1-Expresar su solidaridad con los vecinos del barrio de Villa Urquiza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que habitan las viviendas de la Traza de la ex AU 3, y que padecen, como otros tantos vecinos de esta urbe, la humillación de hallarse sometidos a las políticas expulsivas y discriminatorias diseñadas y ejecutadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Ingeniero Mauricio Macri, quien privilegia los negocios inmobiliarios a las acuciantes necesidades de vivienda de amplias franjas poblacionales, a las que somete a la permanente amenaza - y en casos a la realidad concreta- de desalojos masivos y compulsivos, con total desprecio por el destino de las miles de familias agraviadas por dichas políticas.

2-Exhortar una vez mas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que solucione con carácter urgente el problema de las familias afectadas, garantizándoles el efectivo ejercicio del derecho a una vivienda digna que consagra nuestra Constitución Nacional, y a fin de que se abstenga en el futuro de reiterar procedimientos compulsivos, virulentos y represivos contra los vecinos de la Ciudad, resguardando en todos los casos su seguridad y su integridad y salud psico-física.

3-Instar una vez más al Gobierno aludido para que realice de inmediato los relevamientos necesarios de las actuales condiciones habitacionales de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de dar rápida y adecuada solución a la crisis que en dicha materia afecta a miles de familias injustamente castigadas por las políticas excluyentes que en materia económico-social viene llevando a cabo el Gobierno de la referida Ciudad Autónoma .

Señor presidente:

Los vecinos que habitan los inmuebles ubicados en el Barrio de Villa Urquiza de esta Ciudad Autónoma, más precisamente en el sector denominado TRAZA EX AU 3, se encuentran por estos días enfrentado la seria posibilidad de ser desalojados arbitrariamente por el Gobierno de la citada Ciudad que continúa su derrotero por los barrios de la citada urbe dejando en la calle a cientos de familias sin darles una efectiva solución habitacional , desoyendo en todo en cuanto puede los reclamos desesperados de nuestros conciudadanos, y haciendo caso omiso a la mismísima Constitución Nacional, que prescribe expresamente el derecho una "Vivienda Digna".-

"Nos hablan de una situación de vida indigna. Pero lo que es humillante es el decreto del gobierno macrista, que nos deja en la calle con un miserable subsidio. Somos dignos de nuestro derecho a una vivienda." Albaluz Castillo fue la primera vecina, ocupante de las viviendas de la traza de la ex AU 3, en Villa Urquiza, en hablar frente al edificio de la Cámara de Apelaciones porteña. Más de cien personas, entre vecinos y organizaciones, participaron de la concentración para respaldar las medidas judiciales que impiden los desalojos "masivos, compulsivos y administrativos" del gobierno porteño en la zona y que fueron apeladas por el Ejecutivo. Los vecinos, además, entregaron un petitorio con sus reclamos a los jueces que deberán fallar sobre su situación habitacional inmediata: "Usurpación del espacio público es la entrega de nuestras tierras que (Mauricio) Macri quiere hacer para aumentar el capital de los monopolios inmobiliarios extranjeros y nacionales", dijo Alberto Lacuesta, delegado del barrio.

El 26 de marzo de 2009 en la esquina de Bartolomé Mitre y Diagonal Norte, cerca de las 11.30, empezaron a agruparse algunos de los 1800 habitantes del sector 5 de la ex AU 3 para reclamar por "nuestro derecho a una vivienda digna". Durante más de trece años, Albaluz CASTILLO y sus dos hijos vivieron en uno de los inmuebles propiedad del gobierno de la ciudad y, desde entonces, "vivimos atemorizados por los posibles desalojos". A los más antiguos, desde el gobierno les ofrecen un subsidio de 25 mil pesos que casi nadie aceptó. En cambio, muchos de los que se radicaron en los últimos años optaron por irse con un subsidio de 10 mil pesos promedio.

"Queremos que todos y cada uno de los vecinos seamos citados y escuchados por Su Señoría -dijo Albaluz CASTILLO -. Que se resguarden nuestros derechos adquiridos por la ley 324 (que otorga a los vecinos con más antigüedad cuatro soluciones definitivas para adquirir una vivienda) y la ley 341 (que le permite al resto acceder mediante una cooperativa a créditos hipotecarios colectivos)." Albaluz CASTILLO y los cien firmantes exigieron que "se respete la Constitución Nacional y de la ciudad en los artículos que se refieren al derecho a la vivienda digna y el derecho a vivir en la ciudad".

Esta ya parece ser una práctica habitual, y convengamos que por demás despiadada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el pasado 27 de febrero de 2009 , el mismo Gobierno mostró una vez mas su animosidad contra los que menos tienen, con una violenta e ilegal expulsión de los residentes del inmueble sito en la Avenida Paseo Colon 1588; en el lugar -cuya propiedad está en litigio judicial entre el Gobierno de la Ciudad y un particular-, vivían 103 familias con un total de 400 personas, más de 200 de las cuales son niños y adolescentes. Muchos de ellos se habían organizado en forma de asociación cooperativa para pedir apoyo al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que jamás respondió satisfactoriamente a sus reclamos.

Estas medidas antipopulares se hallan enmarcadas en un proyecto económico-social que castiga y desprotege a los que menos tienen, resguardando a los sectores más favorecidos de la sociedad, que se desentienden así de la situación de miles de vecinos afectados por la falta de acceso a una vivienda digna para sí y para sus familias, y con ello, de la ausencia de mecanismos e instancias que apunten a atender adecuadamente la crítica situación que atraviesan los sectores menos favorecidos, sin ofrecérseles atisbo siquiera de solución alguna.

Las arbitrarias y autoritarias decisiones del Gobierno de Mauricio Macri, se asemejan en la práctica a los métodos utilizados por la última dictadura militar, que en cabeza de algunos de sus máximos exponentes, promovía y concretaba la expulsión de los más carenciados de los espacios públicos que estos ocupaban -P.ej. el ex. General Domingo A. Bussi, en Tucumán, que los agrupaba y trasladaba por la fuerza a otras Provincias-, utilizando grupos de choque que, al igual que los grupos de tareas, actuaban en complicidad con la nocturnidad y reprimían sin apego alguno a la juridicidad,

Por eso resulta imperioso, al tiempo de solidarizarse con las víctimas de estas políticas antisociales y antipopulares, exigir al Gobierno de la Ciudad que cese con la represión de los vecinos y procure de inmediato la solución de los problemas habitacionales que los afectan, con expreso resguardo del contexto sociocultural que los caracteriza.

Asimismo, corresponde llevar adelante, y sin demoras, un relevamiento pormenorizado de las carencias habitacionales existentes en el distrito y diseñar políticas inclusivas que apunten a solucionar la crisis habitacional y den adecuado cumplimiento a los deberes impuestos por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a quienes ejercen funciones gubernativas, removiendo los obstáculos que impiden el acceso en términos igualitarios al ejercicio efectivo de los derechos y garantías consagrados por aquellas leyes fundamentales, dentro de los cuales el acceso a la vivienda digna constituye un pilar fundamental de una sociedad democrática que se precie.

Debemos tener presente que la "Democracia" y la "Igualdad "- no solo formal, sino fundamentalmente de 'oportunidades'-, están en cabeza de todos los habitantes de nuestra sociedad, más allá de su condición social, pero que son aquellos que menos tienen los que más necesitan de la intervención del Estado de Derecho para ver garantizados en forma efectiva los derechos que las Constituciones vigentes -Nacional y local- expresamente consagran.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto