Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Peticiones, Poderes y Reglamentos »
Reuniones »
Versiones Taquigráficas »
PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 441
Secretario Administrativo SR. BOGRAD JULIO CESAR
Martes 18.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2436 Internos 2437/36
cppyreglamento@hcdn.gob.ar
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES
- JUSTICIA
- PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO
Reunión del día 08/06/2010
- .
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio de 2010, a la hora 16 y 53:
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Justicia, de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.
Ya se han presentado para la firma cinco dictámenes, y entiendo que existe un consenso mayoritario respecto de alguno de ellos.
Por lo tanto, y sin perjuicio de que algún diputado o diputada quiera hacer uso de la palabra, voy a comenzar a hacerlos distribuir para su firma.
Por otra parte, quisiera agradecer públicamente a cada uno de los bloques y específicamente a cada uno de los señores diputados, tanto del oficialismo como de los que no integran el oficialismo, por la colaboración y cooperación que han mostrado durante toda la discusión que hemos tenido en un tema tan complejo y de tan alta sensibilidad política.
Debo decirles que ello ha permitido que el tratamiento de la cuestión fuera ordenado y que fuese mantenido el necesario respeto que debe existir en estas deliberaciones dentro de una sociedad democrática.
Por lo tanto, les agradezco personalmente muchísimo, como así también a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, quienes en todo momento se han mostrado proclives a facilitar las tareas, incluso haciendo muchas veces aportes significativos.
Por lo tanto, dejo abierto el uso de la palabra por si algún diputado desea expresarse, y mientras tanto haremos circular los dictámenes para su firma.
Se pasan los dictámenes a la firma. Luego de unos instantes:
Ya se han presentado para la firma cinco dictámenes, y entiendo que existe un consenso mayoritario respecto de alguno de ellos.
Por lo tanto, y sin perjuicio de que algún diputado o diputada quiera hacer uso de la palabra, voy a comenzar a hacerlos distribuir para su firma.
Por otra parte, quisiera agradecer públicamente a cada uno de los bloques y específicamente a cada uno de los señores diputados, tanto del oficialismo como de los que no integran el oficialismo, por la colaboración y cooperación que han mostrado durante toda la discusión que hemos tenido en un tema tan complejo y de tan alta sensibilidad política.
Debo decirles que ello ha permitido que el tratamiento de la cuestión fuera ordenado y que fuese mantenido el necesario respeto que debe existir en estas deliberaciones dentro de una sociedad democrática.
Por lo tanto, les agradezco personalmente muchísimo, como así también a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, quienes en todo momento se han mostrado proclives a facilitar las tareas, incluso haciendo muchas veces aportes significativos.
Por lo tanto, dejo abierto el uso de la palabra por si algún diputado desea expresarse, y mientras tanto haremos circular los dictámenes para su firma.
Se pasan los dictámenes a la firma. Luego de unos instantes:
SR. PÉREZ Señor presidente: mientras se va firmando el dictamen, quería expresar que ha sido importante que entre varios bloques hayamos podido ponernos de acuerdo respecto del mismo y además quiero hablar sobre algunas características que me parecen positivas.
En primer lugar, sobre la modificación de la composición. Todos recordamos que el Consejo de la Magistratura originalmente tenía veinte miembros y que ha sufrido una modificación en algún momento para reducirse a trece miembros, pero manteniendo en aquella instancia los cinco miembros del partido del gobierno.
Esto incorporó la posibilidad de veto por parte del oficialismo y por lo tanto conspiró contra la posibilidad de un correcto funcionamiento y verdadera independencia del Poder Judicial.
Cuando hay una fuerza que tiene tanta incidencia en la decisión de la remoción o en la designación de magistrados, eso conspira indudablemente contra la posibilidad de que el poder funcione de forma verdaderamente independiente.
Uno de los saltos que establece este proyecto tiene que ver con el cambio en la composición y en la integración que ha logrado, en primer lugar ,mantener un Consejo básico, que no es un Consejo de una gran cantidad de miembros sino que es un Consejo de dieciocho miembros, pero haciéndose eco de la cláusula constitucional que establece la necesidad de un equilibrio entre los poderes, un equilibrio de integración entre el poder político, los legisladores, los jueces, los abogados y los representantes de la academia.
Me parece que el gran salto que da este proyecto tiene que ver con mantener la agilidad en su integración pero, a su vez, una composición muy equilibrada, para que ninguno tenga preponderancia a la hora de tomar decisiones por parte del Consejo.
En el mismo sentido, me parece que es buena la incorporación del presidente de la Corte, pero con facultades más acotadas. También es bueno haber vuelto a la representación igualitaria en el Jurado de Enjuiciamiento con tres jueces, tres abogados y tres legisladores.
Otra cuestión que también constituye un importante salto hacia adelante tiene que ver con la integración de las comisiones, de forma tal que se impide que un sector con fuertes intereses creados tenga una participación excesiva. Concretamente, la Comisión de Disciplina y Acusación tiene una mayor integración de abogados y una menor integración de representantes del Poder Ejecutivo. Esa es una de las cuestiones que nos habíamos puesto como objetivo, es decir, modificar y mejorar la integración de las comisiones.
Luego hay todo un procedimiento que tiende a una mayor transparencia y participación ciudadana en el proceso de designación de jueces: publicación de los antecedentes, difusión y transparencia, publicación de los expedientes a través de la página web y demás. Todas estas cuestiones se fueron incorporando para hacer mucho más transparente y con mayor participación ciudadana el proceso de designación.
Este proceso incluye la creación de un comité consultivo honorario con miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la actividad judicial, lo que me parece que también va en esa línea.
Finalmente, se ha quitado discrecionalidad en lo que era el proceso de designación hasta hoy. La ley vigente establece el 50 por ciento del puntaje del puntaje que proviene de la combinación de los resultados de los exámenes escrito y oral, y el otro 50 por ciento de la valoración de antecedentes.
Todos sabemos que la valoración de antecedentes tal vez es el acápite que permite mayor discrecionalidad. De modo tal que, al haber establecido ahora en el nuevo proyecto que un 33 por ciento corresponde al examen escrito y un 33 por ciento al examen oral, lo que se hace es acotar la posibilidad de discrecionalidad que establecía la evaluación de antecedentes. En todo caso, este también es un salto muy positivo que introduce este dictamen.
Por último, se incluye otra modificación que reduce el plazo de caducidad de las denuncias de tres a un año, lo cual lo hace más razonable. Esto también es una mejora, porque esta cláusula funcionaba como una especie de "apriete" para los jueces.
En definitiva, el proyecto mejora todo lo vinculado con la transparencia del proceso de designación y el equilibrio que tiene que tener la composición. Todo esto va a tender a una mayor independencia del Poder Judicial que es, sin lugar a dudas, uno de los objetivos que buscamos con esta iniciativa.
Estos son los motivos por los cuales acompañamos este dictamen, que surgió del debate y del trabajo de muchos bloques, y es bueno que se haya logrado un consenso tan amplio.
Nosotros creemos y estamos convencidos de que esta es una magnífica oportunidad para profundizar una línea crítica y una visión de futuro con relación al funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.
Los sustantivos cambios que se han introducido en 2006 han sido demostrado cabalmente en términos de eficiencia con la exhibición de números. Inclusive tuvimos la oportunidad de escuchar con lujo de detalles la exposición que nos hiciera el ministro Alak. Había que sucederle con algún otro tipo de reforma que nos pusiera a los representantes de la voluntad popular en una mirada menos condescendiente y menos corporativa sobre el funcionamiento del poder.
Sería aburrido y redundante mencionar algunas cuestiones que tal vez son por todos conocidas. Claramente, al ser el Poder Judicial un poder de base no electiva el rol que cumplen las distintas corporaciones que lo componen -que son, por lo menos, básicamente dos: la de los jueces y la de los abogados-, y sin tener normas que garanticen la carrera independiente y transparente en el ejercicio mismo de la permanencia del poder, el haber planteado un retroceso en los términos que están planteados constituye una vuelta a un escenario más cerrado en el proceso de elección de jueces. Nosotros entendemos que esto es un error.
Creemos que la línea de trabajo debe apuntar a una mirada menos complaciente, que apuntara a un control más eficaz y a mejorar los niveles de participación popular a la hora de elegir a los representantes que van a elegir a los jueces, a mejorar la posibilidad de acceso de los abogados a la matrícula para que puedan hacer ejercicio de la función judicial y poder avanzar en una serie de reformas que claramente están pendientes en el Poder Judicial.
En general, cuando uno revisa la actuación del Poder Judicial de la Nación en el proceso histórico reciente, no ha servido de valla para contener las peores atrocidades que los argentinos han tenido que sufrir en el terreno personal -me refiero a la situación de innumerables ciudadano- y colectivo.
Insisto: creo que este rol corporativo se corona cuando la base misma de la creación del Consejo de la Magistratura en la reforma de 1994 -que era producir horizontalidad, evitar situaciones de coacción interna y preservar la independencia de los magistrados- se violenta nuevamente por la pretensión de que la Corte vuelva a integrarlo y a presidirlo.
