Solicitar al Poder Ejecutivo que a través de los organismos que corresponda se informe a esta Honorable Cámara acerca de los siguientes puntos:

1) Si la Sindicatura General de la Nación ha efectuado auditorías entre los años 2003 y 2007, a los "Proyectos de desarrollo de las comunidades indígenas", parcialmente financiado con recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 4580-AR, suscripto el 26 de octubre de 2001, entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

2) Si se han iniciado sumarios administrativos a agentes de la administración pública que integren la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) creada mediante Resolución N° 0254 del 24/05/2001 del ex Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), vinculados a las deficiencias en el manejo de fondos, rendición de cuentas y falencias administrativas de control interno detectados por la Auditoría General de la Nación, en los informes de auditoría de los años 2003, 2004, 2005 y 2006.

3) Si se han iniciado investigaciones administrativas respecto a los consultores contratados, por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), vinculados al manejo y rendición de cuentas en función de las falencias detectadas por la Auditoría General de la Nación, en los informes de auditoría de los años 2003, 2004, 2005 y 2006.

4) Si el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se encuentra en proceso de auditoría por parte de la Sindicatura General de la Nación.

Señor presidente:

En el mes de Octubre del año 2001, nuestro país acordó un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, perteneciente al Grupo del Banco Mundial, por un valor de 5.000.000 U$S (cinco millones de dólares). El mismo estaba destinado al desarrollo de comunidades indígenas en nuestro país.

A través del Decreto Nº 1294/2001 se establece que el BIRF se compromete a asistir financieramente a la República Argentina para desarrollar el citado proyecto que contribuiría a fortalecer el desarrollo y la integración de dichas comunidades.

El Programa en cuestión dependía directamente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y tras la firma del Convenio entre la República Argentina y el BIRF, recibió finalmente la suma de 5.892.000 millones de dólares de los cuales nuestro país aporto 892.000 y el resto provino del mencionado organismo multilateral de crédito.

Sin embargo, y a pesar de que ese monto es superior al dinero que gasto durante todo el año 2008 el INAI, las comunidades siguen padeciendo de grandes carencias y problemas que no han encontrado solución. Es sabido que los pueblos originarios de nuestro país suelen ser grupos marginados y menospreciados por el resto de la sociedad. Pero a pesar de que se obtuvieron fondos de considerable magnitud para mejorar la situación real en que estos pueblos viven, la realidad no muestra mejorías que se condigan con el monto percibido en carácter de préstamo del BIRF.

Luego de que la Auditoria General de la Nación, que es el máximo organismo de control de las cuentas publicas, revisara los balances presentados entre los años 2003 a 2007 y encontrara serias irregularidades en el uso de los fondos, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó al Juez Sergio Torres que se inicie una investigación por malversación de fondos y estafa al Estado Nacional. A partir de allí existe una causa aun abierta para conocer cual fue el destino real de los fondos.

También creemos que es fundamental saber cuales fueron las comunidades que recibieron dinero proveniente del BIRF, cuales eran los proyectos para los cuales el dinero sería destinado, cuál es el monto que cada una de esas comunidades recibió, y cuál es el estado de las obras que iban a realizarse. Inicialmente, las comunidades que serian alcanzadas eran la Comunidad Mapuche de Pulmari, en la Provincia de Neuquén, la diaguita calchaquí de Amaita del Valle, en la Provincia de Tucumán, y la kolla de Finca Santiago, en la Provincia de Salta. Sin embargo luego el número de comunidades fue ampliado con lo cual ni siquiera tenemos una certeza de cuantas fueron las comunidades beneficiadas ni los montos obtenidos.

Estamos convencidos que nuestro país debe no solo reconocer en las palabras los derechos de los pueblos indígenas sino que debemos abogarnos a mejorar su precaria calidad de vida y buscar los caminos para la integración en una sociedad que los suele discriminar mas por desconocimiento de la riqueza de su cultura y capacidad de desarrollo, que por un odio arraigado en la sociedad argentina frente a los aborígenes de nuestro país.

Celebramos que nuestro país pueda recibir fondos de entidades internacionales para buscar saldar la deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios, pero también es un deber del Estado Nacional realizar el debido control del uso de los fondos.

Por esta razón solicitamos al organismo de control interno de la administración pública nacional, la Sindicatura General de la Nación, que informe respecto a las auditorías realizadas sobre la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) creada mediante Resolución N° 254 del 24/05/2001 del ex Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), vinculados a las deficiencias en el manejo de fondos, rendición de cuentas y falencias administrativas de control interno detectados por la Auditoría General de la Nación, en los informes de auditoría de los años 2004, 2005 y 2006.

Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.