades vamos a tener; cuanto menos personal con incapacidades, vamos a tener una producción más alta -esto lo pueden corroborar- producto de que la empresa no va a tener que estar capacitando permanentemente a sus trabajadores porque son víctimas de accidentes trabajo.
Estas son las cuestiones que este Congreso de la Nación necesita debatir profundamente para dar respuesta a los trabajadores, más aún teniendo en cuenta la cantidad de despidos que se vienen produciendo en nuestro país. Sin embargo, parece que hay temas de los que no se habla.
Por lo expuesto y apelando a la buena voluntad, creo que en primer lugar deberíamos tratar en este recinto una ley de prevención de accidentes de trabajo y actualizar las enfermedades profesionales conforme al último listado de la Organización Internacional del Trabajo.
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Pitrola.
SR. PITROLA Señor presidente: venimos a esta reunión conjunta con un dictamen de minoría. Vamos a rechazar de plano este dictamen que reproduce el texto del proyecto aprobado por el Senado de la Nación y del DNU enviado por el señor presidente Macri días pasados.
Creemos que la reforma propuesta atenta contra la vida y la salud de 10 millones de trabajadores formales. Y se lo hace mediante un debate exprés: hoy a la noche se imprimen los dictámenes y el miércoles se pretende aprobar el proyecto de ley.
Esto me lleva a preguntarme: ¿qué urgencia está reflejando este apuro? ¿La urgencia de quién? Es una pregunta interesante para hacerse.
La urgencia de la Unión Industrial y de la Cámara Argentina de la Construcción, donde se registran 200 muertes evitables de trabajadores de la construcción por año. No hay otra urgencia posible. Es la urgencia de las ART, que es uno de los lobbies más poderosos del país.
Por ello, este tema merece un debate y una deliberación de fondo en todo el movimiento obrero argentino. Hay que escuchar a todos los especialistas.
En la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, por un rato, hemos tenido oportunidad de escuchar a los principales laboralistas argentinos, que fueron demoledores en cuanto al carácter de este proyecto de ley que se está proponiendo aprobar, porque definitivamente es un proyecto que avasalla los derechos de los trabajadores.
He escuchado a la diputada Margarita Stolbizer quien ha hecho un planteo absolutamente genuino en sus límites, pero tenemos que ver el problema de las coaliciones políticas. Porque si semejante ley anti obrera se aprueba, es porque las distintas fracciones del peronismo o el ex peronismo o el panperonismo o como le quiera llamar, están siendo las muletas de un gobierno sin mayoría parlamentaria para aplicar el ajuste y para atacar al movimiento obrero.
Y esta es una nueva vuelta de rosca en la ley de las ART de la muerte que tenemos desde 1996; la nefasta ley 24.557 que impuso el menemismo.
Ya tenemos un antecedente. Años atrás se sancionó la ley 26.773, que fue aplaudida de pie por la Unión Industrial durante la presidencia de Cristina Kirchner, que eliminaba la doble vía, lo que terminó siendo imposible de aplicar, porque la inconstitucionalidad de privar de los derechos jurídicos y ciudadanos a los trabajadores es realmente brutal.
Muchos laboralistas han pronosticado el fracaso de esta nueva norma, porque poner en un subsuelo al trabajador respecto del acceso a la Justicia que tiene cualquier ciudadano -cuando en realidad el trabajador amparado por el derecho laboral y por un fuero laboral, debe tener prelación, es un debate que hemos planteado cuando se discutió el Código Civil y Comercial-, es una barbaridad y puede tener destino de inconstitucionalidad.
Esto es un atropello de características muy profundas. Este régimen está defendiendo el negocio de las ART, que nació asociado a las AFJP; son hermanas gemelas.
El Partido Obrero en aquel momento planteó lo siguiente: "La Bolsa o la vida" -recuerdo haber participado haciendo pintadas donde poníamos "La Bolsa o la vida"- porque efectivamente toda esta masa descomunal de dinero de la previsión social que va a las AFJP y la de los riesgos del trabajo que va a la ART, fue para alimentar el negocio de la Bolsa de Valores. Es una realidad absoluta, fue denunciada y demostrada el otro día por laboralistas muy respetados, que todo accidente negado, toda enfermedad laboral que no es considerada como tal y toda muerte abaratada, va a engrosar las ganancias legítimas de los balances de las ART que cotizan en Bolsa. Hay nueve o diez grupos oligopólicos que controlan ese mercado.
La ganancia de 2015 del sistema de seguros fue de 10.941 millones de pesos, de los cuales 3.047 millones correspondieron a las ART. No tenemos las cifras generales y totales de los balances de 2016, pero según especialistas económicos se estima que son mayores que las de 2015. ¿Cuál es la urgencia de eliminar la litigiosidad con semejante nivel de ganancia?
Es una evidencia de la realidad que desde 1996 a la fecha se han agravado los accidentes laborales en la Argentina. Se rasgan las vestiduras de la Unión Industrial -autora intelectual sino material de la letra de esta iniciativa- porque tenemos 127 mil juicios. ¿Pero hay 127 mil juicios sobre cuantos accidentes? 700 mil por año. Es una cifra pavorosa en la Argentina, en América Latina o donde lo quieran observar, no hace falta ir al primer mundo.
Otro punto central es que esta iniciativa es socia de la flexibilidad laboral de los 90. Ahora tenemos una nueva generación de flexibilidad laboral. Algunos matutinos anuncian que va a ser sancionada por decreto de necesidad y urgencia, porque habrá revisión de convenios, precarización del trabajo juvenil y nuevas rebajas de aportes patronales. Hace 20 años que se vienen haciendo rebajas de aportes patronales sin que mejore el empleo, ni la calidad del empleo, ni la previsión social, ni la seguridad social ni los riesgos del trabajo.
Es evidente que mientras más barato sea el accidente, menos se va a invertir en prevención. Este es el gran punto. El Partido Obrero no defiende la litigiosidad, no defendemos el negocio de ningún abogado. Tenemos abogados de la clase obrera que defienden los derechos de los trabajadores.
Para terminar con la litigiosidad también hay que hacerlo con el accidente de trabajo. En el siglo XXI con el nivel, de tecnología que existe, el accidente de trabajo y la enfermedad laboral pueden ir al mínimo. No se respeta ni la ley de la silla de Alfredo Palacios ¿de qué estamos hablando? Creo que hay que eliminar la hipocresía.
Se están extendiendo las jornadas de trabajo. El 31 de enero el insospechable diario Clarín acaba de echar a 380 compañeros que están ocupando la fábrica. Dicho sea de paso llamo a todos los señores diputados -si bien algunos ya lo han hecho- a apoyar esta gesta contra la flexibilización. El Grupo Clarín no tiene ninguna crisis, está echando a los trabajadores para flexibilizar su producción; en ese punto estamos.
El diario Clarín publicó una nota en la que informaba que Toyota, con una jornada de nueve horas y diez minutos, con un premio que se pierde un día en tres meses del presentismo, con la disminución de los descansos intermedios -por debajo de la Ford, la Volkswagen y de las demás- produce un vehículo cada minuto y cincuenta segundos, cuando las otras lo hacen cada dos minutos y treinta segundos, y en realidad ha producido una fábrica de jóvenes inutilizados para trabajar. Trescientos jóvenes que están cobrando hasta fin de año, que tienen que ser reemplazados porque han sido destruidos por el toyotismo, sistema de producción que se hizo famoso después de la segunda guerra mundial, cuando luego de la derrota japonesa y de su clase obrera se construyó el milagro japonés sobre la sangre y el sudor de su clase obrera.
Tenemos al toyotismo entre nosotros y esta reforma de las ART, bloqueando el acceso a la Justicia para el trabajador, es una socia de esta nueva generación de reformas laborales, es el contenido que tiene el convenio de Vaca Muerta. Esa es la nueva insignia: revisar los convenios, terminar con la conquista de los convenios del 75, el mayor momento de conquista de la clase obrera argentina después de los tiempos del cordobazo.
Quieren eliminar todo resabio y lo conozco por el convenio gráfico de mi gremio pero también por el convenio del pescado. Se trata de una batalla contra los convenios del año 75.
El presidente Macri no quiere una revolución laboral sino una contrarrevolución laboral para volver al trabajo a destajo del siglo XIX. Lógicamente, es molesto cualquier derecho judicial porque el trabajador afectado termina reclamando la reparación.
Nosotros venimos a defender un dictamen que promueve que discutamos una legislación de fondo. Esto es una barbaridad y es un nuevo parche -ya hubo varios- al negocio de la Bolsa con la salud de la clase obrera.
Hace unos días los dirigentes obreros lo denunciaron y todos los que intervinieron fueron demoledores. La CGT no vino, algo que me parece vergonzoso del mismo modo que su cúpula apoye una reforma de este tipo. Es una vergüenza que no podría pasar por las asambleas obreras en cada uno de los gremios. Puede ser que por negocios particulares ellos la apoyen pero no pasaría por la asamblea del pescado, de los metalúrgicos, de los obreros siderúrgicos ni de la construcción; no podría pasar.
El otro día se denunció que la Argentina tiene dentro de la siniestralidad laboral solamente el 3 por ciento en enfermedades laborales. Seríamos un país mágico superior a Suecia y a cualquier otro, seríamos los primeros del primer mundo, ya que la OIT reconoce un promedio de 38 por ciento. La OIT establece 106 enfermedades y nosotros tenemos 44 porque aquí una lumbalgia no es enfermedad laboral y las várices tampoco. Esto es una joda, para decirlo mal y pronto: es una tomada de pelo a los trabajadores.
Es enervante la forma en que se discute y la hipocresía del planteo de la industria de los juicios. ¿Cómo no van a hacer juicios los compañeros si solo un 3 por ciento de las enfermedades se reconocen como laborales? Esto lo ve cualquiera en la OIT. Somos una vergüenza internacional.
Esto se lo digo a todos los que se regocijan de la ley que vamos a aprobar para terminar con la litigiosidad. ¡Por favor!
Hoy traemos un dictamen que promueve un debate de fondo. Ahora pasaré a explicarlo brevemente y luego lo haré con más detenimiento en el debate central en el recinto.
En primer lugar sentamos el principio del control obrero en los lugares de trabajo, que es un punto fundamental. Al respecto quiero comentarles que integré un cuerpo de delegados durante trece años, de los cuales cuatro fui adjunto del sindicato y llegué a hacer reconocer a los propios empresarios que no hay tarea insalubre sino condiciones insalubres de una determinada tarea. Con protocolo, inversión, cuidados de salud, jornadas adecuadas, descansos intermedios y todo lo que hoy permite cuidar al trabajador, el siniestro pasa a ser mínimo.
La República Argentina vive una masacre social laboral en la que tanto el siniestro como la litigiosidad son altos. Me refiero en particular a los últimos veinticinco o treinta años. Esta es la realidad. La comisión de control obrero apunta a que el trabajador intervenga en la discusión de la inversión y del protocolo.
Durante los últimos seis años tuvimos cinco muertes en el subte. No se trata de una actividad de riesgo sino de un trabajo insalubre porque está bajo tierra. Eso está absolutamente demostrado. Por eso hubo una lucha y a partir de 2002 con la sanción de la "ley Altamira" la jornada de trabajo de los empleados de subterráneos es de seis horas. Reitero que cinco obreros murieron en el lapso de seis años porque no se siguieron los protocolos de seguridad. Esa es la política de productividad de Metrovías. Benito Roggio es el niño mimado del poder político de todos los colores de la Ciudad de Buenos Aires y del país entero. Se trata de productividad y productividad. Y así se termina con la garantía, la integridad de los trabajadores y la vida misma.
No hay jóvenes suicidas. El último empleado que murió en el subte era un destacado deportista joven. Por eso digo que se trata del problema de la flexibilidad laboral. Esta reforma es preparatoria de una nueva generación.
Primero, proponemos el control obrero en los lugares de trabajo; y luego, de la estatización de las ART. Si hubo que nacionalizar la ANSES, con más razón hay que estatizar las ART sin pagar un peso porque han vivido y lucrado con la salud y la vida del trabajador. Ellos deben elegir un directorio porque si van a administrarlo quienes nos gobiernan, arreglados estaremos.
Lo mismo ocurre con las comisiones médicas, ¿quién las va a designar? El Poder Ejecutivo.
Asimismo en el correo estatal nombraron a quien era gerente en tiempos del correo privado, además del affaire de regalarle 4.500 millones a la familia presidencial. Entonces ponemos a los lobos a cuidar las gallinas.
Acá ocurre lo mismo. La apelación a cualquier falla de las comisiones médicas terminará en un juez jurisdiccional. Nos perjudicaremos al no contar con fueros laborales. Ellos van en contra del fuero laboral. La asociación de abogados laboralistas ha denunciado el objetivo de terminar con el fuero laboral y les creo porque tengo una caracterización general del gobierno. Por eso llamo a la reflexión y a no mirar esta ley de manera aislada sino como parte de una ofensiva conjunta al movimiento obrero. Esto no puede pasar. Creo que va camino a la inconstitucionalidad y a decisivas luchas del movimiento obrero argentino.
Recientemente una diputada nombró los despidos. Ocurre que también tenemos los topes de paritarias y la revisión de convenios. Entonces si además contamos con esta ley, tenemos que hacer ya un paro nacional. Hay que poner de pie al movimiento obrero porque cuando queramos acordarnos será tarde.
Creemos que la reforma propuesta atenta contra la vida y la salud de 10 millones de trabajadores formales. Y se lo hace mediante un debate exprés: hoy a la noche se imprimen los dictámenes y el miércoles se pretende aprobar el proyecto de ley.
Esto me lleva a preguntarme: ¿qué urgencia está reflejando este apuro? ¿La urgencia de quién? Es una pregunta interesante para hacerse.
La urgencia de la Unión Industrial y de la Cámara Argentina de la Construcción, donde se registran 200 muertes evitables de trabajadores de la construcción por año. No hay otra urgencia posible. Es la urgencia de las ART, que es uno de los lobbies más poderosos del país.
Por ello, este tema merece un debate y una deliberación de fondo en todo el movimiento obrero argentino. Hay que escuchar a todos los especialistas.
En la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, por un rato, hemos tenido oportunidad de escuchar a los principales laboralistas argentinos, que fueron demoledores en cuanto al carácter de este proyecto de ley que se está proponiendo aprobar, porque definitivamente es un proyecto que avasalla los derechos de los trabajadores.
He escuchado a la diputada Margarita Stolbizer quien ha hecho un planteo absolutamente genuino en sus límites, pero tenemos que ver el problema de las coaliciones políticas. Porque si semejante ley anti obrera se aprueba, es porque las distintas fracciones del peronismo o el ex peronismo o el panperonismo o como le quiera llamar, están siendo las muletas de un gobierno sin mayoría parlamentaria para aplicar el ajuste y para atacar al movimiento obrero.
Y esta es una nueva vuelta de rosca en la ley de las ART de la muerte que tenemos desde 1996; la nefasta ley 24.557 que impuso el menemismo.
Ya tenemos un antecedente. Años atrás se sancionó la ley 26.773, que fue aplaudida de pie por la Unión Industrial durante la presidencia de Cristina Kirchner, que eliminaba la doble vía, lo que terminó siendo imposible de aplicar, porque la inconstitucionalidad de privar de los derechos jurídicos y ciudadanos a los trabajadores es realmente brutal.
Muchos laboralistas han pronosticado el fracaso de esta nueva norma, porque poner en un subsuelo al trabajador respecto del acceso a la Justicia que tiene cualquier ciudadano -cuando en realidad el trabajador amparado por el derecho laboral y por un fuero laboral, debe tener prelación, es un debate que hemos planteado cuando se discutió el Código Civil y Comercial-, es una barbaridad y puede tener destino de inconstitucionalidad.
Esto es un atropello de características muy profundas. Este régimen está defendiendo el negocio de las ART, que nació asociado a las AFJP; son hermanas gemelas.
El Partido Obrero en aquel momento planteó lo siguiente: "La Bolsa o la vida" -recuerdo haber participado haciendo pintadas donde poníamos "La Bolsa o la vida"- porque efectivamente toda esta masa descomunal de dinero de la previsión social que va a las AFJP y la de los riesgos del trabajo que va a la ART, fue para alimentar el negocio de la Bolsa de Valores. Es una realidad absoluta, fue denunciada y demostrada el otro día por laboralistas muy respetados, que todo accidente negado, toda enfermedad laboral que no es considerada como tal y toda muerte abaratada, va a engrosar las ganancias legítimas de los balances de las ART que cotizan en Bolsa. Hay nueve o diez grupos oligopólicos que controlan ese mercado.
La ganancia de 2015 del sistema de seguros fue de 10.941 millones de pesos, de los cuales 3.047 millones correspondieron a las ART. No tenemos las cifras generales y totales de los balances de 2016, pero según especialistas económicos se estima que son mayores que las de 2015. ¿Cuál es la urgencia de eliminar la litigiosidad con semejante nivel de ganancia?
Es una evidencia de la realidad que desde 1996 a la fecha se han agravado los accidentes laborales en la Argentina. Se rasgan las vestiduras de la Unión Industrial -autora intelectual sino material de la letra de esta iniciativa- porque tenemos 127 mil juicios. ¿Pero hay 127 mil juicios sobre cuantos accidentes? 700 mil por año. Es una cifra pavorosa en la Argentina, en América Latina o donde lo quieran observar, no hace falta ir al primer mundo.
Otro punto central es que esta iniciativa es socia de la flexibilidad laboral de los 90. Ahora tenemos una nueva generación de flexibilidad laboral. Algunos matutinos anuncian que va a ser sancionada por decreto de necesidad y urgencia, porque habrá revisión de convenios, precarización del trabajo juvenil y nuevas rebajas de aportes patronales. Hace 20 años que se vienen haciendo rebajas de aportes patronales sin que mejore el empleo, ni la calidad del empleo, ni la previsión social, ni la seguridad social ni los riesgos del trabajo.
Es evidente que mientras más barato sea el accidente, menos se va a invertir en prevención. Este es el gran punto. El Partido Obrero no defiende la litigiosidad, no defendemos el negocio de ningún abogado. Tenemos abogados de la clase obrera que defienden los derechos de los trabajadores.
Para terminar con la litigiosidad también hay que hacerlo con el accidente de trabajo. En el siglo XXI con el nivel, de tecnología que existe, el accidente de trabajo y la enfermedad laboral pueden ir al mínimo. No se respeta ni la ley de la silla de Alfredo Palacios ¿de qué estamos hablando? Creo que hay que eliminar la hipocresía.
Se están extendiendo las jornadas de trabajo. El 31 de enero el insospechable diario Clarín acaba de echar a 380 compañeros que están ocupando la fábrica. Dicho sea de paso llamo a todos los señores diputados -si bien algunos ya lo han hecho- a apoyar esta gesta contra la flexibilización. El Grupo Clarín no tiene ninguna crisis, está echando a los trabajadores para flexibilizar su producción; en ese punto estamos.