Valoramos la actitud que han tenido las presidencias de las comisiones en el debate, pero estamos absolutamente convencidos de que el dictamen de la mayoría es un proceso involutivo que no va a cumplir con ninguno de los objetivos que persigue.
Además, refleja cuestiones difíciles de entender y que esperemos sean aclaradas en el recinto. Nos deja la sensación de que se ha perdido la oportunidad invalorable de no ceder nuevamente la capacidad de la representación popular que es, en definitiva, el último bastión que nuestros ciudadanos tienen para defenderse de todos los poderes que hacen a la vida institucional de un país. Cederla nuevamente a favor de corporaciones nos parece claramente un error.
En primer lugar, sobre la modificación de la composición. Todos recordamos que el Consejo de la Magistratura originalmente tenía veinte miembros y que ha sufrido una modificación en algún momento para reducirse a trece miembros, pero manteniendo en aquella instancia los cinco miembros del partido del gobierno.
Esto incorporó la posibilidad de veto por parte del oficialismo y por lo tanto conspiró contra la posibilidad de un correcto funcionamiento y verdadera independencia del Poder Judicial.
Cuando hay una fuerza que tiene tanta incidencia en la decisión de la remoción o en la designación de magistrados, eso conspira indudablemente contra la posibilidad de que el poder funcione de forma verdaderamente independiente.
Uno de los saltos que establece este proyecto tiene que ver con el cambio en la composición y en la integración que ha logrado, en primer lugar ,mantener un Consejo básico, que no es un Consejo de una gran cantidad de miembros sino que es un Consejo de dieciocho miembros, pero haciéndose eco de la cláusula constitucional que establece la necesidad de un equilibrio entre los poderes, un equilibrio de integración entre el poder político, los legisladores, los jueces, los abogados y los representantes de la academia.
Me parece que el gran salto que da este proyecto tiene que ver con mantener la agilidad en su integración pero, a su vez, una composición muy equilibrada, para que ninguno tenga preponderancia a la hora de tomar decisiones por parte del Consejo.
En el mismo sentido, me parece que es buena la incorporación del presidente de la Corte, pero con facultades más acotadas. También es bueno haber vuelto a la representación igualitaria en el Jurado de Enjuiciamiento con tres jueces, tres abogados y tres legisladores.
Otra cuestión que también constituye un importante salto hacia adelante tiene que ver con la integración de las comisiones, de forma tal que se impide que un sector con fuertes intereses creados tenga una participación excesiva. Concretamente, la Comisión de Disciplina y Acusación tiene una mayor integración de abogados y una menor integración de representantes del Poder Ejecutivo. Esa es una de las cuestiones que nos habíamos puesto como objetivo, es decir, modificar y mejorar la integración de las comisiones.
Luego hay todo un procedimiento que tiende a una mayor transparencia y participación ciudadana en el proceso de designación de jueces: publicación de los antecedentes, difusión y transparencia, publicación de los expedientes a través de la página web y demás. Todas estas cuestiones se fueron incorporando para hacer mucho más transparente y con mayor participación ciudadana el proceso de designación.
Este proceso incluye la creación de un comité consultivo honorario con miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la actividad judicial, lo que me parece que también va en esa línea.
Finalmente, se ha quitado discrecionalidad en lo que era el proceso de designación hasta hoy. La ley vigente establece el 50 por ciento del puntaje del puntaje que proviene de la combinación de los resultados de los exámenes escrito y oral, y el otro 50 por ciento de la valoración de antecedentes.
Todos sabemos que la valoración de antecedentes tal vez es el acápite que permite mayor discrecionalidad. De modo tal que, al haber establecido ahora en el nuevo proyecto que un 33 por ciento corresponde al examen escrito y un 33 por ciento al examen oral, lo que se hace es acotar la posibilidad de discrecionalidad que establecía la evaluación de antecedentes. En todo caso, este también es un salto muy positivo que introduce este dictamen.
Por último, se incluye otra modificación que reduce el plazo de caducidad de las denuncias de tres a un año, lo cual lo hace más razonable. Esto también es una mejora, porque esta cláusula funcionaba como una especie de "apriete" para los jueces.
En definitiva, el proyecto mejora todo lo vinculado con la transparencia del proceso de designación y el equilibrio que tiene que tener la composición. Todo esto va a tender a una mayor independencia del Poder Judicial que es, sin lugar a dudas, uno de los objetivos que buscamos con esta iniciativa.
Estos son los motivos por los cuales acompañamos este dictamen, que surgió del debate y del trabajo de muchos bloques, y es bueno que se haya logrado un consenso tan amplio.
Nosotros creemos y estamos convencidos de que esta es una magnífica oportunidad para profundizar una línea crítica y una visión de futuro con relación al funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.
Los sustantivos cambios que se han introducido en 2006 han sido demostrado cabalmente en términos de eficiencia con la exhibición de números. Inclusive tuvimos la oportunidad de escuchar con lujo de detalles la exposición que nos hiciera el ministro Alak. Había que sucederle con algún otro tipo de reforma que nos pusiera a los representantes de la voluntad popular en una mirada menos condescendiente y menos corporativa sobre el funcionamiento del poder.
Sería aburrido y redundante mencionar algunas cuestiones que tal vez son por todos conocidas. Claramente, al ser el Poder Judicial un poder de base no electiva el rol que cumplen las distintas corporaciones que lo componen -que son, por lo menos, básicamente dos: la de los jueces y la de los abogados-, y sin tener normas que garanticen la carrera independiente y transparente en el ejercicio mismo de la permanencia del poder, el haber planteado un retroceso en los términos que están planteados constituye una vuelta a un escenario más cerrado en el proceso de elección de jueces. Nosotros entendemos que esto es un error.
Creemos que la línea de trabajo debe apuntar a una mirada menos complaciente, que apuntara a un control más eficaz y a mejorar los niveles de participación popular a la hora de elegir a los representantes que van a elegir a los jueces, a mejorar la posibilidad de acceso de los abogados a la matrícula para que puedan hacer ejercicio de la función judicial y poder avanzar en una serie de reformas que claramente están pendientes en el Poder Judicial.
En general, cuando uno revisa la actuación del Poder Judicial de la Nación en el proceso histórico reciente, no ha servido de valla para contener las peores atrocidades que los argentinos han tenido que sufrir en el terreno personal -me refiero a la situación de innumerables ciudadano- y colectivo.
Insisto: creo que este rol corporativo se corona cuando la base misma de la creación del Consejo de la Magistratura en la reforma de 1994 -que era producir horizontalidad, evitar situaciones de coacción interna y preservar la independencia de los magistrados- se violenta nuevamente por la pretensión de que la Corte vuelva a integrarlo y a presidirlo.
Valoramos la actitud que han tenido las presidencias de las comisiones en el debate, pero estamos absolutamente convencidos de que el dictamen de la mayoría es un proceso involutivo que no va a cumplir con ninguno de los objetivos que persigue.
Además, refleja cuestiones difíciles de entender y que esperemos sean aclaradas en el recinto. Nos deja la sensación de que se ha perdido la oportunidad invalorable de no ceder nuevamente la capacidad de la representación popular que es, en definitiva, el último bastión que nuestros ciudadanos tienen para defenderse de todos los poderes que hacen a la vida institucional de un país. Cederla nuevamente a favor de corporaciones nos parece claramente un error.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRATiene la palabra el diputado Vargas Aignasse.
SR. VARGAS AIGNASSE
Señor presidente: en realidad, tampoco iba a hacer uso de la palabra.
Primero, quiero destacar la tarea que ha hecho la Comisión presidida por usted, señor presidente. Hemos trabajado, cada uno desde su sector o bloque, buscando en primera instancia un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. A partir de esa imposibilidad, cada sector ha buscado consensuar y acordar sus dictámenes. Creo que esto se ha hecho en el marco de una discusión democrática que está a la altura de lo que el pueblo argentino espera.
No me gustaría que termine este ciclo de reuniones sobre este tema y que quede como corolario que el avance y la modificación del Consejo de la Magistratura responde, como algunos pretenden que aparezca, a la falta de independencia del Poder Judicial vinculado al Poder Ejecutivo.
Esta ha sido una premisa opositora y de algunos medios de comunicación desde el año 2006 a la fecha. Si el Consejo de la Magistratura tiene que tener más o menos miembros de un estamento o de un sector político, sea de la mayoría o de una minoría, es una cuestión opinable.
El Consejo de la Magistratura es una institución novel, muy joven, con un anclaje ajeno a nuestra tradición constitucional, lo que ha motivado muchísimos inconvenientes y mucho tiempo para su adaptación.
Su composición y su forma de funcionamiento todavía siguen siendo opinables, y seguramente seguirá siendo así por mucho tiempo.
Lo que no es opinable, sino que constituye una prueba clara y contundente, es cómo ha funcionado el Consejo de la Magistratura desde el año 2006 hasta la fecha. En este sentido, es bueno que los señores diputados y el sector de periodistas que los está acompañando sepan que en la tarea desarrollada por el nuevo Consejo de la Magistratura, desde 2006 hasta el presente, el 95 por ciento de las votaciones en el plenario fueron por unanimidad. Esto significa que en un 95 por ciento de los casos todos estuvieron de acuerdo en cómo se tenía que votar.
En el 5 por ciento restante, que representa aproximadamente sesenta causas, el oficialismo nunca votó en forma monolítica. Jamás. Por el contrario, siempre votó con alguna disidencia.
Esta es una muestra clara de que no hubo una línea política desde el Poder Ejecutivo para que sus miembros votasen o actuasen de determinada forma. Esta no es una cuestión opinable, sino que se puede ingresar a la página web del Consejo de la Magistratura para analizar caso por caso cómo fueron los votos de sus miembros.
Me gustaría dejar en claro un dato más. En este caso el Frente para la Victoria no lleva al recinto un dictamen único sino tres diferentes, porque tampoco hubo de parte del Poder Ejecutivo una línea bajada, como ha ocurrido en estos casos, diciendo "Señores: esta es la línea que queremos que se siga".
De hecho, uno de los dictámenes, que es individual, está firmado por una compañera diputada, Diana Conti. Nadie puede dudar de su pertenencia ni de su compromiso con el proyecto de Cristina Fernández, y que además es miembro del Consejo de la Magistratura. Su dictamen es diferente al mayoritario que va a suscribir el bloque y diferente también del que ha presentado el señor diputado Yoma, lo que demuestra que no ha habido una línea política para este tema en particular.
Primero, quiero destacar la tarea que ha hecho la Comisión presidida por usted, señor presidente. Hemos trabajado, cada uno desde su sector o bloque, buscando en primera instancia un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. A partir de esa imposibilidad, cada sector ha buscado consensuar y acordar sus dictámenes. Creo que esto se ha hecho en el marco de una discusión democrática que está a la altura de lo que el pueblo argentino espera.
No me gustaría que termine este ciclo de reuniones sobre este tema y que quede como corolario que el avance y la modificación del Consejo de la Magistratura responde, como algunos pretenden que aparezca, a la falta de independencia del Poder Judicial vinculado al Poder Ejecutivo.
Esta ha sido una premisa opositora y de algunos medios de comunicación desde el año 2006 a la fecha. Si el Consejo de la Magistratura tiene que tener más o menos miembros de un estamento o de un sector político, sea de la mayoría o de una minoría, es una cuestión opinable.
El Consejo de la Magistratura es una institución novel, muy joven, con un anclaje ajeno a nuestra tradición constitucional, lo que ha motivado muchísimos inconvenientes y mucho tiempo para su adaptación.
Su composición y su forma de funcionamiento todavía siguen siendo opinables, y seguramente seguirá siendo así por mucho tiempo.
Lo que no es opinable, sino que constituye una prueba clara y contundente, es cómo ha funcionado el Consejo de la Magistratura desde el año 2006 hasta la fecha. En este sentido, es bueno que los señores diputados y el sector de periodistas que los está acompañando sepan que en la tarea desarrollada por el nuevo Consejo de la Magistratura, desde 2006 hasta el presente, el 95 por ciento de las votaciones en el plenario fueron por unanimidad. Esto significa que en un 95 por ciento de los casos todos estuvieron de acuerdo en cómo se tenía que votar.
En el 5 por ciento restante, que representa aproximadamente sesenta causas, el oficialismo nunca votó en forma monolítica. Jamás. Por el contrario, siempre votó con alguna disidencia.
Esta es una muestra clara de que no hubo una línea política desde el Poder Ejecutivo para que sus miembros votasen o actuasen de determinada forma. Esta no es una cuestión opinable, sino que se puede ingresar a la página web del Consejo de la Magistratura para analizar caso por caso cómo fueron los votos de sus miembros.
Me gustaría dejar en claro un dato más. En este caso el Frente para la Victoria no lleva al recinto un dictamen único sino tres diferentes, porque tampoco hubo de parte del Poder Ejecutivo una línea bajada, como ha ocurrido en estos casos, diciendo "Señores: esta es la línea que queremos que se siga".
De hecho, uno de los dictámenes, que es individual, está firmado por una compañera diputada, Diana Conti. Nadie puede dudar de su pertenencia ni de su compromiso con el proyecto de Cristina Fernández, y que además es miembro del Consejo de la Magistratura. Su dictamen es diferente al mayoritario que va a suscribir el bloque y diferente también del que ha presentado el señor diputado Yoma, lo que demuestra que no ha habido una línea política para este tema en particular.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRATiene la palabra la señora diputada Bullrich.
SRA BULLRICH
Señor presidente: recién escuchaba que el señor diputado Vargas Aignasse decía que este no era un salto de calidad en la independencia de la Justicia.
Sin embargo, nosotros consideramos que este es precisamente el sentido que ha permitido que distintos bloques que tienen diferentes visiones podamos ponernos de acuerdo en un objetivo fundamental, que es el de que la Justicia retome esa independencia y no esté bajo un permanente "apriete" del Poder Ejecutivo. Así hay que plantear el tema porque así se ha discutido durante tanto tiempo.
Estamos retomando temas que ya habían sido incorporados. Estamos volviendo a plantear la representación de las minorías parlamentarias, que fueron eliminadas por una iniciativa que distorsionó el proyecto votado luego de 1995.
Sin duda que las instituciones nuevas deben repensarse y reverse a sí mismas, pero el cambio que se realizó hace unos años -y ahí yo utilizaría la palabra que usó el señor diputado Alejandro Rossi- significó una involución en una institución que tenía que ser representativa, generándose un mecanismo y un sentido en el cual los jueces allí elegidos -y los jueces que eran juzgados- sentían que tenían atrás el aliento del Poder Ejecutivo.
Por eso, señor presidente, acá que lo estamos haciendo en esta ampliación de la representación es justamente conseguir una mayor independencia del poder político. Estamos, a la vez, poniendo ingredientes muy interesantes y muy nuevos, tal cual significa la incorporación de docentes universitarios y académicos con una mirada distinta, con una mirada de ampliación de la mirada de la ciencia jurídica. Eso también es una apertura a una mirada nueva en este Consejo de la Magistratura.
También estamos planteando la posibilidad de que en este Consejo de la Magistratura por todos sus foros, en la elección de todos sus miembros y en la elección de sus funcionarios de carrera entre la transparencia. Es decir, dar una inyección de transparencia muy clara en cada uno de estos estamentos.
Señor presidente: el señor diputado Pérez planteaba la importancia de que los jueces no estén tres años con una espada de Damocles viendo qué es lo que podía suceder respecto a los procesos abiertos.
En consecuencia, señor presidente: no quiero plantear una descripción de todo el proyecto porque este será el debate que llevaremos adelante en el recinto, pero estamos planteando conceptos muy claros: independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, capacidad de lograr que las instituciones estén iluminadas, mirada social de las instituciones a partir de los Consejos Consultivos rodeados de organizaciones no gubernamentales que van a tener una mirada distinta, capacidad de que otros académicos que no vengan de las ciencias jurídicas estén también reconocidos en este Consejo, transparencia en todos los mecanismos de concurso y capacitación permanente a partir de la Escuela Judicial.
Nosotros creemos que realmente este es un proyecto muy importante que va a generar una iluminación social sobre el Consejo de la Magistratura, y va a permitir que tengamos un control en el conjunto de la sociedad y muchísimos mecanismos de transparencia.
Por otro lado, señor presidente, se trata de un proyecto construido por distintas miradas que vienen de diferentes visiones de la política y de lo social. Y así también se construye la ley: logrando que todas las miradas, todas las formas de pensar generen un solo proyecto.
Hasta ahora en este Parlamento, en estos primeros dos años en los que yo estuve, cada proyecto era la construcción de una mayoría automática. En este proyecto cada uno de los diputados que participamos en estas comisiones realmente discutimos y debatimos, y no tuvimos una construcción de una línea vertical. Nos peleamos, discutimos, hicimos un borrador, hicimos otro borrador, hicimos nuevos borradores y llegamos a una construcción entre todos. Creo que esto tiene mucho valor.
Sin embargo, nosotros consideramos que este es precisamente el sentido que ha permitido que distintos bloques que tienen diferentes visiones podamos ponernos de acuerdo en un objetivo fundamental, que es el de que la Justicia retome esa independencia y no esté bajo un permanente "apriete" del Poder Ejecutivo. Así hay que plantear el tema porque así se ha discutido durante tanto tiempo.
Estamos retomando temas que ya habían sido incorporados. Estamos volviendo a plantear la representación de las minorías parlamentarias, que fueron eliminadas por una iniciativa que distorsionó el proyecto votado luego de 1995.
Sin duda que las instituciones nuevas deben repensarse y reverse a sí mismas, pero el cambio que se realizó hace unos años -y ahí yo utilizaría la palabra que usó el señor diputado Alejandro Rossi- significó una involución en una institución que tenía que ser representativa, generándose un mecanismo y un sentido en el cual los jueces allí elegidos -y los jueces que eran juzgados- sentían que tenían atrás el aliento del Poder Ejecutivo.
Por eso, señor presidente, acá que lo estamos haciendo en esta ampliación de la representación es justamente conseguir una mayor independencia del poder político. Estamos, a la vez, poniendo ingredientes muy interesantes y muy nuevos, tal cual significa la incorporación de docentes universitarios y académicos con una mirada distinta, con una mirada de ampliación de la mirada de la ciencia jurídica. Eso también es una apertura a una mirada nueva en este Consejo de la Magistratura.
También estamos planteando la posibilidad de que en este Consejo de la Magistratura por todos sus foros, en la elección de todos sus miembros y en la elección de sus funcionarios de carrera entre la transparencia. Es decir, dar una inyección de transparencia muy clara en cada uno de estos estamentos.
Señor presidente: el señor diputado Pérez planteaba la importancia de que los jueces no estén tres años con una espada de Damocles viendo qué es lo que podía suceder respecto a los procesos abiertos.
En consecuencia, señor presidente: no quiero plantear una descripción de todo el proyecto porque este será el debate que llevaremos adelante en el recinto, pero estamos planteando conceptos muy claros: independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, capacidad de lograr que las instituciones estén iluminadas, mirada social de las instituciones a partir de los Consejos Consultivos rodeados de organizaciones no gubernamentales que van a tener una mirada distinta, capacidad de que otros académicos que no vengan de las ciencias jurídicas estén también reconocidos en este Consejo, transparencia en todos los mecanismos de concurso y capacitación permanente a partir de la Escuela Judicial.
Nosotros creemos que realmente este es un proyecto muy importante que va a generar una iluminación social sobre el Consejo de la Magistratura, y va a permitir que tengamos un control en el conjunto de la sociedad y muchísimos mecanismos de transparencia.
Por otro lado, señor presidente, se trata de un proyecto construido por distintas miradas que vienen de diferentes visiones de la política y de lo social. Y así también se construye la ley: logrando que todas las miradas, todas las formas de pensar generen un solo proyecto.
Hasta ahora en este Parlamento, en estos primeros dos años en los que yo estuve, cada proyecto era la construcción de una mayoría automática. En este proyecto cada uno de los diputados que participamos en estas comisiones realmente discutimos y debatimos, y no tuvimos una construcción de una línea vertical. Nos peleamos, discutimos, hicimos un borrador, hicimos otro borrador, hicimos nuevos borradores y llegamos a una construcción entre todos. Creo que esto tiene mucho valor.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRATiene la palabra el señor diputado Prieto.
SR. PRIETO
Quiero informar que voy a presentar un dictamen en minoría propio que, en líneas generales, coincide filosóficamente con el impulsado por el señor diputado Rossi.
Quiero señalar aquí que realmente me parece que el dictamen de mayoría -aunque esto va a ser materia de debate en el recinto- solo ha sido posible de construir con una mirada de coyuntura tratando de mostrar un triunfo del grupo A, pero que en términos de calidad institucional constituye un claro retroceso de la democracia a favor de la corporación abogadil y de la corporación judicial.
Me parece que así como alguna vez durante este período, desde distintos sectores, coincidimos en que había habido triunfos de la política, hoy creo que, en definitiva, la concesión de las atribuciones tan importantes que tenemos los representantes del pueblo a favor de los directamente interesados constituye un claro retroceso en términos de calidad institucional. Ojalá que esto no se consolide.
Creo que no se trata de la mayor o menor incidencia del oficialismo en la composición del Consejo de la Magistratura. Si de esto se tratara lo que prevé la democracia es cambiar los oficialismos a través del voto, pero no pasar la atribución democrática de designación de los jueces a las corporaciones interesadas.
Quiero señalar aquí que realmente me parece que el dictamen de mayoría -aunque esto va a ser materia de debate en el recinto- solo ha sido posible de construir con una mirada de coyuntura tratando de mostrar un triunfo del grupo A, pero que en términos de calidad institucional constituye un claro retroceso de la democracia a favor de la corporación abogadil y de la corporación judicial.
Me parece que así como alguna vez durante este período, desde distintos sectores, coincidimos en que había habido triunfos de la política, hoy creo que, en definitiva, la concesión de las atribuciones tan importantes que tenemos los representantes del pueblo a favor de los directamente interesados constituye un claro retroceso en términos de calidad institucional. Ojalá que esto no se consolide.
