ARTÍCULO 1º.- Institúyase el día 15 de junio de cada año como “Día Nacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”.

ARTÍCULO 2º.- Institúyase la Semana Nacional de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez, que estará comprendida entre los días 10 y 17 de junio de cada año.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos pertinentes, desarrollará en la semana del 15 de junio de cada año actividades de difusión, prevención y concientización sobre la problemática del abuso y maltrato a las personas mayores.

ARTÍCULO 3º.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley será la que determine el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 4º.- Los gastos que demande la aplicación de la presente se imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Entre 2015 y 2030, se espera que en todos los países aumente sustancialmente el número ancianos. Este crecimiento será especialmente rápido en las regiones en vías de desarrollo. El maltrato a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad en todo el mundo, a pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios que se llevan a cabo a nivel nacional y menos abordados en los planes de acción.

El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece la atención de la comunidad internacional.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127 de 2012, designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esa fecha representa el día del año en el que la comunidad internacional expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a nuestros mayores.

En 2018, la campaña de las Naciones Unidas se centra en la importancia de prevenir la explotación financiera de la que los mayores son víctima. Las investigaciones recientes del organismo internacional resaltan que la explotación financiera y el abuso material de los ancianos es un problema frecuente y grave. Entre un 5 y 10 por ciento de las personas mayores en todo el mundo experimentan algún tipo de explotación financiera. Sin embargo, a menudo estas situaciones no se denuncian, debido a la vergüenza que sienten las víctimas o su incapacidad para dar a conocer formalmente estos hechos debido al deterioro de sus facultades cognitivas. Además, la mayoría de los casos registrados provienen de familiares directos de las víctimas, por lo que la persona afectada a menudo no quiere perjudicar a sus hijos o nietos.

Las formas que toma la explotación financiera registradas en Argentina son robos, falsificaciones, uso indebido de propiedades o poderes notariales, así como la negación del acceso a fondos. Los factores de riesgo para la víctima de la explotación financiera van desde el aislamiento social y el deterioro de las facultades cognitivas, hasta la dependencia emocional, física o financiera del autor de los abusos. Ciertas condiciones como la pobreza, la viudez y la falta de redes de apoyo, la crisis habitacional, la discriminación por razón de edad y judiciales débiles conforman un sistema de vulnerabilidad que debe ser abordado por el Estado.

Las personas mayores tienen derecho a una vida digna, libre de toda forma de abusos, entre otros, la explotación financiera y material, que podría conducir a la pobreza, el hambre y la falta de vivienda, poner en peligro su salud y bienestar, e incluso a una muerte prematura.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores protege el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia en su artículo 9: La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.

En este tratado, que es parte del ordenamiento jurídico argentino desde 2017, los Estados parte se comprometieron a Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos.

La declaración del 15 de junio como el Día Nacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, así como la Semana Nacional en los días referidos en el cuerpo del proyecto, serán herramientas que permitirán centralizar temporalmente actividades tendientes a visibilizar esta problemática.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.