Su beneplácito por el acuerdo logrado por las comunidades indígenas y criollos con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la distribución de tierras fiscales de los lotes 14 y 55 del departamento Rivadavia, en la provincia de Salta.

Señor presidente:

Hace unos once años las comunidades indígenas salteñas iniciaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la distribución de tierras fiscales de los lotes 14 y 55 del departamento Rivadavia, en la provincia de Salta. Felizmente, criollos y aborígenes llegaron a un acuerdo por las tierras con la obligación de ambas partes de "evitar todo tipo de corte de madera y aprovechamiento forestal", y con el compromiso del gobierno provincial de controlar la zona.

Es la solución de una larga disputa que se inició principios de la década del 80, cuando los pobladores originarios comenzaron a reclamar la propiedad de las tierras que ocupaban de una superficie aproximada de 650.000 hectáreas, en el norte del río Pilcomayo. Área donde residen alrededor de 15.000 habitantes, entre criollos que reclaman la entrega individual de la tierra e indígenas que exigen la propiedad comunitaria de libre circulación, para mantener sus hábitos de cazadores, pescadores y recolectores.

La ocupación compartida del territorio hizo muy difícil consensuar el reparto, a lo que se agregó una demanda sobre la franja ribereña del río Pilcomayo. En 1996 la asociación Lhaka Honhat, que actualmente congrega a 37 de las 48 comunidades originarias asentadas en la zona, con el patrocinio de organizaciones no gubernamentales y acompañados por otras asociaciones recurrieron la OEA, organismo que exigió una solución amistosa y obligó a intervenir a la cancillería de nuestro país.

Para avanzar en busca de una solución del conflicto, el gobierno provincial convocó en 2005 a un referéndum en el departamento Rivadavia, donde triunfó la posición a favor de la entrega de las tierras. Mientras tanto, se realizaron numerosas reuniones, en las que hubo denuncias de entrega de tierras y tala del bosque.

Se logró finalmente, que la asociación Lhaka Honhat y las familias criollas aceptaron reducir sus reclamos para llegar a un "entendimiento común" sobre las superficies reclamadas. De la superficie total en conflicto (530.000 ha), 400.000 serán para los indígenas "respetando el área de ocupación tradicional, garantizando la continuidad de sus tierras, el acceso al río y recursos naturales del monte", y 243.000 hectáreas para los criollos. Cabe destacar que de las 243.000, hay 130.000 que se comparten entre indios y criollos.

El acuerdo llegado es un avance de suma importancia, aunque todavía falta entendimientos entre grupos étnicos y la concreción de proyecto de obras para agua, electricidad y viales que anteriormente presentó el gobierno en ocasión del referéndum realizado, por lo que se mantendrá la denuncia ante la OEA, hasta tanto no este todo finalizado.

Por todo lo señalado, es que solicito se apruebe el presente proyecto.