1.- Incorporar el artículo 30 bis al Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de acuerdo a la siguiente redacción:

“Artículo 30 bis. La Presidencia de la Cámara deberá convocar a sesiones de tablas mínimamente en quince oportunidades durante el período ordinario establecido en el artículo 63 de la Constitución Nacional.

A tal efecto la Comisión de Labor Parlamentaria fijará el Plan de Labor con los órdenes del día a tratar en cada sesión, con una antelación no menor a siete días corridos.

Para el supuesto que no haya asuntos habilitados para ser tratados en sesión conforme a las disposiciones de este Reglamento, la Presidencia deberá citar de urgencia a una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria con el objeto de labrar un Acta circunstanciada en la que constará tal situación. De igual manera se obrará ante la voluntad mayoritaria de los Bloques Políticos de no sesionar.

En ambos casos, dicho Acta sólo será válida si cuenta con la firma de la Presidencia y de los Presidentes de los Bloques Políticos reconocidos que representen a, por lo menos, la mayoría simple de los miembros de esta Cámara.

Señor presidente:

El presente proyecto de modificación del Reglamento de esta Cámara tiene como objetivo esencial eliminar herramientas que, en virtud de su redacción actual, han sido históricamente funcionales a los oficialismos para evitar el debate parlamentario, principalmente en escenarios de minoría que se profundizan en años electorales, en los cuales no es de su conveniencia el debate de temas que pueden afectar el humor social y condicionar el veredicto de la voluntad popular.

Es imprescindible que la Cámara de Diputados garantice a los ciudadanos un marco de discusión en el que tanto la cantidad de sesiones como la selección de los temas a debatir sean determinados por el conjunto o, en su defecto, por la mayoría de los propios legisladores.

Tenemos la necesidad de garantizarle a la sociedad un ámbito permanente de debate, cuyo resultado se transforme en mayores y mejores herramientas legislativas para su beneficio.

No se construye calidad institucionalidad acotando los ámbitos de discusión, se logra cosechando consensos pero también respetando los disensos y aceptando la mayoría decisoria cuando no la integramos.

En síntesis, no podemos permitir que una norma administrativa que nosotros mismos aprobamos nos impida cumplir con el rol que nos asignó el pueblo de cada una de nuestras jurisdicciones a través de su mayor herramienta democrática.