Artículo 1º - Creación y objetivos. Créase el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial que tendrá como objetivo definir políticas que establezcan directrices generales para un desarrollo territorial sostenible en las diferentes provincias y/o regiones de nuestro país que al efecto deberán conformarse, las cuales serán construidas consensuadamente entre el estado nacional, el o los estados provinciales com- prendidos en cada región y los habitantes de las mismas y sus organizaciones sociales, culturales, gremiales y económicas representativas.

Las políticas serán definidas en el programa a través de un proceso de concertación y tendrán como objetivo ar- monizar y conciliar el desarrollo económico y social actual y futuro, la conserva- ción del ambiente y los recursos naturales respetando la diversidad natural y protegiendo un uso racional del suelo, prevenir la degradación de las áreas urbanas y rurales y la vulnerabilidad ante peligros naturales y preservar el pa- trimonio histórico, cultural, artístico, paleontológico, arqueológico, etnográfico o científico. El desenvolvimiento del programa deberá observar especial respeto por observar principios de equidad, participación y consenso.

Artículo 2º - Fines. Se establecen como fines de la presente ley los siguientes:

a) Crear, desarrollar y mantener un modelo de gestión que esencialmente tenga en miras optimizar la calidad de vida de los habitantes, la competitividad territorial, la seguridad y sustentabili- dad en las regiones y/o provincias de nuestro país.

b) Reconocer el territorio y sus recursos ponderando sus potencialidades, problemáticas, restricciones, desequi- librios y riesgos en cada provincia y/o región, ya sean actuales o futuros.

c) Elaborar e impulsar planes, pro- gramas y proyectos de corto, mediano y largo plazo tendientes a desarrollar un sistema de ordenamiento territorial, urbano y rural, equilibrado y ambiental- mente sustentable.

d) Promover la actuación tutelar sobre los recursos naturales: cursos de agua y vías navegables, humedales, reservas naturales, componentes naturales de paisaje urbano y rural, bordes de cursos de agua, sitios Ramsar, glaciares, etc.; articulando la escala nacional, regional o provincial y local.

e) Detectar, detener, estabilizar y reorientar los procesos de crecimiento urbano descontrolado, ordenando las áreas ocupadas para reducir desequilibrios demográficos y los procesos des- controlados de desmonte para avance de la agricultura.

f) Orientar los planes de inversión pública y privada en el territorio, teniendo en miras el desarrollo de tecnologías y la asunción de justa responsabilidad social.

g) Definir y promover un sistema de gestión socio-política que propicie el desarrollo de condiciones de gobernabi- lidad del territorio orientadas a dar solución a los conflictos y lograr una inte- gración justa y una convivencia armónica.

h) Elaborar e impulsar planes des- tinados a lograr la utilización no depredatoria de los recursos, la optimización de los disponibles y la disminución de las probabilidades de riesgo para la pobla- ción a través de la preservación y reparación del ambiente en general.

i) Promover la protección, acrecen- tamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio de interés ar- tístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico o científico.

Artículo 3º - Acciones a desarrollar para alcanzar los fines y objetivos de la ley. Entre otras podrán des- arrollarse las siguientes acciones:

a) Generar mecanismos de infor- mación, educación y concientización sobre los alcances del Ordenamiento Terri- torial como herramienta para el desarrollo sostenible, dirigidos a la ciudadanía en general y a sus organizaciones sociales, culturales, gremiales y económicas representativas.

b) Elaborar un inventario de la es- tructura físico-biológica y socio-económica de cada región y/o provincia del país que servirá de base para la evaluación ambiental previa indispensable para la determinación de los lineamientos generales de ocupación y uso del suelo que conformarán el ordenamiento territorial, como así también para la formación y/o creación de regiones.

c) Determinar prioridades de las necesidades y requerimientos sociales (viviendas, servicios públicos, infraestruc- tura, equipamiento, industria, comercio, salud, transporte y medios de comuni- cación), teniendo en cuenta criterios esenciales de igualdad y equidad extensi- vos a todas las regiones y/o provincias del país, de conformidad a las pautas culturales, ambientales y técnicas tuteladas por esta ley.