Creo que no se trata de la mayor o menor incidencia del oficialismo en la composición del Consejo de la Magistratura. Si de esto se tratara lo que prevé la democracia es cambiar los oficialismos a través del voto, pero no pasar la atribución democrática de designación de los jueces a las corporaciones interesadas.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA CAMAÑOSeñor presidente: debo decir que reinaba en esta sala un excelente ambiente para que cada uno expusiera su dictamen pero, lamentablemente, el diputado preopinante lo ha cortado opinando en torno de un dictamen que supongo que ni siquiera debe conocer en profundidad, porque hasta hace muy pocas horas hemos estado trabajando y tratando de elaborar los consensos.
Quiero informar al señor diputado preopinante que cuando termine de leer ese proyecto de dictamen, que él todavía no presentó, aún estarán abiertas las puertas para que acompañe con su firma al dictamen de la mayoría.
Quiero informar al señor diputado preopinante que cuando termine de leer ese proyecto de dictamen, que él todavía no presentó, aún estarán abiertas las puertas para que acompañe con su firma al dictamen de la mayoría.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRATiene la palabra la diputada Argumedo.
SRA ARGUMEDOSeñor presidente: con referencia a la intervención del diputado preopinante, quiero decir que, después de largos debates y evaluaciones, desde Proyecto Sur apoyamos esta propuesta. Para nosotros esta iniciativa representa un aporte a la democratización de las instituciones.
Aquí se han señalado una serie de elementos que hablan de esa democratización. Por ejemplo, el control colectivo del presupuesto del Poder Judicial; el hecho de que los secretarios van a ser designados por concurso público y no a dedo o por "trenzas" entre los consejeros; la incorporación del control público on line de la evaluación de las causas, salvo que haya secreto de sumario. Es decir que cualquier ciudadano podrá enterarse por Internet cuál es el estado de las causas.
También va a haber auditorías semestrales. Cada seis meses se van a realizar sorteos para definir qué juzgados y qué cámaras van a ser auditadas, según criterios que nos van a permitir ir definiendo y ajustando las falencias que ha tenido el Poder Judicial que, como dijimos muchas veces, es un poder especialmente sospechado por esta sociedad.
Por otro lado, se crea un comité consultivo compuesto por organizaciones de la sociedad civil, que no sólo va a tener una mirada sobre el accionar del Consejo de la Magistratura sino que constituye un puente para hacerle conocer cuáles son las preocupaciones de la sociedad.
En ese sentido, creo que efectivamente se ha dado un paso adelante y si apoyamos este dictamen no es por las razones señaladas por el diputado del Frente para la Victoria sino porque verdaderamente creemos que se ha dado un paso adelante y un mensaje de transparencia a la sociedad acerca de la administración de justicia.
Aquí se han señalado una serie de elementos que hablan de esa democratización. Por ejemplo, el control colectivo del presupuesto del Poder Judicial; el hecho de que los secretarios van a ser designados por concurso público y no a dedo o por "trenzas" entre los consejeros; la incorporación del control público on line de la evaluación de las causas, salvo que haya secreto de sumario. Es decir que cualquier ciudadano podrá enterarse por Internet cuál es el estado de las causas.
También va a haber auditorías semestrales. Cada seis meses se van a realizar sorteos para definir qué juzgados y qué cámaras van a ser auditadas, según criterios que nos van a permitir ir definiendo y ajustando las falencias que ha tenido el Poder Judicial que, como dijimos muchas veces, es un poder especialmente sospechado por esta sociedad.
Por otro lado, se crea un comité consultivo compuesto por organizaciones de la sociedad civil, que no sólo va a tener una mirada sobre el accionar del Consejo de la Magistratura sino que constituye un puente para hacerle conocer cuáles son las preocupaciones de la sociedad.
En ese sentido, creo que efectivamente se ha dado un paso adelante y si apoyamos este dictamen no es por las razones señaladas por el diputado del Frente para la Victoria sino porque verdaderamente creemos que se ha dado un paso adelante y un mensaje de transparencia a la sociedad acerca de la administración de justicia.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRAVarios diputados me han hecho saber que desde las cinco de la tarde se encuentra reunida la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que muchos de los aquí presentes integran.
Ya se han suscripto todos los dictámenes. No habiendo más diputados que hayan pedido hacer uso de la palabra, declaro levantada esta sesión. (Aplausos.)
Ya se han suscripto todos los dictámenes. No habiendo más diputados que hayan pedido hacer uso de la palabra, declaro levantada esta sesión. (Aplausos.)
Es la hora 17 y 24.