El diario Clarín publicó una nota en la que informaba que Toyota, con una jornada de nueve horas y diez minutos, con un premio que se pierde un día en tres meses del presentismo, con la disminución de los descansos intermedios -por debajo de la Ford, la Volkswagen y de las demás- produce un vehículo cada minuto y cincuenta segundos, cuando las otras lo hacen cada dos minutos y treinta segundos, y en realidad ha producido una fábrica de jóvenes inutilizados para trabajar. Trescientos jóvenes que están cobrando hasta fin de año, que tienen que ser reemplazados porque han sido destruidos por el toyotismo, sistema de producción que se hizo famoso después de la segunda guerra mundial, cuando luego de la derrota japonesa y de su clase obrera se construyó el milagro japonés sobre la sangre y el sudor de su clase obrera.
Tenemos al toyotismo entre nosotros y esta reforma de las ART, bloqueando el acceso a la Justicia para el trabajador, es una socia de esta nueva generación de reformas laborales, es el contenido que tiene el convenio de Vaca Muerta. Esa es la nueva insignia: revisar los convenios, terminar con la conquista de los convenios del 75, el mayor momento de conquista de la clase obrera argentina después de los tiempos del cordobazo.
Quieren eliminar todo resabio y lo conozco por el convenio gráfico de mi gremio pero también por el convenio del pescado. Se trata de una batalla contra los convenios del año 75.
El presidente Macri no quiere una revolución laboral sino una contrarrevolución laboral para volver al trabajo a destajo del siglo XIX. Lógicamente, es molesto cualquier derecho judicial porque el trabajador afectado termina reclamando la reparación.
Nosotros venimos a defender un dictamen que promueve que discutamos una legislación de fondo. Esto es una barbaridad y es un nuevo parche -ya hubo varios- al negocio de la Bolsa con la salud de la clase obrera.
Hace unos días los dirigentes obreros lo denunciaron y todos los que intervinieron fueron demoledores. La CGT no vino, algo que me parece vergonzoso del mismo modo que su cúpula apoye una reforma de este tipo. Es una vergüenza que no podría pasar por las asambleas obreras en cada uno de los gremios. Puede ser que por negocios particulares ellos la apoyen pero no pasaría por la asamblea del pescado, de los metalúrgicos, de los obreros siderúrgicos ni de la construcción; no podría pasar.
El otro día se denunció que la Argentina tiene dentro de la siniestralidad laboral solamente el 3 por ciento en enfermedades laborales. Seríamos un país mágico superior a Suecia y a cualquier otro, seríamos los primeros del primer mundo, ya que la OIT reconoce un promedio de 38 por ciento. La OIT establece 106 enfermedades y nosotros tenemos 44 porque aquí una lumbalgia no es enfermedad laboral y las várices tampoco. Esto es una joda, para decirlo mal y pronto: es una tomada de pelo a los trabajadores.
Es enervante la forma en que se discute y la hipocresía del planteo de la industria de los juicios. ¿Cómo no van a hacer juicios los compañeros si solo un 3 por ciento de las enfermedades se reconocen como laborales? Esto lo ve cualquiera en la OIT. Somos una vergüenza internacional.
Esto se lo digo a todos los que se regocijan de la ley que vamos a aprobar para terminar con la litigiosidad. ¡Por favor!
Hoy traemos un dictamen que promueve un debate de fondo. Ahora pasaré a explicarlo brevemente y luego lo haré con más detenimiento en el debate central en el recinto.
En primer lugar sentamos el principio del control obrero en los lugares de trabajo, que es un punto fundamental. Al respecto quiero comentarles que integré un cuerpo de delegados durante trece años, de los cuales cuatro fui adjunto del sindicato y llegué a hacer reconocer a los propios empresarios que no hay tarea insalubre sino condiciones insalubres de una determinada tarea. Con protocolo, inversión, cuidados de salud, jornadas adecuadas, descansos intermedios y todo lo que hoy permite cuidar al trabajador, el siniestro pasa a ser mínimo.
La República Argentina vive una masacre social laboral en la que tanto el siniestro como la litigiosidad son altos. Me refiero en particular a los últimos veinticinco o treinta años. Esta es la realidad. La comisión de control obrero apunta a que el trabajador intervenga en la discusión de la inversión y del protocolo.
Durante los últimos seis años tuvimos cinco muertes en el subte. No se trata de una actividad de riesgo sino de un trabajo insalubre porque está bajo tierra. Eso está absolutamente demostrado. Por eso hubo una lucha y a partir de 2002 con la sanción de la "ley Altamira" la jornada de trabajo de los empleados de subterráneos es de seis horas. Reitero que cinco obreros murieron en el lapso de seis años porque no se siguieron los protocolos de seguridad. Esa es la política de productividad de Metrovías. Benito Roggio es el niño mimado del poder político de todos los colores de la Ciudad de Buenos Aires y del país entero. Se trata de productividad y productividad. Y así se termina con la garantía, la integridad de los trabajadores y la vida misma.
No hay jóvenes suicidas. El último empleado que murió en el subte era un destacado deportista joven. Por eso digo que se trata del problema de la flexibilidad laboral. Esta reforma es preparatoria de una nueva generación.
Primero, proponemos el control obrero en los lugares de trabajo; y luego, de la estatización de las ART. Si hubo que nacionalizar la ANSES, con más razón hay que estatizar las ART sin pagar un peso porque han vivido y lucrado con la salud y la vida del trabajador. Ellos deben elegir un directorio porque si van a administrarlo quienes nos gobiernan, arreglados estaremos.
Lo mismo ocurre con las comisiones médicas, ¿quién las va a designar? El Poder Ejecutivo.
Asimismo en el correo estatal nombraron a quien era gerente en tiempos del correo privado, además del affaire de regalarle 4.500 millones a la familia presidencial. Entonces ponemos a los lobos a cuidar las gallinas.
Acá ocurre lo mismo. La apelación a cualquier falla de las comisiones médicas terminará en un juez jurisdiccional. Nos perjudicaremos al no contar con fueros laborales. Ellos van en contra del fuero laboral. La asociación de abogados laboralistas ha denunciado el objetivo de terminar con el fuero laboral y les creo porque tengo una caracterización general del gobierno. Por eso llamo a la reflexión y a no mirar esta ley de manera aislada sino como parte de una ofensiva conjunta al movimiento obrero. Esto no puede pasar. Creo que va camino a la inconstitucionalidad y a decisivas luchas del movimiento obrero argentino.
Recientemente una diputada nombró los despidos. Ocurre que también tenemos los topes de paritarias y la revisión de convenios. Entonces si además contamos con esta ley, tenemos que hacer ya un paro nacional. Hay que poner de pie al movimiento obrero porque cuando queramos acordarnos será tarde.
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Franco.
SR. FRANCO Señor presidente: creo que ya se habló bastante de las características de las comisiones médicas y de la decisión acerca de cómo terminará un accidente de trabajo o un siniestro.
Como representante provincial quiero referirme fundamentalmente al tema del autoseguro provincial. Me parece que con esta ley estamos yendo una vez más a un avasallamiento de los derechos de las provincias. Establecemos que las prestaciones dinerarias deberán ser administradas mediante un sistema de gestión económica y financiera separado del que corresponde a la contabilidad general local.
Creo que acá, fundamentalmente, estamos yendo a decirle a las provincias que no pueden hacer lo que por derecho les conviene en el marco de todo lo que se vino hablando en la organización nacional.
Las provincias tienen derecho a darse una organización administrativa y financiera que permita resolver este tema, porque a diferencia de los autoseguros de una empresa, las provincias tienen una capacidad instalada para resolver estos problemas. De hecho, gran parte de las provincias, lo están haciendo con los hospitales o con sus sistemas de funcionamiento propios.
Por ello, no me parece adecuado que se quiera establecer que toda la reglamentación quede en manos de la Superintendencia. Debemos contar, al menos, con el compromiso de establecer un sistema ágil pero que respete a las autonomías provinciales.
Por otra parte también quiero señalar que en el marco del fondo de garantías, el financiamiento que administra la Superintendencia, van a tener que aportar las provincias, los municipios o quienes decidan hacer el autoaseguramiento.
Entonces, también tiene que tenerse en cuenta en la reglamentación cuánto va a ser el aporte que van a hacer las entidades provinciales. Explico por qué. La Superintendencia cobra un 2 por ciento porque puede ser que tenga que pagar en caso de que una ART quiebre. Sin embargo, en las provincias, es muy poco probable la posibilidad de que eso suceda. Por lo tanto, este punto se tiene que tener en cuenta cuando se decida los aportes que tienen que hacer las provincias.
Finalmente quiero hacer una consideración de carácter político, más allá de las circunstancias de que estemos debatiendo una norma con el consenso que vino del Senado. Me refiero a que, al terminar y escuchar este debate, a uno le queda la sensación de que a los trabajadores les va a empezar a faltar un derecho en este país.
Como representante provincial quiero referirme fundamentalmente al tema del autoseguro provincial. Me parece que con esta ley estamos yendo una vez más a un avasallamiento de los derechos de las provincias. Establecemos que las prestaciones dinerarias deberán ser administradas mediante un sistema de gestión económica y financiera separado del que corresponde a la contabilidad general local.
Creo que acá, fundamentalmente, estamos yendo a decirle a las provincias que no pueden hacer lo que por derecho les conviene en el marco de todo lo que se vino hablando en la organización nacional.
Las provincias tienen derecho a darse una organización administrativa y financiera que permita resolver este tema, porque a diferencia de los autoseguros de una empresa, las provincias tienen una capacidad instalada para resolver estos problemas. De hecho, gran parte de las provincias, lo están haciendo con los hospitales o con sus sistemas de funcionamiento propios.
Por ello, no me parece adecuado que se quiera establecer que toda la reglamentación quede en manos de la Superintendencia. Debemos contar, al menos, con el compromiso de establecer un sistema ágil pero que respete a las autonomías provinciales.
Por otra parte también quiero señalar que en el marco del fondo de garantías, el financiamiento que administra la Superintendencia, van a tener que aportar las provincias, los municipios o quienes decidan hacer el autoaseguramiento.
Entonces, también tiene que tenerse en cuenta en la reglamentación cuánto va a ser el aporte que van a hacer las entidades provinciales. Explico por qué. La Superintendencia cobra un 2 por ciento porque puede ser que tenga que pagar en caso de que una ART quiebre. Sin embargo, en las provincias, es muy poco probable la posibilidad de que eso suceda. Por lo tanto, este punto se tiene que tener en cuenta cuando se decida los aportes que tienen que hacer las provincias.
Finalmente quiero hacer una consideración de carácter político, más allá de las circunstancias de que estemos debatiendo una norma con el consenso que vino del Senado. Me refiero a que, al terminar y escuchar este debate, a uno le queda la sensación de que a los trabajadores les va a empezar a faltar un derecho en este país.
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Giordano.
SR. GIORDANO Señor presidente: en nombre de Izquierda Socialista y como parte del Frente de Izquierda quiero dar nuestra opinión sobre el rechazo directo y completo al proyecto sancionado por el Senado.
Como se dijo en distintos medios, en asociaciones laboralistas, en colegios de abogados, por dirigentes sindicales y en la comisión bicameral en la que estuvimos presentes, es una ley a pedido de los empresarios y donde pierden los trabajadores accidentados.
Esto es así porque es una ley que esencialmente mantiene el gran negocio de las aseguradoras, ya que es más barato pagar una indemnización a la baja que invertir en seguridad laboral.
Es un proyecto de ley que sigue los lineamientos de la ley votada en el peronismo menemista en la década del 90, donde se inauguró un plan de flexibilización, de remate del patrimonio nacional, de privatizaciones y de saqueo global, que después se mantuvo con el gobierno de la Alianza, con el gobierno kirchnerista anterior y ahora con el gobierno de Cambiemos.
Por eso, en la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del otro día denunciamos el acuerdo posterior a la caída del decreto de necesidad y urgencia. Me refiero al acuerdo, reflejado inclusive por los propios medios, por el cual los bloque del propio macrismo, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria del Senado habían acordado votar el proyecto de ley del Senado en la Cámara de Diputados, que no era otra cosa que consolidar el texto del DNU, que había sido repudiado y todo el mundo declaraba como dictatorial.
Estamos ante una ley anti obrera, pro patronal, que juega con la salud y la vida de millones de trabajadores cuando, evidentemente, la solución es terminar con el negocio de las ART y que el Estado se haga cargo, bajo el control de sus trabajadores, de la seguridad.
Por eso denunciamos el objetivo de la ley, que es reducir la litigiosidad y no reducir los accidentes ni las muertes laborales. La propia Superintendencia de riesgos de trabajo dice que desde 2003 a 2015 hubo 11.376 muertes por accidentes de trabajo.
El gobierno, evidentemente, ayuda a las ART a victimizarse y a las patronales que, una de cada tres, no cumple con las normas de seguridad. Cuando fuimos a las audiencias públicas a fin de rechazar el tarifazo, Edenor y Edesur se ponían en posición de víctima y justificaban el aumento de tarifas porque supuestamente estaban trabajando a pérdida. Lo mismo se está haciendo ahora.
Se calcula que la denominada industria del juicio ha generado demandas por cinco mil millones de dólares; efectivamente esa es la plata que se les debe a los trabajadores que ponen en riesgo su vida por trabajar y a los cuales las aseguradoras y las grandes patronales les deberían pagar peso sobre peso, porque es lo que vienen reclamando.
El objetivo del proyecto no es terminar con los siniestros laborales, sino acabar con los juicios. Los siniestros laborales existen porque no hay prevención. Recién mi compañero Néstor Pitrola hacía mención a los cinco trabajadores del subte muertos porque no hay protocolo de seguridad. El año pasado, un trabajador de seguridad e higiene del ferrocarril Sarmiento casi pierde la vida porque lo arrolló un tren en horas de la noche cuando estaba trabajando. Los trabajadores hicieron un paro en reclamo de seguridad laboral, y el gobierno los persiguió aplicando a los delegados del Sarmiento el fallo de la Corte Suprema, diciendo que no podían tomar medidas de fuerza para defender la seguridad y la higiene laboral.
Por otro lado, no se reconocen enfermedades laborales. Evidentemente seguirá habiendo muertos debido a los ritmos de trabajo. Cuando el gobierno habla de productividad y de competitividad está hablando de superexplotación obrera, de jornadas de diez o doce horas manteniendo el presentismo. El Ministerio de Trabajo, como ocurre en todos los ámbitos, evidentemente no hace ningún mínimo control. Por eso, en vez de llamarse Ministerio de Trabajo, debería denominarse Ministerio de las Grandes Patronales.
Es una vergüenza que el ministro de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, haya dicho ante los 380 despidos de los heroicos trabajadores de AGR Clarín -que mantienen ocupada la planta en defensa de su puesto de trabajo desde hace casi un mes con un fondo de huelga apoyado por toda su familia-, que el tema lo excede y que no puede intervenir. El propio Ministerio de Trabajo ha intervenido a favor de los bancos -que son los que más han ganado durante este y el gobierno anterior- tratando de anular una paritaria por la que se incrementaron un 24 por ciento los salarios. Ese mismo ministro ha dicho en el diario La Nación del día domingo que por decreto de necesidad y urgencia seguirá adelante con las reformas laborales, con las pasantías con el trabajo precarizado, sacándole impuesto a las patronales, haciéndole creer a los trabajadores que por ahí van a venir las inversiones y el mayor trabajo, cuando ya se han producido 150 mil despidos el año pasado y 10 mil durante solo en el mes de enero.
Evidentemente, la conclusión es que la seguridad laboral, es decir el juego entre la vida y la muerte de millones de trabajadores, no puede quedar en manos de mercaderes de la salud privada, porque las ART son eso, son parte del negocio privado, son bancos. Esto no lo dice la Izquierda, sino las asociaciones de profesionales. Los colegios de abogados dicen que son bancos, son empresas con fines de lucro. El Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que tienen fines comerciales.
Hay una noticia de 2015, por ejemplo, que indica que el grupo australiano QBE vendió una ART al grupo Werthein por 760 millones de dólares. El grupo Werthein seguirá haciendo negocios con la vida de los trabajadores y el otro pondrá la plata en la Bolsa de tal o cual lado. Las ART son un negocio.
Los gobiernos han permitido durante todos estos años este gran negocio porque las ART no se sostienen en el aire.
Evidentemente hay que hacer mención a la modificación del año 2012 de la ley de riesgos del trabajo del gobierno anterior, que fue festejada por la UIA y figuró en los diarios de ese momento que comentaban el festejo de la CGT y de la UIA.
La CGT de Hugo Moyano denunció que era la ley Banelco -otra ley Banelco- y los diputados kirchneristas de esta Cámara probablemente voten este proyecto de ley que viene del Senado. Sin embargo, durante los años anteriores se mantuvieron las ART y la CGT, que en su momento estuvo en contra, lamentablemente hoy está a favor.
Las ART son un elemento más para el paro que está fijado sin fecha. Dicho paro debería hacerse ahora contra el ajuste y contra los despidos, para ver la reincorporación de los compañeros de la ART Clarín y en apoyo a los docentes que tienen una pelea enorme; para que este proyecto de ley no pase, ya debería darse un paro general.
Los problemas de los trabajadores no van a solucionarse ni con discursos ni con leyes. Por eso la salida que proponemos es terminar con el negocio de las ART y declararlas nulas, porque han sido fruto de un saqueo y de un robo pergeñado en décadas pasadas.
El Estado debe hacerse cargo de la seguridad laboral, bajo el control de los trabajadores y de los profesionales de la salud, y también de los hospitales públicos, cobrándoles comisiones a los grandes empresarios para que la plata no vaya a las ART o al sistema financiero sino al sistema de salud de los trabajadores.
De manera complementaria el Estado también debería poner plata para la salud e invertir en un mayor presupuesto educativo, no en subsidiar a las petroleras o en pagar a los fondos buitres -porque está la plata para ellos. Asimismo, la empresa que no cumpla con las normas de seguridad -que debe haber un catálogo elaborado por los trabajadores y profesionales de la salud-, debería pasar a manos del Estado y ser puesta a funcionar bajo el control de sus trabajadores.
Toda ley que no establezca que se debe terminar con las ART es un saludo a la bandera y un paso más en la flexibilización laboral que nosotros repudiamos.
Como se dijo en distintos medios, en asociaciones laboralistas, en colegios de abogados, por dirigentes sindicales y en la comisión bicameral en la que estuvimos presentes, es una ley a pedido de los empresarios y donde pierden los trabajadores accidentados.
Esto es así porque es una ley que esencialmente mantiene el gran negocio de las aseguradoras, ya que es más barato pagar una indemnización a la baja que invertir en seguridad laboral.