d) Promover y organizar procesos de integración y coordinación entre las regiones y/o provincias y de estas con sus Municipios para lograr políticas consensuadas de desarrollo territorial, a tra- vés de la participación ciudadana y de las organizaciones intermedias, utilizando mecanismos claros de información pública, consulta y control ciudadano en la elaboración e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial en sus diferentes escalas y propiciando la solución concertada de conflictos.

e) Establecer las normas y proce- dimientos que sea menester para implementar los mecanismos necesarios orientados a alcanzar un adecuado ordenamiento territorial sobre la base de los principios, fines y objetivos de esta ley y la legislación vigente en materia de protección ambiental y de los recursos naturales.

f) Desarrollar e implementar pla- nes concertados de protección de humedales, ríos y cursos de agua como reserva para el consumo humano, la recarga de cuencas hidrográficas, genera- ción de energía eléctrica y atractivo turístico, controlando y promoviendo la re- gulación de las intervenciones y construcciones que impactan sobre ellos (dra- gado, instalación de puertos, actividades industriales, etc.), y asimismo preser- vando, la riqueza ictícola.

g) Desarrollar e implementar pla- nes concertados de protección de los elementos naturales propios de cada re- gión y/o provincia como pastizales, bajos sub-meridionales, bosques y en gene- ral de todas las ecorregiones, preservándolas como reservas estratégicas.

h) Desarrollar e impulsar planes concertados de protección de acuíferos como reservorios de agua subterránea, a desarrollar en forma coordinada con los países limítrofes con los cuales se comparten, con la participación de las regiones y/o provincias en las decisiones al respecto.

i) Desarrollar e impulsar planes concertados que prevengan y controlen el avance de los procesos de desertifi- cación, erosión y/o deterioro de los suelos mediante políticas públicas destina- das a la recuperación de áreas de arraigo de pobladores en condiciones ade- cuadas de vida, la reducción de las desigualdades territoriales y procurando una más equitativa distribución de los servicios -en especial salud publica, educa- ción y vivienda- y la infraestructura.

j) Desarrollar e impulsar planes concertados encaminados a determinar, aumentar, conservar y proteger las áreas de valor ambiental, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico, artístico, cultural, paisajístico o de recreación.

k) Reconocer el valor patrimonial, ambiental y paisajístico de los entornos rurales locales, fundamentalmente los amenazados por su proximidad geográfica a centros urbanos en expansión, que por su especificidad ambiental no son reproducibles en otras áreas.

Artículo 4º - Etapas del Programa de Ordenamiento Territorial. La actuación del Programa de Ordena- miento Territorial se efectuará según las siguientes etapas esenciales:

1) Diagnóstico. Tendrá por finali- dad relevar e identificar, en forma participativa y consensuada, los caracteres, problemas y recursos de la región y/o provincias involucradas y elaborar pro- puestas alternativas posibles de planes de ordenamiento territorial, identifican- do criterios rectores en los que sustentan su conveniencia, necesidad y finalidad u objetivos de su aplicación.

El desarrollo de esta etapa contará con la asistencia técnica, asesoramiento y colaboración de las distintas reparti- ciones del estado nacional y en su caso de los estados provinciales y gobiernos locales, como así también de especialistas y de organizaciones de la comunidad representativas de intereses vinculados a la problemática en estudio.

2) Elaboración y definición, en forma participativa y consensuada del plan o los planes de ordenamiento terri- torial de la región y/o provincias involucradas. En la elaboración de los planes se procurará adoptar criterios uniformes en orden a la sistematización de su formulación y un lenguaje común en cuanto a los conceptos y términos técnicos empleados, para facilitar una más clara e inequívoca interpretación de los mismos. Los planes deberán contener la definición clara y consensuada de los propósitos del mismo, una visión estratégica para actuar en el corto, mediano y largo plazo y contar con la información de base utilizada debidamente sistema- tizada, actualizada y fácilmente accesible. Asimismo deberá referenciar el sis- tema legal y administrativo vinculado a su aplicación de conformidad a la orga- nización política y administrativa del territorio que tendrá a su cargo su gestión y asimismo considerará la injerencia que en el mismo podrán o deberán tener las instituciones privadas y los habitantes.

