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PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 441
Secretario Administrativo SR. BOGRAD JULIO CESAR
Martes 18.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2436 Internos 2437/36
cppyreglamento@hcdn.gob.ar
- JUSTICIA
- PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO
Reunión del día 14/04/2010
- CONJUNTA CON PPYR
En Buenos Aires, a los quince días del mes de abril de 2010, a la hora 16 y 35:
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Vamos a dar comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Justicia, de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales me había avisado que probablemente por razones de salud le iba a ser muy difícil poder concurrir hoy, de manera tal que junto con el diputado Vargas Aignasse vamos a llevar adelante la reunión conjunta.
Prosiguiendo el tratamiento de los expedientes que tenemos bajo consideración y luego de que hemos terminado las reuniones informativas, el propósito de la reunión de hoy era hacer una evaluación de lo que ocurrió en las reuniones informativas y también poder escuchar a los autores de proyectos que no forman parte de la comisión. Para eso les cursamos invitaciones, aunque todavía no veo a ninguno de ellos.
De todas formas voy a ceder la palabra a todos ustedes para que cumplamos ese cometido. Incluso los autores de los proyectos pueden formular alguna consideración o apreciación, sobre todo en sustento de sus posiciones.
Vamos a tratar de escuchar a cada uno de los autores de proyectos en función de lo que tiene de distintivo. Hay muchos que tienen características análogas y muchos se diferencian en algunos puntos en especial. Sería bueno sobre todo hacer hincapié en lo que tiene de diferente cada uno de los proyectos. Así que solicito que se vayan anotando para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el diputado Tunessi.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales me había avisado que probablemente por razones de salud le iba a ser muy difícil poder concurrir hoy, de manera tal que junto con el diputado Vargas Aignasse vamos a llevar adelante la reunión conjunta.
Prosiguiendo el tratamiento de los expedientes que tenemos bajo consideración y luego de que hemos terminado las reuniones informativas, el propósito de la reunión de hoy era hacer una evaluación de lo que ocurrió en las reuniones informativas y también poder escuchar a los autores de proyectos que no forman parte de la comisión. Para eso les cursamos invitaciones, aunque todavía no veo a ninguno de ellos.
De todas formas voy a ceder la palabra a todos ustedes para que cumplamos ese cometido. Incluso los autores de los proyectos pueden formular alguna consideración o apreciación, sobre todo en sustento de sus posiciones.
Vamos a tratar de escuchar a cada uno de los autores de proyectos en función de lo que tiene de distintivo. Hay muchos que tienen características análogas y muchos se diferencian en algunos puntos en especial. Sería bueno sobre todo hacer hincapié en lo que tiene de diferente cada uno de los proyectos. Así que solicito que se vayan anotando para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el diputado Tunessi.
SR. TUNESSI Señor Presidente: me parece pertinente hacer un repaso de las distintas posiciones que han planteado los organismos, entidades, asociaciones y ONGs que visitaron la comisión. Tenemos un resumen de las distintas posiciones que aquí estuvieron reflejadas. Si le parece pertinente, podríamos recordar eso.
Además, podemos plantear desde todo punto de vista que hay distintos niveles de coincidencias o de acuerdo, porque no todas las cuestiones tienen la misma entidad. Hay puntos en los que hay mayor discrepancia y otros en los que hay mayores posibilidades de concordancia.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional planteó respetar el equilibrio en la representación del estamento político, judicial y de los abogados, así como una representación plural del ámbito académico y científico. Proponen cuatro jueces, tres de Capital Federal y uno del interior, tres abogados, dos académicos, seis representantes de los legisladores. Los legisladores deberán designar representantes, para evitar que integren el Poder Legislativo y el Judicial al mismo tiempo. La Presidencia del Consejo debe estar en cabeza del presidente de la Corte Suprema. Con respecto al Jurado de Enjuiciamiento, se debe volver al sistema del jurado estable. Esta es su propuesta.
El Observatorio de la Justicia Argentina también plantea respetar el equilibrio entre la presentación de los jueces, los abogados y los políticos. Habla de quince miembros: cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro representantes del Congreso y un representante del Poder Ejecutivo, pero sin voto en la selección y remoción de los jueces, dos académicos y no incluye integrante de la Corte. Habla de un plazo de seis meses para definir sobre sus denuncias, sanciones para los consejeros que no lo tramiten y en los concursos, los jurados no deben ser de la misma jurisdicción.
El INECIP planteó seis miembros, un representante por cada estamento -el Congreso, los jueces, el Poder Ejecutivo, los abogados y las universidades-, más el presidente de la Corte. Los representantes del Consejo deberán ejercer con exclusividad esa función. Establece exámenes únicos y anuales de forma tal que la elevación de la terna surja de la entrevista entre los primeros de una lista de mérito ya establecida y organizada según fueros o especialidades. Respecto al régimen de subrogancia, proponen prohibir la participación de funcionarios.
CIPPEC, Poder Ciudadano, CELS, Asociación de Usuarios y Consumidores, etcétera, dicen que la ley debe respetar el mandato constitucional y garantizar que todos los estamentos que componen el Consejo estén representados de forma equilibrada. Ningún sector debería estar en condiciones de formar quórum o bloquear por sí mismo la toma de decisiones. Es recomendable la integración del cuerpo por un miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Los consejeros por los estamentos de abogados y jueces deben ser elegidos por sus pares a través del sistema de votación directa o utilizando el sistema D´Hondt y cumpliéndose con los principios de publicidad y transparencia. En cuanto de la elección de los representantes del ámbito científico-académico, la elección debería realizarse de manera directa entre todos los profesores titulares y adjuntos de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales de todas las universidades públicas del país.
Hablan también de la no inclusión del plazo de caducidad de los expedientes disciplinarios y de remoción. Propone que el plenario evalúe cada seis meses los avances de la investigación, y registre el examen oral a través de filmaciones o confección de versiones taquigráficas.
Se deberían adoptar mecanismos que eviten que jueces del mismo fuero en que se produjo la vacante puedan intervenir como jurados, como así también que estos pertenezcan a una jurisdicción distinta del actual concursante.
La Federación Argentina de la Magistratura propone disminuir la representación política y aumentar la de los abogados y jueces. Sugiere incluir otras formas de representación del Poder Legislativo para que no recaiga únicamente en los legisladores.
Respecto de estamento judicial, propone incluir en la conformación al presidente de la Corte Suprema. Favorece la representación de los jueces de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal propone una composición de diecisiete miembros: uno de la Corte, cuatro jueces, tres diputados, tres senadores, cuatro abogados, uno del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico jurídico. Propone la designación de cada comisión por mayoría simple de los miembros presentes.
Respecto de la decisión de abrir un proceso de remoción o disciplinario, entiende que no puede extenderse por un plazo mayor a un año corrido de la prestación de la de denuncia, prorrogable por seis meses más, cumplido el cual el expediente pasará al plenario para su consideración. Esta es la síntesis de las distintas posiciones que hemos escuchado a lo largo de todas estas jornadas de trabajo.
También me parece importante empezar a discutir las cuestiones de acuerdo con la importancia del problema. El primer punto en orden de importancia es la integración. Podríamos empezar por esa cuestión porque hay distintas opiniones.
En nuestro proyecto, por vía de distinta cantidad de miembros, lo importante era volver a obtener lo que nosotros llamamos un equilibrio que se perdió con la última reforma, es decir, reequilibrar la composición del Consejo de la Magistratura para que no exista ninguna posibilidad de que en la nominación o remoción de los jueces, el Ejecutivo de turno -este o cualquiera- tenga "bolilla negra", por llamarlo de alguna manera, o posibilidades de torcer esa decisión.
Ese es el punto más destacado que me parece que podríamos empezar a discutir. En nuestro proyecto proponemos volver a veinte, pero entiendo que hay proyectos que encuentran el equilibrio con una conformación del orden de los dieciséis miembros, incorporando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre sus integrantes, y aumentando la cantidad: un representante más de los abogados y dos del ámbito académico-científico.
Hay otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento o con la conformación del Jurado de Enjuiciamiento.
También me parece que habría que discutir la forma de la designación. Si estamos hablando de designación, cómo sería el tema de los representantes de los abogados, nos estamos refiriendo a la elección de cada uno de ellos. En el caso de los jueces y de los representantes del ámbito científico y académico también deberíamos discutir cómo se los elegiría.
Creo que este es el primer punto que podríamos empezar a debatir. Esta es la contribución que hago al ordenamiento de este debate.
Además, podemos plantear desde todo punto de vista que hay distintos niveles de coincidencias o de acuerdo, porque no todas las cuestiones tienen la misma entidad. Hay puntos en los que hay mayor discrepancia y otros en los que hay mayores posibilidades de concordancia.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional planteó respetar el equilibrio en la representación del estamento político, judicial y de los abogados, así como una representación plural del ámbito académico y científico. Proponen cuatro jueces, tres de Capital Federal y uno del interior, tres abogados, dos académicos, seis representantes de los legisladores. Los legisladores deberán designar representantes, para evitar que integren el Poder Legislativo y el Judicial al mismo tiempo. La Presidencia del Consejo debe estar en cabeza del presidente de la Corte Suprema. Con respecto al Jurado de Enjuiciamiento, se debe volver al sistema del jurado estable. Esta es su propuesta.
El Observatorio de la Justicia Argentina también plantea respetar el equilibrio entre la presentación de los jueces, los abogados y los políticos. Habla de quince miembros: cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro representantes del Congreso y un representante del Poder Ejecutivo, pero sin voto en la selección y remoción de los jueces, dos académicos y no incluye integrante de la Corte. Habla de un plazo de seis meses para definir sobre sus denuncias, sanciones para los consejeros que no lo tramiten y en los concursos, los jurados no deben ser de la misma jurisdicción.
El INECIP planteó seis miembros, un representante por cada estamento -el Congreso, los jueces, el Poder Ejecutivo, los abogados y las universidades-, más el presidente de la Corte. Los representantes del Consejo deberán ejercer con exclusividad esa función. Establece exámenes únicos y anuales de forma tal que la elevación de la terna surja de la entrevista entre los primeros de una lista de mérito ya establecida y organizada según fueros o especialidades. Respecto al régimen de subrogancia, proponen prohibir la participación de funcionarios.
CIPPEC, Poder Ciudadano, CELS, Asociación de Usuarios y Consumidores, etcétera, dicen que la ley debe respetar el mandato constitucional y garantizar que todos los estamentos que componen el Consejo estén representados de forma equilibrada. Ningún sector debería estar en condiciones de formar quórum o bloquear por sí mismo la toma de decisiones. Es recomendable la integración del cuerpo por un miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Los consejeros por los estamentos de abogados y jueces deben ser elegidos por sus pares a través del sistema de votación directa o utilizando el sistema D´Hondt y cumpliéndose con los principios de publicidad y transparencia. En cuanto de la elección de los representantes del ámbito científico-académico, la elección debería realizarse de manera directa entre todos los profesores titulares y adjuntos de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales de todas las universidades públicas del país.
Hablan también de la no inclusión del plazo de caducidad de los expedientes disciplinarios y de remoción. Propone que el plenario evalúe cada seis meses los avances de la investigación, y registre el examen oral a través de filmaciones o confección de versiones taquigráficas.
Se deberían adoptar mecanismos que eviten que jueces del mismo fuero en que se produjo la vacante puedan intervenir como jurados, como así también que estos pertenezcan a una jurisdicción distinta del actual concursante.
La Federación Argentina de la Magistratura propone disminuir la representación política y aumentar la de los abogados y jueces. Sugiere incluir otras formas de representación del Poder Legislativo para que no recaiga únicamente en los legisladores.
Respecto de estamento judicial, propone incluir en la conformación al presidente de la Corte Suprema. Favorece la representación de los jueces de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal propone una composición de diecisiete miembros: uno de la Corte, cuatro jueces, tres diputados, tres senadores, cuatro abogados, uno del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico jurídico. Propone la designación de cada comisión por mayoría simple de los miembros presentes.
Respecto de la decisión de abrir un proceso de remoción o disciplinario, entiende que no puede extenderse por un plazo mayor a un año corrido de la prestación de la de denuncia, prorrogable por seis meses más, cumplido el cual el expediente pasará al plenario para su consideración. Esta es la síntesis de las distintas posiciones que hemos escuchado a lo largo de todas estas jornadas de trabajo.
También me parece importante empezar a discutir las cuestiones de acuerdo con la importancia del problema. El primer punto en orden de importancia es la integración. Podríamos empezar por esa cuestión porque hay distintas opiniones.