Es un proyecto de ley que sigue los lineamientos de la ley votada en el peronismo menemista en la década del 90, donde se inauguró un plan de flexibilización, de remate del patrimonio nacional, de privatizaciones y de saqueo global, que después se mantuvo con el gobierno de la Alianza, con el gobierno kirchnerista anterior y ahora con el gobierno de Cambiemos.
Por eso, en la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del otro día denunciamos el acuerdo posterior a la caída del decreto de necesidad y urgencia. Me refiero al acuerdo, reflejado inclusive por los propios medios, por el cual los bloque del propio macrismo, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria del Senado habían acordado votar el proyecto de ley del Senado en la Cámara de Diputados, que no era otra cosa que consolidar el texto del DNU, que había sido repudiado y todo el mundo declaraba como dictatorial.
Estamos ante una ley anti obrera, pro patronal, que juega con la salud y la vida de millones de trabajadores cuando, evidentemente, la solución es terminar con el negocio de las ART y que el Estado se haga cargo, bajo el control de sus trabajadores, de la seguridad.
Por eso denunciamos el objetivo de la ley, que es reducir la litigiosidad y no reducir los accidentes ni las muertes laborales. La propia Superintendencia de riesgos de trabajo dice que desde 2003 a 2015 hubo 11.376 muertes por accidentes de trabajo.
El gobierno, evidentemente, ayuda a las ART a victimizarse y a las patronales que, una de cada tres, no cumple con las normas de seguridad. Cuando fuimos a las audiencias públicas a fin de rechazar el tarifazo, Edenor y Edesur se ponían en posición de víctima y justificaban el aumento de tarifas porque supuestamente estaban trabajando a pérdida. Lo mismo se está haciendo ahora.
Se calcula que la denominada industria del juicio ha generado demandas por cinco mil millones de dólares; efectivamente esa es la plata que se les debe a los trabajadores que ponen en riesgo su vida por trabajar y a los cuales las aseguradoras y las grandes patronales les deberían pagar peso sobre peso, porque es lo que vienen reclamando.
El objetivo del proyecto no es terminar con los siniestros laborales, sino acabar con los juicios. Los siniestros laborales existen porque no hay prevención. Recién mi compañero Néstor Pitrola hacía mención a los cinco trabajadores del subte muertos porque no hay protocolo de seguridad. El año pasado, un trabajador de seguridad e higiene del ferrocarril Sarmiento casi pierde la vida porque lo arrolló un tren en horas de la noche cuando estaba trabajando. Los trabajadores hicieron un paro en reclamo de seguridad laboral, y el gobierno los persiguió aplicando a los delegados del Sarmiento el fallo de la Corte Suprema, diciendo que no podían tomar medidas de fuerza para defender la seguridad y la higiene laboral.
Por otro lado, no se reconocen enfermedades laborales. Evidentemente seguirá habiendo muertos debido a los ritmos de trabajo. Cuando el gobierno habla de productividad y de competitividad está hablando de superexplotación obrera, de jornadas de diez o doce horas manteniendo el presentismo. El Ministerio de Trabajo, como ocurre en todos los ámbitos, evidentemente no hace ningún mínimo control. Por eso, en vez de llamarse Ministerio de Trabajo, debería denominarse Ministerio de las Grandes Patronales.
Es una vergüenza que el ministro de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, haya dicho ante los 380 despidos de los heroicos trabajadores de AGR Clarín -que mantienen ocupada la planta en defensa de su puesto de trabajo desde hace casi un mes con un fondo de huelga apoyado por toda su familia-, que el tema lo excede y que no puede intervenir. El propio Ministerio de Trabajo ha intervenido a favor de los bancos -que son los que más han ganado durante este y el gobierno anterior- tratando de anular una paritaria por la que se incrementaron un 24 por ciento los salarios. Ese mismo ministro ha dicho en el diario La Nación del día domingo que por decreto de necesidad y urgencia seguirá adelante con las reformas laborales, con las pasantías con el trabajo precarizado, sacándole impuesto a las patronales, haciéndole creer a los trabajadores que por ahí van a venir las inversiones y el mayor trabajo, cuando ya se han producido 150 mil despidos el año pasado y 10 mil durante solo en el mes de enero.
Evidentemente, la conclusión es que la seguridad laboral, es decir el juego entre la vida y la muerte de millones de trabajadores, no puede quedar en manos de mercaderes de la salud privada, porque las ART son eso, son parte del negocio privado, son bancos. Esto no lo dice la Izquierda, sino las asociaciones de profesionales. Los colegios de abogados dicen que son bancos, son empresas con fines de lucro. El Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que tienen fines comerciales.
Hay una noticia de 2015, por ejemplo, que indica que el grupo australiano QBE vendió una ART al grupo Werthein por 760 millones de dólares. El grupo Werthein seguirá haciendo negocios con la vida de los trabajadores y el otro pondrá la plata en la Bolsa de tal o cual lado. Las ART son un negocio.
Los gobiernos han permitido durante todos estos años este gran negocio porque las ART no se sostienen en el aire.
Evidentemente hay que hacer mención a la modificación del año 2012 de la ley de riesgos del trabajo del gobierno anterior, que fue festejada por la UIA y figuró en los diarios de ese momento que comentaban el festejo de la CGT y de la UIA.
La CGT de Hugo Moyano denunció que era la ley Banelco -otra ley Banelco- y los diputados kirchneristas de esta Cámara probablemente voten este proyecto de ley que viene del Senado. Sin embargo, durante los años anteriores se mantuvieron las ART y la CGT, que en su momento estuvo en contra, lamentablemente hoy está a favor.
Las ART son un elemento más para el paro que está fijado sin fecha. Dicho paro debería hacerse ahora contra el ajuste y contra los despidos, para ver la reincorporación de los compañeros de la ART Clarín y en apoyo a los docentes que tienen una pelea enorme; para que este proyecto de ley no pase, ya debería darse un paro general.
Los problemas de los trabajadores no van a solucionarse ni con discursos ni con leyes. Por eso la salida que proponemos es terminar con el negocio de las ART y declararlas nulas, porque han sido fruto de un saqueo y de un robo pergeñado en décadas pasadas.
El Estado debe hacerse cargo de la seguridad laboral, bajo el control de los trabajadores y de los profesionales de la salud, y también de los hospitales públicos, cobrándoles comisiones a los grandes empresarios para que la plata no vaya a las ART o al sistema financiero sino al sistema de salud de los trabajadores.
De manera complementaria el Estado también debería poner plata para la salud e invertir en un mayor presupuesto educativo, no en subsidiar a las petroleras o en pagar a los fondos buitres -porque está la plata para ellos. Asimismo, la empresa que no cumpla con las normas de seguridad -que debe haber un catálogo elaborado por los trabajadores y profesionales de la salud-, debería pasar a manos del Estado y ser puesta a funcionar bajo el control de sus trabajadores.
Toda ley que no establezca que se debe terminar con las ART es un saludo a la bandera y un paso más en la flexibilización laboral que nosotros repudiamos.
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Recalde.
SR. RECALDE Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero aclarar que este es un tema que se originó en el Poder Ejecutivo nacional y fue modificado en algunos aspectos, a instancias del bloque del Frente para la Victoria del PJ en el Senado, en nuestra lectura de manera insuficiente, porque mantiene los vicios de origen. Por esa razón tenemos un dictamen absolutamente distinto al que seguramente será el de mayoría.
Se habla de la historia y en realidad uno debe hacerlo con mucho respeto porque aquí están en juego las ideologías y las convicciones, más allá de los agravios que se puedan deslizar con la industria del juicio, etcétera.
Debo confesar que soy abogado laboralista, si bien mi mejor especialidad tal vez no sea la ley de accidentes de trabajo.
Esta normativa, desde 1915 con la ley 9.688 de autoría de Alfredo Palacios, en general evolucionó tratando de velar por la salud e integridad psicofísica de los trabajadores. Hubo un vuelco muy importante a nivel jurisprudencial durante el año 68, en plena dictadura de Onganía, con un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la capital en los autos "Cornelio Alegre contra Manufactura Algodonera Argentina".
Estoy tentado de citar a Jauretche, porque yo era abogado de la comisión interna de la Manufactura Algodonera Argentina y a Cornelio Alegre los compañeros le decían "cornudo contento". Ese fallo fue sustancial porque tuvo que ver con la igualdad de los trabajadores, tema que fue citado por alguna diputada preopinante al referirse a la igualdad ante la ley con el ejemplo de dos personas que viajan en el mismo avión y tienen protecciones distintas.
En dicho fallo plenario se reconoció que el trabajador también tenía acceso a los derechos del viejo Código Civil -el artículo 1.113 citado hoy por el diputado Lipovetzky- que permitía la reparación integral.
Quiero señalar que en este proyecto de ley se establece que, incluso cuando alguien pretende ir al fuero civil reclamando la reparación integral, tiene la obligación de ir a las comisiones médicas y no se entiende por qué.
A tambor batiente vienen a tratar de sancionar esta ley, habiéndolo intentado primero a partir de un decreto de necesidad y urgencia que ya fue cuestionado por la comisión bicameral.
Quiero plantear un eje primordial en la discusión de esta y otras normas. Me refiero específicamente a la institucionalidad y la seguridad jurídica. Permanentemente se está violando la institucionalidad y como correlato la seguridad jurídica. Realmente no sé si de esa forma llegarán inversiones de riesgo. Vendrán los capitales golondrina. No creo que haya capitales que vengan a invertir en producción y trabajo.
Se dijeron muchas cosas y trataré de limitarme lo más posible en mi exposición. En 1995 nació este sistema en el epicentro de la mayor flexibilización laboral a partir de los contratos basura y su ampliación, la ley de quiebras que modificamos y esta ley sobre riesgos del trabajo. La realidad es que a las pymes siempre las ponen de mascarón de proa para conseguir ventajas para las grandes empresas.
No hay trabajadores pequeños, medianos y grandes. Son todos iguales. Entonces distingamos las empresas. Veamos cómo ayudamos a afrontar estos problemas a las pequeñas y medianas empresas pero no las pongamos de mascarón de proa para favorecer a las grandes, es decir a las multinacionales que son las beneficiadas.
Por otra parte, quiero agregar que el origen es espurio porque es muy difícil salir de este sistema; uno comprende que no es fácil. Lo cuestionamos cuando nació y sabemos que es absolutamente autocontradictorio. En una sociedad de economía de mercado una empresa de lucro es lógica, pero no es lógico y es autocontradictorio que esa sociedad de lucro, que son las compañías de seguro llamadas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, esté invirtiendo en prevención y en reparación. Cuanto más se invierte en prevención y se paga más en reparación, se obtiene menos rentabilidad. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Siempre en contra de los trabajadores.
Además, como de costumbre, hemos llegado a subsidiar a estas aseguradoras a expensas de los derechos de los trabajadores. Mediante un decreto del entonces presidente Menem, en 1997 se quitó la contribución al seguro de vida obligatorio a favor de los trabajadores y fue otorgada a las aseguradas de riesgo de trabajo para que pagaran los juicios. Igualmente terminaron pagando cualquier cosa y el sistema sigue vigente con recursos ingentes.
En aquel momento, entendiendo que había malversación de fondos, hice una denuncia penal contra el entonces presidente Menem. Sin embargo la Justicia lo absolvió. Uno cree en la República, en la presunción de inocencia y en la independencia de la Justicia -aunque a veces no tanto-, pero esa fue la sentencia absolutoria.
También se dijo acá, y voy a sintetizarlo, que cualquier solución que encontremos en la Justicia, porque habrá alguna, será una victoria pírrica para los trabajadores. La primera declaración de inconstitucionalidad a la ley sancionada en 1995 ocurrió en 2004, es decir luego de nueve años. Mientras tanto los trabajadores siguieron financiando a las aseguradoras de riesgos del trabajo ya no con el subsidio directo sino indirectamente, pagado con la salud y la integridad psicofísica.
¿Por qué no existe un comité de higiene y seguridad mixto como propusimos hace un tiempo? ¿Qué mejor para prevenir las enfermedades y los accidentes que el aporte del trabajador que está al pie de la máquina y sabe cuáles son los riesgos? Fíjense la absoluta contradicción del artículo 19 de este proyecto, el que anteriormente ya fue citado. Están poniendo el carro delante de los caballos. Lo primero que tenemos que hacer durante los noventa días hábiles no es quitarles derechos a los trabajadores atentando contra la igualdad y la libertad del trabajador de iniciar o no un juicio sino ver qué ocurre con la prevención. El texto del artículo 19 se refiere a los noventa días hábiles para estudiar el tema y remitir un anteproyecto, pero pregunto por qué no lo hacemos ahora. ¿Por qué no nos ponemos ya a estudiar y vemos cómo encaramos la prevención laboral? Compartimos la idea porque siempre buscamos los acuerdos. Es una vieja deformación de los abogados laboralistas buscar la manera de acordar.
Coincido con todos los que están preocupados porque aumentó la cantidad de juicios por accidentes de trabajo. Ello es cierto. Ahora bien, ¿por qué aumentaron? ¿Quién hizo un estudio de campo para saber los motivos?
Se niegan las enfermedades profesionales para no pagar y maximizar la rentabilidad, refiriéndose a un 2 o 3 por ciento cuando en realidad la Organización Internacional del Trabajo habla del 36 o 38 por ciento. Ello me preocupa y pregunto por qué no se hizo un estudio de campo para saber cuántos juicios se inician, por qué montos, cuántos se concilian y qué se cuestiona. Asimismo, tratándose de enfermedades profesionales, habría que conocer cuál es el grado de incapacidad o si se trata de reagravación.
La verdad es que no se ha hecho absolutamente ningún estudio previo que justifique la sanción de esta norma que estoy seguro, que por las mayorías políticas que han conseguido, se va a aprobar.
Hay una ristra de fallos de la Corte -Vialgo, Marchetti, Obregón, Ángel Estrada y Compañía, Castillo Ángel c/ Cerámica Alberti, Roldán c/ Borrás, Oberti, Compañía Argentina de Teléfonos, Fernández Arias, Díaz, Gravina y Raúl César c/ la Caja ART- que indican que esta ley va a ser declarada inconstitucional. La pregunta es ¿después de cuánto tiempo? ¿Después de cuántas muertes? ¿Después de cuántas enfermedades no resarcidas? Ese es el mayor problema que tenemos.
No voy a seguir abundando porque se habló mucho, pero hay que decir que el contexto de los anuncios oficiales sobre esta ley, es buscar bajar el costo laboral. No se buscar terminar con las enfermedades profesionales, con los accidentes o bajar el nivel de siniestralidad. Se trata de bajar el costo laboral.
Lo dijo el ministro de Trabajo cuando anunció nuevas normas flexibilizadoras. Es la filosofía neoliberal. No me voy a enojar con el ministro por eso. Él tiene su filosofía, yo tengo otra filosofía y otras convicciones. Respeto a todos los que piensan distinto. A nosotros no nos respetan cuando nos adjudican algunos calificativos.
Eso me hace acordar a la metodología que existe en Estados Unidos de Norteamérica que se llama la defensa canalla -les aclaro a los rosarinos que no tiene nada que ver con Rosario Central-, que consiste en descalificar al interlocutor para no discutir el pensamiento o la idea.
A mí no me van a encontrar en eso. Yo voy a discutir la idea y el pensamiento y voy a pasar por alto las diatribas, las ofensas y las injurias. Soy abogado laboralista y lo hago con convicción y, jauretcheanamente, lo hago también con alegría, porque estoy defendiendo a los que creo que tengo que defender, que son los trabajadores.
En este proyecto de ley, que seguramente se va a aprobar el miércoles, hay algunas omisiones que dejan sin derecho de acceso a la Justicia, a ninguna justicia laboral, al trabajador que tiene su empleo en la Ciudad de Buenos Aires, el domicilio de la ART en la Ciudad de Buenos Aires y el empleador en la Ciudad de Buenos Aires. Porque habla de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no habla de la Justicia Nacional del Trabajo, que es señera en la evolución de estas normativas y de estas jurisprudencia. Sin embargo, se la omite. Entonces ¿a dónde van a ir esos trabajadores?
Les pido perdón por la vehemencia, que no es descalificatoria para nadie, sino producto de la pasión. (Aplausos).
En primer lugar, quiero aclarar que este es un tema que se originó en el Poder Ejecutivo nacional y fue modificado en algunos aspectos, a instancias del bloque del Frente para la Victoria del PJ en el Senado, en nuestra lectura de manera insuficiente, porque mantiene los vicios de origen. Por esa razón tenemos un dictamen absolutamente distinto al que seguramente será el de mayoría.
Se habla de la historia y en realidad uno debe hacerlo con mucho respeto porque aquí están en juego las ideologías y las convicciones, más allá de los agravios que se puedan deslizar con la industria del juicio, etcétera.
Debo confesar que soy abogado laboralista, si bien mi mejor especialidad tal vez no sea la ley de accidentes de trabajo.
Esta normativa, desde 1915 con la ley 9.688 de autoría de Alfredo Palacios, en general evolucionó tratando de velar por la salud e integridad psicofísica de los trabajadores. Hubo un vuelco muy importante a nivel jurisprudencial durante el año 68, en plena dictadura de Onganía, con un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la capital en los autos "Cornelio Alegre contra Manufactura Algodonera Argentina".
Estoy tentado de citar a Jauretche, porque yo era abogado de la comisión interna de la Manufactura Algodonera Argentina y a Cornelio Alegre los compañeros le decían "cornudo contento". Ese fallo fue sustancial porque tuvo que ver con la igualdad de los trabajadores, tema que fue citado por alguna diputada preopinante al referirse a la igualdad ante la ley con el ejemplo de dos personas que viajan en el mismo avión y tienen protecciones distintas.
En dicho fallo plenario se reconoció que el trabajador también tenía acceso a los derechos del viejo Código Civil -el artículo 1.113 citado hoy por el diputado Lipovetzky- que permitía la reparación integral.
Quiero señalar que en este proyecto de ley se establece que, incluso cuando alguien pretende ir al fuero civil reclamando la reparación integral, tiene la obligación de ir a las comisiones médicas y no se entiende por qué.
A tambor batiente vienen a tratar de sancionar esta ley, habiéndolo intentado primero a partir de un decreto de necesidad y urgencia que ya fue cuestionado por la comisión bicameral.
Quiero plantear un eje primordial en la discusión de esta y otras normas. Me refiero específicamente a la institucionalidad y la seguridad jurídica. Permanentemente se está violando la institucionalidad y como correlato la seguridad jurídica. Realmente no sé si de esa forma llegarán inversiones de riesgo. Vendrán los capitales golondrina. No creo que haya capitales que vengan a invertir en producción y trabajo.