3) Aprobación del plan o los planes de ordenamiento territorial de cada región y/o provincias involucradas. Los Pla- nes de Ordenamiento Territorial deberán se aprobados por ley provincial del territorio en la que será aplicado. Asimismo los convenios que surjan de los acuerdos interprovinciales y/o de las provincias con el estado nacional deberán ser aprobados por ley nacional.

4) Control y seguimiento del plan, identificación de nuevas alternativas y de modificaciones convenientes.

Artículo 5º - Mecanismos de participación. El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial fomentará la participación de los habitantes y las organizaciones sociales, culturales, gremia- les y económicas representativas de cada región y/o provincia, en todas las etapas en que desarrolle su actuación.

Los mecanismos de participación podrán consistir en la realización de audiencias públicas de información, de consulta o de deliberación y propuesta; consultas de opinión; o en la constitu- ción de consejos asesores y consultivos. Estos mecanismos son mencionados con carácter meramente enunciativo sin que ello signifique la exclusión de otros ya existentes o que puedan surgir de nuevas iniciativas.

Artículo 6º - Publicidad e información. El Programa promoverá la participación, deberá desarrollar una publicidad clara y accesible del mismo y adecuada información, procurando al- canzar soluciones de consenso, responsables y debidamente fundadas.

Artículo 7º - El poder ejecutivo nacional, a través del organismo que determine la reglamentación, convocará a las provincias a participar en el Programa Nacional de Ordenamien- to Territorial y a constituir regiones entre aquellas que posean caracteres e in- tereses comunes y será responsable de coordinar y elaborar los planes de or- denamiento territorial arribando a soluciones de consenso, promover su apro- bación y disponer el seguimiento y control de su aplicación y cumplimiento.

Artículo 8º - Modificación a los planes de Ordenamiento Territorial. Todos los proyectos de obras o de prestación de servicios, capaces de modificar directa o indirectamente los Pla- nes de Ordenamiento Territorial deberán obtener previamente una Declaración de Impacto Ambiental expedida por la autoridad de aplicación conforme lo de- termine la reglamentación.

Artículo 9º - Los programas y/o planes de subsidio o fomento económico a las distintas actividades productivas en las Provincias (subsidios a tasas de interés, subsidios de costo de energía eléctrica o cualquier otro subsidio directo e indirecto), creados o a crearse, de- berán tener relación con los Planes de Ordenamiento Territorial.

.Artículo 10º - Sanciones. Todo uso del suelo que fuere contrario a lo establecido por los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, como así también toda trasgresión a las disposiciones de la presente ley o a las obligaciones establecidas en los Planes aprobados, hará pasibles a los responsables de las sanciones que establezca la reglamenta- ción.

Artículo 11º - Funciona- rios públicos. EI funcionario público que maliciosamente utilizare los procedi- mientos de esta ley para obtener beneficios para sí o para terceros a través del otorgamiento de permisos, habilitaciones, excepciones contrarias al interés ge- neral, será pasible de las sanciones que establezca su estatuto particular, sin perjuicio de las que correspondan por aplicación del código Penal. También lo será el funcionario público que por su participación en la gestión territorial, haga uso indebido de la información recopilada.

Artículo 12º - Interpreta- ción de los principios, normas y disposiciones. La aplicación e interpretación de las disposiciones de la presente ley deberá tener como finalidad el interés común y el bienestar general por encima de los intereses particulares.

Se entiende por Programa el con- junto de acciones, procedimiento, planes y proyectos realizados para alcanzar los fines y objetivos que reconoce el Ordenamiento Territorial y por Proyectos el conjunto de acciones programadas para alcanzar el cumplimiento de objetivos y metas definidos por el programa.

Artículo 13º - De forma.

