1. Su preocupación y repu- dio por los reiterados episodios de violencia desatados en la Provincia de Formosa, contra estudiantes y aborígenes, y que han tenido el lamentable saldo de muertos, heridos, expulsión de territorio y daños materiales.

2. Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional exigiera al Gobierno de la Provincia de For- mosa el urgente esclarecimiento de los mencionados episodios ocurridos en el mes de noviembre de 2010, abriendo investigación sumaria sobre la ac- tuación del personal policial y la aplicación de las sanciones que correspon- dan.

3. Que sería conveniente que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación produjera y enviara a este H. Congreso de la Nación un informe de situación y acción desplegada por la misma frente a los referidos episodios.

4. Que el Poder Ejecutivo Nacional debería impulsar, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la firma con los gobiernos provinciales, de una serie de protocolos orientadores e indicadores del comportamiento de las respectivas policías territoriales.

Señor presidente:

Los acon- tecimientos de trascendencia pública ocurridos en la última semana en la Provincia de Formosa, deben movilizar la preocupación y acción del Gobier- no Nacional. En tal sentido, promovemos como proyecto de declaración de este Congreso, nuestra expresión de preocupación y repudio, y también una serie de medidas que creemos urgente tomar por parte de las autoridades nacionales.

Nunca las autonomías de los gobiernos provinciales, ni la exclusiva competencia que éstos tienen sobre la seguridad pública y las fuerzas policiales podrían im- pedir al Gobierno Nacional, legislativo o ejecutivo, involucrarse en garanti- zar la plena vigencia de los derechos de las personas, impidiendo su atrope- llo.

El Esta- do, sus recursos económicos y humanos, la fuerza propia del poder público, deben usarse a favor de la ciudadanía y los derechos, del funcionamiento de las instituciones y el estado de derecho. Y es por ello que repudiamos cual- quier despliegue o acción del aparato gubernamental estatal para inducir una elección estudiantil, influir sobre sus resultados, favorecer o amedren- tar. Mucho menos para impulsar violentamente la desocupación de un terri- torio. Rechazamos la violencia como forma de expresión de y en cualquier ámbito y no debe tolerarse a ninguna persona ejercida sobre otras. Pero mucho más condenable es la acción violenta del Estado en contra de cual- quier ciudadano, afectando sus libertades y derechos.

Frente a los episodios ocurridos en la provincia de Formosa, se impone que el Poder Ejecutivo Nacional promueva investigación, esclarecimiento y condena. Asimismo debería producir un informe de situación a través de la Secretaría de Derechos Humanos, e impulsar una serie de medidas que garanticen el funcionamiento de todas las policías provinciales de acuerdo a standards mínimos de comportamiento y eficacia de gestión, acordando también indi- cadores de evaluación de la misma.

Solici- tamos por tanto, el acompañamiento de nuestros colegas, a este proyecto impulsado por el Bloque del Partido GEN en la Cámara de Diputados de la Nación.