Expresar su preocupación en relación al fallo judicial de la Provincia de Chubut mediante el cual se autoriza el desalojo de la comunidad mapuche Jacinto Antileo, ubicada en Buen Pasto, en las cercanías de la ciudad de Sarmiento de la Provincia de Chubut; afectando los derechos humanos esenciales de las comunidades originarias.

Señor presidente:

Según la medida cautelar del juez Gustavo Antoun de Sarmiento, Chubut, la comunidad mapuche Jacinto Antileo debe irse de los terrenos ubicados en la zona del Buen Pasto y retirar los animales y las pertenencias del terreno, cuya propiedad les pertenece ancestralmente y el cual habitan hace más de 20 años. Este fallo judicial desconoce la Ley de Emergencia y Relevamiento de Pueblos Originarios, sancionada por el Congreso Nacional en 2006, que suspende la "ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas".

La abogada Sonia Ikonicoff, representante de los Antileo, señaló a los medios de prensa locales que "dentro de la provincia en muchos juzgados se desconocen las normas vigentes que frenan los desalojos". También tuvo en cuenta la normativa nacional mencionada previamente, al afirmar que "no es cuestión de darle o no la razón a alguien sino de cumplir con lo establecido a nivel nacional por el Congreso". Por otro lado, Carlos Antileo, miembro de la comunidad Jacinto Antileo, cree que "el Juez Antoun se burla y niega mi condición de indígena, mis derechos y desconoce lo que dice la Constitución. No soy cualquiera y reclamo por la tierra que ocupamos desde hace muchos años. Están acostumbrados a sacarnos sólo por ser aborígenes", en declaraciones hechas a los mismos medios de comunicación.

Creemos necesario repudiar estos atropellos que, amparados en medidas judiciales que no respetan la legislación vigente, afectan no sólo los territorios de las comunidades de los pueblos originarios, sino su normal desarrollo cotidiano. Sostenemos la importancia del rol que el Estado nacional y los Estados provinciales deben tener en la promoción de la defensa de los derechos de los pueblos originarios y en la regulación de los aspectos tendientes a promover la propiedad definitiva de los territorios que ancestralmente les corresponden a las comunidades originarias.

Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.