En nuestro proyecto, por vía de distinta cantidad de miembros, lo importante era volver a obtener lo que nosotros llamamos un equilibrio que se perdió con la última reforma, es decir, reequilibrar la composición del Consejo de la Magistratura para que no exista ninguna posibilidad de que en la nominación o remoción de los jueces, el Ejecutivo de turno -este o cualquiera- tenga "bolilla negra", por llamarlo de alguna manera, o posibilidades de torcer esa decisión.
Ese es el punto más destacado que me parece que podríamos empezar a discutir. En nuestro proyecto proponemos volver a veinte, pero entiendo que hay proyectos que encuentran el equilibrio con una conformación del orden de los dieciséis miembros, incorporando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre sus integrantes, y aumentando la cantidad: un representante más de los abogados y dos del ámbito académico-científico.
Hay otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento o con la conformación del Jurado de Enjuiciamiento.
También me parece que habría que discutir la forma de la designación. Si estamos hablando de designación, cómo sería el tema de los representantes de los abogados, nos estamos refiriendo a la elección de cada uno de ellos. En el caso de los jueces y de los representantes del ámbito científico y académico también deberíamos discutir cómo se los elegiría.
Creo que este es el primer punto que podríamos empezar a debatir. Esta es la contribución que hago al ordenamiento de este debate.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Tiene la palabra la señora diputada Alonso.
SRA. ALONSO Señor presidente: ante todo quiero destacar el ritmo que ha tenido y espero que siga teniendo el tratamiento del tema de la reforma del Consejo de la Magistratura en este plenario de comisiones. Las visitas que hemos recibido y las opiniones que han vertido han sido muy diversas y representativas. Me parece que ese es un punto muy destacable.
También me parece importante resaltar que si bien al principio parecía que sólo íbamos a discutir acerca de la composición del Consejo de la Magistratura, nos encaminamos hacia una reforma más amplia, que incorpora otros puntos, como dijo el señor diputado preopinante.
Asimismo, a lo largo de estas semanas, a partir de las opiniones que hemos escuchado de los representantes de diversas instituciones y del intercambio y el conocimiento en mayor profundidad de las iniciativas que han presentado otros señores diputados, diría que por lo menos en nuestro caso ha sido posible modificar algunos de los puntos previstos en el proyecto. Estamos en condiciones de decir que hay algunas cosas que, si hoy tuviéramos que presentar una iniciativa, las cambiaríamos.
Me parece que esto es saludable porque implica que el intercambio es positivo para todos, fundamentalmente porque el resultado final siempre es mejor y está enriquecido con las opiniones de los demás.
Por otra parte, me parece que hemos tenido un buen ritmo y que podemos seguir manteniéndolo. Sugiero que no nos apresuremos en cuanto a la emisión de un dictamen. Considero que se trata de una reforma muy importante, seria y profunda, por lo que deberíamos mantener un ritmo de trabajo concienzudo respecto de este tema.
Entrando al análisis del proyecto que hemos presentado, voy a tomar como propias alguna de las propuestas que han planteado las organizaciones no gubernamentales, entre ellas Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, el entro de Estudios Legales y Sociales y el CIPPEC. Me parece que van a ser incorporadas al dictamen, que me gustaría que fuera único y que todos lo firmáramos; espero que así sea.
No voy a repetir algunas de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, no voy a discutir el tema de la composición. En nuestro proyecto mantenemos el número de trece miembros, pero readecuando las representaciones de los estamentos.
Voy a pasar a otros puntos que en mi opinión son importantes, ya que muchos se refieren a la composición del Consejo de la Magistratura. En tal sentido, prevemos la celebración de elecciones separadas para los abogados, lo que significa que los colegios serán los que las organicen por separado y fuera del período de elecciones ordinarias.
Lo mismo planteamos respecto de los académicos, es decir, que sus representantes sean profesores titulares regulares de facultades de Derecho y Ciencias Sociales pertenecientes a universidades nacionales. Para nosotros es importante incorporar otras miradas desde el punto de vista de los académicos. En este punto voy a hacer una defensa de mi propia formación y de la de demás señores diputados que no somos abogados, por lo que creo que podemos efectuar un aporte al debate en las comisiones y en el recinto, como así también que los profesionales de otras áreas de Humanidades y Ciencias Sociales pueden realizar una contribución en el seno del Consejo de la Magistratura.
Hay un tema que a nuestro juicio es fundamental y que es la selección del administrador General del Poder Judicial y del secretario del Cuerpo de Peritos Auditores. Este es un punto que ha preocupado a la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creemos que se puede mejorar, para lo cual proponemos un proceso de consulta pública similar o idéntico al que se reguló a través del decreto 222, dictado oportunamente por el presidente Kirchner, que prevé la publicidad de los antecedentes de los candidatos a administrador General y a presidente del Cuerpo de Peritos Auditores, como así también la realización de una audiencia pública.
Creemos que aquí podemos establecer una diferencia significativa y dotar de mayor control, publicidad y participación ciudadana al proceso de selección de cargos de estas dos autoridades, que son muy importantes en el Poder Judicial y en el Consejo de la Magistratura.
En lo que respecta el tema de la remoción de los magistrados, como dije anteriormente hemos cambiado la postura que inicialmente habíamos manifestado en el proyecto que presentamos.
Nos parece adecuado mantener el plazo actual tomando la propuesta realizada por las ONG que mencioné anteriormente.
Pedimos que se incorpore al dictamen el establecimiento de un mecanismo transparente para el sorteo de los consejeros instructores; concretamente, sugerimos que dicho sorteo se haga en reuniones públicas de la comisión.
También proponemos instituir el deber del consejero instructor de rendir cuentas cada seis meses acerca de las medidas promovidas y del avance de las investigaciones. Pedimos que se incorpore al dictamen la necesidad de que el plenario evalúe la marcha de las investigaciones cada seis meses, y que en caso de encontrar errores sortee nuevamente el expediente, designe un nuevo instructor y sancione a aquel que realizó el trámite deficientemente. Esta sugerencia ha sido tomada del documento presentado por las organizaciones no gubernamentales.
Otro aspecto, que creo puede llegar a interesar al oficialismo, se refiere a los componentes de las evaluaciones exigidas en el proceso conforme con la idoneidad requerida para ser designado juez; es decir, a los distintos componentes del proceso de evaluación. Me parece importante que esto sea incorporado en la futura ley. Cito textualmente el documento preparado por las ONG: "...debería incluirse necesariamente la formación académica, la experiencia en la práctica jurídica, las capacidades de administración organizacional, el conocimiento del derecho, el compromiso con los derechos humanos y el sistema democrático, y la capacidad para resolver casos difíciles, entre otros. Además la ley debe determinar la relevancia que cada uno de ellos tendrá para la evaluación general de la idoneidad de los candidatos; e incluir expresamente el método que se utilizará para medirlos."
Otra cuestión que se desprende del mencionado documento y que considero sumamente importante, se refiere a la evaluación de los antecedentes y a la entrevista personal de los candidatos. Lo que piden las organizaciones gubernamentales -por eso me hago eco y solicito que sea incorporado en el dictamen- es que tanto la evaluación de los antecedentes como la entrevista personal sean realizadas por una subcomisión de tres miembros. Es decir, por tres consejeros pertenecientes a distintos estamentos y no solamente por uno. Esto es importante porque dota al proceso de evaluación de antecedentes y a la entrevista personal de una mirada más amplia; la opinión de un solo consejero podría ser, por diferentes cuestiones, sesgada.
Considero fundamental revisar la cuestión e incorporar la realización de una convocatoria anual, para que los postulantes remitan los antecedentes, y de una única evaluación por año. Esto también fue extraído del documento elaborado por las ONG.
En nuestro proyecto establecemos el deber de fundamentar la selección del candidato aportado por el Poder Ejecutivo nacional. No siempre se fundamenta y nos parece importante que sea obligatorio.
Hay una sección importante en nuestra iniciativa que también quiero destacar. Se refiere a la transparencia activa y al acceso a la información en el Consejo de la Magistratura. Prevemos que, en principio, todos los expedientes estén disponibles on line. Asimismo proponemos la creación de una oficina de acceso a la información pública y estadísticas del Consejo de la Magistratura.
Cuando iniciamos este debate tenía algunas dudas respecto de la producción y publicidad de esas estadísticas de parte del Consejo de la Magistratura; todavía las tengo. Creo que ahora podemos dar un paso importante respecto de esta cuestión.
En lo que se refiere a la transparencia del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, entendemos que tiene mucho que ver la implementación de una política de gobierno abierto tendiente al acceso libre y en formato accesible de sus bases de datos y de todas las series estadísticas producidas por dicho organismo. Por ejemplo los registros de causas en trámite resueltas, de sanciones, de remociones, etcétera.
Es una nueva tendencia en lo que respecta a las políticas de acceso a la información pública y a la transparencia. Por eso quiero introducir este concepto, porque creo y espero que en el transcurso del año discutamos en la Cámara este tema que se vincula con el establecimiento de políticas de gobierno abierto como un marco general.
Es importante no sólo regular el acceso a la información pública sino también dar un paso más: que cualquier ciudadano pueda ingresar, a través de la web y formatos accesibles, a las bases de datos y series estadísticas que están en poder del Estado. Este es un tema para nada menor.
Finalmente, considero fundamental que en el dictamen se incorporen dos cuestiones previstas en el proyecto presentado por el señor diputado Alejandro Rossi junto con algunos de sus colegas de bancada.
Esos dos puntos son la posibilidad de que el Consejo emita opiniones no vinculantes sobre los proyectos de ley referidos a la constitución, organización y funcionamiento de la justicia. Me parece que es muy importante que demos esta posibilidad de opiniones no vinculantes porque si las instituciones no nos dicen qué es lo que necesitan para funcionar mejor, es complicado que nosotros podamos adivinarlo desde acá, sobre todo cuando estamos trece o catorce horas reunidos en una sesión y nos apartamos del resto del mundo. Por me parece que es fundamental entablar ese diálogo interinstitucional.
El segundo punto es el de la elaboración por parte del Consejo y la remisión de un informe anual al Congreso y al Poder Ejecutivo sobre el estado de la administración de Justicia, proponiendo medidas para su mejoramiento. Esto se relaciona muchísimo con aquello que decía anteriormente, de la producción de información estadística que nos permita y permita también al propio Consejo establecer dónde hay puntos de mejoramiento en su funcionamiento.
Estos son los aspectos que quería destacar.
También me parece importante resaltar que si bien al principio parecía que sólo íbamos a discutir acerca de la composición del Consejo de la Magistratura, nos encaminamos hacia una reforma más amplia, que incorpora otros puntos, como dijo el señor diputado preopinante.
Asimismo, a lo largo de estas semanas, a partir de las opiniones que hemos escuchado de los representantes de diversas instituciones y del intercambio y el conocimiento en mayor profundidad de las iniciativas que han presentado otros señores diputados, diría que por lo menos en nuestro caso ha sido posible modificar algunos de los puntos previstos en el proyecto. Estamos en condiciones de decir que hay algunas cosas que, si hoy tuviéramos que presentar una iniciativa, las cambiaríamos.
Me parece que esto es saludable porque implica que el intercambio es positivo para todos, fundamentalmente porque el resultado final siempre es mejor y está enriquecido con las opiniones de los demás.
Por otra parte, me parece que hemos tenido un buen ritmo y que podemos seguir manteniéndolo. Sugiero que no nos apresuremos en cuanto a la emisión de un dictamen. Considero que se trata de una reforma muy importante, seria y profunda, por lo que deberíamos mantener un ritmo de trabajo concienzudo respecto de este tema.
Entrando al análisis del proyecto que hemos presentado, voy a tomar como propias alguna de las propuestas que han planteado las organizaciones no gubernamentales, entre ellas Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, el entro de Estudios Legales y Sociales y el CIPPEC. Me parece que van a ser incorporadas al dictamen, que me gustaría que fuera único y que todos lo firmáramos; espero que así sea.
No voy a repetir algunas de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, no voy a discutir el tema de la composición. En nuestro proyecto mantenemos el número de trece miembros, pero readecuando las representaciones de los estamentos.
Voy a pasar a otros puntos que en mi opinión son importantes, ya que muchos se refieren a la composición del Consejo de la Magistratura. En tal sentido, prevemos la celebración de elecciones separadas para los abogados, lo que significa que los colegios serán los que las organicen por separado y fuera del período de elecciones ordinarias.