Se dijeron muchas cosas y trataré de limitarme lo más posible en mi exposición. En 1995 nació este sistema en el epicentro de la mayor flexibilización laboral a partir de los contratos basura y su ampliación, la ley de quiebras que modificamos y esta ley sobre riesgos del trabajo. La realidad es que a las pymes siempre las ponen de mascarón de proa para conseguir ventajas para las grandes empresas.
No hay trabajadores pequeños, medianos y grandes. Son todos iguales. Entonces distingamos las empresas. Veamos cómo ayudamos a afrontar estos problemas a las pequeñas y medianas empresas pero no las pongamos de mascarón de proa para favorecer a las grandes, es decir a las multinacionales que son las beneficiadas.
Por otra parte, quiero agregar que el origen es espurio porque es muy difícil salir de este sistema; uno comprende que no es fácil. Lo cuestionamos cuando nació y sabemos que es absolutamente autocontradictorio. En una sociedad de economía de mercado una empresa de lucro es lógica, pero no es lógico y es autocontradictorio que esa sociedad de lucro, que son las compañías de seguro llamadas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, esté invirtiendo en prevención y en reparación. Cuanto más se invierte en prevención y se paga más en reparación, se obtiene menos rentabilidad. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Siempre en contra de los trabajadores.
Además, como de costumbre, hemos llegado a subsidiar a estas aseguradoras a expensas de los derechos de los trabajadores. Mediante un decreto del entonces presidente Menem, en 1997 se quitó la contribución al seguro de vida obligatorio a favor de los trabajadores y fue otorgada a las aseguradas de riesgo de trabajo para que pagaran los juicios. Igualmente terminaron pagando cualquier cosa y el sistema sigue vigente con recursos ingentes.
En aquel momento, entendiendo que había malversación de fondos, hice una denuncia penal contra el entonces presidente Menem. Sin embargo la Justicia lo absolvió. Uno cree en la República, en la presunción de inocencia y en la independencia de la Justicia -aunque a veces no tanto-, pero esa fue la sentencia absolutoria.
También se dijo acá, y voy a sintetizarlo, que cualquier solución que encontremos en la Justicia, porque habrá alguna, será una victoria pírrica para los trabajadores. La primera declaración de inconstitucionalidad a la ley sancionada en 1995 ocurrió en 2004, es decir luego de nueve años. Mientras tanto los trabajadores siguieron financiando a las aseguradoras de riesgos del trabajo ya no con el subsidio directo sino indirectamente, pagado con la salud y la integridad psicofísica.
¿Por qué no existe un comité de higiene y seguridad mixto como propusimos hace un tiempo? ¿Qué mejor para prevenir las enfermedades y los accidentes que el aporte del trabajador que está al pie de la máquina y sabe cuáles son los riesgos? Fíjense la absoluta contradicción del artículo 19 de este proyecto, el que anteriormente ya fue citado. Están poniendo el carro delante de los caballos. Lo primero que tenemos que hacer durante los noventa días hábiles no es quitarles derechos a los trabajadores atentando contra la igualdad y la libertad del trabajador de iniciar o no un juicio sino ver qué ocurre con la prevención. El texto del artículo 19 se refiere a los noventa días hábiles para estudiar el tema y remitir un anteproyecto, pero pregunto por qué no lo hacemos ahora. ¿Por qué no nos ponemos ya a estudiar y vemos cómo encaramos la prevención laboral? Compartimos la idea porque siempre buscamos los acuerdos. Es una vieja deformación de los abogados laboralistas buscar la manera de acordar.
Coincido con todos los que están preocupados porque aumentó la cantidad de juicios por accidentes de trabajo. Ello es cierto. Ahora bien, ¿por qué aumentaron? ¿Quién hizo un estudio de campo para saber los motivos?
Se niegan las enfermedades profesionales para no pagar y maximizar la rentabilidad, refiriéndose a un 2 o 3 por ciento cuando en realidad la Organización Internacional del Trabajo habla del 36 o 38 por ciento. Ello me preocupa y pregunto por qué no se hizo un estudio de campo para saber cuántos juicios se inician, por qué montos, cuántos se concilian y qué se cuestiona. Asimismo, tratándose de enfermedades profesionales, habría que conocer cuál es el grado de incapacidad o si se trata de reagravación.
La verdad es que no se ha hecho absolutamente ningún estudio previo que justifique la sanción de esta norma que estoy seguro, que por las mayorías políticas que han conseguido, se va a aprobar.
Hay una ristra de fallos de la Corte -Vialgo, Marchetti, Obregón, Ángel Estrada y Compañía, Castillo Ángel c/ Cerámica Alberti, Roldán c/ Borrás, Oberti, Compañía Argentina de Teléfonos, Fernández Arias, Díaz, Gravina y Raúl César c/ la Caja ART- que indican que esta ley va a ser declarada inconstitucional. La pregunta es ¿después de cuánto tiempo? ¿Después de cuántas muertes? ¿Después de cuántas enfermedades no resarcidas? Ese es el mayor problema que tenemos.
No voy a seguir abundando porque se habló mucho, pero hay que decir que el contexto de los anuncios oficiales sobre esta ley, es buscar bajar el costo laboral. No se buscar terminar con las enfermedades profesionales, con los accidentes o bajar el nivel de siniestralidad. Se trata de bajar el costo laboral.
Lo dijo el ministro de Trabajo cuando anunció nuevas normas flexibilizadoras. Es la filosofía neoliberal. No me voy a enojar con el ministro por eso. Él tiene su filosofía, yo tengo otra filosofía y otras convicciones. Respeto a todos los que piensan distinto. A nosotros no nos respetan cuando nos adjudican algunos calificativos.
Eso me hace acordar a la metodología que existe en Estados Unidos de Norteamérica que se llama la defensa canalla -les aclaro a los rosarinos que no tiene nada que ver con Rosario Central-, que consiste en descalificar al interlocutor para no discutir el pensamiento o la idea.
A mí no me van a encontrar en eso. Yo voy a discutir la idea y el pensamiento y voy a pasar por alto las diatribas, las ofensas y las injurias. Soy abogado laboralista y lo hago con convicción y, jauretcheanamente, lo hago también con alegría, porque estoy defendiendo a los que creo que tengo que defender, que son los trabajadores.
En este proyecto de ley, que seguramente se va a aprobar el miércoles, hay algunas omisiones que dejan sin derecho de acceso a la Justicia, a ninguna justicia laboral, al trabajador que tiene su empleo en la Ciudad de Buenos Aires, el domicilio de la ART en la Ciudad de Buenos Aires y el empleador en la Ciudad de Buenos Aires. Porque habla de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no habla de la Justicia Nacional del Trabajo, que es señera en la evolución de estas normativas y de estas jurisprudencia. Sin embargo, se la omite. Entonces ¿a dónde van a ir esos trabajadores?
Les pido perdón por la vehemencia, que no es descalificatoria para nadie, sino producto de la pasión. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Petri.
SR. PETRI Señor presidente: la verdad es que después de escuchar a algunos diputados preopinantes, queda la sensación de que estamos debatiendo dos proyectos distintos.
Uno es el proyecto que vino del Senado de la Nación, que cosechó los apoyos no solamente de los distintos bloques opositores, que en todos los casos invariablemente defienden los derechos del trabajador, sino también de la propia CGT, la Confederación General del Trabajo, que nuclea y defiende los derechos del trabajador y que apoyó explícitamente esta ley. El otro, por el contrario, es el de los efusivos discursos que dicen que este proyecto se enmarca en las políticas neoliberales, que desampara a los trabajadores y que estamos aquí aplaudiendo una reforma a la ley de riesgos de trabajo porque queremos garantizar la rentabilidad de las empresas. Por ello, nos damos cuenta que estamos discutiendo, necesariamente, dos proyectos distintos.
Algunos no quieren ver las mejoras significativas que esta ley trae al trabajador, porque necesitan demonizar el proyecto; necesitan encarnizarse con el proyecto porque de esa manera justifican la negativa a votar un proyecto que mejora sustancialmente los derechos de los trabajadores. Para ello se justifican en las comisiones médicas y arman hermosos relatos a partir de lo que puede ser una negativa a la revisión judicial. Sin embargo, esto no ocurre en el proyecto de ley.
Les encantaría que el proyecto dijera que, agotada la vía administrativa, el trabajador queda sin ningún tipo de derecho a la revisión judicial de esa decisión, pero esto no ocurre; esto no sucede en el proyecto.
Es cierto que, a partir de este proyecto de ley, invariablemente los trabajadores tendrán que recurrir ante las comisiones médicas, pero estas comisiones médicas tienen un plazo perentorio, porque cuentan con 60 días hábiles para expedirse respecto de la incapacidad y de los baremos. A partir de allí, queda expedita la posibilidad de revisar judicialmente la sentencia.
Quienes critican a las comisiones médicas y a este proyecto de ley sancionado por el Senado, no dicen que los peritos tendrán que ser del cuerpo médico forense. Tampoco han dicho que los peritos ya no van a cobrar por el monto de las demandas que se inicien sino por el tipo de enfermedad o discapacidad que se esté reclamando. Tampoco dicen que los abogados ya no van a poder cobrar pacto de cuota litis, lo cual perjudica a los trabajadores porque les saca parte de la indemnización prevista para pagar su defensa y su abogado. No se va a poder cobrar pacto de cuota litis en sede administrativa ni judicial.
Señor presidente, estas cosas no se mencionan; se omiten deliberadamente. Tampoco han dicho que aumentamos el plazo de incapacidad laboral transitoria de uno a dos años. Este es el tiempo durante el cual la aseguradora de riesgos del trabajo le paga el salario al trabajador. No han mencionado que el cálculo del ingreso que se toma como base para las indemnizaciones por incapacidad laboral permanente, ahora se va a actualizar por medio del índice RIPTE. Esto tampoco ha sido mencionado; no lo he escuchado en ninguna de las intervenciones realizadas.
No se ha hecho mención al sistema de homologaciones que se instrumenta a través de este proyecto, ni que el trabajador no registrado tendrá la posibilidad de reclamar directamente en la Justicia o en el autoseguro provincial.
Estas son muchas de las cuestiones que necesariamente se tienen que mencionar, porque si no, hay una visión miope y sesgada de la realidad que este proyecto de reforma intenta modificar.
También han mencionado la litigiosidad y han dicho que este proyecto no busca prevenir los siniestros, ni disminuir la cantidad de enfermedades inculpables, o de personas que quedan discapacitadas producto del trabajo sino que busca bajar la litigiosidad. ¡Claro que buscamos bajar la litigiosidad! Porque cuando hay litigiosidad, cuando hay juicios controvertidos hay derechos controvertidos, hay derechos litigiosos de los trabajadores, hay prestaciones que no llegan al bolsillo y a los destinatarios, que son los trabajadores; hay trabajadores a los que se les niega la posibilidad de acceder a sus derechos y se los hace litigar por años.
Fíjense, no es casual que exista esta litigiosidad que perjudica a los trabajadores. ¿Por qué esta litigiosidad perjudica a los trabajadores? Voy a repetir una cifra dos o tres veces porque este ejemplo es ilustrativo de la situación que existe en la República Argentina.
En el año 2010 existían 53.000 juicios, que prácticamente se incrementaron a 120.000, seis años después. Esto habla a la claras que ha habido un incremento exponencial de las demandas judiciales que se generan ante la Justicia, pero la capacidad de respuesta del sistema sigue siendo la misma. Esto tampoco se ha dicho, porque es cierto que se han incrementado los juicios en materia de riesgos del trabajo, pero la diferencia es que en 2010 esa Justicia resolvía 33.000 juicios y, seis años después, resuelve 35.000.
La pregunta que tenemos que hacernos es qué pasa con ese stock de juicios, qué pasa con los trabajadores que año tras año siguen litigando. Ya hay un stock de 350.000 juicios. Estamos hablando de trabajadores que no acceden a las prestaciones, que no tienen tratamientos médicos y que no acceden a las indemnizaciones que prevé la ley. Entonces, me pregunto: ¿dónde están los que defienden los derechos de los trabajadores con el tiempo, con el plazo, con la espera, cuando muchos de ellos se mueren litigando ante los tribunales?
Lo que decíamos cuando debatíamos la ley de reparación histórica a los jubilados que pasaban años y años litigando, también aplica a la hora de mencionar lo que ocurre en la ley de riesgos del trabajo respecto de la mora que tiene la Justicia a la hora de resolver los juicios.
No quiero extenderme demasiado, señor presidente, porque me parece que esta discusión se trasladará al seno del cuerpo, y bienvenido que así sea.
Personalmente quisiera hacer algunas consideraciones. Algunos mencionaron que esta ley no establece plazos para que se expida la Comisión Médica Central y sí lo hace para que se expidan las Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Es cierto que no lo dispone expresamente pero todos saben que ese plazo está implícitamente comprendido en la ley de procedimiento administrativo que establece recursos que son el pronto despacho y, en última instancia, el amparo por mora. Ello significa que está salvada la omisión del plazo no contenida en el proyecto de ley.
Asimismo, es importante el tratamiento de esta ley de prevención porque también debemos atacar el costado de la prevención para evitar que estas enfermedades y accidentes se produzcan.
Quiero traer nuevamente la cifra de los 53.000 juicios que en 2010 ocurrían en la República Argentina y quiero hacerlo porque Cristina Fernández de Kirchner, con la mitad de los juicios que actualmente existen, condenaba a la industria del juicio y también a los caranchos; y se rasgaba las vestiduras hablando de la necesidad de modificar la ley de riesgos de trabajo.
Esa ley de riesgo de trabajo se modificó con 64.000 juicios a partir del dictado de la ley 26.773 que, entre otras cosas, excluyó la doble vía y la posibilidad de que los trabajadores pudieran recurrir por vía civil y por vía laboral estableciendo la imposibilidad de que lo hicieran y obligándolos a optar.
Entonces, los mismos que en nombre del salariazo y la revolución productiva dictaron la ley de riesgos del trabajo, diez años después y en nombre del modelo nacional y popular de justicia con inclusión, establecieron una ley que era claramente inconstitucional y la dictaron para proteger a los trabajadores, mientras que hoy es para hacer el caldo gordo a los liberales y a las ART.
Entonces, digamos las cosas por su nombre, esta ley tiene el acompañamiento de los sectores trabajadores porque no es una ley caprichosa sino que tiende a beneficiar a cientos de miles de trabajadores que hoy se ven condenados a litigar sin tener respuesta a sus derechos. (Aplausos)
Uno es el proyecto que vino del Senado de la Nación, que cosechó los apoyos no solamente de los distintos bloques opositores, que en todos los casos invariablemente defienden los derechos del trabajador, sino también de la propia CGT, la Confederación General del Trabajo, que nuclea y defiende los derechos del trabajador y que apoyó explícitamente esta ley. El otro, por el contrario, es el de los efusivos discursos que dicen que este proyecto se enmarca en las políticas neoliberales, que desampara a los trabajadores y que estamos aquí aplaudiendo una reforma a la ley de riesgos de trabajo porque queremos garantizar la rentabilidad de las empresas. Por ello, nos damos cuenta que estamos discutiendo, necesariamente, dos proyectos distintos.
Algunos no quieren ver las mejoras significativas que esta ley trae al trabajador, porque necesitan demonizar el proyecto; necesitan encarnizarse con el proyecto porque de esa manera justifican la negativa a votar un proyecto que mejora sustancialmente los derechos de los trabajadores. Para ello se justifican en las comisiones médicas y arman hermosos relatos a partir de lo que puede ser una negativa a la revisión judicial. Sin embargo, esto no ocurre en el proyecto de ley.
Les encantaría que el proyecto dijera que, agotada la vía administrativa, el trabajador queda sin ningún tipo de derecho a la revisión judicial de esa decisión, pero esto no ocurre; esto no sucede en el proyecto.
Es cierto que, a partir de este proyecto de ley, invariablemente los trabajadores tendrán que recurrir ante las comisiones médicas, pero estas comisiones médicas tienen un plazo perentorio, porque cuentan con 60 días hábiles para expedirse respecto de la incapacidad y de los baremos. A partir de allí, queda expedita la posibilidad de revisar judicialmente la sentencia.
Quienes critican a las comisiones médicas y a este proyecto de ley sancionado por el Senado, no dicen que los peritos tendrán que ser del cuerpo médico forense. Tampoco han dicho que los peritos ya no van a cobrar por el monto de las demandas que se inicien sino por el tipo de enfermedad o discapacidad que se esté reclamando. Tampoco dicen que los abogados ya no van a poder cobrar pacto de cuota litis, lo cual perjudica a los trabajadores porque les saca parte de la indemnización prevista para pagar su defensa y su abogado. No se va a poder cobrar pacto de cuota litis en sede administrativa ni judicial.
Señor presidente, estas cosas no se mencionan; se omiten deliberadamente. Tampoco han dicho que aumentamos el plazo de incapacidad laboral transitoria de uno a dos años. Este es el tiempo durante el cual la aseguradora de riesgos del trabajo le paga el salario al trabajador. No han mencionado que el cálculo del ingreso que se toma como base para las indemnizaciones por incapacidad laboral permanente, ahora se va a actualizar por medio del índice RIPTE. Esto tampoco ha sido mencionado; no lo he escuchado en ninguna de las intervenciones realizadas.
No se ha hecho mención al sistema de homologaciones que se instrumenta a través de este proyecto, ni que el trabajador no registrado tendrá la posibilidad de reclamar directamente en la Justicia o en el autoseguro provincial.
Estas son muchas de las cuestiones que necesariamente se tienen que mencionar, porque si no, hay una visión miope y sesgada de la realidad que este proyecto de reforma intenta modificar.
También han mencionado la litigiosidad y han dicho que este proyecto no busca prevenir los siniestros, ni disminuir la cantidad de enfermedades inculpables, o de personas que quedan discapacitadas producto del trabajo sino que busca bajar la litigiosidad. ¡Claro que buscamos bajar la litigiosidad! Porque cuando hay litigiosidad, cuando hay juicios controvertidos hay derechos controvertidos, hay derechos litigiosos de los trabajadores, hay prestaciones que no llegan al bolsillo y a los destinatarios, que son los trabajadores; hay trabajadores a los que se les niega la posibilidad de acceder a sus derechos y se los hace litigar por años.
Fíjense, no es casual que exista esta litigiosidad que perjudica a los trabajadores. ¿Por qué esta litigiosidad perjudica a los trabajadores? Voy a repetir una cifra dos o tres veces porque este ejemplo es ilustrativo de la situación que existe en la República Argentina.
En el año 2010 existían 53.000 juicios, que prácticamente se incrementaron a 120.000, seis años después. Esto habla a la claras que ha habido un incremento exponencial de las demandas judiciales que se generan ante la Justicia, pero la capacidad de respuesta del sistema sigue siendo la misma. Esto tampoco se ha dicho, porque es cierto que se han incrementado los juicios en materia de riesgos del trabajo, pero la diferencia es que en 2010 esa Justicia resolvía 33.000 juicios y, seis años después, resuelve 35.000.
