Encomendar a la Comisión de Acción Social y Salud Pública que se constituya en la provincia de Salta en forma perentoria, efectuando un reconocimiento directo en las zonas más afectadas por la desnutrición infantil en la provincia de Salta, con el fin de presentar un informe sobre el funcionamiento del sistema de atención de la salud en todos los niveles de complejidad y de seguimiento nutricional, de las familias en estado de pobreza en las localidades de Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur. Dicho informe será presentado a las autoridades de los gobiernos municipales, provincial y nacional, para exigir un plan de atención sanitaria que atienda las necesidades urgentes de la población de cada lugar.

Señor presidente:

En el transcurso del año 2015 murieron en la provincia de Salta al menos 5 niños de las comunidades originarias del departamento de Rivadavia. La causa principal de esas muertes es la desnutrición, sumada a una precaria atención sanitaria.

Ese año los ministros de Salud y el de Primera Infancia de la provincia de Salta, reconocieron ante la legislatura provincial que tenían un registro de 2000 niños en riesgo nutricional.

A pesar de que el gobernador difunde una estadística que mostraría una caída del índice de mortalidad infantil desde el 2008 al 2015, en el transcurso del año 2016 y lo que va del 2017, son más de 30 las muertes que se han conocido. Una niña falleció el 21 de abril, de la comunidad La Medialuna, la segunda hija de una familia que muere por desnutrición. Otra pequeña de dos años murió de tuberculosis, que por falta de atención médica tuvo el peor final. Dos nuevos casos se conocieron en el mes de septiembre, ambos de Santa Victoria Este, y también fallecieron por falta de atención médica y de recursos básicos. Una de ellas, con una enfermedad preexistente, cardiopatía congénita, exigía un seguimiento puntual, y el otro pequeño con diarrea y bajo peso. En marzo de 2017, medios de todo el país informaron sobre la muerte de 26 personas entre el 16 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017, denunciada por comunidades de Santa Victoria Este. "Fueron 5 adultos y 21 menores de 2 años. De estos últimos, son 12 bebés que nacieron muertos porque sus madres a punto de parir se enfermaron" (El Tribuno, 18 de marzo de 2017). Las muertes fueron reconocidas por el secretario de servicios de salud de la provincia, el Dr. Francisco Marinaro Rodó, y se deben principalmente a la falta de atención médica, la falta de agua potable y alimentación adecuada.

La creación de un ministerio de la primera infancia ha revelado que el problema requiere una atención sistemática, e intensiva y no la creación de una nueva burocracia.

Por otro lado, el gobernador Urtubey ha impulsado la instalación en la provincia de más de 50 centros de la CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil). Este hecho revela, por un lado, la gravedad de la desnutrición en la provincia, y por otro lado, la orientación política del gobernador ya que la CONIN es una ONG clerical que se asienta en principios oscurantistas y anticientíficos respecto de la desnutrición y la salud sexual y reproductiva.

CONIN está dirigido por el médico Abel Albino, perteneciente al Opus Dei desde hace más de 35 años, quien sostiene que la desnutrición se debe a la promiscuidad de las familias. Es decir, que no es un problema social y económico, sino moral y “cultural”. “La desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de sitios en los que el acto sexual (...) se lo suele llevar a cabo compulsivamente, bajo los efectos de una vehemencia descontrolada e irracional que pretende la mera satisfacción de un placer instintivo por parte del varón.” Albino sostiene que “en relación con las familias con niños víctimas de desnutrición hay una serie de conductas que inexorablemente deben ser combatidas” y enumera: “impudor, promiscuidad, pornografía, autoerotismo, incesto, sexo contra natura, violación, pedofilia, anticoncepción, aborto, infidelidad, concubinato”. Se opone a la distribución de anticonceptivos por considerarlo “un plan de fornicación asistida”. (http://www.pagina12.com.ar/diario/ajedrez/35-285816-2015-11-10.html; http://www.perfil.com/protagonistas/albino-el-pediatra-polemico-que-combate-la-desnutricion-1114-0034.phtml). No obstante, la CONIN tiene convenios con los gobiernos de Salta y de Misiones, donde interviene ampliamente.

Albino sostuvo que terminar con la desnutrición infantil en Salta llevaría 50 años. Su plan no es solo un recetario reaccionario de regimentación de la sexualidad (y en particular de represión y control sobre las mujeres), sino que además es completamente incompetente para dar solución a un problema urgente. Es claro que nuestros niños no pueden esperar ni un día más y que necesitan un plan integral y científico que resuelva el problema y esté libre de prejuicios y posiciones oscurantistas.

Hay otro dato importante a tener en cuenta. De los cinco centros de CONIN existentes en la actualidad en la provincia, dos se encuentran en la ciudad de Salta, y los otros tres en los departamentos que mayor cantidad de exportaciones agrícolas han producido en los últimos años, principalmente a través de la soja. El avance de la frontera agropecuaria se hizo a costa de la expulsión de comunidades originarias y campesinos criollos, y con las consecuencias que están de manifiesto con las muertes de niños.

Otra asociación que actúa como tercerizada en la atención de salud y asistencia social es ADRA, quien está seriamente cuestionada por el escándalo de contrabando, en el que están involucrados los representantes en Argentina de la Iglesia Adventista y ADRA (http://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/02/17/millonario-contrabando-de-la-iglesia-adventista-como-fue-la-maniobra/).

El Estado salteño no realizó investigación alguna sobre estas instituciones y no se sabe incluso si los medicamentos vencidos fueron alguna vez utilizados en las comunidades originarias (http://www.infobae.com/sociedad/2017/02/22/iglesia-adventista-renunciaron-los-pastores-procesados-por-un-millonario-contrabando/)

Mediante la firma de convenios, el Estado salteño permite la explotación de originarios en huertas comunitarias en las que canjean horas de trabajo a cambio de verduras o bolsones alimentarios, que deberían recibir directamente por ser familias que viven en la extrema pobreza (http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/la-provincia-promueve-los-sistemas-familiares-agroecologicos-en-el-interior/40225).

El gobierno insiste en la idea de que las muertes se deben a un problema cultural. El secretario mencionado anteriormente adjudica las recientes 26 muertes a la falta de higiene de las comunidades. Sus declaraciones son un acto de auto encubrimiento de un gobierno que es responsable de abandono de persona, de un verdadero genocidio de estas comunidades, a las cuales no garantiza el agua potable ni la adecuada atención sanitaria, luego de tercerizar en ONGs la atención de la desnutrición. Además, el gobierno es cómplice de los terratenientes que usurpan los territorios indígenas.

La situación que se presenta en la provincia de Salta es grave por lo que requiere medidas urgentes para dar una respuesta a la población. En función de esto es que proponemos encomendar a la comisión de Comisión de Acción Social y Salud Pública a que se constituya en la zona y elabore un informe de la situación, a partir del cual se elaboren iniciativas y se exija al gobierno de Salta y al gobierno nacional que dispongan de todos los recursos necesarios para dar una salida de fondo a la situación.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.