Lo mismo planteamos respecto de los académicos, es decir, que sus representantes sean profesores titulares regulares de facultades de Derecho y Ciencias Sociales pertenecientes a universidades nacionales. Para nosotros es importante incorporar otras miradas desde el punto de vista de los académicos. En este punto voy a hacer una defensa de mi propia formación y de la de demás señores diputados que no somos abogados, por lo que creo que podemos efectuar un aporte al debate en las comisiones y en el recinto, como así también que los profesionales de otras áreas de Humanidades y Ciencias Sociales pueden realizar una contribución en el seno del Consejo de la Magistratura.
Hay un tema que a nuestro juicio es fundamental y que es la selección del administrador General del Poder Judicial y del secretario del Cuerpo de Peritos Auditores. Este es un punto que ha preocupado a la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creemos que se puede mejorar, para lo cual proponemos un proceso de consulta pública similar o idéntico al que se reguló a través del decreto 222, dictado oportunamente por el presidente Kirchner, que prevé la publicidad de los antecedentes de los candidatos a administrador General y a presidente del Cuerpo de Peritos Auditores, como así también la realización de una audiencia pública.
Creemos que aquí podemos establecer una diferencia significativa y dotar de mayor control, publicidad y participación ciudadana al proceso de selección de cargos de estas dos autoridades, que son muy importantes en el Poder Judicial y en el Consejo de la Magistratura.
En lo que respecta el tema de la remoción de los magistrados, como dije anteriormente hemos cambiado la postura que inicialmente habíamos manifestado en el proyecto que presentamos.
Nos parece adecuado mantener el plazo actual tomando la propuesta realizada por las ONG que mencioné anteriormente.
Pedimos que se incorpore al dictamen el establecimiento de un mecanismo transparente para el sorteo de los consejeros instructores; concretamente, sugerimos que dicho sorteo se haga en reuniones públicas de la comisión.
También proponemos instituir el deber del consejero instructor de rendir cuentas cada seis meses acerca de las medidas promovidas y del avance de las investigaciones. Pedimos que se incorpore al dictamen la necesidad de que el plenario evalúe la marcha de las investigaciones cada seis meses, y que en caso de encontrar errores sortee nuevamente el expediente, designe un nuevo instructor y sancione a aquel que realizó el trámite deficientemente. Esta sugerencia ha sido tomada del documento presentado por las organizaciones no gubernamentales.
Otro aspecto, que creo puede llegar a interesar al oficialismo, se refiere a los componentes de las evaluaciones exigidas en el proceso conforme con la idoneidad requerida para ser designado juez; es decir, a los distintos componentes del proceso de evaluación. Me parece importante que esto sea incorporado en la futura ley. Cito textualmente el documento preparado por las ONG: "...debería incluirse necesariamente la formación académica, la experiencia en la práctica jurídica, las capacidades de administración organizacional, el conocimiento del derecho, el compromiso con los derechos humanos y el sistema democrático, y la capacidad para resolver casos difíciles, entre otros. Además la ley debe determinar la relevancia que cada uno de ellos tendrá para la evaluación general de la idoneidad de los candidatos; e incluir expresamente el método que se utilizará para medirlos."
Otra cuestión que se desprende del mencionado documento y que considero sumamente importante, se refiere a la evaluación de los antecedentes y a la entrevista personal de los candidatos. Lo que piden las organizaciones gubernamentales -por eso me hago eco y solicito que sea incorporado en el dictamen- es que tanto la evaluación de los antecedentes como la entrevista personal sean realizadas por una subcomisión de tres miembros. Es decir, por tres consejeros pertenecientes a distintos estamentos y no solamente por uno. Esto es importante porque dota al proceso de evaluación de antecedentes y a la entrevista personal de una mirada más amplia; la opinión de un solo consejero podría ser, por diferentes cuestiones, sesgada.
Considero fundamental revisar la cuestión e incorporar la realización de una convocatoria anual, para que los postulantes remitan los antecedentes, y de una única evaluación por año. Esto también fue extraído del documento elaborado por las ONG.
En nuestro proyecto establecemos el deber de fundamentar la selección del candidato aportado por el Poder Ejecutivo nacional. No siempre se fundamenta y nos parece importante que sea obligatorio.
Hay una sección importante en nuestra iniciativa que también quiero destacar. Se refiere a la transparencia activa y al acceso a la información en el Consejo de la Magistratura. Prevemos que, en principio, todos los expedientes estén disponibles on line. Asimismo proponemos la creación de una oficina de acceso a la información pública y estadísticas del Consejo de la Magistratura.
Cuando iniciamos este debate tenía algunas dudas respecto de la producción y publicidad de esas estadísticas de parte del Consejo de la Magistratura; todavía las tengo. Creo que ahora podemos dar un paso importante respecto de esta cuestión.
En lo que se refiere a la transparencia del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, entendemos que tiene mucho que ver la implementación de una política de gobierno abierto tendiente al acceso libre y en formato accesible de sus bases de datos y de todas las series estadísticas producidas por dicho organismo. Por ejemplo los registros de causas en trámite resueltas, de sanciones, de remociones, etcétera.
Es una nueva tendencia en lo que respecta a las políticas de acceso a la información pública y a la transparencia. Por eso quiero introducir este concepto, porque creo y espero que en el transcurso del año discutamos en la Cámara este tema que se vincula con el establecimiento de políticas de gobierno abierto como un marco general.
Es importante no sólo regular el acceso a la información pública sino también dar un paso más: que cualquier ciudadano pueda ingresar, a través de la web y formatos accesibles, a las bases de datos y series estadísticas que están en poder del Estado. Este es un tema para nada menor.
Finalmente, considero fundamental que en el dictamen se incorporen dos cuestiones previstas en el proyecto presentado por el señor diputado Alejandro Rossi junto con algunos de sus colegas de bancada.
Esos dos puntos son la posibilidad de que el Consejo emita opiniones no vinculantes sobre los proyectos de ley referidos a la constitución, organización y funcionamiento de la justicia. Me parece que es muy importante que demos esta posibilidad de opiniones no vinculantes porque si las instituciones no nos dicen qué es lo que necesitan para funcionar mejor, es complicado que nosotros podamos adivinarlo desde acá, sobre todo cuando estamos trece o catorce horas reunidos en una sesión y nos apartamos del resto del mundo. Por me parece que es fundamental entablar ese diálogo interinstitucional.
El segundo punto es el de la elaboración por parte del Consejo y la remisión de un informe anual al Congreso y al Poder Ejecutivo sobre el estado de la administración de Justicia, proponiendo medidas para su mejoramiento. Esto se relaciona muchísimo con aquello que decía anteriormente, de la producción de información estadística que nos permita y permita también al propio Consejo establecer dónde hay puntos de mejoramiento en su funcionamiento.
Estos son los aspectos que quería destacar.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Tiene la palabra el diputado Prieto.
SR. PRIETO Quiero principiar el análisis del tema con un breve racconto de qué fue lo que originó la inserción en nuestra Constitución del Consejo de la Magistratura que, como todos sabemos, no es una institución propia de los sistemas presidencialistas sino que es una institución típica de los sistemas parlamentarios, que se inscribe en los sistemas de administración de justicia y no en sistemas con Poder Judicial, como tenemos nosotros en la Argentina.
No obstante y siendo conscientes de esto los que tuvimos el honor de ser constituyentes en 1994, de todas formas se introdujo casi como un híbrido este sistema porque se buscó remediar dos graves problemas que eran evidentes, de los cuales parece que se recuerda sólo uno.
El primero era un problema vinculado a la independencia del Poder Judicial, no sólo la externa sino la interna del propio Poder. La segunda cuestión no menor era la que tiene que ver con la eficiencia e idoneidad en la selección de los candidatos.
Seguramente en el apogeo de la universidad pública argentina, el solo título de abogado probablemente era garantía suficiente de idoneidad de uno u otro lado del mostrador, pero lamentablemente -no vamos a hablar de eso porque no viene al caso- esto se ha degradado y todos sabemos que el solo título de abogado no garantiza, por lo menos de la forma en que pretendemos que aquellos que nos van a impartir justicia y resolver sobre nuestros bienes, honor y propiedad, lo hagan de forma idónea.
Digo esto porque el primer objetivo del Consejo de la Magistratura entonces es seleccionar jueces con criterios que tienen mucho que ver con la idoneidad requerida para el desempeño de semejantes cargos.
Pero, más allá del texto de la Constitución, me parece que no se puede soslayar la circunstancia de que en nuestro país el Poder Judicial es, precisamente, un poder, porque tiene un poder político muy importante, que es el poder de no ejecutar -mediante la declaración de inconstitucionalidad- las decisiones mayoritarias, es decir, las decisiones emanadas del Parlamento argentino, con la mayoría de que se trate.
Esta función, cuando es ejercida con moderación, con prudencia, suele ser aceptada y hasta felicitada, como sucede en el caso de los Estados Unidos. Yo no diría que aquí funciona de igual modo.
Por esa razón es que en casi toda la Europa continental los sistemas de tribunales son de administración de justicia; los jueces ordinarios no tienen la posibilidad de no aplicar una ley emanada del Parlamento sino que para eso hay un organismo jurídico pero con composición política -y no vitalicios, por cierto-, que se denominan tribunales constitucionales, que son los encargados de resolver acerca de la inconstitucionalidad de las normas.
Ese poder político que tiene el Poder Judicial en la Argentina -y que ni siquiera está concentrado en la cabeza del Poder Judicial, sino que está extendida en la totalidad de las judicaturas nacionales y provinciales- requiere que debamos extremar la elección democrática de los jueces al tiempo de su designación, máxime cuando van a estar en principio de por vida ocupando ese cargo.
Y esa legitimación democrática en el sistema anterior, de acuerdo del Senado a la propuesta del presidente, más o menos funcionaba desde esa perspectiva, porque intervenían los cuerpos que provenían de la elección popular.
El Consejo de la Magistratura ahora, que tiene la facultad de proponer a los jueces, por lo menos en primera instancia hasta que el Poder Ejecutivo elige uno de la terna, está compuesto no sólo por las representaciones políticas sino que se integran a él representaciones corporativas. Y no digo "corporativas" en un sentido peyorativo, aunque podría decirlo porque hay sobradas muestras. Y me parece que la legitimación democrática para el ejercicio del poder político que tienen los jueces tiene que ser extremada en la composición del Consejo de la Magistratura. Porque la mayoría política -y no estoy hablando de partidos ni de mayorías del oficialismo de turno sino de las representaciones populares en general- no puede ser menor, en mi opinión, que las representaciones corporativas porque, si no, haría posible que el sistema que se consagre sea un sistema de cooptación, esto es, de designación de los propios miembros por una determinada corporación.
Lejos de entenderse la palabra "equilibrio" -que refiere el artículo 114 de la Constitución- como una suerte de igualdad de las representaciones, en mi opinión se debe entender como una correcta equivalencia entre las representaciones políticas que vienen de la voluntad popular, tanto la que designa el Poder Ejecutivo como las que designan las Cámaras del Congreso. Estas últimas necesariamente deben ser, no exageradamente, pero deben ser más en su número y en su integración, que las que provienen de las corporaciones, sea la de los jueces, la de los abogados o inclusive de la corporación académica. De lo contrario, vamos a estar consagrando y galvanizando en una República un sistema de designación de jueces con poder político por parte de las corporaciones que integran ese Consejo.
No obstante y siendo conscientes de esto los que tuvimos el honor de ser constituyentes en 1994, de todas formas se introdujo casi como un híbrido este sistema porque se buscó remediar dos graves problemas que eran evidentes, de los cuales parece que se recuerda sólo uno.
El primero era un problema vinculado a la independencia del Poder Judicial, no sólo la externa sino la interna del propio Poder. La segunda cuestión no menor era la que tiene que ver con la eficiencia e idoneidad en la selección de los candidatos.
Seguramente en el apogeo de la universidad pública argentina, el solo título de abogado probablemente era garantía suficiente de idoneidad de uno u otro lado del mostrador, pero lamentablemente -no vamos a hablar de eso porque no viene al caso- esto se ha degradado y todos sabemos que el solo título de abogado no garantiza, por lo menos de la forma en que pretendemos que aquellos que nos van a impartir justicia y resolver sobre nuestros bienes, honor y propiedad, lo hagan de forma idónea.
Digo esto porque el primer objetivo del Consejo de la Magistratura entonces es seleccionar jueces con criterios que tienen mucho que ver con la idoneidad requerida para el desempeño de semejantes cargos.
