Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Población y Desarrollo Humano »
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 124
Secretario Administrativo SRA. BENITEZ GLADYS EVA
Miércoles 9.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2125 Internos 2127/2125
cpydhumano@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE LEY
Expediente: 0757-D-2016
Sumario: INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL.
Fecha: 17/03/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 13
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
EL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL
Artículo 1°: Incorpórese en el Sistema
Estadístico Nacional la perspectiva de género en toda la producción de información
oficial que se realice en el territorio nacional, con el objeto de realizar encuestas,
relevamientos y obtener estadísticas que posibiliten el adecuado diseño,
implementación y monitoreo de políticas para la efectiva igualdad entre varones y
mujeres.
Artículo 2°: El Instituto Nacional de
Estadística y Censo - INDEC-, al igual que todo tipo de organismo o instancia pública
encargada de la recolección de información pública, cumplirá con los siguientes
lineamientos:
a. Inclusión sistemática de la variable
"sexo" en las estadísticas, encuestas y procedimientos de recolección de datos.
b. Establecimiento e inclusión de nuevos
indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores,
relaciones de género, situaciones y condiciones de vida, aspiraciones y necesidades
de mujeres y varones, así como también su manifestación e interacción en la realidad.
c. Revisión y adecuación de las
definiciones estadísticas existentes para el reconocimiento y valoración del trabajo
productivo y reproductivo -no remunerado- de las mujeres.
d. Diseño e introducción de los
mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras
variables -situación socioeconómica, edad, otros- cuya concurrencia resulta
generadora de situaciones de discriminación.
Artículo 3°: Sólo excepcionalmente, y
mediante informe fundamentado podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las
obligaciones anteriormente especificadas.
Artículo 4°: Los planes anuales de
estadísticas y censos y los relevamientos específicos deben incluir los siguientes ejes
temáticos:
I. Encuestas de uso y reparto del tiempo,
que relevará como mínimo, información sobre:
a) Reparto y uso del tiempo entre los
miembros del hogar.
b) Carga global de trabajo, que incluye el
trabajo no remunerado y remunerado.
c) Reparto de las responsabilidades
familiares entre varones y mujeres en la atención, cuidado y reproducción de los
miembros del hogar.
d) Estrategias de los hogares para:
i. conciliar la vida laboral y familiar
ii. atender las necesidades de cuidado de
sus miembros, que incluya información sobre acceso a servicios sociales estatales o
privados.
iii. atender las necesidades de cuidado
infantil.
iv. atender la demanda de cuidado de
personas con necesidades especiales: tercera edad, salud mental y discapacidad.
e) Gastos de los hogares en servicios de
cuidado.
II. Encuestas de Violencia de género, en
coordinación con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, relevará como
mínimo, información sobre:
a) Denuncia de la violencia: mecanismos
utilizados, tasa de denuncia no realizada
b) Acceso a la justicia
c) Incidencia de los distintos tipos de
violencia establecidas en la ley 26485.
d) Acceso a políticas y programas de
asistencia a las víctimas.
III. Encuestas sobre derechos sexuales y
reproductivos, para toda la población desde los 14 años de edad, que relevará como
mínimo, información sobre:
a) Actitudes y percepciones en todo lo
relacionado a los derechos sexuales y reproductivos.
b) Acceso a la información, orientación,
métodos anticonceptivos y prestaciones de servicios de salud sexual y procreación
responsable.
c) Uso y modalidad de métodos
anticonceptivos.
d) Acceso a los métodos anticonceptivos
denominados ligadura de trompas de Falopio y vasectomía.
e) Demanda insatisfecha de planificación
familiar y fecundidad no deseada
f) Acceso y calidad de la atención del
embarazo y el parto.
g) Acceso y calidad de atención del post-
aborto
Artículo 5°: El diseño muestral de las
encuestas vinculadas a uso y reparto del tiempo, medición de violencia de género y
derechos sexuales y reproductivos, a las que se refiere el artículo precedente, deben
permitir un análisis multidimensional de la desigualdad de género, incluyendo como
mínimo la posibilidad de desagregación de los datos según nivel educativo, grupos de
edades, nivel socioeconómico, composición de los hogares y localización geográfica.
Cada una de estas encuestas se realizará con una periodicidad trienal como
mínimo.
Artículo 6°: Los censos de población y
vivienda y las encuestas a hogares que releven información vinculada a educación,
deberán incluir preguntas destinadas a conocer el acceso a servicios estatales o
privados de cuidado infantil de la población de 0 a 3 años.
Artículo 7°: Para el relevamiento y la
definición de los indicadores referidos en los artículos 4° y 6° de la presente ley, se
utilizará las recomendaciones internacionales, particularmente las desarrolladas por la
División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD); por la División para el
Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas (DAW) y por el Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL.
Artículo 8°: Los resultados de los
relevamientos, indicados por la presente ley son de acceso público. Se garantiza la
difusión de los resultados y el acceso a las bases de datos, en un plazo no superior a
los tres meses de finalizado el procesamiento de la información. Las bases de datos,
estarán acompañadas por los cuestionarios utilizados y los documentos metodológicos
del diseño muestral y el diseño de la encuesta. Se deberá justificar fundadamente
cuando no se difunde alguna información relevada.
