Ratificar su histórica postura de rechazar la incorporación a su seno de aquellas personas sobre las que existan pruebas suficientes de haber cometido delitos de lesa humanidad

Señor presidente:

Hace apenas unos días, esta H. Cámara aprobó en general un proyecto de ley que inhabilita para acceder a cargos públicos a personas implicadas en delitos de lesa humanidad.

En el debate previo, varios diputados/as coincidieron en señalar que el tema abordado constituía una deuda pendiente del Poder Legislativo; ya que a más de 25 años de haber recuperado las instituciones de la democracia, aún carecíamos de una norma que impidiera acceder a cargos públicos a los tétricos ejecutores, promotores, facilitadores o encubridores de delitos de lesa humanidad cometidos al amparo del terrorismo de estado que se instaló en nuestro país el 24 de marzo de 1976.

Dicha carencia normativa unida a la tendencia política que en un momento de nuestra historia no lejana primaba en esta Cámara hizo posible que uno de los personajes emblemáticos de la dictadura militar, el ex general Antonio Domingo Bussi, ocupara un escaño en este recinto entre los años 1993 y 1997.

Sin embargo, el 1º de diciembre de 1999, durante la sesión preparatoria que realizaba este cuerpo y en cuyo transcurso el mencionado genocida pretendía asumir por segunda vez como diputado nacional, el maestro Alfredo Bravo abrió el debate con palabras que hasta hoy se recuerdan. Dijo en aquella oportunidad: "Señor presidente: en ocasiones la vida nos pone ante circunstancias ineludibles; esto es lo que hoy le ocurre a esta Honorable Cámara, que enfrenta el inevitable destino de pasar a la historia del Poder Legislativo. Este pasaje lo realizará con dignidad o con oprobio, de acuerdo con lo que decida respecto a la incorporación de un diputado electo cuyo diploma venimos a impugnar".

La disyuntiva entre dignidad u oprobio que planteaba Bravo se resolvió en el transcurso de una sesión especial realizada el 10 de mayo de 2000 en la que 181 de 190 diputados presentes optaron por la primera alternativa y -en uso de las atribuciones que les confiere el artículo 64 de la Constitución Nacional- decidieron rechazar el diploma que acreditaba a Bussi como diputado electo.

Este precedente sería tenido en cuenta en diciembre de 2005, cuando otro protagonista de la represión ilegal -nos referimos a Luis Abelardo Patti- pretendió ingresar a este cuerpo en su condición de diputado electo por la Provincia de Buenos Aires. Otra vez, los integrantes de aquella Cámara -muchos de los cuales siguen ocupando sus bancas- hicieron valer las atribuciones que les confiere la Constitución y rechazaron el diploma del ex policía devenido en político al considerar que carecía de habilidad moral.

A pesar de estos antecedentes, Luis Abelardo Patti que se encuentra en prisión en el penal de Marcos Paz acusado por los secuestros de Diego Muñiz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D´Amico y la detención de Osvaldo Arriosti cuando se desempeñada como policía durante la última dictadura, pretende volver a la contienda electoral y se ha presentado nuevamente como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En primera instancia, el Juez Federal con competencia electoral en esa jurisdicción ha rechazado las impugnaciones que distintos ciudadanos y ciudadanas hicieron a la candidatura de Patti; según el magistrado, la inexistencia de condena al represor lo habilita a ser candidato.

Es probable que la decisión del juez se ajuste a derecho; y, si ello fuese así, sería consecuencia de la ya mencionada mora legislativa respecto a impedir el acceso a cargos públicos de quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Sin embargo, existen normas del derecho internacional que obligan a agotar los esfuerzos para que estas personas no puedan acceder a cargos en los poderes del Estado.

Más allá de la decisión que la justicia adopte en sus más altas instancias, esta Cámara debe ratificar lo que ya es su postura histórica en la materia; es decir, su rechazo a que accedan a ella personas sobre las que existan pruebas suficientes de haber cometido delitos de lesa humanidad.

Por las razones expuestas solicitamos la aprobación de esta iniciativa.