Artículo 1°.- La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes y servicios de fábricas y empresas recuperadas, en los términos de lo dispuesto por la presente ley.

Artículo 2°.- Entiéndase por Cooperativas de trabajo, fábricas y empresas recuperadas a todas aquellas que han sido puestas a producir por sus trabajadores en resguardo de su fuente de trabajo, debido al abandono y/o cierre patronal causado por cualquier motivo, y que se encuentren inscriptas como tales, o en trámite de inscripción.

Artículo 3°.- Por el hecho de ser establecimientos que han sido puestos a producir por sus propios trabajadores, con la necesidad de resguardar los puestos laborales, se otorgara preferencia a los bienes y servicios que provengan de dichas empresas y/o fábricas recuperadas por sobre las fábricas y empresas que no son gestionadas por sus propios trabajadores.

Artículo 4°.- Las contrataciones directas deberán realizarse con empresas recuperadas.

Artículo 5°.- En las licitaciones públicas, cuando los servicios y/o bienes cumplan con los requisitos de calidad exigidos y su precio sea igual o no supere en más de un 50 por ciento al precio de otros oferentes privados, el Estado nacional deberá privilegiar el contrato con las cooperativas de trabajo y empresas recuperadas que son objeto de esta ley.

Artículo 6°.- Previo a la publicación en el boletín oficial, los sujetos contratantes deberán comunicar a la empresa recuperada en forma directa sobre la contratación que se pretende realizar. Del mismo modo, se deberán anunciar los concursos de precios y/o licitaciones en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial de la repartición pública, de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas.

Artículo 7°.- Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria en las licitaciones públicas, no tendrán valor para su adquisición.

Artículo 8°.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

Artículo 9°.- De forma.-

Señor presidente:

En Argentina hay al menos 350 empresas recuperadas que emplean a más de 25 mil personas en todo el país. Este fenómeno, que se extendió a partir de la crisis que atravesó Argentina en el año 2001, se encuentra hoy ante una preocupante situación, ya que las difíciles condiciones de subsistencia de las cooperativas, fábricas y empresas recuperadas se han visto agravadas por la política de ajuste, tarifazos e inflación, que hace peligrar en muchísimos casos su propia existencia.

Recordemos que tras entrar en crisis la ofensiva neoliberal de los años noventa, en Argentina se inició un período recesivo, desde 1998, en el que la desocupación trepó un 74,2 %, la pobreza un 67 % y la indigencia un 180%. Frente a este panorama, las patronales optaron por cerrar las fábricas que no les resultaban rentables y ante la falta de respuesta por parte del Estado, los trabajadores entendieron que la única forma de defender la fuente de trabajo era la puesta a producir de centenares de empresas, recuperándolas y conformando cooperativas, impulsando muchas de ellas el reclamo por una salida de fondo, como la estatización. Los trabajadores y trabajadoras retomaban así una tradición de lucha histórica, con ejemplos locales e internacionales, de trabajadores que despojados de sus puestos de trabajo, avanzaron en las tomas de fábrica y las pusieron a producir cuando las patronales dejaron de pagar los sueldos, o las abandonaron y vaciaron.

En la última década los trabajadores y trabajadoras han demostrado, con numerosos ejemplos, que son los únicos interesados en defender sus fuentes laborales ante las patronales que cierran y despiden. La mayoría de las fabricas recuperadas tuvieron que atravesar conflictos agudos, con ocupación, resistencia y hasta represiones y la confrontación con los distintos poderes del Estado, que con órdenes de desalojo judicial y faltas de respuesta de las carteras laborales terminan siendo garantizadores de la propiedad privada de las patronales que cierran sus fábricas en detrimento del derecho de los trabajadores que resisten a quedarse en la calle.

Este fenómeno no se limitó a ser una salida de emergencia frente a la crisis y se convirtió en un ejemplo para cientos de trabajadores ante el abandono patronal. Aun en tiempos de recomposición económica, la autogestión se mantuvo como la única herramienta posible para sostener los puestos de trabajo. Basta ver que entre el 2003 y el 2007 se recuperó la mitad de las empresas recuperadas que hoy existen, y entre el 2007 y el 2011, se recuperó la otra mitad. Tras más de una década, las empresas recuperadas demostraron que se puede producir y gestionar sin necesidad de las patronales ya que son los trabajadores quienes llevan adelante verdaderamente el funcionamiento de las empresas. Asimismo, demostraron que esto es posible en los más diferentes rubros, desde hospitales a fábricas ceramistas, textiles, metalúrgicas, imprentas, gastronómicas, etc. La potencialidad de este fenómeno se expresa también en que son los mismos trabajadores los que deciden sobre qué y para qué se producirá, salvaguardar y/o aumentar el empleo, siendo el fin de estas empresas no es maximizar la ganancia, sino crear fuentes de empleo y ofrecer bienes y servicios útiles para la comunidad.

Cabe destacar que durante todos estos años las empresas recuperadas también mantuvieron su reclamo de políticas públicas para el sector. Gracias a la lucha y la organización de los trabajadores, el Estado declaró a ciertas empresas sujetas a expropiación, totalmente o limitándose a las maquinarias, equipos, marcas y patentes por un tiempo acotado y dados en comodato. La forma de organización de las empresas recuperadas es mayoritariamente en cooperativa, aunque muchas de ellas llevan más de una década luchando por la estatización bajo gestión obrera, como es el caso de la Fábrica de Cerámicos Zanón en la provincia de Neuquén, que ha sido un emblema de estas luchas, haciéndose conocido su ejemplo en todo el mundo, o del Hotel Bauen en la Ciudad de Buenos Aires, que sigue luchando por su expropiación. Este reclamo es el que retomaron también los trabajadores de la gráfica MadyGraf, que pusieron a producir la planta luego que la empresa Donnelley cerrara sus puertas, tras aducir una quiebra ilegal.