Artículo 9°: Se impulsará la capacitación
técnica para el manejo, uso y aplicación de toda la información que establece la
presente ley.
Artículo 10°: El INDEC como organismo
responsable del Sistema Estadístico Nacional, convocará cada dos años a
instituciones nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales,
personas del ámbito académico y especialistas dedicadas a la temática de género,
para consulta e intercambio de los aspectos relacionados con la producción de
información estadística con perspectiva de género, objeto de la presente ley.
Artículo 11°: Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El género, como elemento constitutivo de
las relaciones sociales entre varones y mujeres, es una construcción social, y hoy la
desigualdad se refleja en todos los planos de la vida social, cultural, económica,
institucional y en síntesis en la vida cotidiana. La asignación cultural de roles, en un
contexto de inequidad de género, ha delegado en las mujeres la mayor
responsabilidad en la realización de las tareas de cuidado, restringiendo, cultural y
económicamente, su participación al ámbito doméstico, lo cual conlleva a una
desvalorización del mismo. En contraposición, el espacio público fue y es revalorizado,
y su manifestación paradigmática se expresa en la concepción del espacio político
como un campo "naturalmente" ocupado por hombres. Una agenda de equidad de
género precisa incorporar en el debate el reparto de las responsabilidades de cuidado,
instalándolo en el plano público, pues no se trata sólo de una discusión de asignación
de tareas domésticas.
El objetivo a alcanzar es el reconocimiento
de las mujeres (de derecho y de hecho) con autonomía plena en el ejercicio de sus
derechos en un marco de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. En un
contexto de distribución desigual del poder, los cambios deben orientarse hacia el
empoderamiento de la mujer, lo que implica generar las condiciones para el desarrollo
y el ejercicio de capacidades para la toma de decisiones, la posibilidad de asumir el
control de las mismas y la potencialidad de realizar acciones tendientes a
garantizarlas.
Los desequilibrios de poder no se corrigen
con inacción. En este sentido es preciso destacar que en condiciones de desigualdad
no existen políticas "neutras". El Estado tiene que tomar un rol activo y ese rol pasa
por dictar, por un lado todo el marco normativo (hubo avances importantes en las
últimas épocas desde el Parlamento nacional) y reglamentar las leyes existentes para
efectivizar su operatividad y por otro fundamentalmente, implementar todas las
políticas públicas, hoy absolutamente escasas y deficitarias, necesarias que hagan
efectivo esos derechos.
Pero es necesario contar con un conjunto
de herramientas para elaborar un diagnóstico que permita constituir un buen punto de
partida para la acción política y la transformación. Entre ellas contar con estadísticas
desagregadas por sexo ayuda a producir un cambio en la cultura de las instituciones.
El nivel de eficiencia en calidad y cantidad
de las estadísticas de un país refleja su realidad y los valores asumidos por la
sociedad. Es preciso romper el círculo vicioso de debilidad estadística y debilidad de
políticas de intervención.
El déficit de información en nuestro país ha
sido reconocido en los documentos oficiales, pero no se ha avanzado en su
superación. La debilidad del enfoque de género en el sistema estadístico es un
indicador de la "no prioridad" que ha tenido este tema en las políticas públicas. Un
claro ejemplo es la carencia absoluta de estadísticas oficiales sobre violencia de
género y consecuentemente las insuficientes políticas de prevención y asistencia a las
mujeres.
A este panorama se agrega la crisis
institucional que ha vivido el INDEC que condiciona cualquier avance en la materia. Es
preciso avanzar en la búsqueda de consensos que permita diseñar un nuevo marco
legal que garantice un sistema estadístico de calidad que produzca información
sustantiva sobre la situación en el país. En vista de su normalización creemos
oportuno la inclusión de la perspectiva de género en las mediciones que realice.
No obstante, no es suficiente el
relevamiento de estadísticas desagregadas por sexo. Esto es importante pero sin duda
hay que seguir avanzando en la consideración del sexo, no como una variable más,
sino como una categoría transversal, de tal manera que se pueda obtener cualquier
información relativa a las personas desdoblada para cada uno de los sexos. Pero los
desafíos son mayores, pues se requiere incorporar información, vinculada a temas
relevantes en materia de igualdad de género.
Las desigualdades tienden a reforzarse y
yuxtaponerse; por ello es preciso que el Sistema Estadístico Nacional amplíe la
cobertura geográfica y temática de los relevamientos estadísticos. Uno de los aportes
de los análisis de género ha sido llamar la atención sobre la necesidad de incorporar
en el diseño de las políticas, las necesidades diferenciales de hombres y mujeres, no
solamente para alcanzar una mayor igualdad, sino también contemplando la
efectividad y la eficiencia en la asignación de recursos.
En este proyecto de ley se propone una
modificación del sistema estadístico para incluir la perspectiva de género y ampliar la
base de información disponible. En esta línea el proyecto propone incorporar al
sistema estadístico tres dimensiones de la desigualdad de género que han estado
históricamente ignoradas en las estadísticas del país: reparto y uso del tiempo de
varones y mujeres; violencia de género y derechos sexuales y reproductivos.