La pregunta que tenemos que hacernos es qué pasa con ese stock de juicios, qué pasa con los trabajadores que año tras año siguen litigando. Ya hay un stock de 350.000 juicios. Estamos hablando de trabajadores que no acceden a las prestaciones, que no tienen tratamientos médicos y que no acceden a las indemnizaciones que prevé la ley. Entonces, me pregunto: ¿dónde están los que defienden los derechos de los trabajadores con el tiempo, con el plazo, con la espera, cuando muchos de ellos se mueren litigando ante los tribunales?
Lo que decíamos cuando debatíamos la ley de reparación histórica a los jubilados que pasaban años y años litigando, también aplica a la hora de mencionar lo que ocurre en la ley de riesgos del trabajo respecto de la mora que tiene la Justicia a la hora de resolver los juicios.
No quiero extenderme demasiado, señor presidente, porque me parece que esta discusión se trasladará al seno del cuerpo, y bienvenido que así sea.
Personalmente quisiera hacer algunas consideraciones. Algunos mencionaron que esta ley no establece plazos para que se expida la Comisión Médica Central y sí lo hace para que se expidan las Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Es cierto que no lo dispone expresamente pero todos saben que ese plazo está implícitamente comprendido en la ley de procedimiento administrativo que establece recursos que son el pronto despacho y, en última instancia, el amparo por mora. Ello significa que está salvada la omisión del plazo no contenida en el proyecto de ley.
Asimismo, es importante el tratamiento de esta ley de prevención porque también debemos atacar el costado de la prevención para evitar que estas enfermedades y accidentes se produzcan.
Quiero traer nuevamente la cifra de los 53.000 juicios que en 2010 ocurrían en la República Argentina y quiero hacerlo porque Cristina Fernández de Kirchner, con la mitad de los juicios que actualmente existen, condenaba a la industria del juicio y también a los caranchos; y se rasgaba las vestiduras hablando de la necesidad de modificar la ley de riesgos de trabajo.
Esa ley de riesgo de trabajo se modificó con 64.000 juicios a partir del dictado de la ley 26.773 que, entre otras cosas, excluyó la doble vía y la posibilidad de que los trabajadores pudieran recurrir por vía civil y por vía laboral estableciendo la imposibilidad de que lo hicieran y obligándolos a optar.
Entonces, los mismos que en nombre del salariazo y la revolución productiva dictaron la ley de riesgos del trabajo, diez años después y en nombre del modelo nacional y popular de justicia con inclusión, establecieron una ley que era claramente inconstitucional y la dictaron para proteger a los trabajadores, mientras que hoy es para hacer el caldo gordo a los liberales y a las ART.
Entonces, digamos las cosas por su nombre, esta ley tiene el acompañamiento de los sectores trabajadores porque no es una ley caprichosa sino que tiende a beneficiar a cientos de miles de trabajadores que hoy se ven condenados a litigar sin tener respuesta a sus derechos. (Aplausos)
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Romero.
SR. ROMERO Después de escuchar a distintos integrantes del oficialismo uno entiende porqué intentaron resolver esta cuestión con un decreto de necesidad y urgencia.
Al escuchar las primeras exposiciones de los diputados del oficialismo aparecieron conceptos como: litigiosidad, accidentología, competitividad, industria del juicio y alícuotas. Todos ellos tienen que ver con un pensamiento que nosotros creemos está marcando el rumbo de este gobierno, que es el de la economía y el de los números.
Particularmente en este proyecto de ley no hablamos ni de números ni de estadísticas sino de personas, de trabajadores y por lo tanto, hay que tener otra visión.
El tema de las ART, tal como se ha tratado aquí, se parió mal. Es cierto que tiene el mismo concepto básico que las AFJP en su momento y que consiste en recaudar y no pagar. Así se ha mantenido desde su creación hasta este momento, no ha variado.
Llama la atención que recién hoy algunos legisladores de la oposición tomen en cuenta la problemática de los trabajadores.
Pero es parte de la política cuando se pertenece al oficialismo o a la oposición. Está claro que el gobierno ha procedido de una forma por decir "leve y equivocada".
El Senado por amplia mayoría consensuó una iniciativa con el movimiento obrero y la CGT. Sin embargo, de la noche a la mañana nos encontramos con un decreto de necesidad y urgencia que hasta el día de hoy no se puede explicar cuál es la necesidad ni la urgencia. Luego nos topamos con otro decreto que voltea el decreto anterior y como postre aparece un pedido de sesión extraordinaria para tratar un tema tan delicado como son las enfermedades y los accidentes laborales de los trabajadores.
Consecuentemente, estamos aquí tratando la sanción del Senado que seguramente como muchas leyes sancionadas por este Congreso no será la mejor pero sí contó con el consenso de la mayoría de los senadores y en cuyo debate participó activamente la actual conducción de la CGT. Al respecto quiero señalar que el espacio que integro en el movimiento obrero pertenece a la CGT. De todos modos, aunque no perteneciera, reconocemos la buena voluntad de los dirigentes en esta negociación.
Cuando algunos diputados quieren poner en duda la buena fe del movimiento obrero, tenemos que alzar la voz de verdad.
Hay diputados, en particular del Partido Obrero, que hablan en defensa y en nombre de los trabajadores. Se trata de alguien que no tiene organización sindical ya que perdió en su gremio -el de los gráficos-, contra un dirigente de más de 90 años de edad como fue Ongaro. Este diputado viene a plantearnos la situación de una fábrica como Toyota que es la que contrata más trabajadores y la que cuenta con un comité de seguridad e higiene desde que se instaló en el país. Quiero resaltar que en SMATA, organización a la que pertenezco, desde la década del 70 la comisión de seguridad e higiene integrada por los trabajadores y los representantes de la empresa participa en todos los convenios colectivos de trabajo. Allí discutimos no solo las condiciones de trabajo sino también las de seguridad e higiene, los métodos y tiempos de realización de las distintas tareas.
Ocurre que para aquellos que no pueden diferenciar la bocina de una cubierta de auxilio es muy difícil hablar de la industria automotriz. La prueba es que jamás pudieron ingresar a charlar con los trabajadores de la forma que pretenden. En cambio si lo hicieran de la manera adecuada seguramente obtendrían otros resultados. Pero esto es parte del folclore al que asistimos continuamente en la Cámara.
Quiero resaltar algunos aspectos relativos a este proyecto de ley. En primer lugar hay que buscar la forma de dar respuesta a los trabajadores y no a los colegios de abogados y empresarios. Tenemos que responder al trabajador que sufre un accidente o una enfermedad profesional a quien le cuesta muchísimo obtener un resarcimiento, aunque debo decir que ni siquiera el dinero compensa los problemas de salud. Esa persona a la que nos referimos tiene muchas dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Ese trabajador tiene que deambular por los vericuetos del andamiaje jurídico para reclamar lo que le corresponde.
Todos sabemos que en el interior del país, y no me refiero a las provincias más lejanas, no hay comisiones médicas. Uno ve simplemente al cruzar la General Paz que no hay médicos.
Entonces, no hay quien lo atienda o quien le extienda un certificado para ver si está en condiciones o no.
Cuando la CGT -organización que nosotros no integramos- planteó esta necesidad ante el Senado, lo hizo con ese espíritu. No lo hizo pensando en la cantidad de juicios, en la competitividad o en la productividad. Lo hizo pensando en los trabajadores, que son a quienes representamos y vemos todos los días. No es que nos acordamos de los trabajadores solo cuando hacemos un discurso en la Cámara o cuando nos toca ir a hablar ante una cámara de televisión. (Aplausos.)
Al escuchar las primeras exposiciones de los diputados del oficialismo aparecieron conceptos como: litigiosidad, accidentología, competitividad, industria del juicio y alícuotas. Todos ellos tienen que ver con un pensamiento que nosotros creemos está marcando el rumbo de este gobierno, que es el de la economía y el de los números.
Particularmente en este proyecto de ley no hablamos ni de números ni de estadísticas sino de personas, de trabajadores y por lo tanto, hay que tener otra visión.
El tema de las ART, tal como se ha tratado aquí, se parió mal. Es cierto que tiene el mismo concepto básico que las AFJP en su momento y que consiste en recaudar y no pagar. Así se ha mantenido desde su creación hasta este momento, no ha variado.
Llama la atención que recién hoy algunos legisladores de la oposición tomen en cuenta la problemática de los trabajadores.
Pero es parte de la política cuando se pertenece al oficialismo o a la oposición. Está claro que el gobierno ha procedido de una forma por decir "leve y equivocada".
El Senado por amplia mayoría consensuó una iniciativa con el movimiento obrero y la CGT. Sin embargo, de la noche a la mañana nos encontramos con un decreto de necesidad y urgencia que hasta el día de hoy no se puede explicar cuál es la necesidad ni la urgencia. Luego nos topamos con otro decreto que voltea el decreto anterior y como postre aparece un pedido de sesión extraordinaria para tratar un tema tan delicado como son las enfermedades y los accidentes laborales de los trabajadores.
Consecuentemente, estamos aquí tratando la sanción del Senado que seguramente como muchas leyes sancionadas por este Congreso no será la mejor pero sí contó con el consenso de la mayoría de los senadores y en cuyo debate participó activamente la actual conducción de la CGT. Al respecto quiero señalar que el espacio que integro en el movimiento obrero pertenece a la CGT. De todos modos, aunque no perteneciera, reconocemos la buena voluntad de los dirigentes en esta negociación.
Cuando algunos diputados quieren poner en duda la buena fe del movimiento obrero, tenemos que alzar la voz de verdad.
Hay diputados, en particular del Partido Obrero, que hablan en defensa y en nombre de los trabajadores. Se trata de alguien que no tiene organización sindical ya que perdió en su gremio -el de los gráficos-, contra un dirigente de más de 90 años de edad como fue Ongaro. Este diputado viene a plantearnos la situación de una fábrica como Toyota que es la que contrata más trabajadores y la que cuenta con un comité de seguridad e higiene desde que se instaló en el país. Quiero resaltar que en SMATA, organización a la que pertenezco, desde la década del 70 la comisión de seguridad e higiene integrada por los trabajadores y los representantes de la empresa participa en todos los convenios colectivos de trabajo. Allí discutimos no solo las condiciones de trabajo sino también las de seguridad e higiene, los métodos y tiempos de realización de las distintas tareas.
Ocurre que para aquellos que no pueden diferenciar la bocina de una cubierta de auxilio es muy difícil hablar de la industria automotriz. La prueba es que jamás pudieron ingresar a charlar con los trabajadores de la forma que pretenden. En cambio si lo hicieran de la manera adecuada seguramente obtendrían otros resultados. Pero esto es parte del folclore al que asistimos continuamente en la Cámara.
Quiero resaltar algunos aspectos relativos a este proyecto de ley. En primer lugar hay que buscar la forma de dar respuesta a los trabajadores y no a los colegios de abogados y empresarios. Tenemos que responder al trabajador que sufre un accidente o una enfermedad profesional a quien le cuesta muchísimo obtener un resarcimiento, aunque debo decir que ni siquiera el dinero compensa los problemas de salud. Esa persona a la que nos referimos tiene muchas dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Ese trabajador tiene que deambular por los vericuetos del andamiaje jurídico para reclamar lo que le corresponde.
Todos sabemos que en el interior del país, y no me refiero a las provincias más lejanas, no hay comisiones médicas. Uno ve simplemente al cruzar la General Paz que no hay médicos.
Entonces, no hay quien lo atienda o quien le extienda un certificado para ver si está en condiciones o no.
Cuando la CGT -organización que nosotros no integramos- planteó esta necesidad ante el Senado, lo hizo con ese espíritu. No lo hizo pensando en la cantidad de juicios, en la competitividad o en la productividad. Lo hizo pensando en los trabajadores, que son a quienes representamos y vemos todos los días. No es que nos acordamos de los trabajadores solo cuando hacemos un discurso en la Cámara o cuando nos toca ir a hablar ante una cámara de televisión. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Furlán.
SR. FURLÁN Señor presidente: entendemos que cuando en este lugar se discute un proyecto de ley como el que estamos discutiendo hoy, fundamentalmente es para tratar de mejorarlo.
Entendemos que toda norma es perfectible. Seguramente encontrar una ley que resuelva todas las injusticias, es difícil. Por eso estamos tratando de aprobar un proyecto de ley que tenga como objetivo mejorar lo que hoy tienen los trabajadores.
Dejo bien en claro que si en algún momento se votó una ley, ningún argumento imposibilita que esa norma pueda llegar a ser perfeccionada o transitar por una mejora.
Eso es lo que va a hacer nuestro bloque. Va a proponer insertar mejoras que entendemos tiene que contemplar este proyecto de ley.
El compañero Recalde ya ha expresado claramente las cuestiones jurídicas del proyecto de ley y es una persona avezada y está formada mejor que yo para opinar en esa dirección. Sin embargo, formo parte de una organización sindical. Por lo tanto también me debo a los trabajadores, con lo cual la decisión que me toca tomar, sin duda, siempre será pensando y poniéndome en el lugar de ellos.
Por lo tanto, yo no voy a opinar desde lo jurídico o lo técnico, porque tal vez no estoy en condiciones de hacerlo. Simplemente voy a contar las experiencias que han transitado los trabajadores, fundamentalmente con respecto a algo que ahora se quiere jerarquizar: las comisiones médicas.
Las organizaciones gremiales ni los trabajadores tuvimos participación alguna en la conformación de las comisiones médicas. Quienes conforman hoy las comisiones médicas son médicos que responden a las ART o a las patronales. Con lo cual, siento la necesidad de decir que es equivocado poner en manos de ellos la decisión de justicia en cuanto a lo que puede padecer un trabajador.
Con este proyecto de ley vamos a poner a los trabajadores en manos de quienes ya han demostrado que han sido incapaces de ser justos a la hora de emitir una opinión o un dictamen. Claramente, los trabajadores han decidido recurrir a la Justicia, porque no han sido contenidos por esas decisiones de las juntas médicas. Si las juntas médicas hubieran contenido cada una de las peticiones de los trabajadores, seguramente estos no hubieran recurrido el ámbito de la Justicia.
Quiero dejar bien en claro otra cuestión que me parece totalmente injusta. Me refiero al tema de discutir acerca de la litigiosidad, cuando en realidad, lo que tendríamos que estar discutiendo son los accidentes, las mutaciones y las muertes de miles y miles de trabajadores.
¿Por qué hablamos de reducir el costo laboral y no de reducir las muertes por accidentes de trabajo? ¿Por qué no hablamos de proteger más al trabajador?
A ninguno de los que estamos acá se nos escapa que las condiciones, en muchos ámbitos de trabajo -fundamentalmente en la industria-, son calamitosos y exponen a los trabajadores a un ritmo de producción imposible de sostener.
De ahí nacen las enfermedades profesionales y los reclamos de los trabajadores.
Quiero compartir la opinión de mi bloque que ofrece a ambas comisiones las modificaciones que entendemos que debe sufrir el proyecto de ley en consideración. Esto lo hacemos con total honestidad y en beneficio de todos y cada uno de los trabajadores.
Tal como se ha dicho, tendrá miles y miles de reclamos desde lo jurídico hasta conseguir la inconstitucionalidad. Entonces, para qué vamos a seguir un camino que más temprano que tarde tendrá un resultado negativo.
Otra cuestión es que me duele que el argumento para modificar esta ley -que va en desmedro de los trabajadores- sea la competitividad, porque esta ley de ART no es la que va a dar competitividad fundamentalmente a las pymes o a la industria. Lo que le va a dar competitividad es una política industrial seria, de protección al trabajo, de protección al empleo y la producción nacional y no esta política de apertura indiscriminada de importaciones que está dejando a cientos de miles de trabajadores en la calle.
Si queremos resolver el problema de la competitividad, hagámoslo con las condiciones que tenemos en nuestro país. No pongamos a un trabajador argentino en las mismas condiciones laborales que un mexicano, porque gracias a Dios, por esta bendita Patria ha pasado el general Perón y ha dejado conquistas muy importantes para los trabajadores. Muchas organizaciones sindicales han derramado la sangre de sus dirigentes a lo largo y a lo ancho del país defendiendo esas conquistas laborales.
Siento la necesidad de estar rechazando tal como viene el proyecto sancionado por el Senado. Soy vocero de mi bloque, el que ya ha presentado un dictamen de minoría con las correcciones que creemos que son necesarias. (Aplausos.)
Entendemos que toda norma es perfectible. Seguramente encontrar una ley que resuelva todas las injusticias, es difícil. Por eso estamos tratando de aprobar un proyecto de ley que tenga como objetivo mejorar lo que hoy tienen los trabajadores.
Dejo bien en claro que si en algún momento se votó una ley, ningún argumento imposibilita que esa norma pueda llegar a ser perfeccionada o transitar por una mejora.
Eso es lo que va a hacer nuestro bloque. Va a proponer insertar mejoras que entendemos tiene que contemplar este proyecto de ley.
El compañero Recalde ya ha expresado claramente las cuestiones jurídicas del proyecto de ley y es una persona avezada y está formada mejor que yo para opinar en esa dirección. Sin embargo, formo parte de una organización sindical. Por lo tanto también me debo a los trabajadores, con lo cual la decisión que me toca tomar, sin duda, siempre será pensando y poniéndome en el lugar de ellos.
Por lo tanto, yo no voy a opinar desde lo jurídico o lo técnico, porque tal vez no estoy en condiciones de hacerlo. Simplemente voy a contar las experiencias que han transitado los trabajadores, fundamentalmente con respecto a algo que ahora se quiere jerarquizar: las comisiones médicas.
Las organizaciones gremiales ni los trabajadores tuvimos participación alguna en la conformación de las comisiones médicas. Quienes conforman hoy las comisiones médicas son médicos que responden a las ART o a las patronales. Con lo cual, siento la necesidad de decir que es equivocado poner en manos de ellos la decisión de justicia en cuanto a lo que puede padecer un trabajador.
Con este proyecto de ley vamos a poner a los trabajadores en manos de quienes ya han demostrado que han sido incapaces de ser justos a la hora de emitir una opinión o un dictamen. Claramente, los trabajadores han decidido recurrir a la Justicia, porque no han sido contenidos por esas decisiones de las juntas médicas. Si las juntas médicas hubieran contenido cada una de las peticiones de los trabajadores, seguramente estos no hubieran recurrido el ámbito de la Justicia.
Quiero dejar bien en claro otra cuestión que me parece totalmente injusta. Me refiero al tema de discutir acerca de la litigiosidad, cuando en realidad, lo que tendríamos que estar discutiendo son los accidentes, las mutaciones y las muertes de miles y miles de trabajadores.
