Solicitar información al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-PAMI, acerca de las medidas tomadas en relación al caso de Gustavo Souza, afiliado al organismo.

Señor presidente:

Solicitamos este pedido de informe ante la noticia que tomó estado público, hoy jueves 12 de octubre del corriente, a través de los medios de comunicación, en la cual se describe el fallecimiento de Gustavo Souza, afiliado al Pami.

Desde esta Honorable Cámara de Diputados, solicitamos al Poder Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, nos informe sobre las medidas adoptadas en este caso en relación a la cobertura de la medicación que el paciente necesitaba para poder proseguir con su tratamiento.

A continuación, citamos la noticia publicada en el diario Pagina12, el 12 de octubre del corriente.

“Gustavo sufrió mucho los últimos días. Mientras tanto, PAMI continuaba con palos en la rueda”. El testimonio le pertenece a Guillermo Souza, hermano del jubilado de 71 años que murió a la espera de que PAMI le reestableciera los dos remedios que tomaba para tratar su afección pulmonar crónica. La víctima, electrodependiente y con certificado de discapacidad, tuvo que presentar un recurso de amparo para que la obra social le provea los fármacos tobramicina y nintedanib, cuyo precio era imposible de abonar para su familia y su jubilación de 6 mil pesos. Incluso, el 28 de septiembre, el juez Roberto

Torti intimó al PAMI a entregar la medicación en un plazo menor a las 48 horas. El organismo estatal se negó. Y en el ínterin, Souza se descompensó en su casa, fue trasladado al Hospital Británico y falleció a las pocas horas. “Es el claro ejemplo de la ausencia del Estado”, contaron a PáginaI12 sus familiares y abogados.

Trescientos veintidós mil cuarenta y siete pesos. Ese era el monto –estimado a la junio del 2017– que el PAMI debía abonar, en medicamentos, para Souza continuara con su tratamiento contra la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica que disminuye la función del pulmón. El jubilado, padre de dos hijas y abuelo de cuatro nietos, había comenzado el tratamiento en 2013, y era cubierto en su totalidad por la obra social estatal. Pero todo eso cambió hace unos meses. “En el PAMI ya habían comenzado los rumores de los recortes.

Y le habían sugerido a mi hermano cambiar la droga, aunque él ya había probado con otro remedio que le produjo efectos adversos”, sostuvo Gustavo Souza.

En mayo, los rumores pasaron a la acción concreta y el organismo estatal cortó con los dos medicamentos en cuestión. El argumento, según consta en las presentaciones judiciales, fue que uno de ellos (nintedanib) “estaba fuera de convenio con la industria farmacéutica”, mientras que para la droga tobramicina no habría inconvenientes, aunque se debía presentar un análisis de esputo actualizado. “Con el nivel de respuestas que presentó la obra social, debimos presentar un recurso de amparo en agosto”, explicó Federico Paruolo, abogado del Grupo de Litigio Estratégico. En la presentación se especifica que la falta de esos remedios agravaría “la situación de manera irreversible”, además de que se adjuntó la recomendación de ambos fármacos por el jefe de Neumología del Hospital Británico y la incapacidad de Souza para abonar esos medicamentos. El hombre, de 71 años, cobraba una jubilación de 6 mil pesos. Las dos drogas costaban más de 300.000 pesos.

Luego de un período de exámenes y trámites burocráticos (“a mi hermano lo obligaron a hacer decenas de exámenes, con todo el deterioro físico y psíquico que implica para una persona que debe moverse con silla de ruedas y un tubo de oxígeno”, explicó Souza), el juez Torti, quien había dado lugar al amparo presentado, resolvió que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le provea a Souza en el plazo de 48 horas “la cobertura integral de la mediación requerida”. El argumento del magistrado se basó, en gran medida, en el derecho a la preservación de la salud, a la obligación de la autoridad pública a garantizarlo y a la ley 24.901, que dispone de un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad.

La respuesta del PAMI no llegó mediante la entrega de los medicamentos sino por la vía legal. El 2 de octubre, cumplidas las 48 horas que dispuso el juez, los apoderados de la obra social presentaron un recurso de apelación para rechazar la resolución judicial. Cuatro días más tarde, el juez Torti quiso saber si se había entregado la medicación, a lo que el propio paciente, ese mismo día, volvió a contestar que no. “No hay ningún justificativo para esa actitud”, aseguró el hermano de Souza.

La noche del sábado pasado, en su casa de Villa Urquiza, el jubilado se descompensó mientras utilizaba su concentrador de oxígeno portátil. La ambulancia llegó a la madrugada y dio el diagnóstico de embolia pulmonar. Souza fue trasladado de urgencia al Hospital Británico, y luego de ser intervenido, falleció en el centro médico. La ayuda del PAMI nunca llegó.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.