Es preciso avanzar en el diseño de nuevos
indicadores dentro de un marco analítico que permita poner en evidencia las
inequidades existentes, pero también mostrar las sinergias entre la igualdad de
género, el mejoramiento de las condiciones de vida y el logro de un desarrollo con
equidad. Fortalecer el enfoque de género en los sistemas estadísticos es un requisito
para la formulación de políticas eficaces, pero también puede ser una vía para
impulsar cambios en la actual distribución de poder. La invisibilidad de problemáticas
de género, también supone una debilidad política para introducir cambios, si no se
introducen cambios, las instituciones perpetúan las desigualdades, tanto de acceso al
poder como al reparto de los bienes y servicios sociales.
La Plataforma de Acción aprobada en el
Congreso Sobre la Mujer de la ONU, que se celebró en Pequín, adoptó como uno de
los objetivos a perseguir en todos los países: "asegurar que las estadísticas referidas a
individuos se recogen, procesan y analizan presentándose por sexo y edad, y que
reflejan los problemas, asuntos y cuestiones relacionadas con hombres y mujeres en
la sociedad" [párrafo 206 (a)]. Esta perspectiva concuerda y es consecuente con el
gran avance que se da en el congreso de Pequín, que consiste precisamente en el
establecimiento de que para avanzar en la igualdad no basta con las llamadas
"políticas de igualdad" sino que hay que cambiar la corriente principal de las políticas
públicas (idea que se ha acuñado como mainstreaming o transversalidad). Para ello es
necesario que las estadísticas públicas reflejen todos los aspectos de la realidad.
(CEPAL, 2006, Guía de Asistencia Técnica para la Formulación de Indicadores de
Género).
La décima Conferencia Regional de la
Mujer de América Latina y el Caribe, para el adelanto de las mujeres, organizada por
CEPAL se realizó en Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007. Argentina participó de la
misma y se comprometió firmando el acuerdo al cual arribaron los países conocido
como Consenso de Quito.
El Consenso de Quito establece entre sus
conclusiones el reconocimiento a:
- el valor social y económico del trabajo
doméstico no remunerado de las mujeres, del cuidado como un asunto público que
compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias, y la
necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el
ámbito familiar,
- la significativa contribución de las mujeres
en su diversidad a la economía en sus dimensiones productiva y reproductiva, al
desarrollo de múltiples estrategias para enfrentar la pobreza, y a la preservación de los
conocimientos y las prácticas fundamentales para el sostenimiento de la vida,
especialmente para la seguridad y soberanía alimentaria y la salud,
- que la división sexual del trabajo se
mantiene como factor estructural de las desigualdades e injusticias económicas que
afectan a las mujeres en los ámbitos familiar, laboral, político y comunitario y propician
la desvalorización y falta de retribución de los aportes económicos de las mujeres.
Distribución del tiempo: reparto de tareas
de cuidado y trabajo no remunerado
Argentina no cuenta con una encuesta
específica y sistemática de uso del tiempo. Solo se han incluido algunas preguntas
orientadas a conocer el reparto de las tareas de cuidado en la Encuesta de
Condiciones de Vida de 2001 (encuesta que no tiene garantizada la continuidad en su
aplicación).
En 2006 de un estudio de la EPH realizado
por INDEC en ese año, se muestran los siguientes resultados respecto a la
Distribución de Tareas en el Hogar según quien la realiza:
La inequidad de género se manifiesta
palmariamente en la distribución del trabajo en la esfera privada y en la asunción de
las responsabilidades familiares, limitando la participación de las mujeres en todos los
ámbitos y en el uso de su tiempo libre.
La presencia de niños y niñas en el hogar
aparece como un condicionante para la participación de la mujer en tareas
remuneradas. La tasa de actividad disminuye a medida que se incrementa el número
de niños, mientras que la brecha de género pone en evidencia la desigualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Esta situación no ha mejorado en los últimos
años.
Tasa de actividad de las mujeres de 15 a
49 años y brecha de género según presencia de niños y niñas menores de 5 años.
Total aglomerados urbanos. Segundo semestre 2003- 2006
Nota: La brecha de género relaciona el
valor de la tasa de las mujeres con las de los varones. El valor 1 muestra igualdad, los
inferiores una situación desventajosa para la mujer. Fuente: Elaboración propia sobre
la base de EPH INDEC.
Esta situación se mantiene constante,
como se ve en la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo realizada
por el INDEC como módulo de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU)
durante el tercer trimestre de 2013. Allí se informa:
"Del total del tiempo aplicado al trabajo
doméstico no remunerado el 76% corresponde a las mujeres y 24% a los varones. Las
mujeres de 30 a 59 años presentan la mayor tasa de participación y mayor dedicación
de tiempo al trabajo doméstico no remunerado. La mayor brecha de participación entre
mujeres y varones se registra en el tramo de edad de 18 a 29 años, siendo los varones
de este tramo etario quienes menos participan en el trabajo doméstico. La menor
brecha se encuentra entre los mayores de 60 años de edad. Las mayores tasas de
participación y mayor tiempo de dedicación se observa entre las mujeres que residen
en hogares con menores de 6 años. Tanto en hombres como en mujeres, la presencia
de menores incrementa el tiempo de trabajo doméstico, en 1,6 horas para los hombres
y 4,3 horas para las mujeres."
