Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, tenga a bien arbitrar los medios necesarios para resolver el conflicto generado entre el Consejo de Caciques de la Nación Guaraní y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entorno a la implementación de la Ley Nº 26.160 en la provincia de de Misiones.

Señor presidente:

La Ley Nº 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por el término de CUATRO (4) años, suspendiendo por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras.

La mencionada Ley, publicada en el Boletín Oficial el 29 de noviembre de 2006, establece en su artículo 3º que durante los 3 (tres) primeros años, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico- jurídico- catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Asimismo, a tal efecto y según se establece en el artículo 4º de la mencionada ley, se crea un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas.

Cabe destacar que, la Ley 26.160 se sancionó en orden a lo previsto en el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce la personería jurídica de "las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan".

Por su parte, el INAI en cumplimiento de la Ley Nº 23.302, creó mediante Resolución Nº 152 del 6 de agosto de 2004 el Consejo de Participación Indígena (C.P.I.), a los efectos de garantizar la participación y la consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas. Cabe destacar, que el CPI es el ámbito natural de consulta y participación entre el Estado Nacional y los pueblos originarios.

En la provincia de Misiones, la Nación Guaraní se ha encontrado con reiteradas dificultades para hacer valer la designación de sus representantes ante el Consejo de Participación Indígena (CPI). En suma, desde noviembre de 2007 a abril de 2008, se realizaron tres asambleas a los efectos de elegir la delegación de representantes ante el CPI, generándose desencuentros entre los caciques de las comunidades aborígenes y del INAI.

Debe considerarse que, estas controversias con la designación de los candidatos no sólo afecta a la representación de los pueblos aborígenes de nuestra provincia, sino que también tiene incidencia en el "Proyecto de Relevamiento Territorial Indígena en Misiones", ya que el proyecto de factibilidad fue presentado ante el INAI por el Consejo de Caciques de la Nación Guaraní por un monto aproximado de 4 millones de pesos y, aparentemente, tal proyecto no será aprobado hasta que no se resuelva la designación de representantes ante del CPI.

Lo cierto es que, en principio, como Estado debemos garantizar tanto la legalidad de la legitimidad de este tipo de designaciones, máxime si se considera que las condiciones sociales, culturales y económicas de los pueblos aborígenes los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, tal como se sostiene en el Convenio 169 de la OIT.

Por otro lado, considerando que el plazo establecido por la Ley 26.160 vence el 29 de noviembre de 2009, se torna imprescindible concretar el proyecto de relevamiento territorial Indígena en la Provincia de Misiones, ello en el marco de una política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial con el fin de propender a la participación plena en la gestión democrática del territorio, toda vez que el relevamiento ordenado cristalizará un acto de justicia y de reparación histórica para las comunidades de los Pueblos Originarios, tal como se expresa en el Decreto Nacional Nº 1.122/07.

Por los motivos antes expuestos, solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.-