Señalamos también que en la gran mayoría de las fábricas recuperadas, los trabajadores que las vuelven a poner en funcionamiento se encuentran con que, en un marco crítico, deben remontar la decadencia de empresas que ya llevan un largo período en declive, pues la política de desindustrialización de la estructura productiva argentina, comenzada en la dictadura genocida de 1976-83, no fue revertida sino profundizada por los gobiernos posteriores, hasta llegar al estallido final de ese modelo económico en la crisis de 2001 y los años inmediatamente subsiguientes.

Las empresas recuperadas se encuentran con numerosos obstáculos para generar el capital necesario para reparar y actualizar la tecnología, comprar insumos y materias primas en las cantidades necesarias para hacer frente a las necesidades y bajar los costos, a lo que se suma la imposibilidad de obtener créditos. Desde el Estado, en los niveles nacional, provincial y municipal, hay a lo sumo una política de apoyos circunstanciales y fragmentarios, dependiendo de las intenciones y espacios ocasionales que existieran en cada ministerio u organismo y, por lo general, son los propios trabajadores y sus organizaciones o representantes quienes deben presionar y hasta buscar en los recovecos de la administración la posibilidad de acceder a estos subsidios.

Lejos de atender a esta situación, el gobierno de Cambiemos sigue profundizando su orientación central, allanando las condiciones para una brutal reforma laboral que garantice mayor flexibilización y precarización de los trabajadores y monumentales ganancias para las patronales; avalando los despidos como en la multinacional Pepsico o en la central Atucha; favoreciendo el intento de privatización de Vialidad Nacional; atacando a los becarios del Conicet; impulsando planes como los del Ministerio de Modernización, que prepara miles de despidos en INTA, INTI, Enacom, Conea, Fabricaciones Militares, entre otras áreas científicas o industriales, como es de público conocimiento.

Al mismo tiempo, el gobierno promueve en el Congreso un Proyecto de Ley de “compre argentino” que plantea como objetivo el incremento de los porcentajes de compras a industrias nacionales en las contrataciones que realiza el Estado Nacional, aunque los precios de los primeros sean más elevados. Sin embargo, la supuesta preferencia hacia las MiPyMes lejos está de expresar la empatía con las pequeñas empresas, con el panadero o el kiosco de la esquina: se trata, contrariamente, de una clasificación que esconde que esta ley es un camuflaje de unidades productivas no tan pequeñas que orbitan alrededor del gran capital. Como ejemplo podemos señalar –entre otras- a empresas como Techint, que es el principal promotor de la Fundación Observatorio Pyme; o al Ministerio de la Producción, que reconoce como Pymes a industrias que facturan hasta $ 760 millones anuales. En este proyecto, también la obra pública tendrá un tratamiento especial y, con ello, los amigos de Mauricio Macri, como Nicolás Caputo o el Grupo Iecsa, empresa de la que se desvinculó recientemente el primo del presidente Ángelo Calcaterra, serán los grandes beneficiados.

Mientras tanto, gran cantidad de empresas recuperadas siguen estando condenadas a mantenerse en un umbral de subsistencia: con escasos subsidios, o directamente sin ellos, casi no tienen posibilidad de realizar inversiones en compra o mejoramiento de maquinarias e instalaciones, lo que agrava aún más su situación en el mercado, donde son sometidas a competir en condiciones totalmente desiguales.

Estamos atravesando nuevamente una situación donde la economía argentina, atada inevitablemente a lo que pasa afuera del país, vuelve a dar malas noticias. La inflación que persiste, que llegado fin de año dejará por detrás los ya insuficientes aumentos salariales que percibieron en cuota los trabajadores, la débil recuperación de la economía plagada de desequilibrios, los aumentos en las tarifas, son algunos de los elementos de una situación que golpea con más fuerza a los que menos tienen. Esta misma situación es la que quieren aprovechar las grandes patronales, que tienen ganancias extraordinarias, licencia para despedir y suspender trabajadores y para imponer una brutal reforma laboral como la que impulsa en su beneficio en estos días el gobierno nacional.

La ocupación de las fábricas y la puesta a producir por los trabajadores volverá a generalizarse de avanzar los golpes económicos sobre el pueblo trabajador, por haberse demostrado como la única salida posible para mantener los puestos de trabajo si las patronales buscan descargar la crisis sobre los trabajadores. El Estado nacional tiene que garantizar todas las medidas necesarias para preservar el empleo y solucionar sus necesidades.

En este sentido, y en el camino de la estatización de toda fabrica que cierre y/o despida, es que planteamos que resulta pertinente dictar la normativa adecuada para garantizar que desde el Estado se entienda y se trate como comprador privilegiado a aquellas empresas que han sido puestas a producir por sus trabajadores, dando preferencia en las compras de la administración pública de todos los niveles (nacional, provincial y municipal) a las cooperativas, empresas y fábricas recuperadas.

Por los motivos expuestos y por los que se desarrollarán oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.