Pero, más allá del texto de la Constitución, me parece que no se puede soslayar la circunstancia de que en nuestro país el Poder Judicial es, precisamente, un poder, porque tiene un poder político muy importante, que es el poder de no ejecutar -mediante la declaración de inconstitucionalidad- las decisiones mayoritarias, es decir, las decisiones emanadas del Parlamento argentino, con la mayoría de que se trate.
Esta función, cuando es ejercida con moderación, con prudencia, suele ser aceptada y hasta felicitada, como sucede en el caso de los Estados Unidos. Yo no diría que aquí funciona de igual modo.
Por esa razón es que en casi toda la Europa continental los sistemas de tribunales son de administración de justicia; los jueces ordinarios no tienen la posibilidad de no aplicar una ley emanada del Parlamento sino que para eso hay un organismo jurídico pero con composición política -y no vitalicios, por cierto-, que se denominan tribunales constitucionales, que son los encargados de resolver acerca de la inconstitucionalidad de las normas.
Ese poder político que tiene el Poder Judicial en la Argentina -y que ni siquiera está concentrado en la cabeza del Poder Judicial, sino que está extendida en la totalidad de las judicaturas nacionales y provinciales- requiere que debamos extremar la elección democrática de los jueces al tiempo de su designación, máxime cuando van a estar en principio de por vida ocupando ese cargo.
Y esa legitimación democrática en el sistema anterior, de acuerdo del Senado a la propuesta del presidente, más o menos funcionaba desde esa perspectiva, porque intervenían los cuerpos que provenían de la elección popular.
El Consejo de la Magistratura ahora, que tiene la facultad de proponer a los jueces, por lo menos en primera instancia hasta que el Poder Ejecutivo elige uno de la terna, está compuesto no sólo por las representaciones políticas sino que se integran a él representaciones corporativas. Y no digo "corporativas" en un sentido peyorativo, aunque podría decirlo porque hay sobradas muestras. Y me parece que la legitimación democrática para el ejercicio del poder político que tienen los jueces tiene que ser extremada en la composición del Consejo de la Magistratura. Porque la mayoría política -y no estoy hablando de partidos ni de mayorías del oficialismo de turno sino de las representaciones populares en general- no puede ser menor, en mi opinión, que las representaciones corporativas porque, si no, haría posible que el sistema que se consagre sea un sistema de cooptación, esto es, de designación de los propios miembros por una determinada corporación.
Lejos de entenderse la palabra "equilibrio" -que refiere el artículo 114 de la Constitución- como una suerte de igualdad de las representaciones, en mi opinión se debe entender como una correcta equivalencia entre las representaciones políticas que vienen de la voluntad popular, tanto la que designa el Poder Ejecutivo como las que designan las Cámaras del Congreso. Estas últimas necesariamente deben ser, no exageradamente, pero deben ser más en su número y en su integración, que las que provienen de las corporaciones, sea la de los jueces, la de los abogados o inclusive de la corporación académica. De lo contrario, vamos a estar consagrando y galvanizando en una República un sistema de designación de jueces con poder político por parte de las corporaciones que integran ese Consejo.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA ¿Me permite solicitarle una aclaración?
SR. PRIETO Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA ¿Usted dice esto respecto de todas en su conjunto o respecto de cada una de ellas?
SR. PRIETO Yo digo que en el conjunto, supongamos que sean veinte, once deben provenir con legitimación democrática directa proveniente del voto popular.
Lo que me parece absolutamente inadmisible desde el punto de vista teórico y filosófico es admitir una mayoría no política en la integración del Consejo de la Magistratura porque esto le quita la legitimación democrática que requieren los jueces. Y no es argumento que los Consejos de la Magistratura de Europa tienen una composición plural y distinta, porque allí los jueces no tienen poder político, simplemente administran justicia y no pueden no aplicar la ley; para eso está el tribunal constitucional.
Entonces, me parece que debemos ser extremadamente cuidadosos y abstraernos de las situaciones de coyuntura.
Aquí a veces se extrema -seguramente influenciado por la coyuntura, por la desconfianza o las circunstancias del juego político-, que cada oficialismo va a pretender manipular la designación de los jueces o el denominado poder de veto.
Tengo aquí un recorte con una declaración del señor presidente del Consejo de la Magistratura en la que dice que nunca vio que se utilizara ese denominado poder de veto, pero que potencialmente existe. Me parece que si vamos a diseñar instituciones porque tenemos la responsabilidad constitucional de hacerlo, en todo caso, porque el constituyente lo delegó -es cierto que por falta de acuerdo- en el Congreso, debemos realizarlo para los tiempos y despojados de las cuestiones vinculadas con la coyuntura. En la provincia a la que pertenezco, Neuquén, que es pequeña y donde la reforma constitucional se llevó a cabo recientemente, hace un par de años, hay un ejemplo en el sentido de que el Consejo de la Magistratura está compuesto por siete miembros: cuatro que son designados en forma proporcional a la Legislatura, dos elegidos por los abogados en forma directa y uno que es un juez del Tribunal Superior de Justicia. En el proyecto original, que era de mi autoría, no estaba previsto un juez del Tribunal Superior de Justicia, sino un profesor regular elegido por concurso. Pero por razones que no vienen al caso fue sustituido por un juez del Tribunal Superior de Justicia.
Lo cierto es que en definitiva quedaron un juez, dos abogados y cuatro representantes populares, de los cuales seguramente ninguno constituye la mayoría. Funciona y se concentra bastante bien en lo que básicamente tiene que hacer, que es seleccionar a los jueces en función del mérito y de la idoneidad.
Entonces, la primera idea que quiero transmitir es en qué marco tenemos que pensar la composición del Consejo de la Magistratura. Me parece que antes que hacerlo como una desconfianza hacia el oficialismo de turno lo debemos realizar procurando evitar que el poder político abdique de su poder en favor de los poderes corporativos para que éstos coopten la designación de los integrantes de un poder del Estado que tiene un poder político. Se trata de un poder político muy importante y contramayoritario que hace posible no ejecutar las decisiones de la mayoría del pueblo expresadas en el Congreso. Entonces, esta es una primera advertencia.
No quiero entrar en demasiados detalles sobre los proyectos, pero deseo hacer especial referencia al que he firmado en una primera instancia con otros señores diputados y que después fue incorporado a la iniciativa del señor diputado Alejandro Rossi. Me refiero al proyecto vinculado con el tema de la evaluación en forma periódica de la idoneidad de los jueces. La verdad es que la mayoría de los que estamos aquí seguramente somos abogados y sabemos perfectamente que hay muchos -no todos, ni siquiera la mayoría, y no importa si fueron designados a propuesta de uno u otro; seguramente la mayoría de nosotros ni siquiera lo sabe- que no están a la altura de la delicada misión que tienen a su cargo. Creo que lo mínimo que podemos pretender los ciudadanos de este país es que los jueces, que no están sometidos a un control popular directo, sepan derecho. Si además son independientes, brillantes, trabajadores y puntuales, tantísimo mejor. Pero la mínima garantía que queremos es que los jueces sepan derecho, como queremos que un médico al que confiamos el cuidado de nuestra salud sepa medicina.
Me parece que esto es algo tan básico y elemental que no puede tomarse como una persecución o forma de presión. Creo que cualquier juez que no supere un examen no podría soportar la vergüenza de reconocer que no sabe derecho y permanecer un solo día más en su cargo. Ni falta que hace instar un proceso de remoción. Seguramente dirán que el desconocimiento del derecho como causal de remoción es algo que ya está previsto en la ley vigente del Consejo de la Magistratura.
El desconocimiento reiterado del derecho, que significó perjudicar a muchos judiciables, es causal de remoción. Hacen falta muchas malas sentencias, varias decisiones incorrectas y gran cantidad de ciudadanos perjudicados por los malos jueces para que se active el proceso de remoción.
Por eso creo que ya sea del modo propuesto o de cualquier otro, y con la integración sugerida o a partir de aquella que incorpore el dictamen de mayoría en caso de que no lleguemos a un consenso, este mecanismo debe ser evaluado. Incluso ahora se me ocurre -la verdad no lo había pensado- que no hace falta comenzar ya con las evaluaciones. Si hay desconfianza respecto de este gobierno, que empiecen a partir del próximo; no hay problema.
Si la idea es diseñar una institución con vocación de permanencia para designar a los titulares de uno de los poderes del Estado, es importante garantizar como mínimo a los argentinos que los jueces saben derecho.
Lo que me parece absolutamente inadmisible desde el punto de vista teórico y filosófico es admitir una mayoría no política en la integración del Consejo de la Magistratura porque esto le quita la legitimación democrática que requieren los jueces. Y no es argumento que los Consejos de la Magistratura de Europa tienen una composición plural y distinta, porque allí los jueces no tienen poder político, simplemente administran justicia y no pueden no aplicar la ley; para eso está el tribunal constitucional.
Entonces, me parece que debemos ser extremadamente cuidadosos y abstraernos de las situaciones de coyuntura.
Aquí a veces se extrema -seguramente influenciado por la coyuntura, por la desconfianza o las circunstancias del juego político-, que cada oficialismo va a pretender manipular la designación de los jueces o el denominado poder de veto.
Tengo aquí un recorte con una declaración del señor presidente del Consejo de la Magistratura en la que dice que nunca vio que se utilizara ese denominado poder de veto, pero que potencialmente existe. Me parece que si vamos a diseñar instituciones porque tenemos la responsabilidad constitucional de hacerlo, en todo caso, porque el constituyente lo delegó -es cierto que por falta de acuerdo- en el Congreso, debemos realizarlo para los tiempos y despojados de las cuestiones vinculadas con la coyuntura. En la provincia a la que pertenezco, Neuquén, que es pequeña y donde la reforma constitucional se llevó a cabo recientemente, hace un par de años, hay un ejemplo en el sentido de que el Consejo de la Magistratura está compuesto por siete miembros: cuatro que son designados en forma proporcional a la Legislatura, dos elegidos por los abogados en forma directa y uno que es un juez del Tribunal Superior de Justicia. En el proyecto original, que era de mi autoría, no estaba previsto un juez del Tribunal Superior de Justicia, sino un profesor regular elegido por concurso. Pero por razones que no vienen al caso fue sustituido por un juez del Tribunal Superior de Justicia.
Lo cierto es que en definitiva quedaron un juez, dos abogados y cuatro representantes populares, de los cuales seguramente ninguno constituye la mayoría. Funciona y se concentra bastante bien en lo que básicamente tiene que hacer, que es seleccionar a los jueces en función del mérito y de la idoneidad.
Entonces, la primera idea que quiero transmitir es en qué marco tenemos que pensar la composición del Consejo de la Magistratura. Me parece que antes que hacerlo como una desconfianza hacia el oficialismo de turno lo debemos realizar procurando evitar que el poder político abdique de su poder en favor de los poderes corporativos para que éstos coopten la designación de los integrantes de un poder del Estado que tiene un poder político. Se trata de un poder político muy importante y contramayoritario que hace posible no ejecutar las decisiones de la mayoría del pueblo expresadas en el Congreso. Entonces, esta es una primera advertencia.
No quiero entrar en demasiados detalles sobre los proyectos, pero deseo hacer especial referencia al que he firmado en una primera instancia con otros señores diputados y que después fue incorporado a la iniciativa del señor diputado Alejandro Rossi. Me refiero al proyecto vinculado con el tema de la evaluación en forma periódica de la idoneidad de los jueces. La verdad es que la mayoría de los que estamos aquí seguramente somos abogados y sabemos perfectamente que hay muchos -no todos, ni siquiera la mayoría, y no importa si fueron designados a propuesta de uno u otro; seguramente la mayoría de nosotros ni siquiera lo sabe- que no están a la altura de la delicada misión que tienen a su cargo. Creo que lo mínimo que podemos pretender los ciudadanos de este país es que los jueces, que no están sometidos a un control popular directo, sepan derecho. Si además son independientes, brillantes, trabajadores y puntuales, tantísimo mejor. Pero la mínima garantía que queremos es que los jueces sepan derecho, como queremos que un médico al que confiamos el cuidado de nuestra salud sepa medicina.
Me parece que esto es algo tan básico y elemental que no puede tomarse como una persecución o forma de presión. Creo que cualquier juez que no supere un examen no podría soportar la vergüenza de reconocer que no sabe derecho y permanecer un solo día más en su cargo. Ni falta que hace instar un proceso de remoción. Seguramente dirán que el desconocimiento del derecho como causal de remoción es algo que ya está previsto en la ley vigente del Consejo de la Magistratura.
El desconocimiento reiterado del derecho, que significó perjudicar a muchos judiciables, es causal de remoción. Hacen falta muchas malas sentencias, varias decisiones incorrectas y gran cantidad de ciudadanos perjudicados por los malos jueces para que se active el proceso de remoción.