¿Por qué hablamos de reducir el costo laboral y no de reducir las muertes por accidentes de trabajo? ¿Por qué no hablamos de proteger más al trabajador?
A ninguno de los que estamos acá se nos escapa que las condiciones, en muchos ámbitos de trabajo -fundamentalmente en la industria-, son calamitosos y exponen a los trabajadores a un ritmo de producción imposible de sostener.
De ahí nacen las enfermedades profesionales y los reclamos de los trabajadores.
Quiero compartir la opinión de mi bloque que ofrece a ambas comisiones las modificaciones que entendemos que debe sufrir el proyecto de ley en consideración. Esto lo hacemos con total honestidad y en beneficio de todos y cada uno de los trabajadores.
Tal como se ha dicho, tendrá miles y miles de reclamos desde lo jurídico hasta conseguir la inconstitucionalidad. Entonces, para qué vamos a seguir un camino que más temprano que tarde tendrá un resultado negativo.
Otra cuestión es que me duele que el argumento para modificar esta ley -que va en desmedro de los trabajadores- sea la competitividad, porque esta ley de ART no es la que va a dar competitividad fundamentalmente a las pymes o a la industria. Lo que le va a dar competitividad es una política industrial seria, de protección al trabajo, de protección al empleo y la producción nacional y no esta política de apertura indiscriminada de importaciones que está dejando a cientos de miles de trabajadores en la calle.
Si queremos resolver el problema de la competitividad, hagámoslo con las condiciones que tenemos en nuestro país. No pongamos a un trabajador argentino en las mismas condiciones laborales que un mexicano, porque gracias a Dios, por esta bendita Patria ha pasado el general Perón y ha dejado conquistas muy importantes para los trabajadores. Muchas organizaciones sindicales han derramado la sangre de sus dirigentes a lo largo y a lo ancho del país defendiendo esas conquistas laborales.
Siento la necesidad de estar rechazando tal como viene el proyecto sancionado por el Senado. Soy vocero de mi bloque, el que ya ha presentado un dictamen de minoría con las correcciones que creemos que son necesarias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Daer.
SR. DAER Señor presidente: en primer lugar quiero hacer una observación, creo que el diputado preopinante Romero hizo alusión al respecto: es un grave error intentar modificar una ley planteando una cuestión de litigiosidad.
Acá lo que tenemos que debatir es el rol de una norma y cómo afecta al desarrollo de la ejecución de derechos de un trabajador. De lo contrario, los discursos pueden ir para un lado u otro, pero lo que le sucede en la realidad a un trabajador, lo conocemos los trabajadores, y no los que ven desde la vereda de enfrente. Los que conocemos la situación somos los que estamos dentro de una organización colectiva como un sindicato y estamos todo el día dando la cara a los trabajadores. Por eso no nos avergüenza nada. Estamos convencidos de lo que hacemos en cada uno de los ámbitos donde actuamos.
Este no es un proyecto de ley emanado de la Confederación General del Trabajo sino que ha sido una propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. Al igual que hace más de diez años, queremos contar con una ley que prevenga el daño que sufren los trabajadores.
Y desgraciadamente, en sucesivas reuniones y modificaciones, como en la discusión dada en 2012 que me tocó participar, los gobiernos de turno siempre le manifestaron a la Confederación General del Trabajo que estábamos en vísperas de tener una norma preventiva, ley que nunca apareció y que es el verdadero meollo del asunto. Lo que tenemos que discutir es cómo prevenir los daños que pueda sufrir cualquier trabajador, pero no solamente discutir cuál es el esquema de resarcimiento.
Dicho esto, también reconozco la cuestión aleatoria que tiene con respecto a la constitucionalidad, sobre todo si las provincias van a decidir adherir o no.
Sin ser un proyecto nuestro, concurrimos al Senado de la Nación y propusimos una cantidad importante de modificaciones, otras fueron aportadas por senadores, muchos de ellos del peronismo o del bloque del Frente para la Victoria, y ahora tenemos en consideración la sanción del Senado.
Habiendo adquirido el proyecto del Poder Ejecutivo todas esas modificaciones, estamos convencidos, señor presidente, de que esta iniciativa ayuda a los trabajadores en su deambular permanente para encontrar respuestas de quien genera su situación desde el poder económico -hablo de las ART-, que termina siendo cuasi hegemónico en la relación con los trabajadores.
Digo esto porque cuando hablamos de un trabajador que sufre un percance, estamos hablando de un compañero que está desprotegido, que puede ir a su sindicato, puede ir a un abogado y puede hacer mil cosas, pero la realidad es que es muy difícil que pueda esperar los plazos de la Justicia. Los artilugios que existen de parte de las ART para demorar todos los trámites administrativos de las comisiones médicas, genera que cada compañero acuciado por los problemas económicos que pueda tener a causa de sufrir un percance como estos, termina arreglando por migajas con la ART la reparación del daño.
Esto es lo peor que le puede pasar a un trabajador, porque no solo no recibe la prevención para evitar el daño sino que por el contrario ni siquiera percibe la reparación monetaria que le corresponde por haber sufrido ese daño.
Entonces, cuando hablamos de un plazo perentorio de 60 días para la comisión médica, estamos hablando de esto, de darle certeza al trabajador. Es verdad que queda una parte en un marco de vaguedad cuando se habla de la comisión médica central y nos gustaría que el Poder Ejecutivo se comprometa a subsanar este tema en la reglamentación de la ley. Este sería un buen gesto del oficialismo.
No me quiero explayar, porque algunas consideraciones planteadas por la CGT ya fueron tomadas en este proyecto. Lo que sí quiero señalar es que todo esto sería en vano si en 90 días no contamos con una iniciativa donde se debata cómo prevenimos los accidentes de trabajo; no como pasó en 2012, que de última aumentamos el resarcimiento, sino cómo logramos que las sanciones que se establezcan por falta de prevención sean ejemplificadoras, para que ningún empleador se haga el tonto y deje de tomar los recaudos necesarios.
Es verdad que podríamos haber avanzado en muchas cuestiones más, como en lo relativo a las comisiones de seguridad e higiene en las empresas o en un contralor mayor que el actual por parte del movimiento obrero sobre la Superintendencia y sobre los resortes que manejan toda esta actividad, pero la realidad es que no lo tenemos. No es que lo estemos pidiendo ahora sino que lo venimos solicitando desde hace mucho tiempo, pero no tuvimos resultados.
Quiero comentar los motivos por los cuales no fuimos a la reunión de la comisión bicameral. La CGT tiene seriedad. Entonces, la cuestión se tornó abstracta y consideramos que no teníamos que asistir. Digo "abstracta" porque todos los diputados y también la CGT tuvieron en su poder el decreto que convocaba a sesiones extraordinarias dejando nulo el DNU que se iba a tratar en ese momento.
No voy a hablar de la industria del juicio ni nada por el estilo, pero creo que también hay otra cuestión para considerar, como son los 5.000 millones de dólares de pasivo contingente que tiene el sistema. Cualquier traducción de esto a honorarios de peritos, de abogados, de lo que fuera, nos saca de escala a todos. Cualquiera de estas cuestiones nos habla de más de 1.000 millones de dólares que están en juego, además de los millones de dólares que supuestamente tiene hoy el sistema de ART de pasivo contingente. Me parece que esto también influye, pero la realidad es que no puede influir sobre la decisión de los diputados ni de la dirigencia sindical.
Los dirigentes sindicales tenemos muy en claro qué es lo que pasa a diario con el trabajador. En este sentido, miremos las estadísticas de los siniestros que se producen y los que se cobran en sentencia. Allí encontraremos un poco la explicación de por qué este sistema no sirve tal como está actualmente.
Quiero hacer algunas aclaraciones que también fueron gestiones de la Confederación General del Trabajo. Los médicos de las comisiones médicas no se eligen al tuntún sino a través de un concurso que lleva adelante la Universidad de Buenos Aires.
Voy a disentir con el presidente del bloque del Frente para la Victoria, con quien me une un excelente respeto y aprecio.
Considero que no se trata de un tema ideológico. Este es un tema práctico. Por eso me asombra cuando pareciera que se horrorizaran de lo que estamos hablando. Les puedo asegurar que esto no tiene que ver con ninguna flexibilidad. En nombre de la Confederación General del Trabajo les digo que no vamos a dejar pasar ninguna flexibilidad, ni por un DNU ni por una ley ni por nada.
Nosotros estamos para defender a los trabajadores. Estamos para defender el modelo de salud, para defender un sistema de seguridad social, para defender la calidad de vida de los trabajadores, que hoy se ve bastante menguada.
También quiero decirles que no solo soy un dirigente sindical; soy un trabajador y percibo a diario las mismas consecuencias que perciben todos los trabajadores en el marco de la realidad del ajuste que estamos viviendo.
Lo que no vamos a permitir es que alguien se arrogue la representación del movimiento obrero, como bien dijo el compañero y diputado Oscar Romero. No importa si se está dentro de la conducción o no, somos parte del movimiento obrero y somos representantes genuinos porque vamos a elecciones, a asambleas, debatimos todos los días y a diario nos cruzamos con los compañeros que representamos.
No estamos en una burbuja. No vivimos aislados, no hablamos desde la retórica ni mucho menos. Vivimos la misma realidad que afecta y que perciben día a día todos los trabajadores porque somos parte de ese mundo trabajador. (Aplausos.)
Acá lo que tenemos que debatir es el rol de una norma y cómo afecta al desarrollo de la ejecución de derechos de un trabajador. De lo contrario, los discursos pueden ir para un lado u otro, pero lo que le sucede en la realidad a un trabajador, lo conocemos los trabajadores, y no los que ven desde la vereda de enfrente. Los que conocemos la situación somos los que estamos dentro de una organización colectiva como un sindicato y estamos todo el día dando la cara a los trabajadores. Por eso no nos avergüenza nada. Estamos convencidos de lo que hacemos en cada uno de los ámbitos donde actuamos.
Este no es un proyecto de ley emanado de la Confederación General del Trabajo sino que ha sido una propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. Al igual que hace más de diez años, queremos contar con una ley que prevenga el daño que sufren los trabajadores.
Y desgraciadamente, en sucesivas reuniones y modificaciones, como en la discusión dada en 2012 que me tocó participar, los gobiernos de turno siempre le manifestaron a la Confederación General del Trabajo que estábamos en vísperas de tener una norma preventiva, ley que nunca apareció y que es el verdadero meollo del asunto. Lo que tenemos que discutir es cómo prevenir los daños que pueda sufrir cualquier trabajador, pero no solamente discutir cuál es el esquema de resarcimiento.
Dicho esto, también reconozco la cuestión aleatoria que tiene con respecto a la constitucionalidad, sobre todo si las provincias van a decidir adherir o no.
Sin ser un proyecto nuestro, concurrimos al Senado de la Nación y propusimos una cantidad importante de modificaciones, otras fueron aportadas por senadores, muchos de ellos del peronismo o del bloque del Frente para la Victoria, y ahora tenemos en consideración la sanción del Senado.
Habiendo adquirido el proyecto del Poder Ejecutivo todas esas modificaciones, estamos convencidos, señor presidente, de que esta iniciativa ayuda a los trabajadores en su deambular permanente para encontrar respuestas de quien genera su situación desde el poder económico -hablo de las ART-, que termina siendo cuasi hegemónico en la relación con los trabajadores.
Digo esto porque cuando hablamos de un trabajador que sufre un percance, estamos hablando de un compañero que está desprotegido, que puede ir a su sindicato, puede ir a un abogado y puede hacer mil cosas, pero la realidad es que es muy difícil que pueda esperar los plazos de la Justicia. Los artilugios que existen de parte de las ART para demorar todos los trámites administrativos de las comisiones médicas, genera que cada compañero acuciado por los problemas económicos que pueda tener a causa de sufrir un percance como estos, termina arreglando por migajas con la ART la reparación del daño.
Esto es lo peor que le puede pasar a un trabajador, porque no solo no recibe la prevención para evitar el daño sino que por el contrario ni siquiera percibe la reparación monetaria que le corresponde por haber sufrido ese daño.
Entonces, cuando hablamos de un plazo perentorio de 60 días para la comisión médica, estamos hablando de esto, de darle certeza al trabajador. Es verdad que queda una parte en un marco de vaguedad cuando se habla de la comisión médica central y nos gustaría que el Poder Ejecutivo se comprometa a subsanar este tema en la reglamentación de la ley. Este sería un buen gesto del oficialismo.
No me quiero explayar, porque algunas consideraciones planteadas por la CGT ya fueron tomadas en este proyecto. Lo que sí quiero señalar es que todo esto sería en vano si en 90 días no contamos con una iniciativa donde se debata cómo prevenimos los accidentes de trabajo; no como pasó en 2012, que de última aumentamos el resarcimiento, sino cómo logramos que las sanciones que se establezcan por falta de prevención sean ejemplificadoras, para que ningún empleador se haga el tonto y deje de tomar los recaudos necesarios.
Es verdad que podríamos haber avanzado en muchas cuestiones más, como en lo relativo a las comisiones de seguridad e higiene en las empresas o en un contralor mayor que el actual por parte del movimiento obrero sobre la Superintendencia y sobre los resortes que manejan toda esta actividad, pero la realidad es que no lo tenemos. No es que lo estemos pidiendo ahora sino que lo venimos solicitando desde hace mucho tiempo, pero no tuvimos resultados.
Quiero comentar los motivos por los cuales no fuimos a la reunión de la comisión bicameral. La CGT tiene seriedad. Entonces, la cuestión se tornó abstracta y consideramos que no teníamos que asistir. Digo "abstracta" porque todos los diputados y también la CGT tuvieron en su poder el decreto que convocaba a sesiones extraordinarias dejando nulo el DNU que se iba a tratar en ese momento.
No voy a hablar de la industria del juicio ni nada por el estilo, pero creo que también hay otra cuestión para considerar, como son los 5.000 millones de dólares de pasivo contingente que tiene el sistema. Cualquier traducción de esto a honorarios de peritos, de abogados, de lo que fuera, nos saca de escala a todos. Cualquiera de estas cuestiones nos habla de más de 1.000 millones de dólares que están en juego, además de los millones de dólares que supuestamente tiene hoy el sistema de ART de pasivo contingente. Me parece que esto también influye, pero la realidad es que no puede influir sobre la decisión de los diputados ni de la dirigencia sindical.
Los dirigentes sindicales tenemos muy en claro qué es lo que pasa a diario con el trabajador. En este sentido, miremos las estadísticas de los siniestros que se producen y los que se cobran en sentencia. Allí encontraremos un poco la explicación de por qué este sistema no sirve tal como está actualmente.
Quiero hacer algunas aclaraciones que también fueron gestiones de la Confederación General del Trabajo. Los médicos de las comisiones médicas no se eligen al tuntún sino a través de un concurso que lleva adelante la Universidad de Buenos Aires.
Voy a disentir con el presidente del bloque del Frente para la Victoria, con quien me une un excelente respeto y aprecio.
Considero que no se trata de un tema ideológico. Este es un tema práctico. Por eso me asombra cuando pareciera que se horrorizaran de lo que estamos hablando. Les puedo asegurar que esto no tiene que ver con ninguna flexibilidad. En nombre de la Confederación General del Trabajo les digo que no vamos a dejar pasar ninguna flexibilidad, ni por un DNU ni por una ley ni por nada.
Nosotros estamos para defender a los trabajadores. Estamos para defender el modelo de salud, para defender un sistema de seguridad social, para defender la calidad de vida de los trabajadores, que hoy se ve bastante menguada.
También quiero decirles que no solo soy un dirigente sindical; soy un trabajador y percibo a diario las mismas consecuencias que perciben todos los trabajadores en el marco de la realidad del ajuste que estamos viviendo.
Lo que no vamos a permitir es que alguien se arrogue la representación del movimiento obrero, como bien dijo el compañero y diputado Oscar Romero. No importa si se está dentro de la conducción o no, somos parte del movimiento obrero y somos representantes genuinos porque vamos a elecciones, a asambleas, debatimos todos los días y a diario nos cruzamos con los compañeros que representamos.
No estamos en una burbuja. No vivimos aislados, no hablamos desde la retórica ni mucho menos. Vivimos la misma realidad que afecta y que perciben día a día todos los trabajadores porque somos parte de ese mundo trabajador. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Moyano.
SR. MOYANO Señor presidente: ya se habló bastante de los puntos conflictivos, para decirlo de alguna manera. Me gustaría decir algo respecto a lo conceptual. No quiero entrar en la discusión de los artículos porque ya lo hizo el señor diputado Raffo, de nuestro bloque, el Frente Renovador.
A mí lo que me llama la atención es que nuevamente este proyecto de ley -o fracaso de decreto- encierra el orden de prioridades del gobierno. Me habría gustado estar tratando con la misma urgencia un proyecto que se refiera a la prevención. Lamentablemente no es así, y estamos hoy tratando en esta reunión conjunta un proyecto que tiende a defender los intereses empresarios, porque las ART no son otra cosa que eso.
Por otra parte, me llama la atención el relato de algunos diputados. Puntualmente escuchaba a Petri hacer referencia a una cosa que es cierta: el proyecto del año 2012 también encerraba inconstitucionalidad con la eliminación de la doble vía. Inclusive, creo que hasta este está un poco mejor maquillado con respecto a ese punto. Pero le quiero recordar -y acá lo tengo- el prólogo del Frente para la Victoria. Yo tuve una pelea con el presidente de la UIA en ese momento y denominé a ese proyecto -al igual que un periodista del kirchnerismo, Verbitsky-, como un engendro de la UIA. Creo que esto es algo parecido.
Lo que me llama la atención es que hablen de que uno era peor que el otro, de que uno avanzaba sobre derechos y el otro no. Pero los dos proyectos avanzan sobre derecho y son inconstitucionales.
Acá no se trata de arrogarse la representatividad de los trabajadores ni del movimiento obrero. Yo también soy dirigente sindical y no creo que por serlo sea más representativo que otro dirigente gremial.
Acá se trata de decir si esto beneficia o no al trabajador, y si esto es constitucional o inconstitucional. Y es inconstitucional; hay precedentes y jurisprudencia al respecto.
El diputado Recalde hacía mención a fallos que recién en 2004 existieron para declarar cuestiones parecidas a esto como inconstitucionales.
El gobierno nos lleva a una discusión sobre la cual, antes de empezarla -por lo menos en mi caso y en el de muchos otros diputados-, ya tenemos una posición asumida, porque no vamos a ir en contra de los derechos de los trabajadores. De ninguna manera. No vamos a votar algo que encierra inconstitucionalidad, al igual que el proyecto de ley de 2012, que planteaba la eliminación de la doble vía.
Acá se dan plazos. Pero bien lo decía también la señora diputada Margarita Stolbizer: sería lo mismo que, ante un despido, haya una instancia administrativa que no le permita al trabajador recurrir a la Justicia. O que una obra social no preste el servicio de salud a un trabajador que padece una enfermedad. Esto trae aparejado un costo para las obras sociales, y es un tema sobre el que también estuvimos hablando con el señor diputado Taboada.
