Expresar su repudio frente a la turbación ilegal e inconstitucional realizada por la empresa EIDICO S.A. (Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común) sobre un cementerio de pueblos originarios con inhumaciones con más de mil años de antigüedad, en Ingeniero Maschwitz, Partido de Escobar, con el apoyo logístico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en franca violación al art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico.

Señor presidente:

Como venimos sosteniendo, nuestra República, ha sido un estado pluriétnico y multicultural desde su nacimiento. Sin embargo, tal realidad no fue reconocida constitucionalmente por más de un siglo por cuanto se creía que se trataba de una situación temporal, que debía ser superada para lograr la tan ansiada homogeneidad de la sociedad estatal.

Frente a ello, las comunidades y los pueblos indígenas argentinos lucharon por su supervivencia y la de su cultura, resistiendo la constante y sistemática violación de sus derechos y reclamando ser respetados por una sociedad que no advertía que al negarlos, no hacía otra cosa que desconocer una parte de sí misma.

Recién con la reforma de 1994 se consagraron una serie de derechos a favor de estos pueblos y de sus miembros, dando paso así a la conformación de un Estado argentino pluralista que considera la presencia de la diversidad en su interior como una realidad que enriquece al conjunto.

Como se puede apreciar luego de ese camino de reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios, dirigentes que sin más, quieren echar por tierra todo el esfuerzo realizado por los constituyentes del 1994 y la nación argentina, y quieren mantener sepultados en la esclavitud a aquellos pueblos que la Constitución Nacional en su Art. 75 inc. 17, el Convenio 169 OIT, le reconocen la titularidad colectiva de esas tierras.

Las tierras indígenas al que se refieren el Art. 75 inc. 17, párrafo 2, tienen tres aristas bien diferenciadas; reconocen las que ocupan; ordena regular la entrega de otras, y, dispone el carácter comunitario de la propiedad y posesión.

Cuando el constituyente desarrollo el criterio sobre ocupación, no sólo se refería a la de las personas físicas de comunidades indígenas sino también a sus sentimientos y a la protección del lugar donde descansan sus antepasados. En otras palabras, el lugar donde está el pasado de esos pueblos.

Es irrazonable que en forma intencional, por la fuerza del dinero, se despoje a toda una sociedad de su historia.

A su vez, no debe soslayarse que en el hecho que nos ocupa, esto es, las tierras donde se encuentra enclavado el "emprendimiento social" llamado Complejo Villa Nueva (Barrio San Benito y Barrio San Marco) desarrollado por la firma

EIDICO S.A., el primero, en homenaje al Papa Benedicto XVI, se ha incurrido en una violación a las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico cuando dispone que "Toda persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a denunciar al organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos.

Señor Presidente, la existencia de un cementerio de pueblos originarios en dichas tierras, no es desconocida por el citado emprendimiento inmobiliario, de ahí que adquiere singular relevancia repudiar estas conductas que solo privilegian circunstanciales intereses económicos mientras al rugir de las topadoras y excavadoras se borran y destruyen los vestigios y el pasado de los pueblos originarios.

Por todo lo expuesto, invitamos a nuestros pares, Señores Diputados de la Nación, a que nos acompañen en el presente proyecto de declaración, con su tratamiento y aprobación.