Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional disponga las medidas necesarias para resguardar los derechos de la comunidad wichí de Ingeniero Juárez, Provincia de Formosa, ante el posible desalojo del predio ocupado históricamente por ellos y perteneciente al Instituto de Comunidades Aborígenes.

La necesaria y urgente intervención del gobierno nacional, hará posible garantizar el irrestricto respeto a los derechos de los pueblos indígenas argentinos establecidos en la Constitución Nacional, Art. 75, inciso 17.

Señor presidente:

Los derechos de los pueblos indígenas argentinos consagrados constitucionalmente son continuamente avasallados. El Art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional es claro al establecer: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblo indígenas argentinos. ...reconocer.. la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano..."

En el caso que nos ocupa, la comunidad wichí de Ingeniero Juárez a 400 km. al oeste de la capital de Formosa, esta siendo objeto de una orden de desalojo, como tantas comunidades que en todo el país se ve afectada por conflictos territoriales.

La comunidad ocupa un predio que perteneció históricamente al pueblo wichí y desde 1970 al Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa (ICA). En dicho predio el Instituto Provincial de la Vivienda con la mediación de la intendencia de Ing. Juárez ha emplazado cincuenta viviendas. Al momento de la adjudicación, a principios de 2007, entre los cincuenta beneficiados no había ningún integrante de las comunidades wichí de la zona. Ante esta discriminación, decidieron la toma pacífica de las nuevas viviendas, resistiendo así en defensa de sus derechos.

En nuestro país las comunidades indígenas, conformadas por más de mil comunidades esparcidas por todo nuestro territorio, se encuentran bajo amenaza de desaparición. No obstante el reconocimiento constitucional, persisten para la mayoría de las comunidades serios problemas de reconocimiento de su personalidad jurídica por parte de los Estados Provinciales y del Estado Nacional. La falta de instrumentación de los derechos reconocidos, alienta el progresivo y cada vez más alarmante hecho de los desalojos de las comunidades indígenas, despojándolas no sólo de su vivienda y de los recursos necesarios para su subsistencia, sino también de su forma de vida.

A pesar de la necesidad de avanzar en la legislación para instrumentar los derechos consagrados, ante hechos concretos de discriminación y violación de derechos humanos de los pueblos indígenas como el que estamos planteando en el presente proyecto, es imprescindible actuar para impedirlo y garantizarles al menos el derecho a la vivienda.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.