Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través del organismo pertinente, informe sobre los siguientes puntos relacionados con el desalojo de las familias mapuches pertenecientes a la comunidad "Paisil-Antreao" con asiento en la localidad de Villa La Angostura, Provincia de Neuquén.

1. Si la Secretaria de DDHH de la Nación intervino en el conflicto suscitado por el desalojo de familias mapuches pertenecientes a la comunidad "Paisil-Antreao", asentada tradicionalmente en el cerro Belvedere de la localidad de Villa La Angostura, Prov. de Neuquén.

2. En caso afirmativo, informe cuáles han sido las actuaciones sustanciadas y qué medidas se adoptaron para preservar la integridad física de la comunidad afectada.

3. Si los hechos denunciados respecto al desalojo y destrucción de casas, escuelas y bienes de la comunidad indígena han dado lugar a denuncias civiles y/o penales así como a la aplicación de la ley de suspensión de desalojos de comunidades indígenas Nº26061.

4. Si se encuentra en trámite el proceso de regularización de la propiedad comunitaria indígena teniendo en consideración la ocupación ancestral, pública y fehacientemente acreditada que dicha comunidad posee sobre el territorio mencionado. En caso afirmativo, si el Instituto de Asuntos Indígenas ha impulsado las actuaciones y si ha tomado intervención activa en la recuperación y preservación de las tierras para la comunidad indígena Paisil-Antreao.

5. Qué otras acciones se han adoptado para cumplir con las disposiciones de la ley 26.061, el Convenio 169 de la OIT y el mandato constitucional del art. 75 inc.17.

Señor presidente:

Desde fines del pasado año y en particular en el mes de enero, la comunidad indígena "Paisil-Antreao" ubicada en cercanías del Cerro Belvedere de la localidad de Villa la Angostura, Provincia de Neuquén, viene sufriendo amenazas y agresiones que desembocaron en el desalojo de miembros de la comunidad de su territorio ancestral. La comunidad denuncia que de las 625 ha. Que poseía, hoy sólo tienen 200 ha. Que se ven constantemente amenazadas.

A raíz de las denuncias formuladas por la comunidad en el mes de enero se constituyeron en el lugar representantes de la Secretaría de DDHH de la Nación, del Observatorio de DDHH de Neuquén, del INADI, constatando la ocupación policial del territorio ocupado por la comunidad y la situación de permanente violencia que ello ocasiona a sus miembros.

Consideramos que es facultad del gobierno nacional concurrentemente con el gobierno provincial abordar estas situaciones de conflicto que sabemos, si quedan libradas a las partes involucradas, siempre se resuelven en contra de la parte más débil, en este caso, de la comunidad indígena.

Con urgencia, resulta necesario intervenir y patrocinar a la comunidad a fin de delimitar la propiedad comunitaria e iniciar los trámites para su reconocimiento y preservación así como impedir desalojos que contrarían las prescripciones de orden público contenidas en la ley 26.061 que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas. Esta suspensión se dispuso por cuatro años, los que fueron prorrogados por ley 26.554 hasta noviembre de 2013.

Corresponde por consiguiente esclarecer los hechos denunciados a fin de impulsar las actuaciones necesarias para resolver este conflicto que de continuar, sin duda arrojará irreparables consecuencias para la comunidad Paisil-Antreao.