Por eso creo que ya sea del modo propuesto o de cualquier otro, y con la integración sugerida o a partir de aquella que incorpore el dictamen de mayoría en caso de que no lleguemos a un consenso, este mecanismo debe ser evaluado. Incluso ahora se me ocurre -la verdad no lo había pensado- que no hace falta comenzar ya con las evaluaciones. Si hay desconfianza respecto de este gobierno, que empiecen a partir del próximo; no hay problema.
Si la idea es diseñar una institución con vocación de permanencia para designar a los titulares de uno de los poderes del Estado, es importante garantizar como mínimo a los argentinos que los jueces saben derecho.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Tiene la palabra el señor diputado Ferrari.
SRA. BULLRICH ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. FERRARI Sí, señora diputada.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada Bullrich.
SRA. BULLRICH Señor presidente: simplemente quiero saber si el tema del examen, al que hizo referencia el señor diputado Prieto, se encuentra en el marco del proyecto que han presentado.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Tiene la palabra el señor diputado Prieto.
SR. PRIETO Señor presidente: el tema se encuentra en el marco del proyecto presentado. Lo estaba en la primera iniciativa y lo está ahora en la que hemos elaborado junto con el señor diputado Alejandro Rossi y otros integrantes del justicialismo.
SRA. BULLRICH El mecanismo del examen, ¿existe en algún lugar? ¿Sabe el señor diputado si funciona en alguna otra parte?
SR. PRIETO La evaluación periódica está prevista en las cláusulas constitucionales de las provincias del Chubut y del Neuquén.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén presentó una impugnación de la cláusula constitucional, la que fue desestimada en primera instancia por la Corte.
Hasta donde yo sé, el mecanismo no está en pleno funcionamiento; pero existe.
El señor diputado Pais me hace una acotación, y si el señor presidente me permite le cedo el uso de la palabra.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén presentó una impugnación de la cláusula constitucional, la que fue desestimada en primera instancia por la Corte.
Hasta donde yo sé, el mecanismo no está en pleno funcionamiento; pero existe.
El señor diputado Pais me hace una acotación, y si el señor presidente me permite le cedo el uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Tiene la palabra el señor diputado Pais.
SR. PAIS Señor presidente: en la provincia del Chubut el mecanismo de evaluación está vigente pero abarca los primeros tres años. El magistrado cuenta con acuerdo, es designado y comienza con el ejercicio de sus funciones, y al término de tres años el Consejo lo evalúa. Su continuidad está condicionada a ese examen de idoneidad.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Ferrari.
SR. FERRARI Señor presidente: creo que a partir de este debate sobre el Consejo de la Magistratura hemos comenzado a analizar algunas cuestiones que, si bien parecen solamente técnicas, tienen un evidente contenido político.
La Constitución Nacional de 1994 intentó fortalecer al Poder Legislativo, limitar al Poder Ejecutivo creando órganos que -de alguna forma- restringen su accionar, y robustecer la independencia del Poder Judicial.
La verdad sea dicha: durante la vigencia de la Constitución Nacional sancionada en 1994, muchos de esos objetivos no se lograron. Anoche pudimos presenciar un intento de saltear al Poder Legislativo.
En estos días, todos nosotros estamos participando de un debate -lo dije en la sesión de ayer cuando hice uso de la palabra- acerca de una forma de gobernar. El Consejo de la Magistratura es parte de ella, ya que ha habido evidencias de utilización de los jueces por parte del gobierno. Es un secreto a voces que durante nuestra campaña electoral hemos debido soportar a un señor juez que sostuvo el Consejo de la Magistratura y defendieron los ministros. Incluso el ex presidente, que competía con nosotros, nos mandaba a declarar ante ese juez con motivo de algunas acusaciones.
Ni bien el juez se retiró de la causa todo, hasta los llamados a indagatoria, fue declarado nulo.
Claro, una utilización evidente de una campaña política absolutamente ilegítima, y un Consejo de la Magistratura que en alguno de sus miembros hizo oídos sordos a una aclamación de un señor que estaba siendo absolutamente cuestionado. Por supuesto, duró la campaña electoral. Lo suficiente, lo que se necesitaba. La gente se dio cuenta; la gente fue mucho más sabia que la utilización de una maniobra política.
Entonces, creemos que es necesario, no para este gobierno sino para cualquiera, establecer límites a la utilización del Consejo de la Magistratura en un sentido de "apriete", diría, para que sea claro y elocuente.
¿Qué es lo que nosotros estamos intentando proponer para contribuir al debate en este aspecto? Tratar de lograr que se recupere una situación de equilibrio. Para ello, desde nuestro sector, el Peronismo Federal, proponemos que la Presidencia esté en manos de la Corte Suprema; que se incorpore además otro juez, y que se incorpore también un académico, de forma tal de cumplir con el plural constitucional, estableciendo también algunos cambios respecto de la representación de los legisladores.
Adherimos a una fórmula que dice: "Puede no ser legislador", es decir, no es obligatorio que sea legislador aquel que represente a los bloques. Y también incorporamos una distribución de las tres primeras minorías por parte de los representantes del Poder Legislativo, en el caso de los diputados y en el de lo senadores, de forma tal de que no existan -como suele ocurrir- en manos del oficialismo, dos de cada una de las Cámaras, más el del Poder Ejecutivo, lo cual hace que haya de movida cinco miembros del oficialismo en una cantidad de 16 miembros, que es la que nosotros estamos postulando.
Conocemos que hay otros proyectos que incorporan otro abogado, aun tratándose de dieciséis miembros, y nosotros creemos que, en realidad, está suficientemente representada nuestra profesión, porque la corporación de abogados no es la única manera de representarla. Es decir, los representantes de la colegiación no son la única manera de representar la multifacética forma en la que se puede expresar nuestra profesión.
Creamos una Oficina de Gestión Judicial, porque nos parece que es necesario también que en manos del Consejo de la Magistratura exista la promoción de la transparencia, el conocimiento estadístico de cuáles son los roles y cómo está funcionando el Poder Judicial, y una Oficina de Modernización que al fin ponga al Poder Judicial a la vanguardia, con toda la tecnología que necesita para gestionar.
También con el propósito de agilizar, nos metemos en los plazos y establecemos una cantidad de plazos perentorios, incluso hasta para el Poder Ejecutivo, que cuenta con un plazo de treinta días y que en el caso de no haber hecho la designación, automáticamente entonces queda designado el primero de la terna, de forma tal que una decisión judicial no esté durmiendo eternamente en manos del Poder Ejecutivo.
También tomamos algunas medidas con la posibilidad de nombrar anticipadamente jueces para juzgados vacantes, de forma tal que la subrogancia no sea otra metodología que se utiliza para tratar de condicionar al Poder Judicial.
Esta mirada que, en última instancia, trata de defender la independencia de la Justicia, es obligada en la actualidad y profundizada porque creemos que ciertamente existe una metodología que mencioné al principio, y que se manifiesta en una evidente evolución que uno puede hoy resumir, y que comenzó con el "partido judicial", que continuó con la utilización de la apertura de sesiones para decir que los jueces tarifaban sus resoluciones, y que además eran sensibles al poder económico; que continuó utilizando la cadena nacional para mencionar relaciones afectivas entre los jueces, y que luego llegó incluso a exigir que se analice la vida privada de los jueces, como si el club o el colegio al que van sus hijos, o las relaciones que tienen fueran determinantes para juzgar la idoneidad judicial.
Esta realidad es aquella que nos lleva a todos a exigir que se reforme el Consejo de la Magistratura y para ello este breve resumen de las propuestas que hacemos para recuperar la independencia del Poder Judicial.
La Constitución Nacional de 1994 intentó fortalecer al Poder Legislativo, limitar al Poder Ejecutivo creando órganos que -de alguna forma- restringen su accionar, y robustecer la independencia del Poder Judicial.
La verdad sea dicha: durante la vigencia de la Constitución Nacional sancionada en 1994, muchos de esos objetivos no se lograron. Anoche pudimos presenciar un intento de saltear al Poder Legislativo.
En estos días, todos nosotros estamos participando de un debate -lo dije en la sesión de ayer cuando hice uso de la palabra- acerca de una forma de gobernar. El Consejo de la Magistratura es parte de ella, ya que ha habido evidencias de utilización de los jueces por parte del gobierno. Es un secreto a voces que durante nuestra campaña electoral hemos debido soportar a un señor juez que sostuvo el Consejo de la Magistratura y defendieron los ministros. Incluso el ex presidente, que competía con nosotros, nos mandaba a declarar ante ese juez con motivo de algunas acusaciones.
Ni bien el juez se retiró de la causa todo, hasta los llamados a indagatoria, fue declarado nulo.
Claro, una utilización evidente de una campaña política absolutamente ilegítima, y un Consejo de la Magistratura que en alguno de sus miembros hizo oídos sordos a una aclamación de un señor que estaba siendo absolutamente cuestionado. Por supuesto, duró la campaña electoral. Lo suficiente, lo que se necesitaba. La gente se dio cuenta; la gente fue mucho más sabia que la utilización de una maniobra política.
Entonces, creemos que es necesario, no para este gobierno sino para cualquiera, establecer límites a la utilización del Consejo de la Magistratura en un sentido de "apriete", diría, para que sea claro y elocuente.
¿Qué es lo que nosotros estamos intentando proponer para contribuir al debate en este aspecto? Tratar de lograr que se recupere una situación de equilibrio. Para ello, desde nuestro sector, el Peronismo Federal, proponemos que la Presidencia esté en manos de la Corte Suprema; que se incorpore además otro juez, y que se incorpore también un académico, de forma tal de cumplir con el plural constitucional, estableciendo también algunos cambios respecto de la representación de los legisladores.
Adherimos a una fórmula que dice: "Puede no ser legislador", es decir, no es obligatorio que sea legislador aquel que represente a los bloques. Y también incorporamos una distribución de las tres primeras minorías por parte de los representantes del Poder Legislativo, en el caso de los diputados y en el de lo senadores, de forma tal de que no existan -como suele ocurrir- en manos del oficialismo, dos de cada una de las Cámaras, más el del Poder Ejecutivo, lo cual hace que haya de movida cinco miembros del oficialismo en una cantidad de 16 miembros, que es la que nosotros estamos postulando.
Conocemos que hay otros proyectos que incorporan otro abogado, aun tratándose de dieciséis miembros, y nosotros creemos que, en realidad, está suficientemente representada nuestra profesión, porque la corporación de abogados no es la única manera de representarla. Es decir, los representantes de la colegiación no son la única manera de representar la multifacética forma en la que se puede expresar nuestra profesión.
Creamos una Oficina de Gestión Judicial, porque nos parece que es necesario también que en manos del Consejo de la Magistratura exista la promoción de la transparencia, el conocimiento estadístico de cuáles son los roles y cómo está funcionando el Poder Judicial, y una Oficina de Modernización que al fin ponga al Poder Judicial a la vanguardia, con toda la tecnología que necesita para gestionar.
También con el propósito de agilizar, nos metemos en los plazos y establecemos una cantidad de plazos perentorios, incluso hasta para el Poder Ejecutivo, que cuenta con un plazo de treinta días y que en el caso de no haber hecho la designación, automáticamente entonces queda designado el primero de la terna, de forma tal que una decisión judicial no esté durmiendo eternamente en manos del Poder Ejecutivo.
También tomamos algunas medidas con la posibilidad de nombrar anticipadamente jueces para juzgados vacantes, de forma tal que la subrogancia no sea otra metodología que se utiliza para tratar de condicionar al Poder Judicial.
Esta mirada que, en última instancia, trata de defender la independencia de la Justicia, es obligada en la actualidad y profundizada porque creemos que ciertamente existe una metodología que mencioné al principio, y que se manifiesta en una evidente evolución que uno puede hoy resumir, y que comenzó con el "partido judicial", que continuó con la utilización de la apertura de sesiones para decir que los jueces tarifaban sus resoluciones, y que además eran sensibles al poder económico; que continuó utilizando la cadena nacional para mencionar relaciones afectivas entre los jueces, y que luego llegó incluso a exigir que se analice la vida privada de los jueces, como si el club o el colegio al que van sus hijos, o las relaciones que tienen fueran determinantes para juzgar la idoneidad judicial.
Esta realidad es aquella que nos lleva a todos a exigir que se reforme el Consejo de la Magistratura y para ello este breve resumen de las propuestas que hacemos para recuperar la independencia del Poder Judicial.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Tiene la palabra el diputado Yoma.
