Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas informe:

1. El estado de avance del cumplimiento de la ley 26160 en las provincias de Argentina.

2. Informe las comunidades relevadas y el porcentaje respecto al total de las tierras a relevar.

3. Que precise las comunidades tiene previsto relevar para el año en curso.

4. Tiempo estimativo de finalización del cumplimiento de los objetivos de la ley 26160.

5. Presupuestos para la finalización.

Señor presidente:

En Noviembre de 2006 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.160 que tiene por objeto principal declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena por el término de cuatro años, y suspender los desalojos por el plazo de la emergencia y disponer la realización de un relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

La ley fue reglamentada por el Decreto Nº 1122/07 que habilitaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (autoridad de aplicación) a emitir la Resolución Nº 587 que crea el “Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas-Re.Te.C.I.Ejecución Ley 26.160”.

Cumpliendo así con una de las demandas más sentidas de los Pueblos Originarios, cual es el reconocimiento constitucional de “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” (Art. 75, Inc. 17, Constitución Nacional).

La presente ley viene a cumplir los objetivos de la Reforma Constitucional 1994, el cual en su Artículo 75 Inciso 17, expresa: “... Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras. aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

A nivel Internacional, El Convenio 169 O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ratificado por la República Argentina mediante Ley 24.071, expresa en sus artículos 13, 14 y 15 lo que los Pueblos Originarios demandan instrumentar: ARTÍCULO 13: “... los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. ARTÍCULO 14 2. “... los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesion”. “Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. ARTÍCULO 15 “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

Esta es una Ley de Emergencia que tiene carácter de orden público, por lo cual es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Para ello el Consejo de Participación Indígena (CPI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) diseñaron un Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, donde se prevé la conformación de Unidades Ejecutoras Provinciales, integradas por representantes del Poder Ejecutivo Provincial y de los Pueblos Indígenas y por un Equipo Técnico Operativo (ETO).

En Noviembre de 2009 se prorrogan los términos por otros cuatro años mediante la Ley Nº 26.554. Y a través de la Ley Nº 26.894 - se prorrogan hasta el 23 de noviembre de 2017 los plazos establecidos en los artículos 1°, 2° y 3° de la Prórroga de la Ley Nº 26.160.

Es atento a que se ha arribado al último año de su prorroga, siendo necesario, evaluar el cumplimiento de la ley atento a los derechos constitucionales amparados, tiempo en que se culminaran los procesos de relevamientos, esta Excelentísima Cámara de diputados dispone solicitar un informe al órgano de aplicación a los efectos de evaluar la necesidad de una prórroga de la ley.