La Encuesta de Actividades de Niños,
Niñas y Adolescentes (EANNA) incluyo algunas preguntas sobre asistencia a
guarderías y responsabilidad de cuidado de niños y niñas menores de 5 años. Esta
encuesta se aplicó en el año 2004, en tres provincias del NOA (Jujuy, Salta y
Tucumán), dos del NEA (Formosa y Chaco), la provincia de Mendoza y el Área
Metropolitana de Buenos Aires. Abarcó a casi 4 millones de niños, niñas y
adolescentes, lo que representa aproximadamente el 50% del total del país. Los
resultados son ilustrativos sobre la inequidad actual del reparto de responsabilidades
de cuidado y su mayor impacto sobre la población en situación de mayor
vulnerabilidad.
Tasa de asistencia en los niños y niñas
menores de 5 años según ámbito geográfico y nivel de ingreso per cápita familiar.
2004
Fuente: Elaboración propia sobre la base
de EANNA. INDEC.
La asignación de responsabilidad de
cuidado de los niños y niñas menores de 5 años recae en gran medida sobre la mujer
(aprox. 82%). Los cambios en los porcentajes de la madre como principal responsable,
no se explican por mayor presencia de padres en esta situación: 4.3, 4.8 y 3.5, sino
por el reparto de la responsabilidad con los hermanos mayores: 7.5, 9.5 y 9.6; con
otros familiares o vecinos o servicio doméstico.
Con quién se queda el/a niño/a menor de 5
años según ámbito geográfico. 2004.
Fuente: Elaboración propia sobre la base
de EANNA. INDEC.
La asignación a las mujeres de la mayor
responsabilidad en el trabajo de cuidado empieza desde la infancia/adolescencia,
como se ve en la siguiente tabla de la "Encuesta sobre Condiciones de Vida de la
Niñez y Adolescencia (ECOVNA) Principales resultados 2011-2012. UNICEF y
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación".
TABLA 7.11. Porcentaje de adolescentes
de 16 y 17 años que realizan actividades económicas o domésticas intensas según
sexo.
Dentro de este grupo de adolescentes las
diferencias desde la perspectiva de género son bien marcadas: mientras la proporción
de varones que desarrollan tareas con valor económico en el mercado es algo mayor
del doble que la de las mujeres, la incidencia del trabajo doméstico intenso entre las
adolescentes es cinco veces superior a la de los hombres.
Es de notar que esta situación resulta muy
perjudicial para los adolescentes de ambos sexos pues va en detrimento de su
educación. Así se consigna en la ECOVNA: La asistencia escolar decae en la franja de
los adolescentes de 16 y 17 años que realizan una actividad económica para el
mercado, que participan de la producción de bienes de autoconsumo o en un negocio
familiar y que realizan tareas domésticas intensas. Cerca de la mitad de los jóvenes de
16 y 17 años que realiza una actividad económica de por lo menos una hora para el
mercado, así como quienes desarrollan de manera intensiva tareas domésticas,
manifestó no estar asistiendo a la escuela. Por otra parte, alrededor de tres de cada
diez adolescentes de 16 y 17 años que realizan actividades económicas para el
autoconsumo o el negocio familiar no asiste al sistema educativo formal.
La incorporación de la mujer en el mercado
de trabajo no supone un aumento en el reparto de la responsabilidad principal en la
realización de las tareas domésticas entre hombres y mujeres. La debilidad de las
políticas en la provisión de servicios de cuidado y la ausencia de un debate sobre este
tema en la agenda pública supone un fuerte condicionante para avanzar hacia la
igualdad de oportunidades. Las mujeres en situación de pobreza tienen dificultades
para incorporarse en el mercado de trabajo, y cuando lo hacen, consiguen puestos de
trabajo de baja calidad. Esta problemática se intensifica en los hogares en los que
habitan niños y niñas menores de 5 años. La ausencia o debilidad de los servicios de
cuidado infantil tiene impacto en la pobreza y condiciona las posibilidades de los
hogares para quebrar los círculos de pobreza. La disminución de las barreras que hoy
enfrentan las mujeres en situación de pobreza es un requisito indispensable para
superar los niveles actuales de pobreza.
El género es un factor que incide en la
pobreza, aumentando la vulnerabilidad de las mujeres a padecerla. Hoy debemos
bregar para mantener e incrementar la participación de la mujer en el mercado de
trabajo, que según las últimas cifras ronda el 50 %, pero al mismo tiempo hay que
analizar cómo se desagrega esta participación.
En el mercado de trabajo se producen
mecanismos de discriminación que se evidencian en una tasa diferenciada
produciendo una segregación vertical y horizontal y una sobre representación de
mujeres en los empleos precarios y de menor calificación.
Un estudio reciente señala que 6 de cada
10 madres participa en el mercado laboral (61,2%); el 40% está en el mercado formal,
20% en servicio doméstico y otro 40% en el mercado informal y que un 70.7% tienen
puestos de baja calificación ocupacional. El trabajo no registrado supera en un 50 % al
de los hombres.
Hay "desventaja por la maternidad", ya que
está muy arraigada la división de responsabilidades de las tareas de producción y
domésticas y de cuidado entre varones y mujeres. La mayor responsabilidad asumidas
por las mujeres en el trabajo remunerado se le suma a la realización del trabajo
doméstico y de cuidado de niños, adultos, mayores, enfermos.
Aseveramos sin temor a equivocarnos, que
la maternidad pareciera ser penalizada en lugar de protegida socialmente, como
pelearon las y los socialistas desde principios de siglo. Las mujeres suman más tiempo
de trabajo (se calcula alrededor de 15 hs. semanales en promedio) entre el empleo, la
casa y el cuidado lo que disminuye su tiempo de descanso en desmedro de su calidad
de vida.
Para diseñar e implementar las políticas
sociales constituye una prioridad contar de parte de los organismos oficiales con toda
la información de la situación socio- económica y el impacto diferencial en varones y
mujeres .Esta es una base insoslayable para aplicar las diversas políticas públicas y
específicamente aquellas de acción positiva para avanzar en garantizar el derecho al
cuidado.
Por esto es fundamental, como lo propone
el proyecto, que las estadísticas oficiales incorporen obligatoriamente las encuestas
sobre uso y reparto del tiempo entre los miembros del hogar, carga global del trabajo
que incluye el trabajo no remunerado y remunerado; reparto de las responsabilidades
familiares entre varones y mujeres como así también las distintas estrategias que
tienen los hogares para la conciliación de la vida familiar y laboral y para atender los
servicios de cuidado.
Para avanzar en garantizar el derecho al
cuidado se requiere poner en discusión las políticas actuales y su centralidad en
trasladar la responsabilidad del cuidado a los hogares. El reparto de tareas de cuidado
y la división sexual del trabajo, no pueden ni deben resolverse en el espacio
doméstico. Se requiere de una modificación institucional, cultural y social para avanzar
en esta línea. Es preciso contar con sistemas de información que permitan darle
visibilidad a la desigualdad e instalar en la agenda pública el tema del cuidado y la
división sexual del trabajo.
Para garantizar el derecho al cuidado, que
incluye el derecho a cuidar, cuidarse y ser cuidado se requiere de cambios políticos,
institucionales, económicos y culturales. La producción continua y comparable de
información sustantiva y oportuna sobre la economía del cuidado es fundamental para
avanzar en el reparto de responsabilidades de cuidado.
"La economía de cuidado tiene en las
mujeres a sus obreras permanentes, y en ello no existen vacaciones. La disposición
del tiempo "libre" es considerado uno de los indicadores más claros de la
discriminación que sufren las mujeres en nuestras sociedades". (Observatorio de
Género y Equidad de chile, Febrero 2009)
La producción de información debidamente
desagregada a efectos de determinar cómo y de qué manera se resuelve la
problemática del cuidado, no corresponde únicamente con un medio para garantizar la
efectividad de una política pública, sino constituye una obligación indispensable para
que el Estado pueda cumplir con su deber de garantizar el derecho al cuidado.
(Pautassi, 2007, El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos.
Cepal) La subvaloración del cuidado es uno de los ejes que sostiene la desigualdad de
género.
Violencia de género
La violencia de género ha sido definida por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el artículo 1 de la Declaración para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer como "Todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en el vida privada.
La violencia de género debe ser entendida
como un problema relacional. Ello implica que para su comprensión se debe tomar en
cuenta el acceso, control y distribución desigual de diversos recursos, incluyendo la
toma de decisiones entre los integrantes de la familia en sus distintas etapas del ciclo
vital, y en consecuencia, considerar las relaciones de poder entre ellos. Aunque este
enfoque ha sido planteado insistentemente en la teoría feminista, ha estado ausente
en gran parte de la investigación empírica, por lo que la comprensión de este problema
se ha visto limitada. (CEPAL, 2006, Guía de Asistencia Técnica para la Formulación
de Indicadores de Género).
La invisibilidad actual de la violencia de
género supone un fuerte condicionante para la formulación de políticas que garanticen
el derecho de todos y todas a vivir una vida sin violencia. Para avanzar hacia una
efectiva igualdad entre hombres y mujeres se requiere garantizar el derecho a la
autonomía. "La autonomía de las mujeres en la vida privada y pública es fundamental
para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. La capacidad para generar
ingresos propios y controlar activos y recursos (autonomía económica), el control
sobre su cuerpo (autonomía física), y su plena participación en las decisiones que
afectan a sus vidas y a su colectividad (autonomía en la toma de decisiones), son los
tres pilares de la igualdad de género y de una ciudadanía paritaria". Observatorio de
Igualdad de Género en América Latina y el Caribe.
La violencia contra las mujeres está
reconocida como una violación de los derechos humanos en muchos acuerdos y
tratados internacionales, regionales, y compromisos nacionales, que deberían servir
como herramientas y garantías reales para trabajar hacia la prevención de estos
crímenes. Para avanzar en la prevención y erradicación de la violencia de género se
requiere contar con sistemas estadísticos que produzcan información continua sobre
las distintas formas de violencia y el acceso a la justicia.
La violencia basada en el género o
violencia contra las mujeres está ausente del sistema estadístico nacional. Se requiere
avanzar en el fortalecimiento de los datos registrales, pero también en la apertura de
nuevas fuentes de información estadística, que permita medir la incidencia, sus formas
de manifestación en los distintos grupos sociales y los avances reales y retrocesos
para la formulación y evaluación de políticas públicas.
Todos estos conceptos han sido plasmados
en la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,
aprobada en marzo de 2009. En la misma se reconoce la ausencia de datos y
estadísticas en el tema de violencia y se establece entre las funciones del órgano de
aplicación, Consejo Nacional de la Mujer, las siguientes:
"...k) Diseñar e implementar Registros de
situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e
interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por
todos los Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que
determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos
Federales con competencia en la materia;
l) Desarrollar, promover y coordinar con las
distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e
indicadores básicos desagregados -como mínimo- por edad, sexo, estado civil y
profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el
hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados,
y sanciones impuestas a la persona violenta.
n) Analizar y difundir periódicamente los
datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las
políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres."
La ausencia de estadísticas oficiales y
encuestas sobre la violencia ha llevado a varias organizaciones no gubernamentales
de mujeres realicen relevamientos específicos de los feminicidios publicados en los
distintos medios gráficos del país.
Uno de los más recientes realizado por el
Instituto de Estudios Jurídicos, Sociales de la Mujer (INDESO) indica que cada 36
horas una mujer es asesinada en Argentina, a manos de un conocido directo de la
víctima. Según dicha organización el feminicidio es un acto de extrema violencia, que
deja al desnudo las situaciones de terror, humillación, desprecio, hostigamiento,
violación, maltrato físico, psicológico, emocional, que vivieron estas mujeres.
Considerando que los feminicidios
relevados son solamente los que han llegado a los medios periodísticos, es de
suponer que ocurren más en la realidad y también que esconden detrás toda una
realidad de violencia de género que se encuentra invisibilizada.
Derechos sexuales y reproductivos
La Plataforma de Acción de Beijing en su
párrafo 96 estable: Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener
control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y
reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la
coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el
hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno
respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y consentimiento recíproco y
la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del
comportamiento sexual.
En particular, el estado de la salud sexual y
reproductiva de la población también ha sido materia de preocupación específica por
parte de los órganos de seguimiento de los tratados de derechos humanos. En su
artículo 12, la Cedaw regula el derecho de acceder a los servicios de salud, "inclusive
a los que se refieren a la planificación de la familia", y los de la atención del embarazo,
el parto y el posparto. Estos derechos fueron reafirmados por el Comité de la Cedaw,
que establece que los Estados deben indicar "qué medidas han adoptado para
garantizar a la mujer" dichos servicios, así como la proporción en que "han disminuido
en su país en general y en las regiones y comunidades vulnerables en particular las
tasas de mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad de resultas de la
adopción de esas medidas" (Comité de la Cedaw, Recomendación General Nº 24).
Ese Comité observa también que es obligación de los Estados parte garantizar el
derecho de la mujer a acceder a servicios de maternidad gratuitos y sin riesgos y a
servicios obstétricos de emergencia; asimismo, los Estados deben asignar a esos
servicios el máximo posible de los recursos disponibles, a fin de evitar el riesgo de
muerte que para muchas mujeres supone el hecho de dar a luz.
La sanción de la Ley 25.673 de creación
del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en octubre del
año 2002, fue indispensable para su promoción. Posteriormente, en 2005 se creó en el
ámbito del MSN un área específica denominada Unidad de Género y Salud, con el
objetivo central de generar un espacio institucional específico que, con una
perspectiva de género, aborde la problemática de la mujer en relación con la salud
impulsando en cada programa, plan o política sanitaria su incorporación, desarrollando
estrategias de acción que contribuyan a la prevención, la detección, el diagnóstico y el
tratamiento de las condiciones que son específicas para las mujeres y/o que tienen
manifestaciones, riesgos o demandas intervenciones específicas para las mujeres (1) .
Lamentablemente esta Unidad, que
pretendía transversalizar el enfoque de género al interior de las políticas del MSN y de
las provincias a partir de Consejo Federal de Salud (Cofesa), no ha tenido ninguna
actuación específica al respecto y no se consolidó como un área específica.
El efectivo cumplimiento de los derechos
sexuales y reproductivos tiene un impacto significativo en la vida, la salud y el
bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes (2) . Si bien se celebra el lanzamiento
del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Comité de la
Cedaw manifiesta su "preocupación por la elevada tasa de embarazo de adolescentes,
por la elevada tasa de mortalidad materna, la tercera parte de la cual se debe a los
abortos ilegales, y por el incremento de las enfermedades de transmisión sexual,
incluido el VIH/SIDA. Al Comité también le preocupa que la crisis esté teniendo una
incidencia negativa en el acceso de las mujeres y las adolescentes a servicios
completos de salud, en particular en lo tocante a la salud reproductiva y sexual"
(Observación final N° 380) y remarca en su recomendación de 2004 para la Argentina
la necesidad de asegurar a mujeres y adolescentes el acceso a los servicios de salud,
en particular de salud sexual y reproductiva. De igual forma exhorta al Estado parte a
asegurar que en todas las escuelas se imparta educación en materia de salud sexual y
reproductiva [...], a que tome todas las medidas necesarias para reducir la tasa de
enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, entre las mujeres (3) .