SR. YOMA Señor presidente: creo que este es un buen debate acerca de un tema que, obviamente, ha generado interés, por lo menos entre los legisladores. No estoy seguro de que la sociedad siga con mucho interés este tema del Consejo de la Magistratura, pero sí ha suscitado interés en el Congreso.
Primero quiero afectuosamente plantear una cuestión a los colegas. Veo que hay colegas que viven en un reality permanente. Hay una película con Robert de Niro llamada Showtime, donde hay una cámara que va filmando todo lo que dicen, lo que hacen. Entonces, acá parece que vienen de "A dos voces", pasan por "Desde el llano", y siguen con el mismo discurso en el programa de Majul, y luego vuelven acá y continúan con el reality.
Esta es una reunión donde no hace falta hacer ese discurso. Estamos tratando de evaluar cuál es la mejor organización legislativa que se le puede dar al Consejo de la Magistratura, una institución que -como bien se dijo acá- es bastante difícil. Fue difícil incorporarla a la Constitución. Lo sabe el doctor Gil Lavedra, porque es un organismo que tenía autonomía pero a su vez había que introducirlo dentro del Poder Judicial. Entonces, es un híbrido institucional dentro del diseño que había que esforzarse por introducirlo, que había sido una propuesta del radicalismo en el Núcleo de Coincidencias Básicas. Creo que se le dio la mejor forma constitucional posible y luego se dejó librado a este Parlamento todo lo que haga a la composición, funciones, etcétera.
Creo que muchas veces se parte y seguimos debatiendo sobre premisas falsas. Una de ellas es el famoso poder de bloqueo. Ya lo dijeron muy bien las estadísticas que trajo el ministro de Justicia. Aquí no hubo una sola votación en el Consejo de la Magistratura donde se haya ejercido ese famoso poder de bloqueo. No existe.
Como senador, he formado parte de la anterior composición del Consejo de la Magistratura durante seis años, y no hubo un solo hecho en el cual se haya dado ese famoso poder de bloqueo.
Creo que se avanzó mucho con la nueva ley de organización, si bien es cierto que yo no formé parte del Senado o de Diputados cuando se sancionó la ley, pero sí participé en el debate en comisión. Y ahí pude acceder e inclusive aportar estadísticas del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y realmente creo que funcionaba bien con la anterior composición y ahora también funciona bien.
Está muy bien que sigamos haciendo discursos con Bonelli, con Majul. Ahora bien, cuando se trate de legislar debemos basarnos en datos reales. Las estadísticas dicen que el Consejo de la Magistratura funciona bien. Puede tener algún tipo de fallas; quizás es engorroso el trámite de los concursos, pero a través de las facultades reglamentarias que tiene el propio Consejo se puede mejorar. De hecho ahora se ha puesto en marcha la oralidad en los concursos, algo que no estoy muy seguro que sea eficaz porque, por un lado le puede dar otra dinámica pero, por otra parte, le quita el anonimato del concursante y se puede prestar a algún tipo de situación poco transparente.
Creo que el hecho de que sea escrito garantiza el anonimato, con lo cual ocurre lo propio en cuanto a algún nivel de transparencia en el tema. Pero creo que se está por implementar ahora, si ya no se lo he hecho.
Hay reformas en lo que se refiere a la Escuela Judicial, que son importantes. También se puede tomar la del propio Consejo de la Magistratura sin necesidad de introducirla en la ley. No obstante, en las facultades reglamentarias del organismo se puede mejorar todo lo vinculado con la Escuela Judicial.
El examen periódico que propone el señor diputado Alejandro Rossi no es nada raro en el derecho público provincial; no es algo que venga a contramano ni que atente contra la estabilidad de los jueces. En la Constitución de la Rioja de 1933, de Joaquín V. González, que recién fue modificada en 1986, había un instituto que era el noviciado, por el cual los jueces duraban un año en su cargo y no tenían estabilidad. Luego de transcurrido un año se les tomaba un examen y recién después adquirían estabilidad. Esto estaba contemplado en la Constitución de La Rioja de 1933, mal modificada en ese aspecto en 1986. Creo que era un buen instituto porque daba garantías en el sentido de que el juez adquiría estabilidad cuando se verificaba su desempeño en el juzgado. Me parece que algunas constituciones provinciales prevén sistemas similares al noviciado.
Por lo tanto, considero que la propuesta del señor diputado Alejandro Rossi es buena. Puede ser en el marco de la Escuela Judicial. Esto no es en contra de los jueces; por el contrario, es algo que contribuye a mejorar su calidad, lo que de hecho ha ocurrido. Una cosa era cuando la designación y remoción de los magistrados eran patrimonio exclusivo del poder político y otra cosa es ahora, cuando hay una garantía de idoneidad a partir de que los jueces que son elegidos luego de un concurso con la selección de ternas, de la audiencia pública que se celebra en el Senado y del acuerdo que presta ese cuerpo. Esa garantía puede fallar en algún caso, pero estamos seguros de que los jueces que salen son idóneos. No va a ocurrir lo que pasó en algún momento, cuando se mandó el pliego de algún juez que no era abogado. Hasta se dio ese tipo de situación. Consecuentemente, creo que tanto el mecanismo de selección de los jueces como el de su remoción han mejorado sensiblemente.
Me parece que no debemos ser tan duros con nosotros mismos, es decir, con este Parlamento, con la Constitución reformada en 1994, con los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura y con la política de este último organismo. Creo que la política en el Consejo de la Magistratura ha sido bastante racional. De hecho, los políticos nunca votan juntos, es decir, corporativamente; es el único sector representado en el Consejo de la Magistratura que no vota de esa forma. Lo sé por experiencia, ya que he estado seis años en el Consejo de la Magistratura.
Lo que sí ocurre, por ejemplo, es que en general los jueces nunca votan la apertura de la destitución de un colega; salvo alguna excepción muy rara, siempre está el voto negativo a abrir el proceso de destitución de un colega por parte de los jueces. Los abogados también suelen votar de manera conjunta. Los únicos que no votamos en forma corporativa somos los políticos. Esto se da en todas las votaciones, tanto en las referidas a procesos de selección como de destitución.
No estoy para nada de acuerdo con el hecho de que los legisladores estén representados por abogados. Los legisladores vamos al Consejo de la Magistratura en nuestra condición de tales. Mandar asesores del Congreso es mandar más abogados.
Es quitar la esencia de la representación legislativa. Hasta creo que es inconstitucional, porque lo que prevé la Constitución Nacional es que seamos los legisladores los directamente involucrados; no dispone que mandemos a nuestros asesores a ejercer una tarea tan compleja y de tanta responsabilidad como es la selección y remoción de los magistrados.
Acompañaré las modificaciones que mi bloque considere que son positivas; si existe la posibilidad de que entre todos los sectores emitamos un dictamen en forma conjunta, mucho mejor. Aunque personalmente creo que no hace falta introducir cambios en la ley de Consejo de la Magistratura, pienso que sería sano y saludable que un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vuelva a presidirlo. No necesariamente tiene que ser el presidente del máximo tribunal; basta con que sea uno de sus miembros. De esa manera, podría evitarse el conflicto que puede generarse entre la cabeza del poder y un organismo que lo integra.
Esta es la única modificación que introduciría a la ley vigente. De todas maneras, acompañaré el dictamen que promueva mi bloque. Como dije antes, si podemos llegar a un despacho consensuado, mucho mejor. A propósito de ello, pido a la Presidencia que se hagan todos los esfuerzos para llegar a un dictamen común.
Primero quiero afectuosamente plantear una cuestión a los colegas. Veo que hay colegas que viven en un reality permanente. Hay una película con Robert de Niro llamada Showtime, donde hay una cámara que va filmando todo lo que dicen, lo que hacen. Entonces, acá parece que vienen de "A dos voces", pasan por "Desde el llano", y siguen con el mismo discurso en el programa de Majul, y luego vuelven acá y continúan con el reality.
Esta es una reunión donde no hace falta hacer ese discurso. Estamos tratando de evaluar cuál es la mejor organización legislativa que se le puede dar al Consejo de la Magistratura, una institución que -como bien se dijo acá- es bastante difícil. Fue difícil incorporarla a la Constitución. Lo sabe el doctor Gil Lavedra, porque es un organismo que tenía autonomía pero a su vez había que introducirlo dentro del Poder Judicial. Entonces, es un híbrido institucional dentro del diseño que había que esforzarse por introducirlo, que había sido una propuesta del radicalismo en el Núcleo de Coincidencias Básicas. Creo que se le dio la mejor forma constitucional posible y luego se dejó librado a este Parlamento todo lo que haga a la composición, funciones, etcétera.
Creo que muchas veces se parte y seguimos debatiendo sobre premisas falsas. Una de ellas es el famoso poder de bloqueo. Ya lo dijeron muy bien las estadísticas que trajo el ministro de Justicia. Aquí no hubo una sola votación en el Consejo de la Magistratura donde se haya ejercido ese famoso poder de bloqueo. No existe.
Como senador, he formado parte de la anterior composición del Consejo de la Magistratura durante seis años, y no hubo un solo hecho en el cual se haya dado ese famoso poder de bloqueo.
Creo que se avanzó mucho con la nueva ley de organización, si bien es cierto que yo no formé parte del Senado o de Diputados cuando se sancionó la ley, pero sí participé en el debate en comisión. Y ahí pude acceder e inclusive aportar estadísticas del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y realmente creo que funcionaba bien con la anterior composición y ahora también funciona bien.
Está muy bien que sigamos haciendo discursos con Bonelli, con Majul. Ahora bien, cuando se trate de legislar debemos basarnos en datos reales. Las estadísticas dicen que el Consejo de la Magistratura funciona bien. Puede tener algún tipo de fallas; quizás es engorroso el trámite de los concursos, pero a través de las facultades reglamentarias que tiene el propio Consejo se puede mejorar. De hecho ahora se ha puesto en marcha la oralidad en los concursos, algo que no estoy muy seguro que sea eficaz porque, por un lado le puede dar otra dinámica pero, por otra parte, le quita el anonimato del concursante y se puede prestar a algún tipo de situación poco transparente.
Creo que el hecho de que sea escrito garantiza el anonimato, con lo cual ocurre lo propio en cuanto a algún nivel de transparencia en el tema. Pero creo que se está por implementar ahora, si ya no se lo he hecho.
Hay reformas en lo que se refiere a la Escuela Judicial, que son importantes. También se puede tomar la del propio Consejo de la Magistratura sin necesidad de introducirla en la ley. No obstante, en las facultades reglamentarias del organismo se puede mejorar todo lo vinculado con la Escuela Judicial.
El examen periódico que propone el señor diputado Alejandro Rossi no es nada raro en el derecho público provincial; no es algo que venga a contramano ni que atente contra la estabilidad de los jueces. En la Constitución de la Rioja de 1933, de Joaquín V. González, que recién fue modificada en 1986, había un instituto que era el noviciado, por el cual los jueces duraban un año en su cargo y no tenían estabilidad. Luego de transcurrido un año se les tomaba un examen y recién después adquirían estabilidad. Esto estaba contemplado en la Constitución de La Rioja de 1933, mal modificada en ese aspecto en 1986. Creo que era un buen instituto porque daba garantías en el sentido de que el juez adquiría estabilidad cuando se verificaba su desempeño en el juzgado. Me parece que algunas constituciones provinciales prevén sistemas similares al noviciado.
Por lo tanto, considero que la propuesta del señor diputado Alejandro Rossi es buena. Puede ser en el marco de la Escuela Judicial. Esto no es en contra de los jueces; por el contrario, es algo que contribuye a mejorar su calidad, lo que de hecho ha ocurrido. Una cosa era cuando la designación y remoción de los magistrados eran patrimonio exclusivo del poder político y otra cosa es ahora, cuando hay una garantía de idoneidad a partir de que los jueces que son elegidos luego de un concurso con la selección de ternas, de la audiencia pública que se celebra en el Senado y del acuerdo que presta ese cuerpo. Esa garantía puede fallar en algún caso, pero estamos seguros de que los jueces que salen son idóneos. No va a ocurrir lo que pasó en algún momento, cuando se mandó el pliego de algún juez que no era abogado. Hasta se dio ese tipo de situación. Consecuentemente, creo que tanto el mecanismo de selección de los jueces como el de su remoción han mejorado sensiblemente.
Me parece que no debemos ser tan duros con nosotros mismos, es decir, con este Parlamento, con la Constitución reformada en 1994, con los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura y con la política de este último organismo. Creo que la política en el Consejo de la Magistratura ha sido bastante racional. De hecho, los políticos nunca votan juntos, es decir, corporativamente; es el único sector representado en el Consejo de la Magistratura que no vota de esa forma. Lo sé por experiencia, ya que he estado seis años en el Consejo de la Magistratura.
