Expresar su repudio y profunda preocupación por la situación de persecución, opresión y avasallamiento de derechos, planificado y sistemático que están sufriendo las comunidades de pueblos originarios en la provincia de Salta.

Señor presidente:

El objetivo del presente proyecto es denunciar la muy grave situación que están sufriendo las comunidades de pueblos originarios en la provincia de Salta, que han soportado desde mediados del siglo XIX la acción devastadora de las grandes empresas forestales de capitales europeos, que constituyeron grandes latifundios.

No hay lugar a dudas de que los pueblos originarios del continente americano siguen siendo víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos y libertades fundamentales en los Estados nacionales donde viven. En primer lugar, las violaciones ocurren precisamente porque los Estados no cumplen con su función de garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos de todos sus habitantes, especialmente indígenas. En segundo lugar, las violaciones suceden por el desconocimiento de los propios pueblos indígenas de las normas y mecanismos nacionales e internacionales que reconocen, garantizan y protegen sus derechos.

El derecho a la posesión veinteñal existe en la legislación argentina, pero los campesinos ocupantes de estas tierras no tienen los medios económicos necesarios para hacer valer este derecho y conseguir los títulos de propiedad.

Asimismo en este caso, el derecho por el que se respalda la propiedad de los pueblos originarios, es por el convenio 169 de OIT y la propia constitución nacional, dado que la población mayoritaria en la zona se reconoce originaria y lo que pesa es la diversidad de pueblos presentes en la región y claro, su correlato con campesinos pobres.

Desde hace 10 años, y en todos los lugares en que los campesinos y campesinas han generado reclamos, han sufrido atropellos, violencias, e intentos de desalojo con topadoras, llamadas telefónicas, detención ilegal y sin orden escrita, golpes y torturas en los calabozos de las comisarías rurales.

El informe de la secretaría de medio ambiente en los primeros días del actual gobierno de Salta refería a la situación de los pueblos originarios del Departamento de San Martín, donde reina la producción sojera y porotera (de exportación que genera mayor rendimiento por tonelada y solo puede realizarse con mano de obra, por los rindes y costos de la mecanización), los grandes emprendimientos hortícolas, de hidrocarburos, ganadería, azucareros, entre otros rubros que conforman la economía regional y definen el acceso a la tierra y la mejora en las condiciones de vida de los pobladores de la zona.

En este contexto la producción maderera acompaña el proceso de sojización de la estructura agraria de la zona así como los intereses y emprendimientos de grandes estructuras de exportación de nuestras materias primas.

Esta estructura económica regional tiene tres pilares fundamentales, la dominación ideológica- religiosa, el control represivo que se fortalece con los románticos discursos de la realidad aislada de los pueblos originarios, la construcción de las fronteras como territorio y como complemento necesario al disciplinamiento social, y el control político de todo nivel de organización con instancias políticas de fuerte anclaje clientelar.

En este entramado, luego del informe sobre las condiciones de vida de los pueblos de la región chaqueña del norte de Salta y dadas las denuncias por desmontes que realizaran diferentes organizaciones y comunidades, el gobierno provincial cambió la Secretaría para responder a las presiones que se conformaron con mayor fortaleza luego del conflicto con las entidades agrarias.

Es así que luego de aprobada la popularmente llamada ley de bosques en la provincia siguieron avanzando los desmontes, razón por la cual el 26 de marzo la corte suprema respondió al reclamo de diferentes comunidades, y ONG´s, suspendiendo los mismos a la espera del informe provincial que ponga en evidencia la situación con fecha de caducidad 26 de junio del corriente año.

Este pedido de informe no fue presentado aún y las empresas siguen avanzando sobre los territorios reclamados por las comunidades, y sobre el bosque nativo sin respetar ni la ley referida ni el proceso actual de reordenamiento territorial que supone un resguardo para los pueblos originarios a nivel nacional.

Tanto las ong´s como los organismos del estado que dicen priorizar los intereses y la defensa de los derechos de los pueblos originarios, tienen larga trayectoria en traicionar sus dichos, y seguir los caminos que marcan los intereses dominantes.

En este sentido desde el Congreso Nacional debemos apoyar este reclamo que vienen a plantear las mujeres indígenas de las comunidades del Departamento de San Martín de la provincia de Salta, y que hoy esbozan a nivel nacional dada la falta de respuesta de los gobiernos provincial y local, y al mismo tiempo las situaciones que en conjunto y en particular están viviendo en cada una de sus comunidades.

Por todo lo expuesto, es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto...