Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I) informe:

- Cuales son los estudios e informes de base para el diseño de sus programas para el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente a los pueblos originarios.

- Cual es el “estado de situación” (que incluya estado de supervivencia de cada una de las lenguas habladas en nuestro territorio nacional) y cuál es la fuente que lo sustenta.

- Cuáles son las políticas públicas y programas desarrollados por el Estado argentino en aras del fortalecimiento de las lenguas originarias y cuál es la estrategia pensada para revertir el declive en el uso de las mismas.

- Si el PEN cuenta con un estudio actualizado sobre el estado de situación de todas y cada una de las lenguas originarias de nuestro país, que incluya un trabajo de campo propicio para un relevamiento certero de la información, y un censo de la población hablante de las lenguas indígenas. Brindar dicho informe.

- Si la respuesta anterior es negativa, si el PEN tiene planificado la realización de un estudio de tal magnitud y características mencionado en el punto anterior, para el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente a los pueblos originarios.

Señor presidente:

En el año 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se proclamó al año 2019 como “Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, sobre la base de una recomendación hecha por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, preocupados estos porque para aquel año el 40% de las 6.700 lenguas que se calcula se hablan en el mundo estaban en peligro de desaparición.

Nuestro país no es ajeno a este problema, y para el caso de nuestras lenguas indígenas su extinción pone en riesgo no solo la lengua, sino también las culturas y sistemas de conocimiento a los que pertenecen.

Si bien en nuestro país se emplea predominantemente el castellano, contamos con un mapa lingüístico de gran diversidad. Se hablan lenguas de pueblos originarios como por ejemplo el guaraní, el mapudungun, el quechua, el aymara, el wichi y el qom entre otras 18 lenguas según la UNESCO.

Argentina ha empezado a transitar un camino largo, lento y sinuoso en aras de reconocer y garantizar la supervivencia de las lenguas que habitan nuestro país, siendo la reforma constitucional de 1994 un invaluable mojón en este camino.

La reforma constitucional incluye en el inciso 17 del artículo 75 el reconocimiento de los pueblos originarios, de sus derechos civiles y de la educación intercultural bilingüe. Reconoce, como sabemos, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

En 2006, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 fijó entre sus fines y objetivos, el “Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y latinoamericana… Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as… Promover en todos los niveles educativos y modalidades la compresión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación.

Esta Ley no solo establece el respeto a la lengua e identidad de los pueblos originarios, sino que, además, incorpora la Educación Intercultural Bilingüe como un “diálogo mutuamente enriquecedor” entre pueblos y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes. Nótese que el Artículo 53, prevé impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe, que incluya sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y culturales.

Por el lado internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho de una persona a utilizar el idioma de su preferencia como un requisito previo para la libertad de pensamiento, opinión y expresión, el acceso a la educación y la información, el empleo, la construcción de sociedades inclusivas.

Pero más allá del aspecto legislativo, no podemos desconocer que en nuestro país los pueblos indígenas (en la mayoría de los casos) se encuentran postergados desde el punto de vista político y social, debido en parte a la ubicación geográfica de sus comunidades, a sus diferentes historias, culturas, lenguas y tradiciones, y también a una perdurable visión racista de la clase política y de la sociedad argentina en general (asimilación, la reubicación forzada, las desventajas educativas, la pobreza, el analfabetismo, la migración y otras formas de discriminación y de violaciones de los derechos humanos).

Tenemos la obligación y la necesidad de terminar de cambiar esa visión racista sobre nuestros hermanos y hermanas originarias. Debemos comprender, como ya lo hicieron nuestros hermanos bolivianos y ecuatorianos, que los pueblos originarios no solo son líderes en la protección del medio ambiente, sino que, además, sus idiomas representan sistemas complejos de conocimientos y comunicación y deben reconocerse como un recurso nacional estratégico para el desarrollo, la consolidación de la paz y la reconciliación.

Como sostiene la UNESCO “es a través del lenguaje que nos comunicamos con el mundo, definimos nuestra identidad, expresamos nuestra historia y cultura, aprendemos, defendemos nuestros derechos humanos y participamos en todos los aspectos de la sociedad, por nombrar sólo algunos”… “A través de la lengua, las personas preservan la historia, las costumbres y tradiciones de su comunidad, la memoria, los modos únicos de pensamiento, significado y expresión. También la utilizan para construir su futuro. El idioma es fundamental en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, la buena gobernanza, la consolidación de la paz, la reconciliación y el desarrollo sostenible.” Por ello, “los pueblos indígenas fomentan y promueven culturas, costumbres y valores locales singulares que se han mantenido durante miles de años. Las lenguas indígenas contribuyen a la rica trama de la diversidad cultural mundial. Sin ellas, el mundo sería un lugar más pobre.”

Pues bien, como vimos, tenemos un digno plafón legislativo a nivel nacional e internacional. Pero para poder diseñar y desarrollar políticas públicas activas que busquen garantizar la supervivencia de nuestras lenguas indígenas necesitamos saber en qué estado de situación se encuentra cada una de las 18 lenguas que habitan nuestro territorio (según la UNESCO http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php), poniendo el eje en su estado de preservación.

La investigación sociolingüística y los datos del censo son los instrumentos básicos para evaluar la eficacia de las políticas lingüísticas ya desarrolladas y las que deberemos crear para la promoción del uso de las lenguas minoritarias.