“Declarar su más enérgico repudio ante la brutal represión ejercida por fuerzas de Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia de Chubut contra miembros del Pu Lof en Resistencia Mapuche, comunidad Mapuche de la zona de Leleque, departamento Chushamen, en la provincia de Chubut, los pasados 10 y 11 de Enero”.

Señor presidente:

El pasado 10 de Enero del corriente año, alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nación irrumpieron violentamente en la comunidad Mapuche empleando más de veinte vehículos , carros hidrantes, un avión, un helicóptero y un dron y apoyados por efectivos policiales de la provincia del Chubut tras la orden establecida por el juez federal de Esquel, Guido Otranto de “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita e identificar a las personas que se encuentran imputadas de la comisión del delito previsto en el art. 194 del Cód. Penal”.

La represión por parte de la Gendarmería y la Policía de Chubut volvió a sucederse al día siguiente, miércoles 11 de Enero, dejando más de 10 detenidos y una decena de heridos, dos de extrema gravedad.

Según contó al diario Página/12 Soraya Maicoñia, vocera de la comunidad Mapuche, Emilio Jones se encuentra internado en el Hospital de Bolsón y deberá ser intervenido para una reconstrucción maxilar. “Le tiraron a quemarropa, a tan corta distancia que le destrozaron el maxilar. Sabemos que pasó bien la noche y que hoy le harán estudios para las cirugías de reconstrucción” relató una de las referentes de la comunidad.

El otro de los heridos, Fausto Jones Huala, permanece internado en el Hospital de Bariloche, en terapia intensiva con un politraumatismo de cráneo. “Tenía la cabeza llena de marcas de los perdigones y al rato ya no podía hablar. Ahí lo trasladaron a Bariloche y con la tomografía vieron que tenía afectado el cráneo. Ahora tienen que estudiar si tiene alguna lesión más severa”, según dichos de Maicoñia.

El conflicto que origina esta feroz represión, la cual no distinguió entre mujeres y niños, data de marzo de 2015 cuando la comunidad Mapuche de Chushamen resolvió ocupar las tierras de Leleque, vendidas en 1994 por el entonces Carlos Menem, sucediéndose así una disputa judicial con la empresa del magnate italiano Luciano Benetton aún no resuelta.

Las poblaciones afectadas padecerán aún más el incremento, en el futuro inmediato, del despojo de sus tierras, visto que la política activa del Gobierno Nacional es facilitar el aumento de la extranjerización territorial, de hecho, el presidente Mauricio Macri modificó mediante el Decreto 820/16 la ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales (nro.26737), aprobada por el Congreso de la Nación en 2011, que restringe la compra de tierras a personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera.

De manera deliberada quitó restricciones a la venta de tierras a extranjeros y conminó a las provincias a definir en 30 días los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito, descartando el tope máximo del 15%, y tal decisión coloca a los pueblos originario en situaciones más críticas que las que hoy están soportando al ultrajar sus orígenes, al tratarlos de “terroristas, al discriminarlos de sus propios campos, confiscando sus animales y reprimiéndolos salvajemente.

No hay dudad que la extranjerización abierta del suelo Patrio que pretende el presidente Macri trae aparejado el corrimiento de los Pueblos Originarios hasta diezmarlos de sus ancestrales sitios de residencia y la eliminación de su cultura, ello en razón de un pensamiento liberal el cual desenvuelve conductas extremistas de la derecha represiva, las que ya lamentablemente hemos vivido en este País.

Liberal el porcentual de poder de adquisición de tierras, es sin ninguna duda promover la extinción cultural de todo un vasto territorio, de norte a Sur y de Este a Oeste, es cultivar el resentimiento de aquellos Pueblos marginados que en definitiva decidieron continuar en su territorio, con sus costumbres y respetar a sus mayores, luego de haber sido casi exterminados por políticas destinadas a conquistar sus lugares, sufrimiento y persecución idéntica a los avances de capitales especulativos que detentan ciento de miles de hectáreas y con ello el destierro compulsivo de sus habitantes: LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

En 1994, la reforma de la Constitución Nacional plasma un cambio en la mirada del Estado argentino, cuando establece: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones” (artículo 75, inciso 17)…”, estos preceptos constitucionales y demás Convenciones Internacionales son hoy desoídos por el Gobierno Nacional, el que es cómplice principal del desprecio a nuestros hermanos.

Señor Presidente, hechos de tamaña gravedad no hacen más que mancillar el estado de derecho en el que deben resguardarse todos los habitantes de nuestra Patria. Son nuestras comunidades originarias las víctimas de un Estado que las ha despojado de sus legítimos territorios y confinado en muchos casos a la pobreza e indigencia. No es con represión que vamos a poder resolver estos complejos conflictos sino generando todas las instancias de diálogo necesarias para un vivir democrático. Hechos como los sucedidos el pasado 10 y 11 de Enero en nuestra Patagonia Argentina, son reiterativos y nos remiten indefectiblemente a los peores momentos donde el Estado, lejos de cuidar a sus ciudadanos, sacudió sobre su pueblo el peor de los terrores. Hechos que no queremos ni merecemos volver a padecer.

Es por todo lo expuesto anteriormente y dada la gravedad de estos hecho solicito a los señores Diputados y Diputadas de esta Honorable Cámara que suscriban el presente proyecto de Resolución.