Expresar su preocupación por el retroceso en materia de políticas públicas en el área de Derecho Indígena de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Solicitar la remisión del expediente por medio del cual se desvinculó de la Defensoría del Pueblo de la Nación al Dr. Rodrigo Solá.

Señor presidente:

Se han comunicado con este Bloque un grupo de organismos de derechos humanos -algunos de los cuales trabajan la cuestión indígena- integrado–entre otros- por el Foro Salteño por la Tierra, el SERPAJ, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Colectivo de Abogados y Abogadas de Lesa Humanidad “Mario Bosch”, preocupados por el reciente “despido” del abogado Rodrigo Solá, especialista en Derechos Humanos y Derecho Indígena con reconocida trayectoria y compromiso, quien se desempeñaba hasta el 28 de febrero pasado como agente de la Oficina de Derechos de los Pueblos Indígenas dela Defensoría del Pueblo de la Nación.

El Dr. Rodrigo Solá había sido incorporado a la Defensoría del Pueblo de la Nación el 1 de agosto de 2014, producto de un convenio marco de articulación entre esa dependencia estatal y la Prelatura por entonces a cargo de Olmedo.

El abogado despedido alega que luego de estar contratado durante un año, pasó a integrar la planta: “cobré por recibo y a través de una cuenta sueldo, percibí bonos (otorgados a los estatales), hice aportes jubilatorios, de obra social y me descontaban por planilla la cuota sindical” a ATE, por lo que existirían pruebas de su relación de dependencia y de una posible violación a la ley de empleo público.

Destacamos el comentario del Dr. Solá pues se encuentra en contraposición a la respuesta del Sr. Böckel al diario Página12, quien manifestó que a Sola “no se lo despidió” sino que “no se le renovó el contrato” que venció el 28 de febrero pasado. "No cumplía tareas y no se presentaba a trabajar", sostuvo el funcionario. En total disidencia a esta apreciación por parte del Sr. Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se encuentran las comunidades indígenas que eran asistidas y asesoradas por Sola, testimonios de los que pudimos tomar conocimiento a través de organizaciones que las nuclean.

La versión oficial comunicada a Solá afirma que prescinden de sus servicios por cuestión de presupuesto, por “ajuste” de personal de la Defensoría, pero Solá y los organismos aseguran que existe un trasfondo político en todo esto.

Sea la una o la otra, de todas formas observamos un despido y una generación de vacancia en un puesto crucial para la defensa de los Derechos Indígenas de las comunidades del noroeste argentino. La misma versión oficial estaría avalando un supuesto vaciamiento de la Oficina de Defensa de los Derechos Indígenas (de la Defensoría del Pueblo de la Nación) alegado por los organismos.

Vemos cómo la preocupación de los organismos va más allá del despido, pues el vaciamiento denunciado se produce en relación a diversas políticas públicas de Derechos humanos y Derecho Indígena que se desarrollan desde esta Oficina especializada.

Los organismos advierten “una merma en la cantidad y calidad de actuaciones en un organismo que había logrado posicionarse como un actor clave en la promoción y defensa de los derechos comunitarios de los Pueblos Indígenas, sus comunidades y sus miembros.” Consideran “grave este accionar en un momento de persecución y hostigamiento a los Pueblos Indígenas, colocándolos en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la utilización del aparato represivo del Estado, de las fuerzas de seguridad y del aparato judicial contra sus legítimos reclamos, sumado a las campañas mediáticas que los sostienen.”

No podemos desconocer el grave contexto de retroceso general de derechos de las clases populares y cómo el régimen neoliberal golpea por demás a los pueblos originarios de nuestro país, en clara situación de vulnerabilidad. Según el propio Solá: “el año pasado fue el más grave en materia de denuncias por conflictos contra distintas comunidades, sobre todo con la mapuche, y pedí varias intervenciones pero nunca se nos habilitó” a trabajar en ellas, relató.

La oficina para la cual trabajaba Solá había sido creada en 2014 pero ahora pasó a llamarse de “Grupos Vulnerables" e incluye niñez, género y trata de personas, entre otros asuntos. Puede notarse la perdida de especificidad, sumando competencias pero no recursos para afrontar las obligaciones. Para graficarnos el vaciamiento, Solá enfatizó: “llegamos a ser

siete personas trabajando ahí por los derechos de las comunidades, y ahora hay solo una que ni siquiera es abogada”.

Por si faltaba algún dato más que pudiera agravar la actual situación de la Oficina, recordemos que la Defensoría se encuentra acéfala desde hace nueve años, a pesar de contar con un exhorto de la Cámara Contencioso Administrativo Federal a nuestras Cámaras Legislativas para que iniciáramos el correspondiente procedimiento de designación; y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que la vacancia producida repercute negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de ciudadanos ante violaciones a derechos fundamentales de incidencia colectiva (“CEPIS y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/amparo colectivo”). También la Comisión Interamericana y el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas se han expedido de similar manera recordando el importante rol del Defensor del Pueblo en la protección de los Derechos Humanos y en la consolidación de las instituciones democráticas.

La alarmante situación descripta, nos genera una tremenda preocupación que amerita no sólo nuestra expresión en ese sentido sino la necesidad de pedirle al Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la remisión del expediente del despido con la argumentación oficial de sus causa, y poder desentrañar así los motivos de su desvinculación como así también la cobertura de su vacancia.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares, Señores Diputados y Diputadas de la Nación, a que me acompañen en el presente proyecto de Resolución, con su tratamiento y aprobación.