Señor presidente:

La necesidad de contar con políti- cas de Estado sobre Ordenamiento Territorial y desarrollo sostenible, importa la elaboración de directrices para un desarrollo territorial sostenible claramente consensuado con la instancia local y provincial; para implementar y promover acciones coordinadas, integradas y equilibradas entre el desarrollo urbano- territorial y el cuidado y tutela de los recursos naturales del territorio nacional.

Por su parte, el territorio debe ser entendido de modo integral, como una construcción histórica y compleja, refleja los modos de apropiación de una comunidad. Incorpora su identidad cultural local a lo largo del tiempo, su organización social y espacial, con la presencia de sitios, lugares y edificios de valor histórico, arquitectónico y patrimonial de nivel nacional y/o local. El territorio refleja e integra los aspectos sociales, económi- cos, políticos y físicos ambientales de la comunidad. (1)

De ahí que se hable de paisaje cultural como "el resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto". "El paisaje cultural es una realidad compleja, inte- grada por componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo identifica como tal, por ello debe abordarse desde diferentes perspectivas. La Convención del Patrimonio Mun- dial de UNESCO, clasifica a los paisajes culturales como: Urbanos; rurales; ar- queológicos; industriales (2) .

Existen diferentes puntos de vista sobre el alcance y la instrumentación del Ordenamiento Territorial; sin embargo hay un marco indiscutible que bien expresa Guimaraes, (1997) al decir: "El de- sarrollo debe ser ambientalmente sustentable en el acceso y uso de los recur- sos naturales y en la preservación de la biodiversidad; socialmente sustentable en la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales, culturalmente sustentable en la preservación de la diversidad, la preservación de valores, ...y políticamente sustentable al profundizar la democracia y garantizar el acceso y la participación..."

"La Convención del Patrimonio Mundial define y conserva el patrimonio del mundo elaborando una lista de si- tios cuyos notables valores naturales o culturales deben ser conservados para toda la humanidad. En 1992, alentó la determinación de paisajes culturales co- mo una categoría merecedora de protección, con lo que la Convención pasó a ser el primer instrumento jurídico internacional que reconoce y protege esos lugares. Se reconoció que los paisajes culturales representan la "labor conjuga- da de la naturaleza y del ser humano". Los paisajes culturales ilustran la evolu- ción de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo del tiempo, in- fluidos por los imperativos materiales y las posibilidades que ofrece el entorno natural. La expresión "paisaje cultural" abarca diversas manifestaciones de la interacción entre las personas y su entorno natural, reflejando a menudo técni- cas concretas de explotación sostenible de las tierras o una relación espiritual asimismo concreta con la naturaleza." (3)

La Comisión Brundtland (4) , publicó en el año 1987, el informe socio-económico, elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983, llamado "Nuestro futuro en común", centrado en el concepto de desarrollo sustentable o sostenible: "Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades".

La Declaración de Río sobre el Me- dio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, tuvo como objetivo establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial; proclama en su Prin- cipio Nº 1: "Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza". Además, en su Principio Nº 3, sostie- ne: "El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitati- vamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras". Principio Nº 5: "Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pue- blos del mundo". Y entre otros principios, señala en el Nº 8 que "Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas". (5)

Los representantes mundiales allí reunidos, aprobaron el Programa 21, que plantea un programa de acción de amplio alcance para lograr el desarrollo sostenible en el siglo XXI y afrontar las cuestiones ambientales y de desarrollo de forma integrada a nivel mundial, na- cional y local. ... Considerando principalmente el Capítulo 5: Dinámica demográ- fica y sostenibilidad; Capítulo 7: Fomento del desarrollo sostenible de los asen- tamientos humanos; Capítulo 8: Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones; Capítulo 10 "Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras", Capítulo 11 "Lucha contra la defo- restación", Capítulo 12: Ordenación de los ecosistemas frágiles: Lucha contra la desertificación y la sequía; Capítulo 13 "Desarrollo sostenible de las zonas de montaña"; Capítulo 14 "Agricultura sostenible y desarrollo rural; Capítulo 17: Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares ce- rrados y semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos; Capítulo 18: Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: Aplicación de criterios integrados pa- ra el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce; todos ellos entre otros capítulos de sumo interés (6) .

Los países miembros del Convenio de Ramsar, o Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacio- nal plantean entre otros aspectos "incluir las cuestiones referidas a los hume- dales en la planificación del uso del suelo a nivel nacional, de manera que se promueva el uso racional de todos los humedales; establecer reservas que in- cluyan a humedales, y promover la capacitación en el campo de la investiga- ción, gestión y custodia de los humedales;..." (7)

Antecedentes:

La preocupación por un desarrollo territorialmente más equilibrado y sostenible ha constituido el motivo del desa- rrollo de un valioso debate y reflexión que se ha llevado a cabo en el contexto internacional de Europa y América Latina.

En España, las Comunidades Autó- nomas han asumido la competencia exclusiva sobre la Ordenación del Territorio en sus Estatutos de Autonomía (8) .

La Carta Europea de Ordenación del Territorio (9) de 1983 define el término de Ordenamiento Territorial como "la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad". Sus objetivos fundamentales son: El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida; la gestión respon- sable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y la utiliza- ción racional del territorio (en particular, la implantación, organización y desa- rrollo de los grandes complejos urbanos e industriales y asegurar la protección de las tierras agrícolas y ganaderas).

La Convención Europea del Paisaje (10) , celebrado en Florencia, Italia, el 20 de Octubre de 2000: "Considera que el objetivo del Consejo de Europa es alcanzar una unión más estrecha entre sus miembros con el fin de salvaguardar y promover los ideales y principios que son su patrimonio común, y que este objetivo se persigue en particular mediante la celebración de acuerdos en los campos económico y social. Preocupados por alcanzar un desarrollo sostenible basado en una relación equilibrada y armonio- sa entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente. Tomando nota de que el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad económica y que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación del empleo. Conscientes de que el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es un componen- te fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad euro- pea".

Define por paisaje: "...cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resul- tado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. Por políti- ca en materia de paisajes, se entenderá la formulación, por parte de las autori- dades públicas competentes, de los principios generales, estrat4egias y directri- ces que permitan la adopción de medidas específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje"... "El Convenio se aplicará a todo el territorio de las partes y abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas. Comprenderá asimismo las zonas terrestre, marítima y las aguas interiores. Se refiere tanto a los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados". (11)

Podemos mencionar también el antecedente de la Ley de Ordenamiento Territorial de Uruguay del año 2008.

Y en nuestro país la valiosa expe- riencia de la provincia de Mendoza y el plan estratégico de la cuidad de Rosario y la desarrolla en el orden nacional, a través del Ministerio de Planificación Fe- deral.

En síntesis, los programas de Or- denamiento Territorial deben comprender una acción consensuada entre el Es- tado y la población, con la finalidad de obtener un compromiso conjunto pre- sente y futuro, que tenga en miras: los recursos naturales y ambientales de interés colectivo en el territorio, con una visión integral del suelo urbano y rural en la definición de las posibles áreas de expansión urbana; los cursos de agua, arroyos, cuencas; las márgenes y ribera de los mismos; los humedales; los bosques y masas forestales, que deben ser tutelados y/o protegidos de las ac- ciones de transformación artificial del hombre sobre el medio ambiente.

Sin embargo la importancia de es- ta problemática amerita su constitución como política de estado, a fin de lograr un mayor compromiso general y plural y una mayor eficacia, estabilidad y per- manencia en el largo plazo, por lo que resulta conveniente darle el marco legal que garantice estos objetivos.

Por otra parte, no podemos dejar de valorar la fuerza de la participación como herramienta de Ordenamiento Te- rritorial colectivo, que no sólo posibilita mejorar el medio en que vivimos, sino también mejorar al hombre que participa, haciéndose artífice de su propio des- tino.

Por todo lo expuesto invito a mis colegas a debatir y aprobar la iniciativa que pongo a consideración.