Que vería con agrado la normalización del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Señor presidente:

El 13 de mayo de 1971 se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI –Programa de Asistencia Médica Integral–, con el fin de brindar atención médica, social y asistencial a una población específica: los adultos mayores.

La norma que le dio creación fue la ley 19.032, que estableció que el gobierno y la administración del Instituto debían estar a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional y Unidades de Gestión Local. El órgano de gobierno estaría integrado por once directores: siete (7) en representación de los beneficiarios del Instituto, dos (2) en representación de los trabajadores activos y dos (2) en representación del Estado. Cada uno de ellos debía ser electo y propuesto democráticamente por los ciudadanos a quien representaban.

Sin embargo, el Instituto tiene una larga historia de intervenciones que comenzaron en el mismo año de su nacimiento, cuando el director fue desplazado por Francisco Guillermo Manrique. Una vez iniciada la dictadura cívico militar, en abril de 1976, el interventor fue Guillermo Cal. No obstante, la intervención no cesó con el retorno de la democracia.

Desde 1983, se sucedieron las intervenciones de Raúl Pistorio y Alejandro Armendáriz durante el gobierno radical. Por su parte, Carlos Menem designó a Santiago de Estrada, Miguel Nazur, Matilde Menéndez y Víctor Alderete. La alianza también intervino el organismo en manos de Cecilia Felgueras.

Por último, en 2003 el decreto 348/2003 designó a Juan Horacio González Gaviola y Juan Ramón Granero, con la intención de iniciar una reestructuración y normalización definitiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Sin embargo, desde ese entonces la institución sigue intervenida por el Poder Ejecutivo. Está visto que la injerencia del Poder central en la obra social de los jubilados no ha podido resolver los problemas de asistencia y servicio para los afiliados. Por el contrario, las quejas sobre la falta de medicamentos y mala atención son constantes.

Más aún, el actual interventor Sergio Cassinotti ha expresado en más de una oportunidad que cree conveniente la normalización de PAMI, ya que, según sus declaraciones del 14 de agosto, en 2018 el Instituto “dejó de ser deficitario”. Es decir que ya no habría motivos para mantener la intervención.

De esta manera, el instituto volvería a ser una entidad democrática con individualidad financiera y administrativa, en el que los usuarios estarían realmente representados. Con la normalización, ellos mismos podrían velar por la buena calidad del servicio brindado y el respeto a sus derechos.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.