Artículo 1º: Prorróganse los plazos establecidos en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley Nacional N° 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, prorrogados por Ley 26.554, hasta el 31 de Diciembre de 2021.

Artículo 2°: Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional, a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 3º: De forma.

Señor presidente:

En 2006 el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, y dispuso la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de esas tierras.

La ley estableció un plazo de 4 años para el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, plazo que -debido a la falta de conclusión del relevamiento- por sucesivas leyes fue renovado dos veces, la última hasta el 23 de noviembre de 2017.

Esta ley vino a cumplir con el mandato constitucional de la Reforma de 1994, que reconoció “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, así como “la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.”

Las posturas y decisiones que ha tomado el actual gobierno nacional respecto a este tema, sumado a su constante desprecio por la Constitución Nacional y la institucionalidad, nos hacen temer que, de no prorrogarse la vigencia de la ley, las comunidades indígenas serán desplazadas de sus tierras ancestrales para entregarles esos territorios a las corporaciones y empresarios amigos del gobierno.

Un caso paradigmático que alimenta esta presunción es el de la comunidad mapuche Pu Lof (de Resistencia, Chubut), que reclama como propias las tierras adquiridas por el grupo Benetton. Este conflicto que ya lleva dos años tuvo el triste y repudiable desenlace de la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado durante la represión contra la comunidad mapuche que llevó adelante Gendarmería el 1° de agosto pasado.

La desaparición forzada de Maldonado es denunciada por sus familiares y por organizaciones de Derechos Humanos de todo el país, en base al testimonio de tres testigos que declararon haber visto cómo miembros de Gendarmería golpeaban y se llevaban a una persona en una de sus camionetas. Pese a ello, el gobierno nacional se resiste a aceptar esta premisa y ha realizado todo tipo de maniobras para encubrir la realidad de lo ocurrido y no asumir las responsabilidades que le caben por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

El violento operativo de Gendarmería fue comandado por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti. Pero al exponer el 16 de agosto en el Senado ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que su funcionario “no tuvo nada que ver” con el operativo y que “sólo pasó a saludar a Gendarmería”. Sin embargo, el comandante mayor Diego Conrado Héctor Balari, quien dirigió personalmente el operativo, reconoció que Gendarmería actuó bajo “órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad“.

En ese encuentro, Bullrich también habló de “falta de colaboración” de los familiares y la comunidad mapuche: “Recién el 2 aparece alguien que dice que hay una persona que no está. No podía realizar ninguna actuación sobre un operativo normal y cotidiano que se hace en todo el país”. Frente a esto, Verónica Heredia, abogada de la familia de Maldonado, confirmó que el mismo martes 1° de agosto, a las 19.15, integrantes de la comunidad mapuche se presentaron ante la sede de la Defensa Pública de Esquel a manifestar que el joven “faltaba” tras los hechos ocurridos en el Pu Lof.

La ministra además negó la existencia de pruebas sobre que Gendarmería haya tenido algo que ver en la desaparición de Maldonado. Poniendo en tela de juicio los testimonios de las víctimas de la represión, reconoció que “hay personas que dicen que estaba ahí” pero que “habrá que probarlo”. El 27 de agosto ratificó su versión en un programa televisivo: "Nosotros no sabemos si él estaba en Chubut. Yo tengo una fuerte convicción de que la gendarmería no fue.”

En el rastrillaje realizado el 5 de agosto, el Defensor Público Oficial, Fernando Machado, afirmó que había rastros claros de que Maldonado estuvo allí, entre ellos una boina de Santiago, que permitió que perros entrenados realizaran tres veces el mismo recorrido hasta la vera del río Chubut, donde se perdió el rastro. Y en el mismo momento en que Bullrich exponía ante el Senado, el juez federal Guido Otranto encabezaba otro rastrillaje en el que se encontró un collar perteneciente a Maldonado. Además, la investigación demostró que los vehículos utilizados por Gendarmería Nacional durante el operativo fueron lavados y los precintos de seguridad violentados.

Este intento de proteger a Gendarmería y deslindar responsabilidades se completó con una infame campaña acompañada desde algunos medios de comunicación que intentó instalar las más disparatadas y viles hipótesis sobre la suerte de Santiago Maldonado: llevado por un camionero en Gualeguaychú, visto en Mendoza, apuñalado por un puestero, asesinado por los propios mapuches. “Todas las hipótesis están abiertas”, sostuvo la ministra Bullrich frente a la Comisión de Seguridad del Senado, sonde también cometió la irresponsabilidad de revelar el nombre de un testigo protegido, Ariel Garzi, amigo de Santiago.

Finalmente, el 24 de agosto la Fiscalía Federal de Esquel cambió la carátula de la causa a desaparición forzada de persona. “Este delito trae implícita la responsabilidad de miembros del Estado. De esta manera, la investigación se dirige hacia las fuerzas de seguridad, en especial a la Gendarmería, que hasta el momento contó con la defensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, dice el comunicado de la fiscalía.

Pese a ello, el 29 de agosto en una reunión con representantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, volvió a poner en tela de juicio que Santiago se encontrara en el lugar donde tuvo lugar la represión.

Así las cosas, ante el peligro de que las comunidades puedan ser desalojadas si la Ley 26.160 caduca, es necesario prorrogar su vigencia para que el relevamiento territorial pueda concluirse y ninguna comunidad sea desplazada de su tierra ancestral. Por tal motivo, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.