Por otra parte, debe destacarse aquí que la
Argentina no cuenta con una medición sistemática para la creación de registros que
permitan verificar el grado de cumplimiento y evolución en el tiempo de los derechos
reproductivos. Existen datos aislados, provenientes de estudios parciales y sin
continuidad, que impiden la confección de análisis comparativos que permitan una
vigilancia exhaustiva de los derechos. En relación con este tema, el Comité pide al
Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información completa sobre
la evaluación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable así
como datos relativos a la existencia y la prestación de servicios de educación sexual (4)
.
De todos modos, la información sobre la
atención del embarazo y el parto en la Argentina es parcial y se limita a los
establecimientos oficiales. Según la "Guía para la Práctica del cuidado
preconcepcional y del control prenatal" del MSN, el número adecuado de Controles
Prenatales es de cinco o más. En la muestra obtenida con el SIP, agregada a nivel
nacional, "solo el 54.1% de las embarazadas alcanzan los cinco controles o más,
puesto que el 11.6% no tiene ninguno y el 34.3 tiene entre uno y cuatro controles".
Estos datos provienen del SIP y están calculados sobre casi 120 mil nacimientos
registrados en establecimientos oficiales. Los datos disponibles -oficiales y no
oficiales- sobre la utilización de métodos anticonceptivos en la Argentina son escasos
y parciales.
A pesar de los avances, actores como el
Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (CoNDeRS), dedicados al
monitoreo de los servicios de salud sexual y reproductiva en las provincias, reportaron
serios obstáculos en la disponibilidad de insumos y servicios en algunas jurisdicciones:
ocultamiento de anticonceptivos, restricciones en el acceso a la contracepción
quirúrgica, restricciones en la información sobre los métodos anticonceptivos
disponibles, entre otros graves problemas (5) .
Las deudas pendientes del Estado
argentino con el pleno respeto del derecho a la salud de las mujeres son numerosas.
En particular, la distribución desigual de los recursos entre las regiones se pone de
manifiesto también en la cobertura de la salud de la población, que muestra grandes
disparidades regionales, tanto en términos de acceso al sistema como en la baja
calidad del servicio. Estas disparidades, a su vez, se cruzan con los niveles educativos
y socioeconómicos en una combinación altamente desfavorable para las mujeres y su
salud.
La reducción de la tasa de mortalidad
materna e infantil son las dos grandes deudas nacionales, que no podrán ser
abordadas hasta tanto no se resuelva adecuadamente la falta de acceso a métodos
anticonceptivos y al aborto, en condiciones legales y seguras, respetando los derechos
humanos de las mujeres y los compromisos contraídos internacionalmente. En la
medida que no se otorgue un rol central a las garantías de acceso efectivo a la salud
sexual y reproductiva y se siga sin abordar la problemática vinculada con los factores
de riesgo señalados (principalmente el riesgo de muerte y su correlación con factores
de pobreza, inequidad en materia de salud reproductiva y en el acceso a bienes y
servicios de calidad) no se logrará el desarrollo económico y social.
El contexto sociocultural en el que se
presentan los debates sociales y judiciales vinculados con el acceso a la salud sexual
y reproductiva en general, y al aborto en particular, se caracteriza por el
desconocimiento que las mujeres tienen de sus derechos y el temor al maltrato y a la
persecución penal en caso de exigir su efectivo ejercicio. En ese sentido, la falta de
acceso al derecho a la salud (en sus distintos aspectos) es una manifestación más de
las limitaciones en el acceso a la justicia, con deficiencias más marcadas para las
regiones más desfavorecidas de la Argentina.
La primera encuesta sobre salud
reproductiva se realizó en 2007 como parte de la Encuesta Nacional de Nutrición y
Salud de ese año. La información se obtuvo por autoreporte de las mujeres de 10 a 49
años; las dimensiones y variables consideradas incluyeron: Menarca. Inicio de
relaciones sexuales. Historia reproductiva. Características del cuidado prenatal.
Prácticas de tamizaje de morbilidad reproductiva (PAP, colposcopía, examen mamario.
Las variables de la historia reproductiva analizadas fueron: número de embarazos,
número de mortinatos (nacidos muertos luego de completar el sexto mes de
embarazo), número de nacidos vivos, número de defunciones infantiles (nacidos vivos
fallecidos antes de completar el primer año de vida). A partir de estas variables se
estimaron además las siguientes variables e indicadores: Aborto = Embarazos -
(Nacidos vivos + Mortinatos). Razón de abortos = Aborto * 1000 / Embarazos. Razón
de Mortalidad infantil = Defunciones infantiles * 1000 / Nacidos vivos.