Lo que sí ocurre, por ejemplo, es que en general los jueces nunca votan la apertura de la destitución de un colega; salvo alguna excepción muy rara, siempre está el voto negativo a abrir el proceso de destitución de un colega por parte de los jueces. Los abogados también suelen votar de manera conjunta. Los únicos que no votamos en forma corporativa somos los políticos. Esto se da en todas las votaciones, tanto en las referidas a procesos de selección como de destitución.
No estoy para nada de acuerdo con el hecho de que los legisladores estén representados por abogados. Los legisladores vamos al Consejo de la Magistratura en nuestra condición de tales. Mandar asesores del Congreso es mandar más abogados.
Es quitar la esencia de la representación legislativa. Hasta creo que es inconstitucional, porque lo que prevé la Constitución Nacional es que seamos los legisladores los directamente involucrados; no dispone que mandemos a nuestros asesores a ejercer una tarea tan compleja y de tanta responsabilidad como es la selección y remoción de los magistrados.
Acompañaré las modificaciones que mi bloque considere que son positivas; si existe la posibilidad de que entre todos los sectores emitamos un dictamen en forma conjunta, mucho mejor. Aunque personalmente creo que no hace falta introducir cambios en la ley de Consejo de la Magistratura, pienso que sería sano y saludable que un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vuelva a presidirlo. No necesariamente tiene que ser el presidente del máximo tribunal; basta con que sea uno de sus miembros. De esa manera, podría evitarse el conflicto que puede generarse entre la cabeza del poder y un organismo que lo integra.
Esta es la única modificación que introduciría a la ley vigente. De todas maneras, acompañaré el dictamen que promueva mi bloque. Como dije antes, si podemos llegar a un despacho consensuado, mucho mejor. A propósito de ello, pido a la Presidencia que se hagan todos los esfuerzos para llegar a un dictamen común.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA La Presidencia cumple en comunicar a los señores diputados que toda la documentación que ha llegado a la comisión se está distribuyendo. Se han sacado cerca de veinte mil fotocopias; si bien las estadísticas y otros documentos aportados están disponibles en la página web, el material está siendo girado a cada comisión para que los legisladores puedan contar con la información correspondiente.
Tiene la palabra el señor diputado Tunessi.
Tiene la palabra el señor diputado Tunessi.
SR. TUNESSI Señor presidente: hoy me tocó, de alguna manera, repasar los aportes realizados a la comisión.
Quisiera coincidir en muchos de los aspectos a los que acaba de referirse el señor diputado Yoma, pero advierto que seguimos teniendo un punto de discrepancia. De todas maneras, ello no significa que no podamos consensuar una reforma a la ley.
Pienso que las estadísticas mostradas por el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en su visita a la comisión, y las argumentaciones que legítimamente y con gran experiencia han realizado los legisladores que integran el Consejo de la Magistratura para referirse al predominio del oficialismo o a una mayoría que no se ejercita, constituyen un mito.
A fin de que de una vez por todas aclaremos la cuestión, en realidad sería un ejercicio razonado y prudente de esa mayoría que dicha situación no condicione los términos de la negociación en el Consejo de la Magistratura. Está absolutamente claro que la negociación entre los distintos sectores será de una manera si siempre existe la posibilidad de que para la remoción o la designación de un magistrado haga falta el voto de un miembro del oficialismo, y de otra si esa condición no existe.
Quisiera coincidir en muchos de los aspectos a los que acaba de referirse el señor diputado Yoma, pero advierto que seguimos teniendo un punto de discrepancia. De todas maneras, ello no significa que no podamos consensuar una reforma a la ley.
Pienso que las estadísticas mostradas por el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en su visita a la comisión, y las argumentaciones que legítimamente y con gran experiencia han realizado los legisladores que integran el Consejo de la Magistratura para referirse al predominio del oficialismo o a una mayoría que no se ejercita, constituyen un mito.
A fin de que de una vez por todas aclaremos la cuestión, en realidad sería un ejercicio razonado y prudente de esa mayoría que dicha situación no condicione los términos de la negociación en el Consejo de la Magistratura. Está absolutamente claro que la negociación entre los distintos sectores será de una manera si siempre existe la posibilidad de que para la remoción o la designación de un magistrado haga falta el voto de un miembro del oficialismo, y de otra si esa condición no existe.
SRA. CONTI ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. TUNESSI Con mucho gusto, señora diputada.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada Conti.
SRA. CONTI Señor presidente: me gustaría saber con qué voto del oficialismo se acusó al doctor Faggionato Márquez. ¿Dónde está la necesidad de nuestro voto? Los consejeros que decidieron acusar al doctor Faggionato Márquez a partir de la causa por la que fue removido, son los mismos que podrían haber acusado a otros jueces sin participación alguna del oficialismo. Sin embargo, no lo hicieron.
No es verdad lo que dice el señor diputado Tunessi. Puedo jurarlo por mis hijos; es mentira. Aparte, es absolutamente circunstancial que haya cinco oficialistas. De hecho, si cuando en el año 2011 asuma un nuevo gobierno no cambia la mayoría parlamentaria -como puede ocurrir-, aquella mayoría no existirá más. Es decir, se transformará.
Además de los trece consejeros, porque acá se habla con facilidad de muchas cosas, pero los que son jurados, los que toman los exámenes, no somos los consejeros sino que son jurados, que son jueces o académicos; mayoritariamente jueces, porque los jueces ejercen la docencia. Entonces, las designaciones vienen por el lado de los jueces o vienen por el lado de lo académico, con lo cual en la actividad global y total del producto final del Consejo de la Magistratura, ya sea en una terna seleccionada o en un proceso de remoción -incluso con la participación de la Escuela Judicial, cuyo Consejo Consultivo está presidido por el ministro de la Corte Maqueda-, hay una interactuación muy fuerte con la Corte.
Además, en esta nueva conformación -yo estuve en las dos- la Corte actúa respecto de resoluciones del Consejo de la Magistratura. Uno sanciona a un juez, va a la Corte, y si a ésta no le gusta, revoca nuestra sanción. No sé qué va a hacer la Corte cuando integre el Consejo; no podría actuar.
Entonces, el producto final del Consejo de la Magistratura es una articulación y un juego que se produce a través de lo último, que es el voto de trece miembros, pero con procesos previos de importantes actores que inciden en las decisiones. Y en los expedientes de lo que sea se dejan pruebas escritas de las cuales no nos podemos sustraer. Entonces, no se puede seguir afirmando un mito, porque no es verdad. Servirá en las cámaras, pero no es verdad.
No es verdad lo que dice el señor diputado Tunessi. Puedo jurarlo por mis hijos; es mentira. Aparte, es absolutamente circunstancial que haya cinco oficialistas. De hecho, si cuando en el año 2011 asuma un nuevo gobierno no cambia la mayoría parlamentaria -como puede ocurrir-, aquella mayoría no existirá más. Es decir, se transformará.
Además de los trece consejeros, porque acá se habla con facilidad de muchas cosas, pero los que son jurados, los que toman los exámenes, no somos los consejeros sino que son jurados, que son jueces o académicos; mayoritariamente jueces, porque los jueces ejercen la docencia. Entonces, las designaciones vienen por el lado de los jueces o vienen por el lado de lo académico, con lo cual en la actividad global y total del producto final del Consejo de la Magistratura, ya sea en una terna seleccionada o en un proceso de remoción -incluso con la participación de la Escuela Judicial, cuyo Consejo Consultivo está presidido por el ministro de la Corte Maqueda-, hay una interactuación muy fuerte con la Corte.
Además, en esta nueva conformación -yo estuve en las dos- la Corte actúa respecto de resoluciones del Consejo de la Magistratura. Uno sanciona a un juez, va a la Corte, y si a ésta no le gusta, revoca nuestra sanción. No sé qué va a hacer la Corte cuando integre el Consejo; no podría actuar.
Entonces, el producto final del Consejo de la Magistratura es una articulación y un juego que se produce a través de lo último, que es el voto de trece miembros, pero con procesos previos de importantes actores que inciden en las decisiones. Y en los expedientes de lo que sea se dejan pruebas escritas de las cuales no nos podemos sustraer. Entonces, no se puede seguir afirmando un mito, porque no es verdad. Servirá en las cámaras, pero no es verdad.
SR. LANCETA ¿Me permite una interrupción, señor diputado Tunessi, con el permiso de la Presidencia?
SR. TUNESSI Ya termino.
De ninguna manera voy a contradecir lo que acabo de escuchar respecto del caso Faggionato Márquez porque no lo conozco. Sé lo que ha trascendido por los medios y conozco los sostenidos esfuerzos en el tiempo por evitar la acusación del juez, que después finalmente prosperó. No sé cuáles fueron los motivos por los que prosperó. Probablemente el diputado Lanceta, que integró el Jurado de Enjuiciamiento, lo pueda explicar mejor que yo, así que no voy a discutir con la diputada Conti algo que no conozco.
Tampoco voy a aceptar que diga que no es verdad una apreciación que he recogido de serenas evaluaciones y análisis que hemos hecho, conversando también con otros integrantes del Consejo de la Magistratura y que hemos escuchado de boca de distintos sectores: legisladores, políticos, jueces, abogados, académicos, etcétera. El perfil de la negociación que se genera en el ámbito del Consejo de la Magistratura es distinto si existe o no la posibilidad de utilizar esa mayoría. Siempre pende de una espada de Damocles.
Dicho sea de paso, no quiero hacer una cuestión personalizada. Hay que parar un poco con esta situación persecutoria de creer que cualquier crítica se formula a este gobierno en particular. Nosotros estamos legislando para el futuro y creemos que la última reforma, al modificar el equilibrio en el Consejo de la Magistratura no es buena para mantener la independencia del Poder Judicial, ni es saludable para este o futuros gobiernos. No estamos hablando de este gobierno sino de una institución para cualquier gobierno que tenga la tentación de ejercer esa posibilidad.
Por último, creo que nosotros podríamos acceder a discutir algunas formas en cuanto al perfil de los jueces y la formación y capacitación en el Consejo de la Magistratura. Lo que no podemos es contrariar al artículo 110 de la Constitución ni podemos establecer requisitos y condiciones que no están constitucionalmente establecidos, como exámenes eliminatorios que puedan, de alguna manera, contrariar el espíritu de la Constitución.
No estamos de acuerdo con eso, y además hay experiencias comparadas recogidas largamente, que indican que eso no ha funcionado y que trae como consecuencia una regimentación de los poderes judiciales, en función de esa facultad de evaluar, que funciona no como tal sino como la facultad de desplazar o remover funcionarios.
Sí creemos que podríamos introducir en esta reforma alguna cláusula que haga que los funcionarios tengan que actualizarse y formarse periódicamente, y aprobar determinadas evaluaciones de capacitación que tengan que ver con el perfil de la formación de los jueces. Creo que debiera ser obligatoria la asistencia a la Escuela Judicial y la formación periódica anual de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial, acercando de alguna manera posiciones con lo que ha planteado el oficialismo, dejando a salvo que no coincidimos con la idea del examen eliminatorio.
De ninguna manera voy a contradecir lo que acabo de escuchar respecto del caso Faggionato Márquez porque no lo conozco. Sé lo que ha trascendido por los medios y conozco los sostenidos esfuerzos en el tiempo por evitar la acusación del juez, que después finalmente prosperó. No sé cuáles fueron los motivos por los que prosperó. Probablemente el diputado Lanceta, que integró el Jurado de Enjuiciamiento, lo pueda explicar mejor que yo, así que no voy a discutir con la diputada Conti algo que no conozco.
Tampoco voy a aceptar que diga que no es verdad una apreciación que he recogido de serenas evaluaciones y análisis que hemos hecho, conversando también con otros integrantes del Consejo de la Magistratura y que hemos escuchado de boca de distintos sectores: legisladores, políticos, jueces, abogados, académicos, etcétera. El perfil de la negociación que se genera en el ámbito del Consejo de la Magistratura es distinto si existe o no la posibilidad de utilizar esa mayoría. Siempre pende de una espada de Damocles.
Dicho sea de paso, no quiero hacer una cuestión personalizada. Hay que parar un poco con esta situación persecutoria de creer que cualquier crítica se formula a este gobierno en particular. Nosotros estamos legislando para el futuro y creemos que la última reforma, al modificar el equilibrio en el Consejo de la Magistratura no es buena para mantener la independencia del Poder Judicial, ni es saludable para este o futuros gobiernos. No estamos hablando de este gobierno sino de una institución para cualquier gobierno que tenga la tentación de ejercer esa posibilidad.