Otra cuestión que mencionó el señor diputado Recalde es el de la jurisdicción. Algún diputado decía que era mejor porque esto hace que los trabajadores no vayan a las comisiones médicas en la Capital, que es donde está la mayoría de los domicilios legales de las ART. Pero la realidad es que esto va en línea con la intención de sacar de la Ciudad de Buenos Aires la Justicia Nacional del Trabajo, que es prolaboral, dejando al trabajador solamente la posibilidad de acceder a la comisión médica del lugar de trabajo o a la más cercana al domicilio.
Esto va en línea con la intención de flexibilización laboral y no se trata de una cuestión práctica, sino de una cuestión real. Hace falta mirar el contexto existente, que venía desde antes pero que se profundizó en el año 2016, de despidos, de pérdida de poder adquisitivo, de paritarias que quedan por debajo de la inflación que cada vez crece más, de una ley de impuesto a las ganancias que se negoció por debajo de las expectativas que tenía el movimiento obrero y de lo que defendemos quienes estamos comprometidos en la defensa de los intereses de los trabajadores. Para el año 2017 no se fijó una cláusula automática de actualización porque sabían que la inflación sería mucho mayor que la del 17 por ciento establecida en el presupuesto para este año. Es más, se quiere llevar la discusión paritaria a una pauta salarial del 18 por ciento, que es imposible.
Por ello, señor presidente, más allá de algunas otras cuestiones que también fueron mencionadas por otros señores diputados, como que por la falta de pago del empleador a la ART de dos cuotas consecutivas o alternadas, la ART tiene el derecho de quitar el servicio de cobertura de salud al trabajador. No hay que hacer mucho análisis para darse cuenta de que por una cuestión práctica esto va en contra de los trabajadores y les quita derechos.
En este sentido, creo que debemos tener una postura fuerte. Esta es una apreciación personal, pero del ámbito que provengo hay mucha enfermedad y mucho accidente laboral, ya que los trabajadores del peaje están expuestos a una situación de permanente conflicto con el usuario, comprometiéndose así su salud psicológica.
Por otro lado, también debemos tener en cuenta la cuestión relacionada con el listado de enfermedades laborales -que mencionó una señora diputada del socialismo-, que en la Argentina está totalmente acotado. Estamos todos preocupados por la litigiosidad -como sucedió en 2012-, pero no estamos preocupados por la siniestralidad y cómo evitar el accidente laboral. Es aquí donde debemos poner el acento. ¿Por qué no sancionamos una ley de prevención y luego nos dedicamos tres meses a discutir una ley para bajar la litigiosidad? De esta manera, atacaremos la causa y no el efecto. ¿Por qué no hicimos esto? Porque el orden de prioridades del gobierno -tal como lo viene demostrando con todas las leyes que ha propuesto- es proteger al sector empresario y no al trabajador.
Con respecto al listado de enfermedades laborales, contiene un 40 por ciento de lo que reconoce la Organización Internacional del Trabajo. Las ART reconocen menos de un 10 por ciento de las enfermedades o de los accidentes de trabajo, y esta es la causa de la litigiosidad que tanto preocupa al gobierno nacional de Mauricio Macri.
Nosotros queremos sancionar una ley de prevención. Los diputados sindicales -como es mi caso, por lo menos, y el del señor diputado Taboada- no vamos a aprobar este proyecto. Lamentablemente, no creemos que podamos hacer ninguna contribución para mejorarlo porque estamos en desacuerdo con su fondo. (Aplausos.)
A mí lo que me llama la atención es que nuevamente este proyecto de ley -o fracaso de decreto- encierra el orden de prioridades del gobierno. Me habría gustado estar tratando con la misma urgencia un proyecto que se refiera a la prevención. Lamentablemente no es así, y estamos hoy tratando en esta reunión conjunta un proyecto que tiende a defender los intereses empresarios, porque las ART no son otra cosa que eso.
Por otra parte, me llama la atención el relato de algunos diputados. Puntualmente escuchaba a Petri hacer referencia a una cosa que es cierta: el proyecto del año 2012 también encerraba inconstitucionalidad con la eliminación de la doble vía. Inclusive, creo que hasta este está un poco mejor maquillado con respecto a ese punto. Pero le quiero recordar -y acá lo tengo- el prólogo del Frente para la Victoria. Yo tuve una pelea con el presidente de la UIA en ese momento y denominé a ese proyecto -al igual que un periodista del kirchnerismo, Verbitsky-, como un engendro de la UIA. Creo que esto es algo parecido.
Lo que me llama la atención es que hablen de que uno era peor que el otro, de que uno avanzaba sobre derechos y el otro no. Pero los dos proyectos avanzan sobre derecho y son inconstitucionales.
Acá no se trata de arrogarse la representatividad de los trabajadores ni del movimiento obrero. Yo también soy dirigente sindical y no creo que por serlo sea más representativo que otro dirigente gremial.
Acá se trata de decir si esto beneficia o no al trabajador, y si esto es constitucional o inconstitucional. Y es inconstitucional; hay precedentes y jurisprudencia al respecto.
El diputado Recalde hacía mención a fallos que recién en 2004 existieron para declarar cuestiones parecidas a esto como inconstitucionales.
El gobierno nos lleva a una discusión sobre la cual, antes de empezarla -por lo menos en mi caso y en el de muchos otros diputados-, ya tenemos una posición asumida, porque no vamos a ir en contra de los derechos de los trabajadores. De ninguna manera. No vamos a votar algo que encierra inconstitucionalidad, al igual que el proyecto de ley de 2012, que planteaba la eliminación de la doble vía.
Acá se dan plazos. Pero bien lo decía también la señora diputada Margarita Stolbizer: sería lo mismo que, ante un despido, haya una instancia administrativa que no le permita al trabajador recurrir a la Justicia. O que una obra social no preste el servicio de salud a un trabajador que padece una enfermedad. Esto trae aparejado un costo para las obras sociales, y es un tema sobre el que también estuvimos hablando con el señor diputado Taboada.
Otra cuestión que mencionó el señor diputado Recalde es el de la jurisdicción. Algún diputado decía que era mejor porque esto hace que los trabajadores no vayan a las comisiones médicas en la Capital, que es donde está la mayoría de los domicilios legales de las ART. Pero la realidad es que esto va en línea con la intención de sacar de la Ciudad de Buenos Aires la Justicia Nacional del Trabajo, que es prolaboral, dejando al trabajador solamente la posibilidad de acceder a la comisión médica del lugar de trabajo o a la más cercana al domicilio.
Esto va en línea con la intención de flexibilización laboral y no se trata de una cuestión práctica, sino de una cuestión real. Hace falta mirar el contexto existente, que venía desde antes pero que se profundizó en el año 2016, de despidos, de pérdida de poder adquisitivo, de paritarias que quedan por debajo de la inflación que cada vez crece más, de una ley de impuesto a las ganancias que se negoció por debajo de las expectativas que tenía el movimiento obrero y de lo que defendemos quienes estamos comprometidos en la defensa de los intereses de los trabajadores. Para el año 2017 no se fijó una cláusula automática de actualización porque sabían que la inflación sería mucho mayor que la del 17 por ciento establecida en el presupuesto para este año. Es más, se quiere llevar la discusión paritaria a una pauta salarial del 18 por ciento, que es imposible.
Por ello, señor presidente, más allá de algunas otras cuestiones que también fueron mencionadas por otros señores diputados, como que por la falta de pago del empleador a la ART de dos cuotas consecutivas o alternadas, la ART tiene el derecho de quitar el servicio de cobertura de salud al trabajador. No hay que hacer mucho análisis para darse cuenta de que por una cuestión práctica esto va en contra de los trabajadores y les quita derechos.
En este sentido, creo que debemos tener una postura fuerte. Esta es una apreciación personal, pero del ámbito que provengo hay mucha enfermedad y mucho accidente laboral, ya que los trabajadores del peaje están expuestos a una situación de permanente conflicto con el usuario, comprometiéndose así su salud psicológica.
Por otro lado, también debemos tener en cuenta la cuestión relacionada con el listado de enfermedades laborales -que mencionó una señora diputada del socialismo-, que en la Argentina está totalmente acotado. Estamos todos preocupados por la litigiosidad -como sucedió en 2012-, pero no estamos preocupados por la siniestralidad y cómo evitar el accidente laboral. Es aquí donde debemos poner el acento. ¿Por qué no sancionamos una ley de prevención y luego nos dedicamos tres meses a discutir una ley para bajar la litigiosidad? De esta manera, atacaremos la causa y no el efecto. ¿Por qué no hicimos esto? Porque el orden de prioridades del gobierno -tal como lo viene demostrando con todas las leyes que ha propuesto- es proteger al sector empresario y no al trabajador.
Con respecto al listado de enfermedades laborales, contiene un 40 por ciento de lo que reconoce la Organización Internacional del Trabajo. Las ART reconocen menos de un 10 por ciento de las enfermedades o de los accidentes de trabajo, y esta es la causa de la litigiosidad que tanto preocupa al gobierno nacional de Mauricio Macri.
Nosotros queremos sancionar una ley de prevención. Los diputados sindicales -como es mi caso, por lo menos, y el del señor diputado Taboada- no vamos a aprobar este proyecto. Lamentablemente, no creemos que podamos hacer ninguna contribución para mejorarlo porque estamos en desacuerdo con su fondo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE ROBERTI Tiene la palabra el señor diputado Oscar Martínez.
SR. MARTÍNEZ (O. A.) Señor presidente: la verdad es que ya se ha dicho mucho y lo cierto es que estamos aquí debatiendo un proyecto luego de la intención autoritaria del gobierno actual de pretender imponerlo por decreto, apoyado en un solo tema que incluso hoy han desarrollado quienes han defendido la iniciativa por parte del oficialismo. El tema es acabar con la industria del juicio y la litigiosidad.
Cuando se habla de la cantidad de juicios y de accidentes, quisiera saber quién es el que le da los datos y las estadísticas al miembro informante, porque si es el ministro de Trabajo actual, tenemos un serio problema los trabajadores, porque sale a desconocer todos los informes y estadísticas que hay: no reconoce los despidos, las suspensiones, ni la pérdida de salario, no reconoce la pérdida de poder adquisitivo producto de la devaluación e inflación que ha llevado adelante este gobierno para defender los intereses de los sectores económicos más concentrados.
Es mentira que ha bajado el índice de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Eso es una gran estafa, porque está apoyada justamente en la presión enorme que realizan las ART y las empresas para que los trabajadores no denuncien. Muchos de ellos ni siquiera tienen la posibilidad de hacerlo. Si no, pregunten a los trabajadores que prestan o prestaban servicios -porque no se sabe si lo siguen haciendo- en la empresa donde fabrica ropa la esposa del actual presidente de la Nación. Allí pueden tener un dato; estando en las peores condiciones de trabajo, con los peores ritmos de producción, allí se da la posibilidad de tener mayor cantidad de accidentes, siniestros y enfermedades profesionales.
También es mentira creer que hay un problema financiero por parte de las ART. Al diputado del oficialismo que opinó diciendo que las ART están en bancarrota le pregunto, ¿quién le dio el informe? ¿El ministro de Comunicaciones que dice que don Franco es insolvente y que no tiene recursos económicos para poder afrontar la deuda de la gran estafa que significó quedarse con el Correo Argentino para lucrar durante muchísimos años y hoy negarse a pagar una deuda, que debería haber reconocido como mínimo si es que tiene un poco de vergüenza?
De todas formas, esta familia que gobierna hoy tiene el doloroso antecedente para este pueblo de haber sido beneficiada por muchos gobiernos, con perdones y condonaciones de deuda para trasladarlos al pueblo, como fue en el caso de la dictadura. Después volvió a rendirles pleitesía pagando hasta el último centavo a los fondos buitre.
Entonces es necesario aclarar que hay dos proyectos. Un proyecto de los CEO que gobiernan para los intereses del poder económico concentrado, como el campo, que no aporta más pagos por las cosechas, y la minería, que sigue sin aportar. Sin embargo son dos de los sectores que más trabajadores han despedido en los últimos años. La flexibilización laboral que se viene intentando aplicar con la metodología del empleo joven o con otras dolorosas experiencias que estamos tratando de enfrentar.
Nosotros también venimos del movimiento obrero y lamentablemente algunas cosas nos avergüenzan y lo decimos con dolor. Nos avergonzamos cuando no tenemos la capacidad, la decisión, la convicción por principios, por historia o por compromiso con nuestra clase, de salir a enfrentar en la calle todos estos ataques que está sufriendo el movimiento obrero.
Vemos con mucho dolor que hace más de un mes los trabajadores de la empresa del grupo Clarín están resistiendo en la fábrica tomada, porque el señor que maneja los hilos de gran parte del gobierno nacional tiene como pretensión flexibilizar las tareas que desarrollan. No es que está en quiebra, salvo que el ministro de Comunicaciones haya hecho el informe de que tiene escasos recursos.
Esa es la realidad que nos duele y nos golpea cotidianamente. Nos toca directamente porque si hay algo que hacemos permanentemente es tratar de proteger y cuidar las condiciones de trabajo, la dignidad y la salud del trabajador, ya que es su única herramienta con la que puede proyectar algún futuro mínimo.
Nos toca ir a discutir a las comisiones médicas, hemos venido a la comisión central y hemos terminado en los Tribunales de la Seguridad Social para tratar de resolver algún problema. Por lo tanto, tenemos experiencia en todo este tema. Es decir que no hablamos desde el mero discurso, desde una tribuna política ni para un canal o para una radio. Todos los días hablamos con los compañeros sobre esta cuestión.
Por eso, también hemos impulsado la posibilidad de crear comités mixtos en nuestras provincias, porque una cosa es la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, los grandes centros poblados, y otra cosa muy distinta es la realidad que debemos padecer en lugares como Tierra del Fuego. Cuando se trató el proyecto, desafiamos a que fueran allí quienes integraban alguna comisión para conocer las condiciones de cómo se produce y se trabaja, pero lamentablemente nos encontramos con muy poco apoyo.
Allí tenemos la enorme dificultad de que el médico que es prestador de la ART también es el médico contratado por la fábrica y, lamentablemente para nosotros, también es el mismo médico al que tiene que recurrir la obra social.
Entonces, según la situación, el médico se ubica en diferentes veredas. En su visita como médico laboral de la empresa le dice al trabajador: "Si no vas a laburar, te echan". Como representante de la ART le anuncia que la enfermedad que tiene no es profesional y que no hay nada que hacer porque ya está curado. Y cuando atiende al trabajador por la obra social le dice que hay que operar urgente porque de lo contrario su lesión será irreparable. Por último, ese médico termina siendo el que resuelve en la comisión médica.
Entonces, no es una cuestión menor que tengamos que llegar a la litigiosidad, que tanto les preocupa defender a muchos para proteger el negocio de las ART, donde posiblemente haya algún pariente o familiar del gobierno, como ocurre en todas las empresas, o los CEO que están en todos los ministerios. Este es el gran problema que tienen.
A quienes nos toca diariamente intentar cumplir con dignidad la representación sindical de nuestros compañeros sabemos perfectamente lo que significa este proyecto. Esta iniciativa viene a atacar derechos, a limitar la posibilidad de la defensa y a perder ese valor que se puede lograr por la lesión sufrida para intentar tener algún ingreso que les permita sobrellevar mínimamente el resto de sus días.
Además, el compañero que sufre un accidente o una enfermedad profesional muy rara vez se recupera en un ciento por ciento, porque las ART no les brindan las prestaciones y las prácticas necesarias para restablecer su integridad física. Sabemos del tema, porque todos los días nos hacemos cargo de estas situaciones.
Antes de venir a esta reunión, justamente estuve conversando con dos compañeras que se encuentran en estas circunstancias y compartieron su preocupación por el avance de esta iniciativa, porque saben perfectamente lo que significa. Su única esperanza es, en algún momento, por lo menos, tener una reparación económica, pero aquí se le está sirviendo en bandeja una salida a los grandes y poderosos, que son los que administran las ART. Se les da la seguridad de que no tendrán juicios, porque las comisiones médicas les frenarán todos los reclamos, dado que son ellas las que dictaminarán. Además, después de los sesenta días podrán tener una prórroga no se sabe de cuánto tiempo para estudiar y analizar cada caso.
En mi provincia, la Comisión Médica Nº 21 está dando turnos para dentro de unos cuantos días. Con esta situación lo más probable es que no solamente no haya turnos sino tampoco atenciones, porque estarán abarrotadas por estas cuestiones, dado que tendrán que resolver lo que les correspondería por responsabilidad a otros, a quienes hoy les están dando -como parte de la flexibilidad- un regalo enorme por ese famoso discurso de la competitividad.
Nosotros no creemos en esto y vamos a resistir. Vamos a resistir en la Cámara y también pretendemos y proponemos resistir en las calles, en las fábricas, en las escuelas, en cada uno de los lugares donde haya que defender el salario, las condiciones de trabajo, y los puestos de trabajo.
El derecho a la salud es un derecho que nos excede a todos, es un derecho que cualquier ser humano debe tener, más allá de la industria del juicio, más allá de la litigiosidad o de las pérdidas que pueda tener algún pariente del gobierno.
De manera que, señor presidente, nos encontrará votando en contra de este proyecto e impulsando a enfrentar en todos los lugares, en cada una de las discusiones que tengamos, estas flexibilizaciones que intenta aplicar el gobierno nacional. (Aplausos.)
Cuando se habla de la cantidad de juicios y de accidentes, quisiera saber quién es el que le da los datos y las estadísticas al miembro informante, porque si es el ministro de Trabajo actual, tenemos un serio problema los trabajadores, porque sale a desconocer todos los informes y estadísticas que hay: no reconoce los despidos, las suspensiones, ni la pérdida de salario, no reconoce la pérdida de poder adquisitivo producto de la devaluación e inflación que ha llevado adelante este gobierno para defender los intereses de los sectores económicos más concentrados.
Es mentira que ha bajado el índice de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Eso es una gran estafa, porque está apoyada justamente en la presión enorme que realizan las ART y las empresas para que los trabajadores no denuncien. Muchos de ellos ni siquiera tienen la posibilidad de hacerlo. Si no, pregunten a los trabajadores que prestan o prestaban servicios -porque no se sabe si lo siguen haciendo- en la empresa donde fabrica ropa la esposa del actual presidente de la Nación. Allí pueden tener un dato; estando en las peores condiciones de trabajo, con los peores ritmos de producción, allí se da la posibilidad de tener mayor cantidad de accidentes, siniestros y enfermedades profesionales.