Luego en 2013 el INDEC, junto al Ministerio
de Salud y las Direcciones Provinciales de Estadística, realiza la Primer Encuesta
Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva. El diseño muestral de la ENSSyR fue
probabilístico y multietápico y se realizó de manera asociada a la Encuesta Anual de
Hogares Urbanos (EAHU), en el marco del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares
(SIEH). Esto significa que la muestra de viviendas se seleccionó sobre aquellas
viviendas de la EAHU del tercer trimestre de 2012 con al menos una mujer de 14 a 49
años y/o al menos un varón de 14 a 59 años. De dicha encuesta, citamos algunos
resultados:
- Entre las mujeres de 14 a 49 años
que han tenido su primera relación sexual, la edad promedio de la primera relación es
de 17,3 años. En tanto para los varones de entre 14 y 59 años que tuvieron relaciones
sexuales alguna vez, la edad promedio de inicio es de 16,0 años.
- Casi siete de cada diez de las
mujeres y los varones entrevistados usaron algún método anticonceptivo en su
primera relación sexual. El método más utilizado en esta instancia fue el preservativo o
condón, mencionado por nueve de cada diez entrevistados de ambos sexos.
- Un 32% de las mujeres declara
haber obtenido de forma gratuita el método anticonceptivo que utiliza. Entre los
varones, un 22% lo obtuvo gratuitamente.
Mostrando este dato cuánto falta todavía
por hacer para que las mujeres y varones de menores recursos accedan a los
métodos que les permita planificar sus familias y sus vidas.
Además, la Encuesta sobre Condiciones de
Vida de la Niñez y Adolescencia (ECOVNA) citada, incluyó un capítulo de salud
reproductiva, cuyo análisis y síntesis del resultado transcribimos porque ilustra la
situación de la adolescencia en este tema:
"EN SÍNTESIS, según los datos provistos
por la ECOVNA, las mujeres de 15 a 19 años que se encontraban embarazadas al
momento de la encuesta o con al menos un hijo, representan el 12,3 por ciento de la
población urbana femenina de esa franja etaria. Excluyendo a CABA, donde el registro
es bastante más bajo, las proporciones de jóvenes que iniciaron el proceso
reproductivo no divergen tanto territorialmente.
Por otra parte, si bien la tasa de asistencia
escolar de las mujeres de 15 a 17 años es elevada (puesto que casi nueve de cada
diez de ellas asiste a la escuela), esta tasa es más baja entre las mujeres de esa edad
embarazadas o que tienen al menos un hijo, ya que el 58,1 por ciento de las mismas
no se encontraba asistiendo a la escuela al momento de la encuesta.
Por otro lado, es destacable la búsqueda
activa de información sobre sexualidad o salud sexual de parte de las niñas/os, sobre
todo entre las/os adolescentes. La obtención de información se encuentra más
generalizada entre las niñas/os de 14 a 17 años (más que duplica la proporción de
niñas/os entre 5 y 9 años que recibieron alguna vez información sobre sexualidad). Por
otra parte, la cercanía entre los porcentajes de adolescentes que recibieron
información en las diversas regiones del país indicaría un consentimiento más
homogéneo en cuanto a brindar información sobre sexualidad o salud sexual a este
grupo etario. Entre los adultos responsables del cuidado de las niñas, niños y
adolescentes los niveles de consentimiento con que se brinde información sobre
sexualidad en las escuelas son altos, y trascienden las diferencias en cuanto al clima
educativo de los hogares, es decir, el grado de consenso es indiferente a la cantidad
de años promedio de escolaridad de los miembros adultos del mismo. Además, a
medida que se asciende en la edad de las niñas/os el consenso es aún mayor".
Tomamos la conclusión del informe de la
Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL "Caminos hacia la equidad" (2004) que señala
que: "el vínculo constitutivo de la desigualdad es el que atañe a las dos esferas
básicas de la vida: la pública y la privada. Una de las argumentaciones más
consistentes para explicar por qué persisten las desigualdades laborales, sociales y
políticas radica en el hecho de que los cambios no han llegado al mundo de la familia,
por lo que la autonomía obtenida por las mujeres está siendo pagada en el ámbito
individual, sin el aporte de las políticas públicas. Las mujeres han superado sus
ataduras excluyentes con el mundo doméstico, pero no han sido eximidas de esa
responsabilidad".
El presente proyecto toma como base,
tanto en su parte dispositiva como en sus fundamentos, la iniciativa presentada por el
bloque del Partido Socialista, como Expediente: 5831-D- 2009. Publicado en: Trámite
Parlamentario Nº 167 Fecha: 25/11/2009.
La generación de información confiable, de
calidad y oportuna es un elemento fundamental para las políticas públicas y la toma de
decisiones. Como se ve, desde diferentes organismos, se han realizado encuestas, ya
sea de uso del tiempo como de salud reproductiva y violencia. Es intención del
presente proyecto que las mismas se instrumenten sistemáticamente cada tres años,
independientemente de los criterios políticos del gobierno de cada momento.
Contar con información suficiente, oportuna
y de calidad constituye un elemento básico para realizar un diagnóstico que dé cuenta
de las desigualdades pormenorizadas en todos los ámbitos. La presente iniciativa se
propone incorporar la perspectiva de género en el sistema estadístico nacional para
lograr ese diagnóstico que permita el diseño e implementación de políticas públicas
para la igualdad entre mujeres y varones.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CICILIANI, ALICIA MABEL | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| BINNER, HERMES JUAN | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| BASTERRA, LUIS EUGENIO | FORMOSA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Primera Competencia) |
| POBLACION Y DESARROLLO HUMANO |