Por último, creo que nosotros podríamos acceder a discutir algunas formas en cuanto al perfil de los jueces y la formación y capacitación en el Consejo de la Magistratura. Lo que no podemos es contrariar al artículo 110 de la Constitución ni podemos establecer requisitos y condiciones que no están constitucionalmente establecidos, como exámenes eliminatorios que puedan, de alguna manera, contrariar el espíritu de la Constitución.
No estamos de acuerdo con eso, y además hay experiencias comparadas recogidas largamente, que indican que eso no ha funcionado y que trae como consecuencia una regimentación de los poderes judiciales, en función de esa facultad de evaluar, que funciona no como tal sino como la facultad de desplazar o remover funcionarios.
Sí creemos que podríamos introducir en esta reforma alguna cláusula que haga que los funcionarios tengan que actualizarse y formarse periódicamente, y aprobar determinadas evaluaciones de capacitación que tengan que ver con el perfil de la formación de los jueces. Creo que debiera ser obligatoria la asistencia a la Escuela Judicial y la formación periódica anual de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial, acercando de alguna manera posiciones con lo que ha planteado el oficialismo, dejando a salvo que no coincidimos con la idea del examen eliminatorio.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Tiene la palabra la diputada Bertol pero el diputado Lanceta había solicitado una interrupción. ¿Se la concede, diputada?
SRA. BERTOL Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lanceta.
SR. LANCETA Lamento que no esté la diputada Conti en este instante en el recinto, pero debo decir que al hablar del proceso sancionatorio al juez Faggionato Márquez -hoy destituido por el Jurado de Enjuiciamiento-, faltó a la verdad. Ella, en su condición de presidenta de la Comisión de Acusación, con su doble voto en primera instancia lo salvó o pretendió salvarlo de ir al Jurado. Oh casualidad!, que el día que el pleno trataba el dictamen que con su doble voto indicaba que no debía ser juzgado, faltaron los cinco representantes del oficialismo, que de haber estado y haber tomado la decisión política, hoy Fagginato Márquez, uno de los emblemáticos peores jueces de la República que se haya conocido, estaría en ejercicio de la judicatura.
Alguna razón hubo por la cual el oficialismo le soltó la mano; no me importa cuál fue. Pero está claro que esa composición, con esos miembros, significa un poder de veto absoluto para llevar a los jueces a la situación en que tienen que estar cuando deban ser sometidos a un Jurado de Enjuiciamiento.
Por otra parte digo que, como si fuera poco, nadie se ocupó este tiempo -excepto la oposición- de la cuestión del Consejo de la Magistratura y, oh casualidad!, ahora aparecen declaraciones con bravuconadas, apretando a los jueces, de la propia Presidencia de la Nación, desde algunos colegas, desde la presentación -que no comparto pero es opinable- del diputado Rossi, que quiere que cada cuatro años se someta a examen a los jueces, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Todo esto muestra una intención del Poder Ejecutivo de llevar permanentemente a que sobre los jueces penda una espada de Damocles, que su estabilidad constitucionalmente establecida, en realidad no sea tal o por lo menos sea lábil.
Alguna razón hubo por la cual el oficialismo le soltó la mano; no me importa cuál fue. Pero está claro que esa composición, con esos miembros, significa un poder de veto absoluto para llevar a los jueces a la situación en que tienen que estar cuando deban ser sometidos a un Jurado de Enjuiciamiento.
Por otra parte digo que, como si fuera poco, nadie se ocupó este tiempo -excepto la oposición- de la cuestión del Consejo de la Magistratura y, oh casualidad!, ahora aparecen declaraciones con bravuconadas, apretando a los jueces, de la propia Presidencia de la Nación, desde algunos colegas, desde la presentación -que no comparto pero es opinable- del diputado Rossi, que quiere que cada cuatro años se someta a examen a los jueces, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Todo esto muestra una intención del Poder Ejecutivo de llevar permanentemente a que sobre los jueces penda una espada de Damocles, que su estabilidad constitucionalmente establecida, en realidad no sea tal o por lo menos sea lábil.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Tiene la palabra la diputada Bertol.
SRA. BERTOL Sin duda estamos tratando el tema del Consejo de la Magistratura porque creo que todos coincidimos en que no está funcionando como corresponde. No es clara su gestión, y de hecho hemos presentado proyectos desde todos los sectores.
Por este motivo y para no repetirme, sólo quiero hacer referencia a algunos puntos del proyecto que presentara en marzo de 2009 y resaltar lo que me parece importante para tener en cuenta al momento del dictamen, que es la incompatibilidad de los funcionarios y empleados del Consejo de la Magistratura para presentarse en las vacantes.
También nosotros proponemos en este proyecto la Presidencia de la Corte para presidir el Consejo, pero me parece que eso es revisable y otro de los miembros de la Corte puede también tener a cargo la Presidencia del Consejo.
En cuanto al tema que incorpora Rossi, que ha dicho públicamente que es un artículo que ha sido extraído textualmente del proyecto que presenté en marzo de 2009, nosotros también queremos mejorar el vínculo del Consejo con el Poder Legislativo, como lo mencionaba la diputada Alonso, posibilitando al Consejo emitir opinión no vinculante sobre los proyectos de ley referidos a la constitución, organización y funcionamiento de la Justicia y normas de procedimiento remitidos en consulta por el Poder Ejecutivo, como así también remitir anualmente al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo un informe sobre el estado de administración de la justicia, proponiendo ellos las medidas que crean necesarias para mejorar lo que a la Justicia respecta.
Por último quiero destacar la presencia del doctor Quiroga Lavié, quien a partir de su experiencia propuso incorporar al Consejo de la Magistratura los temas de calidad de gestión. El nos dejó un proyecto en el que textualmente dice que deberían aplicarse al Consejo de la Magistratura las tecnologías de gestión judicial, que deberán ser certificadas por entidades de control externas al Poder Judicial de la Nación.
Estamos convencidos de que estos sistemas mejoran la calidad institucional, por lo que consideramos que a la hora de emitir dictamen deberíamos incorporar las sugerencias del doctor Quiroga Lavié.
Por este motivo y para no repetirme, sólo quiero hacer referencia a algunos puntos del proyecto que presentara en marzo de 2009 y resaltar lo que me parece importante para tener en cuenta al momento del dictamen, que es la incompatibilidad de los funcionarios y empleados del Consejo de la Magistratura para presentarse en las vacantes.
También nosotros proponemos en este proyecto la Presidencia de la Corte para presidir el Consejo, pero me parece que eso es revisable y otro de los miembros de la Corte puede también tener a cargo la Presidencia del Consejo.
En cuanto al tema que incorpora Rossi, que ha dicho públicamente que es un artículo que ha sido extraído textualmente del proyecto que presenté en marzo de 2009, nosotros también queremos mejorar el vínculo del Consejo con el Poder Legislativo, como lo mencionaba la diputada Alonso, posibilitando al Consejo emitir opinión no vinculante sobre los proyectos de ley referidos a la constitución, organización y funcionamiento de la Justicia y normas de procedimiento remitidos en consulta por el Poder Ejecutivo, como así también remitir anualmente al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo un informe sobre el estado de administración de la justicia, proponiendo ellos las medidas que crean necesarias para mejorar lo que a la Justicia respecta.
Por último quiero destacar la presencia del doctor Quiroga Lavié, quien a partir de su experiencia propuso incorporar al Consejo de la Magistratura los temas de calidad de gestión. El nos dejó un proyecto en el que textualmente dice que deberían aplicarse al Consejo de la Magistratura las tecnologías de gestión judicial, que deberán ser certificadas por entidades de control externas al Poder Judicial de la Nación.
Estamos convencidos de que estos sistemas mejoran la calidad institucional, por lo que consideramos que a la hora de emitir dictamen deberíamos incorporar las sugerencias del doctor Quiroga Lavié.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Se ha agotado la lista de oradores. Vamos a ver si se puede arribar a algún tipo de consenso que permita lograr la firma de un dictamen, o bien, de dos, si hay apreciaciones o puntos de vista distintos. De lo contrario, vamos a seguir debatiendo a fin de poder lograr un acuerdo.
SR. LANCETA Pido la palabra.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Tiene la palabra el señor diputado Lanceta.
SR. LANCETA Señor presidente: hay un proyecto que hemos presentado en el día de ayer y que por razones de tiempo no ha podido llegar a esta comisión. La iniciativa no difiere, en lo sustancial, de otros proyectos que se han presentado; inclusive contiene parte de los consensos a los que habíamos arribado en reuniones anteriores. Pero ponemos el acento en algo que no sé si he visto o se me ha pasado si está en el jurado de enjuiciamiento, donde trabajamos sobre la base de un jurado de dos años, venciendo los plazos en el mes de diciembre.
El tema es sencillo y práctico. Como sabemos, actualmente el jurado cesa en sus funciones cada seis meses. Lo que ocurre es que a veces en ese tiempo los jurados no tienen un jury y, consecuentemente, dejan su lugar. También puede ocurrir, como me ha pasado, que llega un jury para juzgar a un magistrado, lo que constituye toda una tarea de aprendizaje porque el jurado tiene que hacer un juicio político. Este último es algo que a veces los abogados tenemos tendencia a asimilar a una suerte de proceso penal, cuando en realidad no estamos juzgando conductas, sino comportamientos de magistrados. Es todo un aprendizaje, inclusive por parte de los cuadros técnicos que acompañan a los jurados.
De manera tal que parecería un desperdicio que en seis meses, cuando empiezan a adquirir alguna experiencia, deban dejar su lugar para que un nuevo grupo de jurado lo pueda integrar.
Por lo expuesto, simplemente quiero plantear esto, es decir, que sean por dos años en lugar de seis meses. Lo hago a fin de abordar un tema que no tratamos habitualmente en relación con lo que propiamente es el Consejo de la Magistratura.
El tema es sencillo y práctico. Como sabemos, actualmente el jurado cesa en sus funciones cada seis meses. Lo que ocurre es que a veces en ese tiempo los jurados no tienen un jury y, consecuentemente, dejan su lugar. También puede ocurrir, como me ha pasado, que llega un jury para juzgar a un magistrado, lo que constituye toda una tarea de aprendizaje porque el jurado tiene que hacer un juicio político. Este último es algo que a veces los abogados tenemos tendencia a asimilar a una suerte de proceso penal, cuando en realidad no estamos juzgando conductas, sino comportamientos de magistrados. Es todo un aprendizaje, inclusive por parte de los cuadros técnicos que acompañan a los jurados.
De manera tal que parecería un desperdicio que en seis meses, cuando empiezan a adquirir alguna experiencia, deban dejar su lugar para que un nuevo grupo de jurado lo pueda integrar.
Por lo expuesto, simplemente quiero plantear esto, es decir, que sean por dos años en lugar de seis meses. Lo hago a fin de abordar un tema que no tratamos habitualmente en relación con lo que propiamente es el Consejo de la Magistratura.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Efectivamente, hay un nuevo expediente que va estar a disposición de todos los señores diputados. La comisión lo va a circularizar entre los señores legisladores.
La señora diputada Argumedo también ha presentado un proyecto.
Tiene la palabra la señora diputada Argumedo.
La señora diputada Argumedo también ha presentado un proyecto.
Tiene la palabra la señora diputada Argumedo.
SRA. ARGUMEDO Señor presidente: quiero plantear algo que es casi una propuesta metodológica de debate. Me da la sensación de que estamos saltando de un tema a otro. Creo que un primer espacio de debate es esto que de alguna manera se dio, es decir, el espíritu de la ley y las dificultades o no que encontró en el Consejo de la Magistratura. Pero también hay algunos puntos concretos, como por ejemplo los vinculados con la composición y el número de miembros. Podemos adentrarnos en el análisis de esos puntos y ver las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, la presencia o no de la Corte Suprema y así sucesivamente. De lo contrario, tengo la sensación de que nos vamos a empantanar muchísimo.
Por lo tanto, creo que la metodología podría consistir en determinar los puntos centrales, analizarlos e ir viendo los niveles de acuerdo o no que pueda haber respecto de cada uno de ellos.
Por lo tanto, creo que la metodología podría consistir en determinar los puntos centrales, analizarlos e ir viendo los niveles de acuerdo o no que pueda haber respecto de cada uno de ellos.
SR. PRESIDENTE GIL LAVEDRA Muchas gracias, señora diputada.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
Es la hora 17 y 49.