También es mentira creer que hay un problema financiero por parte de las ART. Al diputado del oficialismo que opinó diciendo que las ART están en bancarrota le pregunto, ¿quién le dio el informe? ¿El ministro de Comunicaciones que dice que don Franco es insolvente y que no tiene recursos económicos para poder afrontar la deuda de la gran estafa que significó quedarse con el Correo Argentino para lucrar durante muchísimos años y hoy negarse a pagar una deuda, que debería haber reconocido como mínimo si es que tiene un poco de vergüenza?
De todas formas, esta familia que gobierna hoy tiene el doloroso antecedente para este pueblo de haber sido beneficiada por muchos gobiernos, con perdones y condonaciones de deuda para trasladarlos al pueblo, como fue en el caso de la dictadura. Después volvió a rendirles pleitesía pagando hasta el último centavo a los fondos buitre.
Entonces es necesario aclarar que hay dos proyectos. Un proyecto de los CEO que gobiernan para los intereses del poder económico concentrado, como el campo, que no aporta más pagos por las cosechas, y la minería, que sigue sin aportar. Sin embargo son dos de los sectores que más trabajadores han despedido en los últimos años. La flexibilización laboral que se viene intentando aplicar con la metodología del empleo joven o con otras dolorosas experiencias que estamos tratando de enfrentar.
Nosotros también venimos del movimiento obrero y lamentablemente algunas cosas nos avergüenzan y lo decimos con dolor. Nos avergonzamos cuando no tenemos la capacidad, la decisión, la convicción por principios, por historia o por compromiso con nuestra clase, de salir a enfrentar en la calle todos estos ataques que está sufriendo el movimiento obrero.
Vemos con mucho dolor que hace más de un mes los trabajadores de la empresa del grupo Clarín están resistiendo en la fábrica tomada, porque el señor que maneja los hilos de gran parte del gobierno nacional tiene como pretensión flexibilizar las tareas que desarrollan. No es que está en quiebra, salvo que el ministro de Comunicaciones haya hecho el informe de que tiene escasos recursos.
Esa es la realidad que nos duele y nos golpea cotidianamente. Nos toca directamente porque si hay algo que hacemos permanentemente es tratar de proteger y cuidar las condiciones de trabajo, la dignidad y la salud del trabajador, ya que es su única herramienta con la que puede proyectar algún futuro mínimo.
Nos toca ir a discutir a las comisiones médicas, hemos venido a la comisión central y hemos terminado en los Tribunales de la Seguridad Social para tratar de resolver algún problema. Por lo tanto, tenemos experiencia en todo este tema. Es decir que no hablamos desde el mero discurso, desde una tribuna política ni para un canal o para una radio. Todos los días hablamos con los compañeros sobre esta cuestión.
Por eso, también hemos impulsado la posibilidad de crear comités mixtos en nuestras provincias, porque una cosa es la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, los grandes centros poblados, y otra cosa muy distinta es la realidad que debemos padecer en lugares como Tierra del Fuego. Cuando se trató el proyecto, desafiamos a que fueran allí quienes integraban alguna comisión para conocer las condiciones de cómo se produce y se trabaja, pero lamentablemente nos encontramos con muy poco apoyo.
Allí tenemos la enorme dificultad de que el médico que es prestador de la ART también es el médico contratado por la fábrica y, lamentablemente para nosotros, también es el mismo médico al que tiene que recurrir la obra social.
Entonces, según la situación, el médico se ubica en diferentes veredas. En su visita como médico laboral de la empresa le dice al trabajador: "Si no vas a laburar, te echan". Como representante de la ART le anuncia que la enfermedad que tiene no es profesional y que no hay nada que hacer porque ya está curado. Y cuando atiende al trabajador por la obra social le dice que hay que operar urgente porque de lo contrario su lesión será irreparable. Por último, ese médico termina siendo el que resuelve en la comisión médica.
Entonces, no es una cuestión menor que tengamos que llegar a la litigiosidad, que tanto les preocupa defender a muchos para proteger el negocio de las ART, donde posiblemente haya algún pariente o familiar del gobierno, como ocurre en todas las empresas, o los CEO que están en todos los ministerios. Este es el gran problema que tienen.
A quienes nos toca diariamente intentar cumplir con dignidad la representación sindical de nuestros compañeros sabemos perfectamente lo que significa este proyecto. Esta iniciativa viene a atacar derechos, a limitar la posibilidad de la defensa y a perder ese valor que se puede lograr por la lesión sufrida para intentar tener algún ingreso que les permita sobrellevar mínimamente el resto de sus días.
Además, el compañero que sufre un accidente o una enfermedad profesional muy rara vez se recupera en un ciento por ciento, porque las ART no les brindan las prestaciones y las prácticas necesarias para restablecer su integridad física. Sabemos del tema, porque todos los días nos hacemos cargo de estas situaciones.
Antes de venir a esta reunión, justamente estuve conversando con dos compañeras que se encuentran en estas circunstancias y compartieron su preocupación por el avance de esta iniciativa, porque saben perfectamente lo que significa. Su única esperanza es, en algún momento, por lo menos, tener una reparación económica, pero aquí se le está sirviendo en bandeja una salida a los grandes y poderosos, que son los que administran las ART. Se les da la seguridad de que no tendrán juicios, porque las comisiones médicas les frenarán todos los reclamos, dado que son ellas las que dictaminarán. Además, después de los sesenta días podrán tener una prórroga no se sabe de cuánto tiempo para estudiar y analizar cada caso.
En mi provincia, la Comisión Médica Nº 21 está dando turnos para dentro de unos cuantos días. Con esta situación lo más probable es que no solamente no haya turnos sino tampoco atenciones, porque estarán abarrotadas por estas cuestiones, dado que tendrán que resolver lo que les correspondería por responsabilidad a otros, a quienes hoy les están dando -como parte de la flexibilidad- un regalo enorme por ese famoso discurso de la competitividad.
Nosotros no creemos en esto y vamos a resistir. Vamos a resistir en la Cámara y también pretendemos y proponemos resistir en las calles, en las fábricas, en las escuelas, en cada uno de los lugares donde haya que defender el salario, las condiciones de trabajo, y los puestos de trabajo.
El derecho a la salud es un derecho que nos excede a todos, es un derecho que cualquier ser humano debe tener, más allá de la industria del juicio, más allá de la litigiosidad o de las pérdidas que pueda tener algún pariente del gobierno.
De manera que, señor presidente, nos encontrará votando en contra de este proyecto e impulsando a enfrentar en todos los lugares, en cada una de las discusiones que tengamos, estas flexibilizaciones que intenta aplicar el gobierno nacional. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE ROBERTI Continuaba en la lista de oradores el señor diputado Grana, quien finalmente no hará uso de la palabra.
Por lo tanto, quien tendrá el honor de hacer el cierre será el señor diputado De Mendiguren, finalizando así las exposiciones.
Por lo tanto, quien tendrá el honor de hacer el cierre será el señor diputado De Mendiguren, finalizando así las exposiciones.
SR. DE MENDIGUREN Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque creo que ya se ha dicho casi todo.
Lo que sí quiero decir es que el tema que estamos tratando es para nosotros de una importancia muy grande, sobre todo para la pequeña y mediana empresa en la Argentina.
No me cabe ninguna duda de que entre los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios -sobre todo en la industria- no tenemos diferencias ni objetivos distintos. Ambos estamos absolutamente preocupados por la prevención, porque haya menos accidentes de trabajo y también por tener un sistema sustentable. Y hablo de pymes, porque las pequeñas y medianas empresas no tienen la misma realidad que las grandes. Las grandes tienen autoseguro. Es muy interesante lo que sucede cuando uno mira la escala de lo que paga en promedio una pequeña empresa y la compara con una grande: esta última paga menos de la cuarta parte. Es decir que cuanto menos personal tiene la empresa, más se le sube la cuota. Esto es absolutamente al revés de como debería ser.
Cuando nació este sistema hace ya veinte años, se dijo que iba a ser una prueba y que sería perfectible. Para eso existía un instrumento, que era el Consejo Consultivo Permanente. Este Consejo, cuando era convocado, tenía la facultad de resolver los problemas que ese sistema nuevo podía tener. Es decir, podía ser convocado para ampliar la lista de enfermedades o para aumentar las prestaciones. Pero hete aquí que nunca se lo convocó. Entonces, en diez años de funcionamiento se acumularon los problemas; muchas enfermedades que debieron tratarse no se trataron. Todo se fue acumulando hasta que esto terminó en la Justicia.
Creo -y me hago cargo- que hubo intencionalidad de que este sistema no pudiera autoadministrarse e ir resolviendo las cosas. Cuando fuimos a la Justicia y fue el fallo a la Corte -que se le hizo decir a la Corte lo que no sabemos si la Corte dijo-, tardaron casi ocho años en resolver. Y pasamos de 3.000 causas a 80.000.
Como bien dijo el diputado Daer -porque es importante saber de qué estamos hablando en términos de plata-, a 30.000 dólares promedio por causa en aquel momento, 80.000 causas significaban 2.400 millones de dólares que estaban sobre la cabeza de pequeñas y medianas empresas, porque las grandes -insisto- no tienen este problema.
Esto en sí mismo no habla del problema, sino que implicaba entre 750 y 800 millones de dólares de la industria del juicio. Indudablemente, esas cifras salen de la pyme y no llegan al trabajador. Entonces, este era el problema central que el sistema planteaba. Hubiera sido muy bueno que ese Consejo Consultivo Permanente sentara a la pyme y a los trabajadores para ver cómo con esa cifra podía mejorarse el sistema en vez de dejar que explotara.
Hoy nos encontramos ante una situación muy compleja. Cuando analizamos estos veinte años, nosotros podemos decir que el camino, la tendencia, ha sido correcta: los accidentes bajaron un 30 por ciento; los accidentes fatales, un 60 por ciento; las coberturas aumentaron un 40 por ciento. Sin embargo, en este mismo período la litigiosidad -de la que acá tanto se habló- aumentó en el caso de la industria un 2.634 por ciento, de 12 a 250 demandas por cada 10.000 trabajadores.
¿Dónde nos encontramos hoy? Aquella pyme que empezó pagando un 1,5 por ciento de cobertura sobre la masa salarial producto de la litigiosidad pasó al 3, 4,5 y dentro de poco tiempo pasará al 8 por ciento promedio de costo sobre la masa salarial. Estamos hablando en promedio, por lo que hay sectores, como el de la pesca, que son de alta complejidad y que están entre el 15 y el 20 por ciento de la masa salarial. Cuando quieren renovar, las ART se han cartelizado y no permiten que se vayan a otro lugar. En consecuencia, cuando uno analiza la cuota que se está cobrando, las ART dicen que el 50 por ciento de esa cuota son los mayores costos judiciales.
Me pongo en el lugar de las pymes que, como bien se dijo acá, están padeciendo una tasa de interés que dobla la internacional. Pero me refiero a las industriales, que a diferencia de las del sector servicios, tienen que competir con sus pares de Uruguay y de Brasil. Si tienen una tasa de interés que es el doble de la brasilera, una presión fiscal que es el 10 por ciento más alta que la de toda la región y costos de logística que son un 7 por ciento más altos que los de Brasil -no hablo de Canadá ni de Estados Unidos-, no cabe duda de que un tema como este termina de sacarlas del mercado.
¿Qué es lo que proponemos? Coincidimos absolutamente con que la prevención es clave y que hay que tratarla conjuntamente con este tema. Es más, parecería que fuera bueno establecer la prevención sector por sector, en cada convenio, porque nadie sabe mejor qué medidas de prevención hay que tomar en cada sector que sus propios representantes gremiales.
Por lo tanto, hoy estamos hablando -creo que también lo mencionó el señor diputado Daer- de cifras siderales. Cuando estas cifras suben, la ART se da vuelta y se las cobra a la pyme. Acá no hay magia. La cobertura en estos niveles implica 1.000 o 1.500 millones de dólares que de algún lado deben salir. ¿De dónde? De las pequeñas y medianas empresas. Entonces, estamos ante un problema que debe tener solución.
¿Esta ley es la mejor? Creo que no; es perfectible. ¿Tenemos que tratar la prevención? No cabe ninguna duda. Pero lo que sí sabemos es que por este camino la situación en el corto plazo se torna -junto al resto del panorama del que hablamos- insalvable.
Con el perfeccionamiento que plantearemos respecto de las cosas que pueden mejorarse, y con el compromiso del Ejecutivo y del Congreso de, en el menor tiempo posible, tratar la prevención, hoy estamos dándole a un sector tan dinámico de la economía -que la está pasando mal- por lo menos la visión de volver a los costos que originalmente tuvo el sistema cuando arrancó a través de la mejora de las prestaciones y no de su quita. Fíjense el monto enorme de dinero del que podríamos disponer para la prevención y la mejora del sistema, si no se lo destina a la industria del juicio, que nada tiene que ver con los trabajadores ni con las pymes.
Lo que sí quiero decir es que el tema que estamos tratando es para nosotros de una importancia muy grande, sobre todo para la pequeña y mediana empresa en la Argentina.
No me cabe ninguna duda de que entre los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios -sobre todo en la industria- no tenemos diferencias ni objetivos distintos. Ambos estamos absolutamente preocupados por la prevención, porque haya menos accidentes de trabajo y también por tener un sistema sustentable. Y hablo de pymes, porque las pequeñas y medianas empresas no tienen la misma realidad que las grandes. Las grandes tienen autoseguro. Es muy interesante lo que sucede cuando uno mira la escala de lo que paga en promedio una pequeña empresa y la compara con una grande: esta última paga menos de la cuarta parte. Es decir que cuanto menos personal tiene la empresa, más se le sube la cuota. Esto es absolutamente al revés de como debería ser.
Cuando nació este sistema hace ya veinte años, se dijo que iba a ser una prueba y que sería perfectible. Para eso existía un instrumento, que era el Consejo Consultivo Permanente. Este Consejo, cuando era convocado, tenía la facultad de resolver los problemas que ese sistema nuevo podía tener. Es decir, podía ser convocado para ampliar la lista de enfermedades o para aumentar las prestaciones. Pero hete aquí que nunca se lo convocó. Entonces, en diez años de funcionamiento se acumularon los problemas; muchas enfermedades que debieron tratarse no se trataron. Todo se fue acumulando hasta que esto terminó en la Justicia.
Creo -y me hago cargo- que hubo intencionalidad de que este sistema no pudiera autoadministrarse e ir resolviendo las cosas. Cuando fuimos a la Justicia y fue el fallo a la Corte -que se le hizo decir a la Corte lo que no sabemos si la Corte dijo-, tardaron casi ocho años en resolver. Y pasamos de 3.000 causas a 80.000.
Como bien dijo el diputado Daer -porque es importante saber de qué estamos hablando en términos de plata-, a 30.000 dólares promedio por causa en aquel momento, 80.000 causas significaban 2.400 millones de dólares que estaban sobre la cabeza de pequeñas y medianas empresas, porque las grandes -insisto- no tienen este problema.
Esto en sí mismo no habla del problema, sino que implicaba entre 750 y 800 millones de dólares de la industria del juicio. Indudablemente, esas cifras salen de la pyme y no llegan al trabajador. Entonces, este era el problema central que el sistema planteaba. Hubiera sido muy bueno que ese Consejo Consultivo Permanente sentara a la pyme y a los trabajadores para ver cómo con esa cifra podía mejorarse el sistema en vez de dejar que explotara.
Hoy nos encontramos ante una situación muy compleja. Cuando analizamos estos veinte años, nosotros podemos decir que el camino, la tendencia, ha sido correcta: los accidentes bajaron un 30 por ciento; los accidentes fatales, un 60 por ciento; las coberturas aumentaron un 40 por ciento. Sin embargo, en este mismo período la litigiosidad -de la que acá tanto se habló- aumentó en el caso de la industria un 2.634 por ciento, de 12 a 250 demandas por cada 10.000 trabajadores.
¿Dónde nos encontramos hoy? Aquella pyme que empezó pagando un 1,5 por ciento de cobertura sobre la masa salarial producto de la litigiosidad pasó al 3, 4,5 y dentro de poco tiempo pasará al 8 por ciento promedio de costo sobre la masa salarial. Estamos hablando en promedio, por lo que hay sectores, como el de la pesca, que son de alta complejidad y que están entre el 15 y el 20 por ciento de la masa salarial. Cuando quieren renovar, las ART se han cartelizado y no permiten que se vayan a otro lugar. En consecuencia, cuando uno analiza la cuota que se está cobrando, las ART dicen que el 50 por ciento de esa cuota son los mayores costos judiciales.
Me pongo en el lugar de las pymes que, como bien se dijo acá, están padeciendo una tasa de interés que dobla la internacional. Pero me refiero a las industriales, que a diferencia de las del sector servicios, tienen que competir con sus pares de Uruguay y de Brasil. Si tienen una tasa de interés que es el doble de la brasilera, una presión fiscal que es el 10 por ciento más alta que la de toda la región y costos de logística que son un 7 por ciento más altos que los de Brasil -no hablo de Canadá ni de Estados Unidos-, no cabe duda de que un tema como este termina de sacarlas del mercado.
¿Qué es lo que proponemos? Coincidimos absolutamente con que la prevención es clave y que hay que tratarla conjuntamente con este tema. Es más, parecería que fuera bueno establecer la prevención sector por sector, en cada convenio, porque nadie sabe mejor qué medidas de prevención hay que tomar en cada sector que sus propios representantes gremiales.
Por lo tanto, hoy estamos hablando -creo que también lo mencionó el señor diputado Daer- de cifras siderales. Cuando estas cifras suben, la ART se da vuelta y se las cobra a la pyme. Acá no hay magia. La cobertura en estos niveles implica 1.000 o 1.500 millones de dólares que de algún lado deben salir. ¿De dónde? De las pequeñas y medianas empresas. Entonces, estamos ante un problema que debe tener solución.
¿Esta ley es la mejor? Creo que no; es perfectible. ¿Tenemos que tratar la prevención? No cabe ninguna duda. Pero lo que sí sabemos es que por este camino la situación en el corto plazo se torna -junto al resto del panorama del que hablamos- insalvable.
Con el perfeccionamiento que plantearemos respecto de las cosas que pueden mejorarse, y con el compromiso del Ejecutivo y del Congreso de, en el menor tiempo posible, tratar la prevención, hoy estamos dándole a un sector tan dinámico de la economía -que la está pasando mal- por lo menos la visión de volver a los costos que originalmente tuvo el sistema cuando arrancó a través de la mejora de las prestaciones y no de su quita. Fíjense el monto enorme de dinero del que podríamos disponer para la prevención y la mejora del sistema, si no se lo destina a la industria del juicio, que nada tiene que ver con los trabajadores ni con las pymes.
SR. PRESIDENTE ROBERTI No habiendo más señores diputados anotados para hacer uso de la palabra en la lista de oradores, damos por cerrado el debate y los invitamos a firmar el dictamen.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos.